Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y los tribunales en materia civil y administrativa a dar celeridad a los procesos resarcitorios y las denuncias presentadas por la ASF sobre las observaciones de irregularidades en el uso de los recursos públicos en la Uaemex, en la Estafa Maestra, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracciones I y XI, 62, 65, 76, 79, 82, punto 2, fracción I, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este honorable pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Del resultado de las auditorías realizadas a la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) por parte de la Auditoria Superior de la Federacion de los ejercicios 2008 a 2017, se desprendieron observaciones por diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, como las vinculadas a la conocida estafa maestra y de estas auditorías se han desprendido 50 procedimientos resarcitorios y al menos 11 denuncias en materia penal, que ya son competencia de la Fiscalía General de la República y de los Tribunales en materia Civil y Administrativa.

Dentro de las observaciones de la ASF, se encuentran las siguientes:

El 19 de junio de 2013, la entonces titular de la Sedesol, la ciudadana Rosario Robles Berlanga formalizó con la Universidad Autónoma del Estado de México, representada por el ciudadano Jorge Olvera García, rector en ese entonces de dicha universidad, y firmando como testigo del convenio en referencia el ciudadano Eruviel Ávila Villegas; el objeto del convenio fue: establecer los mecanismos y acciones en el ámbito de sus respectivas atribuciones para realizar proyectos, programas y demás trabajos:

-Derivado del convenio marco, se firmaron cuatro convenios específicos a saber:

1. Primer convenio específico de coordinación DGADP/DASNOP/SAC/001/2014, de fecha 28 de febrero de 2014, cuyo objeto fue: que la UAEM preste a Sedesol el servicio para la comprobación de supervivencia de los beneficiarios del programa pensión para adultos mayores, que reciben sus apoyos económicos directos mediante transferencia electrónica, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación del programa, por un monto máximo de $53,585,865.00 y un monto mínimo $21, 434,346.00.

2. Segundo convenio de coordinación DGAGP/DASNOP/SAC/002/2014, de fecha 31 de marzo de 2014, cuyo objeto fue: que la UAEM preste a Sedesol el servicio integral, consistente en la implementación y puesta en marcha de las ventanillas de atención por demanda para incorporar a 484,142 beneficiarios al programa de pensión para adultos mayores, por un monto máximo de $145,242,600.00 y un monto mínimo de $58,097,040.00.

3. Tercer convenio específico de coordinación DGAGP/DASNOP/SAC/003/2014, de fecha 30 de abril de 2014, cuyo objeto fue: que la UAEM preste a Sedesol el servicio integral, consistente en el mantenimiento al padrón de beneficiarios del programa pensión para adultos mayores y la digitalización de documentos, por un monto máximo de $130,000,000.00 y un monto mínimo $52,000,000.00.

4. Cuarto convenio específico de coordinación DGAGP/001/2015, de fecha 7 de enero de 2015, cuyo objeto fue: que la UAEM preste a Sedesol servicio integral de atención a los beneficiarios del programa pensión para adultos mayores realizando los procedimientos siguientes: Incorporación al esquema de inclusión financiera; Comprobación de supervivencia; Mantenimiento al padrón de beneficiarios; Distribución de mesas de atención; y Capacitación de la red social, por un monto máximo de $700,000,000.00 y un monto mínimo $280,000,000.00.

Dentro de las principales observaciones se desprenden las siguientes:

a) Por Oficio SI/LXIV/144/2019, dirigido al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, se le requirió informara sobre contrataciones existentes.

b) La UAEM subcontrató a 11 empresas y a una persona física, para llevar acabo el 100 por ciento de los servicios (es decir ellos no lo hicieron), además de 3,943 personas por un monto total de $473,762,000.00 (Auditoria Forense 13-4-99015-12-0246, DS 031, Auditoria Forense 13-0-20100-12-0270, DS-080)

c) De 50 mil despensas y artículos diversos que deberían haberse entregado por personas morales subcontratadas, no existe constancia de entrega todas las despensas. Los datos proporcionados por Sedesol no coinciden con los elementos recabados por la ASF. Auditoria Forense por $147,715,537.96 (Auditoria Forense 13-4-99015-12-0246, DS 031, Auditoria Forense 13-0-20100-12-0269, DS-079)

d) La UAEM no contaba con las certificaciones requeridas y subcontrato el 100 por ciento de los servicios con dos empresas responsables del resguardo de la información de los padrones, son embargo por, actos y omisiones de servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron. y validaron la ejecución de los trabajos convenidos, propiciaron un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones. Estos servicios por sus características especiales pudieron ser contratados sin intermediación. (Auditoria Forense 13-0-20100-12-0269, DS-079)

e) El 2 de enero de 2013. En los subsidios a la producción, de jornaleros agrícolas, que se refiere a la estrategia de coordinación e instituciones, para una atención integral mediante la construcción de una red de vulnerabilidad dentro de la población jornalera agrícola. La UAEM no utilizó todas las ventanillas instaladas generando un pago de $13,152,100.00 por servicios no utilizados y subutilizados, no obstante, se autorizó una ampliación por $10,000,000.00.

f) El 31 de diciembre de 2013, la Sedesol liberó recursos por $2.737.300.00 pagados al proveedor de Inteligencia y Tecnología Informática, SA de CV, por servicios que corresponden al ejercicio 2012 y se justificaron en convenio de 2013 (ejercicio distinto). (Auditoria Forense 13-0-20100-12-0269, DS-079, Auditoría Forense 13-4-99015-12-0246, DS 031)

g) Convenio de colaboración número CE-45799-2014 del 20 de febrero de 2014. para realizar estudio socioeconómico de 200,00 familias de cruzada nacional contra el hambre. municipios de entidades federativas de zonas prioritarias. $31,376,00.00, el Fondict e Integradora Soft, SA de CV, no contaban con la con la capacidad técnica, material, ni humana para la prestación total de los servicios. (Auditoría Forense 14-4-99015-12-0208, DS-034).

h) Convenio específico de coordinación 3 de octubre de 2014, Programa para el desarrollo de zonas prioritarias. Fondict e Integradora Soft, SA de CV, no contaban con la capacidad técnica, material, ni humana para la prestación total de los servicios. $49,000,000.00 monto subcontratado. (Auditoría Forense 14-4-99015-12-0208, DS-034).

i) Convenio general de colaboración suscrito por la titular de la Sedesol, 19 de junio de 2013, con una vigencia al 30 de noviembre de 2018. Celebrados con Inteligencia y Tecnología Informática, SA de CV. A fin de comprobar la supervivencia, esquema de inclusión financiera y mantenimiento al padrón de beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. No se abrieron todos los módulos, no se incorporaron a los beneficiarios acordados y pagaron por servicio de ventanillas que no se abrieron. Pagos injustificados por $16,066,500.00, $68,033,700.00, $8,535,700.00. (Auditoría Forense 14-0-20100-12-0229, DS-064).

De esto se desprenden responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales, de diversos funcionarios de la Uamex que deben ser sancionados.

Sedesol, Sedatu con la Uaemex, en resumen incurrieron en estas faltas:

a) Subcontrataron servicios que por sus Características Especiales pudieron ser contratados sin intermediación.

b) La Uaemex, al ser una institución educativa, y varias de las empresas subcontratadas no contaban con la capacidad técnica, material, ni humana para la prestación total de los servicios.

c) Se pagó por servicios que en muchas ocasiones se realizaron parcialmente o no se realizaron.

d) Todas estas observaciones se hicieron en el ejercicio incorrecto de casi mil millones de pesos del presupuesto público.

Como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación tengo pleno interés que dichos procedimientos sean resueltos conforme a derecho y se imputen las responsabilidades respectivas.

Por ello se exhorta al fiscal general de la República y a los tribunales en materia civil y administrativa a darle celeridad y prontitud a los procesos resarcitorios y denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, de las observaciones a diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos en la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), en la llamada estafa maestra, a fin de hacer justicia y castigar a los corruptos en la 4t.

¡Al margen de la ley nadie, por encima de la ley ninguno!

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

De Urgente u Obvia Resolución;

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general de la República y a los tribunales en materia civil y administrativa a darle celeridad y prontitud a los procesos resarcitorios y denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, de las observaciones a diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos en la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), en la llamada estafa maestra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar un programa de apoyo temporal de productores y comerciantes de productos del campo, bienes y servicios que trabajan de manera semifija en plazas, tianguis y mercados sobre ruedas para que tengan recursos económicos durante la emergencia sanitaria, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo García Escalante, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Por motivo de la pandemia, las condiciones de los productores y comerciantes de productos de primera necesidad, han sido realmente complicadas, en razón de las dificultades que han tenido para distribuir y comercializar sus productos, ya que muchos municipios decidieron cerrar sus entradas a personas ajenas a su comunidad como medida de prevención ente los alarmantes contagios de Covid, restringiendo el movimiento de bienes y personas.

Como todos sabemos, los productores y comerciantes logran comercializar sus productos de mejor manera en días de plaza, tianguis, mercados sobre ruedas, de diversas colonias en varios municipios de su región, pero con las medidas de prevención donde han prohibido la instalación de dichos tianguis, se han visto seriamente afectados.

Sin bien, se ha decretado que los productos del campo son prioritarios para garantizar la seguridad alimentaria, los productores y comerciantes se han enfrentado a varios retos relacionados con la transportación de sus productos, al no poder transitar libremente en zonas en las que se han restringido su acceso, por consecuencia, existe falta de demanda de sus productos y esto último, provoca incertidumbre en los precios y falta de liquidez para subsistir.

Este círculo de situaciones, va en perjuicio de productores, comerciantes y consumidores, por lo que es urgente buscar estrategias de solución, en principio, para rescatar a los que necesitan comercializar productos en medio de la contingencia sanitaria, que los mantiene a punto de la quiebra, por lo que, se amerita que el gobierno federal implemente un programa temporal de apoyo económico para este importante sector. Dicho programa, deberá mantenerse hasta en tanto no se levante la emergencia por parte de la autoridad competente.

Compañeros diputados, lo hemos repetido cientos veces, es el momento de darles la mano a los mexicanos que más lo necesitan y que no tiene más opciones para allegarse un poco de ingreso económico para subsistir junto con sus familias, el Covid los tiene contra la pared, porque no pueden distribuir los alimentos, bienes y servicios que requerimos en nuestros hogares.

Estamos conscientes que los comerciantes tuvieron que dejar de instalarse en los mercados o tianguis para evitar aglomeraciones y por lo tanto contagios de del virus SARS-CoV-2, algunos, previo acuerdo con autoridades, otros, porque no pueden accesar a ciertas zonas o municipios; sin embargo, esta situación se ha complicado a lo largo de más de 7 siete meses, por lo que dichos comerciantes, ya no resisten seguir en estas condiciones, ya que si salen a vender, se mueren por Covid, pero si se quedan en casa, se mueren de hambre, de ahí la necesidad de un plan de apoyo temporal.

Por ello, les solicito encarecidamente que se apruebe el presente punto de acuerdo, no los dejemos abandonados en este momento tan complejo, hagamos lo que nos corresponde exhortando al gobierno federal, el diseño de un programa para apoyarlos económicamente en lo que dura la pandemia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a que se implemente un programa de apoyo temporal hasta en tanto dura la emergencia sanitaria, para productores y comerciantes de productos del campo, bienes y servicios, que trabajan de manera semifija en plazas, tianguis, y mercados sobre ruedas, a afecto de que tengan recursos económicos, en razón de que no logran comercializar sus productos en los municipios de su zona que han determinado cerrar el tránsito de personas o donde no se permite su instalación, como medidas de prevención del Covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre del 2020.

Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a emprender medidas de apoyo y salvaguardar a los damnificados por la depresión tropical Eta, la cual afectó entidades como QR, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, al situarse entre los océanos Pacífico y Atlántico, es susceptible a presentar fenómenos naturales tales como depresiones tropicales, ciclones y huracanes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la temporada de ciclones tropicales 2020, que inició el pasado 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre, ha pronosticado 11 tormentas tropicales, un huracán categoría 1 o 2, y 3 huracanes intensos categoría 3, 4 o 5 provenientes del Océano Pacífico, igualmente, 16 tormentas tropicales, 7 huracanes categoría 1 o 2, y también 5 huracanes intensos categoría 3, 4 o 5 del Océano Atlántico.1

A decir de este organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo, en este año existen condiciones oceánicas y atmosféricas para consolidarse como una de las más activas desde que se tiene registro, lo que significa un mayor número de ciclones tropicales en un año promedio.2

En los últimos días la tormenta tropical “Eta” generó lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves en entidades federativas como Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, situación que se agravó por la presencia de una masa de aire frío en Chiapas y Tabasco.3

En Chiapas, hasta el momento, se tiene registro de por lo menos 32 municipios seriamente perjudicados y un centenar de afectados. Lamentablemente se ha identificado a 22 personas que perdieron la vida y cinco más permanecen en calidad de desaparecidos.

El área de protección civil estatal informó que diez de estos fallecimientos se dieron en el municipio de Chamula, cuatro en la Grandeza y otros cuatro en la demarcación denominada El Bosque, asimismo uno en Mitontic y uno más en Oxchuc.4

Debido a las fuertes lluvias se desbordaron diez ríos y los deslizamientos de tierra incomunicaron a 12 comunidades, quienes hoy tienen dificultades para el traslado de víveres de primera necesidad y materiales para iniciar los trabajos de reconstrucción, por si esto fuera poco, 2 mil 845 viviendas presentan daños parciales o estructurales, principalmente en regiones de la sierra, la selva y la costa.

Aunque se han habilitado 13 refugios temporales en municipios con alta población indígena no son suficientes, ya que la demanda se incrementa cada día, por lo que se debe ampliar a los ubicados en Juárez, Ocosingo, Ixhuatán, Ixtapangajoya y San Cristóbal de las Casas, particularmente en las zonas de Tumbalá, Pantepec, Solosuchiapa, Larráinzar y Santiago El Pinar, con el objeto de asegurar su disposición para quien lo requiera.

Tabasco es otra circunscripción que necesita atención por parte de las autoridades federales, en ella cinco personas han muerto y múltiples unidades habitaciones, colonias de interés social y calles de la capital aún se encuentran inundadas afectando a más de 7 mil 278 personas que aún se encuentran en riesgo.5

La presencia de funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, no han dado los resultados esperados, debido a la presencia de inundaciones, el riesgo de desbordamientos y nulos esfuerzos por recuperar los servicios públicos y la ayuda humanitaria.

Ante estos momentos de incertidumbre y daños, es imperativo la ejecución coordinada de acciones integrales que tengan como finalidad salvaguardar la vida e integridad de los mexicanos y la recuperación de su patrimonio, no obstante, en el desarrollo de estas estrategias, se debe observar los protocolos de actuación para prevenir el incremento de casos de contagio del virus SARS-CoV-2, ya que tanto Chiapas como Tabasco tienen índices altos de infectados y mortandad.

El gobierno federal debe hacer un mayor esfuerzo por garantizar los recursos económicos suficientes para hacer posible el restablecimiento de las comunicaciones, iniciar lo más pronto posible las labores de reparación y asegurar la seguridad de la población, pero también restituir las telecomunicaciones y la red de hospitales ante la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa del coronavirus, Covid-19.

La temporada de ciclones 2020 aún no termina, por tanto, es oportuno que se amplíen las estrategias de información ya que estos agentes destructivos se hacen acompañar de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento que pueden poner en peligro la vida, por tal motivo, es necesario que se informe sobre lo que se debe hacer en caso de encontrarse en tal situación.

Ejemplo de lo anterior es que el pasado 8 de noviembre la Conagua emitió un Aviso de Ciclón Tropical en el Océano Atlántico, con el que dio aviso de una zona de baja presión, con potencial a convertirse en ciclón durante los próximos días.6

Los cuidados deben continuar, sin embargo, ante los estragos generados por la tormenta tropical “Eta”, es fundamental la ayuda humanitaria, la entrega transparente de víveres y apoyos a todas las familias que se van visto afectadas, con el propósito de recuperar la tranquilidad y salvaguardar la vida de las personas y sus bienes.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que emprenda diversas medidas de apoyo y salvaguarda a las familias que resultaron damnificadas a consecuencia de la depresión tropical “Eta”, la cual provocó daños en entidades federativas como Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, principalmente, asimismo, lleve a cabo las acciones necesarias para atender los perjuicios causados a la infraestructura carretera, de telecomunicaciones y salud pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a la brevedad, establezca un programa integral de asistencia a las familias que perdieron su patrimonio o a un ser querido a consecuencia de los estragos generados por la depresión tropical Eta, así como medidas para atender los perjuicios a la infraestructura carretera, de salud pública y de telecomunicaciones.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que emprenda diversas acciones de apoyo y auxilio a las personas damnificadas en el estado de Chiapas y Tabasco, además, fortalezca los trabajos de búsqueda, para localizar a las personas que se encuentran en calidad de desparecidas.

Notas

1 Servicio Meteorológico Nacional. (2020). Pronóstico de Ciclones Tropicales 2020. 08/11/2020, de Gobierno de México Sitio web: https://smn.conagua.gob.mx/es/ciclones-tropicales/pronostico-ciclones-t ropicales-2020

2 Servicio Meteorológico Nacional. (2020). Pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2020. 08/11/2020, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/smn/es/articulos/pronostico-para-la-temporada-de-cic lones-tropicales-2020?idiom=es

3 https://www.gob.mx/smn/prensa/hoy-la-circulacion-de-la-depresion-tropical-eta-
provocara-lluvias-torrenciales-en-chiapas-quintana-roo-y-tabasco-256565?idiom=es

4 https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-22-decesos-por-depresion-t ropical-eta

5 Agencia EFE. (2020). Van 27 muertos por lluvias en Chiapas y Tabasco ante “ETA”. 08/11/2020, de Milenio Sitio web: https://www.milenio.com/politica/eta-lluvias-tabasco-chiapas-dejan-25-p ersonas-muertas

6 Comisión Nacional del Agua. (2020). Aviso de Ciclón Tropical en el Océano Atlántico. 08/11/2020, de CONAGUA Sitio web:
https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Formularios/Aviso%20de%20Cicl%C3%B3n%20Tropical%20en%20el%20Oc
%C3%A9ano%20Atl%C3%A1ntico/Aviso%20de%20Cicl%C3%B3n%20Tropical%20en%20el%20Oc%C3%A9ano%20Atl%C3%A1ntico_2463.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a reinstalar a la ex directora María Canchola Sánchez, despedida injustificadamente por padecer cáncer de mama, en agravio de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de octubre de cada año, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama; considerándose la primera causa de muerte en mujeres en nuestro país, ya que cada día fallecen entre 10 a 12 mujeres por esta enfermedad. Aunque la mayor incidencia se da a los 58 años, es cada vez más frecuente encontrar pacientes de 35 a 45 años.1

Las mujeres mexicanas, por el simple hecho de serlo, ya se encuentran en un estado de vulnerabilidad por la gran desigualdad, inseguridad y machismo que abunda en nuestro país.

Un reciente caso sucedió en el municipio de Cuautitlán Izcalli por el despido injustificado de la directora general de Desarrollo Humano, María Canchola Sánchez, por instrucción del presidente municipal Ricardo Ayala Núñez, al tener conocimiento que la ex directora padece de cáncer de mama, considerándose un acto sumamente discriminatorio por sus condiciones de salud e incluso violencia de género, dejándola en un estado de doble indefensión, al ser mujer y padecer de esta horrible enfermedad.2

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2o establece que:

“Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”.3

La ley laboral establece que un trabajo digno es aquel donde se respeta la dignidad humana sin discriminación de tipo alguno, todo trabajo que no siga estos principios no será considerado un trabajo digno y legítimo.

Ante las condiciones del despido de la exdirectora, María Canchola Sánchez, es considerado injustificado violentando sus derechos humanos y los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)

(...)

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.4

En ningún momento estaré a favor de la violencia de género, mucho menos por el despido injustificado de alguien que padece una enfermedad que puede destrozar la vida de cualquier mujer. En estos tiempos más que nunca debemos de proteger y salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos, y más de aquellos que viven en un estado de vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita respetuosamente al gobierno federal, a que inste a los tres niveles de gobierno a respetar los derechos humanos, principalmente los laborales y los de no discriminación por condiciones de salud.

Segundo. Por el que se solicita respetuosamente al municipio de Cuautitilán Izcalli, a reinstalar a la ex directora María Canchola Sánchez por ser despidida injustificadamente por padecer cáncer de mama, acto con el que se violentan sus derechos humanos.

Notas

1 Gaceta UNAM, Fallecen 12 mujeres al día por cáncer de mama en México, 17/09/2010. https://www.gaceta.unam.mx/fallecen-12-mujeres-al-dia-por-cancer-de-mam a-en-mexico/

2 El Universal, Denuncian que directora de dependencia fue despedida por cáncer de mama en Cuautitlán Izcalli, 20/10/2020. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-que-directora-de-dep endencia-fue-despedida-por-cancer-de-mama-en-cuautitlan

3 Ley Federal del Trabajo, 2019.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt y el Inmujeres a impulsar políticas públicas transversales que contribuyan a la inclusión de niñas y mujeres en carreras tecnológicas y les permitan tener un mejor futuro, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Nacional de las Mujeres para que impulsen políticas públicas transversales que contribuyan a la inclusión de niñas y mujeres en carreras tecnológicas y les permita tener un mejor futuro, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio “Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 2016”, los acelerados cambios tecnológicos que han venido ocurriendo tienen y tendrán un profundo impacto en economías y sociedades, especialmente en los próximos 15 años, por lo cual es imperativo que haya un equilibrado conjunto de políticas y soluciones a futuro que busquen asegurar que dichos cambios sean para bien de la comunidad.1

El mismo estudio hace referencia a las megatendencias, que podemos entenderlas como poderosas fuerzas que surgen de profundas tendencias socioeconómicas, ambientales, tecnológicas y políticas que ya hoy influyen en el desarrollo de economías y sociedades, moldeando nuestro futuro, frecuentemente de maneras inesperadas. Estas megatendencias multidimensionales, que se refuerzan mutuamente y en ocasiones se oponen, afectarán la dirección y el ritmo del cambio tecnológico y los descubrimientos científicos, e influirán en las futuras actividades y políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Dado lo anterior, es dable que se creen nuevas necesidades de talento e impulsen un crecimiento y oportunidades de trabajo que han sido poco explotadas, pero beneficiarán al planeta, por ejemplo, la necesidad de expertos que asuman a la economía circular dentro de las formas de producción y consumo.

Por lo anterior, los futuros desarrollos de la CTI podrán modificar la dinámica de las megatendencias para enfatizar o reducir su impacto, lo importante es que generen soluciones a los retos que el mundo enfrenta. De esa manera se pueden mejorar sectores como comunicaciones y transportes, producción industrial con bajo impacto ambiental, energías limpias, salud, entre otros que son fundamentales para la sociedad actual.

Por otra parte, la OCDE ha señalado que “las tecnologías emergentes conllevan diversos riesgos e incertidumbre, y muchas representan también importantes implicaciones éticas. La evolución de la CTI puede exacerbar la desigualdad si no se cuenta con una difusión más amplia de la innovación y el desarrollo de habilidades para su adopción. Los avances en inteligencia artificial y robótica generan preocupación acerca del futuro del trabajo; el internet de las cosas y el análisis de datos masivos, acerca de la privacidad; la impresión en 3D, acerca de la piratería y la propiedad intelectual; la biología sintética, acerca de la bioseguridad; y las neurociencias, acerca de la dignidad humana”.2

A pesar de lo anterior, la expectativa es que las tecnologías emergentes dependerán de otras que funjan como habilitadoras para su desarrollo y aprovechamiento, teniendo un alto impacto. Esas tecnologías combinadas servirán para la capacitación en nuevas y mejores habilidades fortaleciendo el mundo del trabajo.

