Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5634-III, lunes 19 de octubre de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu, el gobierno mexiquense, el Imevis y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a impulsar la planeación y gestión de estrategias para reubicar la comunidad localizada irregularmente en la zona de alto riesgo y marginalidad de la colonia Ciudad Cuauhtémoc Tulpetlac y lograr así un mejor asentamiento humano y no de riesgo, y evitar daños humanos, materiales y sociales, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, facción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
El 6 de octubre de 2020, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc Tulpetlac, en Ecatepec de Morelos, ocurrió un desgajamiento de tierra de un cerro sobre tres viviendas, sin que se registraran pérdidas humanas, solo pérdidas materiales.
De acuerdo con la información de las autoridades locales, el suceso ocurrió durante la madrugada, mientras los afectados dormían, lo que deja al descubierto la vulnerabilidad de los mismos. Es importante mencionar, que las viviendas de la zona afectada en donde ocurrió el desgajamiento de tierra del cerro se encuentran en junto a un talud del cerro, del cual se desprendió parte del mismo afectando los domicilios.
Declaraciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec de Morelos, hacen referencia a que la Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (CENAPRED) había emitido un estudio de riesgo de la zona y se realizó el informe correspondiente a los pobladores; sin embargo, por parte de las autoridades municipales y estatales no se emitieron estrategias para la reubicación de estas comunidades o en su caso para la prevención de estos sucesos.
Los asentamientos irregulares en Ecatepec de Morelos, tiene una relación muy cercana con el acelerado proceso de urbanización en la zona metropolitana del valle de México. En estos asentamientos existen condiciones principalmente de marginalidad y riesgo.
Ya sea por la situación del suelo para su ocupación y construcción, así como por la ubicación de los mismos como en vías férreas, barrancas o cerros. Esta situación limita en demasía la planeación de los gobiernos locales y proporcionar los servicios básicos resulta casi imposible, por lo que la infraestructura y el desarrollo urbano se ven limitados.
Se hace principal énfasis en los asentamientos humanos ubicados en cerros dentro de zonas urbanas, pues el ordenamiento jurídico que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no considera tales circunstancias.
Estos asentamientos humanos irregulares, no planeados y con un crecimiento espontaneo y acelerado, están activos y presentes en el proceso de urbanización de Ecatepec de Morelos. Estos asentamientos se aíslan y se encapsulan de la infraestructura urbana del municipio, lo que genera una ingobernabilidad del territorio.
Además, los asentamientos humanos irregulares establecidos en cerros, no cuentan con una certeza jurídica de un bien patrimonial. Es decir, no se tiene una certeza jurídica de vivienda para los habitantes que se ubican en terrenos no aptos, como zonas de riesgo con pendientes acentuadas, zona de deslaves y en más grave aún aquellos que se encuentren cercanos o establecidos a una zona de reserva ecológica como lo es la Sierra de Guadalupe que se encuentra a escasos metros de estos asentamientos.
Un dato para dar mayor contexto a este punto de acuerdo es que en Ecatepec de Morelos, 20 por ciento de la actual zona habitacional, corresponde a asentamientos humanos irregulares, que viven en condiciones precarias. Se ubican en terrenos de ejidos y de comunidades agrarias, principalmente en áreas naturales protegidas, márgenes de barrancas, antiguo lecho del lago de Texcoco, terrenos baldíos y zonas de riesgo como derecho de vías del tren, de autopistas, de ductos y gasoductos de Pemex o cerca de torres de alta tensión, esto de acuerdo al Programa de ordenamiento ecológico Ecatepec, 2009-2012.
Los problemas derivados de los asentamientos irregulares son diversos, desde índoles sociales, demográficas, ambientales y políticas. De los más graves, se encuentra el social, ya que se puede observar que los asentamientos se encuentran ubicados en zonas que pueden ser consideradas ingobernables, en donde la urbanización se desarrolla de manera espontánea y sin control, lo que hace más difícil su integración a la urbanización y buena administración del municipio.
En aspectos demográficos trae consigo problemas de hacinamiento y de una densidad de población alta, ya que al permitir que nuevos habitantes se asienten de manera ilegal, implica que la calidad de vida de la gente que vive en el entorno también se vea afectada. Esto debido a que los nuevos habitantes, harán uso de la infraestructura y los servicios que si bien fueron planeados para una cantidad de habitantes cuando se rebasa la demanda de estos se saturan, y la calidad de vida disminuye.
Por otro lado, y aún más grave, se encuentran los problemas ambientales que se generan por medio de los asentamientos humanos irregulares, ya que se da una invasión de reservas ecológicas, cambios en el uso de suelo que no son aptos para la urbanización.
En este punto es importante resaltar que la Sierra de Guadalupe es el pulmón de gran parte de la zona metropolitana del valle de México y su preservación de suma importancia para la región y la comunidad en mención (colonia Ciudad Cuauhtémoc Tulpetlac) se encuentra en las faldas de esta región.
En Ecatepec de Morelos, no son nuevos este tipo de hechos, en los que se afectan viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Ya sea por el estado del suelo y generación de mega socavones, asentamientos en cerros, o en suelos salitrosos y fangosos se han generado pérdidas humanas y materiales.
De esta manera, hacemos un llamado a que se tome como referencia la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanos en los apartados 64 a 69; por lo que se debe exhortar a las autoridades antes mencionadas que cumplan con la obligación que se precisa en el artículo 69 del ordenamiento antes mencionado para asegurar las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos.
Además, hacemos un llamado a las autoridades antes mencionadas a que se debe de contar con un control más severo en el ordenamiento territorial, de la mano con políticas públicas que ayuden a evitar apariciones de asentamientos irregulares.
Y para esto será necesario controlar las zonas que son vulnerables a ser invadidas por estos tipos de asentamientos humanos, principalmente la zona de la reserva ecológica de la Sierra de Guadalupe, que es la más propensa a ser invadida y con mayores índices de riesgo para quienes habitan en las cercanías de la zona.
La demanda de vivienda y de infraestructura, los servicios públicos, y el acceso a suelo irregular no va a parar, por lo que es necesario hacer uso de la planificación para que la práctica del ordenamiento territorial se anticipe a las posibles tendencias o proyecciones que se puedan presentar en el municipio.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al maestro Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; al licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del estado de México; a la licenciada Alma Angélica Quiles Martínez, titular del Instituto Mexiquense de Vivienda Social; y al licenciado Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec de Morelos, a impulsar una planeación y gestión de estrategias para reubicar la comunidad asentada irregularmente en la zona de alto riesgo y marginalidad situada en la colonia Ciudad Cuauhtémoc Tulpetlac, para lograr un mejor asentamiento humano y no de riesgo para evitar daños humanos, materiales y sociales en Ecatepec de Morelos, México.
Fuentes bibliográficas
Programa municipal de Ecatepec de Morelos, 2013-2015. [En línea]
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edome x.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic035.pdf
Sánchez, R. (sin fecha) El municipio promotor de su desarrollo,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont /33/trb/trb9.pdf
Gudiño, Alejandra. “Se desgaja cerro sobre tres viviendas en Ecatepec; no hay heridos” (2020), en Milenio en Línea.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a generar la planificación, discusión y adaptación de medidas destinadas a reforzar la respuesta al fenómeno de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos de niños y adolescentes, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
María Lucero Saldaña Pérez, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para generar en forma urgente la planificación, discusión y adaptación de medidas destinadas a reforzar la respuesta al fenómeno de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
México en la actualidad vive graves problemas sociales en torno a temas tales como violencia de género, violencia familiar, desempleo, una gran crisis económica, siendo cada uno de esos factores consecuencia de una alta tasa de casos de familias rotas obligando a las niñas y los niños a abandonar sus hogares para partir hacia un país extranjero buscando la oportunidad de mejorar su situación familiar y condición económica, poniendo en riesgo su seguridad al partir solos desde casa.
Indudablemente, el gobierno federal tiene la obligación de atender la violación a los derechos humanos de la niñez migrante; muchos niños huyen de la violencia, el conflicto, la pobreza, la persecución o han sido desplazados debido a desastres naturales, otros migran con sus familias para escapar de la pobreza extrema, en busca de oportunidades de trabajo y una calidad de vida mejor.
Otros niños que viajan solos buscan reunificarse con sus familias que viven en otros países, sin embargo, en sus esfuerzos por alcanzar la seguridad, la niñez migrante corre peligro y están más expuestos al tráfico y la explotación, para las niñas y niños, las crisis económicas, humanitarias y todos los conflictos prolongados se traduce en que no tienen oportunidades inmediatas de regresar a sus hogares y huir de los peligros que viven en el recorrido migrante, la lamentable detención y la separación familiar son experiencias traumáticas que pueden situarlos más vulnerables frente a la explotación y el abuso lo que pueden generarles estrés tóxico que, como han demostrado múltiples estudios, puede afectar su desarrollo integral a largo plazo, impactando en su vida un ambiente de violencia, drogas y delincuencia.
Las niñas y niños migrantes transitan solos por México hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familiares que viven en aquel país o buscando una vida mejor siendo vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como:
• Ser detenidos
• Estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas
• Sufrir violencia y discriminación
• Pasar hambre y frío
• No tener acceso a servicios de salud
En 2017, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16 mil162 fueron retornados a sus países de origen.
Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.1
Por otro lado, en agosto pasado del año en curso, 15 mil 471 mexicanos fueron deportados de Estados Unidos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en marzo, y es similar al promedio mensual de devoluciones de 2019.
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que eventos de repatriación, en los meses de enero a junio de 2020, desde Estados Unidos de niñas, niños y adolescentes (NNA) mexicanos, según sexo y condición de acompañamiento, fueron 5797, de los cuales 4 mil 701 fueron niños y mil 96 niñas, así como NNA acompañados mil 780 y no acompañados 4 mil 17. Siendo los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca con mayor número de NNA repatriados de Estados Unidos a su estado de origen; siendo el caso de que Puebla, mi estado natal, ocupa el noveno lugar.2
Ante esta situación, es importante exhortar al gobierno mexicano a mantener unidas a las familias y a utilizar alternativas eficaces a la detención de migrantes, como servicios comunitarios para la administración de casos para las familias. La detención y la separación familiar son experiencias profundamente traumáticas que pueden hacer que los niños como bien ya se ha mencionado sean más vulnerables a la explotación y al abuso y pueden crear consecuencias devastadoras a largo plazo.3
Es de suma importancia y de urgente resolución, abordar las causas fundamentales de la migración irregular: la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades educativas y económicas. Hasta que estas causas fundamentales no se aborden de manera significativa y a largo plazo, las familias y los niños se verán obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad o un futuro más esperanzador a través de rutas migratorias irregulares, para garantizar que los niños migrantes reciban el apoyo y los servicios que necesitan y que se respeten sus derechos”.
Por este motivo es urgente la planificación, discusión y adaptación de medidas destinadas a reforzar la respuesta al fenómeno de la migración desde la perspectiva de los derechos de la niñez, los niños, niñas y adolescentes ya han experimentado violaciones de derechos humanos antes de salir de su país de origen, y someterlos a más violaciones dentro de las fronteras a través de leyes y tratamientos no favorables a los niños, México, Estados Unidos y cualquier gobierno de los países extranjeros tienen la obligación de garantizar los derechos de los menores bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación independientemente de su origen y situación jurídica velando los derechos fundamentales de los niños y niñas migrantes.4
Las niñas y los niños son un grupo que por sus características derivadas de su edad se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esta situación de vulnerabilidad se demuestra en el grado de dependencia y el cuidado especial que requieren para desarrollarse de manera adecuada y sin que su vida u otros derechos corran peligro.
En los últimos años, la protección que, desde los derechos humanos se ha dado a este sector de la población, es bastante amplia. El instrumento internacional que por excelencia protege sus derechos es la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN).5 No obstante, existe un gran número de instrumentos convencionales y no convencionales que complementan esta protección.6
Según la propia CDN, se entiende por niña y niño a la persona menor de 18 años, aunque los Estados pueden establecer por ley la mayoría de edad antes de dicha edad. Sin embargo, en el ámbito del Sistema interamericano de protección de derechos humanos (en adelante Sistema Interamericano o SIDH) tanto la CIDH,7 como la Corte Interamericana8 han establecido que se aplicarán los derechos establecidos para las niñas y los niños a todas las personas menores de 18 años. Por ello, la condición de niñas y niños migrantes también debe seguir la definición general sobre niño/a.
“Migrante”, según la Corte IDH, es un término que abarca tanto a la persona que deja o que llega a otro Estado con el propósito de residir en él.9 Por otro lado, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, señala en su artículo 1 que:
“...La presente convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual (el resaltado es nuestro)...”
Bajo en contexto anterior, y de acuerdo con lo señalado en los preceptos legales citados in supra , es factible afirmar que, niña o niño migrante será toda persona menor de 18 años que se encuentre fuera del Estado del cual es nacional con la intención o necesidad de residir allí o en otro Estado al cual se dirige, o que encontrándose en el país del que es nacional o residente, podría migrar en un futuro cercano. La configuración de una persona como niño o niña migrante significará que tendrá una doble protección: por su condición de niña o niño y de migrante.
Los Estados que reciben niñas y niños migrantes tienen que proteger ciertos derechos para resguardar de la mejor manera su situación de vulnerabilidad. Estos, en la medida que son aplicados a niñas y niños, deben seguir ciertos principios establecidos en el Derecho internacional de los derechos humanos respecto de las niñas y los niños, recogidos en la CDN.
Estos principios son:
El interés superior del niño y niña;
La igualdad y no discriminación;
El derecho a expresar su opinión y ser oído/a; y
El derecho a la vida.
