Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5645-XII, miércoles 4 de noviembre de 2020

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Morelos a iniciar el procedimiento respecto a la violencia política ejercida por el diputado local José Casas González contra la maestra Mónica Boggio, secretaria de Hacienda de la entidad, suscrita por la diputada Wendy Briceño Zuloaga e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a hacer público el número de solicitudes recibidas sobre el acceso al programa Producción para el Bienestar en Pénjamo, Guanajuato, y el estado de cada una, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a regresar a la Semar los recursos autogenerados por las capitanías de puerto y destinarlos a fortalecer la infraestructura portuaria, suscrita por los diputados Juan Ortiz Guarneros y Alfredo Villegas Arreola, del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a aplicar por la SE las cuotas compensatorias publicadas en el DOF el 25 de noviembre de 2016 y la revisión “arancel-cupo” de importación de carne de pollo al país y fomentar el desarrollo de la industria avícola en México, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General y la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla a desarrollar, implantar y difundir nuevos mecanismos de denuncia de desaparecidos y hacer públicas las acciones y los resultados en materia de búsqueda y localización de esas personas durante el periodo de contingencia sanitaria a causa del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a hacer del conocimiento público el motivo de la cancelación de paso franco “Nada que declarar” en las aduanas de México, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y su homóloga en Chiapas a fortalecer los trabajos relativos a la seguridad de la población en el estado, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
Con punto de acuerdo, a fin de que la Jucopo apruebe un grupo de trabajo encargado de elaborar un proyecto de ley para regular el ciclo completo de las sustancias químicas, suscrita por las diputadas Lorena del Socorro Jiménez Andrade y María Bertha Espinoza Segura e integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-EUA a llevar a cabo una investigación sobre la disponibilidad de líquido proveniente de las presas El Cuchillo-Solidaridad y Marte R. Gómez, situadas respectivamente en el cauce del río San Juan, en China, NL, y Tamaulipas, para fijar el reparto equitativo y racional de los volúmenes, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y diversas autoridades en la materia a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con cáncer, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la SEP de Puebla a implantar acciones como la asignación de plazas en el sistema educativo para garantizar el bienestar económico y social de los instructores y colaboradores de las bandas de guerra, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de integrar una mesa de trabajo con la participación de la Cámara de Diputados, la Profeco y la CFE para buscar soluciones a la problemática de los incrementos de las tarifas eléctricas en el país, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE, el IMSS y el Insabi a no suspender los tratamientos programados contra el cáncer de mama, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a hacer del conocimiento público por la SRE y la SFP las acciones realizadas y el estado procesal de la indagatoria que efectúa desde hace un mes la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, con base en una denuncia ciudadana recibida a través del sistema “alertadores”, donde acusan a Jesús Seade Kuri de cometer diversas violaciones, con grave perjuicio al erario federal y el interés público, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Finanzas de Oaxaca a hacer del conocimiento público el destino dado a los recursos solicitados por concepto de deuda pública por el gobernador, por un total de 3 mil 500 millones de pesos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a realizar acciones y promover programas en apoyo de los alumnos de nivel básico para garantizarles el acceso y los medios que les permitan la educación desde casa y a distancia, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, la FGR y los gobiernos locales y sus fiscalías a implantar acciones dirigidas a brindar justicia a las víctimas de feminicidio, y mejorar en espacios públicos y privados las condiciones de seguridad de las mujeres, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la participación de altos prelados de la Iglesia católica en actos públicos, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la SFP a auditar y, en su caso, denunciar y sancionar los malos manejos en las licitaciones de obra pública dados a escala nacional, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos a reforzar los mecanismos de protección y atención de los adultos mayores para prevenir, disminuir y erradicar la violencia en su contra, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a efecto de que por la problemática de los ajustes y montos de las colegiaturas en escuelas particulares para el próximo ciclo escolar, vigile y actúe en consecuencia ante las acciones que atenten contra los derechos de los educandos en la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Morelos a iniciar el procedimiento respecto a la violencia política ejercida por el diputado local José Casas González contra la maestra Mónica Boggio, secretaria de Hacienda de la entidad, suscrita por la diputada Wendy Briceño Zuloaga e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y de diversos grupos parlamentarios

Las que suscriben, María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, Socorro Bahena Jiménez, Clementina Marta Dekker Gómez, María Elizabeth Díaz García, Beatriz Rojas Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ximena Puente de la Mora, Carmen Patricia Palma Olvera, Mildred Concepción Ávila Vera, Sandra Paola González Castañeda, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Julieta Kristal Vences Valencia, Fabiola Loya Hernández, María Liduvina Sandoval Mendoza, Jacquelina Martínez Juárez y Dionicia Vázquez García, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura e integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición, con carácter de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El año pasado, la Cámara de Diputados recibió a diputadas locales del Congreso de Morelos quienes manifestaban haber sido violentadas en razón de género en sus derechos políticos por un legislador en particular, el diputado José Casas.

Fue un tema discutido en el pleno y ante lo cual la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, emitió un acuerdo donde se condenaban los actos de violencia política de género ejercido contra las diputadas locales, y exhortó a los legisladores locales morelenses a conducirse bajo los principios de ética, al tiempo que se exhortó también al gobierno del estado, la CNDH, a la Conavim y a la Conapred para dar puntual seguimiento.

Sin embargo, el diputado local José Casas González, ha hecho caso omiso para cambiar sus actitudes misóginas, ahora declara de forma violenta que, la Secretaria interina de Hacienda del estado de Morelos, no tiene capacidad para jercer el cargo que representa en el gobierno estatal, al sostener que no cuenta con los estudios, especialidades, ni experiencia para estar al frente de su encargo.

Ante esto, la titular de Hacienda estatal, maestra Mónica Boggio Tomasaz, solicitó apoyo y acompañamiento jurídico al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos para iniciar una denuncia por violencia política de género, de la que ha sido objeto por parte del diputado José Casas González.

Dicho legislador es omiso al llamado de la Cámara de Diputados, a los avances en materia de violencia política en razón de género y agrede una vez más, a otra mujer política por lo que a él en su ideología le parece que no es admisible: Las mujeres haciendo política y en los espacios de decisión.

Violencia política en razón de género contra las mujeres

La discriminación en México tiene múltiples y complejos orígenes y expresiones que es necesario conocer a fondo para enfrentarla más eficazmente. Si persiste la discriminación es porque está muy enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas, estéticas, etc., y esto exige conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras, para dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación, desentrañar la trama de sus interrelaciones y así poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión.1

Actualmente en México, una amplia mayoría de la población, como lo son las mujeres, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, se enfrenta diariamente a diversos tipos de discriminación, éstos experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. Ello sucede tanto en el ámbito público como en el privado, desde las familias y las escuelas hasta las oficinas y los hospitales. En ese sentido, la discriminación es un fenómeno de alcance generalizado que permea todas las maneras en que nos relacionamos.2

Hasta hoy, los patrones de exclusión persisten, incluso en el proceso electoral. A lo largo de generaciones, ciertos perfiles sociodemográficos se han visto marginados de manera reiterada del pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Dicha situación no deriva únicamente de decisiones conscientes o actos intencionales; por el contrario, es resultado del funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y sus instituciones. Ésta y otras formas de discriminación frenan el desarrollo de la economía y la democracia en México. Por una parte, la exclusión en diferentes ámbitos contribuye a reforzar brechas de desigualdad entre grupos sociales, por lo que reproduce las asimetrías existentes. Ello alimenta sin duda resentimientos, divisiones y encono, pero además genera un amplio desperdicio de potencial y talento.3

Los derechos humanos han sido reconocidos por el Estado mexicano y retomados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo valer los tratados internacionales. Estos principios inherentes a todo ser humano por el simple hecho de serlo, se contemplan en la Declaración de los Derechos Humanos adoptada en 1948, en el artículo 7, establece el derecho a no ser discriminado y a su vez el artículo 1, establece el principio de igualdad, los cuales refieren:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.4

La Declaración de los Derechos Humanos es considerada uno de los documentos base del derecho internacional, y por lo tanto se considera una fuente para otros tratados internacionales y para el derecho interno. Existen diversos instrumentos internacionales para tratar temas como de los derechos políticos de las mujeres.

Se considera importante realizar un recorrido histórico para contextualizar la lucha de las mujeres para ganar derechos dentro del Estado mexicano.

El feminismo es un movimiento social que se ha desarrollado a través de la historia internacional, y surge como un movimiento de transformación de las relaciones del poder entre hombres y mujeres, el cual cuestiona un sistema patriarcal que perpetúa las asimetrías del poder, este movimiento tiene la finalidad de frenar la desigualdad.5

La primera ola se dio en la Ilustración, en la que, así como los hombres la ciudadanía frente al absolutismo, las mujeres revolucionarias abogaban por el reconocimiento de los derechos ya otorgados a los hombres. La segunda ola se suscitó en la lucha por ganar el derecho al sufragio, como un derecho político, es decir, votar y ser votadas, este movimiento se presentó en casi todas las naciones. En México, desde 1916 en Chiapas, Tabasco y Yucatán se generaron los primeros sufragios feministas en el país. En 1947, durante la administración del presidente Miguel Alemán se reconoce a nivel nacional, el derecho a votar y ser votada y en 1953 durante el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines se concreta esta acción, en donde se reformaron los artículos 34 y 115, fracción I de la Constitución Política, para otorgar plenitud de derechos políticos a la mujer mexicana.

La tercera ola se presentó a partir del decenio de 1990 hasta la fecha y su objetivo primordial es ejecutar y hacer valer los derechos ya ganados, así mismo seguir luchando para que los patrones socioculturales cambien.6

Particularmente, el avance de los derechos políticos de las mujeres en México es derivado de la adopción de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, que establece la garantía de no discriminación en el artículo 1:

Artículo 1.

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En el artículo 7 de la CEDAW se reconocen los derechos políticos de las mujeres:

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

En esta tesitura es importante resaltar que, por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”, establece ejes rectores para prevenir la violencia en contra de las mujeres, la cual se define de la siguiente manera:

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Por otro lado, garantiza el ejercicio de las mujeres de los derechos reconocidos internacionalmente, libre de violencia.

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

De la interpretación de dichos artículos se desprende la libertad de las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos, sin que exista ningún obstáculo que permee dicho ejercicio.

El derecho mexicano, ha retomado de los tratados internacionales en su legislación interna la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho político de las mujeres, la implementación del principio de paridad de género dentro de los procesos electorales, y la facultad del poder legislativo para intervenir en materia electoral, lo cual se encuentra regulado en los artículos 1o., 4o., 35, 41, 73 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 6 de junio de 2019, mediante decreto por el que se reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de géneros, expedido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional la inclusión igualitaria de las mujeres en la vida política, por lo cual indudablemente se ha avanzado en materia de paridad de género, imponiendo las bases para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos libres de violencia.

En fecha 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, General de Partidos Políticos, General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la República, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General de Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Conforme al artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituye violencia política contra las mujeres en razón de género lo siguiente:

Artículo 20. ...

I. a VIII. ...

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

...

Conforme a lo anterior resulta trascendental que se sigan los procedimientos necesarios para salvaguardar los derechos políticos de la maestra Mónica Boggio Tomasaz, secretaria de Hacienda de Morelos, pues indudablemente es víctima de violencia política.

Es importante recordar que, conforme al artículo 83 Novenus de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, corresponde a la Comisión de Ética resolver los asuntos relacionados con las conductas de los diputados y las diputadas contrarias a lo establecido en el Código de Ética.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso de Morelos a iniciar por los órganos competentes el procedimiento respecto a la violencia política ejercida por el diputado local José Casas González contra la maestra Mónica Boggio, secretaria de Hacienda del estado.

Notas

1 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Reporte_D-derechospoliticos _INACCSS.pdf

2 https://igualdad.ine.mx/igualdad/elecciones-sin-discriminacion/votar-en -igualdad/

3 Ídem.

4 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

5 Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Los derechos humanos de las mujeres: ejercicio y exigibilidad, 2017.

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, Socorro Bahena Jiménez, Clementina Marta Dekker Gómez, María Elizabeth Díaz García, Beatriz Rojas Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ximena Puente de la Mora, Carmen Patricia Palma Olvera, Mildred Concepción Ávila Vera, Sandra Paola González Castañeda, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Julieta Kristal Vences Valencia, Fabiola Loya Hernández, María Liduvina Sandoval Mendoza, Jacquelina Martínez Juárez, Dionicia Vázquez García. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a hacer público el número de solicitudes recibidas sobre el acceso al programa Producción para el Bienestar en Pénjamo, Guanajuato, y el estado de cada una, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los numerales primero, fracción II, y segundo del artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea, por la que la Cámara de Diputados exhorta al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para que haga público el número de solicitudes recibidas para acceder al Programa Producción para el Bienestar, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y el estado que guarda cada una de ellas, señalando el número y monto de apoyos otorgados a los pequeños y medianos productores del campo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. El Programa Producción para el Bienestar tiene como objetivo coadyuvar en la autosuficiencia alimentaria del país, dotar la liquidez y fomentar el acceso a la vinculación productiva a pequeños y medianos productores a efecto de incrementar la productividad de sus predios.

Segundo. Que el Programa de Producción para el Bienestar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 tiene un monto que asciende a la cantidad de $11,000,000,000.00 (Once mil millones de pesos 00/100 M.N.)

Tercero. Para garantizar la autosuficiencia alimentaria es necesario incrementar la producción nacional de maíz, frijol, trigo harinero, arroz, leche, carne de res, cerdo, pollo y pescado. De igual manera se busca incrementar la producción de insumos que se requieren para la producción de alimentos tales como semillas, fertilizantes, diésel, maquinaria y equipo para la producción.

Cuarto. El cambio climático tiene un efecto directo en las condiciones de la agricultura, derivado del incremento de la temperatura y de los desastres naturales. Así, los cultivos y el ganado estarán expuestos a nuevas plagas y enfermedades, lo cual impone enormes retos en materia de seguridad alimentaria y de la inocuidad de los alimentos. Actualmente el 74.7 por ciento de las unidades de producción en el país reportan pérdidas por causas climáticas. Dentro de las cuales destacan las sequías, vientos, exceso de humedad, granizo, heladas, bajas temperaturas, inundaciones e incendios naturales.1

Quinto. Las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de los sectores agrícolas y forestal representan más del 30 por ciento de las emisiones anuales.2 Sin embargo, la agricultura también puede tener un papel fundamental para coadyuvar en la reducción de los gases efecto invernadero mediante la disminución de los cambios del uso de la tierra y su deforestación, el tipo de cultivos, un mejor control de los incendios y la agricultura de conservación.

Sexto. Que el apoyar a los pequeños y medianos productores dentro del Programa Producción para el Bienestar trae beneficios para el país. Primero, protege el precio de los productos agropecuarios de la fluctuación del precio derivadas del comercio internacional; garantiza el acceso de alimentos a las poblaciones locales, reduce la huella de carbono al impulsar el consumo de proximidad e impulsa mejores condiciones de vida para los productores del campo.

Séptimo. Con fecha 7 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2020, el cual establece los mecanismos para acceder a los apoyos del referido Programa.

Octavo. El artículo 6 del referido Acuerdo señala como población objetivo a “Productores de pequeña y mediana escala con predios inscritos en el Padrón, que cultiven preferentemente granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, amaranto, chía, y/o sistema milpa, entre otros), café y caña de azúcar, con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta cinco hectáreas en riego.” En México del total de la superficie agrícola un 79 por ciento son tierras de temporal y un 21 por ciento es superficie de riego.

Noveno. Los apoyos del Programa Producción para el Bienestar son apoyos que se entregan de manera directa al productor considerando el régimen hídrico (temporal o riego) y el tamaño de la superficie de cultivo.

Décimo. Para acceder a dichos apoyos el productor debe presentar el expediente integrado que dispone el artículo 11 del citado acuerdo, no haber recibido apoyo el año previo y haber acreditado el destino del último apoyo recibido.

Décimo Primero. El municipio de Pénjamo tiene una amplia participación en el sector agropecuario dentro del estado de Guanajuato. Pénjamo cuenta con un 7 por ciento de las unidades de producción con superficie agrícola en el estado, con un total de 10 mil 351 unidades siendo 4 mil 359 de riego y 7 mil 475 de temporal. La superficie agrícola en hectáreas asciende de 65 mil 968, de las cuales 25 mil 778 son de riego y 40 mil 190 de temporal.

Décimo Segundo. Los productores agrícolas del municipio de Pénjamo que han presentado la solicitud de apoyo del Programa Producción para el Bienestar siguen sin recibir su apoyo económico a pesar de cumplir con todos los requisitos que marca el referido Acuerdo. Este retraso ha impactado negativamente en su liquidez y puesto en riesgo su producción agropecuaria. Desafortunadamente ninguna instancia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha dado respuesta a las reiteradas solicitudes de informar el estado que guardan sus solicitudes.

Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente propuesta de:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para que haga público el número de solicitudes recibidas para acceder al Programa Producción para el Bienestar, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y el estado que guarda cada una de ellas, señalando el número y monto de apoyos otorgados a los pequeños y medianos productores del campo

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “ Encuesta Nacional Agropecuaria 2017”

2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “Cambio climático y seguridad alimentaria”, disponible en http://www.fao.org/climatechange/16615-05a3a6593f26eaf91b35b0f0a320cc22 e.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a regresar a la Semar los recursos autogenerados por las capitanías de puerto y destinarlos a fortalecer la infraestructura portuaria, suscrita por los diputados Juan Ortiz Guarneros y Alfredo Villegas Arreola, del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes de diversos parlamentarios en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los puertos mexicanos juegan un papel trascendental en el crecimiento económico y en el bienestar de la población, por lo que es crucial fortalecer su infraestructura con la finalidad de mejorar la conectividad y generar desarrollo regional en las zonas costeras.

Por los puertos se transporta poco más de un tercio del total de la carga del país y la mayor parte del volumen de las exportaciones, incluyendo petróleo y derivados, a la vez que operan como plataformas de importantes industrias como son la química, petroquímica, metalúrgica, minería, cemento, pesca, turismo náutico y de cruceros, ensamblaje, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras.

En los últimos años, los puertos han destacado por su elevado crecimiento de los volúmenes de mercancías manejadas, por la diversificación de sus actividades y como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleos en terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales.

Hoy en día, México tiene puertos que compiten por su eficiencia en la operación de contenedores con puertos líderes en el mundo y muestra avances importantes en la operación de otros tipos de carga. La infraestructura portuaria existente en los puertos ha sido el resultado de importantes esfuerzos de inversión por parte del sector público y el sector privado.

Ello ha hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional. El sistema portuario nacional desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la economía mexicana, ya que además de vincularla con los mercados mundiales, constituye una importante fuente de valor y de ventajas competitivas en los ámbitos nacional, regional y local.

La importancia de la actividad portuaria en el país es evidente. Como sabemos, México tiene una posición estratégica para el comercio mundial, gracias a sus más de 11 mil kilómetros de litorales. Con acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico (a través del Golfo de México), además del Mar Caribe y el Mar de Cortés; y un total de 117 puertos y terminales habilitados.

Dada la importancia y magnitud de la actividad portuaria, es primordial fortalecer la infraestructura de los puertos, a efecto de aumentar la competitividad, reducir los costos logísticos de las operaciones de carga y descarga, y seguir contribuyendo al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos.

Cabe hacer mención que el pasado 1o de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos, con lo que se trasladan facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina en el control de los puertos. Con tales modificaciones, se faculta a la Semar el otorgamiento de permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua y la conducción de políticas y programas en esa materia.

También, se le otorgan las atribuciones para fungir como la única Autoridad Marítima Nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Es evidente que la caída de la economía ocasiona que los ingresos presupuestarios también disminuyan. En este sentido, se prevé un déficit fiscal de más de 300 mil millones de pesos para el 2021. En el presente año, el Gobierno Federal ha conseguido salvar la caída de ingresos petroleros y tributarios, en virtud de que hizo uso de fondos que se habían ahorrado en sexenios pasados.

Ante este escenario, al Gobierno Federal le urge allegarse de recursos para sus programas emblemáticos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Así lo muestra la eliminación de 109 fideicomisos con lo que se obtendrá una bolsa de 68 mil 400 millones de pesos, en perjuicio de la protección e integridad de la población ante desastres naturales, del campo, la ciencia y tecnología, el deporte de alto rendimiento, del cambio climático y de ex trabajadores migrantes, entre otros ámbitos que afectan a los mexicanos.

Sin embargo, es menester apuntalar que, si el gobierno busca un desarrollo nacional, el desarrollo marítimo del país es de suma importancia, en nuestro entorno bioceánico, nuestros puertos representan un factor central para el comercio exterior y la competitividad, por lo que es importante su transformación progresiva. La infraestructura portuaria debe garantizar el acceso de los medios de transporte marítimo y terrestre, al tiempo que debe facilitar la recepción, despacho y manipulación de las mercancías que se comercian ya que es el medio de transporte con la capacidad de trasladar grandes cantidades de mercancías a costos bajos.

La eficiencia actual en el ámbito administrativo que se ha vislumbrado en las Capitanías de Puerto, se comprueba con la cantidad de recursos autogenerados por ellas, recaudación que se estima para el año 2021 de $ 418´500,000.00 cantidad que pretende ejercer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para rubros distintos para lo que fue generada, afectando el seguimiento de acciones acordes al desarrollo portuario como ya se expuso.

Ahora bien, por la recaudación de derechos como lo contempla la Ley Federal de Derechos y sobre la cual se promueve una propuesta de modificación en su capítulo correspondiente, la Semar, buscará actuar con transparencia para el sostenimiento puntual de los gastos ocasionados por el mantenimiento y la finalidad de programas institucionales y proyectos afines a los puertos, atendiendo a la política de gastos y a las disposiciones presupuestarias aplicables.

Por lo que se hace necesario establecer que el destino específico de los ingresos que se obtengan, por el cobro de la recaudación señalada, se destine a la Secretaría de Marina siendo conveniente, y aceptable para la operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios, así como la seguridad en la navegación, de la vida humana en la mar, y la prevención de la contaminación marina, conforme a las atribuciones que se establecen en el Artículo 8 Bis y 9 de la ley de Navegación y Comercio Marítimos, en virtud de que las Capitanías de Puerto requieren fortalecer su infraestructura y mantenerla para el debido cumplimiento eficiente y eficaz de sus atribuciones, a fin de incentivar al desarrollo marítimo nacional, garantizando mares y puertos seguros.

Por estos motivos, resulta esencial que los recursos autogenerados por las Capitanías de Puerto se regresen a la Secretaría de Marina con la finalidad de que se continúen utilizando para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, entre otros aspectos, que permitan consolidar al sector, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la población.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en lo sucesivo los recursos autogenerados por las Capitanías de Puerto, se regresen a la Secretaría de Marina, y éstos sean empleados para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, y no se pretenda desviarlos a otros fines distintos a los del sector marítimo y portuario.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de noviembre de 2020.

Diputados: Juan Ortiz Guarneros, Alfredo Villegas Arreola, Margarita Flores Sánchez, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Manuel Huerta Martínez, Jesús Fernando García Hernández, José Mario Osuna Medina, Eraclio Rodríguez Gómez, Jorge Alcibíades García Lara, Almeida López Mónica, Óscar Jiménez Rayón, Juan Francisco Espinoza Eguía, Manuel Limón Hernández, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, María Ester Alonzo Morales, Héctor Yunes Landa, Emilio Manzanilla Téllez, Carranza Aréas Julio, Olga Patricia Sosa Ruiz, Ximena Puente de la Mora, Ricardo Francisco Exsome Zapata, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Manuel Rodríguez González, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Sánchez Martínez Lourdes Érika, Cruz Juvenal Roa Sánchez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a aplicar por la SE las cuotas compensatorias publicadas en el DOF el 25 de noviembre de 2016 y la revisión “arancel-cupo” de importación de carne de pollo al país y fomentar el desarrollo de la industria avícola en México, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 , numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición de punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía aplique de manera inmediata las cuotas compensatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2016, así como la revisión “Arancel-Cupo” de importación de carne de pollo a nuestro país y para que en la esfera de sus competencias fomente el desarrollo de la industria avícola en México, para garantizar la autosuficiencia de carne de pollo y sus derivados, además de verificar que dichos productos que ingresen al país cumplan con las normas sanitarias correspondientes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El virus de la influenza Aviar A/H7N3 fue identificado por primera vez en México en junio de 2012, en Acatic y Tepatitlán, una zona densamente poblada de aves en el estado de Jalisco. Es un virus de alta patogenicidad, que causó importantes daños económicos a la actividad avícola mexicana.

En agosto de 2012 se reportó la despoblación de las granjas que incluía casi 5 millones de aves que fueron sacrificadas de un total estimado de 9.3 millones de aves en el área del brote, ocasionando grandes repercusiones en el sector y afectando directamente a la economía familiar de nuestro país debido al alto consumo de carne de pollo; a su vez ocasionó el encarecimiento del producto debido a la falta del mismo, provocando con ello que México importara en 2013, principalmente de los Estados Unidos de América (EUA), cifras récord de carne de pollo para garantizar el consumo interno.

El 6 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA, independientemente del país de procedencia”. Mediante dicha resolución, la Secretaría de Economía (SE) determinó la aplicación de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA .

En esa misma resolución, la SE determinó no aplicar las cuotas compensatorias, con el fin de no sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta en tanto se regularizará la situación derivada de la contingencia sobre el virus de la Influenza Aviar tipo A subtipo H7N3 .

En octubre de 2013, a pesar de todas las importaciones, los precios se dispararon durante la primera mitad de 2013: en promedio 32 por ciento para la carne de pollo, debido a los sucesivos brotes del mismo virus en los estados de Aguascalientes y Guanajuato, provocando además una pérdida de 13 por ciento de las productoras más importantes del país, que de por sí ya eran insuficientes para abastecer la demanda nacional. Además, se dieron brotes adicionales de este mismo virus durante la primera mitad de 2013, en los estados de Tlaxcala y Puebla, se cree que otros estados nunca reportaron los brotes.

Debido al descontento de la población por la inflación de los productos avícolas, el secretario de Economía, en una acción sin precedentes, autorizó la importación de carne de Brasil a pesar de no contar con un tratado de libre comercio entre ambos países; adicionalmente no existe con este país un memorándum de entendimiento sanitario y se han dado deficiencias en sus sistemas de procesamiento y sacrificio; así como diversas inconsistencias entre la documentación el contenido de los embarques importados.

El 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, mediante el cual dicha autoridad estableció el arancel-cupo aplicable a las mercancías, comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), siempre que el importador cumpla con los lineamientos que expida la Secretaría de Economía y cuente con un certificado de cupo expedido por la misma.

Con dicha medida, la autoridad exentó el cobro de los impuestos las importaciones de carne de pollo fresca, refrigerada o congelada; siempre que cuenten con el certificado de cupo expedido por la SE.

La SE argumentó que dicha exención tenía como objetivo resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que tenían producción significativa, Guanajuato y Jalisco, provocando incrementos en los precios.

El 16 de mayo de 2013, la SE publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; en el que dicha autoridad reitera que desde mediados de 2012 se han presentado en el país contingencias sanitarias de influenza aviar de alta patogenicidad que han afectado los niveles de producción de huevo y pollo, provocado aumentos injustificados de precios. Mediante el Acuerdo la SE estableció un cupo agregado para importar en 2013, carne de pollo fresca, refrigerado o congelada, libre de arancel, siendo 300 mil toneladas ; instaurando el mecanismo y criterio de asignación para 50 por ciento de este cupo, señalando la necesidad de determinar el mecanismo de asignación para el resto del cupo.

Tal acuerdo fue modificado el 8 de agosto de 2013, para establecer el mecanismo de asignación para el resto del cupo. Posteriormente, el 28 de febrero de 2014 la Secretaría de Economía publicó el Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo; el cual en sus considerandos establece que debido a que la producción nacional de carne de pollo aún no ha recuperado el ritmo de crecimiento que registró en los años previos a las contingencias sanitarias de influenza aviar, era necesario ampliar la vigencia del cupo a que se refiere el Acuerdo; estableciendo así un cupo agregado para importar, extendiendo su vigencia del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2015, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel. Nuevamente el 20 de junio de 2014 la SE publicó en el DOF, un Acuerdo mediante el cual flexibiliza los criterios de asignación de cupo a efecto de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a más asignaciones de cupo.

Asimismo, el 22 diciembre de 2015 la autoridad citada publicó el Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel- cupo establecido, carne de pollo; el cual establece un cupo agregado para importar del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2017 la carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel; argumentando nuevamente que esto se debe a las contingencias sanitarias de influenza aviar en los EUA y México, que podían afectar la estabilidad del mercado interno y el poder de compra de los consumidores.

El 25 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias; en el que se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés jurídico, que las cuotas compensatorias definitivas impuestas (incluidas las de pierna y muslo originarias de EUA), se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señaló en el mismo para cada uno, salvo que un productor nacional manifestara por escrito su interés en que se iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria.

El 30 de junio de 2017 Bachoco manifestó su interés en que la Secretaría iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria. Recuerdan que el 2 de agosto de 20 17, la SE publicó en el DOF la resolución que declaró el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los EUA, fijando como periodo de examen el comprendido de 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2017.

Posteriormente el 26 de diciembre de 2017, mediante acuerdo publicado en el DOF la SE nuevamente amplió la vigencia del cupo, sosteniendo que deben mantenerse abiertas las opciones de proveeduría externa, como una medida que complemente la producción nacional, bajo la justificación de evitar un desabasto de este producto, dado que nuestro país no estuvo exento de brotes de influenza aviar durante el 2017; ampliando así la vigencia del cupo a la importación de carne de pollo, al 31 de diciembre de 2019.

Para efectos de comprobar lo anterior, es necesario comparar el escenario inicial del tema de influenza aviar A/H7N3 de alta patogenicidad en México con el panorama actual, el cual en su etapa inicial en 2012, de acuerdo al informe de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Agroalimentaria (Senasica) de fecha 18 de octubre de 2018, indica que en 2012, la mortandad de aves fue de un millón 223 mil 633, la mayoría, gallina de postura comercial siendo que los reportes hasta la fecha antes mencionada, señalan 4 mil 590 muertes, correspondientes a predios de traspatio; indicando también el Senasica en dicho informe que el último caso de Influenza AviarA/H7N3 que presentó en granjas tecnificadas fue en abril de 2017.

Aunado a lo anterior, la autoridad sanitaria antes señalada, mediante su página electrónica oficial el 26 de octubre de 2018, reportó que emitió un comunicado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE , por sus siglas en francés) para informar el cierre de cuatro focos de influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3, reportados a ese organismo internacional en el primer semestre de 2018; lo anterior, al constatar que en un plazo mayor a tres meses no se han detectado problemas sanitarios asociados a la presencia de Influenza Aviar.

Hasta la fecha se han certificado tres plantas de procesamiento para exportar carne a México, irónicamente, las tres plantas brasileñas pertenecen a empresas con producción de pollo y engorde en nuestro país a través de filiales en propiedad de mexicanos al cien por ciento; a pesar de que se pudiera pensar que un brote de esta magnitud podría dañar a la industria entera, gracias a leyes económicas fundamentales de oferta y demanda, los últimos años han sido los más rentables en mucho tiempo para los productores de pollo en México.

El consumo anual per cápita es de 31.5 kilogramos al año, situación que explica que la carne de pollo haya registrado el incremento absoluto más prominente en los últimos cinco años a 530 mil toneladas adicionales.

México es el sexto productor de carne de pollo, con una producción de 3 millones 338 mil 374 toneladas, no obstante, el consumo anual mexicano del producto pecuario es de 3.9 millones de toneladas, de ese volumen 15.4 por ciento se cubre con importaciones. Dicho de otra forma, el consumo anual de carne de pollo asciende a 3.9 millones de toneladas, en tanto que la producción nacional corresponde a 3.3 millones de toneladas, por lo que tenemos un déficit de 562 mil toneladas de carne de pollo.

El Panorama Agroalimentario 2019 establece que hay un déficit en la producción frente al consumo nacional y que el mayor importador es EUA con 83.1 por ciento de las importaciones. En ese sentido, consideramos que la Secretaría de Economía debiera realizar un estudio sobre la pertinencia de concluir con el acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con Arancel-Cupo Establecido, Carne de Pollo; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013 y cuyo vencimiento aconteció el 31 de diciembre de 2019, en el que se tome en consideración las afectaciones o el impacto en el precio del producto para las familias mexicanas.

Derivado de este análisis se puede destacar que la exención de pago las cuotas compensatorias definitivas impuestas a la importación de carne de ave, situación que deja en desventaja a la industria avícola nacional sin sustento, dado que como ya se señaló en párrafos anteriores, dicha situación sanitaria no subsiste en la actualidad, mismo que ha venido afectando a la avicultura nacional durante años, y cuya justificación inicial ya no prevalece; por lo tanto se hace necesario se analice la necesidad de revisar si es necesario la vigencia del mismo, y la aplicación inmediata de las cuotas compensatorias ya establecidas.

En virtud de lo anterior, el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la posibilidad de que el Congreso de la Unión faculte al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción nacional.

Como se puede observar de lo anterior, en diversas ocasiones la Secretaría de Economía ha prorrogado la vigencia, bajo el argumento inicial de resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de Influenza aviar en el país, sostienen que la situación bajo la cual se argumentó a favor de la publicación del cupo unilateral de carne de ave en el 2013 (brotes de influenza aviar altamente patógena), no prevalece al día de hoy.