En contraste, una mayor educación se traduce en una menor tasa de informalidad, de acuerdo con estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien no cuenta con estudios tiene un riesgo de trabajar en la informalidad del 88 por ciento, quien tiene estudios de primaria 78 por ciento y quien tiene secundaria 68 por ciento. A partir del Bachillerato la tasa de informalidad disminuye considerablemente ubicándose en 47 por ciento y es a partir de quien tiene estudios técnicos, de licenciatura y posgrado en donde la tasa de informalidad se reduce considerablemente con un 39 por ciento, 23 por ciento y 13 por ciento respectivamente, por ello es importante incrementar el promedio de años cursados entre las y los mexicanos.3

De acuerdo con la misma fuente, el hecho de contar con un mayor nivel educativo está directamente asociado con un mayor ingreso económico, considerando que el salario promedio nacional es de 6 mil 687 pesos, prácticamente se duplica entre quienes tienen estudios de licenciatura con un salario promedio mensual de $11,467 pesos. Sucesivamente entre la población con estudios de posgrado los ingresos se triplican ascendiendo a un salario promedio mensual de 18 mil 909 pesos. La brecha salarial en México inicia por el nivel educativo ya quién no cuenta con estudios en promedio tiene un salario mensual de 4 mil 480 pesos.

El estudio del Imco Compara Carreras en su edición 2018 recogió datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concretamente de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se refleja que 8 de las 10 carreras mejor pagadas en México durante el 2018 muestran una significativa disparidad de genero entre hombres y mujeres.4 Así como en términos salariales, estas brechas representan una desigualdad que se traduce en falta de oportunidades para las mujeres y limitadas posibilidades de salir de la pobreza que quedan de manifiesto a continuación:

1. Licenciatura en Medicina con una matrícula de 374 mil 517 alumnos, el 55 por ciento son hombres y el 45 por ciento mujeres, sin embargo, salarialmente los hombres perciben en promedio 18 mil 653 mientras que las mujeres perciben 15 mil 405 pesos de salario promedio mensual.

2. Licenciatura en Electrónica y Automatización con una matrícula de 137 mil 404 alumnos, el 93 por ciento son hombres y el 7 por ciento mujeres, adicional a esta brecha de género, salarialmente los hombres perciben en promedio 15 mil 123 mientras que las mujeres perciben 14 mil 894 pesos de salario promedio mensual.

3. Licenciatura en Ciencias Ambientales con una matrícula de 24 mil 458 alumnos, el 57 por ciento son hombres y el 43 por ciento mujeres, sin embargo, salarialmente la brecha es importante ya que los hombres perciben en promedio 16 mil 140 mientras que las mujeres perciben 10 mil 556 pesos de salario promedio mensual.

4. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad con una matrícula de 239 mil 753 alumnos, el 45 por ciento son hombres y el 55 por ciento mujeres, sin embargo, salarialmente persiste una desigualdad de género ya que los hombres perciben en promedio 15 mil 254 mientras que las mujeres perciben 12 mil 159 pesos de salario promedio mensual.

5. Licenciatura en Matemáticas con una matrícula de 43 mil 288 alumnos, 69 por ciento son hombres y el 31 por ciento mujeres en donde los hombres perciben en promedio 13 mil 334 mientras que las mujeres perciben 12 mil 923 pesos de salario promedio mensual.

6. Licenciatura en Construcción e Ingeniaría Civil con una matrícula de 269,896 alumnos, el 91 por ciento son hombres mientras que el 9 por ciento son mujeres en donde los hombres perciben en promedio 13 mil 51 mientras que las mujeres perciben 11 mil 148 pesos de salario promedio mensual.

7. Ingeniería Mecánica y Metalurgia con una matrícula de 353 mil 115 alumnos, el 89 por ciento son hombres y el 11 por ciento mujeres en donde los hombres perciben en promedio 12 mil 863 pesos, similares a lo que perciben las mujeres 12 mil 584 pesos de salario promedio mensual.

8. Ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica y Tecnología, programas multidisciplinarios o generales con una matrícula de 393 mil 515 alumnos, el 74 por ciento son hombres y el 26 por ciento son mujeres en donde los hombres perciben en promedio 13 mil 152 pesos mientras que las mujeres perciben 10 mil 421 pesos de salario promedio mensual.

Si bien es una realidad la disparidad salarial que hay en un mismo sector entre hombres y mujeres, y desde esta Cámara se ha legislado para cerrar esa brecha, existe mayor proximidad de salario entre géneros en el caso de las ingenierías. Probablemente, porque es más objetiva la evaluación que se puede hacer del trabajo resultante en esas carreras.

Por lo mismo, una realidad aún más preocupante es la de la falta de preparación de las mujeres en carreras relacionadas a la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), claramente ligadas a la empleabilidad presente, imprescindibles en el corto plazo y donde existen los salarios más competitivos.

La paridad en las carreras STEM es necesaria en un país manufacturero donde en profesiones como ingenierías de vehículos motorizados solo tienen 8.9 por ciento de participación femenina.5

Trasladando este escenario a un marco general podemos ver que 13 carreras profesionales son STEM de un universo de 51. En la matrícula 20 por ciento de los estudiantes universitarios pertenecen a este campo. En el mismo sentido, 56.8 por ciento de estudiantes a nivel licenciatura son mujeres, sin embargo, en las carreras STEM sólo son el 29.6 por ciento. En síntesis, únicamente 6 por ciento de universitarias en México son mujeres en carreras STEM.6

La rapidez del desarrollo tecnológico y el progreso científico indica que nos encontramos en el comienzo de la Cuarta Revolución Industrial, la cual está centrada en la automatización de la manufactura y la inteligencia artificial. Esta nueva era se caracteriza por el auge de la innovación, así como la aparición de nuevas tecnologías de la información y avances biotecnológicos. En este panorama se vislumbra la creciente demanda de profesionistas especializados en ciencia y tecnología.

Las disciplinas STEM brindan capacidad para resolver problemas proyectados al futuro, como el calentamiento global, la cura de nuevas enfermedades y la creación de infraestructura innovadora. Por estas razones, frecuentemente se llama a las disciplinas STEM las “carreras del futuro”.

Adicionalmente, la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia.7

La brecha de género en los sectores STEM persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se encuentran insuficientemente representadas en estos campos.

En la actualidad, menos del 30 por ciento de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO (entre 2014 y 2016), solo alrededor del 30 por ciento de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo STEM.8

Ante esta situación, desde 2015 los líderes mundiales acordaron cumplir para 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. Los países de todo el mundo se comprometieron a “desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, construir una infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”.9

El Informe Global sobre la Brecha de Género 2017 y 2018 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) muestra que una mayor igualdad de género se correlaciona positivamente con un incremento en el Producto Nacional Bruto per cápita y establece que la paridad de género es fundamental para determinar cómo las economías y las sociedades prosperan. En este sentido, y de acuerdo con la OCDE, en México solo el 8 por ciento de las mujeres elige carreras STEM comparado con el 27 por ciento de los hombres que las elige. Así mismo, datos de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que, en la población de entre 25 y 40 años, solo 36 por ciento de los trabajadores de las 20 ocupaciones mejor remuneradas son mujeres, mientras que en las 10 con menor salario representan el 64 por ciento.10

Por lo anterior, es fundamental que el Estado mexicano impulse desde diversas entidades que niñas y mujeres se involucren desde la educación básica hasta el mercado laboral en el sector STEM con la finalidad de ampliar el círculo virtuoso entre los esfuerzos del sector privado, los organismos internacionales como la OCDE, el WEF y el BID, entre otros, la sociedad civil y el propio gobierno, a partir de la implementación de la reforma educativa del año pasado.

Con esa finalidad, se propone que dos instituciones clave en ciencia, tecnología e innovación, y en igualdad de género, como son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de las Mujeres, respectivamente, introduzcan en sus agendas el impulso a la inclusión de niñas y mujeres en las carreras STEM para con ello cerrar la brecha salarial y generar igualdad de oportunidades laborales con mejor futuro entre los géneros.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Nacional de las Mujeres para que impulsen políticas públicas transversales que contribuyan a la difusión de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas desde la educación básica para mujeres y niñas, fomentando su ingreso a carreras técnicas y profesionales de ese sector y así favorecer una mejor empleabilidad que permita lograr la paridad salarial entre géneros.

Notas

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 2016, actualizado al 19 de septiembre de 2018, recuperado de:
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/perspectivas-de-la-ocde-en-ciencia-tecnologia-
e-innovacion-2016-extractos_9789264303546-es;jsessionid=nuMPTYm4bqbVpGOUO5hodb0n.ip-10-240-5-186

2 Ibídem.

3 Instituto Mexicano para la Competitividad, Presentación Compara Carreras 2019, Edición 2019, recuperado de: https://imco.org.mx/comparacarreras/

4 Instituto Mexicano para la Competitividad, Compara Carreras 2018, Edición 2018, recuperado de: https://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/510

5 Forbes México, “Mujeres en STEM: adelantarse al futuro de la Alta Dirección”, publicado el 13 de marzo de 2020, recuperado de: https://www.forbes.com.mx/mujeres-stem-futuro-alta-direccion/
#:~:text=Datos%20recopilados%20por%20el%20Centro,hombres%20que%20estudia%20estas%20%C3%A1reas.

6 Ibidem.

7 Organización de las Naciones Unidas, “Más diversidad, mejor ciencia”, publicado en 2019, recuperado de:
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day#:~:text=En%20la%20actualidad%2
C%20menos%20del,ingenier%C3%ADa%20y%20matem%C3%A1ticas%20(STEM)

8 Ibidem.

9 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 9, publicado desde 2015, recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/

10 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., La perspectiva de género en el sector de ciencia, tecnología e innovación, publicado en noviembre de 2019, recuperado de:
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/perspectiva_genero_sector_CTI_2019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a considerar la posibilidad de implantar una aplicación digital que permita acercar a la ciudadanía información sobre la realización de obras viales en carreteras federales para evitar accidentes y pérdidas humanas y materiales, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal por el distrito X del estado de Puebla, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“El sistema vial surge para satisfacer la necesidad de comunicar ciudades y regiones o dentro del propio centro urbano. Todo usuario debe tener conocimiento del funcionamiento de dicha red para poderse desplazar sin contratiempos con rapidez y seguridad de un origen a un destino”.

De acuerdo al Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad1 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, “ dentro de los elementos que componen el sistema vial es importante resaltar el aspecto relativo a la señalización y a los dispositivos de seguridad, ya que su participación es primordial para el usuario de las vialidades, es por ello que el conjunto de señales verticales, señales horizontales y dispositivos de seguridad complementados entre sí, tienen el objetivo de transmitir al usuario de carreteras y vialidades urbanas la información suficiente para orientarlo sobre el sitio en que se encuentra y la forma de alcanzar su destino, prevenir sobre condiciones prevalecientes en la vialidad y regular el tránsito, además de coadyuvar a su seguridad vial durante su trayecto.

La correcta aplicación, instalación, conservación y preservación del sistema de señalización es responsabilidad de la autoridad de la carretera o vialidad urbana. La autoridad correspondiente, en beneficio de los usuarios, determinará las condiciones más apropiadas para dar asesoría a los conductores sobre las condiciones de la vialidad, las regulaciones del tránsito y de los servicios.”

En el mismo Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad en el apartado I.4.4. que se refiere al Señalamiento y dispositivos para condiciones temporales menciona que:

La señalización y dispositivos para condiciones temporales son apropiados para informar a los usuarios sobre actividades que se presentan en la vía no programadas, como son accidentes automovilísticos, eventualidades propiciadas por fenómenos naturales, los cierres ocasionados por concentraciones masivas de peatones sobre la vía. Su objetivo es encauzar el paso del tránsito por dichas áreas en situaciones que ameritan una atención especial del conductor y programadas como desfiles, circuitos para competencias deportivas, instalaciones de mercados sobre ruedas o tianguis, entre otros.

Tambien se hace mención en el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad en el apartado I.4.5. que corresponde a Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales que :

El señalamiento horizontal, vertical y los dispositivos de seguridad en zonas de obras viales, se colocan provisionalmente para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las vialidades, así como del personal que trabaja en las obras de construcción o conservación.

Las obras y dispositivos diversos son obras que se construyen o dispositivos que se colocan dentro de la vialidad o en sus inmediaciones para encauzar, alertar y proteger al tránsito vehicular y peatonal.

Por su función, las obras y dispositivos diversos se clasifican de la siguiente manera:

• Cercas OD-3 Barreras de protección

• OD-4 Indicadores de obstáculos

• OD-5 Indicadores de alineamiento

• OD-6 Botones

• OD-7 Reglas y guía para vados

• OD-8 Vibradores OD-9 Guardaganados

• OD-10 Indicador de curva cerrada

• OD-11 Dispositivo antideslumbrante

• OD-12 Reductor de velocidad OD-15 pag2 485

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, “las personas responsables de la ejecución de obras en las vías federales, están obligadas a instalar dispositivos para el control del tránsito, sujetándose a lo establecido por las disposiciones aplicables en materia de infraestructura del transporte.

Los dispositivos a que se contrae el presente artículo, consisten desde un simple abanderamiento con señales manuales, hasta con la señalización de dispositivos como barreras, conos, tambos, lámparas intermitentes, linternas y señales horizontales y verticales, las que deberán operar en el día y en la noche.

Las señales manuales con bandera roja indican a los conductores:

I. Alto , cuando la bandera sea sostenida en posición fija con el brazo horizontal, y

II. Siga con precaución, cuando la bandera sea sostenida en posición fija con el brazo extendido hacia abajo, mientras el otro brazo es movido en el sentido del tránsito en la vía federal. Los conductores que no obedezcan los dispositivos y señales antes referidos, serán sancionados con multa de 20 a 30 veces la cuota diaria que establece este Reglamento3 ”.

Las señalizaciones en carreteras son fundamentales para evitar accidentes, máximo cuando hay obras viales. Desafortunadamente en el país hay un alto índice de accidentes en carreteras por diversas causas.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 20184 para este año se registraron 12 mil 237 siniestros que dejaron un saldo de 2,994 personas fallecidas en el lugar de la colisión y 8 mil 761 lesionados; los daños materiales ascienden a mil 173.56 millones de pesos. Además, e tiene registro de 15 mil 848 circunstancias contribuyentes a 11 mil 613 percances, respecto al factor humano, se registraron 10 mil 951 causas, prevaleciendo la imprudencia o intención en 2,616 eventos; el camino como segundo lugar, con 2 mil 335, seguido por los agentes naturales y el vehículo con mil 405 y mil 157 causas, respectivamente.

Los problemas del propio camino se colocan como la segunda causa de los incidentes, sumando 2 mil 335 casos y registrando inconvenientes como asfalto mojado, resbaloso, con objetos e irrupción de ganado.

El mismo Anuario señala que en los saldos absolutos destacan Veracruz (mil 222), Guanajuato (671) y Nuevo León (621), que agrupan 2 mil 514 colisiones que dejaron un saldo de 527 fallecidos y mil 829 lesionados. Un indicador que refleja la severidad de las colisiones es la relación entre el número víctimas (muertos y lesionados) y el número de percances con víctimas; en este rubro sobresalen, Nayarit, Estado de México y Michoacán.

Según la Información estadística de prevención de accidentes en carreteras federales de la Guardia Nacional5 , al primer trimestre de 2020, ha habido 2 mil 723 accidentes carreteros, ocupando los primeros lugares los estados de Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Baja California con más de 120 accidentes cada uno.

Los accidentes en carreteras federales son hechos que se presentan de forma súbita e inesperadamente, determinados por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas humanas y lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas y daños materiales.

Cuando se origina por falta o mala señalazación en caminos es doblemente grave pues el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es muy claro al establecer que “las personas responsables de la ejecución de obras en las vías federales, están obligadas a instalar dispositivos para el control del tránsito, sujetándose a lo establecido por las disposiciones aplicables en materia de infraestructura del transporte.”

Las señalizaciones en carreteras son fundamentales para evitar accidentes máximo cuando hay obras viales. Desafortunadamente en el país hay un alto índice de accidentes en carreteras por diversas causas.

Ante el elevado número de pérdidas humanas y lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas y daños materiales a consecuencia de accidentes en carreteras federales, se presenta la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere la posibilidad de implementar una aplicación digital que permita acercar a la ciudadanía la información sobre la realización de obras viales en carreteras federales, a fin de evitar accidentes, así como difundir la información en redes sociales para hacerla más accesible a la población.

El objetivo del uso de una aplicación consiste en aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de la información y de comunicaciones en el funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de agilizar la información a disposición de la ciudadanía sobre carreteras federales.

La interacción entre las tecnologías móviles y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la creación de aplicaciones móviles, son fundamentales para prestar servicios a la población.

El gobierno federal ha aprovechado las herramientas tecnológicas pues hasta abril de 2019 cuenta con más de 40 aplicaciones y la mayoría de sus dependencias hace uso de redes sociales como twitter para hacer pública la información.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que considere la posibilidad de implementar una aplicación digital que permita acercar a la ciudadanía la información sobre la realización de obras viales en carreteras federales, a fin de evitar accidentes y pérdidas humanas y materiales, así como difundir la información en redes sociales para hacerla más accesible a la población.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/
manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/
manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf

3 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/reglamentos/
Reglamento_de_Transito_en_Carreteras_y_Puentes_de_Jurisdiccion_Federal.pdf

4 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt77.pdf

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553783/
Transparencia_Proactiva_de_Accidentes_Carreteros__primer_trimestre_de_2020.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 días de noviembre de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a atender los casos de violación del artículo 115 constitucional y de coacción y amenazas en que ha incurrido el secretario de Gobierno de Veracruz contra diversos alcaldes de la entidad, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Norma Azucena Rodríguez Zamora, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Desde su toma de posesión en el año 2018, el secretario de Gobierno de Veracruz, Érick Patrocinio Cisneros Burgos, ha llevado una política de violaciones constantes a la autonomía municipal, pretendiendo alinear a los ayuntamientos y a los alcaldes a una postura de subordinación política en favor del Gobernador de Morena, Cuitláhuac García Jiménez.

2. A lo largo del periodo de gobierno estatal, diversas administraciones municipales han sido sujetas de medidas de ahorcamiento financiero mediante la retención de las participaciones y aportaciones federales y locales a que tienen derecho, así como de un franco hostigamiento político a cargo del funcionario señalado.

3. En fechas recientes, esta política se ha escalado a la realización de amenazas directas contra los ediles del PRD, solicitando por parte del funcionario estatal aludido que “brinden facilidades” para que el partido oficial “gane” en dichos municipios la elección de junio de 2021.

4. Tales conductas, además de constituir en sí mismas delitos electorales graves, son violatorias del artículo 115 Constitucional que determina al Municipio Libre como base de la organización de la República, carácter reconocido también por la Constitución local de Veracruz.

5. Pero, además, la conducta del alto funcionario estatal incurre en conductas tipificadas por el Código Penal federal y por el respectivo ordenamiento penal veracruzano, así como en responsabilidades de los servidores públicos previstas en las leyes de la materia de ambos órdenes de gobierno, tales como la violación de los principios de legalidad e imparcialidad y el uso arbitrario del cargo público que ostenta.

6. El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su Fracción I que es función de la Secretaría de Gobernación “facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.

7. Las fracciones III y VII del mismo artículo señalan a dicha dependencia como sus tareas el conducir “las relaciones del Poder Ejecutivo... con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios” y “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”, por lo que son de su competencia los casos de violación al artículo 115 Constitucional y las conductas denunciadas en esta Proposición con Punto de Acuerdo

Por lo expuesto y fundado, solicito antentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que en cumplimiento de sus obligaciones legales atienda los casos violación al artículo 115 Constitucional y de coacción y amenazas en que ha incurrido el secretario de Gobierno del estado de Veracruz en contra de alcaldes de diversos municipios de ese estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al ecocidio que supone la aprobación del cambio de uso de suelo en el área natural protegida El Batán por el ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Beatriz Robles Gutiérrez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El área natural protegida conocida como El Batán, Corregidora, Querétaro, se localiza en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico en la subprovincia Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, exhibiendo un sistema de topoformas de lomerío con llanuras.

En los alrededores de la presa El Batán es notable la presencia de cañones y algunas llanuras, con pendientes muy pronunciadas que van desde los mil 850 msnm hasta los 2 mil msnm. Hacia el poniente de las localidades Joaquín Herrera (La Cueva) y Purísima de la Cueva se encuentran dos de las principales elevaciones del municipio de Corregidora, el Cerro Buenavista, con una altura de 2 mil 230 msnm y el Cerro las Vacas con 2 mil 210 msnm.1

La zona se ubica en su totalidad en la región hidrológica número 12 (RH12) Lerma- Santiago, dentro de la cuenca del Río Laja, subcuenca del Río Apaseo y está comprendida por las microcuencas denominadas La Noria, Puerta de San Rafael, Joaquín Herrera, El Pueblito y San Juan del Llanito, existen dos corrientes, el Río El Pueblito que se ubica en la porción norte y noreste del área, y el río Bravo, ubicado hacia el noreste, este y sureste; los cuales son captados por la presa El Batán, el principal almacenamiento de agua del municipio de Corregidora.

En el área se presentan diversos tipos de vegetación, como bosque tropical caducifolio, matorral subinerme, matorral crasicaule y vegetación riparia.

El bosque tropical caducifolio se distingue por la presencia de árboles de baja estatura (4 a 12 m) con troncos ramificados desde su base y copas muy extensas, se desarrollan preferentemente sobre laderas con suelo somero, pedregoso y bien drenado, generalmente entre los 300 y 2 mil 200 m de altitud, algunas de las especies son: palo xixote (Bursera fagaroides ), colorín (Erythrina coralloides ), Palo blanco (Hesperalbizia occidentalis ), pochote (Ceiba aesculifolia ), palo de arco (Lisyloma microphylla ) entre otras.

El matorral subinerme se caracteriza por la presencia de especies de 3 a 4 metros de altura, siempre verdes con hojas pequeñas y se establecen en cañadas profundas y laderas poco inclinadas, las especies que se encuentran son uña de gato (Mimosa biuncifera ), nopales (Opuntia sp. ), palo bobo (Ipomoea murucoides ), sangregado (Jatropha dioica ) etcétera.

El matorral crasicaule se establece en laderas de cerros, lomeríos bajos y con menor frecuencia en terrenos planos, sobre suelos someros y pedregosos a una altitud entre los mil 400 y 2 mil 500 msnm, se caracteriza por la presencia de arbustos espinosos de aproximadamente 1.5 m de altura y especies arbóreas con una altura de 4 a 5 m, como: limpiatuna (Zaluzania augusta ), tullidora (Karwinskia humboldtiana ), nopales (Opuntia sp. ), mezquite (Prosopis laevigata ), huizache (Acacia farnesiana ) etcétera.2

La vegetación riparia se encuentra a las orillas de corrientes permanentes o semipermanentes, presas o bordos, llegando a formar bosques de galería de hasta 25 m de altura, las especies presentes son: jara o jarilla (Baccharis salicifolia ), fresno (Fraxinus uhdei ), sauce (Salix bonplandiana ), tule (Typha sp. ) etcétera.

La flora del área está constituida aproximadamente de 49 especies, de las cuales el colorín (Erythrina coralloides ) y palo blanco (Hesperalbizia occidentalis ) se encuentran en los ejidos de La Negreta y Lourdes respectivamente, mismas que se encuentran bajo la categoría de riesgo amenazada de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2010. Este número de especies puede aumentar considerablemente conforme se lleven a cabo estudios más detallados en el área natural protegida, aumentando así la importancia de preservar los ecosistemas en el área natural protegida.

