Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5630-III, miércoles 14 de octubre de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la Sener y Pemex a apoyar a los pescadores ribereños y de altamar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos con el abastecimiento de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio de venta en las gasolineras, a cargo del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos a apoyar a los pescadores ribereños y de altamar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos con el abastecimiento de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio que se vende a las gasolineras, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,1 en el eje III, “Economía”, establece como una de sus prioridades la Autosuficiencia Alimentaria y el Rescate al Campo, a efecto de que la producción agropecuaria y acuícola pesquera en general alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.
El campo y los mares de México gracias al esfuerzo y trabajo de los campesinos, ganaderos y pescadores, ha seguido creciendo en forma sostenida para llevar cada vez más y mejores alimentos sanos y de calidad a la mesa de todos los mexicanos.
La atención al campo mexicano es una de las grandes prioridades nacionales. En este contexto, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable está motivado por la estrategia de la presente administración de Vivir Mejor; y tiene como premisa fundamental la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable como proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades para que los habitantes del medio rural puedan acceder a una vida digna sin comprometer el patrimonio y los recursos naturales de las generaciones futuras.
En este contexto, por un lado, la Secretaría de Energía tiene a su cargo conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.
El actual marco regulatorio confiere una nueva naturaleza jurídica a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndolas en empresas productivas del Estado con autonomía presupuestal y de gestión, y libertad de asociarse con el sector privado para competir en igualdad de condiciones en los renovados mercados de hidrocarburos y de electricidad.
México, al igual que los otros países del mundo, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en el uso de energéticos. De esta forma, los recursos del país apoyan la industrialización y proporcionan bienestar a la sociedad. El sector energía tiene un papel decisivo en la vida nacional: generar electricidad e hidrocarburos como insumos para la economía y la prestación de servicios públicos, aporta importantes contribuciones a los ingresos fiscales y crea miles de empleos.
Desde sus orígenes, la acuicultura y pesca de México son componentes claves de seguridad nacional ya que forman parte de la seguridad alimentaria del país. No obstante, también son elementos estratégicos en la seguridad pública debido a que ambas actividades representan fuentes de empleos en las zonas muy marginadas de México, sin los cuales tendría mayor lugar la delincuencia.
Por otro lado, en México, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, las políticas públicas en materia de agricultura son poco adaptables, presentan un gran retraso en infraestructura agrícola y bajos niveles de capitalización, tanto física como humana. El país también presenta importantes deficiencias en los procesos de producción agrícola, y en el medio rural se encuentran los índices más altos de pobreza. El campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, según el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.
Los costos de producción que padecen ambas actividades, han estado incrementándose en forma totalmente desproporcional al valor prevaleciente en el mercado nacional e internacional de los productos acuáticos.
Los productores del sector pesquero y agropecuario del país contaban con estímulos fiscales a la gasolina y el diésel mismo que a partir del mes de junio de 2020 dejo de autorizarse. Estos estímulos, mitigaban las asimetrías que representan los diferenciales del combustible entre países, ya que este insumo incide directa e indirectamente en todos los costos de producción, así como de las capacidades adquisitivas de cualquier persona. El soporte legal de la aplicación de este insumo es tan sólido como robusto.
Hoy, las sociedades enfrentan el inmenso desafío de tener que proporcionar alimentos y medios de vida a una población que, para mediados del siglo XXI, superará con creces los 9 mil millones de personas, al tiempo que deberán abordar los efectos desproporcionados del cambio climático y la degradación ambiental en la base de los recursos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen un planteamiento único, transformador e integrador para colocar al mundo en una senda sostenible y resiliente que no deje a nadie atrás.
El combustible es el principal insumo para la actividad pesquera y acuícola y que al ser prácticamente incosteable su adquisición, el sector se ve obligado a parar sus actividades, con repercusiones serias en pérdidas de empleo, suministro de alimentos, derrama económica en los 263 municipios costeros, pagos de impuestos y derechos, pero sobre todo; tendrá un impacto en la paz social de comunidades donde la pesca y la acuacultura son la única opción viable, digna, productiva y legal de sustento para las familias.
México es un gran importador de refinados (segundo importador mundial de gasolinas, después de Estados Unidos).
Pemex Logística cuenta con 73 terminales de almacenamiento, a partir de los cuales se distribuyen combustibles automotores vía auto tanque a las estaciones de servicio.
De éstas, son tres adyacentes a las refinerías, 35 emplean poliductos como único medio de suministro, 19 reciben producto exclusivamente por auto-tanques, 10 solamente por buque-tanque y Durango que se suministra exclusivamente por carrotanque.
Hay terminales de almacenamiento que son suministradas por más de un medio de transporte, estas son la Ciudad Valles, suministrada por auto-tanque y carro tanque; Ciudad Juárez Reynosa y Villahermosa, suministradas por ducto y auto tanque, y San Luis Potosí, suministrada por ducto, carrotanque y autotanque.2
* Fuente: CRE.
IEnova, compañía que ha ganado licitaciones referentes a almacenamiento de hidrocarburos, ha explorado la posibilidad de establecer puntos de almacenamiento para la importación de combustibles a puntos de alto consumo como la península de Baja California. Actualmente la compañía cuenta con seis unidades de almacenamiento: Veracruz, valle de México, Manzanillo, Topolobampo y Baja.
El objeto fundamental del presente acuerdo es que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de Pemex de manera coordinada abastezcan a los pescadores ribereños y de altamar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos, de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio que se vende a las gasolineras, con el objeto de paliar los efectos económicos que traen consigo.
Para 2020, el Índice Nacional de Precios Productor reflejó una variación negativa de 0.5 por ciento en su comparación mensual a septiembre. Esto representó un nivel más bajo desde agosto de 2019, cuando el índice cayó 0.83 por ciento respecto al mes anterior.
Por actividad económica, los precios para los productores que laboran en alguna actividad primaria (agricultura, ganadería, pesca, entre otras) reportaron una disminución mensual de 0.43 por ciento.3
Actualmente la industria pesquera en México enfrenta presiones por el alto costo de los combustibles principalmente el diésel y la gasolina, ya que supone la paralización de la pesca local, por la incosteabilidad que conlleva la actividad pesquera, por los costos de inversión que tienen que hacer los pesqueros para que sus embarcaciones partan a la mar.4
Para 2019, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) consideró un apoyo máximo de dos pesos por litro de diésel marino, topado hasta dos millones de litros por barco.
Según la Conapesca, el encarecimiento de los combustibles está repercutiendo en el precio de prácticamente todos los productos marinos, por lo que el combustible es cada vez más costoso.
Hoy más que nunca se requiere apoyar a los pescadores ribereños y de alta mar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos, con el abastecimiento de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio que se vende a las gasolineras, ya que con estas acciones se garantizan a la población de su comunidad la oferta suficiente de alimentos nutritivos y de alta calidad proteínica que producen productoras y productores, ya que están comprometidos en el abasto alimentario de las familias y que se encuentran en condiciones vulnerables.
Para el caso del sector pesquero y acuícola, estos argumentos ignoran las pérdidas de empleos que se están generando a consecuencia de la pérdida de competitividad de la pesca y acuicultura en México. Por otro lado, los empleos que se están perdiendo, corresponde a personas que están muy lejos de poder ser pequeño productor, como para recibir apoyos de “pequeños productores” y los programas Federales dirigidos a la población de escasos recursos.
Por los argumentos expuestos, y ante el empobrecimiento de muchas comunidades pesqueras, acuacultoras y agrícolas resulta viable que los titulares de la SHCP, la Sener y Pemex de manera coordinada apoyen a los pescadores ribereños y de alta mar, acuicultores rurales y agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos con el abastecimiento de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio que se vende a las gasolineras.
Resulta relevante destacar que, el presente Punto de Acuerdo no tiene afectación al presupuesto de egresos, pues se trata de un documento en el que una postura y propuesta referente a un tema de interés público y social, para que el Congreso de las Unión asuma una postura institucional al respecto.
Asimismo, se trata de una sugerencia de los parlamentos para que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la presente propuesta, ya que este no se modifica ni se crea ninguna ley.
La normatividad interna de la Cámara de Diputados permite que las proposiciones con punto de acuerdo representen la posición de la Cámara en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades y municipios.
En mérito de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos a apoyar a los pescadores ribereños y de altamar, acuicultores rurales, agricultores y pequeños productores agrícolas y ganaderos con el abastecimiento de combustible en las terminales de almacenamiento y distribución al precio que se vende a las gasolineras.
Notas
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
2 https://www.opportimes.com/pemex-tiene-73-terminales-de-almacenamiento- de-combustibles/
3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
precios-al-productor-caen-0-5-en-septiembre-es-su-menor-nivel-desde-agosto-de-2019
4 https://elceo.com/negocios/industria-de-atun-y-sardina-sufre-por-alto-e n-el-subsidio-al-diesel/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a practicar una auditoría de datos sobre el sistema de vigilancia que genera la información oficial de la pandemia en el país, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a realizar una auditoría de datos al sistema de vigilancia que genera la información oficial sobre la pandemia en nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo hemos señalado reiteradamente, la incapacidad del gobierno para la gestión de la pandemia se mostró desde su inicio, no se ha actuado como era su obligación; la importancia de la pandemia fue minimizada, se maniobro para retrasar las acciones gubernamentales no se previó ni planificó; no se adquirieron los insumos necesarios ni las necesidades de personal capacitado, ni hospitalaria con la capacidad necesaria. Pero esta larga lista de errores está costando vidas.
Incapacidad del gobierno federal para coordinar acciones con los gobiernos de las entidades federativas, generó una gran incertidumbre entre la población, las controversias sobre las actividades esenciales para mantener en operación en la economía y con el semáforo para la reactivación de actividades son solo una muestra de muchas.
A lo anterior, se sumó la negativa a realizar un mayor número de pruebas de diagnóstico de Covid-19 para poder realizar acciones de prevención con sus contactos y poder controlar los contagios. Sin más pruebas se actúa a ciegas para reactivar la economía poniendo en riesgo a la población.
La negativa a promover el uso cubre bocas o mascarillas, no obstante, la evidencia científica en el mundo, el gobierno y sus funcionarios muestran una actitud en contra de las recomendaciones sanitarias internacionales.
Pero a esta larga lista de incapacidades del gobierno federal, nuevamente resurge el manejo discrecional e inexacto de la información sobre el comportamiento de la pandemia en nuestro país.
Esta semana se realizó un nuevo cambio a la forma de comunicar al público el avance de la pandemia a nivel federal en México; que viene a sembrar cuando menos serias dudas.
Como se señala en el “Informe Técnico Diario Covid-19 México”, de la Secretaría de Salud, del 5 de octubre de 2020; el análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado y sospechosos con muestra) y a partir de ese día, los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 a la 41 de 2020.