Además, estos principios generales se relacionarán junto a otros que responderán a circunstancias específicas como en el caso de niñas y niños no acompañados o solicitantes de asilo.
Respecto del interés superior de la niñez, el artículo 4o. de la Constitución Federal, prevé:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez 10
La Corte Interamericana desarrolló mejor el contenido de este principio en su jurisprudencia, estableciendo que “el principio del interés superior del niño (...) se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”.11
Así pues, es obligación del Estado mexicano proteger los derechos humanos de las niñas y los niños, lo anterior, se ve robustecido por lo previsto en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece:
Artículo 2 1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.12
Por tal, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para generar en forma urgente la planificación, discusión y adaptación de medidas destinadas a reforzar la respuesta al fenómeno de la migración desde la perspectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Notas
1 Recuperado:
https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes
2 Recuperado de: http://www.politicamigratoria.gob.mx/
work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_Síntesis_ene-jun_2020.pdf
3 Recuperado:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-011020/https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-011020/
4 Recuperado: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/sobre-la-situaci%C3%B3n-d e-los-ni%C3%B1os-migrantes-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-estados
5 Adoptada el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de setiembre de 1990. A la fecha cuenta con 193 Estados parte, haciéndolo el tratado de derechos humanos con mayor cantidad de ratificaciones.
6 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), entre otros.
7 CIDH. Informe sobre la infancia y sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. 2o. edición. 2008. Párrafo 27.
8 Corte IDH. Opinión Consultiva número 17. Condición jurídica y derechos humanos del niño. 29 de agosto de 2002. Párrafo 40.
9 Corte IDH. Opinión Consultiva número 18. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 17 de setiembre de 2003. Párrafo 69.
10 Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
11 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100. Párrafo 163.
12 Recuperado de:
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2020.
Diputada María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a levantar un censo nacional para identificar a los docentes con derechos laborales vulnerados por las administraciones pasadas, y atenderlos y otorgarles lo correspondiente, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adicionan un párrafo tercero e inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con ello entraba en vigor en México la “reforma educativa” del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Esta controversial reforma, daño más al sistema educativo nacional, que de lo que se esperaba mejoraría.
Esta reforma se caracterizó por los siguientes alcances que tuvo tanto en los alumnos, como en el docente:
• La calidad educativa en la reforma . Para el Estado, la principal vertiente para tener un sistema educativo eficiente era la “calidad”. Claramente era sólo un pretexto para implantar un método educativo con un mayor enfoque en la competencia.
• El Sistema de Información y Gestión Educativa . Se creó con el objetivo de tener un sistema de registro con información actualizada y completa de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, creando una comunicación directa entre directores de escuelas y autoridades educativas. La SEPy las secretarias de educación estatalesse resistieron a entregar los padrones de sus trabajadores, sabiendo que en el Gobierno los querían para satisfacer intereses personales, como despojar plazas y contratos.
• Evaluación del desempeño docente. A fin de garantizar la “calidad” en el sistema educativo nacional, el Gobierno Federal implementó un sistema de evaluación para catalogar a sus docentes en un “Grupo de desempeño” el cual se dividía en tres: Suficiente, Bueno y Destacado. Esta evaluación fue el pretexto perfecto, para despojar a los docentes de sus plazas.
• Autonomía de gestión en las escuelas. Esta “autonomía” generó consecuencias muy delicadas respecto a la gratuidad en la educación, debido a que el Estado se deslindó de manera gradual de su responsabilidad de atender a las escuelas públicas, trasladándola a los padres de familia, alumnos, docentes y directivos.
• El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Este Instituto se crea con la finalidad de ser el responsable para ejecutar los planes, reglas y formas de evaluación a los Docentes. Cabe señalar que los 5 integrantes de la Junta de Gobierno de dicho instituto eran elegidos por el Ejecutivo federal.
El sistema de educación nacional, se colapsó en varios Estados de la República, miles también fueron los niños que no tuvieron el acceso a la educación como lo plantea el artículo 3o. constitucional.
Este sistema educativo, generó más dudas que respuestas. Miles fueron los docentes que se plantaron en huelga, exigiendo sus derechos que fueron arrebatados con los mecanismos implementados, en esta mal llamada “reforma educativa”.
Tal es el caso de la docente Verónica Pérez Mata, quien después de 26 años de servicio, 14 años frente a un grupo y 11 como Subdirectora comisionada en la Sec. 103, en esos 11 años como subdirectora, tuvo que fungir como Directora comisionada, al fallecer la Directora responsable de dicha institución.
Verónica Pérez Mata, ha tenido una gran trayectoria en su labor como docente y subdirectora, por lo que se evaluó en el concurso de Oposición 2015-2016, el resultado fue sumamente favorable para ella, ya que resulto idónea; sin embargo, la “brincaron” en la prerelación, al denunciar los hechos ocurridos, le recomendaron volverse a evaluar.
Por lo que decidió participar en el proceso de Regularización en la Función 2016-2017. Como resultado de este último proceso en el que participó resulto con calificación destacada. Al percatarse de que a un año de distancia se asignaron plazas por concurso de oposición y que el grupo de regularización en la función quedó relegado, acudió a varias instancias con la petición del otorgamiento de la plaza que les corresponde.
Como resultado de esta petición en el 2018, se le informo que se realizarían las gestiones para la cancelación-creación de la plaza de Subdirección.
En 2019, al dar seguimiento a su petición, le informan que se seguían haciendo las gestiones para la cancelación-creación de dicha plaza, para 2020, le comunican que cuando se concluya el proceso de evaluación del desempeño en la función 2015-2016 se continuará con el grupo 2016-2017, en la que ella resulto destacada .
En agosto del año en curso, la Directora de la Institución en la que actual presta servicios Verónica Pérez Mata como subdirectora, le entregó una nueva orden de prestación con la que le notifican que la Comisión de Subdirección la tendrá tan sólo por un año más, con el riesgo de que el 15 de agosto de 2021 se le retire la misma y se incorpore a un grupo, dando clases a éste. Negándole la plaza que por derecho le corresponde ya que la gano en un proceso transparente y legal.
Este es sólo uno de los miles de ejemplos que la Administración de Enrique Peña Nieto, dejó. Sin importar la incertidumbre con la que vive Verónica, al verse afectada económicamente y afectar sus aspiraciones profesionales.
Por las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma Barragán, para que dentro de sus facultades dicte sus apreciables órdenes a fin de resolver la situación de la docente Verónica Pérez Mata, y se le otorgue la plaza que por derecho le corresponde.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma Barragán, a realizar un censo nacional e identificar así a los docentes cuyos derechos laborales se encuentren vulnerados por las administraciones pasadas, y atenderlos y otorgarles lo que por derecho les corresponde.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la SEP a hacer pública la información sobre la forma en que habrá de reponerse el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 8 de septiembre, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 (PPEF 2021), que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha.
2. Es el caso que en dicho proyecto no se incluyó el programa presupuestario S-221 Escuelas de Tiempo Completo y, por tanto, el mismo no le asignó recursos presupuestales para el ejercicio 2021, como se puede apreciar en el cuadro “Programas presupuestarios en clasificación económica (resumen)”, contenido en el Tomo III, Ramo Administrativo 11 de los Analíticos Presupuestarios, en el cual no aparece el programa presupuestario con clave S-221.
3. El PEF de 2020, correspondiente al ejercicio en curso, aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de noviembre de 2019, incluyó el Programa Presupuestario S-221 Escuelas de Tiempo Completo como parte de los Programas Federales de la Modalidad S, Subsidios: Sectores social y privado o entidades federativas y municipios, con una asignación presupuestal de 5 mil 100 millones de pesos.
4. El Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2019, expidió las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2020, las cuales señalan que este programa es un mecanismo para propiciar el establecimiento de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, de escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos.
5. Las Reglas de Operación citadas establecieron la concurrencia del gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas para que, mediante convenio, éstos reciban las transferencias para financiar el programa en las escuelas de educación básica que serán seleccionadas conforme a los criterios siguientes:
a) escuelas de educación indígena y/o multigrado;
b) escuelas de educación primaria o telesecundaria;
c) que atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, y
d) que presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.
6. Es de conocimiento público que, durante el presente ejercicio presupuestal, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo cubre 27 mil escuelas de educación básica ubicadas en comunidades indígenas, localidades rurales y en las que confluye población en condiciones de marginación. Atiende a una población escolar de alrededor de 3 millones de estudiantes, a los que ofrece actividades deportivas, club de tareas y extracurriculares, así como comida gratuita a 1 millón de niños y adolescentes en el interior de los planteles educativos.
7. La aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 en los términos propuestos por el Ejecutivo federal, es decir, sin incluir el Programa Presupuestal S-221 Escuelas de Tiempo Completo y la correspondiente partida presupuestaria para sufragarlo, originará serias afectaciones a las escuelas incluidas en el Programa, al profesorado, a los padres de familia y a las alumnas y alumnos de educación básica beneficiarios de dicho Programa, lo que incidirá en una vulneración de su derecho a una educación básica de calidad, provocará la elevación de los índices de deserción, además de afectar las actividades laborales de los padres de familia al ser recortado el horario de atención escolar.
8. El 14 de octubre de 2020, en declaraciones a diversos medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, declaró que el gobierno federal mantendrá el Programa de Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 2021, lo que implicaría un reconocimiento del terrible error de suprimirlo en que incurrió el proyecto presupuestal del año siguiente.
9. Sin embargo, dado que el proyecto de PEF para 2021 que está a consideración y en proceso de dictaminación y aprobación por la Cámara de Diputados no incluye la presupuestación del mencionado programa, es necesario que las autoridades competentes hagan pública la información sobre la forma en que habrá de reponerse el Programa de Escuelas de Tiempo Completo tal y como lo anunció el titular de la SEP.
10. Es tarea de la Cámara de Diputados el velar porque se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente los que son parte de las comunidades indígenas y/o viven en zonas de alta marginación, a recibir una educación de calidad, así como las prestaciones alimentarias y las actividades extraescolares que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo les debe seguir garantizando.
Por lo expuesto y fundado, solicito antentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública, Arturo Herrera y Esteban Moctezuma Barragán, respectivamente, a que hagan pública la información sobre la forma en que habrá de reponerse el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur y la SE a desarrollar e implantar una estrategia urgente de interlocución con el sector empresarial turístico para fomentar la celebración e instauración de convenios y acuerdos de coordinación con los grandes prestadores de servicios del ramo en establecimientos de hospedaje a efecto de propiciar la formulación, el establecimiento y la ejecución de mecanismos de regulación aplicables a los paquetes de servicios turísticos parcial o totalmente incluidos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputados Francisco Elizondo Garrido y Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo en el país ha tenido un auge importante a partir de la incorporación de hoteles “todo incluido”. El ofrecimiento de la modalidad de “todo incluido” consiste en la venta de una sola ventanilla en la que el huésped adquiere, mediante un solo pago, diversos servicios como son la comida, snacks, bebidas, actividades deportivas, eventos, espectáculos y entretenimiento, eliminando el pago y consumo de servicios fuera del complejo turístico.
En México la implementación de esta modalidad surgió en los años setenta por una falta de ofertas complementarias como restaurantes y actividades turísticas en las costas que en un futuro se convertirían en los principales destinos turísticos.1 En este sentido, el gobierno apoyó ampliamente la incorporación de estos proyectos con la finalidad de crear nuevos empleos y así desconcentrar a la población de grandes zonas urbanas del país.
Bajo esta óptica, los hoteles todo inluido se han extendido a lo largo de los años, lo que les ha permitido utilizar esta fórmula para facilitar la gestión financiera de su negocio y aumentar exponencialmente la cantidad de clientes. Sin embargo, la situación que enfrenta la población que habita en estas zonas turísticas ha cambiado drásticamente. El crecimiento de estos polos ha traído como consecuencia un acelerado desarrollo de las economías regionales que en la actualidad se ven afectadas por el obstáculo en la derrama económica que representan los hoteles “todo incluido” y la monopolización de servicios turísticos que ello representa.
En general, los turistas que eligen un destino en particular deberían representar un beneficio económico para la comunidad local en su conjunto. Sin embargo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en la mayoría de los paquetes “todo incluido” el 80 por ciento del gasto de los viajeros es destinado a aerolíneas, hoteles y otras compañías internacionales, sin incluir negocios locales.2 Si bien es cierto que los hoteles “todo incluido” han logrado generar mayores ingresos, también lo es que su impacto en la economía es menor por dólar de ingreso que en otros subsectores turísticos.
Actualmente, la interrelación comercial entre las cadenas de hoteles y las pequeñas empresas de la comunidad anfitriona ha sido olvidada, generando afectaciones a los comercios locales. Adicionalmente, se ha observado una generación de empleos de baja remuneración y condiciones laborales que involucran contratos de corto plazo, con un nivel menor de capacitación. En este mismo sentido, el ofrecimiento de trabajo por temporadas afecta la seguridad en el empleo y disminución de incentivos adicionales a los empleados, por ejemplo, las propinas.
Un estudio del Instituto de Planeación Municipal de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, revela que la zona centro de Cancún registra un severo deterioro económico, con más de 90 por ciento de los mercados de artesanías abandonado y un primer cuadro de la ciudad presa de la inseguridad y el deterioro económico.3 Tanto los hoteleros del centro como el sector restaurantero atribuyen esta decadencia al incremento en las ventas de paquetes correspondientes al concepto “todo incluido”.
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible es aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.4 En este sentido, se debe tomar en cuenta la conservación de los recursos naturales, la autenticidad cultural de las comunidades locales y asegurar las actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes beneficios socioeconómicos distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades y que contribuyan a la reducción de la pobreza.