La fauna del área está constituida aproximadamente de 62 especies de las cuales una pertenece al grupo de los crustáceos, tres son especies de peces, 13 son anfibios y reptiles, 24 son aves y 21 son mamíferos. Del total de las especies de fauna ocho se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2010, las cuales son: rana (Lithobates berlandieri), cascabel (Crotalus molossus), tortuga (Kinosternon integrum ), chirrionera (Mastycophis flagellum ), coralillo (Micrurus fulvius ), alicante (Pituophis deppei ), culebra de agua (Thamnophis eques ) y culebra (Thamnophis melanogaster ).3

Segunda. Como resultado de los esfuerzos de los diversos sectores de la sociedad queretana organizada y en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 6 de junio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, la declaratoria emitida por el entonces gobernador constitucional del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, en la que se declaró Área Natural Protegida, con categoría de Zona de Reserva Ecológica, denominada “El Batán”, Corregidora, Querétaro, con una superficie de 3,355.022 hectáreas.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 5, fracción V, 7, fracción X, 78 y 79 de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, que establecen que es obligación del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, el establecimiento, protección y conservación de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, para efectos de asegurar que el aprovechamiento de los ecosistemas y de los recursos naturales del territorio del estado se realicen de manera sustentable, así como para garantizar la preservación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas y las que se encuentren sujetas a protección especial, ya que los mismos constituyen el patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio depende la vida.4

Asimismo, se tomó en cuenta que la zona se localiza en el municipio de Corregidora hacia el sur de la cabecera municipal denominada El Pueblito y es considerada como un área importante, por los servicios ambientales que brinda tales como:

-Captación e infiltración de agua, el cuál es un proceso por el que el agua superficial se introduce al suelo debido a la cubierta vegetal, tipo de suelo, estado de la superficie del suelo, entre otros factores. El área natural protegida “El Batán” al contar con una cobertura vegetal uniforme, protege el suelo y permite que se lleve a cabo este proceso, beneficiando al manto acuífero del Valle de Querétaro, del cual se obtiene el agua que es consumida para diferentes actividades en la zona conurbada de la ciudad de Querétaro y que se encuentra sobreexplotado.

-Moderación del clima debido a que los ecosistemas que se encuentran en la zona se encuentran conservados y son continuos, permiten disminuir la temperatura del suelo, aumentar la absorción de los rayos solares y disminuir la cantidad de calor que es reflejada nuevamente a la atmósfera disminuyendo el efecto invernadero y mitigando el cambio climático.

-Posee un relicto de bosque tropical caducifolio en buen estado de conservación, el cuál es uno de los ecosistemas más amenazados en el centro de la República Mexicana y en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro debido al crecimiento de la mancha urbana.

-Producción de oxígeno y captura de carbono por parte de las especies vegetales que se encuentran en la zona, mitigando los efectos del cambio climático al absorber una gran cantidad de bióxido de carbono.

-Aptitud para desarrollar educación ambiental, recreación y turismo de naturaleza debido a la cercanía con la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro y al grado de preservación de los ecosistemas que ahí se encuentran.

-Amortiguamiento del crecimiento de la mancha urbana hacia zonas de preservación ecológica que presentan de acuerdo a los recorridos de campo un excelente estado de conservación.

-Resguarda especies de flora y fauna silvestres en alguna categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana “NOM-059-SEMARNAT-2010”, la cual se apega al Convenio de Diversidad Biológica del cual México es parte.5

Además, se consideró la información técnica y científica con que se contó respecto de la zona, así como a la evaluación que se obtuvo de manera coordinada con el municipio de Corregidora, a través de diferentes estudios e investigaciones, con la intervención de diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal, lo cual se hizo constar en el Estudio Técnico Justificativo, así como en el Informe Técnico Justificativo, que obran en el expediente administrativo SEDESU/ANP/BATÁN/02/2008 del índice de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con lo que se justificó, la necesidad de emitir la declaratoria de protección de la superficie de 3,355.022 ha para el establecimiento de una Zona de Reserva Ecológica, en el área que será denominada “El Batán”, Corregidora, Querétaro.

Es de resaltar, que en la Declaratoria no se privó de la propiedad o de la posesión de predios, aguas, flora y fauna, a propietarios y poseedores, fueran ejidatarios o particulares, ya que solamente se determinó una regulación del uso y destino para disminuir la presión sobre los ecosistemas y los recursos naturales que resguarda esta área, mediante la imposición de modalidades a la propiedad privada por causas de interés público, cuyo objetivo en el caso en concreto es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, lo anterior, en términos del artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, con esta medida se pretendió la integridad del paisaje natural y todo el conjunto de ecosistemas de aquellas áreas del estado de Querétaro, que por su ubicación, tipos de relieve, belleza y tradición sea conveniente preservar, a fin de proporcionar campos propicios para el estudio, investigación científica y el monitoreo de los ecosistemas; desarrollar educación ambiental; generar, rescatar y divulgar conocimientos y tecnologías que permitan el uso múltiple y el aprovechamiento sustentable de los recursos, así como lugares de esparcimiento que mejoren condiciones de vida y bienestar para la población.

Tercera. El jueves 30 de diciembre de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo.6

Dicha Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

Es de señalar, que la elaboración de la NOM participan instituciones académicas, centros de investigación, científicos especializados, sociedades científicas y otros sectores sociales interesados, a través de la elaboración de una justificación técnica-científica se determina la categoría de riesgo de acuerdo a un Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres en México.7

En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se describen 2 mil 606 especies (entre anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles), clasificadas en cuatro categorías de riesgo:

Actualmente el grupo taxonómico con el mayor número de especies en riesgo es el de las plantas. En el siguiente cuadro se muestran los grupos o familias que tienen mayor número de especies de flora y fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Por lo anterior, la flora del área natural protegida conocida como El Batan, Corregidora, Querétaro, está constituida aproximadamente de 49 especies, de las cuales el colorín (Erythrina coralloides ) y palo blanco (Hesperalbizia occidentalis ) se encuentran en los ejidos de La Negreta y Lourdes respectivamente, mismas que se encuentran bajo la categoría de riesgo amenazada de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2010.8

Este número de especies puede aumentar considerablemente conforme se lleven a cabo estudios más detallados en el área natural protegida, aumentando así la importancia de preservar los ecosistemas en el área natural protegida.

Cuarta. El pasado 7 de julio de 2020, el honorable ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, conoció y aprobó tres Acuerdos mediante los cuales, autorizó el Cambio de Uso de Suelo de campestre a habitacional, comercial y de servicios, en predios ubicados en el área natural protegida conocida como el El Batán, en el municipio de Corregidora.

En el primer expediente administrativo que se encuentra radicado en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/CAI/039/2017, el honorable Ayuntamiento de Corregidora autorizó el Cambio de Uso de Suelo de campestre a comercio y servicios, con máximo 4 niveles de construcción permitidos, 40 por ciento de área libre y una densidad de población Media (CS-4-40-Md) para un máximo de 304 viviendas, así como los giros compatibles con dicho uso, para el predio ubicado en la Fracción segunda resultante de la subdivisión del predio rústico denominado El Batán, municipio de Corregidora, con una superficie de 50,929 m2, e identificado con clave catastral 060104001033999, solicitado por el licenciado Luis Alfonso García Alcocer.9

En el segundo expediente administrativo radicado en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/CAI/040/2017, el honorable Ayuntamiento de Corregidora, autorizó el cambio de uso de suelo uso de suelo de campestre a habitacional, con máximo 4 niveles de construcción permitidos, 40 por ciento de área libre y una densidad de población media (H-4-40-Md) para un máximo de 105 viviendas, así como los giros compatibles con dicho uso, para el predio ubicado en la fracción primera (cuarta “A”) del predio rústico denominado El Batán, municipio de Corregidora, con una superficie de 17,568.665 m2 e identificado con clave catastral 060100565430503, solicitado por el licenciado Luis Alfonso García Alcocer,10 y

En el tercer expediente administrativo también radicado en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el número DAC/CAI/041/2017, el honorable Ayuntamiento de Corregidora, autorizó el cambio de uso de suelo de campestre a comercios, con máximo 4 niveles de construcción permitidos, 40 por ciento de área libre y una densidad de población media (H-4-40- Md) para un máximo de 185 viviendas, así como los giros compatibles con dicho uso, para el predio ubicado en la Fracción Tercera resultante de la subdivisión del predio rústico denominado El Batán, municipio de Corregidora, con una superficie de 30,991m2 e identificado con clave catastral 060100565340117, solicitado por el liceniado Luis Alfonso García Alcocer.11

La decisión tomada por el ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, pone en riesgo los ecosistemas, la bioversidad, la fauna y la flora del área natural protegida conocida como El Batan, la cual, como se ha mencionado, está constituida aproximadamente de 49 especies, de las cuales el colorín (Erythrina coralloides) y palo blanco (Hesperalbizia occidentalis) se encuentran en los ejidos de La Negreta y Lourdes respectivamente, mismas que se encuentran bajo la categoría de riesgo amenazada de acuerdo a la NOM- 059- SEMARNAT-2010.

Al respecto, diversos sectores de la sociedad queretana y vecinos del El Batán, se ha manifestado e inconformado por el cambio de uso de suelo que autorizó el ayuntamiento de Corregidora, de casi 99 mil 488 metros cuadrados de superficie del parque ecológico para uso habitacional, comercial y de servicios.

Por lo anterior, habitantes, representantes, organizaciones civiles y activistas reprueban esta determinación de las autoridades municipales, debido a que dicha acción representa un ecocidio y un riesgo al equilibrio ecológico del lugar. El Batán es la única zona de protección ecológica en el municipio, es un área ambiental que debe protegerse en toda su integridad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primera. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades del ayuntamiento del municipio de Corregidora y del estado de Querétaro, a valorar la revocación de los acuerdos aprobados el 7 de julio de 2020, en los que se autoriza el cambio de uso de suelo de campestre a habitacional, comercial y de servicios, en predios ubicados en el área natural protegida conocida como El Batán, por considerar que dichas disposiciones provocarán un ecocidio y un riesgo al equilibrio ecológico del lugar, con la contaminación del agua, la deforestación, el riesgo a la flora y fauna endémica del lugar, que impactarán gravemente el medio ambiente, la salud y el desarrollo de los habitantes de la zona.

Segunda. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado de Querétaro, en el marco de sus atribuciones, su intervención para inspeccionar, vigilar, proteger y en su caso, imponer las sanciones correspondientes, por las posibles afectaciones a la flora, fauna y al medio ambiente del área natural conocida como El Batán, por considerar que la aprobación de diversos acuerdos para el cambio de uso de suelo, por el honorable ayuntamiento del municipio de Corregidora, provocarán un ecocidio y un riesgo al equilibrio ecológico del lugar; además, que dichas disposiciones son contrarias a lo que establece la normatividad ambiental del estado.

Tercera. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el marco de sus atribuciones legales, su intervención a fin de valorar, conservar y en su caso revertir las posibles afectaciones y deterioro a los ecosistemas, la flora y la fauna endémica que se encuentran en el área natural protegida conocida como El Batán, en el estado de Querétaro, por considerar que la decisión del cambio de uso de suelo en varios predios del lugar, aprobados por el honorable ayuntamiento de Corregidora, provocarán un ecocidio y un riesgo al equilibrio ecológico del lugar, que impactarán gravemente el medio ambiente, la salud y el desarrollo de los habitantes de la zona.

Cuarta. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las inspecciones necesarias al área natural protegida conocida como El Batán, en el estado de Querétaro, a fin de corroborar el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y el uso sustentable del lugar y en su caso, de encontrar ilícitos ambientales en las materias forestal, a la vida silvestre y de impacto ambiental, derivado del cambio de uso de suelo, aprobado por el honorable ayuntamiento de Corregidora, se apliquen y lleven a cabo las sanciones y multas correspondientes.

Notas

1 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/queretaro

2 Ibidem

3 https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/2013/2013062

4 Ibidem

5 Ibidem

6 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_201 0.pdf

7 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/
especies_en_categoria_de_riesgo.html#:~:text=LA%20NOM%2D059%2DSEMARNA

T%2D,riesgo%20para%20las%20especies%20o

8 Ibidem

9 Acuerdo del H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, expediente DAC/CAI/039/2017, fecha 7 de julio de 2020

10 Acuerdo del H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, expediente DAC/CAI/040/2017.¡, fecha 7 de julio de 2020

11Acuerdo del H. Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, expediente DAC/CAI/041/2017.¡, fecha 7 de julio de 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de noviembre de 2020.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a emprender acciones ante la urgencia suscitada en Tabasco por las inundaciones derivadas de los frentes fríos números 4, 5, 9 y 11 y el huracán Eta, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El viernes 2 de octubre de 2020, con el propósito de emprender acciones de prevención y auxilio a la población afectada por las inundaciones ocasionadas por el frente frío número 4 y las que estuvieron en riesgo por el aumento del desfogue de la presa Peñitas, el gobierno del estado de Tabasco emitió una Declaratoria de Emergencia que incluye a los 17 municipios de la entidad.

Mediante esta declaratoria, se autorizó al gobernador del estado para que, por conducto de sus dependencias, accediera a los recursos del Fondo de Contingencia de Tabasco (Focotab), para la inmediata atención de emergencias originadas por riesgos y altos riesgos, de conformidad con las disposiciones presupuestales y legales aplicables.

Los efectos del frente frío 4 y 5 en territorio tabasqueño y sumado a ello, la generación de lluvias fuertes, llevó a la determinación por parte del Comité de Grandes Presas del desfogue de la presa hidoeléctrica Peñitas.

Ante esta situación, el gobierno del estado, en coordinación con las autoridades municipales, autorizó la habilitación de albergues en escuelas, salones, inmuebles y espacios públicos o privados.

Se suspendieron las actividades de trabajo y de servicios en las áreas afectadas y para la población que habite en ellas, sin menoscabo de sus derechos laborales, salvo aquellas que resultaron estrictamente indispensables para poner en resguardo a la población y sus pertenencias.

También se instruyó la evacuación total de los inmuebles ubicados en las áreas afectadas, de conformidad con las instrucciones que emitió el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, para salvaguardar la integridad física de las personas y proveer a la satisfacción de sus necesidades básicas, también se solicitó a la población estar pendiente de los comunicados que se emitieran a través de dicho Instituto sobre la situación de emergencia.1

El 4 de octubre, el gobernador Adán Augusto López Hernández solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Balancán, Centro, Cunduacán, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa de esa entidad federativa, por la presencia del frente frío número 4 y 5; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

Dicha declaratoria fue aprobada el 6 de octubre de 2020, cuando la CNPC emitió el Boletín de Prensa número BDE-120-2020, mismo que activó los recursos del Fonden para el estado de Tabasco, los cuales debían utilizarse para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.2

El 10 de octubre del 2020, desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que se pondría en marcha un programa para ayudar a 30 mil viviendas que resultaron afectadas por las lluvias y el desfogue de la presa Peñitas. Dijo que en su paso por Villahermosa, se entrevistó con el gobernador del estado y el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien, aseguró, estáría encargado de atender a los afectados por las inundaciones.

Ahí el primer mandatario fue informado de cómo estaba la situación en Tabasco, específicamente que había más de 600 mil damnificados en 13 de los 17 municipios de la entidad.3

El 18 de octubre, en una gira de supervisión por el terreno de construcción de la refinería de Dos Bocas, el presidente López Obrador aseguró que el estado no se volvería a inundar, comentando a su vez, lo siguiente:

“Tengo el informe de que ya recibieron los apoyos para adquirir enseres, mueble de sus casas que perdieron, ya se han entregado apoyos a 25 mil familias, van a continuar los censos, no va a quedar un damnificado sin ser atendido”, aseguró.4

En Cárdenas, Tabasco, con fecha 11 de octubre de 2020, el gobernador Adán Augusto López Hernández informó que aún no concluyía el censo de damnificados por la inundación y anticipó que, a las 30 mil acciones de mejoramiento de vivienda anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumarán entre 35 mil o 40 mil apoyos más para la recuperación de enseres domésticos.5

El 12 de octubre, en entrevista con XEVT Telereportaje, el secretario de Bienestar, Javier May, anunció el inicio de la entrega de recursos del programa de Emergencia Social, que garantiza transferencia directa e inmediata de 10 mil pesos en efectivo para que los damnificados pudieran reponer los enseres domésticos que perdió durante la emergencia ocasionada por el frente frío número 4, 5 y el desfogue de la presa Peñitas.

Finalmente, señaló que, una vez concluida la dispersión de los fondos del programa Emergencia Social, se iniciarán los trabajos de verificación a través de otro padrón, para determinar el número de viviendas dañadas e iniciar el proceso de reconstrucción.

Enfatizó que se realizarán acciones en beneficio de 30 mil familias tabasqueñas que lo perdieron todo, a través del programa de vivienda que anunció el presidente, el cual tiene dos vertientes: uno para la construcción de la vivienda, cuyos beneficiarios recibirán 90 mil pesos en efectivo y otro de ampliación de la misma, a quienes el gobierno federal le entregará 35 mil pesos.6

El 16 de octubre, el gobernador señaló que el censo había acabado, que se había beneficiado a 30 mil tabasqueños y que ya no habían más recursos adicionales. Asimismo, señaló que se hicieron los censos lo más apegados a la realidad que estaban enfrentando la población tabasqueña, por lo que no había necesidad de realizar bloqueos. Finalmente, aseguró que el presidente López Obrador daría a conocer las acciones para apoyar a los tabasqueños en el manejo de las aguas, al destacar que sostuvo una reunión con el director de la CFE, la directora de la Conagua y de Protección Civil.7

A pesar de todo lo referido por las autoridades, la queja principal de miles de tabasqueños en las últimas semanas es que no han sido censados y que, por tanto, no han recibido apoyos.

El 6 de noviembre de 2020, el presidente, en su conferencia de prensa, mencionó que las inundaciones causadas por el frente frío número 9 se debían a las fuertes lluvias y a los asentamientos irregulares y no al manejo de la presa Peñitas, el cual, aseguró, había mantenido un buen control, a diferencia de cuando el estado fue azotado por el frente frío número 4, donde aseguró hubo un error de cálculo por parte de la CFE.8

Cabe resaltar, que el estado de Tabasco rompió récord de lluvias el pasado 30 de octubre cuando las precipitaciones alcanzaron los 450 milímetros en tan sólo 24 horas, de acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua, el último registro de esa magnitud data de 1980 cuando en el mismo mes las precipitaciones fueron por 380 milímetros.

La emergencia en el llamado “Edén de México” continúa, pues hay zonas que todavía están en riesgo ante el incremento de las lluvias y ante el constante desfogue de la presa Peñitas.

El 7 de noviembre, el presidente de la república se vio obligado a cancelar su gira por Nayarit y Sinaloa. A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario informó sobre su viaje a Tabasco, donde sostuvo una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad en aras de estar al tanto de la difícil situación que vivián los tabasqueños.9

Posteriormente, en rueda de prensa, el presidente anunció que el próximo martes 10 de noviembre se estará elaborando un plan integral que dará una solución de fondo a las inundaciones en el estado de Tabasco.

En esta reunión, que se realizará en Palacio Nacional, precisó que participará el gobernador, Adán Augusto López Hernández, así como integrantes del gabinete del estado.

Finalmente, señaló que dicho plan se compone de los siguientes elementos:

1. La emisión de un decreto presidencial, que obligue al manejo correcto de las presas para evitar que se mantengan a su capacidad máxima durante la temporada de lluvias en la región.

2. El mejoramiento urbano, que contempla recursos para la construcción de infraestructura hidráulica.

3. El incremento en los apoyos para los tabasqueños a través de los programas que trae la Secretaría de Bienestar.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si se utilizaría el mismo esquema de entrega de vales a los afectados por las inundaciones, el Presidente respondió lo siguiente:

“La primera ocasión, en la primera inundación, yo di instrucciones para que se apoyará de inmediato, y por la pregunta que me hace el compañero, aprovecho también, tan atendimos a nuestros paisanos, que en 5 días se entregaron 38 mil apoyos de 38 mil viviendas, eso no se hacía antes, nunca; en cinco o seis días entregar de manera directa, sin intermediarios, estos apoyos a cerca de 40 mil dignificados. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora, cuidando nada más que no haya intermediarios”, dijo.

Asimismo, declaró que la razón por la cuál decidieron no repartir despensas como ayuda por las inundaciones, es porque se apoyará con cocinas comunitarias instaladas por las Fuerzas Armadas para atender el tema de la alimentación en zonas afectadas.

Finalmente, el presidente concluyó diciendo que no había necesidad de protestas en la entidad pues todos los afectados serán atendidos.10

Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a que haga del conocimiento público el número total de tabasqueños que se vieron afectados por las lluvias e inundaciones causadas por los frentes fríos números 4, 5, 9, 11 y por el huracán Eta .

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Bienestar a que haga del conocimiento público el número total de personas y el nombre de todas las colonias que fueron censadas por parte de su personal tras las inundaciones causadas por los frentes fríos números 4 y 5.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Tabasco y a la Secretaría del Bienestar a que hagan del conocimiento público el número total de personas que, a la fecha, han recibido apoyos estatales, o en su caso, a través del programa de Emergencia Social y de reconstrucción y ampliación de viviendas tras las inundaciones causadas por los frentes fríos números 4 y 5. Dado que el porcentaje de beneficiados con respecto a los afectados es marginal, también se les exhorta a que hagan del conocimiento público los mecanismos y reglas de operación usados para determinar quiénes serían los beneficiados en cada uno de los municipios afectados.

Cuarto. Se exhorta al gobierno del estado de Tabasco y a la Secretaría de Bienestar a que instalen de manera inmediata un programa de apoyos económicos para el campo, debido a las cientos de hectáreas afectadas por las inundaciones causadas por los frentes fríos números 9 y 11, así como por el huracán Eta .

Quinto. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el marco de la reunión donde se elaborará el plan integral para atender el problema de las inundaciones en el estado de Tabasco, se incluya la participación de los legisladores federales (diputados federales y senadores) de la entidad, así como de especialistas, expertos y sociedad civil organizada.

Notas

1 https://tabasco.gob.mx/noticias/emite-gobierno-estatal-declaratoria-de- emergencia-para-balancan-por-danos-de-cristobal

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602725&fecha=14/10/2 020

3 https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/10/lopez-obrador-an uncia-30-mil-viviendas-para-damnificados-en-tabasco-250734.html

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/18/ya-no-se-va-a-inundar -lopez-obrador-anuncio-un-decreto-para-que-se-maneje-la-presa-penitas-b ajo-un-esquema-de-proteccion-civil/

5 https://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/
anuncia-adan-augusto-entre-35-mil-y-40-mil-apoyos-para-enseres-domesticos-a-damnificados/

6 https://tabasco.gob.mx/noticias/coordinan-esfuerzos-gobierno-del-estado -y-federacion-para-apoyar-damnificados

7 https://www.rumbonuevo.com.mx/se-acabo-el-censo-30-mil-tabasquenos-bene ficiados/

8 https://www.animalpolitico.com/2020/11/gobierno-tabasco-cfe-inundacione s-damnificados/

9 [1] https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/07/amlo-cancela-gira-se- dirige-a-tabasco-ante-emergencia-por-lluvias-y-desbordamiento-de-rios/

10 [1] https://www.xevt.com/primeraplana/anuncia-gobierno-federal-plan-integra l-para-resolver-de-fondo-inundaciones-en-tabasco/120530

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a auditar los recursos utilizados en el INPI en Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice una auditoría a los recursos asignados por el INPI al estado de Oaxaca, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, con 68 lenguas indígenas, 364 variantes lingüísticas y 7 millones de hablantes en el país, el reconocimiento a los pueblos indígenas fue un compromiso que hizo el actual gobierno en la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual hizo cuando le entregaron el bastón de mando en donde los pueblos indígenas lo reconocían también como su presidente, a partir de ese momento el gobierno tomo medidas para el apoyo a los pueblos indígenas.

Como sociedad debemos aprender más de ellos, nos aportan formas únicas de relación entre la gente y con el medio ambiente, mantienen rasgos sociales, culturales, económicos y políticos distintos a los predominantes en la sociedad que son parte de su formación, debemos reconocer su cultura, tradiciones, territorios y recursos.