De una forma de clasificación simple, especificada en los Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral; el cual señala que, a una persona que se le practicaba una prueba diagnóstica quedaba en calidad de pendiente o sospechoso mientras se pudiera definir su condición de positivo o negativo. Siguiendo la taxonomía de las “personas examinadas”, como se le denominaba antes, se iban colocando los resultados en 3 celdas; dos con certidumbre (negativa y confirmada) y otra con la incertidumbre de quedar pendiente de manera atemporal, al grado que al 4 de octubre había 34 mil 178 “sospechosos” o pendientes que ingresaron al sistema antes del 1 de septiembre1 .
Independientemente del rezago en la gerencia administrativa de la epidemia, a partir de que las autoridades sanitarias decidieron informar que de 88 mil personas a quienes se les había hecho una prueba diagnóstica y nunca se obtendrían sus resultados, empezó la metamorfosis de la narrativa de la epidemia en México.
Los cambios son: a) al universo “de examinados” ahora se llama “de notificados”; b) se añaden dos grupos de personas sospechosas (los que no tienen muestra, pruebas) y los que sí tienen muestra; de este segundo grupo se dividen en los que no tienen posibilidad de obtener resultado y los que sí tienen posibilidad de recibir resultado; y c) se introducen al reporte casos negativos relacionados con “otras infecciones respiratorias agudas” (Iras) (No Covid-19) en el reporte de Covid-19.
Con estos cambios, se generan varias consecuencias: una primera de fondo es que se pierde la consistencia entre lo reportado por las autoridades en sus sesiones vespertinas y lo publicado en la base de datos que deriva del Sisver que administra la propia Secretaría de Salud2 .
La segunda es que a partir del 27 de septiembre el índice de positividad disminuye gracias al incremento del denominador; de reportar 1.67 millones de personas examinadas, aumentaron a 1.91 millones de personas notificadas; lo cual genera una diferencia de 243 mil 163 personas sospechosas con o sin pruebas y de 12 mil 259 que no son Covid-19.
Las inconsistencias no son menores. Si bien había un acuerdo entre sociedad y gobierno con el “total de personas estudiadas”, no obstante, la permanente diferencia de que el tamaño del “total” es bajo para un país tan grande (pocas pruebas), al menos quedaba la certeza de que se hablaba de los mismos números en las sesiones de la tarde y los resultados de los análisis de la base de datos.
Pero lo que más llama la atención es que ninguno de los sitios que reportan en línea el comportamiento de la epidemia presentan el universo de notificados y se mantienen publicando los casos como aparecen registrados en la base de datos.
La presencia de personas que no aparecen en la base de datos genera dudas que tienen que esclarecerse. Si al día 4 de octubre hay 321 mil 885 personas sospechosas ¿cuántas de ellas corresponden a las 85 mil 743 que están en la base de datos de ese día? Como no se cuenta con folio de las primeras, no se pueden confrontar con las que aparecen en la base datos. No se sabe cuántos de los 189 mil 288 sospechosos sin muestra sobrevivieron o no; si fueron internados al hospital o no. ¿Cuál es el criterio que se emplea para saber que 97 mil 303 personas a quienes sí se les hicieron pruebas, no tendrán resultados? Y, ¿cuál? para definir que 35 mil 294 personas si tienen posibilidades de recibir resultados. ¿Por qué la base de datos dice que 85 mil 743 son sospechosos después de haber recibido una prueba y la suma de los sospechosos con prueba en la nueva modalidad suman 132 mil 597, es decir 46 mil 853 personas más? ¿Cómo se explica esta diferencia?
La información estadística de la epidemia que se reporta todos los días es inconsistente con la que deriva del análisis de la base de datos en tres niveles 1) Al sumar o inflar los casos negativos, añadiendo Infecciones respiratorias agudas (Iras) que no son Covid-19 no sólo se altera la relación interna de negativos-positivos, pues los primeros dejan de pertenecer al mismo conjunto de observaciones, sino que además se disminuye el índice de positividad. 2) también modifica la fecha de referencia. Como se señaló en la conferencia vespertina del día 27 de septiembre, ahora se reporta desde la semana uno del año, cuando se sabe que la epidemia empezó en la semana 10. ¿Qué añade esa extensión en el tiempo que no sea confusión? ¿es conveniente mezclar la influenza con Covid-19?
La forma en que se ha utilizado la información sobre el comportamiento de la pandemia ha sido errática y confusa, tal pareciera que se intenta esconder una realidad que desde el gobierno se ha caracterizado como catastrófica.
La población requiere una mínima claridad en la información que se le presenta diariamente y no sólo cambios en los colores de las gráficas. La modificación de los algoritmos debe estar presente en los registros individuales que componen las bases de datos de manera transparente.
Es necesario que se presenten cuentas claras sobre las decisiones tomadas en la generación de la información sobre la pandemia.
Ante estas decisiones y acciones es necesario volver a plantear una nueva solicitud para evaluar la gestión del gobierno federal de la pandemia; se requiere realizar una auditoría de datos al sistema de vigilancia que se está usando para monitorear la pandemia en México.
Una auditoría no solo ayudaría a, evitar los inexplicables y vergonzosos rezagos, a alertar y detectar las fallas en el reporte y sobre todo agilizar los procesos de detección, análisis y reporte; para lograr un control efectivo de la pandemia.
Por lo antes descrito es que consideramos necesario se realice una auditoría de datos al sistema de vigilancia que genera la información oficial sobre la pandemia en nuestro país. Se requiere de una evaluación independiente e imparcial que, sobre bases científicas y con información validada y alejada de sesgos ideológicos o posturas políticas, evalué la gestión de la información sobre la pandemia en nuestro país. Ésta debe ser realizada por un panel de expertos nacionales o internacionales, ajenos a cualquier conflicto de interés.
La auditoría permitiría mejorar nuestro sistema de información en salud, como lo es el sistema de vigilancia epidemiológica, para entender mejor lo que ha sucedido en realidad en el país, nos dotaría de información confiable para no seguir en la ruta del escenario catastrófico por el que hasta ahora hemos transitado.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a realizar una auditoría de datos al sistema de vigilancia que genera la información oficial sobre la pandemia en nuestro país; esta auditoría debe ser independiente e imparcial, realizada sobre bases científicas y por un panel de expertos nacionales y/o internacionales, ajenos a cualquier conflicto de interés. mejorar la calidad de la información, sino la credibilidad de las autoridades. Contribuiría a mejorar la precisión de los datos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, y al titular de la Secretaría de Salud Federal, a partir de los resultados auditoría de datos al sistema de vigilancia que genera la información oficial sobre la pandemia, se realicen los ajustes necesarios al mismos y se afine la estrategia actual con la cual se enfrenta la pandemia del coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19); que permita el control efectivo de la pandemia y atenuar el pronóstico en el número de muertes.
Notas
1 Como lo señala el doctor Rafael Lozano es profesor de la Universidad de Washington, en su columna de El Economista, ¿Qué quiere decir “sospechoso de tener Covid-19” en México?, 5 de octubre de 2020.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-quiere-decir-sospechoso-de-tener-Covid-19-en-Mexico-20201005-0040.html
2 Ver, https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de Veracruz a llevar a cabo una investigación expedita sobre los supuestos casos de familiares de legisladores que trabajan en esa soberanía y establecer reglas claras para evitar el nepotismo, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El nepotismo y tráfico de influencias a nivel federal, estatal y municipal, es un riesgo para la eficiencia y efectividad de los servicios públicos; además, daña permanentemente la percepción de la población sobre sus representantes y gobernantes. Ello también trasgrede actividades relacionadas a los recursos humanos del gobierno, vulnerando los procesos de reclutamiento y promoción, resultando en altos costos económicos, políticos y sociales.
Desgraciadamente, en diversos medios de comunicación ha trascendido información acerca de algunos diputados del Grupo Parlamentario de Morena del honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que incorporaron a sus familiares en la nómina del Congreso local, ocupando diversos puestos, desde asistentes hasta asesores legislativos, lo que constituiría un claro acto de nepotismo y corrupción, como se ejemplifica a continuación.
En días pasados diversos medios de comunicación difundieron que el diputado local de Morena, Magdaleno Rosales Torres, mantenía en la nómina a su hijo con un salario de quince mil pesos mensuales y en un puesto de “chofer”. El diputado no sólo admitió este hecho, sino que intentó excusarse señalando que es una práctica recurrente que se ha presentado en otras administraciones. Asimismo, empleados legislativos adscritos al diputado Magdaleno, señalaron que otros diputados de Morena también tienen a familiares en la nómina con salarios desproporcionados.1
El mismo diputado local también señaló que el coordinador de Comunicación Social del Congreso local, Aldo Valerio Zamudio, le había pedido un “moche” de diez mil pesos mensuales para difundir sus actividades legislativas.
Entre los personajes a los que el diputado mencionó se encuentra también la diputada local Rosalinda Galindo, quien ya había sido exhibida desde 2019 por tener a familiares suyos dentro de la nómica gubernamental.
De acuerdo con medios de información, su hermano, Rafael Galindo Silva, estaría ganando 44 mil pesos; otro hermano, Héctor Santiago Galindo Silva, 33 mil pesos; Esperanza Galindo Silva, hermana de la diputada 21 mil pesos; Katia Alejandra Alvarado Galindo, hija de la diputada, 15 mil pesos; mientras que Jorge Ignacio Aguilar Figueroa, cuñado de la diputada, 15 mil pesos.2
El coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, también fue señalado por tener familiares en la nómina del Congreso local, Juan Pablo Casarín Nieves, familiar del diputado, quien cobra 15 mil pesos mensuales como auxiliar operativo. El diputado Gómez Casarín rechazó las acusaciones y señaló que no tenía a nadie en la nómina, sin embargo, la información difundida dice lo contrario.3
Otro caso mencionado es el del diputado morenista de Orizaba, Nahúm Álvarez Pellico, quien mantiene en la nómina a su hermano Hiram Nabor Álvarez Pellico, bajo el cargo de auxiliar operativo con un sueldo de 15 mil pesos.
En el honorable Congreso del estado de Oaxaca también se ha sabido de un caso de nepotismo por parte del diputado local Emilio García Aguilar, quien metió en la nómina a su esposa y hermano, con cargos directivos y sueldos mensuales de 18 mil y 40 mil pesos. Asimismo, se encuentra la diputada Laura Estrada Mauro, quien colocó a su esposo, cuñado y sobrina en la nómina del Congreso de la entidad, incluso sin que asistan a laborar.4
El gobierno actual ha ondeado la bandera de la lucha contra la corrupción pero con el paso del tiempo ésta se visualiza como palabra es un discurso sin acción.
Si bien el combate a la corrupción se ha mantenido firme en lo más alto de la agenda del gobierno, en los hechos el país se ha estancado, “manteniendo una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción” como lo menciona el estudio de la organización Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA) y la consultoría inglesa Control Risks.
Actualmente observamos prácticas que nos aseguraron erradicadas, viejos modos que nos aseguraron no volveríamos a ver.
