Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5601-IV, miércoles 2 de septiembre de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río, el 19 de octubre de 1970, en la Ciudad de México, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Hirepan Maya Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y artículo 79, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera . Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, nació en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Militar, revolucionario, político y estadista mexicano, su mandato presidencial se destacó por profundizar los principios y la política social de la Revolución Mexicana, así como por ayudar a los más desfavorecidos, lo que le valió ser llamado popularmente “Tata Lázaro”. Llevó a cabo acciones de reconocido impacto social, entre ellas el reparto agrario y el fortalecimiento del ejido, la expropiación petrolera y la de los ferrocarriles, la unidad de organizaciones obreras y campesinas.
Su política exterior se distinguió por la defensa de la soberanía y por destacadas medidas de solidaridad internacional. Poco después de su paso por la Presidencia de la República, el general Cárdenas fue nombrado secretario de Defensa Nacional por el presidente Manuel Ávila Camacho, para encargarse de lo relativo a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente dirigió la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Tepalcatepec y unos años después la del Río Balsas. Impulsó la fundación de la siderúrgica estatal Las Truchas y presidió su Consejo de Administración.
Segunda. Cuando apenas contaba 18 años, aún menor de edad, Lázaro Cárdenas del Río se incorporó a las fuerzas revolucionarias en Apatzingán con el grado de capitán segundo en el Arma de Caballería, bajo el mando del general Guillermo García Aragón, participando con éste en su primera acción militar: la toma de la plaza de Aguililla, Michoacán, en agosto de 1913. Combatió en esas fuerzas hasta que fueron emboscadas por las tropas de Victoriano Huerta, lo que hizo que su columna se disgregara. Se trasladó a Guadalajara y, a su regreso a Jiquilpan en 1914, se unió a las fuerzas del general José Morales Ibarra y más tarde pasó al Estado Mayor del general Eugenio Zúñiga. Estuvo en Teoloyucan durante la rendición del Ejército Federal a las fuerzas constitucionalistas. En agosto de 1914, con el ejército constitucionalista, marchó hacia Sonora en la columna del general Federico Morales. En Sonora se incorporó a las fuerzas del general Plutarco Elías Calles. En 1915 participó en la campaña contra Maytorena y en 1920 se unió al plan de Agua Prieta y fue comisionado para ir en pos de Venustiano Carranza. Cuando éste fue asesinado por Rodolfo Herrero, Cárdenas arrestó al magnicida y lo condujo a la Ciudad de México. A los 25 años se le concedió el grado de general brigadier.
Un año después, en 1921, fue nombrado Jefe de Operaciones Militares en el Istmo de Tehuantepec. Después en ese mismo año asumió el cargo de gobernador interino de Michoacán. En 1923 participo en Jalisco contra la rebelión delahuertista, donde fue herido en la batalla de Huejotitlán y hecho prisionero hasta la derrota de los rebeldes. En 1925 le fue otorgado el mando de la zona militar de Jalisco. En 1927 se le asignó la jefatura de operaciones militares en la zona en Tampico, donde a los 32 años obtuvo el grado de general de división.
Tercera. En enero de 1928 inició en Michoacán su campaña electoral para gobernador del estado. Ganador por amplia mayoría, tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de ese año. Al año siguiente combatió nuevos brotes de levantamientos cristeros; en 1930 pidió licencia al congreso estatal para desempeñarse como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR (Partido Nacional Revolucionario). A principios de 1931 fue designado secretario de Gobernación, cargo al que renunció ante el presidente Pascual Ortiz Rubio el 14 de octubre.
De regresó en Michoacán concluyó su gestión como gobernador el 15 de septiembre de 1932. Días después contrajo matrimonio por lo civil en Tacámbaro, Michocán, con Amalia Solórzano con quien algunos años adelante procrearía a su hijo Cuauhtémoc. A partir del 2 de enero de 1933 ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez.
El 6 de diciembre de 1933, durante la segunda convención del PNR, se formuló el primer plan sexenal y se le postuló a él como candidato a la presidencia por ese partido. El resultado de las elecciones le acreditó el triunfo por un margen muy amplio frente a sus contrincantes. El 30 de noviembre de 1934, a los 38 años, tomó posesión como presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarta. Quizá uno de los principales empeños del presidente Cárdenas fue en el ámbito legislativo, pues sobre la base de la legalidad y la reglamentación de las leyes consignadas en la Constitución de 1917 fue que llevó a cabo sus acciones de gobierno. Durante su periodo se propusieron, aprobaron y regularon, entre otras: la Ley de Amparo, la Ley del Indulto, la Ley del Crédito Agrícola, la Ley de Nacionalización de Bienes, la Ley de Expropiación, Ley de Asociaciones Agrícolas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas al artículo 27, al artículo 43 y 45 constitucionales, las reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, reformas a la Ley de Cooperativas, reformas a la Ley del Trabajo, reformas a la Ley Agraria.
Quinta. El 18 de mayo de 1936 estalló una huelga ferrocarrilera. Esta fue declarada inexistente, los trabajadores entonces acataron el fallo. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expropió los bienes de la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México y el 25 expidió un decreto creando el Departamento Autónomo de Ferrocarriles. Al mismo tiempo se creó la empresa Líneas Férreas de México, que se encargaría de la construcción de algunas líneas que complementaran la red ferroviaria nacional. Se iniciaron los trabajos para la construcción de vías muy importantes para el país. El primero de mayo de 1938, se expidió una nueva ley que creaba la Administración Obrera de Ferrocarriles Nacionales de México, quedando la responsabilidad y la dirección de esa empresa en manos de los obreros ferrocarrileros.
Sexta. En agosto de 1936 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, solicitando jornadas de 40 horas, aumento de salarios y prestaciones. Las negociaciones terminaron sin llegar a ningún acuerdo. El 27 de mayo de 1937 estalló la huelga. El gobierno nombró una comisión que estudiara el caso y el 9 de junio se levantó la huelga. El 18 de diciembre de 1937 los tribunales del trabajo emitieron su fallo, condenando a las empresas a pagar los salarios caídos. Las compañías no aceptaron el fallo y el 2 de enero de 1938 interpusieron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación El primero de marzo de 1938 el laudo a favor de los trabajadores fue ratificado en los tribunales del trabajo y se notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se cumpliera dicho laudo en un término de 72 horas.
La junta tuvo que declarar a las empresas en rebeldía ya que se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 3 de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo a las trasnacionales, con lo que se verían obligadas a incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Lázaro Cárdenas participó en diversas reuniones con los directivos de las compañías, cuando menos los días 3, 6 y 7 de marzo de 1938, sin que se llegara a un acuerdo.
El 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, por la radio en cadena nacional, leyó un mensaje a la nación dando a conocer el decreto de expropiación petrolera. La expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras ha sido una de las acciones de gobierno de mayor relevancia en la historia del país. Propuso, de hecho, una forma de establecer relaciones con las potencias globales y, sobre todo, de impulsar el desarrollo y la soberanía nacional.
Séptima. En materia internacional, Lázaro Cárdenas desarrolló una política de respeto a las leyes y a la soberanía de los países, así como de solidaridad a las causas antiimperialistas y antiintervencionistas. Los más relevantes eventos en este rubro fueron la defensa de Etiopía, en la Liga de las Naciones, ante la invasión italiana. México levantó su voz para protestar y no reconoció nunca la anexión realizada de facto. Asimismo, condenó la agresión soviética a Finlandia y la anexión de Austria por la Alemania nazi. Apoyó a la República Española cuando en 1936 ocurrió el golpe de estado franquista con el impulso de los regímenes nazi-fascistas de Alemania e Italia.
Se opuso con riesgo y firmeza a los constantes requerimientos de Estados Unidos de América a que se juzgara por tribunales internacionales la expropiación petrolera. A la caída de la República Española, México recibió a los refugiados, muchos de los cuales se establecieron definitivamente en el país y, en otra acción importante y de repercusión internacional, otorgó asilo a León Trotsky y a otros perseguidos políticos.
El general Lázaro Cárdenas del Río terminó su mandato como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 1940, siendo sucedido en el cargo por el general Manuel Ávila Camacho.
Octava. Desde 1936, el general Lázaro Cárdenas tuvo el propósito, diríase visionario, de crear un gran complejo de desarrollo basado en los recursos naturales de la región occidental, mismos que podrían contribuir poderosamente al desenvolvimiento económico de México. Esto había de hacerse no sólo activando la explotación de su potencial minero, principalmente de fierro, localizado en los cerros de Santa Clara y de Las Truchas, ubicados en la margen derecha del río del Carrizal, sino implantando una zona de crecimiento integral que incluía presas para el aprovechamiento de las aguas, generación eléctrica, zonas de riego y acondicionamiento de las playas para el turismo.
Había mandado realizar estudios de factibilidad para establecer una gran planta siderúrgica en México. Las características de Arteaga, con los potenciales mineros de Santa Clara y Las Truchas más el río Carrizal dibujaban el lugar idóneo para tan ambicioso proyecto. En este programa se contemplaba también los yacimientos ferríferos de plutón en Guerrero.
El proyecto y su viabilidad estaban claros, pero diversos factores lo fueron entorpeciendo durante años. Primero tuvo que llevarse a cabo un largo juicio contra la empresa Bethlehem Steel Corporation para incorporar al dominio de la nación los yacimientos mencionados, pero ya iniciados los trabajos, durante el sexenio del propio Cárdenas, tuvieron que ser interrumpidos después al estallar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no fue posible traer los altos hornos y demás maquinaria que ya se habían pedido al extranjero. Durante esta interrupción, en 1943, un grupo de mexicanos obtuvo la concesión de los yacimientos, pero no con el fin de explotarlos en beneficio de México, sino para traspasar los derechos a la misma empresa a la que le había sido retirada la concesión en 1936.
La propia empresa solicitó prórroga tras prórroga, pues no tenía la intención de explotar los yacimientos sino sólo de poseerlos y controlarlos con fines que el propio general Cárdenas en sus diarios calificó de “imperialistas”, a lo que agrega: “Pero aun en el caso de que fueran a explotarlos, más convendría al país mantenerlos como reservas para el desarrollo de su industria interna. (...) Este traspaso es ilegal: a) Porque no debe darse concesiones para que se negocie con ellas; y b) Porque las riquezas naturales del país no deben concesionarse a empresas extranjeras.”
El asunto empezaba a perfilarse como una más de las empresas de su vida. En 1945, aún como secretario de la Defensa Nacional, abogó ante el presidente Ávila Camacho porque se rescatarán esos yacimientos para la nación, a lo que el presidente le aseguró que se estaban haciendo los estudios del caso a fin de retirar las concesiones ilegales y devolver los yacimientos al dominio nacional. En abril de 1947, bajo el mandato del presidente Miguel Alemán, se dictó la cancelación de las concesiones con lo que los yacimientos volvieron a propiedad de la nación. Pero eso no bastaba. Todavía en noviembre de 1961 tuvo que insistir sobre el asunto ante el presidente López Mateos, quien le preguntó qué pasaría con la Comisión del Balsas a lo que respondió que esperaba sus indicaciones, pero le propuso, según refiere en sus diarios: “Invitar a todos los expresidentes a colaborar con el gobierno en puestos secundarios, subordinados a los titulares de las Secretarías de Estado y por mi parte estoy a sus órdenes desde luego y no precisamente para la Comisión del Balsas.” El presidente López Mateos aceptó la propuesta. Cárdenas añade en sus apuntes: “No insistí sobre el desarrollo siderúrgico de los minerales de Las Truchas, que podrá ser ya obra y realización de la Comisión del Balsas.” Finalmente, el 1 de julio de 1969 se constituyó la empresa de participación estatal Siderúrgica Las Truchas, SA, para la que fue designado presidente del Consejo de Administración el general Lázaro Cárdenas.
A partir de ese momento su actividad en Las Truchas siguió un ritmo vertiginoso, pues había mucho que hacer: Los estudios de ingeniería minera, conseguir los permisos oficiales para contar con el puerto que se proyectaba en la desembocadura del Balsas, electrificar utilizando la energía del propio río, habilitar como desarrollo turístico el balneario de Playa Azul (que por entonces sólo contaba con 40 familias de ejidatarios), la construcción de una carretera principal con diversos ramales y hacer ver al gobierno «la conveniencia de que se inicien las obras, ya que está justificada su realización por el movimiento de carga que registrará con la producción agrícola de exportación, la industria siderúrgica y todo el desarrollo que tendrá la región con los recursos naturales de que se dispone: minerales, agua, electricidad”.
Lamentablemente nunca vio inaugurada la siderúrgica que había concebido, estudiado minuciosamente y por la que había trabajado 34 años, lo que habla de su tenacidad y determinación. El 19 de octubre de 1970, el general Lázaro Cárdenas del Río falleció víctima de cáncer a los 85 años. La muerte lo halló trabajando por las causas que creyó justas y necesarias, como lo había hecho desde los 15 años. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución.
En aras de rendir justo homenaje y reconocimiento al estadista, presidente general Lázaro Cárdenas del Rio, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, acuerda celebrar sesión solemne con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Rio, acaecido el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México.
Segundo . La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, extiende una invitación abierta a concurrir a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, a media asta, en la Plaza de la Constitución, en el centro de la Ciudad de México, en conmemoración de 50 aniversario del deceso del General Lázaro Cárdenas del Río; conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud federal y estatales, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes; al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el día a día, el comportamiento de las y los adolescentes es uno de los indicadores del bienestar o, en su caso, del malestar que pudieran experimentar en la etapa de vida por la que transitan.
La tristeza, la falta de energía y el escaso interés por las actividades que desempeñan de manera cotidiana son algunas de las conductas que pueden identificar las personas adultas responsables de su crianza, cuidado y desarrollo.
En algunas ocasiones, los estados de ánimo nos dan señales de alerta que deben ser detectadas y atendidas para evitar su progresión hacia una posible afectación a la salud integral de las y los jóvenes.
El comportamiento suicida es una de las variables, reportadas por la evidencia científica, asociadas al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas1 .
La Organización Mundial de la Salud ubica al comportamiento suicida en la tipología de violencia autoinfligida, que incluye pensamientos, intentos, actos suicidas y autolesiones. La presencia de cualquiera de estos indicadores debe considerarse como una señal de alto riesgo.
El suicidio es un acto violento que abarca desde la ideación, en sus diferentes expresiones, hasta el suicidio propiamente dicho, pasando por las amenazas, los gestos y los intentos.
Entre los factores que interactúan para conducir a una persona a un comportamiento suicida se cuentan los sociales, los psicológicos, los culturales y los biológicos. En algunos casos este acto se comete impulsivamente y, en tales circunstancias, el acceso fácil a medios tales como plaguicidas o armas de fuego puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte de una persona.
Es importante señalar que debido a la estigmatización de los trastornos mentales y del suicidio, muchas personas consideran que no pueden pedir ayuda.
Los comportamientos suicidas adolescentes, a menudo involucran motivaciones complicadas, entre las cuales se encuentran la depresión, el abuso de sustancias y los problemas emocionales, conductuales y sociales.
La pérdida de relaciones románticas, la incapacidad de hacer frente a problemas académicos y tensiones de la vida, la baja autoestima y los conflictos de identidad sexual son también factores de suicidio en las y los jóvenes.
La vida familiar deteriorada y conflictiva, y hechos como el divorcio pueden provocar sentimientos de desesperanza y pérdida de control en la población juvenil.
En los adolescentes, el historial familiar de enfermedades psiquiátricas, los altos niveles de disfunción familiar, el rechazo por parte de la familia y el abandono o el abuso en la infancia podrían aumentar la posibilidad de suicidio.
Por otra parte, en población juvenil se ha documentado la organización del suicidio en grupo: personas de la misma edad se coordinan para intentar o llevar a cabo el suicidio, situación que se difunde en las redes sociales, como parte de los estilos de vida y la personalidad de los jóvenes.
El suicidio es un problema de salud pública cuya atención requiere de la colaboración de distintas disciplinas de estudio en diferentes niveles de intervención.
La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones para atender esta problemática que se ha incrementado de manera alarmante entre la población juvenil; a pesar de las elevadas prevalencias entre los adultos mayores de 60 años, es la adolescencia la etapa en la que se registra el incremento de suicidios estadísticamente más significativo a nivel mundial y nacional.
Las señales de alerta2 que se detectan en estos procesos preventivos con la población juvenil son los siguientes:
• Cambios repentinos en el estado de ánimo, pasar de la alegría a la tristeza o viceversa.
• Dejar de hablar sin causa aparente con familiares y amistades u otras personas con las que antes se tenía buena comunicación.
• Sentir desesperación a un grado tal que se experimentan malestares como ganas de vomitar, temblores, dificultad para respirar, palpitaciones sin razón aparente y sudoración excesiva.
• Amenazar con hacerse daño e incluso matarse.
• Buscar medios para suicidarse o hablar de un plan para hacerlo.
• Hablar o escribir sobre la muerte, señalar que sería mejor no vivir o que los demás estarían mejor sin él o ella.
• Autolesiones (cortarse, golpearse, involucrarse con facilidad en peleas, actividades riesgosas y temerarias).
• Consumir sin control alcohol u otras drogas.
• Manifestar desesperanza (creer que nada vale la pena y que los problemas seguirán).
• Sentimientos de ira o venganza.
• Involucrarse en conductas irresponsables o que implican riesgo innecesario.
• Expresar sentimientos de estar atrapado o de no ver una salida.
• Incrementar el uso de alcohol u otras drogas.
• Aislarse, retirarse o evitar el contacto con amistades, familia o entorno.
• Mostrar ansiedad o agitación.
• Presentar alteraciones del sueño, como no dormir o hacerlo todo el tiempo.
• Desprenderse de sus pertenencias o despedirse de familiares y amistades.
• Perder interés en actividades en las que antes participaban.
• Decir que no hay razones para vivir o que la vida no tiene sentido.
El suicidio es un problema de salud pública que se ha incrementado de manera muy preocupante en nuestro país y en el mundo entero. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud3 como un acto deliberado de quitarse la vida, y ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en un problema serio de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en la actualidad, cerca de 800 mil personas se suicidan al año. La reducción de muertes por esta causa se encuentra contemplada en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca reducir en el 2030, un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. Uno de los indicadores utilizados para evaluar dicha meta es la tasa de mortalidad por suicidio.
La OMS reportó, en 2016, 804 mil muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial, ajustada según la edad, de 11.4 por cada 100 mil habitantes (15.0 entre hombres y 8.0 entre mujeres). La ingesta de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego se encuentran entre los medios más utilizados.
En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial4 . El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.
En México, las estadísticas de mortalidad de 2017 reportan que, del total de fallecimientos, 6,494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye 0.9% del total de muertes. Con ello, la tasa de suicidios 2017 es de 5.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes5 .
El Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento de la depresión y de las conductas suicidas a causa de la pandemia por coronavirus a principios del mes de agosto del 2020, situación que ahora fue confirmada por los Centros de Integración Juvenil.
La Dra. Carmen Fernández, Directora General de los Centros, reveló en el encuentro “Compromiso de la juventud por la acción mundial” que los jóvenes han sufrido un fuerte impacto durante la emergencia sanitaria y el encierro a causa del virus SARS-CoV-2, lo que ha acrecentado las crisis emocionales.
Confirmó que el riesgo suicida aumenta y esto desafortunadamente se ha complicado con la pandemia, por lo que el incremento de suicidios ha sido de un 43% de los jóvenes de entre 15 y 29 años6 .
Reportó que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años; mientras que para el rango de los 20 a los 24 años, la tasa de suicidios representa la más alta entre toda la población con un 9.3 por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, informó que entre las mujeres, el grupo con la tasa más alta de suicidios es el de 15 a 19 años, con un total de 4 por cada 100,000 habitantes. Para los hombres, el grupo de 20 a 24 años tiene una tasa de 15.1 por cada 100,000 habitantes.
Es por ello la importancia y la urgencia de que las Secretarías de Salud Federal y Estatales, creen y promuevan campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes.
La Organización Mundial de la Salud ha instituido el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de fomentar compromisos y establecer lineamientos y medidas prácticas para evitar el sufrimiento y las pérdidas humanas.
Es una fecha importante para sumarse al mundo a realizar actividades en favor de los jóvenes para erradicar este doloroso problema para nuestros jóvenes y sus familias.
Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud federal y estatales, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes.
Notas:
1 Organización Mundial de la Salud [OMS], 2006; Pérez et al., 2010
2 Borges, G., Orozco, R., & Medina-Mora, M.E. (2012). Índice de riesgo para el intento suicida en México. Salud Pública de México, 54(6), 595-606
3 https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/es/
4 https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/es/
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicid ios2019_Nal.pdf
6 https://www.gob.mx/salud/cij/es/articulos/foro-el-compromiso-de-la-juve ntud-por-la-accion-mundial?idiom=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020
Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la UNAM a establecer una opción en línea respecto a trámites de expedición de certificados de estudios y títulos profesionales; y al Conacyt, a garantizar a quienes han gestionado ese certificado o el título profesional ante la DGAE la postulación y el acceso de becas nacionales para posgrado, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad sumamente contagiosa causada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
2. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que derivado del incremento en el número de casos existentes de Covid-19 en los países que han confirmado los mismos, tal circunstancia se ha considerado como una emergencia de salud pública de relevancia internacional.
4. El 17 de marzo de 2020 la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de un comunicado publicado en la Gaceta Universitaria número 5,125, dio a conocer que con el propósito de continuar protegiendo a la comunidad y de disminuir el impacto de la situación por el Covid-19 en las tareas sustantivas de la universidad –la docencia, la investigación y la difusión de la cultura–, decidió iniciar, la suspensión paulatina y ordenada de las clases en los diferentes campus, con vistas a la suspensión total de clases.
4. Adicionalmente, el 19 de marzo de 2020, en el marco de primera sesión extraordinaria, el pleno del Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov2, Covid-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y por ello, el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General, estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia generada por el virus SARS-Cov2, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar su dispersión y transmisión en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional.
