Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos congresos locales a adecuar la legislación civil, familiar o ambas para reconocer el matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los criterios de la SCJN, y garantizar así el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Wendy Briceño Zuloaga, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en ejercicio de la facultad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas para que en el ámbito de sus competencias adecuen la legislación civil y/o familiar, para el reconocimiento del matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Con base en las siguientes:

Consideraciones

Previo a las consideraciones, cabe señalar que para efectos de esta proposición se utilizará la denominación de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) tomando como referencia la terminología utilizada por la relatoría de esta materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 .

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptada en 1948, establece las obligaciones de los Estados para proteger, respetar y hacer efectivo el goce de los Derechos Humanos, asimismo se enumeran los derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de serlo. En ese sentido el ya referido instrumento internacional, establece en su artículo 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y el artículo 2 plantea que “Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados en esta Declaración”, en consecuencia, toda persona, incluidas las personas LGBTI, tienen derecho a gozar de la protección prevista en el derecho internacional de los derechos humanos basado en la igualdad y la no discriminación.”

Asimismo, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la obligación a cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley y en consecuencia se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley.

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 18 para la región América del Sur, precisó que el término “discriminación”, tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. En igual sentido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que “Los Estado parte (en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) deberían asegurarse de que la orientación sexual de una persona no sea una barrera para alcanzar los derechos del Pacto... Además, la identidad de género está reconocida como parte de los motivos prohibidos de discriminación”.2

En el mismo sentido, diversos mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional, como los comités, han afirmado que los Estados tienen la obligación de proteger a las personas de la discriminación en razón de su orientación sexual. Esta posición aparece reflejada en decisiones del Comité de Derechos Humanos (Caso Toonen c. Australia de 1994) y en observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité contra la Tortura y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Por ejemplo, en su observación general número 20, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto (...). La identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación”.3

Es imprescindible señalar que, en los principales tratados internacionales de derechos humanos, no se reconoce de manera explícita el derecho a la igualdad con base en la orientación sexual o la identidad de género, sin embargo, la discriminación por “razón de sexo o género”, se encuentra prohibida.

En México, el marco normativo, garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, asimismo prohíbe la discriminación en razón de sexo o género, conforme a lo establecido en párrafo V del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El artículo 1o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece:

“se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”

Es importante señalar que, conforme a los Principios de Yogyakarta, la orientación sexual se refiere a: “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. La identidad de género se refiere a: “la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo... y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Conforme lo anterior debemos comprender que la orientación sexual y/o identidad de género son consideradas como características innatas e inmutables, o como características tan fundamentales para la dignidad humana que la persona no debe ser obligada a abandonarlas.4

Las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de estigmatización y discriminación, violencia social y estructural, abusos de autoridad, negación de prestación de servicios privados y públicos, todo lo cual atenta contra su dignidad y constituye una serie de violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo en lo estipulado en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, el estado Mexicano, tiene la obligación de hacer efectivo el goce de los mismos, lo que se traduce en que se deben adoptar medidas positivas para facilitar el goce de los derechos humanos básicos, velando por que las leyes, políticas y programas no sean discriminatorias.

Conforme a la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS 2017), entre los motivos más frecuentes por los que la población declaró haber sido discriminada se encuentra la orientación sexual. En dicha encuesta 66 por ciento de personas gays o lesbianas señalaron que en el país se respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población, en el caso de personas trans 72 por ciento señalaron esto mismo.

La discriminación por orientación sexual es, quizá, una de las formas de exclusión que más prejuicios culturales y sociales trae aparejada y una de las que menos se ha combatido en México. Por años, cualquier orientación sexual diferente a la heterosexual ha sido considerada como una desviación, como un trastorno psicológico. Mucha de la carga cultural y social que ha sostenido esta visión está fundamentada en criterios moralistas, que ubican la homosexualidad como un pecado o una condición contraria a la naturaleza del ser humano.

Son muchos los espacios de la vida pública y privada en los que persiste la segregación y la discriminación en contra de la comunidad LGBTI. Sin embargo, existen situaciones de especial gravedad que deben ser atendidas inmediatamente por parte de las distintas autoridades con el objetivo de erradicar la discriminación por orientación sexual. Sin pretender enumerar una lista exhaustiva o limitativa, a continuación, se describen algunas situaciones relevantes:

• Homofobia,

• Falta de investigación a crímenes de odio,

• Despidos por orientación sexual,

• Criminalización de las demostraciones de afecto,

• Violencia física o emocional,

• Ausencia del reconocimiento de las uniones civiles de parejas del mismo sexo ante el Estado.

En este último punto, debemos señalar que, quienes se relacionan afectivamente con personas de su mismo sexo no tienen las mismas opciones y posibilidades de que sus uniones puedan ser reconocidas por el Estado, tal como sucede con las parejas conformadas por un hombre y una mujer. En consecuencia, no pueden contraer, matrimonio civil ni ser consideradas como concubinas, negándose con ello los derechos y obligaciones que se derivan de esas figuras, como podrían ser el derecho de sucesión, el derecho a contar con el servicio médico de la pareja, el derecho a una pensión alimenticia, a ser reconocidos como una familia, etc. Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados, pues se considera que dichas relaciones se apartan del único ejercicio de la sexualidad considerado socialmente legítimo: el heterosexual, y no representan lo que social y culturalmente se ha definido como “familia tradicional”.5

El derecho para contraer matrimonio, se encuentra sustentado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece el derecho a formar una familia. Este derecho se encuentra jurídicamente respaldado por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitió al resolver la acción de inconstitucionalidad del expediente 29/2018, en fecha 19 de febrero de 2019 y publicada en el P.O. número 30-III el 11 de marzo de 2019. En la cual el Supremo Tribunal determinó procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos, en contra de los artículos 140 y 148 del Código Civil del estado de Nuevo León, por considerarlos discriminatorios.

La Suprema Corte de la Nación considera que las normas que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, diferentes al matrimonio culturalmente aceptado entre “hombre y mujer”, violan el principio de igualdad, no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo personal, estableciendo lo siguiente:

“Este alto tribunal ha señalado que derivado del derecho fundamental a la dignidad humana se encuentran el libre desarrollo de la personalidad; es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal, así como su libre concepción sexual.

Asimismo, este tribunal pleno reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo; ésta, indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.

También este tribunal pleno ha señalado en diversos precedentes, que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo. Lo anterior implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí su elección de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea hacerlo.

...”

Este máximo tribunal concluyó que aun cuando históricamente el matrimonio ha sido considerado como la unión entre un hombre y una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento, un papel importante para su definición y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas; no es sostenible afirmar, sin más que el matrimonio en su definición tradicional fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime derivado del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio; de manera que la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Suprema Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que en ese aspecto confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que en modo alguno puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

En el mismo sentido, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto diversos precedentes en los que, de igual manera, ha determinado que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que toda aquélla ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de éste a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta inconstitucional , ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como elnuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos”6

Por lo anterior concluimos que, el reconocimiento de derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno y en su caso legislativa, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.

Es importante señalar que el matrimonio igualitario, definido como la unión entre dos personas debe ser una política institucionalizada, producto de una convergencia estratégica de voluntades civiles y gubernamentales, en el marco de deliberaciones colectivas formalmente democráticas, que resuelve un problema de discriminación hacia grupos de gays, lesbianas y personas transexuales y bisexuales, tradicionalmente marginados del espacio público, para generar un modelo más incluyente de sociedad y familia en México.7

Lo anterior abona en el avance de los principios que rigen el ejercicio de los derechos humanos, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin importar cualquier causa o condición, incluyendo aquellas basadas en la orientación sexual y la identidad y expresión de género.

Asimismo, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En consecuencia, las autoridades competentes de las entidades federativas, tienen la obligación de garantizar a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos sin discriminación por su orientación sexual, en ese aspecto se requieren avances legislativos y en políticas públicas que respalden el “principio pro persona ”, entendiéndose por este “la interpretación de las normas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia”.

Conforme a la Declaración de Montreal: Derechos Humanos LGBT (2006)8s: son “1. Derechos fundamentales. La primera exigencia es salvaguardar y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, derechos que están bien establecidos y que jurídicamente no admiten discusión.”

Actualmente, 13 entidades federativas, han tenido avances en la materia ya sea en sus Códigos Civiles o en sus Códigos o leyes familiares, en donde el matrimonio igualitario se encuentra reconocido expresamente y cuyo ejercicio es posible conforme al principio de no discriminación, acatando de esta manera los criterios emitidos por la SCJN, así como los tratados internacionales, siendo las siguientes: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Ciudad de México.

En los casos de las entidades de Guerrero y Querétaro se celebran matrimonios igualitarios sólo en algunos de sus municipios.

En 19 de las entidades federativas no se reconoce el matrimonio igualitario en sus legislaciones, y el ejercicio de este derecho es jurídicamente imposible, en virtud de que se encuentra prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo las siguientes: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Aunado a lo anterior, es necesario que la totalidad de las entidades federativas realicen un análisis minucioso de su normativa actual, no únicamente en materia de matrimonio igualitario, sino también, de todas aquellas leyes vigentes que pudieran resultar discriminatorias hacia las personas LGBTI y que no han sido adecuadas al marco internacional y los estándares nacionales que de manera progresiva han reconocido los derechos de estas personas.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. soberanía la aprobación del siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado De México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas para que en el ámbito de sus competencias adecuen la legislación civil y/o familiar, para el reconocimiento del matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a que en el marco de su jurisdicción, promuevan las reformas pertinentes para el reconocimiento del matrimonio igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los congresos o de todas las entidades federativas que realicen un análisis minucias de su normativa actual y modifiquen todas aquellas leyes vigentes discriminatorias hacia las personas LGBTI y sean adecuadas al marco internacional y los estándares nacionales que de manera progresiva han reconocido los derechos de estas personas.

Notas

1 http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/

2 "Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos", Organización de las Naciones Unidas.

3 Ibídem

4 "La protección internacional de las personas LGBTI" Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, México, 2014.

5 "Cuaderno sobre diversidad sexual y derechos humanos", Alto Comisionado para los Derechos Humanos, México.

6 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561626&fecha=31/05/2019 &print=true

7 Salinas Hernández, Héctor Miguel, "Matrimonio igualitario en México: la pugna por el Estado laico y la igualdad de derechos" en El Cotidiano, número 202, marzo-abril, 2017, páginas 95-104, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México.

8 Consultado en http://www.declarationofmontreal.org/DeclaraciondeMontrealES.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas instituciones de salud a garantizar la atención, el registro y el tratamiento de los pacientes con hemofilia, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diversas instituciones del sector salud, garanticen la atención, registro y tratamientos de los pacientes con hemofilia en el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud e Insabi, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

En este contexto de pandemia por el Covid-19, el gobierno federal no debe ser omiso de los millones de pacientes de los diferentes sistemas de salud pública que también están librando una batalla contra otras enfermedades y que hoy más que nunca, requieren de los tratamientos adecuados para poder seguir con su vida, sin generar repercusiones en su persona, sus familias.

Este es el caso de los pacientes con hemofilia, quienes, al igual que muchas otras personas que requieren tratamientos de alta especialidad han alzado la voz para denunciar que no han podido recibir la atención médica profiláctica y oportuna, debido a las complicaciones administrativas y de coordinación que han atravesado el Insabi y otras instituciones de salud pública.

Debemos recordar que, en noviembre de 2019, al tiempo de que se anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), también se instrumentó un proceso de compra consolidada de medicamentos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se combatiría el desabasto de medicamentos y se garantizaría que los pacientes contaran en tiempo y forma con sus insumos para la salud.

En medio de este proceso de compras consolidadas, la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maestra Raquel Buenrostro y el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, encabezaron una conferencia de prensa1 donde se anticipó lo que parecían buenas noticias para los pacientes con hemofilia:

• Se realizaría una compra consolidada de medicamentos de última generación, para pacientes con hemofilia, lo que permitiría un ahorro del 70 por ciento de recursos, una mejor disponibilidad del tratamiento y, sobre todo, abriría la puerta a una mejor calidad de vida para los pacientes.

• La realización del primer Registro Nacional de Pacientes con Hemofilia.

Estas dos acciones buscarían impactar en una mejor calidad de vida para los pacientes y una mayor esperanza de vida, ya que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se triplicaría la disponibilidad del tratamiento, al pasar de 2 mil millones de unidades a 6 mil 500 millones de unidades para los pacientes con hemofilia.2

Sin embargo, a casi un año del anuncio de estos compromisos, persiste la carencia de tratamientos de manera generalizada. Desde esta Cámara de Diputados, no podemos ser omisos ante estas afectaciones a los pacientes, por lo que exigimos, que desde el gobierno federal se dé cumplimiento a estos compromisos.

II. La realidad de los pacientes con hemofilia

La hemofilia3 es una deficiencia de la coagulación y las personas que padecen esta enfermedad presentan una deficiencia funcional del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B), una proteína en la sangre que controla el sangrado, provocando que una hemorragia, sea interna o externa tenga un mayor tiempo de cese. Esta enfermedad es hereditaria y por lo general, la padecen los varones, mientras que la mujer suele ser transmisora sin presentar el cuadro clínico.

No debemos perder de vista que este padecimiento, además de las implicaciones físicas que conlleva una hemorragia, tiene otro tipo de afectaciones que, con el tiempo y sin el tratamiento adecuado, se acentúan:

• Afectaciones físicas. Sin un tratamiento adecuado, un niño con hemofilia grave podría tener un deterioro progresivo en sus articulaciones y músculos, una grave pérdida de movilidad, atrofia muscular, dolor, deformidad articular y contracturas dentro de la primera o segunda década de vida.

• Afectaciones psicosociales. Diversas publicaciones,4 sugieren que los niños que padecen hemofilia pueden presentar alteraciones de adaptación social o poca integración en la escuela, debido a los problemas familiares que traen consigo los cuidados de este padecimiento. El miedo a sangrar suele traducirse en ansiedad y provoca una tendencia a la depresión en los menores de edad.

El factor institucional también ha sido un agravante, ya que, durante la operación del Seguro Popular, a los menores de edad con hemofilia, se les brindaba atención y tratamiento, sin embargo, este se les suspendía en cuanto cumplían los 18 años.5 El compromiso del Insabi fue terminar con esta barrera, para que, una vez cumplida la mayoría de edad, los jóvenes dieran continuidad a su tratamiento.

Sin embargo, la falta de claridad y cumplimiento a las promesas que realizó el gobierno federal está afectando la calidad de vida de miles de personas y familiares de pacientes con hemofilia.

III. Asuntos pendientes para los pacientes con hemofilia

1. A un año de las declaraciones de la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y autoridades de Salud, si revisamos el contenido de la página del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, podremos notar que aún no hay un Registro Nacional de Pacientes con Hemofilia, ni avance alguno sobre el mismo. Si bien la pandemia puso en pausa muchos plazos o proyectos, es necesario que se rinda cuentas y avance la construcción de este Registro, así como la ruta crítica para su ejecución.

2. A pesar de que ya se cumplió el plazo que el Congreso de la Unión le dio al Ejecutivo federal para que emitiera las disposiciones reglamentarias para el correcto funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hoy en día, los pacientes no cuentan con información pública suficiente al respecto. En ese sentido, no hay forma de saber si el Instituto cumplirá o no su promesa con eliminar la barrera de edad para atender a la población adulta.

3. Finalmente, respecto a la triplicación de medicamentos adquiridos que se anunciaron vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con diversas solicitudes de transparencia, es posible estimar que las promesas de abasto no serán cumplidas en su totalidad:

Por ejemplo, en el caso del IMSS, en junio de 2020 apenas se había pagado el 14 por ciento de lo contratado y entregado el 23 por ciento.

Lo anterior es de suma relevancia, pues de los más de 6 mil pacientes con esta enfermedad en México,6 un 60 por ciento de casos son graves, lo que significa que los pacientes pueden presentar diversas complicaciones como hemorragias en articulaciones, cerebro, ojos, garganta, riñones e incluso presentar hemorragias digestivas.

Por esa razón, el Consejo de Salubridad General (CSG) tiene la urgente tarea de actualizar el Protocolo Técnico de Atención para pacientes con Hemofilia e integrar los mejores estándares de atención a las y los pacientes con hemofilia, derivado de este nuevo enfoque de tratamiento, que les permita mejorar su calidad de vida.

Vivimos momentos decisivos para miles de pacientes; y el Sistema de Salud en México debe dar una respuesta a las personas con hemofilia, quienes hoy exigen una mejor calidad en la atención y acceso a mejores tratamientos para mantener un adecuado estilo de vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal (Ssa), al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a garantizar la atención de los servicios de salud y tratamiento para personas con hemofilia en cada institución, conforme a los compromisos anunciados por la Oficialía Mayor de Secretaría de Hacienda en noviembre de 2019.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; y al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, implementen a la brevedad posible el Registro Nacional de Pacientes con Hemofilia, que también fue anunciado en noviembre de 2019.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que dentro sus disposiciones normativas, considere ampliar la atención de la hemofilia a mayores de 18 años.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades sanitaria correspondientes a actualizar las guías y el protocolo técnico de atención para pacientes con hemofilia, a efector de incorporar los mejores estándares de tratamiento y mejorar la calidad de vida de estas personas.

Notas

1 Medicinas suficientes para el control de la hemofilia. (2019).
Recuperado de https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/sociedad/037n2soc

2 Ídem.

3 Guía de Referencia Rápida. (2012). Secretaría de Salud.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/141_GPC_HEMOFILIA_PEDIATRICA/Imss_RR.pdf

4 Funcionamiento social en niños hemofílicos. Análisis de encuesta para determinar factores psicopatológicos de riesgo. (2006) Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872006000100007

5 Hemofilia, una enfermedad poco atendida en México
https://www.eloccidental.com.mx/local/hemofilia-una-enfermedad-poco-atendida-en-mexico-3643547.html

6 Especialistas del IMSS atienden a pacientes con hemofilia. (2019).
Recuperado de http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201904/089

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a diseñar e instaurar un programa que garantice el derecho de acompañamiento a pacientes hospitalizados por Covid-19 en las instituciones de salud públicas y privadas del país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez , en mi carácter de diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración, de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país sufre uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo, con más de 70 mil fallecimientos confirmados. El combate a la pandemia se difuculta aún más debido a un fenómeno generalizado entre gran parte de la población: miedo a acudir a los hospitales. Lo cual provoca que los enfermos se queden en casa sin recibir el tratamiento adecuado y además, continue el contagio a los miembros de su familia y amigos.

Lo anterior se explica debido al aislamiento que sufren los pacientes ingresados por Covid-19 a los centros de salud. A causa de la situación de pandemia el derecho de acompañamiento de los enfermos resulta limitado por razones de prevención, lo que provoca que los pacientes hospitalizados enfrenten su tratamiento en soledad, y en caso de morir, lo hacen sin poderse despedir de sus seres queridos.

Es comprensible que a fin de evitar o disminuir los contagios el derecho de acompañamiento se vea limitado. Sin embargo, en muchos casos, esto genera un círculo vicioso en el que los familiares y el mismo paciente con sospecha de contagio no quieren acudir a los hospitales por el temor a no volver a verse. Lo cual alienta los contagios y muertes que en un principio se quieren evitar al tomar esta medida de aislamiento.

Esta falta de comunicación entre el paciente hospitalizado y sus familiares, provoca incluso que se extienda el rumor de que los enfermos contagiados de Covid-19 no están siendo bien antendidos en los hospitales públicos, lo cual, a su vez, contribuye al círculo vicioso que se menciona con anterioridad.

Por muy estrictas que sean las medidas tomadas para evitar una mayor cantidad de contagios, hay que atender el principio de proporcionalidad y valorar las circunstancias en que sea posible permitir el derecho de acompañamiento de los hospitalizados en las áreas de cuidado donde se encuentren. Es claro que existen situaciones extremas en que este derecho de acompañamiento debe seguir limitado. No obstante, en distintos países empiezan a surgir documentos técnicos1 y programas que plantean el acompañamiento principalmente a menores de edad, discapacitados, personas de avanzada edad y enfermos que se hallan en un proceso terminal.2

En este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) apunta en la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos”3 que los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna. Aún cuando es válido limitar algunos derechos con el fin legítimo de salvaguardar la salud, los Estados deben asegurar que tales medidas cumplan con el principio de legalidad, y no resulten innecesarias ni desproporcionadas.

Si una visita presencial no es posible, siempre será preferible favorecer la comunicación con los familiares mediante videollamadas a través de telefonos inteligentes. En la mayoría de los casos lo anterior sería posible de realizar mediante el dispositivo del mismo paciente. En México, aun cuando se ha puesto de manifiesto la brecha digital existente, sobre todo, en comunidades rurales, más de 71 millones de mexicanos, según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía4 , tienen acceso a internet y de ellos la mayoría lo hacen desde sus teléfonos inteligentes. En los casos singulares en que el paciente o sus familiares no contaran con dispositivo electrónico capaz de llevar a acabo un enlace virtual, el hospital debería tener la capacidad de contar con un equipo que se utilice para tales efectos.

Miles de personas en nuestro país han muerto a causa de la pandemia y la instrumentación de un programa que les garantice acudir a los centros de salud con la confianza de seguir en comunicación con sus seres queridos durante el tratamiento, alentará la temprana asistencia de los contagiados y evitará una mayor propagación del virus entre la población.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la de la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus competencias, elabore e instrumente un programa que garantice el derecho de acompañamiento a pacientes hospitalizados por Covid-19 en las instituciones de salud públicas y privadas de nuestro país.

Notas

1 https://www.medicina-intensiva.cl/site/covid/guias/
Recomendaciones_cuidado_acompanamiento_familiares_pacientes_diagnostico_COVID-19.pdf

2 https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/coronavirus/clinica-las-co ndes-acompanamiento-covid

3 http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo de Yucatán a flexibilizar los protocolos del plan de reactivación económica local para la reapertura de restaurantes a 50 por ciento de la capacidad normal de mesas y evitar así un colapso en el sector, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PTs

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Que, con fecha 6 de junio de 2020, se pública el Acuerdo SSY 03/2020 con la finalidad de regular los indicadores que permitirán la reapertura de la economía a través de la reactivación gradual y escalonada de actividades, que son una pieza fundamental para impulsar la economía, la conservación de los empleos, así como la obtención del ingreso familiar de forma segura; previa evaluación del nivel de riesgo que represente para la vida y la salud de la población.1

Desde el inicio de la propagación del virus SARS-COV2, el gobierno de Yucatán ha implementado acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación en la salud de las personas, para reanudar actividades y poner en marcha la nueva normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales, a fin de garantizar la protección de los habitantes con las que interactúen en el desarrollo de estas.

Para la reapertura económica en Yucatán, se establecieron criterios de salud y laborales para el inicio de actividades por olas, dependiendo del nivel de riesgo de los entornos laborales. Entre los criterios de salud se estableció como parámetros de decisión, la capacidad máxima del sistema de salud y el comportamiento de la tasa de contagios.

El presidente de Canirac Yucatán, Roberto G. Cantón Barros, declaró que los restaurantes no pueden operar bajo las condiciones establecidas en la Ola 1 “Los restaurantes no podemos operar en estas condiciones, requerimos poder abrir nuestras áreas de comedores los sábados y domingos y que el límite de aforo de éstas sea de al menos el 50 por ciento”.ii

Con datos al 12 de septiembre, Yucatan se ha mantenido en semaforo naranja, sin duda, para la reapertura económica los datos son lo mas importante, así entonces tenemos que cuatro de los cinco indicadores que determinan el avance gradual de apertura a la economía del estado indica una clara señal a la baja, así como la las personas que han dado positivo se mantiene estable.iiis

Reactivar la actividad turística y restaurantera es urgente; por el bien de todas las familias yucatecas necesitamos recuperar la economía, reactivar la cadena productiva en pro del bienestar de estas familias, apoyándolas a levantarse de este golpe tan difícil que ha representado esta pandemia en Yucatán y en México.

Se ha dado un catastrófico desplome en los principales sectores de la economía de Yucatán durante esta pandemia, la cuarentena ocasionó cambios y conflictos derivados de la pérdida de empleos formales con una suma aproximada a casi 20 mil, así también, la notable disminución de los ingresos que se obtienen del sector turismo y el comercio, como grandes generadores de empleo.

Apoyar al sector turístico, industria que representa el 10.2 por ciento del producto interno bruto de la entidad, beneficiaría a todos los sectores, ya que de manera directa o indirecta los sectores restauranteros, hotelero y más de 100 actividades económicas se ven favorecidas de manera recíproca y en conjunto lo que se buscan es que lleguen más visitantes y avanzar en la reactivación económica, pero de manera responsable sin comprometer la salud. Aunado a lo anterior; la Secretaría de Fomento Turístico se ha dado continuidad al proceso de certificación de buenas prácticas sanitarias para establecimientos de todo el estado, contando hasta ahora con 358 certificaciones, con el fin de fortalecer la reactivación turística en la región.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Yucatán para que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, flexibilice los protocolos del plan de reactivación económica del estado, para la reapertura de restaurantes con el 50 por ciento de la capacidad normal de mesas, para evitar un colapso en el sector.

Notas

i http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-06-05_2.pdf

ii http://www.larevista.com.mx/yucatan/restaurantes-a-punto-de-morir-47830

iii https://www.yucatan.com.mx/merida/semaforo-naranja-en-yucatan-con-posit ividad-de-casos-estable

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre 2020.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2020 durante el desalojo con violencia de un grupo de mujeres manifestantes, pues en los hechos están involucradas autoridades estatales y la propia Codhem, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en uso de sus facultades, realice una investigación exhaustiva respecto de los hechos violentos ocurridos la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2020, durante el desalojo con violencia de un grupo de mujeres manifestantes que habían tomado, de forma pacífica, las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sede Ecatepec, toda vez que en los hechos hay involucradas, tanto autoridades estatales como la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La tarde del jueves 10 de septiembre de 2020, de acuerdo a un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), integrantes del colectivo “Manada periferia” ingresaron de forma pacífica a las instalaciones de la Visitaduría General Sede Ecatepec en solidaridad con el movimiento y la toma realizada por colectivas en la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México.

Las manifestantes tomaron las instalaciones tras romper diálogo con el visitador general, Víctor Delgado Pérez, al considerar que el organismo defensor de Derechos Humanos no ha dado seguimiento ni respuesta a sus solicitudes, además de dar acompañamiento en favor de las mujeres víctimas de violencia y de sus familias en ese municipio y el resto de la entidad.

Posteriormente, durante la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2020 se reportó, a través de redes sociales, el desalojo de las inconformes que mantenían la toma de las instalaciones de la Visitaduría General de la Codhem en Ecatepec, como en la cuenta de Facebook “Manada Periferia”, en donde se aprecia el momento en que miembros de seguridad entran a las instalaciones para proceder con el desalojo de las manifestantes.

Los elementos de la policía del Estado de México desalojaron violentamente a las ocupantes, entre las cuales había niños y una mujer embarazada. De dicho operativo, 13 manifestantes fueron detenidas y trasladadas al centro de justicia de Atizapán de Zaragoza, cuando debieron presentarlas ante el Ministerio Público en Ecatepec.

Ante lo anterior, existe inconsistencias en los dichos, toda vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJEM) señaló en un boletín que el operativo para desalojarlas se realizó luego de que “ese Organismo denunció que sus instalaciones habían sido tomadas por la fuerza por varias personas”, en contra parte, la Codhem, a través de Twitter, señaló que “está de lado del movimiento feminista, apoya a víctimas de violencia y feminicidio”. Además, solicitó “medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres detenidas en Ecatepec durante la madrugada, exigimos su protección y liberación inmediata”.

Horas más tarde, también hubo conflictos entre las manifestantes y agentes de la policía, luego de que exigieran la liberación de sus compañeras, en donde resultaron agredidas, también, periodistas y fotógrafas que daban seguimiento a lo sucedido.

En reacción con los hechos ocurridos, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, reprobó las acciones llevadas a cabo por la FGEJEM en contra de las mujeres que se manifestaron y mantenían tomadas las oficinas de la Codhem Sede Ecatepec.

El gobierno de la entidad confirmó que, alrededor de las 10 a. m., comenzó la liberación de todas las mujeres detenidas y fueron puestas en libertad antes del mediodía del mismo viernes 11 de septiembre de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en uso de sus facultades, realice una investigación exhaustiva respecto de los hechos violentos ocurridos la madrugada del viernes 11 de septiembre de 2020, durante el desalojo con violencia de un grupo de mujeres manifestantes que habían tomado, de forma pacífica, las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sede Ecatepec, toda vez que en los hechos hay involucradas, tanto autoridades estatales como la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a concluir la reconstrucción de casas dañadas por el sismo de septiembre de 2017 en Jojutla, Morelos, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1 del artículo 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de septiembre de 2017, marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. México fue escenario de un sismo de 7.1 grados con epicentro en el municipio de Axochiapan, estado de Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México; fue un escenario desastroso que dejó más de 350 víctimas mortales y cientos de daños materiales en varias entidades de nuestro país. El epicentro puede notarse en este mapa de calor que refleja la intensidad macrosísmica.

Epicentro del Sismo del 19 de septiembre de 2017. Disponible en:

De acuerdo con datos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), el sismo, que ocurrió a las 13:14:40 horas el 19 de septiembre de 2017, fue percibido con intensidad en el centro del país. Las coordenadas del epicentro fueron 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es de 57 kilómetros (km). Con 6 réplicas hasta las 18:00 horas de este mismo día.

El movimiento telúrico afectó la psicología de la población, se perdieron vidas humanas a causa de los tipos de construcción, la falta de material sólido y firme que usaron las constructoras y la incapacidad de evaluar correctamente por parte de las autoridades señaladas por corrupción, empero, los daños originados por el siniestro natural, derivaron en zona de desastre, la población presentó problemas de salud entre los grupos vulnerables, falta de alimentación e hidratación diaria, conexión y comunicaciones fluidas, así como otras asociadas a la desigualdad en el tipo de vivienda e infraestructura municipal.

En las zonas urbanas de la Ciudad de México, sufrieron de diversos estragos las construcciones que no se apegaron al reglamento de construcción que se estableció luego del sismo de 1985; actualmente en distintos puntos del país, producto de los movimientos del 7 y 19 de septiembre del 2019, todavía existen familias que padecen las consecuencias de la incapacidad de las autoridades para la resiliencia de diversos estados y municipios.

Nuestro país se encuentra en una zona de alta sismicidad derivado de la interacción de 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe, razón por la cual no es rara la ocurrencia de sismos. A tal grado que el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio 40 sismos por día.1

El sismo del 19 de septiembre de 2017, afectó a varios estados del país, y notablemente a la Ciudad de México, estado de México, Oaxaca, Puebla y Morelos.

En el caso específico del estado de Morelos, a tres años de este desastre natural la Secretaría de Salud estatal ha informado que los centros de salud de “Tlatenchi, en Jojutla; Ajuchitlán, Tlaquiltenango y San Carlos en Yautepec, los cuales sufrieron daño total, han sido reconstruidos y se encuentran trabajando al 100 por ciento.”

De igual forma, según datos del gobierno de Morelos, se han invertido 159 millones 850 mil pesos en el tema de reconstrucción y rehabilitación luego del sismo. Y se han rehabilitado 35 unidades médicas, logrando beneficiar a la población.2

Sin embargo, durante el tercer aniversario de este lamentable acontecimiento, damnificados del estado que no han logrado terminar de reconstruir sus casas y propiedades, se manifestaron en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca, para hacer un llamado a las autoridades y que éstas no olviden sus pérdidas.

Diversos líderes de la red de damnificados que se fundó en esta entidad han mencionado que entre las principales razones por las cuales no se ha logrado terminar con la reconstrucción de viviendas afectadas, son los fraudes de parte de los asesores técnicos, la falta de seguimiento de la Comisión Nacional de Vivienda y la falta de recursos.3

El titular del municipio de Jojutla, clasificado como la zona cero de la tragedia ocurrida en septiembre de 2017, detalló que existe un avance de 75 por ciento en la reconstrucción de viviendas, con acciones de fundaciones y la federación.

Reconoció que hay familias damnificadas que han tenido que optar por pedir créditos a instituciones bancarias para la reconstrucción de sus casas. Mientras otros dejaron el municipio para irse a rentar a otro lado o se han visto en la necesidad de irse a vivir con algún familiar, o permanecer en las calles con viviendas improvisadas o incluso en tiendas de campaña.4

Si bien, en el estado no existe propiamente un padrón de los afectados, sí se han conformado diversos grupos de personas defraudadas por las anteriores administraciones.

En la actualidad, el municipio de Jojutla es el que enfrenta uno de los daños más graves, ya que su sistema de drenaje está colapsado. El último reporte sobre la reconstrucción de noviembre de 2019, por el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el cual se menciona que existe “retraso en cerca de 8 mil viviendas, 89 inmuebles patrimoniales y 10 planteles educativos, según el plan de reconstrucción tras el mencionado sismo de 19 de septiembre.”5

El problema no se limita únicamente a las viviendas, y el daño se extiende a problemas que van más allá de eso, pues de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hoy en día, la reconstrucción de las escuelas ha sido muy lenta y aún existen muchos niños y niñas que apenas van unas horas a la semana a la escuela ya que se sigue realizando la reconstrucción de los centros educativos afectados6 y suelen asistir sólo dos o tres días a la semana.

En este mismo reporte elaborado por UNICEF, se señala que las principales razones de inasistencia a clases se identifican con el calor dentro de las carpas temporales donde se imparten las clases, la falta de instalaciones sanitarias y falta de agua para consumo.

No olvidemos que los sismos de 2017, causaron daños en miles de viviendas, comercios e infraestructura pública como escuelas, hospitales y clínicas de salud. 320 municipios fueron declarados en estado de emergencia: 118 en Chiapas, 16 en la Ciudad de México, 33 en Morelos, 41 en Oaxaca y 112 en Puebla.7

En Encuentro Social, hacemos y decimos lo socialmente correcto y es por ello que no podemos permitirnos que las familias de Morelos y de otras entidades afectadas por este desastre natural, queden desprotegidas, razón por la cual, mediante este punto de acuerdo, nos permitimos exhortar al gobierno federal a no olvidarlos, a trabajar por y para ellos, y a dar cumplimiento con la reconstrucción de sus viviendas. Pues sabemos que el patrimonio de todas estas familias es únicamente el reflejo de muchos de esfuerzo y trabajo.

Reconocemos la labor del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien, durante su toma de protesta en 2018, se comprometió entre otras cosas, a concluir con el programa de reconstrucción para apoyar a los afectados por los sismos. Y quien en días pasados durante su visita a Atlixco, Puebla, por el tercer aniversario de los movimientos telúricos refrendó su compromiso con el pueblo de México.

Sabemos que la labor no es fácil y que el Presidente junto con su gobierno se ha empeñado en buscar las formas de lograr al cien por ciento la reconstrucción y Cuarta Transformación de México.8

Reconocemos igualmente la labor de la sociedad civil y todos aquellos quienes contribuyeron en gran medida a través de la distribución de alimentos y artículos básicos, así como en la organización de actividades de búsqueda y rescate.

Desde el PES, valoramos enormemente que la sociedad civil haya conseguido organizarse durante este tiempo y mantenerse pendientes en los lugares que así lo requieren. Sin embargo, no dejamos de hacer un llamado a las autoridades competentes para que agilicen la reconstrucción en los lugares donde no se ha logrado progresar a una velocidad deseable.9

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cumplir con los compromisos del Programa Nacional de Reconstrucción y agilizar la reconstrucción de inmuebles y viviendas damnificadas, en el estado de Morelos, a causa de los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda a dar seguimiento y celeridad a la reconstrucción de casas dañadas por el sismo de 2017 en el estado de Morelos, en el municipio de Jojutla, la zona que sufrió las mayores afectaciones en el estado.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

2 https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/
tres-anos-del-sismo-de-2017-se-han-reconstruido-y-puesto-en-marcha-tres-centros-de-salud

3 https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/
167669-damnificados-del-sismo-del-19-s-se-reuniran-en-jojutla.html

4 https://heraldodemexico.com.mx/estados/
reconstruccion-morelos-viviendas-sismo-19-de-septiembre-jojutla-pandemia-covid19/

5 https://www.eluniversal.com.mx/estados/la-pesadilla-no-acaba-para-los-damnificados-del-sismo

6 https://www.unicef.org/mexico/media/321/file/Informe%20a%20un%20a%C3%B1o%20de%20los%20sismos.pdf

7 https://www.unicef.org/mexico/media/321/file/Informe%20a%20un%20a%C3%B1o%20de%20los%20sismos.pdf

8 https://lopezobrador.org.mx/2020/09/19/
version-estenografica-programa-nacional-de-reconstruccion-a-tres-anos-de-los-sismos-de-2017-en-atlixco-puebla/

9 https://www.unicef.org/mexico/media/321/file/Informe%20a%20un%20a%C3%B1o%20de%20los%20sismos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a investigar la procedencia y el destino de los recursos públicos ocupados en la compra de boletos de lotería para el sorteo del 15 septiembre de 2020, suscrita por los diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 12 de septiembre el titular de la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, entregó a la Secretaría de Salud estatal en Tabasco 15 mil 725 billetes de lotería que serían entregados a 15 hospitales públicos incluyendo unidades médicas en esa entidad. Lo que implica un gasto por parte de este instituto de salud de 7 millones 882 mil 500 pesos.

El mismo Manuel Lamoyi Bocanegra aseguró que entregó mil 51 billetes a cada uno de las 15 hospitales públicos, incluidos los de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), así como de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar), y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dicho donativo, además de ser irregular e ilegal, deja en tela de juicio la forma en que se podrían estar desviando fondos de carácter público con la finalidad de cumplir con la venta total de boletos de lotería para la mediática “rifa del avión presidencial”.

Hay que recordar que la intención del Ejecutivo federal en un inicio era de vender el denominado avión presidencial en un monto 130 millones de dólares según su avalúo (unos 2 mil 730 millones de pesos, a un tipo de cambio de 21 pesos por dólar), al no poderse concretar la venta, el pasado mes de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió “rifar el avión”. Pero como las reglas de la Lotería Nacional impiden otorgar premios en especie, se decidió que el avión no se entregaría al ganador, sino, el equivalente a su valor estimado.

Así pues se decidió entonces que el organismo Pronósticos para la Asistencia Pública, que absorbió las funciones de la desaparecida Lotería Nacional, emitiera 5 millones de billetes a un precio de 500 pesos cada uno, para obtener un total de 2 mil 500 millones de pesos.

De esta cantidad, 2 mil millones se repartirían entre los compradores de cada uno de los 100 billetes ganadores, con lo que el gobierno federal se quedaría con los 500 millones de pesos restantes, más el “avión presidencial”, que sigue en su poder a la espera de poderlo vender.

El 8 de septiembre de este mismo año, a una semana de que se llevara a cabo la rifa del avión, que se encuentra programada para el 15 del mismo mes, “Pronósticos” informó que sólo se había vendido 63.58 por ciento de los billetes, con lo cual se habrían obtenido mil 907 millones 600 mil pesos.

Ese mismo día, el Presidente López Obrador anunció que el gobierno federal destinaría 500 millones de pesos para comprar un millón de billetes para distribuirlos en 956 hospitales Covid, cuyo personal utilizaría los 20 millones de pesos prometidos, si fuese ganador, en su modernización, infraestructura o equipamiento médico.

En conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también detalló que los recursos públicos que se ocuparan para comprar los boletos de la lotería correspondientes al sorteo antes mencionado, provienen de los decomisos que ha realizado la Fiscalía General de la República (FGR) y éstos serán entregados al Instituto para devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y éste entregara a su vez los billetes de Lotería al Insabi.

En el portal del Indep se informa también mediante un comunicado, que como producto de la Sexta Subasta con Sentido Social (a Martillo), realizada en el Complejo Cultural Los Pinos se obtuvieron 22 millones 964 mil pesos , por la venta de 204 lotes de automóviles y mercancía diversa, y, cuyos recursos afirman serán destinados al Sector Salud, esto con fecha del 30 de agosto de 2020.

El mismo portal del Indep en segundo comunicado con fecha de 14 septiembre de 2020, se pública la séptima convocatoria a la subasta con sentido social de 2020 y donde se informa que ésta se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre y cuyos recursos destinados de la misma manera al sector salud, el estimado que pretende obtenerse de la llamada séptima subasta sería de aproximadamente 108.5 millones de pesos. En ninguno de los dos casos anteriores se detalla hacia dónde exactamente o en qué se ocupará el dinero público obtenido de estas subastas, sólo se dice que “serán destinadas al sector salud”.

Si sumamos lo adquirido en la séptima y sexta subastas con sentido social organizadas por el Indep obtenemos que, el acumulado que se destinaría al sector salud sería de aproximadamente de 131 millones 464 mil pesos, esto sumado a los 500 millones incautados por parte de Fiscalía General de la República (FGR) darían un total de 631 millones 464 mil pesos.

Hasta este momento no queda claro si los 500 millones incautados por la FGR junto con el dinero de las subastas del Indep serán utilizados para comprar boletos de lotería y ser entregados posteriormente al Insabi, o cuál sería el destino de cada uno de estos recursos públicos.

Consideramos que es una falta administrativa grave, que incluso podría catalogarse como desvío de recursos públicos si es que estos recursos fueron distraídos de la atención de temas de primera importancia, ya que incluso la compra de estos billetes no se explica en la lógica de rentabilidad, ni de política pública.

Ante estos hechos, el presente punto de acuerdo exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a revisar las posibles eventualidades o irregularidades del posible desvío de recursos públicos en la adquisición y posterior donación de billetes de lotería para el sorteo del 15 de septiembre del 2020, y por lo tanto deslindar responsabilidades; ya que el dinero público que el Insabi está destinando a la compra de boletos, debe ser ocupado para adquirir otros recursos enfocados a garantizar exclusivamente el derecho a la salud de las y los mexicanos en medio de la peor crisis de salud que haya enfrentado nuestro país.