En 2020, nuestro país obtuvo la calificación F en el rango de 20-29 grados de corrupción, de acuerdo al índice elaborado por Transparencia Internacional, lo que indica que nuestro grado de confianza apenas se sitúa por encima de países como Haití o Venezuela. Asimismo, datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), han señalado que las prácticas asociadas a la corrupción local han tenido un incremento significativo en los últimos dos años, registrando una tasa de más de 30 mil 500 casos por cada 100 mil habitantes. Estos datos, representan un valor económico de más de 12 mil millones de pesos.
En el estado de Veracruz se acelera la degradación de los valores políticos, ahora en forma de nepotismo, de lo cual, de nueva cuenta, los integrantes de Morena hacen alarde de impunidad menoscabando su propia declaración de principios y degradando el estado de derecho de una de las entidades federativas con mucho potencial pero lamentablemente con más pobreza y marginación en el país.
Un reclutamiento sin base en el mérito es uno de los principales factores que contribuye al incremento de la corrupción, y conduce a la erosión de estructuras organizacionales y prácticas regresivas en la administración pública. En un gobierno que está comprometido a modificar estas conductas, es imperante que se investigue cualquier acto que deslegitime la transformación que se pretende.
En el combate a la corrupción la sociedad pide respuestas claras, demanda el respeto a la ley por parte de todos, exige que ante los casos de corrupción se presente castigo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que lleve a cabo una investigación expedita sobre los supuestos casos de familiares de legisladores que trabajan en el Congreso local y establezca reglas claras para evitar el nepotismo al interior del órgano legislativo.
Notas
1 Diputado de Morena mete en nómina a su hijo; gana 15 mil pesos como chofer, Proceso, en: https://www.proceso.com.mx/652442/diputado-de-morena-mete-en-nomina-a-s u-hijo-gana-15-mil-pesos-como-chofer
2 Rosalinda Galindo la reina del Nepotismo en la 4T; exhiben a 8 familiares en nómina, Noticiero sureste, en:
https://noticierosureste.com/politica-estatal/34801-rosalinda-galindo-la-reyna-del-nepotismo-en-la-4t-exhiben-a-8-familiares-en-nomina
3 Juan Gómez Cazarín, Nahúm Álvarez Pellico, Ivonne Trujillo, Rosalinda Galindo diputados morenistas, mantienen a sobrinos, hermanos, yernos cobrando en la nómina de la Legislatura desde 15 hasta 30 mil pesos mensuales, Plumas Libres, en: https://plumaslibres.com.mx/2020/10/09/juan-gomez-cazarin-nahum-alvarez -pellico-ivonne-trujillo-rosalinda-galindo-diputados-morenistas-mantien en-a-sobrinos-hermanos-yernos-cobrando-en-la-nomina-de-la-legislatura-d esde-15-hasta-30-mil/
4 Evidencian nepotismo de Morena en Congreso, Ororadio, en:
https://www.ororadio.com.mx/2020/10/evidencian-nepotismo-de-morena-en-congreso/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputados Héctor Yunes Landa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, a través de INSHAE, a efecto de garantizar que diversas instituciones de salud y hospitales implanten una metodología para determinar los costos de atención médica, de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y de consulta externa, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar,1 organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, para sustituir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular, y que entró en vigor a partir del 1o. de enero del presente año, las unidades de atención médica de tercer nivel han padecido una serie de limitaciones financieras para garantizar una oportuna y adecuada atención médica de alta especialidad a la población no derechohabiente, originadas principalmente por lo siguiente:
El surgimiento de un nuevo Sistema de Salud a raíz de la aprobación en noviembre de 2019 de la reforma a la Ley General de Salud que da origen al Insabi,2 la cancelación del SPSS y el establecimiento del criterio de gratuidad para la población sin seguridad social a partir del 1 de enero de 2020 para el primer nivel o de atención primaria, el cual representa el contacto con los pacientes, donde se llevan a cabo acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria, así como del segundo nivel, que atiende la mayor parte de los problemas y necesidades de la salud que requieren de internamiento hospitalario o atención de urgencia, así como intervenciones quirúrgicas “básicas”;3 y a partir del 1 de diciembre de 2020 para el tercer nivel; momento en el que se incluyen hospitales de alta especialidad, cuyas subespecialidades y/o equipos no existen en los demás niveles, y es aquí precisamente donde se requiere, consecuentemente, un mayor conocimiento y sobre todo una tecnología específica que engloba también la docencia y la investigación del área de la salud.4
También es importante destacar que a principios de este año llegó la pandemia por SARS Cov2 a nuestro país5 y con ello la reconversión hospitalaria temporal para la atención de los pacientes Covid 19. (INER, Nutrición, Cardiología, Hospital Infantil de México, entre otros).
Ello tuvo impactos fuertes en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito económico por el diferimiento de ciertos padecimientos que no están siendo atendidos6 por priorizar la atención de los pacientes con Covid 19.
Adicionalmente, se estima que se perdieron 1 millón 181 mil7 empleos formales a raíz de la pandemia, dado que aumentó la población sin seguridad social y por ende implicó un crecimiento en la demanda de servicios de atención médica.
Trayendo consigo entre los sistemas de salud, grandes inconsistencias respecto a niveles y bases de asignación de costos a la hora de brindar los servicios médicos, dejando desprotegidos a los usuarios, privándolos incluso del acceso al mismo.
En esta línea es menester que las autoridades encargadas de nuestro Sistema de Salud planifiquen desde una perspectiva que parta del conocimiento de las necesidades de la población en este sector, es decir que no se trate solamente de cuánto se gasta, sino también de saber invertir los recursos que son proporcionados al sector salud y mejorar la calidad del servicio (eficacia) así como la optimización de los recursos de los que dispone el mismo (eficiencia) el servicio y los distintos procesos en las instituciones hospitalarias.8 Contextualizado así el problema, el sistema de costos de los servicios de salud es necesario pues constituye una de las herramientas más importantes para lograr la maximización del acceso a la salud de aquellos que fueron afectados por la modificación en el Sistema de Salud a partir de las reformas del año anterior y aún más por la contingencia sanitaria actual generada por el Covid19.
Ante esta situación, se busca con el presente punto de acuerdo que se cumpla con el compromiso planteado por el presidente de la República de brindar atención gratuita a toda la población sin seguridad social, exhortando a las autoridades sanitarias pertinentes, a proponer un sistema de costeo que permita cuantificar de manera precisa y detallada los costos incurridos en la prestación de los servicios, dando respuesta a la pregunta: ¿Cuál debe ser el modelo de costos desde la visión de proceso de apoyo logístico en una empresa social del Estado, para determinar una gestión integral de los recursos disponibles con rentabilidad financiera, incluyendo el punto de vista social?9
Permitiendo así que desde una planificación en el campo de la salud; que es el proceso especializado de la administración, o gestión de las organizaciones de salud, y teniendo como punto de partida el conocimiento de las necesidades de la población, se ponga en marcha una serie de instrumentos y métodos que tendrán como resultado una intervención en la salud de dichos individuos.10
Como último punto a resaltar, en el caso de la prestación de servicios de alta especialidad, los criterios para la programación presupuestación de recursos para su operación emitidos por la SHCP y la falta de sistematización de la gestión hospitalaria, impide determinar de forma explícita y detallada los recursos necesarios para garantizar a la población los servicios de atención médica, en función de su capacidad resolutiva y de conocer el costo de las intervenciones que forman parte de la cartera de servicios.
En virtud de ello la operación de los Institutos Nacionales de Salud se ejecuta a partir del techo presupuestal asignado, sin embargo, no es suficiente para afrontar la demanda de sus servicios a partir del año 2021, por lo que se hace necesario implementar una metodología que les permita definir los costos de los servicios que presta cada institución, así como aquellos necesarios para desarrollar las acciones de investigación y docencia en el marco de sus atribuciones.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable legislatura, la citada proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, para que los Institutos Nacionales de Salud, hospitales federales de referencia y hospitales regionales de alta especialidad, implementen una metodología para la determinación de los costos de atención médica, de auxiliares de diagnóstico y tratamiento y de consulta externa, así como los correspondientes a la investigación y a la docencia para cuantificar de manera detallada las necesidades presupuestarias para el año 2021.
Notas
1 Cámara de Diputados:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/
Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
2 Íbid.
3 El Universal. Recuperado el 10 de enero de 2020. Consultado en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/insabi-en -que-consisten-los-tres-niveles-de-atencion-la-salud-en-mexico
4 Los tres niveles de atención de la Salud. Recuperado en: https://www.meditips.com/los-tres-niveles-atencion-salud/
5 Cámara de Diputados:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/
Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
6 Recuperado en: https://www.animalpolitico.com/2020/05/cancer-covid-19-pacientes-atenci on-medicamentos/
7 Recuperado en: https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-ha-perdido-118-millones-de-em pleos-formales/
8 Gallegos M, Rodríguez Q, Bascur C, Peña A “Metodologías de costo de instituciones hospitalarias en Chile: Estudio Caso 1. Consultado el 1 de octubre de 2020.
9 Torres A, López O, Mercedes G (2012) “ El Hombre y la Máquina”. Universidad Autónoma de Occidente de Colombia.
10 Íbid.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y el Inegi a incluir en el censo económico reactivos que permitan identificar el total de empresas de base tecnológica, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es importante destacar el Noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), perteneciente a la Agenda 2030, ya que considera a la industria, innovación e infraestructura con un papel importante para promover a las nuevas tecnologías, a modo que permitan el uso eficiente de los recursos e impulsen a tener economías sostenibles.1
Las empresas de base tecnológica (EBT) se consideran pequeñas y medianas empresas que basan su funcionamiento con base en plataformas de conocimiento que tienden a la innovación para su comercialización. Un gran número de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como de las principales economías emergentes, han desarrollado políticas públicas en apoyo a la creación y expansión de nuevas empresas basadas en tecnología. Por diversas razones, un gran número de instituciones gubernamentales se han involucrado en la formulación de estas iniciativas de política pública.2
En este sentido, además de que la creación de nuevas empresas tiene una finalidad de desarrollo económico y social, la transformación que ha supuesto la economía basada en el conocimiento, comprende la generación de potencial en el desarrollo del conocimiento aplicado para generar innovaciones que propicien mejores condiciones de vida de las poblaciones, sobre todo en aquellas economías emergentes, como la mexicana.