5. El actual contexto de suspensión de actividades en general y el retorno a la nueva normalidad como parte de la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, a partir de un sistema de evaluación semanal de semáforos por riesgo epidemiológico, ha ocasionado que miles de estudiantes que concluyeron sus estudios de licenciatura en la UNAM y que iniciaron los trámites correspondientes de titulación y de expedición de certificados de estudios ante la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), continúen pendientes debido a que apenas el 3 de agosto del presente año inició el proceso especial de apoyo a dichos trámites y en otros casos, es demasiado tarde, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estableció plazos definitivos en las distintas convocatorias de becas nacionales para realizar estudios de posgrado.
6. La afectación directa a los estudiantes universitarios dio origen a un movimiento para exigir la entrega de este documento, pues la falta de él podría provocar que muchos de ellos pierdan becas, la oportunidad de realizar estudios de posgrado o de obtener un empleo, como detalla la periodista Laura Islas en un reportaje del 29 de julio de 2020 en <https://www.reporteindigo.com/reporte/unam-reprobada-en-titulacion- durante-la-pandemia-estudiantes-movimiento-derechos/en> donde sostiene:
La pandemia por coronavirus ha sido el periodo de prueba más difícil para los egresados de la UNAM que están en proceso de titulación.
Durante cuatro meses, los trámites de la DGAE de la universidad han estado suspendidos debido a la contingencia sanitaria, lo que ha impedido a cientos de graduados obtener su título.
Aunque la UNAM anunció ayer por la tarde la reactivación de sus trámites de titulación y graduación, así como los correspondientes para presentar exámenes profesionales y de grado a partir del 3 de agosto, ya es demasiado tarde en algunos casos.
La falta de un título ha traído al menos cuatro graves consecuencias a quienes buscan continuar sus estudios, explican integrantes del movimiento estudiantil #MeQuieroTitularUNAM, que nació hace unos días y abandera esta causa
Les impide comenzar un posgrado en el extranjero; acceder a una beca o a un préstamo; beneficiarse de una beca nacional, e iniciar o mantenerse en un posgrado en el país.
Actualmente, la falta de este documento también pone en riesgo el futuro académico de egresados aceptados en maestrías o doctorados en universidades de Alemania, Bélgica, Malasia, Francia, Canadá, China, EUA, Inglaterra, Finlandia, Israel, Costa Rica, Países Bajos y Suiza, cuyo lugar está condicionado a la obtención del título.
De igual forma, hay graduados que han perdido oportunidades de empleo por carecer de este diploma .
Es grato para nosotros saber que hay un comunicado estableciendo una fecha, pero desafortunadamente no indica ningúnprocedimientoclaro, salvo enviar un correo a nuestras facultades.
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Ayer, la universidad publicó dos boletines. En uno decía que los trámites se reactivarían en los estados donde el semáforo por coronavirus estuviera en amarillo, aunque resultaba confuso porque también se mencionaba a lo largo del texto que sería en las entidades donde el semáforo estuviera en color anaranjado.
Sin embargo, a los pocos minutos la UNAM envió otro comunicado, pidió anular el primero y no hizo ninguna referencia al semáforo epidemiológico.
También habría que aclarar que los trámites de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y préstamo Funed ya terminaron. O sea, no pudimos aplicar este año y las consecuencias son irreversibles
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Los universitarios aseguran que los coordinadores de las facultades y sus profesores hacen todo lo posible por ayudarlos, pero no es suficiente para obtener sus papeles.
7. Antela incertidumbre persistente que viven los estudiantes de la UNAM por la falta de claridad y celeridad en la expedición de certificados de estudios y de títulos profesionales, el futuro académico de los recién egresados de una de las mejores universidades de Latinoamérica no sólo está en riesgo sino anulado, debido a la falta de flexibilidad por el Conacyt para aplazar las fechas previstas en las distintas convocatorias de becas nacionales en las quesolicita los documentos oficiales mencionados a fin de tener derecho a postularse.
8. En este contexto, es urgente que la UNAM habilite una opción en línea de la DGAE, para que los estudiantes tengan acceso a la expedición de constancias de estudios y de títulos profesionales para quienes lo hayan acreditado, mismas que deberán contener códigos de seguridad para validar la autenticidad y legalidad de los mismos y evitar con ello, la violación de varios derechos fundamentales, previstos en los artículos 3o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la autoridad educativa universitaria.
9. Asimismo, es necesario que el CONACYT garantice el derecho de postulación de estudiantes de la UNAM a las distintas convocatorias que por demora de la DGEA en la expedición de certificados de estudios y títulos profesionales no han podido cubrir dichos requisitos.
10. Por último, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos un respetuoso llamado a la UNAM y al Conacyt para concertar acciones extraordinarias en medio de la pandemia por el Covid-19 ante el escenario de deserción más alta que se tiene previsto en el país, por lo que se estima que sólo 3 de cada 10 estudiantes cursarán estudios de posgrado.
Por lo expuesto se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a habilitar en el marco de sus atribuciones una opción en línea para trámites de expedición de certificados integrales de estudios y títulos profesionales para realizar en forma oportuna los trámites para becas de estudio nacionales y en el extranjero.
Segundo. Se exhorta a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que, en el marco de sus atribuciones, garantice a los estudiantes que han tramitado el certificado de estudios, el título profesional o ambos ante la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, el registro correspondiente para la postulación y el acceso de becas nacionales para realizar estudios de posgrado.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2020.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a proporcionar apoyo material y económico al sector de transporte en pro de la seguridad de operadores y usuarios, y contar así con insumos para tomar medidas tendentes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por Covid-19, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave a proporcionar el apoyo material y económico necesario y suficiente al sector del transporte en las diversas modalidades para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos indispensables para tomar las medidas necesarias tendentes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por Covid-19 en Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una pandemia puede describirse como un brote de enfermedad mundial. Dependiendo de las características de la enfermedad, puede propagarse fácilmente, hay poca o ninguna inmunidad a la enfermedad, no hay vacuna disponible, y hay una alta tasa de personas que se enferman y/o mueren. Las pandemias causan un ausentismo significativo, cambian los patrones de comercio, limitan las soluciones médicas inmediatas e interrumpen las cadenas de suministro.
Abordar los desafíos de la toma de decisiones en la respuesta a una pandemia en el contexto del transporte es una tarea multidimensional, que involucra no sólo a las organizaciones de transporte y tránsito sino, también, a las de salud, las agencias de gestión de urgencias y los puntos de comunicación.1
Es indudable que en todo el país, y particularmente en Veracruz, el uso del transporte público y de carga, desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se redujo notoriamente por el ausentismo laboral, comercio reducido, miedo a la exposición a la infección en un entorno público y las directrices de la salud pública y/o de la gestión de emergencias.
Reducción que se fue incrementando conforme avanzaban los días y, con motivo de las instrucciones de las autoridades federales y locales de mantenerse en casa; así como las disposiciones para que las instituciones públicas, escuelas, iglesias, restaurantes, gimnasios, hoteles y muy diversos tipos de empresas, limitaren o suspendieran actividades, reducción que trajo consigo una gran afectación económica para los prestadores del servicio.
Conforme se fue generalizando el distanciamiento social para tratar de evitar conglomeración y el inherente asilamiento producto del trabajo a distancia; y siendo Veracruz un gran destino turístico, la drástica disminución de viajeros internos, nacionales e internacionales también influyó sobre manera para la disminución del transporte público. Como efecto de la disminución de actividades económicas, el transporte de carga también ha sufrido grave afectación.
En marzo comenzó a notarse un verdadero declive en el uso de transporte público para tratar de retrasar el contagio masivo del virus. La caída del uso del transporte de pasajeros y de carga se comenzó a percibir cotidianamente con sus consecuentes afectaciones económicas.
A finales de marzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal emitió una guía rápida para afrontar una pandemia en el trasporte público dirigida a las organizaciones de transporte local - urbanos o suburbanos -de pasajeros. Dicha guía recomienda las acciones a seguir en este escenario y fue diseñada con base en el reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EUA Guía para la planificación y respuesta ante una pandemia en el transporte público (2014). 2
Entre las medidas recomendadas por la SCT para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas destacan éstas:3
1. Aislar a las personas de la contaminación (por ejemplo, barreras de plexiglás para conductores y vendedores de boletos).
2. Capacitación del personal. Planes, políticas y procedimientos que articulan y hacen cumplir los medios para reducir la infección.
3. Guantes y mascarillas para protección respiratoria para reducir la exposición del personal.
4. Lavado de manos y desinfectante de manos sin agua (gel antibacterial) para el personal. Proveer gel antibacterial en estaciones y unidades del transporte público para los usuarios.
5. Limpieza (por ejemplo, limpieza con vapor, desinfectantes) de estaciones, vehículos y lugares de trabajo para minimizar la contaminación de superficies que participen como vector pasivo
6. Mantener un espacio adecuado de sana distancia entre las personas para minimizar la contaminación por aerosol y gotas (por ejemplo, por toser y estornudar).
7. Controlar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado para reducir la propagación de la contaminación.
Otras recomendaciones para el transporte público, incluyendo el masivo y los servicios de taxis, son éstas:4
1. Para la protección de los conductores de autobús, si no están protegidos por una mampara o cabina, los pasajeros no usarán la puerta delantera (salvo que el boleto o su cobro les haya de ser facilitado por el conductor).
2. La fila tras el asiento del conductor deberá mantenerse desocupada.
3. Desanimar al uso de dinero físico siempre que se pueda, en el pago a conductores u otros.
4. Taxis y vehículos por encargo con conductor: un pasajero como máximo, excepto en los casos en que es necesario acompañar a algún menor, enfermo o persona de edad avanzada.
5. Mantener permanentemente activos los protocolos para la revisión de los usuarios, la vigilancia de distancia y ocupación dentro de las unidades.
6. Las organizaciones de transporte deben tener una política de cuándo y cómo implementar actividades de limpieza extremas en respuesta a un brote de enfermedad de alta transmisibilidad.
Ahora bien, para mantener la seguridad en las estaciones y vehículos de transporte se determinó necesario limpiar y desinfectar rigurosamente las instalaciones y unidades del transporte público. Y se señaló que los componentes básicos de una gestión ambiental efectiva de las pandemias incluyen:5
1. Disponer de una política y de protocolos apropiados de desinfectantes registrados por la autoridad competente, equipos de protección personal y protocolos de limpieza para vehículos, áreas públicas fijas y áreas de trabajo.
2. Realizar la limpieza de rutina con jabón o detergente en agua para eliminar la suciedad y la materia orgánica de las unidades e instalaciones, seguida del uso adecuado de productos químicos y de medidas que puedan reducir las posibilidades de transmisión de una enfermedad a las manos por el contacto físico con las personas y las superficies.
3. Capacitar y equipar a los trabajadores para que utilicen los desinfectantes de manera adecuada para su protección y seguridad, incluyendo protección respiratoria de los productos químicos utilizados en la desinfección. Mantener un lavado frecuente de las manos, el uso de limpiadores de manos sin agua (por ejemplo, gel antibacterial) y el uso de guantes.
4. Reducir la aerosolización de los microorganismos causantes de enfermedades durante el proceso de limpieza
Cumplir todas estas recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad requiere no sólo de un gran esfuerzo para el personal del transporte, que no solo demanda tiempo y acción física, sino más aún, recursos económicos suficientes para estar en condiciones de adquirir y disponer de cubrebocas, guantes, caretas, gel desinfectante, mamparas divisorias, jabón, detergente, agua, desinfectantes ambientales, entre otros.
Finalmente, la SCT aclaró que en México, los servicios de transporte público son operados en cada Estado de manera diversa, por lo que la guía solo sintetiza las recomendaciones de manera general, las cuales pueden ser adaptadas al contexto local en cada ciudad. Cada estado a través de su autoridad en materia de transporte público deberá establecer sus propias acciones para hacer frente a las pandemias, tales como la actual del Covid-19.6
La organización de transporte deberá considerar todos los modos de transporte masivo con los que dispone, en la generación de estrategias específicas para cada uno de ellos, respetando las cláusulas establecidas en los títulos de concesión, o las que correspondan en caso de ser empresas del estado. Todas las acciones deben considerar su contexto político y social en el que se encuentre el sistema de transporte en el estado.
Por otro lado, como es sabido, Veracruz durante todo el desarrollo de la pandemia ha fluctuado entre los 5 primeros lugares entre las entidades con mayor número de casos confirmados de Covid-19. Actualmente, ocupa el quinto lugar, con 26,192 casos confirmados y 3 mil 421 defunciones.7
En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa el riesgo que enfrentan en el Estado de Veracruz tanto los operadores del transporte, como los pasajeros, y las precarias condiciones en que se encuentran como para poder atender todas y cada una de las recomendaciones hechas por la SCT. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave a brindar el apoyo material y económico, necesario y suficientemente eficaz, al sector del transporte en sus diversas modalidades - taxistas; transporte público urbano y suburbano; y transporte de carga - para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos indispensables (cubrebocas, guantes, caretas, gel desinfectante, mamparas divisorias, jabón, detergente, agua, desinfectantes ambientales, entre otros) para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por Covid-19 en el estado, en esta etapa tan adversa para la economía de dicho sector.
Notas
1 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf
2 Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina 2014. Guía para la planificación y respuesta ante una pandemia en el transporte público. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/22414
3 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf
4 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf
5 Ídem.
6 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf
7 Información actualizada al 17 de agosto de 2020 y consultada en https://coronavirus.gob.mx/datos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de realizar por el SAT cobros retroactivos de derechos a maquilas para obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior; y a la Prodecon, a actuar conforme a derecho y pronunciarse sobre la ilegalidad de tales cobros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a abstenerse de realizar cobros retroactivos de derechos a maquilas, a fin de obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior; y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a actuar conforme a derecho y pronunciarse sobre la ilegalidad de tales cobros, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para tocar el tema que nos ocupa es necesario recordar algunos preceptos constitucionales, como el relativo al principio de irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, que establece: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”; y el principio de legalidad, previsto en el artículo 16, que señala: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Estos dos principios son fundamentales para la certeza o seguridad jurídica.
“Los derechos de seguridad jurídica son tal vez los que más clara relación guardan con el concepto de Estado de derecho en sentido formal. El Estado de derecho en sentido formal puede entenderse como el conjunto de reglas del juego – de carácter fundamentalmente procedimental– que los órganos públicos deben respetar en su organización y funcionamiento internos y, lo que quizá sea todavía más importante para la materia de los derechos fundamentales, en su relación con los ciudadanos. Se trata del concepto formal de estado de derecho como Estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a la ley...” (Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México, Porrúa/UNAM/CNDH, página 585.)
Habiendo recordado estos preceptos. Recordemos que el 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “primera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus anexos Glosarios de Definiciones y Acrónimos 1,4,10, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 y 31”, en el que se especifica en el “título 7. Esquema Integral de Certificación”, los requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo, de la LIVA, 15-A, primer párrafo, de la LIEPS y 100-A de la ley.
Con dichas modificaciones se creó el esquema integral de Certificación de Empresas, a fin de prever facilidades fiscales y de operación aduanera para fomentar su competitividad, lo que permitirá solicitar la aplicación de un crédito fiscal por un monto equivalente a 100 por ciento de la cantidad que deba pagarse por concepto de los impuestos al valor agregado (IVA) y especial sobre producción y servicios (IEPS) que se causen con motivo de
• La importación temporal de mercancías para elaborar, transformar o reparar en programas de maquila o de exportación;
• Depósito fiscal para el proceso de ensamble y fabricación de vehículos;
• Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y;
• Recinto fiscalizado estratégico.
Actualmente el SAT está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en comercio exterior que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores.
En la actual situación económica que vive nuestro país derivada de la pandemia por Covid-19, es necesario incentivar a la industria nacional y privilegiar la creación de empleos, así como brindar certidumbre y certeza jurídica en el sector productivo.
El cobro referido indudablemente constituye una acto en contra las maquiladoras, basado en interpretaciones subjetivas de las reglas fiscales, carentes de fundamentación y motivación que afectan gravemente a las industria maquiladora de nuestro país y que atentan contra los principios de irretroactividad, legalidad y certeza jurídica referidos al principio.
La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, a través de las Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, dependencias del SAT, dio a conocer las cuotas de los últimos seis años, derivadas de una interpretación astuta y perjudicial para los contribuyentes, en específico, de las empresas que accedieron al esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior.
Con motivo del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación las empresas en él inscritas no pagaban derechos por renovar su certificación y ahora el SAT pretende requerirles de manera retroactiva –lo cual, como hemos señalado, es violatorio del artículo 14 de la Carta Magna y atenta contra el principio de certeza jurídica – el pago de cuotas que van desde 24 mil 506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 pesos para 2020, para las certificaciones en IVA, del IEPS, para la comercializadora e importadora, los operadores económicos autorizados y el socio comercial certificado, lo que claramente representa una afrenta contra este sector tan importante para la economía nacional, y más en estos tiempos tan apremiantes, con motivo de la afectación económica derivada de la pandemia, como ya hemos expuesto, y en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos de América y Canadá, en los que se necesita certidumbre para el intercambio de mercancías, privilegiar las condiciones económicas para la inversión, la creación y no pérdidas de empleos, pero sobre todo, apoyar al sector productivo.
El SAT ha amenazado reiteradamente con que, de no pagar, las empresas perderán su registro y los beneficios de certificación que lograron para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014.
En Acción Nacional estimamos que el cobro de mérito constituye una medida recaudatoria arbitraria basada en una interpretación subjetiva por parte del SAT y por lo tanto, carente de fundamentación y motivación; que atenta contra los principios de irretroactividad de la ley, de legalidad, y de certeza jurídica; por lo que consideramos que la Prodecon debe intervenir de inmediato como instancia competente para pronunciarse al respecto al emitir una opinión colegiada que precise la actuación de la autoridad fiscal; a fin de evitar que la industria maquiladora pague estos cobros arbitrarios ya que cuando las empresas intenten renovar la autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, el SAT les cuestionará injustificadamente por qué no se han pagado los derechos y les ordenará suspender operaciones, lo que afectará gravemente su participación en el comercio exterior.
Por lo descrito someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a abstenerse de realizar cobros retroactivos por derechos a maquilas, basándose en interpretaciones subjetivas de la ley y de las normas fiscales para obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a emitir en ejercicio de sus facultades y con la mayor la brevedad una opinión colegiada sobre el tema de cobros retroactivos por derechos a maquilas, que realiza el Servicio de Administración Tributaria basándose en interpretaciones subjetivas de la ley y de las normas fiscales, con la finalidad de obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la STPS un programa especial para que las dependencias de la APF y los empleadores de los sectores público y privado, permitan que las trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan auxiliar así a los hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN
Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a implantar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un programa especial para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores de los sectores público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan con ello auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, al tenor de la siguiente
Antecedentes
En diciembre de 2019 se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China, un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de Wuhan informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la presencia de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos.
El 30 de enero de 2020, con más de 9 mil 700 casos confirmados de 2019-nCoV en la República Popular China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el director general de la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando la recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. Siguiendo las mejores prácticas de la OMS para nombrar las nuevas enfermedades infecciosas humanas, en colaboración y consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la OMS ha denominado la enfermedad como Covid-19, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas en inglés. (Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de Covid-19, gobierno de la república. Secretaría de Salud).
El pasado 11 de marzo, la OMS declaró esta propagación como una pandemia y ha llamado a los gobiernos de todo el orbe a tomar las medidas necesarias para contenerla y atenderla.
Esta pandemia repercutió en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana: las niñas, los niños y los adolescentes. Esto es así porque, para su protección, la Secretaría de Educación Pública tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todas las escuelas del país, lo que implicó que desde el 17 de marzo de 2020 los alumnos permanecieran en casa.
La propia Secretaría de Educación Pública ha anunciado que ninguna escuela del país podrá regresar a tener clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico, instaurado por la Secretaría de Salud, esté en verde.
Con base en lo anterior, se inició el ciclo escolar el pasado 24 de agosto con una cuestionada estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública que consiste en que los alumnos deberán tomar clases a distancia a través de contenidos que se difunden en las principales televisoras del país.
Esta estrategia hace necesariamente que las y los niños cuenten con una persona que pueda auxiliarles en el desarrollo de sus actividades académicas desde casa, labor que recae mayoritariamente en las madres de familia.
El pasado viernes 28 de agosto, la Secretaría de Salud del gobierno federal anunció que a partir del lunes 31 de agosto de 2020 Colima estará en semáforo rojo, 21 estados estarán en semáforo naranja y 10 pasan a semáforo amarillo.
Lo anterior significa que la gran mayoría de empresas y dependencias de gobierno federal, estatal o municipal, regresarán a laborar de manera inmediata.Esto representa un enorme dilema para las mujeres que desempeñan el papel de sostén económico del hogar y que cuentan con un trabajo, quienes tendrán que elegir entre ir a trabajar y obtener un ingreso económico para sus familiaso quedarse en casa para auxiliar a sus hijos e hijas en esta nueva etapa de enseñanza educativa a distancia.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que cerca de 15.8 millones de trabajadoras son madres. Ellas representan 73 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país. De igual manera, el Inegi señala que 28.5 por ciento de los hogares en México tiene a una mujer como jefa de familia; es decir, 9 millones de hogares.
De las madres solteras en el país, 70.6 por ciento corresponde a trabajadoras formales, mientras que 46.7 de las divorciadas, separadas o viudas es empleado en algún sector.
Estos datos nos permiten ver con claridad la compleja situación a la que se enfrentarán millones de madres mexicanas, la nueva realidad nacional implica una urgente necesidad de que el gobierno pueda dar opciones viables de apoyo a los millones de mujeres en México que tendrán que decidir entre el trabajo o el cuidadoeducativo de sus hijos e hijas.
La propia Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se han pronunciado al respecto y han señalado la necesidad de dar apoyos y facilidades a las y los trabajadores, han puesto especialatención en la coordinación que debe existir entre el estado y los empleadores del sector privado para presentar alguna solución integral a la situación.
Ante el problema inmenso que se presenta, es necesario que el estado mexicano presente propuestas viables de apoyo a las madres de familia en México, porque no hay lugar a dudas que las madres preferirán ir a trabajar para no perder el sustento de su familia, y con ello, las y los niños serán los más afectados al no contar con una persona que pueda auxiliarles en el desarrollo de sus programas educativos a distancia, lo que claro está violentaría el derecho a recibir una educación de calidad y violentaría también, nuestro principio constitucional del interés superior de la niñez.