Para respaldar lo anterior en respuesta de la petición hecha por un servidor hacia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre si aún persisten las condiciones zoosanitarias, asociadas a los brotes de influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IAAP), que provocaron la contingencia zoosanitaria en el país en 2012., y en respuesta con el número de oficio BOO.-1138/2019 fechado en la ciudad de México el 13 de junio de 2019 en el que se me comunica que:

“La influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), subtipo H5N2, está presente en México desde el año de 1994, en el caso de IAAP, subtipo H7N3, se identificó desde el año 2012. No obstante, en este momento, México no vive una situación de emergencia generada por la presencia de alguno de los subtipos de Influenza Aviar Notificable (H5N2 o H7N3), ya que se encuentran en control a través de diversas medidas, entre ellas la vacunación, por lo que el abasto de pollo y huevo fluye de manera normal.”

Adicionalmente, cuando se detecta en forma esporádica la presencia de esta enfermedad en alguna unidad de producción tecnificada o predio de traspatio, el Senasica aplica estrictas medidas de control para evitar su diseminación. Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y productores avícolas, se anexa copia simple de los últimos cinco reportes anuales de Influenza Aviar Notificable realizados a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés).

Con estas acciones, el Senasica protege la actividad avícola nacional, que mantiene un crecimiento medio anual (TCMA) de 2.8 por ciento en pollo y de 3 por ciento en producción de huevo para plato, lo cual ubica a México como uno de los principales productores avícolas a nivel mundial.”

Desde diciembre de 2019, por primera vez en 6 años, no contamos con arancel cupo, libre de arancel de importación de carne de pollo de terceros países (Brasil entre otros), el sector avícola se mantiene con abasto normal y suficiente, sin emergencias por alguna enfermedad posterior al brote de 2012, ya que no han vuelto a presentarse un brote de IAAP. Por lo que el precio y el abasto se ha mantenido, la certidumbre de los productores y la oportunidad de crecimiento ha aumentado.

El día de hoy es preponderante que se sostenga dicho rumbo, de no apertura a más cupos arancel de importación, para permitir el crecimiento y desarrollo de la industria avícola nacional y con ello, consolidar la soberanía y seguridad alimentaria del país, en apego al Plan Nacional de Desarrollo en materia alimentaria, ya que dicha situación no prevalece en la actualidad, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 131 constitucional y al no subsistir las causas que originaron el establecimiento de dicha medida no existe motivación alguna, ni sustento legal para seguir emitiendo nuevos cupos para carne de pollo.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía aplique de manera inmediata las cuotas compensatorias ya establecidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, a la revisión del “Arancel-cupo” de importación de carne de pollo a nuestro país, debido a la afectación que el mismo provoca a la industria avícola de nuestro

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, para que en la esfera de sus competencias fomenten el desarrollo de la industria avícola en nuestro país, para garantizar la autosuficiencia de carne de pollo y sus derivados, además de verificar que los productos derivados del pollo que ingresen al país cumplan con las normas sanitarias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General y la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla a desarrollar, implantar y difundir nuevos mecanismos de denuncia de desaparecidos y hacer públicas las acciones y los resultados en materia de búsqueda y localización de esas personas durante el periodo de contingencia sanitaria a causa del Covid-19, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la última década en el Estado de Puebla, ha sido posible identificar un preocupante aumento en el número de casos de desapariciones de personas, principalmente de niñas, niños y mujeres.

En el Informe más reciente sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Puebla se encuentra entre los 5 estados con mayor número de niñas, niños y adolescentes, y mujeres desaparecidas en un año.1

A continuación de muestran las cifras nacionales de personas desaparecidas y personas localizadas en cada una de las categorías mencionadas:

Tabla 1. Estados con mayor número de casos de Niñas, niños y adolescentes, desaparecidos y localizados. 2

Tabla 2. Estados con mayor número de casos de mujeres, desaparecidas y localizadas. 3

De acuerdo con las cifras de las tablas 1 y 2, es posible identificar que en el estado de Puebla que en el periodo de un año 552 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos, es decir, que en promedio desaparece 1 (1.51) niño al día en el estado.

En el caso de las mujeres, las cifras son mucho menos alentadoras, puesto que en promedio al día llegan a desaparecer 2 mujeres (1.7) al año en nuestros estados.

De igual manera, el presente informe muestra los principales rangos de edad de mujeres desaparecidas son los siguientes:

Gráfica 1. Mujeres desaparecidas o no localizadas por rango de edad. 4

En el periodo comprendido entre 2006 a 2019 la CNB registró que la entidad sumó 6 mil 594 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 3 mil 596 fueron localizadas; no obstante, en el caso de las mujeres hubo 3 mil 624 reportadas como desaparecidas, de las cuales 2 mil 179 fueron localizadas y tenían un rango de edad entre los 10 y los 29 años.5

En este sentido, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla al ser una instancia de análisis y opinión en materia de seguridad ciudadana, administración y procuración de Justicia, elaboró el Registro hemerográfico de trata de personas en Puebla en el 2019,6 en este Registro se hace una recopilación de datos sobre aquellos casos identificados como posibles casos de trata de personas en el Estado.

De este Registro se obtuvieron los siguientes datos relevantes:

• La mayoría de los casos con víctimas de trata de personas ocurrieron en los municipios de Puebla (38 por ciento), Acajete y Tehuaca?n (13 por ciento cada uno).

• En 21 de estos casos de trata de personas -es decir, en el 84 por ciento- se sabe el número de víctimas. Al menos 1,412 personas fueron localizadas, rescatadas y atendidas, de las cuales se sabe que 293 eran mujeres (21 por ciento) y 443 eran hombres (31 por ciento), mientras que se desconoce el sexo de 676 personas (48 por ciento). También se identificó que, del total de las víctimas, 239 eran menores de edad: 92 niñas y 144 niños o adolescentes.

• En el 42 por ciento de los casos se sabe que las autoridades correspondientes identificaron a las víctimas, mientras que en otro 42 por ciento no fue así; en el 16 por ciento restante, no hay datos que permitan saber si las víctimas fueron identificadas.7

A continuación se muestra una gráfica con los municipios del estado de Puebla donde se han identificado casos de trata de personas durante el 2019.

Gráfica 2. Municipios de Puebla con casos de trata de personas, 2019. 8

De igual manera, de acuerdo con cifras obtenidas por este Consejo, 166 mujeres desaparecieron en 2019 y hasta julio de 2020 sumaron 96, lo que significa que 262 se extraviaron en un periodo de 577 días; dicho de otra manera, una cada dos días.9

Por parte del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem) se ha detallado que la actual contingencia sanitaria ha dificultado en gran medida la búsqueda y localización de personas desaparecidas, ya que los operativos de localización de personas se han reducido, a fin de evitar contagios entre el personal. También muchas familias no han acudido a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por temor a contagiarse.10

Como podemos apreciar en los datos antes mencionados, la desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres es un problema que desafortunadamente ha estado presente en Puebla en los últimos años y ha ido en incremento.

Si bien por parte del Gobierno Estatal se han tomado diversas acciones para erradicar este problema, como es el caso de la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) en abril de 2019, ante el escenario de la nueva normalidad a causa del covid-19, es necesario que se implementen nuevos mecanismos que permitan agilizar las denuncias por desapariciones, así como el seguimiento para búsqueda y localización de las y los poblanos desaparecidos.

La protección y salvaguarda de la vida de las y los poblanos no puede detenerse ante ninguna circunstancia, por ello, es necesario que las autoridades responsables desarrollen nuevas alternativas para poder brindar la seguridad que tanto se necesita.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrolle, implemente y difunda nuevos mecanismos de denuncia de personas no localizadas y desaparecidas, atendiendo el actual escenario de la nueva normalidad a causa del covid-19.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicas las acciones y resultados en materia de búsqueda y personas no localizadas y desaparecidas durante el periodo de contingencia sanitaria a causa del covid-19.

Notas

1 “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas”, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, fecha: enero 2020, fecha de consulta: octubre 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535387/CNB_6_enero_2020_ conferencia_prensa.pdf.pdf

2 Ibídem, pp, 12 – 13.

3 Ibídem, pp. 9 – 10.

4 Ibídem, p 14.

5 “Cada dos días se reporta la desaparición de una poblana”, Milenio, fecha: 29 de agosto de 2020, fecha de consulta: 29 de octubre de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/cada-dos-dias-se-reporta-la- desaparicion-de-una-poblana

6 Registro hemerográfico. Trata de personas Puebla 2019, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla Puebla, Puebla, fecha: Octubre de 2020, fecha de consulta: Octubre de 2020, disponible en: https://consejociudadanopuebla.org/

7 Registro hemerográfico. Trata de personas Puebla 2019, p. 5.

8 Registro hemerográfico. Trata de personas Puebla 2019, p. 4.

9 Cada dos días se reporta la desaparición de una poblana”, Milenio, fecha: 29 de agosto de 2020, fecha de consulta: 29 de octubre de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/cada-dos-dias-se-reporta-la- desaparicion-de-una-poblana

10 Cada dos días se reporta la desaparición de una poblana”, Milenio, fecha: 29 de agosto de 2020, fecha de consulta: 29 de octubre de 2020, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/cada-dos-dias-se-reporta-la- desaparicion-de-una-poblana

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a hacer del conocimiento público el motivo de la cancelación de paso franco “Nada que declarar” en las aduanas de México, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La ruta de la administración pública federal en la dificultad de los contratiempos públicos no está regida por la combinación del azar, los determinismos históricos ni la incertidumbre errática. El ejercicio del poder exige que los gobiernos tengan claridad de objetivos y medios institucionales para cumplirlos. Esa atribución la tenemos clara. El Ejecutivo federal tiene en su visión estratégica realizar los cambios que considere necesarios para llevar a cabo la mejor conducción de su mandato.

Pero que sucede cuando estos objetivos trasgreden los derechos de las personas que la implementación de estas políticas es errática, es decir, que la decisión administrativa no tiene justificación ni fundamento.

Lo anterior lo señalamos ya que en días recientes el SAT mando cancelar el llamado paso franco de “Nada que declarar” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y no sabemos en qué otros lugares más dio autorización para cancelar este servicio, por lo que se requiere se informe a esta soberanía.

Esta medida de política pública afecta de manera directa a todos y cada uno de los mexicanos que ingresan al país por la razón que fuese, pero afecta aún más al paisano, al hacer una estricta revisión de sus maletas por si traen regalos, si hicieron compras, si están metiendo bienes que deberían pagar impuestos.

Recordemos que para ingresar al país con algún tipo de bien adicional a nuestra maleta existe lo que en el ámbito del comercio exterior se le conoce como franquicia, por lo que toda persona al pasar por una aduana debe pagar el exceso de franquicia a la que tiene derecho, es decir, se debe declarar todos los artículos que sean diferentes a los del equipaje o todos los artículos que el mexicano traiga consigo con un valor superior a 500 dólares, que es la franquicia a la que tienen derecho. Ahora bien, cada integrante de la familia puede acumular si viajan juntos en el mismo medio de transporte.

Entonces, que sucede en la Aduana y porque están haciendo esa revisión exhaustiva los empleados del SAT al momento de salir los pasajeros del AICM. Recordemos que este país está en medio de una pandemia sanitaria COVID-19, no por ello vengo a proponer o a exhortar a la autoridad a que no revisen a los pasajeros o a su equipaje. Pero no debemos permitir que se den altas concentraciones de personas, para que pasen a una revisión estricta, manual y personal de todos y cada uno de los equipajes de pasajeros que ingresan a nuestro país desde un destino extranjero.

Finalmente, si las implementaciones se deben a sólo tener una mayor recaudación de impuestos, pues es tarea del SAT y de Aduanas México, el simplificar, modernizar y armonizar los procesos aduaneros, y más cuando ya existen los sistemas, mecanismos electrónicos e infraestructura en general, en todos los aeropuertos internacionales del país, para fiscalizar la introducción de mercaderías prohibidas por parte de pasajeros nacionales y extranjeros. Esta política pública implementada por el SAT a que se debe.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dentro de esta LXIV Legislatura, es que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público el motivo de la cancelación de paso franco “nada que declarar” en las aduanas de México.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y su homóloga en Chiapas a fortalecer los trabajos relativos a la seguridad de la población en el estado, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la actualidad la ciudadanía percibe la inseguridad como uno de los problemas más graves del país, a pesar de que el Ejecutivo dice que los índices de delincuencia han bajado, negando la realidad. Así lo demuestra, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que indica que la percepción de la inseguridad de los ciudadanos mexicanos aumentó al pasar de 71.3 por ciento en septiembre de 2019 a 72.9 por ciento en diciembre. Al contrario de lo que él dice, la violencia en el país durante en la presente administración se ha manifestado de la siguiente manera:

La estadística ofrecida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra en primer lugar el total de delitos cometidos durante el año 2019, previo a la pandemia de Covid-19. El cual es constante dentro de un margen mensual de entre 160 mil a 180 mil delitos por mes. Dando para 2019 un total anual de 2 millones 69 mil 795 delitos cometidos.1

Segunda. Cabe señalar, que aproximadamente 50 por ciento del total de estos se concentraron en el rubro de delitos contra el patrimonio , catalogándose entre otros el robo, fraude, extorsión , etcétera, registrando un total de un millón 57 mil 425 delitos.

El siguiente rubro que concentra más delitos es el de otros bienes jurídicos afectados en el cual se presente un total de 411 mil 364 delitos, en este rubro se categorizan delitos como narcomenudeo y amenazas, representado aproximadamente 25 por ciento del total de delitos cometidos en el año 2019.

El resto de los delitos se dividen de manera uniforme entre los demás rubros. Contando el rubro de delitos contra la vida y la integridad corporal con un total de 266 mil 201 delitos registrados en 2019, lo que representa 10 por ciento del total de delitos registrados en el país. Considerando estos como delitos de alto impacto, observamos que en 2019 se cometieron 934 feminicidios y 44 mil 803 homicidios dolosos .

Tercera. Para poner en contexto el total de delitos cometidos en el año 2019, comparamos estos con el total de delitos cometidos durante el año 2018, que basado en la información del mismo secretariado ejecutivo para el periodo enero-diciembre 2018, arroja un total un millón 710 mil 834 delitos cometidos. Mismo dato que cotejado con los 2 millones 69 mil 795 delitos cometidos en 2019, arroja una diferencia al alza de 358 mil 961 delitos . Es decir un aumento de casi 15 por ciento en la cantidad de delitos.

Cuarta. La estadística del Secretariado Ejecutivo del SNSP muestra en primera plana el total de delitos cometidos durante lo que va del año 2020, es decir los meses de enero a julio del presente año. Arrojando como resultado para los primeros seis meses del año un total de un millón 42 mil 48 delitos cometidos.2

Es decir, que al término del mes de julio 2020 ya se habían cometido una cantidad de delitos cercana al 51 por ciento del total de la cifra de delitos cometidos durante el año previo.

Quinta. El margen mensual de delitos cometidos presenta variaciones, ya que en los primeros meses del año (enero, febrero y marzo) observamos un margen similar al del año pasado, de entre 160 mil a 180 mil delitos por mes, resultando un descenso del margen mensual de delitos para el periodo de los meses subsecuentes (abril, mayo y junio) donde el margen bajo a entre 120 mil a 140 mil delitos mensuales. El fenómeno antes descrito puede obedecer a que los meses antes mencionados fueron en los cuales se observaron de manera más estricta las medidas de la cuarentena en todo el país.

Por último, en el mes de julio se observa un aumento de delitos, llegando estos a los 154 mil 23. Lo cual parece anunciar que con el levantamiento de medidas de confinamiento se vuelven a presentar los niveles anteriores de delitos. Aunado lo anterior a que las circunstancias económicas del país se han venido deteriorando debido a la pandemia de Covid-19 y a otros factores internos es previsible que la cantidad de delitos aumenten y la situación de seguridad pública se deteriore a medida que el desempleo aumente y el cierre de fuentes de trabajo continúe.

Sexta. Para el caso del estado de Chiapas la estadística del Secretariado Ejecutivo del SNSP muestra en primera plana el total de delitos cometidos en la entidad durante lo que va del año 2020, es decir los meses de enero a julio del presente año. Arrojando como resultado para los primeros seis meses del año un total de 10 mil 219 delitos cometidos.

Por lo que, al finalizar el mes de julio 2020 ya se habían cometido una cantidad de delitos cercana a 46 por ciento del total de la cifra de delitos cometidos durante el año previo. Al igual que con la tendencia nacional en el mes de julio se observa un aumento de delitos, llegando estos a los mil 417, probablemente obedeciendo esta alza al levantamiento de medidas de confinamiento. Si el estado sigue la tendencia nacional, es previsible que la cantidad de delitos aumenten y la situación de seguridad pública se deteriore a medida que el desempleo aumente y el cierre de fuentes de trabajo continúe.