De este modo, las EBT se han convertido en un ejemplo de colaboración exitosa entre la industria y la academia; sin embargo, estas empresas emergentes en el escenario económico tienen diferentes grados de experiencia industrial y tecnológica, además de sus distintos campos de operación lo que complejiza tanto su identificación, así como su impacto en el agregado de las economías nacionales.3
A pesar de que en México el Gasto en Inversión y Desarrollo Experimental (GIDE) es predominantemente público, con 70 por ciento del total, este gasto representa sólo 0.54 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que ubica a México debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 2.38 por ciento.4
La escasa participación de la inversión en desarrollo experimental limita la creación, desarrollo y expansión de las EBT, aunado a ello, en México no hay indicadores estadísticos confiables que permitan conocer fácilmente el tamaño del universo de las nuevas empresas basadas en ciencia y tecnología, ni su evolución a lo largo de los últimos años, ni sus tasas de sobrevivencia. Por lo tanto, tomando en cuenta los datos empíricos, el número es “limitado” y el desarrollo es “débil” en comparación con otros miembros de la organización.
Conocer el número de EBT se convierte en un tema fundamental para establecer tanto las políticas de desarrollo y expansión de este segmento de la actividad económica, así como también para saber el tamaño del desafío que enfrenta el Estado mexicano para su apoyo e impulso dentro de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación.
Asimismo, la OCDE afirma que México es el país de Latinoamérica donde se encuentran más distribuidos los ecosistemas de EBT. 32 por ciento de los ecosistemas de EBT se encuentran en la Ciudad de México, 10 por ciento en Guadalajara y 8 por ciento en Monterrey.5
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realiza, desde 1989 el Censo Económico, como un instrumento quinquenal que aporta información oportuna y útil para conocer tanto la naturaleza de la actividad económica en el país, así como para establecer políticas de estado en materia de desarrollo económico. En su edición 2019, el Inegi informó que existen 6 millones 373 mil 169 establecimientos, lo que significó un incremento de 2.4 por ciento respecto al 2014.6
Además, en dicho documento se establece que 5 de cada 100 establecimientos son pequeñas y medianas empresas y que, sin embargo, emplean a más de 30 por ciento de la población ocupada. Es en este sector de la economía en donde se encuentran ubicadas las EBT. No obstante, la información disponible en dicho instrumento impide conocer el tamaño de este sector en lo particular.
Para México es necesario llevar a cabo las recomendaciones de la OCDE, y con ello reconocer la importancia de fortalecer los registros oficiales de empresas y aprovechar su naturaleza longitudinal para generar información sobre el desempeño de las EBT. La generación de ese tipo de información podría ayudar a:
a) Obtener registros de empresas oficiales con las estadísticas aduaneras, permitiendo así tener información adicional sobre las características y el comportamiento de las EBT importadoras y/o exportadoras.
b) Consolidar la generación de programas públicos de fomento a las EBT y la difusión de la economía de plataforma, generando nueva información sobre las mismas.
c) Contribuir a mapear el perfil de las EBT en la región, capturando el impacto de las características personales (género, edad, formación, entre otras).
d) Contribuir el entorno en la creación y expansión de las EBT, generando así valiosa información para mejorar las políticas indirectas de fomento (como las de educación, formación, científicas y tecnológicas, entre otras).7
Por lo anterior resulta indispensable que el Inegi desarrolle una herramienta de información oportuna que permita conocer el universo de las EBT, de la mano con la Secretaría de Economía, en cuanto a sus características, su naturaleza, su desarrollo, su ambiente de supervivencia y las necesidades de su impulso.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen una herramienta estadística que permita la identificación del universo de empresas de base tecnológica que existen en México.
Notas
1 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
2 OCDE (2012). Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. Disponible en el siguiente sitio web:
https://www.oecd.org/centrodemexico/Evaluaci%C3%B3n_de_la_OCDE_del_sector_de_las_nuevas_empresas_%20IMPRENTA-1.pdf
3 Merrit, H. (2012). Las empresas mexicanas de base tecnológica y sus capacidades de innovación: una propuesta metodológica. Disponible en el siguiente sitio web: file:///C:/Users/atzin/Downloads/2_merritt.pdf
4 5 OCDE (2012) Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. Disponible en el siguiente sitio web:
https://www.oecd.org/centrodemexico/Evaluaci%C3%B3n_de_la_OCDE_del_sector_de_las_nuevas_empresas_%20IMPRENTA-1.pdf
5 OCDE (2016) Startup américa latina 2016: construyendo un futuro innovador. Disponible en el siguiente sitio web: https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-recomendacio nes.pdf
6 Inegi (2020). Comunicado de prensa núm. 305/20. Disponible en el siguiente sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/CenEconResDef2019_Nal.docx.
7 OCDE (2016) Startup américa latina 2016: construyendo un futuro innovador. Disponible en el siguiente sitio web: https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-recomendacio nes.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades correspondientes a investigar y esclarecer el robo de medicamentos oncológicos reportado el 10 de octubre de 2020 en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Alrededor de 37 mil medicamentos para el control del cáncer fueron robados de un almacén ubicado en la localidad de Iztapalapa (21 kilómetros al sur de Ciudad de México) los primeros días del mes de octubre.
Se trata de 11 productos oncológicos, entre ellos, de uso pediátrico, es decir, para el tratamiento de los niños con cáncer. Estos fueron fabricados por la empresa Laboratorio Kemex, SA, y distribuidos por Novag Infancia, SA de CV.
El robo se habría producido durante la madrugada del 4 de octubre. El informe de la Fiscalía, al cual tuvieron acceso algunos periodistas, detalla que el grupo delictivo estuvo conformado por entre 10 y 15 personas.
A pesar de que fue el miércoles cuando se robaron 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos para niños, no fue sino hasta el sábado cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta.
Sin embargo, las autoridades responsables de la situación sanitaria informaron de lo ocurrido días después. La Cofepris informó sobre el hecho públicamente el 10 de octubre a través de un comunicado.
En el comunicado, la Cofepris informa que fue notificada el pasado 7 de octubre del presente, sobre un robo ocurrido en las instalaciones de la empresa Novag Infancia, SA de CV, de diversos productos, entre ellos medicamentos oncológicos fabricados por la empresa Laboratorio Kemex, SA, y distribuidos por la empresa Novag Infancia, SA de CV, los medicamentos que fueron robados a la empresa Novag Infancia, SA de CV.
En una tabla, la Cofepris detalló que fueron robadas 4 mil 606 piezas de Fluorouracilo de 500 miligramos en caja con 5 frascos; 4 mil 5 piezas de Daunorubicina de 20 miligramos en caja con 1 frasco; así como 2 mil 880 de Oxaliplatino de 100 mg (20 ml) en caja con 1 frasco; mil 505 piezas de Etoposido de 100 mg caja con 10 frascos (5 ml); y 2 mil 688 piezas de Ciclofosfamida 200 mg en caja con 5 frascos.
Así como 4 mil 480 piezas de Epirubicina de 10 mg (5 ml); 2 mil 592 de Ciclofosfamida 1 g caja con 1 frasco; 4 mil 480 Idarubicina 5 mg; 2 mil 80 de Oxaliplatino 50 mg caja con 1 frasco (10 ml); 4 mil 160 de Dacarbazina 200 mg caja con 1 frasco; y 4 mil 480 de Mitomicina 5 mg caja con 1 frasco.
En la alerta que se emitió, se especificó que el número de lote de los medicamentos es de uso exclusivo del sector salud (Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Semar, Sedena), e informó al público general que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales.
Familiares de pacientes con cáncer se han manifestado desde inicios del año para denunciar abasto de medicamento en estados como Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y estado de México, e incluso un caso del robo de los mismos, en Veracruz.
En los últimos meses se han reunido con autoridades de Salud para abordar en mesas de trabajo el tema del desabasto. Entre los últimos acuerdos a los que han llegado, y hecho público, está la creación de un padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico en las unidades del IMSS, así como diseñar y poner en línea una plataforma pública y transparente para monitorear el otorgamiento oportuno, en tiempo y forma, de tratamientos oncológicos.
De acuerdo con la información presentada, se robaron un total de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos para niños en las instalaciones de la empresa Novag Infancia, SA de CV. El reporte indica que fueron fabricados por el Laboratorio Kemex, SA; se trata de presentaciones de daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbazina, mitomicinas, etoposido, idarubicinas, ciclofosfamida y epirubicina, pero aún no cuentan con registro sanitario.
Reportes de prensa ya habían señalado este atraco, sin embargo, ninguna autoridad comunicó algo al respecto, hasta este 10 de octubre, tres días después de que la Cofepris fuera notificada, según detalló la dependencia en una alerta sanitaria. El periodista Carlos Jiménez informó que el hecho ocurrió hace casi una semana, la madrugada del pasado 4 de octubre, en los almacenes de la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía Iztapalapa.
Al respecto, Israel Rivas, padre de una menor que vive con esta enfermedad, confirmó que ayer tuvieron una reunión en Palacio Nacional, en la que se les informó sobre el robo de manera personal, sin embargo, los padres de familia no saben qué creer, puesto que solo les mostraron la alerta sanitaria y no una carpeta de investigación con motivo del robo.
“Nos muestran el informe de Cofepris, pero no hay carpeta de investigación, además las autoridades no han salido a decir nada, lo hubieran anunciado en la mañanera o algo así, es muy grave porque son medicamentos que necesitan miles de niños, nos da mucho coraje e impotencia porque son las vidas de nuestros hijos”
Ante la recurrente falta de medicamentos para niños que padecen cáncer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), creó una plataforma digital para llevar un monitoreo más preciso de los tratamientos que requieren los infantes en el país.
Durante varios meses, padres de familia han salido a las calles para protestar por la ausencia de fármacos, que merma aún más la vida de los pacientes, pues no han podido adquirir de manera oportuna su tratamiento.
Incluso, durante el mes pasado varios tutores realizaron movilizaciones frente al Hospital de Especialidades de La Raza y algunos de ellos aseguraron que sus hijos recibieron quimioterapias a destiempo, debido a la falta de medicinas, lo que además prolonga el tiempo del proceso en algunos casos.
El problema permanece desde hace tiempo, y tanto autoridades sanitarias como el gobierno del país no habían dado respuesta a las peticiones, según argumentaron padres de familia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presente a la opinión pública el detalle de los hechos ocurridos y de las denuncias respectivas ante las autoridades por el robo de medicamentos oncológicos reportado el 10 de octubre de 2020, así como el reporte de Farmacovigilancia que detalle la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del robo de estos medicamentos.
Segundo. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que presente a la opinión pública de manera puntual y detallada, la estrategia de abasto de medicamentos oncológicos y los mecanismos de atención a pacientes con cáncer, así como los registros sanitarios de la empresa farmacéutica Novag Infancia, SA de CV.
Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a hacer pública la información respecto de los permisos y la experiencia por los que se ha permitido a la empresa farmacéutica Novag Infancia, SA de CV, ser proveedora del sector salud, así como los permisos de importación de medicamentos oncológicos y los contratos de 36 mil piezas de diferentes fármacos contra el cáncer y su respectivo registro sanitario.
Cuarto. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que presente a la opinión pública, los avances de la creación del padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento oncológico en las unidades del IMSS, así como del diseño y puesta en marcha de la plataforma pública y transparente a fin de monitorear el otorgamiento oportuno y en tiempo y forma, de tratamientos oncológicos.