Ante esta situación, el estado mexicanodebe implementar un programa para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores del sector público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen con su actividad laboral desde su hogar y así puedan auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a implantar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un programa especial para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores de los sectores público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan con ello auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el IMSS a implantar medidas sanitarias para proteger la salud de los enfermos renales crónicos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Ector Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al titular del Instituto Mexicano de Seguro Social a implantar las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los enfermos renales crónicos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
México enfrenta actualmente, igual que numerosos países de todo el mundo, una pandemia causada por el coronavirus SARS-Cov2. La enfermedad que provoca, conocida como Covid-19, es sumamente contagiosa y ha ocasionado que, en el país, al 15 de agosto, tras 4 meses y 12 días desde que el Consejo de Salubridad General la reconociera como grave y de atención prioritaria, se hayan confirmado 517 mil 714 casos y 56 mil 543 defunciones por Covid-19, lo que implica una tasa de letalidad de 10.92 por ciento, significativamente superior a la global. 1
La enfermedad causada por este nuevo coronavirus se manifiesta como un padecimiento respiratorio agudo con neumonía intersticial y alveolar, pero según ha sido constatado a lo largo de estos últimos meses y derivado de las experiencias reportadas con otras cepas de coronavirus, la enfermedad puede afectar a múltiples órganos tales como el riñón, el corazón, el tracto digestivo, la sangre y el sistema nervioso.
En la atención de este padecimiento se han reconocido alrededor del mundo diversos grupos de personas que por sus características tienen más posibilidades de desarrollar sintomatología grave o morir a causa de ella. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.2
Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) forman parte de estos grupos de riesgo, en tanto que son sujetos más expuestos a padecer procesos infecciosos graves, sumado al hecho que este tipo de pacientes acostumbran a tener factores de morbilidad asociados a la ERC tales como la obesidad, el tabaquismo y la enfermedad pulmonar pre establecida, que pueden desencadenar en la existencia de un cuadro clínico de mayor riesgo.3
Ante esta realidad, la protección de los pacientes en terapia de sustitución por enfermedad renal crónica es de suma relevancia, ya que además de la vulnerabilidad coyuntural de los mismos durante la pandemia de Covid-19, esta enfermedad constituye uno de los más graves problemas de salud pública que tiene México. Lo anterior, derivado de su origen multifactorial y del hecho que la ERC está estrechamente asociada a algunas de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el país, como la diabetes y la hipertensión, que juntas acumulan 85 por ciento de las principales causas de la ERC.
Consideraciones
México ostenta el 6to puesto de mortalidad derivada de la enfermedad renal crónica a escala mundial.4 En 2017 se reportó una prevalencia de ERC de 12.2 por ciento y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes.1 En cuanto a 5a atención médica de esta enfermedad, 85 por ciento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad es atendido en el Instituto Mexicano de Seguro Social.
Las opciones de terapias de sustitución renal son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, este último es la mejor opción de tratamiento para la ERC, pero en nuestro país es muy poco viable por la falta de donantes, así como por el costo que representa inicialmente este procedimiento. En México por un tiempo predominó el uso de la diálisis peritoneal, pero en los últimos años se impulsó a la hemodiálisis.6
La diálisis es un procedimiento por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre. En la actualidad, existen dos tipos de procedimientos de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
El tratamiento de hemodiálisis (HD) consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace circular la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o dializador en el que las sustancias tóxicas de la sangre se difunden en el líquido de diálisis; la sangre libre de toxinas vuelve luego al organismo a través de una vena canulada. En este procedimiento la sangre pasa por un filtro a una máquina, que sustituye las funciones del riñón, donde es depurada. Esta técnica no sustituye algunas funciones importantes del riñón, como las endocrinas y metabólicas. La hemodiálisis se realiza en centros de tratamie7to en instalaciones especiales dentro de hospitales. 1
La diálisis peritoneal, es una técnica que usa el recubrimiento del abdomen (llamado peritoneo) y una solución conocida como dializado. El dializado absorbe los deshechos y líquidos de la sangre, usando el peritoneo como un filtro. El líquido de la diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter previamente implantado con una pequeña intervención quirúrgica, y se extrae una vez pasado un tiempo, en el que se ha producido el intercambio de solutos en la membrana. Se realiza una media de 3 a 5 intercambios al día dependiendo de las necesidades del paciente. Este procedimiento se realiza en un lugar adaptado de la casa del paciente, para lo cual son muy importantes la higiene y los cuidados de asepsia y antisepsia.8
Si bien la diálisis representa una terapia de soporte de vida esencial, en el contexto de emergencia sanitaria actual, esta implica múltiples retos de seguridad tanto para los pacientes como para el personal sanitario involucrado en los procedimientos.
La mayoría de los pacientes que se encuentran en tratamiento de sustitución renal tienen un sistema inmunológico comprometido, por lo que son más propensos, incluso en circunstancias normales, a desarrollar infecciones más severas que el resto de la población. En el caso de la hemodiálisis, los pacientes se encuentran sobreexpuestos derivado de la inevitable proximidad al personal de salud durante las sesiones, así como a la frecuencia en la que deben acudir a sus centros de referencia. Además, esta sobreexposición puede generar entre los pacientes dudas acerca del costo-beneficio que implica el hecho de acudir a sus sesiones, y desencadenar en la cancelación de las mismas, generando así un perjuicio en el avance y estabilidad del tratamiento y la salud general del paciente.
De acuerdo con un estudio realizado por la Sociedad de Nefrología de España, de un total de 868 pacientes contagiados por Covid-19 que se encontraban en algún tipo de tratamiento de sustitución renal, se desprende que 63 por ciento de los pacientes realizaban hemodiálisis en centro y el resto eran pacientes trasplantados o en diálisis peritoneal, 85 por ciento de los registrados tuvieron que ser hospitalizados y la tasa de mortalidad al momento de realizar el estudio alcanzaba 23 por ciento.1 Al observar estos datos es preciso matizar que España destaca por el gran núm9ro de enfermos renales que tienen acceso al trasplante de riñón, mientras que en México prevalecen los pacientes en tratamiento de hemodiálisis, seguido de diálisis peritoneal, lo que sugiere que la prevalencia de contagios de enfermos renales en México pudiera ser significativamente mayor.
A raíz de esta situación, investigadores y comunidades científicas en diversos países han desarrollado lineamientos y recomendaciones para la correcta atención de los pacientes en tratamiento de sustitución renal, a fin de minimizar los riesgos para todas las partes implicadas. En el contexto de México se publicó el 24 de marzo del 2020 el artículo “Prevención y control de la infección por SARS- Cov2 (Covid-19) en unidades de hemodiálisis”, en la revista Salud Pública de México. 1 Entre las recomendaciones que recoge este artículo se encuentran las siguientes:
• 0Implantación de las medidas estándares de distanciamiento social;
• Establecimiento de salas de espera con espacios distanciados que permitan el aislamiento de sospechosos y contagiados por Covid-19 así como áreas de escrutinio;
• Aplicación de la hemodiálisis en áreas aisladas por personal de salud que respete turnos específicos de covid-19 y no covid-19 y atienda a los mismos pacientes en cada tratamiento; y
• Hacer uso de máquinas de osmosis portátiles que permitan realizar el tratamiento al pie de la cama del paciente.
Otro de los recursos generados en el marco mexicano son las guías preventivas renales, que presentan recomendaciones relativas a la atención de los pacientes en terapia de sustitución renal en el contexto Covid-19 y que fueron publicadas por el Proyecto NEF en el marco de la Alianza por la Salud Renal. Estos documentos se presentan como herramientas de orientación científica fruto de la colaboración entre especialistas nefrólogos mexicanos de distintos ámbitos de la ciencia y la medicina y que buscan promover atención de calidad y protocolos unificados para el sector salud.
Tomando en cuenta la realidad del sistema de salud mexicano, que está sufriendo una reestructuración derivada de las necesidades causadas por el Covid-19, la sobresaturación de hospitales en algunos puntos y regiones del país, así como alta tasa de incidencia en los casos que se reportan diariamente de Covid-19, se dificulta una correcta y estricta implementación de las recomendaciones dirigidas a pacientes en tratamiento de hemodiálisis para que se puedan evitar riesgos mayores. De ahí se desprende que la diálisis peritoneal en casa, debería ser considerada como opción de preferencia, empezando por los pacientes incidentes con necesidad urgente de ser dializados, cabe mencionar que 80 por ciento de los pacientes es elegible medicamente para el inicio en dicha opción de preferencia.
Esto, a su vez, está alineado con algunas recomendaciones internacionales como por ejemplo la de la British Renal Society , quienes consideran esencial que los pacientes en DP continúen de forma habitual el tratamiento en sus casas y que, en relación a aquellos pacientes con necesidad urgente de ser dializados, se considere la DP como opción de preferencia.11
En la misma línea, el doctor Christopher Chan, jefe de la División de Nefrología en la Universidad Health Network, en Toronto, declaró lo siguiente:
Pacientes en la última etapa de la falla renal se encuentran relativamente inmunocomprometidos, y la práctica actual de diálisis hospitalaria no permite llevar a cabo el distanciamiento social. La diálisis en el hogar puede proveer de una terapia indispensable para la vida mientras se minimizan los riesgos por exposición.
En definitiva, la aplicación de DP en el hogar representa una reducción significativa de los riesgos a los que se enfrentan los pacientes con ERC en el contexto de Covid-19 y el personal médico que atiende a tales pacientes, mientras se mantiene la posibilidad de dar seguimiento al tratamiento a través del monitoreo remoto por parte de personal sanitario, sin afectar en ningún modo a la función respiratoria de la persona en cuestión.
Por lo anterior y dada la realidad de que por el momento no se cuenta en el mundo con una vacuna para proteger a las personas de la posibilidad de contagio de Covid-19, es de vital importancia que el gobierno de México, por medio de las autoridades de salud competentes en la materia, establezca lineamientos de protección y atención prioritaria, promueva las mejores prácticas aplicadas a escala internacional y tome en consideración las recomendaciones emitidas en la materia por la comunidad médico-científica, todo esto a fin de minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 de los pacientes que requieren algún tipo de terapia de sustitución por causa de la ERC, por lo cual se someten a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad coordinadora del Sistema Nacional de Salud de la Secretaría de Salud y al maestro Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, institución que atiende a más de 80 por ciento de los pacientes dializados del país, a implantar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagio por Covid-19 y proteger a los pacientes con ERC que se encuentran en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar en el ámbito de su competencia y con la finalidad de proteger a los pacientes de ERC que estén por iniciar terapias de sustitución una política transversal a todo el sistema de salud para iniciar la terapia de sustitución con diálisis peritoneal, a efecto de reducir al mínimo el riesgo de contagio por Covid-19.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a ordenar en el ámbito de su competencia la implantación generalizada en el sistema de salud de las recomendaciones emitidas por la comunidad médico-científica especialista en nefrología para reducir el riesgo de contagio por Covid-19 de los pacientes de ERC que se encuentran en algún tipo de terapia de sustitución.
Notas
1 Gobierno de México, conferencia del 15 de agosto: comunicado técnico diario, 15 de agosto de 2020, disponible en https://ggle.io/3KWQ [en línea].
2 Diario Oficial de la Federación, acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implantar a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), 24 de marzo de 2020, disponible en https://bit.ly/2DFeUte [en línea].
3 Méndez Durán, A. Diálisis peritoneal y Covid-19. Manejo de los pacientes en la pandemia emergente SARS Cov-2, NEF-Fundación Mario Ossorio Robles, julio de 2020.
4 Agudelo-Botero M.; Valdez-Ortiz, R.; Giraldo Rodríguez, L.; y otros. Overview of the burden of chronic kidney disease in Mexico: secondary data analysis based on the Global Burden of Disease Study 2017. BMJ Open 2020; 10:e035285. doi:10.1136/ bmjopen-2019-035285, 25 de marzo de 2020, disponible en https://bit.ly/3kbEFlw [en línea].
5 Gobierno de México: Instituto Nacional de Salud Pública, La enfermedad renal crónica en México, 9 de julio de 2020, disponible en: https://bit.ly/3i7UGHi [en línea].
6 Gobierno de México, Guía de referencia rápida Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-727-14, Tratamiento sustitutivo de la función renal. Diálisis y hemodiálisis en la insuficiencia renal crónica en el segundo y tercer niveles de atención, septiembre de 2014, disponible en https://bit.ly/31ksxpL [en línea].
7 Pereira-Rodríguez, J.; Boada-Morales, L.; Peñaranda-Flórez, D.; y Torrado-Navarro, Y. Diálisis y hemodiálisis. Una revisión actual según la evidencia, volumen 15, número 1, Sociedad Argentina de Nefrología, septiembre de 2017, disponible en https://bit.ly/30vZikM [en línea].
8 Ibídem, página 7.
9 Sánchez-Álvarez, E.; Pérez Fontán, M.; Jiménez Martín, C.; Blasco Pelícano, M.; y otros. Nefrología, mayo-junio de 2020; 40(3): 272-278, 16 de abril de 2020, doi:10.1016/j.nefro.2020.04.002, disponible en https://bit.ly/3l6wqYy [en línea].
10 Vega-Vega, O.; Arvizu-Hernández, M.; Domínguez-Cherit, J.; Sierra-Madero, J.; y Correa-Rotter. "Prevención y control de la infección por coronavirus SARS-Cov2 (Covid-19) en unidades de hemodiálisis", en Salud Pública de México, 8 de mayo de 2020, disponible en https://bit.ly/3a0HBfW [en línea].
11 British Renal Society, Covid-19: Checklist and guidance for management of peritoneal dialysis programmes, 30 de marzo de 2020, disponible en https://bit.ly/33uZVwA [en línea].
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, donde se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la SEP y la SCT a efecto de que se coordinen y refuercen la estrategia de cierre de la brecha digital a través de suficiente inversión en recursos tecnológicos para contribuir a que niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América. 1
La primera persona con Covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.2
En América Latina y el Caribe, como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto; en África, 121 millones; en Asia oriental y el Pacífico, 80 millones; en Oriente Medio, 37 millones; y en Europa del este Asia Central, 25 millones.3
Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asegura que es necesario cerrar la brecha digital que hace que millones de niños ahora mismo se estén perdiendo de la educación básica y fundamental para su crecimiento.4
De acuerdo con el informe de UNICEF, al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio cuando el Covid-19 cerró sus escuelas.5
Asimismo, de acuerdo con la directora de UNICEF, Henrietta Fore, “para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron, no existía el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial y las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas”.6
En el punto máximo de cierres de escuelas a nivel nacional y local, casi 1500 millones de estudiantes se vieron afectados. El informe Accesibilidad del aprendizaje remoto describe las limitaciones de esta herramienta y expone profundas desigualdades en el acceso.7
De acuerdo con el informe, los estudiantes de los hogares más pobres y los que viven en áreas rurales son los más propensos a perder su educación durante los cierres. A nivel mundial, 72 por ciento de los escolares que no pueden acceder al aprendizaje a distancia viven en los hogares más pobres de sus países. En los países de ingresos medio altos, los alumnos de los hogares más pobres representan hasta 86 por ciento de los estudiantes que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. A nivel mundial, tres cuartas partes de los escolares sin acceso viven en zonas rurales.8
El informe también señala diferentes tasas de acceso entre los grupos de edad, y es más probable que los estudiantes más jóvenes se pierdan el aprendizaje remoto durante sus años más críticos de aprendizaje y desarrollo.9
Por ejemplo, no tienen acceso alrededor de 70 por ciento de los escolares en edad preescolar (120 millones de niños), en gran parte debido a los desafíos y las limitaciones del aprendizaje en línea para los niños pequeños, la falta de programas de aprendizaje a distancia para esta categoría de educación y la falta de recursos en el hogar para aprendizaje remoto.
Asimismo, 29 por ciento de los niños de educación primaria (217 millones de estudiantes) no tienen acceso a este tipo de clases, así como al menos alrededor de 24 por ciento de los alumnos de secundaria inferior (78 millones de estudiantes) no fueron atendidos.
Los niños y jóvenes en la escuela secundaria superior son los que tienen menos probabilidades de perder su educación, pero aún así al menos 18 por ciento (48 millones de niños en edad escolar) no tienen los recursos tecnológicos para acceder al aprendizaje a distancia.
De acuerdo con la UNICEF, cuando la reapertura no sea posible, se insta a los gobiernos a incorporar el aprendizaje compensatorio por el tiempo de instrucción perdido en la continuidad escolar y los planes de reapertura.
Además, de acuerdo con el informe del Fondo de la ONU, las políticas y prácticas de apertura escolar deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos marginados. Los sistemas educativos también deben adaptarse y construirse para resistir crisis futuras.
Como parte de su campaña Reimagine que tiene como objetivo evitar que la pandemia de Covid-19 agrave una crisis duradera para los niños, especialmente los más pobres y vulnerables, UNICEF pide una inversión urgente para cerrar la brecha digital, llegar a todos los niños con el aprendizaje remoto y, lo más crítico, priorizar la reapertura segura de escuelas.10
Es por ello, que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia con base en invertir en recursos tecnológicos para cerrar la brecha digital y llegar a todos los estudiantes con el aprendizaje remoto, con el fin de contribuir al acceso al aprendizaje a distancia de la educación básica y fundamental para su desarrollo, especialmente para los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria Covid-19.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se invierta responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios, por lo que me permito proponer, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se coordinen para reforzar la estrategia para cerrar la brecha digital a través de suficiente inversión en recursos tecnológicos, con el fin de contribuir a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria Covid-19.
Notas
1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
3 Naciones Unidas, Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, Noticias ONU, Bienvenido a las Naciones Unidas, Cultura y educación, consultado por última vez el 28 de agosto de 2020 en https://news.un.org/es/story/2020/08/1479572
4 Ibídem.
5 Naciones Unidas, Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, Noticias ONU, Bienvenido a las Naciones Unidas, Cultura y educación, consultado por última vez el 28 de agosto de 2020 en https://news.un.org/es/story/2020/08/1479572
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y la Sader sobre el refuerzo de una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles en los planos económico, social y ambiental, a fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes
Consideraciones
Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1
La primera persona con Covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.2
“En América Latina y el Caribe se espera la mayor crisis económica y social del último siglo con motivo de la pandemia del Covid-19, previéndose una caída del producto interno bruto regional en un -9.1 por ciento en 2020”, informaron los organismos.
Aunado a lo anterior, a través de la declaración conjunta sobre el aumento de la inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios ante la crisis por Covid-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), hicieron un llamado a que los países inviertan responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios.3
Lo anterior tendrá repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población, derivado del desempleo y otras consecuencias de la pandemia.
Asimismo, se prevé que habrá 45 millones de personas más en situación de pobreza en la región de América Latina y el Caribe, llegando a un total de 230 millones de personas. La pobreza extrema también aumentará, con 28 millones de personas más en esta condición, para llegar a un total de 96 millones de personas. En este contexto de pobreza, en el que las personas no tienen los recursos para adquirir alimentos o adquieren aquellos más baratos y de menor valor nutricional, el riesgo de que aumenten los índices de desnutrición y malnutrición es inminente.4
Por ello, tanto la FAO como el Parlatino han exhortado a los países a contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, promueven una recuperación “inclusiva y transformativa post-Covid-19”, a través de inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental.5
El presidente de Parlatino, Jorge Pizarro, destacó que la crisis del Covid-19 se ha convertido en una oportunidad para “replantear la manera en que funciona nuestra agricultura y sistemas alimentarios, a fin de adoptar medidas de recuperación que permitan reconstruir con igualdad las economías de todos los países de la región”. Además destacó que es necesario construir un modelo de desarrollo más participativo y más humano, construir sociedades más inclusivas, donde se garantice dignidad y calidad de vida.1
En este sentido, la declaración dada a conocer por la FAO y el Parlatino tiene como base diez principios para asegurar una inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios, es decir, los Principios CSA-IAR.
Estos principios fueron creados por la plataforma internacional Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y son aplicables a todo tipo de inversión agrícola, sin importar su tamaño.
“Dada la relevancia del sector agroalimentario para la economía, la generación de empleo y la seguridad alimentaria, es urgente aumentar inversiones que respondan a la crisis derivada del Covid-19 y fortalezcan dicho sector”.7
“El desarrollo inclusivo y sostenible, contribuyendo a reconstruir con igualdad las economías de todos los países de la región, apoyando la capacidad de resiliencia de las comunidades y manteniendo operativa la producción de alimentos y sus cadenas de suministro”.1
La FAO y el Parlatino externaron sus recomendaciones hacia el fortalecimiento de la agricultura y los sistemas alimentarios en la región. Entre ellas se encuentra el mantener un entorno normativo, jurídico, reglamentario e institucional propicio para impulsar inversiones agrícolas públicas y privadas.9
También pidieron no dejar de lado a los más vulnerables y desarrollar protección social y servicios de salud para garantizar el acceso a la salud a las familias rurales en pobreza.
Recomiendan fortalecer la inversión y tener un financiamiento responsable hacia políticas públicas de asistencia técnica y promoción de sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Además, instan a promover el acceso a los mercados, la infraestructura y los mecanismos innovadores de distribución de alimentos.
Los agricultores son los principales inversores del sector agrícola, y dado que están particularmente expuestos a los efectos de la pandemia debido a las restricciones de movimiento, es urgente tomar medidas para evitar su descapitalización.
Es por ello que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se invierta responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios, por lo que me permito proponer, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que refuercen una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.
Notas
1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
3 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 26 de agosto de 2020 en www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en-agricu ltura/
4 Ibídem.
5 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 26 de agosto de 2020 en www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en-agricu ltura/
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta tanto a los Ejecutivos federal y locales como a diversas secretarías de Estado a llevar a cabo en territorio nacional y en el exterior acciones conmemorativas del 10 aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que data del 16 de noviembre de 2010, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
María Lucero Saldaña Pérez, diputada federal e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 77, numeral 1, artículo 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116, 117 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 171 y 176 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, así como a diversas secretarías de estado del gobierno federal y a los titulares de los treinta y dos Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de la República Mexicana, para que lleven a cabo acciones en territorio nacional e internacional para conmemorar el décimo aniversario del Reconocimiento Internacional de la Importancia de la Gastronomía Mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana se hizo manifiesto cuando el 16 de noviembre de 2010 quedó inscrita la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la quinta sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), en la ciudad de Nairobi, Kenia.