A pesar de que el turismo es una actividad que llevan a cabo empresas del sector privado, la repercusión de sus acciones trata asuntos de interés público. De esta manera, la participación del gobierno es fundamental para cumplir con las metas de desarrollo sostenible del turismo, llevando a cabo acciones tales como la planificación del uso del suelo, incidir en la legislación laboral y medioambiental y la provisión de infraestructuras y de servicios sociales.
Otro aspecto relevante para alcanzar el turismo sostenible es tomar en cuenta la responsabilidad social corporativa en el sector turístico. Para estos efectos, es responsabilidad del gobierno utilizar esta sensibilización creciente cuando se desarrollen políticas y actividades relacionadas con la industria como motivación para lograr su implicación e incorporación. Se debe lograr el fomento de una cultura empresarial de colaboración de manera tal que las empresas logren mantener formas de comunicarse con los mercados.
Desde la perspectiva internacional el UNEP y la OMT sugieren garantizar que una buena parte de los gastos totales de los viajes se perciba localmente, así como facilitar el acopio local de suministros que tiendan a maximizar la proporción de suministradores locales y formar redes de proveedores de diferentes tipos de servicios turísticos para ofertas combinadas y así fortalecer la cadena de suministro y la adquisición de productos locales.5
En el contexto de la contingencia por la cual hoy atravesamos, es importante tomar en cuenta que el mundo se encuentra en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. El turismo está dentro de los sectores más afectados, lo cual ha puesto en riesgo millones de empleos6 y, a su vez, ha representado una mayor afectación de las comunidades locales, ya que se espera una pérdida de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo de acuerdo con la OMT.7 En el caso de México, se registra que en Quintana Roo el empleo formal cayó tan sólo en abril hasta un 10 por ciento, asimismo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se podría llegar a registrar un aumento de pobreza en un 5.9 por ciento, así como un 4.8 por ciento adicional de pobreza extrema.8
En relación con esta gran pérdida de empleos, Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, afirmó que la reactivación del turismo no puede depender solamente del desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, sino que es necesario que tanto el sector público como el sector privado trabajen en conjunto con miras a la recuperación de la industria.9
Por lo anterior, las autoridades tienen la obligación de fomentar la economía nacional a través de la implementación de acuerdos que aborden la emergencia de salud e incluyan políticas integrales que impulsen el crecimiento a largo lazo, asegurando la distribución equitativa de riqueza que permita el establecimiento de relaciones entre las grandes cadenas hoteleras y los micro, pequen?os y medianos emprendedores de las zonas turísticas de forma que se logre una recuperación progresiva y sostenible.
En el contexto de las consideraciones expuestas, quienes integramos el Partido Verde estamos convencidos de que la coyuntura actual nos obliga a llevar a cabo acciones para propiciar que las autoridades federales y del orden local establezcan mecanismos de interlocución y de coordinación con los grandes prestadores de servicios turísticos del país (especialmente aquellos que prestan servicios de hospedaje bajo el esquema todo incluido) para generar esquemas de regulación y vinculación en beneficio de la inclusión y la participación de los micro, pequeños y medianos emprendedores de las zonas turísticas y con ello garantizar un entorno de reactivación económica en el ámbito local anclado a un paradigma de turismo sostenible y de bienestar compartido.
Por los motivos expuestos anteriormente, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen una estrategia emergente de interlocución con el sector empresarial en el ámbito de la industria turística nacional para fomentar la celebración e instrumentación de convenios y acuerdos de coordinación con los grandes Prestadores de Servicios Turísticos en establecimientos de hospedaje a efecto de propiciar la formulación, establecimiento y ejecución de mecanismos de regulación aplicables a los paquetes de servicios turísticos parcial o totalmente incluidos, con el objetivo de garantizar la desconcentración en la prestación de dichos servicios en los principales destinos turísticos de nuestro país y con ello coadyuvar en la reactivación económica local mediante la inclusión y la participación de los micro, pequeños y medianos emprendedores del sector, con un sentido de sostenibilidad, responsabilidad social y bienestar compartido.
Notas
1 Véase, Héctor Pérez García, “Historia de Hotelería y Turismo en México”, Universidad de Guadalajara, primera edición, 2015. Disponible en: http://www.cta.cuc.udg.mx/publicaciones/
2015%20-%20Historia%20de%20hoteler%C3%ADa%20y%20turismo%20en%20M%C3%A9xico.pdf
2 Véase, “The perceived impacts of all-inclusive package holidays on host destinations - A Consumer Survey”, Tourism Concern, 2015. Disponible en: https://tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/
The-perceived-impacts-of-all-inclusives-%E2%80%93-survey-results.pdf
3 Véase, Jesús Vázquez, “Los hoteles todo incluido afectan actividad turística”, El Economista, 13 de agosto de 2012. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Los-hoteles-todo-incluido-afectan-actividad-turistica-20120813-0100.html
4 Véase, “Desarrollo Sostenible”, Organización Mundial del Turismo. Consultado el 12 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible
5 Véase, “Por un turismo más sostenible. Guía para responsables políticos”, Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización Mundial del Turismo, 2006. Disponible en:
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0884xPA-TourismPolicyES.pdf
6 Véase, “Directrices globales de la OMT para reiniciar el turismo”, Organización Mundial del Turismo, 28 de mayo de 2020. Disponible en: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/
200606%20-%20UNWTO%20Global%20Guidelines%20to%20Restart%20Tourism%20ES.pdf
7 Ibídem.
8 Véase, “El desafío social en tiempos del Covid-19”, Informe Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 12 de mayo de 2020. Disponible en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4552 7/5/S2000325_es.pdf
9 Véase, Lilia González, “El WTTC urge a unificar protocolos de seguridad a nivel internacional para la reactivación del turismo”, El Economista, 14 de junio de 2020. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-WTTC-urge-a-unificar-protocolos-de-seguridad
-a-nivel-internacional-para-la-reactivacion-del-turismo-20200614-0017.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 217 municipios de Puebla a rescatar los espacios deportivos para fomentar el ejercicio físico y combatir las consecuencias del sedentarismo, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, David Bautista Rivera, diputado del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Cuando la pandemia de Covid-19 llegó a México, el país ya venía arrastrando una larga epidemia de obesidad y diabetes, padecimientos que han contribuido a que este virus llegue a ser mortal en algunas personas. Tan sólo en 2019, México fue el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. El reporte Panorama de Salud 2019 señala que los niveles de obesidad están por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que 72.5 por ciento de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, cuando el promedio es de 55.6 por ciento, mientras que en el caso de los niños la cifra es de 37.7 por ciento, frente a un promedio de 31.4 por ciento.1
Este factor de riesgo, estrechamente ligado a enfermedades como diabetes o hipertensión (3 de cada 10 infantes mexicanos sufre de diabetes y otras complicaciones relacionadas al sobrepeso), ha sido confirmado por expertos como el caldo de cultivo perfecto para disminuir la resistencia de quienes se contagian de coronavirus. Ya que la obesidad provoca un estado de inflamación crónica. Esto afecta al funcionamiento de las células del cuerpo y de sus superficies mucosas, que ven interrumpida su función de barrera protectora natural y facilitan el ataque de virus como el Covid-19.
Asimismo, la obesidad tiene efectos negativos sobre el sistema inmune, como la disminución en la producción de proteínas vitales para defender al cuerpo contra posibles infecciones. Igualmente, es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares; los trastornos del aparato locomotor como la osteoartritis, y algunos cánceres en el endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, riñones y colon.
“Literalmente, el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente y hoy enfrentamos una epidemia de Covid-19 con estos estragos prolongados de la mala alimentación”, reconoció el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell.
Es importante destacar que la obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales, es decir, la falta de ejercicio o el sedentarismo más un consumo de alimentos súper procesados y de baja calidad alimenticia o una dieta rica en azúcares, grasa, harinas, calorías y exceso de sal, más un estado constante de estrés son los factores que derivan en la obesidad. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva, que como se dijo antes, aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio.
Esta actividad fortalece el sistema inmunológico y contribuyen a reducir los altos índices de prevalencia de las enfermedades no trasmisibles como hipertensión, diabetes, las cardiovasculares; el sobrepeso y la obesidad, enfermedades que más daño provocan a los mexicanos y que generan un alto costo al erario y potencializan el riesgo de muerte por Covid-19. Además, desde hace mucho tiempo las autoridades e instituciones especializadas internacionales y nacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Comisión Nacional del Deporte (Conade) han demostrado que la actividad física y el deporte amateur contribuyen a prevenir y sanar todas esas enfermedades y otras también muy graves como la depresión y la drogadicción que son de las principales que inciden de manera negativa en los años de vida saludable y productiva de la población. Por si fuera poco, se asegura, es uno de los recursos más importantes con que se cuenta para favorecer el desarrollo integral y reducir los índices de violencia, otro de los graves problemas que afectan la vida cotidiana de los mexicanos.2
Es decir, la cultura física y la práctica deportiva en espacios adecuados, son favorecedores de una vida libre de adicciones, que se previenen con la práctica de deporte y derivan en una sana integración y paz social.
Sobra decir que el ejercicio físico y el deporte son ingredientes de la cultura en la sociedad moderna, además establecen para el individuo un medio que asiste a mejorar la salud y la interacción social. Razones por las cuales el deporte es de suma importancia para el desarrollo personal, social, psicológico e higiénico de la población mundial.
Sin embargo, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef), sólo 41.7 por ciento de la población mexicana realiza deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, proporción que no ha tenido variación significativa desde 2013 en que inició el levantamiento de este módulo.
El informe detalla que la principal razón de la población que no se ejercita es por falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud, mientras que la población que si lo hace, es por salud, seguida de diversión e imagen. Igualmente, sobre el lugar de preferencia para la práctica físico-deportiva, se informa que 64 por ciento de la población activa físicamente realiza deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares públicos , mientras que 33 por ciento acude a instalaciones o lugares privados.3
De la población que realiza práctica físico-deportiva en instalaciones o lugares públicos, sólo 43.9 por ciento alcanza nivel de suficiencia para obtener beneficios a la salud, en comparación con 73.6 por ciento de la población que utiliza instalaciones o lugares privados, esto permite afirmar la prevalencia de que quienes realizan ejercicio en instalaciones o lugares privados dedican mayor tiempo a la semana y lo realizan con mayor intensidad.4
Aunado a la poca cultura de ejercicio a nivel nacional, en Puebla, durante la cuarentena provocada por el coronavirus se evidenció el sedentarismo en la vida diaria de los poblanos, así lo informó Miriam Ríos Kosa, directora de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP). “La contingencia cambió nuestra perspectiva, y nos dimos cuenta que éramos sedentarios en el trabajo y ahora somos sedentarios en la casa (...) Cada año, 10 por ciento de las personas se vuelven más sedentarias y a eso se le deben sumar los malos hábitos alimenticios”, comentó.
Ríos Kosa mencionó que, además, es necesario e importante distinguir entre actividad física, que es el movimiento corporal; ejercicio, el cual es una subcategoría de la actividad física que es estructurada y repetitiva; y el deporte, que tiene como función una competencia.5
Esta situación de sedentarismo se relaciona estrechamente con que muchos espacios públicos destinados a la práctica del deporte, en Puebla, se encuentran en abandono, en desuso o subutilizados; por lo que se anunciaron inversiones para rescatar los centros deportivos abandonados en la capital poblana y en varios municipios del interior del estado.
Mientras tanto, el interés por los espacios públicos deportivos ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen fácil acceso. Los motivos pueden ser variados, la delincuencia, el descuido o el desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades.
Sirva de ejemplo los centros comerciales que han llenado la falta de espacios públicos de calidad como punto de reunión, esparcimiento y ejercicio de la ciudadanía, ya que son los lugares favoritos en Puebla de la generación millenial para “pasar el rato”. La reunión de las personas en estos centros se produce inducida para la compra, y el entretenimiento es controlado por los negocios comerciales. Si antes la ciudadanía se expresaba en los parques públicos, hoy se expresa en los grandes centros comerciales.6
Por el contrario, tan solo en el municipio de Puebla hay 34 espacios deportivos que no cuentan con mantenimiento y se encuentran descuidados por lo que requieren de intervención para rehabilitarlos. Cada uno de los centros necesitan pintura, reparación de mallas de las canchas deportivas, tableros, entre otras cosas.7
Por último, recalcar que la falta de ejercicio (sedentarismo), además de la obesidad, tiene un sinfín de consecuencias como el aumento de la presión arterial, deterioro de la condición cardíaca, problemas respiratorios, degeneración muscular, retención de líquidos y diversas enfermedades.
En ese sentido, las estadísticas del Inegi revelan que, al año, en la entidad poblana se registran más de siete mil 800 muertes relacionadas al corazón; mientras que la diabetes mellitus se coloca como la segunda causa de muerte con más de seis mil 500 defunciones.8 Enfermedades completamente relacionadas al sedentarismo y que arrojan cifras que podrían verse notablemente disminuidas si existiera una cultura de ejercicio físico más desarrollada entre la sociedad poblana.
Es por lo antes expuesto que, si queremos una sociedad poblana sana, los ayuntamientos de los 217 municipios del Estado poblano, deben considerar que una oferta de espacios deportivos de calidad incita una cultura de ejercicio físico en la ciudadanía ya que, por un lado, el aumento y diversificación de las actividades deportivas trae como consecuencia la demanda de más espacios variados para la práctica deportiva mientras que, por otro, el perfeccionamiento y la tecnificación del deporte espectáculo generan un “modelo”, que los jóvenes desean seguir y es necesario aprovechar esa inercia para inducir a nuestra sociedad a la práctica deportiva sana.