Quinto. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a atraer el caso, integre las carpetas de investigación e inicie las acciones contra quien resulte responsable por el robo de medicamentos oncológicos, en la Ciudad de México reportado el pasado 10 de octubre de 2020.
Sexto. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el uso de sus facultades inicie las investigaciones y los procedimientos de sanción administrativa contra los funcionarios públicos que ocultaron información y omitieron presentar las denuncias en tiempo y forma, por el robo de medicamentos oncológicos en la Ciudad de México, reportado el pasado 10 de octubre de 2020.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de octubre de 2020.
Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el ISABI, el IMSS y el ISSSTE a garantizar el derecho de los pacientes de los pueblos, las comunidades indígenas y los afromexicanas o hablantes de alguna lengua indígena para que mediante intérpretes y traductores cuenten con información suficiente, clara, oportuna, veraz y en su lengua sobre su estado de salud respecto al Covid-19 y otras enfermedades, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Antecedentes y consideraciones
Hasta el 27 de Julio de 2020 en nuestro país existían 5,413 casos positivos confirmados de Covid-19 así como 766 lamentables defunciones de personas hablantes de lenguas indígenas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.1 A continuación, se citan dos gráficas elaboradas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que ilustran el número de casos positivos de Covid-19 y el número de desafortunadas muertes por entidad federativa.
Defunciones de población que se reconoce como indígena por Covid-19 confirmado hasta el 26 de julio de 2020.
Ante este panorama, es importante destacar que la pandemia de Covid-19 ha remarcado las desigualdades que afrontan los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes, al ser parte de un grupo poblacional vulnerable, se han visto severamente afectados por la pandemia.
De acuerdo con la UNESCO, “las desigualdades ya existentes que enfrentan los pueblos indígenas en México, son un terreno desfavorable para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas ante el embate del virus .”2 Sin lugar a dudas, el factor lingüístico y la ausencia de traductores en los hospitales públicos y privados tiende a acentuar estas desigualdades.
Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Pueblos Indígenas, señaló que el Covid-19 representa una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas alrededor del mundo.3 De igual manera, la ONU resaltó que:
“Un factor clave es asegurar que en esas instalaciones se presten servicios en lenguas indígenas y, según proceda, en función de la situación específica de los pueblos indígenas.” 4
Asimismo, resulta imperante señalar que según la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, elaborada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas:
“La información relacionada con la epidemia deberá ser difundida y transmitida con pertinencia cultural y lingüística. En especial las instancias correspondientes deberán traducir, a las lenguas indígenas del país, las partes sustantivas de los principales instrumentos legales y medidas administrativas emitidas por las autoridades federales, estatales y municipales competentes. ”5
Por otro lado, la UNESCO refiere que la pandemia de Covid-19 acelerará el proceso de pérdida de diversidad lingüística, ya que los hablantes de las lenguas indígenas tienden a encontrarse dentro de la población más vulnerable ante el virus SARS-COV-2. Textualmente la UNESCO señala lo siguiente:
“La pandemia acelerará muy probablemente el proceso de pérdida de la diversidad lingüística. Las 68 lenguas indígenas y 364 variantes que se hablan en el país se encuentran bajo seria amenaza de desaparición y, de hecho, los últimos hablantes de esos idiomas se encuentran en el rango de población más vulnerable ante la Covid-19. ”
Pueblos indígenas en México
Ahora bien, es de vital importancia apuntar que, según la Directora General Adjunta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alma Rosa Espíndola, en nuestro país existen aproximadamente 25 millones de personas que se reconocen a sí mismos como indígenas de los cuales 7,382,000 personas son hablantes de alguna de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país.6
Por su parte, The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), en su reporte The Indigenous World 2019, expone que: “México tiene la población indígena más grande de América y el número más grande de lenguas nativas que se hablan en su territorio: 68 lenguas y 364 dialectos.”7
Acorde con este mismo documento, el “6.5% de la población nacional habla una lengua indígena mientras que el 21.5% (27.5 millones) de mexicanos se describen a sí mismos como indígenas.”8 Esto representa que México es el país en el continente americano con mayor número de personas indígenas, seguido de Guatemala, con 8 millones y Bolivia con 5.5 millones. A continuación, se cita un comparativo sobre población indígena en los distintos países de América:
Las entidades federativas con mayor número de población indígena en nuestro país son: Oaxaca con 1,734,658, Chiapas con 1,706,017, Veracruz con 1,101,306 y Estado de México con 1,097,666 personas.9 Aquí una gráfica sobre la población indígena por entidad federativa realizada en 2015 con información del Inegi.
De igual manera, es de resaltar que, en el estado de Guanajuato, según el Inegi, habitan 10,347 personas que hablan una lengua indígena como lo son el Chichimeca Jonaz, náhuatl, el Otomí, el Mazahua entre otras.10
Argumentos jurídicos
En un primer momento, es de mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el Derecho a la protección de la salud . Textualmente dicho precepto constitucional establece lo siguiente:
Artículo 4.- ( ...)
(...)
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
(...)”11
Cabe resaltar que el texto constitucional refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y no distingue entre aspectos como nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, origen étnico, lengua o cualquier otro factor.
También, resulta imperante detallar que la Ley General de Salud reconoce en su artículo 51 Bis 1 el derecho de toda persona a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su estado de salud. De igual forma, dicho artículo establece que los miembros de los pueblos y comunidades indígenas deben de recibir la información correspondiente a su estado de salud en la lengua que hablan. A dentro del citado artículo se señala lo siguiente:
“Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz , así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua.” 12
Además, el artículo 54 de la Ley General de Salud establece que las autoridades competentes deben de brindar atención y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud en español y en la lengua en uso de la región o comunidad . A la letra el artículo 54 establece lo siguiente:
“Artículo 54. Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y en relación a la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos. En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas las autoridades sanitarias brindarán la asesoría y en su caso la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso en la región o comunidad .”13
Problemática social
En Chiapas, más de una decena de Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a las autoridades la presencia urgente de traductores de lenguas indígenas en los hospitales de las cabeceras de regiones indígenas para que puedan orientar en su lengua a los pueblos indígenas sobre el Covid-19. A la letra el Comunicado sobre la situación actual por la pandemia de Covid-19 en las comunidades rurales e indígenas de Chiapas señala que:
“A las autoridades de gobierno para que de manera urgente ofrezcan traductoras(es) en los idiomas indígenas en todos los hospitales de las cabeceras de regiones indígenas, para que éstos contextualicen a los pacientes y sus familiares, para informar sobre las medidas necesarias de intervención para pacientes graves; así como los protocolos necesarios en caso de fallecimiento a causa de Covid – 19, en donde se explique por qué no se pueden llevar a cabo los ritos funerarios de acuerdo a las costumbres de cada familia .”14
Las organizaciones firmantes de este comunicado fueron las siguientes: Alianza Crecer Juntos-Sitalá; Alianza Pediátrica Global; Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición; Centro de Capacitación en Ecología y Salud Para Campesinos y Defensoría del Derecho a La Salud; Foro para el Desarrollo Sustentable, AC; Fondo Para La Paz, IAP; Fundación Cántaro Azul, AC; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Yaxalum Chiapas A.C.; Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas; Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador titular de Ecosur y miembro de la Red GRAAL (Grupos de Investigación para América y África Latinas).15
Por lo anteriormente expuesto y considerando que hasta el 27 de Julio de 2020, en nuestro país existían 5,413 casos positivos confirmados de Covid-19 así como 766 lamentables defunciones de personas hablantes de lenguas indígenas; que en nuestro país el 21.5% de la población es indígena y que tanto los artículos 51 bis 1 como 54 de la Ley General de Salud establecen el Derecho a las personas hablantes de lenguas indígenas al acceso a la información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su estado de salud en su lengua, es que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a garantizar el derecho de los pacientes integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o hablantes de alguna lengua indígena a contar con información suficiente, clara, oportuna, veraz y en su lengua sobre su estado de salud en lo referente al Covid-19 y otras enfermedades a través de intérpretes y traductores.
Notas
1 Secretaría de Salud. (2020). Covid-19 Panorama en población que se reconoce como indígena. Secretaría de Salud. México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566271/panorama-covi d19-poblacion-indigena-28-julio-2020.pdf>
2 UNESCO. (2020). Pueblos indígenas y Covid-19: una mirada desde México. UNESCO. Recuperado de:
<https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid -19-mirada-mexico>
3 ONU. (2020). Los Pueblos indígenas y la Covid-19. Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Pueblos Indígenas. Recuperado de:
<https://www.un.org/development/desa/indigenous-peopl es-es/covid-19.html>
4 ídem.
5 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2020). Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. México. Recuperado de:
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55139 8/guia-atencion-pueblos-indigenas-afromexicano-covid19.pdf>
6 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). (2019). En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI. INALI. México. Recuperado de: <https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.htm l>
7 The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2019). The Indigenous World 2019. The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Recuperado de: <https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/IndigenousW orld2019_UK.pdf>
8 ídem.
9 Ilarraza, L. (2018). La Población Indígena en Guanajuato. Newsweek. México. Recuperado de:
<https://newsweekespanol.com/2018/08/la-poblacion-indigena-en-guanajuato/
#:~:text=En%20cuanto%20a%20los%20pueblos,mixes%2C%20666%20son%20mixtecos%2C%204%2C119>
10 Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. (s.f.). Impulsan preservación de lenguas indígenas. Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. México. Recuperado de:
<http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Prensa/doctos/2014/ Julio/lenguas%20indigenas.pdf>
11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Recuperado de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520 .pdf>
12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1984). Ley General de Salud. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México. Recuperado de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_2401 20.pdf>
13 ídem.
14 Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. (2020). Comunicado sobre la situación actual por la pandemia de Covid-19 en las comunidades rurales e indígenas de Chiapas. Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. México. Recuperado de:
<https://www.chiapasparalelo.com/wp-content/uploads/2 020/07/Pronunciamiento-Colectivo_-Situaci%C3%B3n-actual-por-la-pandemia -de-Covid-19-en-comunidades-de-Chiapas_10-1.pdf>
15 Ídem.