Distraer recursos públicos, en esta etapa de recesión económica en el país, sin duda alguna es corrupción, y como tal, debe ser castigada.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría financiera al Indep e Insabi, respecto tanto a la procedencia como el destino de los recursos públicos ocupados en la compra de boletos de lotería para el sorteo del 15 septiembre de 2020, y de encontrar irregularidades, se proceda conforme a la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputados:

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y autoridades chiapanecas a implantar acciones de salud orientadas a contener, mitigar y atender la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 en el primer semestre de 2020, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el primer caso de Covid-19 presentado en México se confirmó por el gobierno a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, el 28 de febrero de 2020, tratándose de un hombre de 35 años, residente de la capital del país, que viajó a Italia y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus.

Segunda. El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, la cual ordenó la suspensión de actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la población, para disminuir la enfermedad, sus complicaciones y la muerte en el territorio nacional.

Tercera. De acuerdo con la Secretaria de Salud, los recursos públicos disponibles en 2019 en México para la atención de la salud de los mexicanos, estaba resumida con los siguientes datos:

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud,

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/datos/

Cuarta. En el reporte nacional del 30 de agosto de 2020, disponible en el vínculo <>/, se observan en el país 595 mil 841 casos confirmados y 65 mil 844 defunciones.

Quinta. En la mañanera del 4 de junio de 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, pronosticó que el peor de los casos serían 30 mil decesos e incluso hasta 60 mil en un escenario catastrófico. Hoy, esa cifra está rebasada.

Sexta. El doctor José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas, presentó los siguientes datos para la entidad: 6 mil 268 casos positivos y 545 defunciones al 29 de agosto de 2020; se encuentran disponibles en la página electrónica

Séptima. Ante la emergencia sanitaria en la que nos encontramos es relevante garantizar la información clara, transparente, accesible y oportuna para todos los habitantes de Chiapas. A pesar de las medidas implementadas en el acuerdo publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, al día de hoy se observa en diversos municipios de Chiapas, la realización de actividades no esenciales, así como la concentración de personas en transporte, mercados y espacios públicos, en los cuales se observa que no se da cumplimiento a cabalidad del plan de distanciamiento social para “reducir la frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de propagación del virus SARS-Cov2, ya que se observa una concentración densa de usuarios, a corta distancia entre usuarios y la mayoría sin medidas preventivas para reducir el contagio.

Octava. A escala municipal los municipios que más han preocupado y alertado a la población son: San Cristóbal de las Casas ya que se sitúa como el 3er municipio del Estado con 361 casos registrados, solo por debajo de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Chiapas.

Fuente: http://coronavirus.saludchiapas.gob.mx/casos-covid-19#

Novena. De acuerdo con la tabla anterior, en diversos municipios se deben redoblar esfuerzos ante esta pandemia, teniendo presente que los municipios por sus atribuciones tienen una función relevante para garantizar las condiciones para reducir riesgos, mediante la colaboración con las autoridades sanitarias en el cumplimiento de las medidas y acciones necesarias para mitigar el contagio.

Décima. Por último, es relevante impulsar y fortalecer la resiliencia de nuestras ciudades y municipios para que se tenga la habilidad de mantener continuidad después de momentos críticos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación. Por ello nuestras ciudades deben fortalecer sus capacidades para evaluar, planear y actuar para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos, esperados o inesperados. Las ciudades mejor preparadas podrán proteger y mejorar la vida de sus habitantes.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a realizar e implantar una estrategia de saneamiento y aseguración de la salud pública a través de los medicamentos, atención médica, equipos de protección como caretas, cubrebocas, guantes, y promoción reiterada de las reglas de sana distancia que coadyuve a reducir contagios, evitar la propagación del virus.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Salud estatal a que en conjunto con todos los municipios del estado y de conformidad con sus facultades, realicen una estrategia de saneamiento y aseguración de la salud pública a través de los medicamentos, atención médica, equipos de protección como caretas, cubrebocas, guantes, y reglas de sana distancia que coadyuve a reducir contagios, evitar la propagación del virus y que se permita el acceso mediante protocolos estrictos de higiene a establecimientos mercantiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y sus homólogas locales a capacitar con perspectiva de género a los agentes del MP y personal a su cargo que atienda o investigue delitos cometidos contra mujeres, de forma tal que conozcan el contenido y la aplicación de los protocolos, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada federal María Wendy Briceño Zuloaga, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con carácter de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Asimismo, se establece la facultad concurrente de la federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública; cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público, los ejes rectores en esta materia lo son los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

De esta manera, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.1

En ese sentido, el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicia2.1 Las funciones de procuración de justicia se debe realizar con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.3

Lo anterior es así, porque México es una federación, debiéndose entender como “el sistema de organización política en el cual o grupos humanos dotados de capacidad jurídica y autonomía propia se arrecian sin perder su autonomía en lo que les es peculiar para formar un solo estado (denominado federal) con el propósito de realizar en común los fines característicos de esta institución”.4

Conforme al artículo 115 constitucional los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Al igual que la Constitución federal, las constituciones locales están divididas en una parte dogmática y en una parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática, establece los derechos humanos de la ciudadanía, mientras que la parte orgánica se establece la forma de gobierno y se crean, organizan y distribuyen competencias a los órganos de gobierno local, a través de los cuales los estados expiden su legislación ordinaria, la ejecutan y la aplican a los casos controvertidos, dentro del ámbito de validez de su respectiva competencia, y son dentro de ella, instancias decisorias supremas.5 Motivo por lo que los estados, puede organizar el Poder Judicial conforme a sus propias atribuciones y competencias territoriales, en consecuencia este poder es el encargado de la administración de justicia.

Sin embargo, por precepto constitucional como ya se ha mencionado, el Ministerio Público es la autoridad competente para la investigación de los delitos, motivos por los cuales, en la organización de cada estado, encontramos que la Fiscalía General de cada entidad federativa es un órgano público autónomo, cuyos titulares son los fiscales. Por este motivo, cada entidad federativa regula las atribuciones de la Fiscalía local, en la mayoría de las veces siguiendo el modelo de la Fiscalía General de la República.

En el ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, este deber se cumplirá con estricto apego a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a la no discriminación.

Violencia contra las mujeres en razón de género

La violencia contra las mujeres es la más cruel manifestación de discriminación, ésta se ha visibilizado tanto en instrumentos legales nacionales como internacionales mediante los cuales se busca la protección de los derechos humanos de las mujeres. El recorrido no ha sido fácil y los resultados obtenidos son consecuencia de la lucha de las mujeres para el reconocimiento de nuestros derechos.

La adopción y ratificación del Estado mexicano de herramientas jurídicas internacionales y la armonización de las leyes a estos ordenamientos, así como el acatamiento de las recomendaciones de organismos internacionales y los avances legislativos en materia de derechos humanos de las mujeres, no han sido suficientes.

La violencia contra las mujeres es un obstáculo que nos impide vivir libremente y vulnera muchos derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia contra las mujeres, como:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Existen diferentes tipos de violencia, que se clasifican en: violencia psicológica; física; patrimonial; económica; sexual feminicida, así como cualquier otra análoga que lastime la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Estos tipos de violencia se pueden manifestar en diferentes espacios o ámbitos, lo que construye las modalidades de la violencia contra las mujeres, que son las siguientes: familiar, laboral y docente, en la comunidad e institucional.

Los delitos contra las mujeres se pueden clasificar de la siguiente manera,6 considerando que cada una de las entidades tiene su propio Código Penal, y tienen la facultad de legislar en materia de delitos del fuero común:

-Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones: homicidio, homicidio por infidelidad, lesiones, lesiones por infidelidad conyugal, peligro de contagio, violencia familiar, privación ilegal de la libertad, rapto, rapto equiparado y feminicidio.

-Violencia sexual: violación, violación agravada, violación por objeto distinto, abuso sexual, incesto, estupro, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual.

-Violencia social: discriminación, trata de personas, adulterio, fecundación a través de medios clínicos, inseminación artificial indebida, procreación asistida, esterilidad provocada, aborto.

-Violencia económica: abandono de la conyugue o concubina, incumplimiento de las obligaciones alimentarias y de asistencia familiar, insolvencia dolosa para incumplir con las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh 2016), se reporta que 66.1 por ciento de las mujeres padecieron al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. La violencia con mayor porcentaje es la emocional con un 49 por ciento; la modalidad en la que ocurre el mayor número de incidentes de violencia contra las mujeres se da en el entorno de pareja, de tal forma que más de 4 de cada 10 mujeres en 2016 señalaron haber padecido de un incidente en este ámbito.

Conforme a los datos expuestos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en fecha 31 de diciembre de 2019,7 destaca que del mes de enero a diciembre de 2019 se obtuvo un registro de 2, 015, 641 delitos en total siendo 330 mil 994 víctimas de las cuales el 33.3 por ciento (110 mil 220) corresponden a mujeres, los delitos de los cuales se tiene mayor registro de incidencia son lesiones dolosas 54.40 por ciento, lesiones culposas 16.26 por ciento, delitos que atentan contra la libertad personal 8.12 por ciento, delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 3.06 por ciento, homicidio doloso 2.56 por ciento, homicidio doloso 2.93 por ciento, feminicidio 0.91 por ciento.

En conclusión, se tiene que el número de presuntas mujeres víctimas son 976 feminicidio, 2 mil 819 de homicidio doloso, 3 mil 226 de homicidio culposo, 64 mil 457 de lesiones dolosas, 17 mil 952 de lesiones culposas, 410 de secuestro.

Asimismo, el total de llamadas de emergencia en este mismo periodo 16, 044, 138, de las cuales 197 mil 693 fueron realizadas por mujeres, reportando 5 mil 347 abuso sexual, 70 mil 470 acoso u hostigamiento sexual, 3 mil 874 violación, 274 mil 487 violencia de pareja, 718 mil 19 violencia familiar.

De estos datos, observamos que existe un alto índice en violencia de pareja y violencia familiar, lo que sugiere que las mujeres en mayor medida son víctimas de la escalada de los diferentes tipos de violencia en el ámbito familiar, y que las víctimas de feminicidio previamente acudieron a denunciar ante el Ministerio Público, sin embargo, al no obtener la orden de protección adecuada o bien la ejecución de la misma, terminaron siendo víctimas de sus agresores.

La incidencia de delitos cometidos contra mujeres registro un aumento en el periodo comprendido de enero-diciembre 2019, respecto del año 2018, lo cual resulta alarmante, ya que nos enfrentamos a un escenario en donde no se ha logrado garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lo que refiere que los mecanismos y las acciones han sido insuficientes para cumplir el compromiso de Estado.

En el marco de los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas por parte del Estado, que garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, deben dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia o cualquier persona para evitar llegar a la violencia extrema como lo es el feminicidio.8

Es necesario comprender el valor de las acciones afirmativas para revertir comportamientos ya que forma parte del quehacer estatal y así, cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. La prevención de los delitos cometidos en contra de las mujeres podría impactar de manera significativa en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Por lo que, el Estado deberá adoptar también medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones se investigarán, sancionarán y repararán adecuadamente y evitar que las mujeres víctimas de violencia descarten la denuncia de los hechos.

El acceso a la justicia debe de entenderse como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. Un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria.9

En este contexto, señalamos que las autoridades responsables de la investigación de delitos lo son las Fiscalías de cada una de las entidades en el ámbito de sus competencias, las cuales se encuentran obligadas a investigar los hechos con la debida diligencia.

En ese sentido, la Corte Penal Interamericana ha puesto énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen de la manera más rigurosa, por profesionales competentes y utilizando los procedimientos apropiados.10

Considerando lo anterior, es preciso señalar que, ante el alto índice de delitos cometidos contra las mujeres, se requiere de manera urgente que las investigaciones realizadas por los Ministerios Públicos se hagan con pleno conocimiento de los instrumentos legales vigentes y bajo la perspectiva de género. Asimismo, es indispensable que éstos y las policías de investigación sean capacitadas con la finalidad de que ejecuten sus funciones con apego a la perspectiva de género y atiendan a las víctimas en base a lo establecido en los protocolos.

A nivel federal se han adoptado los siguientes instrumentos para garantizar la adecuada investigación de los delitos:

• Protocolo de primer respondiente con los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento.

• Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres.

• Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México.

• Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio

• Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual.

• Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

• Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura.

• Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada

Se ha observado con preocupación que los protocolos existentes en muchas ocasiones son desconocidos por las autoridades encargadas de su aplicación. Muestra de ello fue la reciente filtración de imágenes sensibles de la joven Ingrid “N” quien fue víctima de feminicidio recientemente y no obstante los protocolos de resguardo de información sensible y datos personales, imágenes del feminicidio fueron filtradas por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a medios de comunicación.

En ese sentido, es de vital importancia que el personal que labora en las instituciones de procuración de justicia se abstenga de filtrar dicha información y, por el contrario, este altamente capacitado en materia de resguardo y protección de datos personales.

Así, las capacitaciones a los ministerios públicos y personal de las fiscalías que atienden e investigan delitos contra mujeres deben de realizarse siempre con enfoque de perspectiva de género.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República y las titulares y los titulares de las fiscalías de todas las entidades federativas, para que capaciten con perspectiva de género a las agentes y los agentes del ministerio público, y personal a su cargo, que atienda o investigue delitos cometidos contra las mujeres, de forma tal que conozcan el contenido y la aplicación del Protocolo de Primer Respondiente con los anexos de Informe policial homologado, cartilla de derechos y mapa del procedimiento; Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de órdenes de protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres; Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México; Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio; Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual; Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género; Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura y Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República y las titulares y los titulares de las fiscalías de todas las entidades federativas, para que capaciten con perspectiva de género a las agentes y los agentes del Ministerio Público, y personal a su cargo, que atienda o investigue delitos cometidos contra las mujeres, de forma tal que se abstenga de filtrar cualquier tipo de información relacionada con las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, en particular datos personales e imágenes sensibles, y reciba capacitación en materia de resguardo y protección de datos personales.

Notas

1 Artículo 21, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Burgoa, Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano", Porrúa, México, 2003.

5 Carpizo, Jorge. "Derecho Constitucional", Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/289-derecho-constitu cional.

6 Olamendi, Patricia. "Delitos contra las mujeres análisis de la clasificación mexicana de delitos", Inegi, México, 2007.

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "Información sobre violencia contra las mujeres". Disponible en https://drive.google.com/file/d/1R3URXMUBiFMa46moO4k2v_G95fR5LVfp/view, consultado el 28 de enero de 2020.

8 Comisión Nacional de Derechos Humanos. "Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Panorama nacional 2018"), CNDH, México, 2018.

9 Olamendi, Patricia, "El feminicidio en México", Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2016.

10 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. "Debida diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos", CEJIL, Argentina, 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt y la Cofepris a reducir los tiempos de aprobación y distribución de ventiladores destinados a hospitales para la atención de pacientes con Covid-19, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para reducir los tiempos de aprobación y distribución de ventiladores destinados a hospitales para la atención de pacientes con Covid-19, así como agilizar el proceso de adquisición, certificación y permisos de distribución de productores nacionales y extranjeros en favor de que se cuente con los insumos necesarios en los tiempos adecuados para el combate contra la pandemia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los problemas derivados de la pandemia del Covid-19 atrajeron tensiones entre países respecto a cuestiones que han demandado una mayor colaboración y entendimiento entre las partes afectadas. Desafortunadamente, la realidad ha mostrado que los conflictos comerciales por la adquisición de insumos materiales para el combate de la pandemia, la asignación de responsabilidades respecto al origen y expansión de ésta, la carrera científica para el desarrollo de la vacuna y el cierre de fronteras de forma arbitraria para evitar contagios trasfronterizos, evidencian que a pesar de la necesidad de cooperación que las emergencias demandan, la competencia y el conflicto siguen latentes al momento de la búsqueda por generar las mejores condiciones para lograr mitigar los efectos negativos de la presente crisis sanitaria.

En éste sentido, la carrera por la innovación y adquisición de nuevas tecnologías ha mostrado un gran interés entre los países productores y no productores de estas tecnologías. La principal aspiración en un periodo de alta demanda pasa por contar con una industria propia, ya sea para la elaboración de la vacuna, la fabricación de cubre bocas de bajo costo, la construcción de ventiladores o la disposición de personal capacitado en estos dominios de conocimiento.

En el caso de nuestra región y país1 , nuestra producción de cubre bocas o ventiladores no era suficiente para la demanda que hubo durante los primeros meses de la pandemia, lo que orilló a esfuerzos individuales e institucionales para la construcción de ésta clase de tecnologías por parte de un muy amplio rango de emprendedores, estudiantes, universidades y productores privados de todo el país, ante la exigencia por contar con los insumos necesarios para salvar vidas y los obstáculos productivos que los orillaron a reconfigurar sus actividades económicas.

Por ende, no resulta extraño observar que dentro de los titulares de los últimos meses en medios de comunicación, diversas universidades –como la UNAM2 , el IPN3 o el Tecnológico de Monterrey4 – y empresas privadas han buscado proveer al gobierno mexicano de ventiladores de bajo costo que puedan ser usados al interior de las instituciones de salud pública en todo el país.

Por otra parte, el gobierno mexicano ha hecho múltiples compras de ventiladores para ser puestos a disposición de hospitales y clínicas, siendo que una de las últimas compras realizadas –al gobierno de Estados Unidos– arribó a nuestro país a mediados de agosto de 20205 . A la espera de saber la cantidad exacta de ventiladores recibidos, esta práctica ha sido constante y, a la vez, bastante costosa.

En consecuencia y ante la relevancia del tema, resulta sorpresivo que los tiempos de certificación y los problemas de distribución de los ventiladores hayan demorado tanto en su distribución. Apenas en julio de 2020 comenzó la distribución de los primeros ventiladores de origen nacional – con un financiamiento inicial de 260 millones de pesos6 –, alcanzando un total de 275 y a la espera de entregar los 500 que se programaron, donde el atraso principal se debe al largo proceso de evaluación por parte del Conacyt y Cofepris.

Por ende, resulta indispensable exhortar al ejecutivo federal para que el Conacyt y Cofepris reduzcan los tiempos de aprobación y distribución de ventiladores destinados a hospitales para la atención de pacientes con Covid-19, así como agilizar el proceso de adquisición, certificación y permisos de distribución de productores nacionales y extranjeros en favor de que se cuente con los insumos necesarios en los tiempos adecuados para el combate contra la pandemia.

En caso omiso de esto, la demanda de los servicios será insatisfecha. Con la entrada del otoño y el invierno, la temporada de enfermedades respiratorias dará comienzo, contemplando que, si no se cuenta con los insumos básicos, la saturación hospitalaria se volverá un problema común durante el mismo periodo de tiempo en varias regiones del país, siendo un potencial colapso el peor escenario y el que ha sido la principal preocupación respecto al tema hospitalario.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para reducir los tiempos de aprobación y distribución de ventiladores destinados a hospitales para la atención de pacientes con Covid-19, así como agilizar el proceso de adquisición, certificación y permisos de distribución de productores nacionales y extranjeros en favor de que se cuente con los insumos necesarios en los tiempos adecuados para el combate contra la pandemia.

Notas

1 https://www.wsj.com/articles/
coronavirus-pandemic-prompts-race-in-latin-america-to-build-cheaper-ventilators-11587634202

2 https://www.gaceta.unam.mx/los-ventiladores-vitales-para-el-apoyo-a-per sonas-con-covid-19/

3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/23/
covid-19-cientificos-del-ipn-crean-ventilador-pulmonar-de-bajo-costo-6535.html

4 https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/crean-empresas-y-gobierno-primer-ventilador-mexicano-vs-covid-19

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/12/
arriba-a-edomex-ultimo-avion-con-ventiladores-comprados-a-eu-4497.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a fortalecer el monitoreo de las tiendas virtuales y la supervisión e inspección de proveedores del servicio de mensajería y paquetería para atender puntualmente las quejas de los consumidores que compraron por internet y no han recibido lo adquirido, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cynthia Iliana López Castro, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las compras realizadas por medios electrónicos cada vez van más en aumento, esto como consecuencia de la presente pandemia, ya que las personas ven como un medio idóneo el adquirir cosas a través del comercio electrónico sin tener que salir de sus hogares. Asimismo, en la actualidad la gran mayoría de las tiendas departamentales cuentan con sitios web en los cuales ofrecen sus miles de productos.

Es importante mencionar que antes de la pandemia el mercado electrónico ya se encontraba al alza, puesto que las nuevas generaciones están inmersas en el mundo digital, ahora es muy rápido conseguir un disco de música o una película sin necesidad de tenerlo en un formato físico y disfrutarlo desde cualquier dispositivo electrónico.

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las ventas de comercio electrónico alcanzaron los 25,6 billones de dólares a nivel mundial en 2018, un 8 por ciento más que en 2017, cifra equivalente al 30 por ciento del PIB mundial de ese año. Estados Unidos, Japón y China lideran el ranking mundial en ventas de comercio electrónico.1

Aunque México no figura entre las primeras diez economías con mayor intercambio comercial electrónico, cada vez es más la gente que se inclina por utilizar las plataformas electrónicas para realizar sus compras. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, las compras o pagos realizados a través de la red, reportaron en 2019 el 27.2 por ciento, en comparación del 23.7 por ciento de 2018.2

Con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para evitar contagios por la pandemia por Covid-19, las personas se han visto en la necesidad de utilizar las plataformas electrónicas para poder adquirir las cosas desde la comodidad de sus casas y sin correr el riesgo contagiarse, por lo que las ventas a través de estos medios han aumentado de forma considerable.

De acuerdo con el Reporte sobre el Impacto del Covid-19 en Venta Online, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en tan solo tres meses, de abril a junio del presente año, se incrementó 90 por ciento el uso de aplicaciones de compras en México.3

Se estima que 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento en internet, y 2 de cada 10 registran crecimientos mayores al 300 por ciento en el volumen de negocios de ventas online, esto como consecuencia de los estragos causados por las nuevas reglas impuestas a los establecimientos comerciales.

De igual manera se espera que para el próximo año en 2 de cada 10 marcas y comercios el e-commerce represente más del 30 por ciento del total de sus ventas, ya que se prevé que la presente contingencia sanitaria se empiece a resolver hasta mediados del 2021, cuando la vacuna se empiece a distribuirse de manera masiva entre la población.

Las empresas tienen expectativas favorables sobre su participación en la próxima edición del Buen Fin, puesto que 9 de cada 10 afiliados a la AMVO contemplan participar en la campaña, y 4 de cada 10 esperan que su canal de venta online crezca más del 50 por ciento.

Por la crisis sanitaria, las tres subcategorías de retail que más han crecido en el año son salud, tiendas departamentales y comida/supermercados/despensa, donde en todos los casos, incrementaron su número de clientes en más del 50 por ciento con relación al año anterior.

Las ventas a través de plataformas de comercio electrónico han sido favorecidas en gran medida durante los últimos meses por que han ofrecido a sus clientes más envíos gratis, más opciones de entrega y diversidad de opciones de pago, elementos que estimulan a los consumidores.4

Sin embargo, a pesar de que el comercio electrónico se ha convertido en una excelente opción, es preciso destacar que también ha aumentado el número de quejas interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra diversas tiendas en línea.

Las principales denuncias durante la contingencia son por un incumplimiento de fechas de entrega de los pedidos en línea, cancelaciones sin consentimiento, retrasos en reembolsos y poca efectividad de los servicios al cliente, situación que afecta directamente en el patrimonio de los mexicanos.

Tan solo la organización de consumidores Tec-Check ha entregado desde junio 445 quejas colectivas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de consumidores mexicanos a los cuales les fueron afectados sus derechos, cuyas adquisiciones suman un valor de 3.9 millones de pesos.5

La organización también destaca que hoy en día aquellos consumidores que presentan una queja ante Profeco de forma individual están recibiendo sus citas hasta mayo del 2021, mientras que si se realizan en forma colectiva los casos atienden con una mayor rapidez.

Durante las últimas semanas se han presentado casos relacionados con las compras en línea, ya que los consumidos afectados han hecho notable su enojo y frustración por comprar artículos electrónicos a través de las plataformas electrónicas, pero que al recibir sus productos se llevaron la sorpresa de recibir bolsas de sal o cartones de jugos.1

Has6a el momento las empresas involucradas han dado respuesta a los consumidores afectados, por lo que se les han devuelto sus productos de manera íntegra, pero en otros casos la respuesta no fue la misma, convirtiéndose en una situación preocupante para los mexicanos que siguen adquiriendo productos y servicios por Internet.

Los afectados han llegado a la conclusión de que sus paquetes fueron alterados durante su trayecto, cambiando el artículo que habían adquirido por otro que no tenía ninguna relación con lo comprado, por lo que los centros de distribución y entrega tendrían alguna responsabilidad.

La Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 82 indica que los consumidores pueden optar por pedir la restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable.7

A consecuencia de la pandemia los mexicanos están adoptando nuevos hábitos de compra y venta, el comercio electrónico se erige como una opción viable para continuar adquiriendo productos necesarios sin poner en riesgo su salud, por lo que es fundamental que este medio de compra genere certeza y confianza en los consumidores.

Siendo Profeco la principal instancia de protección de los derechos del consumidor, es de suma importe que se implementen las medidas necesarias para atender la problemática que se ha venido presentando en relación a las quejas y denuncias presentadas por los consumidores que no están conformes por sus compras en internet, ya sea por la demora en sus pedidos o porque no están recibiendo sus productos, esto con el objeto de salvaguardar los derechos de los consumidores mexicanos.

Tanto los comercios digitales como las empresas de mensajería y reparto a domicilio deben ser verificadas por las autoridades para garantizar que están ofreciendo un servicio óptimo y de calidad al consumidor, asimismo, es necesario que se investiguen y resuelvan con prontitud las denuncias presentadas por los consumidores, toda vez que nos podemos encontrar ante un nuevo método para cometer delitos.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezca el monitoreo de las tiendas virtuales, así como la supervisión e inspección dirigida a las empresas proveedoras del servicio de mensajería y paquetería, con el fin de atender puntualmente las quejas de los consumidores que han realizado compras por Internet y que no han recibido los productos y servicios que adquirieron, vulnerando sus derechos y su patrimonio.

Notas

1 https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345&Sitemap_
x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1713;#Information%20and%20Communication%20Technologies;#2045;#
Information%20Economy:%20Measurement

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Internet20.pdf

3 https://www.forbes.com.mx/tecnologia-3-meses-aumento-90-uso-apps-de-com pras-mexico/

4 https://www.eluniversal.com.mx/techbit/problemas-con-tus-compras-por-internet-asi-puedes-reclamar

5 https://lasillarota.com/dinero/
tambalea-el-encanto-de-las-compras-en-linea-mas-oferta-mayor-precio-covid-19-coronavirus-pandemia-estados-unidos/422929

6 https://www.informador.mx/economia/Compra-dos-laptops-por-Internet-y-re cibe-bolsas-de-sal-20200909-0065.html

https://www.informador.mx/economia/
Compra-un-iPhone-a-traves-de-Internet-y-recibe-un-jugo-de-guayaba-20200908-0089.html

7 https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a realizar las gestiones conducentes a evaluar la exención del pago de cuotas de reinscripción e inscripción en el ciclo escolar 2020-2021 a los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Conservatorio Nacional de Música, a lo largo de 156 años, ha sido el alma mater de compositores, directores de orquesta, ejecutantes virtuosos y del surgimiento de corrientes musicales y pedagógicas que forman un panorama musical muy amplio en México con numerosos casos de trascendencia nacional e internacional.

Desde sus inicios, han pasado por esta institución de educación musical -la más antigua del país- grandes músicos y compositores, así como docentes, entre los que se encuentran, Melesio Morales, Ricardo Castro, Juventino Rosas, Jorge Federico Osorio, Manuel M. Ponce, Julián Carrillo, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Salvador Contreras, Teódulo Mendoza, Silvestre Revueltas, Víctor Urbán, Carlos Chávez, Eduardo Díaz Muñoz, Mario Lavista, Horacio Franco o Rolando Villazón, entre otros.

Es la escuela de música con mayor ingreso de alumnos en México desde la que tradicionalmente se ofrecen eventos gratuitos al público en general.

De acuerdo con su actual director, en el Conservatorio Nacional de Música una misión importante es la promoción y difusión de la música mexicana.1 El 14 de enero de 1866 un grupo de músicos e intelectuales fundaron la Sociedad Filarmónica Mexicana cuyo objetivo era la creación de un Conservatorio y el 1 de julio de ese mismo año iniciaron las primeras clases para difundir conocimientos musicales en la población.2

Cabe destacar que el Conservatorio Nacional de Música fue la primera escuela profesional en la que las mujeres podían obtener un título profesional, en un contexto en donde las mujeres carecían de infinidad de derechos.

En la actualidad, se ofrecen 24 licenciaturas agrupadas en 4 áreas: en concertismo, creativas (en composición), educativas, de musicología (investigación). Adicionalmente existe un sector infantil para niños de entre 7 y 11 años.3 Estas áreas cuentan con una matrícula de más de mil estudiantes provenientes de diferentes entidades de la república.

Estudiar música consiste en una de las profesiones más prolongadas que pueden llevar hasta 8 o más años de formación por lo que muchos de los estudiantes del Conservatorio optan por trabajar a la par que estudian, poniendo en práctica sus conocimientos musicales, pero ante la coyuntura del reciente confinamiento que imperó durante los recientes meses de 2020, tanto ellos como sus padres de familia se vieron severamente afectados en donde una cuota de 2 mil 118 pesos es prácticamente elegir entre pagarlos o dejar de hacerlo para pagar una renta, medicamentos o comida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.4

Por su parte, la Observación general número 13, “El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto)”, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, establece que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener la siguiente característica, entre otras:

“Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.”5

En este contexto, en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 se establece que todos los servicios educativos que otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de los alumnos:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”

En el mismo sentido, en los incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación7 se señala que:

“Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será: ...”

“[...] IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;

No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin, [...]”

De conformidad con la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,8 el Conservatorio Nacional de Música forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y es dependiente de la Secretaría de Cultura.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estamos seguros de que México genera muchos talentos en diferentes esferas de las artes y particularmente en distintos ámbitos de la música en donde, niñas, niños y jóvenes talentosos, que tienen el interés y el gusto de estudiar algún instrumento o realizar investigación musical en el Conservatorio Nacional de Música, no deben perder la oportunidad de llegar a ser los grandes músicos de México a causa de la crisis económica por la pandemia de SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.

Siendo que la educación constituye un derecho inalienable en el que se halla comprometido el interés público, tanto en lo relativo al bienestar de la felicidad individual como al crecimiento y el desarrollo de la comunidad en su conjunto y que es política del actual gobierno federal lograr la inclusión educativa, solicitamos a las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios acompañar la presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realicen las gestiones pertinentes a fin de evaluar la exención del pago de las cuotas de reinscripción e inscripción al ciclo escolar 2020-2021 a los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música para garantizar la continuidad de sus estudios en el contexto de la crisis económica por la pandemia por Covid-19.

Notas

1 Notimex. "150 años del Conservatorio Nacional de Música" Disponible en: https://cutt.ly/bfJdbsE. Consultado el 19 de septiembre de 2020

2 Humberto Musacchio, "Diccionario Enciclopédico de México Ilustrado", Litoarte, México 1990. pp.1330-1331.

3 Conservatorio.inba.gob.mx. Disponible en: https://cutt.ly/ufJzdMP. Consultado el 19 de septiembre de 2020

4 Unesco. "La educación transforma vidas". Disponible en: https://cutt.ly/7fJxKsX. Consultado el 19 de septiembre de 2020.

5 Naciones Unidas. "El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Disponible en: https://cutt.ly/1fJvsWC. Consultado el 19 de septiembre de 2020

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://cutt.ly/NfJvnwz. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

7 Ley General de Educación. Disponible en: https://cutt.ly/sfJvv3b. Consultado el 20 de septiembre de 2019.

8 Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Disponible en: https://cutt.ly/BfJvI9u. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivos federal y de Chihuahua a aplicar mecanismos legales encaminados a solucionar el bloqueo de las vías ferroviarias en Meoqui como medio de presión para resolver el conflicto por la distribución de agua de la presa La Boquilla, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chihuahua a que, en el ámbito de sus competencias, a la brevedad posible se apliquen los mecanismos legales correspondientes para dar solución al bloqueo de las vías ferroviarias en el municipio de Meoqui, Chihuahua, que se lleva a cabo, desde finales del mes de agosto de este año, como medio de presión para resolver el conflicto que se ha generado en torno a la distribución de agua de la presa La Boquilla, por ser un tema totalmente ajeno al sector ferroviario y estar provocando cuantiosas pérdidas a la economía local y nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde hace algunos años, el bloqueo de vías ferroviarias se ha convertido en una forma recurrente de presión social por parte de grupos con demandas y exigencias de diversa índole. Así lo han hecho maestros, campesinos, estudiantes, trabajadores, mujeres, jóvenes, entre otros. No sobra decir que no siempre este tipo de acciones han sido el conducto para solucionar ningún tipo de problemática o de demanda; todo lo contrario, ha sido el detonante para el surgimiento de afectaciones a la vida económica y social, no sólo de la localidad en donde se realizan los bloqueos, sino en regiones completas del país.

Recientemente resurgió un conflicto social en el estado de Chihuahua, que data de décadas atrás, por la disputa de los derechos del agua de la presa La Boquilla. Es un diferendo que implica a los gobiernos estatal y federal y tiene también implicaciones de carácter internacional, por tratarse de aguas que, por un Tratado de 1944 con Estados Unidos, deben ser compartidas, cumpliendo tiempos y condiciones específicas.

Este conflicto por demanda de agua en el estado de Chihuahua ha cobrado ya la vida de dos personas, Se ha involucrado la Guardia Nacional, institución que los agricultores responsabilizan por la escalada de violencia que se ha registrado desde el mes de julio pasado hasta el fallecimiento de una pareja de agricultores. Ha trascendido también al ámbito político, en donde la intervención de ex gobernadores ha motivado intercambio de posturas entre el Gobernador en funciones y el Presidente de la República.

Sin dejar de reconocer que las demandas de los agricultores puedan ser justas y que, además, están ejerciendo plenamente el derecho de reclamar una solución ante las autoridades de lo que ellos juzgan es un abuso y una injusticia, es necesario subrayar que se están actuando al margen de la ley en cuanto a las acciones que llevan a cabo de bloquear las vías ferroviarias, con lo que consecuentemente se afecta la economía de la región e, incluso, del país.

Reportes de prensa señalan que: “La red ferroviaria que cruza el Estado [de Chihuahua] y que parte de diferentes puntos del País, se mantiene sin actividad por el bloqueo con montones de tierra y con tractores colocados sobre el kilómetro mil 537 de la Línea A, Estación Consuelo, en el Municipio de Meoqui. De acuerdo con la Concamin [Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos], están varados productos agrícolas, industriales, de cemento, cerveza, automotrices y de consumo básico en al menos 7 mil 785 embarques. La mercancía equivale a 19 mil 463 camiones, según el organismo empresarial.”1

Es importante considerar que la combinación de descontentos e inconformidades sociales y la importancia de la red ferroviaria para el sano desarrollo de la economía del país, es un factor sumamente riesgoso cuando se presentan casos como el que se lleva a cabo en Chihuahua.

En efecto, en el escenario actual que vemos en el país, en donde se conjugan una crisis epidémica de proporciones mundiales, un profunda y grave crisis económica, así como una creciente ola de violencia e inseguridad en todo el territorio nacional, el bloqueo de vías férreas tiene un alto riesgo, para la seguridad y para la economía y para la paz social.

Esto es así, pues es un hecho que la red ferroviaria llega a poblaciones y localidades en donde el tren es la única forma de abastecimiento de productos de primera necesidad; es una de las únicas formas que tienen de establecer contacto con los grandes centros de población y con los más importantes mercados comerciales.

Aun así, el sector ferroviario ha sido severamente afectado en los últimos años, ya sea por la recurrencia de robos a trenes o por actos vandálicos en las vías férreas. En agosto de 2019, el Gobierno Federal, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, reportaba: “Dentro de la categoría Robo a Tren, el tipo de evento con una mayor participación es el de Robo a Producto/Carga, el cual concentró el 95.13% de todos los casos de robo a tren y el 68.88% del total de robos acaecidos en el SFM durante el presente periodo. Los estados que más contribuyeron a este rubro durante el segundo trimestre de 2019 son Tlaxcala (110 eventos – 17.08%), Sonora (88 eventos – 13.66%) y Jalisco (73 eventos – 11.34%).”2

En este sentido, resulta sumamente preocupante que se continúe con esta práctica por parte de grupos sociales inconformes con toda clase de problemáticas en todo el país. Ha quedado demostrado que el bloqueo de las vías férreas no ha derivado de manera directa en la solución de las exigencias que lo propician, por el contrario, de lo que sí hay constancia es del enorme daño que se hace no solo a la economía, sino a las mismas poblaciones que dependen en gran medida de una operación continua y normal de los ferrocarriles.

Es por estas razones que las autoridades federales deben de abordar con mayor celeridad y eficacia este problema en el estado de Chihuahua. Las afectaciones a los sectores productivos de la región crecen cada día. Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, ha declarado que: “El cierre de las vías del ferrocarril, en el municipio de Meoqui, Chihuahua, por pobladores de Consuelo, suman ya 20 días de bloqueo y ha detenido las exportaciones de bienes hacia Estados Unidos por un valor cercano a los 10,000 millones de dólares (mdd).”3

Ante esta situación, organismos del sector privado, como la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, a través de su Presidente ha planteado a través de un desplegado en su cuenta de twitter la intervención del gobierno federal para la pronta liberación de las vías del ferrocarril en Chihuahua.

El sistema ferroviario, en cualquier parte del mundo, es un agente promotor del crecimiento económico y comercial, del que depende el desarrollo de comunidades y poblaciones enteras. Nuestro país requiere un sistema ferroviario con una total seguridad en todos los aspectos. En meses anteriores ya hemos tenido experiencias de bloqueos ferroviarios que han dejado una secuela de afectaciones en todos los órdenes, por lo que es apremiante que se actúe con prontitud en el bloqueo de las vías del tren en Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chihuahua a que, en el ámbito de sus competencias, a la brevedad posible se apliquen los mecanismos legales correspondientes para dar solución al bloqueo de las vías ferroviarias en el municipio de Meoqui, Chihuahua, que se lleva a cabo, desde finales del mes de agosto de este año, como medio de presión para resolver el conflicto que se ha generado en torno a la distribución de agua de la presa La Boquilla, por ser un tema totalmente ajeno al sector ferroviario y estar provocando cuantiosas pérdidas a la economía local y nacional.

Notas

1 Óscar Uscanga. Periódico Reforma. "Atora 7,785 embarques bloqueo en Chihuahua." Ciudad de México 15 septiembre 2020. Consulta en línea: https://www.reforma.com/atora-7-785-embarques-bloqueo-en-chihuahua/ar20 30367?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

2 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. "Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano - Segundo Trimestre 2019." 30 de agosto de 2019. Consulta en línea: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de-seguridad-en-el -sistema-ferroviario-mexicano-segundo-trimestre-2019

3 Evangelina del Toro. "Bloque de vías en Chihuahua afecta exportaciones por 10,000 mdd." Consulta en línea: http://t21.com.mx/ferroviario/2020/09/15/bloqueo-vias-chihuahua-afecta- exportaciones-10000-mdd

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 22 días del mes de septiembre de 2020.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a apoyar a los pescadores mediante estímulos fiscales otorgados a la gasolina ribereña y el diésel en este levantamiento del periodo de veda y que se requiere para impulsar la reactivación del sector pesquero y agropecuario durante el resto de 2020, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril,1 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) fijó para la jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, el periodo de veda del 1 de mayo al 15 de agosto de la zona que abarca la frontera con Estados Unidos de América (EUA) hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos.

En el segundo transitorio especifica que “podrán modificarse con base en los resultados de las evaluaciones que en su momento presente el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca)” lo que será notificado vía el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto del presente año,2 en el uso de las atribuciones del transitorio segundo del DOF del 30 de abril del 2020, se modificó el acuerdo, en el artículo primero, se señala que la veda se pospondrá hasta el 15 de septiembre.

Al 21 de septiembre las embarcaciones del Golfo del país, con conocimiento de causa de Tampico, Tamaulipas la flota no ha salido a pescar.

Segunda. Los estados de Veracruz y Tamaulipas aportan 74 por ciento de la producción total de camarón en el Golfo de México,3 de la cual, 88 por ciento de ese total corresponde a Tamaulipas y 12 por ciento a Veracruz.

De manera particular 91 por ciento del camarón café se produce en las costas del sur de Tamaulipas, hay especies jóvenes en la costa, y ejemplares maduros en altamar. La Conapesca a pesar de entregar apoyos a los pescadores en el periodo de veda, (7 mil 200 pesos por beneficiario) las y los pescadores han mencionado que no son suficientes dadas las necesidades emergentes derivadas de la emergencia sanitaria y económica; más aún, la vinculación con la Inapesca encargada de la investigación biológica-pesquera, ha sido puntual, están en tiempo para zarpar, sin embargo no lo han hecho por una solicitud que han externado desde el Golfo de México y es compartida por las demás flotas del país.

La solicitud compartida por pesqueros como por armadores es el subsidio del diésel marino que este año ha sido cancelado por el gobierno de México.