Por lo que de atender lo que prescribe la Ley Estatal del Deporte en su artículo 21, fracciones IV y V, es de suma importancia para el desarrollo de los espacios públicos deportivos y el fomento al deporte.
“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, participarán en el Sistema Estatal del Deporte, con las siguientes atribuciones:
I. a III. ...
VI. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas, pertenecientes al municipio, en cuyo caso, la Secretaría de Educación Pública, previo convenio que celebre con el ayuntamiento de que se trate, podrá verificar el desarrollo de las actividades deportivas que se practiquen en dichas instalaciones y coadyuvar en la programación del uso de las mismas; de tal manera, que en las instalaciones mencionadas, se presten servicios al mayor número de deportistas, aún fuera de los horarios normales de actividades.
V. Llevar un registro de las instalaciones deportivas de su municipio, así como su estado de mantenimiento y conservación.
Cabe señalar que el mantenimiento de los espacios deportivos es parte fundamental en la práctica físico deportiva debido a que un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas, alarga la vida útil de ellas; además, de obtener un eficiente, eficaz y efectivo servicio de las actividades físicas, recreativas y deportivas.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los 217 municipios del estado de Puebla a que rescaten sus espacios deportivos para fomentar el ejercicio físico y combatir las consecuencias del sedentarismo poblano.
Notas
1 Expansión “Diabetes y obesidad, el desafío del sistema de salud en México: OCDE” [En Línea] [Fecha de consulta 07 de octubre de 2020] Disponible en:
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/07/diabetes -y-obesidad-el-desafio-del-sistema-de-salud-en-mexico-ocde
2 El Universal “Covid y deporte” [En Línea] [Fecha de consulta 07 de octubre de 2020] Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/instituto-mora/co vid-y-deporte
3 Inegi “Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico” [En Línea] [Fecha de consulta 07 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mopradef/doc/resultados_m opradef_nov_2018.pdf
4 Ibídem
5 Inegi “Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico” [En Línea] [Fecha de consulta 07 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mopradef/doc/resultados_m opradef_nov_2018.pdf
6 Nexos “Puebla: Crisis anunciada del espacio público”, [En Línea] [Fecha de Consulta 05 de octubre de 2020] Disponible en: https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1046
7 Periódico Central ‘’Acusan falta de mantenimiento en 34 espacios deportivos en la capital de Puebla’’, [En Línea] [Fecha de Consulta 05 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.periodicocentral.mx/2017/municipio/item/915-acusan-falta-de -mantenimiento-en-34-espacios-deportivos-de-puebla-capital
8 Milenio “Enfermedades del corazón lideran muertes en el estado” [En Línea] [Fecha de consulta 07 de octubre de 2020] Disponible en: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/enfermedades-corazon-principal- causa-muerte-puebla
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a supervisar y dar mantenimiento a las escuelas de los 198 municipios con agua no apta para consumo humano, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a supervisar y dar mantenimiento a las escuelas de los 198 municipios que resultaron con agua no apta para el consumo humano, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El acceso al agua potable es un derecho humano que se estableció por medio de la Resolución 64/292 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en julio de 2010, reafirma que el agua potable y limpia, así como el saneamiento son esenciales para realización de todo derechos humanos, por lo que en la resolución exhorta a todos los países miembros, así como organizaciones a asignar recursos para capacitación y transferencia de tecnología para que países en desarrollo puedan suministrar agua potable y saneamiento saludable limpio, accesible y asequible para todos.
De igual manera se emitió la observación general número 15 por la ONU-DAES, sobre “el derecho al agua”, donde define “el derecho al agua como derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal”.
También se tiene la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1 de la ONU de septiembre de 2011, en donde se promueven buenas prácticas relacionadas a un suministro sostenible del agua, así como de la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 64/24 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde hacen un llamado a los países miembro a garantizar estrategias de salud nacionales que contribuyan a Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho pronunciamientos en torno al derecho humano de acceso al agua ya que considera que se encuentra vinculado al respeto y garantía de varios derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la integridad personal y al principio de igualdad y no discriminación, entre otros.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos “reitera la importancia del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano que es inherente a la satisfacción de las necesidades básicas y al bienestar de la población, además de que este derecho se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 27 y su ley Reglamentaria Ley de Aguas Nacionales y en donde hace responsable del suministro de este vital liquido a los municipios lo cual establece en su artículo 115, fracción III, además de que existen diversos pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el de la reseña argumentativa de la inconformidad 49/2014.
Como podemos observar el derecho al agua es supervisado desde el derecho internacional, sin embargo, existen aún comunidades en donde deben seguir acarreándola o deben enviar pipas para que el suministro pueda llegar a las poblaciones.
En el gobierno de anterior se implantó el Programa Nacional de Bebederos Escolares el cual tenía como objetivo garantizar a los estudiantes de planteles públicos de educación básica el acceso gratuito al agua potable mediante la instalación y mantenimiento de bebederos escolares que brinden suministro continuo de agua potable apta para consumo humano, conforme los lineamientos de la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, se presume que eneste programa estuvieron involucrados lo siguientes actores:
- Comunidades Escolares y Consejos Escolares de participación Social para la Educación.
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
- Secretarias de Educación Pública de los Estados.
- Institutos de la infraestructura educativa de las entidades federativas.
- Empresas contratistas encargadas de la instalación de los Sistemas Bebederos y sus respectivos mantenimientos.
Y con este programa se debió considerar la calidad del agua, por lo que en algunas regiones del país debido a contaminantes químicos y físicos del suelo se consideró el colocar filtros y equipos de desinfección y potabilización necesarios para asegurar que el agua fuera óptima para el consumo del alumnado.
Sin embargo, un estudio hecho por las organizaciones Cántaro Azul, Fan México-Red de Acción por el Agua al cual obtuvieron acceso a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Programa Nacional de Bebederos Escolares, con el objetivo de analizar la calidad de agua suministrada a las escuelas desde que se instrumentó esta estrategia, en 2016 y hasta 2019.
El estudio hecho dio como resultado que en 198 municipios de 22 estados del país, el agua presento contaminantes como arsénico, heces fecales, fluoruros, manganeso, hierro, nitraros, plomo, entre otros, los cuales son causantes de enfermedades como cáncer en la piel, vejiga, hígado, riñones, pulmones, fluorosis dental, rigidez esquelética, problemas neurológicos, renales, tifoidea, salmonelosis, malnutrición, en general enfermedades metabólicas y cardiovasculares.
Las sustancias encontradas rebasan el límite permitido por la Secretaria de Salud en la NOM-127/-SSA1, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
Se suponme que las empresas que ganaron las licitaciones para la instalación de bebederos debieron presentar un estudio del agua antes de la instalación y un estudio posterior a esta para confirmar que la calidad del agua mejoro con los bebederos, esta información se debió resguardar en el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, aunque ahora con su desaparición esta información debe encontrarse en la SEP, quienes no han presentado ninguna información al respecto después de los resultados presentados.
A continuación presentare una tabla obtenida del Contralínea, con los resultados obtenidos de los estudios realizados por las organizaciones encargadas de los estudios del aguaen bebederos escolares, en donde menciona los estados con problemas de contaminación en el agua potable de los bebederos escolares y los principales residuos encontrados en ella:
Los resultados obtenidos fueron enviados a las autoridades correspondientes quienes han hecho caso omiso, a pesar de que este vital líquido es necesario para mantener la limpieza y evitar contagiosen nuestros hogares por la pandemia que estamos enfrentado, de seguir así la situación las familias deberán escoger entre enfermarse del Covod-19 o contraer una enfermedad ocasionada por los contaminantes que existen en el agua.
Además de que los más afectados son nuestros niños, ya que los estudios se hicieron de los bebederos que usan diariamente en la escuela, se debe aprovechar esta época en que los alumnos están tomando clase en sus casa y que no verán afectadas su aprendizaje para poder garantizarles el acceso al agua potable.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Educación Pública a solicitar con la información obtenida por los estudios elaborados por las organizaciones Cántaro Azul, Fan México-Red de Acción por el Agua, a las empresas encargadas de la instalación y el mantenimiento de bebederos escolares para atender las escuelas afectadas con agua contaminada y poder garantizar el acceso al agua potable de los alumnos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa laComisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a regular y controlar el suministro de agua potable conforme la NOM-127/-SSA1 en las escuelas afectadas por agua contaminada.
Bibliografía
Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010.
Observación general número 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2002.
Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1. Asamblea General de las Naciones Unidas. Septiembre 2011.
Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 64/24 de la Organización Mundial de la Salud. Mayo 2011.
Página oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Página oficial del Inifed, https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/que-es-programa-nacional-d e-bebederos/
Página oficial de la Cofepris, Https://Www.Gob.Mx/Cofepris#1341
Ramírez, Érika, Contaminación con arsénico y heces, agua potable de 198 municipios (Contralínea, 27 de septiembre de 2020).
Servicios para una Educación Alternativa, AC, Contaminada con arsénico el agua de Juchitán, Miahuatlán, Teposcolula y Xoxo: estudio (30 de septiembre de 2020).
Consejos Consultivo del Agua, AC, Contaminada con arsénico y heces, agua potable de 198 municipios (martes 29 de septiembre de 2020).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SHCP a garantizar a niños y adolescentes con cáncer el abasto de medicamentos de calidad y suficientes, e implantar mecanismos dirigidos a destinar y aplicar recursos materiales, presupuestarios y médicos para garantizarles la atención médica, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Ana Patricia Peralta de la Peña e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña del Grupo Parlamentario de Morena y Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer en la niñez representa entre un 0.5 por ciento y un 4.6 por ciento de la carga total de mortalidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta. Anualmente se detectan un promedio de 160 mil casos nuevos en el mundo.
Asimismo, estadísticas de la Organización Panamericana de Salud, detectan un aproximado de 29 mil casos nuevos en América Latina anualmente.
En México de acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes las tasas de incidencia (por millón) hasta 2017 fueron: 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6.1
El cáncer es curable si se detecta a tiempo desafortunadamente, 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento, disminuyendo de manera importante la posibilidad de curarse.
Es cierto que en la actualidad es cada vez mayor el número de casos de éxito en la recuperación del cáncer en menores de edad, pero en nuestro país continuamos por debajo de los estándares de países desarrollados, en donde se espera que el 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad se curen. Actualmente, el índice de sobrevida estimada en México es del 56 por ciento del diagnóstico.
Considerando que el tratamiento es de vital importancia; desafortunadamente, existe un desabasto de distintos componentes necesarios para el tratamiento del cáncer infantil, desde 2018 los padres de menores afectados por la escasez se han manifestado, y esta situación se ha empeorado por la situación que vive el sistema de salud mexicano y la pandemia causada por el Covid 19.
Cabe señalar que en agosto de 2019 padres de menores con cáncer bloquearon por primera vez los accesos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, debido al desabasto de medicamentos que han enfrentado.
El 22 de enero de 2020, padres de niños con cáncer bloquearon el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por segunda vez en protesta por desabasto de medicinas, lo que solicitaron los padres de familia era que los principales hospitales públicos, como el Hospital Infantil de México Federico Gómez tenga los medicamentos necesarios para los tratamientos de los menores. Los padres señalaron que había escasez de ciclofosfamida.2
En febrero de 2020 el gobierno mexicano señalo que la falta de medicamentos obedece en parte a la cruzada contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el desvío de recursos en el sector de la salud; y en últimas fechas informaron que por motivo de la pandemia existía una interrupción en el intercambio aéreo entre países provocando un freno en las cadenas de producción de estos medicamentos, factores que han implicado un retraso en el suministro de los fármacos adquiridos con anterioridad.
A ello se sumó la falta de insumos en el extranjero para producir los medicamentos y la decisión de las autoridades sanitarias de cerrar siete plantas de la distribuidora más importante de metotrexato, una de las medicinas utilizadas en el tratamiento del cáncer.
Aunado a lo anterior, en el mes de junio el subsecretario de salud el doctor Hugo López Gatell comunicó que en 2020 México y el mundo sufrirá de la falta de estos fármacos, por lo que se autorizó que la Secretaría de Marina ayude para traer los insumos al país, de los lugares en los que estén disponibles.
Sin embargo, los meses han transcurrido y continua un problema de desabasto provocando la interrupción de tratamientos vitales, por lo anterior los padres luchan contra reloj para preservar la salud y vida de sus hijos e hijas; y de continuar con este desabasto se esta violando el derecho a la salud consagrado en el articulo 4 de nuestra carta magna, así como el garantizar el interés superior de la niñez.
El cáncer no espera y se requiere el tratamiento. Las cifras son desalentadoras pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país se diagnostican anualmente 7 mil casos de algún tipo de cáncer infantil y 2 mil niños pierden la vida. Estos datos nos deben llamar a la conciencia sobre la importancia de la lucha contra el cáncer infantil, la atención y diagnóstico oportuno pueden hacer la diferencia.
Como se ha señalado, lamentablemente en México desde hace dos años se ha presentado la falta de los medicamentos oncológicos, indispensables para el tratamiento de miles de niñas y niños, situación que se ha acentuado alarmantemente por la emergencia sanitaria derivada del SARS-Cov-2 (Covid-19).
Cuando se creía que se estaba dando una solución al desabasto de medicamentos, el 10 de octubre de 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil dosis de medicamentos contra el cáncer, señalando que se le notifico el 7 sobre un robo ocurrido en las instalaciones de la empresa Novag Infancia, SA de CV, de diversos productos, entre ellos medicamentos oncológicos fabricados por la empresa Laboratorio Kemex, SA, y distribuidos por la empresa Novag”. Que el robo de productos ocurrió el 4 de octubre en los almacenes de la empresa Novag Infancia.