Referencias:
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Recuperado de:
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Ilarraza, L. (2018). La Población Indígena en Guanajuato. Newsweek. México. Recuperado de:
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Secretaría de Salud. (2020). Covid-19 Panorama en población que se reconoce como indígena. Secretaría de Salud. México. Recuperado de:
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<https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid -19-mirada-mexico>
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, a través de sus órganos desconcentrados, la Profepa y la Conagua a realizar visitas de inspección a las personas físicas o las morales que tengan concesión y autorización de impacto ambiental para extraer material pétreo en el río San Rodrigo; y llevar a cabo acciones conducentes a su restauración, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través sus órganos desconcentrados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, realicen visitas de inspección a las empresas que cuentan con concesión y autorización de impacto ambiental para la extracción de material pétreo en el río San Rodrigo, asimismo lleve a cabo acciones para la preservación y restauración en dicho río, lo anterior con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Que el pasado 9 de abril de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el Decreto mediante el cual se declara Zona de Restauración, el área conocida como “río San Rodrigo”, ubicada en el municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior implica que en ella se deben desarrollar actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales, pues tal y como lo señala el referido Decreto “ ... este río requiere de la implementación de estrategias de restauración, conservación y recuperación de sus ecosistemas, lo cual incluye la regeneración y restauración de áreas degradadas por actividades extractivas que pudiesen haber rebasado los límites de su actividad, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de los recursos naturales de esta zona”.1 De igual forma señala que: “(...) el paisaje original del río San Rodrigo ha sido profundamente transformado y su ecosistema ripario destruido por la extracción de material pétreo de su cauce y riberas por parte de empresarios de la minería/construcción por más de 30 años. La ribera del río ya no cuenta con vegetación, el cauce ha sido completamente destruido y el acuífero superior ha aflorado en algunos sectores del lugar”.2
El río San Rodrigo se origina en el municipio de Zaragoza, en la serranía de El Burro, por diversos afloramientos del sistema acuífero transfronterizo Edwards-Trinity-El Burro, que se extiende a lo largo del norte de Coahuila y del sur de Texas. Tiene una extensión de 130 kilómetros, y su cuenca, desde su nacimiento en la serranía de El Burro hasta su desembocadura en el ejido El Moral, tiene una extensión de 2,717 kilómetros cuadrados.3
El río San Rodrigo es tributario del río Bravo. Las principales comunidades rurales que se asientan a lo largo del afluente son: La Agrícola y el Remolino en Zaragoza y El Moral en Piedras Negras. Es la fuente del recurso hídrico para estas congregaciones –y otros ranchos y ejidos de Jiménez– para el sustento de sus actividades agrícolas y ganaderas, así como para el consumo de sus poblaciones. Sin embargo, la vida de esas poblaciones y la del propio río se han transformado, primordialmente por la actividad extractiva de material pétreo de dicho río para satisfacer el mercado regional de la construcción, desde por lo menos los últimos 30 años. Afectando principalmente a las tres comunidades mencionadas: La Agrícola, El Remolino y El Moral, que es donde principalmente se realiza esa actividad, y al menos en el 18 por ciento del río cuya longitud es la afectada. El agua se mantiene transparente hasta la comunidad La Agrícola. Después se enturbia por las actividades extractivas y con la “putrefacción de vegetales de la presa La Fragua”.4
El río San Rodrigo ha sido la fuente tradicional de abastecimiento de agregados pétreos para la construcción urbana y carretera en la Región Norte de Coahuila en los municipios de Piedras Negras y Zaragoza. El daño al ecosistema del río San Rodrigo ha sido señalado por autores como Arriaga (2000), quien menciona que uno de los principales problemas ambientales que aqueja al río San Rodrigo es la extracción de material pétreo; asimismo, Villarreal et al. (2006: 6) señala que el río está sujeto a disturbios que afectan el caudal de agua por la formación de “tajos” mineros.5
Entre los cambios al río por la industria extractiva –al menos en las zonas de mayor impacto, como las mencionadas– se encuentran:
a) la alteración del cauce y de las riberas del río;
b) la deforestación de encinos, nogales, álamos, sabinos, y otros;
c) cambio en la calidad del agua – su contaminación– y en la morfología del cauce; y
d) corte de las aguas subterráneas
En este contexto, la cuenca baja del río San Rodrigo existen vigentes al menos a enero de 2019 cinco concesiones para extraer material pétreo:
Lo anterior implica que anualmente se pueden extraer del Rio San Rodrigo un volumen de 3´894,708 metros cúbicos, que por una densidad de 1.7, alcanza el orden de 6.6 millones de toneladas anuales. Si se considera, como lo indica Amigos del río San Pedro, el volumen de extracción diario llega a ser de 10,670 metros cúbicos (18 mil toneladas), equivalente a 427 tráileres de 25 metros cúbicos cada uno. Lo anterior, sin dejar de considerar que la vigencia de las concesiones puede alcanzar los treinta años.
Fuente: Facebook Amigos del río San Pedro
Fuente: Facebook Amigos del río San Pedro
Que, en este contexto, la Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 113 Bis que: Quedarán al cargo de “la Autoridad del Agua” los materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes. Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos. “La Autoridad del Agua” vigilará la explotación de dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado .
Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala en su artículo 28 que requieren autorización de impacto ambiental, entre otras, las obras y actividades en ríos, así como en sus litorales o zonas federales, lo que confirma el artículo 5 del Reglamento de la referida Ley, que establece que:
R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales:
I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley, y que de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.
Que, en este sentido, si bien las empresas que se encuentran extrayendo material pétreo en la ribera del río San Rodrigo cuentan con concesión, debieran contar con autorización de impacto ambiental, y en ambos casos, darles cumplimiento, y particularmente en el caso de la autorización de impacto ambiental, se debiera estar dando cumplimiento a las medidas de mitigación y condicionantes. No obstante lo anterior, de lo que es visible en la zona, al menos en materia ambiental se perciben afectaciones importantes, como se desprende de las imágenes insertas al presente punto de acuerdo, por lo que se considera necesario tanto la Comisión Nacional del Agua, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lleven a cabo actos de inspección a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones tanto por cuanto hace a la concesión, como a la multicitada autorización de impacto ambiental.
En este contexto, adicionalmente resulta necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevar a cabo acciones de restauración como las que pretende llevar a cabo el Estado de Coahuila, pues en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a la federación le corresponde la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia (artículo 5 fracción XI).
Por los argumentos aquí expuestos, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la ciudadana titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de sus órganos desconcentrados, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, realice visitas de inspección y vigilancia a los concesionarios que se listan a continuación, a fin de verificar que cumplen con sus obligaciones en materia de concesión e impacto ambiental.
Siendo que en el caso de que encuentre incumplimientos, particularmente a la autorización de impacto ambiental con la que debieran contar, determine las medidas correctivas y/o de urgente aplicación, así como las sanciones correspondientes y en su caso, accione la responsabilidad ambiental ante la autoridad competente.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la ciudadana titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con las autoridades del estado de Coahuila, lleve a cabo acciones para la preservación y restauración del río San Rodrigo.
Notas
1 Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, 9 de abril de 2019.
2 Ídem.
3 Terry Carrillo, Waldo. Importancia del río San Rodrigo, Bordeando el Monte, No. 5, julio, 2013, recuperado en http://www.sema.gob.mx/descargas/manuales/6_Importancia_Rio_San%20Rodri go.pdf
4 https://www.colef.mx/opinion/el-rio-san-rodrigo-del-norte-de-coahuila/? e=correo-fronterizo
5 Amigos del río San Rodrigo, La depredación del río San Rodrigo, recuperado en
http://www.amigosdelriosanrodrigo.org/index.php?option=c om_content&view=article&id=47:la-depredacion-del-rio-san-rodrig o-experiencias-ciudadanas-para-su-proteccion-&catid=1:recientes Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 12 días del mes de octubre del 2020.
Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a analizar por el IMSS la viabilidad y, de proceder, firmar un acuerdo de totalización con India para eliminar de los descuentos de seguridad social los conceptos de vivienda y retiro a trabajadores temporales en ambas naciones, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a analizar la viabilidad y, en caso de ser procedente, firmar un acuerdo de totalización con India a fin de eliminar, de los descuentos de seguridad social, los conceptos de vivienda y retiro, para trabajadores temporales en ambas naciones, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La globalización no es ajena a las empresas, lo que ha propiciado el incremento constante de la migración internacional con fines laborales y la consecuente especialización de los recursos humanos que, sin duda alguna ameritan una adecuada protección de seguridad social para migrantes y emigrantes.
Es cierto que los avances tecnológicos de la comunicación han hecho posible el trabajo a distancia, sin embargo aún cuando la globalización hace que los negocios se desarrollen con gran velocidad, persiste la frecuente necesidad de las empresas de trasladar a su personal a otros países, sobre todo para ocupar puestos clave en la organización, especializarse en capacidades intelectuales y creativas y para la capacitación del personal en procesos o equipos especializados. Estos traslados de personal conllevan, para patrones y trabajadores transferidos, el tema de la seguridad social y su consecuente cobro.
Resulta relevante e indispensables que antes del traslado internacional de personal se tengan claras las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales que se generarán entre los países de origen y de destino, respecto de las empresas y empleados que envían y reciben el servicio en la Nación de destino. Para una transferencia exitosa es indispensable contar con el acuerdo de comisión de servicio y con la carta de oferta.1
El Acuerdo de Comisión de Servicio (Secondment Agreement) es el acuerdo entre empresas trasnacionales para transferir a un empleado, temporalmente, a otro país. En él se refiere quién asumirá los gastos del traslado, del sueldo del trabajador, plazo acordado, perfil y habilidades requeridas, entre otros.
Por su parte, la Carta de Oferta (Offer Letter) equivale a un contrato que puede tener un carácter laboral, mercantil o civil entre la empresa y el trabajador transferido. En ella habitualmente se precisa a qué empresa reportará el empleado; las funciones a desarrollar; el salario, compensaciones y beneficios como: seguro de vida, gastos médicos y bonos; gastos para trámites migratorios, vivienda y traslado a oficinas, manejo de impuestos.
Marco jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Tratados internacionales
México aprobó el Convenio Internacional del Trabajo Número 118 , relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social, que entró en vigor el 25 de abril de 1964 (para México el 6 de enero de 1979), también suscrito por India, que tiene por objeto que los países firmantes acepten las obligaciones en cuanto a una o varias ramas de seguridad social, reguladas en la legislación de cada territorio, para sus propios nacionales.
Ley del Seguro Social
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;
Ley Federal del Trabajo:
Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.
Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.
Como se puede observa, nuestra Carta Magna no hace distingos sobre la nacionalidad para el goce de los derechos humanos y las garantías para su protección, lo que implica el acceso a la seguridad social. A este respecto, la Ley de Seguridad Social condiciona que exista un servicio remunerado, personal y subordinado de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, sin importar la nacionalidad del trabajador.
La seguridad social es fundamental para el bienestar y protección de la salud de los trabajadores y sus familias. Por ello, los países han celebrado tratados internacionales como medida para comprometerse con su otorgamiento.
En este orden de ideas, México ha celebrado convenios para evitar la doble tributación con diversos países, que se conocen como “acuerdos de totalización de periodos” cuyo objetivo es conjuntar el tiempo que se cotiza para seguridad social en cada país y para que cada uno pague la parte proporcional tomando en consideración la vida laboral como un todo, para efectos de una pensión al final de la vida laboral del trabajador; definir los supuestos para el pago de cuotas de seguridad social y evitar la doble tributación.2
Cabe señalar que México ya ha celebrado este tipo de Convenios con España, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido y que, ante la falta de convenio de totalización con un país al que es transferido un trabajador, tendrá derecho a la seguridad social, acoplándose por completo a lo que establezcan las leyes de dicho país.