Esta distinción representó un parteaguas tanto para nuestro país, como para la propia UNESCO al reconocer una cocina que trasciende las maneras de comportarse en la mesa, es decir, hacer de lado los marcos limitados y apreciaciones estereotipadas sobre la forma en que se presenta un platillo.
El reconocimiento de la gastronomía mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad representa, en primera instancia, un logro de índole cultural en el que se plantea el reto de preservar la diversidad de tradiciones y costumbres íntimamente ligadas con las mesas mexicanas; por otro lado, es un desafío de desarrollo sustentable e innovación, es decir, una lucha constante entre la capacidad de producir y cocinar alimentos, versus un factor de desarrollo y crecimiento de una sociedad, cuyo sentido de existencia individual y colectivo está directamente ligado a la comida.
Alcanzar el logro del reconocimiento de la gastronomía mexicana ante la UNESCO fue resultado de la unión de voluntades para su rescate, salvaguardia, preservación y promoción de usos, costumbres, prácticas culturales, productos y saberes. La conjunción de estas acciones, permitieron el reconocimiento de todo el andamiaje que involucra la gastronomía nacional, particularmente de la labor de aquellos que participaron tanto directa como indirectamente y que actualmente son los máximos representantes de nuestra gastronomía.
Es de resaltar las cualidades de aquellas personas que dedican su vida a la elaboración de alimentos, las cocineras tradicionales y los profesionales de la industria; la mención de estas cualidades no hace referencia únicamente a las relacionadas con la organización, la limpieza, vestimenta, dominio de su lugar de trabajo, y control de estrés, sino a las de carácter social, económico y cultural que les permiten ser representantes de toda una sociedad. La importancia en el reconocimiento a la labor de estas personas recae particularmente en que simbolizan un cúmulo de intersecciones y sinergias de carácter económicas, sociales, históricas, culturales y políticas que dan identidad a una nación entera y que desempañan una gran cantidad de acciones que, a su vez, generan un círculo virtuoso en todos y cada uno de los procesos involucrados.
Es de particular mención la labor que realizó la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y en especial el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana para alcanzar el reconocimiento otorgado por la UNESCO, ya que fue a través de éstas que se materializó el impulso necesario para obtener el reconocimiento internacional.
Sin lugar a duda, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.
Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra.
A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos.
En el estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local.1
En este sentido, el 14 de diciembre de 2005, México ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París en octubre de 2003.
De acuerdo con la UNESCO, dicha convención retoma la importancia que reviste la profunda interdependencia que concurre entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural, ante la voluntad universal y la preocupación internacional para salvaguardar tal riqueza de la humanidad. Dado de que la convención ratificada por nuestro país es un instrumento normativo multilateral de carácter vinculante de protección al patrimonio cultural inmaterial, México adquiere la obligación de atender las disposiciones vertidas al interior de la multicitada convención.
Por tal motivo, y ante el reconocimiento de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial, es necesario que el Estado mexicano atienda puntualmente las disposiciones de la convención y considerar aspectos destacables como la definición de “patrimonio cultural inmaterial”, cuya descripción se encuentra en el artículo 2 de dicha convención.
“Artículo 2.1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.2
Por su parte, el artículo 2.3 del mismo ordenamiento internacional prevé el concepto de “salvaguardia”, el cual lo describe de la siguiente forma:
Artículo 2.3 . Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.
Bajo este contexto, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir en forma integral, bajo los fundamentos internacionales descritos, salvaguardar la cocina mexicana; por tanto, cabe decir que un factor que incide en el desarrollo sustentable de la gastronomía mexicana es precisamente su preservación y conservación, no sólo en el territorio nacional, sino darle difusión en el ámbito internacional a través de celebrar y conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
En el contexto nacional, será importante que las 32 entidades federativas se sumen al festejo para conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Para tal efecto, es importante la participación de la UNESCO en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores , para que a través de las embajadas se difunda la gastronomía mexicana o lleve a cabo algún otro tipo de actividad con el fin de sumarse a la conmemoración y con ello preservar y conservar dicha gastronomía.
La participación de la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil, las cocineras y cocineros tradicionales, las y los chefs, así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), son aliados indispensables para conmemorar el décimo aniversario de la cocina mexicana, al respecto, la Canirac tiene contemplado dentro de sus líneas de acción contribuir y garantizar el cumplimiento de los protocolos que exige la UNESCO para salvaguardar la nominación de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial universal de la humanidad , armonizando todas las vertientes de interés institucional, tales como el sector cultural, económico y turístico.
Así, por ejemplo, la Canirac, en el marco del festejo para celebrar el décimo aniversario de la gastronomía mexicana, tiene contemplado algunas actividades, tales como:
• Tener como nombre principal del evento para conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. “Viva la comida mexicana” , para ello, se creará la plataforma en internet; llamada “Viva la comida mexicana.com” .
• Tener como principal tema e ingrediente al maíz.
• Charlas, talleres y conferencias.
• Expos y ferias.
• Foros y simposios.
• Muestras gastronómicas
Por tal, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, y a las Secretarías de Estado como Turismo, Cultura, Educación y Economía para que lleven a cabo acciones en territorio nacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de sus embajadas lleven a cabo acciones en el ámbito internacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de la República Mexicana, para que lleven a cabo acciones en el ámbito nacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.
Notas
1 Recuperado de: https://ich.unesco.org/es/RL/
la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400.
2 Recuperado de: https://ich.unesco.org/es/convención
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputados: María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), René Juárez Cisneros, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Juan José Canul Pérez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Juan Francisco Espinoza Eguia, Margarita Flores Sánchez, Martha Hortencia Garay Cadena, Isaías González Cuevas, Norma Guel Saldívar, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Manuel Hernández Limón, Cynthia Iliana López Castro, Benito Herrera Medina, Luis Enrique Miranda Nava, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Enrique Ochoa Reza, Juan Ortiz Guarneros, Claudia Pastor Badillo, Carlos Pavón Campos, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora, Cruz Juvenal Roa Sánchez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Marcela Guillermina Velasco González, Alfredo Villegas Arreola, Héctor Yunes Landa, Eduardo Zarzosa Sánchez, Fernando Galindo Favela.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SSCP a emitir un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de los derechos, la seguridad y la integridad tanto a los niños que viven con las madres en centros penitenciarios como a los menores y los adolescentes que asisten a visitas ahí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, numeral 1; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la licenciada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación y al licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, emitan un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos, seguridad e integridad a las niñas y niños que viven con sus madres en centros de reclusión; y a las niñas, niños y adolescentes que asisten a visitas en estos centros del Sistema Penitenciario Mexicano, bajo los siguientes
Considerandos
La operación del Sistema Penitenciario Mexicano es una de las encomiendas más sensibles y de mayor impacto para el gobierno de México en todos sus ámbitos, en el camino de alcanzar la reconstrucción del tejido social para recuperar la paz y la justicia.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad de febrero de 2015, el Sistema Penitenciario Mexicano cuenta con 387 centros de reclusión y alberga a más 257 mil reclusos, de los que 81 por ciento están siendo o han sido juzgados en el fuero común y 19 por ciento en el fuero federal; 95 por ciento son hombres y 5 por ciento mujeres.
296 centros pertenecen a las administraciones de las entidades federativas y 74 son municipales; 17 de estos centros son operados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos centros tienen una capacidad instalada para recibir a 203 mil reclusos, lo que nos arroja una sobrepoblación que rebasa 25 por ciento de la capacidad del Estado mexicano.
Sólo en la Ciudad de México existen 13 centros penitenciarios de cuales 2 son femeniles y 11 varoniles, hasta el 26 de abril de 2020, suman una población de 26 mil 128 reclusos, de los cuales 24 mil 707 son hombres y sólo mil 421 son mujeres; 7 mil 282 están aún siendo procesados y 18 mil 846 ya fueron sentenciados.
Los reclusos que tienen una edad entre los 18 y 29 años, son 6 mil 56; de 30 a 39 años son 9 mil 721; de 40-49 años son 6 mil 753; de 50-59 años son 2 mil 745; más de 60 años son 853.
38.99 por ciento de los varones reportan como estado civil el de soltero con pareja en unión libre, y 17.79 por ciento se encuentran casados.
También con reportes del gobierno de la Ciudad de México, sólo en esta entidad se encuentran 32 niños y 26 niñas menores de 5 años que viven al lado de sus madres reclusas.
Ahora bien, también con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, durante la visita semanal, en promedio se tiene un registro de 3 mil 99 personas que acuden a los centros penitenciarios a ver a sus familiares internos.
La población femenina en los reclusorios de nuestro país, es de más de 13 mil mujeres, distribuidas en 121 centros de 17 estados del país, entre mixtos y reclusorios exclusivos para mujeres. En 54 de esos centros hay 354 mujeres acompañadas de 362 niños.
La falta de recursos no sólo impide ajustar la plantilla laboral a las necesidades de la contingencia. La escasez de toallitas, pañuelos y servicios médicos es un reclamo de todas las convictas que acuden a la reunión.
En cuanto a los espacios para niñas y niños en los centros de reclusión, 34.6 por ciento de ellos no cuenta con áreas lúdicas para infantes, en 35.8 por ciento no existen espacios para que jueguen al aire libre y 51.4 por ciento carece de dormitorios específicos para mujeres madres.
Sólo 42.1 por ciento cuentan con un centro de desarrollo infantil (Cendi), y sólo en 9.3 por ciento de las prisiones existen comedores para niños.
Dentro de las prisiones, los niños viven situaciones de violencia muy variadas y altamente conculcantes de sus derechos más básicos, como escuchar lenguaje no adecuado, 71.1 por ciento; revisiones exhaustivas en cateos, 45.1 por ciento; 19.5 por ciento están en contacto con drogas; además 16 por ciento de las niñas y niños en contexto de visita han presenciado motines.
Asimismo, se ha solicitado que se habiliten espacios libres de violencia para niñas y niños dentro de los centros, así como centros de convivencia familiar con poca o nula respuesta de las autoridades penitenciarias.
También se hace indispensable desarrollar las estrategias necesarias para garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión y garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de las niñas y niños que viven con sus padres y/o madres dentro de prisión para su bienestar integral.
A partir de estas cifras y como se puede concluir, la sobrepoblación penitenciaria es un grave problema, que no garantiza un digno cumplimiento de penas para los y las reclusas, pero el problema se agudiza para las niñas y niños menores de 6 años que fueron concebidos y/o nacidos dentro del centro penitenciario al no ser lugares apropiados para su sano desarrollo.
De igual forma son muy escasas las condiciones en centros penitenciarios que sean propicias para que los niños y niñas que acuden a las visitas acompañados de sus madres o familiares al encuentro de su madre o padre, lo puedan hacer en un entorno de protección de sus derechos, ya que en la mayoría de los casos las condiciones a que nos referimos en las áreas de visitas comunes, más bien se convierten en una vitrina que expone a los niñas y niños; además este problema es aún más grave cuando tienen que esperar por largo tiempo a cargo de otro u otros reclusos a que concluya la visita conyugal, ya que son largas esperas o de no ser así, algunas veces son expuestos a presenciar los encuentros íntimos de quienes los llevan a los centros de reclusión, esto porque no existen los espacios adecuados que garanticen su integridad.
Los niños y niñas que esperan a manos de otro recluso o solos se quedan expuestos a escuchar un lenguaje soez en el menor de los casos, a la hipersexualización, a la violencia, al abuso sexual, a la violación, pederastia, a la trata, prostitución, a la pornografía infantil, además de las secuelas físicas, psicológicas y de salud que esto conlleva.
Ahora bien, todas las políticas que se diseñan en la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en materia de operación de centros penitenciarios, deben estar orientadas a una eficaz consecución de la compurgación de penas, de quienes han sido o están en proceso de ser sentenciados por autoridad judicial; y a su vez a construir mecanismos que promuevan la reinserción social para restaurar la armonía de convivencia social en nuestro país.
Esta política debe siempre tener como eje transversal la protección y respeto a los derechos humanos de todos quienes, por una situación u otra, se ven inmersos en el contexto de tener que convivir en un entorno de sujeción carcelaria. Especialmente atendiendo a la prevalencia de la protección del interés superior de la infancia consagrado en el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proveer de un mecanismo que salvaguarde los derechos de niñas, niños y adolescentes que acuden a visitas de sus familiares en centros penitenciarios.
En virtud de lo previamente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la licenciada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y con apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, así como al licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también en el ámbito de sus funciones y atribuciones y con apoyo de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; emitan un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos; seguridad e integridad a las niñas y niños que viven con sus madres en centros de reclusión; y a las niñas, niños y adolescentes que asisten a visitas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Mexicano.
Segundo. Se solicita que de manera inmediata se hagan las modificaciones estructurales necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que van de visita a centros de reclusión del Sistema Penitenciario Mexicano, tengan un espacio digno y apropiado a su edad para la convivencia familiar y sano desarrollo.
Tercero. Se solicita que de manera inmediata integren los apoyos de personal capacitado que cubra con los mínimos necesarios para el cuidado y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que van de visita y tienen que esperar por el tiempo que duran los encuentros conyugales.
Cuarto. Se solicita que de manera inmediata se integre a personal calificado en psicología con la finalidad de trabajar con los niños, niñas y adolescentes las consecuencias conductuales generados por el mismo ambiente adverso al que se enfrentan cada día que asisten a los centros penitenciarios, coadyuvando con esto a la prevención del futuro delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputados: Alberto Brasil Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Lenin Nelson Campos Córdova, Juan José Canul Pérez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Juan Francisco Espinoza Eguia, Margarita Flores Sánchez, Fernando Galindo Favela, Martha Hortencia Garay Cadena, Isaías Gónzalez Cuevas, Norma Guel Saldívar, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, René Juárez Cisneros, Manuel Limón Hernández, Cynthia Iliana López Castro, Benito Medina Herrera, Luis Enrique Miranda Nava, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Enrique Ochoa Reza, Juan Ortiz Guarneros, Claudia Pastor Badilla, Carlos Pavón Campos, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora, Cruz Juvenal Roa Sánchez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, María Lucero Saldaña Pérez, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Dulce María Sauri Riancho, Pedro Pablo Treviño Villareal, Marcela Guillermina Velasco González, Alfredo Villegas Arreola, Héctor Yunes Landa, Eduardo Zarzosa Sánchez.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la SE a impulsar el desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 1 del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno de México a mantener la vigencia plena del estado de derecho, así como a impulsar el desarrollo nacional y regional a través del fortalecimiento del puerto de Veracruz.
Consideraciones
La figura de las Administraciones Portuarias Integrales (API), se creó con la Ley de Puertos publicada en 1993. Sus funciones son planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad. Dentro de esas atribuciones, las API pueden usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o grupos de ellos y terminales.
También pueden construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí mismas o a través de terceros, mediante contrato de cesión parcial de derechos.1 Actualmente hay 16 federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 2 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV (Apiver) 2
El primero de junio de 1991, con la requisa de las operaciones a los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, ya que existía un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías, se empezó a gestar la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV (Apiver).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tomó el control administrativo y operacional de uno de los principales puertos del país, puerta de entrada y salida a las importaciones y exportaciones hacía Europa, el Sur de los Estados Unidos y Sudamérica.
El primero de agosto de 1991 inician actividades las primeras empresas privadas de maniobras, fomentando la libre competencia, el desarrollo y mejora de los servicios portuarios.
El 19 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y otras formas de administración, así como los servicios portuarios.
Con una nueva Ley de Puertos se crea la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (API) y el primero de febrero de 1994 nace la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV.
Conforme a la Ley de Puertos, la Apiver se constituyó como una sociedad anónima de capital variable. El gobierno federal le otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años.
La Apiver adquirió facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos, por medio de concursos públicos y contratos con base en lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras disposiciones de orden normativo.
Modelo Organizacional
• Sociedad mercantil
• Paga una contraprestación e impuestos al gobierno federal
• Opera con utilidades
• Mantiene una autonomía de gestión operativa y financiera
• Construye nuevas obras de infraestructura con recursos propios para atender la demanda de servicios
• Opera mediante un sistema de competencia y sinergia con otros puertos.
De acuerdo con el expediente 5183 del 6 de agosto de 2008, emitido por el notario 198, en el acta constitutiva de la API se indica que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tienen una acción y el resto le pertenece al gobierno federal (841 mil 974 acciones). 3
El Ejecutivo federal otorgó el título de Concesión con fecha 1 de febrero de 1994, para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz, localizado en el estado de Veracruz que incluye:
I. El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación, que integran el recinto portuario del puerto de Veracruz (...).
II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del gobierno federal ubicadas en el recinto portuario (...).
III. La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata y,
Como consecuencia de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz, el cual tiene una estimación de completarse en su totalidad en su totalidad en un plazo de 2030, y con la finalidad de fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa de las empresas interesadas en invertir en la ampliación del Puerto de Veracruz en la amortización y recuperación de sus inversiones; la Apiver, mediante escrito D.G. VER/163/2017 de fecha 5 de abril de 2017, solicitó a la SCT la prórroga de la vigencia de la concesión, por un plazo igual al originalmente otorgado, en términos de lo establecido en los artículos 23 de la Ley de Puertos y 18 de su reglamento; presentando para ello, la justificación técnica y económica, en la que se incluye el costo-beneficio de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte.
Tomando en consideración que la concesionaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Título de Concesión, la SCT consideró pertinente otorgar la prórroga adicional de 50 años.4
Actualmente el Puerto de Veracruz maneja siete segmentos de carga, que son contenedores, granel agrícola y mineral, carga general, autos, fluidos, petróleo y derivados, ya que posee características especiales frente a otras terminales del país; a nivel nacional ocupa el primer lugar en toneladas importadas y el tercero en toneladas exportadas; por tipo de carga en exportación se coloca en el primer lugar por graneles agrícolas y segundo en carga general contenerizada.
La población ocupada por actividades generadas en el Puerto de Veracruz asciende a 373 mil 934 personas, de las cuales, 270 mil 555 son trabajadores asalariados. El impacto de generación de empleo abarca los municipios de La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado.
Ampliación natural del puerto, iniciada en el año 2013, consiste en lo siguiente:
• Inversión de 31 mil millones de pesos (80 por ciento privado).
• Rompeolas poniente concluido al 100 por ciento.
• Se estima que la capacidad del puerto se quintuplicará hacia 2025 al pasar de 24 millones a 95 millones de toneladas.
• Entró en operaciones la primera etapa con el buque de francés con bandera de Malta, a la terminal de operaciones especializadas ICAVE.
• La inversión pública en Bahía Norte es del orden de los 10,752 millones de pesos y la inversión privada alrededor de 5,036 millones de pesos.
• En operación el desarrollo de Bahía Logística, con una inversión pública de 2,309.06 millones de pesos como un Recinto Fiscalizado Estratégico para darle valor agregado a las mercancías y como centro de distribución.
• Avanza la construcción de la nueva aduana y también el libramiento ferroviario a doble vía a Santa Fe.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 5s se etiquetaron las siguientes obras:
• Libramiento ferroviario a Santa Fe (126 millones de pesos, mdp)
• Ampliación natural del puerto de Veracruz a la zona norte (804.8 mdp)
• Nueva aduana del Puerto de Veracruz (178.5 mdp)
• Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto (12.6 mdp)
• Centro de atención logística al transporte (15 mdp)
• Distribuidor vial JT en el nuevo acceso a la zona portuaria (52.8 mdp)
• Programa de mantenimiento e infraestructura portuaria 2019-2021 (180 mdp)
• Según las proyecciones al terminar la segunda fase de Ampliación y Modernización en Bahía Norte, se generarán 140 mil empleos (40 mil directos y 100 mil indirectos).
• Proyectos asociados:
- IEnova. Terminal especializada en fluidos, con una inversión estimada de 3 mil 410 millones de pesos.
- Grupo Gramosa. Terminal especializada en Granel Agrícola, con una inversión estimada de mil 200 millones de pesos.
- Grupo Logra. Terminal para manejo de minerales, con una inversión estimada de 412 millones de pesos.
- PINFRA. Terminal Semiespecializada en Carga General Suelta y Contenerizada, con una inversión estimada de 2 mil 375.6 millones de pesos.
Por su parte, durante la conferencia matutina del 19 de agosto, el presidente indicó “que es una simulación que sea empresa del Estado”, “¿para qué se concesiona? no tendría ningún caso. Es privatización”. “Lo que llamaba la atención es que es una concesión única en el mundo, no creo que exista un contrato en donde se concesiona un puerto por 100 años, por un siglo, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso”.
Puntualizó que revisará la manera en que se modificaron las leyes para poder otorgar en concesión 49 por ciento del puerto , “para que no se piense que es algo del sector público”.6
El puerto de Veracruz se ha posicionado como motor y polo de desarrollo en la región al generar en Bahía Sur (puerto actual) diez mil empleos directos y más de 30 mil indirectos; según las proyecciones, al terminar la segunda fase de ampliación y modernización en Bahía Norte, se generarán 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos; asimismo, mantiene una comunidad portuaria sólida y bien organizada a través de 21 operadores y cesionarios en el puerto que atienden a 27 líneas navieras con 54 rutas marítimas comerciales.7
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 Bis de la Ley de Planeación, los artículos 23 y 23 Bis, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 51, 53, 58 Bis de la Ley de Puertos; artículo 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, fracción II del artículo 26 de la Ley de Inversión Extranjera, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorta a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía, en el ámbito de sus atribuciones a impulsar el desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del Puerto de Veracruz impulsando la productividad y la competitividad del país y del estado de Veracruz.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a mantener la vigencia plena del estado de derecho bajo la observancia irrestricta de la Ley de Puertos, capítulo IV artículos 20 a 34 relativo a concesiones y permisos.