El 2019 en la Cámara de Diputados se promulgo como el año Internacional de las Lenguas Indígenas en donde nos acompañaron hablantes de las 68 lenguas que predominan en nuestro país al inicio de cada una de las sesiones para darnos un mensaje con el propósito de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

Para 2018 se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la cual es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018 con la finalidad de crear un Instituto que se haga cargo de atender asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos como se especifica en su artículo 2, a saber:

“Artículo 2. El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.”

Además de que tiene como:

Misión

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es la instancia del Gobierno de México que tiene como misión impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, basada en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales como sujetos de derecho público.

Visión

El Gobierno de México, en el proceso de la Cuarta Transformación Nacional, reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus formas de organización política y jurídica, así como su desarrollo económico, social y cultural, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido.”

Además, este instituto tiene como objetivo:

“... definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos Indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.”

Por medio de este Instituto se han generado diversos programas para el apoyo a pueblos indígenas como los siguientes:

• Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas

• Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas

• Programa de Derechos Indígenas

• Programa de Infraestructura Indígena

• Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Además de que para el presupuesto de egresos de la Federación 2020 se etiqueto presupuesto en otras instituciones para el apoyo a pueblos indígenas bajo el rubro de “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, a saber:

Gobernación

Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección General de Operación y Explotación de Padrones

Subsecretaría de Desarrollo Rural

Seguridad Alimentaria Mexicana

Diconsa, S.A. de C.V.

Liconsa, S.A. de C.V.

Comunicaciones y Transportes

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

Economía

Dirección General de Planeación y Evaluación

Educación Pública

Dirección General de Educación Indígena

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Subsecretaría de Educación Media Superior

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Salud

Dirección General de Relaciones Internacionales

Dirección General de Promoción de la Salud

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Procuración de justicia agraria

Programa de Atención de Conflictos Agrarios

Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda

Programa de Mejoramiento Urbano

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia

Comisión Nacional del Agua

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Comisión Nacional Forestal

Aportaciones a Seguridad Social

Dirección General de Programación y Presupuesto “A”

Bienestar

Programa de Fomento a la Economía Social

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Sembrando Vida

Provisiones Salariales y Económicas

Unidad de Política y Control Presupuestario

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Dirección General de Programación y Presupuesto

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y atender asuntos personas indígenas privadas de su libertad.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Entidades no Sectorizadas

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Cultura

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Se consideró que el presupuesto sería mejor utilizado al ser distribuido en otras dependencias que ejecutaran el recurso con conocimiento del INPI sobre las obras que se fueran a realizar por lo que estas entidades deberían de trabajar en conjunto para las obras en los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embrago, en el Estado de Oaxaca desde el año 2019 se ha presentado quejas por parte de los ciudadanos hacia el desempeño de los encargados en el INPI en el estado debido a que uno de los casos reportan que se enviaron 2 millones700 mil pesos para la construcción de una carretera en el municipio de Tlacotepec Plumas, bajo el Proyecto de Caminos rurales que se realiza entre el INPI y la SCT, en donde se asignó a la constructora Edificaciones y Materiales Yasser, SA de CV, sin embargo ciudadanos del municipio hicieron llegar una carta el pasado 30 de octubre solicitando información de la obra ya que los recursos no fueron aplicados y no se saben a dónde fueron desviados.

Otro suceso se presentó en San Mateo Tlapiltepec en donde representantes de ayuntamiento denuncian a la representante del INPI solicitándoles 300 mil pesos por la “gestión realizada” para la pavimentación de una carretera también bajo el programa de caminos rurales también se indicó que se impuso a una empresa para la venta de la señalética las cuales son de mala calidad.

En el municipio de Huajuapan de León se reportó por parte de los albergues del Niño Indígena en donde municipales y padres de familia solicitaron la destitución de la represéntate del INPI por actitud de imposición y autoritarismo al realizar el cambio de proveedores de refrescos violentando los acuerdos de Jefatura de Supervisiones Escolares y Directivos de los Servicios Asistenciales sobre la distribución de los paquetes alimentarios en los meses de mayo y junio y pasando por alto las reglas de operación vigentes.

Además de todas estas inconsistencias se presume que en los municipios en donde se han realizado obras se pide que se le de dinero o “moche” a la coordinadora del INPI en Nochixtlan, Oaxaca para que puedan realizar el proyecto o porque según les apoyo con la gestión para lograr el proyecto, cuando el presidente informo que los apoyos serian directo y no habría intermediarios para evitar justamente actos de corrupción por parte de los funcionarios.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Auditoria Superior de la Federación a realizar una auditoría al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sobre el recurso asignado al Estado de Oaxaca del 2019 a la fecha, ya que se han presentado varias denuncias públicas sobre el desvío de recursos en estado por medio de este Instituto, y que de comprobarse actos de corrupción sean denunciados los funcionarios involucrados ante la Secretaria de la Función Publico para que sean castigados conforme lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Bibliografía

- Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (noviembre 5, 2020)

- Página Oficial del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas https://www.gob.mx/inpi

- Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

- Desvían 2.5 MDP de recursos para caminos rurales de Tlacotepec Plumas, expresa Oaxaca

- Por presunta corrupción, exigen destitución de la Coordinadora del INPI en Nochixtlán, Rotativo Oaxaca

- Aguilar, Lesli. Denuncian corrupción de funcionarios del INPI; piden “moches” a ediles de la Mixteca, acusan, NVI Noticias (sábado 10/24/2020)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar el enfoque y los términos con que se pretende sensibilizar a la población mediante la campaña ¿Qué te estás tragando? Historieta de El Fisgón, pues discrimina y estigmatiza a las personas con obesidad y sobrepeso, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de noviembre desde la cuenta de Twitter del gobierno federal @GobiernoMX se lanzó la historieta ¿Qué te estás tragando? “ como parte de la campaña para fomentar una mejor alimentación y una buena nutrición en México”, señalando que circularán 30 millones de ejemplares e invitando a descargarla y compartir.

Si el objetivo de la campaña es fomentar una mejor alimentación, la historieta es por decir lo menos desafortunada, el lenguaje es estigmatizante y la información es sesgada, alarmista y en nada refleja la intención de mejorar la salud de las personas, responsabiliza al individuo y desconoce la responsabilidad del gobierno por no contar con políticas públicas que reconozcan que los problemas de salud de México se deben a la pobreza, la desigualdad, la marginación, los deficientes servicios de salud, el escaso acceso de la mayoría de la población a seguridad alimentaria.

Lo que si refleja es un gobierno que promueve el bullying y el estigma, que viola el derecho a la no discriminación (contenido en el artículo primero constitucional) ridiculizando a las corporalidades infantiles. Es una muestra más que se suma a otras, como la terrorífica campaña sobre adicciones, del error que ha significado el manejo de toda la comunicación del gobierno federal.

La nutrióloga Raquel Lobatón, ha señalado que la campaña está plagada de estigma, estereotipos, terrorismo alimentario y alarmismo, creada desde la ignorancia que articula mensajes burdos, simplistas, tétricos y que los único que logrará será incrementar la violencia escolar, la gordofobia y la discriminación y los trastornos de la conducta alimentaria.

Si bien es cierto que la vida de una persona con peso alto puede ser muy difícil, esto se debe básicamente al estigma y discriminación en que viven estas personas. Esto es más bien una responsabilidad colectiva.

No es la grasa corporal lo que hace más difícil la vida de una persona gorda, es la gordofobia. Patogilizar la gordura impide pensar en un enfoque de salud para todas las tallas, todos los cuerpos pueden ser saludables y el daño que causa en la salud de las personas que se les diga que por tener cuerpos de tallas grandes están enfermos es terrible. Es urgente dejar de patogilizar y estigmatizar la gordura, y subrayar que los cuerpos grandes merecen el mismo trato digno y de respeto que todos los cuerpos.

La idea de que la obesidad es una terrible enfermedad y hay que combatirla, tiene que ser replanteada, la nutrición en México no es sólo un problema de alimentación, sino de educación y la educación alimentaria no se hace desde el miedo, el estigma y la violencia.

“Ocupando el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos a nivel mundial, es de suma importancia que nos demos cuenta de que contar con los recursos para alimentarse es tan sólo la mitad del camino, mientras que aprender a alimentarnos correctamente es la otra parte de esta ardua tarea”.1

Las personas con sobrepeso y obesidad no solo corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas graves, sino también estigma social y discriminación en el trabajo, centros educativos y de salud y por la sociedad en general. a ‘marca’ del peso puede causar un daño considerable a los individuos afectados, incluyendo consecuencias físicas y psicológicas. “Sin embargo, el impacto perjudicial de este estigma va más allá del daño a los individuos”, sostiene un grupo de 36 expertos internacionales dirigidos por Francesco Rubino, investigador del King’s College de Londres, entre los cuales se encuentra el español Antonio Torres, de la Universidad Complutense de Madrid, que examinaron las pruebas disponibles sobre las causas y los daños del estigma del peso y elaboraron una declaración conjunta de consenso con recomendaciones para erradicar este sesgo, el informe “es una postura sin precedentes y audaz de la comunidad científica sobre las causas, las consecuencias del estigma del peso y la importancia de abordar la cuestión no solo como un asunto de salud pública, sino también como de derechos humanos y sociales”.

Transcribimos el resumen de la declaración conjunta realizada el 4 de marzo de 2020 en el marco del Día mundial de la obesidad.

Compromiso para eliminar el sesgo del peso

Reconocer que:

Los individuos afectados por sobrepeso y obesidad se enfrentan a una forma omnipresente de estigma social basada en la suposición, típicamente no probada, de que su peso corporal se deriva principalmente de una falta de autodisciplina y responsabilidad personal.

Esta descripción no es coherente con las pruebas científicas actuales que demuestran que la regulación del peso corporal no está totalmente bajo control voluntario y que los factores biológicos, genéticos y ambientales contribuyen de manera decisiva a la obesidad.

Los prejuicios y los estigmas relacionados con el peso pueden dar lugar a la discriminación y socavar los derechos humanos, los derechos sociales y la salud de las personas afectadas.

El estigma y la discriminación por el peso no pueden ser tolerados en las sociedades modernas.

Condenar :

El uso de lenguaje, imágenes, actitudes, políticas y discriminación basada en el peso que estigmatizan, dondequiera que ocurran.

Comprometerse a :

Tratar a los individuos con sobrepeso y obesidad con dignidad y respeto.

Abstenerse de utilizar un lenguaje, imágenes y narraciones estereotipadas que describen de manera injusta e inexacta a las personas con sobrepeso y obesidad como perezosos, glotones y faltos de fuerza de voluntad o autodisciplina.

– Alentar y apoyar las iniciativas educativas destinadas a erradicar los prejuicios sobre el peso mediante la difusión de los conocimientos actuales sobre la obesidad y la regulación del peso corporal.

– Alentar y apoyar las iniciativas destinadas a prevenir la discriminación de peso en el lugar de trabajo, la educación y los centros de salud.

De acuerdo con el doctor Héctor Bourges Rodríguez, la forma en que se alimenta cada persona es el resultado particular de una compleja interacción de factores fisiológicos y psicológicos individuales y factores sociales y culturales. Mientras que la nutrición es eminentemente involuntaria, inconsciente y continua, el acto de comer es intermitente y, en esencia, voluntario y consciente, aunque finalmente lo regulan mecanismos fisiológicos, en especial las sensaciones de hambre y la saciedad.

“Mediante interacciones complejas influyen también otros muchos factores; como conocimientos y prejuicios, gustos y preferencias, recuerdos y estados de ánimo, actitudes y temores, valores y tradiciones, hábitos y costumbres, caprichos y modas. Por supuesto, no son menos importantes los muy diversos factores históricos, geográficos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, comerciales, económicos, culturales e incluso religiosos que determinan la disponibilidad local de alimentos, el acceso de la población a ellos y los recursos culinarios para prepararlos (conocimientos, infraestructura material y de conservación). Debido a la complejidad y la variedad de los factores mencionados, la alimentación humana es especialmente susceptible a sufrir distorsiones cualitativas y cuantitativas.

Para lograr una alimentación correcta se necesita disponer en el hogar de una variedad y cantidad suficientes de alimentos; recursos materiales y conocimientos culinarios e higiénicos para conservarlos y prepararlos apropiadamente; una atinada distribución de ellos entre los miembros de la familia; una frecuencia y densidad adecuadas de las comidas; que se reduzca al mínimo la influencia de la desinformación, y que las mermas y el consumo por animales sean sólo los inevitables. La disponibilidad doméstica de alimentos depende a su vez de que se adquieran o se produzcan si la familia tiene actividades en ese sentido. Por su parte, la adquisición de alimentos exige suficiente poder adquisitivo y disponibilidad comunal, que está ligada con la disponibilidad regional, nacional y hasta mundial de alimentos.2

Reiteramos entonces que acceder a una buena alimentación y mejor nutrición se relaciona con otros problemas que desafortunadamente persisten en nuestra realidad. La pobreza y desigualdad son quizá los más preocupantes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la pobreza en México incrementará en 7.6 por ciento en este año al pasar de 41.9 millones de personas en 2019 a 49.5 millones de personas en 2020, mientras que la pobreza extrema crecerá 6.3 por ciento, al crecer de 11.6 millones a 17.4 millones y esto va a estar relacionado con la pérdida del empleo.

“El empleo es un efecto muy fuerte en México y vamos a tener una pérdida de un millón de empleos y esto representan 4.9 por ciento respecto del inicio del año y el mes más crítico fue en abril. Anticipamos un cambio en la tendencia en el empleo formal”, dijo Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.3

La emergencia sanitaria por Covid 19 impactará en la dieta de las y los mexicanos en los gastos para el abasto de alimentos. “Los precios si están subiendo. Un día encuentro el jitomate a 10 pesos y al otro día lo encuentro a 20, el limón estuvo casi a 50 pesos... o compro un limón o compro medio kilo de carne porque está carísima también”, dice Ana.

Según una encuesta realizada por la Universidad Iberoamericana, financiada por la UNICEF México y apoyada por el gobierno capitalino, en la Ciudad de México sólo cuatro de cada 10 hogares dijeron no estar preocupados sobre qué comer pues sabían que durante el periodo que ha durado la emergencia sanitaria por Covid-19 tenían acceso sin obstáculos a los alimentos.4

El artículo primero de nuestra Constitución mandata que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La historieta ¿Qué te estás tragando? es claramente discriminatoria y no debe ser utilizada en una campaña que pretende mejorar la salud de la población.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene entre sus atribuciones la facultad de investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares (artículo 20 de Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación).

Nuestro país ha suscrito números instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a vigilar que cualquier comunicación gubernamental utilice lenguaje sencillo claro directo libre de prejuicios y que pueda promover cualquier tipo de discriminación y estigmatización.

Derivado de la reforma del 30 de noviembre de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la atribución exclusiva de formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, quedó dividida entre la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la presidencia.

Artículo 8

Las unidades señaladas en el párrafo anterior podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida y desarrollarán, entre otras funciones, las siguientes:

II. Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Gobernación conforme la presente ley. Para tal efecto establecerá mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia

Artículo 27 a la secretaría de gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VIII. En el ámbito de su competencia, elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información; administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Además, el 17 de abril de 2019 se publicó el acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del gobierno federal 5

Artículo 1 se establece que el acuerdo tiene como finalidad “establecer la política pública de comunicación social que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar para poder difundir propaganda gubernamental o campañas de promoción y publicidad; la cual se entiende como toda producción y difusión en cualquier medio de comunicación o soporte tecnológico o digital solventada con recursos públicos. También se considerará aquélla que promueva o publicite la venta de productos o servicios que generen algún ingreso para el Estado”.

“Artículo 4.- Las campañas de comunicación social o de promoción y publicidad institucional deberán respetar y reflejar la pluralidad del país , considerando a las entidades federativas y sus municipios, en cuanto a su composición étnica, diversidad cultural, religiosa, lingüística y su riqueza geográfica, así como fomentar la igualdad y no discriminación, y promover los derechos humanos y la convivencia armónica entre las personas.”

La oficina encargada de coordinar la comunicación social, su titular Jesús Ramírez Cuevas, quien además es el vocero del gobierno de la República, en su calidad de vocero, comunica las acciones del gobierno de México; establece relación con los representantes de los medios de comunicación y coordina las campañas de difusión.

La Secretaría de Salud debe revisar que los contenidos de cualquier campaña de salud, pero en especial la que en este momento nos ocupa, se sustente en información científica y no incluya de manera alguna ideas falsas o alarmistas que busquen desinformar y sembrar miedo en la población.

Derivado de los anteriores señalamientos es que esta soberanía debe hacer un llamado tanto a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República y al doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud federal para que en el marco de sus atribuciones revisen los contenidos de la historieta ¿Qué te estás tragando? y la retiren de la campaña para mejorar la alimentación de las familias mexicanas.

Debido a lo anterior se somete a esta Soberanía, la proposición con los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un serio extrañamiento a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud federal por el lenguaje discriminatorio y estigmatizante hacia las personas con obesidad y sobrepeso que se utiliza en la historieta de El Fisgón “¿Qué te estás tragando?” y las exhorta a abstenerse de utilizar un lenguaje, imágenes y narraciones estereotipadas que describen de manera injusta e inexacta a las personas con sobrepeso y obesidad como perezosos, glotones y faltos de fuerza de voluntad o autodisciplina.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a que en su carácter rector de la política de comunicación social del gobierno federal y al secretario de Salud del gobierno federal, doctor Jorge Alcocer Varela, a que en el marco de sus respectivas atribuciones se revise el enfoque y los términos desde los que se pretende sensibilizar a la población mediante la historieta “¿Qué te estás tragando?” y a retirarla de la campaña para fomentar una mejor alimentación y una buena nutrición en México ya que atenta contra el principio constitucional de no discriminación de las personas con obesidad y sobrepeso.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional Contra la Discriminación para que en ámbito de sus atribuciones investigue e implemente las medidas necesarias para eliminar prácticas discriminatorias dirigidas a las personas con sobrepeso y obesidad a fin de garantizarles un trato digno y respetuoso en los servicios de salud.

Notas

1 ¿Por qué es tan importante la nutrición en México?, Disponible en: https://www.universidadinsurgentes.edu.mx/blog/importancia-de-la-nutric ion-en-mexico/ Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020.

2 Bourges Rodriguez, Héctor, Revista Bancomext, Comercio exterior, octubre de 2001, La alimentación y la nutrición en México , 897- 904, Disponible en:

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/31/6/RCE. pdf Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020.

3 Martínez, Nurit, Pasarán a la pobreza 49.5 millones de personas en México al terminar 2020: CEPAL, El Sol de México, 30 de julio de 2020, Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pasaran-a-la-pobreza-49.5-mil lones-de-personas-en-mexico-al-terminar-2020-cepal-5561434.html#!/ Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020.

4 Navarro, Maleny, Covid-19 cambia hasta los platos en la mesa , El Sol de México, 6 de noviembre 2020, Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-cambia-hasta-l os-platos-en-la-mesa-alimentos-pobreza-alimentaria-5982437.html/ Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020.

5 Diario Oficial de la Federación, “acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del gobierno federal”, 17 de abril de 2019, Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558048&fecha=17/04/ 2019 Fecha de consulta 8 de noviembre de 2020.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a proponer al CNSP políticas de prevención del delito para erradicar la violencia contra niños y adolescentes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) se ha ido incrementando severamente en el país. Las formas como se comete son cada vez más reprobables. A diario en los medios de comunicación se informa que nuestra niñez sufre maltrato y la forma más extrema de violencia que se está volviendo común es el homicidio, pues se registran al menos cuatro homicidios de niñas y niños al día de acuerdo con datos de la Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).1

Recientemente ocurrió el brutal asesinato de dos menores de 12 y 14 años, hijos de indígenas mazahuas, en la Ciudad de México, quienes fueron torturados, asesinados y descuartizados.

Estos lamentables homicidios reflejan una realidad que desafortunadamente estamos viviendo en el país: el grave aumento de violencia contra NNA.

En Encuentro Social rechazamos la violencia contra la niñez pues ya no solo se da en el hogar, se ha extendido a los espacios públicos. Para Encuentro Social es fundamental proteger su integridad física y lo más importante su vida.

Lo que más nos preocupa es que la violencia contra la niñez ha escalado, atentando contra su vida, de enero a septiembre de este año, 934 niñas y niños han sido víctimas de homicidio doloso en el país, un aumento de 7.7 por ciento en comparación con los mismos meses del 2019, cuando se contabilizaron 867 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).2

Según las cifras del SESNSP sobre los homicidios de menores en 2020, en 70 por ciento de los casos se utilizó un arma de fuego, un alza al compararse con 64 por ciento registrado en el mismo periodo del 2019.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en su informe anual 2019 “Infancia y Adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia” destaca que desde el año 2000 al 2019 hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de niñez desaparecida.

El director de la Redim ha señalado que la tortura y homicidio de los menores de 12 y 14 años en la Ciudad de México, no son un hecho aislado, ya que desde 2011 se comenzaron a documentar casos de desaparición, tortura y mutilación de cuerpos de menores de edad, principalmente en estados como Morelos y Guerrero, para después generalizarse por todo el país.3

Desafortunadamente la violencia contra los menores se ha incrementado y los NNA pierden la vida cada vez con más crudeza y frecuencia.

Conforme al Informe Anual México 2019 de la UNICEF4 en el país hay 39.8 millones de NNA, de los cuales 63 por ciento de entre 1 y 14 años de edad hay sufrido algún tipo de violencia en el hogar; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro del hogar; 32.8 por ciento de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma violencia sexual en su comunidad; 4 de cada 10 probables violaciones sexuales sucedieron en sus entornos más cercanos; 4 niñas, niños y adolescentes son asesinados diariamente en el país; 2 de cada 10 personas desaparecidas en el país son NNA, de los cuales el 80 por ciento son adolescentes entre 12 y 17 años.

La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de NNA y es resultado de la descomposición social que se vive en distintas regiones del país, por ello debemos adoptar todas las acciones que sean necesarias para combatir este flagelo. Es necesario proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.

La violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.5

No podemos quedar impasibles ante la dolorosa violencia que sufren nuestros NNA. Urge que nos unamos y adoptemos acciones para protegerlos.

En el país desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se protegen los derechos de la niñez y específicamente la Ley General de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes (LGDNNA) reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce y dispone que la niñez tiene derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

El artículo 46 de la LGDNNA señala que las y los NNA tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia en la que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

En términos del artículo 103 de la LGDNN, son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.

En otro aspecto, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá funcionar en pleno o en comisiones, estableciendo en su artículo 16 como Comisión Permanente la de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

El artículo 20 de esta ley prevé que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes , mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar.

En consideración a que las y los NNA tienen derecho a una vida libre de violencia y debido a que la violencia contra la niñez desafortunadamente se está normalizando en nuestro país y dado que los homicidios en los menores de 18 años se han incrementado gravemente en los últimos años, con la presente proposición se propone exhortar respetuosamente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para que le proponga al Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas de prevención del delito para erradicar la violencia ejercida especialmente contra niñas, niños y adolescentes.

Nuestra niñez y nuestros adolescentes requieren de una mayor atención tanto a nivel familiar como social. En los hogares se somatiza la violencia que se vive en el tejido social, y los niños, además de verse sometidos a esta situación, también viven maltrato.

Reconocer la violencia en una etapa temprana y atender eficazmente el abandono de menores y el maltrato infantil en forma preventiva resulta urgente en nuestro país.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para que le proponga, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas de prevención del delito para erradicar la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, ante el grave incremento en el país de homicidios dolosos de menores de edad.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que, a través de las Secretarías de Seguridad Pública:

a) Fortalezcan los programas implementados en materia de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra niñas, niños y adolescentes, y

b) Promuevan la erradicación de la violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescente ante el generalizado y grave aumento de homicidios dolosos de menores de edad.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a los titulares de las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas, para que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios y las desapariciones perpetrados contra niñas, niños adolescentes, a fin de que no queden impunes.