En este contexto, es importante mencionar que México e India forman parte del Acuerdo Internacional del Trabajo Número 118, antes referido, en relación con la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en el ámbito de la seguridad social. En la actualidad el porcentaje aproximado de seguridad social que pagan las empresas indias en México es el siguiente: Seguridad social igual a 15.42 por ciento del total de gastos de nómina. Y en la India las empresas –incluyendo las mexicanas– es del “3 por ciento por parte de la empresa, y el 13.75 por ciento, por parte del trabajador”3 sobre la retribución total. La seguridad social comprende elementos como el de apoyo a la vivienda y fondo de ahorro para el retiro.
Sabemos que el gran intercambio comercial impulsa a las empresas a pretender expandir su mercado de bienes y servicios fuera de sus fronteras. México-India cuya relación comercial crece a pasos agigantados, no son la excepción, para lo cual basan su operación en personal especializado en la función operativa de sus compañías, por ello, cada vez más mexicanos se suman a la actividad comercial de su empresa en la India y, de igual manera, cada vez más hindúes, en México.
Cabe mencionar que, en materia de negocios, India es el noveno socio comercial de México, así como nuestro tercer comprador de petróleo a nivel global. Para India, Somos el segundo socio comercial en las Américas, solo por debajo de Estados Unidos. Por otro lado, en inversión, México está catalogado como el principal destino de inversiones indias en Latinoamérica e India se ha convertido en un destino muy atractivo para las inversiones Mexicanas.
La gran mayoría de prestaciones a que tienen derecho los trabajadores son liquidadas, si no en el transcurso de su relación de trabajo, al momento del término de la relación laboral con el pago de su finiquito o liquidación. Sucede lo mismo con los impuestos que tiene que cubrir. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las prestaciones de Seguridad Social como Las aportaciones hechas para el Retiro y las aportaciones destinadas a la obtención de créditos de vivienda. La naturaleza de las mismas impide que sean liquidadas o pagadas antes de que ocurran los eventos para los que fueron diseñadas.4
Finalmente es de señalarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la dependencia competente para los tramites relativos al tema de Coordinación de Asuntos Internacionales.
En Acción Nacional consideramos importante proponer la implementación de un Acuerdo de Seguridad Social entre India y México, lo que permitiría que los residentes temporales que trabajan en ambos países queden exentos del pago de Seguridad Social, específicamente en términos de vivienda y jubilación, los cuales en su gran mayoría se vuelven perdida para los empleados. Esto no solo sería un apoyo a la fuerza laboral, sino también un incentivo a la inversión.
Por lo descrito, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, para que analice la viabilidad y, en caso de ser procedente, proponga la firma de un acuerdo de totalización en seguridad social con India, a fin de eliminar los descuentos de Seguridad Social por concepto de Vivienda y Retiro, para trabajadores temporales de sus respectivas Naciones
Notas
1 Información consultada el 280920 en https://www.ccpm.org.mx/avisos/convenios-de-seguridad-social.pdf
2 Información consultada el 280920 en https://www.ccpm.org.mx/avisos/convenios-de-seguridad-social.pdf
3 Información consultada el 300920 en http://www.relats.org/documentos/PIICV.CCOOINDUSTRIA.Inditex.India.pdf
4 Información consultada el 280920 en https://auren.com/mx/blog/convenios-de-colaboracion-bilateral-en-materi a-de-seguridad-social-de-mexico-con-otros-paises/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua, la Semarnat y autoridades de Jalisco a realizar acciones para atender la problemática de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna, en Lagos de Moreno, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Jalisco, al Municipio de Lagos de Moreno y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones correspondientes a su ámbito y atribuciones para atender la problemática de la Comunidad Indígena de San Juan Bautista de la Laguna, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
Consideraciones
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, emitió la recomendación 26/2020 sobre el caso de la Comunidad Indígena de San Juan Bautista de la Laguna, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
La recomendación se deriva de las detenciones arbitrarias realizadas el día 13 de mayo de 2019 durante las protestas que tuvieron lugar en el poblado indígena de San Juan Bautista de la Laguna, en contra de la construcción del gasoducto industrial autorizado en 2014 por los gobiernos estatales y municipales.
De dicha recomendación se emitieron una serie de encomiendas dirigidas a los diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), razón por la cual se emite el presente exhorto, realizando lo que desde el Poder Legislativo Federal compete, pero sobre todo buscando coadyuvar a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del Pueblo de San Juan Bautista de la Laguna.
En la investigación de campo realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el día 27 de enero de 2020, los habitantes de la Comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, externaron su preocupación por la paulatina desaparición de la laguna que le da nombre a su pueblo y la contaminación creciente sobre los terrenos que alguna vez la conformaron.
Conforme con los testimonios de los pobladores, esos terrenos son utilizados como zona de descarga de aguas negras de empresas agrícolas, granjas porcícolas y avícolas. Al centro de dicha laguna que en algún momento fue un centro turístico, existía una isla que fue abandonada por gobiernos municipales anteriores y de lo cual hoy sólo quedan encharcamientos y pantanos de aguas negras.
De acuerdo con el estudio de Castañeda, Flores & Alfaro los principales contaminantes en abastecimientos de agua en el municipio de Lagos de Moreno eran Fierro, Manganeso y Flúor (2019), que pueden estar relacionados a las aguas residuales de los desechos porcinos y avícolas (Méndez Novelo, y otros, 2009) (Lon-Wo, 2005).
Acorde con los testimonios de los pobladores la laguna de San Juan Bautista, pasó de ser una fuente de alimento, sostén y recreación para los pobladores a convertirse en vertedero de desechos en sólo unas cuantas décadas (Epinoza, 2020).
El descuido y desaparición de la Laguna de San Juan por parte de los anteriores y actuales gobiernos municipales, estatal y federal viola diversas normatividades y acuerdos a los cuales nuestro país se encuentra suscrito y con los cuales tiene compromiso.
El primero de ellos es el artículo 4 constitucional, el cual establece que:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
El segundo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, aprobada en el año 1992, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; en diversos puntos tales como:
1. Las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
6. Con el fin de lograr el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir una parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
9.Las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos interesados. Las naciones deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de las personas, procurando que la información ambiental se encuentre ampliamente disponible.
12. El que contamina debe, por principios, cargar con los costos de la contaminación.
15. La plena participación de las mujeres es esencial para lograr el desarrollo sostenible. La creatividad, los ideales y el valor de la juventud y el conocimiento de los pueblos indígenas se necesitan también. Las naciones deben reconocer y a apoyar la identidad, cultura e intereses de los pueblos indígenas.
De la misma forma, el abandono de la Laguna de San Juan Bautista ignora el cumplimiento de lo pactado por nuestro país en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en los siguientes objetivos:
Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Es por las violaciones a los acuerdos y normatividades vigentes en nuestro país y suscritos por el mismo, que se presenta esta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Organismo de Cuenca-Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional de Agua elabore un dictamen técnico para determinar si existe una zona federal que establezca una delimitación de la laguna del pueblo de San Juan de la Laguna o San Juan Bautista de la Laguna y los cauces de los arroyos que la alimentan, y que en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se realicen las acciones necesarias para su rehabilitación y saneamiento.
También, le solicitamos a las autoridades municipales, estatales y federales correspondientes, que se actualice y ejecute un plan integral de trabajo a corto, mediano y largo plazo donde se involucre a pobladores e industriales, y se asuman compromisos sociales realizables y factibles para que las empresas que actualmente se encuentran en la zona protejan el medio ambiente, reforesten, cuiden y traten el agua a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales existentes y de esta forma se cumpla con lo estipulado con el artículo 4 constitucional.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a través del titular del Organismo Cuenca-Lerma-Santiago-Pacífico, a elaborar un dictamen técnico para determinar si existe una zona federal que establezca una delimitación de la laguna del pueblo de San Juan de la Laguna o San Juan Bautista de la Laguna y los cauces de los arroyos que la alimentan, y que en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, se realicen las acciones necesarias para su rehabilitación y saneamiento.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades del municipio de Lagos de Moreno, al Gobierno del Estado de Jalisco, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en conjunto ejecuten un plan integral de trabajo a corto, mediano y largo plazo donde se involucre a pobladores e industriales y se acuerden compromisos sociales realizables y factibles para que las empresas que actualmente se encuentran en la zona protejan el medio ambiente de la mano con los tres niveles de gobierno antes mencionados, reforesten, cuiden y traten el agua a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales existentes.
Referencias
Castañeda Villanueva, A. A., Flores López, H. E., & Alfaro Cuevas-Villanueva, R. (2019). “Diagnóstico de la calidad de las aguas superficiales en la región de los Altos Norte de Jalisco, México”. Acta Universitaria, 1-13.
Epinoza, C. (5 de agosto de 2020). “Mujer indígena vive con impotencia por el silencio de la contaminación en La Laguna”. Obtenido de Cuadrante 7: http://cuadrante7.mx/mujer-indigena-vive-con-impotencia-por-el-silencio -de-la-contaminacion-en-la-laguna/
Lon-Wo, E. (2005). La producción avícola y la contaminación ambiental, (págs. 1-6). La Habana Cuba.
Méndez Novelo, R., Castillo Borges, E., Vázquez Borges, E., Briceño Pérez, O., Coronado Peraza, V., Pat Canul, R., & Garrido Vivas, P. (2009). “Estimación del potencial contaminante de las Granjas Porcinas y Avícolas del Estado de Yucatán”. Ingeniería , Revista Académica, 13-21.
Palacio Legislativo San Lázaro, a 14 de octubre del 2020.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público mediante la SRE por qué México se abstuvo en votar la resolución A/HRC/45/L.43, “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Saraí Núñez y las diputadas y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga del conocimiento público, por qué México se abstuvo en votar la resolución A/HRC/45/L.43: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, para continuar con las investigaciones en materia de derechos humanos en Venezuela y qué argumentos probatorios consideró la secretaría que el documento antes mencionado no es balanceado, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Consejo de Derechos Humanos, 45o. periodo de sesiones abordó en su tema 4 de la agenda la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Guiado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, reafirmando la responsabilidad primordial de los Estados de promover, proteger, respetar y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos y de cumplir las obligaciones que les imponen los tratados y acuerdos de derechos humanos en que son parte, recordando sus resoluciones 39/1, del 27 de septiembre de 2018, 42/4, del 26 de septiembre de 2019, y 42/25, del 27 de septiembre de 2019, sobre la República Bolivariana de Venezuela:
“Expresando gran preocupación ante la alarmante situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, marcada por un cuadro persistente de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria, como se indica en los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y en otros informes de organizaciones internacionales.