Para la flota de barcos camaroneros de Tampico, que consta de 182 embarcaciones, y que lo han expresado en diferentes oportunidades, es una solicitud para recibir el subsidio por parte de las autoridades federales, el precio del diésel cuesta 19 pesos y para zarpar a la mar necesitan entre 30 y 40 mil litros de diésel, lo cual eleva el costo de la pesca, que puede derivar en la pérdida de al menos 7 mil empleos.4

En la quinta manifestación de las y los pescadores, sus voces se transmitieron a las autoridades federales y habrá una mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria Pesquera en Tamaulipas.5

La suspensión del estímulo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales del mes de mayo,6 en él se especifica que mediante el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, con lo entonces dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fue una medida para disminuir las asimetrías con los costos de otros países. El diésel en altamar, desde el año 2011, al 2019 fue el subsidio que más aportes recibió, según el diario Reforma .7

En el año 2018, el costo del subsidio fue de mil 248 millones de pesos (mdp) en el que la mayor parte correspondió al diésel pesquero, con mil 62 mdp. En el año 2019, se elevó el costo del subsidio, al pasar a mil 852 mdp, con mil 636 mdp de diésel pesquero, el resto corresponde a gasolina ribereña.

Sin embargo, 1) no se han establecido los criterios de implementación y 2) la reducción de la gasolina ha generado una reducción de los precios de la gasolina y el diésel. Esto fue redactado en el mes de mayo; al mes de septiembre las condiciones han vuelto a cambiar.

Los apoyos en 2019, era de 3.5 pesos por litro, vía Conapesca y 2 pesos vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, el apoyo fue retirado.

El titular del Ejecutivo lo mencionó en una de las conferencias matutinas al tenor de la argumentación8 de la entrega de los apoyos directos y de que el subsidio se quedaba entre las grandes empresas.

Tercera. En la tercera Comisión de la Comisión Permanente se tenía considerado un punto de acuerdo con resolutivo enfocado en que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda reconsiderar la eliminación de los estímulos fiscales otorgados a la gasolina ribereña y al diésel en los sectores pesqueros y agropecuarios de todo el territorio nacional. Dadas las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria el resolutivo no se debatió en el pleno del Senado, sede de la comisión.

En meses pasados, se presentaron al menos tres puntos de acuerdo, por los Grupos Parlamentarios de Morena, PES, PAN, y PRD para comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la valoración de suspender la cancelación de los subsidios de gasolina y diésel.

Por otra parte, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en su artículo 24, fracción III, inciso i, establece que se “fomentará y realizará acciones tendientes a: i) la aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesario para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura.

Bajo esas consideraciones y en el entendido de que la población está afectada por el pago de servicios familiares así como de las actividades asociadas a la pesca es que se busca mostrar sensibilidad con el sector pesquero que genera empleo y posiciona la actividad en nuestro país, como fuente de alimento y fuente de producción.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valore apoyar a las y los pesqueros mediante estímulos fiscales otorgados a la gasolina ribereña y al diésel en este levantamiento del periodo de veda y que se requiere para impulsar la reactivación del sector pesquero y agropecuario durante los meses restantes del año 2020.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que emita un Acuerdo para implementar el subsidio a la gasolina ribereña y el diésel marino para esta temporada de pesca y en el último trimestre del año.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha=30/04/2020

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599353&fecha=31/08/2020

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599353&fecha=31/08/2020

4 https://www.elsoldesanluis.com.mx/republica/sociedad/
en-riesgo-74-de-la-captura-de-camaron-por-paro-de-pescadores-5780956.html

5 https://expreso.press/2020/09/20/segob-acuerda-mesa-de-dialogo-con-arma dores-2/

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/ 2020

7 "Paran flota camaronera" en Reforma, 20, septiembre, 2020.

8 https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/amlo-confirma-que-no-hab ra-subsidio-para-el-diesel-marino-1206916

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a fomentar de acuerdo con la ley las actividades de las OSC en un marco de seguridad jurídica y respeto de la diversidad, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para fomentar, de acuerdo a la ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de seguridad jurídica y respeto a la diversidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actual democracia mexicana, las organizaciones de la sociedad civil constituyen un elemento fundamental del quehacer público. En nuestro país, la sociedad civil es conceptualizada como un espacio público, pluralista y moderno de interacción social. Está constituida por grupos, redes e instituciones, susceptibles al contexto social y la dinámica que las envuelve. Sus acciones buscan influir, antes que controlar los espacios públicos. Actúan cooperando, pero sin competir con el Estado, complementan, perfeccionan, integran las políticas públicas. Sus actores son visibles y sus actividades no son de naturaleza comercial. La sociedad civil interpreta y delinea un campo específico de la sociedad, en donde se establecen redes de socialización y comunicación pública. La sociedad civil es un ámbito pluralista. Sus organizaciones se forman por personas que se adhieren a ellas en forma voluntaria, con afiliaciones y lealtades múltiples, porque lo que interesa es la acción no la orientación, es el pluralismo no la unicidad.

Es por ello que en México, desde 2004 tenemos una ley que no sólo garantiza la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sino que la fomenta: la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta ley fue diseñada, junto con las organizaciones para generar un entorno de mayor participación ciudadana que coadyuvara con el gobierno y las instituciones del Estado con el fin último de que las y los mexicanos pudieran acceder a un ejercicio libre y responsable de sus derechos. Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil no sólo han sido objeto de un escrutinio fiscal por parte del gobierno, sino de una fiscalización en materia de derechos que nos permite evaluar las políticas públicas implementadas y rediseñarlas en conjunto con quienes son sujeto de esas políticas.

Las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país realizan las labores que el gobierno no puede, en materia de asistencia social, apoyo a la alimentación popular, actividades cívicas, asistencia jurídica, desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, equidad de género; atención a grupos sociales con discapacidad, desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural; defensa y promoción de los derechos humanos, promoción del deporte, la atención de la salud y cuestiones sanitarias, aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico, la economía popular, protección civil, derechos de los consumidores y el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.

Esta es la trascendencia de las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y es por ello que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hemos hecho muchos llamados para que el gobierno federal trabaje en coordinación con ellas, se eviten estigmatizaciones que únicamente vulneran los derechos de quienes en ellas participan y se refuercen las acciones para su fortalecimiento. Estamos convencidas y convencidos de que los desencuentros del gobierno federal con las organizaciones provienen de un mal entendimiento de sus actividades y de un prejuicio injustificado que no permite su buen desempeño.

Debemos hacer énfasis en que las acciones que se han implementado por el gobierno federal para limitar, suspender o extinguir los apoyos presupuestales para las organizaciones de la sociedad civil, son ilegales y violan los derechos humanos de las y los mexicanos. Ya fuimos testigos del impacto que se generó por la falta de fondos para las estancias infantiles y cómo ello ha afectado los derechos de las y los niños en primera infancia así como de las mujeres y hombres trabajadores que hacían uso de estos servicios.

Es por ello que no podemos obviar nuestro respaldo para aquellas organizaciones que han sido injustamente señaladas en el patíbulo público del Palacio Nacional y exigimos al presidente que, en caso de tener pruebas de la corrupción que ha señalado las presente y que se inicien las investigaciones correspondientes. En caso contrario, demandamos que se establezcan las condiciones políticas y financieras para que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar sus tareas de manera óptima.

Estamos convencidas y convencidos de que, en una crisis como la actual, la presencia de las organizaciones de la sociedad civil contribuirá a disminuir la brecha de desigualdad que ha quedado evidenciada a partir de la presencia del Covid. Estamos seguras y seguros que el fortalecimiento de la sociedad civil en nuestro país es inmanente a la consolidación de nuestra democracia y es por ello que realizaremos nuestro mayor esfuerzo para garantizar su viabilidad, crecimiento, diversificación y pluralidad.

Por todo lo anterior, comprometida con el estricto respeto a los derechos humanos, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para fomentar, de acuerdo a la ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de seguridad jurídica y respeto a la diversidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas a atender la crisis económica generada en el estado por la pandemia de Covid-19 durante el primer semestre de 2020, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La situación en el mundo por Covid-19 ha implicado un choque económico y, en unos cuantos meses, se ha convertido en la mayor crisis económica que el mundo ha experimentado desde la Gran Depresión de 1929. Varios especialistas han señalado que las economías en vías de desarrollo experimentaran de forma más intensa los efectos de la pandemia por contar con menores ingresos, con un sistema institucional y sanitario débil, así como por estar densamente poblados y contar con enfermedades crónicas previas y condiciones de nutrición que los hacen más vulnerables a los efectos del Covid-19.En nuestro país, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad han hecho que la tasa de mortalidad sea mayor que la observada como promedio a nivel mundial.

Segunda. La actividad económica de México registró una contracción de 0.1% en todo el 2019, según cifras desestacionalizadas que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con la implementación de políticas en materia económica y los antecedentes en las caídas del PIB trimestral, México cumplió con la definición técnica internacional de una recesión, que es la contracción generalizada en la actividad económica por una duración de por lo menos seis meses consecutivos.

La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.1

Tercera. El Banco de México recortó su pronóstico del PIB para este año y reconoció que existe la posibilidad de que el desplome de la actividad sea de hasta 12.8 este año.

La proyección de Banco de México se basa en tres escenarios para el PIB en lo que resta del año 2020, dicho formato se justifica por la duración de la pandemia, el riesgo de rebrotes así como la incertidumbre de contar con un tratamiento y vacuna, que impiden presentar un escenario central.

• El primer escenario considera una recuperación en forma de “V”, supone que la actividad económica registrará una caída de 8.8 este año.

• En el segundo escenario, con una curva de recuperación en forma de “V profunda”, el Banxico prevé un desplome de 11.3 por ciento en el PIB de todo 2020.

• El tercer escenario contempla una recuperación en forma de “U profunda”, para el que anticipan una caída de hasta 12.8 por ciento en el 2020 con recuperación de 1.3 para el año que viene.2

Cuarta. Hoy enfrentamos dos crisis: una sanitaria y otra económica que ha traído como consecuencias la disminución de la demanda; al haber una disminución en el consumo y la inversión, y una disminución de la oferta; al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. Por ello, ante el efecto negativo y severo en las economías del orbe mundial, se requiere delinear una estrategia integral para mitigar los efectos negativos de la pandemia como la pérdida de ingresos en muchos hogares y empresas.

Quinta. El 12 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) dio a conocer sus datos de cantidad de asegurados a un empleo, en los datos se aprecia que durante julio de 2020 la cantidad de asegurados a un empleo disminuyó en 3 mil 907 respecto a junio de 2020.3

Las consecuencias que la pandemia ha arrojado en cuanto al tema del empleo es la siguiente: de marzo a julio 2020 se han perdido más de 1millón de empleos formales registrados y asegurados en el IMSS, esto como consecuencia de la crisis sanitaria y económica actual.

La ETOE reportó que la tasa de participación económica en abril de 2020 fue de 47.5 por ciento respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Esta caída es de las más grandes desde que se tiene registro en México y es comparable con las reducciones de empleo formal experimentadas durante la crisis de 2008 y 2009.

Sexta. En este contexto, y de acuerdo con el Coneval,4 debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda para aquella población con menos recursos.

La población en pobreza en áreas urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de vivir en condiciones de hacinamiento, y una carencia al servicio de agua.

Es urgente el diseño de medidas económicas que permitan desarrollar un programa emergente de empleo y de acciones soporte que permitan reducir el efecto de la pobreza.

Séptima. En el comunicado número 035, del 23 de abril de 2020, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el gobierno de México puso en marcha un programa de 1 millón de microcréditos por 25 mil pesos para micronegocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del gobierno federal para que en medio de esta pandemia puedan mantener sanas sus finanzas y sus negocios sigan siendo competitivos.5

Octava. En México, las Mipyme representan 99.8 por ciento de las empresas,6 de acuerdo con lo publicado por el Inegi en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca de 52 por ciento del producto interno bruto del país, y aproximadamente 72 por ciento de los empleos formales en México.

Visualizando dicho panorama, es importante enfocarse y dirigir todos los esfuerzos en los siguientes objetivos: a) Proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; b) Implementar un plan de acción inmediata que sienten las bases para una recuperación inmediata; y c) Evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se agudice y revertir a una situación de solvencia.

Novena. Para el caso de Chiapas, de acuerdo a los Censos Económicos 2019:7

• En 2019 había en Chiapas 304 mil 825 establecimientos, con 1 millón 55 mil 905 personas ocupadas en ellos.

• El 50.9 por ciento de los establecimientos corresponde al sector comercio, 35.5 a servicios, 11.8 a manufacturas y 1.8 al resto de actividades económicas.

• De los establecimientos, 97.19 por ciento corresponde a tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas), 2.77 a Pyme (11 a 250 personas) y 0.04 a grandes (más de 251 personas).

Tamaño de los establecimientos económicos en Chiapas, 2019.

Décima. Como se aprecia, el número de Mipyme en Chiapas es muy grande, y aunque no se prevé la quiebra de grandes consorcios comerciales, las de menor escala serán las que tengan peores consecuencias en el futuro, por ello, la Secretaria de Economía a nivel Federal y Estatal tendrían que tomar medidas a la brevedad para que las Mipyme puedan mantener a la mayoría de sus empleados y cuenten con flujo de efectivo suficiente para aminorar la crisis causada por el coronavirus.

Undécima. El objetivo es ayudar a las Mipyme para que la falta de liquidez no las haga caer en la insolvencia, apoyándolas para poder prevenir su posible quiebra, y en su conjunto fomentar y aplicar programas para una óptima recuperación y fortalecimiento de las mismas.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas a instaurar un programa integral de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas durante la epidemia del coronavirus Covid-19, apoyándolas para prevenir su cierre, y fomentar su óptima recuperación y fortalecimiento.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-reconoce-que-la-econom ia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html

3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/557

4 Coneval (2020). "La política social en el contexto de la pandemia por el virus SAR-Cov2, Covid-19 en México", https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_C ovid- 19.pdf

5 Fuente: https://Www.Gob.Mx/Se/Prensa/
Ante-La-Pandemia-Del-Coronavirus-Fortalece-Gobierno-Federal-Apoyo-A-Pequenos-Negocios-240880?Idiom=Es

6 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pdf

7 https://diariodechiapas.com/ultima-hora/
inegi-presenta-los-resultados-definitivos-de-los-censos-economicos-2019-chiapas/131250

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a concretar por la SRE la suscripción del convenio sobre las condiciones relativas a la supresión de las formalidades de visa para los viajes mutuos de mexicanos y rusos, a cargo de la diputada Miriam Citlally Pérez Mackintosh, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, a concretar la suscripción del convenio relativo a las condiciones para la supresión de las formalidades de visación para los viajes mutuos de nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y nacionales de la Federación de Rusia, a cargo de la diputada Miriam Citlally Pérez Mackintosh, del Grupo Parlamentario de Morena.

La que suscribe, diputada Miriam Citlally Pérez Mackintosh, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

Las relaciones México-Rusia datan formalmente de 1890, cuando se intercambiaron de forma oficial los primeros embajadores entre ambas naciones.

Estos países forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Grupo de los 20 y las Naciones Unidas.

Las primeras conversaciones sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México iniciaron en los años 20 del siglo XIX en la ciudad de Londres, Gran Bretaña, pero no tuvieron éxito. Más tarde, en los años 80 del mismo siglo se realizó la segunda ronda de pláticas.

El 11 de diciembre de 1890 el barón ruso Román Rosen, nombrado por el emperador Alejandro III Ministro Extraordinario y Plenipotenciario del Imperio Ruso ante el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y el ministro de asuntos exteriores de los Estados Unidos Mexicanos Ignacio Mariscal firmaron el documento correspondiente. Años después, Román Rosen escribía en sus memorias sobre la ceremonia de la entrega de las cartas credenciales al presidente de México, Porfirio Díaz:

A principios del siglo XX México y Rusia firmaron el primer acuerdo bilateral sobre comercio y navegación. Pero este documento jamás fue puesto en práctica debido a dos tempestuosos acontecimientos de la época que resultaron ser la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917.

“México y Rusia recorrieron caminos muy distintos que parecieron converger al vivir ambos las impactantes conmociones sociales de principios del siglo XX. Durante los años veinte, tanto en México como en la URSS, se iniciaba la conquista de la nación y su despliegue hacia el exterior. A pesar de la disparidad de la historia de México y Rusia, las relaciones de nuestros países se sustentaron en principios de política exterior. Cuando la legitimidad de las revoluciones mexicana y rusa fue reconocida por las potencias europeas y norteamericana, las relaciones diplomáticas entre nuestros países se volvieron factibles.

A principios del siglo XX se abrieron los consulados de México en las ciudades rusas de San Petersburgo, Moscú, Helsingfors y Riga, y los consulados de Rusia en las ciudades de México, Veracruz, Monterrey y Guadalajara.

En 1924 México fue el primer país del continente americano que estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Y desde su inicio, las relaciones se basaron en la igualdad jurídica de los estados, en el respeto a la independencia y la soberanía, y en la no injerencia en los asuntos internos del otro.

A principios de los años 30 las relaciones entre nuestros países fueron formalmente interrumpidas, pero en el año 1942 se restablecieron por completo. Como Embajador de la Unión Soviética en México fue nombrado Konstantín Umanskiy, un excepcional diplomático soviético de aquella época.

Las relaciones entre nuestros países se intensificaron especialmente a partir del año 1968, porque se consolidó su base jurídica y convencional. En este período se desarrolló nuestra cooperación en el ámbito de política exterior, economía, ciencia, cultura y deporte. El 30 de mayo del mismo año, durante la visita oficial del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Antonio Carrillo Flores, a la Unión Soviética, por primera vez en la historia de relaciones entre nuestros países fue firmado “El acuerdo sobre la cooperación cultural y científica entre la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos Mexicanos”.

Para Rusia, México es uno de los socios latinoamericanos clave tanto en los asuntos regionales como internacionales. La cooperación bilateral se basa en las relaciones amistosas, en el respeto de intereses, así como en la coincidencia o cercanía de las posiciones de Moscú y México en los temas más importantes de la actualidad.

Estos factores generan un fundamento sólido para profundizar la interacción entre los dos países en diferentes foros internacionales y en el marco de diversos mecanismos de integración. A Rusia y México les une la voluntad de contribuir a la creación del nuevo mundo policéntrico, a la consolidación del papel central de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad en garantizar la estabilidad internacional y arreglar conflictos en diferentes partes del planeta. Las dos naciones entienden la gran importancia de seguir el proceso del desarme, así como prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Entre los dos países se ha establecido la práctica de contactos políticos de diferentes niveles. En 2004 se celebró la primera visita del Presidente de la Federación de Rusia a los Estados Unidos Mexicanos, seguida por una visita de reciprocidad del líder mexicano a Rusia.

El 1 de diciembre de 2018 la Vicepresidenta de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento ruso), diputadas Olga Epifánova, asistió en calidad de enviada especial del Presidente de Rusia a la ceremonia de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien transmitió la invitación de parte de Vladímir Putin a visitar Rusia.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia realizaron visitas a México en 1996, 2005 y 2010, mientras que los Secretarios de Relaciones Exteriores visitaron Rusia en 1997, 2000, 2008, 2011 y 2017. En septiembre de 2019, “en los márgenes” del 74 período de sesiones de la Asamblea General en Nueva York, tuvo lugar la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En mayo de 2019, el viceministro de asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, participó en las Consultas Políticas, celebradas en México.

Los contactos interparlamentarios tienen un papel muy importante en el fortalecimiento de los vínculos entre nuestros países. En 2013, durante la visita de la presidenta del Consejo de la Federación (cámara alta del parlamento ruso), Valentina Matvienko, se firmó el Acuerdo de cooperación entre el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de México. En las cámaras bajas de los parlamentos de ambos países funcionan los Grupos de Amistad.

En primavera y verano de 2018, se realizaron las visitas a Rusia de las delegaciones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión mexicano, encabezadas por sus Presidentes. En mayo de 2018, llegó a México la delegación de la Duma Estatal, encabezada por la vicepresidenta Olga Epifánova.

En 2020 se festejará el 130 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas.

En los últimos años, el comercio entre Rusia y México se ha desarrollado a un ritmo sostenido. Según las estadísticas rusas, en 2018 el intercambio comercial bilateral alcanzó 2.9 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 19.2 por ciento en comparación con 2017. Las exportaciones rusas crecieron de 1.5 mil millones de dólares en 2017 a 2 mil millones de dólares en 2018.

El desarrollo de los lazos comerciales y económicos entre Rusia y México se facilita gracias a la intensidad de contactos bilaterales, durante los cuales se forma un nuevo nivel de relaciones, caracterizado por la aspiración a tener la cooperación mutuamente beneficiosa. En octubre de 2018, se realizó la visita a México de la delegación encabezada por el Viceministro de Industria y Comercio de la Federación de Rusia, Alexéi Gruzdev. En el marco de esta visita se llevaron a cabo las negociaciones con la parte mexicana, durante las cuales se identificaron las perspectivas de cooperación bilateral en fabricación de vehículos, agricultura, energía y otras industrias.

Los lazos culturales ruso-mexicanos tienen una larga historia. El 27 de febrero de 2018, durante la quinta reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación en el Campo de la Cultura, la Educación y el Deporte, se aprobó el Programa de Cooperación en el Campo de la Cultura, la Educación y el Deporte para 2018-2020, que se firmó en la forma del protocolo correspondiente.

Cada año Rusia ofrece becas gubernamentales a ciudadanos mexicanos para que estudien en las universidades rusas. Para el año académico 2018/2019, a los mexicanos se les asignaron 32 becas.

El idioma ruso se estudia en más de 25 centros universitarios de México. El más grande de ellos es el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la UNAM. El número de personas que hablan ruso en el país es de más de 27 mil personas.

Las relaciones bilaterales entre México y Rusia en el área científico-técnica están basadas en el Convenio intergubernamental firmado el día 20 de mayo de 1996 en México, DF, durante la visita a México del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Rusia señor Evgeny Primakov.

En el transcurso de los últimos cinco años se han realizado exitosamente los siguientes proyectos:

• Creación de satélites pequeños para el monitoreo de la superficie de la Tierra, realizados en colaboración entre la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov, el Instituto de Investigaciones Físico-Nucleares de Scobelcín, por la parte rusa, y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACIT), la Universidad Nacional Autónoma de México, por la parte mexicana. En particular, el 17 de agosto de 2009 fue lanzado el segundo satélite ruso-mexicano “Tatiana-2”. El lanzamiento del tercer satélite «Mijailo Lomonósov» con peso de 500 kilogramos, está en etapa preparación.

• Simulaciones matemáticas y experimentales de los procesos complejos biológicos realizados por la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov y la Universidad Autónoma del Estado de Puebla.

• Nuevos métodos de diagnóstico y curación de las enfermedades oncológicas, realizados por la Sucursal Siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia y el Centro de la materia condensada de la UNAM en la ciudad de Enseñada.

• Métodos matemáticos aplicables para el análisis de grandes sistemas computarizados realizados por el Centro de Cálculo de la Academia de Ciencias de Rusia y la Universidad Autónoma de la Ciudad de Morelos.

Seguramente uno de los primeros propósitos que muchos nos hacemos en año nuevo es salir y viajar más. Para algunos hacerlo dentro del país es más que suficiente para vivir y experimentar cosas nuevas, aventuras que en el futuro se convertirán en excelentes historias; pero para otros es preferible ir más allá de las fronteras de su propio país y toparse con otras culturas y formas de vivir.

Desafortunadamente, no siempre podemos movernos por el mundo en completa libertad y sin impedimentos, pues existen ciertas condiciones que se deben cumplir a cabalidad para poder ingresar por un tiempo a determinado país. Una de las más difíciles es la visa.

La visa es un permiso que un país le otorga a un extranjero, para entrar y permanecer por determinado período de tiempo en el territorio. Este documento permite, entre otras cosas, vivir permanentemente en ese país, trabajar o simplemente vacacionar.

No obstante, gracias a los múltiples acuerdos que se celebran entre las naciones, y a las relaciones diplomáticas entre ellas; este requisito no es necesario para muchos países, y en México esta no es la excepción.

En total son 134 los países que no exigen visa a los mexicanos, pues con el es suficiente para acreditar su identidad en ese lugar. El tiempo de duración varía dependiendo del tipo de acuerdo, sin embargo, la mayoría oscila entre 1 y 3 meses.

El 18 de septiembre de 2018 siendo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado con el embajador de Rusia Viktor V. Koronelli, al concluir la reunión privada con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, el actual canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, y el embajador Ruso, en conferencia de prensa, señalaron, que se trabaja para el acuerdo para eliminar la visa entre , el cual “ya está muy avanzado” a fin de que haya más atracción de turistas rusos, principalmente a la Riviera Maya.

Detalló el actual secretario de Relaciones Exteriores, el avance del acuerdo para el visado, es decir, se trata de alcanzar como prioridad en los primeros meses de 2019, un acuerdo entre ambos países para que no sea necesaria la visa como lo es hoy en día, esto ya se alcanzó a nivel diplomático, pero tiene que alcanzarse a nivel de cualquier ciudadano”.

El embajador ruso en México, Viktor Koronelli, por su parte, en la misma conferencia de prensa, aseguró que su gobierno continúa trabajando para .

Añadió, que se está trabajando en eso, ya que actualmente con la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya tenemos acuerdos sobre supresión de visado, tan sólo nos falta México y Belice, sin embargo, el gobierno de Belice ya expresó su acuerdo para firmar el convenio”, informó tras la celebración del Día Nacional de Rusia en su embajada en México.

El diplomático precisó que desde hace tiempo se envió a la parte mexicana el borrador ruso de convenio para suprimir el visado que permitiría a ciudadanos de ambos países permanecer hasta 90 días durante un lapso de cada seis meses, sin importar la cantidad de entradas, lo cual es una oportunidad para incrementar el intercambio turístico.

El embajador de la Federación Rusa en México, ha señalado en diferentes ocasiones, que durante su encuentro en septiembre del año pasado con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa el tema y él le dijo que la supresión de visado sería el primer acuerdo firmado de su gobierno con Rusia.

En 2018 alrededor de 50 mil turistas rusos visitaron la Riviera Maya, mientras que el flujo turístico mexicano hacia la federación ha ido en ascenso tras la celebración de la Copa Mundial de futbol. “Rusia quiere evitar el costo de la visa y trámites para incrementar el intercambio turístico”.

El 6 de febrero de 2020, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunió con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov.

Los dos ministros acordaron preparar un plan de consultas entre los ministerios de Exteriores de Rusia y México.

Recordaron que los lazos entre Rusia y México tienen una larga historia y en diciembre se cumplen 130 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El diplomático también subrayó que Rusia y México coinciden en “la necesidad de diversificar las relaciones de comercio e inversión” entre los dos países.

Además, los dos ministros abordaron la posibilidad de abolir el régimen de visados entre los dos países.

“La gran mayoría de Estados de América Latina y el Caribe ya firmaron un acuerdo intergubernamental sobre abolición de visados con la Federación de Rusia”, recordó Lavrov.

Insistió en que su país está a la espera de la respuesta mexicana, que confió en que sea positiva, ante el interés que mostró el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador en una reunión que tuvo con él.

Como presidenta del Grupo de Amistad México-Rusia, tengo el compromiso adquirido para tratar de lograr la firma del convenio para suprimir el régimen de visado entre los dos países.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en la facultad de sus atribuciones, a concretar la suscripción del convenio, relativo a las condiciones para la supresión de las formalidades de visación para los viajes mutuos de nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y nacionales de la Federación de Rusia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Miriam Citlally Pérez Mackintosh (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el SAT a hacer deducibles en su totalidad las colegiaturas pagadas durante la pandemia del Covid-19 a instituciones de educación privada, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria, para hacer deducible en su totalidad las colegiaturas pagadas a instituciones de educación privada durante el tiempo que dure la pandemia del Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios derivados de la pandemia del Covid-19 han reconfigurado la rutina diaria y están abrumando a la población ante la inmediatez que exige realizar ésta transición. Con la implementación de nuevas medidas para continuar con la “nueva normalidad”, existen ciertos requisitos que requieren un reacomodo de los presupuestos y demandan cambio respecto a los planes que las familias tenían para el resto del año.

Por otro lado, el parón económico por motivos de la cuarentena tendrá efectos visibles a partir del último tercio del año y durante todo el 2021,1 lo que sitúa un contexto difícil en el futuro inmediato.

Sumado a ello, actividades centrales como el trabajo y la escuela, han implicado la necesidad de desarrollar nuevas habilidades en un entorno que dificulta el aprendizaje de estas y el que requiere el uso de dispositivos digitales, aunado que la brecha digital se ha vuelto más perjudicial para la continuación de actividades en un contexto como este. Igualmente, la falta de apoyos para los maestros, la carencia de capacitación para la implementación de cursos a distancia y la inexistencia de infraestructura para la provisión del servicio de Internet, muestran que el futuro educativo de la población está en juego derivado de las consecuencias a largo plazo que puede tener una preparación deficiente.

Igualmente, el trabajo en casa aumentó en intensidad, lo que ha demandado que padres de familia empiecen a darle seguimiento a la educación y cuidado de sus hijos en tiempos que antes no eran considerados, dado que las escuelas absorbían dichas labores.

Es sobre estas condiciones que el escenario educativo se desenvuelve, tema central del presente exhorto. Los riesgos que tienen la impartición de clases a distancia por motivos externos a los modelos educativos y en un periodo de crisis económica, amenazan a los estudiantes de todos los sectores. En el caso específico del sector privado, el riesgo y los costos que los padres de familia están viviendo amenazan la continuidad de los estudiantes en sus correspondientes programas de estudio, lo que puede afectar el proceso formativo por el que las familias han invertido.

Si tomamos en cuenta que los cambios sufridos han alejado a los estudiantes de escuelas privadas de sus correspondientes espacios, afectando a un total del 13 por ciento de la matrícula general para el ciclo escolar 2019-2020 –de los niveles preescolar, primaria y secundaria según información de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Educación Pública–,2 el problema no es menor.

En este sentido, la continuación de los estudios y el mantenimiento de una educación continua deben ser prioridades en el futuro inmediato. Las familias de todos los niveles y sectores deben recibir los apoyos indispensables que garanticen la finalización de los procesos formativos de la mayoría de los estudiantes. En el caso concreto de los estudiantes de escuelas privadas, los estragos económicos pueden incidir de forma directa en la continuación de sus estudios y de sus correspondientes programas, dado que existe un sector de ellos que vive al día para garantizar una educación de la mejor calidad y así darles herramientas a los jóvenes para poder alcanzar una movilidad social ascendente.

Por ende, proponer apoyos destinados a este grupo resulta indispensable y, al mismo tiempo, no debe ser desmesurado ante la existencia de personas que requieren un poyo inmediato a partir de condiciones socioeconómicas más desfavorables. En consecuencia, es pertinente exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para hacer deducible en su totalidad las colegiaturas pagadas a instituciones de educación privada durante el tiempo que dure la pandemia del Covid-19.

Con los impactos económicos y exigencias nuevas en el hogar, los gastos y tiempos implicados en el cumplimiento de labores durante una crisis como la que atravesamos demandan apoyos mucho más directos y más fáciles de obtener por parte de los padres de familia. En el caso de la deducibilidad de las colegiaturas, su practicidad recae en su inserción al interior de una actividad cotidiana como el pago de impuestos, por lo que la medida carece de problemáticas relacionadas con la operación de la burocracia gubernamental y el entendimiento de los contribuyentes, siendo el objetivo central de esta clase de apoyos, el mantenimiento del bienestar de los jóvenes, considerándolos como el futuro de nuestro país.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Raquel Buenrostro Sánchez, para que el estímulo fiscal correspondiente a los gastos que realizan las personas físicas por los pagos de servicios educativos que brindan las instituciones privadas, sea 100 por ciento deducible durante el tiempo que dure la pandemia del Covid-19.

Notas

1 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/
the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world

2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/escuelas-particulares-analiza-y-c ompara

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a fomentar en las empresas, al amparo del “nuevo modelo laboral” del país, esquemas de conciliación laboral entre madres y padres de familia, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El pasado 3 de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que ante la falta de condiciones para iniciar el Ciclo Escolar 2020-2021 de manera presencial, se haría a distancia por medio del acompañamiento de la red de televisoras y de radiodifusión.1

Se aseguró que los contenidos que se están transmitiendo están apegados a los planes y programas de estudio, sin embargo, poco se ha transparentado las implicaciones económicas que han generado su emisión en televisoras privadas, y particularmente las licitaciones realizadas, el origen de esos recursos y los pagos signados hasta este momento.

Durante las primeras semanas no solo se han documentado problemas técnicos y fallas en las trasmisiones, sino también falta de cobertura, lo cual limita el aprendizaje particularmente en sectores vulnerables que por sus condiciones económicas y geográficas no cuentan con señal de televisión, radio e internet.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), arrojó que casi el 30 por ciento de la población de seis años o más no es usuario de internet y que el 43.6 por ciento de los hogares del país no disponen de este servicio elemental para la educación a distancia.2

Lo mismo sucede con la disposición de computadoras y televisión digital, debido a que 57 por ciento de la población de 6 años y más no es usuaria de la computadora y por lo menos 7.5 por ciento de los hogares de nuestro país carece de un televisor.

Organizaciones de la sociedad civil, especialistas3 y padres de familia consideran que esta estrategia es errónea, ya que no se enfoca al aprendizaje, tampoco atiende a todos los sectores de la población y principalmente, está desvinculada con su entorno, específicamente con la conciliación laboral entre madres y padres de familia trabajadores con la educación de las niñas, niños y adolescentes.

En nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) existen más de 28.7 por ciento de hogares encabezados por una mujer y 71.3 por ciento por hombres, es decir que ante la recuperación económica y el regreso a los centros de trabajo, muchos de los estudiantes de educación básica se encontrarán en un estado de desatención por parte de sus padres o tutores.4

Garantizar esquemas de conciliación en el denominado “Nuevo Modelo Laboral” que no afecten la productividad de las empresas pero que apoyen a la educación de los infantes, reducirá los casos de depresión, deserción escolar y mejorará el desempeño de los matriculados, pero también prevendrá accidentes domésticos y hasta la pérdida de vidas humanas.

Procurar acciones que favorezcan la integración familiar, social y cultural en el ámbito laboral, está previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de agosto de 2019,5 por lo que no impulsarlas, constituye una falta a su marco jurídico vigente.

Para las madres y padres de familia, jefes del hogar y trabajadores, les es complicado asistir al centro de trabajo y cumplir con una jornada laboral sabiendo que sus hijos se encuentran solos en sus hogares, expuestos a eventualidades que pueden poner en riesgo su integridad física, propiciando renuncias en detrimento a la economía familiar que agrava la crisis por la que estamos transitando.

Es importante que el gobierno federal por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consolide estos mecanismos sin afectar los salarios de los trabajadores y que mucho menos, sean motivo de despido o recorte parcial o total a sus percepciones u jornada laboral, pero tampoco de presión salarial de ningún tipo.

Es importante un mayor involucramiento por parte de la Secretaría de Educación Pública para llevar acabo estrategias de seguimiento a las clases en línea, cumplimiento a los planes de estudio y monitoreo a los aprendizajes, sobre todo, inhibir los índices de deserción escolar.

Bajo las consideraciones descritas, queda claro que el objeto es asegurar el interés superior de la niñez, coadyuvar en los aprendizajes y fomentar un entorno adecuado para su pleno desarrollo.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal para que, dentro del “Nuevo Modelo Laboral” se fomente entre las empresas del país, esquemas de conciliación laboral entre madres y padres de familia solos y trabajadores con la educación de niñas, niños y adolescentes, durante el programa de educación a distancia Aprende en Casa II.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que informen al público las acciones realizadas para garantizar la conciliación laboral de las madres y padres trabajadores con la educación de niñas, niños y adolescentes, asimismo las empresas contempladas, los esquemas de trabajo y los beneficios proporcionados.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que transparente las estrategias contempladas en el programa de educación a distancia Aprende en Casa II, que aseguren el cumplimiento de los planes de estudio y los programas aprobados para el Ciclo Escolar 2020-2021, sobre todo para que inhiba los índices de deserción escolar, fomentando la conciliación laboral con el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.

Notas

1 Secretaría de Educación Pública. (2020). Boletín número 205. Iniciará el Ciclo Escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II: Esteban Moctezuma. Septiembre 13 de 2020, de gobierno de México sitio web:
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-escolar-2020-21-con-el-modelo
-de-aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa-ii-esteban-moctezuma?idiom=es

2 Inegi, IFT y SCT. (2020). En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: Endutih 2019. Septiembre 13 de 2020, de a sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf

3 La Jornada. (2020). Critican el programa "Aprende en casa" de la SEP. Septiembre 13 de 2020. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/27/criticable-201ca prende-en-casa201d-de-la-sep-7358.html

4 Inegi. (2020). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer datos nacionales. Septiembre 13 de 2020.Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/mujer2 020_Nal.pdf

5 Presidencia de la República. (2019). Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Septiembre 13 de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570275&fecha=23/08/2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Consar a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las Afore para garantizar el bienestar de los trabajadores, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 79 del Reglamento de Cámara de Diputados y, demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondientes al primer trimestre de 2020, México tiene una población de 126 millones 661 mil 703 habitantes, de los cuales 95 millones 784 mil 628 son mayores de 15 años y están en condiciones de trabajar; sin embargo, solo 54 millones 328 mil 324 forman parte de la población económicamente activa, entre ellos, se encuentran los trabajadores asalariados (37 millones 975 mil 389), los trabajadores por cuenta propia (12 millones 432 mil 423), los empleadores (2 millones 727 mil 401), personas sin pago y otros (2 millones 217 mil 91).1

Nuestro país tiene el enorme desafío de establecer las condiciones necesarias para que las y los trabajadores accedan a empleos dignos y bien remunerados, así como al conjunto de derechos y prerrogativas de la seguridad social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22 señala que:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como:

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas”.2

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción XXIX que:

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.

La Ley del Seguro Social, en su artículo 2, establece que la finalidad de la seguridad social es:

“Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

El sistema de pensiones en México es uno de los principales instrumentos que permite hacer efectivo el derecho a la seguridad social, el cual a través del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones con la finalidad de hacer frente a los múltiples problemas que enfrentamos en la materia, derivados de la realidad demográfica, jurídica e institucional. No podemos soslayar que, independientemente de que somos una nación envejeciente, la fragmentación del sistema de pensiones y jubilaciones en México ha sido una de las razones que han dado origen a la grave problemática actual, prueba de ello son los 105 esquemas diferentes existentes en el país identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2013), sino la enorme disparidad entre unos y otros, posibilitada por la inexistencia de una norma de aplicación general.3

En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó una serie de áreas que requieren mejoras, entre las que destacan: el proceso de transición del sistema “antiguo” al “nuevo”; el nivel de las contribuciones obligatorias; la red de protección social a la vejez (pensiones sociales); y la fragmentación del sistema de pensiones; así mismo, se recomiendan reformas al marco regulador de la Consar y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), particularmente en materia de estrategias y restricciones de inversión de las Afore y rentas vitalicias. Es de hacer notar que el citado estudio destaca la baja densidad de contribución resultante de la informalidad como otro reto importante al que se enfrenta el sistema mexicano de pensiones.4

Con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en México existen 48 millones 63 mil 556 trabajadores registrados en alguna de las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore), quienes son las encargadas de administrar los ahorros de los trabajadores pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste),5 por su parte, la Consar es la institución encargada de supervisar la inversión de más de 4.3 billones de pesos de ahorro pensionario, propiedad de 67 millones de ahorradores.6

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Afore deberá enviar por lo menos 3 veces al año de forma cuatrimestral al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales, en la que se incluyen:

-Retiros de recursos

-Cambio de Afore

-Créditos de vivienda

-Pensiones

El estado de cuenta que sirve para dar seguimiento a los recursos de la cuenta Afore de cada trabajador. Con el que se puede verificar que, el patrón se encuentre depositando las aportaciones y observar el rendimiento o las ganancias que ha generado la cuenta por la inversión de los recursos durante un periodo específico.

Antes de hacer un paréntesis, es preciso hacer notar que, de acuerdo a diversos estudios, tal parece que la reforma de pensiones que entró en vigor en 1997, es decir, hace 23 años, pasó desapercibida para muchos mexicanos, ya que de conformidad con las cifras más recientes de la Consar, en 2018 el 30 por ciento de las cuentas individuales no estaban asignadas a ninguna Afore, es decir, 19 millones de trabajadores no saben en qué afore se encuentran. Si entre estos 19 millones hay personas que empezaron su vida laboral en 1997 a los 20 años, ahora tienen 43 o se acercan a la cuarta década de su vida. Lo anterior significa que, “a partir del 2030 habrá muchos más adultos mayores por cada trabajador en activo que en 1997 y que muchos de ellos no tendrán acceso a una pensión por haber carecido de un empleo formal y tampoco tendrán una familia que los apoye económicamente”.7

Aunque de manera breve, una vez expuesto el contexto de las Afores en México, es oportuno entrar de lleno a la materia que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, no sin antes señalar que de una u otra forma, la problemática que acusa no es ajena a la que de manera general ha puesto en crisis al sistema de pensiones mexicano, siendo solamente uno de la diversidad de problemas, el que en esta proposición se aborda, a fin de obtener un resultado satisfactorio para las y los ciudadanos que han visto socavados sus legítimos intereses y derechos, debido a disposiciones poco afortunadas.

Entre las 10 Afores registradas ante la Consar, se encuentra la Afore Banorte XXI, quien a través de un sistema de cuentas individuales de jubilación (Cijubila) del plan de retiro de los trabajadores, cuyo fondo se opera bajo la modalidad de un fondo de previsión social, constituido por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), complementa los beneficios previstos por la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones de retiro de los trabajadores.

Este sistema de cuentas individuales aplica a todos los trabajadores de la CFE que hayan ingresado a partir del 19 de agosto de 2008, permanentes y temporales, sindicalizados y de confianza. La CFE y los propios trabajadores realizan aportaciones obligatorias al Cijubila equivalentes a un 16.7 por ciento (6.70 por ciento trabajador y 10 por ciento CFE) del salario base de integración salario. Para estos efectos, se realizan los descuentos cuatrimestrales en la catorcena que se paga el Fondo de Ahorro.8

Diversos trabajadores de la CFE han manifestado su inconformidad con este sistema de cuentas individuales de jubilación ya que, encuentran opacidad y falta de información sobre diversos retiros de fondos que ellos no realizaron y que ninguna persona de la Afore Banorte XXI, ha otorgado respuesta a sus peticiones de información; tal y como se expresa en estado de cuenta enviado por los trabajadores, el cual se anexa, al final de este apartado expositorio.