Notas

1 México registra cuatro homicidios de niños al día, alertó la UNICEF,
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/11/mexico-registra-cuatro-homicidios-de-ninos-al-dia-alerto-la-unicef/

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Crecen-7.7-homicidios-dolosos-de-menores-durante-el-2020-20201105-0145.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Crecen-7.7-homicidios-dolosos-de-menores-durante-el-2020-20201105-0145.html

4 https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2020-07/
UNICEF%20Me%CC%81xico_Informe2019%20FINAL.pdf

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la CNDH a brindar asistencia consular y jurídica inmediata sobre denuncias por violencia intrafamiliar en Italia, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a brindar de inmediato asistencia consular y salvaguardar los derechos humanos de la ciudadana Alma Cecilia Contreras Soto e hijos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La protección consular es un “derecho humano” a partir de la propia formulación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, Convenciones Bilaterales sobre Relaciones Consulares y de la Jurisprudencia Internacional, especialmente la Opinión Consultiva OC-16/99 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal del 1 de octubre de 1999. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1999)

En el mismo tenor de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1o. , 6o. y 7o. establecen que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte tales como y los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de niñez y adolescencia, así como las garantías para su protección y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero lo más importante es que el estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. (Cámara de Diputados, 2020) (CNDH México, 2018)

Este reconocimiento otorga una importancia fundamental a la dignidad y al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que emigran al extranjero siendo la protección consular mexicana uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos a nivel internacional y que se traduce en acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardan los derechos e intereses de las y los mexicanos en el extranjero, de conformidad con los principios del derecho internacional, las leyes y reglamentos del país en donde se solicita la protección, y a la legislación nacional.

Victima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo italiano, Alma Cecilia paso a formar parte de las lamentables cifras de mas de treinta mujeres mexicanas residentes en italia, que denunciaron ante el consulados mexicano ser victimas de agresion e incluso algunas repatriadas para salvaguardar su integridad. (Diario Cardel, 2020) (Ibero, 2020) (Velázquez, 2020) (Martín, 2020) (Excelsior, 2020) (Imagen Televisión, 2020) (Lorenzana, 2020) (Zócalo, 2020) (Entre palabras, 2020)

Madre de una hija mexicana y un hijo nacido en Italia, durante su estancia en Italia y despues de constantes agresiones físicas y verbales a su persona y a su hija, Alma Cecilia decidio interponer una denuncia ante las autoridades competentes, pero esto le ocasiono que fuera internada el 3 de noviembre de 2018 en un hospital psiquiatrico contra su voluntad y sin contar con un traductor que la asistiera ya que ella no dominaba el idioma, donde le emiten un diagnostico de Psicosis paranoico, siendo internada por 19 dias, tiempo donde ella no recibio asistencia, asesoria o proteccion consular, al ser dada de alta de la institución psiquiatrica sin ninguna explicación del porque de su ingreso ni su alta, el dia 22 de noviembre de 2018, es informada que el servicio social italiano le ha suspendido sus derechos de la patria potestad un dia antes, trasladando a su hija mexicana de 15 años a un orfanato el día 28 de noviembre de 2018 sin tomar en cuenta su testimonio de la adolescente ante servicio social de Italia, que: “Alma Cecilia es una excelente madre y quiere regresar con ella”, la hija de Alma Cecilia fue continua siendo sometida a tratamiento psiquiatrico con medicamento controlado y posteriormente enviada en el mes de marzo del año en curso a una casa de custodia temporal con una trabajadora social (Soto, 2020)

Mientras que su hijo de dos años es enviado con su padre, quien cabe resaltar es diplomatico italiano, Alma Cecilia quien al salir del hospital fue de inmediato por su hijo, es golpeada de nuevo por su esposo, retirandole los pasaportes de sus hijos y prohibiendole ver a su hijo, al verse indefensa, sin dinero ni donde vivir Alma Cecilia solicitó el apoyo del consulado mexicano en Italia y la respuesta fue que regresara con su esposo y tratara de resolver sus problemas maritales asi como que el consulado no contaba con abogados que pudieran asesorarla. (Soto, 2020)

Enviada a México por su esposo, Alma Cecilia durante dos años ha tocado puertas en instituciones mexicanas, gobiernos estatales y municipales, y ante autoridades mexicanas y la respuesta siempre es la misma, “que revisarán su caso”, razon por la cual el pasado mes de octubre de 2020, Alma Cecilia asistió a Palacio Nacional a dejar su petición de apoyo para asesoria legal y apoyo economico, ya que los gastos para pagar una defensa legal en italia son exorbitantes y fuera de su alcance, su caso fue canalizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde le indicaron, lo que ya habia escuchado en Italia con antelación, no otorgaran apoyo legal porque es un caso entre particulares pero “le pueden recomendar abogados en Italia para que lleven su caso, que ella debe pagar”. (Soto, 2020)

El articulo 2o. en su fracción II de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que corresponde al Servicio Exterior Mexicano proteger de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. en el mismo tenor de ideas la fracción XI del mismo articulo cita que se puede destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero, con el objeto de cubrir, previa autorización de la Secretaría, los gastos relativos a las actividades y programas de la misma, en términos del Reglamento y que los gastos a sufragar de conformidad con el párrafo anterior se realizarán de acuerdo con las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública; dichas actividades y programas a los que se les puede asignar recursos acorde al articulo 68 del Reglamento de la Ley del Servcio Exterior Mexicano son los siguientes: repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público. (Cámara de Diputados, 2020)

El mecionado articulo 68 del Reglamento, en sus fracciones I a IV, establece que:

La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar a mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras. Para estos efectos los Miembros del Servicio Exterior deberán:

I. Asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades e informarles sobre la legislación local, la convivencia con la población local, sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado extranjero en donde se encuentren, y sus vínculos y obligaciones en relación con México, en especial su registro en la oficina consular correspondiente;

II. Asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, entre otros a través de los abogados consultores de las representaciones;

III. Visitar a los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o en otro tipo de desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia, y

IV. Asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos estén imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses. (Cámara de Diputados, 2020)

Sin embargo, a Alma Cecilia Contreras Soto no le otorgaron asistencia consular, no fue asesorada y aconsejada de sus derechos y obligaciones durante su proceso, tampoco tuvo asistencia juridica en italia por parte del consulado, no fue visitada por nadie del personal del Servicio Exterior Mexicano en la institucion psiquiatrica cuando fue internada para asistirla ni conocer sus necesidades y continua sin tener representacion por estar ausente e imposisbilitada para llevar su defensa legal y recuperar la custodia de sus hijos con quien ni siquiera puede tener contacto por llamada telefonica, ni correo ni redes sociales, y ni siquiera le fue pagado un boleto de avion para que regresara a México.

Todo los y las ciudadanas mexicanas tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso es decir, que se garantice en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrado el cumplimiento de las formalidades esenciales y con apego a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e Internacionales y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el Órgano Constitucional Autónomo encargado de velar que se garantice la adopción de medidas y protocolos para salvaguardar los derechos humanos, dicha Comisión Nacional y las comisiones, procuradurías o defensorías de derechos humanos en los estados de la república proporcionan servicios gratuitos de orientación sobre la protección jurídica de las familias y orientación con relación a las autoridades, procedimientos o procesos que las personas pueden seguir para resolver conflictos familiares concretos contando con el programa de asuntos de la niñez y la familia a cargo de la CNDH. (CNDH México, 2020)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a otorgar asistencia consular a la ciudadana Alma Cecilia Contreras Soto, al brindar asistencia jurídica y asumir su representación para recuperar la custodia de sus hijos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a brindar asesoría jurídica y hacer respetar el derecho de la ciudadana mexicana Alma Cecilia Contreras Soto a mantener contacto con sus hijos retenidos en Italia.

Referencias

Cámara de Diputados. (31 de octubre de 2020). Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

Cámara de Diputados. (17 de octubre de 2020). LXIV Legislatura Cámara de Diputados. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pd f

Cámara de Diputados. (17 de octubre de 2020). LXIV Legislatuta Cámara de Diputados. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSEM_ 171019.pdf

CNDH México. (3 de noviembre de 2020). CNDH México Defendemos al pueblo . Obtenido de https://www.cndh.org.mx/programa/6/asuntos-de-la-ninez-y-la-familia

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1999). El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco. Opinión consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Diario Cardel. (noviembre de 2020). Diario Cardel . Obtenido de http://diariocardel.com.mx/2020/10/05/mexicana-denuncia-abusos-de-gobie rno-italiano/

Entre palabras. (6 de noviembre de 2020). Obtenido de http://entrepalabras.com.mx/tag/alma cecilia- contreras-soto/

Excelsior. (6 de octubre de 2020). Excélsior . Obtenido de https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesorara-sre-a-mujer-que-denunc io-que-esposo-le-arrebato-a-hijos-en-italia/1409684#:~:text=Exc%C3%A9ls ior%20dio%20a%20conocer%20el,%C3%A9ste%2C%20ambos%20de%20origen%20itali ano.

Ibero. (25 de junio de 2020). Blog Ibero Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional. Obtenido de https://egresados.ibero.mx/diplomaciapandemia/

Imagen Televisión. (6 de octubre de 2020). Imagen Televisión . Obtenido de https://www.imagentv.com/noticias/noticiero-de-pisa-y-corre/mexicana-pi de-ayuda-para-recuperar-sus-hijos-en-italia

Lorenzana, I. (06 de octubre de 2020). Uni2salimos . Obtenido de https://siete24.mx/mexico/nacional/internan-en-hospital-psiquiatrico-de -italia-a-madre-mexicana/

Martín, J. (12 de agosto de 2020). Central Noticias Imagen del Golfo . Obtenido de https://imagendelgolfo.mx/nacional/diplomatico-italiano-arrebata-hijos- a-mexicana-y-la-interna-en-manicomio/50035416

Soto, A. C. (3 de octubre de 2020). Petición de ayuda a la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora. (N. A. Zamora, entrevistador)

Velázquez, C. (6 de octubre de 2020). Milenio 2020 . Obtenido de https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mujer-pide-sre-recupera r-custodia-hijos-italia

Zócalo. (7 de octubre de 2020). Zócalo . Obtenido de https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/italiano-le-arrebata-a-sus- hijos-a-su-esposa-mexicana-y-la-hace-pasar-por-l

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y sus 32 homólogas locales a implantar el Protocolo Alba, con referente del establecido en Chihuahua, para la búsqueda inmediata, localización y recuperación de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas en México, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez , del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, fracción IV, 79, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:

Consideraciones

La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es una problemática que se ha incrementado en diversos estados de la República Mexicana, en los últimos años, lo que constituye una violación a los derechos humanos como lo establece el artículo 1o. de nuestra Constitución Política, que a la letra dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres han considerado que las “desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata o los feminicidios”.1

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señala que, durante 2019, un total de 3 mil 93 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales mil 816 fueron localizadas, mil 277 aún no. Y de 2 mil 720 menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas, mil 713 fueron localizadas, mil 7 aún siguen desaparecidas. De acuerdo a datos oficiales actualizados al 6 de enero de 2020 por la Secretaría de Gobernación.2

En México son asesinadas 10 mujeres cada día, de acuerdo con la ONU, de 2015 a 2019 suman 3 mil 578 feminicidios a nivel nacional, solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Geofísica María Salguero, creadora del mapa de los feminicidios, señala que entre los estados con mayor incidencia, se encuentra en primer lugar el estado de México con 443 casos, 43 más que el año antepasado; Guanajuato, con 340 casos, 14 más que el 2018; y Jalisco, con 295, 58 más que el año 2017, habiendo un repunte significativo en esta zona del país.

La gran mayoría de las mujeres que han desaparecido y son localizadas son resultado de la búsqueda incansable de las propias familias, de la lucha contra la autoridad que criminaliza a las dependencias, a los familiares y amigos, así como del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento y asistencia jurídica a familiares de las mujeres desaparecidas.

Los recursos públicos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas deberían orientarse a privilegiar el acompañamiento a las familias y a la investigación que permita la localización de las mujeres, niñas y adolescentes, facilitando el acceso oportuno a las cámaras de videovigilancia cuando éstas existan, el rastreo y localización inmediata de teléfonos móviles, entre otras acciones que pueden hacer la diferencia. Asimismo es importante la inversión para que todos los cuerpos encontrados sean debidamente identificados, sin errores, ni omisiones.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la cual resolvió que existía responsabilidad internacional de Estado, debido a la omisión entre diversas violaciones a los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, mismos que se encuentran reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este mismo caso, la Corte estimó que el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y feminicidios.

Asimismo, estableció las bases del ahora denominado Protocolo Alba, que deberá, entre otros aspectos; implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, como una medida para proteger la vida, la libertad y la integridad de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado y sistematizado entre las diferentes autoridades para localizar a la persona desaparecida; eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho, entre los que se encuentran, exigir investigaciones o procedimientos preliminares, que le reste efectividad a la búsqueda o haga imposible su inicio así como, priorizar las búsquedas en las áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda, por lo que tratándose de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, las diligencias citadas deberán ser más urgentes y rigurosas.

El Protocolo Alba tiene como objetivo prevenir y reaccionar sin dilación ante la búsqueda inmediata para la localización de mujeres, niñas y adolescentes, con la finalidad de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Dicho Protocolo cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual se conforma por diversas dependencias federales y locales, las cuales tendrían que desplegar acciones oportunas para la localización de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas y que tendría que continuar operando hasta su localización.

En nuestro marco internacional, la Convención de Belém do Pará, que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, declara el derecho a que se respete la vida, integridad física, psíquica y moral, la libertad, seguridad personal, dignidad, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. Las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes constituyen una clara violación a estos derechos. En cuanto a los deberes de los Estados parte, la Convención menciona que deben garantizar la adopción de medidas, legislación, mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo el acceso a la justicia.

También el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-Cedaw formuló nuevas recomendaciones que servirán de base para las acciones y políticas que deberán emprenderse en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, enfatizó al recomendar; “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.3

Lo anterior señala la importancia que es establecer protocolos de búsqueda inmediata para mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, ya que representa estar en riesgo de sufrir daño grave en su integridad personal y en muchos casos, suele ser la antesala del feminicidio.

Y que las autoridades responsables en dar acceso a la justicia como lo marca nuestra Carta Magna en su artículo; artículos 21, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículos 2, 3, 4, 5 y 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no sean omisas y, de acuerdo a sus atribuciones, cumplan lo establecido por las reglamentos, leyes y demás ordenamientos, así como protocolos para dicha búsqueda.

Diariamente, familiares de mujeres y adolescentes desaparecidas exigen a las autoridades que se deje de pedir la espera de 48 a 72 horas de ausencia para tomar la denuncia de la falta de una mujer, pues esto provoca que sistemáticamente se viole el acceso a la justicia para estos casos, además que; las primeras horas tras una desaparición son claves para investigar y recuperar a la persona con vida.

De las 32 entidades, 25 cuentan con dicho Protocolo Alba, pero de estos, solo 17 cuentan con un Comité, lo que permite se active correctamente el mecanismo, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).4

La instrumentación no es homogénea, ni está homologada; mientras que unos estados se encuentran en etapa de diseño, otros tienen grado de avance sustantivo en su implementación, como lo es Chihuahua, ya que, de enero del 2019 a enero de 2020, la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez ha tenido una efectividad del 95 por ciento en localizaciones de mujeres y niñas, localizó a 355 mujeres que contaban con reporte de ausencia de 370 Protocolos Alba activados.5

Para lograrlo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron entrevistas a diferentes personas, obteniendo como resultado datos de los entornos de las ausentes, lo cual ayudó a dar con su paradero, también se realizaron diversos operativos de búsqueda en algunos sectores de la ciudad, tales como bares, hoteles, moteles, además de rastreos en lugares despoblados, se llevaron a cabo cateos en varios domicilios, en algunos de ellos se exhumaron cuerpos de mujeres desaparecidas y con Protocolo Alba activado.

Por ello se plantea que; se implemente y homologue el Protocolo Alba con referencia al estado de Chihuahua, ya que se ha demostrado el grado de efectividad para la búsqueda y localización de mujeres y niñas, y derivado de las recomendaciones al Estado mexicano por la sentencia conocida como “Campo Algodonero” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo;

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías generales de los 32 estado de la República a homologar y en su caso implementar el Protocolo Alba, con referente al establecido en el estado de Chihuahua, para la búsqueda inmediata, localización y recuperación de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas en México.

Notas

1 https://actualidad.rt.com/actualidad/307988-alerta-onu-9000-mujeres-des aparecidas-mexico

2 https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-desaparecid as-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx

3 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comu nicado-cedaw

4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmedia ta-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es

5[1] http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=53620

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Came a condonar las multas por verificación extemporánea durante 2020 a los dueños de vehículos particulares que no han podido realizarla por la emergencia sanitaria del país, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Pastor Badilla , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un organismo de coordinación política con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se extiende a las 16 alcaldías en Ciudad de México y 224 municipios en total entre el estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.1

La CAMe tiene como propósitos el mejoramiento de la calidad del aire; el combate del cambio climático; la gestión integral de recursos hídricos y la conservación; así como la restauración de toda la biodiversidad existente en estas regiones del territorio nacional.

Uno de los programas para cuidar y proteger la calidad del aire que han implementado es el de la verificación vehicular, donde de manera semestral los usuarios de vehículos automotores tienen la obligación de acudir a alguno de los centros de verificación para la realización de pruebas de emisiones de contaminantes del aire como lo es el dióxido de carbono.

Es importante destacar que varias de las entidades federativas que se encuentran dentro del CAMe son de las que más vehículos tienen registrados en el padrón vehicular, por lo que también son las que realizan el mayor número de pruebas de emisiones.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que las entidades que lideran el parque vehicular son el estado de México y Ciudad de México, pues se tenía un registro para 2017 de 7 millones 272 mil y 5 millones 471 mil de coches respectivamente, pues ambas entidades federativas reúnen también a la mayor población de todo el país.2

Para el estado de Hidalgo se tiene un registro de 945 mil 126 de unidades vehiculares registradas en dicha entidad y se estima que en los hogares que disponen de al menos un automóvil o camioneta es de 40.3 por ciento, pero esa cifra ha aumentado con los años.3

En el estado de Morelos se calculan más de 900 vehículos de motor registrados, de los cuales el 73 por ciento son automóviles.

En el caso de Puebla, el número de automóviles en una década creció 60.64 por ciento, al pasar de 596 mil 917 unidades en 2007 a 952 mil 504 en 2017;4 mientras que el caso de Tlaxcala son 517 mil 564 automóviles de los que se tiene registro hasta 2018 en la entidad.5

Con la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus Covid-19, muchos de los estados tomaron medidas drásticas pero necesarias para detener la propagación de la enfermedad entre la población, como lo fue la suspensión de actividades en los Centros de Verificación Vehicular.

Tan solo en la Ciudad de México la suspensión de actividades comprendió desde el 25 de marzo hasta el 10 de agosto, con lo cual todos los vehículos registrados en esta ciudad tendrán que realizar una sola verificación durante el presente año, siguiendo siempre las medidas sanitarias.6

En el estado de México, desde el mes de abril hasta el 27 de julio, estuvieron cerrados los centros de verificación con el objetivo de favorecer el esfuerzo de los mexiquenses por quedarse en casa y salir cuando es estrictamente fuera necesario y con ello contribuir a disminuir que el número de contagios.7

La situación de Hidalgo y Tlaxcala fue distinta pues no suspendieron el servicio de la verificación vehicular y sus Programas de Verificación Vehicular Obligatoria están operando de manera normal.8

En el estado de Puebla se dejó sin efectos la aplicación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, para el Ejercicio 2020 y se instruyó a las unidades administrativas de la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno de Puebla a suspender los actos tendientes a vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de verificación vehicular del programa 2020.

A pesar de los cierres en los centros de verificación vehicular, los índices de contaminación se han mantenido estables, y esto se debe en gran medida a que muchos trabajadores están desempeñando sus actividades desde casa y las niñas, niños y jóvenes toman clases a distancia.

Un tema importante a destacar es que con la pérdida de empleos muchas personas no tienen la solvencia económica necesaria para cumplir con sus obligaciones, como lo es el pago de sus verificaciones vehiculares de este año, sin contar que con las restricciones impuestas muchos de ellos no han hecho uso de sus automóviles.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la economía mexicana ha perdido poco más de un millón 181 mil empleos formales por la pandemia de Covid-199 y aunque las actividades se han empezado a reactivar poco a poco, se espera que en las próximas semanas se vuelvan a tomar medidas drásticas.

Ante la crítica situación financiera que están viviendo los mexicanos a consecuencia de la pandemia, es que solicitamos que las multas que surjan a consecuencia de verificaciones extemporáneas durante este año sean condonadas en beneficio de las personas que no puedan cubrir los pagos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los estados que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis y que tienen como obligación realizar la verificación Vehicular para que, en medida de lo posible, condonen las multas por verificación extemporánea durante este 2020 a los dueños de vehículos particulares que no han podido realizar la verificación por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, a fin de apoyar su economía y bienestar familiar.

Notas

1 https://www.gob.mx/comisionambiental/que-hacemos

2 https://www.reporteindigo.com/reporte/asi-se-ha-multiplicado-el-parque-vehicular-
en-mexico-en-solo-dos-decadas-movilidad/#:~:text=Los%20estados%20con%20m%C3%A1s%20coches,
poblaci%C3%B3n%20de%20todo%20el%20pa%C3%ADs.

3 https://criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/se-acerca-parque-de-vehiculos-
de-la-capital-al-millon-de-uni#:~:text=De%20821%20mil%20939%20autos,es%20de%2040.3%20por%20ciento.

4 https://www.milenio.com/negocios/parque-vehicular-puebla-crecio-53-8-10 -anos-inegi

5 https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/mas-de-517-mil-autos-circulan-en-la-entidad-
1729997.html#:~:text=Son%20517%20mil%20564%20autom%C3%B3viles,la%20Secretar%C3%ADa%20de%20Comunicaciones%20y

6 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-como-reanudaran-
operaciones-los-centros-de-verificacion-vehicular-20200614-0029.html

7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
covid-19-verificentros-del-edomex-permaneceran-cerrados-hasta-el-30-de-mayo

8 https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/nuevas-medidas-de-los-programas-
de-verificacion-vehicular-en-los-estados-de-la-megalopolis-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria

9 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-ha-perdido-118-millones-de-em pleos-formales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Claudia Pastor Badilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE y diversos organismos públicos locales a aplicar los criterios para garantizar la paridad en las gubernaturas y el cumplimiento por los partidos políticos sobre la determinación del Consejo General del INE, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 6 de noviembre del 2020 en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó por 7 votos a favor y 2 en contra, los criterios de paridad de género aplicables para las 15 entidades federativas que elegirán a la persona titular del Poder Ejecutivo el 6 de junio de 2021 y que obliga a los partidos políticos a postular al menos a 7 candidatas a las gubernaturas en disputa.

El primer domingo de junio del 2021 se renovará la Cámara de Diputados, integrada por 500 diputados y diputadas, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 30 congresos locales y 30 miembros de ayuntamientos y alcaldías, así como 15 gubernaturas, (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas) por 95 millones de electores y sumando un total de 21 mil cargos.

Segunda. El principio de paridad de género se estableció en la reforma electoral de 2014. En ella se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ella, se establece que los partidos políticos deben postular de manera paritaria a candidatas y candidatos para los procesos electorales federales y locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado:1 “La paridad es igualdad. Así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.”

Para su cumplimiento, los partidos políticos a través de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y las leyes aplicables en las entidades federativas deberán decidir sobre su vida interna y en función de ella, determinar los procedimientos necesarios para cumplir la determinación de la Constitución.