Expresando profunda preocupación porque más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar la República Bolivariana de Venezuela, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su Panorama Global Humanitario 2020, ha señalado que hay 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria debido al agravamiento de la crisis política y económica, y, con arreglo a una evaluación alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, uno de cada tres venezolanos carece de seguridad alimentaria y necesita asistencia,
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de los países vecinos y otros países de la región por acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, así como la asistencia humanitaria prestada por las Naciones Unidas, otras organizaciones humanitarias y los países asociados, expresando preocupación por los abusos y atropellos sufridos por las personas que regresan a la República Bolivariana de Venezuela y las que abandonan el país, incluidas la extorsión y las requisas ilegales.”1
En esta tesitura, el pasado martes 6 de octubre 2020, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobó el que se siga la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El proyecto que se presentó tuvo 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones; en el organismo aprobó la resolución que permite renovar por 2 años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Además, se condenan las violaciones a los derechos humanos, con hechos comprobados y se hace el llamado a celebrar elecciones libres. En la resolución 45/L43 se incluyó un texto en el cual las naciones manifestaron alarma por distintas acciones, específicas de la crisis civil, política, económica, social y cultural, que se tienen en el país como la situación que se vive en el arco minero del Orinoco, así como los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes y las necesidades humanitarias de una amplia parte de la población.
En el texto se habla de actos de lesa humanidad. México consideró que el reporte no estuvo balanceado y el contenido fue más político, por lo cual decidió abstenerse de la votación. La Misión de Determinación de Hechos mantendrá la investigación y reportará al Consejo de Derechos Humanos en 2021 y 2022, sobre los abusos que se considera, se han cometido en Venezuela desde 2014.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que respecto a la resolución 45/L43, México decidió abstenerse por la falta de atención a las preocupaciones de la delegación mexicana, el incumplimiento del requerimiento procedimental de atender el equilibrio en los argumentos y el interés de nuestro país de que exista una solución que atienda las diferencias entre los venezolanos a través del diálogo y las oportunidades que ofrece el multilateralismo.
La justificación que emite la SRE menciona que incumple con de requerimiento procesal, es falso, no es desequilibrada y tampoco tiene matices políticos como o menciona la propia secretaría.
La resolución consta de 14 puntos muy concretos y con un objetivo el cual retoma con beneplácito los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le solicita que los presente a la Asamblea General en su septuagésimo quinto periodo de sesiones. Lo anterior quiero exponer algunos puntos en mi opinión son los más relevantes y es para ilustrar que no son desequilibrados como lo menciona la propia SRE son:
1. El informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, que contiene información sobre casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014 y sus conclusiones detalladas al respecto;
2. Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, insta a las autoridades venezolanas a que sigan enteramente y de inmediato las recomendaciones que figuran en los recientes informes de la alta comisionada y en el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, y lamenta que la mayoría de las recomendaciones formuladas en el informe anterior de la alta comisionada no se hayan aplicado;
3. Expresa profunda preocupación porque la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, también en lo que respecta a los miembros del Tribunal Supremo, que carecen de independencia de las autoridades y el partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles;
4. Condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como el quebrantamiento de la independencia de la Asamblea Nacional, también en lo que se refiere a su presidencia y al ejercicio de sus funciones en relación con el Consejo Nacional Electoral, así como las conculcaciones de los derechos de sus miembros, sus familiares y el personal de apoyo, al igual que la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos;
5. Insta a las autoridades venezolanas a que adopten medidas apropiadas para hacer frente a los actos de violencia y de acoso denunciados; la violencia sexual contra mujeres y niñas recluidas en la República Bolivariana de Venezuela, que incluye casos de abusos físicos y sexuales, agresiones verbales, amenazas e intimidación; la explotación sexual de mujeres y niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos, la tortura y la denegación de derechos a las defensoras de los derechos humanos, enfermeras, docentes, funcionarias públicas, presas políticas y mujeres recluidas en centros de privación de libertad;
6. Expresa profunda alarma porque la misión internacional independiente de determinación de los hechos encontró motivos razonables para creer que, desde 2014, en la República Bolivariana de Venezuela se han cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física;
7. Solicita a la alta comisionada que siga vigilando la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla, entre otras cosas mediante la presentación de informes verbales actualizados al Consejo de Derechos Humanos en sus periodos de sesiones 46o. y 49o., seguidos de diálogos interactivos, y solicita también a la alta comisionada que prepare informes exhaustivos por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que incluyan una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores y que los presente al Consejo en sus periodos de sesiones 47o. y 50o., seguidos de diálogos interactivos;
8. Decide prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos por un período de dos años, a fin de que pueda seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y solicita a la misión que presente informes verbales actualizados sobre su labor en los diálogos interactivos que tendrán lugar en los períodos de sesiones 46o. y 49o. del Consejo y que prepare informes por escrito sobre sus conclusiones para presentarlos al Consejo en los diálogos interactivos que se celebrarán en sus períodos de sesiones 48o. y 51o.;2
Por lo antes expuesto, concluyo que el gobierno mexicano dirigido por la política de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser más responsable en sus actos internacionales en especial en la protección de los derechos humanos tiene que recordar que hay un derecho Internacional cuto objetivo es “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.”3
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga del conocimiento público, por qué México se abstuvo en votar la resolución A/HRC/45/L.43: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, para continuar con las investigaciones en materia de derechos humanos en Venezuela y qué argumentos probatorios consideró la secretaría que el documento antes mencionado no es balanceado.
Notas
1 CEPAZ Centro de Justicia y la Paz (6 de octubre de 2020), Resolución A/HRC/45/L.43: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, Extraído el 8 de octubre de 2020, de la página
https://cepaz.org/noticias/resolucion-a-hrc-45-l-43-situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela/
2 Centro de Justicia y la Paz CEPAZ (6 de octubre de 2020) Resolución A/HRC/45/L.43: Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, recuperado el 8 de octubre de 2020 de la página:
https://cepaz.org/noticias/resolucion-a-hrc-45-l-43-situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela/
3 Naciones Unidas, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, recuperado el 8 de octubre de 2020 de la página web: https://www.un.org/es/sections/what-we-do/uphold-international-law/inde x.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a capacitar y certificar de manera coordinada a los mexicanos repatriados y migrantes para que obtengan empleo y vincularlos con empresas privadas, a cargo de la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la intención de incentivar la participación de la juventud mexicana, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el marco del Día Internacional de la Juventud, llevó a cabo de manera virtual el “Hackatón por México”, los días 20 y 21 de agosto de 2020, con el objetivo de escuchar las necesidades y propuestas de las y los jóvenes, quienes desarrollaron sus ideas enfocados en buscar soluciones a las principales problemáticas de la agenda nacional, orientados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de mejorar la vida de las personas de su comunidad y el país.
El equipo “Juventudes México”, conformado por José Luis Couoh Hernández originario de Yucatán, Karen Patricia Mendoza Zamora originaria de Coahuila y Laura Karina Zazueta originaria de Sonora desarrolló la propuesta al tenor de las siguientes
Consideraciones
El principal corredor migratorio del mundo es la ruta México-Estados Unidos, con un flujo mayor al que se registra en las fronteras de Europa del este o puntos densamente poblados como Bangladesh y la India, según datos del Banco Mundial. Por otro lado, la frontera sur de México es un gran corredor de migración; anualmente ingresan por esa ruta alrededor de 1.9 millones de personas, principalmente de Centro y Sudamérica en camino hacia territorio norteamericano.
El número de personas refugiadas por año en México es de alrededor de mil 600, personas repatriadas 200 mil al año, desplazadas internas 11 mil 500 personas según datos de 2018. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, desde el 29 de enero de 2019, se empezó a implantar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo anterior como acciones que se han implementado por parte del país vecino en respuesta a lo que han definido una “crisis de migración ilegal” en la frontera sur. Esto es, que las personas que llegaron o entraron a Estados Unidos por México sin la documentación adecuada, podrán ser retornados a nuestro país por el tiempo que duren sus juicios migratorios, es por ello que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos realiza el regreso de personas a través de puertos de entrada.
A principios de enero de 2020, Estados Unidos inició el regreso de migrantes por los diversos pasos fronterizos de México, como parte del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) mientras esperan audiencias de una corte en Texas. Según propias cifras del gobierno de Estados Unidos, en los últimos 5 años han visto un incremento de 2 mil por ciento de solicitudes de asilo.
En consecuencia, hoy en día en México hay una gran cantidad de migrantes, concurren tanto migrantes en tránsito, repatriados y solicitantes que esperan su turno para iniciar el proceso de refugio humanitario en el vecino país del norte.
Las autoridades migratorias estadounidenses reportaron el regreso de 30 personas al día desde el pasado 2 de enero de 2020.
La agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es Estado miembro, contempla los siguientes objetivos:
El objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Principalmente la meta 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los más pobres y los más vulnerables.
1.a. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
El objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
La meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
La meta 8.8 es el pilar fundamental del proyecto para el cumplimiento de la Agenda 2030: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
Asimismo, en el año 2018 se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que comprende 23 objetivos para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y mundial. El objetivo número 5 del Pacto Mundial citado propone la creación de un esquema de movilidad laboral flexible para los migrantes, basado en los derechos y atendiendo las cuestiones de género. México estaría cumpliendo sus compromisos internacionales al integrar la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Las nuevas modalidades de los flujos migratorios implican la necesidad de idear e implementar nuevas medidas de atención. Se propone la creación de impartir talleres y oficios, así mismo brindarles la facilidad para que puedan autoemplearse o sean contratados, por empresas Pymes, nacionales e internacionales.
Por lo expuesto, y ante la genuina preocupación en el ambiente político nacional con respecto a la creación de empleos, programas sociales, ofertas de salud y educación que es urgente se implementen por parte del Estado mexicano, toda vez que los migrantes; así como mexicanos y mexicanas que son repatriados no cuentan con condiciones adecuadas para emprender un proceso regular de vida en México.
Aunado a lo anterior, el mismo gobierno de México ha reiterado su compromiso con los migrantes centroamericanos, asimismo su postura mediática ha sido dar un trato digno a dichas personas (empleo, techo, alimento), sin importar su situación migratoria.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; al titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez y a los y las titulares del Ejecutivo en las 32 entidades federativas del país, para que de manera coordinada se capacite y certifique para el trabajo a personas en calidad de mexicanos y mexicanas repatriadas y migrantes, así como se realice el trabajo de vinculación con empresas de la iniciativa privada con el objetivo de que obtengan un empleo.
Referencias
https://migracion.nexos.com.mx/2020/08/mexico-un-pais-de -destino-de-migrantes/#.Xz8tAuImTsY.whatsapp
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=101082
https://www.nl.gob.mx/noticias/acuerdan-estado-e-ip-elim inar-tramite-de-carta-de-no-antecedentes-penales
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB
https://www.researchgate.net/publication/
314279166_Migracion_centroamericana_en_transito_irregular_por_Mexico_Nuevas_cifras_y_tendencias
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/
cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2018.pdf
https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrante s
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2020.
Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (rúbrica)
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