Notas
1 Fuente: internet. https://www.milenio.com/negocios/apiver-empresa-amlo-busca-quitar-conce sion-veracruz
2 Fuente: Internet.
https://www.puertodeveracruz.com.mx/wordpress/quienes-so mos/historia/
3 Fuente: Internet.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/el-due no-de-la-polemica-concesion-del-puerto-de-veracruz-es-el-gobierno-feder al-consta-en-el-acta-constitutiva/
4 Fuente: prórroga al título de concesión otorgado por el ejecutivo federal el 1° de febrero de 1994, en favor de "Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V". Se puede consultar en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_API_VERA CRUZ.pdf
5 Fuente: internet. http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/
PMDP%202016-2021%20(Aut.%20Oct%20%202018).pdf
6 Fuente: Internet
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/el-due no-de-la-polemica-concesion-del-puerto-de-veracruz-es-el-gobierno-feder al-consta-en-el-acta-constitutiva/
7 Fuente: Internet. http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/
PMDP%202016-2021%20(Aut.%20Oct%20%202018).pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa para que disminuya el precio de la leche en apoyo de la economía familiar, suscrita por la diputada María Ester Alonzo Morales e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada María Esther Alonzo Morales, en nombre propio y de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes
Consideraciones
Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche a precio subsidiado en apoyo a los mexicanos, principalmente, en los que se encuentran en condición de pobreza. Por sus características, atiende fundamentalmente mujeres en periodo de gestación o lactancia, niñas y niños, discapacitados y adultos de 60 años y más, entre otros.
Durante años, Liconsa ha beneficiado a miles de familias mexicanas, manteniendo precios accesibles e incrementado su padrón de beneficiarios; sin embargo, el pasado 25 de agosto, organizaciones de la sociedad dieron a conocer una serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud e ingesta de leche de las familias mexicanas.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que la auditoría número 01/202011 realizada por el Órgano Interno de Control de Liconsa, evidenció que al cierre del ejercicio 2019, se había atendido con leche subsidiada a 5 millones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios; es decir, se dejó fuera a más de 478 mil mexicanos en esta situación.
Esta cifra posicionó la cobertura de 2019 como la más baja en una década,2 circunstancia que debe atenderse de manera integral en beneficio de los mexicanos que se encuentran en una condición de desventaja social, más en estos momentos de crisis de salud y económica por el Covid-19 y las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal.
La revisión también arrojó que en 28 de los 34 centros de distribución Liconsa que hay en el país, se detectó un marcado rezago en el reparto de tarjetas. De un total de 3 millones 40 mil tarjetas entregadas a los centros de trabajo en 2019, se constató que sólo 695 mil 858 se dieron con estatus de finalización al corte de ese año, lo que representa 23 por ciento del total y 38 por ciento de tarjetas con retraso.
Conforme al acuerdo de la sesión ordinaria 352,3 el consejo de administración de Liconsa aprobó eliminar 67 municipios con mayor marginación del país de su lista prioritaria de abasto de leche a precio preferencial, bajo el argumento de que no se justifica su incorporación dentro de esta lista. Por lo que de tener 616 municipios que se encuentran en extrema pobreza, ahora sólo estará integrado por 549.
Asimismo, durante esta sesión, se aprobó que a partir del 1 de julio de 2019 se incrementara el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país, por lo que se elevó a 2.50 pesos, es decir un aumento de 150 por ciento. Esta decisión fue sustentada en que “Liconsa también debe buscar rentabilidad financiera...” aunque esto represente vulnerar el acceso a un bien básico para su alimentación y sano desarrollo, trasgrediendo derechos humanos y el interés superior de la niñez.
Es importante señalar que, durante su participación, la comisaria pública propietaria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expresó: “no alcanzo a vislumbrar elementos objetivos de por qué 2.50 pesos”. Por lo que dejó claro que no se realizó un estudio técnico que justificara con elementos precisos la decisión de este aumento en los precios.
Sin duda, este aumento de precios es incongruente con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual establece con carácter estratégico y prioritario el lema “por el bien de todos, primero los pobres” y sostiene que este lema “significa empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población”.4
Esta incongruencia está perjudicando a miles de mexicanos y a sus familias, por lo que se debe considerar que la búsqueda de la rentabilidad financiera, no debe ser a costa de la población más vulnerable del país, quienes de no contar con precios justos y preferenciales no podrían adquirir este alimento de la canasta básica.
En cuanto a la eliminación de 67 municipios pobres de su política de descuento, Liconsa tomó esta decisión basada en que “los miembros del consejo de administración en pleno, determinaron modificar la política de descuento para su implementación en solo 549 municipios con Índice de Desarrollo Humano Bajo (IDHB) según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.5
Sin embargo, al hacer una revisión de algunas entidades federativas de la lista de los municipios que integran esta política y, al compararla con el IDHB según el PNUD en el que se basa Liconsa, encontramos lo siguiente:
• Entidades como Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala y Querétaro presentan el menor número de municipios con venta preferencial de 2.50 pesos por litro de leche.
• Oaxaca, Puebla y Chiapas son las entidades con el mayor número de municipios dejados fuera de la lista de demarcaciones beneficiarias, a pesar de tener un índice desarrollo bajo.
• Los 67 municipios que se dejaron fuera de la lista de atención prioritaria tienen un índice de desarrollo humano bajo.
• No existe justificación institucional válida para sustentar la decisión de eliminarlos de la lista de prioritaria de abasto de leche a precio preferencial.
Destaca que en el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, confluyen diversos objetivos generales, entre los que se encuentra apoyar a los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio. Este objetivo general se hace operativo luego en objetivos específicos, la mejora nutricional de grupos particulares definidos como la población relevante.
El éxito de este programa depende de que se cumplan sus objetivos generales y particulares. Queda claro que al aumentar precios y reducir el número de beneficiarios, Liconsa incumple con sus objetivos generales y, por ende, no contribuye a los propósitos de la política social del Estado. En este sentido, los auditores del Órgano Interno de Control de Liconsa, concluyeron que el incumplimiento en las metas establecidas para 2019 en el programa de abasto social de leche se debió al “desapego a la normatividad en los procedimientos que desarrollan los centros de trabajo y debilidad en la supervisión por parte de la Dirección de Operaciones”.
Con base a lo anterior, se observa que el gobierno federal prioriza la pobreza dentro de sus políticas públicas sólo en documentos, pero en la realidad, implementa medidas que afectan a miles de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Hoy en día, la insuficiencia de ingresos no sólo afecta al salario mínimo, sino también, al promedio, que no alcanza para adquirir la canasta básica para una familia.
En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detalla que “si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo de los trabajadores y por ende de las familias disminuye”. Aunado a esto, el impacto económico del Covid-19 en México aumentará entre 4.9 y 8.5 por ciento el número de personas que viven en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, habrá entre 6.1 y 10.7 millones de personas, a las que tampoco su ingreso será suficiente para adquirir la canasta alimentaria.6
Este aumento de precios por mínimo que parezca es perjudicial para muchas familias que al no contar con los ingresos suficientes para comprar todo lo necesario, se ven en la necesidad de sacrificar una cosa por la otra; generando que sus integrantes no puedan alimentarse adecuadamente y sufran desnutrición o una mala alimentación.
Resulta prioritario ampliar la cobertura de los municipios donde opera Liconsa, acorde a la realidad y abarcando a todos los municipios que se encuentran con un índice de desarrollo humano bajo, así como establecer la tarifa prioritaria de un “peso por litro” que se venía implementando con anterioridad.
Actualmente, México enfrenta la crisis de salud y económica más severa de su historia, la cual está impactando negativamente el bienestar de la mayoría de la población. Pese a ello, el gobierno federal está siendo omiso a esta grave situación. ¿Dónde quedó el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los más pobres?
Ante este panorama poco halagüeño, es necesaria y urgente la implementación de políticas públicas efectivas orientadas a mitigar las consecuencias que ha traído consigo la pandemia del Covid-19, que permitan restituir el nivel de calidad de vida de la mayoría de la población, en particular, de los grupos más vulnerables.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a Liconsa que disminuya el precio del litro de leche en apoyo a la economía familiar, en particular, de los sectores que se encuentran en situación de pobreza extrema.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instruya a Liconsa a incorporar a todos los municipios que se encuentran con un índice de desarrollo humano bajo, sin excepción, a la lista prioritaria de abasto de leche a precio preferencial, a fin de asegurar su acceso e ingesta, en beneficio de su salud y apoyo de la economía familiar.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a Liconsa para que transparente el proceso de entrega de tarjetas de apoyo, actualice la lista de beneficiarios y, sobre todo, investigue y sancione la comisión de irregularidades durante su repartición, debido a que puede derivar en desvíos de recursos públicos, uso con fines distintos a los del programa y en afectaciones a las arcas públicas federales.
Notas
1 file:///C:/Users/Usuario/Desktop/EFEMERIDE/auditoria-lq.pdf
2 https://contralacorrupcion.mx/aumento-precio-leche-liconsa-2020/
3 http://repositorio.liconsa.gob.mx/files/UT/OG/SEGUNDO%20TRIM%202019/
ACTA.SESION.352.CONSEJO.ADMINISTRACION.LICONSA.11.JUN.19.VF.pdf
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019
5 https://www.gob.mx/liconsa/documentos/politica-de-descuento-212266
6 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_C OVID-19.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputados: María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Dulce María Sauri Riancho, René Juárez Cisneros, Martha Hortencia Garay Cadena, Claudia Pastor Padilla, Soraya Pérez Munguía, Lenin Nelson Campos Córdova, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Rubén Ignacio Moreira Valdez, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Lourdes Érika Sánchez Martínez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Marcela Guillermina Velasco González, Isaías González Cuevas, Héctor Yunes Landa, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Lilia Herrera Anzaldo, Margarita Flores Sánchez, Laura Barrera Fortoul, Ricardo Aguilar Castillo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, María Sara Rocha Medina, Juan Ortiz Guarneros, Ximena Puente de la Mora.
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a cancelar el registro actual de los partidos políticos vinculados a la obtención ilegal de recursos en dinero o en especie y sancionarlos conforme a la ley, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal por el estado de México a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años, en la que una constructora, que lleva el mismo nombre de origen brasileño, fue acusada de sobornos a diversas autoridades de diversas naciones en la que destaca nuestro país.
La operación “Lava Jato” o autolavado por su traducción del portugués, fue una operación realizada por las autoridades de Brasil al empezar a descubrir cuantiosas cantidades monetarias transferidas a distintas cuentas bancarias pertenecientes a diversos altos funcionarios de diversas nacionalidades a cambio de grandes concesiones de infraestructura.1
Se ha revelado que la empresa Odebrecht entregó sobornos millonarios durante los años 2010 y 2014 a distintas figuras de la administración pública y política, entre ellos Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), Luis Videgaray (exsecretario de la SHCP) y otros más; se ha señalado que inclusive se financió la campaña electoral presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.2
Funcionarios declararon en el 2017 que entregaron sobornos de hasta 10 millones de dólares a Emilio Lozoya cuando fungía como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para garantizar contratos con la empresa brasileña. Emilio Lozoya fue extraditado a nuestro país por el delito de lavado de dinero; éste ha presentado algunos videos en los que presuntamente se da la entrega de dinero en efectivo a Rafel Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, y de Guillermo Gutiérrez Badillo, que es miembro de partido político de Acción Nacional (PAN) entre el 2013 y 2014, para sobornar a distintos legisladores para la aprobación de las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto, por instrucciones del exsecretario Luis Videgaray.3
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido paladín de la justicia y desde su campaña electoral prometió acabar con la corrupción y, a su vez, enjuiciar a aquellos que han cometido delitos de corrupción que perjudicaron severamente a la nación y al pueblo.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda fielmente este ideal, en la que primeramente debe existir austeridad donde no puede existir gobierno rico con pueblo pobre; seguidamente de acabar con la corrupción y no dejar impunes a aquellos que solo buscaron su beneficio personal a costa de los mexicanos
Para efectos de dar fortaleza a este punto de acuerdo, es pertinente señalar que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 54, numeral, 1 fracción d) que:
“1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) a c) (...)
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras”.4
La misma ley establece en su artículo 55, numeral 1, que:
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas”.5
Por ende, si se llevaran a cabo dichas acciones, además de la repercusión jurídica penal, sería proclive a la pérdida del registro del partido político como lo establece la Ley General de Partidos Políticos:
“Artículo 94. 1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:
a) a d) (...)
e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los organismos públicos locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.
La impunidad y la injusticia no deben dejarse a un lado, se debe de aplicar el estricto orden de la ley a cualquier persona sin importar su condición política, social, económica, etcétera; vivimos en un Estado de derecho en la que nosotros como representantes del pueblo somos su voz, en la que nos exigen que se castigue con todo el peso de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro actual de los partidos políticos a los que se les vincule con la obtención de recursos en dinero o en especie de manera ilegal y que sean sancionados conforme a lo procedente por ley.
Notas
1 El Universal. Cronología del caso Odebrecht en AL y México. 5 de julio de 2019.
2 Ídem.
3 Quién. Video de funcionarios recibiendo presunto soborno. 18 de agosto de 2020.
-que-debes-saber-del-video-de-funcionarios-recibiendo-presunto-soborno
4 Ley General de Partidos Políticos. 2020.
5 Ídem.
Dado en salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a sancionar a los planteles educativos privados que retengan por falta de pago cualquier tipo de documentación oficial de educandos, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, el Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal por el estado de México a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la pandemia internacional ocasionada por el virus del Covid-19, se ha visto mermado diversos sectores, como el laboral que miles de personas fueron despedidas por el cierre de sus empleos ante la contingencia sanitaria. Además, entre ellos el educativo ha sido de igual manera uno de los que mayormente se ha visto afectado.
Ante el grave riesgo de exponer a millones de educandos, la Secretaría de Educación Pública ordenó la inmediata suspensión de actividades escolares presenciales para salvaguardar la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran estudiando.
Aunque la medida implementada por las autoridades mexicanas y que de igual manera ha sido la misma que varias naciones en el mundo optaron, trajo consecuencias en la que la desigualdad económica afecta gravemente el poder garantizarse plenamente el derecho humano a la educación.
No existe una cifra exacta del número de alumnos que asistían a escuelas del sector privado pero por la crisis generada por el Covid-19, tuvieron que migrar a escuelas del sector público, estimando que fueron aproximadamente dos millones de educandos en todo el país. De acuerdo con Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, esta crisis ha generado que cientos de instituciones educativas privadas se queden sin alumnos y, por ende, tuvieron que cerrar sus puertas.1
La crisis está generando que varios padres de familia no puedan solventar los gastos de las colegiaturas de sus hijos, por ende, buscan la manera de inscribirlos en las escuelas públicas, pero durante esa transición se han estado presentando situaciones en la que las autoridades administrativas de algunas escuelas privadas, niegan el otorgamiento de los documentos de carácter oficial de los estudiantes, argumentando la falta de pagos.
A mi persona, como representante del pueblo mexicano, específicamente del Distrito 14 del estado de México, se me hizo llegar una petición a través de un oficio de una ciudadana que lucha para que su hijo pueda seguir estudiando. En dicho documento afirma que la escuela primaria privada con clave de la Secretaría de Educación Pública: 15PPR2153V, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, ha retenido y negado la entrega de los documentos oficiales de su hijo que cursó y terminó satisfactoriamente el primer grado de primaria, por tener adeudo con dicha institución.
Este y muchos más casos se han presentado en todo el país, aunque es entendible que las escuelas privadas que son establecimientos mercantiles busquen que se les solventen los pagos requeridos, de ninguna manera pueden coartar el derecho a la educación y mucho menos se pueda condicionar la misma.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3o, párrafo XII, fracción VI, que:
“Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo; y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley”.2
Es decir, las escuelas privadas se someterán a ley y a su vez se basarán en los mismos principios rectores del derecho a la educación. Por lo que la Ley General de Educación en su Título décimo primero “De la educación impartida por particulares”, artículo 146 párrafo quinto:
“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”.3
La ley establece que dichas instituciones no podrán retener documentación de los educandos por motivos del cobro de colegiaturas o análogas, ya que se cometería una infracción a lo dispuesto al artículo 170, fracción XXII:
“Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I. a XXI. (...)
XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de pago”.4
La infracción mencionada será acreedor de una multa que se encuentra prevista en la misma ley en su artículo 171, fracción I, inciso b):
“b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI del artículo 170 de esta ley”.5
El coartar el derecho humano a la educación es contravenir el artículo 3o. de nuestra norma suprema y el principio del interés superior del menor; por ello, en ninguna circunstancia se debe retener documentos o condicionar la entrega de los mismos, ya que ameritarán una sanción pecuniaria.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a sancionar a los planteles educativos privados que retengan cualquier tipo de documentación oficial original de los educandos, por falta de pago, ya que se violenta el derecho humano a la educación, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Notas
1 Forbes México. Crisis por Covid-19 golpea fuerte a las escuelas privadas en México. 24 de agosto de 2020.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2020.
3 Ley General de Educación. 2019.
4 Ibídem
5 Ibídem.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales a investigar la mortandad de peces en la laguna El Carpintero y el Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 29 de agosto del presente año, se registró en la laguna El Carpintero una nueva oleada de mortandad de peces arrastrados del Canal de la Cortadura1 , la permanencia de los peces genera contaminación y malos olores provenientes del bagre y róbalo. Es consciente de la situación el titular del área de servicios públicos del municipio de Tampico. Sin embargo este acontecimiento no es un hecho aislado.
Segunda. El 24 de septiembre del 20192 ingresé una proposición con punto de acuerdo en la que refiero que los días 17 y 18 de septiembre, diversos medios de comunicación local y estatales registraron una cantidad superior a la tonelada de peces muertos, las especies de peces que se encontraron fueron bagre, mojarra plateada, róbalo, carpa y liza en el canal de la Cortadura y en la laguna El Carpintero.
Tercera. El registro de cantidad de peces muertos en la laguna El Carpintero tiene al menos tres años. Especialistas han señalado que este fenómeno ocurre debido al cambio de la salinidad en el agua, otros señalan que se debe al alta temperatura que abate el oxígeno del agua1 . Para retirar las siete toneladas de peces muertos en la laguna se requirieron de 150 personas4 . La fetidez además de ocasionar daños ambientales puede provocar enfermedades respiratorias u otras enfermedades.
El canal de la Cortadura y la conexión con la laguna El Carpintero pue3e apreciarse en el siguiente mapa ilustrativo y la mortandad en la imagen anexa extraída de la página Jóvenes Ayudando con el Corazón1 :
Cuarta. En 2019, se señaló que la Subsecretaría de Operación Pesquera y Acuacultura de Tamaulipas estaba investigando1 ,6al respecto en el portal oficial de la Dependencia y de su titular Raúl Manzur Manzur así como del gobierno de Tamaulipas, no hay información al respecto. Ni en orientación por temas, información de búsqueda del portal o notas relativas desde la secretaría se hacen mención de un estudio o investigación al respecto de las toneladas de peces muertos. En nota per5odística Manzur señaló “que es compromiso del gobierno estatal asumir con responsabilidad y objetividad cada uno de los problemas que se susciten en nuestra entidad y que provoquen la preocupación o el interés de los Tamaulipecos” y señaló que carecen de información técnica sustentada que permita esclarecer los sucesos.
Quinta . Al respecto, el inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Manuel Mérida, el 18 de septiembre de 2019 reafirmó que en su dependencia se desconoce la causa de muerte. Señaló que se “puede levantar un acta con quien resultó responsable por daños ecológicos a la fauna marina, al ecosistema”, también señaló que se puede abrir una “investigación para ver si hay descargas, talleres que pueden desechar cualquier elemento químico ...son sustancias venenosas contaminantes”7 . Otras opciones según Paredes Legorreta, otro inspector de Profepa, puede ser producto de diesel, cloro, aceite quemado u otro.
Sexta . La ocurrencia del fenómeno en los más recientes tres años, deben involucrar a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para realizar las investigaciones necesarias para proteger el medio ambiente y conservar la biodiversidad acuática, e igualmente, prevenir enfermedades asociadas a la contaminación.
Con fecha del 30 de agosto del 2020, las autoridades inmediatas no han iniciado investigaciones y en consecuencia tampoco han solicitado el auxilio y apoyo de las autoridades de estatales y federales.
Al respecto considero que si hay proyectos de Nuevo Parque del Capintero, el cual fue aprobado un préstamo por el Congreso Local, debe coexistir la protección al medio ambiente y el cuidado de los seres vivos que habitan en la Laguna del Carpintero. Eso muestra el verdadero compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad del municipio de Tampico.
Séptima. El artículo 28 de la Ley Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece que es facultad de la Secretaría establecer las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las regulaciones para preservar los ecosistemas. Para cualquier obra que caiga en los supuestos del I al XIII deberá contar con la autorización de la Secretaría. En el supuesto XII se especifica aquellas actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas . Es por lo tanto necesario la adecuada investigación con el objetivo de esclarecer las razones de la mortandad de peces.
Como representante popular del distrito 8 con cabecera en el municipio de Tampico y como orgullosa tampiqueña además de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para que sea analizada y discutida la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México para que pueda iniciar una investigación integral a efecto de proporcionar información técnica y científica sobre la causa de muerte de peces en el canal de la Cortadura y la laguna El Carpintero en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad federativa, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Tamaulipas para que instruya a la persona titular de la Subsecretaría de Operación Pesquera y Acuacultura a hacer públicos los resultados de las investigaciones técnicas o cualquier información con respecto a la mortandad de peces, realizadas en la laguna El Carpintero y el canal de La Cortadura en septiembre de 2019.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad federativa, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Tamaulipas a la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Ecología del municipio de Tampico, para que:
1. Informen a la ciudadanía sobre la mortandad de los peces en la laguna El Carpintero y el canal de La Cortadura, para que la ciudadanía tome las debidas precauciones.
2. Realicen las acciones de retiro de los peces para evitar el desarrollo de enfermedades, contaminación y desequilibrio ecológico.
3. Destinen los recursos humanos y técnicos para investigar la muerte de los peces en el mes de septiembre en años recientes.