Séptima. Por lo que respecta a los municipios del estado de Chiapas, se tiene información de medios locales, del Semáforo Delictivo de Chiapas y del Observatorio Ciudadano Estatal. Como la siguiente información3 :

“• De abril a junio de 2020 la violencia se vio marcada en el robo de los delitos patrimoniales.

• En el estado, el delito de robo a vehículo automotor presentó el mayor número, del total de casos que son 172 carpetas de investigación, 39 por ciento está dirigido a este delito; 38.8 por ciento fue con violencia y 61.2 por ciento sin violencia. El delito que presentó mayor violencia fue el robo a negocio, con 78.6 por ciento de los casos, el resto sucedió sin violencia, seguido por el delito de robo a transeúnte con 73.3 por ciento con violencia y 26.7 por ciento ocurrió sin violencia.

• Asimismo, en Tuxtla Gutiérrez, la tasa trimestral por robo de vehículos fue de 27 por ciento más alta que los doce meses anteriores, pasando de 11.98 tasa por cada 100 mil habitantes en 2019, a 15.25 en este periodo.

• Además, a nivel estatal, 4 de casa 5 robos a casa habitación suceden con violencia, este delito se vio en aumento en los últimos dos años, en el periodo actual presento 82.3 de las averiguaciones. A nivel nacional, 12.7 de las averiguaciones fueron reportadas con violencia. Para los tres municipios chiapanecos, todas las averiguaciones presentan violencia.

• Lo anterior, se liga con el uso de arma, en Chiapas, 1 de cada dos de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego, la línea de tendencia en el uso de esta arma ha tenido aumento desde 2015; de abril a junio del presente año, representaron 50.9 por ciento de las averiguaciones. En la capital chiapaneca, la tasa por homicidio doloso tuvo un aumento de 98 por ciento, 0.92 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, en 2019 fue de 0.47.”

Octava. Resultan urgentes mejoras en nuestro sistema de seguridad; se necesita una estrategia en donde los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad de la población, a través de acciones como:

• Alinear las acciones de los diferentes sectores gubernamentales hacia un mismo objetivo : la reducción del crimen y la violencia.

• Integrar la dimensión de seguridad ciudadana dentro de las otras agendas de desarrollo ya sean estas sociales, urbanísticas, culturales o deportivas.

• La policía tiene que estar en primera línea para prevenir y controlar el crimen. Son ellos quienes mejor conocen las localidades, sus desafíos, carencias, y su gente.

Novena. En esta lógica de ideas, es importante tener presente que ya contamos con el andamiaje institucional y el ordenamiento jurídico que prevé la visión de la presente proposición. Lo anterior de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública , la cual tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia.

Décima. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior establecido en el artículo 2 de la ley en comento.

Undécima. De igual forma hay que mencionar que esta ley no sólo establece las competencias y atribuciones de los municipios, los estados y la federación, sino que además de conformidad con el artículo 6 establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos teniendo como objetivo institucional el deber de fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Duodécima. De acuerdo con la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el acuerdo 03/XLIV/19. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica . En el cual el Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica el acuerdo 01/II/SO/CPPDPC/2019 de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que aprueba el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en sus términos, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías generales, para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública.

Para tal efecto, se emitieron los lineamientos y protocolos necesarios; por tanto, se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinar su instrumentación dentro del segundo semestre de 2019. Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que hasta la fecha el Consejo no se ha pronunciado sobre los lineamientos para el 2020 ni ratificado los que ya estaban establecidos para este año, hecho que se entiende debido a la pandemia por la cual atraviesa el país, sin embargo no se puede justificar teniendo presente las cifras de violencia, inseguridad y delincuencia que presenta el país y que son objeto de la presente proposición.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que emita y actualice los lineamientos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en todo el país para el segundo semestre del año en curso.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Chiapas a que de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con todos los municipios del estado tomen en cuenta la participación ciudadana y la rendición de cuentas para efectos de la estrategia local.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

https://drive.google.com/file/d/1_WWvvZwmXesZB-vIICihhpy 0fg6d9_DG/view

2 Fuente: https://drive.google.com/file/d/1q1-C2wzwL0-DVPf2j41SDtxBphl2CBOt/view

3 Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/05/aumentan-delit os-hechos-con-armas-de-fuego-y-violencia-en-principales-ciudades-de-chi apas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Jucopo apruebe un grupo de trabajo encargado de elaborar un proyecto de ley para regular el ciclo completo de las sustancias químicas, suscrita por las diputadas Lorena del Socorro Jiménez Andrade y María Bertha Espinoza Segura e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas, diputadas a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, Lorena del Socorro Jiménez Andrade y María Bertha Espinoza Segura, y diputados de diversos grupos parlamentarios suscriben, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de formar un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de ley que regule el ciclo completo de las sustancias químicas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los productos químicos se encuentran en toda nuestra vida para bien pero también para nuestro perjuicio cuando estos no son adecuadamente regulados, tanto en su extracción transformación, utilización, consumo y destino final, por lo que se requiere contar con un marco normativo que regule todo el ciclo de estas sustancias químicas.

Para lograr una adecuada regulación se requiere la participación y articulación adecuada para todo el ciclo de las sustancias químicas, y el trabajo coordinado de por lo menos tres dependencias, Salud, Medioambiente y Agricultura, y en el trabajo legislativo por lo menos se tiene que considerar la participación de por lo menos cuatro Comisiones: Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; Economía, Comercio y Competitividad; Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales; y Salud.

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 44, numeral 4, regula la formación de grupos de trabajo al interior de las comisiones, para el caso en comento se requiere el trabajo de por lo menos cuatro comisiones.

Convenio de Rotterdam

El Convenio de Rotterdam fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 por una Conferencia de Plenipotenciarios en Rotterdam, Países Bajos. El convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004.

En México, el Senado de la República aprobó su adopción el 9 de diciembre de 2004.

Los objetivos del convenio son

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños; y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes.

El convenio crea obligaciones jurídicamente vinculantes para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP).

El convenio contiene disposiciones relativas al intercambio de información entre las partes sobre productos químicos potencialmente peligrosos que puedan ser exportados e importados. El convenio se aplica a plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o rigurosamente restringidos por razones sanitarias o ambientales por las Partes y que han sido notificados por las Partes para su inclusión en el procedimiento de CFP. El convenio se aplica a 40 productos químicos incluidos en el anexo III (incluyendo 29 plaguicidas, de los cuales 4 formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y 11 productos químicos industriales, pero se prevé que se incluyan más en el futuro. La conferencia de las partes decidirá sobre la inclusión de productos químicos.

El objetivo del Convenio de Rotterdam es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes (artículo 1).

En otras palabras, el convenio establece un “sistema de alerta rápida” para ayudar a los países a protegerse contra determinados productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

La finalidad del convenio es complementar otros instrumentos internacionales abordando este elemento fundamental (el comercio internacional) en el ámbito de la gestión de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida.

Como se establece en las disposiciones relativas a su ámbito de aplicación y en sus definiciones de los términos y expresiones empleados, el convenio se aplica a dos tipos de productos químicos.

El primero de ellos comprende los “productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos”. Se trata de productos químicos industriales y plaguicidas que han sido prohibidos o rigurosamente restringidos en virtud de una medida reglamentaria firme a escala nacional, a fin de proteger la salud humana o el ambiente.

El segundo tipo de productos químicos comprende las “formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas”. Se trata de formulaciones plaguicidas que se considera causan problemas para la salud o el medio ambiente en las condiciones en que se usan en un país en desarrollo o en un país con economía en transición. Ambos tipos de productos químicos pueden ser incluidos en el convenio. Éste especifica también las sustancias a las que no se aplica (Aspectos generales del Convenio de Rotterdam,

http://www.fao.org/3/a0137s/a0137s02.htm).

Marco jurídico

En México carecemos de una ley que atienda el ciclo completo de las sustancias químicas y las potencialmente peligrosas para la salud de los mexicanos, si bien tenemos la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, Ley General de Cambio Climático, Ley General de Salud, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Federal de Sanidad Vegetal que tienen expresa su especialidad jurídica y por lo mismo no atienden el principio precautorio en materia de salud de los mexicanos, se requiere que exista una ley que permita que la Cofrepris genere seguridad y se logren los acuerdos con el Convenio de Rotterdam.

Cofepris

Actualmente, la función precautoria la realiza en Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que en las condiciones legales actuales o dentro del área de la Secretaría de Salud tiene que ampliar sus responsabilidades para poder atender de manera oportuna el principio constitucional del derecho a la salud de todos los mexicanos.

Sería importante valorar la importancia de contar con una ley para la Cofepris.

Economía circular

El principio precautorio y el de la economía circular son los criterios de responsabilidad de esta ley, permitiendo que, a través de la determinación del ciclo de las sustancias químicas, se logre generar las condiciones de suspensión, sustitución y reducción de riesgos dentro del ciclo económico y que los productos potencialmente riesgosos, definidos en la ley, sean excluidos o sustituidos por productos que garanticen la salud de todos los mexicanos.

Principio precautorio

Uno de los principios jurídicos que garantiza la inocuidad de los productos o acciones es el denominado “principio o enfoque precautorio” que, frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en la salud o el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta.

Este principio, cuyos orígenes se remontan al primer tercio del siglo XX, fue consolidándose en los temas de directa relevancia para la salud humana como el efecto del uso de productos químicos o de la descarga de contaminantes y se constituyó en una herramienta de apoyo a los países en desarrollo, cuyos medios científicos no les permitían cuestionar de manera fehaciente los supuestos planteados por el mundo desarrollado en cuanto a la inocuidad de tales sustancias

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, en función de sus atribuciones, someta al pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo para la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto de ley para regular el ciclo completo de las sustancias químicas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputados: Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Bertha Espinoza Segura, Reginaldo Sandoval Flores, Verónica Juárez Piña, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Erasmo Cruz Robledo, Roberto Antonio Rubio Montejo, Eraclio Rodríguez Gómez, Adela Piña Bernal, María Maribel Solís Barrera, Isabel Guerra Villarreal, Tatiana Clouthier, Juanita Guerra Mena, María Esther Mejía Cruz, Luis Enrique Martínez Ventura, María Rosalía Jiménez, José Luis García Duque, Fortunato Rivera, Socorro Bahena Jiménez, Víctor Varela, Julieta Vences Valencia, Alejandro Viedma Velázquez, Claudia Báez Ruiz, Mario Alberto Rodríguez, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Érika Mariana Rosas Uribe, Jesús Salvador Minor Mora, Feliciano Flores, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Emmanuel Reyes Carmona, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Carlos Villarreal Salazar, Fabiola Loya Hernández, Frida Alejandra Esparza Márquez, Norma Azucena Rodríguez, José Guadalupe Aguilera, Antonio Ortega Martínez, Mónica Almeida López, José Luis Elorza, Abril Alcalá Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Víctor Blas López, Alejandro Ponce Cobos, Beatriz Dominga Pérez López, Abelina López Rodríguez, Araceli Ocampo Manzanares, Víctor Mojica Wences, Rocío Barrera Badillo, Idalia Reyes Miguel, Adriana Medina, Adriana Medina, Claudia Domínguez, Armando Zertuche, José Mario Osuna Moreno, Ana Karina Rojo Pimentel, Alfredo Porras, Francisco Javier Huacus Esquivel, José Ángel Pérez, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Lidia García Anaya, Olga Juliana Elizondo Guerra, Gustavo Callejas Ramos, Graciela Sánchez Ortiz, María Teresa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Ernesto Palacios, Carmen Bautista Peláez, Martha Patricia Ramírez, Rosalba Valencia, Flora Tania Cruz Santos, Paola Tenorio Adame, Carmen Mora García, Aleida Alavez Ruiz, Leticia Díaz Aguilar; María Beatriz López Chávez, Carmen Patricia Palma Olvera, Mildred Ávila Vera, Laura Imelda Pérez Segura, Armando Contreras Castillo, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Alejandro Barroso Chávez, Juan Enrique Farrera Esponda, Jesús Pool Moo, Samuel Herrera Chávez, Juan Israel Ramos Ruiz, Mirna Maldonado Tapia, Laura Martínez González, María Luisa Veloz, Lorena Villavicencio, María Teresa López Pérez, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Katia Alejandra Castillo Lozano, Ana Ruth García, Lucinda Sandoval Soberanes, Maricruz Robledo Gordillo, Teresita de Jesús Vargas, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Melba Nelia Farías Zambrano, Guillermina Alvarado, Beatriz Silva Robles Gutiérrez, Hilda Patricia Ortega Nájera, Anita Sánchez, Carmina Yadira Regalado, Efraín Rocha Vega, Verónica Ramos Cruz, Nancy Yadira Santiago Marcos, Jesús Hernando García, Casimiro Zamora Valdez, Mirta Villalvazo Amaya, Diego del Bosque, Iván Díaz Negrón, Nalleli Fernández Cruz, Érika Vannesa del Castillo Ibarra, Javier Uriel Aguirre Valenciana, Reina Celeste Asencio Ortega, Brenda Espinoza López, Ana Lilia Guillén Quiroz, Yolanda Guerrero Barrera, Teófilo Manuel García Corpus, Marco Antonio Carbajal Miranda, Sebastián Aguilera, Javier Salinas, Vicente Onofre, Cuauhtli Badillo, Estela Núñez Álvarez, Azael Santiago Chepi, Merary Villegas Sánchez, Rosario Merlín García, Maricela Obrador Narváez, Sergio Carlos Gutiérrez, Zaira Ochoa Valdivia, Édgar Guzmán Valdez, Juan Pablo Sánchez, Ignacio Campos Equihua, Irán Santiago Manuel, Marco Antonio Bravo Zavala, Leticia Aguilar Molina, Alfredo Gordillo Moreno, Ernesto Vargas Contreras, María del Carmen Quiroz Rodríguez, Delfino López Aparicio, Francisco Javier Ramírez, Martha Olivia García , Ricardo Delsol, Miroslava Sánchez Galván, Enrique Ochoa Reza, Carlos Javier Lamarque Cano, María Eugenia Hernández Pérez, Alberto Luis Landeros, Javier Hidalgo, Óscar Rafael Novella Macías, Heriberto Aguilar, María Isabel Alfaro, José Luis Montalvo Luna, Carmen Medel Palma. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-EUA a llevar a cabo una investigación sobre la disponibilidad de líquido proveniente de las presas El Cuchillo-Solidaridad y Marte R. Gómez, situadas respectivamente en el cauce del río San Juan, en China, NL, y Tamaulipas, para fijar el reparto equitativo y racional de los volúmenes, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ricardo Flores Suárez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con

fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción II, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En el marco de la conferencia matutina del 23 de octubre de 2020, el presidente de la república informó que México acordó con las autoridades de los Estados Unidos de América (EUA), la entrega de 250 millones de metros cúbicos de agua proveniente en gran medida de las presas El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el cauce del río San Juan, en el municipio de China, Nuevo León, y de La Marte R. Gómez, en Tamaulipas y, agradeció la decisión en los términos siguientes:

“Quiero aprovechar para agradecer al gobierno de Estados Unidos por su comprensión y solidaridad, con el compromiso del gobierno estadounidense de que si necesitamos agua para el consumo humano ellos van a proporcionarla”.

2. En el mismo acto, la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, especificó que el volumen de agua mencionado se destinará a la presa Falcón, de conformidad con el Acuerdo entre ambas naciones de noviembre 1944, cuando México se comprometió anualmente a transferir aproximadamente 432 millones de metros cúbicos de agua a EUA, y la contraparte, a garantizar un millón 850 millones de metros cúbicos de agua en los mismos términos a nuestro país, proveniente del río Colorado y la presa Imperial, en California.

3. Sin embargo, derivado de los citados compromisos los habitantes de Monterrey y la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta de Jiménez, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, del estado de Nuevo León, somos los principales afectados ante la crisis de escasez de agua, problemática que se presenta año con año en los meses de octubre y noviembre.

4. La sistemática y creciente crisis de agua que enfrentamos anualmente los habitantes del estado de Nuevo León no sólo es originada debido a los bajos niveles en sus presas como parte del efecto del cambio climático, sino por la obligación del Estado mexicano derivado de la firma del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos del 3 de febrero de 1944, ratificado por el Senado de la República en agosto de 1945, y por el que se asigna a cada nación:

-Estados Unidos excedentes (sobrantes) de aguas no controladas (broncas) de los seis afluentes mexicanos aforados del río Bravo, con una garantía mínima de 2,158.605 millones de metros cúbicos (Mm3) en un ciclo de cinco años consecutivos y

-México tiene derechos prioritarios de uso del agua de estos seis afluentes aforados, en un volumen de 9,825 Mm3, para ese mismo período.