Estos se pueden sintetizar en integrar listas de candidaturas paritarias, cuya persona titular y suplente sean del mismo género; para aumentar la representación efectiva y para evitar que sea una práctica de cuotas, se bloquea que existan candidaturas en donde tiene un porcentaje de votación inferior a los niveles competitivos con el objetivo de consolidar la participación efectiva, no solo nominativa, o incluso, simulada, así como aumentar el porcentaje del financiamiento público de los partidos de 2 a 3 por ciento para capacitación y formación política de las mujeres.

Las reformas de 2014 tuvieron sus frutos en 2015 y 2018, en la primera, pasó de 37 a 42 por ciento de las curules, se superaron los 200 escaños de mujeres; 8 entidades lograron la paridad de género. Mientras, la votación de 2018 arrojó una Cámara de Diputados con 50.8 de varones y 49.2 mujeres. En el Senado fueron 63 de 128 escaños.

Tercera. El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación2 la reforma constitucional en materia de paridad total. En el artículo 2 de nuestra Constitución Político se específica que los municipios con población indígena las autoridades deberán ser elegidas observando el principio de paridad.

En el artículo 4o. se estableció que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley. En los artículos 35 y 41 se explicitan los derechos políticos de las mujeres. En la fracción II del artículo 35 se establece que las mujeres podrán ser votadas en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, siempre cuando cumplan los requisitos, condiciones y los tiempos que la legislación determine.

En el artículo 41 se establece que los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género en la postulación de sus candidaturas para los puestos de elección popular.

La frase capital está localizada en el artículo 35 de la Constitución que establece la paridad para todos los cargos de elección popular, las gubernaturas son cargos de representación popular, lo mismo que la autoridad municipal. Aun cuando sean unipersonales como sostienen las tesis contradictorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.3

El Tribunal Electoral4 se ha pronunciado al respecto. Al preguntarse ¿por qué ya no es suficiente la paridad?, responde: “Porque necesitamos una paridad que no sea una corrección política. Necesitamos una paridad que trascienda formas y simulaciones. Una paridad por encima de maquillajes y discursos triunfalistas. Una paridad, en suma, que no provenga exclusivamente de las normas, sino de la convicción interna de los actores políticos”.

Cuarta. La consejera promovente de la propuesta aprobada por el INE, Carla Humphrey, así como las consejeras y consejeros y otras autoridades en la Comisión Temporal de Igualdad de Género y no Discriminación, creada en septiembre del 2019, según el acuerdo décimo5 del acuerdo número INE/CG407/2019, discutieron el asunto aun antes del inicio del proceso electoral de 2020, ya que, como fue comunicado por la consejera Ravel, empezaron a analizar la propuesta desde diciembre de 2019.6

De igual modo, aunque las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral especifican que no se puede modificar la norma 90 días antes de la elección, queda claro que se refiere a las reglas fundamentales en una jornada electoral. Adicionalmente, en caso de que el Congreso de la Unión no emita una legislación secundaria, la autoridad electoral podrá emitir lineamientos y criterios que vigilen el cumplimiento de la Constitución.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló: “(Si bien) el INE no legisla, adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la demanda de paridad y equidad”.7

La consejera Carla Humphrey comentó que en el periodo 2015-2020, sólo 3 mujeres fueron elegidas (Claudia Sheinbaum, Claudia Pavlovich y Martha Érika Alonso) y sólo se registró 18 por ciento de las candidaturas para mujeres, lo cual representa una brecha. Cabe recordar que en México sólo se han tenido 9 gobernadoras en funciones, como señala el Inmujeres.8 Para la promovente, como para las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, esta acción es dimensionable con el derecho al voto que desde 1953 garantiza el derecho a las mujeres de votar y ser votadas.

Que no haya más mujeres gobernadoras puede explicarse, entre otras razones a) porque los partidos políticos no las postulan; b) porque los partidos que las postulan están por debajo del nivel de competitividad en ese mismo se encuadra la representación de la candidatura independiente; y c) porque los liderazgos de mujeres no se apoyan con la misma intensidad política que en el caso de los varones.

La aprobación de los criterios aprobados por el Consejo General debe aplicarse a más tardar el 2 de abril de 2021, en caso de incumplimiento a la paridad de género, tendrán plazo de 48 horas para resarcir la falta y en su seguida negación, se podrá cancelar el registro de la candidatura.

Los criterios deben aprobarse hasta en un máximo de 10 días de comunicadas por el OPLE, a fin de que al 31 de enero de 2021 se informe al INE y se puedan comunicar las listas de las candidaturas por los partidos políticos. Los partidos deberán hacer públicos los criterios aplicables para garantizar la paridad de género con fecha al 15 de diciembre del presente año.

Quinta. Las estadísticas electorales del INE con corte al 9 de octubre indican que hay 47 millones 301 mil 267 mujeres en la lista nominal y 44 millones 13 mil 668 hombres en la lista. De ellos, entre 18 y 19 años tenemos un registro de 2 millones 781 mil 966 mujeres y hombres que emitirán probablemente su primera votación. En México, la elección presidencial genera un mayor atractivo por parte de la ciudadanía que las denominadas elecciones intermedias.

En el estudio comparativo del INE sobre la participación electoral, de 1991 a 2015 la participación promedio ha sido de 51 por ciento, mientras que en presidenciales asciende a 65;9 hay una diferencia de 14 puntos porcentuales. De igual forma, las mujeres tienden a participar más que los hombres como se muestra en la gráfica siguiente:

Por lo anterior se somete a consideración de soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Consejo General del INE y a los organismos públicos locales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas para que, en el uso de sus atribuciones, realicen la aplicación de los criterios para garantizar la paridad en las gubernaturas, para efecto de que los partidos políticos cumplan con la determinación realizada por el Consejo General del INE y de igual manera, vigilen a los partidos políticos en la aplicación de la paridad de género en las candidaturas para la integración de los congresos locales de las 30 entidades que serán renovados, así como las presidencias municipales del mismo número de entidades y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Consejo General del INE y a los organismos públicos locales de las 32 entidades federativas para que apliquen la legislación que en materia de paridad de género regulará el proceso electoral 2020-2021, a fin de fomentar la participación política de las mujeres en la democracia, y en el uso de sus facultades, realicen campañas informativas sobre los derechos político electorales de las y los jóvenes que ejercerán por vez primera su derecho al voto.

Notas

1 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/
documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019

3 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/doc umento/2018-10-26/25102018PO_0.pdf

4 https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/50

5 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/1 12601/CGex201909-04-ap-2.pdf

6 https://twitter.com/DaniaRavel/status/1324863016182099973

7 https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/06/aprueba-ine-criterios-de-par idad-para-gubernaturas/

8 https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/un-logro-inedito-la-aprobacion-de-c riterios-del-ine-para-garantizar-la-paridad-en-gubernaturas?idiom=es

9 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/01/DECEYEC_Comparativo_VF.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno a aplicar las medidas conducentes a atender la problemática por las inundaciones en Tabasco, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos naturales pueden convertirse en factores que dan cuenta de la vulnerabilidad de las poblaciones que sufren sus efectos.

Es el caso de lo ocurrido en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, tal como sucedió en los primeros días del mes de octubre de 2020, con las intensas lluvias que se abatieron en regiones de dichas entidades.

La fuerza de la naturaleza se ha hecho sentir en esos estados, generando una serie de problemas, entre ellos, de manera muy destacada, las inundaciones que han provocado un número importante de decesos.

La gravedad del asunto ha tenido su foco principal en el estado de Tabasco, cuya mayor parte ha sufrido inundaciones debido a la fuerza de las lluvias que han azotado a la entidad en semanas recientes.

A ello se agrega, de acuerdo con autoridades estatales, un mal manejo de la presa “Peñitas” ubicada en su territorio, lo cual ha acrecentado la problemática referida.

La afectación patrimonial en detrimento de los pobladores de Tabasco es incalculable y requiere de la participación decidida de las diversas instancias que tienen la responsabilidad de colaborar en revertir la situación.

No es la primera ocasión que un hecho de este tipo ocurre en Tabasco, lo cual remite a pensar que no se han adoptado las medidas necesarias para evitar la repetición de un episodio tan lamentable.

Más allá del cruce de acusaciones acerca de las omisiones en que han incurrido las instancias responsables, es imprescindible que se avance hacia la solución del problema de manera inmediata.

Con base en las consideraciones expuestas, formulamos el presente punto de acuerdo, consistente en solicitar la coordinación de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de aplicar las medidas conducentes, a fin de atender la problemática de las inundaciones en Tabasco, además de actuar de manera tal que estos hechos lamentables no se repitan nuevamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres niveles de gobierno, para aplicar las medidas conducentes, a fin de atender la problemática de las inundaciones en el estado de Tabasco, así como resarcir el daño patrimonial de los afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Comisión de Seguridad Pública de Morelos a reforzar la seguridad por el incremento de delitos en los últimos años, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y almirante José Antonio Ortiz Guarneros, respectivamente, a reforzar la seguridad en la entidad, derivado del incremento de delitos en los últimos años, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de septiembre del presente año, al menos 8 personas fueron asesinadas y 14 resultaron heridas durante un ataque de cierto grupo armado en un velorio en Cuernavaca. Dos de las víctimas mortales eran menores de edad. De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, en ese acto fueron utilizadas armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El 22 de agosto, un elemento de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos fue asesinado en Xochitepec, donde varios sujetos lo obligaron a detener el vehículo donde se trasladaba y con rifles de asalto fue acribillado.

El 18 de julio siete miembros de una familia fueron atacados a balazos, tres de ellos perdieron la vida. Lo anterior ocurrió en el Camino antiguo a Tepoztlán. Los 4 sobrevivientes eran menores de 3, 8, 9 y 11 años.

Sucesos como los antes mencionados son cada vez más frecuentes en Morelos, prueba de ello son las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismos autónomos y diversas organizaciones de la sociedad civil.

De enero a julio de 2020, el SESNSP señalaba en su reporte de incidencia delictiva un total de 22 672 delitos registrados en Morelos.

De acuerdo con el informe presentado en mayo del año en curso por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, doctor Alfonso Durazo, Morelos, se situó en el séptimo lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, incluso por arriba de la tasa nacional.

Durante 2019 ocupó el tercer lugar con mayor aumento en este delito con un 34.9 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2018, siendo Cuernavaca uno de los 50 municipios que concentran 48 por ciento de los homicidios dolosos.

La asociación Alto al Secuestro reporta que el estado se encuentra entre las entidades donde se cometen 58.8 por ciento de secuestros en el país. Durante julio, se ubicó en el segundo lugar en la tasa por cada 100 mil habitantes, y en el quinto con mayor incidencia. De diciembre de 2018 a julio 2020, el organismo reporta 128 secuestros en Morelos, sólo por debajo de Veracruz, el estado de México, Ciudad de México y Puebla.

En materia de secuestro y con información del SESNSP se observa un incremento de 84 por ciento en 2019.

Aunado a lo anterior, cifra alarmante es la que se presenta en materia de extorsión, ya que de acuerdo con las cifras publicadas por el SESNSP, comparando el periodo de enero a octubre de 2018 y de 2019 este delito incremento 872.6 por ciento, mientras que el aumento de la media nacional fue de 33.9.

En lo que se refiere a feminicidios, las cifras del SESNSP indican que incrementaron en 17 entidades en el periodo de enero a julio de 2020, con respecto al mismo lapso de 2019.De enero a abril de 2020 Morelos ocupó el segundo lugar por cada 100 mil habitantes. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos señala que entre 2000 y el 31 de julio de 2020 se reportaron en la entidad mil 214 feminicidios. De ellos, 100 se registraron en 2019, y en lo que va de este año ya suman 44.

Igual de preocupante es que desde hace 5 años que se activó la alerta de violencia de género en 8 municipios (Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y Temixco), se han registrado 430 feminicidios. Por lo anterior, diversas organizaciones civiles advierten inacción de las autoridades.

En el marco del Día Mundial contra la Desaparición Forzada, el 30 de agosto, se hizo un recuento de las víctimas de este delito en los últimos años, en su mayoría mujeres. Sin embargo, destaca que las cifras oficiales distan mucho de las arrojadas por activistas y organizaciones de la sociedad civil.

En febrero del año en curso, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, informaba que desde 1997 hasta febrero de 2020 se contabilizaban más de 2 mil personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, la activista Susana Díaz Pineda documentó la desaparición de 257 mujeres en 2017, 350 en 2018 y hasta octubre de 2019 reportaba más de 270 desaparecidas. Es decir, en los últimos 3 años habrían desaparecido más de 877 mujeres en Morelos.

Datos del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado de Morelos, señalan que durante el primer trimestre del 2020 en la entidad se ha incrementado la incidencia de delitos del fuero común. Tal es el caso del robo a negocios con un aumento del 111 por ciento, robo a vehículo 11 por ciento y violencia familiar 13.3 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, 73.8 por ciento de los morelenses de 18 años o más considera que la inseguridad es el problema más importante que afecta al estado.

En junio del año en curso, durante la conferencia de prensa que el presidente y su gabinete dieron desde Cuernavaca, Morelos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, señaló que Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco y Yautepec son los cinco municipios donde se presenta la mayor incidencia delictiva en Morelos.

Desde enero y hasta esa fecha se habían registrado 937 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, 50 agresiones a elementos de seguridad y 4 mil 675 robos de vehículo.

La situación en materia de seguridad en Morelos es alarmante, las cifras así lo demuestran. Igual de preocupante es el hecho de que en el periodo del 02 de diciembre de 2018 al 29 de noviembre de 2019 de las 260 sesiones mínimas posibles en las Mesas de Coordinación Estatal sobre Seguridad Pública, el gobernador asistió sólo a 9.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al comisionado estatal de Seguridad Pública, almirante José Antonio Ortiz Guarneros, a reforzar la seguridad en la entidad derivado del incremento de delitos en los últimos años.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; al fiscal general del estado, maestro Uriel Carmona Gándara; al comisionado estatal de Seguridad Pública, almirante José Antonio Ortiz Guarneros; y al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, contralmirante José Manuel Rodríguez Morales, a realizar mesas de trabajo de seguridad con los diputados federales de la entidad.

Notas

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidenci a-delictiva-87005?idiom=es

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/201 9/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

https://afeb3125-2831-4536-a5a0-7798b0e705f5.filesusr.co m/ugd/3804e6_3c91d707c5cb4030b3344cbde2290a52.pdf

https://www.excelsior.com.mx/nacional/indices-delictivos-se-disparan-con-el-
cuau-morelos-es-el-quinto-lugar-en-asesinatos/1312496

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/repuntan-homicid ios-feminicidios-y-secuestros-en-morelos-5257115.html

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/1 9/cinco-municipios-de-morelos-los-que-concentran-los-delitos/

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/registran-430-feminicidios-en-morelos-
a-cinco-anos-de-activacion-de-la-alerta-de-violencia-de-genero

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a fortalecer los mecanismos de protección de la banca y prevenir los fraudes financieros intensificados por la crisis sanitaria, especialmente el vishing, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Óscar Bautista Villegas , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El uso de las tecnologías de la información cada vez crece más en la sociedad, en gran medida, porque las coberturas en las telecomunicaciones en el mundo y en el país se amplían diariamente, ahora es más fácil poder hacer llamadas o conectarse al mundo del internet de forma instantánea desde la comodidad de cualquier sitio en donde existan redes o conexiones telefónicas.

Contar con un teléfono inteligente se ha convertido en una necesidad para las nuevas generaciones, conducta que también se ha replicado en aquellas generaciones en donde veían imposible que una persona pudiera tener una conversación a través de una videollamada.

Las necesidades de la sociedad tecnológica han contribuido a que todos los servicios que se ofertan a través del internet estén evolucionando constantemente, pues ahora con tan solo presionar un botón las personas pueden solicitar un taxi sin la necesidad de estar en la calle esperando a que pase uno disponible.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el país hay alrededor de 80.6 millones de usuarios de internet, que representan al 70.1 por ciento de la población en un rango de edades de entre los seis o más1

Asimismo, estima que al menos hay 20.1 millones de hogares que disponen de internet (56.4 por ciento), ya sea mediante una conexión fija o móvil, dándole como utilidad principal el entretenimiento, la obtención de información y la comunicación.

Ahora todos los bancos del país ofrecen sus servicios electrónicos casi de manera gratuita tan solo con el hecho de abrir una cuenta bancaria, solo es necesario contar con un dispositivo electrónico para poder ingresar a su aplicación oficial o a su sitio web, en donde ya se puede realizar cualquier operación bancaria, sin tener que hacer filas en las sucursales.

Pero, para hacer uso pleno de las herramientas que nos ofrece el internet, es necesario contar con una cuenta bancaria que nos ayude con el proceso de poder adquirir bienes o servicios de manera instantánea, fácil y segura, por lo que lo que banca y sus servicios financieros se han tenido que estar adecuando a las necesidades diarias de los consumidores.

La última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera señala que existen alrededor de 54 millones de personas que tienen al menos un producto financiero, siendo las cuentas de nómina o de pensión las que registran el mayor número de usuarios, con 22.5 millones.2

En cuanto al uso de la banca digital se ha disparado el crecimiento de los usuarios en el país de manera exponencial, pues se ha incentivado en gran medida por la aparición de pandemia de Covid-19 que obligó a la población a estar en un total aislamiento para evitar posibles contagios.3

De acuerdo con reportes recientes de algunos de los grandes bancos que operan en México, el crecimiento en el primer trimestre del 2020 fue cercano a 40 por ciento si se compara con el mismo periodo del 2019, siendo las aplicaciones móviles el principal impulsor de la adopción digital y el uso transaccional, pues de marzo del 2019 a marzo del 2020, las transacciones financieras digitales pasaron de representar 19 por ciento del total a un 26 por ciento.

De acuerdo con el Reporte sobre el Impacto de Covid-19 en Venta Online, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), indica que en tan solo tres meses, de abril a junio del presente año, se incrementó 90 por ciento el uso de aplicaciones de compras en México.4

Se estima que 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento en internet, y 2 de cada 10 registran crecimientos mayores al 300 por ciento en el volumen de negocios de ventas online, esto como consecuencia de los estragos causados por las nuevas reglas impuestas a los establecimientos comerciales por la pandemia.

Si bien el uso de la banca electrónica ha ido en aumento y representa un avance positivo en el uso de los sistemas financieros en el país, el mayor usos de las plataformas digitales también ha incrementado los fraudes financieros.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) indica que, de enero a septiembre de 2020, se contabilizan alrededor de 45 mil 339 reclamaciones por posible fraude cometido contra clientes de los bancos en México.5

De acuerdo con los datos del organismo, del total de fraudes registrados, 41 por ciento se concentra en consumos no reconocidos, en segundo sitio, se ubica transferencia electrónica no reconocida, en tercer sitio la disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario.

De acuerdo con la Condusef, el vishing ha cobrado particular relevancia para engañar a tarjetahabientes durante la contingencia sanitaria y el confinamiento por Covid-19,6 siendo un método de fraude donde los criminales hacen creer a las a sus víctimas que están haciendo una llamada desde el número telefónico oficial de la institución bancaria a la que se encuentren afiliados.

Lo delincuentes aseguran a su víctima que tiene cargos no reconocidos de alguna plataforma de comercio en línea y que, para solucionar la situación, necesita los datos bancarios como número de cuenta, de tarjeta bancaria, NIP y números de seguridad.

Una vez que la victima a caído en el engaño y ha entregado la información valiosa a los delincuentes, estos empiezan ha realizar compras o a vaciar las cuentas bancarias hasta que las mismas lleguen a su límite, lo que presupone una grave afectación al patrimonio de quien lo sufre.

La Asociación de Bancos de México (ABM) señala que la banca invierte todos los años, alrededor de 25 millones de pesos en tecnología y una parte importante se destina a ciberseguridad, pero que hay redes de delincuentes muy bien organizados que permanente están tratando vulnerar bases de datos, procesos operativos y controles de todo el sistema operativo en todo el mundo.

La delincuencia se encuentra evolucionando y adecuándose a la nueva realidad, por lo que es necesario que a la par nuestras autoridades toman las acciones oportunas para contrarrestar estas posibles conductas delictivas, por lo que es necesario que se fortalezca los mecanismos de protección de la banca, con la finalidad de prevenir todos los delitos financieros que afectan al patrimonio de las personas.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que fortalezca los mecanismos de protección de la banca y prevenir todos los fraudes financieros que se han intensificado por la crisis sanitaria, especialmente el denominado vishing . Asimismo, para que se establezca una campaña de información en los medios de comunicación a nivel nacional.

Notas

1 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexic o-hay-806-millones-de-usuarios-de-internet-y-865-millones-de-usuarios-d e-telefonos-celulares

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemE con/ENIF2018.pdf

3 [1] https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-I-Trim-numero-de-cl ientes-digitales-en-bancos-crecio-casi-40-20200512-0112.html

4 [1] https://www.forbes.com.mx/tecnologia-3-meses-aumento-90-uso-apps-de-com pras-mexico/

5 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-lo-que-va-de-2020-van-45-mil- reclamaciones-por-posibles-fraudes-bancarios-condusef

6 https://www.elimparcial.com/dinero/Con-llamada-falsa-de-Scotiabank-a-Karina-
le-robaron-557-mil-pesos-fraudes-bancarios-aumentan-en-pandemia—20201016-0188.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputado Óscar Bautista Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a postergar hasta 2021 el cobro de los programas de control vehicular, tenencia y emplacamiento o sus similares; y a las secretarías de finanzas a diseñar con los congresos esquemas de incentivos fiscales por esos conceptos, dadas las actuales condiciones sanitarias y económicas del país, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses el mundo se ha enfrentado a una contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y la cual tendrá repercusiones en todos los ámbitos. Sin embargo, en el ámbito económico, esta contingencia para México ha significado un freno a la economía y una baja en el consumo, además de que se generó una interrupción en todas aquellas cadenas de proveeduría comercial y, se generó un fuerte impactó a los mercados bursátiles.

Durante el mes de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del subsecretario Gabriel Yorio, reconoció que la economía tardará de dos a tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia y consideró que el rebote técnico que se espera en 2021, del orden de 4 por ciento, no significa que el país regresaría al tamaño que tenía la economía en 2019.1

Si bien el mercado laboral en México ha visto una mejora en los últimos cinco meses (mayo – septiembre) consecutivos, las cifras aún se encuentran por debajo a los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada registró un incremento de 669 mil 884 personas durante septiembre, para ubicarse en 51.1 millones.2

Entre los meses de mayo y septiembre se recuperaron 7.8 millones puestos de trabajo, el 63 por ciento de los 12.5 millones que se perdieron en abril. En comparación con los meses anteriores, el incremento del empleo durante septiembre se concentró en el sector formal, con 63.4 por ciento, equivalente a 424.8 mil plazas.3

Sin embargo, en el Estado de Puebla los problemas generados por el coronavirus han ocasionado un panorama más complicado. En este sentido, el investigador Marcos Gutiérrez Barrón, de la Facultad de Economía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, explicó que, durante el último trimestre del 2020, la economía del Estado podría concretar una caída de más de 10 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB).4

De igual manera, se estima que los efectos por el coronavirus se mantengan en aumento y, hasta ahora, no se aprecian signos de una recuperación en un corto plazo, situación que preocupa porque se requieren reponer los empleos perdidos para que mejoren los ingresos de las familias poblanas.5

Algunas de las principales razones que provocan este escenario en el Estado es debido a que la contingencia afectó en mayor medida a las entidades que, como Puebla, tienen una vocación turística y una base manufacturera.6

Asimismo, expertos estiman que la crisis económica en Puebla se traducirá en un aumento de la pobreza en los municipios más vulnerables y existe la posibilidad de que incremente la cifra de personas en pobreza extrema. En la capital de Puebla, se tiene el registro de 64 mil 586 habitantes en pobreza extrema.7

A principios de septiembre la secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, María Teresa Castro Corro, hizo público que no se logró la meta de recaudación de 500 millones de pesos por el Programa de Reemplacamiento 2020 .8 Esto no debe sorprendernos porque la grave crisis que azota al país y al Estado de Puebla, en particular, obligó a la ciudadanía a priorizar el gasto en otro tipo de bienes de consumo o la renta de sus bienes inmuebles, antes que en el pago de ciertas contribuciones.