De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno, tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que en el ámbito de sus facultades transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, especialmente la administrada por la Afore Banorte XXI, ante las inconformidades expresadas por los trabajadores pertenecientes a la CFE, particularmente, sobre retiros de dinero sin su autorización.

Es de vital importancia que este órgano de representación, y desde el ámbito de nuestra competencia, realice los esfuerzos necesarios, a efecto de que el Estado a través de sus instituciones, vigile, y en su caso, sancione a las administradoras de fondos para el retiro que no proporcionen información adecuada a los usuarios de los diferentes sistemas de ahorro para el retiro sobre el manejo de los recursos, lo que por Ley, es un derecho, así mismo es menester instrumentar la ruta más eficiente y eficaz para que se resarzan los ahorros, cuya sustracción por parte del titular de los mismos, no se pueda demostrar, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el ámbito de sus facultades, transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, así como para que estas informen de manera oportuna, sencilla y comprensible a las y los titulares de las cuentas individuales para el retiro, todos y cada uno de los movimientos realizados en estas.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el marco de sus facultades, supervise la operación de la Afore Banorte XXI y, en su caso, establezca las medidas administrativas, jurídicas y resarcitorias a que haya lugar, a fin de proteger los fondos de los trabajadores.

Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, de manera conjunta con la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara y una representación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, integren un grupo de trabajo que permita dar solución a sus legítimas demandas en torno a los fondos de sus cuentas individuales, a fin de garantizarles el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.

Notas

1 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20naciona l.pdf

2 https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-social?idiom=es

3 CESOP-IL-14ESTPensionesyJubilacionesenMexico.pdf Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública dela Cámara de Diputados, 2017

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_pension es_2016.pdf

5 https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md= 5

6 https://www.gob.mx/consar/articulos/26-anos-vigilando-el-sistema-de-aho rro-para-el-retiro-consar-248709?idiom=es

7 https://factorcapitalhumano.com/consultoria/
sistema-de-pensiones-en-mexico-lo-que-si-o-si-debes-saber-como-trabajador/2020/06/

8 https://www.suterm.mx/es/
cijubila#:~:text=El%20fondo%20de%20jubilaci%C3%B3n%20denominado,el%20monto%20de%20la%20jubilaci%C3%B3n.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre 2020.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a emitir una nota diplomática para que el gobierno de EUA explique la posible práctica de esterilización forzada de migrantes mexicanas y en violación de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emita nota diplomática para que el gobierno de Estados Unidos explique la posible práctica de la esterilización forzosa a mujeres migrantes mexicanas en contra de su voluntad y en violación a sus derechos humanos y solicite a la Embajada y Consulados de México en Estados Unidos, informen sobre los casos de mujeres migrantes mexicanas que hayan sido sometidas a esterilización forzada, a fin de que se les preste asesoría legal por la violación a sus derechos humanos y se les brinde apoyo médico y psicológico, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En días recientes ha salido a la luz información que revela el grave grado de violación a los derechos humanos que autoridades de Estados Unidos han cometido en contra de la comunidad migrante que ingresa y es detenida dentro de su territorio y que va más allá de la criminalización, persecución y deportación.

Al respecto, organizaciones civiles, 173 Congresistas de Estados Unidos y la Cancillería de México, se han pronunciado acerca de la denuncia presentada en contra del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por la realización de esterilizaciones masivas a mujeres migrantes en el centro de Georgia.

Aun cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha señalado que “las acusaciones anónimas y no comprobadas, hechas sin ningún dato específico que verifique los hechos deben tratarse con escepticismo”,1 la testigo Dawn Wooten, persona que labora en el ICDC, afirmó que un ginecólogo realizaba histerectomías a las mujeres migrantes fuera de las instalaciones. Igualmente, se afirma que existen testimonios de mujeres migrantes que aseguran que el procedimiento fue realizado sin su consentimiento.

La denuncia forma parte de una serie de denuncias en contra de ICE, por violaciones a derechos humanos de los migrantes, las cuales comprenden denuncias penales por separaciones arbitrarias de familias, asaltos sexuales de detenidas, incluidas menores de edad y exposición a contagio de COVID-19 y otras enfermedades dentro de sus instalaciones por no seguir los protocolos que protejan a los detenidos.

Es un tema recurrente en Estados Unidos, sobre el cual permanece un velo de duda. Este tipo de prácticas tiene su origen en leyes de esterilización eugenésica, que fue implementada por primera vez en 1907 en Indiana y más adelante en territorio de 27 estados de la Unión Americana que, se estima, provocaron la esterilización de cerca de 60 mil personas consideradas “débiles mentales” o “mentalmente defectuosas”.2

En estos días, las denuncias son por la práctica de esterilizaciones forzadas a mujeres inmigrantes en el Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC), sin su consentimiento.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses una investigación sobre las denuncias por posible esterilización forzada de mujeres migrantes y el presunto abuso sexual de una ciudadana mexicana en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Mediante un comunicado la SRE informó que el Consulado de México en Atlanta solicitó información detallada sobre la posible afectación de migrantes mexicanas que pudieron ser víctimas de esterilización forzada, sin su consentimiento.

La esterilización forzada es un método coercitivo de planificación familiar que implica extraer o inhabilitar quirúrgicamente los órganos reproductivos sin un consentimiento pleno e informado, que conlleva una violación a la integridad corporal, a la autonomía y a los derechos reproductivos de la mujer.

Esta práctica constituye un crimen de lesa humanidad, ya que viola el derecho a la salud y la seguridad, además de que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos y que tiende a realizarse a mujeres encarceladas, mujeres de color, indígenas y migrantes.

Este método además de constituir violencia contra la mujer porque implica manipular el cuerpo de la mujer sin su voluntad, representa violación a los derechos de la mujer reconocidos y tutelados por tratados e instrumentos internacionales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 7º que:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

Por su parte, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer,4 contempla la obligación de los Estados a eliminar la discriminación contra la mujer:

Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a)... f)

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

En tanto el artículo 26 de la misma Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, señala el derecho de las personas, sin discriminación a igual protección de la ley:

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

En este sentido la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing, en su párrafo 94, establece la libertad de decidir sobre su procreación y el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección:

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos , y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.”5

Finalmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,6 en su artículo 7º tipifica expresamente la esterilización forzosa como crimen de lesa humanidad, al establecer:

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá como “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) ...f)

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluyen el derecho a formar una familia, a decidir el número de hijos y la frecuencia con que se tienen, el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a acceder a servicios de salud que respeten sus decisiones sobre salud reproductiva, basadas en un consentimiento informado, seguro y voluntario.

La esterilización forzada provoca una serie de síntomas como hemorragias, dolores de útero, infecciones urinarias, entre otros, a los que se suman un periodo intenso de sufrimiento, angustia, dolor, desorganización afectiva, agresividad y frustración, que en su conjunto generan graves consecuencias para la salud física y mental de las mujeres.

En 2017 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció a la esterilización forzada a personas con alguna discapacidad como una modalidad de tortura.

Pese a ello, en países, como Estados Unidos, esta práctica se lleva a cabo a personas de color, con base en leyes con una fuerte carga racista pero encubiertas en presunta protección a la salud mental y por la determinación de que no son aptas para reproducirse.

En consecuencia, ante la falta de información precisa respecto al número de migrantes mexicanas que hayan sido sometidas sin su consentimiento al procedimiento de esterilización forzada, resulta urgente que el gobierno mexicano exija al gobierno de Estados Unidos una explicación clara sobre los motivos de esta práctica violatoria de los derechos humanos y que la Embajada y los Consulados de México en Estados Unidos procedan a recabar información sobre las mujeres migrantes mexicanas que hayan sido sometidas a esta esterilización forzada a fin de que se les preste asesoría legal y se les brinde apoyo médico y psicológico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se emita Nota Diplomática para que el gobierno de Estados Unidos explique la práctica de la esterilización forzosa a mujeres migrantes mexicanas en contra de su voluntad y en violación a sus derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite a la Embajada y Consulados de México en Estados Unidos, hagan público los casos de mujeres migrantes mexicanas que hayan sido sometidas a esterilización forzada, a fin de que se les preste asesoría legal por la violación a sus derechos humanos y brinden apoyo médico y psicológico.

Notas

1 Law and Crimen, Como un campo de concentración experimental: denunciante alega histerectomías masivas en el Centro de Detención del ICE, 14 de septiembre de 2020. Documento disponible en: https://lawandcrime.com/high-profile/like-an-experimental-concentration -camp-whistleblower-complaint-alleges-mass-hysterectomies-at-ice-detent ion-center/

2 BBC, Las esterilizaciones masivas en Estados Unidos que inspiraron a la Alemania Nazi, 2 marzo 2015: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150227_eeuu_virginia_compens acion_esterilizacion_forzada_eugenesia_ch

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

4 Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

5 Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing, versión electrónica disponible en: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/b pa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755

6 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Versión electrónica disponible en:
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de septiembre de 2020.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a rendir informe sobre los avances de reconstrucción y reanudar las sesiones de la Comisión Especial de Reconstrucción en el Congreso local, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los acontecimientos que más ha afectado al país en los últimos años, ha sido el terremoto del 19 de septiembre de 2017. A las trece horas con catorce minutos, un sismo de 7.1 grados Richter sacudió a algunas entidades federativas ocasionando severos daños a la población. Este tuvo su epicentro en los límites de Morelos y Puebla, en el municipio de Axochiapan, Morelos, según los reportes del Servicio Sismológico Nacional. Asimismo, los daños que provocó este sismo fueron de 369 muertes, más de 170 mil viviendas dañadas, así como afectaciones en edificios, centros religiosos y escuelas.1

La respuesta del gobierno federal frente a este acontecimiento fue hacer una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria en la Ciudad de México,2 y en el caso de Puebla hubo una Declaratoria de Desastre Natural en 112 municipios de la entidad por los graves daños materiales y humanos que hubo. De esta forma, el Estado recibió apoyo económico a través de recursos federales del Fondo de Desastres Naturales para atender la situación y poder reconstruir los inmuebles dañados.3 Por su parte, el gobierno federal creó el Programa Nacional de Reconstrucción para la restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento e implementación de acciones para atender a la población y edificios afectados derivados del sismo en cuestión.

Puebla fue una entidad que resultó gravemente afectada por el terremoto de 2017. Según cifras oficiales, hubo 45 personas fallecidas, 105 heridas, mil 216 escuelas dañadas, de las cuales 8 sufrieron daños totales; también hubo 28 mil 455 viviendas que resultaron afectadas, de las cuales 5 mil 659 se consideró daño total. En cuanto a los monumentos de carácter histórico, fueron 621 templos en 112 municipios del Estado.

En su conjunto el costo total de los daños ocasionados fue calculado en 637 millones de pesos; la mayoría de las afectaciones de inmuebles fueron viviendas (90.7 por ciento), de las cuales 98 por ciento unifamiliares en su tipo de construcción, pero multifamiliares en su composición. Las zonas con mayores daños fueron: Izúcar de Matamoros, Atixco, Chihuatla, Tochimilco y Tehuitzingo.

El 17 de octubre de 2017, el gobierno federal dio a conocer mediante una conferencia de prensa que el costo de reconstrucción ascendería a un estimado de 48 mil millones de pesos (mdp); cifra que superaba la estimación preliminar de 38 mil 150 mdp, de los cuales 10 mil mdp se destinarían a la reparación o reconstrucción de viviendas en Morelos, Puebla, estado de México y Ciudad de México. 13 mil 650 mdp serían para la reparación de escuelas, y 8 mil mdp para los daños en inmuebles históricos.

De manera local, el gobierno estatal de Puebla creó una Comisión Estatal para la Reconstrucción que buscaba atender la situación que estaba atravesando la entidad. Además, esta serviría para poder canalizar los recursos recibidos del Programa de Reconstrucción. En el mismo sentido, el Congreso local creó en septiembre de 2018, una Comisión Especial para el seguimiento de las labores de reconstrucción.4

Desde el año 2019 el Programa Nacional de Construcción se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación, se han destinado a la fecha un total de 10 mil 843.8 millones de pesos para dicho programa; sin embargo, a la fecha sólo se tenía un avance de 49.5 por ciento para enero de 2020. Cabe mencionar que el estado de Puebla sólo recibió 2 mil 356 millones de pesos en 2019, disminuyendo a 2 mil 87 millones de pesos en 2020.

Por otro lado, también se contó con dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual fue presupuestado en 30 mil 679.99 millones de pesos de 2017 a 2018 y 17840.8 mdp en total en los presupuestos de egresos de 2019 y el 2020. En total, entre el PNR y el Fonden, se han aprobado 48, 520.79 millones de pesos, monto que se encuentra por encima de lo proyectado en 2017 por el anterior presidente; sin embargo, esta cifra se elevó debido al sismo de febrero de 2018.

A nivel general, los avances de la reconstrucción han sido pocos. Román Meyer Falcón (secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) informó que en 2019 se invirtieron, a nivel nacional, 22 mil millones de pesos en 43 mil acciones para la reconstrucción de escuelas, viviendas, centros culturales y centros de salud afectados. Mientras que el responsable del Programa Nacional de Reconstrucción, David Ricardo Cervantes Peredo, declaró en 2019 que para finales de 2020 se estima que concluirán los trabajos de reparación de escuelas, centros de salud y el mayor porcentaje de viviendas dañadas por los sismos de 2017.

En Puebla los resultados y progreso de la reconstrucción en la entidad no han sido favorables. Según datos oficiales de Puebla, a finales de septiembre del año pasado sólo se había registrado un 20 por ciento de avance. Específicamente se ha recabado la siguiente información1 :5

- De mil 614 escuelas solamente mil 939 han sido reconstruidas.

- De hospitales se tiene registrado un avance de 99 por ciento en 14 hospitales, 79 centros de salud y tres centros de salud con servicios ampliados (Cessa).

- 429 edificios no han sido reparados en su totalidad.

- De 7 mil 141 hogares colapsados totalmente, sólo mil 981 fueron reconstruidos en su totalidad.

-Solo 52.33 por ciento de templos religiosos han sido restaurados.

Además, se ha señalado que el gobierno local ha sido poco transparente con la información y con los resultados con relación a la reconstrucción. Las bases de datos de transparencia no han sido actualizadas y en algunos casos, no existe la información suficiente. Además, ha habido recientes señalamientos de corrupción por parte integrantes del Poder Ejecutivo local, responsables de atender esta situación.

Documentos obtenidos por la Organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) generan interrogantes sobre el uso y destino de 4 mil 223.9 millones de pesos y cientos de templos afectados sin reconstruir. Este proceso, complejo en sí mismo por el hecho de que son al menos tres las fuentes de financiamiento involucradas (Fonden, Seguro Banorte y, a partir del 2019, el programa de reconstrucción a cargo de la Sedatu), tiene en la falta de transparencia su problema de origen.

Gracias a solicitudes de transparencia de PCCI se demostró que contra esos números, los hechos concretos de la reconstrucción confirman que de los 621 inmuebles afectados sólo uno de cada cuatro de los 134 monumentos severamente afectados ha sido reconstruido; uno de cada dos de los 325 con daños moderados, y no más de 55 por ciento de los 162 que resultaron con daños menores. Estos números contrastan con las declaraciones del nuevo delegado del Centro INAH Puebla, quien el 18 de junio dijo que para ese día 52 por ciento de los inmuebles estaban reconstruidos, con 325 terminados, 196 en proceso y 100 “en proceso inicial”.

También se ha criticado la posible desaparición de 150 millones de pesos destinados a este fin en 2019. Desde la Comisión Estatal de Vivienda, hubo denuncias con respecto a las irregularidades y poca transparencia que hubo en la construcción de hogares en municipios de Puebla.6 También ha habido presuntos desvíos de recursos en programas como “Hagamos Hogar” donde según el gobierno local actual, ya han iniciado investigaciones.7 Incluso, en este último caso, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ya ha exhortado a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el posible desvío de recursos públicos federales.8

En el Poder Legislativo local, la situación no es muy diferente. La comisión especial creada en el Congreso en 2018 para vigilar el manejo de recursos destinados a la reconstrucción no ha dado los resultados esperados. Según datos del propio Congreso local, esta comisión especial sesionó únicamente 3 veces, y desde el 21 de mayo de 2019 no han vuelto a trabajar.

El poco avance en la reconstrucción ha afectado a familias enteras, estudiantes y centros laborales de la población del estado. Investigadores de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, han señalado que carecen de una base de información transparente que registre el avance de reconstrucción.9 Además, se han registrado casos de alumnos de algunos municipios que reciben clases en aulas móviles donde hay problemas de falta de energía eléctrica, y por ende la calidad de aprendizaje es mucho menor para ellos.10 La situación se ve agravada por el Covid-19, ya que un sector de la población no ha tenido un hogar en donde resguardarse durante la cuarentena y esto los vuelve doblemente vulnerables.11

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó al estado de Puebla algunos aspectos a mejorar durante su acompañamiento de recuperación temprana respecto al sismo de 2017. Entre los más importantes se propuso:

- Dar prioridad al diálogo con la academia, la sociedad civil y el sector privado.

- La creación de una contraloría social y/o ciudadana para dar a conocer los avances del proceso de reconstrucción y mejorar la comunicación entre los distintos actores.12

Es importante mencionar que la Constitución protege y garantiza a la población el derecho humano a la educación, y la obligación del Estado a garantizar la infraestructura educativa necesaria:

“Artículo 3 [...]

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.”

Además, también se debe proteger el derecho humano a la vivienda digna:

“Artículo 4 Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen el derecho humano a la información:

“Artículo 6 [...]

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, con pleno respeto de sus atribuciones, para que haga públicos los avances en la reconstrucción que se tiene en la entidad, además se detallen de los recursos federales y locales que se han destinado a dicho rubro, a tres años de sismo del 19 de septiembre de 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, con pleno respeto de sus atribuciones constitucionales y legales, a que se continúen y, en su caso, aceleren los trabajos de reconstrucción de hogares, escuelas y centros de trabajo, dañados por el sismo de septiembre de 2017, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población poblana, en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal para la Reconstrucción en el Estado de Puebla, a hacer pública la información pormenorizada de los avances en las labores de reconstrucción y de sus labores de coordinación, relacionada con los daños ocasionados con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla, con pleno respeto a su soberanía, a que se retomen los trabajos de la Comisión Especial de seguimiento de las labores de reconstrucción derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Notas

1 Ortega. O, ¿Cuántos muertos dejó el sismo del 19 de septiembre?, Cultura Colectiva, fecha: 30 de agosto de 2020, disponible en:

Colectivahttps://news.culturacolectiva.com/noticias/cuan tos-muertos-dejo-el-sismo-del-19-de-septiembre/

2 Declaratoria de Emergencia extraordinaria por la presencia de sismo magnitud 7.1 con epicentro a 12 km. Al sureste del municipio de Axochiapan en el estado de Morelos, el día 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones de la Ciudad de México, Diario Oficial de la Federación, fecha: 27 de septiembre de 2017, disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498677&fecha=27/09/2017

3 Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 112 municipios del Estado de Puebla, Diario Oficial de la Federación, fecha: 28 de septiembre de 2020, disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499060&fe cha=28/09/2017

4 LV legislatura instala la Comisión Especial para el seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos, Boletín de Prensa del Congreso de Puebla, fecha: 26 de septiembre de 2018, disponible en:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ge4xGJl-0zsJ:www.congresopuebla.mx/
index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D9021:lx-legislatura-instala-la-comisi%25C3%25B3n-
especial-para-el-seguimiento-de-las-labores-de-la-reconstrucci%25C3%25B3n-derivadas-de-los-
sismos%26Itemid%3D614+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

5 A casi 3 años del sismo del 19s, en Puebla no se han reconstruido 429 escuelas ni 4500 viviendas, La Jornada, fecha: 24 de junio de 2020, disponible en:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
a-casi-3-anos-del-sismo-del-19s-en-puebla-no-se-han-reconstruido-429-escuelas-ni-4-mil-500-viviendas/

6 Gerardo Islas usó indebidamente a la comisión de vivienda para construir casas para damnificados del 19s, La Jornada, fecha: 28 de octubre de 2020, disponible en:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/gerardo-isl as-uso-indebidamente-a-la-comision-de-vivienda-para-construir-casas-par a-damnificados-del-19s/

7 "Hagamos hogar", la estrategia que Islas usó para lucrar con la ayuda a las víctimas del 19s, La Jornada, fecha: 19 de septiembre de 2019, disponible en:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
hagamos-hogar-la-estrategia-que-islas-uso-para-lucrar-con-la-ayuda-a-las-victimas-del-19s/

8 Punto de Acuerdo, Cámara de Diputados, fecha: 22 de enero de 2020, disponible en:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_pa. php?idacut=0&tipot=%20&pert=0

9 Zambrano. J, Cuestionan Falta de memoria histórica tras sismo de 2017 en Puebla, Milenio, fecha: 17 de septiembre de 2020, disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuestionan-fa lta-memoria-historica-sismo-2017-puebla

10 Llaven. Y, A año y medio del sismo, 121 niños de Huehuetlán el Chico, sin escuela, La Jornada, fecha: 11 de abril de 2019, disponible en:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sismo-escue la-huehuetlan/

11 Castillo. K, Damnificados por el s19, sin casa donde cumplir la cuarentena por Covid-19: Red Nacional, fecha: 23 de marzo de 2020, disponible en:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
damnificados-del-s19-sin-casa-donde-cumplir-la-cuarentena-por-covid-19-red-nacional/

12 https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/
PublicacionesReduccionPobreza/recuperaciontemprana/RecuperacionTempranaPuebla.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a hacer de conocimiento público los motivos para desaparecer el Programa de Escuela de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública cuya finalidad es cumplimentar lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el acuerdo número 21/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2020, y en la Ley General de Educación en su artículo 33, respecto a que “Toda persona tiene derecho a la educación siendo el Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, quienes impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conformándose por la educación básica la cual es obligatoria; asimismo “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”, y que para lograr estos objetivos el Sistema Educativo Nacional, lleva a cabo una programación estratégica para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua. (LXIV Legislatura Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión, 2020) (Diario Oficial de la Federación, DOF, 2019) (LXIV Legislatura Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión, 2020)

Por lo anterior el PETC es una modalidad de escuela con una jornada escolar de 6 u 8 horas que provee de alimentos y actividades extracurriculares a alumnos de primaria y secundaria, en la que se favorece la calidad educativa con equidad, al propiciar el avance continuo de los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar; la mejora de las prácticas de enseñanza; el trabajo colaborativo y colegiado; el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar y la incorporación de nuevos materiales educativos (Secretaría de Educación y Cultura CEC, 2017).

Cabe destacar que los recursos asignados para el Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las Escuelas y Apoyos para el Servicio de Alimentación son de carácter de subsidio federal y cuentan con reglas de operación, por lo que su aplicación y ejercicio están sujetos a las disposiciones federales, aplicables en materia de justificación, comprobación, registro, control, rendición de cuentas, transparencia, seguimiento y evaluación; ajustándose a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como al contenido de los artículos 175 y 176 de su reglamento (Diario Oficial de la Federación, 2019).

Por otro lado, el resumen integral del desempeño de los programas sociales específicamente en la ficha de monitoreo y evaluación de los periodos 2018-2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan una valoración adecuada y destacada de las Escuelas de Tiempo Completo, tanto en lenguaje y comunicación, como en matemáticas, de una de cada dos secundarias incorporadas al programa, comparadas con escuelas similares. Asimismo, identificaron a las principales entidades federativas cuyas escuelas de tiempo completo tuvieron logros significativos. En la evaluación cualitativa de impacto realizada en 2018 se identificó que los principales efectos del programa se encontraron entre escuelas primarias, principalmente en aquellas que cuentan con el servicio de alimentación y en localidades de alta marginación. Los efectos se concentraron en las escuelas con servicio de alimentación en el quinto año de participación en el programa. En términos académicos hubo una reducción en la repetición y rezago educativo, entre el segundo y quinto año de la implementación de la intervención, así como una disminución en el rezago escolar para el periodo 2007-2017. En escuelas con un alto nivel de marginación las reducciones en repetición y rezago se presentaron hasta el octavo año de participación, en resumen se mejoró el aprovechamiento escolar de los y las estudiantes de educación básica al cubrir 70.5 por ciento de las escuelas del país durante 14 años de operación, aun con el recorte de 50 por ciento sufrido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los resultados de este programa han sido positivos en educación y economía familiar (Coneval, 2020) (Infobae, 2020) (Forbes México, 2020) (SHCP, 2020).

Sin embargo, a pesar de lo resultados positivos del programa, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021), se contempla desaparecerlo al no asignar recursos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo lo que impactaría en la educación de 3.5 millones de alumnos de las 25 mil 734 escuelas de este programa, destacando que en 13 mil 900 planteles proporcionaban alimentos que solventaban las deficiencias nutricionales de los estudiantes y que para algunos representaba la única oportunidad de comer en el día. Por otra parte, el PEF 2021 otorgaría 12 mil 280.3 millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra, programa creado en 2018, esto significa un aumento de 63 por ciento, equivalente a 5 mil millones de pesos, cifra comparable el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos que tuvo Escuelas de Tiempo Completo en 2020, y que ahora tendría cero recursos, y señalando que en el programa la Escuela es Nuestra se otorgan los recursos de manera directa a comités elegidos por la comunidad escolar para mantenimiento, construcción de aulas, seguridad, materiales educativos, servicios de conectividad, viveros, huertos escolares y tecnologías de ahorro de energía, destacando que no es para compra de alimentos y mucho menos para ampliación de horarios (Diario Oficial de la Federación DOF, 2019) (Rangel, 2020) (Animal Político, 2020).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con educación de las niñas y los niños de nuestro país, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que, en el ámbito de su respectiva competencia, haga del conocimiento público los motivos para no asignar presupuesto al Programa Escuela de Tiempo Completo.

Referencias

Animal Político. (17 de 09 de 2020). Animal Político. Obtenido de https://www.animalpolitico.com/2020/09/sep-recorta-presupuesto-escuelas -tiempo-completo/

Coneval. (18 de 09 de 2020). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_20 18.aspx

CONEVAL. (2020). Resumen Integral del Desempeño de los Programas Sociales 2018-2019. México: Coneval.

Diario Oficial de la Federación DOF. (03 de 10 de 2019). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra .

Diario Oficial de la Federación DOF. (29 de 12 de 2019). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583043&fecha=29/12/ 2019

Forbes México. (11 de Septiembre de 2020). Forbes México. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/noticias-desaparece-programa-escuelas-tiempo- completo-ppef2021/

Infobae. (20 de 09 de 2020). Infobae. Obtenido de https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/19/sep-preve-dejar-sin-r ecursos-al-programa-escuelas-de-tiempo-completo-beneficiaba-a-cientos-d e-madres-trabajadoras/

LXIV Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. (18 de 09 de 2020). Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

LXIV Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. (18 de 09 de 2020). Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

Rangel, L. (2020 de 09 de 2020). Esperanza de alimentar de nuevo en escuelas.

Secretaría de Educación y Cultura CEC. (2017). Programa Escuelas de Tiempo Completo Manual para la aplicación de los recursos financieros 2017-2018. Sonora: SEC.

SHCP. (18 de 09 de 2020). Transparencia Presupuestaria Observatorio del gasto. Obtenido de https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp? id=11S221

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a atender la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 en el primer semestre de 2020, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La situación en el mundo por Covid-19 ha implicado un choque económico y, en unos cuantos meses, se ha convertido en la mayor crisis económica que el mundo ha experimentado desde la Gran Depresión de 1929. Varios especialistas han señalado que las economías en vías de desarrollo experimentaran de forma más intensa los efectos de la pandemia por contar con menores ingresos, con un sistema institucional y sanitario débil, así como por estar densamente poblados y contar con enfermedades crónicas previas y condiciones de nutrición que los hacen más vulnerables a los efectos del Covid-19.En nuestro país, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad han hecho que la tasa de mortalidad sea mayor que la observada como promedio mundial.

Segunda. La actividad económica de México registró una contracción de 0.1 en todo 2019, según cifras desestacionalizadas que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con la implantación de políticas en materia económica y los antecedentes en las caídas del PIB trimestral, México cumplió la definición técnica internacional de una recesión, que es la contracción generalizada en la actividad económica por una duración de por lo menos seis meses consecutivos.

La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.1

Tercera. El Banco de México recortó su pronóstico del PIB para este año y reconoció que existe la posibilidad de que el desplome de la actividad sea de hasta 12.8 este año.

La proyección de Banco de México se basa en tres escenarios para el PIB en lo que resta de 2020, dicho formato se justifica por la duración de la pandemia, el riesgo de rebrotes así como la incertidumbre de contar con un tratamiento y vacuna, que impiden presentar un escenario central.

• El primer escenario contempla una recuperación en forma de “V”, supone que la actividad económica registrará una caída de 8.8 este año.

• En el segundo escenario, con una curva de recuperación en forma de “V profunda”, el Banxico prevé un desplome de 11.3 en el PIB de todo 2020.

• El tercer escenario contempla una recuperación en forma de “U profunda”, para el que anticipan una caída de hasta 12.8 en el 2020 con recuperación de 1.3para el año que viene.2

Cuarta. Hoy enfrentamos dos crisis: una sanitaria y otra económica que ha traído como consecuencias la disminución de la demanda; al haber una disminución en el consumo y la inversión, y una disminución de la oferta; al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. Por ello, ante el efecto negativo y severo en las economías del orbe mundial, se requiere delinear una estrategia integral para mitigar los efectos negativos de la pandemia como la pérdida de ingresos en muchos hogares y empresas.

Quinta. El 12 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) dio a conocer sus datos de cantidad de asegurados a un empleo, en los datos se aprecia que durante julio de 2020 la cantidad de asegurados a un empleo disminuyó en 3 mil 907 respecto a junio de 2020.3

Las consecuencias que la pandemia ha arrojado en cuanto al tema del empleo es la siguiente: de marzo a julio 2020 se han perdido más de 1millón de empleos formales registrados y asegurados en el IMSS, esto como consecuencia de la crisis sanitaria y económica actual.

La ETOE reportó que la tasa de participación económica, en abril de 2020 fue de 47.5 respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Esta caída es de las más grandes desde que se tiene registro en México y es comparable con las reducciones de empleo formal experimentadas durante la crisis de 2008 y 2009.

Sexta. En este contexto, y de acuerdo con el Coneval,4 debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda para aquella población con menos recursos.

La población en pobreza en áreas urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de vivir en condiciones de hacinamiento, y una carencia de servicio de agua.

Es urgente el diseño de medidas económicas que permitan desarrollar un programa emergente de empleo y de acciones soporte que permitan reducir el efecto de la pobreza.

Séptima. En el comunicado número 035 del 23 de abril de 2020 la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el gobierno de México puso en marcha un programa de 1 millón de microcréditos por 25 mil pesos para micronegocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del gobierno federal para que en medio de esta pandemia puedan mantener sanas sus finanzas y sus negocios sigan siendo competitivos.5

Octava. En México, las Mipyme representan 99.8 de las empresas,6 de acuerdo con lo publicado por el Inegi en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca de 52 por ciento del producto interno bruto y aproximadamente 72 por ciento de los empleos formales en México.

Visualizando dicho panorama, es importante enfocarse y dirigir todos los esfuerzos en los siguientes objetivos: a) Proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; b) Implementar un plan de acción inmediata que sienten las bases para una recuperación inmediata; y c) Evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se agudice y revertir a una situación de solvencia.

Novena. El objetivo es ayudar a las Mipyme para que la falta de liquidez no las haga caer en la insolvencia, apoyándolas para poder prevenir su posible quiebra, y en su conjunto fomentar y aplicar programas para una óptima recuperación y fortalecimiento de las mismas.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía federal a instaurar un programa integral de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas durante la epidemia del coronavirus Covid-19, apoyándolas para prevenir su cierre, y fomentar su óptima recuperación y fortalecimiento.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Banxico-reconoce-que-la-economia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html

3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/557

4 Coneval (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SAR-Cov-2, Covid-19 en México, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_C OVID- 19.pdf

5 Fuente: https://www.gob.mx/se/prensa/ante-la-pandemia-del-coronavirus-fortalece -gobierno-federal-apoyo-a-pequenos-negocios-240880?idiom=es

6 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a realizar acciones dirigidas a garantizar el debido proceso en el caso del licenciado Gerardo Sosa Castelán, ex titular del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar acciones para garantizar el debido proceso en el caso del licenciado Gerardo Sosa Castelán, ex titular del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 31 de agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por un juez de control adscrito al Penal de Máxima Seguridad de Almoloya, estado de México y vinculándolo a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal, cargos derivados de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Elementos de la Policía Federal Ministerial efectuaron la aprehensión, siendo trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, estado de México, donde fue presentado ante el juez que libró la orden de aprehensión.

La investigación contra Sosa Castelán fue anunciada desde el 2019 por la UIF tras detectarse supuestos movimientos inusuales entre cuentas de la UAEH y bancos suizos por 151 millones de dólares.

Por ello, se aseguraron 224 cuentas bancarias a nombre de la institución, hecho por el cual el entonces titular del Patronato Universitario el 8 de marzo del 2019, se refirió en rueda de prensa con documentación visible, la cual acreditaba que el dinero correspondía a una inversión en el “Credit Suisse” y que era parte de los fondos que se utilizan para financiar las jubilaciones de la casa de estudios y la construcción de infraestructura.

Sin embargo, la detención de Sosa Castelán, así como de Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso, con quienes no tiene ninguna relación de subordinación ni personal, obedeció a hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 58 millones de pesos, la cual no se refiere a las medidas que anunciara el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en referencia a las cuentas de la UAEH, y quién buscando justificación para proceder a tales medidas señaló ante medios de comunicación que la aprehensión había procedido “a petición de un agencia internacional”, con lo cual claramente se viola la soberanía nacional.

Luego de conocerse la aprehensión, la UIF precisó que desde 2019 interpuso tres denuncias contra Sosa Castelán y anunció que durante el proceso judicial va a solicitar que se le reconozca el carácter de víctima para de esta manera actuar como coadyuvante y poder aportar todos los indicios de prueba que tiene, así como tener acceso a todas las diligencias y acuerdos del juicio.

Ante un visible abuso de autoridad y atropello a los derechos de Sosa Castelán, quién actualmente se ha convertido en un preso político de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la UIF, dependencia que en diversas ocasiones ha intentado abusar de sus atribuciones legales dejando desprotegida a la ciudadanía. Como claro ejemplo, se debe recordar la reforma legal al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que fomentaba la indefensión ciudadana, al no notificar por escrito los fundamentos causas o causa de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifestar por escrito o de manera verbal lo que a su interés conviniera, ofreciendo pruebas y formulando alegatos.

Sin embargo, México es un país pleno de derechos y garantías individuales, las cuales deben ser garantes de la impartición de justicia y el debido proceso, para lo cual la única institución responsable de investigar y perseguir los delitos del orden federal, así como ejercitar la acción penal respectiva ante los tribunales de la federación es la Fiscalía General de la República.

Por lo expuesto, someto a consideración se esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar acciones para garantizar el debido proceso en el caso del licenciado Gerardo Sosa Castelán, ex titular del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 22 de septiembre de 2020.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a expedir una NOM sobre experimentación con animales en la industria cosmética, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a expedir una norma oficial mexicana en materia de experimentación con animales en la industria cosmética, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Al comenzar el siglo XX el hecho de padecer enfermedades como la tuberculosis, el sarampión o una simple infección estomacal o de las vías respiratorias era equivalente a estar condenado a muerte. Hoy, en los albores del siglo XXI, el riesgo de morir a causa de una de estas enfermedades se ha reducido drásticamente y en consecuencia se ha elevado la esperanza de vida de la población de todo el mundo. Lo anterior se debe, principalmente, a los grandes avances que la medicina ha registrado en los últimos cien años.

No obstante, y a pesar de los avances logrados, la medicina sigue enfrentando grandes retos ya que al elevarse el promedio de vida de las personas aparecieron enfermedades que antes eran poco conocidas. Por este motivo resulta imprescindible que la investigación, base de los progresos tanto pasados como futuros de la ciencia médica, siga adelante.

El objetivo principal de la investigación médica es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Para cumplir con su propósito la investigación médica abarca estudios y experimentos con animales y, en algunos casos, con seres humanos.

En cuanto a la experimentación con seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre los otros intereses, por ello, asociaciones de médicos de todo el mundo se han preocupado por establecer principios éticos para llevar a cabo pruebas y experimentos con personas.

Asimismo, la comunidad científica ha emprendido múltiples esfuerzos encaminados a generar métodos alternativos de experimentación de manera tal que la utilización de seres humanos para la investigación médica sea evitada al máximo posible.

Lamentablemente, en el caso de animales la situación es diferente pues se estima que anualmente millones son utilizados en pruebas de laboratorio o como recursos de aprendizaje en escuelas sin que ello sea condenado enérgicamente por la sociedad.

Resulta más lamentable aún el hecho que los animales no sólo sean utilizados en la investigación con fines médicos, sino que otros sectores, como el caso de la industria cosmética, se valgan de la experimentación con seres vivos para desarrollar sus productos.

En virtud de la experimentación animal haya contribuido al progreso de la medicina se puede conceder que los animales de laboratorio sean utilizados en beneficio de la ciencia y la salud humana; sin embargo, dado que los animales son seres vivos es menester que su utilización para el ensayo de técnicas nuevas y la comprobación de hipótesis se rija, tal como sucede en el caso de los seres humanos, por principios éticos que traten de reducir al mínimo posible el sufrimiento animal.

Además, es necesario evitar, en la medida de lo posible, el uso indiscriminado de los animales para la experimentación en laboratorios, sobre todo cuando ésta no tiene propósitos médicos.

Actualmente, gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, existen múltiples alternativas a la experimentación animal las cuales han probado ser más fiables y efectivas que ésta.

En 2007, en la Universidad de Linz (Austria), se llevó a cabo el XIV Congreso sobre alternativas a la experimentación animal, el que se ha convertido en una referencia en toda Europa para aquellos que buscan nuevas estrategias de investigación, alejadas de la utilización de roedores, monos, aves, entre otras especies. En este espacio se propusieron diferentes métodos para el reemplazo de los animales en la experimentación y para la docencia, entre los cuales se pueden citar los siguientes:

1) Evitar la repetición de experimentos con estrategias integradas, que posibiliten la disponibilidad de la información y el intercambio de la misma.

2) Modelos matemáticos de predicción.

3) Se puede emplear el uso de microorganismos sin sistema nervioso central como bacterias, hongos, protozoos, algas y plantas.

4) Métodos in vitro: se pueden emplear cultivos celulares y órganos y tejidos reconstituidos, procedentes de donantes fallecidos. Explantes, reagregados celulares, micro masas, cocultivos. También cultivos primarios de células dispersadas. Líneas celulares y transgénicas. Sistemas libres de células y células madre, que son aquellas procedentes de nuestro cordón umbilical al nacer.

5) Estudios en personas voluntarias ya se realizan y no suponen ningún riesgo para la salud, ya que se hacen bajo un estricto control. Todo fármaco, antes de lanzarse al mercado debe ser probado en personas.

6) Modelos para la docencia y la formación de estudiante: modelos mecánicos, sistemas audiovisuales y simulaciones por computadora y de realidades virtuales. Ya existen programas que reproducen el sistema de funcionamiento de los órganos humanos, así como muñecos de látex con sistemas mecánicos.1

Así pues y aún con el paso del tiempo, éstas medidas siguen vigentes en varios lados, debido a la falta de voluntad para sustituir el uso de animales en la investigación médica. En consecuencia, algunas regiones han respondido de diferente manera y en diferentes tiempos. Por ejemplo, desde 2004 la Unión Europea aprobó la eliminación progresiva de los ensayos de productos cosméticos en animales2 y en 2009 para la creación de ingredientes cosméticos3 . Para 2018, adoptó una resolución en la que pidió una supresión a escala mundial de los ensayos con animales en la industria cosmética4 . Cabe mencionar que la Unión Europea, con la finalidad de no afectar la investigación e innovación en la industria cosmética, se comprometió igualmente a promover el desarrollo de métodos alternativos de investigación.

Lamentablemente, el esfuerzo de la Unión Europea no será suficiente para erradicar la experimentación indiscriminada con animales en el mundo, si el resto de la comunidad internacional no emprende medidas encaminadas a la consecución del mismo objetivo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Camara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para que expida una norma oficial mexicana en materia de experimentación con animales en la que se incluya la prohibición de hacer uso de estos para fines que no resulten estrictamente médicos.

Notas

1 Véase: http://buscaalternativas.com/

2 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180216STO98005/
pruebas-de-cosmeticos-en-animales-hacia-una-prohibicion-mundial

3 Ídem.

4 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y la Semarnat a atender el reclamo de la población y suspender la construcción del puente vehicular Periférico Sur y Canal Nacional, en Xochimilco, que afecta el área natural protegida del humedal, reduce las áreas verdes y amenaza especies de fauna en peligro de extinción, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, en su carácter de diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los siglos XIX y XX, la Ciudad de México y la cuenca de México estuvieron sujetos a una vorágine de cambios que los llevó inexorablemente a un proceso de modernización, en los que tanto la estructura y morfología urbanas, así como los ríos, canales y lagos, fueron los sujetos de una variedad de visiones, planes y transformaciones que reformaron su ancestral condición, para abrir el paso a una megalópolis de dimensiones y problemas, que la modernidad no acaba de solucionar.