5. En este marco, de acuerdo con las conclusiones del estudio Tratado sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos: Definición y clasificación de sequía coordinado por Luis Rendón Pimentel Gerente de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua, de mayo de 2011, página 15:

a. “Las secciones de Estados Unidos y de México de la Comisión Internacional de Límites acordaron la realización conjunta de una investigación completa de la hidrología del Río Bravo, antes de fijar los volúmenes de agua que legítimamente le corresponden a cada país.

b. El tratado de 1944 asigna a Estados Unidos excedentes (sobrantes) de aguas no controladas (broncas) de los seis afluentes mexicanos aforados del Río Bravo, y de acuerdo con el mismo, México tiene derecho prioritario de asignación del agua de estos tributarios.

6. Adicionalmente a este instrumento internacional que genera implicaciones negativas como el desabasto de agua para Nuevo León, en noviembre de 1996 los titulares del Ejecutivo estatal de Nuevo León y Tamaulipas suscribieron acuerdos de coordinación con la Gerencia Estatal en Nuevo León de la Conagua, en los que se comprometieron a partir de 1997, a iniciar la construcción del emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas provenientes de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, a la presa Marte R. Gómez del estado de Tamaulipas para concluir en 1998.

7. Por su parte, el gobierno del estado de Tamaulipas se comprometió a otorgar todas las facilidades para la construcción de dicha obra y a elaborar en coordinación con la Conagua un programa calendarizado de inversiones para eficientar el uso de las aguas del Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan, mediante la rehabilitación, el mejoramiento de infraestructura y la utilización de tecnología moderna.

8. De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua tiene la responsabilidad de analizar durante noviembre de cada año, con base en la información al 31 de octubre, la disponibilidad total de las aguas y determinar en noviembre, los volúmenes a usar de la presa El Cuchillo, para asegurar el abastecimiento de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, el acueducto regional China-Los Aldama-Acabuz y para el uso de riego en los distritos de riego 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas y 031 Las Lajas en Nuevo León. Asimismo, a partir del 1 de mayo de cada año la Conagua revisará la disponibilidad de sus fuentes de abastecimiento, con la finalidad de reprogramar, si es el caso, su utilización para el resto del año.

9. A partir de 1996, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD, se obligó a retornar las aguas residuales tratadas de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, con la calidad que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM), aplicable a través del emisor con capacidad de 8 metros por segundo para asegurar el retorno mínimo de 189 millones de metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez, así como respetar los derechos legalmente concesionados que quedaron inscritos en el padrón de usuarios de la cuenca del río San Juan.

10. También se acordó que el excedente de los 8 metros cúbicos por segundo de agua residual que se generen por la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana serían reusados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD, y una vez en operación el citado emisor debía vigilarse por los gobiernos estatales de Nuevo León y Tamaulipas en los ámbitos de sus jurisdicciones correspondientes, con el apoyo de la Conagua.

11. Como puede observarse, la presa y dique El Cuchillo tiene como objetivo principal el aprovechamiento del río San Juan, con el fin de proporcionar agua potable a la ciudad de Monterrey y áreas conurbadas del estado de Nuevo León.

12. Derivado de lo anterior, resulta urgente no perder de vista la hidrografía que caracteriza al estado de Nuevo León y principalmente la de su capital con respecto al suministro de agua como factor indispensable para el desarrollo urbano e industrial, sobre todo cuando se reconoce que Monterrey, a través de su historia, ha luchado contra las adversidades que implican encontrarse ubicada en una zona semidesértica, con periodos cíclicos de sequías prolongadas y, en contraste, de abundancia de lluvias. Lo anterior de acuerdo con el portal web http://www.sadm.gob.mx/

13. De acuerdo con el experto en hidrometeorología, Doroteo Treviño, de la Conagua, el trasvase de agua a Tamaulipas en 2018 pone en riesgo el abastecimiento para el verano del año entrante. http://www.elfinanciero.com.mx 06 de agosto de 2018.

“De los 754.49 millones de metros cúbicos que al 5 de agosto almacena la presa El Cuchillo, se perfila trasvasar al menos 250 millones al embalse Marte R. Gómez, esta última del estado tamaulipeco. El trasvase dejará a la presa El Cuchillo con un llenado de 50 por ciento de su capacidad, similar al de La Boca, que se encuentra en 51.28, y por encima del embalse Cerro Prieto, que está en un 42.06. El panorama de lluvias para Nuevo León no es el mejor, ya que al menos para agosto hay una reducción en las posibilidades de precipitaciones.”

14. Ahora bien, el estudio El área metropolitana de Monterrey en el año 2020 , de Gustavo Garza, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México:

“Desde mediados del siglo pasado, la zona metropolitana de Nuevo León ha presentado un elevado ritmo de crecimiento poblacional: de menos de medio millón de habitantes en 1950, la población rebasó los 2 millones en 1980, para alcanzar los 4.1 millones en 2010. A la par con la multiplicación de su población, el área urbanizada del área metropolitana de Monterrey (AMM), durante este periodo también se ha extendido enormemente, llegando a cubrir un área de casi 900 kilómetros cuadrados (km2) en 2010.”

15. Ante la problemática sistemática y agudizada por la omisión de las autoridades responsables de garantizar el acceso al derecho humano al agua a los habitantes de Monterrey y la zona metropolitana, la Conagua está obligada a iniciar un proceso urgente de revisión sobre la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo para analizar y emitir una opinión objetiva sobre la factibilidad y viabilidad técnica del Convenio suscrito entre Nuevo León y Tamaulipas a partir de los criterios de crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Monterrey y del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua de febrero de 2012.

16. Asimismo y en total concordancia con las conclusiones del estudio Tratado sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos: Definición y clasificación de sequía, coordinado por Luis Rendón Pimentel, gerente de Distritos de Riesgo de la Conagua, es urgente que la Sección de México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos -instancia responsable de vigilar el cumplimiento de los Tratados en materia de Límites y Aguas entre ambos países y de resolver cualquier diferencia que se suscite en la aplicación de dichos tratados y, líder en el manejo de recursos compartidos en su frontera común, incluyendo asuntos de límites, aguas, medio ambiente e infraestructura-, debe llevar a cabo una investigación completa de la disponibilidad de agua proveniente de las presas El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el cauce del río San Juan en el municipio de China, Nuevo León, y de La Marte R. Gómez en Tamaulipas, para efectos de fijar los volúmenes de agua que legítimamente le corresponden a Monterrey y los municipios que integran la zona metropolitana.

Por lo expuesto, someto a consideración de este órgano legislativo, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad de agua proveniente de las presas El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en el cauce del río San Juan en el municipio de China, Nuevo León, y de La Marte R. Gómez, en Tamaulipas, con el objeto de fijar el reparto equitativo y racional de los volúmenes de agua que legítimamente le corresponden a Monterrey y la zona metropolitana conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta de Jiménez, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago del estado de Nuevo León, en el marco del Tratado de Aguas del 3 de febrero de 1944.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo en el marco del acuerdo de coordinación con fecha noviembre de 1996 y emita opinión de factibilidad y viabilidad técnica a partir de la reducción del área de riego del distrito 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas y del crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Monterrey.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la integración de un grupo de trabajo de legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el objeto de participar en calidad de observadores en cada uno de los trabajos de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos y de la Comisión Nacional del Agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de noviembre de 2020.

Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y diversas autoridades en la materia a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con cáncer, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79 del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015 fallecieron de cáncer 8.8 millones de personas lo que representó una de cada seis muertes en el mundo. Entre los tipos de cáncer que causaron un mayor número de muertes para los hombres, fue el de pulmón, hígado, estómago, colorrectal y de próstata; para las mujeres el de mama, pulmón, colorrectal, cervicouterino y de estómago. No obstante, de las personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo, sólo 14 por ciento reciben estos servicios.1

En México el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte, representando así 14 de cada 100 fallecimientos; mientras que la expectativa de vida es de alrededor de 63 años.2 El padecimiento más frecuente en el país es el de mama, con 27 mil 500 casos por año, seguido del de próstata con 25 mil, colon con 15 mil; tiroides 12 mil, cervicouterino con 7 mil 870 y de pulmón con 7 mil 810. El cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de colon 7 mil, de próstata 6 mil 900, el cervicouterino 4 mil, de pulmón 6 mil 700 y tiroides 900, lo anterior, de acuerdo a lo expresado por el director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses García durante el foro Cáncer, desafíos en México y América Latina .3

Cabe destacar que cerca de 30 por ciento de los padecimientos que se presentan son a causa de malos hábitos de vida como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, consumo de alimentos con alto valor calórico, bebidas azucaradas y falta de actividad física, por lo que una tercera parte de los casos son prevenibles, mientras que otra tercera parte se pueden diagnosticar de manera oportuna, en tanto que uno de cada diez tumores detectados están asociados al factor hereditario, entre los cuales se encuentran el cáncer de mama, próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio).4

La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dio a conocer que el cáncer de mama es considerado la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres mexicanas, con un promedio de diez decesos al día, destacando que nuestro país cuenta con la misma incidencia que Estados Unidos de América (EUA). No obstante, en nuestro país la mortalidad representa el doble que en EUA, mientras en este último 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo del tumor, en nuestro país, el mismo porcentaje de mujeres conoce el diagnóstico en las etapas 3 o 4, cuando el cáncer avanzó y los tratamientos son limitados. En los últimos 10 o 20 años, en México los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y EUA han ido a la baja.5

En el mundo, cada año se presentan alrededor de 300 mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años.6 Los tipos más comunes de cáncer infantil son leucemia, cáncer cerebral, linfoma y tumores como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La oportunidad de mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes se centra en contar con diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, accesibles y disponibles. Gran cantidad de estos padecimientos son curables con medicamentos genéricos y tratamientos como la cirugía y la radioterapia. La incapacidad de obtener un diagnóstico oportuno, la inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y el exceso de recidivas, se atribuye principalmente a la falta de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para una atención adecuada.

El 27 de febrero de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a la Secretaría de Salud a dar una respuesta íntegra y efectiva para garantizar el abasto y disponibilidad permanente de medicamentos oncológicos e insumos médicos en todo el país para niñas, niños y adolescentes con cáncer, a fin de evitar recaídas en su salud o perder la vida ante la falta de control de la enfermedad, ello derivado de diversas inconformidades y exigencias de madres y padres de familia que se han visto afectados por el desabasto de fármacos para sus hijas e hijos.

Ante la crisis sanitaria por la que el mundo atraviesa a consecuencia de la propagación del virus SARS CoV-2, los servicios de salud relacionados con enfermedades no transmisibles, entre ellos el cáncer, presentan una considerable afectación, ya que desde el inicio de la pandemia no han recibido los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos. A través de una encuesta realizada en 155 países, la OMS confirmó que más de 42 por ciento de las naciones han interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento del cáncer y aplazado los programas públicos de detección para cáncer de mama; y del cuello uterino en más de 50 por ciento de los países.7

El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto significa que una persona con cáncer cuenta con un alto nivel de riesgo de infección y enfermedad. Es decir, el cáncer puede disminuir la inmunidad y dificultar la lucha contra las infecciones de diferentes maneras como el reducir el número de células inmunológicas que atacan a los gérmenes o los tratamientos contra el cáncer, incluyendo la radiación y ciertos medicamentos que pueden debilitar la piel o las membranas que recubren la boca y el tracto digestivo.

Desde hace más de un año el desabasto de medicamentos provocó una serie de reprogramaciones principalmente para el seguimiento de tratamientos con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y diálisis. La falta de interés por parte de autoridades en resolver esta problemática, ha propiciado el aumento en el sufrimiento de las personas con cáncer por no contar con las herramientas adecuadas para enfrentar su enfermedad. La impotencia y desesperación por no obtener el apoyo suficiente por parte de las instituciones de salud, orillan a que se violente el derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos.

El juicio de amparo se ha convertido en la única herramienta de los pacientes con cáncer para acceder a un tratamiento de calidad. El desgaste físico, psicológico y económico que genera la lucha contra el cáncer, se le debe de sumar la revictimización en los procesos jurídicos a los que se deben de enfrentar como interrogatorios innecesarios o situaciones que atentan en contra de su dignidad humana. Por otro lado, no obstante a los gastos generados por el cáncer, los pacientes deben de invertir en un amparo que muchas veces genera altos costos por el pago de un abogado que les ayude en resolver su problemática, convirtiendo esta situación en algo insostenible y que atenta contra la dignidad humana.

A pesar de lo antes señalado no podemos soslayar que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que las personas diagnosticadas con cáncer accedan a tratamientos de calidad en tiempo y forma, así como para que puedan ejercer el conjunto de derechos que la ley fundamental ordena.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo cuarto que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción I, establece que, entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud, se encuentra:

“I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

(...)”

El artículo 27 del ordenamiento jurídico antes mencionado señala que:

“Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VII. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX a XI. ...”

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su compromiso con el acceso universal a la salud para las y los mexicanos. Prueba de ello es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo objetivo es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a personas que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes ámbitos de gobierno, a efecto de asegurar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, incluidas aquellas que más lo necesitan.

Es menester señalar que la transición hacia un nuevo sistema de salud auténticamente universal, que brinde a todas las personas servicios de calidad y medicamentos gratuitos, requiere acabar con las prácticas monopólicas en la compra de medicamentos, la corrupción y el robo de estos. Lo que debe traducirse en mejores controles administrativos y de seguridad, a efecto de evitar la vulneración de las instituciones de salud y su correcto funcionamiento.

De acuerdo con información proporcionada el 23 de enero de 2020 por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el desabasto de medicamentos oncológicos no sólo es imputable a la creación de una nueva institución de salud, sino también a un desabasto mundial, ya que las dos empresas que producen los principales medicamentos (una en China y otra en India) se encuentran saturadas, por lo que los medicamentos no se producen con la suficiencia necesaria para satisfacer la demanda.

Asimismo, Hugo López-Gatell indicó que, a finales de abril de 2019, hubo un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral. Tras esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo una inspección y descubrió que la fábrica de este producto estaba contaminada y que de ahí venía el germen. Por ello, la Cofepris decidió cerrar siete de las 17 plantas de la empresa productora.

De ahí que se torna de vital importancia implementar políticas públicas que coadyuven en la protección de la salud de las personas considerando los problemas que actualmente existen en la atención; las cuales incluyan campañas de prevención y detección oportuna del cáncer desde las primeras etapas del padecimiento, con el objetivo de disminuir los casos de fallecimiento a causa de esta enfermedad.8

Cabe recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas, entre ellos, la protección de la salud a las personas diagnosticadas con cáncer, a través de instrumentos de política pública que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios y la disponibilidad de medicamentos.

Finalmente, es importante precisar que este Poder Legislativo aprobó la reforma conducente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2020, a efecto de establecer nuevos procedimientos para la compra de medicamentos e insumos para la salud a organismos intergubernamentales internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar a las y los mexicanos el derecho humano a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen todas las acciones conducentes a efecto de que se regularice a la brevedad el abasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en sus distintos tipos y etapas; así como para que se refuercen e intensifiquen los procedimientos de diagnóstico para prevenir y controlar el cáncer.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer e implementar acciones de promoción de la salud a través de campañas de prevención contra el cáncer.

Notas

1 https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/041-prevencion-y-deteccion-temprana-dis minuyen-mortalidad-por-cancer?idiom=es

4 Ibídem

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html

6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

7 https://www.who.int/es/news-room/detail/
01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre 2020.

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la SEP de Puebla a implantar acciones como la asignación de plazas en el sistema educativo para garantizar el bienestar económico y social de los instructores y colaboradores de las bandas de guerra, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación cívica es sin duda el núcleo de la educación básica en el país, ya que sienta las bases ciudadanas de cada mexicano, enseñando los valores sociales, el amor a la patria y promueve la unión de nuestra nación. Sin embargo, el civismo no se debe entender como una materia que debe incluirse obligatoriamente en el plan de estudios de los alumnos, sino como un conjunto de actividades que promuevan el trabajo en equipo, el respeto a los símbolos patrios y el acercamiento a la cultura democrática del país.

En ese tenor, las bandas de guerra han tenido históricamente un papel importante en los planteles educativos, pues involucran a las y los alumnos en un ambiente de compañerismo, disciplina y cooperación, explotando al máximo sus capacidades cognitivas y sociales. Aunado a ello, pertenecer a una banda de guerra permite que el alumno desarrolle habilidades artísticas y deportivas, conjuntando otros elementos indispensables en la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Las bandas de guerra son para nuestro país un símbolo patrio presente desde la época del porfiriato, y se definen como “un conjunto de personas que desempeñan la labor de realizar los toques y marchas militares. Cada toque militar tiene un significado propio”.1

Sin embargo, a raíz de la pandemia del Covid-19, el aislamiento voluntario de millones de mexicanos y la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los centros educativos y los lugares públicos han sido temporalmente cerrados, provocando que los miembros de las bandas de guerra no ensayen ni practiquen esta labor patriótica tan importante para el país, provocando que los instructores y coordinadores de esta actividad queden en el desamparo laboral en diversos estados de la República.