Sobre este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa señaló que los medicamentos fueron adquiridos de Argentina para evitar el desabasto y lamentable fueron robados, y que se investigara el robo.
La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que se realizan las investigaciones pertinentes; detallando que varios hombres con el rostro cubierto llegaron hasta el almacén donde se resguardaban las medicinas, localizado en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa, donde amagaron a los empleados para llevar a cabo el robo. Agregando que la Policía de Investigación ha recabado diversas entrevistas y materiales en video, tanto públicos como privados, que han permitido contar con avances en diversas líneas de investigación, a fin de identificar y ubicar a los probables participantes en el delito.
Recordemos que no puede suspenderse el tratamiento, es momento de unir nuestras voluntades para convertir su lucha en nuestra lucha, no dejemos en el olvido esta situación, el desabasto continúa y de no tomar las medidas necesarias, se convertirá en un problema catastrófico, donde el futuro de México se verá afectado
Por lo fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputadas del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Salud federal, doctor Jorge Alcocer Varela, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Oficialía Mayor, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, garanticen el abasto de medicamentos necesarios, de calidad y suficientes a niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer, así como la implementación de mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales y médicos con el objeto de garantizar la atención médica a los niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica a que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales atraiga a la brevedad el caso que actualmente investiga la Fiscalía de la Ciudad de México relacionado con el robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer infantil de las instalaciones de la empresa Novag Infancia, SA de CV, ocurrido el 4 de octubre de 2020 en la Ciudad de México.
Asimismo se le exhorta a que, con base en dicho proceso de esclarecimiento, lleve a cabo las debidas investigaciones y deslinde de responsabilidades y, en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes y haga del conocimiento de la opinión pública la carpeta de investigación se integre al respecto.
Notas
1 Véase Cáncer Warriors de México. “Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil 2020” Consultado. 12 de octubre de 2020. Puede ser consultado: https://cancerwarriorsdemexico.org/dia-internacional-de-lucha-contra-el -cancer-infantil-2020/
2 Infobae. “La realidad detrás del desabasto de medicamentos para niños con cáncer en México: corrupción, burocracia y desesperación de los padres” Fecha de consulta: 12 de octubre de 2020. Puede ser consultado en :
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/23/la-realidad-detras-del-desabasto-de-medicamentos-para
-ninos-con-cancer-en-mexico-corrupcion-burocracia-y-desesperacion-de-los-padres/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Secretaría de Cultura a formular, establecer o evaluar la candidatura del ulama como patrimonio cultural inmaterial ante la respectiva secretaria de la UNESCO para discutirla ante el comité durante la decimoquinta reunión, este diciembre, a cargo de la diputada Edith Marisol Mercado Torres, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, la diputada Edith Marisol Mercado Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La importancia que ha cobrado en los últimos años la necesidad de comprender la relación entre la cultura y el desarrollo han permitido vislumbrar la importancia del patrimonio cultural como un acervo de capital, el cual representa identidad y cohesión de las comunidades. Dando pie a la construcción de una sociedad de conocimiento dinámico, abierta, inclusivas y pluralista.
Para comprender esta relación es indispensable partir de los conceptos esenciales, estos son cultura, identidad y patrimonio cultural.
La cultura no es un concepto estático, pues ha tenido diversas definiciones, pero estas coinciden en “ser algo vivo” y que le da vida al ser humano, con diversas dimensiones y funciones sociales dado que se compone de elementos heredados, influencias exteriores y contemporáneas. Olga Lucía Molano clasifica a las dimensiones y funciones sociales en cuatro; un modo de vivir, cohesión social, creación de riqueza y empleo, y equilibrio territorial.
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su decimoséptima reunión celebrada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972,1 marcó un parteaguas en el mundo, respecto a la protección jurídica internacional del patrimonio cultural y el patrimonio natural, en donde los países adscritos a esta convención, consideraron que:
“El deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”.
Años más tarde, se llevaría a cabo la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,2 el 17 de octubre de 2003 en París, y teniendo como antecedentes jurídicos en materia de derechos humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, fue considerada la importancia del patrimonio cultural inmaterial, y fue considerada la recomendación de 1989 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular.
Es menester citar el artículo 2, numeral 1, de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que a la letra establece:
“Artículo 2: Definiciones
A los efectos de la presente convención,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”
La UNESCO define a la cultura como “El conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”.
La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia de un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias, y se encuentra ligado a un territorio. Este concepto no es fijo porque se alimenta de la influencia del exterior y se recrea individual y colectivamente, definida históricamente a través de múltiples aspectos entre ellos la lengua y las relaciones sociales. La identidad cultural se caracteriza por ser de carácter inmaterial y anónimo al ser producto de la colectividad.
Patrimonio cultural, para México es importante por el pasado histórico, que se forma por la memorial individual y cultural. Es decir, el patrimonio cultural es parte inseparable de la identidad de un pueblo, pues se transmite de generación en generación con la intención de prevalecer en beneficio de la sociedad. Este puede ser patrimonio material o patrimonio natural e inmaterial. De acuerdo con la UNESCO el patrimonio cultural “no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.”
En consecuencia, la UNESCO considera que son recursos de “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.
Cheikh Anta Diop, en su artículo Los tres pilares de la identidad cultural , menciona que la identidad de un pueblo depende de tres factores principales: el histórico, el lingüístico y el psicológico. La importancia de esos factores varía según las circunstancias históricas y sociales de cada sociedad. Además, agrega que la conciencia histórica es el pilar más sólido que un pueblo puede erigir contra todas las formas de agresión exterior, ya sean culturales o de otro tipo.
En tanto en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en el artículo 1o. establece que3 :
“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”
En el caso de México la conciencia histórica es sumamente rica debido a los procesos históricos y la diversidad cultural dentro del territorio. Pues prevalecen tradiciones, técnicas, rituales, juegos, monumentos, etcétera que datan antes de la conquista. Un ejemplo es el juego de pelota, que data de aproximadamente 3 mil 500 años, su importancia en la sociedad mesoamericana es asumida por las 2 mil canchas de este juego que han sido encontradas entre el sureste de Estados Unidos de América (EUA) y el Salvador.
Manuel Aguilar Moreno, en su investigación Ulama: pasado, presente y futuro del juego de pelota mesoamericano , destaca que si bien el juego de pelota era un medio de recreación, éste obedecía a aspectos sociopolíticos y religiosos y además conllevaba una serie de significados y funciones; tales como: portal al inframundo, escenario para la representación de batallas cósmicas entre los diversos cuerpos celestes, rituales de fertilidad, ceremonias de guerra, políticas y religiosas, ejecución de sacrificios humanos, etcétera.
La importancia del juego de pelota se ha corroborado con la presencia en el arte de los olmecas, zapotecas, teotihuacanos, mayas toltecas y aztecas. Además, la localización dentro de la arquitectura de las ciudades resalta su relevancia al estar en el centro del complejo arquitectónico, los antropólogos consideran como una fuerza equilibrante y mediadora. Su destrucción está relacionada con la connotación religiosa que estas culturas le otorgaban, ya que en la conquista la evangelización fue uno de los principales objetivos y en consecuencia la destrucción del juego fue necesaria.
Sin embargo, pese a la colonización el juego prevalece hasta nuestros días, en específico el Ulama que se ha considerado como la continuación del Ullamaliztli, de este existen tres variantes, estas son4 :
? El Ulama de antebrazo en este el campo de juego o taste mide 140 metros (m) por 1.20 m, con una línea divisoria en el centro llamada Analco, la pelota es de hule natural con 500 gramos de peso.
- En el Ulama con Mazo, la pelota es de hule natural, con 500 gramos de peso y es golpeada con un mazo de madera de forma especial, el taste es de 140 m por 1.20 m.
- El Ulama de Cadera el taste mide 50 por 4 m, con el Analco, también como línea central divisoria. La pelota es de hule natural y pesa 4 kilos.
Tanto la cadera como el antebrazo, según la modalidad de que se trate, es protegido con fajas de piel de venado y vendas. La faja se aprieta en la cadera con un cinto llamado chimalo y la extensión de la venda es de 3.5 m. Esta protección amortigua el impulso del golpe que se recibe al ir al encuentro de la maciza pelota.
El ulama de cadera que se lleva a cabo en el área cercana a Mazatlán además de estar en peligro de extinción, parece ser el más semejante a las descripciones etnohistóricas del juego azteca ullamaliztli. Este juego consiste en:
En el juego participan cinco jugadores por equipo llamados Taures, y otro más en la cabecera del Taste, el “golpeador”. Por cada equipo: el male, es el que se encarga del tiro inicial o de saque, con el que empieza la jugada; el “malero” es el encargado de defender la parte frontal del taste, inmediata al analco; el chivero se encarga de cubrir la parte posterior, y el topador responde al saque del male contrario. La finalidad del juego es mantener la pelota dentro del taste sin tocarla con las manos, sólo puede ser utilizada la parte del cuerpo según sea la modalidad que se esté jugando y deberá intentarse con insistencia y precisión impulsar la pelota para que ésta rebote en la mitad del campo contrario y así tener la posibilidad de obtener un punto o ravit.
El juego es sancionado por uno o dos jueces de campo llamados veedores los que se colocan en la línea de analco y de ahí se encargan de resolver y aplicar las reglas del juego, y permitir nuevos saques o males en los casos en que la pelota abandone el taste, así como autorizar cambios de jugadores que tengan que salir.
Se ha considerado al ulama como el juego prehispánico más antiguo, por lo cual cabe en la clasificación hecha por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, ya que es una manifestación cultural, heredada como una tradición de generación en generación. Es por ello que es necesario que esta organización integre en su lista de patrimonio cultural inmaterial al ulama, lo que posibilitara su difusión entre sus integrantes y generaciones futuras. El objetivo principal es evitar la desvalorización cultural y su extinción.
México se encuentra desde 1946 en la lista de los miembros de la UNESCO, otorgándole la facultad para postular como patrimonio cultural, con el fin que esta categoría sea aceptada por el comité mundial que se reúne cada año, en diciembre de 2020 será la próxima reunión. Y para tener acceso a ella se debe presentar la propuesta a la Entidad del Patrimonio Vivo de la UNESCO que asume la función de la Secretaría en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Los requisitos que debe de poseer tal candidatura es ser único, irremplazable y auténticos el caso de ulama de cadera cubre estos aspectos, dado que sólo se practica en México, no sería posible su reconstrucción idéntica si se perdiera y es auténtico pues esta versión del ulama ha tenido continuidad, a comparación de los otros tipos de ulama. Es un testimonio único o excepcional acerca de una tradición cultural de civilización prehispánica.
El hacer hincapié en reconocer al ulama como patrimonio cultural inmaterial, posibilita el fomento a mayor escala del juego y su práctica, evitando su pérdida y fortaleciendo los intentos de rescatarlo entre ellos, la practica en Sinaloa y el juego como atractivo turístico en diversos estados como en Querétaro y Nayarit. Así como las diversas investigaciones por antropólogos, historiadores, historiadores de arte e incluso matemáticos y geógrafos por los conocimientos que aporta. Tal es la repercusión en la identidad cultural que en 2015 se dio a conocer un videojuego de este ritual de pelota.
En conclusión “Si el ulama de cadera muere, terminará lo que posiblemente es el deporte de equipos más antiguo de la humanidad, y una parte de nosotros mismos morirá con él.”
Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Cultura, así como a sus áreas administrativas, para que formulen, establezcan o evalúen la candidatura del Ulama como patrimonio cultural inmaterial ante la secretaria pertinente de la UNESCO para que sea discutida ante el Comité durante la decimoquinta reunión, en diciembre de 2020.
Notas
1 UNESCO. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 17ª reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Consultado de:
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
2 UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 17 de octubre de 2003. Consultado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa
3 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Consultado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
4 Clasificación dada por el Instituto de Cultura Sinaloense (ISIC)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Edith Marisol Mercado Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a elaborar la NOM sobre la fabricación de artículos pirotécnicos, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, el arte pirotécnico representa una moneda de dos caras, por un lado, es amada en sus virtudes artísticas y presente en las raíces de la identidad de nuestros pueblos y barrios y, por el otro, poco entendida, criminalizada a base de prejuicios, falta de fundamentos científicos, sin dar la oportunidad para que los artesanos pirotécnicos puedan ser partícipes de una política pública integral que no los destine al clandestinaje.
La pirotecnia está presente prácticamente en la mayoría de los pueblos y barrios del país, en la que se veneran santos, se celebran actos cívicos y también culturales. Por si esto no fuera suficiente, miles de familias dependen de esta actividad, por poner un ejemplo tan solo en Tultepec, municipio del estado de México, más de 70 por ciento de su población depende directa o indirectamente de este arte, por eso es llamada la Capital de la Pirotecnia.
A mayor abundamiento, a nivel nacional, año con año, se genera una derrama económica de más de 15 mil millones de pesos al año y beneficia a más de 200 mil familias que dependen directa o indirectamente del arte pirotécnico en México.1
En esta tesitura, y más aún en tiempos de crisis por la pandemia de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, no son aceptables los discursos de odio por parte de representantes populares que pretenden estigmatizar un arte milenario y que desde hace siglos forma parte de nuestras tradiciones en nuestra región de américa latina. Si no son capaces de ofrecer alternativas de empleo, que se ofrezcan entonces alternativas de políticas públicas para un uso más seguro y sustentable de los fuegos artificiales, en lugar de criminalizar sin fundamentos científicos.