En ese sentido, a finales de septiembre de este año, el gobierno del Estado anunció la posibilidad de postergar el cobro de derechos por concepto de control vehicular, tenencia y reemplacamiento. El cobro de estos trámites fue aplazado durante los primeros meses del año, debido al fuerte impacto económico y social que estaba generando la contingencia y la incertidumbre de sus alcances.

Desgraciadamente, el pasado 30 de octubre el gobierno del Estado publicó un comunicado en el que textualmente advierte lo siguiente:9

Concluirá Gobierno del Estado programa de beneficios en pago del control vehicular

30 de octubre de 2020

Boletín 631020

-A partir del 3 de noviembre, los contribuyentes deberán cubrir multas y recargos al 100 por ciento.

-Los contribuyentes pueden hacer su pago en línea.

Ciudad de Puebla, Pue. El gobierno del estado concluirá este 30 de octubre con la prórroga en el pago del control vehicular, la cual consideró la reducción al 100 por ciento en recargos y multas, así como la regularización de los adeudos por concepto de tenencia.

Por lo anterior, a partir del 3 de noviembre, la Secretaría de Planeación y Finanzas reactivará el cobro en los cargos de aquellos contribuyentes que no regularizaron su situación.

El pago del control vehicular puede realizarse vía electrónica a través de la página https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/

Desde este sitio, las y los ciudadanos podrán pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia interbancaria, cargo a cuenta de cheques o SPEI.

Como se puede advertir del propio comunicado estatal, el gobierno estatal decidió no ampliar el beneficio de su bien intencionado Plan de Reactivación Económica ante la contingencia sanitaria por el covid-19.

Los gobiernos de algunas entidades federativas han sido más sensibles ante la situación que viven todos mexicanos y han implementado diversas medidas para aplazar los cobros por el resto del año 2020.

Ejemplo de lo anterior es el Estado de Yucatán, el cual a pesar de que no solo se ha visto afectado por la contingencia sanitaria, sino también se ha visto fuertemente afectado por la temporada de huracanes, el gobernador de la entidad anunció la suspensión de trámites, como el reemplacamiento vehicular y el refrendo, los cuales se reanudarán de manera obligatoria hasta el 2022.10

En el caso de los ciudadanos que ya hubieren realizado su pago, serán exentos de este pago en los años 2022 y 2023; mientras que los que tienen su tarjeta de circulación del estado de Yucatán vencida y tienen sus papeles en regla, se les extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.11

En este sentido, insistimos que el Gobierno estatal debe dar certeza de que no se generarán multas, actualizaciones o recargos por el no pago de conceptos como el control vehicular, el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y, en su caso, de derechos para el reemplacamiento.

A fin de precisar el posible impacto económico que esta medida generará a los bolsillos de las familias, se enlistan los costos aplicables para el presente año de los trámites antes mencionados: i) la expedición, reposición o canje de placas de circulación, $965 pesos para vehículos, $730 pesos para remolques y $405 pesos para motocicletas; ii) tarjeta de circulación $530 pesos y; iii) trámite del control vehicular $530 pesos. Es decir, un gasto aproximado de $1,500 pesos por vehículo, el cual en la mayoría de los casos es el único medio de transporte que tienen las familias para trasladarse a sus centros de trabajo.12

La actual situación puede ser replicada en las Entidades federativas, razón por la cual, el llamado que haga esta Cámara de Diputados debe ser generalizado a todas las dependencias encargadas de las finanzas locales y a los Congresos estatales, considerando que son estos los que, en última instancia, definen los montos para cada una de las contribuciones, así como las multas aplicables, actualizaciones y recargos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones y considerando las actuales condiciones sanitarias y económicas imperantes en el país, se postergue el cobro, hasta el 2021, de los programas de control vehicular, tenencia y emplacamiento o sus similares.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en las Entidades federativas, a que, en coordinación con los Congresos estatales, diseñen esquemas de incentivos fiscales por concepto de control vehicular, tenencia y emplacamiento o sus similares, en las Entidades federativas, considerando las actuales condiciones sanitarias y económicas imperantes en el país.

Notas

1 “Pasarán 3 años para que México recupere la fortaleza de su economía a niveles de pre-pandemia”, El Economista, fecha: 22 de octubre de 2020, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pasaran-3-anos-para-que-Mexico -recupere-la-fortaleza-de-su-economia-a-niveles-de-pre-pandemia-2020102 2-0118.html

2 “Se recuperaron 670 mil empleos en septiembre”, El Financiero, fecha: 21 de octubre de 2020, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-suman-620-mil-587-personas- a-la-poblacion-economicamente-activa-en-septiembre

3 Ibídem.

4 “Puebla registrará una caída económica mayor en cierre de año”, Milenio, fecha: 12 de octubre de 2020, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/puebla-registrara-caida-econ omica-cierre-ano

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Diario Municipios. Para noviembre cobro de control vehicular y reemplacamiento: Barbosa. Publicada el 28 de septiembre de 2020. Visible en:

https://municipiospuebla.mx/nota/2020-09-28/puebla/para-noviembre-cobro-de-control-
vehicular-y-reemplacamiento-barbosa [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020]

9 Boletín 631020 del Gobierno del Estado: Concluirá Gobierno del Estado programa de beneficios en pago del control vehicular. Publicado el 30 de octubre de 2020. Visible en:

https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/3500-concl uira-gobierno-del-estado-programa-de-beneficios-en-pago-del-control-veh icular [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2020]

10 Placas, Gobierno de Yucatán, fecha: s/f, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en: https://reemplacamiento.yucatan.gob.mx/

11 “Yucatán elimina el reemplacamiento vehicular hasta 2022”, Milenio, fecha: 12 de octubre de 2020, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/estados/yucatan-elimina-el-reemplacamiento-vehi cular-hasta-2022

12 “Analizan extender reemplacamiento hasta 2021”, Milenio, fecha: 12 de octubre de 2020, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2020, disponible en:

https://www.milenio.com/politica/gobierno/analizan-exten der-reemplacamiento-en-puebla-hasta-2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el gobierno de la Ciudad de México, así como al Sipinna, a garantizar los derechos de ese sector poblacional en la localidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 4 de noviembre de 2020, fuimos conocedores de la lamentable noticia, en la que se señaló que autoridades de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que llevaba los cuerpos de dos menores de 18 años, transportándolos por las calles del Centro Histórico.

Días antes del hallazgo, la Fiscalía de la Ciudad de México había reportado la desaparición de dos adolescentes de la comunidad mazahua que habitaban en el número 36 de la calle Pensador Mexicano. Se emitió una Alerta Ámber para su búsqueda. Habían desaparecido el martes 27 de octubre.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó, a través de un comunicado que, en seguimiento a la investigación realizada tras el hallazgo de restos humanos que, en protección al interés superior de la niñez y a grupos en situación de vulnerabilidad como los indígenas, brinda el acompañamiento correspondiente, con células de atención victimal, y mantiene al tanto de los avances en la indagatoria, a las familias.

Debemos recordar que el artículo 4o., noveno párrafo, de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, una vida libre de violencia, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En México, se considera la delincuencia organizada como un problema de seguridad pública más no como un problema social que afecta a cada uno de los mexicanos y la búsqueda de su erradicación únicamente está centrada en las medidas policíacas, miliares, de coerción o en la aplicación de penas, pero realmente no genera alguna medida de prevención.

Por esta razón, es indispensable que el gobierno de México centre la atención hacia este grupo de menores de edad, ya que el crimen organizado se aprovecha de la situación de desamparo y abandono en la que se encuentran niñas y niños indígenas que han abandonado sus hogares y se encuentran solos en esta ciudad. Asimismo, los menores de edad que se unen al crimen organizado no solo pertenecen a grupos criminales, sino también son víctimas de explotación económica, trata y otros delitos. Desgraciadamente, el número de víctimas menores de edad se ha incrementado este año y, según la Redim, pasaron de ser 4 niñas y niños asesinados y 4 desaparecidos a ser, en el 2020. 7 las niñas y niños que son asesinados y desaparecidos día con día. Lo cual debe urgirnos para tomar cartas en el asunto.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados de diversos grupos parlamentarios consideramos indispensable garantizar que las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad sean objeto de todos los esfuerzos institucionales necesarios, toda vez que ésta es una etapa de sus vidas en la que se encuentran en formación, por tal razón es necesaria la creación de programas sociales y políticas públicas que busquen la protección de estos menores de edad, mediante acciones prioritarias que generen estímulos educativos, deportivos, culturales, con el único objetivo de prevenir y evitar que crezca cada día la cifra de menores de edad que se encuentran vinculados a la delincuencia organizada.

Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a brindar todas las facilidades a las víctimas indirectas, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas y evitar acciones que pudieran revictimizarlas. Se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las víctimas, incluyendo la sanción de los funcionarios que hagan del conocimiento público, información de la carpeta de investigación y dilación en el procedimiento de búsqueda inmediata y se haga del conocimiento público un informe respecto de la situación de este sector en relación con la delincuencia organizada.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Gobierno de la Ciudad de México para garantizar los derechos que, como personas en desarrollo, tienen las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia en esta entidad y reforzar las acciones que se estén llevando a cabo para evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada, reconociendo sus condiciones de exclusión social, entre ellas, pobreza, trabajo infantil y discriminación por ser indígenas.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de atender, proteger y salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada y coadyuvar con las autoridades de la Ciudad de México para garantizar los derechos de este sector poblacional, incluyendo la presentación de un plan integral para prevenir y atender la violencia de grupos criminales en su contra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputados: Romero Hicks Juan Carlos, Adame Castillo Marco Antonio, Aguilar Vega Marcos, Alemán Hernández Nohemí, Arriaga Rojas Justino Eugenio, Ascencio Barba Sergio Fernando, Ayala Díaz Ma. de los Ángeles, Azuara Zúñiga Xavier, Bonnafoux Alcaraz Madeleine, Cambero Pérez José Ramón, Carreón Mejía Carlos, Castaños Valenzuela Carlos Humberto, Cinta Rodríguez Carlos Elhier, Dávila Fernández Adriana, Díaz Jiménez Antonia Natividad, Espadas Galván Jorge Arturo, Espinosa Rivas Ma. Eugenia Leticia, Flores Suárez Ricardo, García Escalante Ricardo, García Gómez Martha Elena, García Morlan Dulce Alejandra, García Ochoa Absalón, García Rojas Mariana Dunyaska, Garfias Cedillo Sylvia Violeta, Garza Galván Silvia Guadalupe, Gómez Cárdenas Annia Sarahí, Gómez Quej José Del Carmen, González Estrada Martha Elisa, González Márquez Karen Michel, Gracia Guzmán Raúl, Guerra Villarreal Isabel Margarita, Gutiérrez Valdez María de los Ángeles, Guzmán Avilés Jesús, Guzmán Avilés María Del Rosario, Lixa Abimerhi José Elías, López Birlain Ana Paola, López Cisneros José Martín, Luévano Núñez Francisco Javier, Macías Olvera Felipe Fernando, Mares Aguilar José Rigoberto, Martínez Juárez Jacquelina, Martínez Terrazas Oscar Daniel, Mata Carrasco Mario, Mata Lozano Lizbeth, Mendoza Acevedo Luis Alberto, Murillo Chávez Janet Melanie, Núñez Cerón Saraí, Ortega Martínez Ma. del Pilar, Patrón Laviada Cecilia Anunciación, Pérez Díaz Víctor Manuel, Preciado Rodríguez Jorge Luis, Ramírez Barba Éctor Jaime, Ramos Tamez Mario Alberto, Riggs Baeza Miguel Alonso, Rivera Hernández Marcelino, Robledo Leal Ernesto Alfonso, Rocha Acosta Sonia, Rodríguez Rivera Iván Arturo, Rojas Hernández Laura Angélica, Romero Herrera Jorge, Romero León Gloria, Romo Cuéllar Martha Estela, Romo Romo Guadalupe, Rosas Quintanilla José Salvador, Ruffo Appel Ernesto Guillermo, Salazar Báez Josefina, Salinas Wolberg Hernán, Sandoval Mendoza María Liduvina, Sobrado Rodríguez Verónica María, Tejeda Cid Armando, Terrazas Baca Patricia, Torres Graciano Fernando, Torres Peimbert María Marcela, Torres Ramírez Adolfo, Trejo Reyes José Isabel, Valenzuela González Carlos Alberto, Verastegui Ostos Vicente Javier, Villarreal García Ricardo, Juárez Cisneros René, Acosta Peña Brasil Alberto, Aguilar Castillo Ricardo, Alcántara Núñez Jesús Sergio, Alemán Muñoz Castillo María, Alonzo Morales María Ester, Álvarez García Ivonne Liliana, Angulo Briceño Pablo Guillermo, Azuara Yarzábal Frinné, Barrera Fortoul Laura, Bautista Villegas Óscar, Campos Córdova Lenin Nelson, Canul Pérez Juan José, Córdova Morán Luis Eleusis Leónidas, De las Fuentes Hernández Fernando Donato, Espinoza Eguía Juan Francisco, Flores Sánchez Margarita, Galindo Favela Fernando, Garay Cadena Martha Hortencia, González Cuevas Isaías, Guel Saldívar Norma, Hernández Deras Ismael Alfredo, Herrera Anzaldo Ana Lilia, Ingram Vallines Anilú, Jiménez Rayón Óscar, Limón Hernández Manuel, López Castro Cynthia Iliana, Medina Herrera Benito, Miranda Nava Luis Enrique, Moreira Valdez Rubén Ignacio, Noroña Quezada Hortensia María Luisa, Ochoa Reza Enrique, Ortiz Guarneros Juan, Pastor Badilla Claudia, Pavón Campos Carlos, Pérez Munguía Soraya, Puente De La Mora Ximena, Roa Sánchez Cruz Juvenal, Rocha Medina Ma. Sara, Rodríguez Mier y Terán Mariana, Saldaña Pérez María Lucero, Sánchez Martínez Lourdes Érika, Sauri Riancho Dulce María, Treviño Villarreal Pedro Pablo, Velasco González Marcela Guillermina, Villegas Arreola Alfredo, Yunes Landa Héctor, Zarzosa Sánchez Eduardo, Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh, Cheja Alfaro Jacobo David, Contreras González Lourdes Celenia, Del Toro Pérez Higinio, Espinoza Cárdenas Juan Martín, Falomir Sáenz Alan Jesús, García Lara Jorge Alcibíades, Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela, González Anaya María Libier, González García Ana Priscila, Herrera Vega Geraldina Isabel, Ku Escalante Kehila Abigail, Loya Hernández Fabiola Raquel Guadalupe, Lozano Mac Donald Pilar, Macías Rábago Julieta. Medina Ortiz Adriana Gabriela, Méndez De La Luz Dauzón Dulce María, Prudencio González Carmen Julia, Ramírez Salcido Juan Francisco, Rodríguez Carrillo Mario Alberto, Rodríguez Vázquez Ariel, Ron Ramos Eduardo, Russo Salido Jorge Eugenio, Salinas Reyes Ruth, Tagle Martínez Martha, Villarreal Salazar Juan Carlos, Zamudio Macias Martha Angélica, Juárez Piña Verónica Beatriz, Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcalá Padilla Abril, Almaguer Pardo Ma. Guadalupe, Almeida López Mónica, Bautista Rodríguez Mónica, Esparza Márquez Frida Alejandra, García Gutiérrez Raymundo, Ortega Martínez Antonio, Pool Moo Jesús de los Ángeles, Reyes Montiel Claudia, Rodríguez Zamora Norma Azucena (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a iniciar por la SPC de la Ciudad de México las investigaciones correspondientes a las denuncias relacionadas con los procesos de licitación opaca y la falta de mantenimiento de los extintores y equipo de protección en el hospital general Doctor Manuel Gea González, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los extintores son herramientas indispensables para la seguridad en caso de incendio; se utilizan para sofocar cientos de incendios, causados por situaciones como un mal manejo de sustancias inflamables, cortocircuitos o mal apagado de cerillos, entre otras circunstancias. Este equipo puede salvar un edificio e incluso muchas vidas; por ello es importante contar con uno en puntos clave de edificios, comercios, industrias e incluso hogares, principalmente en las cocinas y zonas de calderas.1

En caso de un incendio, el primer paso y prioridad es que todos desalojen de manera segura la zona o el edificio. Un extintor puede ser una herramienta importante, pues les permitirá controlar el fuego.

Contar con un extintor no sirve de nada en un negocio, empresa, dependencia, edificio, comunidad o inmueble si no se llevan a cabo las revisiones oportunas. Igual de peligroso es no contar con un sistema de extinción como poseer una instalación defectuosa o en mal estado.

En los últimos años, al tenor de la crisis económica, han sido muchas las deficiencias que se han puesto de manifiesto. Una de ellas tiene que ver con la seguridad de los empleados y las revisiones periódicas de los sistemas de extinción. Algunas empresas han priorizado gastos olvidando, con conciencia, la revisión de sus extintores o sistemas de seguridad no siendo conscientes del grave peligro que tal hecho acarrea a su negocio y a las personas que cada día trabajan en el centro en cuestión.2

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, “Condiciones de seguridad. Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo”,3 plasma en referencia a protección civil la necesidad e importancia de los equipos contra incendio y extintores, y hace énfasis respecto a los servicios de mantenimiento y recarga de ellos.

Argumentación

Luego de que un ciudadano de manera anónima presentó una denuncia por presuntas irregularidades en los procesos de licitación para el servicio de mantenimiento de extintores en 24 dependencias, entre ellas, el Hospital General Doctor Manuel Gea González, donde se involucra a dos empresas: Promex Extintores, SA de CV; y Fuego Fin, SA de CV, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la institución médica referida respondieron a dicha denuncia, solicitando documentación que la sustente.

A través de un documento que responde a la denuncia ciudadana con fecha 19 de junio de 2019, de manera conjunta la SFP y el Órgano de Control en el Hospital General Dr. Manuel Gea González solicitaron al denunciante: Luego de que la denuncia hace referencia a que las adjudicaciones para el servicio de mantenimiento de extintores fueron asignadas 2 de manera irregular, ambas dependencias solicitaron precisar en qué consisten los supuestos procedimientos que constituyen prácticas irregulares en la contratación de las citadas empresas.4

No obstante la denuncia de un anónimo no llego a más y no se realizaron las investigaciones correspondientes.

Queda claro que no hay empresa, dependencia, fábrica, casa, etcétera, exenta de sufrir un incendio. Por ello no está de más que las dependencias encargadas de vigilar y hacer cumplir la ley tengan la certeza de que el dinero destinado a ciertas actividades se esté ocupando correctamente.

La Secretaría de la Función Pública, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, así como también coordina procesos de desarrollo administrativo.

Sin embargo, la importancia de este tema no solamente radica en que si el Hospital General Doctor Manuel Gea González existió o no una inconsistencia en la adjudicación y utilización del recurso para el mantenimiento de extintores, lo verdaderamente preocupante es tener la certeza de que dicho equipo así como todo el de seguridad cuentan con las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento, tal como está plasmado en la NOM-002-STPS-2010.

Es preciso aclarar que este punto de acuerdo contempla dos acciones a tomar por los órganos encargados.

El objetivo es que la SFP trabaje de la mano con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para que, por un lado realicen una investigación directamente en las instalaciones del Hospital General Doctor Manuel Gea González en razón de las denuncias anónimas.

Una vez concretada la investigación, y derivado de los resultados, en caso de que estos equipos de seguridad resulten vencidos o con falta de mantenimiento, la SFP iniciara el proceso correspondiente en el ámbito de sus atribuciones, buscando a los responsables de cometer dicho ilícito.

Por los argumentos expuestos someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México a supervisar el cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 específicamente en el Hospital General Doctor Manuel Gea González, en razón de las recientes denuncias anónimas sobre falta de mantenimiento y existencia de corrupción en esa institución.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que, derivado de las denuncias anónima respecto a los procesos opacos de licitación en el Hospital General Doctor Manuel Gea González en materia de mantenimiento de extintores y equipo de protección, inicie las investigaciones correspondientes para, de haber inconsistencias, dar con los responsables.

Notas

1 ATP Extintores. “Extintores”. Disponible en https://atpextintores.com.mx/extintores/

2 Seguridad Extimbur. “El peligro de renunciar al mantenimiento de extintores”. Disponible en https://www.extinbur.com/el-peligro-de-renunciar-al-mantenimiento-de-ex tintores/

3 Diario Oficial de la Federación. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5170410

4 INCMNSZ. “Síntesis de noticias”. Disponible en http://www.incmnsz.mx/Noticias/2019/Sintesis28juni02019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Jalisco a llevar a cabo con el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga una gestión integral del suministro del líquido, por las limitaciones surgidas en perjuicio de los ciudadanos, a cargo de la diputada Verónica Ramos Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Verónica Ramos Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6, II del numeral I y I, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; pone a consideración de esta asamblea legislativa punto de acuerdo que tiene por objeto formular atento y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para que en coordinación con el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga lleven a cabo una gestión integral del suministro de agua potable, debido a las limitaciones que de manera descoordinada han emergido en perjuicio de la ciudadanía de la región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible consideran garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, en el objetivo número 6, “Agua limpia y saneamiento”, donde la meta 6.1 es “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”, y por otro lado, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, dentro del objetivo número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, donde el objetivo 11.1 corresponde en “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”. Por tanto, la accesibilidad y uso del agua es un tema fundamental para el desarrollo óptimo de cualquier comunidad o ciudad.

Jalisco ha sido un ejemplo de constante trabajo para la accesibilidad de servicios públicos básicos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2019 demuestra que aproximadamente 93 por ciento de las personas mayores de edad en las áreas urbanas cuenta con agua potable proveniente de la red pública, y sólo 8.9 señala que proviene de un pozo particular. De la misma manera, 92 por ciento de la población ha referido que su vivienda se encuentra conectada al servicio de drenaje y alcantarillado de la localidad.

Sin embargo, el escenario de servicios públicos (respecto al agua) dentro del estado de Jalisco no es un hecho acabado. La percepción de los ciudadanos es vital para reconocer la eficiencia y eficacia de las acciones gubernamentales; sólo 43 por ciento de la población declaró la satisfacción con los servicios públicos provistos por su municipio o alcaldía.

La ENCIG pone de manifiesto la importancia de las acciones y gestiones gubernamentales enfocadas al servicio de agua potable:

• Proviene de la red pública;

• Pureza y claridad del agua;

• Suministro constante;

• Sin desperdicio de fugas;

• Potabilidad, donde lamentablemente Jalisco refiere que el agua potable de la ciudad no es bebible y hay el temor de enfermar; y

• Mantenimiento, donde haya un déficit.

Y a pesar, de que los números están a favor de la distribución, accesibilidad y calidad de agua en el estado, existe la necesidad y preocupación de seguir trabajando bajo las directrices internacionales para la gestión sostenible del agua.

El 22 de mayo de 2020, el director de Obras Públicas Guillermo Ramos Alcántar, mencionó y reconoció en medios informativos1 la escasez de agua en Tlajomulco de Zúñiga. La emergencia sanitaria generada por la pandemia mundial del Covid-19 trajo un aislamiento social que puso en crisis el sistema de abastecimiento del agua en dicho municipio, teniendo que implementar un programa emergente en coordinación con el gobierno del estado para evitar la escasez del agua.

En diciembre de 2012, el ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la creación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlajomulco de Zúñiga (SIAT), recordando que “el organismo nace de una necesidad apremiante en el municipio de resolver el problema de agua potable”,2 y poniendo énfasis en la autonomía y libertad institucional en el desarrollo y gestión del agua; se emitió el decreto por el gobierno de Tlajomulco3 denominado “decreto mediante el cual se expide el acuerdo que crea el organismo público descentralizado municipal, denominado ‘Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco’ (SIAT)”, en el cual se aprueba tal como se describe en el artículo 1:

Artículo 1. La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, será a través del organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco” (SIAT).