En ese duro trance, la ciudad y su entorno han sido objeto de una modernización incapaz de reconciliarse con su pasado, pues éste es reducido, en buena medida por una visión capitalista, a una carga cultural o peor aún, curiosidad turística en lugar de ser traducido a una posibilidad de recuperación y conciliación de la urbanización con la geografía y con un ecosistema específico. La desecación de los lagos y canales, así como el entubamiento de ríos se asumió como política pública, en lo que parecía ser la única posibilidad de propiciar el crecimiento, la modernización y una recomposición territorial de la Ciudad de México.

Escribir la historia de Xochimilco ha supuesto en los últimos años un gran reto, sobre todo desde la perspectiva de su incorporación al territorio urbano, en la que se advierte la difícil trayectoria de su caótica urbanización. Al mismo tiempo, resulta imprescindible analizar la frágil posibilidad y la serie de obstáculos para preservar el entorno lacustre que todavía pervive.1

Los datos indican que existe un núcleo de amenazas ambientales bien definido en la percepción de la mayoría de la población. La relevancia que cobra esta percepción compartida no se limita a la calidad ambiental del paisaje del sitio, sino que también incluye una serie de impactos sociales, políticos y económicos que derivan del estado medioambiental actual de la zona. Los datos sugieren que las amenazas al ambiente lacustre han alterado, tanto la vida cotidiana de los residentes como a sus métodos y prácticas agrícolas tradicionales.

A la par, el deterioro de la calidad ambiental, en conjunción con la implementación de políticas públicas erradas, ha disminuido la disponibilidad, diversidad y accesibilidad a las tecnologías locales, que en un principio permitieron la adaptación de la especie humana a este medio ambiente. La lista de libre asociación agrupa múltiples amenazas ambientales, de acuerdo con la percepción de los habitantes de Xochimilco.2

En concordancia con lo anterior, se han iniciado las obras de un puente de seis carriles que destruirá parte de un humedal que es clave para el sostenimiento de la ciudad y que destruirá por lo menos tres hectáreas de terreno crucial para la resiliencia de la ciudad debido a su papel como regulador hídrico y de temperatura; esto incluye el derribe de alrededor de 650 árboles en el área designada y la destrucción del hábitat del ajolote, especie endémica de la zona.

La máxima preocupación de académicos y ambientalistas es que esa vía elevada de casi dos kilómetros de largo, dividirá en dos a Xochimilco. “Esta fragmentación condenaría a desaparecer la zona norte, que es la más pequeña y más presionada por la urbanización”, se afirma en un estudio del Laboratorio de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por lo demás, la oposición al puente vehicular por parte de la población no tardó en dejarse escuchar: el 15 de marzo, cientos de personas cerraron el anillo del periférico a la altura de las obras en que las consignas rezaban “sí al humedal, no al ecocidio”. El 17 de mayo, representantes de los pueblos originarios de Xochimilco, interpusieron un amparo en el que exponen que la construcción del puente, pondrá en riesgo a las generaciones presentes y futuras, porque su construcción afectará un área crucial para contrarrestar los efectos del cambio climático en la ciudad.

El pasado 13 de agosto integrantes de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco se manifestaron en Juzgados de Distrito en Materia Administrativa

Activistas de la organización “Xochimilco Vivo” han increpado a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, señalándola de estar “destruyendo un área natural protegida”, ante lo cual la funcionaria ha negado tal clasificación, sin tomar en cuenta la información de la Secretaría de Medio Ambiente, que asevera lo contrario. En adelante se espera una batalla judicial, en la que está en juego la supervivencia de este importante humedal, el último reducto de lo que alguna vez formó parte del gran conjunto de lagos del Valle de México.3

Lo que había protegido este reducto lacustre del Valle de México es que desde 1987, Xochimilco es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, título decretado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) a sitios de importancia cultural y naturaleza excepcional;4 además la zona se integró a la lista Ramsar de humedales de relevancia internacional en 2004 y de Área Natural Protegida (ANP) de México desde 1992.5

Se debe tomar en cuenta, además, que Xochimilco es actualmente una de las cartas fuertes en turismo y en la Ciudad de México, por año recibe a 1 millón 207 mil visitantes (dato de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México). El 65 por ciento de los visitantes a Xochimilco prefieren visitar como primera opción, los canales y chinampas con recorrido en trajinera; un 14 por ciento tiene como destino principal el mercado de plantas y flores; un 13 por ciento el Parque Ecológico y el porcentaje restante visita el Museo Dolores Olmedo.

Xochimilco representa un enclave importante para la biodiversidad de la Ciudad de México, sus 2 mil 650 hectáreas de humedal brindan protección a 400 especies de aves migratorias y residentes como los pelícanos, garzas, cardenales y gallaretas. Posiblemente el más representativo sea el ajolote, pequeño anfibio que se encuentra en peligro de extinción. En sus canales también se pueden localizar otras especies endémicas como el acocil (un crustáceo), la rana de Moctezuma o el ahuejote, un sauce sagrado para los nahuas y que fue clave para la formación de chinampas, islas creadas para el cultivo de hortalizas, desde hace más de 1500 años.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal, integrante del GPPRI de la de la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que en el ámbito de sus competencias, se atienda al reclamo de la población y se suspenda la construcción del puente vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco por afectar el área natural protegida del humedal, reducir las áreas verdes y amenazar especies de fauna en peligro de extinción.

Notas

1 María Eugenia Terrones López, Xochimilco sin arquetipo: Historia de una integración urbana acelerada en el siglo XX, en Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, volumen 10, número 218, Universidad de Barcelona, España, 2006.

2 Entorno Turístico, Xochimilco se moderniza: ya puedes pagar los tours de trajinera vía on line, dirección en internet: bit.ly/3ivCCYk, fecha de consulta: 12 de septiembre de 2020.

3 MVS Noticias, Defenderá GCDMX construcción de puente vehicular en Cuemanco, publicado el 26 de mayo de 2020.

4 Nemer E. Narchi y Beatriz Canabal Cristiani, Percepciones de la degradación ambiental entre vecinos y chinamperos del lago de Xochimilco, en Revista Sociedad y Ambiente, número 12, México, 2016, páginas 5-29.

5 Periódico El País, La obra que amenaza Xochimilco, el último humedal de Ciudad de México, publicado el 15 de julio de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a llamar a procedimiento administrativo disciplinario al secretario en funciones de magistrado del Segundo Tribunal de Poder Judicial Colegiado Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a llamar a procedimiento administrativo disciplinario al secretario en funciones de magistrado del Segundo Tribunal del Poder Judicial Colegiado Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, bajo el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Real Academia Española (RAE) define “justicia” como un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, también como derecho, razón o equidad o el conjunto de virtudes por el que es bueno quien las tiene; asimismo, especifica que quien la ejerce son los ministros o un tribunal de justicia.

El acceso a la justicia es un principio básico de un estado de derecho, conforme lo define la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, por lo que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promuevan el acceso a la justicia. Conforme a este tema, existen varios documentos elaborados por la ONU, como lo son: La extrema pobreza y los derechos humanos, acceso a la justicia y estado de derecho; Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Las Naciones Unidas ayudan a prestar asistencia jurídica en el sistema de justicia penal y acceso a la justicia y estado de derecho.

En México, el acceso a la justicia se debe garantizar, aunque existen algunas dependencias que hacen caso omiso, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue haciendo recomendaciones en este tema y por lo que cuenta con documentos como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso de Poder.

Sin embargo, existe quienes abusan de los puestos como servidores públicos que tienen, sobre todo cuando laboran en puestos que tiene que ver con el Poder Judicial o tribunales locales cuando están involucrados en algún juicio. Tal es el caso del magistrado Arturo Segura Madueño, quien estaba interviniendo en un juicio familiar, en donde una de las partes involucradas era su hermano, por lo que este solicitaba a los jueces que los fallos fueran favor de su hermano, por lo que el acceso al justicia por parte de la contraparte era restringida e inequitativa.

En lo anterior se comprobó la intervención del magistrado hermano del involucrado, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino al aplicar una sanción disciplinaria interna de la Corte para que dejara de implicarse en dicho juicio a favor de su hermano. Este tipo de problemáticas es la que enfrentamos en nuestro país, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, desde su Reglamento Interior, ha intentado mitigar este tipo de intervenciones por medio de sanciones a su personal y de la vigilancia de la Contraloría Interna, que es la encargada de fiscalizar, vigilar y disciplinar a los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tenemos actualmente el caso de un juicio familiar de divorcio incausado, que se lleva en el juzgado cuarto de primera instancia oral familiar con residencia en Saltillo, en donde las partes son Roberto Isaac Sánchez Cervantes y Naxhiely Guzmán Velasco, él es secretario en funciones de magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, de cuyo juicio ella ignoraba ya que, en acuerdo con el entonces esposo, había permitido que se fuera unos días de vacaciones a casa de su hermana, posteriormente ella se entera que aprovechándose de esta situación, él comenzó el juicio, desde entonces ella no ha podido regresar a su casa, y no puede tener a sus tres hijos menores de edad.

En el juicio familiar divorcio incausado, con número de expediente 447/2020, existen inconsistencias:

A) Decretan separación de personas y depósito del señor y de los tres menores hijos en el domicilio familiar

B) Decretan guarda y custodia provisional a favor del señor porque éste manifestó, bajo protesta de decir verdad al tribunal, que la madre había abandonado el domicilio y a los hijos

C) Fijan una pensión alimenticia a cargo de la madre equivalente al 45 por ciento de sus percepciones (a partir del nacimiento de su primer hijo, la madre nunca trabajó y el único proveedor siempre fue el padre)

D) El padre ha utilizado todo el peso que le brinda su poder económico y sus influencias como miembro del Poder Judicial federal

E) Al día de hoy, se decretó la disolución del vínculo matrimonial.

F) La señora no tiene empleo y no ha recibido un centavo del señor desde mayo del año en curso.

G) De la noche a la mañana la señora se quedó sin casa donde vivir, sin hijos, sin dinero, sin efectos personales y sin ropa por los atropellos cometidos por el marido utilizando sus influencias como magistrado de circuito.

H) La señora no puede acercarse al domicilio y el señor se niega a proporcionarle una pensión alimenticia.

La señora presentó una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía de la Mujer con carpeta de investigación 21886 y 01419/SAL/UIM/2020, la cual no tiene un avance, sin embargo, se utilizaron influencias para controlar el resultado de la valoración psicológica practicada a la señora.

También se presentó un juicio de amparo ante el juzgado Primero de Distrito en el estado con número de expediente 626/2020 en donde se reclaman las inconstitucionales medidas provisionales decretadas por el juez familiar consistentes en la separación de personas y la guarda y custodia provisional, entre otras. En este procedimiento se obtuvo que el juez de distrito ordenara al juez familiar que decretara convivencias inmediatas entre madre e hijos. Para lograr esto, se requirió en varias ocasiones al juez familiar para que fijara convivencias, porque recurrió a tácticas dilatorias para no hacerlo.

Se levantó una queja, la cual se encuentra entablada ante el Consejo de la Judicatura, en contra de Roberto Isaac Sánchez Cervantes, por la conducta en que ha incurrido:

A. Por quitar la guarda y custodia provisional de los hijos a la madre.

B. Por separar a la madre del domicilio familiar e impedir que ella se acerque al mismo bajo el apercibimiento de aplicarle los medios de apremio.

C. Para dejarla sin recursos económicos para su subsistencia.

Se levanto una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con numero de expediente CDHEC/1/2020/200/Q, los cuales indicaron que no pueden intervenir, lo mismo declararon en el Instituto Coahuilense de la Mujer.

Como podemos observar, por el actuar de las autoridades se ha venido ejerciendo sobre Naxhiely Guzmán violencia institucional, debido a que, con sus actos y omisiones de los servidores públicos, al dilatar, obstaculizar, e impedir el goce y ejercicio de sus derechos humanos, lo cual esta castigado conforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a llamar a procedimiento administrativo disciplinario al secretario en funciones de magistrado del Segundo Tribunal del Poder Judicial Colegiado Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, Roberto Isaac Sánchez Cervantes, bajo el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Oral Familiar con residencia en Saltillo, al juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, que actúen apegados a la Constitución y a los tratados internacionales, con perspectiva de género y en interés superior de la infancia ya que se están trastocados todos los derechos humanos elementales de Naxhiely Guzmán Velasco y de sus menores hijos.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que atraiga el caso en virtud de que existe violación de derechos humanos en materia de violencia institucional por cuestión de género.

Bibliografía

- Página Oficial de la RAE ()

-Página Oficial de la ONU ()

- Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pubilcos

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Violencia Institucional contra las Mujeres (CNDH, julio2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar la Secretaría de Hacienda de Chiapas a atender la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 en el primer semestre de 2020, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La situación en el mundo por Covid-19 ha implicado un choque económico y, en unos cuantos meses, se ha convertido en la mayor crisis económica que el mundo ha experimentado desde la Gran Depresión de 1929. Varios especialistas han señalado que las economías en vías de desarrollo experimentaran de forma más intensa los efectos de la pandemia por contar con menores ingresos, con un sistema institucional y sanitario débil, así como por estar densamente poblados y contar con enfermedades crónicas previas y condiciones de nutrición que los hacen más vulnerables a los efectos del Covid-19. En el país, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad han hecho que la tasa de mortalidad sea mayor que la observada como promedio mundial.

Segunda. La actividad económica de México registró una contracción de 0.1 en todo 2019, según cifras desestacionalizadas que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con la implementación de políticas en materia económica y los antecedentes en las caídas del PIB trimestral, México cumplió con la definición técnica internacional de una recesión, que es la contracción generalizada en la actividad económica por una duración de por lo menos seis meses consecutivos.

La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.1

Tercera. El Banco de México recortó su pronóstico del PIB para este año y reconoció que existe la posibilidad de que el desplome de la actividad sea de hasta 12.8 este año.

La proyección de Banco de México se basa en tres escenarios para el PIB en lo que resta de 2020, dicho formato se justifica por la duración de la pandemia, el riesgo de rebrotes así como la incertidumbre de contar con un tratamiento y vacuna, que impiden presentar un escenario central.

• El primer escenario contempla una recuperación en forma de “V”, supone que la actividad económica registrará una caída de 8.8 este año.

• En el segundo escenario, con una curva de recuperación en forma de “V profunda”, el Banxico prevé un desplome de 11.3 en el PIB de todo 2020.

• El tercer escenario considera una recuperación en forma de “U profunda”, para el que anticipan una caída de hasta 12.8 en 2020, con recuperación de 1.3 para el año que viene.2

Cuarta. Hoy enfrentamos dos crisis: una sanitaria y otra económica que ha traído como consecuencias la disminución de la demanda; al haber una disminución en el consumo y la inversión, y una disminución de la oferta; al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. Por ello, ante el efecto negativo y severo en las economías del mundo, se requiere delinear una estrategia integral para mitigar los efectos negativos de la pandemia como la pérdida de ingresos en muchos hogares y empresas.

Quinta. El 12 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) dio a conocer sus datos de cantidad de asegurados a un empleo, en los datos se aprecia que durante julio de 2020 la cantidad de asegurados a un empleo disminuyó en 3 mil 907 respecto a junio de 2020.3

Las consecuencias que la pandemia ha arrojado en cuanto al tema del empleo es la siguiente: de marzo a julio 2020 se han perdido más de 1 millón de empleos formales registrados y asegurados en el IMSS, esto como consecuencia de la crisis sanitaria y económica actual.

La ETOE reportó que la tasa de participación económica, en abril de 2020 fue de 47.5 respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Esta caída es de las más grandes desde que se tiene registro en México y es comparable con las reducciones de empleo formal experimentadas durante la crisis de 2008 y 2009.

Sexta. En este contexto, y de acuerdo con el Coneval,4 debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda para la población con menos recursos.

La población en pobreza en áreas urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de vivir en condiciones de hacinamiento, y una carencia al servicio de agua.

Es urgente el diseño de medidas económicas que permitan desarrollar un programa emergente de empleo y de acciones soporte que permitan reducir el efecto de la pobreza.

Séptima. En el comunicado número 035, del 23 de abril de 2020, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el gobierno de México puso en marcha un programa de1 millón de microcréditos por 25 mil pesos para micronegocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del gobierno federal para que en medio de esta pandemia puedan mantener sanas sus finanzas y sus negocios sigan siendo competitivos.5

Octava. En México, las Mipyme representan 99.8 de las empresas,6 de acuerdo con lo publicado por el Inegi en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca de 52 por ciento del producto interno bruto del país, y aproximadamente 72 por ciento de los empleos formales.

Visualizando dicho panorama, es importante enfocarse y dirigir todos los esfuerzos en los siguientes objetivos: a) Proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; b) Implementar un plan de acción inmediata que sienten las bases para una recuperación inmediata; y c) Evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se agudice y revertir a una situación de solvencia.

Novena. Para el caso de Chiapas, de acuerdo a los Censos Económicos 2019: 7

• En 2019 había en Chiapas 304 mil 825 establecimientos, con 1 millón 55 mil 905 personas ocupadas en ellos.

• El 50.9 de los establecimientos corresponde al sector comercio, 35.5 a servicios, 11.8 a manufacturas y 1.8 al resto de actividades económicas.

• De los establecimientos, 97.19 por ciento corresponde a tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas), 2.77 a Pyme (11 a 250 personas) y 0.04 a grandes (más de 251 personas).

Tamaño de los establecimientos económicos en Chiapas, 2019.

Décima. Como se aprecia el número de Mipyme en Chiapas es muy grande, y aunque no se prevé la quiebra de grandes consorcios comerciales, las de menor escala serán las que tengan peores consecuencias en el futuro, por ello, la Secretaría de Economía federal tendría que tomar medidas con la mayor brevedad para que las Mipyme puedan mantener a la mayoría de sus empleados y cuenten con flujo de efectivo suficiente para aminorar la crisis causada por el coronavirus.

Duodécima. Para el ámbito estatal, los impuestos estatales son aquellos que se aplican dentro de la frontera de cada estado y no se trasladan a otros. Cada estado cuenta con una norma tributaria o Ley de Hacienda diferente en la que se especifican qué impuestos se cobran en cada uno de ellos, en el caso de Chiapas, el objetivo es amortizar las cargas fiscales de los empresarios, protegiendo el empleo y los salarios, en específico de los impuestos sobre nóminas (2 por ciento) y sobre hospedaje (hoteles 2, moteles 5), 8 de acuerdo con el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

El Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas establece:

Artículo 56. El Ejecutivo del estado, por conducto de la secretaría, podrá condonar o reducir los créditos fiscales derivados de contribuciones estatales por cualquier concepto, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, se afecte la situación económica de alguna región del territorio del estado. El Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría, declarará mediante disposiciones de carácter general, los impuestos, derechos o aprovechamientos materia del beneficio en las regiones de la entidad en que se disfrutará del mismo.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda de Chiapas a implantar un plan en el que se establezcan beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, con el objetivo de amortizar las cargas fiscales de los empresarios, protegiendo el empleo y los salarios, en específico de los impuesto sobre nóminas y sobre hospedaje que fija el Código de la Hacienda Pública para el estado de Chiapas.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Banxico-reconoce-que-la-economia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html

3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/557

4 Coneval (2020). "La política social en el contexto de la pandemia por el virus SAR-CoV-2 Covid-19 en México", https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_C ovid- 19.pdf

5 Fuente: https://Www.Gob.Mx/Se/Prensa/
Ante-La-Pandemia-Del-Coronavirus-Fortalece-Gobierno-Federal-Apoyo-A-Pequenos-Negocios-240880?Idiom=Es

6 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pd f

7 https://diariodechiapas.com/ultima-hora/
inegi-presenta-los-resultados-definitivos-de-los-censos-economicos-2019-chiapas/131250

8 http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/estatal/informacion/le yes/libro-segundo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a efecto de que su homóloga de Michoacán haga público el estatus del trámite de pago a jubilados del sistema federal estatal de la convocatoria emitida el 13 de agosto de 2018, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez Pérez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta honorable Cámara la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que la Secretaría de Educación del estado de Michoacán haga público el resultado o avance de los maestros jubilados inscritos en la convocatoria “Programa de Apoyo a Jubilación”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, la función docente es crucial para el desarrollo de un sistema educativo de calidad; éste, su vez, debe dotar a los maestros de recursos materiales, infraestructura y apoyos técnico-pedagógicos y de supervisión, que les permiten concentrarse en sus tareas de enseñanza. Se parte de la convicción de que son los docentes quienes más cerca están del proceso de aprendizaje de los alumnos, cuyos resultados la sociedad exige mejorar.

Sin embargo, cuando la vida laboral de los docentes debe concluir y retirarse de la vida laboral llega, y con esto la jubilación, en la que hay un rol muy concreto, con actividades y unos hábitos de uso del tiempo muy marcados y una productividad efectiva. El cambio de estos hábitos, prolongados durante más de 40 años en la mayoría de los casos, suele ser brusco y es un acontecimiento anhelado y, sin embargo, temido también. Es anhelado porque representa el descanso, el poder usar el tiempo como nos apetezca, el poder disfrutar del ocio a nuestro antojo; y es temido porque no sabemos qué hacer con tanto tiempo libre y puede darnos la sensación de no valer ya para nada.

Todos estos aspectos se ven afectados cuando la jubilación y la parte económica no se pueden dar conforme a los planes de las y los jubilados. Este es el caso de los docentes del estado al que represento, Michoacán. Pues de la Secretaría de Educación del estado se publicó una convocatoria en la que maestros que estaban por jubilarse podían acceder, lo que causo entusiasmo en todos los que cumplían con los requisitos para entrar.

Cabe mencionar que los maestros que se inscribieron y que llegaron a la última etapa están desde 2018 esperando que les sean pagados los montos pactados para cada caso en particular. Por lo que como integrante de la Comisión de Educación y en solidaridad con mis compañeros maestros, solicito a través de la Secretaría de Educación Pública, esto ya que se han enviado infinidad de escritos a la Secretaría del estado sin obtener respuesta alguna, proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que la Secretaría de Educación del estado de Michoacán haga público el estatus en que se encuentra el trámite de pago a jubilados del sistema federal estatal, de la convocatoria emitida el 13 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a hacer públicos en su página oficial los datos correspondientes a los programas que opera, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que haga pública en su página oficial, los datos correspondientes a los programas que la Secretaría maneja y opera, en particular los que se indican en el punto de acuerdo.

Consideraciones

Con fecha 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), mismo que establece “las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”. Con la misma fecha el Ejecutivo federal sancionó dicho acuerdo.

Con fecha 30 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), el país entero está sufriendo una epidemia de la que ciertamente se desconoce su origen, pero necesita la participación de todos los sectores para que el país salga adelante.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la población es la alimentación, siendo un pilar fundamental para combatir el Covid-19; evidentemente las personas que no cuenten con una buena alimentación tendrán graves consecuencias ante el virus, al respecto es oportuno mencionar que el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal establece que:

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Aunado a esto, el derecho a la alimentación está garantizado en diversos instrumentos internacionales, en los cuales México ha ratificado como:

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

Artículo 12. Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados parte se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 11

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación , vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento .

2. Los Estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

A modo de Control de Convencionalidad resulta aplicable la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay.

En el presente caso, el Tribunal reitera sus consideraciones anteriores con respecto al acceso al agua, la alimentación , salud y acceso a la educación de los miembros de la Comunidad (supra párrafos 194 a 213). Asimismo, observa que las probadas condiciones de extrema vulnerabilidad afectaron en forma particular a los niños y niñas. Como se mencionó previamente, la falta de una alimentación adecuada ha afectado el desarrollo y crecimiento de los niños, ha aumentado los índices normales de atrofia en su crecimiento y ha ocasionado altos índices de desnutrición entre ellos (supra párrafo 201). Asimismo, de la prueba aportada se desprende que para el 2007 los niños y niñas de la Comunidad “o no recibieron todas las vacunas, o no fueron vacunados según el estándar internacional, o no poseían certificación alguna referente a las vacunas recibidas”...1

El Estado tiene la obligación de garantizar a la población la alimentación, a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos a erradicar la desnutrición y a protegerlos contra el hambre, posiblemente en este tenor el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón leyó en la conferencia de prensa con fecha 30 de marzo de 2020 el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias a brindar el apoyo para el buen éxito de la declaración, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que se reúnan con los sectores productivos que participan en la distribución de la canasta básica para llevar a cabo acciones eficaces que garanticen el abasto a toda la población.2

Al respecto la fracción XXII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: “Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las Secretariìas de Economiìa y de Bienestar bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales”.

Sin embargo, no se logra observar cómo los programas sociales puedan lograr de manera eficaz y eficiente lo enunciado con anterioridad, al respecto y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020, la Secretaría de Agricultura tiene a su cargo los siguiente Programas:

• Crédito Ganadero a la Palabra

A la fecha de la presentación de este proposición con punto de acuerdo, las Reglas de Operación de dicho no han sido publicadas en el DOF; situación que contradice lo estipulado en el PEF 2020 en su artículo Vigésimo Tercero, el cual ordena que:

Las dependencias y las entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas previstos en la nota del Anexo 25 de este decreto, a más tardar el último día de febrero.

Para tal efecto, las dependencias y las entidades, éstas a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán remitir los proyectos de reglas de operación a la Secretaría a más tardar el último día hábil de enero. Las autorizaciones que emita dicha dependencia y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se realizarán en los mismos plazos y términos previstos en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; lo anterior, sin perjuicio de que dichos programas puedan ejecutarse en tanto se emiten las referidas reglas.

En casos debidamente justificados, se podrá ampliar por única ocasión el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, hasta por 30 días naturales, contando previamente con la opinión favorable de la Secretaría para tales efectos.

Situación como bien lo mencionar el propio PEF debe justificar la Secretaría a su cargo.

• Fertilizantes

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 24 de febrero de 2020; tiene como objetivo: “Incrementar la producción de los cultivos prioritarios de los productores de pequeña escala”.

• Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 24 de febrero de 2020: “El objetivo general del Programa es incentivar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, reduciendo las importaciones a través del establecimiento de precios de garantía en granos básicos en leche.

• Producción para el Bienestar

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 07 de febrero de 2020; tiene como objetivo: “Incrementar la productividad, principalmente de granos básicos, caña de azúcar y café de productores de pequeña y mediana escala, a través del otorgamiento de apoyo al ingreso de los productores.

• Desarrollo Rural

No existe evidencia para el ejercicio 2020 de su objetivo.

• Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF 25/03/2020; tiene como objetivo “fomentar las actividades primarias a pequeña y mediana escala que contribuyan a la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, con énfasis en la pesca y la acuacultura”.

Llama la atención que dicho programa haga referencia a la agricultura y ganadería; sin embargo, en sus reglas de operación, únicamente brinca apoyos a la acuacultura, dejando a un lado a los otros dos sectores. Situación que debe explicar la secretaría del Ramo.

• Vinculación Operativa

No existe evidencia para el ejercicio 2020 de su objetivo.

• Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 20 de enero de 2020; tiene como objetivo: “contribuir al bienestar social mediante el mejoramiento en el acceso a la alimentación de las personas integrantes de los hogares beneficiarios”.

• Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV (Diconsa)

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF 16 de enero de 2020; tiene como objetivo: “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico o económico a los productos alimenticios, para mejorar la seguridad alimentaria de la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación”.

• Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 25 marzo de 2020; tiene como objetivo “Fomentar las actividades primarias de pequeña y mediana escala que contribuyan a la autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, con énfasis en la pesca y la acuacultura”.

Llama la atención que dicho programa haga referencia a la agricultura y ganadería; sin embargo, en sus Reglas de Operación, únicamente brinca apoyos a la acuacultura, dejando a un lado a los otros dos sectores. Situación que debe explicar la secretaría del Ramo.

• Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Se publicaron sus Reglas de Operación en el DOF el 16 de enero de 2020; tiene como objetivo: “Contribuir a mantener y mejorar el patrimonio fito zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera del país.

• Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios*

No existe evidencia para el ejercicio 2020 del objetivo de dicho programa.

Resulta oportuno mencionar que el artículo 34 del PEF 2020, establece que:

El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se sujetará a los siguientes lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este Presupuesto de Egresos:

I. Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover el bienestar en la población campesina y de la pesca, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sin embargo, no se logra observar cómo los programas enunciados logren cumplir con lo establecido en el PEF, la mayoría sólo otorgar incentivos económicos a la población y de otros no existe evidencia de sus objetivos para el 2020. Situación que debe ser esclarecida por la secretaría del Ramo. De acuerdo al PEF esta es el presupuesto para los programas de la Secretaría de Agricultura.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. - La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que haga pública en su página oficial, los siguientes datos:

a) Cómo los programas prioritarios que opera la Secretaría, ayudarán a garantizar la producción y abasto de los productos que integran la canasta básica del Ramo;

b) En que funda y motiva por qué el Programa de Fomento a la Agricultura Ganadería Pesca y Acuicultura únicamente brinda apoyos a pequeños productores pesqueros y acuícolas;

c) Bajo que fundamentación y motivación a la fecha no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa Crédito Ganadero a la Palabra;

d) Bajo que fundamento y consideraciones se estblecen los objetivos y población objetivo de los Programas Desarrollo Rural, Vinculación Operativa y Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios; y

e) Que señale las acciones, planes y estrategias extraordinarias que implementará la Secretaría para garantizar y en su caso mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los productos que integran la canasta básica del Ramo.

Notas

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Indígena Xa?kmok Ka?sek Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafo 259. (En línea). Consultada el 14 de abril de 2020. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf

2 #ConferenciaDePrensa: #Coronavirus #Covid19 #QuédateEnCasaYa | 30 de marzo de 2020 (En línea). Consultada el 14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=phT6x-a52XU

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer un programa de apoyo a las familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos Amajac y Moctezuma en Tamazunchale, SLP, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Sara Rocha Medina , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la madrugada del pasado 11 de septiembre, en el municipio de Tamazunchale en San Luis Potosí se registró la caída de fuertes lluvias torrenciales que provocaron múltiples inundaciones, afectaciones a la infraestructura y particularmente el desbordamiento de los ríos Amajac y Moctezuma.1

A decir de las autoridades municipales del área de Protección Civil, diversas familias se vieron seriamente afectadas, una decena de viviendas sufrieron impactos a su estructura y predios a lo largo del afluente se inundaron, por lo que fue necesario su desalojo con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de la población.

Entre los principales perjuicios se encuentran los siguientes:

• Por lo menos 6 demarcaciones presentaron inundaciones, entre ellas la colonia Estrella, Los Naranjos y el área del callejón Tatiano Pérez del Barrio de San Miguel, asimismo, el Barrio del Carmen y el Barrio de San Rafael, entre otros.

• Entre los perímetros a considerar, está la colonia Estrella donde más de 50 familias documentaron deterioro a sus viviendas y en el barrio de San Rafael en el que 22 construcciones y casi una decena de vehículos fueron inundados con pérdidas totales en la mayoría de los casos.2

• Más de 200 familias3 en esta zona de la Huasteca Potosina vieron comprometidas su integridad y patrimonio, por lo que es necesario la intervención de las autoridades federales.

Resulta importante destacar que las consecuencias no fueron mayores debido a la cultura de la prevención entre la ciudadanía, dado que al percatarse del incremento en los niveles de los ríos se asumieron medidas preventivas como barreras de contención y el traslado de pertenencias a lugares más altos, lamentablemente no todos tuvieron esa posibilidad.

La atención por parte del gobierno del estado fue inmediata, ya que a la mañana siguiente se levantó un censo a las familias y se les reubicó por el grado de daño a sus hogares, asimismo, se iniciaron los trabajos de rescate, apoyo y reconstrucción. Entre las pérdidas están unidades de motor, casas habitación y enceres domésticos, entre otros.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las próximas semanas las precipitaciones continuarán, por lo que es necesario incrementar las acciones de prevención y protección civil a fin de evitar accidentes y la pérdida de vidas humanas.

El gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene las facultades para “realizar acciones preventivas que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos” y también para “ampliar la infraestructura hidráulica para la protección de centros de población y áreas productivas”4 .

Acceder rápidamente a recursos federalizados a través de un programa específico, permitirá fortalecer los trabajos de reconstrucción, recuperación económica de la región y principalmente, apoyar a las familias y personas que perdieron su patrimonio, con el objeto de contribuir a la recuperación de su tranquilidad y el resarcimiento de los daños ocasionados.

Contar con fondos suficientes también hará posible, entre otros aspectos ampliar la infraestructura para la captación de agua, prevenir inundaciones y su disposición final, así como regular los servicios básicos en el perímetro afectado y poblaciones circunvecinas.

Ante la temporada de lluvias, se hace necesario disponer de una red de refugios temporales o albergues, los cuales serán fundamentales en los próximos meses para atender nuevas contingencias en la entidad, sobre todo, porque estos espacios pueden hacer la diferencia entre salvaguardar a las personas o dejarlos en total indefensión.

Las medidas descritas deben ajustarse a los protocolos de actuación para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 y con ello evitar el incremento de casos de Covid-19, la saturación del sistema de salud y la muerte de personas.

Los albergues actualmente en funcionamiento constantemente deben emprender trabajos de limpieza en espacios para la alimentación, el resguardo y la pernocta para no convertirse en focos de contagio.

El presente instrumento legislativo tiene como finalidad apoyar a las familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos Amajac y Moctezuma, impulsar el incremento de recursos federales para el mantenimiento de afluentes e incrementar la infraestructura para hacer frente de mejor manera a los fenómenos hidrometeorológicos en los municipios y localidades del estado de San Luis Potosí.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, establezca un programa de apoyo a las familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos Amajac y Moctezuma en el municipio de Tamazunchale en el estado de San Luis Potosí, y agilice la entrega de recursos destinados a la prevención de inundaciones, infraestructura y mantenimiento a fin de contar con un sistema efectivo de disposición para el agua pluvial.

Notas

1 Código San Luis, Periódico en línea. (2020). Cientos de damnificados por crecida del río en Tamazunchale. 18/09/2020. Sitio web: https://www.codigosanluis.com/damnificados-rio-tamazunchale/

2 Vicente Juárez. (2020). Al menos cien damnificados deja desbordamiento de río en Tamazunchale. 18/09/2020, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/09/11/al-menos-cien-dam nificados-deja-desbordamiento-de-rio-en-tamazunchale-7492.html

3 Juan Hernández. (2020). 210 familias afectadas en Tamazunchale por inundaciones: Leal. 18/09/2020, de Quadratín, San Luis Potosí Sitio web: https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/210-familias-afectadas -en-tamazunchale-por-inundaciones-leal/

4 Comisión Nacional del Agua. (2020). Objetivos y Estrategias. 18/09/2020, de CONAGUA Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109732/OBJETIVOS_Y_ESTRA T_GIAS.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y el INM a dar apoyo médico, jurídico y psicológico a las migrantes mexicanas violentadas en sus derechos humanos en los centros de detención migratoria de EUA, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez , diputada federal por el Estado de México a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 6 de febrero de cada año se declara el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, en varios países de África y Asia se realiza este tipo de practicas en contra de las mujeres, violentando sus derechos humanos, salud e integridad física y emocional.

La mutilación genital femenina o ablación femenina es cualquier procedimiento que provoque lesiones en los órganos genitales femeninos, lo que genera además de graves consecuencias físicas, también psicológicas. Esta práctica se considera necesaria para la crianza de las mujeres, así como asegurar la virginidad hasta el matrimonio.1

Aunque está práctica no se realiza como tal en nuestro país, se propagó la noticia en la que autoridades de los centros de detención migratorio de los Estados Unidos practicaron de manera ilegal y sin el consentimiento a varias mujeres migrantes de ascendencia hispana.

La denuncia surgió por una enfermera del Centro de detención del condado de Irwin, Georgia, que afirmó que se practicaban histerectomías a mujeres migrantes por autoridades del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, violentando gravemente sus derechos humanos. Por lo que diversas organizaciones civiles denunciaron ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional por este atroz hecho.2

El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos un informe sobre las supuestas prácticas en contra de las mujeres connacionales y su apoyo para la protección de sus derechos humanos y promover una política exterior feminista.3

La histerectomía es una cirugía o procedimiento clínico para extirpar el útero, una practica que se realiza a mujeres que se encuentran con paridad satisfecha y miomatosis uterina sintomática.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Belem do Pará, establece en su artículo 1:

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.4

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de cualquier acto de violencia ejercida hacia las mujeres y más de aquellas mujeres que no pueden defenderse por su situación migratoria, exigimos justicia para las víctimas de esta horrible atrocidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo
De Urgente u Obvia Resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados hace un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a brindar apoyo médico, jurídico y psicológico a las mujeres migrantes mexicanas que fueron víctimas de histerectomías sin su consentimiento en los centros de detención migratoria de Estados Unidos de América.

Segundo. La honorable Cámara de diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a la brevedad posible, lleve a cabo los acuerdos a que haya lugar con las autoridades estadounidenses a fin de esclarecer los lamentables hechos de violación de derechos humanos contra mujeres migrantes mexicanas victimas de histerectomías sin consentimiento en los centros de detención migratoria de los Estados Unidos de América, ademas de sancionar severamente a las personas involucradas con base a los normamientos internacionales que correspondan.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day

2 La Jornada. México pide información a EU sobre histerectomías masivas contra mujeres migrantes. 17/septiembre/2020. https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2020/09/17/mexico-pide-informa cion-a-eu-sobre-histerectomias-masivas-contra- mujeres-migrantes-5433.html

3 Idem.

4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 1994.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de septiembre de 2020.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a establecer un plan para atender la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 en el primer semestre de 2020, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La situación en el mundo por Covid-19 ha implicado un choque económico y, en unos cuantos meses, se ha convertido en la mayor crisis económica que el mundo ha experimentado desde la Gran Depresión de 1929. Varios especialistas han señalado que las economías en vías de desarrollo experimentaran de forma más intensa los efectos de la pandemia por contar con menores ingresos, con un sistema institucional y sanitario débil, así como por estar densamente poblados y contar con enfermedades crónicas previas y condiciones de nutrición que los hacen más vulnerables a los efectos del Covid-19.En nuestro país, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad han hecho que la tasa de mortalidad sea mayor que la observada como promedio mundial.

Segunda. La actividad económica de México registró una contracción de 0.1 en todo 2019, según cifras desestacionalizadas que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con la implantación de políticas en materia económica y los antecedentes en las caídas del PIB trimestral, México cumplió con la definición técnica internacional de una recesión, que es la contracción generalizada en la actividad económica por una duración de por lo menos seis meses consecutivos.

La recesión económica se visibiliza con el debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción.1

Tercera. El Banco de México recortó su pronóstico del PIB para este año y reconoció que existe la posibilidad de que el desplome de la actividad sea de hasta 12.8 este año.

La proyección de Banco de México se basa en tres escenarios para el PIB en lo que resta del año 2020, dicho formato se justifica por la duración de la pandemia, el riesgo de rebrotes así como la incertidumbre de contar con un tratamiento y vacuna, que impiden presentar un escenario central.

• El primer escenario contempla una recuperación en forma de “V”, supone que la actividad económica registrará una caída de 8.8 este año.

• En el segundo escenario, con una curva de recuperación en forma de “V profunda”, Banxico prevé un desplome de 11.3 en el PIB de todo 2020.

• El tercer escenario contempla una recuperación en forma de “U profunda”, para el que anticipan una caída de hasta 12.8 en 2020 con recuperación de 1.3 para el año que viene2


Cuarta. Hoy enfrentamos dos crisis: una sanitaria y otra económica que ha traído como consecuencias la disminución de la demanda; al haber una disminución en el consumo y la inversión, y una disminución de la oferta; al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. Por ello, ante el efecto negativo y severo en las economías del orbe mundial, se requiere delinear una estrategia integral para mitigar los efectos negativos de la pandemia como la pérdida de ingresos en muchos hogares y empresas.

Quinta. El 12 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) dio a conocer sus datos de cantidad de asegurados a un empleo, en los datos se aprecia que durante julio de 2020 la cantidad de asegurados a un empleo disminuyó en 3 mil 907 respecto a junio de 2020.3

Las consecuencias que la pandemia ha arrojado en cuanto al tema del empleo es la siguiente: de marzo a julio 2020 se han perdido más de 1millón de empleos formales registrados y asegurados en el IMSS, esto como consecuencia de la crisis sanitaria y económica actual.

La ETOE reportó que la tasa de participación económica, en abril de 2020 fue de 47.5 respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo. Esta caída es de las más grandes desde que se tiene registro en México y es comparable con las reducciones de empleo formal experimentadas durante la crisis de 2008 y 2009.

Sexta. En este contexto, y de acuerdo con el Coneval,4 debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por Covid-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda para aquella población con menos recursos.

La población en pobreza en áreas urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de vivir en condiciones de hacinamiento, y una carencia de servicio de agua.

Es urgente el diseño de medidas económicas que permitan desarrollar un programa emergente de empleo y de acciones soporte que permitan reducir el efecto de la pobreza.

Séptima. En comunicado número 035 del 23 de abril de 2020, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el gobierno de México puso en marcha un programa de 1 millón de microcréditos por 25 mil pesos para micronegocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del gobierno federal para que en medio de esta pandemia puedan mantener sanas sus finanzas y sus negocios sigan siendo competitivos.5

Octava. En México, las Mipyme representan 99.8 por ciento de las empresas,6 de acuerdo a lo publicado por el INEGI en los Censos Económicos de 2019, lo importante de ayudar a este sector productivo de la población radica en que gracias a ellos se produce cerca del 52% del producto interno bruto del país, y aproximadamente el 72% de los empleos formales en México.

Visualizando dicho panorama, es importante enfocarse y dirigir todos los esfuerzos en los siguientes objetivos: a) Proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; b) Implementar un plan de acción inmediata que sienten las bases para una recuperación inmediata; y c) Evitar que la crisis de liquidez de familias y empresas se agudice y revertir a una situación de solvencia.

Novena. Para el caso de Chiapas, de acuerdo con los Censos Económicos 20171

• En 2019 había en Chiapas 304 mil 825 establecimientos con 1 millón 55 mil 905 personas ocupadas en ellos.