Poco se ha hablado de esta situación en específico, no obstante en los estados de México2 y Jalisco,3 grupos de instructores de bandas de guerra han salido a las calles a protestar por el abandono laboral y los nulos apoyos por parte de los gobiernos estatales; lo anterior con el objetivo de que se otorguen plazas laborales o apoyos económicos que les ayude a sobrellevar la crisis económica.

Si bien en Puebla los medios locales no han cubierto esta problemática, como representante popular de ese Estado he tenido la oportunidad de observar la situación de los instructores de banda de guerra en la entidad. Por lo cual considero pertinente compendiar nuestros principios constitucionales, y recordar lo establecido en la Ley General de Educación, a fin de que la Secretaría de Educación de Puebla y el Gobierno del Estado, asuman este compromiso, y asegure la estabilidad económica de los instructores.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 3 que:

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo , la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

Así, el pertenecer a una banda de guerra no solo representa una actividad extracurricular disponible para las y los alumnos de los centros educativos, sino también representa una labor de construcción de valores y respeto a los símbolos patrios, cumpliendo con ello uno de los objetivos torales de la reforma educativa.

En este sentido, y con la finalidad de generar acciones que permitan el sano desarrollo de los alumnos, mediante actividades que fortalezcan sus aptitudes físicas y mentales, la Secretaría de Educación Pública de Puebla, lleva a cabo anualmente el Concurso de Bandas de Guerra, en el cual llegan a participar decenas de escuelas de distintas regiones del Estado.

Las bandas de guerra de diversas instituciones y de distintos de niveles educativos también suelen engalanar las conmemoraciones de relevantes eventos históricos como es el caso de las fiestas patrias en el mes de septiembre, y durante el aniversario de la batalla de Puebla, el 5 de mayo de cada año.

En este sentido, no se debe olvidar que uno de los fines de la educación, expresados en la Ley General de Educación, establece lo siguiente:

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:

...

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país.

En torno a la orientación integral, la misma ley indica que:

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

...

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Por ello, no se puede pasar por alto el descuido a esta actividad, la cual no debe implicar la contratación de instructores en periodos escolares ordinarios, sino un precedente para ampliar el número de plazas que incluya a personal encargado de fomentar estas actividades de educación cívica, conjuntándose con las expresiones artísticas y las actividades deportivas.

No se debe olvidar que el propio Estado de Puebla, establece en la Ley de Educación del Estado, que uno de los fines que persigue es:

Artículo 13. La educación impartida en el Estado de Puebla, persigue los siguientes fines:

...

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del Estado de Puebla.

Por lo que es justificable tomar acciones concretas en beneficio de los fines y los principios que rigen la educación en nuestro país.

Omitir el apoyo a los instructores de las bandas de guerra, escoltas o coordinadores de cualquier actividad que promuevan los valores democráticos y la educación cívica, sería una condena a la cultura de la paz y la enseñanza del civismo en nuestro sistema educativo; pues no basta con difundir información y lecturas respecto a la educación cívica en el país, se deben apoyar y mantener las actividades que impulsan el trabajo en equipo, la colaboración y el respeto a los símbolos patrios.

Por ello es necesario que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, asuma acertadamente sus atribuciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y contemple a este sector como parte del personal técnico y docente, y se le asignen plazas dentro del sistema educativo local.

Si bien las condiciones sanitarias actuales hacen imposible que estas actividades se lleven a cabo de manera presencial, se debe tomar en cuenta que la contingencia sanitaria del país llegará su fin, por lo que será necesario retomar estas actividades con coordinadores y personal capacitado que enseñe, coordine y entrene a las y los alumnos interesados en participar en las bandas de guerra de las escuelas de la entidad.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones que garanticen el bienestar económico y social de las y los instructores y colaboradores de las bandas de guerra que forman y entrenan alumnas y alumnos en las escuelas públicas de todos los niveles de gobierno de la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, se reconozca la labor y la importancia de la educación cívica en las bandas de guerra, se gestione y estudie la asignación de plazas a las y los instructores de banda de guerra de la entidad, a fin de que se les garantice un salario justo y estabilidad laboral.

Notas

1 Tecnológico Nacional de México. “Banda de guerra y escolta”. Visible en: https://itcampeche.edu.mx/banda-de-guerra-y-escolta/ Fecha de publicación: S/F. [Fecha de consulta: 20 de octubre de 2020].

2 Portal. “Sin trabajo ni música viven instructores de bandas de guerra en Edomex; piden apoyo al GEM ante la crisis”. Visible en: https://diarioportal.com/2020/09/10/sin-trabajo-ni-musica-viven-instruc tores-de-bandas-de-guerra-en-edomex-piden-apoyo-al-gem-ante-la-crisis/ Fecha de publicación: de septiembre de 2020. [Fecha de consulta: 20 de octubre de 2020].

3 Jessica Pilar Pérez. “Instructores de bandas de guerra, en el olvido”. El diario NTR. Visible en:

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=155502 Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2020. [Fecha de consulta: 20 de octubre de 2020].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de integrar una mesa de trabajo con la participación de la Cámara de Diputados, la Profeco y la CFE para buscar soluciones a la problemática de los incrementos de las tarifas eléctricas en el país, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante muchos años, una demanda ciudadana muy sentida ha sido la referente a detener los incrementos del costo de las tarifas eléctricas que lleva a cabo la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de la economía familiar.

En el contexto de la crisis sanitaria que vivimos, a la que debe sumarse, desafortunadamente, la grave crisis económica que sacude al país, nos hemos enterado, a través de la ciudadanía, de los incrementos aplicados en las tarifas eléctricas, por parte de la CFE.

Lo anterior es un problema que ha caracterizado buena parte de la existencia de dicha empresa.

Los distintos llamados que se han formulado desde este órgano de representación por muchos de sus integrantes, en distintas legislaturas, a fin de buscar soluciones a esa problemática, no han sido atendidos, sin mediar explicación alguna.

El agravamiento de las condiciones económicas que padecen millones de mexicanas y mexicanos, se debe, sin lugar a dudas a la alternativa en que se ha convertido para muchas familias y micro y pequeños empresarios, en dilucidar si afrontan el pago por consumo de energía eléctrica o destinan sus cada vez más escasos recursos para hacer frente a la crisis, con la adquisición de alimentos apenas para sobrevivir.

Tomando en consideración factores a los que nos hemos referido, como lo son: una demanda que nunca ha sido atendida; la aguda crisis económica que afecta a nuestro país, y la vocación de atender, sin excusas, esa problemática por su dimensión social, demandamos que se adopten acciones orientadas a buscar acuerdos en beneficio de los usuarios de la CFE.

Con base en lo anteriormente planteado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la CFE y a la Profeco a establecer una mesa de análisis, con un grupo de trabajo plural de integrantes de la Cámara de Diputados, para analizar los recientes incrementos a las tarifas eléctricas.

Segundo. Asimismo, exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar a la brevedad posible, el grupo de trabajo referido en el resolutivo anterior, con un integrante de cada grupo parlamentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE, el IMSS y el Insabi a no suspender los tratamientos programados contra el cáncer de mama, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ana María Rodríguez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los directores generales de los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Mexicano del Seguro Social, y de Salud para el Bienestar a no suspender los tratamientos programados contra el cáncer de mama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de octubre, todas las mujeres de nuestro país y del mundo nos hermanamos por una sola causa pintada de rosa: prevenir el cáncer de mama.

Para ello en este mes, realizamos campañas para concientizar a todas las mujeres para que se realicen su prueba de mastografía, como acción preventiva.

Este tipo de cáncer, al igual que todos, es un enemigo silencioso, pero letal, que va minando la vida de la mujer, y si no se toman las medidas preventivas y de diagnóstico, para la detección oportuna, sus consecuencias son lamentables para la integridad de las mujeres; y cuando este cáncer es detectado en etapas finales sus consecuencias son desastrosas para la integridad física de las mujeres.

El cáncer de mama, desde 2006, es la primera causa de muerte entre las mujeres y los especialistas consideran que viene al alza. El año pasado se diagnosticaron más de 24 mil casos , y se registraron alrededor de 8 mil muertes , es decir representó la cuarta parte (26 por ciento) del total de mujeres que han perdido la vida en la actual pandemia del coronavirus desde marzo hasta octubre de 2020.

Por la magnitud de fallecimientos, por esta pandemia, la Cámara de Diputados, aprobó una reforma el año pasado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para el otorgamiento de un día hábil para que las mujeres se realicen estudios preventivos del cáncer de mama. Esta reforma también contempla a los hombres trabajadores, para que se realicen el estudio de la próstata, para detectar de manera anticipada el cáncer.

El año pasado, las diputadas realizamos diversos eventos en la Cámara de Diputados, para hacer conciencia entre la sociedad y las mujeres, de la importancia de la realización de este diagnóstico de manera anual; asimismo hemos etiquetado los recursos financieros necesarios para que las instituciones públicas, cuenten con la solvencia, para realizar dicha prueba. En este año por la contingencia de la pandemia, no se pudieron realizar los eventos públicos, para continuar con la campaña masiva, sistemática y permanente contra el cáncer de mama, pero se realizaron los eventos virtuales y de propaganda masiva para la prevención de este tipo de cáncer.

Pero en el presupuesto que aprobaremos en el próximo mes de noviembre de este año, volveremos a dotar de los recursos necesarios, para que las Instituciones de Salud Pública, realicen sus campañas masivas para prevenir el cáncer, y asimismo para que se den los tratamientos necesarios a las mujeres que actualmente tienen este tipo de cáncer.

Sabemos del impacto de la actual pandemia del coronavirus SARS-Cov2, de las ampliaciones que se han hecho en diversos hospitales regionales, en todo el país, para atender este virus, para el que no hay actualmente vacuna. Pero lo anterior no es causal, para que exista una suspensión del tratamiento contra el cáncer.

De esta situación se informó en la prensa nacional, al mencionar que 87 por ciento de los tratamientos de cáncer de mama se han suspendido, planteándolo de la siguiente manera:

“Debido a la postergación de citas médicas por la pandemia del Covid-19, pero también por la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, gran cantidad de pacientes de cáncer de mama ha interrumpido su tratamiento, lo que pone en riesgo su salud, advirtió un estudio elaborado por organizaciones especializadas en el tema” (Camacho Servín, Fernando. “Suspendió tratamiento contra cáncer de mama 87 por ciento de pacientes, revela sondeo”, página 4, diario nacional La Jornada. México).

Según los datos que aparecen en la anterior nota periodística citada, las asociaciones civiles Salvati y Fundación Milc, en la encuesta que realizaron entre 147 pacientes de varios estados en junio y julio de este año, 87 por ciento de ellas se vieron obligadas a suspender sus terapias por más de 60 días; se menciona también que 61 por ciento de las mujeres afectadas atribuyeron dicho hecho a la desaparición del esquema del Seguro Popular y la transición al Insabi, y por último el 38 por ciento de las encuestadas considero que la suspensión de sus terapias se debía a la cancelación o reprogramación de citas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y, 23 por ciento, al desabasto de medicamentos oncológicos.

Siendo un hecho grave, y que es parte de los resultados de la encuesta, es que el 66 por ciento de quienes interrumpieron sus tratamientos en hospitales públicos, debieron comprar las medicinas, teniendo que cubrir un costo 12 mil a 65 mil pesos mensuales.

Por último, las expertas señalaron que la Norma Oficial Mexicana 041, establece tiempo de tratamiento para las pacientes de cáncer de mama que no puede cumplirse debido a todos estos obstáculos, y señalan que la norma establece que no deben pasar más de diez días hábiles para que los casos confirmados de cáncer sean canalizados para su tratamiento en centros oncológicos.

La anterior encuesta y diagnóstico, nos parece muy grave, porque implica dejar a miles de mujeres sin el tratamiento necesario para atender sus problemas de cáncer; lo anterior cuando no existe por parte de los diputados de esta Cámara, ninguna reducción presupuestaria que impida otorgarles el tratamiento necesario.

Asimismo, es necesario señalar que en el caso del Insabi, que no debería haber ninguna causal de la índole administrativa, que afectará el otorgamiento del tratamiento a las mujeres para el cáncer de mama. Por lo que se le debe dar continuidad a las acciones de prevención y tratamiento que las Instituciones públicas de salud, han venido realizando desde hace varios años.

No es posible aceptar el hecho, que en este mes en el que se promueve la prevención y tratamiento oportuno del cáncer de mama a nivel mundial y nacional, tengamos este diagnóstico por encuesta, en el que se considera que más del 80 por ciento de las mujeres de los hospitales públicos, hayan tenido que suspender su tratamiento del cáncer de mama. El cáncer de mama, si no se atiende oportunamente es letal y puede ocasionar la muerte, por ello es irresponsable por parte de las Instituciones públicas de salud, suspender su tratamiento.

En virtud de lo expuesto acudo a esta tribuna para presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los directores de los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Mexicano del Seguro Social, y de Salud para el Bienestar a no suspender los tratamientos programados contra el cáncer de mama.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a hacer del conocimiento público por la SRE y la SFP las acciones realizadas y el estado procesal de la indagatoria que efectúa desde hace un mes la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, con base en una denuncia ciudadana recibida a través del sistema “alertadores”, donde acusan a Jesús Seade Kuri de cometer diversas violaciones, con grave perjuicio al erario federal y el interés público, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Saraí Núñez Cerón, Gloria Romero León, María Marcela Torres Peimbert y Éctor Jaime Ramírez Barba , diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública, haga del conocimiento público las acciones realizadas y el estado procesal en que se encuentra la investigación que, desde hace un mes realiza la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública con base en una denuncia ciudadana recibida a través del sistema “alertadores”, en donde acusan a Jesús Seade Kuri de cometer diversas violaciones a los artículos 52 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de faltar a la Ley Federal de Austeridad Republicana en sus artículos 4, 7, 20 y 23, y de violentar los numerales 4, 6 y 13 de las Normas que Regulan la Administración de Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de Funciones de la Administración Pública Federal, causando un grave perjuicio al erario federal y al interés público , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la exposición de motivos de la iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, se señala:

“En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno”(P.1).1

En este orden de ideas se menciona en la exposición de motivos de la misma iniciativa de la ley antes mencionada:

“La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular... Las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes”.2

El pasado 12 de octubre del presente año, se destapó un caso más de corrupción y de abuso y despilfarro de recursos publico por parte del ex subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, por parte de un artículo de investigación de García Salvador (2020), Seade pide a Función Pública cancelar investigación, por El Universal , el cual menciona que:

En la denuncia que ya está siendo investigada por la DGDI de la SFP se incluyen 6 pruebas documentales y 6 pruebas supervenientes consistentes en documentos, oficios de la SRE, bitácoras de comisiones, respuestas oficiales a solicitudes de transparencia a la misma cancillería y a consulados, además de copias de los boletos de avión que pagó en primera clase, para demostrar que el subsecretario Jesús Seade utilizó recursos públicos y simuló comisiones de viajes oficiales para visitar a su esposa y a su familia en la isla de Hong Kong en al menos 5 ocasiones, entre el mes de diciembre de 2018 y el mes de febrero de 2020. En esos cinco viajes, que pagó con recursos del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario cobró viáticos por 865 mil pesos, con los que se costeaba boletos de avión en clase Business y Superior, en aerolíneas nacionales e internacionales, además de cubrir sus gastos de estancia en la ciudad asiática.

En uno solo de esos viajes, el que realizó con la comisión oficial 200-0003/2020, Seade Kuri gastó 520 mil 763 pesos que le fueron cubiertos por la cancillería, para pasar 13 días visitando a su familia, entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2020. En todo ese tiempo no tuvo ninguna actividad oficial, aunque a pesar de ello contó siempre con la aprobación de las comisiones oficiales que le eran autorizadas por la oficina del secretario Marcelo Ebrard y por las áreas administrativas de la cancillería, en una clara desviación de recursos públicos para usufructo personal. El tema de los viajes de Seade era conocido de sobra en los círculos oficiales de la cancillería y el servicio diplomático, en donde muchos se preguntaban por qué al subsecretario se le daba “privilegios” que no sólo constituían presuntos delitos y violaciones legales, sino que claramente contravenían las políticas de austeridad de las que tanto se ufana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la desaparición de la Subsecretaría de América del Norte de la SRE, el actual ex subsecretario fue propuesto por el gobierno mexicano para ocupar la presidencia de la Organización Mundial del Comercio, pero su candidatura fue tan débil en la primera vuelta que, aunque fue uno de los fundadores, no obtuvo suficientes votos para avanzar a la siguiente vuelta. Ayudó a crear la OMC en 1990.