Notas
1 Véase en: https://www.elsoldetampico.com.mx/local/
registran-la-cortadura-y-el-carpintero-mortandad-de-peces-5688796.html
2 Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-VII.html#Pro posicion5
3 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/miles-de-peces-y-jaibas-mueren- en-la-laguna-del-carpintero-3756397.html
4 Véase en: https://www.youtube.com/watch?v=5dtFKOzEEbc
5 Disponible en: https://www.facebook.com/jovenesayudandoAC/photos/a.1142410375839280/24 39887102758261
6 Véase en: https://www.elsoldetampico.com.mx/local/se-desconoce-aun-la-causa-de-mo rtandad-en-peces-4242534.html
7 Véase en: https://www.elsoldetampico.com.mx/local/video-desconocemos-la-causa-de- la-mortandad-de-peces-profepa-4196127.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En términos del artículo cuarto constitucional, reforma en 2011, se establece que el Estado velará y cumplirá con garantizar los derechos de las niñas y niños, como son la salud, educación y el sano esparcimiento. El principio del interés superior a la niñez deberá ser el eje rector para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, establece que para la protección de los derechos de la infancia, se deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez.
En el artículo 50 de la citada ley se establece que los menores tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, por lo que deberán coordinarse las autoridades federales, estatales y municipales para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria.
Segunda. México es el país con mayor cantidad de niñas y niños en situación de obesidad en el mundo, según la UNICEF.1 De 39 millones de menores de edad, el 33 por ciento, en edades de 6 a 11 años, en 2016 tenían obesidad y sobrepeso, y el 35 por ciento, de 5 a 11 años, en 2018. Esto pareciera ir en contrapunto con respecto a las estadísticas de consumo de alimentos recomendables, donde, a mayor edad (más de 20 años) aumenta el consumo de carne y de verduras, a menor edad, lácteos y huevo son más2 Sin embargo, al revisar las estadísticas sobre la población que más consume alimentos No recomendables, tenemos que, el grupo poblacional de 5 a 11 años, supera a los de 0-4 años, de 12 a 19, de 20 y más en los rubros de botanas, dulces y postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, lo prende un foco de alarma.
Todavía más, en población infantil en edades 5 a 11 años que habita el área urbana tiene el 37 por ciento, sobrepeso u obesidad, mientras que menores de edad, habitantes en zona rural, tienen el 29 por ciento. Por género, se observa un aumento de mujeres con respecto a los hombres, de 41 frente a 35 por ciento, en edades en el rango de edad de 12 a 18 años. Estos datos nos permiten fortalecer la evidencia de que la infancia en México padece de obesidad y sobrepeso.
El sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes son producto de una dieta donde predominan principalmente el azúcar, alimentos con alto contenido calórico y grasa, además de que se presenta en países en desarrollo como el nuestro ya que las familias pobres no pueden adquirir comida sana al tener un precio al consumidor más alto, tanto la OMS, como la UNICEF constatan que la correcta alimentación puede prevenir problemas de sobrepeso, además del fomento del deporte y el ejercicio.
Tercera. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tanto el sobrepeso como la obesidad infantil son producto de un cambio social y económico donde se presentan tanto un cambio en los hábitos alimenticios del entorno familiar en donde predomina el consumo de alimentos hipercalóricos altos en grasas y azúcares como se mencionó, así como la adopción de un estilo de vida sedentario.3
Clara prueba de esto son los datos mostrados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018. Al respecto, el 15 de febrero del mismo año, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud emitió la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018,4 para todas las entidades federativas de México, ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las acciones de la estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y diabetes en sus pilares de salud pública, atención médica y regulación sanitaria, entre las que se incluyen la promoción de la salud, educación en salud, manejo clínico y control, para mitigar los efectos de la enfermedad en la población.
En el resolutivo tercero de la citada declaratoria se comunica que las autoridades sanitarias del sector salud deberán emitir medidas generales y específicas que se estimen pertinentes para el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de sobrepeso y obesidad.
Cuarta. De igual modo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifiesta que si una niña o niño padece obesidad o sobrepeso durante su infancia es probable que lo sufra para toda su vida y tenga más riesgo de desarrollar enfermedades circulatorias, del corazón y/o riñones, diabetes, entre otras, por ello ante esta alarmante situación ha trabajado para promover iniciativas privadas y políticas públicas que aborden este problema de salud pública desde varios puntos de vista y sectores gubernamentales enfocadas en la salud, educación y desarrollo social que tengan la finalidad de construir hábitos de consumo de alimentos saludables y de mayor actividad física entre niñas, niños y adolescentes, otorgar a las familias vulnerables el acceso a alimentos nutritivos suficientes, reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, altos en grasas y azúcares, y limitar la publicidad engañosa dirigida a niñas, niños y adolescentes.5
Un informe del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), señala que las bebidas que contienen azúcares añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa) se asocian con un mayor riesgo de aumentar el peso y por lo tanto, desarrollar sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión, citado en el dictamen de la comisión permanente en el congreso local del estado de Oaxaca.6 En México, 6 de cada 10 muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos menores de 45 años.
Si bien en nuestro país se han tomado medidas para poder enfrentar este problema como incrementar el impuesto a estos productos o el nuevo etiquetado de alimentos aprobado durante esta legislatura, en sesión del 1 de octubre de 2019.7 Sin embargo, no ha sido suficiente ya que no podemos seguir permitiendo que la niñez y juventud mexicana sea la que más consume alimentos chatarra, por ello se deben tomar medidas apegadas al marco constitucional y soportadas en las medidas y prácticas de los congresos locales de Oaxaca y Tabasco que han aprobado la prohibición de comida chatarra y bebidas azucaradas en menores de edad.
Quinta. Una medida votada por la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca en su artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca que prohíbe las actividades siguientes:
I) La distribución, donación, venta y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado;
II) La distribución, donación, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y superior, y
III) La venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.
Sin embargo el decreto aprobado también señala que “quedan exentas estas prohibiciones madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos por los menores de edad.” De tal suerte que la prohibición es entendida desde un punto de vista integral, dieta y nutrición, alimentación bajo la vigilancia de los adultos.
Estas medidas adoptadas en el estado de Oaxaca y secundada por el Congreso de Tabasco8 a través de una iniciativa de reforma a su Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue apoyada por la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones civiles, y rechazada por comerciantes y empresarios quienes afirman será un duro golpe a la economía del estado.9
A pesar de que se tome esta medida que deja a los padres y madres de familia decidir sobre la adquisición de estos productos para que sus hijos los consuman bajo su responsabilidad, se debe trabajar de igual manera para fomentar los hábitos alimenticios saludables y la actividad física entre la población mexicana, además de garantizar el acceso a los alimentos saludables y espacios de actividad física ya que no se descarta que el número de niñas, niños y adolescentes obesos en el país aumente debido a la pandemia causada por el Covid-19.
Sexta. Es por ese motivo que se debe considerar la obesidad infantil como un problema prioritario y reforzar los servicios de medicina preventiva en primer nivel, detectar a todos los niños que padecen sobrepeso u obesidad y trabajar de manera integral en la familia, la escuela y los servicios médicos con tal de atenderla como mencionó el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social Arturo Flores Hernández.10
Aunado a esto, también se debe cambiar la percepción que la población mexicana tiene sobre el sobrepeso y la obesidad, ya que en una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública realizada en 2018 reveló que el 15 por ciento de las madres mexicanas observó que sus hijos padecen sobrepeso u obesidad, lo que indica que hay una percepción equivocada de estas condiciones vinculada a una falta de cultura nutricional, de ahí que se sigue considerando que los niños robustos y sonrojados son sanos aunque ya no sean bebés, otra conclusión a la que llegó este estudio es que el entorno familiar tiene un papel fundamental en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad debido a que los niños que tienen padres o abuelos con estas dos condiciones tienen el doble de probabilidad de tener una dieta alta en azúcares y grasas que un niño que tiene familiares no obesos.11
De lo anterior se desprende la importancia de que además de proponer reformas a la legislación y crear políticas públicas en la materia también se realicen campañas de intervención nutricional tanto en las escuelas como en el entorno familiar, esto como refuerzo a estas reformas y políticas con el objetivo de generar una cultura nutricional en la población mexicana y atender este problema de salud pública que aqueja a nuestro país.
De esa manera, con un objetivo de fortalecer las legislaciones locales para que puedan, a través de iniciativas de Ley, proteger a las niñas, niños y adolescentes, y fomentar una alimentación sana, equilibrada, que permita el desarrollo integral de los mismos es que solicito respetuosamente a los congresos locales de las 30 entidades federativas faltantes puedan legislar en materia de prohibición de compra, venta y distribución de alimentos chatarra.
Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la división de poderes, exhorta de manera respetuosa a los Congresos locales para que legislen en materia de prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.
Notas
1 Informe Anual, 2017, disponible en: https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf
2 Ensanut 2018, disponible en: https://ensanut.insp.mx/
encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
3 https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/2017/ 11/11/1200559
4 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descar gas/pdf/1371.pdf
5 https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3%B1os-ni%C3% B1as-y-adolescentes
6 https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/dictamen/1184.pdf
7 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-15.php3 y
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/oct/20191001-III.pdf
8 https://congresotabasco.gob.mx/boletin/
aprueba-lxiii-legislatura-eliminar-venta-y-distribucion-de-comida-chatarra-y-bebidas-azucaradas-a-menores-de-edad/
9 https://politica.expansion.mx/estados/2020/08/05/el-congreso-de-oaxaca- prohibe-la-venta-de-comida-chatarra-a-menores
10 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/18/el-imss-alerta-que-la-o besidad-infantil-aumentara-por-la-cuarentena
11 https://www.milenio.com/opinion/ignacio-cardona/consultorio-del-deporti sta/obesidad-infantil-emergencia-en-mexico
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales y municipales a publicar o, en su caso, actualizar los respectivos atlas de riesgo ante el cambio climático y, en consecuencia, desarrollar y construir infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera en centros urbanos con más de 50 mil habitantes, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el Acuerdo de París de 2015 que entró en vigor en 2020, en su artículo 2, establece que para el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, la temperatura en el mundo debe mantenerse por debajo de los 2 ºC, para reducir los riesgos del cambio climático,1 cada nación deberá informar por periodos de 5 años, sobre sus acciones y avances.
2. Que el instrumento de alcance mundial, con 195 países firmantes, fue ratificado por el gobierno de México, en él, se reconoce el papel de los bosques, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible. En 20192 México reitero su compromiso, con apoyo del sector privado y social para diseñar políticas a mediano y largo plazo con el fin de reducir 22 por ciento las emisiones de efecto invernadero y 51 por ciento el uso de carbón negro para 2020. Las acciones llevadas son diversas y amplias, la generación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático3 , en él se representan riesgos para las actividades agropecuarias y ganaderas, como para la población, a través de deslaves e inundaciones; los programas de enfermedades transmitidas por vectores del sector salud, las acciones de adaptación al cambio climático de Turismo, así como de las derivadas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y las mundiales como son, las ciudades resilientes que guardan un enfoque local, de la UNDRR1 .4
3. Que más de 78 por ciento de las personas de nuestra población habitan en ciudades5 , y enfrentan problemas provenientes del crecimiento demográfico: presión sobre suelos, desplazamiento de los asentamientos humanos a las orillas, laderas, costas de las ciudades, escasa planificación urbana, extracción de recursos naturales, bajos recursos hídricos, alcantarillado y manejo de residuos sólidos afectan al desarrollo de ciudades resilientes y habitables.6 Se estima que en México 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del producto interno bruto están expuestos a los riesgos del cambio climático7 .
4. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo se compone de ocho instrumentos de política climática, (Estrategia Nacional de Cambio Climático, Programa Especial de Cambio Climático (PECC), Política Nacional de Adaptación, Programas Subnacionales de Cambio Climático, Sistema de Comercio de Emisiones, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, Estrategia de Medio Siglo8 ). Del Programa Especial, designarán los objetivos, estrategias y acciones contra el cambio climático9 , en su versión anterior, 2014-2018, en su objetivo número dos, la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas10 , se sitúa como una acción prioritaria la reforestación. Que será incluida en el PECC 2020-2024, es indudable. Sin embargo, aún no hay fecha tentativa para su publicación.
5. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que 92 por ciento de las personas no respiran aire limpio en las ciudades, y al menos de 1 árbol por cada 3 personas, sin embargo, anualmente, se pierden 500 mil hectáreas de zonas forestales y bosques que afectan la calidad del aire11 , y convierten las olas de calor, en más fuertes. La temporada de la canícula de 2020, afectará principalmente a Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México12 .
6. Que el artículo 4o. de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y el manejo integral del territorio puede garantizar dicho derecho. La Ley General de Cambio Climático en el artículo 7, XXII habla de la concurrencia en mitigación y adaptación del cambio climático, su artículo 8, corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: I. Formular conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional, así como III incorporar criterios de mitigación y en su artículo 9, los municipios, les corresponde concordar la política estatal y nacional, en la materia, en los incisos b y c, el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, y recursos naturales y protección al ambiente de su competencia.
7. Que los componentes de adaptación incluyen la prevención ante impactos negativos en los asentamientos humanos, la gestión de los recursos hídricos, la protección de infraestructura estratégica, la seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, y la conservación, restauración y aprovechamiento de la biodiversidad. El artículo tercero transitorio de la Ley General de Cambio Climático de 2012, inciso I, A, se fija que en 2013, se deberá de integrar y publicar atlas de riesgo nacional, estatal y municipal, para que, I, C, con las entidades se puedan elaborar y publicar programas para enfrentar el cambio climático. Toda vez que se logre cumplir con las acciones de Adaptación, se deberá proceder a la Mitigación y al inciso B) que señala, “Para 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano”.
La actual representación del mapa municipal de riesgos se anexa a continuación13 :
8. La política nacional ha establecido a través del Plan Nacional de Desarrollo14 en su epílogo que, se preservará la flora y fauna y se habrá reforestado buena parte del territorio nacional. Como Política Social, se establece, 2.6, el programa Sembrando Vida, se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas. Como es de conocimiento público y no solo especializado, las se deben sembrar plantas que sean fáciles de adaptar a las zonas donde se introducen, para evitar la desaparición de la biodiversidad.
9. Que el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, LII, define la reforestación como, establecimiento de especies forestales en terrenos forestales. Y los recursos forestales son uno de los objetivos de la ley (artículo 2), al tener por objetivo, conservar y restaurar el patrimonio natural. La reforestación no es solo una acción, sino un conjunto de medidas como son la planeación, la operación, el control y la supervisión en la plantación de árboles15 . En el artículo 13, X, de la citada Ley, se establecen las facultades de los municipios, para "Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia".
Se establece que para la forestación y reforestación con fines de conservación y restauración se deberá sujetar sola y exclusivamente a las normas oficiales mexicanas (NOM), sin otro particular, como lo dicta el primer párrafo del artículo 127. El tercer párrafo señala que "Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten programas de restauración integral, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales preferentemente nativas."
10. Que los cuadrantes sectoriales del PECC establecen como un rubro de interés el forestal, entre sus aristas de mayor impulso están: tasa cero de deforestación, plantaciones forestales sustentables, recuperación de áreas forestales y mejora en el manejo forestal. Estas medidas son importantes dado que algunos estados y municipios han preferido acciones tecnológicas que no sustituyen los aportes que brindan los árboles como parte de su política en materia ambiental. La reforestación, puede entenderse a partir de dos grandes bloques, la reforestación urbana y la reforestación rural, el primero, tienen importancia desde considerar su valor estético, pasando por la sombra que ofrece, hasta llegar a ser un protector de ruido y generar aire limpio; la segunda se refiere más el área de cultivo y producción.
Empresas como Biourban16 que crearon un árbol artificial, que arroja aire limpio de contaminación, no sustituyen los aportes de los árboles naturales en su conjunto, sus creadores, sostienen que serán para complementar las zonas donde es más difícil reforestar. Estos instrumentos tecnológicos a base de algas, se han instalado en las ciudades de Puebla, Tampico, Monterrey con un costo de 50 mil dólares, más de un millón de pesos17 otros lo calculan en 650 mil pesos, son sistemas que funcionan a través de la energía eléctrica y se debe cambiar el sistema de algas cada seis meses.
Por las razones expuestas es que someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a las autoridades municipales de las 32 entidades federativas, ha publicar o en su caso, actualizar sus atlas locales de riesgo ante el cambio climático, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio, I, a) de la Ley General de Cambio Climático reforma 2012, y en consecuencia, los municipios desarrollen y construyan infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que publique a la brevedad el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas para que fortalezcan las campañas de reforestación preferentemente de especies nativas con la finalidad de conservar y restaurar los ecosistemas.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo estatal y municipal en cuyos territorios se registran altas temperaturas, puedan diseñar a mediano y largo plazo campañas de reforestación que disminuyan los riesgos y enfermedades entre la población.
Notas
1 https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513665/Posicionamiento_i nicial_Me_xico_VF.pdf
3 https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/index.html#zoom=6&lat =23.7351&lon=-98.2321&layers=1
4 https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca. pdf
5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
6 https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca. pdf
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/ 2020
8 http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Yutsil-Sangines.pdf
9 https://twitter.com/inecc_gob_mx/status/1238228614648340481?s=20
10 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/
adaptacion-al-cambio-climatico-78748#:~:text=La%20Ley%20General%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20establece%2C%20entre%20otros%20aspectos,los%20sistemas%20naturales%20y%20humanos ;
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/42488/Programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018_vdifusion.pdf
11 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-importancia-de-la-reforesta cion-20190715-0134.html
12 https://www.mexicodesconocido.com.mx/canicula-2020.html
13 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales. html
14 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019&print=true
15 https://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION .PDF
16 https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/usaran-arboles-artificiales-comb atir-contaminacion-del-aire-nid2278143
17 https://www.france24.com/es/20190816-mexico-arbol-artificial-purifica-a ire
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Sader a instruir a la Conapesca a fin de que se coordine con la Semar para fortalecer la inspección y vigilancia en la entrada a muelle por los barcos camaroneros en el Golfo de México, especialmente en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el Golfo de México, miles de familias se sostienen a través de la pesca, especialmente de la comercialización de camarón. En 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaba que México era el séptimo productor de camarón en el mundo, en 2016 la producción fue de 223 mil toneladas y siguió aumentado.1
A través de la información dada a conocer por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de camarón en México alcanzó al último reporte del gobierno de México, a 230 mil toneladas, lo que significa un 10 por ciento de la producción pesquera a nivel nacional.2
En la última producción de pesca de camarón del 2019-2020 los 5 entidades con mayor producción en el país, son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit y Baja California Sur31 ha informado Conapesca.
La producción de camarón en el Golfo de México y el mar Caribe se puede dividirse en tres regiones, la zona más productiva es la zona norte que enlaza a Tamaulipas con la producción de Veracruz, y particularmente la de Tamaulipas es la que mayor impacto social y económico tiene en la región, al representar un 91 por ciento del total de la producción de camarón café;4 las dos zonas restantes son Campeche y Tabasco; en el Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo.
Precisamente la actividad acuícola ha crecido en la última década razón por la cual se ha generado bienestar económico familiar, como también, ha generado un mercado de exportación además de que la actividad pesquera se realiza con apego a la sustentabilidad ambiental.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece en su artículo 17, fracción I, que “el Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son sustento de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas”.
La pesca genera fuentes de empleo directo e indirecto, tanto en altamar como en tierra, pues al trabajo de la tripulación es correspondido por quienes dan mantenimiento al barco, además del trabajo de despicar el camarón. La actividad camaronera se puede dividir en dos vertientes, la primera en los periodos de pesca, y la segunda, refiere a los periodos, de veda.
El periodo de veda, que se refiere al periodo en el cual queda prohibida la pesca, para favorecer la reproducción del camarón se hace por tipo de especie, así, para el norte del Golfo, se requiere que el altamar, se concentre en mar adentro, mientras que en Campeche y hasta el Caribe se busca enfatizar en el reclutamiento y crecimiento del camarón.
La veda permite administrar y tener un correcto manejo de los recursos pesqueros; en el caso de la zona norte, corresponde a la jurisdicción en los sistemas estatuarios que abarca la frontera con EUA y baja hasta el río Coatzacoalcos, Veracruz y en las del Caribe, la franja costera de Campeche, Tabasco y también Quintana Roo.
La actual fecha es un momento adecuado para que Conapesca y la Semar establezcan mesas de trabajo para determinar acciones puntuales en materia de pesca y combate al guateo y otras prácticas de pesca ilegal en la zona sur de Tamaulipas, pues, en el acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 20205 se establece que el periodo de veda de camarón concluirá hasta el 15 de agosto, con fecha de inicio del 1 de mayo, para el primer bloque de la zona norte del Golfo; en el caso de las tres divisiones por zonas más, será del 1 de junio al 31 de octubre (Campeche, Tabasco y Contoy, Quintana Roo) y del 1 de mayo al 30 de septiembre para siete barbas, en Campeche y Tabasco.
Es importante señalar que en Tampico existen alrededor de 1806 barcos camaroneros y producen cerca de 10 mil toneladas anuales, generan una derrama económica de 1,500 millones de pesos para la región. El camarón café se reproduce durante todo el año, pero tiene una reproducción masiva dos veces al año, el primer periodo se da en primavera y el segundo entrado el otoño, es el periodo de máxima reproducción71
Después de veda, los barcos camarones en altamar es de dos a tres semanas y conforme se realiza la actividad pesquera, pueden demorar mar adentro, entre uno y dos meses, para la pesa el camarón. En el barco tiene por lo regular, cinco tripulantes: un capitán, un cocinero, un motorista, pacotillero, el winchero. Su actividad es esencial puesto que son los responsable de la pesca camaronera. Su operación de desembarco es ágil, al regreso del río Pánuco, con el camarón congelado, enhielado, fresco o en cualquier otra forma de conservación, se quedan en tierra de dos a tres días, en lo que descargan y vuelven a zarpar.
Sin embargo, existen prácticas pesqueras que afectan a los armeros y camaroneros de la región, que no solo afectan la actividad pesquera, sino que es un ilícito. La actividad de guateo de camarón es una práctica reconocida por camaroneros en el Golfo de México. En el caso de Campeche, ha mencionado el titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Campeche, por guateo y pesca ilegal, hay perdidas en torno al 40 por ciento de la producción.8 El guateo sucede cuando un barco camaronero al retorno de altamar, se ve rodeado de lanchas de fibra que se acercan a la embarcación con fines de lucro; en consecuencia los tripulantes venden el camarón de manera indebida y esto genera pérdidas en la producción, afecta el precio de comercialización y de venta del camarón en el mercado.