Por su parte, el gremio pirotécnico, de acuerdo con diversas reuniones llevadas a cabo por ellos, en conjunto con diversas autoridades en diversas partes de la República, manifiesta la necesidad de evolucionar, mediante la utilización de insumos que permitan una utilización de pirotecnia más tendiente a ser sustentable, de disminuir el trueno y eliminarlo por completo cuando se trate de juguetería pirotécnica. Pero esta intención requiere forzosamente del acompañamiento de las instituciones del Estado no sólo para la inclusión del sector pirotécnico en el desarrollo nacional sino para una producción más segura y sustentable de este arte.
Resulta conveniente señalar que desde 1972,2 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha estado a cargo de la vigilancia y el otorgamiento de los permisos para la compraventa, producción y transportación de fuegos artificiales, pero la experticia de esta estratégica institución del Estado mexicano sigue siendo –hoy en día– en lo particular, en materia de armamentos y no de artesanías pirotécnicas.
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,3 así como en sus manuales y reglamentos, se contemplan temas de medidas, distancias o, en su caso, cantidades permitidas de pirotecnia en la compraventa, pero no se contempla nada sobre los insumos ni los procesos de elaboración de pirotecnia artesanal. Existe un vacío en la ley y en las normas, así como un gran desconocimiento por parte de las autoridades competentes. Por ejemplo, basta revisar el currículo de cada uno de los titulares que han estado a cargo de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos desde su creación hasta la fecha y encontraremos que absolutamente ninguno de ellos ha tenido nociones de artesanías pirotécnicas, aun cuando están a cargo de la principal instancia para el otorgamiento de los permisos en la materia.
Ahora bien, como alternativa para cubrir estos vacíos, existen las normas oficiales mexicanas, que son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias de la administración pública federal competentes, las cuales tienen por objetivo establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana.4
Por lo tanto, en la fracción XV del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, se establece la atribución de la Coordinación Nacional de Protección Civil para emitir normas oficiales mexicanas en materia de Protección Civil.
Bajo esta tesitura, en respuesta a peticiones del sector pirotécnico al Presidente de la República,5 el pasado 24 de febrero tuve la oportunidad de acudir en su representación con el entonces titular de la Coordinación General de Protección Civil, en una reunión en donde se trazó una ruta de trabajo que tuvieran la finalidad de trabajar por un protocolo a nivel nacional en materia de pirotecnia, mismo que permitiese servir de guía a nivel nacional derivado de que los criterios de las autoridades municipales varían de un lugar a otro y lo que es peor, resultan muchas veces en mayores riesgos para la población.
Posterior a ello, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, se registró en el Programa Nacional de Normalización 2020, el anteproyecto de norma oficial mexicana que establece las medidas de seguridad que deben implementarse en los inmuebles en los que se fabriquen y almacenen artículos pirotécnicos para la prevención de desastres, este documento considera las medidas preventivas y de mitigación de riesgos que deben atender los responsables de estos inmuebles.
Como parte de estos trabajos, se encuentra la integración de un grupo de trabajo en el cual se desarrolle esta regulación técnica, con la finalidad de publicarla como norma oficial mexicana, el cual se integra con representantes de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector académico, sector privado, así como asociaciones que se dedican a esta actividad.
No obstante, este proyecto de norma incluido en el Programa Nacional de Normalización 2020 está sujeto a plazos que, de no cumplirse, se perdería el año corriente, en un contexto en donde el fortalecimiento de la cultura de la prevención y la producción más segura y sustentable del arte pirotécnico son asuntos urgentes de atender por el Estado mexicano.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que es urgente trabajar en la prevención y en esta norma oficial mexicana en lo particular, como una de las herramientas más importantes para la reducción de los accidentes con pirotecnia, ya que una vez que se presentan es demasiado tarde, por lo que no cabe duda de que mediante su aplicación se lograría el descenso de las lesiones y muertes que dichas tragedias provocan.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen las gestiones pertinentes para dar prioridad a la elaboración de la Norma Oficial Mexicana sobre la fabricación de artículos pirotécnicos; en la inteligencia de que el fortalecimiento de la cultura de la prevención y la producción más segura y sustentable del arte pirotécnico son asuntos urgentes de atender por parte del Estado mexicano.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en el ámbito de sus atribuciones, en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana sobre la fabricación de artículos pirotécnicos no se limiten los derechos de los artesanos pirotécnicos; asimismo, que esta norma se enfoque a regular en materia de insumos y producto pirotécnico, mas no los talleres artesanales, en virtud de la imposibilidad del gremio pirotécnico para realizar adecuaciones onerosas en sus instalaciones, en un contexto de la crisis económica por la pandemia de Covid-19.
Notas
1 Reforma . “Ponen chispa a la fiesta”. Disponible en: https://cutt.ly/ApJcTdN. Consultado el 16 de octubre de 2020.
2 DOF 11-01-1972
3 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Disponible en: https://cutt.ly/AgheoQk. Consultado el 16 de octubre de 2020
4 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Disponible en: https://cutt.ly/6gheA0d. Consultado el 16 de octubre de 2020.
5 Petición del Presidente de la República al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Disponible en: https://cutt.ly/cghrcrA. Consultado el 16 de octubre de 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, y la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Oaxaca a iniciar mesas de diálogo para establecer un acuerdo de paz Santa Catarina Yosonotu-Santa Lucía Monteverde y realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y expedita que esclarezca los homicidios origen del conflicto, a cargo de la diputada Beatriz Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada Beatriz Pérez López e integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. El domingo 11 de octubre, siendo aproximadamente las 3:20 horas los ciudadanos Adrián García Morales de 49 años y Tomás García Alavés de 69 años, fueron asesinados por un grupo fuertemente armado integrado por 20 personas aproximadamente, quienes llegaron a la comunidad de Morelos, Yosonotu, Oaxaca, lugar donde los hoy occisos realizaban los trabajos de construcción de la escuela primaria, disparándoles a quemarropa, arrebatándoles la vida a los antes mencionados e hirieron a otras tres personas, dejando con estos homicidios en la orfandad a tres niños y a las familias indígenas con dolor y sin el jefe de familia que proveía el sustento familiar. Asimismo al gobierno federal y estatal y a las dependencias que integran el sector agrario pedimos se inicien lo antes posible la mesa de un acuerdo de paz entre las dos comunidades hermanas.
Debido a qué se corre el riesgo de que sigan ocurriendo ataques armados a las comunidades de Santa Catarina Yosonotu, Tlaxiaco, Oaxaca, con el pretexto del conflicto agrario, exigimos al gobierno del estado y a la fiscalía, el esclarecimiento de estas muertes, así como castigo a los culpables.
Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público . La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
...”
Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señala:
“Artículo 3 . La Fiscalía General es la institución en la cual reside el Ministerio Público, dotada de autonomía constitucional, administrativa, presupuestal, financiera y operativa con personalidad jurídica y patrimonio propios, determinando sus prioridades de acuerdo con sus requerimientos y necesidades; ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público.
El Ministerio Público es el órgano público autónomo, único e indivisible, con independencia técnica, que ejerce sus atribuciones, facultades y funciones con pleno respeto a los derechos humanos y se rige por los principios de buena fe, autonomía, certeza, legalidad, objetividad, pluriculturalidad, imparcialidad, eficacia, honradez y profesionalismo; ejerce la dirección de la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y, para el efecto, solicitará medidas cautelares; buscará y presentará datos y elementos de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como delito; dirigirá las actuaciones de las policías; procurará que los juicios en materia penal se sigan con regularidad
Para la investigación de los delitos, competencia del Ministerio Público, las policías actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo su conducción y mando.
“Artículo 5. Corresponde al Ministerio Público:
I. Iniciar la investigación que corresponda cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y recabar la denuncia, querella o requisito equivalente por cualquiera de las formas previstas por las disposiciones aplicables; ordenar la recolección de indicios y datos de prueba que sirvan para emitir las resoluciones correspondientes en la investigación o durante el proceso penal;
II. Investigar por sí, o a través de las instituciones policiales los hechos constitutivos de delito;
III. Informar a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas y las demás disposiciones aplicables, dictando las medidas necesarias para que la víctima reciba atención integral;
IV. Ejercer la conducción y mando de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal;
V. Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;
VI. Aplicar los criterios de oportunidad, determinar el archivo temporal y la facultad de abstenerse a investigar y solicitar la suspensión condicional del proceso, la apertura del procedimiento abreviado, la reparación del daño, así como formular las demás acciones, determinaciones y resoluciones en los supuestos previstos por las disposiciones aplicables;
VII. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para la protección y atención de víctimas, ofendidos o testigos y en general de todas las personas que intervengan en el proceso penal;
VIII. Ordenar a la policía de investigación y demás corporaciones la realización de actos o técnicas de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo y analizar las que ya hubieren practicado; ordenar o supervisar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios conforme a los protocolos aplicables para su preservación y procesamiento;
IX. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas; Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;
X. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas;
XI. Solicitar informes o documentación a otras autoridades y a particulares, solicitar la práctica de peritajes y realizar las diligencias que considere pertinentes para la obtención de datos de prueba;
XII. Recabar los medios de prueba para acreditar, determinar y cuantificar los daños causados por el delito para efectos de su reparación;
XIII. ...”
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el homicidio de los ciudadanos Adrián García Morales de 49 años y Tomás García Alavés de 69 años, en los hechos violentos ocurridos el pasado 11 de octubre en la comunidad de Morelos, perteneciente al municipio de Santa Catarina Yosonotu, Oaxaca.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las mesas de diálogo para establecer un acuerdo de paz entre ambos municipios hermanos y se realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para el esclarecimiento de estos homicidios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Beatriz Pérez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y la colegisladora a realizar gestiones para firmar y ratificar el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones que les permita denunciar violaciones de sus derechos, suscrita por los diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben la presente, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, y diputado Marco Antonio González Reyes, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República, para que realicen las gestiones conducentes para la pronta firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones a fin de: Crear mecanismos nacionales y locales de acceso a recursos efectivos a niñas, niños y adolescentes para denunciar casos de violación de sus derechos; y reforzar y complementar los mecanismos nacionales y locales de denuncia a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, al permitir a los niños, niñas y adolescentes denunciar; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el año 1948 se celebró la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, se reconoció la figura jurídica del niño, con dignidad y necesidad de establecer bases para su desarrollo integral, en ese mismo año entró en vigor la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayando el artículo 25 de la misma, dónde se escribe sobre la igualdad de derecho a la protección social a niños nacidos dentro o fuera del matrimonio.
Pero es en el año de 1959 y 1989, donde se expide la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, respectivamente, para enunciar los derechos de observancia y garantía internacional de manera extensiva para niños, niñas y adolescentes.
En el año 2000 entran en vigor dos de los tres Protocolos Facultativos, el primero relacionado a participación de niños en conflictos armados y el segundo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
El 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de la ONU, ratificó el tercer Protocolo Facultativo relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, el objetivo de este protocolo es el de otorgar recursos a niñas, niños y adolescentes para reparar la violación de sus derechos, mencionados en la Convención, reforzar y complementar mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos, la garantía al respeto del interés superior del niño, alentar al Estado que sea parte a que establezcan mecanismos nacionales y de mejorar la aplicación de la Convención y de sus Protocolos Facultativos relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y a la participación de niños en los conflictos armados.
En México, el 21 de septiembre de 1990, se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño por lo que quedó obligado a adoptar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos las y los niñas, niños y adolescentes en el país, aunado a lo anterior, es necesario agregar la reforma al artículo 1o. el cual ha sido parteaguas a los derechos humanos, citando lo siguiente:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011)”1
Hay que agregar también, a la lista, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, uno de sus objetivos (armonizado con el art. 1° constitucional, anteriormente citado) es:
“Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte”.ii
Tanto la reforma al artículo 1° de la carta magna, como lo que se ha plasmado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exigen, la firma y ratificación, del tercer Protocolo Facultativo y es que cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, se comprometió jurídicamente a garantizar lo que se plasmó en dicha Convención, en este tenor, es necesario subrayar los documentos de recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en México en esta materia, remontando al año 2015, donde el Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la CDN, examinó las medidas y acciones que se han llevado a cabo en México y en respuesta emitió sus observaciones finales (CR/C/MEX/CO/4-5) con la finalidad de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la Convención, para cumplir con el objeto de la CDN:
“El respeto y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como las recomendaciones hechas a México el 9 de noviembre del 2018 por la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se concluye y recomienda que México debe rectificar El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, como a bien lo hizo ya, Chile, Croacia, Portugal, España y Uruguay (por nombrar algunos)”iii
La exigencia de firma y ratificación del tercer Protocolo, no sólo emana del marco jurídico internacional y nacional sino también del contexto de nuestro país; En México mueren al día en promedio 3,6 niñas, niños y adolescentes por causas vinculadas a la violencia.
A datos del informe anual de UNICEF México 2018,iv en México hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de los cuales el 63 por ciento de los niños entre 1 a 14 años han experimentado algún método violento de disciplina, 5.1 por ciento de niñas y niños menores de 5 años reciben cuidados inadecuados (están solos o al cuidado de otro niño o niña menor de 10 años), la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, el hogar ocupa el tercer lugar, 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido algún incidente de violencia emocional, física, sexual o económica. A finales del 2017, alrededor del 20 por ciento de personas extraviadas o desaparecidas en el país fueron niñas, niños y adolescentes, de estos el 60 por ciento corresponde a niñas y mujeres adolescentes. Entre el 2010 y 2017 ocurrieron 10,547 defunciones por homicidio de niños, niñas y adolescentes; el 76 por ciento de los casos correspondieron a niños y hombres adolescentes y el 24 por ciento a niñas y mujeres adolescentes, sin embargo, el grupo más vulnerable fueron las y los adolescentes entre 12 y 17 años, representaron el 78 por ciento del total de defunciones.
Mientras que datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), afirman que México es el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de entre los tantos países que conforman la organización. Los datos también mostraron que alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delitos (solamente se dan a conocer el 2 por ciento de los casos).