• El 50.9 de los establecimientos corresponde al sector comercio, 35.5 a servicios, 11.8 a manufacturas y 1.8 al resto de actividades económicas.

• De los establecimientos, 97.19 corresponde a tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas), 2.77 a Pyme (11 a 250 personas) y 0.04 a grandes (más de 251 personas).

Tamaño de los establecimientos económicos en Chiapas, 2019.

Décima. Como se aprecia, el número de Mipyme en Chiapas es muy grande, y aunque no se prevé la quiebra de grandes consorcios comerciales, las de menor escala serán las que tengan peores consecuencias en el futuro, por ello, la Secretaria de Economía a nivel Federal tendría que tomar medidas con la mayor brevedad para que las Mipyme puedan mantener a la mayoría de sus empleados y cuenten con flujo de efectivo suficiente para aminorar la crisis causada por el coronavirus.

Undécima. Para el ámbito federal, el objetivo es ayudar a empresas para que la falta de liquidez no se les haga caer en la insolvencia y generar un apoyo desde el sector público para amortizar las cargas fiscales de los empresarios, protegiendo el empleo y los salarios, con el diferimiento de pagos provisionales del impuesto sobre la renta propio y el retenido por sueldos y salarios.

La fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que el Ejecutivo podrá

Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.8

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal a implantar un plan donde se consideren beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas sobre el diferimiento temporal de pagos del impuesto sobre la renta propio y el retenido por sueldos y salarios.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-una-recesion-tecnica-20 190711-0065.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-reconoce-que-la-econom ia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html

3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202008/557

4 Coneval (2020). "La política social en el contexto de la pandemia por el virus SAR-CoV-2 Covid-19 en México", https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_C ovid- 19.pdf

5 Fuente: https://Www.Gob.Mx/Se/Prensa/
Ante-La-Pandemia-Del-Coronavirus-Fortalece-Gobierno-Federal-Apoyo-A-Pequenos-Negocios-240880?Idiom=Es

6 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pro_ce2019.pdf

7 https://diariodechiapas.com/ultima-hora/
inegi-presenta-los-resultados-definitivos-de-los-censos-economicos-2019-chiapas/131250

8 http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/estatal/informacion/le yes/libro-segundo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Fovissste a hacer público si respalda los mensajes que están llegando a los derechohabientes, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez Pérez , diputada integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 6 fracción i y artículo 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) , a hacer público si los mensajes de cobranza que están llegando a los derechohabientes de despachos jurídicos, cuentan con el respaldo del mismo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país el derecho a contar con una vivienda digna, se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como en diversos instrumentos internacionales como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11 refiere:

...derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), es uno de pilares de vivienda de interés social en México, sabemos de la demanda tan alta que existe actualmente en este rubro, sin embargo, es importante que el sector más vulnerable de la población y los que ya cuentan con el beneficio de tener una vivienda por parte del instituto sean protegidos de perder su patrimonio. Como representante social me preocupa esta situación, los tiempos en que nos encontramos actualmente, no son los idóneos para tomar medidas que atenten contra la tranquilidad y el patrimonio del pueblo de México. Por el contrario, debemos sumarnos para proteger y velar por el bienestar de las familias, la cuarta transformación está comprometida con el cambio y la transparencia.

Recientemente, una persona de mi estado recibió un mensaje que a continuación cito y que a la letra dice:

“Estimada María del Consuelo Urista Aguilera:

Por instrucciones de la licenciada Ada Ruth Rosique Pérez, Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos y en atención a su correo electrónico de fecha 3 de junio del 2020, respecto a su crédito hipotecario Fovissste número 643566, le comento lo siguiente:

Resulta de suma importancia, precisar que con fundamento en los artículos 1793, 1794 y 1796, del Código Civil Federal, un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones, por lo que de conformidad y apego a la Ley, así como a lo establecido mediante Escritura Pública número 960 de fecha 15 de agosto de 2003, suscrita ante la fe del notario público número 138 en Morelia, Michoacán, licenciado Francisco J. Corona Núñez, formalizó entre otros actos jurídicos, el Contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria, mismo al que usted se obligó a cumplir de acuerdo a las condiciones de pago pactadas (en específico las Cláusula Primera. Monto del Crédito, Cláusula Tercera. Actualización, Cláusula Cuarta.- Intereses Ordinarios, Cláusula Quinta.- Intereses Moratorios, Cláusula Sexta.- Forma de Pago, Cláusula Octava.- Pago por Caja, Cláusula Novena.- Pago anticipado, Cláusula Décima.- Plazo, Cláusula Décima Segunda.- Hipoteca, Cláusula Décima Quinta.- Prohibición de ceder Derechos y Obligaciones); y la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, como lo indica el artículo 1797 de ese mismo ordenamiento legal.

De conformidad con el Modelo Integral de Cobranza, aprobado por la Comisión Ejecutiva mediante Acuerdo 5781.867.2013, sus modificatorios mediante acuerdos 6063.875.2015, 6353.889.2017, 6430.892.2017 y 6550.897.2018, en términos del numeral II Lineamientos Rectores del Modelo Integral de Cobranza, inciso IV Cobranza Judicial, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 fracciones V y XVI, artículo 93 fracciones IV y XIII y artículo 96 fracciones I y X del Reglamento Orgánico del Fovissste, dentro de las funciones de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y de la jefatura a mi cargo, se encuentra la facultad de instruir y coordinar los procesos de recuperación de cartera de crédito vencida por la vía administrativa y judicial, así como para proponer la política de contratación de despachos y/o abogados externos para cobranza judicial, vigilando que se apeguen en todo momento a los intereses institucionales.

Como es de su conocimiento, su crédito hipotecario Fovissste se encuentra turnado a Cobranza Judicial y están por iniciarse acciones judiciales, debido al incumplimiento a sus obligaciones de pago en tiempo y forma, ya que de acuerdo a lo reflejado en el Sistema Integral de Base de Datos de Cartera (SIBADAC) el último pago efectuado fue el 30 de junio de 2017, y solamente ha pagado un poco más de ciento treinta mil pesos, incluyendo la aplicación del SAR; por lo que se asignó al Despacho Externo de Cobranza Judicial “Grupo Fergus 400, SA, de CV”, el cual le ha brindado atención e información precisa sobre el producto de solución que resulta aplicable para la reestructura de su crédito hipotecario, consistente en un Convenio de Reestructura, por lo que para llevarlo a cabo, se deberá cubrir un enganche aplicable al saldo insoluto que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Base de Datos de Cartera, el cual se actualiza cada quincena, ya que el crédito devenga de la misma forma y posteriormente amortizar las quincenas conforme a lo convenido, en el plazo remanente del citado crédito.

Por lo anterior, en estricto cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 93 fracción IV y XIII del Reglamento Orgánico de este Fondo de la Vivienda del ISSSTE, se le solicita contactar al Despacho “Grupo Fergus 400, SA, de C.V.” quien de manera directa le dará seguimiento al esquema de solución propuesto y apegado al Modelo Integral de Cobranza aprobado por la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, con el fin de que proceda con la reestructura de su Crédito, en los siguientes datos:

Razón social:
Grupo Fergus 400, SA, de CV.

Contacto:
Licenciado Luis Donaldo Acosta Acosta

Teléfono:
(55) 25 89 37 63 y (55) 55 59 94 57

Correo electrónico:
GRUPOFERGUS400adm@gmail.com

informes@fergus400.com.mx

Dirección:
Avenida Coyoacán 753, colonia del Valle, alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México, código postal 03100.

Atentamente
Licenciada Alicia Carvajal Jiménez

Oficina de Cobranza Judicial
5322-04-97, extensión 85353

Advertencia legal

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Antes de imprimir este mensaje, por favor compruebe si es verdaderamente necesario hacerlo. El compromiso con el medio ambiente es tarea de todos.”

Situación que me preocupa en gran manera, pues de ser verdad, tendría que hacerse un pronunciamiento oficial por parte del Instituto, razón por la que someto a consideración la siguiente la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) , a hacer público si los mensajes que están llegando a los derechohabientes, cuentan con el respaldo del mismo.

Segundo. A hacer públicos los despachos jurídicos a los que se les proporciono la información de las cuentas.

Tercero. A hacer públicas las medidas que se están tomando en apoyo a este sector de la población que se encuentra en peligro de perder su patrimonio.

Ciudad de México, a 22 de septiembre 2020.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conaliteg a garantizar que los libros de texto gratuitos ya estén entregados en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica de los estados, a cargo de la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, integrante del GPPAN de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Conaliteg a efecto de que el 100 por ciento de los libros de texto gratuitos se encuentren ya entregados en el total de escuelas públicas y privadas de educación básica de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que actualmente de acuerdo a la página oficial del Conaliteg la entrega no se encuentra con cobertura total de libros entregados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que determine la Secretaría de Educación Pública, en cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus recursos de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y acabados adecuada para el uso al que están destinados.

El Conaliteg tiene como visión ser el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce con eficiencia y distribuye puntualmente los libros de texto gratuitos y otros materiales y soluciones educativas que determine la Secretaría de Educación Pública , impresos o en distribución digital, a todos los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional sin excepción, incorporando en sus materiales y procesos los más recientes avances tecnológicos y promoviendo una cultura de reciclaje, desarrollo sustentable y profesionalización junto con las industrias nacionales editorial, del papel y de las artes gráficas y, como parte de este último ramo, tener en sus instalaciones de Querétaro una planta modelo.

La política de calidad del Conaliteg es producir y distribuir los Libros de Texto Gratuitos y demás materiales educativos para los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, satisfaciendo en todo momento las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas involucradas en la institución, de forma eficiente, oportuna, con suficiencia y calidad, buscando en todo momento la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a lo establecido en ISO 9001-2015.

Con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo de niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria la Secretaría de Educación Pública diseñó la estrategia Regreso a clases . Aprende en casa II. Desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y hasta que las condiciones permitan el regreso sin riesgo a las escuelas, esta estrategia será el eje del trabajo en la Educación Básica. En dicha estrategia se contemplan varios instrumentos pedagógicos y didácticos para fortalecer el aprendizaje bajo el contexto del COVID-19 donde los estudiantes de educación básica tendrán como elemento primordial que acompañará el aprendizaje de los discentes el libro de texto gratuito.

La SEP a través del cuadernillo “Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes. Educación preescolar, primaria y secundaria”, elaborado por el equipo de la Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Formación Continua; nos menciona como soportes de la estrategia antes mencionada, que las niñas y los niños que cursan la educación básica y sus familias viven en una gran diversidad de condiciones. La desigualdad social se manifiesta también en la desigual posibilidad de acceso a recursos tecnológicos y en la disposición en el hogar de espacios y ambientes propicios para aprovechar las variadas ofertas culturales y educativas a distancia. Por esta razón, la estrategia utilizará como soporte cuatro recursos muy accesibles a la población siendo uno de ellos:

• Los libros de texto que niñas y niños reciben año con año al inicio del ciclo escolar son la base principal de la programación en los casos en los que la asignatura cuenta con este recurso didáctico.

En este sentido, y al encontrarse al día de hoy tal como lo maneja la plataforma del Conaliteg insatisfecho el 100 por ciento de los libros entregados, se exhorta al titular del Conaliteg a que busque los mecanismos necesarios y de manera expedita para que el 100 por ciento de los estados de la República cuenten con los libros de texto y demás materiales educativos para su entrega a cada una de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Conaliteg a efecto de que se busque el mecanismo idóneo y de manera expedita para que se haga la entrega del 100 por ciento de los libros de texto a todos los estados de la República Mexicana y con ello se garantice el derecho a una educación de excelencia tal como lo dicta la Ley General de Educación.

Dado en el salón de sesiones de la
Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a diseñar y ejecutar durante el programa Aprende en Casa medidas de accesibilidad, incluyendo el derecho a solicitar ajustes razonables, para garantizar equitativamente el derecho a la educación de niños y adolescentes con discapacidad, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cynthia Iliana López Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ciclo escolar 2020-2021, que inició el pasado mes de agosto, a través del programa Aprende en Casa ha presentado diversos problemas, sobre todo para los alumnos que no cuentan con los medios electrónicos necesarios para poder tomar sus clases y con ello cumplir con sus actividades escolares.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, son alrededor de 30 millones de estudiantes mexicanos los que han iniciado el nuevo ciclo escolar con clases por televisión, esto debido a la pandemia de Covid-19 y a las nuevas reglas implementadas por el gobierno federal para frenar los contagios.1

Aprende en Casa, en su primera versión, se puso en marcha en abril pasado, sin embargo, hasta fecha la autoridad educativa sigue sin reconocer que la estrategia tuvo fallas de origen que, de no corregirse en esta segunda versión, se corre el riesgo de una catástrofe educativa y social.2

Basta señalar que la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid),3 levantada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, señala que 78.6 por ciento de los hogares reportó que tuvieron problemas para continuar con la educación de niños, niñas y adolescentes. Entre las causas destacan:

• 48.5 por ciento por falta de computadora o internet

• 31.4 por ciento debido a la falta de apoyo de maestros

• 21.1 por ciento porque que las niñas, niños y adolescentes se distraen

• 17.1 por ciento por la falta de conocimientos

• 14.9 por ciento por la falta de libros y material didácticoTambién hay otros casos en los que estudiantes, especialmente de secundaria y de nivel medio superior, no fueron localizados por falta de teléfono celular o acceso a internet en su hogar. Solo para dimensionar la situación de la conectividad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en el país existen alrededor de 80.6 millones de usuarios de internet.

La encuesta también establece que alrededor del 76.6 de la población urbana es usuaria de internet, mientras que en la zona rural los usuarios la cifra es mucho menor con el 47.7 por ciento. Asimismo, se estima que un 44.3 por ciento dispone de computadora en comparación con el 92.5 por ciento que cuenta con al menos un televisor.

Aunado a los problemas económicos que enfrentan las familias mexicanas y de la falta de conectividad a internet, existe otra situación que esta relacionada directamente con los alumnos que tienen alguna discapacidad y que necesitan materiales y métodos de aprendizaje especiales.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, en México residen 29.3 millones son niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. De esta población, poco más de 580 mil (2.0 por ciento) presenta alguna discapacidad.4

La Enadid 2018 muestra una menor asistencia escolar en la población con discapacidad, pues alrededor del 75.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad con discapacidad asiste a la escuela, comparado contra el 88.4 por ciento de la población sin discapacidad en ese mismo rango de edad.

Sin embargo, estas brechas se intensifican principalmente en el grupo de 10 a 14 años, con 14.7 puntos porcentuales de diferencia, en tanto que la población de 15 a 17 años con discapacidad tiene mayor riesgo de abandono escolar con respecto a quienes no tienen ese rasgo, debido no solo a su condición, sino a diversos factores de índole social, económico y hasta geográfico.

Asimismo, del total de adolescentes de 15 a 17 años con discapacidad, 41.1 por ciento no cuenta con educación básica completa, es decir que aún no ha concluido la secundaria, mientras que, para los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, esa proporción es de 15.2 por ciento.

Los datos antes mencionados son para dimensionar la grave situación que están pasando las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Mexicanos Primero, indica que hay una estrategia muy débil, ya que a pesar de que en el mes de mayo se abrió un sitio en la página de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinada a la educación especial, este sitio cuenta con condiciones muy generales que, aunque tiene materiales por entidad federativa y videos, estos son insuficientes.

Dicha organización también indica que están dejando de recibir educación más de 600 mil alumnos que están inscritos en el sistema de educación especial, ya sea a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) o de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Asimismo, especialistas docentes en educación especial indican que cada alumno tiene necesidades distintas, algunos tienen problemas de lenguaje, deficiencias motrices, auditivas o visuales; tienen autismo, síndrome de Down o discapacidad múltiple, por eso, en todos los casos es fundamental el acompañamiento de los padres de familia durante las sesiones, sin embargo, no en todos los hogares es posible porque muchos padres tienen que salir a trabajar.5

La educación en el país está pasando por una etapa sumamente compleja por la presencia de la pandemia y muchos alumnos han optado por pausar o abandonar totalmente sus estudios por la falta de recursos económicos y tecnológicos; el gobierno federal tiene la obligación de crear los mecanismos necesarios para garantizar la educación a las niñas, niños y jóvenes de México, sin excepciones, por lo que es necesario que la Secretaría de Educación Pública, diseñe y ejecute medidas que permitan a las alumnas y alumnos con alguna discapacidad continuar con sus estudios con eficacia.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el marco del programa Aprende en Casa, se diseñen y ejecuten las medidas de accesibilidad incluyendo el derecho a solicitar ajustes razonables, para garantizar equitativamente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que haga de conocimiento público el estado que guarda la entrega de libros de texto y otros materiales impresos en formatos accesibles, como el sistema Braille, lectura fácil y macrotipos, especificando la cobertura y el total de población beneficiada en el país.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe y ejecute, con la participación de la comunidad escolar, un mecanismo de atención focalizado al rezago de estudiantes con discapacidad, incluyendo entre otras acciones las siguientes:

1. Ampliación de cobertura de horario y personal docente y auxiliar para estudiantes con discapacidad.

2. Modificación de currículos y métodos de enseñanza a distancia para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

3. Entrega de materiales didácticos en formatos accesibles para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-202 0-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-0018.html

2 https://www.letraslibres.com/mexico/politica/aprende-en-casa-ii-nueva-e strategia-mismos-problemas

3 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Resultados%20de%20mayo.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf

5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/clases-linea-doble-obstaculo -educacion-especial

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNH a implantar el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros públicos y privados en materia de auditorías sobre los sistemas de medición de hidrocarburos y sus mecanismos de medición llevados a cabo por terceros acreditados, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, así como en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a implementar el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros públicos y privados en materia de auditorías a los sistemas de medición de hidrocarburos y a sus mecanismos de medición llevados a cabo por terceros acreditados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 19 de marzo de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a operaciones petroleros públicos y privados respecto de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos.

El referido dictamen, en concreto establecía dos exhortos dirigidos a la CNH:

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos así como a la Comisión Reguladora de Energía a remitir un informe sobre el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros públicos y privados, así como permisionarios públicos y privados, en el ámbito de sus competencias respectivamente, en relación a la aplicación de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos y normas oficiales de conformidad a lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables, respecto de las auditorías a los Sistemas de Medición de Hidrocarburos y a sus mecanismos de medición llevados a cabo por terceros acreditados.

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar la medición de la producción de hidrocarburos, mediante auditorías hechas por terceros con reconocida experiencia internacional de conformidad a lo establecido por el artículo 43 fracción I inciso h) de la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables.

No obstante, que los citados resolutivos fueron remitos en tiempo y forma a los órganos reguladores coordinados en materia energética, no han remitido a esta soberanía informe alguno con relación a la aplicación de sobre el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros ni permisionarios sobre la aplicación de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos y normas oficiales de conformidad a lo establecido por la Ley de Hidrocarburos.

En el mismo sentido, tampoco se ha dado cuenta de la implementación de auditorías hechas por terceros con reconocida experiencia internacional sobre la producción de hidrocarburos.

La Estrategia Nacional de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos, en armonía con el segundo Informe de Gobierno 2019-2020, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el combate al comercio ilegal de hidrocarburos, ha dejado de manifiesto que contar con un Sistema de Gestión de la Medición implementado es de vital importancia, pues la evaluación es una herramienta profesional que permite instaurar confianza en el cumplimiento que se le exige a un producto o servicio específico. Esta confianza influye en la responsabilidad y fiabilidad generales del sector energético en el ámbito del comercio nacional e internacional y cumplimiento regulatorio.

En la práctica común internacional existen las auditorias por unidades de verificación acreditadas. Ésta es una herramienta que contribuye al desarrollo sostenido y promueve que las empresas sean más competitivas. Por eso la metrología, el desarrollo de normas, los ensayos de prueba, la acreditación, la certificación o verificación, son actividades vitales que requieren esa infraestructura formal que pueda asumir la responsabilidad que implica otorgar el acceso a la soberanía energética y al contenido nacional.

Por su parte, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (2019 -2023) contempla dentro de sus objetivos acciones donde las auditorías a los Sistemas de Medición de Hidrocarburos podrían contribuir sustancialmente para el logro de los mismos en forma directa o indirecta, en relación al fortalecimiento financiero de la empresa, incremento en la producción, modernización de la infraestructura, confiabilidad, incremento en la producción de hidrocarburos, combustibles y petroquímicos y, finalmente, el fortalecimiento de la comercialización.

Como se refirió también, en el dictamen referido, la Estrategia 5.2 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos es “dar certeza a la medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en toda la cadena de valor” y cuya descripción y alcance consideran la “Estandarización y mejora de los procesos de medición y generación de balances a través de la actualización y modernización de la infraestructura de medición y del Sistema de Gestión de la Medición (SGM)” ... “Promoviendo la reducción de riesgos asociados a la medición y al incumplimiento regulatorio”; donde se involucran a todas las empresas productivas subsidiarias en el cumplimiento regulatorio y cuyos indicadores de cumplimiento en sus metas se relacionan directamente con las auditorías a los Sistemas de Medición para evaluar el estado actual y deseado de los mismos y donde se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias para su cumplimiento.

Lo anterior juega un papel fundamental para el país, que el mismo Programa Sectorial de Energía 2020-2024 reconoce al establecer que se debe garantizar que en toda la cadena de valor existan sistemas de medición y programas informáticos; establecer claramente los puntos de medición, y detallar los requerimientos de funcionalidad y seguridad de los sistemas de medición y programas informáticos mediante la normatividad correspondiente, se contribuirá a obtener información oportuna y precisa de las contribuciones del sector energético a los ingresos públicos, así como también se contará con mejores herramientas para el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.

La medición de hidrocarburos (volumen y calidad de petróleo y gas) juega un papel fundamental dentro de la cadena de valor de la industria. Entre uno de sus principales propósitos está obtener valores adecuados en la medición fiscal para establecer los impuestos, regalías, pagos, balances, entre otros, como resultado de los volúmenes comercializados o transferidos. Para el Estado mexicano es de suma relevancia confiar en los valores de medición reportados por los operadores petroleros, ya que estos valores son como la caja registradora de la extracción y actividades intermedias desde la boca de pozo como son venteos, acondicionamiento, deshidratación, etcétera. Por lo anterior, por medio de las auditorías a los sistemas de medición por medio de Unidades de Verificación Acreditadas (UVA) los volúmenes y calidades de los hidrocarburos serían confiables, de lo contrario, serían poco confiables los valores reportados al Fondo Mexicano del Petróleo.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, la estrategia no estará completa hasta poder lograr garantizar la medición correcta de hidrocarburos. Sin embargo, el órgano regulador argumenta que actualmente no tiene recursos suficientes para implementar las medidas necesarias, lo que sin duda resulta inoperante, toda vez, que para llevar a cabo las auditorias se pueden financiar a través de tres mecanismos:

1. El primer mecanismo para llevar a cabo las auditorías hechas por terceros con reconocida experiencia internacional de conformidad a lo establecido por el artículo 43 fracción I inciso h) de la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables, es trasladar el costo de las mismas a los operadores petroleros quienes deberán acreditar que están cumpliendo en los términos mandatados por la ley.

2. El segundo mecanismo es que la CNH ejerza sus facultades de control y verificación y por tanto a través del presupuesto que se le asigna cada año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos, se destine parte del recurso a implementar las auditorías de conformidad a lo establecido por el artículo 43 fracción I inciso h) de la Ley de Hidrocarburos.

3. Finalmente, el tercer mecanismo es que la CNH lleve a cabo la implementación de las multicitadas auditorias, a través del cobro de aprovechamientos a los operadores petroleros, a que se refiere el artículo 29 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Con cualquiera de los tres mecanismos referidos se puede hacer un combate directo contra el mercado ilícito de hidrocarburos y fortalecer de esta manera las finanzas públicas del país. Sin embargo, se reconoce, que ante el escenario económico actual y los recortes presupuestales a los que se verán sujetos los órganos reguladores, el mecanismo más factible es trasladar el costo a los operadores petroleros, quienes deberán acreditar estar en regla con las disposiciones y lineamientos en materia regulatoria de hidrocarburos.

Por todo lo anterior, presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar la medición de la producción de Hidrocarburos, mediante auditorías hechas por terceros con reconocida experiencia internacional la medición de hidrocarburos de conformidad a lo establecido por el artículo 43 fracción I inciso h) de la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables y que la aplicación de dichas auditorías sea cuando menos cada 12 meses a efecto de dar confianza a los balances que repercuten en el pago final de regalías para el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos implemente las referidas auditorías a que se refiere el resolutivo primero, trasladando el costo a los operadores quienes deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones aplicables o de lo contrario ser sujetos de las sanciones establecidas en el marco legal.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Veracruz a realizar la investigación correspondiente y, si procede, determinar el ejercicio de acción penal contra Manuel Huerta Ladrón de Guevara con motivo de la denuncia por violación presentada en su contra, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se realice la investigación correspondiente y, en caso de ser procedente, se determine el ejercicio de la acción penal en contra de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, con motivo de la denuncia por violación presentada en su contra, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados en medios de comunicación y redes sociales se ha hecho a alusión a un funcionario federal, afirmando que desde hace años ha sido señalado como acosador y violador. Se asegura que dicho personaje acostumbra prometer apoyo laboral o mejorar la condición económica de sus víctimas.

Se dice que con total impunidad el súper delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara , político en funciones en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se desempeña como coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal, en el estado de Veracruz, ha agredido y acosado laboral y sexualmente a mujeres en su centro de trabajo y a mujeres que buscan un empleo, aprovechándose de su necesidad y convirtiéndolas en víctimas de su poder al abusar de ellas o al despedirlas por no acceder a sus pretensiones.

Una de sus víctimas de violación presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, exigiendo la aplicación de la ley para que se castigue a su agresor, señalando como responsable a Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

Ésta no es la primera acusación en su contra por acoso laboral y/o sexual, prepotencia y despidos injustificados. Al parecer, también en la Ciudad de México se han presentado denuncias en su contra por los mismos motivos. Sin embargo, como es lógico, muchas mujeres no han denunciado por miedo al escándalo, a los señalamientos, a la crítica, al señalamiento de mentir y no gozar de credibilidad, en síntesis, de no recibir un trato, investigación y, en su caso, consignación y juicio justo; en pocas palabras, por miedo a que no se aplique la ley porque se trata de su palabra contra la de un protegido del presidente.

Son pocas las mujeres que van a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a interponer una denuncia en contra de uno de los más poderosos funcionarios federales de la 4T y exdirigente estatal de Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

Hecha esta denuncia, ahora corresponde a la fiscal Verónica Hernández Giadans dar el curso correspondiente a esta carpeta de investigación, identificada con el número CEJUM/DX/FE/290/2020 interpuesta en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.1

Reconociendo la valentía de la denunciante en contra de Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, a sabiendas que al hacerlo, se diría que su pretensión es desprestigiarlo, emprender una campaña de negación y colocar a Huerta Ladrón de Guevara como víctima de una guerra mediática, así como desprestigiar a la reportera que expuso este delito, con la excusa de querer desestabilizar al gobierno de López Obrador, de Cuitláhuac García y a Morena, quien invita a otras mujeres que han sido victimizadas por el probable responsable, a que se unan a esta denuncia, para impedir que sigan estos acosos laborales y violaciones.

Cabe señalar que la víctima conoció a Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara el 4 de septiembre del 2019, cuando el delegado de Bienestar le envió una solicitud de amistad, a través de Facebook. Misma que aceptó pues le alagaba que un político de su nivel quería ser su amigo en redes sociales para después proponerle una comunicación más directa que la denunciante aceptó pues estimó que por ser una figura pública no existía razón para desconfiar.

La denunciante manifestó que el indiciado le dio una cita para el día 10 de septiembre de 2019, en la oficina de Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, citándola en la Delegación Federal de Sedesol en el estado de Veracruz, a la que acudió pues durante las pláticas que sostuvieron, le dijo que quería invitarla a laboral con él o en su defecto, buscar un espacio para un mejor empleo, motivándola a acceder, por tratarse de una oportunidad de un mejor ingreso para su familia.2

El 22 de septiembre de 2019, por la mañana, recibió una llamada del delegado de Bienestar y le hizo una invitación para ir a comer, posteriormente, alrededor de las 14:00 horas, llegó a su domicilio para recogerla y la víctima abordó el vehículo con la confianza de ir a comer.

En el trayecto, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara le dijo a la víctima que al ser una figura pública, le era difícil salir a comer a cualquier lugar por la exposición a los medios de comunicación y la llevaría a un lugar más discreto, donde no hubiese tantos curiosos. Esto la puso nerviosa, pero confiando en ser un político muy conocido, pensó que no habría por qué desconfiar de él. En un principio, el plan era comer en un restaurante fuera de la ciudad de Xalapa, por lo que tomó la avenida Lázaro Cárdenas y pasando Las Trancas, tomó el carril de la derecha y dio la vuelta abajo del puente para dirigirse a la Central de Abastos, pero de inmediato se metió al Motel Khroma, ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz, en la colonia El Olmo.

Y se lee en la denuncia que nos facilitaron en la FGE: “Si no aceptaba la aberrante propuesta de tener relaciones sexuales con él, no sólo no me iba a ayudar como él me comentó, sino que haría lo posible para que yo perdiera mi trabajo, porque él tiene trato directo con el presidente de la República, con el gobernador del estado y que sería muy fácil hacer que yo me quedara sin trabajo, acto seguido se levantó de la cama para sujetarme y golpearme. En esos momentos, ya me sentía completamente aterrada por lo que estaba sucediendo y desafortunadamente mi única reacción fue quedarme callada e inmóvil pues tenía tanto miedo que en caso de resistirme me fuera peor dada la diferencia física entre mi atacante y yo. Es así que Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, sin mi consentimiento y por la fuerza me violó, llegando a eyacular”, expresó la víctima.3

“Al término de la agresión física y violación, la amenazó diciéndole que lo sucedido era mejor no mencionarlo, pues nadie le iba a creer, además de que él tenía gente influyente que lo apoyaría en caso de denunciarlo y ella perdería su trabajo. También, Manuel Huerta presumió de ser un hombre de palabra, pues le cumpliría con darle un buen trabajo en la Delegación de Bienestar, así que era mejor que se vistiera para llevarla nuevamente a su domicilio.”4

Si bien, no fue denunciado de manera inmediata, fue porque la amenazó física y verbalmente con destrozar su reputación, perder su trabajo, y con que la denuncia no prosperaría. Con mucho valor, la víctima interpuso la denuncia con la firme decisión de impedir que este sujeto siga agrediendo sexualmente a más mujeres y cause mayor daño.

El artículo 2 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; el numeral 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; “Convención de Belem do Para”; los artículos 184 y 185 fracción I del Código Penal del Estado de Veracruz y los artículos 6 fracción IV y 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la estrategia de demeritar a la víctima, aniquila la autoestima de la afectada. Por eso y por los ataques mediáticos y en redes sociales perpetrados en su contra, muchas de las víctimas no interponen denuncia.

Lo único que pide la denunciante es que se ejerza acción penal en contra de Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice en sus primeros dos párrafos:

Artículo 184.- A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.

También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima.

Y que, de determinarse su consignación, se considere como agravante su carácter de funcionario público, toda vez que de acuerdo con este precepto:

Artículo 185. La violación se considerará agravada, y se sancionará con pena de diez a treinta años de prisión y multa hasta de mil días de salario

IV: Que se cometa por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión públicos, o en ejercicio de una profesión, empleo o ministerio religioso, utilizando los medios o circunstancias que ello le proporciona.

En Acción Nacional no comprendemos como cómo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el presidente López Obrador siguen afirmando que defienden a las mujeres, cuando existen casos alarmantes, presuntamente perpetrados por funcionarios públicos -sus correligionarios-, de abuso de autoridad, agresión física y violación, amenazando a la víctima de irle peor en caso de interponer denuncia.

Por lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que instruya se realice, conforme a derecho, la investigación correspondiente estimando todas y cada una de las pruebas presentadas por la denunciante; y, en caso de ser procedente, se determine la consignación de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ante el Poder Judicial, con motivo de la denuncia presentada en su contra por el delito de violación agravada, dado su carácter de servidor público.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Veracruz para que, en uso de sus facultades y atribuciones, acompañe a la víctima, toda vez que el presunto responsable se desempeña como funcionario público.

Notas

1 Información consultada el 090920, en https://periodicoveraz.com/
super-delegado-manuel-huerta-denunciado-por-violacion-la-victima-es-amenazada/
?fbclid=IwAR2WI8jJYlASbqzTg5gas2tjUC-r1cur9Oqhjx-vJqluRWtwKLQJ9NWWVMk

2 Información consultada el 090920, en https://periodicoveraz.com/
super-delegado-manuel-huerta-denunciado-por-violacion-la-victima-es-amenazada/
?fbclid=IwAR2WI8jJYlASbqzTg5gas2tjUC-r1cur9Oqhjx-vJqluRWtwKLQJ9NWWVMk.

3 Ídem.

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y el IFT a considerar proporcionar en espacios públicos de las poblaciones marginadas el uso gratuito de internet, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal del Grupo de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

El uso de internet que es una red global de información y el acceso a las nuevas tecnologías de la población es de gran importancia para el desarrollo cultural y educativo. En muchos de los casos las empresas no invierten en las zonas más alejadas porque no le ven retribución económica.

En las zonas céntricas se llenan de antenas, llenando de señal las zonas céntricas, en la renta de edificios para instalación de antenas, tratando de ganar mayor espacio en el mercado competitivo.

La falta de infraestructura en el país y los altos precios generan que un alto porcentaje de la población no tengan acceso al internet.

Cuando se habló del proyecto de México Conectado una red nacional desarrollada por el gobierno de la República y que tiene a su cargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual pretende garantizar la conectividad de la población a Internet, la intención era potencializar las zonas más alejadas, este proyecto constaba de 5 fases.

Cada estado debe llevar a cabo un procedimiento que consta de cinco fases:

1. Instalación de mesa de coordinación estatal: conformada por autoridades se definen aquellos espacios en los que se ha de implementar el servicio, de acuerdo a las necesidades y se analizan los activos disponibles.

2. Planeación: analizar cuáles son los espacios que requieren la conectividad y qué ancho de banda de acuerdo al espacio y necesidades del mismo.

3. Licitación: Diseño y ejecución de la misma.

4. Implementación: Despliegue de redes para brindar conectividad a los sitios.

5. Operación: Se da seguimiento acerca del uso, aprovechamiento, funcionamiento y supervisión técnica de las redes.

Las intenciones son buenas, pero está funcionando solo en ciertos ámbitos (zonas centrales), siguen quedando en el rezago las comunidades más necesitadas, estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán o Guerrero sólo por mencionar algunos, siguen teniendo el más alto índice de pobreza y analfabetismo y ahora digital. Se ha dado una fuerte reducción en el recurso de este proyecto aproximadamente del 80 por ciento.

En toda la República Mexicana hay esos huecos digitales es decir en donde no llega una red pública de internet, y ahora que estamos en tiempos de cuarentena por este confinamiento sanitario por el Sars-Cov2 Covid-19, todas las actividades escolares y laborales se ha trabajado y se sigue trabajando a través del uso del internet.

En nuestra Carta Magna en el párrafo tercero del artículo 6o. menciona:

Artículo 6o. ...

...

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

VI...

Todo ello contemplado en el capítulo I que corresponden a los Derechos Humanos y sus Garantías, siendo de orden Internacional.

Es de suma importancia mencionar que no todos tienen el acceso a una red de internet gratuita, hay padres de familia que tienen que pagar para sus hijos hagan el uso de cafés internet donde se les cobra por tiempo llevando a los padres a decidir si pagan el uso o comen, así mismo se contempla en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su numeral XLIII del artículo 3, la inclusión digital.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. ...

XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas;

LXXI. ...

Y en su numeral XXXI artículo 15 se menciona:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al instituto:

I. ...

XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;

LXIII. ...

Como se puede apreciar todo está plasmado en las Leyes, que la población en general tenga el libre acceso en espacios públicos como quioscos, plazuelas etc. donde se les proporcione internet gratuito, dando así una igualdad de oportunidades y desarrollo, situación que no está ocurriendo en este momento.

Es por ello de suma importancia determinar conjuntamente entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), considerar en las licitaciones de los concesionarios y autorizados la cobertura de internet gratuito en espacios públicos en zonas marginadas y muy alejadas .

Es de suma urgencia por la contingencia sanitaria por la que está atravesando el mundo y que el trabajo, tareas y demás actividades laborales, educativas no se pueden llevar de manera presencial, todo de forma digital.

Por las consideraciones antes expuesta, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para considerar proporcionar en espacios públicos de las poblaciones marginadas el uso de internet gratuito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex y Liconsa a satisfacer la demanda del Programa de Abasto Social de Leche y aumentar el padrón de beneficiarios de éste, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Programa de Abasto Popular Liconsa, a cubrir la demanda del Programa de abasto social de leche, asimismo para que aumente el padrón de beneficiarios del programa a fin de garantizar la alimentación sana de los mexicanos menos favorecidos, con base en las siguientes

Consideraciones

En días pasados se hizo público en distintos medios de comunicación un aviso atribuido al gerente de abasto de la Segalmex y encargado de la dirección de abasto social de Liconsa, en el mismo se advierte sobre un recorte en la producción y distribución de leche que afectaría la atención a los beneficiarios del Programa de abasto social de leche, además de impedir el empadronamiento de futuros beneficiarios.

El funcionario de Segalmex alertó sobre el recorte en la distribución de leche líquida, Frisia y en polvo, señalando: “Esta reducción será homogénea para todos los Centros de Trabajo y para este mes de agosto deberá procederse de manera inmediata a realizar esta adecuación en el sistema, por lo que se generará un nuevo oficio de autorización”.

Indicó que la nueva programación de embarques se verá limitada a 992 mil 550 litros para el caso de leche Líquida, 13 mil 520 de leche Frisia, y 645 mil de leche en polvo.

El desabasto de leche para atender el Programa de abasto social de leche, es consecuencia de una austeridad mal entendida emprendida por la actual administración, esta política de irracional austeridad afecta a los mexicanos menos favorecidos.

Pruebas de la afirmación anterior sobran, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es el mejor ejemplo, miles de mexicanos han muerto por falta de medicamentos y atención médica oportuna, hasta julio pasado nuestro país presentaba un exceso de mortalidad del 55 por ciento, esto en comparación con el número de decesos esperados para este año. En la primera semana de julio se contabilizaban –únicamente en las 20 entidades federativas monitoreadas– 71 mil 315 muertes más de las esperadas para el primer semestre del año, de ese tamaño es el desastre de la salud pública en nuestro país. A este número de exceso de mortalidad habrá que sumar la que se presente en las 12 entidades federativas que no fueron incluidas en el estudio.

Circula en redes sociales un video donde beneficiarios de Liconsa protestan por la falta de leche; en el vídeo se observa como el responsable del local de distribución de leche Liconsa les dice a los inconformes: “No hay novedad, ya les habíamos advertido, El Peje nos recortó el suministro de leche”, añadiendo, “Si tienen algo qué reclamar, acudan al número que viene atrás de sus tarjetas de suministro”.

Sobre lo anterior, un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicado el pasado 25 de agosto, revela como en el primer año de gobierno de la actual administración Liconsa dejó de dar cobertura a casi medio millón de beneficiarios y aumentó el precio de la leche que distribuye en un 150 por ciento en municipios en extrema pobreza, así lo señala dicho estudio:

Liconsa dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial.

Todo esto ocurrió en 2019, el primer año del actual gobierno federal, cuyo lema ha sido “Primero los pobres”.

Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de la propia Liconsa revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 millones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto. Es decir, se dejó sin leche a más de 478 mil mexicanos.

La cobertura alcanzada en 2019 fue, además, la más baja en una década. En 2010 el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios y en 2013 llegó a un récord de 6 millones 490 mil, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo que se refiere al aumento desproporcionado en el costo de la leche Liconsa, el estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indica:

Además de atender a menos personas, el Consejo de Administración de Liconsa decidió a mediados de 2019 incrementar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país.

El precio del litro a esos municipios era de 1 peso y a partir de julio de 2019 se elevó a 2.50 pesos, un incremento de 150 por ciento, según el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 352 del 11 de junio del año pasado.

Además, el mismo Consejo decidió en esa sesión recortar el número de municipios cuya población recibía la leche subsidiada. De un listado de 616 municipios en los que se vendía la leche a un peso, el padrón quedó en 549 con el nuevo precio de venta de 2.50 pesos.

Se dejó fuera 67 municipios con elevada marginación, que equivale a 10 por ciento del padrón anterior. Entre las localidades que quedaron fuera están Atarjea, Guanajuato; Calakmul, en Campeche; Tamazula y Topia, en Durango; Carácuaro, Chinicuila y Churintzio, en Michoacán y Pinal de Amoles, en Querétaro, todos municipios con bajo índice de desarrollo humano.

Con esa medida se redujo el volumen de leche entregada a la población más marginada.

El estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad deja al descubierto una más de las contradicciones de la actual administración; está claro que el Primeros los pobres no pasa de ser un eslogan hueco que contradice las acciones que la actual administración emprende todos los días contra los mexicanos más pobres.

Hoy, como consecuencia de esa austeridad mal entendida decretada por el gobierno a Liconsa, cientos de miles de mexicanos no podrán contar con leche subsidiada, poniéndose en riesgo la salud de millones de mexicanos que no cuentan con los recursos para adquirir leche a precio de mercado.

Resulta increíble pensar que el gobierno este reduciendo el presupuesto de Liconsa en plena crisis económica, justo cuando nuestro país sufre un empobrecimiento generalizado, cualquier otro gobierno estaría aumentando el presupuesto a Liconsa para atender a los pobres que ha dejado la mala administración sanitaria y económica del Covid-19.

En esta misma lógica, la respuesta del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y en voz del encargado de la pandemia de Covid-19 es que el sobrepeso y las enfermedades preexistentes son las culpables del elevado número de muertes en nuestro país; resulta contradictorio que se disminuyan los recursos a un programa que garantiza el acceso de los menos favorecidos a un alimento sano y nutritivo como es la leche.