Para los camaroneros y a los productores pesqueros del sur de Tamaulipas como de todo el Golfo y sector pesquero del país, enfrentan problemas del precio del diésel, de mantenimiento y de otros gastos; pero resulta más urgente poder implementar medidas de gobierno que brinden solución a la práctica conocida como guateo a la que se refiere al robo de camarón, en la entrada al puerto, como también en altamar y por la práctica del arrastre. Uno de los puntos de mayor interés del sector que causa la pesca ilegal es la insuficiente vigilancia por parte de Conapesca.9
La seguridad y vigilancia del puerto es una facultad de Conapesca y a pesar de que hay sitio de denuncia SIDEPI10 en la que se precisa la problemática a denunciar, las actividades ilícitas se siguen practicando sin que existan medidas sancionatorias adecuadas. En 2019 la Sader11 comunicó que entraría una nueva estrategia de operación para vigilar al sector; la Dirección General de Inspección y Vigilancia cambió a ser la Dirección General de Prevención y Vigilancia, con énfasis en la prevención.
El artículo 9, fracción II de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece que “en el ámbito de su competencia llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas y coordinarse con la Secretaría o la Secretaría de Marina , de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. Establece que Conapesca establecerá coordinación con Semar para la inspección y vigilancia de la actividad.
Para un actuar preventivo se sugiere que se contemplen cuatro puntos cardinales por parte de Conapesca y Semar: 1) que ninguna embarcación que se encuentre en el Golfo de México puede pescar sin que cuenta con permiso o concesión, 2) aquellas embarcaciones que transporte un barco camaronero congelado o fresco y no sea camaronero, comete una ilegalidad, 3) una embarcación deberá estar debidamente matriculada para poder navegar en el mar y 4) las embarcaciones que se peguen a un barco camaronero solo lo podrán hacer en una situación de emergencia.
Para cumplir con los objetivos de la ley, enunciados en el artículo 2, y en específico de las fracciones XIII y XIV, que establecen las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca, y establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o violación a las disposiciones de la ley, como de los reglamentos, normas y demás aplicables.
Por su parte, con el ánimo de que la coordinación sea más firme, sobre todo por parte de aquella labor que incluye a pesqueros, el artículo 22 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, señala “a efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia , así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de Conapesca, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.
El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias competentes en estas materias de los gobiernos de las entidades federativas del país, y participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola”.
Por lo que establece que será Conapesca quien inspeccione y vigilen la actividad pesquera, sin embargo, dado que el guateo y las prácticas ilícitas de pesca se realizan hasta en altamar, resulta indispensable de una mayor coordinación con quien tiene gobierno sobre el mar y de esa manera, materializar los objetivos del artículo 2 de la citada ley.
Por lo anterior, se solicita la intervención de esta honorable soberanía de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instruya a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que se coordine con la Secretaría de Marina a fin de fortalecer la inspección y vigilancia en la entrada a muelle por parte de los barcos camaroneros en el Golfo de México, especialmente en Tampico, Tamaulipas, y cumpla con las disposiciones del artículo 2, fracciones XIII y XIV, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Notas
1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/camaron-produccion-en-creci miento
2 https://www.gob.mx/inapesca/prensa/publica-agricultura-fechas-y-zonas-d e-veda-de-camaron-para-el-golfo-de-mexico-y-mar-caribe-241372
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/16/
temporada-de-captura-de-camaron-registro-47-mil-664-toneladas-9331.html
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veda-de-camaron-inicia -hoy-1-mayo-2020-en-el-golfo-de-mexico-y-mar-caribe/
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha=30/04/ 2020
6 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/barcos-camaroneros-zarparon-del -puerto-de-tampico-4112556.html
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/481591/PMP_Camaron_cafe_ tamps_ver.pdf
8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/inicia-veda-camaron-ca mpeche-y-tabasco/
Otras causas, véase a IMCO: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/pescailegal_ppt.pdf
10 https://sidepi.conapesca.gob.mx:8443/
?fbclid=IwAR1L_3nBKfX8VrHUIBDpGgyu9libzaSrWm2ScZTPCkMEjc4s52lg10zAgxk
11 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/
operara-conapesca-nueva-estrategia-de-inspeccion-y-vigilancia-en-el-pais-189803?idiom=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a incluir en las prioridades de la correspondiente agenda la legislación sobre parlamento abierto, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En un artículo clásico de la ciencia política, (2014) el estudioso Giovanni Sartori se preguntó, ¿a dónde va la ciencia política?. Con licencia del argumento del profesor italiano, se podría replantear la pregunta en términos del Poder Legislativo ¿a dónde va el Poder Legislativo?
El sistema parlamentario de origen inglés, nos legó la definición según la cual el parlamento es el espacio de representación de la voluntad popular. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”. Los tres Poderes son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La renovación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, está establecido se ejerce mediante “elecciones libres, auténticas y periódicas”. Khemvirg Puente ha sostenido que “las elecciones y la representación política han sido dos de los instrumentos más eficaces para incorporar a la ciudadanía en las decisiones colectivas, y resolver nuestras diferencias por medios pacíficos”1 .
Así entonces, el Poder Legislativo es la sede institucional de las voces del pueblo, que se renueva periódicamente y en la república mexicana, se compone por dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como lo dispone el artículo 50 de la Constitución. La primera consiste en 500 legisladoras y legisladores y la segunda de 128 legisladoras y legisladores.
El legislativo es el espacio para discutir los proyectos que conduzcan al desarrollo del país. El artículo 72 señala que cuando un asunto (proyecto de ley o decreto) no sea exclusivo de una de las Cámara, se discutirá en ambas, bajo un orden establecido previamente, a saber, presentación de algún asunto, discusión, posible modificación y aprobación en la Cámara de origen, posteriormente pasará el asunto al pleno de la discusión en la Cámara receptora. Está organización formaliza el ejercicio del Poder Legislativo, sede del diálogo, del debate y de la puesta en el centro de los argumentos a favor o en contra de los asuntos presentados.
La deliberación del Poder Legislativo no es exclusivo de la federación, en México existen 32 congresos locales cada uno con facultades de deliberación y de separación de poderes. Sin embargo, estas aseveraciones no han sido producto del azar.
La división de poderes manifiesta la construcción histórica del poder público, ante ello, es de vital importancia el trabajo de Catehrine Andrews2 que realiza un análisis historiográfico –de las constituciones de 1824 a 1917– en el que sobresalen 1) las cuatro formas de organización propuestas para la Cámara y 2) el objetivo de la Cámara, así como los requisitos para ser un representante. En el debate sobre la creación del Senado en la segunda mitad del siglo XIX, respiraban dos propuestas, la primera era que el Senado limitaría el ímpetu de los diputados y sería el contrapeso de la Cámara de Diputados y la segunda, que sería una Cámara de contrapeso al Ejecutivo3 .
Subrayo el aspecto de la delimitación. El Poder Legislativo es una institución importante para la democracia, la división de poderes y la representación de las necesidades de la soberanía del pueblo.
En 2010, se dio un paso importante en la organización del Poder Legislativo al aprobarse los Reglamentos del Senado República y de la Cámara de Diputados, en ese orden temporal. En 2017 el Título Octavo, se reformó en su capítulo IV en la que incorpora la Diplomacia Parlamentaria, referida al trabajo a nivel internacional. Es importante señalarlo ya que actualmente existen diversas propuestas legislativas para expedir la Ley del Congreso General4 en la que uno de sus objetivos es la incorporación del Parlamento Abierto, además de instrumentos acordes al desarrollo social, participativo y democrático de la ciudadanía en nuestro país.
La democracia se ha ido fortaleciendo en los procesos electorales más recientes, desde las minorías mayoritarIas del 2006 hasta la mayoría obtenida en 20185 , para elevar el proceso de eficiencia y la dictaminación de los asuntos ingresados por las y los legisladores, se ha propuesto legislar en favor de la figura del parlamento abierto.
El 12 de marzo6 la Junta de Coordinación Política celebró un acuerdo por el que se crea el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, que tiene sus bases en la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto de México, de 2014, que tiene diez principios entre los que se encuentran: máxima publicidad, transparencia, derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, datos abiertos, accesibilidad y gobierno abierto, así como el esquema de participación ciudadana para que se logre el Parlamento Abierto. Lo anterior con la finalidad de que la sociedad civil participe en la construcción de las reformas y leyes, trascendentales.
En el acuerdo quedaron establecidas las funciones para implementar la figura del parlamento abierto, en el resolutivo primero inciso III se determina establecer criterios e instrumentos para la celebración de reuniones deliberativas entre las comisiones ordinarias con los actores privados, sociales, organizaciones y cualquier persona interesada en aportar al debate experiencia y conocimientos.
El 18 de febrero de 20207 establece que sustentado en el gobierno abierto es que logra comprender el parlamento abierto como un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes, caracterizado por los procedimientos internos de participación, transparencia y justificación de las decisiones. Para tales fines se usarán plataformas digitales y se adoptaran estándares de ética y responsabilidad parlamentaria.
Según el acuerdo, el Parlamento Abierto es una “forma novedosa para atender los asuntos públicos” y que es una práctica reproducible en todo el mundo. En el resolutivo tercero del acuerdo se citan los cinco ejes sobre los cuales se deberán desarrollar los parlamentos: 1) para mejorar la práctica en la Cámara, 2) para impulsar propuestas de asignación de recursos para programas, políticas y acciones, 3) para promover mayor participación ciudadana, 4) para exhortar a las autoridades a fortalecer la rendición de cuentas, y 5) establecer mecanismos de participación ciudadana y de cooperación de la sociedad civil vía plataformas digitales.
Los anteriores ejes, enclavan a la perfección con lo dispuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que indica como los principios fundamentales de Parlamento Abierto los siguientes:
“1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.
2. Publica información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de búsqueda simple.
3. Publica el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y sesiones plenarias.
4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.
5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado.
6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo legislativo.
7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano eficaz.
8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.
9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y código abierto.
10. Promueve la legislación a favor de políticas de gobierno abierto.81
Derivado de ello, esta figura ha tenido un uso frecuente en el pasado inmediato para discutir iniciativas y proyectos de reforma cuya importancia concuerda con los ejes enunciados. Algunos ejemplos son: la reforma para garantizar los derechos sociales del artículo cuarto constitucional, la ley de amnistía, la propuesta de reforma del artículo 21 ter y artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la propuesta del ingreso mínimo vital, la modificación a la Ley de Adquisiciones y otras más.
Así, este instrumento (el de Parlamento Abierto como una manera o forma de escuchar y considerar argumentos que no necesariamente son los legislativos), abre la pauta no sólo para robustecer el trabajo legislativo, sino para ampliar la legitimidad que resulte con la participación tanto de ciudadanos como de instituciones especializadas respecto a los temas de los que se trate con mayor pulcritud y probidad. Instrumento por demás que ofrece voz, pero no voto en lo que se delibera.
El encuentro que se propicia con esquemas de diálogo refuerza el trabajo de gestión y por tanto, de alianzas estratégicas que promueven una mayor calidad en los resultados expresados en el fin último del acto de legislar, sobre todo, con los actores involucrados en lo que concierne a la propia dinámica de la construcción o replanteamientos tanto de la ley, como del propio funcionamiento institucional al que toque la norma.
En lo concerniente al Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados existen proyectos de ley que permiten vislumbrar su pronta legislación, sin embargo, con sustento en el acuerdo del 18 de febrero de 2020, resolutivo segundo, es que es del máximo interés que los congresos locales puedan legislar en la materia, para poder implantar un gobierno abierto y un parlamento abierto que dote de veracidad, certeza, objetividad y publicidad los asuntos que se presentan en la agenda legislativa. Es un compromiso con la ciudadanía.
Para mayor claridad al respeto se presenta la siguiente compilación agrupada en un cuadro explicativo de las treinta y dos entidades federativas, sobre la inscripción del vocablo y concepto del parlamento abierto en sus ordenamientos legales9 :
Aguascalientes
Sí
Artículo 15 y 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.
Baja California
No
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Baja California Sur
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Campeche
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Coahuila
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Colima
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Chiapas
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Chihuahua
Sí
Artículo 40 bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.
Artículo 15 bis y artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.
Ciudad de México
Sí
Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.
Artículo 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.
Durango
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Guanajuato Sí
Artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.
Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.
Guerrero NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Hidalgo
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Jalisco
Sí
Se determinan preceptos amplios relativos a Ayuntamiento Abierto, Gobierno Abierto, Congreso Abierto y Justicia Abierta
Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco
Artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
México
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Michoacán NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Morelos
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Nayarit
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Nuevo León NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Oaxaca Sí
Congreso Abierto
Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Se integra el artículo que principalmente indica que el “Congreso Abierto” es el conjunto de mecanismos por medio del cual el Congreso promueve la participación ciudadana en asuntos legislativos, remitiendo a su Reglamento Interno, respecto del procedimiento para el desarrollo de dichos mecanismos.
Puebla
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Querétaro
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Quintana Roo
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
San Luis Potosí
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Sinaloa
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Sonora
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Tabasco
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Tamaulipas
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Tlaxcala
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Veracruz
Sí
Artículo 39 y 72 de la Ley Número 72 , Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.
Yucatán
NO
No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.
Zacatecas
Sí
Artículo 11, 12 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, Se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.Dado el interés de reformar la ley para dar cabida a un concepto sobre el cual se establecen otros, como es el derecho a la información, la transparencia, el fomento a la participación, información presupuestal, datos abiertos, accesibilidad entre otros, de igual forma, diversas de las iniciativas constitucionales, así como de propuestas de genuino interés público, debido a su trascendencia y por su impacto presupuestal, es que los congresos locales faltantes debiesen legislar, ya sea en la Constitución o en leyes secundarias, en favor del parlamento abierto y con ello, posibilitar su ejercicio ciudadano.
Se entiende por modelo de Parlamento Abierto a “la promoción de la implementación de dichas normas, orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información, y de apertura institucional para que la ciudadanía pueda involucrarse de manera pacífica y organizada en los trabajos legislativos”10 .
Los especialistas de las universidades, centros de investigación, especialistas de la sociedad civil, ciudadanos interesados, así como la sociedad o los grupos que directa o indirectamente son participes de una propuesta de ley, pueden y deben ejercer su derecho a la libre expresión de las y a la participación en la construcción de la democracia.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los congresos locales, para que dentro de las prioridades de la agenda legislativa se pueda incluir la legislación relativa al Parlamento Abierto y los principios que constituyen el modelo de Parlamento Abierto, en armonía con lo dispuesto por la Alianza para el Parlamento Abierto por México.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los congresos locales para incentivar y fortalecer la discusión de los asuntos de interés público en parlamentos abiertos, foros, mesas o reuniones de trabajo, accesibles y disponibles para cualquier persona con el fin de fortalecer el gobierno abierto.
Notas
1 https://www.animalpolitico.com/res-publica/para-que-un-parlamento-abier to/
2 Andrews, (2017) De Cádiz a Querétaro, FCE, México, 156.
3 Andrews, (2017) De Cádiz a Querétaro, FCE, México, 158.
4 Entre ellas, de Porfirio Muñoz Ledo:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/202001 15-VII.html#Iniciativa10
5 La distribución de minorías ha sido: 2006: PAN 206, PRD, 127, PRI 106. 2009: PRI 242, PAN 142, PRD 63. 2012: PRI 212, PAN 114, PRD 109. 2015: PRI 205, PAN 109, PRD 54. 2018: Morena 247, PAN 80, PRI, 47.
6 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/mar/20190312- X.pdf
7 Acuerdo de la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/feb/20200218- VIII.pdf
8 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis "Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas" p 8, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19 .pdf
9 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis "Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas" p 14 y siguientes, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19 .pdf
10 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis "Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas" p 173, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19 .pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos municipales y de las alcaldías a diseñar e implantar cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones asequibles para la población en general, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En una entrevista del año 2015, el economista francés Thomas Piketty1 señalaba que la mayor desigualdad la produce el desempleo. Los gobiernos que por situaciones de crisis o desafortunadamente por decisiones equivocadas más han padecido el desempleo han heredado desigualdad.
La desigualdad no es un sinónimo de pobreza. El exmiembro del Banco Mundial, Martin Ravallion,2 señaló en el año 2019 que si bien es cierto, el concepto de pobreza domina los debates en el campo de las ciencias sociales, es un término más comprensible por su nivel de apropiación estadístico en cambio, la desigualdad no está definido a partir de la presentación de cifras, sino que propone una explicación de las causas y estructuras sociales que permitan la acción con fines democráticos.
En su oportunidad señala que la pobreza debe ser un combate frontal, directo, para que se reduzca a cero, la desigualdad debe ser gestionable, a tal grado que sea estable, sin que se anquilose en grupos poblacionales, porque entonces se traduce en marginación, rezago, si hay una desigualdad controlada se pueden alimentar las oportunidades. Cuando existen oportunidades se puede generar desarrollo, distribución y bienestar. La trama se encuentra en hacer que la economía funcione para todas y todos, sin excepción de nadie.
Esto es relevante dado que en el espacio práctico el primer punto del cual hago referencia se puede visualizar en los indicadores del empleo y el segundo punto, la falta oportunidades es porque el diseño de políticas públicas sigue siendo un pendiente.
Las cifras del IMSS sobre el desempleo en su serie de 25 años muestra cuatro contracciones de distinta magnitud, la emergencia sanitaria por fuerza mayor del 2020, ha superado la pérdida del empleo formal de la crisis del año 2002, cuando se perdieron 330 mil empleo, la contingencia por el virus H1N1, en 2009, donde la pérdida del empleo reportado fue de 601 mil empleos; actualmente, al mes de junio, se registran 869 mil, cifra aún separada de la reportada en el año 1995. A continuación la ejemplificación:3
En el caso de la enfermedad Covid-19 causada por el virus SARS-CoV-2, de marzo a junio se reportan en el IMSS la pérdida de 1, 113 mil empleos formales,4 pero al dividirse mensualmente existe una apreciación distinta, en marzo hubo una pérdida de 130 mil empleos, pero el momento más álgido se produjo en abril, cuando se perdieron 555 mil empleos, en mayo 344 mil y en junio 83 mil.
Esto se debe entre otras cosas por la fecha de cierre de las actividades no esenciales acordado en el Diario Oficial de la Federación, fecha 31 de marzo y la implementación de la Jornada de la Sana Distancia que inició el 23 de marzo y se prolongó hasta el 31 de mayo para dar paso a la semaforización semanal de la Nueva Normalidad. A continuación se ejemplifica:
En el marco de la Nueva Normalidad las actividades que se incorporaron a labores están determinadas por los principios rectores que dispone el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades, del día 29 de mayo,5 que es el privilegio de la salud y la vida, la solidaridad y no discriminación, la economía moral y eficiencia productiva, la responsabilidad compartida, (pública, privada y social).
Dichos ejes rectores deben de ser los soportes del regreso a la Nueva Normalidad. Las actividades que el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, del 31 de marzo,6 enunciados por el Consejo de Salubridad General son las relacionadas a la atención de la emergencia sanitaria (paramédicos, rama administrativa, rama médica) farmacias, atención de residuos biológico-infecciosos, las tareas en labores de seguridad pública y protección ciudadana, la actividad legislativa, la impartición de justicia, los sectores fundamentales de la economía, como son financieros, recaudación, energía, gasolina, gas, agua, alimentos, bebidas no alcohólicas, supermercados, tiendas de servicio, tiendas de abarrotes, transporte, industria agrícola, químico, limpieza, ferreterías, estancias infantiles, asilos, refugios para mujeres, telecomunicaciones, medios de comunicación, funerarias, logística y aquellos necesarios de procesos irreversibles; así como mantenimiento, infraestructura, servicios públicos, más los que puedan añadirse.
A esas actividades, el acuerdo del 29 de mayo, añade la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, al que se han sumado la apertura de restaurantes y actividad hotelera. El primero está afectado a niveles sin precedentes, y también, en palabras del secretario de Hacienda Arturo Herrera,7 del día 24 de junio, que es la construcción es una actividad al aire libre, el riesgo de contagio es menor, y se recuperarán el 60 y 70 por ciento de los empleos a diciembre de este año.
Por otra parte, en la ENOE del Inegi se informa que la economía informal representa a 31.3 millones de personas, que representa al 56 por ciento de la población económica activa, mayores de 15 años.1 Subd8vidiendo el total de empleos de la economía informal en las condiciones de laborales informales, como son el autoempleo en la agricultura, el empleo no remunerado, la carencia de seguridad social, en el que se registran 16 millones. En la ETOE en su corte del mes de junio, 1.9 millones de personas se sumaron al sector informal.
Con esta consideración el subgobernador del Banco de México Jonathan Heat en un estudio con valores de quince años a la fecha del cuarto mes del año 2020, la tasa de informalidad pasó de 60 por ciento a niveles de 55 por ciento antes de la emergencia sanitaria del 2020, en dicho estudio se precisa la caída y la inicial recuperación del empleo en el sector informal, esto resulta importante dado que es población que por su situación laboral no puede hacer efectivos los derechos laborales y es susceptible de ser despido, a continuación se muestra la gráfica:9
En este orden de ideas resultan aclaratorias las mediciones de la ETOE (en vez de ser ENOE, dado que son encuestas telefónicas, implementadas en función de las medidas de la Jornada de Sana Distancia), más reciente,10 puntualiza que son 34.4 millones de personas al mes de mayo que manifestaron la necesidad de empleo, mismo que se compone de 1.9 millones de personas que están buscando empleo, 19.4 millones están disponibles para trabajar y 13 millones están en subocupación.
La fuerza laboral de México ha aumentado su necesidad de trabajo, la brecha laboral en el mes de mayo se triplicó con respecto al mes de marzo, que reportó un total de 12.7 millones de personas con necesidad de empleo.
Es así que el contexto nos señala:
1) El empleo formal e informal ha disminuido debido a la emergencia sanitaria, su magnitud es mayor en comparación con otras crisis,
2) Los efectos de la cuarentena se reflejan en la actividad económica del segundo trimestre,
3) El empleo en cualquiera de sus variantes enfrenta una situación compleja, que exista una quiebra de establecimientos y que no pueda recuperar las ventas de manera pronta y expedita.