En el 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que más de 30 mil menores son víctimas de trata y explotación sexual, de los cuales, el 80 por ciento tiene entre 10 y 14 años de edad. La Ex Diputada de la LXIII Legislatura Norma Rocío Nahle García,v señala que la República Mexicana genera 34 mil millones de pesos anuales en material pornográfico y que a estimaciones de la UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman el Tercer Protocolo, ya que en su apartado de admisibilidad en su artículo 7o. inciso g) “el comité declarará inadmisible toda comunicación que: se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo para un el Estado parte de que se trate, salvo en que esos hechos hayan continuado produciéndose después de esa fecha”. Es decir que la competencia del Comité sólo podrá atender violaciones por los Estados partes de cualquiera de los derechos mencionados en la Convención y en sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo dejando a los niños, niñas y adolescentes vulnerables sin poder denunciar ante el comité.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República, para que realicen las gestiones conducentes para la pronta firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones a fin de: Crear mecanismos nacionales y locales de acceso a recursos efectivos a niñas, niños y adolescentes para denunciar casos de violación de sus derechos; y reforzar y complementar los mecanismos nacionales y locales de denuncia a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, al permitir a los niños, niñas y adolescentes denunciar.
Notas
i Consúltese en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
ii Revísese en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
iii Consúltese en: http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes
iv Léase en: https://www.unicef.org/mexico/media/1781/file/Informe%20anual%202018.pd f
v Ex diputada de la LXIII Legislatura Norma Rocío Nahle García y del ex diputado de la LXIII Legislatura Cuitláhuac García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Veracruz a atender de manera urgente el problema de pornografía infantil que afecta a esa entidad federativa.
Consulta en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/74295
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, el Sipinna y los 32 gobiernos locales a ejecutar medidas y campañas preventivas, y elaborar programas, acciones y protocolos destinados a atender y canalizar a las instancias correspondientes casos de bullying y ciberbullying para erradicarlos, suscrita por los diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben la presente, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, y diputado Marco Antonio González Reyes, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que el ámbito de sus competencias ejerzan medidas y campañas preventivas, así como la elaboración de programas y acciones necesarias a fin de atender y erradicar prácticas de bullying y ciberbullying, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El bullying o acoso escolar es una forma de violencia y discriminación ocasionada entre estudiantes de una comunidad educativa, caracterizado por emplear violencia de tipo verbal, físico, psicológica, de índole sexual, material, y/o cibernética. Dicho acoso tiene como factores en la victima sus características físicas o su forma de vida, tal como orientación sexual, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, entre otras.
Sin lugar a dudas las prácticas de bullying son una violación grave a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lesionando su derecho a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la salud física, al bienestar emocional y al derecho a la educación.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, afectando de manera directa a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto de escuelas públicas como privadas; en el mismo análisis dirigido por la OCDE entre los países miembros, se reporta que un 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.1
También es de sumar los resultados de una investigación presentada durante 2018 por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la Cámara de Diputados, en el que muestran que en México siete de cada diez niñas y niños sufren todos los días algún tipo de acoso escolar, principalmente el ciberbullying; situación que ha colocado al país entre los primeros lugares en el mundo.2
A raíz de la pandemia causada por el SARS-CoV2, Covid-19, el uso de los medios digitales ha sido amplio y necesario para continuar desarrollando ciertas actividades en materia laboral y educativa, en este último caso México, al igual que otros países, ha cambiado las aulas físicas a las plataformas digitales, sin embargo con ello también ha migrado al mundo cibernético el acoso escolar, estableciéndose de manera virtual las tres principales figuras del bullying: El acosador, la víctima y el testigo. En el caso de los testigos estos crecen a gran escala en el mundo cibernético al compartir y fomentar la violencia ejercida contra la víctima.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en Hogares 2019, la población de 12 a 59 años de edad que usa Internet es de 73%, el 16.8% de dicha población, ha experimentado por lo menos alguna situación de ciberacoso, teniendo una prevalencia hacia las mujeres de 1.7 por ciento. De la población acosada, el 20.1% corresponde al rango de edad entre 12 y 19 años (adolescentes y jóvenes) y en el ámbito escolar, el 19% de la población en nivel básico está en riesgo de sufrir acoso/abuso por medios electrónicos.”3
Sin lugar a dudas, el acoso cibernético que se da entre niñas, niños y adolescentes, principalmente por medio de las redes sociales debe ser un problema que se identifique de manera urgente, por las autoridades, padres de familia, y maestros, para saber actuar de manera temprana y correcta, evitando con ellos poner en riesgo la integridad e incluso la vida de los menores.
Ante ello, la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus homólogos en los gobiernos de las 32 entidades federativas deben ejercer medidas y campañas preventivas, programas y acciones necesarias a fin de erradicar prácticas de bullying y ciberbullying.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que el ámbito de sus competencias ejerzan medidas y campañas preventivas, así como la elaboración de programas, acciones y protocolos necesarios para atender y canalizar a las instancias correspondientes en casos de materia de bullying y ciberbullying entre pares a fin de erradicar estas prácticas.
Notas
1 México es el primer lugar de bullying a escala internacional; https://www.milenio.com/politica/mexico-es-el-primer-lugar-de-bullying- a-escala-internacional; consultado el 28/08/2020.
2 Se requieren programas, acciones y actuaciones para manejar emociones y relaciones personales;
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2018/Junio/21/5556-En-Mexico-siete-de-cada-diez-ninas-y-ninos -sufren-todos-los-dias-acoso-escolar-CELIG; consultado el 28/08/2020.
3 Aumenta ciberacoso durante el confinamiento; https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Aumenta-el-ciberacoso-duran te-el-confinamiento-20200512-0140.html; consultado el 28/08/2020.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputados:Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, el Sipinna y la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños a homologar en los lineamientos de operación del 911 la perspectiva de niñez y adolescencia, suscrita por los diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben la presente, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, y diputado Marco Antonio González Reyes, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que de manera coordinada homologuen en los lineamientos de operación del 9-1-1 la perspectiva de niñez y adolescencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo Octavo, Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal Artículo 47 señala; “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual”.1
Por su parte, la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en su artículo 9, se cita; “La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: (inciso II) El uso de nuevas tecnologías”.2
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 130, se menciona; “El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, las entidades federativas y los Municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento. El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas”.
El 9-1-1, es un esfuerzo conjunto de la Policía, Instituciones y Corporaciones que colaboran, para ofrecer auxilio a los ciudadanos que requieran el apoyo de unidades y elementos de Policía, Ambulancias, Bomberos, Protección Civil, y de otros servicios, para la solución de cualquier emergencia reportada por la ciudadanía. Con las siguientes características:
• Encuentra personal operativo capacitado para ayudarle en caso de una situación de emergencia.
• Atiende el llamado sin importar el tipo de evento o circunstancia (incendio, robo, accidente automovilístico, emergencia médica, entre otros).
• Número único a nivel nacional, Sistema de Mapeo y geocodificación de incidencia delictiva.
• Número gratuito y se puede marcar desde cualquier teléfono, residencial, comercial, público o celular.
• Coordinación directa con Instituciones involucradas con la Seguridad Pública.
Además de contar con una app que opera desde hace unos años en toda la República mexicana. Compatible con sistema operativo iOS o Android, permite conectar a los usuarios directamente al número de emergencia. La app 911 es completamente gratuita, tiene que ser descargada y proporcionar nombre, dirección e información médica para completar el perfil. Tiene fundamentalmente tres funciones: notificación de emergencia, llamada de emergencia y botón de pánico.
De acuerdo a un estudio llevado a cabo de EMEEQUIS; “Cada dos días muere una niña o niño a madre de sus padres”. Y agrega; “EMEEQUIS elaboró una base de datos de homicidios a partir de las actas de defunción que procesa el INEGI y pudo determinar que padres, madres y padrastros son los principales agresores. Alguna de estas tres figuras aparece como victimario en 8 de cada 10 de los homicidios de niños y niñas entre 0 y 14 años. Tíos, abuelos y hermanos también aparecen en las estadísticas, aunque fueron perpetradores de los crímenes en menor medida”.3
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Nacional de Refugios, informaron, que: “durante los primeros cinco meses de la contingencia, es decir, de marzo a julio de este año, se documentaron los siguientes datos:
• 21,292 delitos sexuales, específicamente: 6,440 violaciones sexuales; 8,762 abusos sexuales; 2,189 acosos;
• 707 hostigamientos sexuales; entre otros, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
• 550 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, lo que representa el 41 por ciento de las personas desaparecidas a nivel nacional, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
• 90,279 casos de violencia familiar fueron registrados también por el SESNSP.
• El SESNSP documentó que 1,580 mujeres han sido asesinadas, solo 384 casos se están investigando como feminicidio.
• La Red Nacional de Refugios ha registrado 8,123 llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales de personas solicitando apoyo ante situaciones de violencias machistas y ha canalizado a sus 69 espacios de prevención, atención y protección a 15,180 mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, lo que representa un incremento del 71 por ciento de personas atendidas en comparación al 2019”.4
Tan sólo desde la óptica internacional, World Vision Internacional, revela, que; “85 millones de niñas y niños podrían sumarse a las filas de víctimas de violencia física, emocional y sexual en los próximos tres meses, en el marco del confinamiento vigente para prevenir el contagio del Covid-19”.5
Recientemente el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizó una capacitación a 608 operadores y personal de supervisión del servicio telefónico nacional de emergencias 911 para apoyar y canalizar llamadas de emergencia de niños, niñas y adolescentes, que sufren violencia familiar y de género, violación, acoso sexual o en redes sociales digitales, trata de personas, extorsión y robo de su identidad. Durante la capacitación, se abordaron los temas de perspectiva de derechos y protección integral de niñez y adolescencia como marco conceptual y jurídico que guíe las acciones de las instituciones que prestan servicios de primer contacto y posteriores.
En la escucha activa del 911, indicios de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ampliar la versatilidad de percepción de las personas operadoras para detectar situaciones reales, de acuerdo con lo que ellas y ellos puedan describir según su edad y desarrollo. La capacitación estuvo dirigida a instituciones especializadas en distintos servicios para atender las circunstancias en las que enfrentan las violencias, lo cual permite canalización rápida y respuesta inmediata”.6
La Observación General número 8 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce el Derecho de la niña (o) a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, destaca la obligación de todos los Estados Parte de actuar rápidamente para prohibir y eliminar todos los castigos corporales y todas las demás formas de castigo crueles o degradantes de los niños y esbozar las medidas legislativas y otras medidas educativas y de sensibilización que los Estados deben adoptar. Comité ha observado que en muchos Estados hay disposiciones jurídicas explícitas en los códigos penal y/o civil (de la familia) que ofrecen a los padres y otros cuidadores una defensa o justificación para el uso de cierto grado de violencia a fin de “disciplinar” a los niños. Hay que garantizar que la ley defienda el interés superior de los niños afectados en particular cuando los autores son los padres u otros miembros cercanos de la familia. La primera finalidad de la reforma de la legislación para prohibir los castigos corporales de los niños en la familia es la prevención. El comité propone la investigación mediante entrevistas con los niños, sus padres y otros cuidadores, en condiciones de confidencialidad y con las salvaguardias éticas apropiadas, reviste importancia fundamental para evaluar exactamente la prevalencia de esas formas de violencia dentro de la familia y las actitudes hacia ellas.
En este tenor, la observación general número 13, menciona: a no ser objeto de ninguna forma de violencia existe y evalúa debido a la alarmante magnitud e intensidad de la violencia ejercida contra los niños. Esta Observación afirma que, es preciso reforzar y ampliar masivamente las medidas destinadas a acabar con la violencia para poner fin de manera efectiva a esas prácticas, que dificultan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que de manera coordinada homologuen en los lineamientos de operación del 9-1-1 la perspectiva de niñez y adolescencia.
Notas
1 Léase en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
2 Revísese en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf
3 Crail, Alejandra. En México, cada dos días muere un niño a manos de sus padres, EME EQUIS, 15 de octubre 2019; https://www.m-x.com.mx/investigaciones/matar-a-un-hijo-en-mexico-cada-d os-dias-muere-un-menor-a-manos-de-sus-padres
4 #DistanciaSeguraySinViolencias
Campaña hacia una nueva normalidad sin violencias contra las mujeres; Comunicado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Red Nacional de Refugios (RNR). 3 de septiembre 2020. https://t.co/xpUCbM5jiz?amp=1
5 World Vision Internacional. La Tormenta Perfecta. Reporte. 19 de mayo 2020; https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/covid-19-pondra-en-riesgo-de- violencia-fisica-sexual-y-emocional-85-millones-de-ninos-en-tres-meses
6 Boletín de prensa No. 136/2020. Asesoría a personal del número de atención 911 impulsa protección de niñas, niños y adolescentes contra diferentes tipos de violencias durante contingencia por Covid-19. Secretaría de Gobernación;
https://www.gob.mx/segob/prensa/asesoria-a-personal-del- numero-de-atencion-911-impulsa-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes -contra-diferentes-tipos-de-violencias?idiom=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos y congresos locales a tomar medidas con recursos suficientes encaminadas a garantizar los servicios y programas clave para atender a la niñez y adolescencia durante la urgencia del Covid-19 y tras ella, suscrita por los diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben la presente, Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 gobiernos y congresos locales a tomar las medidas necesarias, incluyendo recursos suficientes, para garantizar los servicios y programas clave para atender a la niñez y adolescencia durante y después de la emergencia por el Covid-19.