Y como premio se mencionaba que el presidente López Obrador lo propondría como embajador en China, precisamente para que estuviera cerca de su esposa y su familia a la que visitaba en Hong Kong con cargo al erario federal.

El presidente solapa a los funcionarios más cercanos a su círculo, está el claro ejemplo de Pío López Obrador, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, Armando Guadiana Tijerina, Yeidckol Polevnsky, Napoleón Gómez Urrutia, Jaime Bonilla Valdez, entre otros.

Según los artículos 4o., fracciones I y V; 7o., 20 y 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señalan:

“Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Austeridad Republicana: Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados;

I. al IV. ...

V. Remuneración: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, y”

“Artículo 7. La política de austeridad republicana de Estado deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación. Además, se deberán desarrollar indicadores de desempeño para evaluar dicha política.

Al final de cada año fiscal los entes públicos obligados entregarán al Comité de Evaluación y a la Cámara de Diputados un ‘Informe de Austeridad Republicana’ en el cual se reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la presente Ley, y serán evaluados en términos de los propios lineamientos y demás normatividad aplicable.

Para aplicar la política de la austeridad republicana de Estado, los entes públicos deberán:

I. Abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte;

II. Enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario en los términos de la presente Ley, y

III. Evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Los ahorros obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley se destinarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.”

“Artículo 20. Los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando lo establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Por ende, queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la ley.”

“Artículo 23. Ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su contravención será causa de responsabilidad administrativa en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los entes públicos deberán emitir su correspondiente código de conducta en concordancia con la presente Ley y cada servidor público debe protestar cumplirlo.”

En este orden de ideas me gustaría exponer lo que establece el artículo 52 y 57 de Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual dice lo siguiente:

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o.”

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”

Nos indigna la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros, es por lo antes dicho que cuando se aborda el problema de la corrupción de funcionarios públicos, lo usual es hacerlo desde la perspectiva de las responsabilidades administrativas que proceden en su contra: amonestaciones públicas y privadas, multas, reparación de daños ocasionados al erario federal, inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos que se cumpla la Ley y se transparenten los recursos así como se castigue a funcionarios corruptos y que abusan de su cargo público.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública, haga del conocimiento público, las acciones realizadas y el estado procesal en que se encuentra la investigación que, desde hace un mes, realiza la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública con base en una denuncia ciudadana recibida a través del sistema “alertadores”, en donde acusan a Jesús Seade Kuri de cometer diversas violaciones a los artículos 52 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de faltar a la Ley Federal de Austeridad Republicana en sus artículos 4o., 7o., 20 y 23, y de violentar los numerales 4, 6 y 13 de las Normas que Regulan la Administración de Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de Funciones de la Administración Pública Federal, causando un grave perjuicio al erario federal y al interés público.

Notas

1 iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena (p.1). Extraida el dia 15 de octubre de 2020, de la página Web: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3733164_ 20180911_1536680298.pdf

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputados:

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Finanzas de Oaxaca a hacer del conocimiento público el destino dado a los recursos solicitados por concepto de deuda pública por el gobernador, por un total de 3 mil 500 millones de pesos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca haga de conocimiento público el uso de los 3 mil 500 millones de pesos, recursos solicitados por el gobernador como deuda pública, aprobados por el Congreso del Estado el pasado 3 de octubre de 2019, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La deuda pública se define como las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Es una herramienta de los gobiernos para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas.

A nivel federal la deuda pública se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción VIII, existe una Ley Federal de Deuda Pública y también se hace mención en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La deuda pública también contribuye a la estrategia de consolidación fiscal manteniendo una estructura sólida de pasivos que permita disminuir el impacto que choques externos tengan sobre las finanzas públicas, a continuación, presentaré los tres indicadores de deuda pública.

*Cuadro obtenido de Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, (SHCP, 2016)

En el caso de los estados también pueden endeudarse, ya que cuentan con sus propias leyes y reglamentos que deben cumplir para poder pedir deuda pública, para 2019 los estados presentaban los siguientes porcentajes de deuda:

*Cuadro obtenido de Lo que debes saber sobre la deuda pública de estados y municipios (IMCO, 11 Marzo, 2020)

La deuda se usa como instrumento financiero para poder detonar la inversión y desarrollo económico en cada entidad federativa, sin embargo, cuando no se sabe emplear compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del gobierno estatal y se pone en juego los servicios otorgados a la población, además de que la deuda de los estados ha ido en aumento hubo una baja de 3.8 por ciento entre 2016 y 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, en 2019 Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León tuvieron porcentajes de endeudamiento público de 153.6, 148, 121.9 y 108.2 por ciento, los más altos para ese año y los estados con menor deuda fueron Querétaro, Guanajuato, Guerrero y Tabasco.

Para 2020 las deudas de 12 estados han tenido un gran aumento, los gobiernos estatales de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán han contratado líneas de financiamiento, tal es el caso del estado de Oaxaca que subió su deuda a 18 mil millones de pesos por medio del proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento para destinarlo a inversiones público productivas y la afectación del fondo de aportaciones federales para el fortalecimiento de las entidades federativas y de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago del dicho financiamiento, así como la contratación de financiamiento para el refinanciamiento y/o reestructura de parte de la deuda pública a cargo del estado y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estadio, del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago de dicho financiamiento; que presentó el gobernador Alejandro Murat el 17 de septiembre de 2019 por un monto de 3 mil 500 millones de pesos.

Se argumentó que este financiamiento de utilizaría en 111 proyectos de inversión a saber:

*Cuadro obtenido del dictamen del proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento para destinarlo a inversiones público productivas y la afectación del Fondo de Aportaciones Federales para el fortalecimiento de las entidades federativas y de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago del dicho financiamiento, así como, la contratación de financiamiento para el refinanciamiento y/o reestructura de parte de la deuda pública a cargo del estado y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago de dicho financiamiento

El gobierno del estado de Oaxaca es el primer estado en solicitar deuda en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda se aprueba el 3 de octubre de 2019 por el Congreso del estado y bajo actos de corrupción, ya que se sabe que el secretario de Finanzas se le vio por los pasillos repartiendo dinero a los diputados para que votarán a favor de la deuda, y como uno de los principios de la 4T fue la disciplina financiera y la no corrupción, por lo que se levantó un juicio político en contra de los hechos anteriores.

El gobierno actual del estado de Oaxaca se ha caracterizado por violaciones reiteradas a la ley, tales como el desvío de recursos públicos, actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, en las diversas dependencias del Estado como en la Secretaría de Salud, Caminos y Autopistas de Oaxaca, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Dirección del Registro Civil, Secretaría de Administración y los Colegios de Bachilleres de Oaxaca, las cuales en época de pandemia en donde se debería de apoyar más a los ciudadanos estas instituciones han demostrado el nulo compromiso con ellos.

Con estos antecedentes el recurso solicitado por deuda pública por parte del gobernador es improbable que se esté utilizando para los proyectos propuestos en el proyecto de decreto que se envió al Congreso del estado, lo que crea intranquilidad entre la población oaxaqueña, ya que la deuda la pagarán los habitantes de uno de los estados con mayor pobreza del país, ya que para finales del mes de marzo de 2020 se informaba que de los 3 mil 500 millones de pesos solicitados ya se había utilizado más de la mitad y no se ven avances en ninguno de los proyectos mencionados.

Cabe señalar que el estado de Oaxaca está calificado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el estado con menor transparencia en el manejo de recursos por lo que consideró que es obligación de los legisladores exigir la transparencia de los recursos y supervisar que se esté haciendo buen uso de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca haga de conocimiento público el destino que se le ha dado a los recursos solicitados por concepto de deuda pública por parte del gobernador del estado de Oaxaca por un total de 3 mil 500 millones de pesos.

Bibliografía

- Página Oficial del Sistema de Información Legislativa, (sil.gobernacion.gob.mx)

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley Federal de Deuda Pública

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría

- Ley de Deuda Pública para el Estado de Oaxaca

- Dictamen del proyecto de decreto por el que se Autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento para destinarlo a inversiones público productivas y la afectación del fondo de aportaciones federales para el fortalecimiento de las entidades federativas y de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones, para que sea la fuente de pago del dicho financiamiento, así como, la contratación de financiamiento para el refinanciamiento y/o reestructura de parte de la deuda pública a cargo del estado y la afectación de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estadio, del Fondo General de participaciones, para que sea la fuente de pago de dicho financiamiento. Congreso del Estado de Oaxaca, 3 de octubre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a realizar acciones y promover programas en apoyo de los alumnos de nivel básico para garantizarles el acceso y los medios que les permitan la educación desde casa y a distancia, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, pongo a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. El artículo 3o. constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Segundo. La situación sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, llevó a las autoridades educativas del Gobierno de México y las entidades federativas, en una primera etapa, a suspender las clases con el fin de proteger la salud de las y los estudiantes de todos los niveles educativos.

El 16 de marzo a través de un Acuerdo 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación1 se menciona que el día 14 de marzo se reunió el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, para tomar las medidas más adecuadas para la población.

Con base en la Ley General de Educación se sabe que el calendario escolar es una facultad exclusiva de la Secretaría de Educación; también se establece que la suspensión de clases solo será cuando exista una situación extraordinaria.

En el citado Acuerdo 02/03/20 en su artículo primero estableció que, del 23 de marzo al 17 de abril, se suspenderían las clases en educación preescolar, primaria, secundaria, normal, y las de formación de maestros, e igualmente las de media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación.

El Acuerdo fue reestructurado mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado con fecha del 30 de abril en el DOF2 en el que se acuerda prolongar la suspensión de clases hasta el 30 de mayo del mismo año.

Finalmente, con fecha del 05 de junio a través de un nuevo Acuerdo 12/06/203 estableció las disposiciones aplicables para evaluar a las y los estudiantes y poner como fecha de ciclo escolar 2019-2020 el 19 de junio del presente año. En el mismo acuerdo se estableció un calendario de capacitación del cuerpo docente, fechas de inscripción, regularización, jornadas de limpieza, capacitación docente y también la fecha de inicio del ciclo escolar 2020-2021, quedando establecida el 10 de agosto, misma que posteriormente se modificó.

Tercero. En el mes de julio no existían las condiciones de seguridad sanitaria para que los 33 millones de estudiantes regresaran a clases presenciales, el titular de la Secretaría de Educación Pública determinó que el regreso a clases a las aulas para la educación básica se realizaría hasta que el semáforo epidemiológico presentado por la Secretaría de Salud en el mes de mayo, estuviera en verde. Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo 15/08/204 señaló como fecha fijada para el regreso a clases el 24 de agosto, pero en la modalidad a distancia.

Al no estar en condiciones para el regreso de manera presencial, el Gobierno logró un acuerdo con varias televisoras (Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio), para dar servicio a más de 30 millones de estudiantes por 6 canales de televisión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las transmisiones tendrán valor oficial y los estudiantes serán evaluados en su momento, además que todas las especificaciones de las clases se emitirán de manera diaria, a través del programa Aprende en Casa II.5

Cuarto. El programa de educación a distancia evidenció la brecha digital que todavía existe en el país y la falta de cobertura de la infraestructura y acceso a las comunicaciones y telecomunicaciones en la que se encuentran el país; usuarios de internet según IFETEL en Morelos es del 70 por ciento6 en el anuario estadístico del mismo organismo autónomo señala que los 87 mil 447 hogares, el 44% cuenta con equipo de cómputo, el 42% con televisión analógica y el 68% con televisión digital.7

A nivel nacional y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones el 11% de los hogares en las zonas rurales del país —alrededor de 14 millones de personas— no cuentan con un aparato de televisión para acceder a la señal y la programación.8

Quinto. El director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Cuauhtémoc Sánchez Osio, señaló que casi la mitad de los 301 mil niñas, niños y adolescentes que atiende en educación básica, no tienen acceso a la señal de televisión para tomar el ciclo escolar 2020-2021.9

Aunado a lo anterior, en algunos casos, en los que las familias no cuentan con medios de comunicación o comunicación digital para acceder a las clases, se han visto en la necesidad de interponer juicios de amparo a fin de que las autoridades educativas les proporcionen y garanticen el acceso a la educación a distancia.

Sexto. Un ejemplo es el suscitado en San Luis Potosí donde una menor fue amparada por la justicia federal, al obligar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de San Luis Potosí a proporcionarle una televisión para tomar el Aprende en Casa II y además le permite inscribirse a su curso escolar sin la condición de un pago por la inscripción a su institución educativa.10

Otro caso es el de una niña de Tamaulipas que ha solicitado el apoyo para interponer un amparo para poder tener los medios necesarios y acceder a la educación en línea.11

En ese contexto, resulta necesario que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con sus homologas locales, implementen las estrategias, acciones y programas necesarios, a fin de garantizar que todas las alumnas y alumnos de educación básica, tengan acceso a la educación a distancia y cuenten con los medios necesarios para acceder a las clases desde sus hogares, con la intención que no se judicialice este derecho.

Por lo expuesto, quien suscribe somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones, estrategias y promuevan los programas necesarios de apoyo para los educandos de educación básica, a fin de garantizarles el acceso y los medios necesarios a quien lo requiera, para acceder a la educación desde casa y a distancia.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/ 2020

2 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592554&fecha=30/04/2020

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594561&fecha=05/06/2020

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598272&fecha=13/08/ 2020

5 https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/08/03/5f2794f1 ca4741fe6b8b460f.html

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemE con/ENDUTIH_2018.pdf

7 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas /anuarioestadistico2019v2.pdf

8 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/complica-regreso-clases-que-haya -14-millones-sin-tv

9 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/12/son-301-mil-estu diantes-de-educacion-basica-sin-acceso-a-tv-conafe-6192.html

10 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/30/nina-de-siete-anos-ga na-amparo-juez-obligara-sep-entregar-television-208409.html

11 https://noticieros.televisa.com/historia/tamaulipas-nina-presentara-amp aro-para-acceder-a-educacion-en-linea/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, la FGR y los gobiernos locales y sus fiscalías a implantar acciones dirigidas a brindar justicia a las víctimas de feminicidio, y mejorar en espacios públicos y privados las condiciones de seguridad de las mujeres, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como en cada año, días previos al mes de noviembre, nuestro país se prepara para la conmemoración del día de los “muertos” o “fieles difuntos”, tradición de cultura popular que es reconocida en todo el mundo.

El Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes según la tradición regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor.

Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos; los antiguos mexicanos o mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país.

La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, si bien popularmente se asocia a los días 1 y 2. Esto es así porque la celebración de los difuntos se divide en categorías y en un día específico de culto en función de la edad y causa del fallecimiento.

De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos. En algunos lugares del país el 28 de octubre se destina a las personas que murieron a causa de un accidente o de manera trágica, y el día 30 se espera la llegada de las almas de los “limbos” o “limbitos”, siendo estos, las y los niños que murieron sin haber sido bautizados.1

Las festividades del Día de Muertos incluyen prácticas como el adorno a las tumbas o hacer altares sobre las lápidas, lo que tiene un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte.

Para facilitar el retorno de las almas a la tierra, las familias esparcen pétalos de flores de cempasúchil, la flor tradicional de la festividad y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa al cementerio.

Así también, se preparan cuidadosamente los manjares favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en medio de las flores y de objetos artesanales, como las famosas siluetas de papel.

Es así que, el Día de Muertos se considera también una celebración a la memoria o un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Y es justamente sobre este punto que queremos enfatizar.

Como se sabe, de enero a junio de 2020, se han reportado 489 feminicidios, lo que significa un aumento de 7.7 por ciento a nivel nacional en lo que va del año, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 13 estados están por encima de la media nacional de feminicidios por cada 100 mil mujeres, siendo estos: Colima, Morelos, Nuevo León, Baja California, Nayarit, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa.

En cifras absolutas puede comprobarse que, los estados con mayor incidencia de feminicidios son: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Morelos y Oaxaca.

El Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la incidencia delictiva de junio en el país, se reportaron 210 homicidios dolosos de mujeres. En los últimos cuatro años -2016- 2020, se han abierto mil 258 carpetas de investigación por homicidio doloso contra mujeres sólo en Ecatepec, estado de México. De ellos, mil 256 fueron con arma de fuego o arma blanca.

De ahí que, debemos destacar la propuesta de la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país, reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres por razón de género.

Con ello se busca que la propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio sirva para que el delito se investigue, persiga, sancione y repare el daño de la misma forma en todo el país, a fin de hacer justicia a las mujeres e implementar una serie de acciones de prevención para asegurar a las mujeres que, lamentablemente son las que a la postre resultan ser las víctimas invisibles, dado que “en el ámbito local la mayoría de estos casos imputan como homicidio debido a parentesco”.2

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía divulgadas en 2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, el 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Así también, el 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación.