Por lo anterior, el espectro del trabajo amerita acciones que disminuyan las condiciones de desigualdad y de pobreza entre la población mexicana en la etapa postCovid-19. Aunque las variables macroeconómicas pueden ser abstractos se concretan a nivel local, hay municipios que, por el cierre de plantas industriales automotrices, se ven severamente afectados, otros por la falta de llegada de turistas, cada entidad y municipio sabe cuáles son sus motores inmediatos. Esto es necesario señalarlo pues la desigualdad podrá generar otro tipo de problemas sociales regionales como nacionales, entre algunos de ellos se cuentan el aumento de la inseguridad, la pobreza alimentaria y la ruptura del tejido social.
La economía de México está relacionada con la de EUA, misma que registró una tasa de desempleo en el mes de abril del 14.7 por ciento y que en junio ha disminuido al 11.1 por ciento. El seguro de desempleo en EUA fue solicitado por 25 millones de estadounidenses en mayo y no ha bajado de 20 millones en el posterior. Esto ha ocasionado el brote de otras manifestaciones sociales como la confrontación racial, el hurto y robo, entre los más visibles que expresa la desigualdad de la sociedad.
En el nuevo diseño institucional de la Nueva Normalidad los dos motores de la economía dicho por el Secretario de Hacienda y Crédito Público son la construcción, de la misma se han distribuido los créditos de Fovisste1 Fonacot, Infonavit, para construir, remodelar u otra actividad sobre las viviendas y que implica la actividad económica de diferentes trabajos y oficios; de igual forma, el otro motor económico del T-MEC tiene un nuevo marco laboral,12 no son, claro está, los únicos.
La situación económica que las y los mexicanos estamos pasando, en mayor o menor medida, nos obliga a reconsiderar las condiciones estructurales que ocasionan la desigualdad y la pobreza y que han profundizado en esta crisis. Aún más dado que la actividad económica está entrelazada con la situación laboral, con el trabajo.
Se podrá señalar que son insuficientes los apoyos para todos los sectores económicos y para todas las actividades, sin embargo, es preciso señalar que la economía debe responder a criterios de estabilidad y contener potenciales impactos mayores al sistema sanitario y al sistema económico.
Por diversos medios de comunicación se ha difundido el argumento de que las líneas de crédito son la única medida para superar la crisis sin embargo son temporales dado que hay se requieren ingresos de las y los contribuyentes, en el reconocimiento de que son importantes y necesarias como aparecen en el portal de las medidas económicos hasta el momento emitidas (crédito solidario a la palabra, apoyo solidario, apoyo a la empresa, tandas para el bienestar, mercado solidario),13 no pueden operar en el largo plazo, lo importante es planear medidas que sean paliativas pero respondan a las necesidades económicas en tiempos post-crisis.
Adicionalmente, la CEPAL en el observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe, impacto económico y social, presentó el día 15 de julio un estudio en el que señala las medidas de crédito, México ha destinado el 2.6 por ciento en términos porcentuales del PIB14 en créditos para amortiguar la caída de las empresas.
Es por lo anterior que el punto estratégico de esta propuesta con punto de acuerdo está orientado en generar alternativas de trabajo para las personas que corren el riesgo de perder sus ingresos o bien aquellos cuyos oficios se encuentran en la imposibilidad de ejercerse dada la emergencia sanitaria.
El trabajo está definido en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, como “toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficios”.
En ese amplio espectro el oficio, es considerado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como Trabajadores por cuenta propia, que es una persona ocupada, que desempeña su oficio solo o asociado con otros, no tiene trabajadores remunerados a su cargo, pero puede disponer de trabajadores, (familiares o no familiares) sin pago alguno.15
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, A. VI, reformado en 2016, establece que el salario mínimo que deberán disfrutar los trabajadores, y especifica que se “aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesión, oficios o trabajos especiales”. Con base en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo, el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Actualmente, como se ha observado, los oficios corresponden al sector informal y tener una estimación puntual resulta complejo. Un oficio como lo establece la RAE, es una ocupación habitual.
El Conasami establece un glosario completo de los oficios, profesiones y trabajos especiales.16 Los salarios vigentes desde el 1 de enero del 2020 fijan un monto en la zona libre de la frontera norte de 185 pesos y de 123 pesos en el resto, lo cual, con respecto al año anterior inmediato significa un aumento del 5 y 20 por ciento, respectivamente.
En el tabulado de salarios se establecen 59 profesionales mismos que refieren a los oficios,17 algunos de ellos son, carpintero, cerrajero, mecánico, escultor, albañil, soldador, sastre, electricista, paletero, zapatero, tapicero y otros más.
Justamente, para quienes se encuentran en una situación de clara emergencia, resultará necesario poder establecer opciones para tener ingresos, según el Inegi, en 2015, había casi 34 millones de hogares, por lo regular habitado por cuatro personas, incluyendo a los padres. Esto es relevante porque independientemente de la situación de emergencia, quienes trabajan y aportan ingresos deben hacerlo para alimentar, brindar sustento y proteger a los dependientes.
La situación se agrava si revisamos las condiciones de pobreza de la población en el mapa interactivo geoespacial de Covid-19 que proporciona el Coneval.18
Es en ese marco de ideas, el registro de la pobreza de los municipios en México, hace necesario que se diseñen acciones tendientes a resolver la falta de ingresos, el trabajo y con ello, disminuya la desigualdad y la pobreza.
Sin descuidar la salud, misma que en los municipios más pobres es mayor la tasa de letalidad.19 Debemos buscar acciones coordinadas para evitar el riesgo de agudizar los problemas sociales.
Acciones como la capacitación oportuna, la apertura de espacios en los centros de cultura o en las oficinas de los municipios pueden generar alternativas de trabajo, de capacitación en el desempleo puede abrir nuevas oportunidades para quienes así lo deseen, en un simil del empoderamiento de las mujeres, las capacitaciones para el empleo a través de la impartición de talleres y de oficios puede beneficiar a la población que por motivos de Covid-19 ha perdido sus fuentes de ingreso o que, en otras circunstancias, se encuentran en el desempleo.
La semejanza y los casos de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha permitido a 1 millón 435 mil menores de 29 años, capacitarse para el empleo es muestra de que las oportunidades pueden significar ingresos y ser fuente de recuperación del tejido social e impulso económico.
Hay quienes se han especializado en actividades agropecuarias, pesca, fabricación de muñecas, modelado de barro, entre otras más.20
Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los municipios tendrán una organización política y administrativa libre y democrática. Asimismo la fracción IV, en su último párrafo, se establece que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
Dado lo anterior y en virtus de que los municipios administran libremente su hacienda se propone que éstos puedan generar cursos, talleres, capacitaciones u otras actividades para que las personas aprendan un oficio para poder generar ingresos en los hogares, y sean estos, oportunidades para acceder a un régimen de vida, próspero y justo.
Por lo anteriormente expuesto, se someta a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de los gobiernos municipales y de las alcaldías de las 32 entidades federativas para que:
a) Diseñen e ofrezcan cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones accesibles para la población en general, conforme a las necesidades de cada municipio, cada alcaldías y cada demarcación territorial, con el fin de abrir nuevas oportunidades de trabajo, generar ingresos en los hogares y contribuir en la económica local.
b) Los cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones sean difundidos por el área de comunicación social y lleguen a la mayor cantidad de habitantes en los municipios, alcaldías y demarcaciones territoriales, e igualmente sean ofrecidos gratuitamente a las personas en situación de desempleo, se realicen en inmuebles públicos que cuenten con los instrumentos adecuados y se cumplan con los lineamientos dispuestos por las autoridades sanitarias.
c) Las Secretarías de Gobierno a través del área de comunicación social realicen acciones y campañas de comunicación tendientes a fomentar la dignificación de los oficios y profesiones que desempeñan las y los trabajadores por cuenta propia.
Notas
1 https://elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420836043_696183.htm l
2 https://elpais.com/economia/2019/08/02/actualidad/1564739067_996880.htm l
3 https://twitter.com/David_S_Kaplan/status/1282393854252023809/photo/1;existe una variación a partir de la metodología, Cómo vamos, por ejemplo, fija, el desempleo en 921 mil,
https://twitter.com/MexicoComoVamos/status/1282366169257656322?s=20 y
4 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-deja-saldo-de-un-mill on-113-mil-empleos-formales-perdidos-al-primer-semestre-de-2020-imss
5 http://dof.gob.mx/2020/SALUD/Acuerdo_Salud_290520_VES.pdf
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/ 2020&print=true
7 https://www.youtube.com/watch?v=sZBPCD-pL0Y
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/trabaj oNal.pdf
9 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/presentaciones/
%7B03A31AC2-D1CD-C0CA-955B-B8AEFE71AFAB%7D.pdf
10 Publicada el 30 de junio: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie /ETOE2020_06.pdf
11 http://inscripciontucasateespera.fovissste.gob.mx/ ,
https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/creditos-infonavit
12 https://www.youtube.com/watch?v=sZBPCD-pL0Y
13 https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas
14 Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, CEPAL.
15 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm
16 http://www.conasami.gob.mx/def_prof_ofi_trab_esp_T.html
17 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/
Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf
18 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Visor_Geoespacial_Pobrez a_COVID-19.aspx
19 https://politica.expansion.mx/voces/2020/07/15/los-pobres-primero-pero- al-panteon
20 https://www.gob.mx/stps/prensa/historias-de-jovenes-construyendo-el-fut uro-inspiran-serie-documental
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a agilizar la implantación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, con información de las 32 entidades federativas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las violencias hacia la mujer inadmisiblemente ha sido una constante histórica humana, esta se hace presente para las mujeres en sus diferentes modalidades y manifestaciones, no distingue condición social o económica, ni tampoco edades o características étnico raciales.
La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.1 Al respecto, los siete supuestos del feminicidio expresan puntualmente el ejercicio de la violencia cometida contra una mujer.
Esta acción atroz, es una problemática humillante para las personas, una de las expresiones más denigrantes de la dignidad humana y una de las variables que constituyen la seguridad humana y la paz pública de los países. Hablar de feminicidio es aterrizar en un terreno histórico que está en constante actualización estadística y que involucra a diferentes poderes y a los tres órdenes de gobierno para inhibir, combatir y erradicar dicho delito.
El feminicidio en México recibió la atención pública a partir de los crímenes ocurridos en la década de los años 90 en la frontera norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, la aparición de decenas de cuerpos de mujeres estremeció al país y al mundo entero, no obstante, desde hace 30 años, no solo en esa entidad, sino en otras entidades de México, las investigaciones abiertas por este delito han ido en aumento.
La impunidad y la falta de protección a las mujeres por parte de las autoridades en el poder judicial ha derivado en una mayor exigencia pública para contar con personal especializado, debidamente capacitado y comprometido con la igualdad de género y con la justicia. Actualmente y de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo, en promedio son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada 24 horas.2
Existe un enorme desafío para las autoridades en la materia, a continuación se representa la curva ascendente que prevalece en los registros que proporcionan las Fiscalías y Procuradurías locales y que se incorporan a la estadística nacional a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras revelan el número de carpetas de investigación de cinco años anteriores a la fecha, es decir, de 2015 a 2020, ya que es el periodo de tiempo que la institución reporta. En los gráficos puede visualizarse que el número de delitos por feminicidio en el país aumentaron a más del doble, en un lustro, así como entidades con más incidencia y rangos de edad.
La misma fuente de información menciona al corte del mes de junio de 2020 el acumulado nacional es de un total de 473 presuntos delitos de feminicidio, siendo las entidades: estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco y Morelos.1 Las más peligrosas para las mujeres en la actualidad.
En este gráfico anterior se muestra que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a mayo de 2020, la mayoría de las víctimas de feminicidio tenían más de 18 años encontrándose en edad reproductiva, lo cual nos lleva a cuestionarnos: ¿Cuántas de esas mujeres asesinadas pudieron dejar en orfandad y vulnerabilidad a sus hijos? No hay números concretos que den respuesta a esta pregunta.
En la mayoría de las ocasiones el feminicidio supone una doble tragedia, ya que no solo se trata de la pérdida de una mujer sino el hecho doloroso de una cantidad incierta de menores desamparados sin las protecciones mínimas del Estado para continuar con su desarrollo.
Ante esta ola de asesinatos y feminicidios de mujeres por condición de género, es evidente que las medidas que se han tomado desde los gobiernos anteriores, son ineficaces, las alertas de género no están cumpliendo su objetivo aunado a que es de gran importancia visibilizar el aumento exponencial de los feminicidios ocurridos en todo el país, pero también de las víctimas indirectas de este fenómeno.
El actual gobierno de México se encuentra bajo el escrutinio ante este fenómeno de antecedentes trágicos y dolorosos para las familias, no obstante, la diferencia ante un problema que prevalece hasta nuestros días radica en la forma en que se realicen las políticas públicas, se diseñan programas para su atención y se diseñe un plan interinstitucional.
Los huérfanos por crimen organizado y feminicidio han estado excluidos de las protección social y humana del Estado, ante la situación que se vive actualmente, nuestra niñez mexicana requiere del apoyo de las instituciones, al encontrarse en estado de vulnerabilidad y padece diversas carencias.
Ante esta emergencia nacional, el gobierno federal en coordinación con diferentes instituciones, y a fin de garantizar los derechos de la infancia, el pasado 20 de julio, del presente año, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presentaron el avance del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), el cual busca garantizar el acceso a la justicia a las víctimas a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal.4
En la presentación se mencionó que el protocolo incluye el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia, la atención, la restitución integral y el acceso a la justicia.
En el comunicado oficial del gobierno de México se informó que en el protocolo solo se incluyeron 976 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio ocurridos en 2019, asimismo que únicamente 26 entidades federativas aportaron información relacionada con el estatus de la niñez en orfandad, a pesar de que esta problemática en México data de la década de los noventa en Ciudad Juárez, Chihuahua5 .
Sin duda la presentación de este protocolo representa un gran avance ante el abandono de menores en situación de orfandad por feminicidio por más de dos décadas, y como menciona la persona titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, "este protocolo nos ha servido para conocer lo que necesitan las niñas y los niños huérfanos por feminicidio, y cómo nuestras instituciones se pueden transformar de tal manera que puedan dar una respuesta."6
Pero es necesario trabajar en una base de datos nacional con la cantidad total de las víctimas indirectas, es decir los menores que se han quedado en situación de orfandad, y que contenga información por cada una de las 32 entidades federativas.
Y aunque en 2019 el presidente de la República anunció qué para mayo de 2020, sería presentado un registro de victimas indirectas, particularmente menores de edad que eran dependientes de mujeres asesinadas, actualmente es un pendiente que no debe demorar, es de máxima importancia que se presente una versión actualizada para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es apremiante que sea recabada la información total de manera integral a fin de presentar un protocolo acorde a las necesidades de todos esos menores en orfandad y lo más pronto posible, significa un rezago institucional el que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, contengan exclusivamente información de cinco años atrás, y de 26 de 32 entidades federativas. Todos los menores que no están contabilizados merecen ser atendidos como víctimas de la violencia, es parte de la nueva política humana que busca el gobierno de la cuarta transformación.
Es fundamental su colaboración pues una de las principales problemáticas parte de que no existe una ley que obligue a los estados a llevar un registro de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, por lo que cada entidad tiene la facultad de establecer sus reglas de aplicación, decidir cómo trabajarán sus comisiones y realizar los registros que crean pertinentes, sin embrago esto no es una justificación para no tener un registro actualizado en la materia y contribuir a la construcción de un registro general.
Es deber del Estado hacer valer lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que el Estado velará un cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, otorgando facilidades a los particulares para que contribuyan al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Como integrantes de la legislatura de la paridad de género, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez mexicana valorando la importancia de apostar a una vida digna hacia este sector, ya que las niñas, niños y adolescentes significan el futuro de nuestro país. Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del gobierno de México a agilizar la implementación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio en el que se incluya información de las 32 entidades federativas del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno de México a incluir en el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio el padrón completo de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.
Notas
1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-ident ificarlo?idiom=es
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
hay-entre-10-y-11-feminicidios-cada-24-horas-en-mexico-pese-contingencia#:~:text=Especiales-,Hay%20entre%2010%20y%2011%20feminicidios%20cada,en%20M%C3%A9xico%20pese%20a%20contingencia
3 https://drive.google.com/file/d/1wG6qya31zzz4m1YUgowZWSSH0z748HDt/view
4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/20/en-2019-identifi can-796-casos-de-menores-en-orfandad-por-feminicidio-1631.html
5 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
202007251092211288-mexico-lanza-protocolo-para-huerfanos-por-feminicidio-sin-consultar-a-las-familias/
6 https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/
las-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad-a-causa-del-feminicidio-estaran-protegidas-y-protegidos-por-el-estado-mexicano?idiom=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de septiembre de 2020.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a acelerar el proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública para que todos obtengan en tiempo y forma el certificado único policial, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Certificado Único Policial (CUP) es el documento que acredita a los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.1
El CUP es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los artículos 41, fracción V, 85, fracción II y 88, inciso B, fracción II, conforme a los cuales para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, los aspirantes e integrantes deberán obtener y mantener actualizado su CUP.
Para obtener el CUP, los policías deben contar con resultado aprobatorio y vigente en los siguientes cuatro componentes:
1. Evaluación de control de confianza
2. Evaluación de competencias básicas o profesionales
3. Evaluación del desempeño o del desempeño académico
4. Formación inicial o equivalente
El CUP permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al acuerdo CNSP 13/XXXIX/15, en su cuadragésima sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016, aprobó los lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial y acordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los publicara en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo anterior, el 9 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, en cuyo artículo tercero transitorio se dispuso que las instituciones de seguridad pública, en un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, deberán cumplir los requisitos para que sus integrantes obtengan el CUP, por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.
El plazo de tres años vencía en septiembre de 2019. Sin embargo, al 30 de junio del mismo año, sólo 33.16 por ciento (equivalente a 36,436) de elementos de las entidades federativas estaban en posibilidad de obtener el CUP.2 La falta de CUP daría lugar a la separación del cargo.
Ante la falta de obtención del CUP por el 100 por ciento de los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario de las entidades federativas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2019, aprobó el acuerdo 08/XLIV/19 con el cual se autorizó la prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, instruyendo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, llevara a cabo la reforma correspondiente al artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el DOF.
Dicha publicación se llevó a cabo el 17 de julio de 20193 y con la prórroga de 18 meses el plazo para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para que sus integrantes obtengan el CUP, vence en marzo de 2021.
La emisión del CUP otorga a la sociedad la certeza de que los elementos de sus instituciones policiales fueron capacitados y evaluados, conforme a las competencias requeridas para desempeñar su función de acuerdo con estándares de calidad que demanda la sociedad.
En virtud de que el CUP acredita que el servidor público resultó aprobado para ingresar o permanecer en las instituciones policiales y que cuenta con las competencias necesarias para el desempeño de su cargo, resulta preocupante que al 31 de diciembre de 2019, sólo: 56 mil 206 (43.43 por ciento) elementos estaban en posibilidad de obtener el CUP, según datos del SESNSP.4
A cerca de un año de que se autorizó la prórroga para que todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtuvieran el CUP, sólo el estado de Querétaro ha cumplido al 100 por ciento con la certificación de sus elementos dentro del límite establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Colima está cerca de lograrlo, ya que el 98 por ciento de su plantilla obtuvo certificado. Les siguen Campeche con 93 por ciento aprobatorio, Durango con 88 por ciento y Aguascalientes con 86 por ciento, aunque algunas otras entidades federativas están mucho más atrasadas.5
De acuerdo con información disponible del total de policías estatales solo el 50.48 por ciento tiene el CUP. Es decir, que de un universo de 124 mil 767 elementos, solo 62 mil 975 cuentan con las aptitudes elementales para realizar su labor.6
El estado con más atraso en su certificación policial es Baja California Sur, pues solo el 16 por ciento de sus elementos tiene el CUP. Le siguen Puebla y Ciudad de México con 24 por ciento, Tamaulipas con 32 por ciento y Zacatecas con 38 por ciento.
A ocho meses de que venza el plazo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, resulta urgente que las policías estatales aceleren el proceso para certificar a sus policías y poder dar cumplimiento a la prórroga establecida.
Algunos gobiernos estatales como Baja California Sur, Puebla, Ciudad de México, Tamaulipas y Zacatecas deben reconocer que tienen un severo retraso en la certificación de sus policías.
El CUP tiene como objetivo garantizar que las mexicanos y mexicanos cuenten con policías confiables, preparadas y preparados con profesionalismo y honradez.
La certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública es un mandato constitucional, desde el 18 de junio de 2008, fecha en que se reformó el artículo 21 constitucional para establecer que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas, entre ellas, la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
El CUP es requisito de ingreso y permanencia para los integrantes de las instituciones policiales, donde las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas y del desempeño son fundamentales para garantizar la formación de elementos competentes, que desempeñen su función de seguridad pública, de acuerdo a los más altos estándares de actuación profesional.
Las y los mexicanos necesitamos contar con policías profesionalizados y confiables que cumplan en primera instancia con lo dispuesto por la Constitución Federal y las leyes aplicables, pues son quienes atienden las necesidades de seguridad de la población.
La seguridad pública es una condición necesaria para garantizar la calidad de vida y prosperidad económica del país y dentro del estado la policía es el principal organismo encargado de proveerla.
En este sentido, contar con policías certificados en todas las entidades federativas ayudará a que la sociedad confíe en sus gobiernos al contar con elementos policíacos que tengan los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Ante la grave realidad de que del total de policías estatales del país, solo el 50.48 por ciento tiene el CUP, se propone exhortar respetuosamente a las personas titulares de los gobiernos de las 32 entidades federativas para que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad pública, a fin de que todos sus elementos obtenga, en tiempo y forma, el Certificado Único Policial, de conformidad con el artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta a las personas titulares del poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad pública, a fin de que todos sus elementos obtengan, en tiempo y forma, el Certificado Único Policial, de conformidad con el artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.
Notas
1Artículo 1 de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.
2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/MOFP_30_junio_2019.pdf
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565946&fecha=17/07/ 2019
4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/MOFP_31_diciembre_2019.pdf
5 https://www.reporteindigo.com/reporte/certificacion-de-policias-a-paso- lento-sistema-seguridad-violencia-delincuencia/
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/certificacion-de-policias-a-paso- lento-sistema-seguridad-violencia-delincuencia/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)
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