Consideraciones
Debido a la entrada de la pandemia del Covid-19, en México se decretó el 23 de marzo del presente año la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo cual implica el cierre de negocios no necesarios, el paro de movilidad y actividades no prioritarias, etcétera.1
El 2 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los precriterios generales de política económica hacia el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, sonde se expone que se prevé que, este escenario global, aunado a las medidas internas de distanciamiento social necesarias para contener la propagación del Covid-19, repercutirán en la actividad económica y las finanzas públicas del país durante 2020.
Las medidas y planes de activación económica del gobierno federal de este año fiscal y el siguiente son bajo el enfoque de ahorro, austeridad y racionalización del gasto de operación y administrativo. El monto destino de lo anterior será dirigido a los programas prioritarios, en particular los que apoyan al desarrollo social, la inversión en infraestructura, así como a atender las eventualidades de emergencias de salud y económicas que se presenten como resultado del brote epidemiológico.2
El 23 de abril del presente año se emitieron las medidas de medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en dónde se estipula que no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, además de instruir que se pospongan las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas prioritarios relacionados con actividades estratégicas, transferencias y las obras de infraestructura.3
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 21, fracción III, y 58, se lee: “En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo secompensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondosy programas, conforme a lo siguiente: a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: i) Los gastos de comunicación social; ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales”.
Por lo que toca al artículo 58, se lee; “Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la secretaría”.4
En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) se establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los TratadosInternacionales de los que el Estado mexicano forma parte; las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectosde presupuesto la asignación de recursos que permitan cumplir las acciones establecidas en dicha ley.
De acuerdo con la LGDNNA, los esfuerzos de asignación presupuestal suficientes para la atención de derechos de niñez y adolescencia, no sólo corresponden a nivel federal, sino también a nivel local. Con la finalidad de garantizar y eliminar brechas de derechos existente de niñas, niños y adolescentes con enfoques de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo del gasto público.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a través de su análisis del Covid-19 y sus repercusiones económicas, afirma que la contingencia sanitaria internacional provocada por el Covid-19 en México puede revertir los avances en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los hogares.
Por ello, es necesario desplegar los recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto priorizando a los grupos que enfrentan mayor afectación y que presentan mayor vulnerabilidad, del mismo modo ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar la capacidad operativa de éstos, asegurar que beneficien prioritariamente a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, así como considerar medidas adicionales.
Añade que, las transferencias monetarias que entreguen los programas son necesarias, pero dados los cambios que la pandemia tendrá en el contexto social, es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar la reflexión sobre la nueva complejidad de los problemas que enfrentará la población y, por ende, los nuevos programas públicos requeridos para atenderlos de manera efectiva.5
Según datos oficiales, en el país viven casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes; más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. Mientras, 91 por ciento de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza; 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en México registra desnutrición crónica; 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años realizan actividades no permitidas y peligrosas; 4 millones de niñas, niños y adolescentes no van a la escuela; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. Además, en los últimos 7 años, diariamente son asesinados en promedio 3.4 niñas, niños y adolescentes.6
Las niñas, niños y adolescentes presentan ser un grupo en situación de riesgo frente a este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa; “la pandemia del Covid-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el Covid-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad”.7 Esta condición de vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia provocada por la Pandemia, no puede ser agravada debilitamiento o suspensión de los bienes y servicios que hoy brinda el Estado a este sector de la población que, de acuerdo a la Constitución, las leyes, y los tratados internacionales de los que México firma parte, tiene derechos de prioridad.
Por lo expuesto y fundado resulta necesario y de urgencia someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 gobiernos y congresos locales a tomar las medidas necesarias, incluyendo recursos suficientes, para garantizar los servicios y programas clave para atender a la niñez y adolescencia durante y después de la emergencia del Covid-19.
Notas
1 Consúltese en
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2020&month=03&day=23
2 Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models /Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2021.pdf
3 Revísese en
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2020&month=04&day=23
4 Léase en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
5 Boletín de prensa, en
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/
Comunicado_06_POLIITICA_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf
6 Datos derivados de fuentes oficiales; mayor información en
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Pagina s/IEPDS-2018.aspx
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2017/d oc/mti2017_resultados.pdf
7 Pandemia y derechos humanos de las Américas, OEA, CIDH, resolución 1/2020. Léase en
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1- 20-es.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, el Sipinna, la Guardia Nacional y los 32 gobiernos y fiscalías de justicia locales a realizar acciones urgentes de prevención y denuncia para combatir la pornografía infantil y el grooming, suscrita por los diputados Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben la presente, Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Marco Antonio González Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación; el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Guardia Nacional; y los 32 gobiernos y fiscalías de justicia locales a realizar acciones urgentes en materia de prevención y denuncia para combatir la pornografía infantil y el grooming, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con el inicio de la pandemia por el SARS-Cov2, que ocasiona Covid-19, se ha obligado a la humanidad adaptarse a nuevas realidades, entre ellas, trasladar diversas actividades que se realizaban de manera presencial al mundo cibernético, lo que ha demostrado como el uso de medios digitales es útil y necesario para garantizar el desarrollo diario de labores, respetando el distanciamiento físico. Además, durante la fase de recuperación posterior al Covid-19, las tecnologías digitales continuarán siendo un elemento clave para garantizar a la ciudadanía volver a su vida cotidiana de manera segura y ordenada.
Con el aumento del uso de las tecnologías para entretenimiento y/o trabajo, también se ha llevado a cabo la migración de los actos delictivos al mundo cibernético. De acuerdo con la revista Forbes, “aunque se calculó una disminución de 12 por ciento en la actividad maliciosa en internet durante el periodo diciembre de 2019-febrero de 2020, esta cifra incrementó en 14 por ciento durante marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria”, como se aprecia en la siguiente gráfica, publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:1
Ante este aumento de actividades delictivas cibernéticas, las niñas, niños y adolescentes, tienen mayor posibilidad de verse envueltos como víctimas de esos delitos, por ello deben establecerse acciones urgentes, en materia de prevención y denuncia, que garanticen la protección de sus derechos y el interés superior del menor.
De acuerdo con el estudio Hábitos de los usuarios en internet, 2015, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, actualmente hay alrededor de 53.9 millones de cibernautas; de ellos, 26 por ciento tiene entre 13 y 18 años, y 12 de 6 a 12 años. En promedio, la incursión en los espacios digitales inicia a los 6 y 8 años. Estos usuarios invierten 6 horas y 11 minutos frente a la computadora, dispositivo electrónico, redes sociales o visita a redes sociales, principalmente en las escuelas para la búsqueda de entretenimiento.
En 2015, la Procuraduría General de la República señaló que más de 30 mil menores son víctimas de trata y explotación sexual; de ellos, 80 por ciento tiene entre 10 y 14 años de edad. La entonces diputada de la LXIII Legislatura Norma Rocío Nahle García2 señaló que la República Mexicana genera 34 mil millones de pesos anuales en material pornográfico y que a estimaciones del UNICEF, la pornografía infantil es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, después del narcotráfico, cuyas ganancias se estiman en 7 mil millones de dólares anuales.
Ahora, por lo que respecta al delito de pornografía infantil, de acuerdo a la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que en México se ha registrado un incremento en la pornografía infantil: de marzo a abril aumentó 73 por ciento, siendo Facebook la red social más utilizada para esos fines –80 por ciento de los reportes– para transmitir actividades relacionadas con la distribución de material de abuso sexual infantil.3
Aunado a lo anterior, es de señalar el incremento del famoso grooming (acoso y abuso sexual en línea), otra actividad delictiva que ha aumentado durante el confinamiento. Constituye formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual.
De acuerdo con la asociación Save the Children, se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este último intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad. En el caso del online grooming, el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir.4
Save the Children afirma que a un groomer le puede tomar sólo 12 minutos para que su víctima se quite la ropa y puede convencer a los niños y niñas de tener un encuentro en poco tiempo, una vez que se ha ganado su confianza o bien lo presionan cuando ya ha obtenido material comprometedor, como fotografías o videos. Así mismo, los ciberacosadores eligen a sus víctimas mediante un análisis de sus perfiles; identifican a quienes tienen falta de atención de sus padres, que están solos o pasando por depresión. Estos individuos saben cuáles son las fibras emocionales que deben tocar; son expertos en lenguaje y psicología para persuadir.5
A pesar de tener identificados los delitos cibernéticos de grooming y pornografía infantil, y el aumento que han tenido durante la contingencia sanitaria, existe muy poca información en la red emitida por las autoridades mexicanas en materia de prevención y denuncia, así como de las acciones a seguir para hacer frente a esta problemática.
Por lo expuesto y fundado resulta necesario y de urgencia someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; la Procuraduría Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; los 32 gobiernos y fiscalías de justicia locales a realizar las acciones coordinadas necesarias para erradicar los delitos de pornografía infantil y grooming.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar por sus policías cibernéticas acciones urgentes en materia de prevención, atención y denuncia para combatir la pornografía infantil y el grooming.
Notas
1 Estiman aumento de cibercrimen y pornografía infantil durante pandemia,
https://www.forbes.com.mx/noticias-cibercrimen-pornograf ia-infantil-pandemia-coronavirus/
2 Diputados de la LXIII Legislatura Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Veracruz a atender de manera urgente el problema de pornografía infantil que afecta a esa entidad federativa. Consulta en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/ documento/74295
3 Pornografía Infantil aumentó 73 por ciento en confinamiento por Covid-19,
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/1 3/pornografia-infantil-aumento-73-en-confinamiento-por-covid-19/
4 Grooming, ¿qué es, cómo detectarlo y prevenirlo?, Save the Children,
https://www.savethechildren.es/actualidad/grooming-que-e s-como-detectarlo-y-prevenirlo
5 Crece el ciberacoso sexual contra niños, alerta ONG,
https://www.jornada.com.mx/2015/09/06/sociedad/034n2soc
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputados:
Efemérides
Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Los médicos son los profesionales de la medicina, quienes cuentan con los conocimientos y la destreza para realizar un diagnóstico y dar un tratamiento médico con procedimientos necesarios conforme a los padecimientos que el ser humano sufre en su vida, desde la concepción hasta la vejez.
En México la medicina tuvo auge durante el siglo XIX y principios del XX, se fundó la Academia Nacional de Medicina, la carrera de medicina es adoptada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, posteriormente más escuelas con esta especialidad abrieron y se aumentó la matricula en esta carrera tan noble y de tanto compromiso por la humanidad, las universidades que imparten esta carrera deben tener como requisito el estar certificadas por la Secretaría de Salud.
Estudiar medicina no es nada fácil ya que para saber lo básico se lleva un mínimo de 6 años, tiene que pasar por el pregrado, servicio social, especialidad, pregrado, subespecialidad, maestría, doctorado y posdoctorado, como podemos observar la medicina es una ciencia de constante evolución ya que existen nuevos avances y descubrimientos cada día, así como mutaciones o surgimiento de nuevas enfermedades, quien escoge la profesión de ser médico debe estar en una constante actualización de conocimientos, para 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en México ejercían 147 mil 910 médicos.
En esta pandemia que sufrimos actualmente a nivel mundial, la primer línea de batalla son los médicos, quienes han sido guerreros y héroes al estar siempre al pendiente de sus pacientes, muchas veces sin dormir y sin comer se han mantenido en sus lugares laborales, con una sobrecarga de trabajo, luchando contra un nuevo virus y con escasez de suministros médicos, este Día del Médico quiero hacer un reconocimiento especial a aquellos médicos que siguen en hospitales enfrentando la pandemia, así como a todos aquellos que han fallecido por Covid-19, quienes se contagiaron en cumplimiento de su deber, por compromiso de su profesión y con la población mexicana, en días pasados aprobamos una iniciativa que protege su integridad física, ya que por miedo o ignorancia han sido víctimas de ataques y discriminación cuando son los que dan la cara por todos nosotros.
Bibliografía
- Paredes Sierra Raymundo y Rivero Serrano Octavio. El papel de la medicina general en el Sistema Nacional de Salud (Seminario El Ejercicio Actual de la Medicina, marzo 2003)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El cáncer de mama “se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada y forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia (masa o bulto). El tumor es maligno (cáncer) si las células pueden crecer penetrando (invadiendo) los tejidos circundantes o propagándose (metástasis) a áreas distantes del cuerpo.”
Esta neoplasia es la más común por tumores malignos en mujeres, a nivel mundial en 2018 se registraron 18 millones de casos nuevos y fallecieron por esta causa 9.6 millones de mujeres.
En nuestro país, desde el año 2006, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres. Tan solo en 2018, las muertes ocasionadas por esta enfermedad fueron de 7 mil 311, de las cuales 35.2 por ciento correspondieron a mujeres mayores de 65 años y más, 36.6 por ciento fueron mujeres que van de 55 a 64 años, y un 24 por ciento pertenecientes al rango de edad entre 45 a 54 años.
Datos de la Unión Internacional contra el Cáncer, estima que la prevención y detección temprana de este padecimiento puede salvar la vida de 3.7 millones de mujeres anualmente, además de aumentar la posibilidad de sobrevivir más de cinco años si la enfermedad es atendida en etapas tempranas en comparación con las personas que son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad.
En este día 15 de octubre, conmemoramos el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha en la que se busca sensibilizar a las personas alrededor del mundo, a conocer sobre la importancia de comenzar con una autoexploración, detectando cualquier bulto o anomalía en los senos. Pero también, reconocemos la lucha que dan día a día las mujeres que padecen esta neoplasia, y recordamos a aquellas mujeres que perdieron la batalla. Asimismo, en este mes rosa, es importante reflexionar sobre los retos que aún quedan por superar en la materia, pues las mujeres con cáncer de mama, no deben enfrentar ningún obstáculo para la prestación de servicios de la salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2020.
Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)
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