En el artículo 4 del decreto se señala la subsistencia de organismo el tiempo que se estime necesario:

Artículo 4. El organismo operador subsistirá por todo el tiempo que se estime necesario para la administración, planeación, programación y ejecución de las obras de ampliación, rehabilitación y mejoramiento para el abastecimiento de agua potable, las relativas al alcantarillado pluvial y sanitario, así como saneamiento y reutilización de aguas y lodos, y sólo podrá transformarse o extinguirse a iniciativa aprobada por el Ayuntamiento por mayoría calificada.

Demostrando el interés que tiene el municipio en administrar, planear y dar gestión los temas del agua. Su justificación radica en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el artículo 115, fracción III, donde “los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos...” y donde en el inciso a) menciona: “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales” y en el artículo tercero transitorio de ese decreto se precisa lo siguiente:

Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. Los gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.

En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los gobiernos estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de estado a municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La legislatura estatal resolverá lo conducente (CPEUM, artículos transitorios).

No obstante, en el mismo artículo 115 se describe la coordinación institucional con el estado.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio.

En resumen, la justificación o decisión de la gestión y administración del agua va más allá de un planteamiento jurídico, donde le contexto general de la población y sus beneficios son una variable significativa para la toma de decisiones gubernamentales.

Actualmente, Tlajomulco cuenta con 549 mil 442 habitantes, donde 269 mil 701 son hombres y 279 mil 741 mujeres:

Siendo el cuarto municipio del área metropolitana con mayor porcentaje poblacional y en ese mismo sentido, dentro de los estudios demográficos establecidos en el IIEG (2019) el monto poblacional, “en comparación con 2010, se obtiene que la población municipal aumentó en 31.9 por ciento en 5 años [...] Se estima que para 2020, esta población aumentará a 601 mil 122 habitantes”, representando 9 por ciento de aumento de la población en el municipio. Asimismo, según datos del IIEG con estimaciones del Coneval demuestra que 25 mil 912 de personas en situación de pobreza carecen de acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 32 por ciento de la población total del municipio se encuentra en situación de pobreza (193 mil 421 personas).

Por si fuera poco, según datos del mismo instituto, en colonias como El Recreo, El Paraíso o Arbolada de Bosques de Santa Anita, el porcentaje de las viviendas que no cuentan agua entubada5 van de 5 a 63.

Sin embargo, el 26 de agosto de 2019, en una nota periodística6 el alcalde Salvador Zamora manifestó “que el municipio está en capacidad financiera y técnica de hacerse cargo de sus propios sistemas de abastecimiento, captación y manejo de aguas”, por lo tanto “no existía urgencia por sumarse al SIAPA”, declarando: “Estamos en condiciones de que sólo Tlajomulco resuelva su tema, y que en algún momento bueno ya pueda estar en otras condiciones para el ingreso del SIAPA”; no obstante, la emergencia sanitaria actual ha puesto de manifiesto la incapacidad municipal de distribución, accesibilidad y calidad de agua para la población del municipio.

El SIAPA es la instancia encargada de dotar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los habitantes que se encuentran en el área metropolitana, el cual se describe:

Artículo 1o. Se crea el organismo operador de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con carácter de organismo fiscal autónomo, que se denominará Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin embargo, por razones desconocidas o justificaciones poco fundamentadas, y a pesar de tener un presupuesto en 2020 (238 160 000 pesos) muy por debajo del registro del presupuesto de egresos para el SIAPA en el mismo año (123 013 287 976 pesos), el gobierno municipal de Tlajomulco ha hecho énfasis en la poca importancia de vincularse institucionalmente al sistema intermunicipal dirigido por el SIAPA.

Sin embargo, actualmente la problemática de la emergencia sanitaria ha puesto la necesidad de solventar los servicios básicos y públicos de la población. El aislamiento social ha propiciado que los ciudadanos estén la mayor parte su día dentro de sus casas, lo cual provocado la crisis del agua dentro del municipio, sin embargo, si a su vez le sumamos el aumento de la población que ha tenido Tlajomulco y el presupuesto escaso para el crecimiento demográfico que tiene el área metropolitana de Guadalajara, el sistema intermunicipal dirigido por el SIAPA resulta ser la mejor opción para satisfacer las necesidades básicas de la población, con la intención de no afectar la vida diaria de la población.

Por lo expuesto, consideramos pertinente someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para que, en coordinación con el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, lleven a cabo una gestión integral del suministro de agua potable, debido a las limitaciones que de manera descoordinada han emergido en perjuicio de la ciudadanía de la región.

Notas

1 Udg tv (2020). Recuperado de http://udgtv.com/noticias/reconocen-escasez-agua-tlajomulco-pandemia/

2 El Informador (2012). Recuperado de https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/replica-de-medios/aprueban-nuev o-organismo-para-el-agua-en-tlajomulco.

3 Recuperado de https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/
reglamentos/decretoexpideacuerdocreaSIAT.pdf

4 IIEG (2019). Diagnóstico de la región. Recuperado de https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2019/07/12-Centro-Diagn%C3%B3 stico.pdf

5 IIEG (2016). Recuperado de
https://seguridadmap.app.jalisco.gob.mx/#/dashboard

6 Notisistema (2019). Recuperado de
https://www.notisistema.com/noticias/en-tlajomulco-no-ha y-urgencia-por-sumarse-al-siapa/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Verónica Ramos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las instituciones de salud federales y estatales a implantar en todo el país estrategias y programas de entrega gratuita de productos e insumos para la correcta higiene y gestión menstrual, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los titulares de las secretarías de servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, para que a la brevedad y dentro de sus respectivas jurisdicciones, facultades y competencias, implementen en todo el territorio mexicano, estrategias y programas de entrega gratuita de productos e insumos para la correcta higiene y gestión menstrual, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente en nuestro país, tal vez de forma involuntaria, se han soslayado algunos aspectos que tienen que ver con la salud íntima de las mujeres, razón por la que sólo se han visibilizado las afecciones que pudieran considerarse más relevantes que implican desde la atención gineco-obstétrica hasta los padecimientos más especializados que tienen como objetivo salvar o procurar una mejor condición de vida de este sector de nuestra población, proveyendo tratamientos para enfermedades de origen patológico como el cáncer en sus diferentes grado y tipologías.

Un proceso fisiológico que sólo se muestra en el sexo femenino es la menstruación, que se presenta en la edad fértil de este sector poblacional. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México tenía una población de 125 millones de habitantes: 51.1 por ciento son mujeres,1 de las cuales, 51.47 por ciento (32.9 millones) están en edad fértil entre los 15 y 49 años de edad2 en promedio, lo que significa que esa condición las predispone a ciertas necesidades propias de la etapa como lo es el periodo menstrual.

Existen estudios y estadísticas que hacen un análisis sucinto de los perjuicios provocados por los gastos que representan para la economía de las mujeres que en nuestro país “sufren” de la falta de una política pública que atienda esta característica o condición exclusiva del sexo femenino, por lo que se pudiera considerar una ausencia de políticas públicas con perspectiva de género ya que según estos estudios presentados en diversos artículos, coinciden en que en esta circunstancia propia de las mujeres, la menstruación las acompaña durante toda su vida reproductiva, aproximadamente un promedio de 35 a 40 años cada mes, lo que se traduce en más de 2 mil 535 días de su existencia.

Por otro lado y de manera concatenada, también se presentan circunstancias que promueven en unos casos la discriminación y en otros una múltiple vulneración de diversos derechos humanos de las mujeres que dan como resultado la segregación y deserción de algunos procesos o aspectos de su vida, como lo es el ausentismo en las escuelas o empleos u otros eventos importantes para el desarrollo personal y profesional que las limita e impide disfrutar de forma igualitaria de los derechos que les asiste su condición de ser habitante de nuestro país, pero por otro lado, sólo por ser mujeres en muchos casos deben renunciar periódicamente a esos procesos para su desarrollo y prosperidad ya sea por falta de recursos o por la estigmatización social que esta circunstancia representa en un país en el que claramente no se ha alcanzado la igualdad sustantiva.

En un hogar pobre en México el consumo en productos de gestión menstrual representa 5 por ciento del total de sus gastos.

En referencia al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se carga a productos para la higiene menstrual en septiembre pasado #MenstruaciónDignaMéxico, un colectivo feminista declaró que: “Las toallas, pantiprotectores, toallas de tela, tampones y copas menstruales son bienes de primera necesidad en la sociedad actual y cuyo uso es indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales. A diferencia de otros productos exclusivos para un solo género, su uso no es opcional, y la falta de políticas sociales que proporcionen su acceso libre y gratuito demuestran que esta carga impositiva representa una discriminación directa y atenta contra la igualdad sustantiva de las mujeres”, destaca el colectivo.3

En México 1 de cada 5 mexicanas de 12 a 23 años, no cuentan con la solvencia económica para poder conseguir una toalla femenina o algún producto de higiene menstrual, recurriendo en ocasiones a sustitutos inadecuados como pueden ser trapos o ropa vieja, entre otros. Aunado a ello, las inadecuadas instalaciones sanitarias y la falta de información sobre la pubertad, son un problema que tiene un gran impacto entre un alto número de niñas adolescentes y les impiden asistir a la escuela. 1 de cada 4 niñas confirman que han faltado a la escuela por este motivo, en su mayoría más de 3 días por mes.4

La pubertad es un periodo de transformación para las niñas, quienes alteradas por los cambios que sufren sus cuerpos, pueden vivir una disminución en su confianza. 58 por ciento experimentan angustia al tener su periodo, 28 por ciento vergüenza, 17.8 por ciento tristeza y 50 por ciento creen que la menstruación es un impedimento para hacer las mismas actividades que los varones. Es por ello, que el desarrollo de la confianza y el acceso a productos de cuidado femenino desde la pubertad tiene una repercusión positiva a largo plazo para ellas.4

“Las cifras relacionadas con la falta de acceso a toallas femeninas y los prejuicios alrededor de la menstruación son alarmantes, ya que pueden repercutir en la autoestima, desarrollo académico y dinámica social de las mujeres en nuestro país. ...”.4

Ahora bien, en el marco de la aprobación del paquete económico para 2021, recientemente se llevó a cabo un gran debate y discusión al respecto, específicamente en la iniciativa de Ley del IVA para el ejercicio del año próximo.

En dicha discusión, en la que hubo posicionamientos a favor y en contra de los diferentes grupos parlamentarios, se propuso entre otras cosas, la aprobación de una modificación al artículo 2-A de dicha ley y un artículo transitorio para establecer la tasa cero del impuesto al valor agregado a productos de higiene menstrual como lo son: toallas sanitarias femeninas, compresas, tampones, copas o cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual.

Asimismo, en el debate mencionado se mencionaron estadísticas y cifras que de acuerdo a datos que proporcionaron los técnicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las mujeres pagan 3 mil 400 millones de pesos al año por este impuesto que solamente lo pagan las mujeres, por lo que el sentido del voto de una parte significativa de los y las diputadas, fue a favor de eliminarlo por ser un proceso fisiológico por el que este sector de la población pasa de manera natural. Sin embargo, también se mencionó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señaló que la eliminación de este impuesto a los productos de higiene menstrual causaría un daño al erario de poco más de 3 mil millones de pesos.5 Al final, no se aprobó en lo particular dicha modificación a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Sin embargo, lo anterior no impide que se propongan alternativas con perspectiva de género que atiendan esta problemática de salud pública de forma igualitaria por lo que se debe considerar que se lleven a cabo a nivel nacional y en todos los espacios, en beneficio de los estratos sociales más necesitados y en general, medidas de mitigación a corto plazo que resuelvan gradualmente la problemática aquí expuesta, misma que como ya se dijo, lacera los derechos de un sector poblacional claramente segregado.

Por otro lado, es importante mencionar que el sistema de salud pública en nuestro país, está compuesto por dependencias de los diferentes niveles de gobierno como lo son la Secretaría de Salud a nivel federal quien lidera el sector, los organismos públicos descentralizados como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los sistemas de salud de cada entidad federativa y sus organismos públicos descentralizados, centros de salud, centros de salud comunitarios, hospitales generales, hospitales de especialidades, y otros homólogos, así como el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mismas que se encuentran reguladas para garantizar los derechos a la salud de todos los habitantes de México por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en la materia como lo es la Ley General de Salud y los reglamentos correspondientes.

Lo anterior, con el objetivo primordial de cumplir con lo previsto en nuestra Carta Magna, que reconoce en su artículo 4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud, así como que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI de su propio artículo 73.6

En ese mismo sentido es de gran importancia destacar lo que establecen las fracciones I y II del artículo 2o. de la Ley General de Salud: “son finalidades del referido derecho humano, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana”, y tratándose de personas sin seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;5 como lo dicta el párrafo tercero del artículo 27 del mismo ordenamiento y en materia de disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud su fracción VIII, así como en materia de asistencia social a grupos vulnerables la fracción X de la misma Ley General de Salud.

De la misma manera, no se debe dejar a un lado lo que establece el artículo 9o. de la Ley General de Salud, que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y, con tal propósito, dichos gobiernos planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el referido Sistema Nacional; asimismo el artículo 77 Bis 1 del ordenamiento legal en cita señala que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Y por último, cabe resaltar que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 Bis 6 y 77 Bis 16-A de la Ley General de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para que éstas o el referido Instituto sean responsables de llevar a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.6

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los titulares de las secretarías y/o servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, para que a la brevedad, dentro de sus respectivas jurisdicciones, facultades y competencias, implementen en todo el territorio mexicano, estrategias y programas de entrega gratuita de productos e insumos para la correcta higiene y gestión menstrual de las mujeres que así lo requieran en todas las instancias y/o dependencias del sector de salud pública de nuestro país.

Referencias

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblac ion2020_Nal.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultado s_enadid18.pdf

3 https://www.animalpolitico.com/2020/09/menstruacion-libre-de-impuestos- proponen-iniciativa-para-eliminar-iva-toallas-copas-tampones/

4 https://www.estrategia-sustentable.com.mx/2020/09/29/con-campana-mastoa llasmenosfalta-always-refuerza-compromiso-con-ninas-mexicanas/#:~:text= En%20M%C3%A9xico%201%20de%20cada,o%20ropa%20vieja%2C%20entre%20otros

5 Discusión de los artículos reservados en relación con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la sesión del 21 de octubre de 2021.

6 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-atencion-a-la-salud-y-
medicamentos-gratuitos-para-la-poblacion-sin-seguridad-social-laboral

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a cumplir por la SHCP el informe de resultados de la ASF relativo al destino de los recursos contratados de deuda pública por las administraciones previas, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dar cumplimiento al Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación, relativo al destino de los recursos contratados de deuda pública por las administraciones pasadas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Congreso tiene la facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo federal pueda suscribir empréstitos sobre el crédito de la nación, aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.

Asimismo, en el artículo 4, fracción V, de la Ley General de Deuda, se estipula que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contratar y manejar la deuda pública del gobierno federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se realicen con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.

Es una obligación de los diputados vigilar la aplicación de los recursos contratados por el gobierno federal a través de la Auditoría Superior de la Federación. La corrupción que imperó y caracterizó el sexenio pasado debe ser erradicada y sancionada conforme a la ley. Sabemos las artimañas legaloides de las administraciones pasadas de los gobiernos neoliberales que llevaron al endeudamiento excesivo de nuestro país, sin saber a ciencia cierta, si esos recursos fueron aplicados para los fines que fueron solicitados.

Los titulares del Ejecutivo federal, invariablemente, engañaron al pueblo mexicano con su retórica, recordemos cuando Salinas nos hizo creer que estábamos en el primer mundo o el periodo de López Portillo y sus declaraciones: “El país más que subdesarrollado está subadministrado” o “Hemos pasado de la escasez a la superabundancia”. Falacias que hoy en día estamos padeciendo o que decir del sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que, ante la medida de nacionalizar la banca mexicana, devolvió 34 por ciento de las acciones a los ex-banqueros, y más tarde en el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que nuevamente privatizó los bancos, los reintegró totalmente saneados a la iniciativa privada sin deuda. O qué decir del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) con Zedillo, donde la deuda de los banqueros pasó a ser deuda de los mexicanos y que hoy en día estamos pagando.

Bajo el falso argumento del neoliberalismo de mayor inversión, mayor endeudamiento menor sería la pobreza, tan sólo en la administración de Salinas, el monto de la deuda alcanzó la cifra de 140 mil millones de dólares. En este sexenio se pagaron 50 mil millones de dólares por concepto de intereses, ya ni qué decir de los siguientes precedentes neoliberales que endeudaron a nuestro país. Así hemos llegado a la actual deuda externa de México.

Gracias a que se creó el órgano fiscalizador la Auditoría Superior de la Federación quien se encarga de auditar los recursos federales, se ha llegado a conocer en cierta forma en qué se gastan los recursos del pueblo, en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, de fecha 23 de octubre 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó un incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, los recursos contratados de deuda pública no fueron aplicados para el fin de su contratación, es decir, los mexicanos estamos sometidos al pago de deudas de empréstitos que los gobiernos pasados irresponsablemente contrataban y esos recursos no se sabe a dónde iban a parar.

En el mencionado informe de resultados la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue concluyente:

En opinión de la ASF, la SHCP no acreditó el proceso de aprobación de los proyectos y programas que requirieron de financiamientos para su realización ni que dichos proyectos y programas estuvieran aprobados por la SHCP conforme a la capacidad de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos; tampoco acreditó el registro del destino de los recursos captados en su forma particular y global asumidos por las entidades del gobierno federal. 1

La Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de 2017, sigue insistiendo en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no solventó los requerimientos de comprobación de aplicación de recursos adquiridos por deuda pública.

Es importante señalar el crecimiento de la deuda pública. En el periodo de 1995 a 2014, el saldo de la deuda del gobierno federal creció 2.8 por ciento en promedio anual al pasar de 3,403,338,643.2 millones de pesos (mdp) y representar 29.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1995, a 5,703,062,197.3 mdp y representar 31.8 por ciento del PIB en 2014, precisamente en 2014, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal fue de 7,222,878,544.0 mdp y representó 40.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto que el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 5,703,062,197.3 mdp, y representó 79.0 por ciento del saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal y el 31.8 por ciento del PIB.2

Actualmente, la grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, está generando que la deuda pública aumente sin control, propiciando que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para nuestro país, todo ello, a consecuencia de la mala administración de los recursos de los gobiernos pasados, que tuvieron como bandera la corrupción.

México en estos momentos requiere pagar los empréstitos, cuando los recursos serían más útiles al pueblo mexicano al destinarse a reactivar la economía nacional, generar empleos y aumentar el gasto social a fin de, por lo menos, paliar la creciente pobreza.

Es necesario que se conozca a dónde fueron a para los recursos que el gobierno mexicano solicitó como deuda, se requiere por una parte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía en qué fueron empleados los empréstitos y, por la otra, si ya se dio o no cumplimiento a las observaciones de la Cuenta Pública de 2014, ya que a la fecha se desconoce.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ese honorable pleno los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento al Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación, relativo al destino de los recursos contratados de deuda pública interna y externa por las administraciones pasadas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cumplimiento a las observaciones de la Cuenta Pública de 2014, y mencione a qué proyectos se destinaron los recursos contratados como deuda pública.

Notas

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

2 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Puebla a hacer pública la información detallada respecto a la identidad de las tamaulipecas rescatadas de explotación sexual para dar certeza a las familias que buscan a sus desaparecidas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

Como sabemos, en el año 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta ley federal ordena la creación de las fiscalías especializadas en la materia, y se instaló también el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se han articulado análisis y diseñado protocolos de homologación, entre otras acciones.

No obstante, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de los años 60 al 31 de diciembre de 2019, hay 61 mil 637 casos de personas desaparecidas. Los estados que han sido escenario del mayor número de desapariciones son Tamaulipas (10 mil 032), Jalisco (9 mil 286), estado de México (6 mil 887), Chihuahua (3 mil 907), Nuevo León (3 mil 799), entre otros, como se observa en el siguiente cuadro1 :

Ejemplo de esto fue el que hace unos días, el 31 de octubre, se realizó el cateo a un edificio de la avenida 6 Poniente, con 36 habitaciones, donde se localizaron 49 mujeres originarias de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas Tlaxcala, Pachuca, Puebla, Oaxaca, Veracruz, y Tamaulipas.2

En el lugar se detuvieron a dos personas identificadas con los nombres de José Marcos “N” de 42 años de edad y Juan Manuel “N” de 52 años.3

El 30 de octubre se ingresó al inmueble de la avenida 14 Poniente entre 3 y 5 sur de la colonia Centro. Ahí se rescataron 19 mujeres y capturaron tres personas identificadas con los nombres de Juan “N” de 41 años, Virginia “N” de 35 años y Wiliulfo “N” de 50 años.4

En los tres lugares fueron decomisadas distintas dosis de drogas como mariguana, cocaína y cristal, así como dinero en efectivo.5

Es entonces que la Fiscalía de Puebla cateó y desarticuló tres centros de presunta explotación sexual y narcomenudeo, y en el Centro Histórico y la colonia Villa San Alejandro. Hay cinco personas detenidas y 74 probables víctimas rescatadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de sus áreas especializadas, da seguimiento al resultado de las intervenciones que realizó en los presuntos centros de narcomenudeo y explotación sexual.6

Por lo que este jueves 5 de noviembre, filtraron la lista de los nombres y fechas de nacimiento de las 74 mujeres rescatadas, víctimas de explotación sexual en el estado Puebla, durante un operativo de seguridad donde se catearon tres domicilios diferentes, y se detuvo a cinco personas que operaban centros de prostitución y narcomenudeo.

Asimismo, se informó que las mujeres provenían de al menos 12 estados diferentes de la República Mexicana, entre los cuales se encuentra Tamaulipas.

En la lista que revelaron no especifican el origen de cada una de ellas; sin embargo, se lee el nombre completo y la fecha de nacimiento, con lo que se sabe son mujeres de entre 37 años de edad y 19 años de edad.7

Por lo que la Fiscalía del Estado de Puebla informó que dos de los cateos se llevaron a cabo el pasado fin de semana en edificios del Centro Histórico de la capital poblana.8

Se requiere de una mayor cooperación entre familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los gobiernos estatales para que ante esta grave problemática se logre alcanzar el objetivo fundamental que es el de encontrar a las víctimas y hacer justicia.

Es por ello que presento el presente exhorto para que la Fiscalía General del Estado de Puebla brinde información actualizada respecto a la identidad de las mujeres recatadas tamaulipecas que eran explotadas de manera sexual en el estado de Puebla, para poder dar certeza a las familias que buscan a sus mujeres desaparecidas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se brinde información actualizada respecto a la identidad de las mujeres tamaulipecas recatadas, por lo que me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que haga pública la información detallada respecto a la identidad de las mujeres tamaulipecas rescatadas que eran explotadas de manera sexual en el estado de Puebla, en términos de las disposiciones aplicables, para poder dar certeza a las familias que buscan a sus mujeres desaparecidas.

Notas

1 Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Presentado como parte del Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Segob.

2 Redacción por Grupo La Silla Rota, Filtran nombres y edades de mujeres rescatadas en Puebla, consultado por última vez el 08 de noviembre de 2020 en https://hidalgo.lasillarota.com/estados/filtran-nombres-y-edades-de-muj eres-rescatadas-en-puebla/451907

3 Ibídem.

4 Redacción por Grupo La Silla Rota, Filtran nombres y edades de mujeres rescatadas en Puebla, consultado por última vez el 8 de noviembre de 2020 en https://hidalgo.lasillarota.com/estados/filtran-nombres-y-edades-de-muj eres-rescatadas-en-puebla/451907

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)


Inklusion
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