Pero además, dicho personaje ha festejado las reformas legislativas de los congresos de Oaxaca y Tabasco que prohíben la venta de refrescos, panes empaquetados y dulces a menores de edad; sin embargo, no ha dicho nada sobre el recorte a Liconsa y la falta de programas del gobierno federal y en particular de la Secretaría de Salud para activar físicamente a los mexicanos y enseñarles buenas prácticas nutricionales.

En este sentido, el presente punto de acuerdo exhorta a la Segarmex y Liconsa para que ambas garanticen el abasto de los beneficiarios del Programa de abasto social de leche y amplíen su cobertura a fin de atender a los mexicanos que como consecuencia del emprobrecimiento que sufre el país, requieran del subsidio.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de Segalmex y Liconsa, a cubrir la demanda del Programa de abasto social de leche, asimismo para que aumente el padrón de beneficiarios del programa a fin de garantizar la alimentación sana de los mexicanos menos favorecidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a emitir por la Dirección General Adjunta de Normatividad y Permisos de Autotransporte el Reglamento de Grúas, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal del Grupo de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México cuenta con 378 mil 923 km de carreteras que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre todas las poblaciones, son elementales por comunicación, para tener acceso a servicios de salud, de educación y una gran diversidad de necesidades por cubrir.

Las carreteras son herramientas de trabajo de los autotransportista que conjuntamente con sus camiones transportan todas las mercancías e insumos se requieren en todas las ciudades para sus destinatarios, y es por ello que se ven obligados a utilizarlas, pero a cada momento son detenidos por las patrullas de la policía federal y por las patullas también de la Guardia Nacional todo por el hecho de seguir sin un reglamento de grúas ya en estos tiempos, donde no se especifica de manera concisa sus cobros así como sus atribuciones.

Las aportaciones al producto interno bruto por parte de los autotransportistas son en suma considerable.

Representa una importante fuente de empleos, aproximadamente seis y medio millones de familias, dependen directa e indirectamente del autotransporte de carga. Moviliza 556 millones de toneladas de productos, esto equivale al 81.3 por ciento de la carga terrestre, el 55.5 por ciento de la carga doméstica total.

La población de unidades del autotransporte de carga, conformada por 982 mil 856 unidades se compone de 496 mil 57 unidades motrices.

Respecto a la estructura empresarial, el número de permisionarios asciende a 152 mil 487, donde:

• Micro Transportista

1 a 5 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 123 mil 73; 80.7 por ciento
Total de vehículos: 231 mil 956; 23.6 por ciento

• Pequeño Transportista

6 a 30 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 25 mil 189; 16.5 por ciento
Total de vehículos: 290 mil 265; 29.6 por ciento

• Mediano Transportista

31 a 100 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: 3 mil 183; 2.1 por ciento
Total de vehículos: 161 mil 520; 16.4 por ciento

• Gran Empresa Transportista

Más de 100 unidades vehiculares
Número de Permisionarios: mil 42; 0.7 por ciento
Total de vehículos: 299 mil 115; 30.4 por ciento

Tan solo en el año 2019, el 61.2 por ciento del total del valor de las exportaciones de México fueron transportadas por carretera y de las importaciones representó el 48.2 por ciento.

Como podemos apreciar en estas cifras nos hablan de la cantidad tan enorme que genera de empleos, de cuantas familias depende de esta actividad productiva y la cantidad de impuestos importante que aportan.

No obstante, por no contar con un reglamento de grúas que responda a las necesidades imperantes de hoy, los autotransportista y en general todos los usuarios de las carreteras están a merced de abusos de diversas formas de las grúas y de la policía federal de caminos.

Por mencionar un caso, si tienes seguro o incluso si no lo tuvieras y deseas mover tu unidad porque sufriste un accidente en una carretera, tienes tres problemas. Uno la policía no dejará que muevas tu unidad con cualquier grúa que te convenga, tienes que usar la que está concesionada por el gobierno para hacerlo y ésta cobra demasiado dinero por hacerlo, mientras que, al mismo tiempo por ley, el seguro que tengas contratado no podrá ayudarte.

En otros de los casos, si llegas a requerir el servicio de grúa de manera independiente, es decir sin contar con un seguro ésta te cobra desde el momento en que la ordenaste por teléfono, cuando llega contigo y por el traslado. Es decir, digamos que te arrepientes de haberla pedido y alguien más te ayudo a mover la unidad, si la grúa llega al punto establecido, te encuentra y tú la rechazas, tienes que pagarle el servicio una parte proporcional por haber ido a tu ubicación.

Otro caso es que si una grúa pasa por casualidad en el lugar del accidente o mal funcionamiento del vehículo donde te encuentres, te ofrece ayuda y tu aceptas, el usuario de la grúa procederá a enganchar tu auto, el costo de la misma empieza desde que levanta tu auto hasta que lo vuelva a bajar en el punto de destino aquí otro dato sorprendente es que supongamos otra vez que ya no requieres el servicio, la grúa por sólo haber levantado tu vehículo y bajarlo en el mismo sitio requerirá que le pagues por esa acción.

Como se puede apreciar en estos casos que en la práctica hay muchos más casos por los que abusan tanto las grúas como la policía.

Es tan así que se han dado casos, aunque suene increíble o incoherente es dejar perder el vehículo. Nos encontramos con muchos casos que el precio del servicio de estas grúas concesionadas es realmente tan caro que si el vehículo es algo viejo o el daño es tan costoso de reparar que sumando ambos importes les resulta a muchos afectados mejor comprar otro vehículo o de plano superaba en si el precio comercial de su unidad, que la dejaban en el lugar del siniestro.

Ahora manteniendo el mismo tenor, se cita un ejemplo en específico, tenemos el caso de Tabasco en donde el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad permitió nuevos cobros por los servicios de arrastre y salvamento, un incremento del 87.4 por ciento por banderazo y factor cobro por vehículo kilometro y en el caso de tramos que no estén pavimentados se incrementa aún más un 25 por ciento.

En el caso de servicios de zona urbana, alcanzan un costo equivalente al doble de la anterior tarifa, vigente desde agosto del 2007.

Así un tractocamión pagaría $2,000 y un semirremolque $4,000.

De igual forma se dio este incremento al doble, en salvamento de vehículos accidentados en carreteras de jurisdicción estatal, aunque en este segmento las cuotas se cobran se cobran por hora de servicio.

Además, en el caso de equipos de salvamento fuera del camino, a las cuotas por maniobra se les agregara un 50 por ciento más sobre la tarifa base, pero considerando el tipo de grúa, las condiciones del rescate y las de la unidad accidentada.

Se aprecia que sin un Reglamento se conducen los permisionarios de manera arbitraria.

Ya desde inicios de mayo del 2012 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) lanzó una consulta pública para modificar el anteproyecto reglamento de servicios de arrastre de vehículos auxiliares al autotransporte federal a fin de modernizar el marco legal, dar más seguridad a los usuarios, y agilizar los procedimientos internos e incentivar la competencia.

El anteproyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indica que se regularán en gran medida, los cobros excesivos a cargo de los permisionarios de grúas, equivalentes hasta el 500 por ciento del costo real para los salvamentos fuera del camino y la unilateralidad en el establecimiento de tarifas, lo cual representa en la actualidad el 95 por ciento de las inconformidades presentadas por los usuarios.

Se prevé que al desregular las tarifas para los servicios de grúas y ante la posibilidad de que dichos permisionarios puedan registrar las mismas, el usuario del servicio tendrá la certeza de los cobros a los cuales se sujetará con motivo de un siniestro.

El anteproyecto también prevé modificaciones a la Norma Oficial NOM-053-SCT-2-2010, referente al transporte terrestre características y especificaciones técnicas y de seguridad de los equipos de las grúas para arrastre, arrastre y salvamento.

Además, la propuesta contempla la figura del estudio de factibilidad como requisito para el otorgamiento del permiso de salvamento, con el cual se pretende incentivar la competencia de los mercados, ya que dicho estudio evitará que exista una sobreoferta de prestadores en un tramo carretero.

Es por ello que es tarea de las autoridades no solamente publicar el reglamento, si no también vigilar su cumplimiento, ya que los gruyeros (conductores de las grúas), abusen de manera indiscriminada de las tarifas que son toleradas por las autoridades.

Este nuevo Reglamento de Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares en el Autotransporte Federal se viene trabajando desde años atrás, pero se le ha tenido en espera por las administraciones federales anteriores.

Se tiene urgencia de concretar y activar estas propuestas para poner orden en el ámbito de las grúas y evitar así los actos de abuso a los autotransportistas.

Por las consideraciones antes expuesta, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. - La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección General Adjunta de Normatividad y Permisos de Autotransporte se emita el Reglamento de Grúas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Conagua para que proporcione acceso continuo y suficiente de líquido a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii

En México, 10.5 millones de familias no cuentan con agua potable diariamente en su casa. La carencia de este servicio, de acuerdo con especialistas en derechos humanos, se convertirá en uno de los mayores retos para afrontar la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus.iii

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió la semana pasada que la lucha contra esa enfermedad tiene pocas posibilidades de éxito si no se garantiza que las personas tengan el líquido para lavarse las manos.iv

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los habitantes de una de cada tres casas registradas en el país no tienen agua todos los días.vs

“Se puede observar que 68 por ciento de los hogares —22 millones 428 mil 142— reciben agua, mientras que 25 por ciento —8 millones 411 mil 920— la obtienen cada tercer día, una o dos veces por semana, o de vez en cuando.vi

“En tanto que 7 por ciento —2 millones 85 mil 208— no la tienen y la consiguen acarreándola de otra vivienda, una llave pública, pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o mediante pipas”, de acuerdo con el Inegi.vii

En un posicionamiento que emitió desde Ginebra un panel de expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se resaltó que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital para afrontar el Covid-19.

Se pidió a los gobiernos del mundo que proporcionen acceso continuo a suficiente líquido a las poblaciones más vulnerables.

De acuerdo con las Naciones Unidas, “la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable”.

“El acceso limitado las hace más propensas a infectarse, lo que da lugar a enfermedades y medidas de aislamiento. Esto dificulta que las personas sin seguridad social sigan ganándose la vida y su vulnerabilidad aumenta.

La desigualdad se verá reflejada en que, manifestó, habrá gente que tiene que ir a trabajar a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa y otros que no contarán con acceso a la seguridad social.

Los gobiernos deben aplicar medidas para romper este ciclo, ante ello, el Estado mexicano tendría que procurar medidas para que la ciudadanía tenga oportunidad a los derechos sociales, económicos y culturales.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que en aras de garantizar la prestación del servicio de agua y la vida de las personas más vulnerables, el gobierno federal garantice el acceso continuo y suficiente de agua a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se garantice la prestación del servicio del agua a todos y en particular a las poblaciones más vulnerables, debido a la contingencia sanitaria actual, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a sus homólogos en las entidades federativas, para que proporcionen acceso continuo y suficiente de agua a las poblaciones más vulnerables ante la contingencia sanitaria Covid-19.

Notas

i Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 20 de marzo de 2020.

ii Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 20 de marzo de 2020.

iii Teresa Moreno, Acceso al agua, desafío frente al Covid-19, El Universal, Compañía Periodística Nacional, consultado por última vez el 8 de abril de 2020 en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acceso-al-agua-desafio-frente-al- covid-19

iv Ibídem.

v Ibídem.

vi Ibídem.

vii Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Fovissste a incorporar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como dependencia autorizada del programa especial destinado a reactivar la economía ante el Covid-19 Perec, Tu Casa te Espera, y establecer un periodo especial de registro para el personal médico de esa dependencia, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Lucía Flores Olivo integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El 22 de mayo de 2020, el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), arquitecto Agustín Rodríguez López, presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el esquema crediticio “Tu casa te espera”1 , con el fin de apoyar y reconocer a los trabajadores del sector salud de todo el país por su labor al frente de la pandemia por la Covid-19.

En esa ocasión, se detalló que a través del Fovissste se otorgarán 2 mil 500 créditos “tradicionales” para doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros. Estos créditos se dividirán en dos modalidades: mil 500 serán para vivienda nueva y mil para poder construir en terreno propio, contribuyendo a la reactivación económica con una derrama calculada en aproximadamente mil 875 millones de pesos.

Asimismo, se destacó que podrán participar trabajadores que ejerzan su crédito por primera vez, que al momento de la inscripción tengan nueve bimestres cotizados al Fondo y con la posibilidad de ser mancomunado entre cónyuges. Además este programa especial tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

El 12 de julio de 2020, Fovissste anunció vía comunicado de prensa2 la apertura del proceso de inscripción al programa, conforme a las bases de la convocatoria3 publicada en el portal de internet de la Institución. En este documento se establece que “el periodo para el registro de las solicitudes de inscripción iniciará el 13 de julio de 2020, a partir de las 9:00 horas (hora del centro) y concluirá el 13 de agosto del mismo año, a las 18:00 horas (hora del centro), a través del portal institucional del Fovissste” seleccionando la opción “Registra tu solicitud”.

La convocatoria está dirigida a las (os) derechohabientes trabajadoras (es) del sector Salud en activo, de acuerdo con las siguientes bases:

a) Que sea el primer crédito hipotecario que en su caso, obtenga con el Fovissste. La presente convocatoria no aplica cuando la (el) interesada(o) tenga un crédito vigente, por parte del Fovissste. No aplica para el otorgamiento de un segundo crédito del Fondo de la Vivienda.

b) Que la (el) solicitante no esté ejerciendo otro crédito hipotecario, una acción de vivienda o en su caso la haya liquidado previamente.

c) Que al momento de la inscripción sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Fovissste por más de 9 bimestres, conforme a los artículos 169 fracción I y 179 de la Ley del ISSSTE, so pena de cancelación del crédito en cualquiera de sus etapas.

d) Que registren su solicitud de inscripción al programa “Tu casa te espera”, a través del medio indicado en el numeral segundo de la presente convocatoria.

Una vez registrada la solicitud del trabajador, serán asignados los créditos conforme al número de folio correspondiente que se otorga al momento de llevar a cabo la inscripción al Programa y posteriormente deberán ser presentados y dictaminados por el Grupo de Trabajo de Atención a Acreditados, en las sesiones ordinarias del seis de agosto y tres de septiembre de 2020. Mientras que los créditos dictaminados como procedentes podrán conocerse en el portal del Fovissste, al dia siguiente de la celebración de las sesiones del grupo de trabajo, es decir, el 7 de agosto y el 4 de septiembre del presente año.

En la página de internet, especifica un listado de 62 dependencias del sector Salud autorizadas4 para que sus trabajadores sean beneficiarios de este programa especial, las cuales van desde: Secretaría federal de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría estatal de Salud, institutos de salud nacionales, institutos de salud estatales, hospitales generales, hospitales de especialidades y servicios de salud.

De la Ciudad de México se contempla a los trabajadores de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, que de acuerdo a su Estatuto Orgánico es “un organismo descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención médica de primer nivel”5 .

Pero en la capital del país la protección a la salud pública se da bajo dos pilares: Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa). El primero se enfoca en la atención de primer nivel y dependen de este organismo los Centros de Salud, Unidades Médicas de Especialidad (Unemes) y Clínicas de Especialidades. Mientras que la Sedesa atiende al primero, segundo y tercer nivel a través de la operación de la Red de Hospitales Públicos de la ciudad: Hospitales de especialidades, hospitales generales, hospitales materno infantiles y hospitales pediáticos.

En esta emergencia sanitaria la infraestructura de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal han tenido la tarea de ser centros “Triage Respiratorios”, con el objetivo de identificar a pacientes con signos y síntomas de esta enfermedad respiratoria, para disminuir el riesgo de contagio y tiempo de espera en la atención. Una vez que son identificados, los pueden referenciar a Hospitales Covid-19.

Por su parte, la infraestructura de la Sedesa ha contribuido a mitigar esta pandemia a través de dos tareas: algunos son centros “Triage Respiratorios”, pero otros han sido adaptados para atender a pacientes con esta enfermedad. De hecho, en la red hospitalaria para atención de personas con Covid-19 de la Ciudad de México6 contempló –durante el periodo más álgido de la pandemia– a ocho hospitales pertenecientes a esta Secretaría, los cuales son: Hospital General Balbuena, Hospital General Dr. Rubén Leñero, Hospital General Enrique Cabrera, Hospital General Xoco, Hospital General Tláhuac, Hospital General Ajusco Medio, Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario Dominguez y el Hospital Pediátrico La Villa.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México está desempeñando una valiosa y permanente labor en esta emergencia sanitaria, a través de su personal médico. A pesar de ello, el Programa Especial para reactivar la Economía ante el Covid-19 “PEREC” (Tu Casa te Espera) no contempla a doctoras (es) y enfermeras(os) de esta dependencia, lo cual es por demás injusto para estos trabajadores ya que también son derechohabientes del ISSSTE y cotizan al Fondo de Vivienda.

Actualmente estos trabajadores no pueden ser beneficiarios del programa del Fovissste por cuestiones meramente administrativas, las cuales se deben subsanar lo antes posible para que estén en igualdad de condiciones con el resto del Sector Salud, con la finalidad de ejercer su crédito hipotecario.

La Ciudad de México ha sido uno de los epicentros de esta pandemia, naturalmente por la cantidad de habitantes y la densidad demográfica de esta urbe. Y no se puede soslayar que el personal médico de esta Secretaría ha contribuido estratégicamente junto a otras instituciones, en la recuperación de más de 20 mil personas hospitalizadas en la capital, con base en la última información estadística del gobierno local.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de incorporar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como dependencia autorizada del Programa Especial para reactivar la Economía ante el Covid-19 (Tu casa te espera), así como establecer un periodo especial de registro para el personal médico de esta dependencia.

Notas

1 Fovissste (22 de mayo, 2020). Reconoce Fovissste labor de trabajadores de la salud y lanza "Tu Casa te Espera". Comunicado de Prensa. Recuperado de:

https://www.canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/
0123_220520_FOV_reconoce_labor_de_trabajadores.pdf

2 Fovissste (12 de julio, 2020). Abre Fovissste proceso de inscripción de "Tu Casa te Espera" para trabajadores de la salud, Comunicado de Prensa. Recuperado de:

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/
abre-fovissste-proceso-de-inscripcion-de-tu-casa-te-espera-para-trabajadores-de-la-salud-247983

3 Convocatoria para la solicitud de inscripción al programa "Tu casa te espera". Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562841/Co nvocatoria_TU_CASA_TE_ESPERA.pdf

4 Dependencias del sector salud autorizadas para el programa "Tu casa te Espera". Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563341/DE PENDENCIAS_SECTOR_SALUD_AUTORIZADAS.pdf

5 Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Recuperado de:

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public /578/050/463/57805046378b8662151635.pdf

6 Portal Hospitales Covid-19. Recuperado de:

https://hospitales.covid19.cdmx.gob.mx/public/hospitales /EstatusHospitales.xhtml?tamizajeRealizado=t

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Lucía Flores Olivo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a modificar su legislación para incorporar la violencia digital entre las formas de acoso hacia mujeres y –en sus marcos legales– proteger de acoso, hostigamiento u otro tipo de agresión virtual, agravado por motivo de género, a los usuarios, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, la llamada Ley Olimpia está inspirada en la lucha de Olimpia Coral Melo, una joven que a los 18 años de edad fue víctima de un hombre que difundió en internet un video íntimo que grabaron juntos. La afectación en Olimpia la llevó a intentar suicidarse tres veces. Pero después la joven luchó para que se castigue a quienes difundan en la red contenido íntimo de las mujeres sin su consentimiento.1

El triunfo de su activismo en 2018 inspiró para que se les llame así al conjunto de reformas legislativas para reconocer la violencia digital y las conductas que atenten contra la intimidad sexual de una persona, como videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, entre otras conductas. De inmediato, organizaciones feministas del país adoptaron el esfuerzo y lo intentan replicar en los estados de la República.2

Hasta el momento, ha sido aprobada en 24 estados con el impulso de Olimpia Coral Melo, junto con la sociedad civil organizada. Los dos casos más recientes sucedieron a principios de septiembre, en Quintana Roo y Jalisco.3

Otro problema que también destaca la sociedad civil, es que no existe una reforma homologada para todo el país, creando una brecha de diferencia entre la conceptualización de intimidad en cada Código Penal, ya sea a través de la Ley Olimpia o cualquier otra ley que contemple la violencia digital.4

“Las autoridades están abriendo una diferente definición de lo que es la imagen íntima, imagen sexual, cuerpo desnudo, cuerpo semidesnudo; así como las diferentes sanciones [...] hay 15 verbos que terminan siendo sinónimos para hablar de lo mismo: difusión de imágenes íntimas. Entonces se vuelve un poco complicado de cómo perseguirla porque cada estado y cada gobierno está entendiendo la violencia digital y la difusión de imágenes íntimas desde diferentes aspectos.”

“Al dar un seguimiento en el marco legal hemos visto que cambia mucho a cuando se plantea la iniciativa, cómo se aprueba en el Congreso y cuando es publicada en la Diario Oficial o en el Código Penal de cada estado”.5

Es entonces, que en Jalisco y Quintana Roo se aprobó recientemente la Ley Olimpia, que sanciona violencias sexuales digitales. Ya son 24 entidades en México. Sin embargo, activistas advierten que no es suficiente legislar para acceder a la justicia si las autoridades encargadas no cuentan con protocolos y una capacitación sobre violencia digital.

Asimismo, recientemente, la diputación permanente del Congreso de Tamaulipas dictaminó procedente las reformas al Código Penal del Estado, para incorporar los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad, que contemplan castigos hasta de 5 años de cárcel y hasta casi 11 años, respectivamente.

Por el momento, es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre este tema lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

Los retos en materia de seguridad en el entorno digital son grandes y es indispensable generar los marcos legales que protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión en el ciberespacio.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las entidades federativas, armonicen su marco legal con la reforma a la fracción sexta al artículo 6 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, que incluye a la violencia digital entre las diversas formas de acoso hacia mujeres, para homologar los marcos legales que protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión en el ciberespacio, además de implantar protocolos de atención para la atención de las víctimas de violencia digital para los órganos encargados de impartir justicia.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que las entidades federativas, armonicen su marco legal con la “Ley Olimpia” para castigar la violencia digital contra las mujeres y niñas, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades para modificar su legislación para incorporar la violencia digital entre las diversas formas de acoso hacia mujeres, y que sus marcos legales protejan a los usuarios para que no sean víctimas de acoso, hostigamiento o cualquier tipo de agresión virtual, agravado por motivo de género, además de implementar protocolos de atención adecuados para la atención de las víctimas de violencia digital para los órganos encargados de impartir justicia.

Notas

1 Ximena Torres, Fernanda Lattuada y Éric Sandoval/Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz, Ley Olimpia avanza pero faltan protocolos, revista Pie de Página, consultado por última vez el 17 de septiembre de 2020 en https://piedepagina.mx/ley-olimpia-avanza-pero-faltan-protocolos/

2 Ibídem.

3 Ximena Torres, Fernanda Lattuada y Éric Sandoval/Zona Docs y Ricardo Hernández Ruiz, Ley Olimpia avanza pero faltan protocolos, revista Pie de Página, consultado por última vez el 17 de septiembre de 2020 en https://piedepagina.mx/ley-olimpia-avanza-pero-faltan-protocolos/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a priorizar, promover y desarrollar el fomento de la lectura antes, en el transcurso y después de los planes y programas de educación a distancia llevados a cabo para prevenir los contagios de Covid-19, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las complicaciones que ha traído la pandemia por el Coronavirus, políticas, económicas, sociales, culturales, deportivas y/o educativas. En esta última, se han reflejado visiblemente importantes complicaciones, y para intentar revertir las dificultades presentadas, se han presentado diversas propuestas.

La educación a distancia es una de ellas, la cual consiste en una forma de estudiar en la que los alumnos no necesariamente tienen que asistir al aula. Su base es el material de trabajo, los estudiantes, el tutor y el equipo de apoyo para el buen funcionamiento del programa.i Aunque comúnmente se usa para estudios universitarios, actualmente se efectuará, de modo extraordinario, para todos los niveles educativos, sustituyendo al sistema presencial tradicional.

Esto obedece a que Esteban Moctezuma anunció, el 24 de agosto, que el ciclo escolar 202-21 iniciará a distancia porque por la pandemia no hay condiciones para hacerlo de manera presencial. “En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde, es una decisión de las autoridades de Salud”, abundó el titular de la SEP.2

Además, se señaló que el regreso a clases se apoyará en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras. El esfuerzo es enorme, se transmitirán más de 4 mil 550 en programas de televisión y 640 programas de radio en lenguas indígenas. No son transmisiones de entretenimiento, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre los contenidos. Todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se darán diariamente.3

Este sistema incluye grandes beneficios; en lo social, como lo es el distanciamiento para disminuir los contagios por Covid-19; en lo económico, ya que las familias disminuyen gastos de traslados, de alimentación y de útiles escolares; en lo educativo, ya que incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante cambio, tales como las plataformas virtuales, sin dejar de lado el desarrollo de una alta capacidad para autorregular el propio aprendizaje, favoreciendo así actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo.

Sin embargo, este sistema igualmente presenta diversas desventajas, lo que podría desencadenar en un escenario muy grave en materia de educación. La dificultad de transmitir y conservar determinados contenidos actitudinales para mejorar la socialización, posibles retrasos en la retroalimentación y rectificación de errores, una formación académica distinta a la tradicional requiere de cierto nivel de adaptación que puede resultar difícil para algunas personas. De ahí que existan importantes retos sobre este sistema, en términos de aprendizaje.

Empero, no es lo único, la desventaja más fuerte de este sistema se presenta en el hecho de enseñar con “televideos” o “videograbaciones”, y es que para Giovanni Sartori, autor del Homo sapiens al Homo videns”, “a los tele-espectadores les cuesta trabajo pensar, concluir, reflexionar, incluso actuar; y cada vez son menos críticos, más manipulables, menos persona”.

Sartori asegura en su ensayo que “la sociedad actual ha creado un nuevo tipo de niño: el “video-niño”: un novísimo ejemplar de ser humano educado en el tele-ver —delante del televisor— incluso antes de saber leer y escribir. Este acto de tele-ver está cambiando la naturaleza del hombre. Cambiar la naturaleza del hombre no es cosa fácil, pues por algo se trata de su naturaleza, no simplemente de sus actitudes o sus accidentes. La razón de fondo es que la televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del homo sapiens, para convertirlo en Homo videns.”4

Hasta hoy día, el mundo, los acontecimientos del mundo, se nos relataban (por escrito); actualmente se nos muestran, y el relato (su explicación) está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en cualquier pantalla. El problema radica, pues, en que la televisión atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella nuestra capacidad de entender.5

Es decir, cuando el ser humano comienza su formación acompañada de un cúmulo grande y casi exclusivo de videos-imágenes, éstos imponen las ideas y los pensamientos digeridos, eliminando la imaginación; el razonamiento; la reflexión. Como consecuencia, el niño así desarrollado reduce su conocimiento a aspectos sensibles, particulares y concretos, como las imágenes, con serias dificultades para el pensamiento crítico, reflexivo, abstracto, inmaterial y universal. Y la ciencia y el saber son, precisamente, críticos, reflexivos, abstractos, inmateriales y universales.

De ahí que, la televisión y cualquier dispositivo capaz de emitir videos nos están alejando de la cultura, la ciencia, la creatividad, y, por tanto, de un crecimiento humanístico pleno. Cabe observar que la televisión desvía al ser humano de una realización plena en todos los aspectos del ser espiritual, emocional, psíquico, intelectual y artístico.

El problema, por tanto, se encuentra en que hemos dado prioridad a la imagen frente a la palabra o, más precisamente, a la imagen frente al concepto, de acuerdo con la encuestadora Nielsen Ibope, la televisión alcanza diariamente, en promedio, a 6.4 millones de niños de entre cuatro y 12 años de edad, los cuales ven alrededor de cuatro horas con 44 minutos de televisión al día,6 esto significa que los niños pasan más tiempo viendo televisión que estudiando en la escuela (cuatro horas con 30 minutos). Además, se debe considerar, seguramente, que esta cifra se vio aumentada por la cuarentena implementada para disminuir los contagios por Covid-19.

En efecto, existe una facilidad con la que un niño se absorbe cuando mira una pantalla aun antes de aprender el lenguaje. Cuando el niño ingresa a una escuela, éste ha visto, previamente, muchas horas de imágenes televisivas. Esto provoca un deplorable nivel de comprensión de las generaciones más recientes, que, a su vez, nos da como resultado una disminución en las capacidades de desarrollo general de cada individuo, y, por tanto, el perjuicio es en toda la población.

Bajo ese razonamiento, la lectura, en este caso, puede ser una de tantas maneras, quizá la fundamental, para escapar de esa disyuntiva que se nos presenta con la educación videograbada.

Y es que la lectura es una actividad que está caracterizada por ser un pilar fundamental en el proceso de desarrollo educativo e intelectual ya que es un método eficaz para que el estudiante relacione conocimiento con experiencias de la vida real, así entenderá que no son solo líneas en un texto, sino que con ayuda de esta lectura obtendrá un conocimiento, el cual podrá aplicar a su vida diaria, es decir, la lectura se debe de utilizar como una estrategia de enseñanza aprendizaje, debido a que, al estar leyendo, las células del cerebro se estimulan y se desarrolla mejor el pensamiento cognitivo, esto ayudara a mejorar el aprendizaje de los alumnos, aumentando la capacidad de la mente de los mismos.

Es preciso destacar el papel de la lectura como estrategia movilizadora para el perfeccionamiento de capacidades y aptitudes de los estudiantes, capaz de iniciar las dimensiones afectiva, social, cognitiva, y metacognitiva de los alumnos. La omisión de esta estrategia es una pérdida grave e irremplazable en la enseñanza.

Como se ha venido diciendo, la lectura es un objetivo primordial en la educación, pero no solo se debe presentar como una obligación, sino como una costumbre que ayude a toda la sociedad a ampliar su conocimiento, a razonar, a comunicarse, a relacionarse y a comprender a los otros, a ser más creativos y a disfrutar con el mundo mágico de las palabras y de los textos.

En estricto apego a la ley, esta tarea debe ser una de las fundamentales a cargo del Estado mexicano, es imperioso dotar de herramientas adecuadas a la sociedad mexicana, para superar el déficit educativo que es ya una herida profunda y puede ser irreparable en un futuro cercano. Como muestra, los datos expuestos por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2018), que dicen “los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo en el promedio OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. En México, solo el 1 por ciento de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16 por ciento), y el 35 por ciento de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 áreas (promedio OCDE:13 por ciento)”.7

Si se quiere alcanzar los objetivos formativos que las autoridades educativas buscan, habremos de dedicarnos realmente en atacar los problemas que se presentan en este contexto. La escuela mexicana debe de recorrer un largo camino para alcanzar la meta educativa de este año. Debe concebir que la lectura es la herramienta principal del aprendizaje; quien lee y comprende, alcanzará la superación, no solo escolar, sino también laboral en su futuro.

Por esto, se debe entender realmente que la tecnología no es solo para distracción y ocio, sino que puedes sacar realmente provecho de ella, los maestros pueden utilizar el internet y la televisión como método de motivación en sus alumnos, pero será necesario implementar acciones distintas como creación de talleres literarios en las escuelas primarias y secundarias; círculos de lectura; competencias de lectura, oratoria y declamación; creación, desarrollo o rehabilitación de bibliotecas, clubs de literatura, etcétera. Objetivos que estimulan la lectura como una actividad recreativa y no como una obligación escolar.

Lo primordial es hacer que los alumnos desde temprana edad, incluso desde antes de iniciada su vida escolar, vean los libros y lecturas como algo cotidiano, concebir la lectura como un buen pasatiempo y no solo hacerlo por cumplir con tareas o trabajos escolares. No se trata sólo, por tanto, de que los alumnos lean textos relacionados con sus objetivos y contenidos específicos: textos geográficos, históricos, medioambientales, de animales, artísticos, científicos, deportivos, etcétera, durante el tiempo escolar, lo que ya sería un logro importante. Las cuales, además, deberían ser lecturas planificadas cuando se diseñase la asignatura correspondiente y relacionadas con los objetivos de aprendizaje que en ella se establezcan. Pero, esta propuesta va más allá y plantea que el alumno estableciera un tiempo de lectura semanal que se dedique a la lectura de cuentos o novelas, literatura clásica.

La comprensión del significado de los textos debe estar vinculada al desarrollo de la comunicación y del lenguaje. La utilización de diversas formas de expresión como el texto escrito, el dibujo, el teatro o la música pueden servir de soporte y de estímulo a la comprensión lectora y a la calidad educacional.

Es importante destacar que la lectura debe presentarse en distintos formatos. El uso de diversos medios beneficia al interés de los alumnos y la conexión de sus actividades con su entorno familiar y social.

Conviene subrayar que, por un lado, la lectura supone un esfuerzo de concentración y razonamiento, es una realidad activa, poderosa y enriquecedora que desarrolla todos los aspectos del ser. Por otro lado, la televisión promueve la pasividad, es cómoda, cálida, sedante y no exige ningún esfuerzo; según el planteamiento de Sartori, al Homo videns la lectura lo cansa ya que prefiere el significado resumido y fulminante de la imagen sintética. Ésta le fascina y lo seduce. Renuncia al vínculo lógico, a la secuencia razonada, a la reflexión que necesariamente implica el regreso a sí mismo. Cede ante el impulso inmediato, cálido, emotivamente envolvente, sedante. Elige ese modo de vida típico de un bebé, que come cuando quiere, llora si siente alguna incomodidad, duerme, se despierta y satisface todas sus necesidades en el momento.

El razonamiento expuesto hasta ahora destaca la importancia de la lectura para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos y contrarrestar las desventajas de la enseñanza a distancia mediante el televisor o en línea. Por lo que la conclusión es inevitable: la televisión y los dispositivos reproductores de video (dispositivos inteligentes, computadoras, etcétera) a diferencia de los instrumentos de comunicación que los han precedido (hasta la radio), son capaces de dañar el saber y el entendimiento que transmiten, si no se balancean correctamente con demás métodos de aprendizaje como es la lectura.

Estos dispositivos electrónicos nos convierten en seres preponderantemente visuales, nos van reduciendo la capacidad de abstracción, es decir, la capacidad de entender. La imagen se queda con lo que se ve, mientras que el entender implica captar aquello que no se ve.

Debemos enseñar a los alumnos y alumnas la importancia de la lectura. Más aun, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación activa de la mente. Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita eliminando la desventaja más fuerte del sistema de educación a distancia.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a priorizar, promover y desarrollar el fomento a la lectura antes, durante y después de los planes y programas de educación a distancia, llevados a cabo como medida sanitaria para prevenir los contagios por SARS-CoV2 (Covid-19).

Notas

1 "La Educación a Distancia. ¿Qué es y cómo funciona?" [En línea] [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020] Disponible en: http://www.profesiones.com.mx/la_educacion_a_distancia_que_es_y_como_fu nciona.htm

2 El Universal, "Regreso a clases iniciará el 24 de agosto a distancia: SEP" [En línea] [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020] Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/regreso-clases-iniciara- el-24-de-agosto-distancia-sep

3 Ibídem.

4 "Homovidens la sociedad teledirigida" [En línea] [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2020] Disponible en: https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Homo-Vide ns.pdf

5 Ibídem.

6 "A diario, 6.4 millones de niños mexicanos ven televisión" [En Línea] [Fecha de Consulta: 4 de septiembre de 2020] Disponible en: https://www.economiahoy.mx/consumo-eAm-mx/noticias/9852672/04/19/
A-diario-64-millones-de-ninos-mexicanos-ven-television-.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%
20la%20encuestadora,minutos%20de%20televisi%C3%B3n%20al%20d%C3%ADa.

7 "A diario, 6.4 millones de niños mexicanos ven televisión" [En línea] [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2020] Disponible en: https://www.economiahoy.mx/consumo-eAm-mx/noticias/9852672/04/19/
A-diario-64-millones-de-ninos-mexicanos-ven-television-.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%
20la%20encuestadora,minutos%20de%20televisi%C3%B3n%20al%20d%C3%ADa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2020.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conanp a dar a conocer a la opinión pública el estatus del amparo por medio del cual se beneficia la empresa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan por la cesión de una porción de la zona federal marítimo-terrestre de la isla de Holbox, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que de manera inmediata den a conocer a la opinión pública el estatus del amparo por medio del cual se ve beneficiada la empresa “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan”, por la cesión de una porción de la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Isla de Holbox, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La isla de Holbox, que en maya significa “hoyo negro”, se encuentra ubicada en el litoral nororiental de la Península de Yucatán, pertenece al Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo. Es una isla de 40 kilómetros de largo por 2 de anchura y posee aproximadamente 34 kilómetros de playa en el norte.

Es un lugar paradisiaco donde convergen pescadores y turistas y además ha sido escenario de diversos eventos históricos del estado. En la cartografía europea de mediados del siglo XVIII aparece con el nombre “jolvos”. Don José Sabatini recuerda que los hermanos Benigno y Marcelino Jiménez relataban la existencia de un hoyo negro en el mar, entre Yalahau y la isla.i

Debido a la situación geográfica de la isla en la época prehispánica los mayas llegaban a la isla a establecer sus campamentos para la pesca.

En julio de 1847, inicia la rebelión campesina más importante del siglo XIX en América Latina, conocida como “la guerra de castas” y en la región peninsular cercana, fueron abandonados los pueblos de Xcan, Labcah y Yalahau, refugiándose en las islas cercanas, como en la de Mujeres y Holbox.

Documentalmente la isla de Holbox tiene indicios de ocupación en el año de 1952, por medio del reporte del comisionado militar Juan Díaz y el oficio del juez de paz de Isla Mujeres, don Bartolomé Magaña dirigido al gobernador de Yucatán,2 donde se especificaba que había 30 habitantes, y para 1960, únicamente había 500. Inegi reporta que en el Censo 2010 había 1,486 habitantes.

Es importante hablar del origen de la isla, ya que aún en nuestros días, como se mencionó, hay muy pocos habitantes originarios y diversos grupos de avecindados, que cuidan la naturaleza de la isla de forma incansable y constantemente el sentido de identidad de sus pobladores sale a flote, luchando por su isla.

Dada la belleza de su entorno natural, el arribo de los tiburones ballena, la blancura de su arena, la gran variedad de aves marinas y la calidez de sus habitantes, Holbox se ha convertido en un destino turístico de los amantes de la naturaleza, siendo un lugar de verdadero descanso, aventura y pasión por los recursos naturales.

La isla se encuentra protegida por las leyes mexicanas, lo cual no es casual, pues por este estatus han trabajado mucho sus habitantes y numerosos grupos ambientalistas, por lo que el 6 de junio de 1994, se le incluyó en el decreto de creación del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, y su plan de manejo se decretó el 5 de octubre de 2018. Asimismo, el 2 de febrero de 2004, Holbox fue decretada Sitio Ramsar número 1630 del Convenio Internacional Ramsar, ratificado por el Senado de la República.

Especialmente por los ordenamientos citados, es que la isla de Holbox resulta un lugar muy restringido a obras y actividades, predominando en ella prácticamente las de tipo rústico.

Es el caso que esta misma semana ha trascendido en diversos medios de comunicación y redes sociales el siguiente encabezado: “Cede Conanp 2.5 hectáreas de Holbox a jefe de la nuera de AMLO”, situación que ha provocado diversas reacciones, siendo una de ellas, la indignación por tan relevante noticia, pero al mismo tiempo, se desconoce lo que en su momento la Semarnat pudiera tener como su versión de los hechos.

En la comunicación de los medios informativos regionales de la península de Yucatán, como lo son Quinta Fuerza, Ridnoticias, Noticias Pedro Canché, Contrapeso Ciudadano y otras, se establece que esta cesión de 2.5 hectáreas, es en beneficio de una empresa llamada “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan”, donde trabaja Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación por demás grave y que merece ser transparentada.

Hago una pausa en el último de los datos citados, sobre la empresa “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan”, la cual, según medios de comunicación locales, es propiedad del Carlos Álvarez de Alba, jefe de Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que además de cuestionar la defensa jurídica que en su momento hizo la Semarnat, debilita la imparcialidad de la autoridad ambiental sobre el asunto en particular.

Por investigaciones se puede determinar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió, en mayo de 2016, a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un acuerdo de destino de aproximadamente 54 hectáreas de zona federal; al momento en que se hizo la delimitación de la superficie, los particulares no fueron notificados y no se garantizó su derecho de audiencia, ya que el trazo del polígono se realizó en 2013 y fue hasta el año 2016 que se emite el acuerdo, sin que algunos particulares tuvieran conocimiento del hecho.

Por lo anterior, el día 1 de septiembre del 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el juicio de amparo interpuesto por “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan”, deja sin efectos el acto administrativo emitido por la Semarnat, siendo este el acuerdo:

DOF: 1 de septiembre de 2020

Acuerdo por el que se deja insubsistente el acuerdo publicado el 2 de mayo de 2016, por el que se destinó al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 5, fracción XXV, y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

Considerando

Que por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2016, se destinó al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, para uso de protección; por lo que se integró el expediente 1634/QROO/2012 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; sirviendo de base el plano de la delimitación oficial con clave DDPIF/QROO/2013/04, planos 8, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y 37, a escala 1:2,000, que consta de 39 planos, basado en un sistema de coordenadas UTM, Zona 16, Datum de referencia WGS84, con la descripción técnico topográfica que se precisa en el artículo primero del mencionado ordenamiento.

Que en contra de la expedición del acuerdo a que alude el párrafo precedente, entre otros actos reclamados, la empresa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, interpuso el amparo indirecto 729/2016-IV, por el que demando el amparo y protección de la justicia federal, por considerar que violaba su derecho de propiedad respecto de las parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Que en contra de la sentencia pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, promovió recurso de revisión, el cual fue resuelto con fecha 9 de diciembre de 2019, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 709/2019, la que emitió la ejecutoria siguiente:

“Primero. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.

Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, contra los artículos 122 de la Ley General de Bienes Nacionales y 18 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Tercero. La Justicia de la Unión, ampara y protege a los quejosos, contra los planos 12, 13, 14, 33 y 34 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de julio dedos mil trece, así como contra el acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, para uso de protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil dieciséis, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente ejecutoria.”

Que el Amparo en Revisión 709/2019, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió en los términos y para los efectos precisados en el considerando sexto de la citada ejecutoria, los cuales son del tenor literal siguiente:

“...se concede el amparo solicitado, para el efecto de que el director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicte un acuerdo en el que deje insubsistente únicamente los planos 12, 13, 14, 33 y 34 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04, sólo en relación con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que defienden identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.”

“Asimismo de considerarlo procedente, podrá reponerse el procedimiento, sólo en relación con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que defienden identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicados en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con la finalidad de que, una vez concedido el derecho de audiencia, emita la resolución conforme a derecho proceda.”

“Con motivo de lo anterior, por basarse en un diverso acto viciado, también se concede el amparo respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, para uso de protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil dieciséis, sólo en relación con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios que defienden identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y los planos 12, 13, 14, 33 y 34 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de julio de dos mil trece, en el entendido de que, una vez que se dicte la nueva resolución respecto de dicha delimitación, podrá a su vez y si así lo decide conforme a sus facultades, volver a emitir un acuerdo que resuelva la solicitud de destino de mérito, conforme a derecho proceda.”

Que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros emitió acuerdo mediante el cual declara insubsistentes los planos 12, 13, 14, 33 y 34 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre, con clave número DDPIF/QROO/2013/04, única y exclusivamente en la parteen que existe traslape entre los predios que fueron materia del recurso de revisión 709/2019 identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Que en cumplimiento de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al recurso de revisión 709/2019, he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero.- Se deja insubsistente el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2016, por el que se destinó al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Artículo Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente acuerdo.

Transitorio

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veinte.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur.- Rúbrica.

...

Este acuerdo publicado en el DOF deja muy claro que la Semarnat violentó en su momento el debido proceso para llevar a cabo la asignación del Acuerdo de Destino a la Conanp, y por ello existen los expedientes de Juicio de Amparo Indirecto 729/2016-IV y Amparo en Revisión 709/2019, pero lo importante es conocer cómo y de qué manera, el área jurídica contenciosa de la Semarnat y la Conanp defendieron el amparo, así como las consecuencias ambientales y legales para los pobladores de la isla de Holbox, al haberlo perdido.

De igual forma es urgente conocer el tema de la identidad de la empresa “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan” y su vínculo con familiares del presidente de México, situación que la Semarnat, como parte del Juicio de Amparo debe conocer y transparentar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

P untos de acuerdo

Uno. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que proporcione a la opinión pública el estado que guarda el Juicio de Amparo Indirecto 729/2016-IV y Amparo en Revisión 709/2019, así como de a conocer a los servidores públicos que llevaron a cabo dicha defensa.

Dos. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que proporcione a la opinión pública información sobre la empresa “Desarrollos Inmobiliarios Xunaan”, específicamente de su representante legal, propietarios y supuesto vínculo con la familia del actual presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Notas

1 Entrevista realizada por la licenciada María Teresa Gamboa Gamboa al alcalde de Holbox, señor José Sabatini, en 2004

2 Padrón de Isla Mujeres y su municipio, Yucatán 1866. AGEQROO, Archivo Histórico, Sección Consulta Especial, Documentos y Libros Únicos del Siglo XIX, Caja 1, Exp. s/f.

Dado en el salón de sesiones,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos federal y locales a integrar en la malla curricular de planes y programas de estudio de la educación normal contenidos básicos sobre salud emocional, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lorena Jiménez Andrade, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas a integrar en la malla curricular de planes y programas de estudio de la educación Normal, contenidos básicos, sobre salud emocional.

Consideraciones

La Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia denunció que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en violaciones, violencia física y homicidio de menores de 14 años y la Organización para la Cooperación y Desarrrollo Económicos nos señala como el país con el primer lugar en el mundo con víctimas de abuso sexual pues reporta 4 millones y medio de niñas y niños víctimas de este delito; en la población de 15 a 29 años el suicidio es la segunda causa de muerte, se dan 95 asesinatos, otros tantos feminicidios por día según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en diez años desaparecieron más de 61 mil 600 personas, esto sin considerar que sólo es denunciado un caso de cada 100.

Semejante situación es reflejo de una degradación social sustentada en la omisión educativa respecto del desarrollo de la inteligencia emocional de los ciudadanos y la ausencia de la promoción y práctica de valores en las familias, con el consecuente limitado impacto de su fortalecimiento en las instituciones educativas.

El alejamiento de los valores provoca miedo que con mesura es auxiliar de la prudencia, pero cuando se desboca genera tristeza y ansiedad en los niños, la violencia indiscriminada en muchas de nuestras poblaciones afecta emocionalmente a la población infantil y se convierte –paradójicamente– en un modelo de vida, que desde luego no es nada deseable. La necesidad de sentirse seguro, el establecimiento de objetivos que supongan un reto, el sentirse especial, irrepetible, el sentirse parte de algo comunidad, familia, club son “hambres” inherentes a todo alumnado.

Contrario a lo necesariamente esperado, en la larga noche neoliberal se experimentó un lúgubre panorama donde se excluyeron subrepticiamente los valores cívicos y morales del diario acontecer educativo, para substituirlos por conceptos como “excelencia y éxito” promoventes del mercantilismo acrítico, que pone énfasis en lo “útil” y olvida que la principal misión de la escuela es formar en valores.

Por otro lado, –impulsado por las políticas neoliberales– se abandonó a las escuelas Normales, la escasa inversión reflejó que ya no significaban una prioridad y desalentó sus procesos de superación como eje central de la formación del docente, este abandono tuvo como consecuencia que las nuevas tecnologías y los avances en el terreno de la psicología no sean abordados con esta perspectiva en los planes y programas de las escuelas Normales.

Según la (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Se implica entonces que son tres los pilares de la estabilidad socio-biológica del ser humano:

1. Salud física.

2. Salud nutrimental.

3. Salud emocional.

La salud emocional comprende el nivel psicológico o mental y el nivel social o relacional.

Tener conocimiento, ser consciente de las propias emociones y las de los demás, es una labor esencial para el educador que de verdad desea entender las conductas y desarrollar conocimientos, aptitudes, habilidades y/o competencias de la niñez y juventud de nuestro país.

Las necesidades emocionales de los alumnos de la segunda década del siglo XXI son semejantes a las de generaciones que les preceden, sin embargo, el avance tecnológico detonante de múltiples formas de comunicación y de la globalización presenta mayores retos de adaptación constante.

La identificación de las principales emociones, su manejo, regulación y control es una herramienta indispensable para el educador, pues como predicaba Ezequiel A. Chávez “lo importante es que los niños sean buenos y apostar por el total y completo libre albedrío del hombre.”

Conciencia y regulación emocional son competencias emocionales básicas para afrontar los retos de la vida y constituyen un factor protector ante conductas de riesgo como el consumo de drogas o la violencia, estas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana, por lo que es necesario dotar de herramientas al futuro docente para proporcionar salud emocional y manejar las posibles crisis de ansiedad o depresión escolar.

Consideramos a la inteligencia emocional como parte fundamental de la salud pues una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás.

“Si no conseguimos controlar y gestionar nuestras emociones, esto puede tener graves consecuencias en todas las facetas de nuestra vida.” Las principales que señala Daniel Goleman son las siguientes:

Marginación o problemas sociales : tendencia al aislamiento, a la reserva y al mal humor; falta de energía; insatisfacción y dependencia.

Ansiedad y depresión : soledad; excesivos miedos y preocupaciones; perfeccionismo; falta de afecto; nerviosismo, tristeza y depresión.

Problemas de atención o de razonamiento : incapacidad para prestar atención y permanecer quieto; ensoñaciones diurnas; impulsividad; exceso de nerviosismo que impide la concentración; bajo rendimiento académico; pensamientos obsesivos.

¿Por qué inteligencia emocional en la educación primaria?

Según Goleman “toda persona es el resultado de la combinación, en distintas proporciones, entre coeficiente intelecual y la inteligencia emocional”.

Por esta afirmación, las personas se deben desarrollar a lo largo de su vida tanto en su faceta emocional, como en la intelectual para conseguir de manera progresiva, un desarrollo integral del individuo tanto cognoscitivo como personal. Por ello puede afirmarse que, es en la escuela cuando se debe comenzar el desarrollo de la inteligencia emocional desde las edades tempranas ya que es a partir de la edad de 5 o 6 años cuando los niños empiezan a tomar conciencia de sus propios sentimientos.

En la etapa de la niñez los niños deben empezar a adquirir la competencia emocional. Se entiende por competencia emocional “como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”.

Las competencias emocionales que principalmente se deben adquirir son las siguientes:

Autonomía.

Solución de conflictos

Asertividad.

Responsabilidad.

Empatía.

Autocontrol.

Cooperación.

Los desarrollos de las competencias emocionales dan lugar a la educación emocional. Concebimos la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.

La escuela es un escenario idóneo para desarrollar las habilidades emocionales que inhiban el fracaso escolar de alumnos con dificultades para relacionarse con los demás, puesto que, es un lugar social por excelencia, ya que los niños tienen la oportunidad de relacionarse con individuos semejantes a ellos, es un espacio propicio en el que pasan la mayoría de su tiempo, tienen un profesional que les guie y les inculque los valores necesarios para desarrollarse de manera emocionalmente correcta, para adaptarse a la sociedad sin ningún problema y afrontar aquellas adversidades que se le presenten tanto fuera como dentro del contexto escolar como: delincuencia o agresividad: relaciones con personas problemáticas; uso de la mentira y el engaño; exceso de justificación; desconfianza; exigir la atención de los demás; desprecio por la propiedad ajena; desobediencia en casa y en la escuela; mostrarse testarudo y caprichoso; hablar demasiado; fastidiar a los demás y tener mal genio.

Actualmente existe un interés en la sociedad actual por la educación emocional, que ya está presente las escuelas de educación básica al contemplar contenidos sobre salud emocional con una carga horaria específica y debe ser un proceso continuo que se dé a lo largo de toda la vida para que el alumno consiga un desarrollo integral y pueda ser feliz.

Con la finalidad de introducir la educación de las emociones en la escuela, se ha generado un movimiento educativo que podemos encontrarlo con diferentes denominaciones como “educación emocional” o “educación socioemocional”. Este movimiento refleja la preocupación de los educadores por cambiar una escuela que se percibe en crisis e incapaz de afrontar los múltiples desafíos de nuestra sociedad. La inclusión de los aspectos sociales y emocionales se aprecia como una posible salida a alguno de los problemas urgentes del sistema educativo.

Si trabajamos los problemas emocionales del alumnado consiguiendo que se sientan a gusto con ellos mismos y felices, serán alumnos más motivados por aprender y aprender a aprender. La realidad que plantea el siglo XXI genera un cambio sustancial en la labor del docente que implica muchas más dimensiones, sobre las cuales es necesario saber cómo actuar. Es necesario un trabajo personal, hacen falta profesores emocionalmente inteligentes capaces de desarrollar esa competencia en sus alumnos como eje transversal de su labor educativa, para formarlos íntegros, sanos y felices, deseosos de superarse y aportar a la grandeza de nuestra nación.

La reforma al artículo tercero constitucional constituye en si mismo un gran logro del pueblo mexicano pues ahora se encuentran próximos a incluir contenidos sobre salud nutrimental, mejorar la educación física, igualdad de género, filosofía, música y la salud emocional que debe formar parte de unos de los ejes rectores en la formación de docentes.

Invertir en las escuelas normales y hacer de sus programas de estudio sitios de vanguardia es garantía de mejores mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, sin resultar ajeno lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se adhirió nuestra Carta Magna conforme a su artículo 1o., se somete a consideración del pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas a integrar en la malla curricular de planes y programas de estudio de la educación Normal, contenidos básicos, sobre salud emocional.

Notas

1 Daniel Goleman Inteligencia Emocional, 1995, página 147.

2 Irene Pellicer Royo, Universidad de Barcelona, Facultad de Pedagogía.

3 https://concepto.de/inteligencia-emocional/#ixzz6VF7Xi5uY

4 Educación socioemocional doctor Óscar Barrera Sánchez, docente del Colegio de Puebla, AC, y de la Universidad Marista, y autor de varios artículos y libros, entre ellos: formación cívica y ética para la educación básica y media superior.

5 Gonzalo Priego Ruiz, Universidad Anáhuac, Mayab.

6 https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educa r-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Lorena Jiménez Andrade (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, el Conacyt y la Ssa a elaborar y expedir la NOM de emergencia sobre la definición y el manejo de los residuos relacionados con el Covid-19, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65 numeral cuarto; y 79 numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y de la Secretaría de Salud, para que de manera inmediata se elabore y expida la norma oficial mexicana de emergencia sobre la definición y el manejo de los Residuos Covid-19, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

En diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la existencia de la enfermedad infecciosa Covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, tras suscitarse un brote en la ciudad china de Wuhan. Hasta el 27 de febrero de 2020, se habían confirmado 82 mil 294 casos de infección en todo el mundo, de los cuales el 95.5 por ciento se concentraban en China. El resto de infectados se encontraban dispersos en 57 países distintos a China, mientras que Estados Unidos, Canadá y Brasil eran las únicas naciones del continente americano con casos confirmados; la Organización Mundial de la Salud OMS, el 27 de febrero de 2020 la declaró pandemia.

El primer caso confirmado en nuestro país se presentó en la Ciudad de México y se trató de un mexicano que regresó de Italia, presentando síntomas leves; pocas horas después se confirmó otro caso en Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad de México. El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. La emergencia sanitaria en México se decretó a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de marzo del 2020, por el Consejo de Salubridad General, por medio del cual se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

La Secretaría de Salud, determinó implementar en el país la estrategia “Centinela”, como medida para prevenir y controlar los contagios, de igual forma extendió el período vacacional estudiantil, implantó la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Plan DN-III-E.

De un total de tres fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general.

El 26 de marzo, se dieron a conocer 110 nuevos casos confirmados, con lo que se elevó a 585 afectados por la enfermedad. Debido a este incremento, el IMSS, anticipó que se empieza a perder la trazabilidad de los contagios, lo que significa que ya no es posible conocer quién contagió a quién.

El 30 de marzo, se decretó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en el país, ante la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad. Hasta entonces se habían confirmado mil 94 personas contagiadas y 28 defunciones en México, además de 2 mil 752 casos sospechosos y 5635 casos negativos. En total, se habían realizado pruebas por Covid-19 a 9 mil 481 personas en el país.

El 31 de marzo, se reportó el fallecimiento de un médico de urgencias que trabajaba en la clínica 7 del IMSS de Monclova Coahuila, al día siguiente de que muriera un paciente de la misma clínica por las mismas circunstancias. Esto llevó a la colocación de un cerco sanitario en el lugar y su reconversión como hospital especial para la atención de casos.

A mediados de abril de 2020, se reportó una tasa de mortalidad de 0.26 por cien mil habitantes en el país. Hasta el 12 de septiembre de 2020, se han registrado un total de 663 mil 973 casos confirmados, 70 mil 604 defunciones y 467 mil 565 recuperados asociadas con el Covid-19 en el país.

El 1 de abril, de una suma total de 29 muertes por Covid-19 en México desde el inicio de la crisis y 1215 infectados oficiales, 35 ya se habían recuperado. México era, a esa fecha, el 45 país con mayor cantidad de infecciones por esta enfermedad, el primero de los cuales era Estados Unidos, con 214 mil 482, seguido por Italia y España, con 110 mil 574 y 104 mil 118, respectivamente.

El 2 de abril, la cantidad de casos confirmados se incrementó a mil 500. El 3 de abril cerró con mil 688 infectados totales oficiales en México, 60 muertes –el doble desde el principio del mes– y 633 recuperados. México era, a esa fecha, el trigésimo noveno país con mayor cantidad de infecciones, superado inmediatamente por Indonesia, con mil 986 infecciones.

El 5 de abril, las autoridades sanitarias de Baja California reportaron que Mexicali posee una curva de contagios ascendente similar a la de Wuhan, China.

El 7 de abril los datos publicados mostraron un total de 141 decesos, 7 mil 526 casos sospechosos, 2mil 785 casos confirmados y 15 mil 99 casos negativos, lo que refleja un incremento del 186.1 por ciento con respecto a la semana anterior.

En el caso de la Ciudad de México, que posee la mayor cantidad de pacientes infectados, sus cifras se triplicaron al registrar 141 casos confirmados en un día. Por otra parte, la mayor tasa de letalidad por Covid-19 recae en Ciudad de México, Sinaloa, estado de México, y Quintana Roo. De acuerdo con Alomía: “La curva epidémica acumulada y la curva de incidentes en las últimas 24 horas se mantienen en una tendencia ascendente” en el país.

Lo anterior implica que por cada caso confirmado, hay cuando menos 8 que no han sido detectados por el Sistema de Salud Nacional, ya sea porque no acudieron al médico o porque no se les aplicó la prueba de detección del virus.

El 21 de abril, se anuncia el inicio de la fase 3, con la cual se mantienen las medidas de sana distancia, al menos hasta el 30 de mayo.

El 1 de mayo, México es el vigésimo tercer país con mayor cantidad de infecciones por Covid-19, subiendo veintidós lugares desde el primero de abril. Tiene 19 mil 224 infectados oficiales, de los cuales 11 mil 423 ya se han recuperado y mil 859 han fallecido.

El 8 de mayo, el New York Times publica un artículo que argumenta que las cifras oficiales de contagiados y muertos que publica el gobierno de la Ciudad de México están muy por debajo de la realidad.

El 12 de mayo, la prohíbe que el Hospital ABC haga pruebas serológicas de Covid-19 las cuales miden los anticuerpos y son necesarias para detectar posibles donadores de plaquetas.

El 31 de mayo, suman 204 los muertos por coronavirus en icanos.

El 1 de junio, se determinó que México es el decimoquinto país con mayor cantidad de infecciones por Covid-19, subiendo ocho puestos desde el primero de mayo, con 90,664 infectados oficiales, se han registrado 9 mil 930 fallecidos oficiales. México es el séptimo país con más muertes en el mundo y el tercero en el continente americano después de Estados Unidos y Brasil.

El 11 de junio, El País publicó una nota en la que señalaba que más de 40 recolectores de basura habían muerto por Covid-19 en la Ciudad de México, con información de los mismos trabajadores del gremio. Los recolectores de basura que siguen trabajando, le solicitaron material de protección a las autoridades de la ciudad.

El 1 de julio, México es el undécimo país con mayor cantidad de infecciones por Covid-19, subiendo cuatro puestos desde el primero de junio, con 231 mil 770 infectados oficiales de los cuales 138 mil 319 ya se han recuperado. Se han registrado 28 mil 510 fallecidos oficiales por Covid-19. México es el sexto país con más muertes en el mundo después de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia y Francia.

Para el 15 de julio, desde el inicio de la pandemia se han registrado 800 defunciones de servidores públicos, pero sólo 273 se han confirmado por Covid-19.

El 19 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reporta la muerte de 107 militares por Covid-19.

El 24 de julio, se publica un artículo en Forbes que desafía la idea de que la mayoría de las muertes jóvenes de Covid-19 en México se deben a problemas de salud crónicos como la diabetes, el asma y la obesidad. El artículo explica que casi la mitad de los muertos en la Ciudad de México de edades entre 35-55 no tenían diabetes, asma u obesidad, pero lo que tenían en común es que tres cuartos de ellos nunca fueron entubados.

El 29 de julio, informa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, qué en el primer semestre del año, que incluye el periodo de confinamiento por Covid-19, las llamadas de emergencia al 911, relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres aumentaron 48.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 89 mil 998 a 131 mil 224.

El 31 de julio, México se convirtió en el tercer país con más fallecidos por Covid-19, al reportar 46 mil 688 muertes causadas por esta enfermedad.

El 24 de agosto, científicos informaron que detectaron en Hong Kong el primer caso de reinfección por SARS-CoV-2.

El pasado 25 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la pandemia del nuevo coronavirus mostró un retroceso tanto en el número de casos como en las muertes a nivel global durante la tercera semana de agosto, además que América era la región con el descenso más significativo.

A nivel mundial, hasta este lunes, se han registrado 29 millones 59 mil 868 casos de Covid-19; en tanto las muertes globales totales son de 925 mil 84, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

Así es como se puede dar un breve relato de la problemática de salud por la que atraviesa el mundo entero, y se han proporcionado datos muy específicos de México, que al día de hoy tiene las siguientes cifras: Total de contagios 680 mil 931; casos sospechosos 79 mil 622; fallecidos 71 mil 977...

México cuenta con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que permite identificar cualquier caso sospechoso de haber contraído alguna enfermedad, además de dar seguimiento a su confirmación tras la realización de las pruebas de laboratorio correspondientes. Su catálogo incluye 147 enfermedades y a partir del 21 de enero de 2020, se agregó el monitoreo del Covid-19 en el país.

La metodología empleada por este sistema es referida como ya se dijo bajo el método “Centinela”, y concretamente para el estudio del Covid-19 se emplea con el fin de tener un reconocimiento de cómo se comporta la epidemia en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo con la proyección de este método, pero es un modelo matemático que exponencía las cifras sin certeza, y el gobierno de México no ha querido invertir en la aplicación de pruebas Covid a las personas que no tengan síntomas, situación muy peligrosa, ya que de lo que se ha podido estudiar de este nuevo virus, puede haber hasta 45 por ciento de casos asintomáticos, personas que pueden no saber que están contagiadas y dispersar más el virus; nuestro país, como se ha dicho, no ha querido invertir en programas de detección en colectivos asintomáticos lo cual ayudaría a identificar rapidamente a más personas infectadas y así tomar oportunamente las medidas necesarias para evitar infecciones masivas.

Ahora bien, parte fundamental del esquema de la Pandemia, es tomar acciones preventivas y de control, con equipo especializado, el cual en la mayoría de los casos es desechable, y que una vez utilizado, será dispuesto como residuo, y de ahí deviene una gran problemática que es la de la generación, manejo y disposición de los Residuos Covid-19.

En enero de 2020 el gobierno de México distribuyó un lote de 9100 pruebas diagnósticas de Covid-19 a laboratorios estatales de salud pública del país, así como al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), a hospitales de especialidad, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta el 18 de marzo, todavía había 6 mil 800 pruebas disponibles del lote original, mismo día en que el gobierno anunció la adquisición de 35 mil pruebas adicionales.

El 17 de marzo, el gobierno federal anunció una inversión de 3 mil 469 millones pesos para la adquisición de medicamentos, equipos de ventilación de soporte de vida e insumos de diagnóstico de la enfermedad, cuyo monitoreo recae en la Unidad de Inteligencia Financiera.

El 31 de marzo la Fundación JackMa y Alibaba Group donaron 50 mil kits de diagnóstico de Covid-19 al Instituto de Salud para el Bienestar mientras que, a principios de abril, el gobierno nacional adquirió alrededor de 10 toneladas de insumos médicos de Shanghái ya que es el único país a nivel mundial que posee la cantidad de insumos médicos para satisfacer las necesidades internas y con productos para poder exportar. Se espera que se realicen un total de once vuelos entre ambos países para continuar con el abasto de este tipo de productos.

La infraestructura sanitaria en México para afrontar la pandemia de Covid-19 está conformada por 33 mil 119 unidades médicas, 82 mil 892 consultorios y 121 mil 435 camas, según un reporte realizado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece). Asimismo, se trabaja en coordinación con los gobiernos estatales para desarrollar planes destinados a la habilitación de un mayor número de camas de hospitalización para pacientes crónicos en caso de agravarse el problema estimado. Existen hospitales que han sido habilitados como “centro de atención masivo” de enfermos por Covid-19.

Si bien durante la mayor parte de la fase 1 de epidemiología solamente el sector público, específicamente los laboratorios estatales de salud pública, podía llevar a cabo las pruebas de diagnóstico del Covid-19, a partir del 19 de marzo comenzaron a certificarse ciertos laboratorios privados.

Existen numerosas empresas que han llevado a cabo compras en el extranjero de material de protección desechable, desconociéndose hasta la fecha las cantidades de productos ingresados a nuestro país para su venta al menudeo, además de los millones de productos hechos en México con el mismo fin.

Otros efectos que ha tenido la pandemia en México incluyen la generación de compras de pánico y saqueos de establecimientos, que ha conducido al eventual desabasto de productos de limpieza e higiene personal; la suspensión de eventos socioculturales; el cierre temporal o definitivo de empresas, y la caída del precio del combustible, así como del peso mexicano en los mercados de divisas internacionales.

La mayoría de la ciudadanía sin síntomas de enfermedad, solo actuamos conforme a las indicaciones de sana distancia y uso de equipo de protección (cubrebocas, caretas, guantes), el cual comenzó a escasear y sus precios se fueron incrementaron hasta en 300 por ciento, situación que las familias mexicanas tienen que enfrentar hasta hoy para protegerse, al costo que sea.

Ante el incremento excesivo del uso de material de protección desechable, por hospitales, clínicas, laboratorios, empresas y en todos los domicilios; las más de 25 millones de familias mexicanas, que no saben si tienen el virus Covid-19 o son asintomáticos, o sí saben que están infectados pero que no han tenido la necesidad de atenderse en un nosocomio, es que se han generado millones de toneladas de residuos sólidos (RS) y también residuos especiales (RE) y peligrosos biológico infecciosos (RPBI).

Ahora bien, el personal encargado o vinculado a la atención de los enfermos por Covid-19, no se encuentran haciendo un adecuado manejo de residuos hospitalarios, revolviendo todo tipo de residuos con aquellos que sí tienen Virus SARS-CoV-2, por diversas causas como, temor al contagio, jornadas extras de trabajo, cansancio, descuido en el manejo de los RPBI de acuerdo a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, falta de criterios sobre el manejo de los residuos especiales y urbanos.

El manejo de los RPBI, ha salido completamente del control del personal, que se encuentra disponiendo de ellos sin la correcta separación, mezclándolos entre sí, provocando que el volumen de los RPBI hospitalarios se incrementen hasta en 500 por ciento.

Lo anterior se suma a los volúmenes no calculados de desechos de material desechable de protección proveniente de los hogares, los cuales debiéramos saber cómo manejar y disponer adecuadamente, pero no existen reglas claras ni tampoco de carácter obligatorio.

En abril de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) y la Secretaría de Salud (Ssa) advirtieron esta problemática, por lo que se emitió una “Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del Covid-19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos”, documento que sólo son buenas intenciones, pues su carácter de “cartilla” no tiene ninguna validez legal, además de que quedan muchos eslabones sueltos, solo se limita a residuos sólidos urbanos, con o sin contagio viral, así como tampoco determina lo que es un Residuo Covid-19, no determina cómo neutralizarlos, etcétera.

Los residuos hospitalarios, como debe ser, son manejados de acuerdo a lo que establece la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, pero su exceso de generación ha propiciado que haya varias denuncias sobre disposición inadecuada de los mismos en parajes boscosos, bajo puentes, carreteras federales, situación que se va a seguir presentando si no se establece una alternativa para su manejo.

Estos residuos, han venido a modificar en cierta forma el manejo de los RPBI, desde los mismos generadores, hasta los prestadores de servicios, particularmente los transportistas, ya que estos residuos ocupan un volumen mayor a lo que generalmente se recogía de los centros hospitalarios, lo que ha generado que se retrase su recolección, por la demanda de servicios solicitados por los generadores que han incrementado en 500 por ciento su generación de RPBI.

Deberíamos contar con una definición del Residuo Covid-19, ya que la norma no lo prevé, y éste no es exclusivo de los hospitales, sino de cualquier hogar, oficina, restaurante, fabrica o empresa, y debemos disponerlos bajo una norma oficial mexicana, sin embargo éste tipo de disposiciones normativas, ocupan mucho tiempo para su elaboración y todo un proceso de acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, por lo que la Semarnat, el Conacyt y la Secretaría de Salud deberían estar trabajando en este momento para emitir una norma oficial mexicana de emergencia, sobre el manejo de los Residuos Covid-19, generados por todos nosotros y cuya disposición corresponde a todos.

Es precisamente para estos casos que la Ley de Infraestructura de la Calidad determina la existencia de las normas oficiales mexicanas de emergencia, en el:

Artículo 31. Las normas oficiales mexicanas de emergencia serán elaboradas directamente y emitidas por las autoridades normalizadoras, cumpliendo con lo previsto en el artículo 34 de esta Ley, cuando busquen evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a algún objetivo legítimo de interés público. Las autoridades normalizadoras deberán informar a la comisión sobre la emisión de las normas oficiales mexicanas de emergencia, entregando los elementos que hayan servido de justificación para ello.

Las normas oficiales mexicanas de emergencia tendrán una vigencia no mayor a seis meses, misma que podrá ser prorrogada en una sola ocasión, hasta por un periodo igual, si así lo considera la autoridad emisora, y se ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Es urgente emitir esta norma oficial mexicana de emergencia, porque además en México no existe una infraestructura suficiente para tratar todos los residuos Covid, están sobrepasadas las recolectoras y tratadores y eso que, en realidad, no se está disponiendo todo el residuo como se debe, tanto por el inadecuado manejo que se les da a los centros médicos y hospitalarios, como por los cientos de miles de mexicanos que desde sus hogares enfrentan el contagio del virus SARS-CoV-2, cuya cifra ni siquiera es conocida por el propio gobierno, pues no se ha realizado en nuestro país ninguna campaña de control de contagio con pruebas a la población sin síntomas o asintomáticos.

Una norma oficial mexicana de emergencia, que sí es un instrumento normativo de cumplimiento obligatorio, no como una “Cartilla”, permitirá atender la problemática del manejo de los Residuos Covid, de manera más concreta y en colaboración de todos los actores involucrados.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

P unto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y al titular de la Secretaría de Salud, para que de manera urgente emitan una norma oficial mexicana de emergencia, sobre los Residuos Covid-19, refiriéndose no únicamente a los RPBI previstos en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, sino a todo tipo residuos generados por la atención preventiva y correctiva del virus SARS-CoV-2, de todos los establecimientos públicos, privados, y casas habitación.

Dado en el salón de sesiones,
el 22 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SHCP a ordenar según las Reglas de Operación del Fonden emitir las declaratorias respectivas y llevar a cabo las acciones prioritarias de atención de urgencias y rehabilitación por desastres con motivo de las afectaciones por lluvias y frente frío en Durango, a cargo de la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Hilda Patricia Ortega Nájera, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Camara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a efecto de que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con las reglas de operación del Fonden, se ordene emitir las declaratorias respectivas y llevar a cabo las acciones prioritarias de atención de emergencias y de rehabilitación por desastres, con motivo de las afectaciones por lluvias y frente frío en diversos municipios del estado de Durango, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la última década, los desastres naturales han aumentado de manera considerable en el mundo, causando innumerables daños materiales, sufrimiento de la población afectada e inclusive la pérdida de vidas humanas.

Se trata de eventos meteorológicos diversos que se han incrementado con motivo del cambio climático.

En nuestro país, el programa Fonden para la atención de emergencias y la reconstrucción es sin duda el instrumento idóneo y eficaz para brindar ayuda oportuna y auxilio con víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población afectada, cuya cobertura deviene de las correspondientes declaratorias de emergencias.

Resulta de singular y especial ayuda la emisión de las correspondientes declaraciones de desastre que permite la reconstrucción, con la ejecución de las acciones prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar y remontar la situación crítica como lo es, el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la remoción de escombros, la limpieza y sanitización de las calles y viviendas afectadas, el establecimiento de pasos provisionales y todo aquello que resulta necesario e indispensable para la normalización de las condiciones de vida de la población.

México no ha sido ajeno ni ha escapado a esos impactos naturales y muestra de ello es la reciente inundación fluvial del 11 al 14 de septiembre de este año, que se registró en diversos municipios del estado de Durango: Coneto de Comonfort, Canatlán, El Oro, Durango, Mapimí, Nazas, Nuevo Ideal y Rodeo.

Dicha inundación en una primera etapa afectó a 18 mil 394 duranguenses y en la etapa inmediata posterior afectó a 30 mil 864, con los consecuentes daños materiales a la infraestructura carretera por la caída de puentes de reciente rehabilitación, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de familias de nuestro querido estado de Durango.

Por lo anteriormente expuesto, pido a esta soberanía, se apruebe la presente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con las Reglas de Operación del Fonden, se ordene con carácter de urgente, emitir las declaratorias respectivas y llevar a cabo las acciones prioritarias de atención de emergencias y de rehabilitación por desastres, con motivo de las afectaciones por lluvias y frente frío en Coneto de Comonfort, Canatlán, El Oro, Durango, Mapimí, Nazas, Nuevo Ideal y Rodeo del estado de Durango, lo que sin duda resulta de vital importancia para la población duranguense afectada por estos fenómenos naturales.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las Reglas de Operación del Fonden, se ordene con carácter de urgente, emitir las declaratorias respectivas y llevar a cabo las acciones prioritarias de atención de emergencias y de rehabilitación por desastres, con motivo de las afectaciones por lluvias y frente frío en Coneto de Comonfort, Canatlán, El Oro, Durango, Mapimí, Nazas, Nuevo Ideal y Rodeo, del estado de Durango.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Hilda Patricia Ortega Nájera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y diversas autoridades de Coahuila de Zaragoza a comenzar la construcción del telebachillerato en Charcos de Risa para que los jóvenes puedan continuar los estudios, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, al titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza, al titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Coahuila y al presidente municipal de Francisco I. Madero, con la finalidad de comenzar la construcción del telebachillerato en el ejido Charcos de Risa, para que los jóvenes habitantes de esta comunidad puedan continuar sus estudios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el extenso municipio de Francisco I. Madero, desde hace años los habitantes de la comunidad Charcos de Risa han solicitado a las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno la construcción de un aula para el telebachillerato en esta zona de la región Laguna del estado de Coahuila de Zaragoza, petición que por años ha sido escuchada, pero jamás atendida.

Los diversos actores políticos de la región han promovido esto como un tema meramente electoral, sin que ninguno de los que han resultado ganadores en las elecciones lo lleve a cabo, siendo que esta petición se reactivó desde más de un año, solicitado nuevamente que se atienda la necesidad de la construcción de dicha aula y brindar oportunidades de educación a las y los jóvenes de esta comunidad y las aledañas.

Si bien es cierto que en ninguna de las dependencias les han negado o cerrado las puertas, la respuesta sigue siendo la misma, pues no se asigna presupuesto ni programa específico para atender esta necesidad, que se no llevarse a cabo, afectará aún más el desarrollo educativo tanto de los jóvenes que cursan el bachillerato, como el de los infantes que estudian en primaria y secundaria, ya que ante la insuficiente infraestructura, en algunas ocasiones los grupos comparten salones y no se brinda la atención necesaria para la impartición de clases.

Sabedores de que su petición puede no ser prioritaria para el municipio de Francisco I. Madero o para el estado de Coahuila de Zaragoza, el ejido busca que las autoridades brinden únicamente los materiales para la construcción del aula de telebachillerato, ya que los padres de familia están dispuestos a aportar la mano de obra para su construcción, acción que se ha visto respaldada con el actuar de los vecinos de esta comunidad, ya uno de los ejidatarios donó el terreno donde se tiene el proyecto de construcción de dicha aula.

Es oportuno recordar que han pasado 5 años desde que se instaló la primera etapa de este telebachillerato, y que este centro educativo brinda atención a más de 15 estudiantes del ejido, pero también da atención a la comunidad más alejada de la cabecera municipal de Francisco I. Madero que es Valle de Acatita.

De esta forma, es urgente y necesario brindar el recurso justo y suficiente para que la juventud de este municipio lagunero no quede en el desamparo educativo y puedan continuar con sus estudios.

Es de todos conocido que la pandemia por el Covid 19 ha provocado que en este momento las clases escolares no puedan llevarse a cabo de manera presencial, para evitar contagios comunitarios, sin embargo, la edificación del aula debe iniciar inmediatamente, pues las actividades de construcción están permitidas con semáforo naranja y amarillo, en los que el estado de Coahuila se encuentra, tomando todas las medidas sanitarias recomendadas, y de esta forma aprovechar positivamente este periodo para tener lista el aula cuando los jóvenes y las jóvenes puedan regresar a clases presenciales, una vez que México y el mundo logren controlar o combatir el virus SARS-CoV 2.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, al titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila de Zaragoza, al titular de la Secretaría de Infraestructura del estado de Coahuila y al presidente municipal de Francisco I. Madero, para que se asigne de manera urgente, el recurso económico necesario para la adquisición de materiales de construcción de un aula de telebachillerato en el ejido Charcos de Risa, para que los jóvenes de la zona puedan continuar sus estudios.

Dado en el salón de sesiones de la
Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Frida Alejandra Esparza Márquez, Antonio Ortega Martínez (rúbricas).
Efemérides

Con motivo del 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

Desde el 2001, el 19 de septiembre conmemoramos en México el Día Nacional de Protección Civil,1 una fecha para fijar su relevancia en el bienestar de la población del país y en reconocimiento a quienes protegen a la población y ayudan a reducir el impacto de los desastres naturales o de carácter antropogénico.

El sismo de septiembre 1985 marcó la vida de México, esta dura experiencia enfatizó la necesidad de contar con personal especializado ante este tipo de tragedias, por lo que se establecieron las bases para el Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1986.2

Recordamos a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y septiembre de 2017, ejemplos en donde la sociedad mexicana mostró al mundo que ante la tragedia somos un país solidario y que sabe salir avante ante la adversidad. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un reconocimiento a los millones de héroes anónimos que emergieron de estos sismos.

La observación y monitoreo, así como los programas preventivos realizados por la Coordinación Nacional de Protección Civil adquieren especial relevancia, ya que posibilitan alertar oportunamente a las autoridades y ciudadanía sobre el origen, evolución, intensidad y trayectoria de los fenómenos naturales extremos.

En la actualidad, resulta impostergable dar continuidad a los trabajos dirigidos a la revisión integral del marco jurídico sobre protección civil, gestión integral de riesgos y resiliencia iniciados en la actual legislatura y cristalizados en el Proyecto de Dictamen de la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, para el mejor diseño de estrategias de prevención y disminución de riesgos, evitando el incremento de la vulnerabilidad ante estos, con estrategias de mitigación, mediante la implementación de sistemas de alerta temprana, la promoción de un uso adecuado del suelo, el fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

No obstante, es necesario subrayar que, de acuerdo con diversos foros sobre la materia, el tema de la cultura de la prevención de desastres es una asignatura ausente en la mayoría de estos espacios de discusión y análisis. En este contexto, resulta urgente impulsar una cultura de la prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos naturales o desastres originados por el ser humano pueden afectarles y qué medidas de seguridad habrán de tomar para prevenirlos o ante el embate de éstos.

Se requiere de una cultura de la prevención para fomentar en la población de la mano con las autoridades las prácticas de acciones colectivas para la prevención y mitigación del riesgo, además de lograr reducciones en la vulnerabilidad.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación: 19/09/2001. Disponible en: https://cutt.ly/EfJVPpF. Consultado el 19 de septiembre de 2020.

2 Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro,
22 de septiembre de 2020.

Diputada Dionicia Vazquez García (rúbrica)

Con motivo de la conmemoración del 154 aniversario de la derrota de las fuerzas invasoras francesas en Nochixtlán, Oaxaca, el 23 de septiembre de 1866 por el general Porfirio Díaz, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

En julio de 1859 se promulgaron las leyes de Reforma con los principales objetivos de nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de órdenes religiosas, matrimonio y registros civiles, secularización de cementerios y libertad de cultos.

La lucha entre liberales y conservadores se desarrollaba en México, sin embargo, las elecciones dieron el triunfo a Juárez, quien reorganizó la administración, educación y adoptó el sistema métrico decimal, pero a falta de fondos suspendió el pago de las deudas del gobierno, lo que fue aprovechado por Napoleón III, quien intentó instaurar una monarquía francesa en México.

En enero arribaron al puerto de Veracruz los franceses, los cuales comenzaron a avanzar en abril, por lo que Juárez decretó amnistía a los militares conservadores, autorizando la formación de guerrillas.

La derrota de los franceses en Puebla consiguió la llegada de 30 mil soldados más enviados por Napoleón. Para mayo de 1864 llegaron más tropas, las cuales se iban a ir retirando conforme Maximiliano fuera tomando el control del país.

La ocupación francesa comienza a avanzar por todo el país, por lo que en septiembre de 1866, Díaz, junto con su hermano, se reunieron en Asunción Nochixtlàn, en donde tomaron la decisión de rescatar la ciudad de Oaxaca, la cual se encontraba ocupada por el ejército francés, el cual se consideraba el más poderoso del mundo.

Su táctica consistía en recuperar otras ciudades del estado además de la capital. Los hermanos Díaz supieron que ejércitos austriacos y belgas que participaban con los franceses se encontraban en alrededores de la Mixteca oaxaqueña, por lo que la madrugada del 23 de septiembre los mexicanos, junto con su caballería, salieron en su persecución.

Esta batalla ganada por los hermanos Díaz fue el principio del desalojo de la invasión francesa, el mismo Juárez escuchaba las victorias del general Porfirio Díaz en las tierras oaxaqueñas, ya que después de esta batalla continuó la victoria de Miahuatlán, La Carbonera, San Francisco Telixtlahuatlán y los Valles Centrales. Estas victorias se lograron por estrategias ideadas utilizando el gran conocimiento que tenían del terreno. Y así fue como los franceses cayeron ante las fuerzas oaxaqueñas.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de septiembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Inklusion
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