Para poder determinar el nivel que hay de violencia contra las mujeres en México, cada año se observa el periodo de enero a abril y se consideran tanto los homicidios dolosos contra mujeres como, que son dos tipificaciones delictivas distintas.

Del 2019 al 2020, los feminicidios aumentaron 8.9 puntos porcentuales a nivel nacional, es decir, se alcanzaron 1,295 delitos. Esto representa que cada día a 11 mujeres les arrebatan la vida.

Es así como, a más de cinco meses de implementada de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el feminicidio, lesiones dolosas y/o culposas, secuestro y trata de personas repuntaron alarmantemente.

Pese a la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus no se han detenido los feminicidios. Mientras que el país se estremece con el número creciente de fallecidos por Covid-19, no ocurre lo mismo con los asesinatos de mujeres y la violencia sexual que sufren ellas.

Es por ello, que no es ocioso que, en esta fecha tan significativa para nuestro pueblo, como es la celebración del día de muertos, levantemos nuevamente nuestra voz para demandar justicia para todas las víctimas de feminicidio, así como su incorporación a la conmemoración del día de las y los “fieles difuntos”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Fiscalía General de la República, así como a las y los Gobernadores de las entidades federativas y titulares de las Fiscalías, para que implementen las acciones dirigidas a brindar la justicia que demandan las víctimas de feminicidio, así como mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres tanto en los espacios públicos como privados.

Notas

1 https://es.unesco.org/news/dia-muertos-regreso-lo-querido-0

2 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 noviembre de 2020.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la participación de altos prelados de la Iglesia católica en actos públicos, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Hirepan Maya Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y 79, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Inciso e), un ministro de culto no puede participar en actos políticos con gobierno alguno, ni manifestarse en las decisiones del Estado mexicano, o cualquier orden de gobierno, pues se debe seguir en esta materia el principio histórico de la separación Iglesia-Estado, respetando siempre la libertad de los mexicanos de profesar la religión que decidan, su libertad de culto y de conciencia.

Que el 19 de octubre de 2020, en Morelia, Michoacán, en el encuentro Cerrar Filas por Michoacán, en el marco de la Alianza Federalista, estuvo presente y participó de voz el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien en términos del artículo 8o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, debe abstenerse de participar en actos de orden eminentemente político, y estaría cayendo en infracciones que estipula el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; pudiendo ser objeto de sanciones conforme al procedimiento que señalan los artículo 30, 31 y 32 de la misma Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Que reconocemos finalmente en estos considerandos, que el criterio supremo que debe orientar todas las cuestiones relativas a la regulación jurídica del fenómeno religioso debe ser el del derecho humano a la libertad religiosa. Sin que esta libertad genere contradicción ética ni jurídica con el principio histórico de la separación Iglesia-Estado plasmado antes en las constituciones de 1857, las Leyes de Reforma, y la de 1917 como antecedente y actual Carta Suprema de nuestro país.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un extrañamiento al gobernador de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, por involucrar en actos políticos la presencia de altos prelados de la Iglesia católica mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de las entidades de la república a respetar la vigencia del principio histórico de la separación Iglesia-Estado, así como el carácter laico del Estado mexicano, y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la SFP a auditar y, en su caso, denunciar y sancionar los malos manejos en las licitaciones de obra pública dados a escala nacional, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente exhorto, dirigido a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública para que en uso de sus atribuciones realicen auditorías y, en su caso, denuncien y sancionen los malos manejos en las licitaciones públicas en materia de obra pública (licitaciones-concursos) que se han dado a escala nacional, puntualizo que se realice un llamado exhaustivo a los directores de las delegaciones a fin de que se conduzcan con eficacia, eficiencia, responsabilidad y permitan que se inicie una auditoría por las presuntas irregularidades que se han detectado en el proceso de licitaciones de obras (concursos), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se han recibido diversas denuncias donde existen y se han detectado irregularidades en los procesos de licitación pública, que se han hecho de conocimiento con sus debidos sustentos comprobatorios tanto al Órgano Interno de la SCT y a la Secretaria de la Función Pública para su debida investigación.

Reitero: se han denunciado de manera escrita, se han dado comunicados, ruedas de prensa, llamados de atención vía medios de comunicación y no podemos ser cómplices de ningún acto, ni mucho menos de las autoridades o servidores públicos, en virtud a que las obras están sujetas a la transparencia.

La corrupción impera día a día en este sector y debe ser ventilada, se deben acabar los contratistas sexenales y su corrupción, hacer más con menos con la eficacia de los recursos y simplificar procesos y; control de gastos, que significa comprar de bajo costo pero con calidad. Se ha demostrado que delegados como San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Durango y Chiapas tiene un interés en ciertos Contratistas que han solicitado dinero para que puedan estos obtener las licitaciones sin cubrir el y los requisitos basados en una norma ya establecida.

Hay denuncia hecha por el suscrito ante la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la SCT y que no han dado respuesta sobre las investigaciones por presunto actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, respecto a las licitaciones públicas Nacionales y es el número de denuncia 2019/SCT/DE417.

El suscrito y compañeros legisladores hemos escuchado y celebrado reuniones con el Sector, se han recopilado esta información que hoy se le hace de conocimiento formal al secretario de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas necesarias de todas las irregularidades que se vienen y han venido dando en el sector de la construcción en las licitaciones, las inclinaciones que tienen estos delegados por ciertas empresas.

Solicitamos que se vigilen con gran lupa estos procesos de licitación, por lo cual el suscrito presentó en días pasados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, dando un planteamiento del porqué se requiere también hacer una reforma a la ley en la materia. No dejemos de observar que en otras ocasiones se han quedado las obras inconclusas y a donde van esos recursos, quien o quienes están detrás de ellas afectando de manera brutal el erario.

Es el momento de alzar la voz para que los legisladores tomemos conciencia y vigilemos, observemos que presupuesto se les designara a este sector y que estemos atentos de que lo que sea designado se ejecute en los tiempos y formas debidas, denunciar a esos delegados y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y frenar el enriquecimiento de estos cuantos y que verdaderamente se ejerza para el fin de la modernización, construcción o remodelación de las obras a favor de nuestras carreteras con el Presupuesto que designamos para nuestras el sector carretero a nivel federal.

Que esta legislatura señala el gran derroche que han hecho estos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los malos manejos de los recursos públicos para las obras y se erradique la herencia para estos malos servidores públicos al frente de la institución de comunicaciones y transportes.

Por último que los recursos que se destinen para el presupuesto del año 2021 se utilicen con profesionalismo, cero corrupción, impunidad y desvíos, evitemos el cohecho, el soborno y la manipulación el conflicto de intereses como lo ha hecho y lo he demostrado el actual director de la delegación de San Luis Potosí, solo por citar uno ya con número de denuncia dada en el Órgano Interno de Control de la SCT y de la Secretaría de la Función Pública.

Por todo lo expuesto se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a practicar auditorías a las licitaciones asignadas en materia de obra pública (licitaciones-concursos) y, de encontrase irregularidades, presentar las denuncias correspondientes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realicen auditorías en materia obra pública (licitaciones-concursos) y, de encontrarse irregularidades, iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, así como presentar las denuncias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos a reforzar los mecanismos de protección y atención de los adultos mayores para prevenir, disminuir y erradicar la violencia en su contra, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se diorápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.2

En México, el 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha que sin duda cobrará mucho más relevancia este 2020, ya que con la emergencia sanitaria del coronavirus los adultos mayores de México (y el mundo) se han visto afectados tanto de manera económica y emocional. No únicamente por el Covid-19 y los riesgos de la enfermedad, tristemente también por el maltrato que muchos de ellos han sufrido o sufren por sus hijos.3

En el marco de dicho día, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha dado a conocer que de enero a junio de 2020, a través de la llamada ‘Línea Plateada’ que brinda apoyo a los adultos mayores, se han atendido 579 llamadas por parte de abuelitos, 84 por ciento de ellas que se realizaron para alertar sobre situaciones de maltrato y abandono.4

Los reportes de dicho consejo indican que son los hijos quienes frecuentemente ejercen violencia hacia los adultos mayores, o al menos así lo determina 54.9 por ciento de los reportes telefónicos (poco más de la mitad de ellos) registrados en 2020, siendo la omisión de cuidados la situación que cuenta con 16 por ciento de los casos de violencia hacia los adultos mayores, seguida de la combinación de violencia física, emocional y económica.5

No siempre son las víctimas quienes denuncian estos lamentables hechos. De acuerdo con lo mencionado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 32 por ciento de las llamadas fue realizado por las propias víctimas; el otro 30 por algún familiar, 17 por un conocido, 15 por un vecino y 3 por una amistad.6

El organismo ciudadano invitó a las personas a denunciar las conductas que vulneren los derechos y dignidad de los adultos mayores, especialmente cuando éstas involucran cuestiones como el maltrato y el abandono, así como el ser víctimas de otros delitos como despojo de dinero o pensiones, que corresponde a 42 por ciento de los casos denunciados.7

El presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, destacó en una reunión virtual que el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez permite visibilizar lo grande y preocupante que es el descuido y daño a los adultos mayores, pero también eso ayuda a poder reforzar las medidas de cuidado y atención que los abuelitos del país merecen, pues todos tienen derecho a la dignidad y a la protección. 8

La OMS destaca la existencia de factores socioculturales que aumentan el riesgo de violencia contra las personas mayores, entre ellos, considerar que son frágiles, débiles y dependientes; el debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia; los sistemas de sucesión del patrimonio, y la migración de las y los integrantes jóvenes de las familias quienes dejan solas a esas personas en sociedades en que, tradicionalmente, los hijos e hijas se ocupaban de su cuidado.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se refuercen las medidas de cuidado y atención que las personas adultas mayores del país merecen, pues todos tienen derecho a la dignidad y a la protección.

Por las consideraciones expuestas y fundadas someto respetuosamente a consideración de esta asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se refuercen las medidas de cuidado y atención que las personas adultas mayores del país merecen, pues todos tienen derecho a la dignidad y a la protección, más aun ante la contingencia sanitaria actual, por lo que me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al de las entidades federativas y al de los municipios para que, el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, se refuercen los mecanismos de protección y atención de las personas adultas mayores, a fin de prevenir, disminuir y erradicar la violencia ejercida en su contra, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema, para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Notas

1 Martínez Soria, Jesuswaldo. Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 20 de marzo de 2020.

2 Martínez Soria, Jesuswaldo. Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 20 de marzo de 2020.

[1]3 Carmina Stephania. “Más de la mitad de los adultos mayores en México sufren maltrato por parte de sus hijos”, en Sopitas.com, consultado por última vez el 19 de junio de 2020 en https://www.sopitas.com/noticias/mas-mitad-adultos-mayores-mexico-sufre n-maltrato-por-parte-de-hijos/amp/?

4 Ibídem.

5 Carmina Stephania. “Más de la mitad de los adultos mayores en México sufren maltrato por parte de sus hijos”, en Sopitas.com, consultado por última vez el 19 de junio de 2020 en https://www.sopitas.com/noticias/mas-mitad-adultos-mayores-mexico-sufre n-maltrato-por-parte-de-hijos/amp/?

6 Ibídem.

7 Carmina Stephania. “Más de la mitad de los adultos mayores en México sufren maltrato por parte de sus hijos”, en Sopitas.com, consultado por última vez el 19 de junio de 2020 en https://www.sopitas.com/noticias/mas-mitad-adultos-mayores-mexico-sufre n-maltrato-por-parte-de-hijos/amp/?

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a efecto de que por la problemática de los ajustes y montos de las colegiaturas en escuelas particulares para el próximo ciclo escolar, vigile y actúe en consecuencia ante las acciones que atenten contra los derechos de los educandos en la contingencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio rápidamente en ese país y en otros de Asia, Europa y América.1

En México, el 24 de agosto de 2020, más de 30 millones de alumnos de educación básica iniciarían desde casa el ciclo escolar 2020-2021. A causa de la pandemia de Covid-19, la asistencia a los planteles será hasta que el semáforo epidemiológico de cada entidad esté en verde, y aun así, las autoridades estatales tendrán la última palabra sobre el retorno a clases presenciales.3

Derivado de la experiencia internacional de que en otros lugares del mundo donde los estudiantes sí regresaron a las aulas hubo rebrotes, por ejemplo, el caso de Corea del Sur o de China. En cambio, en México el gobierno federal decidió que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 sea a distancia, por lo que implementó la estrategia Aprende en Casa II.4

Por lo que, las condiciones sanitarias llevaron a la Secretaría de Educación Pública a decidir que el arranque sea a distancia, además deque la televisión será la herramienta de aprendizaje, pero también se podrá recurrir a otros medios. “Si alguien lo quiere seguir por internet, podrá hacerlo, pero el esquema es que la televisión va a ser el medio que llegará a los hogares mexicanos con el denominado Regreso a Clases Aprende en Casa II, porque es una versión mucho más potente.5

Es entonces, que a partir del nuevo enfoque pedagógico derivado de la pandemia del Covid-19, que implica un modelo en donde esté presente la educación a distancia, es por ello que se debe de hacer un llamado a padres de familia e instituciones educativas a conciliar pagos de colegiaturas e inscripciones, de acuerdo con el esquema que cada escuela impartirá.

Asimismo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor señaló que la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que las escuelas particulares utilizan para el cumplimiento de su objeto.6

Por ley, la Profeco no puede establecer precios en ningún producto o servicio, por lo que insiste a las partes interesadas a convenir los pagos.

El Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, aplicable a las escuelas privadas de educación básica y media superior, obliga a los prestadores de servicios educativos a informar por escrito todo lo relacionado con sus servicios, previo a la inscripción, para cada ciclo lectivo.7

Lo anterior incluye los ajustes a los diferentes conceptos de cobro y cambio a las disposiciones o servicios contenidos en el artículo 2o del Acuerdo de 1992, para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días antes del periodo de reinscripción y a recibir opiniones por el mismo conducto.

Ante la contingencia las instituciones de educación privadas deben colaborar con la sociedad, ya que si bien no se elimina la obligación del pago de los servicios y no pueden continuar otorgando clases presenciales, es necesario reconsiderar y acordar una cuota reducida o una adecuación en el pago de colegiaturas sin intereses.

A escala nacional, algunas escuelas han apoyado ante esta problemática como en Nuevo León, el Colegio Himalaya, Irish International School Monterrey y el Cecvac International School, reducirán el costo de las colegiaturas, correspondientes al mes de abril en un 20 por ciento; En Puebla, tres colegios de educación particular se han sumado a ofrecer descuentos en colegiaturas; y dos colegios en la Ciudad de México, hasta el momento.

El servicio de educación que imparten los particulares se pacta en un contrato privado de prestación de servicios educativos, en el que se establecen derechos y obligaciones entre las partes, entre ellas, la obligación de las escuelas a proporcionar las actividades de educación a cambio de la colegiatura. Ante las causas de fuerza mayor que atañen a la coyuntura nacional por el Covid-19, conforme a sus atribuciones, corresponde a la Profeco insistir en que se debe de conciliar entre la escuela y los padres.

Por ello planteo el presente exhorto para que las escuelas y los colegios privados ajusten sus colegiaturas, si bien no exime ni libera de sus obligaciones a las partes, se exhorta para que los colegios particulares sean flexibles, y consideren las necesidades de madres y padres de familia que han perdido ingresos o el empleo.

Por las consideraciones expuestas y fundadas someto respetuosamente a consideración de esta asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que las escuelas y colegios privados ajusten sus colegiaturas, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a coordinarse con la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar campañas mediáticas a fin de informar con oportunidad a los padres de familia sobre los derechos y las obligaciones que tienen al contratar servicios educativos en escuelas particulares.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, ante la problemática de los ajustes y montos de las colegiaturas en las escuelas particulares para el próximo ciclo escolar, vigile y actúe en consecuencia ante las acciones que atenten contra los derechos de los educandos.

Notas

3 Expansión, Política, “Lo que sabemos (hasta ahora) del regreso a clases a distancia”, México, consultado por última vez el 7 de agosto de 2020 en https://politica.expansion.mx/mexico/2020/08/05/lo-que-sabemos-hasta-ah ora-del-regreso-a-clases-a-distancia

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Redacción Digital El Heraldo de México, “Regreso a clases: ¿qué pasará con las colegiaturas del ciclo escolar 2020-2021?”, consultado por última vez el 7 de agosto de 2020 en https://heraldodemexico.com.mx/pais/regreso-a-clases-que-pasara-con-col egiaturas-ciclo-escolar-2020-2021-preescolar-primara-secundaria-escuela s-privadas-sep-profeco/

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Saraí Núñez Cerón, Gloria Romero León, María Marcela Torres Peimbert y Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbricas)