Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5470-VI, martes 3 de marzo de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para celebrar sesión solemne con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Hirepan Maya Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y artículo 79, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México entre 1934 y 1940, nació en Jiquilpan de Juárez, estado de Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Militar revolucionario, político y estadista mexicano, su mandato presidencial se destacó por profundizar los principios y la política social de la Revolución Mexicana, así como por ayudar a los más desfavorecidos, lo que le valió ser llamado popularmente “Tata Lázaro”. Llevó a cabo acciones de reconocido impacto social, entre ellas el reparto agrario y el fortalecimiento del ejido, la expropiación petrolera y la de los ferrocarriles, la unidad de organizaciones obreras y campesinas.
Su política exterior se distinguió por la defensa de la soberanía y por destacadas medidas de solidaridad internacional. Poco después de su paso por la Presidencia de la República, el general Cárdenas fue nombrado secretario de Defensa Nacional por el presidente Manuel Ávila Camacho, para encargarse de lo relativo a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente dirigió la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del río Tepalcatepec y unos años después la del río Balsas. Impulsó la fundación de la siderúrgica estatal Las Truchas y presidió su consejo de administración.
Cuando apenas contaba 18 años, aún menor de edad, Lázaro Cárdenas del Río se incorporó a las fuerzas revolucionarias en Apatzingán, con el grado de capitán segundo en el Arma de Caballería, bajo el mando del general Guillermo García Aragón, participando con éste en su primera acción militar: la toma de la plaza de Aguililla, Michoacán, en agosto de 1913. Combatió en esas fuerzas hasta que fueron emboscadas por las tropas de Victoriano Huerta, lo que hizo que su columna se disgregara. Se trasladó a Guadalajara y, a su regreso a Jiquilpan en 1914, se unió a las fuerzas del general José Morales Ibarra y más tarde pasó al estado mayor del general Eugenio Zúñiga. Estuvo en Teoloyucan durante la rendición del Ejército federal a las fuerzas constitucionalistas. En agosto de 1914, con el Ejército Constitucionalista, marchó hacia Sonora en la columna del general Federico Morales. En Sonora se incorporó a las fuerzas del general Plutarco Elías Calles. En 1915 participó en la campaña contra Maytorena y en 1920 se unió al Plan de Agua Prieta y fue comisionado para ir en pos de Venustiano Carranza. Cuando éste fue asesinado por Rodolfo Herrero, Cárdenas arrestó al magnicida y lo condujo a la Ciudad de México. A los 25 años se le concedió el grado de general brigadier.
Un año después, en 1921, fue nombrado jefe de operaciones militares en el Istmo de Tehuantepec. Después en ese mismo año asumió el cargo de gobernador interino de Michoacán. En 1923 participo en Jalisco contra la Rebelión delahuertista, donde fue herido en la batalla de Huejotitlán y hecho prisionero hasta la derrota de los rebeldes. En 1925 le fue otorgado el mando de la zona militar de Jalisco; en 1927 se le asignó la jefatura de operaciones militares en la zona en Tampico, donde a los 32 años obtuvo el grado de general de división.
En enero de 1928 inició en Michoacán su campaña electoral para gobernador del mismo estado. Ganador por amplia mayoría, tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de ese año. Al año siguiente combatió nuevos brotes de levantamientos cristeros; en 1930 pidió licencia al congreso estatal para desempeñarse como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR (Partido Nacional Revolucionario). A principios de 1931 fue designado secretario de Gobernación, cargo al que renunció ante el presidente Pascual Ortiz Rubio, el 14 de octubre.
De regresó en Michoacán concluyó su gestión como gobernador el 15 de septiembre de 1932. Días después contrajo matrimonio por lo civil en Tacámbaro, Michoacán, con Amalia Solórzano, con quien algunos años adelante procrearía a su hijo Cuauhtémoc. A partir del 2 de enero de 1933 ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez.
El 6 de diciembre de 1933, durante la segunda convención del PNR, se formuló el primer plan sexenal y se le postuló a él como candidato a la presidencia por ese partido. El resultado de las elecciones le acreditó el triunfo por un margen muy amplio frente a sus contrincantes. El 30 de noviembre de 1934, a los 38 años de edad, tomó posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Quizá uno de los principales empeños del Presidente Cárdenas fue en el ámbito legislativo, pues sobre la base de la legalidad y la reglamentación de las leyes consignadas en la Constitución de 1917 fue que llevó a cabo sus acciones de gobierno. Durante su periodo se propusieron, aprobaron y regularon, entre otras: la Ley de Amparo, la Ley del Indulto, la Ley del Crédito Agrícola, la Ley de Nacionalización de Bienes, la Ley de Expropiación, Ley de Asociaciones Agrícolas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas a los artículos 27, 43 y 45 constitucionales, las reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, reformas a la Ley de Cooperativas, reformas a la Ley del Trabajo, reformas a la Ley Agraria.
El 18 de mayo de 1936 estalló una huelga ferrocarrilera. Ésta fue declarada inexistente, los trabajadores entonces acataron el fallo. El 23 de junio de 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas expropió los bienes de la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México y el 25 expidió un decreto creando el Departamento Autónomo de Ferrocarriles. Al mismo tiempo se creó la empresa Líneas Férreas de México, que se encargaría de la construcción de algunas líneas que complementaran la red ferroviaria nacional. Se iniciaron los trabajos para la construcción de vías muy importantes para el país. El primero de mayo de 1938, se expidió una nueva ley que creaba la Administración Obrera de Ferrocarriles Nacionales de México, quedando la responsabilidad y la dirección de esa empresa en manos de los obreros ferrocarrileros.
En agosto de 1936 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, solicitando jornadas de 40 horas, aumento de salarios y prestaciones. Las negociaciones terminaron sin llegar a ningún acuerdo. El 27 de mayo de 1937 estalló la huelga. El gobierno nombró una comisión que estudiara el caso y el 9 de junio se levantó la huelga. El 18 de diciembre de 1937 los tribunales del trabajo emitieron su fallo, condenando a las empresas a pagar los salarios caídos. Las compañías no aceptaron el fallo y el 2 de enero de 1938 interpusieron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación El primero de marzo de 1938 el laudo a favor de los trabajadores fue ratificado en los tribunales del trabajo y se notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se cumpliera dicho laudo en un término de 72 horas.
La junta tuvo que declarar a las empresas en rebeldía ya que se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 3 de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo a las trasnacionales, con lo que se verían obligadas a incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Lázaro Cárdenas participó en diversas reuniones con los directivos de las compañías, cuando menos los días 3, 6 y 7 de marzo de 1938, sin que se llegara a un acuerdo.
El 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, por la radio en cadena nacional, leyó un mensaje a la nación dando a conocer el Decreto de Expropiación Petrolera. La expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras ha sido una de las acciones de gobierno de mayor relevancia en la historia del país. Propuso, de hecho, una forma de establecer relaciones con las potencias globales y, sobre todo, de impulsar el desarrollo y la soberanía nacional.
En materia internacional, Lázaro Cárdenas desarrolló una política de respeto a las leyes y a la soberanía de los países, así como de solidaridad a las causas antimperialistas y anti intervencionistas. Los más relevantes eventos en este rubro fueron la defensa de Etiopía, en la Liga de las Naciones, ante la invasión italiana. México levantó su voz para protestar y no reconoció nunca la anexión realizada de facto. Asimismo, condenó la agresión soviética a Finlandia y la anexión de Austria por la Alemania nazi. Apoyó a la República Española cuando en 1936 ocurrió el golpe de estado franquista con el impulso de los regímenes nazi-fascistas de Alemania e Italia.
Se opuso con riesgo y firmeza a los constantes requerimientos de los Estados Unidos de América (EUA) a que se juzgara por tribunales internacionales la expropiación petrolera. A la caída de la República Española, México recibió a los refugiados, muchos de los cuales se establecieron definitivamente en el país y, en otra acción importante y de repercusión internacional, otorgó asilo a León Trotsky y a otros perseguidos políticos. El general Lázaro Cárdenas del Río terminó su mandato como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre 1940, siendo sucedido en el cargo por el general Manuel Ávila Camacho.
Desde 1936, el general Lázaro Cárdenas tuvo el propósito, diríase visionario, de crear un gran complejo de desarrollo basado en los recursos naturales de la región occidental, mismos que podrían contribuir poderosamente a su desenvolvimiento económico. Esto había de hacerse no sólo activando la explotación de su potencial minero –principalmente de fierro– localizado en los cerros de Santa Clara y de Las Truchas, ubicados en la margen derecha del río del Carrizal, sino implementando una zona de crecimiento integral que incluía presas para el aprovechamiento de las aguas, generación eléctrica, zonas de riego y acondicionamiento de las playas para el turismo. Había mandado realizar estudios de factibilidad para establecer una gran planta siderúrgica en México. Las características de Arteaga, con los potenciales mineros de Santa Clara y Las Truchas más el río Carrizal dibujaban el lugar idóneo para tan ambicioso proyecto. En este programa se contemplaba también los yacimientos ferríferos de Plutón en el estado de Guerrero.
El proyecto y su viabilidad estaban claros, pero diversos factores lo fueron entorpeciendo durante años. Primero tuvo que llevarse a cabo un largo juicio contra la empresa Bethlehem Steel Corp. Para incorporar al dominio de la nación los yacimientos mencionados, pero ya iniciados los trabajos, durante el sexenio del propio Cárdenas, tuvieron que ser interrumpidos después al estallar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no fue posible traer los altos hornos y demás maquinaria que ya se habían pedido al extranjero. Durante esta interrupción, en 1943, un grupo de mexicanos obtuvo la concesión de los yacimientos, pero no con el fin de explotarlos en beneficio de México, sino para traspasar los derechos a la misma empresa a la que le había sido retirada la concesión en 1936.
La propia empresa solicitó prórroga tras prórroga, pues no tenía la intención de explotar los yacimientos sino sólo de poseerlos y controlarlos con fines que el propio general Cárdenas en sus diarios calificó de imperialistas , a lo que agrega: “Pero aun en el caso de que fueran a explotarlos, más convendría al país mantenerlos como reservas para el desarrollo de su industria interna. (...) Este traspaso es ilegal: a) Porque no debe darse concesiones para que se negocie con ellas; y b) Porque las riquezas naturales del país no deben concesionarse a empresas extranjeras.”
El asunto empezaba a perfilarse como una más de las empresas de su vida. En 1945, aún como secretario de la Defensa Nacional, abogó ante el presidente Ávila Camacho porque se rescataran esos yacimientos para la nación, a lo que el presidente le aseguró que se estaban haciendo los estudios del caso a fin de retirar las concesiones ilegales y devolver los yacimientos al dominio nacional. En abril de 1947, bajo el mandato del presidente Miguel Alemán, se dictó la cancelación de las concesiones con lo que los yacimientos volvieron a propiedad de la nación. Pero eso no bastaba. Todavía en noviembre de 1961 tuvo que insistir sobre el asunto ante el presidente López Mateos, quien le preguntó qué pasaría con la Comisión del Balsas a lo que respondió que esperaba sus indicaciones, pero le propuso, según refiere en sus diarios: “Invitar a todos los ex presidentes a colaborar con el gobierno en puestos secundarios, subordinados a los titulares de las secretarías de estado y por mi parte estoy a sus órdenes desde luego y no precisamente para la Comisión del Balsas.” El presidente López Mateos aceptó la propuesta. Cárdenas añade en sus apuntes: “No insistí sobre el desarrollo siderúrgico de los minerales de Las Truchas, que podrá ser ya obra y realización de la Comisión del Balsas.” Finalmente, el 1 de julio de 1969 se constituyó la empresa de participación estatal Siderúrgica Las Truchas, SA, para la que fue designado presidente del consejo de administración el general Lázaro Cárdenas.
A partir de ese momento su actividad en Las Truchas siguió un ritmo vertiginoso, pues había mucho que hacer: Los estudios de ingeniería minera, conseguir los permisos oficiales para contar con el puerto que se proyectaba en la desembocadura del Balsas, electrificar utilizando la energía del propio río, habilitar como desarrollo turístico el Balneario de Playa Azul (que por entonces sólo contaba con 40 familias de ejidatarios), la construcción de una carretera principal con diversos ramales y hacer ver al gobierno “la conveniencia de que se inicien las obras, ya que está justificada su realización por el movimiento de carga que registrará con la producción agrícola de exportación, la industria siderúrgica y todo el desarrollo que tendrá la región con los recursos naturales de que se dispone: minerales, agua, electricidad”.
Lamentablemente nunca vio inaugurada la siderúrgica que había concebido, estudiado minuciosamente y por la que había trabajado 34 años, lo que habla de su tenacidad y determinación. El 19 de octubre de 1970, el general Lázaro Cárdenas del Río falleció víctima de cáncer a los 85 años. La muerte lo halló trabajando por las causas que creyó justas y necesarias, como lo había hecho desde los 15 años. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución.
En aras de rendir justo homenaje y reconocimiento al estadista, Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del General Lázaro Cárdenas del Río, acaecido el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende una invitación abierta a concurrir a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, a media asta, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en conmemoración del 50 aniversario del deceso del General Lázaro Cárdenas del Río; conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a emitir por la Cofepris una nueva alerta sanitaria sobre los riesgos de salud por el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo comercializados como alternativa al consumo del tabaco y otras sustancias, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emita una nueva alerta sanitaria sobre los riesgos a la salud que representa el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al consumo del tabaco y otras sustancias; y al titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones para que en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”, realice una campaña de difusión nacional sobre los riesgos que representa a la salud el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo que están diseñados para proporcionar a las personas que los utilizan nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas en forma de vapor/aerosol.
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), de los cuales los cigarrillos electrónicos son el prototipo más común, son dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que por el contrario vaporizan una solución que seguidamente inhala el usuario. Los componentes principales de la solución, además de nicotina en los casos que está presente, son el propilenglicol con o sin glicerol, y aromatizantes. Las soluciones y emisiones de los SEAN contienen otros productos químicos, algunos de ellos considerados muy tóxicos.1
De igual manera, la OMS cataloga que en el mercado coexisten varios tipos de dispositivos: los de primera generación o cigarrillos electrónicos similares a sus pares convencionales de tabaco, los sistemas de tanque de segunda generación, e incluso vaporizadores personales más grandes o de tercera generación. De acuerdo con otras clasificaciones estos dispositivos se dividen en sistemas abiertos y cerrados, dependiendo fundamentalmente del grado de control que los usuarios tienen sobre la solución líquida y el voltaje y resistencia aplicados para calentarla, así como las características de ventilación.2
En cualquiera de sus presentaciones la OMS ha señalado que los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) son perjudiciales para el uso humano, es decir, que son indudablemente dañinos y que además actualmente representan una amenaza actual y real para la salud de las personas.
La OMS ha señalado que el aumento del uso de estos dispositivos en el mundo se estima en 367 millones de usuarios, contra mil 100 millones de fumadores de cigarros convencionales.3 Cabe señalar que este tipo de práctica denominada vapeo o vaping se ha convertido en una puerta de acceso al tabaco y a nuevas adicciones entre la gente joven.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2017), señala que 5 millones de mexicanos han utilizado el cigarro electrónico alguna vez y alrededor de 975 mil lo consumen actualmente, mientras que más de 937 mil adolescentes lo has usado en algún momento y 160 mil lo hacen actualmente.4 Sobre este particular, es importante señalar que si bien la comercialización y venta de dichos vaporizadores está prohibida en el territorio nacional, su consumo no es ilegal, y se estima que ya es usado por alrededor de un millón de personas en nuestro país. Un cigarrillo electrónico puede contener sustancias potencialmente dañinas como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, metales pesados como níquel, estaño, plomo, sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el diacetilo, sustancia química vinculada a enfermedad grave de los pulmones.5
En ese sentido, y dada la creciente popularidad y el uso frecuente de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al consumo del tabaco y otras sustancias, la Secretaría de Salud a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) ha emitido distintas “alertas sanitarias” por el uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores, cuyo propósito ha sido el de identificar oportunamente la presencia de casos de enfermedad pulmonar aguda grave, toda vez que esta práctica cada vez más común representa un riesgo para la salud pública.6
Cabe hacer mención, que una “alerta sanitaria” es un comunicado de riesgo que se refiere a que un producto, competencia de la Cofepris, que es procesado, comercializado, distribuido, acondicionado, o elaborado en México o en otros países, que por su uso o consumo representa un riesgo para la salud del consumidor mexicano, que puede tener trascendencia social y frente a la cual se deben de tomar medidas en salud pública de manera urgente y eficaz.
En tal sentido, el Conave ha advertido al personal de primer contacto en hospitales públicos y privados de todo el país, respecto de la identificación de síntomas respiratorios y la búsqueda intencionada de historial de uso y consumo de cigarrillo electrónicos y/o vapeadores,6 bajo el salvoconducto de que si se ha usado un cigarrillo electrónico o dispositivo de vapeo y derivado de ello, se presenten síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómito, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal, se solicite atención médica.
En ese mismo sentido, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha emitido cartas de advertencia a tiendas departamentales y autoridades sanitarias estatales en las que reitera que la distribución y comercialización de cigarros electrónicos y cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifiquen con productos del tabaco, es ilegal, ya que contraviene lo establecido en la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco.
Además, anteriormente ya ha advertido sobre el uso de estos artefactos en el siguiente sentido:
• Existen en el mercado productos que no son derivados del tabaco pero que se asocian con productos del tabaco, por lo que su comercialización se encuentra prohibida en México.
• Los productos que han sido identificados en mayor número son vapeadores, cigarros electrónicos, e cigarretes y un reciente denominado “cigarro sin humo”.
• Algunos de ellos se comercializan como alternativas para dejar de fumar o con efectos “menos agresivos” a la salud de las personas; sin embargo, no cuentan con ningún respaldo científico presentado ante la autoridad sanitaria en México.
• Las autoridades sanitarias del Sistema Federal Sanitario del país realizarán el aseguramiento inmediato de estos productos y procederán a la imposición de multas correspondiente.
Más aun, recién se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, mediante el cual queda prohibida la importación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SACN), sistemas similares sin nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.7
Con el referido decreto se armoniza la ley antes citada, con la Ley General para el Control del Tabaco y, con ello, la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris y la Secretaría de Economía tendrán certeza jurídica para dar cumplimiento a lo dispuesto por el marco legal vigente, eliminando en lo subsecuente cualquier posibilidad de que se comercialicen en el territorio nacional dichos dispositivos.
No obstante, y a pesar de lo anterior expuesto, lo cierto es que dichos artículos: cigarros electrónicos, vapeadores, e cigarretes se siguen comercializando de distintas formas y métodos en nuestro país, por lo que se vuelve necesario redoblar esfuerzos para que tanto autoridades federales y estatales implementen acciones de concientización sobre el uso de estos dispositivos que precisamente están diseñados para proporcionar a las personas que los utilizan nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas en forma de vapor/aerosol en vez de humo. Por cierto, estas soluciones están catalogados como muy tóxicos por la Organización Mundial de la Salud.
Dado lo anterior, y en abono a la salud pública de nuestro país, es esencial informar a la población en su conjunto sobre los efectos nocivos de estos artefactos y lo que se inhala en ellos, por lo que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emita una nueva alerta sanitaria sobre los riesgos a la salud que representa el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al consumo del tabaco y otras sustancias.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que realice las acciones de verificación que sean necesarias para evitar la comercialización, venta, distribución, exhibición, promoción, o producción de cigarrillos electrónicos y similares a sus pares convencionales de tabaco y, en su caso, que se proceda a su aseguramiento, imposición de multas, suspensión de establecimientos de distribución, con sus sanciones correspondientes.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones para que en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”, realice una campaña de difusión nacional sobre los riesgos que representa a la salud el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo que están diseñados para proporcionar a las personas que los utilizan nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas en forma de vapor/aerosol.
Notas
1-3. OMS.- https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco -products/es/
2. Sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina.- Conferencia de las partes en el Convenio Marco de la OMS, para el control del tabaco. 7ª. Reunión de 2016.
4. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2017).
5-6. Secretaría de Salud. Aviso epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos. 279
7. Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899&fecha=19/02/2020
Otras fuentes consultadas
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326072/ WHO-NMH-PND-2019.5-spa.pdf
https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation /heated-tobacco-products/es/
https://www.quo.es/salud/a28555625/cigarrillos-electroni cos-ya-hay-veredicto-definitivo/
https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf
https://www.dw.com/es/oms-cigarrillos-electr%C3%B3nicos- son-indudablemente-da%C3%B1inos/a-49766469
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado José del Carmen Gómez Quej (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo General del Instituto Electoral de Puebla a respetar los derechos humanos relativos a la organización política y el de índole político-electoral de las organizaciones ciudadanas, suscrita por los diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Lenin Nelson Campos Córdova y Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
Que suscriben los diputados, Luis Eleusis Leónidas Córdova Moran, Lenin Nelson Campos Córdova y Brasil Alberto Acosta Peña , integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y en especial al presidente de este órgano electoral a respetar los derechos humanos relativos a la organización política, así como a interpretar bajo la luz del criterio pro persona los derechos político-electorales de las organizaciones ciudadanas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Movimiento Antorchista Poblano es una organización nacida en el estado de Puebla que entiende la necesidad de la participación activa en la política del Estado, comprende también las determinaciones que el sistema económico engendra en la gente, por esta razón, a través del escenario electoral y de gobierno plantea mejorar las condiciones de vida de los pobres del país, gestionando bienes y servicios en favor de las familias desprotegidas.
Dada la coyuntura del país, en el estado de Puebla el Movimiento antorchista decidió constituirse como un partido político con la finalidad de buscar un grupo que verdaderamente represente los intereses de los pobres de México.
En este contexto, y tal como lo marca la Ley General de Partidos Políticos y las normas aplicables a los procedimientos de creación de partidos políticos del estado de Puebla, se cumplieron con todos los requisitos solicitados para legalmente constituirse como un partido político local. No obstante, el IEE se pronunció en un sentido negativo, argumentando sin fundamentos, para efecto de dar claridad a lo sucedido pasamos a la:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la ley aplicable1 a la creación y registro de los partidos políticos, se reunieron, como ya se expuso en los antecedentes, todos los requisitos establecidos en el capítulo I del título segundo relativo a la constitución y registro de los partidos políticos , haciendo el aviso de intención contenido en el artículo 11 de la mencionada ley, así también se entregaron los documentos básicos consistentes en la declaración de principios, programa de acción y los estatutos bajo los cuales se norman las actividades, se reunieron las asambleas necesarias para el cumplimiento de afiliación, superando incluso el requerido por la ley.
Sin embargo, como ya vimos, el cumplimiento de estos requisitos se vio desestimado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), arguyendo vicios de procedimiento que el propio Instituto Electoral había aceptado tácitamente al celebrar las asambleas bajo su vigilancia. Los efectos del acuerdo del Consejo General del IEE de número CG/AC-002/2020, donde se determina la controversia de la asociación civil “Movimiento Antorchista Poblano” en el procedimiento de constitución de partido político local 2019-2020 en el estado de Puebla, antes denominado “Podemos Puebla”, constituyen una violación sistemática de los derechos político-electorales reconocidos en la Constitución política, y en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Nos referimos los derechos contenidos en los artículos 1, párrafo segundo, (sobre la interpretación de las normas relativas a derechos humanos); 9 (Derecho de asociación); 35, fracción III, (asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país); y 41 primer y segundo párrafo de la fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como los artículos 1 (Obligación de los Estados parte a respetar los derechos de la Convención) y 16 (Derecho de asociación) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , los artículos 2 (Garantizar los derechos de la convención), numeral 22 (Derecho de asociación), 25 (De los derechos de los ciudadanos, entre los que se contienen participación en los asuntos públicos de su país, y el tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país) del Protocolo Internacional de los Derechos Civiles y Políticos , y los artículos 21 y 28 (En el sentido de la libre asociación y el respeto del Estado de Derecho) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En los derechos en comento, mismos que forman parte del control de constitucionalidad y de convencionalidad, se encuentra el derecho de constituir un partido político, con la finalidad de que los ciudadanos se unan de forma activa a la participación política de su país.
El acuerdo del IEE es violatorio de estos derechos toda vez que en él se plantea un argumento restrictivo de derechos humanos, una de las razones por las cuales no se está proporcionando el registro –pese a cumplir los requisitos y ser revisadas las asambleas por el propio Instituto Electoral– es precisamente el de no haberse constituido como una asociación civil. Aunque la Ley General de Partidos así como las demás disposiciones relativas al tema son omisas al respecto de hacerlo como asociación “civil”, al solamente referir “organización de ciudadanos”, en una interpretación de conforme a derechos humanos, este no debería ser un impedimento para la obtención de registro, acaso cabría ser exigible después de haberse obtenido el registro con motivo de la fiscalización, pero no antes.
Los propios lineamientos para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales en el estado de Puebla 2019-2020, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante acuerdo CG/AC-008/19, establecen de manera precisa en los artículos 3 y 6 que la interpretación de las disposiciones del lineamiento, corresponden al IEE, realizándose éstas bajo los criterios, gramatical, sistemático, funcional y convencional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución mexicana, mismo que conviene repasar en su segundo párrafo:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
Bajo una adecuada interpretación conforme la supuesta ilegalidad consistente en no hacer en tiempo el aviso de intención por parte del Movimiento Antorchista Poblano parece no adecuarse a la protección más amplia de los miles de poblanos interesados en que se forme el partido denominado “Movimiento Antorchista Poblano”, tan indigna argucia legal es la desestimación del procedimiento, que durante las asambleas no se detuvo el procedimiento, incluso, se dio acompañamiento a las mismas, notando el propio IEE como se sobre cumplía el requisito legal, se llevaron a cabo más asambleas de las que pedía la propia ley.
Ahora, el segundo motivo de la negación del registro es la presunta violación de los derechos político electorales de una ciudadana, presunta, aunque más bien infundada, pues no es motivo de peso suficiente para que en el ejercicio de ponderación de derechos se desestimen la expectativa de derecho –casi consolidada, vale decir– de miles de ciudadanos poblanos (alrededor de 40 mil poblanos se afiliaron), que con esta resolución se ven afectados en sus derechos político electorales, convendría repasar con el Consejo General del IEE los criterios del principio de proporcionalidad,2 relativos por ejemplo a la ley de la ponderación, donde hay que medir cuál es el mayor grado de satisfacción que justifique la insatisfacción del otro derecho, resulta evidente el derecho de reunión y asociación de miles de poblanos frente al dicho de una sola.
Los Organismos Públicos Electorales son los garantes de la democracia, de tal suerte que son sumamente importantes los procedimientos bajo los cuales toma sus determinaciones estén alejados de influencia externa y se apeguen a la máxima protección de derechos humanos.
En el entendido del párrafo anterior, solicitamos en este exhorto, que se aleje la mano del gobernador Miguel Barbosa del proceso electoral y al Consejo General del IEE, que utilice su autonomía constitucional. No podemos permitir los dedazos a efecto de establecer qué procedimientos serán democráticos y cuáles no.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y en especial al presidente de este órgano electoral a respetar los derechos humanos relativos a la organización política, así como a interpretar bajo la luz del criterio pro persona los derechos político electorales de las organizaciones ciudadanas.
Documentos
- Declaración Universal de los Derechos Humanos:
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
- Convención Americana sobre Derechos Humanos:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
Acuerdos IEE
- https://www.ieepuebla.org.mx/2020/boletines/2/boletin2.pdf
- https://www.ieepuebla.org.mx/2020/acuerdos/CG/CG_AC_002_2020.pdf
Notas
1 Ley General de Partidos Políticos publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 23 de mayo de 2014
2 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/be carios/195carmen-vergara-lopez.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a sustituir por revisión con equipos móviles de rayos X el semáforo fiscal del aeropuerto internacional de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a retirar el semáforo de fiscal del aeropuerto internacional del estado de Oaxaca y, en su lugar, implemente la revisión con equipos móviles de rayos X, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Oaxaca es uno de los estados más visitados en nuestro país por el turismo nacional e internacional, ya que cuenta con una gran alternativa de atractivos turísticos, recursos naturales, étnicos y culturales lo que amplía el desarrollo social y económico de ese estado dividido en ocho regiones, tal es el caso que el gobierno del estado desarrollo en su Plan Estratégico Regional cinco programas que están relacionados con el turismo.
El estado de Oaxaca cuenta con cinco pueblos mágicos: San Pablo Villa de Mitla, Capulalpam de Méndez, Mazunte, San Pedro y San pablo Teposcolula y Huautla de Jiménez, así como con diversas rutas turísticas como son: Caminos del Mezcal, Ruta Mágica de las Artesanías, Ruta de la Fe Juquila, Ruta Sierra Juárez, Ruta de la Costa Oaxaqueña, Ruta de la Chinantla, Ruta de la Mixteca, Ruta del café Sierra Sur, Ruta Reserva de la Biosfera y la Ruta del Istmo.
Para 2016 la Contribución porcentual de los principales destinos turísticos a la afluencia turística y derrama económica de Oaxaca, conforme el Sistema de Información Turística Estatal, muestran las cifras siguientes:
El Plan Estratégico Regional muestra en la siguiente tabla el origen de los visitantes nacionales al estado de Oaxaca:
En la siguiente tabla del Plan Estratégico Regional se puede observar el origen de los visitantes internacionales al estado, representado una mayor afluencia de Estados Unidos.
Como podemos observar en la siguiente tabla fue mayor la afluencia de visitantes extranjeros a nuestro estado, en el año 2016 por la vía aérea que de visitantes mexicanos.
La visita de extranjeros a Oaxaca deja una gran derrama económica no solo en el estado sino también el país, cifras de la Secretaria de Turismo del año pasado muestras un aumento del 81 por ciento de turismo extranjero respecto al año 2018, lo que significo 32 millones de derrama económica, convirtiendo a Oaxaca en el estado del suroeste con mayor número de turistas en el país, lo que también aumento el número de vuelos a este estado, con 15 vuelos semanales a la Ciudad de México y otros destinos de la entidad y 19 vuelos que a otros orígenes nacionales e internacionales.
Sin embargo, se han recibido quejas de extranjeros y de con nacionales debido a la tardanza de la revisión de equipaje en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Oaxaca, ya que actualmente la revisión que se hace al equipaje es por medio de dos semáforos, en el primero la revisión comienza al subir el equipaje a una barra en donde la revisión se hace de manera manual, posteriormente se pasa por los rayos UV, entregándote la maleta del otro lado de la barra, el procedimiento de revisión en la barra es muy tardado ya que solo consta de 2 stands para esta revisión, en donde pueden tardar hasta 10 minutos por persona, por lo que el ultimo pasajero puede estar hasta dos horas o más en espera de su revisión.
El Servicio de Administración Tributaria ha estado actualizando sus sistemas por medio de acciones de inteligencia en las aduanas, tal es el caso que en los aeropuertos de la Ciudad de México, Los Cabos, Cancún, San Luís Potosí y desde el año pasado en Monterrey se cuenta con equipos móviles de rayos X los cuales se consideran como tecnología de punta y modelos de riesgo más asertivos para agilizar el ingreso de los pasajeros a nuestro país, además de automatizar el despacho aduanero y modernizar los procesos.
Debemos de apoyar el turismo en nuestro país, por lo que este tipo de acciones de automatizar y agilizar el servicio de revisión en aduanas debe ser más amplio para no tener quejas de los turistas sobre este tipo de percances y de nuestros connacionales cuando regresan a nuestro país, y hacer la visita o el regreso de una manera más acelerada, además de hacer una revisión imperceptible para los pasajeros y eliminar la declaración de aduanal.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a al Servicio de Administración Tributaria a retirar el semáforo de fiscal del aeropuerto internacional del estado de Oaxaca y en su lugar implemente la revisión con equipos móviles de rayos X.
Bibliografía
Secretaria de Turismo del estado de Oaxaca. Plan Estratégico Sectorial 2016-2022
Página Oficial de la Secretaria de Turismo del Estado https://www.oaxaca.gob.mx/sectur/
Página Oficial del Servicio de Administración Tributaria https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-retira-semaforo-fiscal-en-el-aerop uerto-internacional-de-monterrey-057-2019-218134
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al CJF y los Poderes Judiciales locales a considerar la implantación de juzgados especializados en violencia de género, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz , integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas a considerar la implementación de juzgados especializados en violencia de género .
Consideraciones
Ante la violencia estructural de género que se ha exacerbado, es urgente actuar contra lo que está decidiendo sobre la vida de miles de mujeres, destruyendo familias y acabando con nuestra sociedad.
La violencia de género pasa por la desigualdad en las relaciones sociales que se sostienen día con día, es así como el problema se reproduce en una comunidad de forma intergeneracional, acrecentando las asimetrías de poder en razón de género o expresión del mismo, esta situación no es normal ya que, deberíamos basar dichas relaciones partiendo de nuestra humanidad.
El Estado, en una concepción básica y clásica, se concibe como aquel que se construye a partir de ceder un poco de soberanía con el fin de obtener protección para poder conformar una sociedad, en este sentido mínimo el Estado mexicano está siendo omiso con las mujeres. Si bien la violencia estructural se ha corregido, en la legislación, esto no es suficiente mientras no se traduzca en la implementación de políticas públicas y mecanismos expeditos que hagan efectivo el ejercicio y tutela de los derechos de las mujeres.
En México contamos lamentablemente con cifras muy altas de violencia contra las mujeres, 66 por ciento de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia; de ese universo de mujeres violentadas, un 49 por ciento ha sufrido violencia emocional, 34 por ciento física, 41 por ciento sexual y 29 por ciento económica, patrimonial y discriminación.1
Es una situación generalizada en el territorio nacional, sin embargo, hay entidades donde la proporción de violencia es pero como Jalisco, estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California y Querétaro, donde el porcentaje de mujeres violentadas va del 66 al 79 por ciento, en la misma encuesta se demuestra que entre el 88 y 93 por ciento de las víctimas no acudieron a denunciar ni recibir apoyo de alguna institución.2
Este último dato es muy relevante ya que es una radiografía de la confianza y capacidad institucional para atender a las víctimas, en este sentido existe violencia estructural porque no hay mecanismos implementados que otorguen certeza y confianza para restituir los derechos y seguridad de las mujeres.
Ante ello es importante actuar para que el Poder Judicial Federal y de los poderes de las entidades puedan atender de forma pronta y expedita dichos casos, donde las mujeres puedan denunciar con todo el respaldo del Estado mexicano asegurándoles la protección de sus derechos durante todo el procedimiento judicial, ya que en muchas ocasiones es necesario abrir distintos procesos para protegerlas, con lo cual se ven vulneradas entre cada procedimiento, teniendo como consecuencia las acciones revanchistas del agresor o el retronó al ambiente violento.
Entre los elementos necesarios para lograrlo están: estandarizar los procesos de audiencia de forma privada y la conducción desde la denuncia hasta el juzgado con personal capacitado para atender la violencia de género, con el fin de no revictimizar a las mujeres, además de mecanismo que les otorguen protección inmediata cuando abandonan un refugio o centro de atención especializada que inicien el proceso conducente para restaurar su entorno con la prohibición o restricción de su agresor y por supuesto la concientización de los impartidores de justicia en temas de género con el fin de introducir el componente humano y sensible en su actuar ante estos caso.3
La propuesta e idea de implementar juzgados especializados ya se ha materializado en el poder judicial español, donde tienen 381 juzgados especializados, entre 4 y 38 por región y mínimo 1 por ciudad, con las debidas proporciones del país ibérico, se tienen de forma paralela a los juzgados ordinarios o en los mismos un área especializada.4 Con este ejemplo, el mayor reto de México para que una figura similar funcione es el capital humano, es decir la especialización y capacitación en el tema de género.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo a someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes judiciales de las entidades federativas a considerar la pronta implementación de Juzgados Especializados en violencia de género con procedimientos expeditos para la salvaguarda y restitución de los derechos de las mujeres.
Notas
1 Inegi. (2016). Endireh: México.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
2 Ibid
3 Olamendi, P. (2006). El cuerpo del delito: los derechos humanos de las mujeres en la justicia penal. Porrúa & H. Cámara de Diputados.
4 Juzgados de Violencia sobre la Mujer. (2019). Poder Judicial de España. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-gene ro/Directorio-de-Juzgados-de-Violencia-y-Oficinas-de-ayuda/Juzgados-de- Violencia-sobre-la-mujer/Juzgados-de-Violencia-sobre-la-Mujer
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de BC a eliminar todo tipo de acuerdos, regulaciones, disposiciones o determinaciones administrativas que, con el pretexto del uso de una facultad local, invaden competencia federal y limitan la libre competencia en materia de hidrocarburos, a cargo del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, diputado Héctor Rene Cruz Aparicio, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, Por el que se exhorta a los presidentes de los municipios que conforman el estado de Baja California, para que los ayuntamientos eliminen todo tipo acuerdos, regulaciones, disposiciones y/o determinaciones administrativas que con el pretexto del uso de una facultad local, invaden competencia federal y en mérito de ello, limitan la libre competencia en materia de hidrocarburos dañando con ello a la población que resiente, un elevado costo por la distribución de hidrocarburos. Lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 28 la libre competencia económica como forma de garantizar una sociedad libre de monopolios y en el que la libertad de precios permita a la población el acceso a bienes y servicios en las mejores condiciones de precio y calidad. Que dicho principio constitucional no puede ser violentado por ningún instrumento jurídico o acto de autoridad.
II. Que dicho principio ha sido debidamente tutelado por diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que a través de su facultad de declaratoria de inconstitucionalidad ha expulsado del sistema jurídico nacional, disposiciones jurídicas que por su finalidad o efectos, fomenta un trato privilegiado a actores económicos y que permiten el acaparamiento del mercado mediante prácticas monopólicas. De igual forma, la doctrina constitucional de nuestro más Alto tribunal ha reconocido a dicho principio el carácter fundamental para la conformación de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se reformaron los artículos 24, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se eliminó el monopolio del Estado sobre el sector hidrocarburos, y por virtud de ello, la libertad de mercado se aplicó a dicho régimen exclusivo del Estado Mexicano.
IV. Que para la regulación de dicho sector, en el artículo Decimonoveno del decreto de reforma energética se previó la creación de la ASEA, como órgano desconcentrado encargado de regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos:
“Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.
La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos:
a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario.
b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado.
El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación.
El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos.
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones.”
V. Que la Federalización del sector hidrocarburos trajo consigo el reconocimiento de la facultad exclusiva de la Federación de dirigir la política nacional y de imponer la regulación materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente.
VI. Que el artículo 73 fracción X de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el H. Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar en toda la República en materia de Hidrocarburos ; de igual forma, el cuarto y quinto párrafos del artículo 28 de nuestra Máxima Ley, corrobora que el Estado Mexicano es quien ejerce de condición exclusiva el área estratégica de petróleo y demás Hidrocarburos, conforme a las leyes que de manera exclusiva expida el Congreso de la Unión, siendo la federación quien está facultada para otorgar concesiones o permisos en esa materia, ejerciendo en todo momento su rectoría; debiendo contar con los organismos que se requieran para el eficaz manejo de dichas áreas estratégicas. Que al haberse concedido dicha competencia al Congreso de la Unión, es imposible que otro orden de gobierno emita regulación en la materia que impida la realización de la explotación de la cadena de valor, sin que ello implique la invasión de competencias reservada a la Federación y por ello, deba ser estimado inconstitucional.
VII. Que por tales motivos el que se pretenda por los Ayuntamientos de Baja California suspender el otorgamiento de licencias o trámites en el sector, es un claro ejemplo de invasión de esferas de competencias consagradas en los artículos 124 y 133 del Texto Fundamental.
VIII. Que si bien la Ley General de Asentamientos Humanos, otorga atribuciones a los Municipios para regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, también lo es que, atendiendo a las Leyes Generales Ambientales, Leyes Federales en materia de hidrocarburos, a las Normas Oficiales Mexicanas no hay duda de que los municipios carecen de facultades para fijar las reglas a las que se sujetarán las estaciones de servicio relacionadas a la venta de hidrocarburos. Y que, en todo caso, sus disposiciones no pueden apartarse de la necesidad de reconocer al sector hidrocarburos como estratégico para el desarrollo de la economía nacional.
IX. Que es necesario mencionar que la industria de los hidrocarburos se considera de utilidad pública tal y como lo prevé artículo 96 de la Ley de la materia que dicen:
X. Considerando lo anterior es evidente la importancia de dar las facilidades necesarias para fomentar el desarrollo libre de la industria de los hidrocarburos, esto en razón que el Estado mexicano en aras de cumplir con la responsabilidad de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional, parte del principio de la libre competencia, por lo que los hidrocarburos son parte esencial de la cadena productiva del país; es entonces que debemos considerar como elemento esencial de la materia de los hidrocarburos el principio de utilidad pública, que el cual da la garantía que sobre cualquier situación será siempre y en todo momento obtenible este servicio, tal y como lo establece el artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos, que dice:
XI. Por más de una década, el Estado de Baja California, concretamente los Municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana han venido presentando un fenómeno ilegítimo y contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 de concentración en una o dos personas jurídicas el suministro de los principales hidrocarburos como bien ha sido documentado por la Comisión de Federal de Competencia Económica ya desde el año 2016.
XII. En ese sentido, recientes datos arrojan que en el estado de Baja California como ejemplo del resultado de esta falta de competencia económica se paga el Gas Lp por encima de la media nacional e incluso es el estado de la República Mexicana que más paga por el hidrocarburo,2 lo que sin duda repercute en la población de más bajos recursos al dañar de forma directa su economía familiar y agudizando el incremento de precios.
XIII. Esa práctica de concentración del mercado de los hidrocarburos se sirve de una maquinaria debidamente articulada que incluye organizaciones de la sociedad civil y desde luego, de los medios de información, que constantemente intentan generar escenarios distintos a la realidad como una forma de legitimar lo que sin duda es un hecho irrefutable en el Estado, y que es la concentración monopólica del sector hidrocarburos, violentando con ello el Estado de Derecho al no respetarse los principios de libre mercado y competencia que prevé nuestra Constitución en el apartado económico en ella previsto.
XIV. En el caso, una práctica bastante utilizada para efectos de eliminar la libre competencia reside en un tema de competencia de esa agencia a través de la denuncia popular. Dicho instrumento ha sido alterado en su esencia y ha sido utilizado para realizar actos investidos de autoridad pero que en ocasiones tienen como finalidad bajo pretexto de revisar cuestiones ambientales, anular las posibilidades de iniciar actividades al amparo de autorizaciones emitidas por dicha autoridad Federal pues en esencia se dirimen cuestiones supuestamente ecológicas, con la finalidad que es autoridad inicies mecanismos de inspección e imponga alguna medida de seguridad, tratando de asfixiar con ello, a las empresas que persiguen entrar al mercado en muchas ocasiones de forma legítima.
XV. Bajo el escenario descrito, y habiendo elementos suficientes para concluir que dicha práctica impide el desarrollo económico del Estado mismo, es que se hace necesario identificar las prácticas que ha impedido que otras empresas comiencen actividades en los diversos municipios y con ello se permita una libre competencia, y en virtud de ello, se modifiquen los precios de los hidrocarburos dando cumplimiento con ello, al mandato Constitucional de prohibición de monopolios y libre competencia en beneficio de la población.
Por lo anteriormente expuesto, como diputado federal, representante del distrito 8 de Tijuana, Baja California, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, suscribo que esto será un detonante de las condiciones necesarias para generar un crecimiento económico, promoviendo la inversión, la generación de empleo y los mejores precios para la población en el estado de Baja California, dentro del marco de la ley.
Por ende someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de los municipios que conforman el estado de Baja California, para que los ayuntamientos eliminen todo tipo acuerdos, regulaciones, disposiciones y/o determinaciones administrativas que con el pretexto del uso de una facultad local, invaden competencia federal y en mérito de ello, limitan la libre competencia en materia de hidrocarburos dañando con ello a la población que resiente, un elevado costo por la distribución de hidrocarburos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en el ámbito de su competencia inicie las procedimientos de inspección tendientes que establece el procedimiento sancionador en contra de compañías de gas que realicen prácticas monopólicas en el estado, en materia de distribución de Gas LP, y de esa forma se establezcan las sanciones a que haya lugar.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano Leopoldo Vicente Melchi García, en su carácter de titular de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia analice los reportes de venta y transporte de hidrocarburos y sus derivados en el estado de Baja California, con la intención de propiciar la libre competencia entre los entes jurídicos que realizan estas actividades en el estado de Baja California.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al licenciado Carlos Mena Labarthe, en su carácter de titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en el ámbito de su competencia inicie las procedimientos de inspección y vigilancia, ante lo que es una evidente concentración de agentes económicos en el estado de Baja California, lo cual ha propiciado una alza en los precios del Gas LP en el estado y un evidente monopolio absoluto, derivado de las pocas opciones de oferta que existen; por lo que es necesario que dicha autoridad, derivado de sus actuaciones aplique las sanciones pertinentes a los agentes económicos que estén propiciando un acaparamiento de un insumo esencial para vida del baja californiano.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, en su carácter de titular de la Fiscalía General del estado de Baja California, para que en el ámbito de su competencia, se abstenga de realizar las acciones y procedimientos que de acuerdo a la regulación federal de los entes jurídicos que desarrollan actividades de venta y distribución de hidrocarburos y sus derivados en el estado de Baja California, son actuaciones fuera del ámbito de la competencia de la fiscalía del estado, en el entendido que dicha institución carece de facultades para intervenir en el tema de hidrocarburos; por lo que cualquier situación no sustentada, es un acto tendiente a generar barreras económicas, propiciar las prácticas monopólicas, las cuales provocan incertidumbre jurídica y en el peor de los casos se actúa trastocando regulación de índole federal.
Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al licenciado Mario Escobedo Carignan, en su carácter de titular de la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, para que en el ámbito de su competencia se generen los mecanismos para garantizar el derecho a la libre concurrencia, por lo que en el ámbito de su competencia se apeguen al marco legal y se tomen las medidas necesarias para evitar prácticas monopólicas y barreras a la libre concurrencia y competencia.
Notas
1 Artículo 28.
2 https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/el-costo-del-gas-es-mas-alto-en -bc-4627139.html
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a tres de marzo de dos mil veinte.
Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Guardia Nacional y la FGR a llevar a cabo acciones de prevención e investigación y, de ser el caso, proceder conforme a derecho contra quienes han cometido delitos de tráfico ilegal de ejemplares, en especial del jaguar, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena; Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés, diputados sin grupo parlamentario, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tráfico ilegal del jaguar va en aumento en México. Su cabeza y garras son los elementos de mayor valor, junto con sus huesos y pieles así como sus colmillos, que en China destinan a la elaboración de joyería y medicina, entre otros productos.
Se estima que más de 100 mil jaguares habitaban el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina; cuando los españoles llegaron por primera vez y, hasta comienzos del siglo XX, dominaba una gran extensión de las regiones tropicales y subtropicales del continente.
Desde 1950 las poblaciones de jaguares empezaron a decrecer e incluso están en peligro de extinción por distintas causas, entre las que podemos mencionar: la caza legalizada de sus pieles que existía hasta hace algunos años, la pérdida de su hábitat debido a la deforestación de millones de hectáreas de selva para establecer campos de cultivo y ciudades, enfermedades que les transmiten los animales domésticos y por la cacería indiscriminada debido a conflictos ganaderos o para hacerlos trofeo.
El jaguar vive en 18 de los 21 países latinoamericanos y, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), solo quedan 64 mil ejemplares en vida silvestre, de los cuales, el 90 por ciento de ellos habita en la Amazonía.
México es el único país de América que ha realizado un censo del número de jaguares en libertad. La Organización Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que tiene como fin asegurar la supervivencia del jaguar en México, elaboró en 2016 el Segundo Censo Nacional del Jaguar, coordinado a su vez por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Alianza World Wildlife Fund (WWF) con la Fundación Telmex Telcel.
La información generada por el Censo permitió localizar áreas críticas para el jaguar y regionalizar acciones encaminadas a la conservación de la especie, fue crucial para la toma de decisiones, que permitieran compaginar la conservación de la especie con las necesidades actuales de desarrollo del país.
Con base en sus resultados, es posible estimar que en México existen aproximadamente 4 mil 800 ejemplares de jaguar en México, lo que representa un aumento de 20 por ciento en comparación con el primer censo elaborado en 2010.
El Censo permitió conocer las regiones prioritarias para la conservación de la especie, que son las siguientes cinco:
1. El Edén, Quintana Roo
2. Laguna Om, Quintana Roo
3. Sahuaripa, Sonora
4. Meseta de Cacaxtla, Sinaloa
5. Montes Azules, Chiapas
El crecimiento de la especie se ha dado gracias a que México es líder en temas de conservación del jaguar y es de los pocos países que tiene una estrategia completa y bien articulada que propone acciones puntuales de conservación, lo que incluye a los diferentes actores involucrados en la conservación de dicha especie.
A pesar de estos exitosos esfuerzos, el animal aún se encuentra en la categoría de peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
El 3 de febrero de este año, fuimos sorprendidos con una nota publicada por diversos medios de comunicación. En dicha nota, se hace mención a que, integrantes de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, a finales de 2019, encontraron el cadáver de un ejemplar sin pene en la selva Lacandona de Chiapas.
Ya no solo se utilizan los dientes de jaguar para hacer joyas, o sus huesos en la medicina china, o sus pieles para hacer ropa o alfombras; además, sus genitales son utilizados para consumo por una cuestión afrodisíaca.
En particular, en este caso de este ejemplar, fue hallado con su piel, garras y colmillos intactos, es decir, las partes que se comercializan en nuestro país. El modelo de negocio de los traficantes está cambiando. Y esto se entiende a razón que el pene de jaguar en el mercado negro de China tiene un costo de 10 mil dólares, mientras que un colmillo de este depredador en México puede valer 3 mil pesos, según lo menciona la organización.
Según la ONU, el tráfico de especies es el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo y el mercado negro es la mayor amenaza que enfrentan los jaguares en México y en otras partes de América Latina.
El gobierno federal lleva a cabo distintas acciones a través de sus dependencias. Tal es el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de la inspección de la vida silvestre en el país, que del 2013 al 2016 aseguró un total de 68 jaguares en diferentes Unidades de Manejo Ambiental, Predios Intensivos de Manejo de la Vida Silvestre, zoológicos e individuos.
Como parte de los mecanismos para la protección de los jaguares en México, la Profepa ha implementado un total de 125 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), específicamente para la protección del jaguar y su hábitat.
A través de los Comités, se fomenta el cuidado y la protección de los recursos naturales, brindándoles capacitación para realizar las acciones necesarias para sensibilizar y orientar a la población en relación con la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, y para que ejerzan su derecho a formular y promover la denuncia ambiental.
De igual forma, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene establecidos comités de vigilancia comunitaria, conformados, capacitados en vigilancia y monitoreo en función del marco legal ambiental de atención y prevención de conflictos por depredación de ganado por parte de los jaguares.
A su vez, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) apoya a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de áreas refugio del jaguar para la protección de ésta y otras especies amenazadas.
La Guardia Nacional se está sumando a los esfuerzos de fortalecer la protección y conservación ambiental en México. Ante los crecientes riesgos y amenazas que se presentan en el medio ambiente y que repercuten en el patrimonio natural se han realizado diversas acciones coordinadas entre la Semarnat y la Guardia Nacional, a partir de la creación de alianzas de colaboración que buscan prevenir los delitos y faltas administrativas que determina la legislación en materia de protección al medio ambiente.
Además de estas acciones es necesario ir más allá de la prevención y la protección. Se deben investigar a fondo estos delitos y ejercer las penas marcadas en el Código Penal Federal, que son de hasta nueve años de prisión y una multa económica.
Por esta razón, es fundamental la participación de la Guardia Nacional en las tareas de salvaguardar los bienes y recursos de la nación, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como realizar investigación para la prevención de los delitos.
Y más importante aún es la participación de la Fiscalía General de la República al tener como funciones principales la de investigar y perseguir los delitos y ejercer la acción penal.
En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Guardia Nacional a que, con base en sus respectivas atribuciones, colabore con las entidades del gobierno federal correspondientes a fin de llevar a cabo las acciones de prevención del delito de tráfico de especies, en especial del jaguar.
Segundo. Se exhorta a la Fiscalía General de la República a que investigue y, de ser el caso, proceda conforme a derecho en contra de quienes han cometido los delitos de tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestres, en especial del jaguar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), y Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la SSP de Puebla a difundir las medidas y estrategias que se implantan para reducir la violencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de los altos índices de violencia y de inseguridad en la comunidad poblana en contra de mujeres, hombres, niños y niñas, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nueve de cada 10 personas que habitan en la ciudad consideran que vivir en el Estado de Puebla es inseguro.
En el mes de diciembre de 2019 Estado de Puebla se ubicó como el primer lugar nacional con el mayor índice de percepción de inseguridad, al registrar 92.7 por ciento al cierre de diciembre. Y en el presente mes, febrero de 2020, el Estado de Puebla se ha colocado como el primer lugar nacional en inseguridad.
Como resultado de todo lo anterior y ante la falta de una estrategia por parte del gobierno que combata la inseguridad y los altos índices de violencia, el pasado lunes veinticuatro de febrero fueron asesinados en el municipio de Huejotzingo, Puebla, cuatro personas, dos de las víctimas eran estudiantes de medicina de origen colombiano y respondían al nombre de Ximena Quijano Hernández, de 25 años de edad, y José Antonio Parada Cerpa, de 22 años, quienes estaban en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla como parte de un programa de intercambio.
El tercer estudiante Francisco Javier Tirado, de 22 años, era originario de estado de Veracruz y cursaba medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El cuarto fallecido es Josué Emanuel N., de 28 años, originario de Puebla y conductor de un vehículo que prestaba servicio de transporte Uber.
Debido a este suceso que estremeció a toda la entidad, el veinte seis de febrero la ciudad de Puebla se paralizó producto del hartazgo que se vive por la violencia y la inseguridad en todo el estado, la comunidad estudiantil Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entró en un paro indefinido, todas sus facultades y preparatorias unieron en un reclamo generalizado en contra de la inseguridad y la búsqueda de justicia.
En Puebla fallecen por actos de violencia las personas que no tienen ninguna relación con el crimen y la delincuencia que aquellos que la ejecutan. Puebla ya no es una entidad segura para vivir. Existe una demanda social por parte de los grupos vulnerables, se está atacando a las mujeres, niños y hoy se ataca a los estudiantes, a los jóvenes, quienes exigieron a las autoridades y, en específico a la Fiscalía del Estado, una investigación exhaustiva, imparcial y sin contratiempos, no sólo para este caso, sino para todas las denuncias que se han presentado ya que no existe certeza en las investigaciones, por lo que al caer en contradicciones la impartición de justicia se transforma en incertidumbre..
El tema de la inseguridad va de la mano con la corrupción. Uno de los requisitos para funcionar como transporte privado de Uber es tener asegurado el vehículo, no obstante, en el boletín 89 de la Fiscalía de Puebla, se menciona que el Uber que abordaron los estudiantes no estaba asegurado y de manera posterior en el boletín 90 se retractan. Esto significa que la información oficial carece de veracidad, y si existen contradicciones respecto a la información que el Estado proporciona esto se traduce en la pérdida de credibilidad hacia las autoridades. Hecho que demuestra que la inseguridad está rebasando al gobierno de Puebla, y se debe maquillar la información, por lo que el resultado es la incertidumbre entre la ciudadanía y, en consecuencia, el aumento de la inseguridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputadas y diputados integrantes del GPPRD, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad haga de conocimiento público las medidas y estrategias que se están implementando para reducir los índices de violencia que se han incrementado en el Estado de Puebla.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del estado a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y sin contratiempos, pero no sólo para este caso que es muy lamentable, sino para todas las denuncias que se han presentado y no existe certeza ni legalidad en las investigaciones, a efecto de no caer en contradicciones institucionales que generen desconfianza hacia las instituciones entre la ciudadanía de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2020.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla (rúbrica), María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la FGJ de Guerrero a atender los feminicidios e implantar un protocolo integral hacia las mujeres violentadas, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
María del Rosario Merlín García, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de este Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Los feminicidios en el estado de Guerrero y las formas inadecuadas en como la Fiscalía General del Estado ha dado respuesta, son un signo más de cómo se impide dar solución ante los crecientes casos de feminicidios.
Sólo en lo que va de este año 2020, se han cometido 18 feminicidios en el Estado Guerrero, se han reportado cuatro feminicidios en Acapulco, dos en Chilpancingo y dos más en Cocula, 2 en Coyuca de Benítez, 2 en Huitzuco, en Alpoyeca, Atlixtac, Cochoapa, Cuajinicuilapa, Taxco y la Unión.
Segunda. El gran problema se manifiesta en los Ministerios Públicos, los cuales ocultan los feminicidios, para hacer creer que en el Estado no pasa nada con la violencia en contra de las mujeres. A pesar de que estos han llevado talleres, cursos de capacitación de violencia de género para ministerios públicos y jueces, lo que para ellos no ha sido suficientes, por el contrario, esta capacitación no les ha servido de nada porque no tienen ni la voluntad ni la responsabilidad para darle un verdadero encauzamiento ante una denuncia por feminicidio.
Es lamentable como los ministerios públicos no acompañan, no apoyan a las víctimas, por el contrario, por tener esa actitud, encauzan o llevan a que la víctima regrese con el agresor. Al no abrir una carpeta de investigación lo único que promueven es que no quede registrada la violencia hacia las mujeres guerrerenses, aunque en la realidad cada día estas se van incrementando.
Desgraciadamente se cae en la simulación de supuestamente atender a las víctimas por feminicidios y esto conlleva a que no se tomen medidas urgentes de protección integral hacia las mujeres. Asimismo, queda en entredicho la procuración de justicia y queda en entredicho la actitud de la Fiscalía General del Estado que hace caso omiso ante la agresión cotidiana hacia las mujeres lo que termina en feminicidios.
Tercera. Es importante señalar que Guerrero tienen declarada la alerta por violencia de género desde hace dos años, por lo que el gobierno estatal tiene que realizar acciones urgentes que protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres. No podemos dejar que la violencia hacia las mujeres se siga extendiendo en nuestro estado, no podemos dejar que el asesinato hacia las mujeres se nos haga costumbre y no podemos dejar que se fomente la impunidad y la violencia feminicida.
Es importante que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia y en caso de los feminicidios estos deben de ser judicializados.
Cuarta. las activistas defensoras de las mujeres y de los derechos humanos le digo que desde este recinto federal vamos a estar pendiente de los casos de feminicidios en nuestro estado. Vamos a caminar conjuntamente con ustedes para que de manera colectiva defendamos los derechos de las mujeres y detengamos la violencia en contra de ellas. Trabajemos juntas para detener el feminicidio en Guerrero.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero y a la Fiscalía General de Justicia de la entidad para que, ante los innumerables casos de feminicidio y de violencia de género, de conformidad con lo que establece la legislación aplicable, se ponga en marcha un protocolo integral que considere, entre otras acciones importantes, la apertura de carpetas de investigación, el acompañamiento, medidas de protección o, en su caso, refugio para mujeres violentadas.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública por diversas secretarías de Estado sobre el efecto presupuestario para las industrias turística, hotelera, restaurantera y transportista por la eliminación de los fines de semana largos, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputado Adolfo Torres Ramírez, y las y los diputados pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de las Secretarías de Turismo, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, informen a la opinión publica el impacto presupuestal que tendría la eliminación de los fines de semanas largos llamados puentes, para la industria del turismo, hotelera, restaurantera y transportistas del país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El turismo en México es más que una actividad económica, es una industria multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas y sectores productivos, con una amplia capacidad integradora, favorece la movilidad laboral y social, es una de las principales fuentes generadoras de divisas y constante detonador de empleos, lo que lo hace un sector con muchas posibilidades de crecimiento.
“Los lugares turísticos son uno de los espacios donde las familias descansan y conviven. La familia ha sido y seguirá siendo la base más importante de nuestra estructura social. México se ha caracterizado, a diferencia de la mayoría de los países con los que nos hemos asociado comercialmente, por la solidez de los lazos de unión familiar. En el cual los días de descanso, ya sean semanales u obligatorios, constituyen una fuente de convivencia del núcleo familiar”.1
El turismo es una actividad que se ve beneficiada durante los días de descanso semanal, puentes u obligatorios como las vacaciones de los trabajadores. Para la generalidad de los trabajadores de nuestro país los días de descanso semanal son sumamente breves; por ello, el disfrute de los días de descanso obligatorio es visto como una manera de recuperar las fuerzas pérdidas y de convivir con su familia, además de celebrar fechas importantes para el país o los propios trabajadores.
Uno de los derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo es el de los descansos obligatorios. La razón de ser de estos descansos obligatorios difiere de la del descanso semanal, que se justifica por el hecho que el trabajador necesita, por lo menos, de un día completo a la semana para romper con la tensión a que está sujeto en virtud del trabajo; su finalidad es que el trabajador recupere las energías perdidas por la misma causa. El descanso obligatorio está orientado a que los trabajadores puedan celebrar, o conmemorar, ciertos Hechos Históricos relevantes para el país o para los mismos trabajadores. Es obligatorio porque tal carácter le otorga la misma ley.
La realidad nos ha demostrado que el tiempo que tiene un trabajador para convivir con su núcleo familiar es realmente limitado. La Ley Federal del Trabajo establece que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, es decir, es solamente un día a la semana aquél en que tiene efectivamente el trabajador para convivir con su familia, y realizar diversas actividades sociales, culturales, deportivas o de cualquier especie.
Otro derecho de vital importancia para la clase trabajadora es el de las vacaciones, cuyo objeto es, como el descanso semanal que en un periodo más o menos largo, el trabajador se olvide de su trabajo y recupere las energías pérdidas. Sin embargo, este derecho también es insuficiente.
En virtud de que son pocos los descansos a que tienen derecho los trabajadores, regidos por la Ley Federal del Trabajo, resulta lógico, que éstos anhelen que los mismos coincidan con otros días de descanso, tomando en ocasiones un día laborable intermedio, entre el descanso semanal y el día de descanso obligatorio, a lo que se ha denominado “puentes”; interrumpiendo las actividades normales del centro de trabajo, en perjuicio de las labores normales de la empresa o establecimiento.
Las razones para hacer la última reforma que sufrió la ley laboral para crear lo que se denomina fines de semana largo, fueron acumular tres días seguidos de asueto (sábado, domingo y tomar el lunes o viernes) para la convivencia de la familia del mayor número de sus integrantes, fomentar el turismo como una importante fuente productiva en el país, eliminar los “puentes” para evitar el ausentismo laboral, y dar certeza a las fábricas y a las industrias de extracción y transformación, acerca de que sus máquinas y demás equipo de trabajo funcionarán ininterrumpidamente.
De tal suerte que otros países también tienen su fin de semana largo como Argentina, (donde lo denominan feriado puente), Chile, donde lo llaman “sandwich”, Estados Unidos, con su Acción de Gracias y Black Friday (viernes negro), España, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, y otros.
Por lo antes expuesto, es evidente que la nueva medida anunciada por el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, de eliminar los fines de semanas largos mejor conocido como “puentes”, terminando el actual ciclo escolar, promoverá reformas para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día que se conmemore las fechas históricas, así lo manifestó en el marco del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Es decir, que eliminara puentes que se verían afectados por la decisión del Presidente las conmemoraciones de los días 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana; 21 de marzo , día en que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez , y el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana .
Su argumentó es, que muchos estudiantes desconocen fechas importantes para la historia del país por culpa de los puentes según la teoría del presidente Andares Manuel López Obrador.
Es muy lamentable que el propio Presidente tome ese argumentó sin conocer primero el origen de porque se realizan los puentes, sin ninguna prueba que los niños desconozcan su Historia, no se realizó en cuenta a la ciudadanía si está de acuerdo y al sector turístico y que lo realice a mano alzada esa decisión de eliminar los puentes manifestando su autoritarismo total.
Coincido con el presidente en que se ha dejado en el olvido estas fechas cívicas e históricas, pero no es por culpa de los alumnos ni mucho menos de los puentes, sino que es por razones de deficiencia y falta de interés de la estrategia educativa del gobierno federal y del desinterés de la propia Secretaria de Educción Publica en fomentar el amor por la patria, símbolos patrios y las fechas historia.
Para muchas familias, los ‘fines de semana largos’ son la única oportunidad de vacacionar ya que para estas personas por su condición laboral no coinciden con las vacaciones escolares en donde pueden vacacionar con sus familias y aprovechan los puentes para realizarlo.
Sin los puentes, cientos de sitios turísticos no tendrán actividad ni empleo. El eliminar puentes generar, ausentismo tanto académico como laboral asimismo genera estrés y afectaciones a la salud mental.
Es imperante, los fines de semana largos generan gran riqueza y oportunidades de trabajo directa e indirectamente ya sea temporal o permanente para muchas personas que viven del turismo, y porque no decirlo la venta de peaje en las carreteras mexicanas el transporte turístico como transporte local, el sector restaurantero, lo que esta medida va a provocar en los hechos es que tengamos más declive económico, desempleo directo e indirecto y esto generaría un espaldarazo más al sector turístico que ha afectado seriamente el gobierno actual.
Es de conocimiento de todos, las diferentes manifestaciones y expresiones vertidas en este tema; hasta los mismos del partido político Morena está en desacuerdo.
Quiero mencionar algunas opiniones en desacuerdo con la propuesta del presidente de la eliminación de los puentes la “Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) , envió una carta al secretario de Turismo, Miguel Torruco en el que manifestaba el “rechazan de manera categórica la propuesta, en dicho documento, el líder de los hoteleros menciona que los fines de semana largos representan un ingreso importante para los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y empresas de transporte.
Asimismo, solicito frenar esta modificación, a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad actualmente representa casi el 9 por ciento del PIB y genera 3.8 millones de empleos”.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles (AMHM) aseguró que la cancelación de estos asuetos, afectarán el desempeño de la industria. “Los hoteleros, a nivel nacional, hacen un atento llamado a Usted para que esta propuesta no prospere y se evite un golpe al turismo en México” ya que es un grave error contra la actividad turística nacional.
Asimismo, la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) externó su preocupación sobre las expresiones que realizo y la posible iniciativa de ley que quiere mandar y mediante un comunicado oficial, expresa que el turismo es una actividad sensible a los cambios y ajustes que impliquen perder competitividad y limitar las opciones de viaje en el país. Resalto que “Los fines de semana largo contribuyen a fomentar el turismo, principalmente de los mexicanos que constituyen el 83 por ciento de la derrama económica del sector”, detalla el documento.
De tal suerte que, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) indicó que los puentes contribuyen a una mayor derrama económica en el turismo y evitan los asuetos en días inhábiles.
Por lo anterior y tomando en cuenta las diferentes manifestaciones de los distintos sectores que están involucrados en el turismo mexicano, se tiene que sopesar la derrama que generan estos puentes”.2
Quiero destacar las estimaciones de la propia Secretaría de Turismo, que menciono durante el “Día de la Constitución Mexicana se generó una derrama económica de más 4 mil millones de pesos; el 21 de marzo de 2019, día en el que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez , 4 mil 722 millones de pesos, mientras que el 20 de noviembre 2019, Día de la Revolución Mexicana, 4 mil 904 millones de pesos”.3
Es por lo antes mencionado que le solicitamos frenar esta modificación que plantea el Ejecutivo Federal, a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad actualmente representa casi el 9 por ciento del PIB y genera 3.8 millones de empleos.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de las Secretarías de Turismo, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, informen a la opinión publica el impacto presupuestal que tendría la eliminación de los fines de semana largos llamados puentes, para la industria del turismo, hotelera, restaurantera y transportista del País
Segundo. Implementar un plan estratégico nacional por parte de la Secretaría de Educción Pública para conmemorar de fechas importantes para la historia del país en los diferentes niveles de educación en los planteles públicos y privados del país.
Tercero. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implemente un convenio de colaboración con el sector privado y público para promover la conmemoración de fechas importantes para la historia del país en los centros laborales.
Cuarto. Que las Secretaría de Turismo, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, incentiven las zonas turísticas con programas de estrategia de marketing y actividades relacionados con la historia del país.
Notas
1 https://www.gob.mx/sectur/documentos/informes-de-logros-2014-sectur
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hoteleros-rechazan-eliminacion -de-puentes-como-propone-amlo
3 https://www.gob.mx/sectur/prensa/el-turismo-internacional-generara-26-m il-700-millones-de-dolares-este-ano
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a establecer el marco institucional de relaciones entre el Insabi y el Programa IMSS-Bienestar para garantizar a la población el acceso universal a los servicios de salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1
En este sentido, desde el inicio de la actual administración, el Gobierno federal se comprometió a realizar las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los mexicanos puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.2
El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud”,3 que crea el Instituto de Salud para el Bienestar, denominado Insabi, el cual sustituye al Seguro Popular.
El Insabi comenzó con sus funciones a partir del primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud. Fue creado con el objeto de brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social.4
El instituto tiene entre sus prioridades el garantizar el abasto de medicamentos y el equipamiento necesario para asistir a los beneficiarios en todos los niveles de atención a la salud.
Este organismo pretende atender a 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.5 Sin embargo, es un proceso de transición que ha causado grandes afectaciones a miles de beneficiarios que se han quedado sin medicamentos o que no saben cómo funciona.
Con la reforma mencionada se sustituye el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar, y los recursos del Fondo se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, a las necesidades de infraestructura de los estados con mayor marginación social, y servirán para complementar los recursos para el abasto de medicamentos, insumos y exámenes clínicos.
Para este año 2020 el Insabi contará con un financiamiento de 112 mil 538.3 millones de pesos, ya que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (con los que se atendía el Seguro Popular) serán transferidos a este nuevo organismo.6
A dicha cantidad se le sumaron 40,000 millones de pesos más que provendrán del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, con lo que el Insabi tendrá un presupuesto 58% mayor a lo que se destinó al Seguro Popular el año pasado.7
La Secretaría de Salud también ha informado que las personas sin seguridad social que recibirán atención gratuita a través del Insabi en centros de salud, también lo podrán hacer a través de unidades médicas de IMSS-Bienestar, unidades de especialidades médicas y en los hospitales rurales, comunitarios y generales.8
En este entendido, el Programa IMSS-Bienestar opera en 19 entidades de la República, otorgando servicios médicos a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.9
El Programa IMSS-Bienestar proporciona en sus unidades médicas servicios de primer y segundo nivel de atención. Éste último a través de 80 unidades hospitalarias donde se atienden las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología.
Los servicios de salud y las acciones de vigilancia epidemiológica que se proporcionan se realizan a través de 3,622 unidades médicas rurales, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 45 centros de atención rural obstétrica y 80 hospitales rurales, de esta manera tienen carácter ambulatorio y hospitalario y se otorgan con eficiencia, calidad y calidez a la población.
Con la entrada en funciones el Insabi, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de lineamientos para orientar a los ciudadanos sobre el funcionamiento de este nuevo Instituto y señaló que el sistema del IMSS ordinario seguirá atendiendo únicamente a sus beneficiarios.10
Sin embargo, destaca que los usuarios del Insabi que acudan al IMSS tendrán que hacerlo a ciertas unidades determinadas para recibir atención médica, de forma que se le indicará a la población que lo requiera sobre cuáles son las unidades de IMSS-Bienestar en las que pueden recibir atención.
Es importante destacar que Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León se quedaron sin un convenio de salud federal debido a que no aceptaron adherirse al Insabi y a que en esas entidades no opera el IMSS-Bienestar, por lo que corresponderá garantizar su atención médica y medicamentos gratuitos. Las entidades que no se adhirieron, pero sí cuentan con IMSS-Bienestar son Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.11
La situación del sector salud en el país se ha complicado en los últimos meses, específicamente por la falta de medicamentos para pacientes con VIH, así como para niños y mujeres que tienen algún tipo de cáncer.
Tan solo en las últimas semanas, un numeroso grupo de personas se manifestaron denunciando que el IMSS ha sido omiso en las atenciones, seguimiento y acceso a tratamiento antirretroviral de las personas que viven con VIH, situación que violenta sus derechos humanos.12
Asimismo, familiares de niños con cáncer y pacientes con VIH del IMSS han denunciado el desabasto de medicamentos, en tanto que la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) ya no recibiría dinero público para su financiamiento, acordando dar continuidad a los casos que ya estaban en tratamiento en esa fundación.
A finales del mes de enero, el IMSS anunció el concretar la firma del convenio del IMSS-Bienestar con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a fin de transferir recursos etiquetados de compras para hospitales.13
En este sentido, es fundamental dar certidumbre financiera al Programa IMSS-Bienestar, con la finalidad de seguir otorgando los servicios de salud a toda la población dentro del territorio nacional y evitar que se agudice la actual crisis de salud por la que atraviesa el país.
También, resulta necesario que la Secretaría de Salud establezca los mecanismos y lineamientos para la asignación y transferencia de recursos financieros por parte del Insabi al Programa IMSS-Bienestar por la prestación de servicios médicos a la población sin seguridad social en el ámbito de su competencia.
Por último, es indispensable adecuar el marco normativo al recién creado Insabi, por lo que es imperativo reformar el actual artículo transitorio que todavía se refiere al Seguro Popular en la Ley General de Salud.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca el marco institucional de relaciones entre el Instituto Nacional del Bienestar y el Programa IMSS-Bienestar, con el objeto garantizar el acceso universal a los servicios de salud de la población.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response
2 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE -DESARROLLO-2019-2024.pdf
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/2 019
4 https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienesta r-230778
5 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/16/
quienes-pueden-acceder-al-insabi-que-requisitos-piden-niveles-de-atencion
6 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/01/04/
en-su-primer-ano-el-presupuesto-del-insabi-sera-de-112-mil-538-mdp-2305.html
7 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Para-objetivos-del-Insabi-necesarios-792620-millones-de-pesos-CIEP-20200112-0077.html
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/01/04/
en-su-primer-ano-el-presupuesto-del-insabi-sera-de-112-mil-538-mdp-2305.html
9 http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar
10 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imss-bienestar-en-algunos-centros
11 https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/02/04/cinco-estados-se-q uedan-sin-insabi-ni-imss-bienestar-reporta-salud
12 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/21/pacientes-con-vih-prote stan-contra-el-desabasto-de-medicamentos-en-el-imss
13 https://www.milenio.com/politica/imss-insabi-firmaran-convenio-transfer encia-recursos
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el IMSS, el ISSSTE y el Insabi a intensificar acciones preventivas en los hospitales para proteger del Covid-19 a adultos mayores y con cardiopatías, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus Covid-19.
Este nuevo virus llamado Covid-19, es una enfermedad infecciosa ocasionada por el coronavirus, conocido en Wuhan, China en diciembre del 2019, que tuvo un crecimiento rápido y alarmante.
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la Covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.
Se debe tener especial atención en las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.
El Covid-19 se contrae por contacto de saliva de una persona que está infectada con el virus y otra que se mantiene cercana, derivado de las gotículas procedentes de boca o nariz que salen despedidas cuando una persona exhala o tose y después la persona sana se toca los ojos, nariz o boca. Aún no se tiene conocimiento de que el Covid-19 se propague por el aire, hasta estos momentos queda demostrado que el contagio es de persona a persona por gotículas de saliva.
No está demostrado que exista contagio por heces, pero es necesario lavarse las manos constantemente para evitar llevar virus si se tuvo contacto con personas que tosieron o tienen síntomas leves de infección respiratoria.
Las medidas de protección incluyen:
• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
• Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.
• Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la Covid-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la Covid-19.
• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros.
Se continúa estudiando el comportamiento del Covid-2019 y sobre cómo afecta a los humanos, pero los decesos indican que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.
Debemos estar tranquilos, a diferencia de lo ocurrido con el síndrome respiratorio agudo grave que es una forma grave de neumonía, y ocurrió en 2003 en China siendo potencialmente mortal, cobrando muchas víctimas; en el actual caso, los coronavirus son de fácil transmisión, pero no son mortales.
Es importante recordar que la Covid-19 está causada por un virus y los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. El periodo de incubación del Covid-19, es de 1 a 14 días.
Si no se tienen síntomas y no se siente enfermo, no hay razón para uso de mascarilla, pero su uso, si es necesario para los trabajadores de la salud; lo más importante es el uso racional de las mascarillas médicas, evitando la erogación de recursos económicos.
En nuestro país el número de casos positivos se mantiene en cinco, pero ya hay indicios de que seis personas más pueden portar el Covid-19, informó el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud informó que los casos se ubican en Coahuila, Sinaloa, Chiapas y dos en la Ciudad de México; y en el Estado de México se detectó uno más, pero está “asintomático”.
Explicó que los cinco ciudadanos que dieron positivo han presentado síntomas leves, pero que se les mantiene en aislamiento.
Por su parte, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, informó que, ya que llegó el virus a México, ahora lo que se persigue es que no se propague, por lo que además de aislar a quienes dieron positivo, se ha estado identificando a las personas con las que tuvieron cercanía.
Puso como ejemplo, la joven de 20 años que el sábado fue identificada por el gobierno de Coahuila como portadora de coronavirus, quien informó que el viaje al norte de Italia lo compartió con una compañera de 18 años, que este domingo fue diagnosticada por el gobierno de Chiapas con Covid-19.
El subsecretario comentó que las cinco personas que hasta ahora se reportan con coronavirus han demostrado disposición para estar aislados a fin de evitar que se propague la cepa identificada en la ciudad asiática de Wuhuan.
“Lo que se busca es que circule el virus, detectando casos, atendiendo a personas que estén en riesgo de contagiarse”, comentó el funcionario.2
Por lo anteriormente expuesto y en atención que existe un grupo identificado en riesgo de contagio, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto de Salud para el Bienestar, para que coordinadamente intensifiquen acciones preventivas en los hospitales, con el fin de proteger a los adultos mayores y personas con padecimientos cardiacos del contagio del Covid-19.
Notas
1 Tomado de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi ce-for-public/q-a-coronaviruses el 2 de marzo del 2020.
2 Tomado de https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/01/salud-confirma-5-casos- de-coronavirus-en-mexico-y-sube-los-sospechosos-a-11 el 2 de marzo del 2020.
Palacio Legislativo, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a establecer convenios con las aerolíneas mexicanas a fin de otorgar a estudiantes del país descuento de 50 por ciento durante periodos vacacionales, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca convenios con las aerolíneas mexicanas a fin de otorgar el 50 por ciento de descuento a estudiantes mexicanos en sus viajes durante periodos vacacionales , al tenor de los siguientes:
Considerandos
Desde hace algunos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) estableció convenios que le permiten emitir una circular cada período vacacional para anunciar el descuento que reciben los estudiantes para que puedan viajar en las líneas de autobuses. Este beneficio permite a estudiantes que radican en un municipio o entidad federativa distinta a su residencia familiar para poder regresar a sus hogares o bien, aprovechar los periodos vacacionales para viajar a distintas partes de la República Mexicana, lo cual aporta experiencias valiosas para su desarrollo personal y académico y, además, impulsa el turismo.
Es por ello que la SCT, atendiendo a sus atribuciones para establecer las bases de regulación tarifaria en los diferentes medios de transporte, emite cada año una circular mediante la cual se establecen descuentos del 25 y 50 por ciento que deberán otorgar los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y autotransporte federal de pasajeros, a docentes y estudiantes respectivamente, para que utilicen sus servicios en los periodos vacacionales aprobados por la Secretaría de Educación Pública.1
Es importante señalar que este convenio beneficia a más de 25 millones de estudiantes de educación básica, así como a los aproximadamente 1.2 millones de profesores del mismo nivel educativo;2 en el nivel medio superior se contemplan 5 y medio millones de estudiantes y 117 mil 55 maestros;3 mientras en el superior, el acuerdo de la SCT con la línea de autobuses permitiría beneficiar a los 4 millones 985 mil 80 alumnos.4
Asimismo, esta medida no solo beneficia a alumnos y docentes sino también al ramo turístico, ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, este ramo económico aporta cerca de 8.7 de cada 100 pesos producidos en la economía nacional, además de que genera 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan el 5.9 por ciento del total nacional.5
Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indica que el transporte de pasajeros contribuye con un 19.5 por ciento al producto interno bruto turístico, por lo que fomentar el uso de transporte aéreo entre estudiantes también beneficia a las aerolíneas ya que puede aumentar el flujo de pasajeros en el período vacacional.6
Otro dato importante es que, de acuerdo con el Inegi, de cada 100 pesos que se consumen al interior del país por la actividad turística, 82.5 pesos corresponden a los visitantes nacionales y los restantes 17.5 pesos a los visitantes del exterior, por lo que es de vital importancia promover la actividad turística en la población estudiantil.7
Por estas razones, se considera necesario que se establezca el mismo acuerdo que se ha mantenido con transportes terrestres con las aerolíneas mexicanas para así, ofrecer más opciones a los estudiantes que necesitan trasladarse a distintos puntos de nuestro país.
El propósito del presente exhorto es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda establecer un convenio con las aerolíneas mexicanas a fin de que se otorgue un 50 por ciento de descuento a los estudiantes para que utilicen los servicios aéreos durante los periodos vacacionales, beneficio que nunca ha existido y que los tiempos actuales lo ameritan.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca convenios con las aerolíneas mexicanas a fin de otorgar el 50 por ciento de descuento a estudiantes mexicanos en sus viajes durante periodos vacacionales.
Notas
1 La última versión de dicha circular fue emitida en diciembre de 2019 para el período de vacaciones decembrinas que comprendió del 21 de diciembre de 2019 al 6 de enero 2020, disponible en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con número de registro 347-2019 o bien en
https://www.gob.mx/sct/prensa/descuentos-a-estudiantes-y -maestros-en-autotransporte-y-ferrocarril-durante-vacaciones-de-inviern o?idiom=es, consultada en febrero 2020.
2 Periódico Milenio, “Regresan a clases este lunes 25.4 millones de estudiantes“, disponible en
https://www.milenio.com/politica/comunidad/regreso-clase s-25-4-millones-estudiantes, consultado en febrero 2020.
3 Periódico Excélsior, “Crece matrícula en nivel medio superior” disponible en
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/28/1210410 , consultado en febrero 2020.
4 Periódico Excélsior, “México social: educación superior, la desigualdad” disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/1180263, consultado en febrero 2020.
5 Instituto Nacional Geografía y Estadística (Inegi), “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo”, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/turism o2019_Nal.pdf, consultado en febrero 2020.
6 Ibídem
7 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2020.
Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a implantar por sus dependencias de salud medidas de difusión para prevenir contingencias o crisis epidemiológicas por el coronavirus, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la sesión plenaria del martes 13 de febrero del presente año se aprobó un acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Desde luego, como integrante de la Jucopo, estuve de acuerdo en el contenido del acuerdo propuesto y aprobado que establece, a la letra, lo siguiente
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa en el ámbito de sus competencias, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, con el fin de detectar de manera oportuna casos de coronavirus Covid-19 y evitar el contagio y su propagación, y en su caso, realice los trámites correspondientes para asignar recursos necesarios y suficientes para ese fortalecimiento.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa en el ámbito de sus competencias, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a hacer públicos los protocolos de actuación que han implementado para detectar los casos del virus denominado coronavirus Covid-19 y a emitir información clara y oportuna de los síntomas y posibles formas de contagio para mantener informada a la población.
Tercero. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Este acuerdo, por loable que sea, resulta de un limitado alcance en atención al reto que el mundo enfrenta y que, según expertos, podríamos enfrentar en días o semanas siguientes. Esto es así, por que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico (Sinave) es una plataforma que concentra la información de los Sistemas y programas de Vigilancia Epidemiológica, como el de Influenza y Cólera, y es alimentado por la información que proviene de todos los estados.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica,1 el Sinave cumple la siguiente función:
En nuestro país, a través del Sinave se realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes.
El análisis e interpretación de esta información permite establecer las bases y facilitar su difusión para la toma de decisiones.
Los procedimientos específicos para la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorio se encuentran descritos en los manuales para la vigilancia epidemiológica vigentes.
Los mecanismos de organización y funcionamiento del Sinave, así como las acciones de capacitación e investigación de vigilancia epidemiológica que se describen en esta Norma sirven de base para establecer las políticas y programas de salud pública.
Sin embargo, podemos advertir que el Sinave no se constituye en difusor de información, con excepción de su boletín semanal ni en capacitador para las entidades federativas ni en replicador frente a la ciudadanía, pues su alcance es limitado. Por ello, es necesario involucrar a las Dependencias y Entidades en materia de salud, a lo largo de toda la República mexicana, por su alcance y cercanía con la gente.
Por otra parte, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sinave, correspondiente a la semana 5 del 2020 (26 de enero – 1 de febrero), el coronavirus (2019-nCoV) fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra este nuevo virus.
Hasta el día 30 de enero, el Sinave reportaba que los países con transmisión activa y su alcance de contagio eran de la siguiente manera:
• China ha reportado 7 818 casos confirmados y 170 defunciones. Hubei concentra 4 586 casos y 162 defunciones. Estos incluyen los casos confirmados en Hong Kong (10), Macao (7) y Taipéi, Taiwán (8).
Por su parte, existía ya un cúmulo de países con casos confirmados importados:
• Tailandia (14)
• República de Corea (4)
• Japón (11)
• Malasia (7)
• Singapur (10)
• Vietnam (2)
• Nepal (1) • Sri Lanka (1)
• Camboya (1)
• Francia (5)
• Alemania (4)
• Estados Unidos de América (5)
• Canadá (3)
• Australia (7)
• Emiratos Árabes Unidos (4)
• Filipinas (1)
• India (1) y
• Finlandia (1)
Sin embargo, los contagios han crecido de forma pronunciada, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional de Sanidad de China que los ubica en un total de 1,369 fallecidos, mientras que el número de contagios probados se sitúa en 60 mil.2
El miércoles 26 de febrero se verificó el primer caso de una persona infectada en Brasil. Se trata de un adulto de 61 de años que había viajado recientemente al norte de Italia.
Para el 28 de febrero se reportó que el brote ya había llegado a más de 78,598 casos confirmados en China, y se había extendido a más de 40 países con más de 3,500 casos reportados.
En total, se habrían reportado para finales de mes, un total de 2,746 muertes alrededor del mundo.
El mismo día 28 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell informaron sobre el primer caso confirmado de Covid-19, en un joven de 35 años que recientemente habría regresado a la Ciudad de México, de un viaje a Italia, tal como en el caso reportado en Brasil. Sin embargo, también se comentó sobre otro posible caso en Sinaloa que se encontraba sujeto a la segunda prueba.
Ahora bien, el boletín antes referido, señalaba que este virus cuenta con un nivel de riesgo 3-alto, por lo que se sugiere evitar todos los viajes no esenciales a la provincia de Hubei, China, considerando que la posibilidad de enfermar por este evento es elevada, y no existen medidas de prevención específicas contra esta enfermedad.
Sin embargo, cerca de las 10:30 de la mañana del día 28 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas elevó el nivel de riesgo a Muy Alto. Con lo que se deberán extremar las medidas preventivas.
Por ello, si bien no existen medidas de prevención específicas contra el coronavirus (2019-nCoV), existen medidas generales de prevención contra otras enfermedades que comparten sintomatología e índice de contagio.
En tal virtud, la Organización Mundial de la Salud, emitió una publicación en su sitio Web, denominado: Nuevo coronavirus (2019-nCoV): orientaciones para el público
En su versión en español, este documento señala taxativamente lo siguiente:
Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos.
Adopte medidas de higiene respiratoria
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Mantenga el distanciamiento social
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo
Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas respiratorios.
¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.
Si tiene usted síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a/en China
Si tiene síntomas respiratorios leves y no tiene antecedentes de viajes a China o dentro de dicho país, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quédese en casa hasta que se recupere, si es posible.
Como precaución general, adopte medidas generales de higiene cuando visite mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales
Lávese periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales; evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, y evite el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. Evite estrictamente todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos). Evite el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y mercados.
Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados
Manipule la carne cruda, la leche y los órganos de animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las buenas prácticas sobre inocuidad de los alimentos.
Estas y otras recomendaciones, de fácil aplicación entre la población son, sin embargo, de muy difícil difusión y asimilación entre la gente, por lo que es necesario emplear todos los mecanismos que resulten necesarios y cercanos a las personas, como son los boletines que emitan las propias clínicas de salud a nivel estatal, los médicos particulares e, incluso, otras dependencias estatales y municipales, por su nivel de alcance y acercamiento con la ciudadanía.
Por ello, como complemento al acuerdo citado líneas arriba, se hace necesario involucrar a los gobiernos locales, en particular las dependencias y entidades relacionadas con la salud, para establecer mecanismos y protocolos, para potenciar las medidas de prevención y contención de un virus de tan alto riesgo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a que, en ejercicio de sus atribuciones y a través de sus dependencias competentes en materia de salud y análogas, implementen medidas de difusión para la prevención de cualquier contingencia o crisis epidemiológica relacionada con el coronavirus (2019-NCOV o Covid-19) que incluyan, por lo menos, la difusión de recomendaciones de prevención general, las orientaciones para el público, y los protocolos de atención ante posibles casos, por parte de médicos y especialistas en la salud y auxiliares.
Notas
1 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. Visible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288225&fecha=19/02/2013 [Fecha de consulta: 13 de febrero 2020]
2 Televisa News. Coronavirus: Aumenta a 1,369 la cifra de muertes y casi 60 mil contagios en China. Visible en:
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/
coronavirus-aumenta-1369-cifra-muertes-casi-60-mil-contagios-china-hoy-13-febrero-2020/ [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2020]
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a reforzar, vigilar y, en su caso, establecer protocolos para garantizar la atención materno-infantil durante la gestación, el parto y después de éste, con objeto de brindar a todas las mujeres la posibilidad de tener un parto en condiciones dignas y humanas, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena; así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés, diputados sin grupo parlamentario, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; así como el artículo 79, numeral 3, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en materia de mortalidad materna y atención humanizada durante el parto al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud materno-infantil constituye un objetivo básico de los pueblos porque en ella descansa la reproducción biológica y social del ser humano; es condición esencial del bienestar de las familias, y constituye un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza.
Bajo este contexto, es particularmente importante para el Estado y el Sistema de Salud Pública, que todos los partos sean atendidos por profesionales sanitarios capacitados, dado que la atención y el tratamiento a tiempo pueden suponer para la mujer y el niño la diferencia entre la vida y la muerte.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
En 2015 a nivel global se estimaron unas 303 mil muertes de mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos.1
La mayoría de las muertes maternas son evitables y las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas.
Una de las principales estrategias es garantizar el acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto ya que la salud materna y neonatal están estrechamente relacionadas.
A pesar de que el parto es un proceso natural y no debe tratarse como una enfermedad, la realidad es que no por eso está exento de complicaciones médicas, de tal suerte que en estricto apego al artículo 4o. constitucional, toda mujer debe gozar de las medidas necesarias de atención a la salud para que la experiencia resulte lo más placentera posible y el número de riesgos se vea reducido, tanto para la madre como para su hijo.
Por ejemplo, las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada, sin embargo, la inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.2
En el mismo sentido, las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección.
La preeclampsia (una de las complicaciones en el embarazo más frecuentes) debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones u otras complicaciones potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.
Es por eso que se vuelve vital que las mujeres tengan acceso a los servicios médicos de calidad, es decir que sean atendidas en instalaciones higiénicas, con el material médico necesario al alcance y por profesionales de la salud capacitados y éticos que las traten con el pleno respeto a los derechos humanos desde la atención gestacional como durante y después del parto.
Por esa razón resulta indignante que sucedan casos como el presentado en días pasados en un hospital público regional del municipio de Los Reyes, estado de Michoacán, en el que una mujer indígena dio a luz en una sala de emergencias, sin apoyo médico, por lo que quedó grabado en video y, posteriormente, denunciado en redes sociales.
Según los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, un hombre llegó junto con la mujer que se encontraba en trabajo de parto al hospital para que fuera atendida, sin embargo, ésta no recibió ayuda de los médicos y la dejaron en la sala de espera, lo que ocasionó que tuviera un parto deshumanizado, a cuclillas delante de otras personas y sin las medidas de seguridad e higiene necesarias para este tipo de situación pues el bebé nació cuando su madre se sentó sobre una cobija en el piso de la sala de espera y permaneció unido con el cordón umbilical por un tiempo.3
Afortunadamente tanto la madre como el bebé han sido reportados en buen estado de salud, no obstante, sigue siendo una situación de riesgo que debe sancionarse y sobre todo prevenirse.
Cabe mencionar que no es el primer caso del que se tiene registro, en julio de 2018 se dio a conocer por los medios de comunicación otro evento similar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde por presunta falta de atención médica y espacios para atender a las pacientes, una mujer dio a luz en la sala de espera de la maternidad Esperanza López Mateos, también conocida como “La Mater”. La madre mencionó que llegó a la sala de urgencias a las seis de la tarde y de inmediato alertó a los médicos que se le había roto la fuente, sin embargo, asegura que fue ignorada.4
De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, en el año 2016 (último número publicado)5 a nivel nacional ocurrieron 149 muertes tardías, es decir dentro de los 42 días siguientes al parto pero antes del año, de éstas, 66.2 por ciento ocurrió por una causa obstétrica y 17.3 por ciento por secuelas; 6.5 por ciento era hablante de lengua indígena y 46.8 por ciento murió en una institución de servicios federales o estatales de salud.
El número de los casos registrados por muerte materna (antes de los 42 días posteriores al parto) es aún mayor. En el mismo año se tuvo conocimiento de 812 muertes a nivel nacional, de éstas 7.1 por ciento era hablante de lengua indígena; 29.7 por ciento fueron ocasionadas por causas obstétricas indirectas; 24.4 por ciento por enfermedades hipertensivas del embarazo; 15.6 por ciento por hemorragia del embarazo, parto y puerperio; 8.6 por ciento por aborto; 6.3 por ciento otras complicaciones puerperales; 1.5 por ciento sepsis y otras infecciones puerperales y 12.3 por ciento por otras complicaciones. 57.4 por ciento murió en una clínica u hospital de los servicios federales o estatales de salud.
Tan sólo en el estado de Michoacán, donde ocurrió el lamentable suceso se registraron 24 muertes en el año 2016 y 70.8 por ciento murió en una clínica u hospital de los servicios federales o estatales de salud.6
Los indicadores más recientes arrojados por el mismo sitio señalan que en la semana 52 del año 2019, al 31 de diciembre, se tenía conocimiento de 690 casos a nivel nacional por muerte materna, sin embargo, no se tienen las cifras desglosadas.7
Como parte de la Estrategia mundial para acabar con la mortalidad materna prevenible, la OMS está colaborando con los países asociados para:
- Resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal, así como en el acceso a ellos;
- Lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud reproductiva, materna y neonatal;
- Abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva y materna, y de discapacidades conexas;
- Reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a fin de que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres y niñas; y
- Garantizar la rendición de cuentas con el fin de mejorar la calidad de la atención médica.8
Debemos recordar que desde el año 2000 el gobierno de México se comprometió internacionalmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, junto con 189 países más, en el que trazó como meta para el 2015 garantizar la atención materna y perinatal basada en el objetivo 4, y el 5 que es “Mejorar la Salud Materna”, que se refiere a reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y lograr la cobertura universal de asistencia al parto.9
A pesar de los avances que se tuvieron en el periodo señalado, este compromiso fue refrendando en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el objetivo número 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” en el cual se trazó como meta 3.1 reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
Es por eso que nuestro país debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los protocolos de atención materno-infantil se cumplan a cabalidad. No sólo por el pacto internacional sino por la salud de todas las mexicanas que merecen un trato digno y tienen el derecho a parir de manera humanizada.
Por lo antes expuesto se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de los estados de la República a reforzar, vigilar y, en su caso, establecer protocolos para garantizar la atención materno-infantil, durante la gestación, el parto y después de éste, con el objetivo de brindarle a todas las mujeres la posibilidad de tener un parto en condiciones dignas y humanas, así como los cuidados médicos oportunos que lleven a disminuir la mortalidad materna al máximo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido en el hospital público regional del municipio de Los Reyes, Michoacán, en el que una mujer indígena dio a luz en una sala de emergencias, sin apoyo médico y de ser el caso, imponer las sanciones administrativas correspondientes a quien resulte responsable.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
2 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_ perinatal/es/
3 https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/
por-falta-de-atencion-mujer-da-a-luz-en-sala-de-espera-en-michoacan-285642/
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujer-da-a-luz-en-sala-de-es pera-de-la-mater
5 Numeralia 2016. Mortalidad materna en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y observatorio de Mortalidad Materna en México (OMN)
6 http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia_201 6.pdf
7 http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores-nacionales/
boletines-de-mortalidad-materna/boletines-de-mortalidad-materna-2019
8 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
9 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Héctor Serrano Cortés, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a publicar en el DOF la Estrategia Nacional de Primera Infancia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia educativa, incorporando la educación inicial como derecho de la primera infancia, estableciendo en su artículo décimo segundo transitorio lo siguiente:
“Décimo segundo . Para atender la educación inicial referida en el artículo 3, el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Primera Infancia , en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y funcionamiento.”
En virtud de lo anterior y después de un arduo trabajo de colaboración, el pasado 25 de noviembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a las Presidencias de las Mesas Directivas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi), la cual representa el punto de partida para el diseño, ejecución y seguimiento de diversas políticas públicas que el Estado mexicano deberá implementar para atender las realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y niños desde los cero a los seis años.
Es importante señalar que la mencionada Estrategia, no fue publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados, en virtud de que el recinto legislativo se encontraba cerrado por agrupaciones de campesinos que se manifestaron afuera de Cámara bloqueando los accesos de la misma, impidiendo el acceso de diputados y personal del recinto.
El pasado 26 de febrero de 2020, el Ejecutivo, a través de las Secretarías de Gobernación, de Educación y de Salud, presentaron el Programa Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 2020-2024 y la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia, sin embargo aún no se cumple con lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio de la reforma constitucional, antes mencionada.
La importancia de que la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia se encuentre publicada en el Diario Oficial de la Federación, es porque este órgano del gobierno tiene la función dar a conocer a todas y todos los mexicanos las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.
De tal forma, el mandato constitucional debe cumplirse y es indispensable, con el fin de que los gobiernos estatales y municipales implementen políticas públicas, que impacten directamente a la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes lo antes posible. Debemos recordar que México ha suscrito diversos tratados internacionales encaminados a mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes, entre los que se encuentra, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, a partir de dicho instrumento, se han realizado diversas observaciones a los estados parte, dentro de las que destaca la observación número 7, en la que se indica que la primera infancia es un periodo esencial y que incluye a todos los niños desde el nacimiento y a lo largo del primer año de vida, en los años de preescolar y durante el periodo de transición que culmina con su escolarización.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio de la presente proposición, plenamente comprometidas y comprometidos con los derechos humanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur, el gobierno y la Secretaría de Turismo de BC, y los ayuntamientos de Ensenada y Mexicali a incorporar al programa Pueblos Mágicos territorios donde habitan pueblos originarios para impulsar la cultura y economía regionales, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero , de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con la finalidad de solicitar a la Secretaría de Turismo del gobierno federal; al Poder Ejecutivo del gobierno de Baja California; a la Secretaría de Turismo de Baja California; así como a los municipios de Ensenada y Mexicali para incorporar territorios al norte del estado, en donde habitan diversos pueblos originarios, al programa de Pueblos Mágicos, con el objetivo de impulsar la cultura y la economía regional , bajo el razonamiento de las siguientes:
Consideraciones
Las comunidades indígenas y los pueblos originarios guardan en la memoria de sus generaciones, mediante la transmisión oral y escrita, diversos usos, costumbres y tradiciones culturales textiles, culinarias, artesanales, pictóricas, musicales, creativas y artísticas que hacen del ideario colectivo mexicano un patrimonio inmaterial de protección obligatoria por parte del estado.
En ese sentido, resulta fundamental reconocer que en el norte de Baja California coexisten distintas etnias y pueblos originarios que han impregnado el estilo de vida, la arquitectura y los distintos aspectos de la vida cotidiana en la región, cuya construcción cultural y artística lo convierte en una experiencia totalmente diversa al estilo de vida en otras regiones de la entidad.
Los pueblos originarios, de la mano con sus tradiciones, son reconocidos por la autodeterminación de sus usos y costumbres, así como por la protección en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, tal como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación Racial y disposiciones propias de nuestro derecho interno contenidas en el artículo segundo constitucional.
Los pueblos originarios e indígenas han permitido dar un valor agregado a los territorios mexicanos que además de ser destacados por la privilegiada ubicación geográfica que guardan, son ricos en su cultura, historia y tradiciones, permitiendo crear estrategias sustentables para el desarrollo basadas en la experiencia cultural que las comunidades pueden brindar a personas nacionales y extranjeras mediante el turismo, fortaleciendo conceptos como el turismo comunitario que basan su estrategia en involucrar a las comunidades en la oferta de experiencias turísticas, atrayendo desarrollo e inversión en esas zonas.1
Según el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018,2 el patrimonio cultural de los pueblos indígenas está conformado por elementos tangibles e intangibles, entre los que destacan: la lengua, música, baile y danza, rituales y creencias, técnicas productivas, medicina tradicional, juegos tradicionales, artes culinarias, sistemas de valores, organización social que da cohesión a las comunidades indígenas. Sin embargo, aquel documento no reconoce la existencia de pueblos indígenas en Baja California, excluyendo a las comunidades originarias de diversas políticas públicas para la atención, resguardo, conservación y fomento de las actividades culturales, tal como el Programa de Pueblos Mágicos.
El Programa Pueblos Mágicos tiene como finalidad revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros, tales como las comunidades indígenas.
Si bien es cierto, los recursos federales a este programa fueron reasignados para invertirse en otros asuntos urgentes y prioritarios, propios de esta cuarta transformación, también es cierto que el subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, Humberto Hernández Haddad, ha explicado que serán los gobernadores quienes decidan la orientación presupuestal en cada entidad que tengan Pueblos Mágicos.3
Dado a lo anterior, es que recurro a ustedes para solicitar, por parte de la Secretaría de Turismo, que sean reconocidos los pueblos indígenas que habitan en la región norte del estado de Baja California, exhortando igualmente a los gobiernos estatales y municipales como encargados de financiar los destinos que se encuentren en este programa a que incorporen diversas zonas donde habitan las etnias bajacalifornianas cucapá, kiliwa, pa ipai, kumiai, cochimí y los triquis, brindándoles posibilidad de acceder a un respaldo institucional y reconocimiento formal que logre impulsar nuestra cultura y orígenes.
Actualmente, en nuestro país existen 121 Pueblos Mágicos, siendo únicamente Tecate, Baja California, el reconocido como Pueblo Mágico dentro de aquella lista.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas4 ha documentado en la parte norte del territorio de Baja California, particularmente en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali, que se asientan cinco grupos indígenas con un origen común. Partiendo del territorio que comparten según sus características y tradiciones, las etnias bajacalifornianas reciben distintos nombres; así los cochimí y kumiai5 son llamados “habitantes de la meseta”; los cucapá son conocidos como “rieños” y los paipai y kiliwa reciben el apelativo de “serreños”. En aquella región, se vive un clima seco y extremoso, lo que convierte la experiencia cultural en algo único y diverso.
En el caso de las comunidades “cucapá”,6 se autonombran “es-pei” que significa “gente de agua”. Su asentamiento principal es en las vegas del río Colorado o Hardy, al sur del valle de Mexicali, en las localidades El Mayor Indígena, Pedro Cervantes, Colonia Carranza y los ejidos de Zacatecas, Durango y Nuevo León.7
En el último censo realizado por el Inegi en 2015,8 se registró un total de 178 habitantes de este lengua, de los cuales 82 habitan en Baja California y 94 en Sonora, quienes forman parte del grupo de pueblos yumanos. En el portal de la Unesco, la lengua cucapá está listada como una lengua en peligro de extinción,9 hecho que nos obliga a reforzar la atención y el apoyo para evitar la extinción cultural que implica la muerte de una lengua.
Investigadores como Fernando de Alarcón, quien fue el primer europeo en mencionar a los indígenas del río Colorado en 1540, ha señalado que en 1605 había unos 22 mil indígenas en la región del río Colorado,10 destacando que hacia 1827 hay un reporte de que unos 5 mil indígenas vivían en el área. Eso conlleva a comprender una fuerte disminución de su población ligada a la baja en el caudal del río Colorado, además de las dificultades crecientes para pescar libremente en los lagos y lagunas restantes, vinculada con la falta de apoyo gubernamental para sus actividades cotidianas y mayor aún, para el impulso de actividades turísticas de la zona. Anteriormente, los cucapá eran cazadores y recolectores de los frutos abundantes que encontraban en los márgenes de los ríos que estaban en su territorio (péchitas, quelites, una especie de arroz, zacate acuático, etcétera), actividad a partir de la cual lograban conseguir pieles de animales con los que elaboraban vestidos y cobijas, además de cubrir sus casas tradicionales. Estas prácticas constituyen una aportación cultural que, de recibir apoyo público, podrían generar un amplio interés entre nacionales y extranjeros que no tienen conocimiento de la cultura indígena en la región del norte del país.
Por su parte, los kiliwa, denominados a sí mismos “ko’lew”,11 que significa “hombre cazador”, tienen como principales asentamientos las rancherías localizadas en el área conocida como Arroyo de León y en algunas comunidades como Santa Catarina, donde también conviven con miembros del grupo paipai.
Aquellas actividades suelen ser de atracción turística, sin embargo, la falta de recursos en la zona ha impedido que la construcción identitaria de estos pueblos se ofrezca como una experiencia para turistas locales y extranjeros.
Se ha documentado que las actividades productivas de la población indígena originaria de la entidad dependen por ello de las condiciones del terreno ocupado y los recursos naturales que les proporciona su entorno así como por el desarrollo de actividades agropecuarias e industriales en tierras o poblados vecinos, perdiendo la oportunidad que el desarrollo turístico les brindaría y que también, podría implicar el impulso cultural y reconocimiento a sus prácticas milenarias. La zona, en sí misma, guarda una mística cultural muy especial, ya que la vivienda tradicional12 se construye aprovechando los materiales de lugar, tales como mezquite, álamo, sauce, chamizo, carrizo y cachanilla. Todos los asentamientos indígenas se encuentran comunicados a través de caminos de terracería, brechas y caminos rurales que conectan a la red carretera federal, cuyas características e infraestructura podrían mejorar mediante la implementación del Programa Pueblos Mágicos, tal como lo han pedido las y los ciudadanos de esas comunidades.
Igualmente, el grupo indígena autonombrado como “ti’pai” se ubica en las mesetas costeras y estas distribuidas en tres áreas territoriales: los de San José de la Zorra, municipio de Ensenada y los de Neji y El Álamo, municipio de Tecate. Con suerte similar, su lengua conocida como kamia, kmuyai o kemiaia también se encuentra en peligro de extinción.
En el caso de estas comunidades, la actividad artesanal es fundamental por las aplicaciones y construcciones culturales que tiene, aunado al hecho de que durante los últimos años las mujeres la han considerado importante fuente de ingresos.
Las mujeres k’miai elaboran cestos de junco tejidos de sauce, llamando shicuin a los recipientes con tapadera, sawil al plato abierto y jilu al cesto cerrado. Esta actividad representa, a su vez, una política con perspectiva de género.
Finalmente, el grupo de los “paipai” se asienta en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, en el municipio de Ensenada, con tres localidades importantes: Santa Catarina, Jamao y San Isidro.
Los autodenominados “akwa’al ala” guardan un parentesco13 con otras tribus de origen yumano de la misma región y producen artesanías de ixtle y otras fibras que obtienen de las especies vegetales de la región, cuyo valor cultural es altísimo por el nivel de complejidad para su realización.
Debido a los cambios generacionales, a los retos migrantes y la necesidad del desplazamiento para la supervivencia, la cultura paipai está en riesgo de la extinción en el corto plazo si es que no se atiende inmediatamente.
Estando plenamente documentados los elementos de cada comunidad para ser considerada pueblo originario y pueblo mágico, se solicita a los gobiernos estatal y municipal que se destinen los recursos necesarios para implementar el Programa Pueblos Mágicos en tales comunidades y con ello, lograr rescatar la cultura indígena de la región norte de Baja California.
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de esta soberanía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del gobierno federal a reconocer como Pueblo Mágico las comunidades de Ensenada, Mexicali y Tecate.
Segundo. El pleno de esta soberanía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del gobierno de Baja California; a la Secretaría de Turismo de Baja California; así como a los municipios de Ensenada y Mexicali, para incorporar territorios al norte del estado de Baja California al Programa de Pueblos Mágicos y a reconocer como pueblos indígenas a las comunidades de Ensenada, Mexicali y Tecate, impulsando planes turísticos para su desarrollo cultural e infraestructura.
Notas
1 Turismo Comunitario y la riqueza indígena de México consultado en la liga https://www.entornoturistico.com/turismo-comunitario-la-riqueza-indigen a-mexico/ el día once de febrero de dos mil veinte.
2 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5343116
3 Cancelan presupuesto federal para pueblos mágicos http://laopcion.com.mx/noticia/229451
4 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas https://www.gob.mx/inea/documentos/comision-nacional-para-el-desarrollo -de-los-pueblos-indigenas consultada el día once de febrero de dos mil veinte.
5 ídem
6 Ídem
7 Indígenas de Baja California, Identidad y Cultura http://www.rutamxo.com/indigenas-de-baja-california-identidad-y-cultura / consultada el día once de febrero de dos mil veinte.
8 Lenguas indígenas en México y hablantes (de 3 años y más) al 2015 http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm consultada el día once de febrero de dos mil veinte.
9 Diversidad Cultural Cucapá
http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-1765 consultada el día once de febrero de dos mil veinte.
10 Reconquista y colonización del valle de Mexicali: y otros escritos paralelos. Pablo Herrera Carrillo. Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Cultura de Baja California.
11 Índigenas de Baja California. Identidad y cultura
http://www.rutamxo.com/indigenas-de-baja-california-identidad-y-cultura/ consultada el día once de febrero de dos mil veinte
12 Ídem
13 Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ y el gobierno de Puebla a garantizar objetividad y transparencia en las investigaciones derivadas de los homicidios suscitados en Huejotzingo el 23 de febrero de 2020, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México enfrenta una grave crisis en materia de inseguridad. Hoy el país se encuentra en su momento más alto de incidencia delictiva de los últimos años. La estrategia federalizada de combate a la violencia ha resultado ineficaz en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el año 2019 el total de víctimas de homicidio doloso y feminicidio aumentó por quinto año consecutivo. Esto representa un incremento de casi el doble de crímenes en cinco años.1
El año pasado dejó un saldo oficial de 35 mil 588 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios; es decir, un promedio de 97.5 personas asesinadas a diario. Esta es la cifra anual de asesinatos más alta de la que haya registro en el país.
Según el Semáforo Delictivo Nacional,2 el estado de Puebla se posiciona por arriba del promedio nacional en los indicadores de percepción de inseguridad. Al cierre de 2019, el 87.7 por ciento de la población consideraba que su estado era de los más impactados por delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narco-menudeo, robos, violación y feminicidio.
De igual manera, el documento “Carpetas de Investigación Iniciadas vs Concluidas” que presenta el observatorio ciudadano IGAVIM,3 mismo que recaba datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública e información derivada de solicitudes giradas a la Fiscalía General del Estado de Puebla, muestra que los delitos con más sentencias respecto a las denuncias presentadas, fueron los secuestros y feminicidios; el porcentaje de avance en las sentencias no supera el 20 por ciento en ninguno de los dos.4
Respecto a los feminicidios, únicamente se declararon seis sentencias en 2019. Se iniciaron 58 carpetas de investigación; 52 casos quedaron impunes. Los secuestros, tuvieron un avance del 20 por ciento, pues de 70 denuncias presentadas, únicamente 14 contaron con sentencia directa. El análisis del observatorio ciudadano, señala que esto, entre otras cosas, refleja que en la mayoría de los casos, no se encuentra a los responsables.
En enero de 2020, Puebla registró un total de 116 homicidios. De acuerdo con la fuente de investigación, la entidad pasó a ocupar el segundo lugar a nivel nacional en materia de feminicidios, sólo después de Nuevo León.
En ese mes, tan sólo en la primera semana del año, ocurrieron 17 asesinatos en 48 horas.5 A principios de febrero, el día 2 se reportaron nueve muertes violentas; al día siguiente ocho más.6
El lunes 24 de febrero de 2020, las autoridades de Puebla confirmaron que cuatro personas habían sido asesinadas la noche anterior en el predio de Los Tanques, en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo. En conferencia de prensa, informaron que tres de las personas eran estudiantes de medicina y el cuarto, conductor de la plataforma de transporte privado Uber.7
Los hechos sucedieron el domingo 23 de febrero por la noche. El último registro que se tiene de las cuatro víctimas es a las 22:15, mientras los estudiantes salían del carnaval de Huejotzingo, a las afueras de la capital del estado para abordar el vehículo que los llevaría de regreso.8
De los estudiantes, dos eran alumnos de intercambio de nacionalidad colombiana, y el otro, un estudiante de origen veracruzano. Los primeros se encontraban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y prestaban servicios de médicos internos en el Hospital General de Cholula; el estudiante de Veracruz cursaba la licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).9
En un primer informe, la fiscalía reportó la posibilidad de que los hechos habrían sucedido bajo un intento de robo, y los detenidos forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos.
Sin embargo, en conferencia de prensa, el fiscal del estado explicó que, de acuerdo con las indagatorias, se atiende la posibilidad de que una riña entre una mujer, que intentó despojar a una de las estudiantes de un sombrero, habría provocado que los estudiantes fueran seguidos y posteriormente asesinados.10
La mañana del miércoles 26 de febrero, los estudiantes de medicina de las universidades UPAEP y BUAP iniciaron un paro indefinido para exigir justicia al gobierno del estado por los asesinatos. Los conductores de Uber y taxistas de Puebla también se manifestaron en memoria del conductor asesinado, Josué Manuel Vital.11
Ante las manifestaciones, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla informó que aplicarían protocolos más estrictos de cuidado en los campus y trabajarían para salvaguardar la integridad de los estudiantes en paro.12
En medio de las manifestaciones derivadas de los homicidios, el mismo miércoles 26 de febrero, el Congreso de Puebla ratificó a Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del estado de Puebla, reemplazando a Víctor Carrancá.13
Los hechos sucedidos en Puebla son el reflejo de la insuficiencia estructural y la falta de soluciones prácticas para resolver la problemática de inseguridad en nuestro país. Estos eventos vulneran la tranquilidad e integridad de miles de familias, que diario se suman a las estadísticas de violencia y se vuelven víctimas de una estrategia fallida.
Cabe recalcar que en el Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2019 - 202414 del gobierno de Puebla, se contempla el compromiso y la visión del gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en materia de seguridad pública, justicia y estado de derecho. El primer eje del documento indica la misión la administración:
Enfocado a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en las que se encuentra el estado, tomando como base la cultura de legalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos, para contar con un ambiente de tranquilidad.
Ante este panorama, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita a la Fiscalía General del estado de Puebla y al titular del gobierno del estado, que este caso sea esclarecido con estricto apego al estado de derecho y se continúen las investigaciones de manera puntual y eficiente.
Es crítico que las líneas de posibles causas que llevaron a los homicidios sean analizadas a profundidad de manera parcial, con perspectiva de género y se ejerza la justicia sobre los presuntos responsables.
Los esfuerzos institucionales deben coadyuvar para dimensionar el sentir de la sociedad poblana, la gravedad de los hechos y la delicada situación que atraviesa la entidad y el resto del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla y al titular del gobierno del estado a esclarecer y presentar los resultados de las investigaciones derivadas de los homicidios suscitados en Huejotzingo el 23 de febrero de 2020
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer su estrategia de seguridad con el fin de proteger el patrimonio, la integridad y la vida de los poblanos, ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad.
Notas
1 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2020/01/homicidios-2019-violencia-asesin atos-record/
2 Con información de: http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional-0
3 Disponible en: http://www.igavim.org/
4 Referenciado de: https://www.periodicocentral.mx/2020/gobierno/item/4180-en-2019-fueron- presentadas-mas-de-46-mil-denuncias-a-la-fiscalia-de-puebla-pero-solo-5 8-concluyeron-en-sentencia
5 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/puebla-histori as-para-temblar
6 Ibidem
7 Con información de:
https://www.animalpolitico.com/2020/02/puebla-estudiantes-medicina-asesinados/
8 Referenciado de: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/puebla-histori as-para-temblar
9 Referenciado de:
https://twitter.com/BUAPoficial/status/1232069452872765440/photo/1
10 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/02/discusion-sombrero-razon-asesina to-estudiantes-puebla-fiscalia/
11 Referenciado de:
https://elpais.com/internacional/2020/02/26/mexico/1582745787_626873.html
12 Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Facultades-de-dos-universidades -de-Puebla-entran-en-paro-por-asesinato-de-estudiantes-20200226-0060.ht ml
13 Consultado en: https://www.proceso.com.mx/619517/protestas-higuera-bernal-fiscal-puebl a
14 Disponible en: http://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/plan-estatal-de-desar rollo-2019-2024
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a diseñar e implantar para los agricultores jaliscienses campañas informativas sobre los avances de los estudios científicos relativos a la tecnología destinada a modificar el estado del tiempo, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para que diseñe e implemente campañas informativas para los agricultores del país sobre los avances de los estudios científicos acerca de la tecnología empleada para modificar el estado del tiempo, al tenor de los siguientes
Considerandos
El uso de tecnología para modificar el estado del tiempo, entre la que destacan los polémicos cañones antigranizo en distintas zonas agrícolas del país ha creado inconformidad debido a que, de acuerdo a señalamientos de agricultores, estos artefactos disipan las nubes e impiden la caída de lluvia lo cual es perjudicial para sus sembradíos.
En una nota periodística de julio de 2019, se señala que “Por años los municipios del sur de Jalisco, Sayula incluido, le han solicitado tanto al Congreso local como al Gobierno estatal que regulen el uso de los cañones antigranizo que se han propagado por esa región, debido a la presunción de que estos disuelven las nubes de lluvia, lo que estaría reduciendo las precipitaciones pluviales.”1
Ante las demandas de los agricultores, las autoridades municipales han impulsado acciones en el Congreso Local con la intención de que se regule el uso de los cañones y se busque el menor impacto ambiental. En la nota periodística se exponen los argumentos del alcalde municipal de Sayula al solicitar la regulación de los artefactos: “Falta una adecuada y efectiva reglamentación sobre esta materia en la que se delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno con el fin de prohibir, restringir y en general, regular en forma adecuada el uso de dichos artefactos”2
De esta forma, una acción local pone en evidencia la falta de regulación desde el ámbito federal en temas de cuidado del medio ambiente y desarrollo rural además de que expone la falta de argumentos científicos que proporcionen conclusiones contundentes acerca del impacto del uso de dicho artefacto y así se puedan tomar decisiones sobre la regulación de este tipo de tecnología empleada en el sector rural.
Ante esta situación el suscrito ha presentado tres iniciativas, en diferentes versiones, que tienen por objetivo fomentar las investigaciones acerca del impacto provocado por esta tecnología en el entorno, con la intención de que las autoridades vinculadas a los asuntos agrícolas y medio ambientales, tengan los argumentos para autorizar o prohibir el uso de los artefactos.
Sin embargo, el dictamen no ha sido positivo debido a que se considera la existencia de un estudio presentado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el que no se encuentra evidencia científica para asegurar que los cambios en las lluvias de la región están directamente relacionadas con el uso de los cañones.3
Aunado a la insistencia del suscrito para que se promuevan más estudios sobre el tema y que no se tenga solo una investigación como referencia para la toma de decisiones acerca del uso de tecnologías empleadas para modificar el estado del tiempo, se considera necesario que la SADER diseñe e implemente campañas informativas para los agricultores afectados, con la intención de que cuenten con información actualizada y real.
Estas campañas informativas pretenden ser un espacio de encuentro entre autoridades y agricultores para que, por un lado, los agricultores sepan que sus demandas están siendo atendidas a través de un estudio científico y que, por otro lado, las autoridades puedan escuchar los argumentos de los agricultores para estar en desacuerdo con estas prácticas.
Asimismo, el presente exhorto parte de la idea de que es necesario que todo proceso y decisión de las autoridades debe ser claro para la población que lo demanda, por lo que las campañas informativas permiten que los agricultores conozcan los avances y retos a los que se enfrentan las autoridades en su quehacer diario por promover el desarrollo rural.
Por los argumentos presentados, se considera de vital importancia que, mientras la iniciativa que pretende promover los estudios científicos sobre el uso de tecnologías en zonas rurales se discute, las campañas informativas constituyan una respuesta a los agricultores del país, tanto para los que han externado su afectación como cualquier otro interesado en el tema.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente proyecto de
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que diseñe e implemente campañas informativas para los agricultores del país sobre los avances de los estudios científicos acerca de la tecnología empleada para modificar el estado del tiempo.
Notas
1 Periódico Reporte Índigo, Revuelta contra cañones antigranizo, disponible en https://www.reporteindigo.com/reporte/revuelta-contra-canones-antigrani zo-legislacion-jalisco-empresas-regulacion/, consultado en febrero 2020.
2 Ibídem
3 El estudio al que se hace referencia lleva por título Análisis espacial y temporal de la presencia de cañones antigranizo y su relación con la precipitación pluvial en los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán , presentado por Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) disponible en
https://www.senado.gob.mx/sgsp/respuestas/63/2/2017-08-2 3-1/CP2R2A_6106_SEGOB_SAGARPA.pdf, consultado en enero 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a diseñar e implantar con la sociedad civil organizada políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de la población, en particular entre los grupos en mayor estado de vulnerabilidad, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 24 de febrero fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres estudiantes y un chofer de la plataforma digital UBER en la colonia Los Tanques del municipio de Huejotzingo. Las víctimas eran una mujer de 25 años y un hombre de 22, ambos de origen colombiano y se encontraban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) estudiando en la facultad de medicina. El otro estudiante era alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y tenía 22 años.
Hasta el momento lo que se conoce es que los tres estudiantes asistieron al carnaval de Huejotzingo la noche del domingo y poco más de las 22:00 horas pidieron un taxi en la aplicación de UBER. Han sido capturados hasta el momento tres sospechosos del crimen.
Después de que se dio a conocer la noticia, estudiantes de la BUAP y UPAEP han salido a las calles el día 25 de febrero a manifestarse en contra de la violencia. Con la consigna “ni una bata más” exigieron que la situación de inseguridad que vive el estado sea atendida y se haga justicia por el caso de sus compañeros.
Lo ocurrido no es un caso aislado de la violencia generalizada que vive el estado de Puebla. La inseguridad en esta entidad ha ido escalando considerablemente año con año. A continuación, se muestran las cifras de homicidios dolosos entre 2015 y febrero de 2020, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva de fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.1
Gráfica 1. Cifras de homicidio doloso a nivel estatal en Puebla, 2015 - 2020.
Fuente: cifras de informes 2015-2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este sentido resulta necesario mencionar que la violencia también abarca feminicidios, robos, y secuestros, cuyas cifras también van en aumento.
En lo que va del 2020, los municipios del estado de Puebla que registraron un mayor número de carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso fueron Puebla de Zaragoza, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Amozoc, Acatzingo, Huauchinango, San Salvador Huixcolotla, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Zacatlán, Acateno, Ajalpan, Cuautlancingo, Chietla, Chignahuapan, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Guadalupe Victoria, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Cañada Morelos. Nopalucan, Ocoyucan, Los Reyes de Juárez, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco.2
Además de los datos duros ya mencionados, también se debe tomar en cuenta la voz del ciudadano. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana la ciudad de Puebla de Zaragoza registró los mayores índices de percepción de inseguridad en todo el país, con el 92.7 por ciento de su población.3
Si bien la cifra anterior por si sola resulta alarmante, la preocupación aumenta al comparar los porcentajes obtenidos en la misma Encuesta durante septiembre de 2019, el cual fue de 83.1 por ciento, es decir, que la percepción social sobre la inseguridad en Puebla en 4 meses tuvo un aumento de 9.6 por ciento.4
La anterior encuesta también mostró que, durante 2019 a nivel nacional, el 35.3 por ciento de los hogares contó con al menos una víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Sin embargo, de nuevo la ciudad de Puebla de Zaragoza volvió a destacar dentro de los índices más altos, registrando un porcentaje de 53.2 por ciento, es decir, 17.9 por ciento más alto que el promedio nacional.5
Como consecuencia, casi el 70 por ciento de la población ha tenido que cambiar sus hábitos nocturnos para evitar sufrir algún acto delictivo, ya que más de la mitad ha sido víctima de la inseguridad. Asimismo, ya no se les permite a niños y menores de edad que salgan de sus casas a disfrutar de su infancia y juventud.
Las autoridades estatales conscientes de la vitalidad del tema han impulsado acciones para atender el problema de inseguridad en el Estado, ejemplo de ello es la aprobación de un presupuesto histórico de “cuatro mil 358 millones 387 mil pesos, lo que representa un incremento del 67.5 por ciento en el presupuesto respecto al 2019”;6 el cual, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo estatal servirá para tener un alza en la percepción de los policías así como para crear nuevas plazas para incrementar el número de elementos policiacos.
De igual manera desde el inicio del actual gobierno se promovió, la compra de mil patrullas, el incremento de ministerios públicos en un 50 por ciento en comparación al 2011 y el aumento de 600 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
Se han discutido propuestas para i) mejorar el estándar de control de confianza de autoridades que atienden la seguridad pública para evitar problemas de corrupción; ii) generar un mecanismo de evaluación del funcionamiento de las policías y así poder medir qué tan bien se están destinando los recursos; y iii) garantizar el aprendizaje institucional de fallos anteriores; lo cierto es que aún quedan muchas acciones que realizar para poder brindar seguridad y justicia a los poblanos.
Está pendiente una gran acuerdo entre gobierno y sociedad en la que trabajemos por objetivos comunes, dejando atrás diferencias, teniendo claridad que el cambio solo es posible con la participación y acuerdo de todos, invitando a quienes quieren una mejor entidad, a dejar cualquier tipo de interés o de grupo y tener un objetivo principal: la seguridad de Puebla y los poblanos.
Un amplio acuerdo para juntos, recuperemos espacios públicos, para que contemos con protocolos de actuación rápida de vecinos y autoridades. Es necesario establecer la policía escolar, redes de conductores de servicio público de trasporte para funciones de vigilancia. Es urgente contar con cámaras de video enlazadas a los sectores de la policía estatal preventiva y policía ministerial. Tenemos que utilizar toda la tecnología e inteligencia artificial disponible para proteger a la población. Se requiere una mayor presencia policial en aquellos lugares donde se presenta un incremento de los índices delictivos.
Es necesario llegar a una suma de voluntades para lograr consensos y trabajar en equipo, donde cada uno, desde su trinchera asuma compromisos y responsabilidades para construir ese estado de paz que todos deseamos.
La historia nos ha demostrado que cuando hay una participación aprobada por una diversidad de individuos, en un tiempo y espacio determinados, se puede realizar cualquier proyecto y alcanzar enormes victorias que parecían imposibles de lograr de manera individual.
Por lo antes expuesto es imperativo involucrar a gobierno federal, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, universidades, empresarios, municipios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, y congregaciones religiosas, para que juntos podamos construir una entidad con paz y bienestar para todas las familias de Puebla.
Convocar a cada uno de estos actores, para que desde su ámbito de competencia, puedan apoyar a contar con policías municipales y estatales mejor preparadas con altos índices de confianza, que exista un marco regulatorio adecuado para la seguridad pública y la impartición de justicia, que se implementen mejores mecanismos de impartición de justicia y haya autoridades cercanas para atender a víctimas, que concurran comités de participación ciudadana, se impulse la vigilancia y acciones desde las empresas, que se difunda información que existan espacios en medios que puedan apoyar a prevenir el delito, que se promueva una cultura de respeto y legalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la actuación pronta y eficaz de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del gobierno del estado, en la detención de los probables responsables del crimen ocurrido en Puebla el pasado 24 de febrero y conmina a las autoridades estatales no cejar en el empeño de perseguir a los responsables y sancionarlos conforme a las leyes vigentes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla a diseñar e implementar políticas públicas, en coordinación con la sociedad civil organizada, tendentes a garantizar la seguridad de la población, en particular entre los grupos poblacionales en mayor estado de vulnerabilidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, al titular del Poder Ejecutivo del estado; al honorable Congreso del estado; al Poder Judicial; a las universidades públicas y privadas; a los miembros de la sociedad civil; a los empresarios, y a los ayuntamientos, todos, del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como a los sindicatos, medios de comunicación y congregaciones religiosas en el estado de Puebla a elegir representantes y responsables para la construcción de un plan conjunto e integral que permita la paulatina recuperación de la paz y el bienestar de las familias poblanas.
Notas
1 “Incidencia delictiva de fuero común”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fecha: 2015 – 2020, fecha de consulta: 25 de febrero de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del -fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
2 Concentran cinco municipios el mayor número de homicidios en Puebla, El Sol de Puebla, fecha: 23 de febrero de 2020, fecha de consulta: 25 de febrero de 2020, disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/concentran-cinco-municipios-el-m ayor-numero-de-homicidios-en-puebla-4875275.html
3 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi, página 1, fecha de publicación: 16 de enero de 2020, fecha de consulta: 25 de febrero de 2020, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/en su2020_01.pdf
4 Encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi, página 2.
5 Encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana, Inegi, página 3.
6 https://www.periodicocentral.mx/2019/politica/item/
28161-congreso-de-puebla-aprueba-presupuesto-de-egresos-2020-dan-recurso-historico-de-10-mil-mdp-a-bienestar-y-4-mil-mdp-a-seguridad
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020
Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Chalco, México, a realizar investigaciones y sancionar a los responsables de provocar el incendio en el refugio Manada San y garantizar la protección de los animales ahí resguardados y de las personas que laboran o realizan actividades altruistas en el lugar, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Érika Mariana Rosas Uribe , así como los diputados Francisco Elizondo Garrido , Nayeli Arlen Fernández Cruz y Alfredo Antonio Gordillo Moreno , del Grupo Parlamentario de Morena; y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés , diputados sin grupo parlamentario, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La protección contra el maltrato animal es una lucha que han emprendido desde hace varias décadas diferentes personas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos con el objetivo de prohibir todo trato cruel hacia los animales en general.
En este sentido, un importante número de personas y colectivos se han sumado a esta tarea, ya sea impulsando reformas legislativas para promover un trato digno a los animales o en su defecto, proporcionándoles cuidados durante su vida o de forma temporal en lo que son llevados a un hogar definitivo.
Una lucha en particular que se ha llevado a cabo en nuestro país es la relacionada al cuidado de animales domésticos que sufren maltrato o sin hogar como perros y gatos, al proporcionarles alimento y cuidado de forma temporal o definitiva para garantizar su bienestar.
Los objetivos que persiguen las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esta loable tarea es diversa, algunas fungen como refugios para animales domésticos victimas de mal trato o sin hogar, otras proporcionan servicios de medicina veterinaria de bajo costo o gratuita y algunas otras ambas tareas.
La mayoría de las organizaciones financian sus actividades con recursos autogenerados sin depender de apoyos gubernamentales o de grandes empresas, lo que hace muy complicada la labor que realizan.
Es en este sentido que, tratando de ser empáticos con la tarea que miles de personas realizan a favor de los animales, es necesario hacer eco sobre la complicada situación que atraviesa una de estas organizaciones, que en días pasados señaló que sufrió un atentado directo en contra de sus instalaciones.
De acuerdo con lo que señalan diferentes medios impresos, el refugio “Manada San” sufrió un atentado directo en sus instalaciones, lo que puso en riesgo su patrimonio y la vida de alrededor de 300 perros que se encontraban resguardados en el lugar.
“La madrugada del domingo se registró un incendio, presuntamente provocado, en el refugio de animales Manada San, el cual se ubica en el municipio de Chalco, en el estado de México.
A través de su cuenta de Facebook, @ManadaSan, una organización que rescata perros y gatos, compartió fotografías del siniestro con un mensaje donde afirmaron que un sujeto o varios, habrían acudido al lugar para prender fuego a sus instalaciones.
El incendio fue controlado por los bomberos, y no se reportaron miembros del personal ni animales heridos”1
La realización de hechos cobardes como estos en contra de este refugio no es la primera vez que ocurren, toda vez que han manifestado el haber sido víctimas de actos de violencia como los sucedidos en al menos 4 veces más.
“La madrugada de este domingo, varios sujetos provocaron por quinta vez un fuerte incendio dentro de un predio que funge como refugio para perritos sin hogar en el municipio de Chalco, en el estado de México.
“No es la primera vez, desde que llegamos aquí es la quinta vez que lo hacen”, explicó Priscila San Martín, fundadora del refugio. También aclaró que posiblemente una causa que habría provocado la rápida propagación del fuego fue que el pasto ya estaba crecido, por lo que las llamas lo habrían consumido.”2
Los hechos ocurridos el pasado domingo 9 de febrero, evidencian la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas protectoras de animales, quienes sin importar los riesgos dedican tiempo y recursos en generar condiciones de bienestar para los animales domésticos que sufren de maltrato, o no cuentan con un hogar.
Es por esto que es necesario que las autoridades competentes implementen acciones que permitan garantizar la protección del personal que labora en dicho refugio, así como en los animales que tienen bajo resguardo.
Hay recordar que el trato que una sociedad le da a los animales es reflejo puro y duro de los valores con los que cuentan, no se puede esperar que una sociedad tenga progreso y viva en armonía si el trato que se le da a los animales es cruel.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México y al ayuntamiento del municipio de Chalco para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las investigaciones que den lugar y sancionen a los responsables de provocar el incendio en el refugio “Manada San”. Asimismo, se solicita realicen las acciones necesarias para garantizar la protección de los animales que se encuentran bajo resguardo del albergue y de las personas que laboran o realizan actividades altruistas en el mismo.
Notas
1 López-Dóriga Digital. (10 de febrero de 2020). Incendian refugio de animales Manada San en el Edomex. Obtenido de https://lopezdoriga.com/nacional/incendian-refugio-de-animales-manada-s an-en-el-edomex/
2 Sin Embargo. (9 de febrero de 2020). Sujetos incendian un refugio para perros en Chalco, Edomex; ya es la quinta vez, denuncia la dueña. Obtenido de https://www.sinembargo.mx/09-02-2020/3727482
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y los 32 gobiernos locales a colaborar en la implantación de medidas preventivas, políticas públicas y campañas de saneamiento respecto al dengue, suscrita por la diputada Abril Alcalá Padilla e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Abril Alcalá Padilla , diputada federal del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, para que giren las instrucciones necesarias a sus titulares de salud estatales, para colaborar en la implementación de medidas preventivas como políticas públicas y campañas de saneamiento homogenizadas entorno al combate contra el dengue, que compartan criterios, métodos y herramientas, acordes a las características de cada región y a la necesidad de coordinación ante una problemática presente en diversos estados del país , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los esfuerzos entorno a la erradicación y tratamiento de enfermedades conllevan una serie de medidas preventivas, en función de cada una de las particularidades que representa cada padecimiento. Ante la diversidad de medios de transmisión, como lo puede ser el aire, el contacto físico o algún otro agente externo, en particular los mosquitos, en dónde las políticas públicas enfocadas al tema han tenido hacer frente con los recursos disponibles.
A su vez, la falta de información e investigación mermó la aplicación de medidas homogéneas, generando un descontrol en la propagación de enfermedades. No fue hasta el siglo pasado que lograron ser combatidas, mediante programas sociales básicos enfocados a su prevención,1 sin importar administraciones o agendas específicas, lo que representó un trabajo conjunto entre diversas naciones para poder disminuir los riesgos y daños asociados al brote masivo de algunas enfermedades de estas enfermedades.
Estos logros consolidados en el siglo XX se han ido erosionando con nuevas tendencias conductuales de ciertos sectores de la población, donde la pérdida de legitimidad de los círculos de expertos y las autoridades gubernamentales ha derivado en una erradicación de prácticas preventivas de naturaleza cotidiana, como lo es la falta de organización comunitaria cotidiana para el combate de plagas de insectos, acarreando un detrimento constante sobre las poblaciones que se adscriben a estas prácticas, lo que ha propiciado el resurgimiento de enfermedades que se pensaban erradicadas o controladas.
Esto genera un efecto negativo en diferentes aspectos de las comunidades, como la confianza entre la ciudadanía, las finanzas públicas y las capacidades de la infraestructura médica con la que se cuenta, donde muchas veces el resultado muestra que, sin colaboración y esfuerzos extra de los gobiernos locales y estatales, las problemáticas terminan superando la capacidad de las entidades, donde la realidad biológica a la cual pertenecen las enfermedades, doblega cualquier esfuerzo individual que intentemos realizar para aminorar dichas problemáticas.
Por desgracia, la eficiencia de nuestros programas en general ha decaído en la presente administración federal, surgiendo un aumento en el número de casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, técnicamente conocidas como arbovirus, que ya presentaron datos anómalos el año pasado, rompiendo los máximos históricos en algunas entidades federativas. Acumulando durante 2019 una cantidad de 41 mil 505 casos confirmados2 -lo que representó un crecimiento de 232 por ciento respecto al 2018.3
Sea esto por motivo de alguna causa natural, como lo puede ser el contexto de crisis ambiental4 o alguna mutación que mejore la resistencia del mosquito/cepa,5 las consecuencias hablan de un incremento notorio y la necesidad de tomar cartas en el asunto. Con la existencia de datos más precisos acerca de la magnitud del problema, la disposición de recursos necesarios para combatir el dengue y el enfoque usado requieren cambiar, no sólo en las formas de comunicar a la población, sino en los métodos empleados y la muy necesaria coordinación para ello.
Las enfermedades, al ser un tema del cual se ocupa el Estado, requieren de una planificación previa para su combate, donde las Jornadas Nacionales de la Lucha contra las Arbovirosis6 (enfermedades transmitidas por artrópodos, como los mosquitos) han buscado cumplir con la función de reducir los casos de transmisión. Desafortunadamente, ante los resultados que la estadística arroja, el replanteamiento resulta necesario.
Por tal motivo, se debe considerar un replanteamiento en los intervalos de tiempo de las Jornadas Nacionales o la creación de algún nuevo programa que los refuerce, enfocado a la necesidad de una política que asuma el problema como inmediato, es decir, sin pausas, ante el incremento registrado de casos, la importancia para el bienestar de la ciudadanía, las arcas de la nación y la gobernabilidad en una situación que puede escalar si no se toman decisiones fundamentadas, rápidas y eficientes, acordes a los tiempos de austeridad que atravesamos.
Todo ello debe tomar en cuenta aspectos fundamentales, como la necesidad de coordinación entre entidades y de una homologación de métodos, sin dejar de lado la especificidad de cada localidad o región. Sean aspectos como el tipo de producto empleado, pesticida o biopesticida, de objetivo, atacar a la población adulta o en etapa larvaria de los insectos; o de protocolo, como manuales o normatividades, al igual que campañas de información, para la realización de la actividad, la regulación común debe de coordinar las prácticas de todas las entidades, al tener que afrontarse de forma colectiva a las enfermedades, que no respetan los límites sociales y políticos.
La falta de comunicación entre las distintas dependencias, de cooperación en inteligencia y de métodos específicos, son errores que se deben evitar, ya que la única manera de reducir la incidencia de casos de dengue es mediante la articulación de los esfuerzos de toda la federación.
La necesidad de un uso eficiente de los recursos, ante un panorama de austeridad, habla de que los errores no están permitidos, donde sólo contamos con escasas oportunidades para contener y erradicar el problema.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, para que giren las instrucciones necesarias a sus titulares de salud estatales, para replantear los intervalos de tiempos empleados entre Jornadas Nacionales de la Lucha contra las Arbovirosis, ante el incremento en los casos de dengue en un periodo muy corto de tiempo y la ineficiencia actual de los controles implementados para contener su tendencia en ascenso.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, para que giren las instrucciones necesarias a sus titulares de salud estatales, para colaborar en la implementación de medidas preventivas como políticas públicas y campañas de saneamiento homogenizadas entorno al combate contra las arbovirosis, que compartan criterios, métodos y herramientas, de acorde a las características de cada región y la necesidad de coordinación ante una problemática presente en diversos estados del país.
Notas
1 Eric E. Mast; Stephen L. Cochi; Olen M. Kew; K. Lisa Cairns; Peter B. Bloland; Rebecca Martin. (2016). Fifty Years of Global Immunization at CDC , 1966-2015. 21 de febrero de 2020, de Public Health Reports Sitio web:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298508/
2 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. (2019). Panorama Epidemiológico de Dengue, 2019: Información publicada en la Semana Epidemiológica 35, 21 de febrero de 2020, de Secretaría de Salud. Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490854/Pano_dengue_35_20 19.pdf
3 Sebastián Garrido. (2019). ¿Qué tan grave es el brote de dengue en México?, 21 de febrero de 2020, de Nexos. Sitio web: https://datos.nexos.com.mx/?p=997
4 Gonzalo Ortuño. (2019). Emergencia climática agrava expansión del dengue: en un año aumentaron 262 por ciento los casos, 21 de febrero de 2020, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/10/emergencia-climatica-dengue-caso s-contagio/
5 Center for Disease Control and Prevention. (2019). Insecticide Resistance, 21 de febrero de 2020, de Center for Disease Control and Prevention . Sitio web: https://www.cdc.gov/dengue/mosquito-control/insecticide-resistance.html
6 Servicios de Salud de Veracruz. (2019). Vacaciones sin dengue, 21 de febrero de 2020, de Gobierno del Estado de Veracruz. Sitio web: https://www.ssaver.gob.mx/blog/2019/04/09/vacaciones-sin-dengue/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a ejecutar acciones y medidas preventivas para mitigar los incendios forestales antes de la próxima temporada de calor, a cargo del diputado Víctor Blas López, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Víctor Blas López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición de punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a ejecutar las acciones necesarias, para mitigar las incendios forestales en todo el país, previo a la próxima temporada de calor, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los incendios forestales son una fuente importante de emisión de carbono que contribuye al calentamiento global.
Uno de los mayores retos que enfrenta el planeta es el cambio climático, que consiste en alteraciones en el clima global como consecuencia del aumento de temperatura en el mar, provocado por concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
Esto se asocia principalmente a las actividades humanas como lo son los procesos industriales, el uso indiscriminado de combustibles fósiles (petróleo, gas y sus derivados, como la gasolina), la pérdida y quema de bosques y selvas, entre otros.
Estos ecosistemas juegan un papel importante en la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), ya que tienen la capacidad de fijar y absorber el bióxido de carbono (CO2) de manera natural y con ello regular el clima. Por el contrario, la pérdida de bosques reduce la capacidad de captura del carbono e incrementa la absorción de calor terrestre.
Particularmente, los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre la diversidad biológica. A escala mundial, son una fuente importante de emisión de carbono que contribuye al calentamiento global.
Con la destrucción de estos ecosistemas o su degradación se libera a la atmosfera el carbono que alguna vez fue almacenado,1 por lo que es sumamente contraproducente para el ecosistema.
Una de las principales causales de deterioro de los ecosistemas forestales que en las últimas décadas ha presentado nuestro país, son los incendios forestales.
Las estadísticas oficiales con las que cerró en su informe de temporada anual 2019, que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue con un registro de 7 mil 410 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 633 mil 678 hectáreas, de esta superficie, 95 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y 5 por ciento a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, que representan 76 por ciento del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Jalisco, Oaxaca, Durango, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Sonora y San Luís Potosí,2 que representan 72 por ciento del total nacional.
Esto se traduce también en que en esa fecha los días-hombre aplicados fueron de 339 mil 488 días/hombre en el combate de incendios forestales.
Dicho lo anterior, con este punto de acuerdo, lo que se pretende es exhortar a las autoridades citadas en el rubro del presente, a prevenir este tipo de siniestros, y que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuente con las brigadas necesarias y el suficiente personal oficial distribuido en todas las entidades federativas del país, para que éstas, a la vez, contribuyan en el mejoramiento técnico preventivo de las tareas de protección contra los incendios forestales, además, porque la capacitación y prevención representan la única manera de asegurar la integridad de los ecosistemas nacionales, así como la integridad física de los habitantes en el lugar en donde se han detectado mayor número de incendios forestales, así como el personal que ha intervenido en controlar y erradicar los mismos.
Es importante destacar que en diversas ocasiones las autoridades, tanto estatales como federales, han manifestado que los incendios forestales son provocados por pobladores que preparan sus tierras para cultivo, por ello se hace necesario involucrar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en las actividades de prevención de incendios forestales.
En esta tesitura, el periódico La Jornada hace una nota periodística referente al tema que nos compete, y el que suscribe cree que es de suma importancia manifestarlo en el presente exhorto, ya que en sí habla sobre los incendios controlados en otro país, como acto de prevención de los incendios forestales.
“Estas quemas controladas son efectivas y seguras –asegura el coautor del estudio Chris Field, director del Instituto para el Medio Ambiente de Stanford Woods y profesor para Estudios Ambientales Interdisciplinarios–. California necesita eliminar los obstáculos para su uso para que podamos evitar incendios forestales más devastadores”.
Años de extinción de incendios en California han llevado a acumulaciones masivas de madera y combustibles vegetales en los bosques. Las condiciones más cálidas y secas han exacerbado la situación. Los fuegos controlados, en combinación con el aclaramiento de la vegetación que permite que el fuego trepe a la copa de los árboles, han demostrado ser eficaces para reducir los riesgos de incendios forestales.
Raramente escapan de sus límites establecidos y tienen beneficios ecológicos que imitan los efectos de los incendios naturales, como la reducción de la propagación de enfermedades e insectos y el aumento de la diversidad de especies, según los autores, que publican su estudio en Nature Sustainability .
Para reducir significativamente el número de incendios forestales, California necesita tratamientos con combustibles, ya sean incendios programados o clarear la vegetación, en aproximadamente 80 mil kilómetros cuadrados o casi 20 por ciento de la superficie del estado, según explican los investigadores en un comunicado.
Si bien las peticiones de quemas controladas en California han aumentado (los acres privados, estatales y federales planificados para el enfoque se duplicaron entre 2013 y 2018), hasta la mitad de esa superficie no se quemó debido a preocupaciones sobre riesgos como el humo resultante, regulaciones desactualizadas y recursos limitados.
Para comprender mejor estas barreras, los investigadores entrevistaron a empleados del gobierno federal y estatal, personal legislativo estatal y representantes sin fines de lucro involucrados en el manejo de incendios forestales, así como a académicos que estudian el campo. También analizaron las políticas legislativas y analizaron los datos de quema prescritos para identificar barreras y, en última instancia, proponer soluciones.
Casi todos los investigadores entrevistados describieron una cultura de aversión al riesgo a la sombra de las leyes de responsabilidad que colocan la responsabilidad financiera y legal por cualquier quema controlada que se escape de los autores. Los propietarios privados explicaron cómo los temores de bancarrota los influyeron para evitar quemarse en sus propiedades. Los empleados de la agencia federal apuntaron a la ausencia de agradecimientos o recompensas por realizar quemas controladas pero castigo por cualquier incendio que se escape. Los empleados federales y estatales afirmaron que la opinión pública negativa (miedo a que los incendios escapen a las áreas desarrolladas y que el humo dañe la salud) sigue siendo un desafío.
Las finanzas limitadas, las regulaciones complejas y la falta de personal calificado también son un obstáculo.
California ha tomado algunas medidas significativas para facilitar la quema controlada. La legislación reciente hace que los propietarios privados que se inscriban en un programa de certificación y capacitación o tomen las precauciones apropiadas antes de quemar están exentos de responsabilidad financiera por los fuegos programados que se descontrolen. Y los nuevos programas de educación pública están mejorando la opinión pública sobre la práctica.
“A medida que se intensifican los catastróficos impactos climáticos, las sociedades necesitan cada vez más innovar para mantener a las personas seguras”, apunta la coautora del estudio Katharine Mach, ahora profesora asociada de la Universidad de Miami. Gran parte de esta innovación es conceptualmente simple: asegurarse de que se pueda implementar la cartera completa de respuestas, quemas controladas y más allá”.3
En este orden de ideas, en nuestro país, a nivel federal, existe un programa de prevención y combate a los incendios forestales, toda vez que, ante la inminente escalada del aumento de las temperaturas que se han venido incrementado con motivo del cambio del ciclo estacional, es necesario que los tres niveles de gobierno tomen todas las medidas necesarias, para que las mismas implementen dicho programa oportuna y eficazmente.
El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales fue creado por el gobierno federal en 1972. A finales de 2002 fue transferido a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para su operación en el ámbito federal, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios.
Este programa lo opera la Conafor de manera conjunta con varias instituciones del gobierno federal que integra el Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección contra Incendios Forestales.
Se lleva a cabo con base en lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se incorporó el concepto de Manejo del Fuego a la estrategia de Protección contra Incendios Forestales; con el fin de instaurarlo como política pública.4
Por lo que es de manifestar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en lo particular en sus artículos que a la letra manifiesta:
Título Primero
De las Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto y Aplicación de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; (...)
Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:
(...)
XI. Promover la prevención y el manejo integral de los agentes disruptivos que afecten a los ecosistemas forestales, mitigar sus efectos y restaurar los daños causados por estos; (...)
Artículo 3. Son objetivos específicos de esta Ley:
(...)
XVI. Regular y promover la prevención, la atención y el manejo integrado del fuego, plagas y otros agentes disruptivos en áreas forestales; (...)
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)
XLIV. Programa de Manejo del Fuego: Instrumento de planeación que define los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate, e información relacionada con los incendios forestales, que considera la coordinación y concertación de las entidades públicas de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, propietarios y poseedores del recurso forestal y sociedad civil organizada;
Título Segundo
De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional
Capítulo I
De la Distribución de Competencias en Materia Forestal
Artículo 9.
(...)
Artículo 10. Son atribuciones de la Federación:
(...)
II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la federación a través de sus diversas dependencias, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; (...)
Artículo 11. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
(...)
XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo; (...)
Capítulo II
De la Comisión Nacional Forestal y sus Atribuciones
Artículo 20 . La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto. Para ello, la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:
(...)
XXIV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales; (...)
De las normas oficiales mexicanas en materia forestal
Artículo 53. La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia forestal y de suelos, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tengan por objeto:
(...)
IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la prevención, combate y control de incendios forestales, y al uso del fuego en terrenos forestales o preferentemente forestales, y (...)
Título Octavo
De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales
Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal
Artículo 154. La prevención y vigilancia forestal corresponde a la Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y las autoridades administrativas, y tendrán, como función primordial, la salvaguarda y patrullaje de los recursos forestales; realizar los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo a lo previsto en el Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Aunado lo anterior, tenemos que la ley es muy precisa en lo que se refiere a la prevención sobre incendios forestales, por lo que es necesaria la prevención temprana para que no ocurran como se han presentado en los últimos años, incendios que afecten la biosfera integra de nuestro país.
Por lo que nos encontramos en el momento preciso para prevenir mediante la difusión correspondiente en los diversos sistemas difusores de nuestro país, (radio, televisión, redes sociales, folletos, pláticas informativas etcétera..., para hacer una campaña exhaustiva de prevención y así poder lo más que se pueda evitar este tipo de acontecimientos como lo son los incendios forestales , que afectan gravemente al ecosistema y biodiversidad que tenemos en nuestro país.
Es importante destacar que en diversas ocasiones las autoridades tanto estatales como federales, han manifestado que los incendios forestales son provocados por pobladores que preparan sus tierras para cultivo, por ello se hace necesario involucrar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en las actividades de prevención de incendios forestales.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Víctor Blas López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a ejecutar las acciones y medidas preventivas necesarias para mitigar los incendios forestales en todo el país, previo a la próxima temporada de calor.
Notas
1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/incendios-forestales-y-cambio-cli matico
2 Programa de Manejo del Fuego. Centro Nacional del Manejo del Fuego. Cierre 2019. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2020/01/20/
fuegos-controlados-para-prevenir-incendios-forestales-7441.html
4 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/programa-nacional-de-proteccion-c ontra-incendios-forestales
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Víctor Blas López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias a dictar o, en su caso, reforzar las medidas encaminadas a fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del coronavirus, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido , Nayeli Arlen Fernández Cruz , Alfredo Antonio Gordillo Moreno , Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe , del Grupo Parlamentario de Morena; y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés , diputados sin grupo parlamentario, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).
Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano.
Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica).
De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, se sabe que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se conoce que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.1
Hasta ahora a nivel mundial, se reportan 87 mil 137 casos de coronavirus en 65 países con una letalidad de 1.4 por ciento; en México hasta ahora van cinco casos importados de Covid-19.2
El número de casos positivos de coronavirus se mantiene en cinco, pero el de sospechosos de portar el Covid-19 aumentó de ocho a 11 en tan solo 24 horas, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es el conjunto de estrategias y acciones epidemiológicas que permiten la producción de información epidemiológica útil para la salud pública.
Esta situación ha generado en la población un estado de alerta e incluso de pánico.
El 30 de enero de 2020, el director general de la OMS declaró que el brote de Covid-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional y emitió una serie de recomendaciones provisionales.
Sin embargo, la OMS no recomendó imponer ninguna restricción a los viajes o al comercio, sino que incitó a generar una colaboración estrecha entre expertos, gobiernos y asociados de todo el mundo para ampliar con la mayor rapidez los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, efectuar un seguimiento de su propagación y virulencia, y asesorar a los países y a la comunidad mundial sobre las medidas que han de adoptarse para proteger la salud y prevenir la propagación de este brote.3
Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
Ante situaciones como éstas, nuestro artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos establece lo que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la república.
Por lo que, al tratarse de una situación novedosa tanto para la salud pública, la medicina, la política y los gobiernos, deben tomarse decisiones estratégicas, inteligentes y proporcionales a la situación con la que nos enfrentamos, con el propósito de que la población esté informada y pueda tomar las medidas necesarias para evitar en el país la propagación de la epidemia.
En ese sentido, es indispensable que todos los integrantes del Sistema de Salud Pública del país centren sus esfuerzos en, primeramente, analizar los recursos, materiales, técnicos y presupuestarios con los que se cuentan, para poder planear una estrategia integral que permita establecer controles epidemiológicos a efectos de evitar la propagación del virus y a así combatir los posibles daños a la salud.
En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Epidemiología, a las secretarías de Salud de las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Pemex, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y facultades normativas, analicen los recursos, materiales, técnicos y presupuestarios con los que se cuentan, para poder planear una estrategia integral y fortalecer los programas de vigilancia epidemiologia con el fin de evitar la propagación del coronavirus. (Covid-19).
Notas
1 https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/01/
salud-confirma-5-casos-de-coronavirus-en-mexico-y-sube-los-sospechosos-a-11
3 https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-a-joint-statement-on -tourism-and-covid-19—-unwto-and-who-call-for-responsibility-and-coordi nation
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Puebla a establecer mecanismos para cumplir y proteger el derecho a la libertad de expresión y garantizar el diálogo social y político, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
1. La inseguridad no cesa y sigue su tendencia creciente. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019 se registraron 34 mil 579 homicidios, registrándose como el año más violento desde que el gobierno del expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Estos homicidios se suman a los 250 mil 547 asesinatos acumulados desde el 2006, y a la desaparición de 40 mil 180 personas hasta enero del 2019, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
2. Los asesinatos de mujeres motivados por el odio de género siguen en aumento. Según el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2019 se acumularon 3 mil 621 feminicidios. La tendencia de la violencia contra las mujeres aumentan cada año, pues de los 411 casos del 2015 se pasó a 976 en el 2019. De continuar esta tendencia es de esperarse que el 2020 sea otro año trágico de violencia contra las mujeres.
3. Tanto los homicidios, los secuestros, como los feminicidios, permiten afirmar que vivimos en un contexto de inseguridad creciente, en el cual aumenta la preocupación de la ciudadanía porque siente que la estrategia de seguridad que aplican el gobierno federal y los gobiernos de los estados y de los municipios, está fracasando, pues no ha podido frenar la violencia y los asesinatos de mujeres, hombres, adolecentes, niños y niñas.
4. Lo mismo se puede decir del sistema de alerta de género el cual, al igual que la estrategia general de seguridad del gobierno federal, debe pasar por una profunda revisión y corrección, para lograr pronta respuesta a las exigencias ciudadanas de seguridad.
5. En el ambiente de inseguridad en el que vivimos los mexicanos y las mexicanas, cobró especial indignación social el asesinato de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, sin que el gobierno federal ni los gobiernos estatales hayan mostrado la sensibilidad necesaria para comprender tal indignación, expresando opiniones que no satisfacen a la opinión pública, ni hacen justicia a las víctimas.
6. Ante la falta de sensibilidad gubernamental y de respuestas adecuadas a las exigencias de justicia a las mujeres asesinadas, se ha organizado un paro nacional denominado “Un Día Sin Mujeres”, el cual se realizará el próximo 9 de marzo, con la finalidad de que el gobierno federal y los gobiernos estatales realicen cambios en profundidad en la estrategia de seguridad y en el sistema de alerta de género, para hacer justicia a las víctimas de los feminicidios y para evitar más muertes de mujeres.
7. El asesinato de tres estudiantes de medicina de la Benemérita Universidad de Puebla y de la UPAEB, y de un chofer de servicio público en Puebla, ha convertido la indignación en un movimiento estudiantil por la justicia, que trasciende al estado de Puebla, y al que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de Puebla deben dar una respuesta inmediata.
8. Tanto el paro nacional de Un Día Sin Mujeres, los paros de protesta de las estudiantes de la UNAM contra el acoso sexual y la inseguridad, así como el movimiento estudiantil de Puebla por la justicia, son expresiones legítimas de inconformidad de la sociedad civil por la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales y los municipales, a las demandas de justicia y seguridad que han expresado diversas organizaciones sociales y los familiares de las víctimas.
9. La movilización de la sociedad civil por la justicia y por la seguridad, no puede ser minimizada ni acusada de constituir acciones antigubernamentales con el propósito de generar inestabilidad política. Al contrario, insistimos que son expresiones legítimas de la ciudadanía que en defensa de su vida, de sus propiedades, y del derecho a vivir sin violencia.
10. En tal sentido, el PRD llama al gobierno federal y al gobernador de Puebla a establecer mesas de diálogo por la seguridad con las organizaciones que han tomado la iniciativa de protestar para que el gobierno ponga mayor interés en buscar una urgente solución a la inseguridad, y a la creciente violencia en contra de las mujeres y los estudiantes.
11. Los grupos organizados de la sociedad civil que han tomado la iniciativa de manifestar su inconformidad por la falta de seguridad, están haciendo uso legítimo de las libertades de expresión y asociación consagradas en la Constitución Política de nuestra república. Por lo tanto, el GPPRD le pide a las autoridades abstenerse de la tentación de reprimir dichas expresiones de inconformidad. Lo que se impone ante esta situación de protestas sociales es la sensibilidad democrática y el diálogo plural para buscar soluciones satisfactorias a los reclamos de la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal y estatal de Puebla a establecer mecanismos para proteger y hacer cumplir el derecho a la libertad de expresión a fin de construir coordinadamente medidas eficaces que garanticen la seguridad y la justicia a través del diálogo social y político.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y la Semarnat a atender la situación de los jaguares encadenados y torturados con meros fines turísticos en QR, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con teclear en un buscador “vacaciones con animales en México” se puede encontrar una variada oferta de planes de ocio que incluyen animales: desde hoteles en los que admiten a las mascotas hasta granjas. Otras opciones incluyen la interacción con especies exóticas o salvajes y, aunque puedan resultar atractivas, en ocasiones incurren en situaciones crueles para los animales.
No es extraño ver en redes sociales o folletos promocionales fotos de personas a lomos de un elefante en un paraje paradisíaco, fotos con aves que sin mencionarse, tienen las alas cortadas o amarradas, esto sucede con muchas otras especies de animales que no merecen este tipo de brutalidad en la alteración de sus atribuciones físicas o psicológicas, todo esto reclamo vacacional del sector turístico.1 Estas son prácticas que, aunque puede parecer inofensiva, esconde una historia de maltrato.
La asociación World Animal Protection2 lleva años recogiendo en sus campañas algunas de las atracciones turísticas más dañinas para los animales y documentando los logros en materia de protección del entorno en el sector turístico.
Además de los elefantes, World Animal Protection señala otras prácticas crueles: sacarse fotografías con crías de tigre, león, jaguares; sostener y fotografiarse con tortugas marinas; o los espectáculos de delfines.
Tanto las crías de leones como de tigres y jaguar son apartadas de sus madres y sus manadas y encadenadas para que el turista, tras pagar el precio convenido, lo abrace y se lleve la fotografía a casa, pero el sector turístico, no conforme con ello lleva este espectáculo aún más allá, apartando a ciertos animales de su área en donde esté se desenvuelve, tal es el caso de las recientes demandas hechas en Cancún, Quintana Roo, como se expondrá a continuación.
Presentación del problema
Una denuncia sobre la explotación de jaguares en Cancún ha salido a la luz, a través de las redes sociales, a raíz de una publicación del reconocido fotógrafo Steve Winter, conocido por sus trabajos sobre fauna salvaje, quien en esta ocasión, a través de su cuenta de Instagram compartió hace un par de días la fotografía de un jaguar en lo que parecer ser el mar y cerca de este personas a bordo de jetski o motos acuáticas, en lo que el mismo fotógrafo describe como un “tour” que ofrece a turistas esta atracción con el felino.3
Está por demás decir que este acto es inhumano en sí, estos jaguares como muchas otras especies de animales son raptados desde bebés, donde su familia suele ser asesinada para poder llegar a ellos, o son comprados de lugares donde se crían poblaciones en cautiverio. Se les priva de sus comportamientos naturales y se les obliga a vivir en pequeñas jaulas por el resto de su vida. Se les abusa tanto física como mentalmente y no se les da de comer para poder manipularlos con la comida y así obligarlos a aprender los trucos y a realizarlos exitosamente durante los shows.
Es necesario dar a conocer lo que hay detrás del comercio y la industria de este tipo de actividades con grandes felinos, refiriendo que, desde Tailandia hasta Sudáfrica, estos felinos representan el comercio de vida silvestre.
Como Poder Legislativo de esta nación es nuestro deber proteger a todo ser que lo necesite, tal es el presente caso de los jaguares en México, en un trabajo en conjunto con las dependencias de gobiernos encargadas de bienestar animal tenemos que erradicas estas crueles prácticas, que, con el único objetivo de obtener una fotografía, se hace a expensas del sufrimiento de esos felinos, que no merecen nada menos que nuestro respeto.
Gandhi dijo que el nivel de una cultura o de una civilización se puede medir por el trato que da a sus animales; en México se ha demostrado que en general es reprobable, no suelen ser tratados ni siquiera como seres vivos. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales,4 reitera en sus diversos artículos que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles ya que todo animal tiene derecho al respeto y a la vida digna.
En dicha declaración, estipula en su artículo 2 que todo animal tiene derecho al respeto, así como que todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Atendiendo a estos principios nacionales que deben regir nuestro comportamiento para con los animales, que reitero, merecen todo nuestro respeto, quiero dejar en claro que, como humanos, no tenemos el derecho de lucrar con su sufrimiento, mucho menos de hacerlo por simple diversión.
Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser eficientes en la ejecución de su trabajo, no podemos pasar por alto este ni ningún otro caso de tortura animal.
Al mismo tiempo, como sociedad mexicana, hago un llamado a la sociedad en general para que, si ve a amigos o familiares participando en actividades como esta, se les haga saber que estos negocios a menudo están vinculados con programas de cría y comercio ilegal de cachorros.
Por ello, haciendo un llamado a la razón y visibilizando la obviedad en la crueldad que representa el no hacer nada ante esta práctica que muchas personas consideran “normal” o “divertido”, es necesario que comiencen a castigarse en específico el maltrato a las criaturas sin importar cuan pequeñas o grandes sean, ya que su ciclo de vida natural nunca consistiría en ser objeto de tortura o de diversión a expensas de su sufrimiento.
Abogando a la conciencia para poner fin a esta horrenda cultura del maltrato animal, para comenzar con cultura del respeto hacia los animales, en busca de terminar con estas crueles acciones que no aportan nada a estos nuevos tiempos en donde nuestra labor como legisladores está en mejorar al país, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a atender la situación de los jaguares encadenados y torturados únicamente con fines turísticos en Quintana Roo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que con base en estos hechos, investigue y dé con los responsables de realizar dicha práctica, basándose en las demandas hechas por distintas organizaciones en defensa de los animales, a fin de terminar con estos actos y ser entregados ante las autoridades correspondientes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo a que en el ámbito de sus atribuciones condene estos actos de crueldad animal, que más que atraer a turistas e incentivar la derrama económica del sector turístico, posiciona a México como un país en el que el maltrato animal no es castigado por las leyes nacionales.
Notas
1 El Sol de México. “Turismo con animales: crueldad por una foto” https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/turismo-con-animales-crueldad-po r-una-foto-4090165.html
2 World Animal Protection.
https://www.worldanimalprotection.org/
3 Periódico El Quintana Roo. “Exhibe reconocido fotógrafo explotación de jaguares en Cancún”. Disponible en https://elquintanaroo.mx/exhibe-reconocido-fotografo-explotacion-de-jag uares-en-cancun/
4 Gobierno de México. “Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales”. https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-univ ersal-de-los-derechos-de-los-animales.
Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo a presentar y aplicar medidas transversales para atender la emergencia internacional y prevenir aquí los efectos del coronavirus, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Al día de hoy, es primera plana de los principales diarios de México y del mundo, el coronavirus (Covid-19). Al no existir una vacuna contra este virus, es evidente que existe una preocupación respecto a su atención, prevención y cura.
Al tratarse de una situación novedosa tanto para la salud pública, la medicina, la política y los gobiernos, deben de tomarse decisiones estratégicas, inteligentes y proporcionales a la situación con la que nos enfrentaremos eventualmente.
El mundo interconectado o globalizado, presenta fronteras marítimas, áreas y terrestres porosas, en el intercambio bienes, servicios y el movimiento de personas de manera libre y ordenada, es un hecho que en México estaremos en la necesidad y obligación de atender posibles casos de coronavirus (Covid-19).
Es necesario que el Ejecutivo, adicionalmente a las activadas que ya desarrolla en el ejercicio de sus facultades, genere una posición mucho más integral y transversal, con el involucramiento de todo el Estado, incluyendo el apoyo de los demás Poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos, de contar con atribuciones para ello, y lidere una estrategia de salud pública que nos ha distinguido como mexicanos en la atención de epidemias y enfermedades graves.
Conforme al artículo 4o. constitucional, es obligación del Estado garantizar el derecho a la protección de la salud, conforme a las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y con la participación de los tres órdenes de gobierno federativas en materia de salubridad general.
El artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos, establece lo siguiente:
“1. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la república
3. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.”
Derivado de tal disposición, es clara la responsabilidad que recae sobre el titular del Ejecutivo federal para dirigir, coordinar, supervisar e implementar una política de prevención y cuidado de la salud, entre las que se incluyen desarrollar acciones obligatorias consistentes en dictar medidas preventivas indispensables y urgentes para atender riesgos de epidemias de carácter grave.
Dado el “imperium” con el que se conduce el Ejecutivo, la obligatoriedad de sus disposiciones, y por ende su coercibilidad, con el máximo respeto a los derechos fundamentales, su titular ha sido habilitado por el legislador para, como máxima autoridad del Consejo de Salubridad General, tomar las decisiones y medidas necesarias para la prevención y atención de la salud pública.
El titular del Poder Ejecutivo federal cuenta con el andamiaje jurídico para tomar cartas en este asunto que nos ocupa. Sus actos administrativo de carácter general, tales como acuerdos, avisos, lineamientos, decretos, circulares, manuales, disposiciones regulatorias, entre otras, tienen como objetivo establecer el elemento teleológico, es decir, el fin y las causas últimas de lo que busca materializar y concretar a través de los mandatos normativos, es su obligación la implementación de medidas preventiva y correctivas transversales para prevenir epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades en el país.
De igual forma, todo acto emitido por el Ejecutivo debe evitar ser arbitrario y contradictorio, respetando el principio de legalidad que está sometido; buscando otorgar la mayor certeza posible para que los servidores públicos encargados de implementar los mandatos del presidente la república, puedan tener certeza de que lo que se les pide conforme a ley, atiende a concretar conceptos jurídicos indeterminados como lo son el interés público, el orden público o el interés general, para siempre favorecer el bien común.
Conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal cuenta con secretarios de Estado quienes, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliarán de los servidores públicos a su cargo, en los términos que establezca el reglamento interno de cada dependencia y otras disposiciones legales aplicables.
Lo anterior, en materia de derecho administrativo, se cristaliza mediante la delegación de facultades, puesto que sabemos que el Poder Ejecutivo le resulta imposible ejercer la totalidad de su función, por lo que tiene que delegar algunas de sus funciones a órganos inferiores, mediante acuerdo habilitante por la norma, o por disposición expresa de la leyes especiales aplicables a la organización administrativa del Estado.
Es por ello que solicito al poder del titular del Ejecutivo federal, tenga a bien considerar, entre otras medidas de carácter transversal, ordenar mediante decreto las siguientes acciones:
La cooperación de las autoridades no sanitarias en el ejercicio de la acción para combatir el coronavirus estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de la Ley General de Salud y de conformidad con las que expida el Consejo de Salubridad General
La intervención de la Secretaría de Salud para que dicte inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud derivado del coronavirus, con independencia de las que el presidente de la república ordene o sancione con posterioridad.
Ordenar a las autoridades escolares, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de medidas de mitigación y de previsión para esquivar el impacto en las niñas, niños y adolescentes en edad escolar.
Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, para eludir una invasión de una enfermedad grave como lo es el corona virus (Covid-19), con el apoyo de la Secretaría de gobernación y sus órganos descentralizados y desconcentrados.
Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del estado y de servicio público, para evitar la posibilidad de una epidemia grave por corona virus (Covid-19) en territorio nacional, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y demás entidades con atribuciones en la materia.
Operar los servicios de sanidad nacional y utilizar libre y prioritariamente los servicios de telecomunicaciones para difundir campañas de prevención y cuidado, conforme a la Ley General de Salud
Y en general, incentivar y liderar la participación de las autoridades civiles, militares y los particulares para colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra el corona virus (Covid-19).
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y facultades normativas, a ejecutar medidas transversales para atender la emergencia internacional y prevenir los efectos nacionales ocasionados por el coronavirus (Covid-19), así como a realizar campañas para informar a la ciudadanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos gobiernos locales a armonizar con la Ley Nacional de Ejecución Penal su legislación, donde establezcan los tres años de edad para que las niñas y los niños permanezcan bajo la custodia de la madre interna en un centro carcelario, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputados Laura Martínez González, Merary Villegas Sánchez, Marco Antonio González Reyes, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Susana Cano González, Martha Robles Ortiz, Graciela Sánchez Ortiz, Graciela Zavaleta Sánchez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Leticia Díaz Aguilar, Claudia López Rayón, Sergio Mayer Breton, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, María Corina Villegas Guarneros y Rosalba Valencia Cruz, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1; 158, fracción VII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
No obstante que en noviembre de 2018 se cumplió la fecha límite para acatar lo dictado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que impone al Sistema Penitenciario del país garantizar los derechos de las niñas y niños que vivan con sus madres quienes se encuentren en condición de internas en los centros carcelarios del país, aún no se cumple con este mandato, lo anterior, constituye una violación al principio del interés superior de la niñez.
En el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las madres internas tienen el derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años; primordialmente, por los diversos escenarios que cada niña o niño pueda llegar a presentar, uno de ellos es la ausencia familiar de la reclusa donde muchas veces los menores son refugiados en albergues de gobierno y dejando en incertidumbre a la madre.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017 se contabilizaron 542 menores de 6 años viviendo con sus madres, dicha población infantil, reside en 214 prisiones, es decir en más de 50 por ciento de las cárceles de México. Lo anterior fue publicado en 2015, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el informe: Sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad .1
El informe reveló que en “diez centros carcelarios de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco. Nayarit, San Luís Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia a menores de edad con sus madres internas, lo que, por supuesto, vulnera el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia”.
La conclusión del informe señala que “Hay condiciones que dificultan una vida digna y segura, así como situaciones que vulneran los derechos humanos de las niñas y niños, haciendo énfasis en la escasez alimentaria, educativa y en la falta de zonas recreativas para que puedan desarrollarse los menores”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el año 2014 había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los diferentes centros penitenciarios en el país.
Por otro lado, la investigación Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación México , realizado por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara del Senado en el año 2017, señala que los centros penitenciarios del entonces Distrito Federal tenían un mayor número de menores de 6 años viviendo con sus madres que cualquier otra entidad. Le siguen Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, estado de México y Chiapas; con 105, 52, 51, 41, 32 y 31 respectivamente, como se expone en la siguiente gráfica2
Instrumentos legales internacionales
México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño3 aprobada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Senado de nuestro país el 21 de septiembre de 1990.
“Conforme a esta convención todas las niñas y niños, incluidos los que viven prisión con sus madres tienen derecho a:
• No distinción ni discriminación.
• Interés superior del niño.
• Derechos económicos, sociales y culturales.
• Supervivencia y desarrollo del niño.
• Derecho a la identidad y cuidado de los padres.
• Preservar identidad.
• Interés superior del niño en cuanto a ser o no separado de los padres.
• Derecho de tener contacto con padres cuando residan en estados diferentes.
• Traslados ilícitos de niños.
• Derecho del niño a libertad de expresión.
• Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Derecho de asociación y reunión.
• Derecho a la protección contra injerencias ilegales
• Derecho de acceso a la información.
• Obligaciones de ambos padres en su cuidado.
• Derecho a no ser abusado ni física ni mentalmente.”
Asimismo, las Reglas de Bangkok4 (Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes) establecen temáticas relacionadas con los hijos de mujeres reclusas que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y dentro de éstas tenemos:
“Regla 2
La Regla 2 del instrumento establece que debe existir atención suficiente a procedimientos de ingresos de niños a la institución. El segundo párrafo de dicha regla señal que, antes del ingreso de la mujer con niños a su cargo, se deberán adoptar disposiciones respecto de aquellos, “previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés superior de los niños”.
Regla 4
Se refiere a la cercanía de los centros de rehabilitación social respecto de los hogares de las mujeres que tienen cuidado de niños, la disponibilidad de programas y preferencias.
Regla 21
Indica que cuando se inspeccionen a niños con sus madres en prisión o cuando se encuentran en visitas, el personal debe ser competente, profesional y respetuoso de la dignidad del menor.
Regla 22
Menciona que las sanciones disciplinarias para reclusas no deben comprender prohibir contacto con familiares o hijos.
Regla 24
Igualmente, protege a mujeres que estén por dar a luz antes, durante y después del parto respecto de medios de coerción.
Regla 33
De acuerdo a esta regla, se debe sensibilizar al personal penitenciario sobre necesidades de desarrollo del niño que viven en prisión con su madre, impartiéndose nociones básicas de atención sanitaria, y reacción ante necesidad o emergencia.
Regla 42
Señala que deben habilitarse servicios o disposiciones para el cuidado de los niños para que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.
Regla 48
Indica que las reclusas embarazadas o lactantes deben tener un asesoramiento de salud y dieta. Por ello es que, a las embarazadas, bebés, niños y madres lactantes debe proporcionárseles alimentación suficiente y puntual.
Asimismo, se alienta a la lactancia materia, ya que se señala que no se debe impedir que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas.
Regla 49
Señala claramente las decisiones de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés superior del niño. Y éste no será tratado como un recluso.
Regla 50
Se deben brindar posibilidades para que las madres puedan dedicar tiempo a sus hijos.
Regla 51
Establece específicamente que:
“1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel dispondrán de servicios permanentes de atención de salud, y su desarrollo estará sujeto a la supervisión de especialistas, en colaboración con los servicios sanitarios de la comunidad.
2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios”.
Regla 52
Indica lo relacionado a la separación del niño respecto de su madre en prisión. Señala que siempre se deberá adoptar el interés superior del niño y con delicadeza:
“1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño, con arreglo a la legislación nacional pertinente.
2. La decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, y únicamente tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares.
3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y se ponga a estos al cuidado de familiares o de otras personas o servicios de atención, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden público”.
Regla 53
Menciona lo relacionado a los hijos que viven con una reclusa extranjera no residente y señala que se debe reubicar al niño en su país de origen, siempre considerando el interés superior de aquel.
Regla 63
Establece que el hecho de que haya mujeres embarazadas y con hijos a cargo debe considerarse para la libertad condicional anticipada.
Regla 64
Indica que, cuando sea posible, se preferirá no imponer sentencias privativas de la libertad a embarazadas o mujeres con hijos a cargo.
Estas reglas se enfocan en proteger los derechos de mujeres reclusas y, los numerales mencionados contienen disposiciones que se deben considerar para el tratamiento de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión.”
Además, dichas reglas consideran otros instrumentos internacionales como son: Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños;5 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas;6 Manual de Capacitación en Derechos Humanos para Funcionarios de Prisiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;7 Convictos Colaterales: Niños y Niñas de Progenitores Presos.8
Legislación de la materia
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9 se consagran los derechos de la niñez, así como también se impone al Estado el deber de proteger los derechos humanos que se contemplan en la misma y respetar los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
El artículo 4o. constitucional en su párrafo noveno señala que:
“...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
De acuerdo a lo anterior, el Estado mexicano debe garantizar el cumplimiento de estos derechos, así como de observar el interés superior del niño independientemente de que hayan nacido en un centro carcelario.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)10 publicada en 2014 considera a las niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos por lo que busca garantizar el pleno ejercicio, protección, respeto y promoción de derechos humanos a los mismos, estableciendo principios y criterios que orienten la política nacional en materia de niñas, niños y adolescentes de los diferentes órdenes de gobierno y poderes del estado. En consecuencia, es deber del Estado mexicano diseñar, ejecutar, dar seguimiento (ex ante y ex post) e implementar políticas públicas; sin olvidar, la retroalimentación de los resultados, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de las políticas ejecutadas; y en consecuencia, lograr políticas eficientes en dicha materia.
Así los principios rectores están previstos en el artículo 2o. de esta ley:
“Para efectos del artículo 2º de esta Ley, son principios rectores;
I. El interés superior de la niñez;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y
XIV. La accesibilidad.”
Ahora bien, existe controversia entre académicas y académicos, funcionarias y funcionarios e integrantes de organizaciones civiles como Sofía Cobo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe),11 y la organización Reinserta12 al considerar a las niñas y niños que viven con sus madres en prisión como víctimas ya que carecen de condiciones adecuadas para su desarrollo integral y estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad, por otro lado, las funcionarias y funcionarios como Jesús Naime Libién, quien fue titular del Sistema DIF Nacional,13 así como activistas feministas que consideran como un derecho de las madres en prisión, de la niñas y niños a tener convivencia y fortalecer los lazos afectivos.
Se considera que, para no violentar el derecho de las niñas y niños de vivir con sus madres en prisión, ni vulnerar el logro de un desarrollo integral, emocional y moral de los mismos; es menester conceptuar la edad de los 3 años, debido a que es una edad pertinente para reducir y tratar los desórdenes emocionales, además para comenzar a preparar a los menores para mayor concientización de la situación de sus madres, así como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos:
Artículo 10, fracción VI
...
“VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables” ...
Asimismo dicha legislación nacional establece que:
Artículo 36. ...
“Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente:
I. Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.”
II. ...
Por lo anteriormente señalado de no ajustarse a la edad prevista por el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, al permanecer niñas y niños en la cárcel pueden constituirse riesgos psicológicos derivados de la violencia que se vive en esos lugares y si bien, es cierto en algunos centros, en especial: Ciudad de México, estado de México, Guerrero y Sinaloa se ha encontrado voluntad de crear espacios infantiles que aíslen a las y los menores del ambiente violento que se vive en estos espacios, también lo es, que en la mayoría de los centros carcelarios del país no cuentan con dichos espacios a la fecha. En consecuencia, las niñas y los niños como sujetos de derecho por parte del Estado, éste tiene que garantizarles el acceso a la salud, alimentación y educación.
De tal manera se realizó una búsqueda de información en la legislación local de las entidades federativas para identificar ordenamientos jurídicos que se encuentre armonizados conforme lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones respecto de los 3 años como edad límite para que las niñas y los niños se alojen en un centro de reclusión, obteniéndose los siguientes hallazgos:
Cuadro. Disposiciones referentes a niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios
Elaboración propia 18/09/19
Ante esta problemática, la legislación determinó que la edad pertinente son los 3 años y con base en ello es que respetuosamente exhortamos a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas a armonizar su legislación local, a efecto de que lo hagan conforme la legislación nacional en la materia para establecer la edad de 3 años, en que los menores deberán ser separados de sus madres internas de una forma paulatina.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos locales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ; a efecto de que armonicen su legislación local con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal estableciendo los tres años de edad para que las niñas y niños permanezcan bajo la custodia de la madre interna en los centros carcelarios del país.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas ; a hacer pública información respecto a los programas y acciones que garantizan el principio de interés superior de la niñez en niñas y niños que viven con sus madres en centros carcelarios.
Notas
1 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=15007 recuperado el 4 de septiembre de 2019
2 Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2017.
3 Convención sobre los Derechos del Niño http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-l os-derechos-de-la-infancia/?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XebyzKrmaVfPj 8f53V3ypIzjrM2rKNp3_b3TVKt5b-3yB9mLebpVzikaAtPNEALw_wcB recuperado el 4 de septiembre de 2019
4 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules _ESP_24032015.pdf recuperado el 4 de septiembre de 2019
5 Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?i d=3836 recuperado el 4 de septiembre de 2019
6 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las América
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL .asp recuperado el 4 de septiembre de 2019
7 Manual de Capacitación en Derechos Humanos para Funcionarios de Prisiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/tablas/25427.pdf recuperado el 4 de septiembre de 2019
8 Convictos Colaterales: Niños y Niñas de Progenitores Presos http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Collate ral%20Convicts_Recommendations%20and%20good%20practice.pdf recuperado el 4 de septiembre de 2019
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm recuperado el 4 de septiembre de 2019
10 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-general-derechos-ninas-65489464 1?from_fbt=1&from_social=true&utm_source=addon&fbt=webapp_p review recuperado el 4 de septiembre de 2019.
11 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/infancia-en-prision-su- delito-ser-hijos-de-reclusas recuperado el 05 de septiembre de 2019.
12 Puede ser consultado en https://reinserta.org/mujeres-ni%C3%B1os
13 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-mexico-417-menores-de -edad-viven-con-sus-madres-en-centros-penitenciarios recuperado el 05 de septiembre de 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Laura Martínez González (rúbrica), Merary Villegas Sánchez (rúbrica), Marco Antonio González Reyes (rúbrica), Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Susana Cano González (rúbrica), Martha Robles Ortiz (rúbrica), Graciela Sánchez Ortiz (rúbrica), Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica), Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica), Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica), Leticia Díaz Aguilar (rúbrica), Claudia López Rayón (rúbrica), Sergio Mayer Bretón (rúbrica), Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica), María Corina Villegas Guarneros (rúbrica), Rosalba Valencia Cruz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de Chihuahua a reforzar las acciones de vigilancia ante las recientes denuncias sobre corrupción de sus funcionarios, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de Chihuahua a reforzar sus acciones de vigilancia y disciplina judicial, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A. Sobre el combate a la corrupción en general
El derecho al acceso a la justicia no es solo un derecho fundamental en sí mismo, sino que su garantía lo es también una herramienta indispensable para promover y proteger aquellos de carácter político, sociales, civiles, entre otros.
En el plano internacional, México se ha constituido como uno de los grandes impulsores en materia de combate a la corrupción, confirmando esto v.gr. que México fue sede del Consenso de Monterrey, 1 en el que subrayó la prioridad de combatir la corrupción en todos los niveles y órganos de gobierno; en efecto, aquella resulta ser un fenómeno especialmente relevante cuando se habla de obstáculos al adecuado desempeño y crecimiento positivo de los servicios e instituciones públicas.
Simultáneamente, el 18 de diciembre de 2002 México ofreció a las Naciones Unidas ser anfitrión de una conferencia política con objeto de la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 2 (Convención), lo cual fue aceptado posteriormente por su Asamblea General,3 dando pie a la consolidación de este mecanismo que inmediatamente generó un vínculo obligacional de los Estados firmantes consistente en el enfoque de esfuerzos dirigidos al combate del fenómeno en mención.
Ahora bien, tomando como presupuesto el conocimiento general de la corrupción, debe señalarse que el mismo es graduable, es decir, puede decirse que una entidad es más o menos corrupta atendiendo a factores de carácter objetivo, como lo son las estadísticas de investigaciones relacionadas por actos de corrupción efectivamente concluidas en una sanción, así como de carácter subjetivo, como la percepción misma de la ciudadanía.
Seguidamente, México consolidó el Sistema Nacional Anticorrupción:4 la instancia de coordinación de nuestros distintos órdenes de gobierno por la que se les obliga a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de su estructura gubernamental, pero sobre todo a garantizar la actuación ética de cada servidor público que la integra.
Aun así, es innegable que el fenómeno se ha presentado de manera generalizada en los distintos poderes de carácter constitucional de nuestro Estado, y atendiendo al interés específico del presente asunto legislativo nos enfocaremos al poder judicial, dado que la corrupción en ese ámbito tiene repercusiones con carácter de inmediatez en la esfera jurídica de la persona, como se expondrá a continuación.
Del mismo modo, no pasa desapercibido por la comunidad internacional que la característica fundamental del poder constitucional en comento lo es su independencia, sin embargo, ello no excluye que el Estado como unidad adopte medidas en un plano horizontal entre sus poderes ordinarios para evitar toda oportunidad de corrupción entre los órganos judiciales, es decir, que este poder legislativo desde su ámbito de competencia pueda contribuir a tal fin:5
Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado parte , de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.
(...)
Inclusive el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha coincidido públicamente en que la colaboración y trabajo entre poderes constitucionales no es violatoria del sistema de distribución de competencias ni su autonomía, sino lo contrario, permite una adecuada transformación social del Estado:6
“Afirma Pius Langa, especialista en constitucionalismo transformador y expresidente de la Corte Constitucional Sudafricana, que no hay transformación social posible sin colaboración entre poderes. esto no altera la separación y autonomía de cada uno. coincido con él. ”
B. Poder Judicial, corrupción y pobreza
Los efectos de la corrupción son graduables, y mucho dependerá la afectación de aquellos al bien común atendiendo a la naturaleza del órgano que emite el acto viciado. Como se refirió inicialmente, el presente asunto parlamentario se enfoca a la sede judicial.
Así, una resolución dictada como resultado de un actuar corrupto puede generar afectaciones directas e inmediatas graves, como dejar impune un crimen o condenar indebidamente a una persona a prisión.
Ello es distinto, por ejemplo, de una resolución en la esfera administrativa por la que se otorga un contrato público a un licitante de manera corrupta, pues si bien puede ser esto resultado de un procedimiento ilícito, es posible que el bien o servicio contratado no afecte de manera inmediata ni directa al beneficiario final, o que incluso sea de buena calidad y cumpla su finalidad como satisfactor de necesidades públicas.
En suma a lo anterior, las consecuencias se agudizan cuando la población vive en situación de pobreza y vulnerabilidad frente a necesidades básicas para vivir.
Varios de los obstáculos que cualquier persona enfrenta para poder disfrutar adecuadamente sus derechos y garantías judiciales dependen de una cuestión económica, como lo es el costo de un profesional en derecho y otros colaterales que un proceso judicial conlleva, de ahí que la ONU7 ha reconocido que aquel sector poblacional es más proclive a ser víctima de prácticas corruptas institucionales que generan se requiera un mayor esfuerzo e inversión tanto económica como de tiempo, mientras que sus posibilidades de obtener una resolución acorde a sus intereses es peor.
En efecto, la existencia de actos como la solicitud de pago ilícita de un funcionario para cumplir con sus obligaciones públicas genera de facto posibilidades reales de acceso a la justicia de manera proporcional a la capacidad económica del reclamante, por lo que un individuo de clase media o alta tendrá mayor eficacia y eficiencia en el desahogo de su proceso judicial; en contraste, las personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad no podrán pagar “sobornos” para recibir servicios que por ley son gratuitos, lo que genera que sus casos sean retrasados, resueltos perjudicialmente o incluso desechados.8
Por esta razón la corrupción en el poder judicial representa una carga desproporcionada a las personas que viven en esta situación económica desfavorable, ya que generalmente se traduce en que deben afectar su patrimonio, salud o educación para poder cumplir con las exigencias ilícitas del servidor público, e incluso la evidencia ha demostrado que las mujeres son quienes más resultan afectadas en este aspecto al ser objeto de acoso sexual por parte de servidores públicos del ramo en estudio.9
Atendiendo a estas particularidades es que la comunidad internacional optó por definir, entre otras, las siguientes conclusiones y recomendaciones en la materia:10
1. Que los Estados tienen la obligación de garantizar a todas las personas el derecho de acceder a un proceso judicial competente e imparcial, en igualdad de condiciones y libre de discriminación.
2. Que el acceso a la justicia resulta esencial para abatir la pobreza y garantizar los derechos de quienes se encuentran en este nivel socioeconómico.
3. Que el Estado debe implementar medidas multidimensionales para alcanzar los fines ya referidos, y que se resumen a la garantía del derecho al acceso a la justicia, sobre todo las enfocadas a investigar actuaciones posiblemente constitutivas de actos de corrupción en el poder judicial, así como la implementación simultánea de medidas de carácter preventivo.
C. Percepción general
En el mismo marco comunicativo y de percepción social, la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 11 generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concluyó que el poder judicial es la segunda institución que más se percibe corrupta por los mexicanos, tan solo después de los policías de tránsito, y que además dicha percepción aumentó casi un punto porcentual en un año.
Para mejor exposición12
En tal virtud, y con motivo de la importancia de combatir la corrupción en el poder judicial, incluso el C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, así como el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocieron la existencia de dicho fenómeno en la administración de justicia y comunicaron el emprendimiento de esfuerzos para combatirlo.
No pasa desapercibido que dicho resultado se genera también, además de la vivencia particular del ciudadano, por el rol de los medios de comunicación como mecanismos de evidencia y denuncia a través de sus notas periodísticas, por mencionar algunas:
Arturo Zaldívar reconoce que hay corrupción en el Poder Judicial. 13
“(...) el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aceptó que en el Poder Judicial ‘sí hay un problema de corrupción’(...)”
Destituyen a 15 jueces por casos de corrupción y acoso sexual 14
(...) El Poder Judicial de la Federación (PJF) documentó durante los últimos años casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual. (...)
El CJF ha sancionado a 102 servidores entre 2018 y 2019; algunos por acoso sexual 15
(...) Por acoso sexual, obtener beneficios adicionales, mala conducta, litigar en asuntos privados siendo funcionarios del Poder Judicial de Federación o no presentar su declaración patrimonial (...) Los cargos de los sancionados van desde técnico enlace, jefe de departamento, secretarios particulares de magistrados, actuarios, secretarios de tribunal, coordinadores e incluso magistrados. (...)
El 80% de los jueces acusados de corrupción son intocables 16
(...) A pesar de los señalamientos o las pruebas en contra de jueces corruptos, solamente el 2.2% de los casos termina en destitución. (...)
Presidente de la Suprema Corte y AMLO coinciden en ir por jueces corruptos. 17
“(...) Estamos ya tomando muchas medidas. Hemos iniciado con destitución de jueces, de magistrados. Estamos también generado suspensiones en determinados juzgadores y están en curso investigaciones (...)”
Cae por corrupción magistrado que revisaba Santa Lucía; AMLO lo celebra 18
(...) El magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien ha otorgado amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves en su situación financiera. (...)
Y es en razón del reconocimiento de la gravedad de los fenómenos hasta aquí expuestos que el 12 de febrero de 2020, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la “Reforma para y con el Poder Judicial”, misma de carácter integral a la estructura orgánica de este, enfatizando que uno de sus ejes lo es el “Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo”:19
Arturo Zaldívar presenta reforma contra nepotismo y corrupción en Poder Judicial 20
“El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó al Senado de la República la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que, dijo, consolidará y reglamentará los cambios que ya ha comenzado a implementar durante su administración. (...) ”
Ahora bien, la encuesta citada ofrece un panorama de carácter nacional, por lo que las valoraciones realizadas no solo recaen sobre el poder judicial federal, sino también sobre la justicia local; los poderes judiciales de los Estados no están exentos de sufrir de este fenómeno, al contrario, la justicia local es la que mayor contacto con la población tiene, por lo que se infiere que el número de actos de corrupción cometidos son mucho mayores.
Hecha esta precisión, la entidad federativa de Chihuahua ha sido un centro de atención reciente por graves acusaciones de corrupción dentro de su poder judicial.
D. Situación de corrupción judicial en Chihuahua
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción21 exige a todas las autoridades estatales a garantizar un actuar de sus servidores públicos apegado a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, y en atención a dicha obligación nacional, el gobierno del estado de Chihuahua expidió constituyó su propio Sistema Anticorrupción local.22
Sin embargo, desde finales de 2018, 2019 e inicios de 2020, el Poder Judicial de Chihuahua ha sido objeto de múltiples investigaciones y reclamos sociales que ponen en duda que el Gobierno del Estado realmente haya alcanzado generar condiciones estructurales y normativas idóneas que aseguren una actuación ética y responsable de sus funcionarios judiciales.23
Por tanto, si la corrupción afecta sobre todo a los más pobres, y considerando las últimas cifras oficiales de pobreza en Chihuahua, podríamos afirmar que al 2018 solo un 31.4% de la población, hipotéticamente, podría superar con mayor facilidad los obstáculos de la eventual corrupción en la tramitación de asuntos de carácter judicial, mientras que el 68.6% se enfrentaría en escenarios con nulas posibilidades de poder obtener una resolución favorable a sus intereses, pero sobre todo justa.
Medición de la Pobreza, Chihuahua, 201824
La presunción de existencia de dicho riesgo deviene, como se comentó, de los diversos escándalos de corrupción que circulan en medios locales y nacionales respecto de los funcionarios judiciales de dicha entidad federativa, por mencionar algunos:
Demandan a más de 200 jueces de Chihuahua por opacidad en sentencias 25
(...) La organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comunicó que interpuso una demanda en contra de más de 200 jueces del estado de Chihuahua por no hacer públicas las sentencias que dictaminan, además de que buscará que la Suprema Corte se pronuncie por el tema. (...) “Esto refleja una opacidad total en Chihuahua y un riesgo potencial para la comisión de actos de corrupción, pues entre menos se dé a conocer la manera en la que los jueces y magistrados resuelven, menores serán los incentivos para que dichos funcionarios sean imparciales, pues su labor se encontrará al margen del escrutinio ciudadano”. (...)
Debe dejarse sin efecto a jueces: Magistrado Anchondo 26
(...) se sospecha de presuntos actos de corrupción en la elección de 54 jueces del Poder Judicial del Estado, pidió dejar sin efecto el proceso y realizar uno nuevo con las disposiciones legales aplicables. (...)
Dejan en suspenso votar legalidad de jueces 27
El Tribunal Superior de Justicia dejó en suspenso la votación para determinar si hubo o no legalidad en la selección de 54 jueces en el 2018, y se aprobó que se realizará un nuevo proyecto sin fecha para presentar. (...)
Exhiben corrupción en Poder Judicial 28
(...) Durante alrededor de tres años, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presuntamente robaron billetes de depósito que correspondían a víctimas de delitos y desde octubre de 2018 uno de ellos confesó esa conducta a sus superiores. Sin embargo, ambos continuaron en el cargo e incluso uno de ellos ascendió a secretario proyectista. (...)
Indagan a consejera de Judicatura en Chihuahua 29
(...) La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción realizo? tres cateos al despacho de la consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, luego de las denuncias interpuestas el mes pasado por el consejero Joaquín Sotelo Mesta, por su presunta participación en la manipulación en los exámenes de oposición para elegir jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. (...)
A propósito, si bien es cierto las personas en una situación económica desfavorable se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la corrupción, ello no excluye que el 31.4% poblacional restante no pueda ser víctima en el mismo grado.
Valga como ilustración el reciente y muy difundido caso de la corrupción prevalente en el Poder Judicial de Chihuahua que mantiene paralizado el derecho al acceso a la justicia del C. Jesús M. Muñoz Delgado, mismo que trascendió en medios de comunicación por su relevancia en la esfera empresarial mexicana:
Detienen a hombre que cometió fraude millonario en contra de su cuñado 30
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que (...) fue detenido Francisco G. Z. de 47 años, por el delito de fraude, (...) en agravio de su cuñado, en hechos sucedidos en los años 2013 y 2017.” (...)
En 2017 el C. Jesús M. Muñoz Delgado, quien fuere la víctima de su cuñado Francisco González Zambrano y Luis Alonso Alemán Chávez, formuló querella en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGECH) por el delito de Administración Fraudulenta, logrando que hasta 2019, es decir, dos años después, se libraran por el juez de control las correspondientes órdenes de aprehensión.
En cabal cumplimiento a dicho mandato de captura, elementos de la policía ministerial en el Estado de Puebla detuvieron a Francisco González Zambrano, quien inmediatamente fue trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua, e internado en el Cerezo estatal número 3 de dicha ciudad a efecto de continuar con el procedimiento penal.
Derivado de su detención, familiares del imputado Francisco González Zambrano promovieron Juicio de Amparo argumentando su privación ilegal de la libertad e incomunicación; de dicho procedimiento conoció el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal, del Estado de Puebla, quien a petición de los prominentes, decretó la suspensión de plano a favor del quejoso Francisco González Zambrano, para efecto (como se estila cotidianamente en este tipo de casos) de que cesaran de inmediato los supuestos actos de incomunicación siempre y cuando el imputado no hubiere sido privado de su libertad debido a la ejecución de una orden de aprehensión.
Sin embargo, al momento de celebrar la audiencia por la cual la Fiscalía General del Estado le formularía la imputación del delito, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, Lic. Rocío Ivett González Lara, teniendo a la vista los términos de la suspensión otorgada por el Juez de Amparo, torció deliberadamente el sentido de la misma y ordenó la inmediata libertad del detenido Francisco González Zambrano, argumentando en forma por demás increíble, dolosa y falsa, que se trataba de un mandato de amparo que así lo determinaba, omitiendo deliberadamente para ello que existía orden de aprehensión dictada por el propio tribunal del cual ella forma parte, la que justificaba plenamente la detención y continuación del procedimiento.
Es decir, la jueza optó por liberar arbitrariamente al detenido sin razón objetiva ni jurídica alguna sino al contrario, violentando con todo dolo la normatividad penal, y con ello lesionó el derecho de la víctima al acceso a los mecanismos de justicia y su expectativa a una pronta y efectiva reparación del daño.
Aún más, en ese mismo acto y antes de suspender esa audiencia sin que se formulara la imputación por parte del Ministerio Público en contra del imputado detenido, en perjuicio de la víctima y en un claro cinismo judicial propio de un interés manifiesto y parcial de su parte, la juzgadora ordenó al representante social que le diera a conocer al imputado la imputación que formularía en su contra, no obstante que ya había señalado en la propia audiencia nueva fecha para tal efecto en la que comparecería dicho sujeto en calidad de libre.
Finalmente, dentro del proceso penal que dio origen a las conductas ilícitas de la juzgadora, el 2 de julio del 2019 se celebró audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 254/2019 seguida en contra de Francisco González Zambrano en la que el Juez de Control Luis Javier Ortiz Beltrán -que conoció posteriormente del caso-, contra el cúmulo de datos de prueba que se le aportaron por el Ministerio Público, dictó un auto de no vinculación a proceso y declinó su competencia a favor del orden federal por razón de fuero, frenando así absolutamente la continuidad del proceso judicial.
Por tal parcialidad manifiesta, y bajo la presunción de que ese tipo de conductas de jueces de Chihuahua pueda ser reiterativa en perjuicio de las víctimas, la FGECH atendió una denuncia en contra la jueza Lic. Rocío Ivett González Lara por los delitos de Prevaricación y/o Denegación o Retardo de la Justicia, misma que encuentra en integración en la Fiscalía del Distrito Zona Norte de dicha entidad investigadora.
Por lo que hace a la orden de aprehensión en contra del otro imputado Luis Alonso Alemán Chávez, la misma sigue pendiente de ejecutarse, lo cual no es posible de momento hasta que no se defina la incompetencia judicial planteada.
Cabe señalar que en avance de la investigación y con miras al ejercicio de la acción penal, la propia FGECH solicitó ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua iniciar el procedimiento de Declaración de Procedencia en contra la jueza Lic. Rocío Ivett González Lara, mismo al cual a petición del propio Congreso, se han aportado todas las pruebas conducentes, y por otra parte, presentó ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua queja en contra de la misma funcionaria, recurso que hasta la fecha no ha sido resuelto ni activado.
Bajo la misma atmósfera que se comenta, cabe destacar que el Fiscal General del Estado también ha presentado ante el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua otra solicitud para iniciar un proceso de declaración de procedencia en contra del Magistrado Jorge Ramírez, adscrito a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y quien según los medios ya había sido suspendido en sus funciones en 2017, a fin de que sea puesto a disposición de las autoridades judiciales y estas le determine, en su caso, la responsabilidad penal de sus actos, hechos que fueron difundidos igualmente en medios de comunicación:
Piden desafuero del magistrado Jorge Ramírez al Congreso 31
La diputada Georgina Bujanda comentó que llegó una solicitud de Declaración de Procedencia para el magistrado Jorge Ramírez y otra para la jueza de Ciudad Juárez, Rocío Ivett González Lara.
(...)
Desafuero de Fiscalía contra magistrado Ramírez sería por enriquecimiento 32
La diputada Georgina Bujanda (...) informó que la solicitud de la Fiscalía a través del Ministerio Público en torno a desafuero del magistrado Jorge Ramírez, sería por enriquecimiento.
(...)
Piden en Congreso desafuero vs magistrado 33
(...)
No es la primera vez que el magistrado se encuentra en una situación adversa, ya que en diciembre del 2017 fue suspendido de sus funciones por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua.
(...)
Hay posible comisión de delito de Jorge Ramírez 34
La diputada Georgina Bujanda Ríos, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, sentenció que su voto ante el Pleno seguirá siendo a favor del desafuero, ya que existen datos de prueba suficientes para presumir que el magistrado Jorge Ramírez incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, además de que al ser ella representante popular, la lucha contra la corrupción es una de las principales causas que defienden los chihuahuenses. (...) Aseguró que la solicitud de declaración de procedencia (desafuero) del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez en todo momento siguió el debido proceso y ahora será el Pleno del Legislativo quien determine si ha lugar al desafuero o no (...)
Es importante señalar que el Congreso aún no se pronuncia al respecto en ambos casos, lo que de momento crea un halo de impunidad en el ámbito de la procuración y administración de justicia, en el que pareciera que no existe autoridad del estado ni del poder judicial que impida su permeabilidad sobre los intereses y derechos de las víctimas del delito, y que muy probablemente encuentran su sustento en actos de corrupción.
En definitiva, estos casos fungen como radiografía de la corrupción e impunidad en la justicia local; los chihuahuenses se encuentran en riesgo de seguir la misma suerte, sino es que muchos de ellos ya la sufrieron; la corrupción es una problemática que se presenta a toda la población por igual, y en resumidas cuentas citando el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción:35
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
(...)
E. Exhorto
Por lo previamente manifestado, con la única pretensión de asegurar a los chihuahuenses de manera más eficiente y eficaz el disfrute de su derecho fundamental al acceso a una justicia pronta, imparcial, expedita y gratuita, sobre todo a favor de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, y considerando que la suma de esfuerzos entre los distintos poderes constitucionales constituye un mecanismo idóneo para contribuir al fortalecimiento del combate a la corrupción como herramienta indispensable para procurar el disfrute de otros derechos fundamentales de la población mexicana, es que someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial del estado de Chihuahua a que refuerce sus acciones de vigilancia y disciplina judicial ante las recientes denuncias de actos de corrupción cometidos por sus funcionarios judiciales, en términos de la ley orgánica, acuerdos generales y lineamientos que lo regulan.
Notas
1 Vid. Organización de las Naciones Unidas (2002). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada del 18 a 22 de marzo de 2002. Resolución A/CONF.198/11. Naciones Unidas. Nueva York, EUA. Consúltese: https://undocs.org/es/A/CONF.198/11
2 Vid. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante la resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003.Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Nueva York, EUA. Consúltese: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pd f
3 Resolución 57/169 del mismo órgano.
4 Exige simultáneamente a todas las autoridades federales, estatales y municipales garantizar un actuar de sus servidores públicos apegado a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Vid. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2016. Consúltese:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
5 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Op. Cit.
6 Resaltado propio. Vid. Zaldívar, A. (06 de octubre de 2019) Afirma Pius Langa, especialista en constitucionalismo transformador y expresidente de la Corte Constitucional Sudafricana, que no hay transformación social posible sin colaboración entre poderes. Esto no altera la separación y autonomía de cada uno. Coincido con él. (Actualización de estado de Twitter) Recuperado:
https://twitter.com/ArturoZaldivarL/status/1181039848896 921600
7 Cfr. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2012) Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. Res. A/67/278. Organización de las Naciones Unidas. Consúltese: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A-67-278.pdf
8 Ibíd. Párr. 57
9 Ibíd. Párr. 58
10 Ibíd. Pág. 20
11 Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019. Inegi. México, México.
Consúltese: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe201 9_presentacion_nacional.pdf
12 “Sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades, 76.6% de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de los Jueces con 68.4 por ciento.” Loc. Cit.
13 Vid. Gandaria, Manrique (03 de mayo de 2019) Arturo Zaldívar reconoce que hay corrupción en el Poder Judicial. El Sol de México. Consúltese. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/arturo-zaldivar-scjn-a cepta-que-hay-corrupcion-en-el-poder-judicial-ante-amenazas-de-amlo-349 6643.html
14 Vid. Forbes Staff (04 de junio de 2019). Destituyen a 15 jueces por casos de corrupción y acoso sexual. Forbes. Consúltese: https://www.forbes.com.mx/destituyen-a-15-jueces-por-acoso-y-corrupcion /
15 Vid. García, A. D. (17 de mayo de 2019). El CJF ha sancionado a 102 servidores entre 2018 y 2019; algunos por acoso sexual. La Jornada. Recuperado de:
https://www.jornada.com.mx/2019/05/17/politica/012n2pol
16 Vid. Saavedra, Luis. (17 de abril de 2019) El 80% de los jueces acusados de corrupción son intocables. Breaking. Consúltese: https://breaking.com.mx/2019/04/jueces-corrupcion-mexico/
17 Vid. Vela, David S. (04 de abril de 2019) Presidente de la Suprema Corte y AMLO coinciden en ir por jueces corruptos. El Financiero.
Consúltese: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
presidente-de-la-suprema-corte-y-amlo-coinciden-en-ir-por-jueces-corruptos
18 Vid. Forbes Staff (11 de octubre de 2019) Cae por corrupción magistrado que revisaba Santa Lucía; AMLO lo celebra. Forbes. Consúltese: https://www.forbes.com.mx/cae-por-corrupcion-magistrado-que-revisaba-sa nta-lucia-amlo-lo-celebra/
19 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020) Reforma para y con el Poder Judicial. Presentada ante la Cámara de Senadores por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar Lelo de Larrea, el 12 de febrero de 2020. Consúltese:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Reforma%20Judicial%20PJF-OK.pdf
20 Vid. Linares, J. R. (12 de febrero de 2020) Arturo Zaldívar presenta reforma contra nepotismo y corrupción en Poder Judicial. Proceso. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/617670/reforma-judicial-arturo-zaldivar
21 Vid. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Op. Cit.
22 Vid. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 84 del 21 de octubre de 2017. Consúltese:
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/ar chivosLeyes/1344.pdf
23 Léase en la misma Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua: Articulo 5. El servicio público en el Estado, se regirá? por los principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, establecidos en la Ley General; asimismo, los entes públicos están obligados a crear y mantener las condiciones estructurales y normativas en el ámbito de su competencia, a que hace referencia la misma Ley, en su conjunto, así? como de la actuación ética y responsable de cada servidora o servidor público.
24 Vid. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2018) Medición de la Pobreza, Chihuahua, 2018. CONEVAL. Consúltese: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chihuahua/Paginas/Pob reza_2018.aspx
25 Vid. Molina, Héctor. (01 de agosto de 2018). Demandan a más de 200 jueces de Chihuahua por opacidad en sentencias. El Economista. Consúltese: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Demandan-a-mas-de-200-jueces-d e-Chihuahua-por-opacidad-en-sentencias-20180801-0006.html; Indigo Staff (31 de julio de 2018) Mexicanos Contra la Corrupción denuncia a jueces y magistrados de Chihuahua. Reporte Índigo. Consúltese: https://www.reporteindigo.com/reporte/mexicanos-contra-la-corrupcion-de nuncia-a-jueces-y-magistrados-de-chihuahua/; Piñón, David (31 de julio de 2018) Demanda Mexicanos Contra la Corrupción a todos los jueces de Chihuahua. El Heraldo de Chihuahua. Consúltese: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/demanda-mexicanos-contra- la-corrupcion-a-todos-los-jueces-de-chihuahua-1881365.html
26 Vid. Local (11 de febrero de 2020) Debe dejarse sin efecto a jueces: Magistrado Anchondo. El Heraldo de Chihuahua. Recuperado de: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/debe-dejarse-sin-efecto-a -jueces-magistrado-anchondo-4821517.html
27 Vid. Armendáriz, J. (11 de febrero de 2020) Dejan en suspenso votar legalidad de jueces. El Diario de Chihuahua. Recuperado de:
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/dejan-en-suspenso-votar-legalidad-de-jueces-20200211-1626509.html
28 Vid. Carmona, Blanca (23 de marzo de 2019) Exhiben corrupción en Poder judicial. El Diario. Consúltese:
https://diario.mx/juarez/exhiben-corrupcion-en-poder-jud icial-20190322-1493447/#main-carrousel-galery
29 Vid. García, Saúl (03 de mayo de 2019) Indagan a consejera de Judicatura en Chihuahua. El Heraldo de Chihuahua, citado en El Sol del Centro.
Consúltese:https://www.elsoldelcentro.com.mx/republica/politica/
indagan-a-consejera-de-judicatura-en-chihuahua-3460723.html
30 Vid. Detienen a hombre que cometió fraude millonario en contra de su cuñado (21 de marzo de 2019). El Diario. Consúltese:
https://diario.mx/juarez/detienen-a-hombre-que-cometio-fraude-millonario-en-contra-de-su-cunado-20190321-1492802/
Redacción (22 de marzo de 2019) Resultó ser una fichita: estafó a su cuñado con 4 mdd en Chihuahua. Uno TV. Consúltese: https://www.unotv.com/noticias/estados/chihuahua/detalle/delito-fraude- 4-millones-de-dolares-cunado-chihuahua-detenido-puebla-338866/
31 Vid. González, D. (08 de enero de 2020). Piden desafuero del magistrado Jorge Ramírez al Congreso. El Tiempo. Consúltese en:
http://www.tiempo.com.mx/noticia/llega_solicitud_de_procedencia_para_el_magistrado_jorge_ramirez_chihuahua_2020/
32 Vid. Hernández, A. (09 de enero de 2020). Desafuero de Fiscalía contra magistrado Ramírez sería por enriquecimiento. Omnia. Consultado el 11 de enero de 2020 en:
http://www.omnia.com.mx/noticia/130045/desafuero-de-fisc alia-contra-magistrado-ramirez-seria-por-enriquecimiento
33 Vid. Staff (09 de enero de 2020) Piden en Congreso desafuero vs magistrado. El Diario de Chihuahua. Consultado el 11 de enero de 2020 en: https://diario.mx/estado/piden-en-congreso-desafuero-vs-magistrado-2020 0108-1612337.html
34 Vid. Local (26 de febrero de 2020) Hay posible comisión de delito de Jorge Ramírez. El Heraldo de Chihuahua. Recuperado de: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/hay-posible-comision-de-d elito-de-jorge-ramirez-noticias-de-chihuahua-4890392.html
35 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Op. Cit.
Recinto Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al DIF y la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a abocarse a la asesoría y vigilancia sobre el bienestar y respeto de los derechos humanos e interés superior de los hijos de la pareja Giovana “N”-Mario “N”, señalados como probables responsables de diversos delitos, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, integrante del Grupo Parlamentario de morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 12 de febrero del 2020, se presentó denuncia por la desaparición, de la niña Fátima “N”, un día antes; misma que se hizo pública por diversos medios de comunicación. El día 15 del mismo mes y año, se informaba sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la menor, ya el día 17, el tema de la desaparición y sus consecuencias, era trending topic en redes sociales. Ya el jueves 20 de febrero se logra la captura de la pareja conformada por Giovana “N” y Mario “N”, señalados estos como responsables de diversos delitos cometidos contra Fátima.
2. Como se señalado, el 20 de febrero del 2020, en la colonia la Palma, del paraje conocido como Tlazala, del Municipio Isidro Fabela, Estado de México, fueron detenidos Giovana “N” y Mario “N”.
3. Respecto a los lamentables hechos, relacionados con el terrible y cruel asesinato cometido contra la niña Fátima, que por supuesto, la suscrita condena y exige un debido procedimiento e irrestricta aplicación de la ley, se hacen las siguientes observaciones:
I. La detención de los probables autores materiales, se realizó en la localidad de La Palma en Tlazala, pertenecientes al municipio de Isidro Fabela, que se encuentra dentro del Distrito Electoral 4 Federal, por el que la suscrita fue electa;
II. Se ha reportado oficialmente que, en la pareja señalada como autores materiales, se procrearon tres hijos: 2 niñas de 3 y 5 años y un niño de 7, mismos a los que llevaron y mantuvieron con ellos durante su escape y ocultamiento;
III. Con independencia de los procedimientos de cualquier índole que se instauren contra los responsables, deben respetarse y prevalecer los derechos humanos, así como el interés superior de las niñas y niño, descendientes de la pareja en comento;
IV. Es procedente exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF) y a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de donde son originarios, para que se avoque a la supervisión y vigilancia sobre bienestar y respeto de los derechos de las niñas y el niño referidos y en su caso, orientación a quien en derecho corresponda; en el entendido de que las autoridades y procedimientos legales determinarán en su momento, respecto su custodia y patria potestad.
V. Correspondería a las citadas instituciones de la Ciudad de México, en consideración de que el origen y domicilio último de los menores, se encuentra en la Capital de país.
VI. De igual manera, se debe solicitar a las referidas instancias a fin de que por su conducto se promueva la inclusión de las niñas y el niño en los programas locales y federales de apoyo que procedan para procurar su acceso al sano desarrollo, físico, emocional, cultural y educativo.
Por lo anterior y:
Considerando
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma.
Segundo. Que el artículo 3° de la Constitución Federal señala que toda persona tiene derecho a recibir educación y los criterios para impartirla y recibirla.
Tercero. Por su parte, el artículo 4° de nuestra Carta Magna, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; y en un párrafo posterior, el mismo numeral establece que: el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Cuarto. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I.
Quinto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:
Artículo 79 .
1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:
I ...
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y
2 a 3 ...
Cuarto. Que la presente proposición con Punto de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:
Artículo 79.
1 ...
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;
III a IV ...
V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;
VI. a VII ...
3. ...”
Quinto. El Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, establece lo siguiente:
Artículo 3. El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones:
I . Promover y prestar servicios de asistencia social;
II . Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad;
III . Realizar y promover acciones de apoyo educativo y acceso a la cultura para la integración social y de capacitación para el trabajo a los sujetos en situación de vulnerabilidad y de la asistencia social;
IV . Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental, social y cultural de las niñas y niños en situación de vulnerabilidad sujetos de la asistencia social;
V a la VIII ...
IX . Prestar asistencia jurídica y de orientación social a niñas, niños, personas con discapacidad y en general, a toda persona en estado de vulnerabilidad conforme a las Políticas y Lineamientos internos;
X a la XVI ...
Sexto. El supra citado Estatuto señala también:
Artículo 14. La Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Fomentar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México en términos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y su reglamento;
II. Coordinar la atención de los reportes de violencia familiar, maltrato, abandono, descuido o negligencia, en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, mediante la implementación de acciones de prevención, investigación e intervención social;
III. Denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México;
IV. Participar en la detección y recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México y coordinar la implementación de un plan de restitución, en colaboración y participación oportuna y articulada con las autoridades competentes ;
V. Solicitar a la autoridad ministerial competente la imposición de medidas precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México;
VI. Ordenar, fundamentar y motivar, la aplicación de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, dando aviso de inmediato a la autoridad ministerial y jurisdiccional competente, por si o a través del personal facultado para ello en términos de la normatividad aplicable;
VII. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes para la imposición de las medidas urgentes de protección;
VIII. Solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente, en caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección;
IX. Iniciar los procedimientos legales correspondientes ante las autoridades competentes, respecto de niñas, niños y adolescentes bajo la tutela temporal del Organismo;
X. Prestar asesoría y representación en suplencia, coadyuvancia y originaria a niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México , de acuerdo a la normatividad aplicable a cada caso;
XI a la XXII ...
Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus facultades, se avoquen a la asesoría y vigilancia sobre bienestar y respeto de los derechos humanos y del interés superior de las niñas y el niño hijos de la pareja de Giovana “N” y Mario “N”, señalados como probables responsables de diversos delitos; sin detrimento de los procedimientos legales determinarán en su momento, respecto su custodia y patria potestad.
Segundo. Se exhorta a las mismas autoridades, a fin de que por su conducto se promueva la inclusión de las niñas y el niño en los programas locales y federales de apoyo para procurar su acceso al sano desarrollo, físico, emocional, cultural y educativo.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días de marzo del 2020.
Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conagua a practicar una revisión física de las plantas tratadoras de aguas negras para actualizar los datos estadísticos, proporcionados hasta 2016, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción I, del artículo 6, y 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En, busca de una mejora en los temas de cambio climático, se han tomado una serie de medidas, mediante acuerdos a nivel internacional; dentro de los cuales está inmerso el tratamiento de las aguas residuales.
En 1994 Las Naciones Unidas, a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático5 (CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en inglés), lucha por prevenir los efectos del cambio climático. Actualmente, está conformado por 197 países del cual México forma parte.
El Acuerdo de París recoge, en el párrafo 2 de su artículo 4, la necesidad de los países que hayan ratificado el acuerdo (como es el caso de México, que firmó el acuerdo el 22 de abril de 2016 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016), de proponer unos objetivos nacionales para la reducción de emisiones del país. Estos objetivos son denominados NDC8 por sus siglas en inglés (Nationally Determined Contributions o Contribuciones Nacionalmente Determinadas), donde se recogen los compromisos de cada país para la reducción de sus emisiones nacionales de GEI
Por otra parte, se encuentra la Ley de Aguas Nacionales, esta ley tiene como objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Dentro del aspecto a controlar sobre la calidad de las aguas, se encontraría la necesidad de realizar un tratamiento eficiente de las aguas residuales generadas en el país con el fin de prevenir la posible contaminación de las masas de agua por el vertido de las aguas residuales deficientemente tratadas o simplemente no tratadas. Según esta normativa, es de utilidad pública, “el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales”. Por otra parte, son atribuciones de la comisión nacional del agua, el estudiar los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas relativas a la descarga de aguas residuales.1
La normatividad nacional es extensa, como se hace mención a continuación donde define claramente a cada órgano su función para llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales, pero lamentablemente la práctica es mínima.
El artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
Artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes;
Se cuenta con infraestructura, presupuesto y programa publicado el 31 de diciembre de 2019 donde se habla de las prioridades y la coordinación en los tres niveles de gobierno:
Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2020.
Las presentes Reglas de Operación tienen como propósito asegurar que la aplicación de los subsidios federales del Proagua se realice con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, mediante el establecimiento de mecanismos regulatorios de acceso, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Se busca incrementar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con mayor equidad y justicia social, beneficiar a las poblaciones rurales, urbanas, indígenas o afrodescendientes más desprotegidas e incorporar a las mujeres en las decisiones del agua para contribuir en la disminución de las brechas de desigualdad de género que existen. Este programa incorpora un enfoque multisectorial y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para contribuir a garantizar el derecho humano al agua y enfrentar la creciente demanda de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Se busca con ello beneficiar a un mayor número de habitantes de zonas urbanas y rurales en los 32 gobiernos estatales, principalmente en las incluidas en el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria que se publica anualmente en el DOF.2
No olvidemos el Derecho Humano, que como legisladores debemos defender, en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; Garantía reconocida en la Observación General número 15 de 2002 de la Organización de las Naciones Unidas, que destaca la importancia de la realización progresiva del acceso al agua potable segura y asequible y al saneamiento básico para todos y todas. Es también reconocida por la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce el derecho humano al agua; además, con en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU se busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos.
En virtud de lo anterior, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con los municipios, hagan una revisión física de las plantas tratadoras de aguas negras, con la finalidad de actualizar los datos estadísticos, proporcionados hasta 2016, ya que en la actualidad muchas de las que mencionan estar activas no lo están, por lo que es necesario se pongan nuevamente en operación.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461753/A guas_residuales.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/523528/Reglas_Operaci_n_ 2020.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y la SRE a intervenir ante la OEA sobre el artículo de The Washington Post “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud”, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se intervenga ante la Organización de Estados Americanos, a fin de que se pronuncie en relación con el artículo del periódico The Washington Post “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud”.
Consideraciones
Primera. El 20 de octubre de 2019, Bolivia celebró su tercera elección general bajo su constitución de 2009.
Segunda. Nueve candidatos presidenciales compitieron en las elecciones presidenciales. Las encuestas anticipadas indicaron una competencia entre el presidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana (CC).2
Tercera. Las elecciones presidenciales bolivianas requieren que el ganador cuente con i). el más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos emitidos, o ii). un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la segunda candidatura más votada,3 ya que de otra manera tendrá que existir una segunda vuelta electoral.4
Cuarta. A las 19:40 horas del día de la elección, con alrededor del 84% de las actas que se contarían en el recuento oficial (computo) contado, se detuvo la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).5
Quinta. El 21 de octubre, a las 18:29 horas, funcionarios electorales anunciaron resultados actualizados con el 95 por ciento de las actas procesadas, en el que, en suma, se anunció que el candidato Morales superaba en 10 puntos porcentuales al segundo lugar.
En el cómputo final, el margen de victoria de Morales se elevó a 10.56 puntos porcentuales sobre el candidato Carlos Mesa. El incremento en el margen de victoria a favor de Morales luego de la interrupción del TREP, fue calificado como sorprendente y de “profunda preocupación” por la OEA, creando así la impresión de que había existido fraude a favor de Evo Morales. La OEA emitió un comunicado expresando preocupación por un “cambio inexplicable en la tendencia” entre los resultados antes y después de la detención de la tendencia el 20 de octubre.6
Sexta. El 25 de octubre de 2019, tras concluir el conteo del 100% de los sufragios, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció que el candidato y presidente en funciones Evo Morales, logró el 47.08 por ciento de los votos, y el candidato Carlos Mesa obtuvo el 36.51 por ciento, por lo que declaró ganador en primera vuelta a Evo Morales al existir una ventaja de poco más de 11 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar.7
Séptima. En su Informe Final del “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”,8 la OEA sostuvo que:
“Listado de hallazgos
Para facilitar la consulta de los hallazgos de esta auditoría, se presenta el siguiente listado con una clasificación por tipo de acciones y omisiones que tuvieron lugar durante el proceso electoral y que definitivamente impactaron en la certeza, la credibilidad y la integridad de los resultados de los comicios del 20 de octubre de 2019.
Acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial.
...
Irregularidades graves. Son acciones en las que no es claro si existió o no la intención de manipular aspectos de la elección pero que ciertamente causaron serias vulneraciones en la integridad del proceso electoral.
...
Errores. Equivocaciones o negligencia sin indicios de intencionalidad pero que pudieron facilitar acciones que potencialmente sí vulneraron al proceso electoral
...
Indicios. Análisis estadísticos y cruce de información que permitió al grupo de auditores tener datos que pudieran indicar comportamientos anormales y lugares donde se debían analizar los documentos electorales con mayor profundidad.
...
Conclusiones
El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.
Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral.
Debe tenerse en cuenta que este ha sido un ejercicio de auditoría acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados. Excede a este informe lo ocurrido en la etapa pre electoral y los hallazgos de la Misión de Observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del TSE en la fase anterior a los comicios
No obstante, los hallazgos son contundentes. El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría.
El margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas. A continuación, se presenta la evidencia incontrastable de un proceso electoral minado de graves irregularidades, y del accionar de un tribunal que atentó contra la transparencia e integridad de los comicios. Es sobre la base de esta evidencia que se reitera la imposibilidad de validar los resultados de la elección de octubre.
...”.
Octava. Mediante el comunicado 394 de 9 de noviembre de 2019, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores,9 expresó su preocupación en relación con los acontecimientos posteriores a la celebración de las elecciones en Bolivia, en los siguientes términos:
“El Gobierno de México, por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación y sigue con detenimiento los sucesos acontecidos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Para México, la democracia es el único camino y sustituir dicho proceso por la fuerza y la violencia significa un retroceso.
El Gobierno de México exhorta al diálogo, tal y como lo ha planteado el presidente Evo Morales.
México reafirma su apego a los principios constitucionales de la no intervención y la solución pacífica de las controversias.”
Novena. Mediante el comunicado 396 de 11 de noviembre de 2019, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores,10 fijó su postura en relación con los acontecimientos posteriores a la celebración de las elecciones en Bolivia, en los siguientes términos:
“en primer lugar señalando que lo que se produjo lo consideramos un golpe de Estado. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación al reciente proceso electoral, después de ello el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, lo que el Gobierno de México vio muy bien, como supongo, la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes.
Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente Evo Morales, quien resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos.
En consecuencia, la postura que México ha definido es de revindicar y demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto, haremos valer el derecho de asilo que México siempre ha promovido y ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior.
Vamos a solicitar, en consecuencia, una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio, cuando el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente acontecimientos de esta gravedad?
Consecuentemente, vamos a proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la carta de la Organización señala: Proteger las libertades y la democracia en los Países Miembros.
Respecto a la relación con Bolivia, estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura. Porque se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadores y diputados.
No existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución. Hay una interrupción del orden constitucional.
México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo.
...
Respuestas a principales preguntas de los medios de comunicación:
...
4. Nosotros vemos lo ocurrido como un grave retroceso para la vida democrática. Los golpes militares nunca han traído nada positivo, van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades y los derechos de las personas; por consiguiente, estamos muy preocupados. Ese es el punto número uno, digamos, o esencial de la postura de México en esta coyuntura.
5. Hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de porqué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer frente a un pronunciamiento del ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo por cierto a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos.
...”
Décima. El 27 de febrero 2020, el diario norteamericano The Washington Post publicó un artículo de análisis elaborado por John Curiel y Jack R. Williams,11 en el que, en relación con las elecciones del año 2019 en Bolivia, se reportó lo siguiente:
1. Que Evo Morales pidió el reconocimiento de la victoria, pero la oposición protestó por lo que llamó fraude electoral.
2. Que el principal apoyo para reclamos de fraude fue el informe del 10 de noviembre de 2019 de la OEA, que llevó al equipo de auditoría técnica a cuestionar la integridad de los resultados de las elecciones. Los auditores de la organización afirmaron haber encontrado evidencia de fraude luego de una interrupción, la noche de las elecciones, en el conteo preliminar; cómputo que se encontraba destinado a rastrear el progreso antes del conteo oficial.
3. Que, con posterioridad, la policía se unió a las protestas, por lo que Morales buscó asilo en México.
4. Que el gobierno interino que se instaló acusó a Morales de sedición y terrorismo. En ese sentido, un informe de monitoreo de la Unión Europea señaló que unos ex funcionarios electorales fueron arrestados y enfrentan cargos criminales de sedición y subversión, mientras que 35 personas murieron en el conflicto postelectoral. Aunado a lo anterior, el candidato presidencial con más votos, miembro del partido Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) de Morales, recibió una citación de los fiscales por delitos no revelados; medida que algunos analistas sospechan tenía como objetivo mantenerlo fuera de la boleta electoral.
5. Que [a partir de lo anterior], los medios de comunicación han reportado, como un hecho, las acusaciones de fraude electoral, lo que para muchos comentaristas ha servido como una justificación al golpe de estado.
6. Que no obstante lo anterior, como especialistas en integridad electoral, John Curiel y Jack R. Williams encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Para ello, afirman que:
6.1. La constitución boliviana requiere que un candidato obtenga una mayoría electoral absoluta, o el 40 por ciento de los votos, con al menos una ventaja de 10 puntos porcentuales en relación con el segundo lugar. En caso contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta electoral. El conteo preliminar se detuvo con el 84 por ciento de los votos contados, cuando Morales tenía una ventaja de 7.87 puntos porcentuales.
6.2. Aun cuando la interrupción del conteo preliminar fue consistente con una promesa previa de los funcionarios electorales de contar al menos el 80 por ciento de los votos preliminares la misma noche de las elecciones, y continuar durante el recuento oficial, la OEA se apresuró a expresar su preocupación por esa suspensión. Cuando se reanudó el conteo preliminar, el margen de Morales estaba por encima del umbral de 10 puntos porcentuales. La OEA afirmó que suspender el conteo preliminar resultó en una tendencia “altamente improbable” en el margen a favor del partido de Morales, cuando se reanudó el conteo. La OEA expresó “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares”. Adoptando un enfoque novedoso para el análisis de fraude, la OEA afirmó que las grandes desviaciones en los datos reportados, antes y después del corte, indicarían evidencia potencial de fraude.
6.3. El análisis estadístico detrás de las afirmaciones de la OEA es dudoso, ya que el informe de la OEA se basa, en parte, en evidencia forense de analistas de la OEA quienes afirman que existieron irregularidades, que incluyen acusaciones de firmas falsificadas y alteración de las hojas de conteo, una cadena de custodia deficiente y un alto en el conteo preliminar de votos. De manera crucial, la OEA afirmó en referencia al alto en el conteo preliminar de votos que “una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado” a favor de Morales, que actuó como la principal evidencia cuantitativa de sus acusaciones de “manipulación clara del sistema TREP ... que afectó los resultados tanto de ese sistema como del conteo final”.
6.4. Su evaluación no consideró si las irregularidades apuntan a una interferencia deliberada o si reflejaban los problemas de un sistema con fondos insuficientes o con funcionarios electorales mal capacitados, sus comentarios son acerca de la evidencia estadística. En ese sentido, y considerando que Morales había superado el umbral del 40 por ciento, entonces la pregunta clave era si su conteo de votos era 10 puntos porcentuales más alto que el de su competidor más cercano, ya que en caso contrario Morales se vería obligado a una segunda vuelta electoral contra el ex presidente Carlos Mesa.
6.5. Sus resultados arrojaron una conclusión: No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen de antes y después de la suspensión del conteo preliminar de votos; en cambio, es muy probable que Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera ronda.
Al explicar el cómo llegaron a esa conclusión, exponen que el enfoque de la OEA se basa en supuestos dobles: i). que el recuento no oficial refleja con precisión el voto medido continuamente, y ii). que las preferencias informadas de los votantes no varían según la hora del día. Si estas suposiciones fueran ciertas, un cambio en la tendencia de favorecer a una de las partes con el tiempo podría indicar que se ha producido un fraude.
No obstante, la OEA no citó ninguna investigación previa que demuestre que estos supuestos se mantienen. Contrario a ello, existen razones para creer que las preferencias y los informes de los votantes pueden variar con el tiempo: por ejemplo, las personas que trabajan y que acuden a votar más tarde en el día; las áreas donde los votantes empobrecidos se agrupan pueden tener líneas más largas y menos capacidad para contar e informar los totales de votos rápidamente. Es posible que estos factores se apliquen en Bolivia, donde existen brechas graves en infraestructura e ingresos entre las zonas urbanas y rurales.
En relación con la discontinuidad entre los votos contados antes y después del recuento no oficial, afirman que si bien esas discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación, en todo caso si el hallazgo de la OEA fuera correcto, se esperaría i). ver el aumento en el margen de votación de Morales poco después de que se detuviera el conteo de preliminar de votos, por lo que el margen de elección resultante sobre su competidor más cercano sería demasiado grande para ser explicado por su desempeño antes de que se detuviera el conteo preliminar, y ii). ver otras anomalías, como cambios repentinos en los votos para Morales de los recintos que antes estaban menos inclinados a votar por él.
No obstante, no encontraron ninguna evidencia de alguna de esas anomalías. Lo que encontraron fue i). una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en recintos contados antes y después del corte, y ii). que existe poca diferencia observable entre los precintos en los resultados antes y después de detener el conteo, lo que sugiere que no hubo irregularidades significativas.
En relación con lo anterior, ellos y otros académicos dentro del campo contactaron a la OEA para obtener comentarios, sin que la OEA haya respondido.
También realizaron 1,000 simulaciones para ver si se podía predecir la diferencia entre el voto de Morales y el recuento del candidato al segundo lugar, utilizando solo los votos verificados antes de que se detuviera el conteo preliminar. En sus simulaciones, descubrieron que Morales podía esperar al menos una ventaja de 10.49 puntos sobre su competidor más cercano, por encima del umbral de 10 puntos porcentuales necesario para ganar directamente, lo que sugiere, nuevamente, que cualquier aumento en el margen de Morales después de la detención puede explicarse completamente por los votos ya contados.
En consecuencia, concluyen que no existe respaldo estadístico para los reclamos de fraude electoral y si, en cambio, que el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos.
Afirman que investigaciones anteriores encontraron que las diferencias económicas y raciales dificultan la verificación del registro de votantes en los Estados Unidos, lo que resulta en un mayor uso de boletas provisionales entre los demócratas, y un mayor apoyo para los candidatos demócratas entre los votos contados después del Día de las Elecciones. De manera que, según los criterios de la OEA para el fraude, es posible que las elecciones estadounidenses en las que los votos que se cuentan más tarde y que tienden a inclinarse hacia los demócratas, entonces también se puedan clasificar como fraudulentas.
Concluyen que el fraude electoral es un problema grave, pero confiar en pruebas no verificadas como prueba de fraude, es una seria amenaza para cualquier democracia.
Décima Primera. Que mediante Nota Verbal de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos con número OEA00570, Exp. 8.9.11, hizo referencia al artículo del periódico The Washington Post titulado “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud” y al artículo “Analysis of the 2019 Bolivia Elections”,12 ambos de la autoría de John Curiel y Jack R. Williams, y expuso que agradecería ampliamente lo siguiente:
“1. Respuesta por escrito de la Secretaría General de la OEA que aclare las discrepancias entre el análisis contenido en la nota de The Washington Post y el análisis de la OEA.
2. Que se solicite a investigadores especializados independientes la elaboración de un análisis comparativo de las conclusiones de la investigación del MIT y del análisis electoral efectuado por la Misión de Observación electoral desplegada por esa Secretaría.
3. En su caso, se reconozcan las afectaciones de derechos humanos derivadas de los errores en el análisis de la OEA.”
Décima Segunda. Que en términos del artículo 28, fracción III, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte, razón por la que puede intervenir ante la Organización de Estados Americanos.
Décima Tercera. En atención a lo anterior, se considera necesario exhortar al Gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que intervengan ante la Organización de Estados Americanos, a fin de que se le emita un extrañamiento y se pronuncie en relación con el artículo del periódico The Washington Post titulado “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud”, por su responsabilidad directa en la situación actual de Bolivia, dada su actuación con posterioridad a la celebración de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Para exhortar al gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se intervenga ante la Organización de Estados Americanos, a fin de que se pronuncie, de manera fundada, motivada, completa e imparcial, en relación con el artículo del periódico The Washington Post titulado “Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud”.
Notas
1 Véase “Quién es quién: conoce a los 18 candidatos para las elecciones primarias. A la media noche de este miércoles concluyó el plazo para el registro de los binomios presidenciales, nueve fórmulas fueron inscritas, acá te presentamos a los candidatos”, disponible en https://eldeber.com.bo/20008_quien-es-quien-conoce-a-los-18-candidatos- para-las-elecciones-primarias
2 Véase, entre muchos otros, “Encuestas pronostican elecciones reñidas en Bolivia”, disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/12/nota/7557341/encuestas-p ronostican-elecciones-renidas-bolivia; “Bolivia. El MAS y CC lideran la intención de voto para las elecciones de Bolivia, según sondeo”, disponible en https://www.notimerica.com/politica/noticia-bolivia-mas-cc-lideran-inte ncion-voto-elecciones-bolivia-sondeo-20191222054132.html; “Evo Morales es favorito en el último día de difusión de encuestas en Bolivia”, disponible en
https://www.elpais.com.uy/mundo/evo-morales-favorito-dia -difusion-encuestas-bolivia.html
3 Artículo 52 (forma de elección), fracción II, de la Ley Nº 026 (Ley del Régimen Electoral), de 30 de junio de 2010, disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf
4 Artículo 53. (Segunda vuelta electoral), inciso a), de la Ley Nº 026 (Ley del Régimen Electoral), de 30 de junio de 2010, disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf
5 Véase el “informe final del “Servicio de mantenimiento y soporte técnico para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (trep) y cómputo para elecciones las elecciones generales 2019”, Proceso de Contratación: TSE/CD/EXC/EG N° 007/2019.”, elaborado por NEOTEC, empresa que llevó a cabo el TREP, de fecha 28 de octubre de 2019, disponible en https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.la-razon.com/nac ional/animal_electoral/Informe-final-elecciones_LRZFIL20191030_0004.pdf +
6 Organización de los Estados Americanos (OEA). “Statement of the OAS Electoral Observation Mission in Bolivia”, de 21 de octubre de 2019, disponible en https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-085/19
7 Véase “Árbitro electoral de Bolivia declara a Evo Morales ganador de las presidenciales con 47.08% de los votos”, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Arbitro-electoral-de-Bo livia-declara-a-Evo-Morales-ganador-de-las-presidenciales-con-47.08-de- los-votos-20191025-0060.html
8 Disponible en https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/
9 “México expresa su preocupación por los acontecimientos en Bolivia”, disponible en https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-preocupacion-por-los-su cesos-en-bolivia-y-apoya-los-esfuerzos-para-encontrar-una-solucion-paci fica-y-dialogada
10 “Postura del Gobierno de México sobre los acontecimientos en Bolivia”, disponible en https://www.gob.mx/sre/prensa/postura-del-gobierno-de-mexico-sobre-los- acontecimientos-en-bolivia
11 Cuyo texto íntegro es el siguiente:
“As Bolivia gears up for a do-over election on May 3, the country remains in unrest following the Nov. 10 military-backed coup against incumbent President Evo Morales.
A quick recap: Morales claimed victory in October’s election, but the opposition protested about what it called electoral fraud. A Nov. 10 report from the Organization of American States (OAS) noted election irregularities, which “leads the technical audit team to question the integrity of the results of the election on October 20.” Police then joined the protests and Morales sought asylum in Mexico.
The military-installed government charged Morales with sedition and terrorism. A European Union monitoring report noted that some 40 former electoral officials have been arrested and face criminal charges of sedition and subversion and 35 people have died in the post-electoral conflict. The highest-polling presidential candidate, a member of Morales’s Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) party, has received a summons from prosecutors for undisclosed crimes, a move some analysts suspect was aimed to keep him off the ballot.
The media has largely reported the allegations of fraud as fact. And many commentators have justified the coup as a response to electoral fraud by MAS-IPSP. However, as specialists in election integrity, we find that the statistical evidence does not support the claim of fraud in Bolivia’s October election.
The OAS claimed that election fraud had happened
The primary support for claims of fraud was the OAS report. The organization’s auditors claimed to have found evidence of fraud following a halt in the preliminary count — the nonbinding election-night results meant to track progress before the official count.
The Bolivian constitution requires that a candidate either earn an outright electoral majority or 40 percent of the votes, with at least a 10-percentage-point lead. Otherwise, a runoff election will take place. The preliminary count halted with 84 percent of the vote counted, when Morales had a 7.87 percentage-point lead. Though the halt was consistent with election officials’ earlier promise to count at least 80 percent of the preliminary vote on election night and continue through the official count, the OAS quickly expressed concern over the stop. When the preliminary count resumed, Morales’s margin was above the 10-percentage-point threshold.
The OAS claimed that halting the preliminary count resulted in a “highly unlikely” trend in the margin in favor of MAS-IPSP when the count resumed. The OAS reported “deep concern and surprise at the drastic and hard-to-explain change in the trend of the preliminary results.” Adopting a novel approach to fraud analysis, the OAS claimed that high deviations in data reported before and after the cutoff would indicate potential evidence of fraud.
But the statistical analysis behind this claim is problematic
The OAS report is in part based on forensic evidence that OAS analysts say points to irregularities, which includes allegations of forged signatures and alteration of tally sheets, a deficient chain of custody, and a halt in the preliminary vote count. Crucially, the OAS claimed in reference to the halt in the preliminary vote count that “an irregularity on that scale is a determining factor in the outcome” in favor of Morales, which acted as the primary quantitative evidence to their allegations of “clear manipulation of the TREP system ... which affected the results of both that system and the final count.”
We do not evaluate whether these irregularities point to deliberate interference — or reflect the problems of an underfunded system with poorly trained election officials. Instead, we comment on the statistical evidence.
Since Morales had surpassed the 40-percent threshold, the key question was whether his vote tally was 10 percentage points higher than that of his closest competitor. If not, then Morales would be forced into a runoff election against his closest competitor — former president Carlos Mesa.
Our results were straightforward. There does not seem to be a statistically significant difference in the margin before and after the halt of the preliminary vote. Instead, it is highly likely that Morales surpassed the 10-percentage-point margin in the first round.
How did we get there? The OAS approach relies on dual assumptions: that the unofficial count accurately reflects the vote continuously measured, and that reported voter preferences do not vary by the time of day. If these assumptions are true, then a change in the trend to favor one party over time could potentially indicate fraud had occurred.
The OAS cites no previous research demonstrating that these assumptions hold. There are reasons to believe that voter preferences and reporting can vary over time: with people who work voting later in the day, for instance. Areas where impoverished voters are clustered may have longer lines and less ability to count and report vote totals quickly. These factors may well apply in Bolivia, where there are severe gaps in infrastructure and income between urban and rural areas.
Was there a discontinuity between the votes counted before and after the unofficial count? For sure, discontinuities might be evidence of tampering. In Russia, for instance, one allegation is that local election officials stuff ballot boxes to meet preset targets.
If the OAS finding was correct, we would expect to see Morales’s vote margin spike shortly after the preliminary vote count halted — and the resulting election margin over his closest competitor would be too large to be explained by his performance before preliminary count stopped. We might expect to see other anomalies, such as sudden shifts in votes for Morales from precincts that were previously less inclined to vote for him.
The x-axis shows the margin for Morales before the cutoff within the preliminary count of 1,477 precincts that reported data before and after the cutoff, and the y-axis is their final margin, as reported within the official count. The high correlation between preliminary count and final vote results suggests no significant irregularities in the election count, or Morales’s final vote margin. (Jack Williams. Data from Tribunal Supremo Electoral, 2019.)
We didn’t find any evidence of any of these anomalies, as this figure shows. We find a 0.946 correlation between Morales’s margin between results before and after the cutoff in precincts counted before and after the cutoff. There is little observable difference between precincts in the results before and after the count halt, suggesting that there weren’t any significant irregularities. We and other scholars within the field reached out to the OAS for comment; the OAS did not respond.
We also ran 1,000 simulations to see if the difference between Morales’s vote and the tally for the second-place candidate could be predicted, using only the votes verified before the preliminary count halted. In our simulations, we found that Morales could expect at least a 10.49 point lead over his closest competitor, above the necessary 10-percentage-point threshold necessary to win outright. Again, this suggests that any increase in Morales’s margin after the stop can be explained entirely by the votes already counted.
There isn’t statistical support for the claims of vote fraud
There is not any statistical evidence of fraud that we can find — the trends in the preliminary count, the lack of any big jump in support for Morales after the halt, and the size of Morales’s margin all appear legitimate. All in all, the OAS’s statistical analysis and conclusions would appear deeply flawed.
Previous research published here in the Monkey Cage finds that economic and racial differences make it difficult to verify voter registration in the United States, resulting in higher use of provisional ballots among Democrats — and greater support for Democratic candidates among votes counted after Election Day. Under the OAS criteria for fraud, it’s possible that U.S. elections in which votes that are counted later tend to lean Democratic might also be classified as fraudulent. Of course, electoral fraud is a serious problem, but relying on unverified tests as proof of fraud is a serious threat to any democracy.”
Versión web disponible en https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-it s-october-elections-fraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fra ud/
12 Disponible en https://cepr.net/report/analysis-of-the-2019-bolivia-election/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat y la Conagua para conciliar los datos relativos a recientes precisiones presentadas sobre la situación hídrica del valle de Mexicali e informar de la situación hídrica de toda BC, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
1. La situación hídrica es deficitaria en las ciudades de la costa del Estado de Baja California: Tecate, Rosarito, Tijuana y Ensenada, es decir carecen de sustentabilidad hídrica:
a) El agua proveniente de los acuíferos en esas localidades, están en equilibrio o sobre explotados. Las concesiones que tienen del acuífero 2601, de la mesa arenosa de San Luis Río Colorado, de igual manera ya están rebasados por la demanda.
b) Actualmente, están recibiendo suministros del Distrito de Riego 014 y de la misma Ciudad de Mexicali, más de 100 millones de metros cúbicos anuales.
2. De acuerdo a balance hídrico, del Distrito de Riego 014, anexo al presente, refleja que el inventario que se tiene tanto de agua superficial (Río Colorado), más el agua subterránea extraída de los acuíferos 210 (Valle de Mexicali) y 2601 (Valle de San Luis), da una suma de agua disponible de 2,581,534,000 metros cúbicos anuales, los cuales están comprometidos, después de disminuir las perdidas por conducción, con los usuarios agropecuarios y usuarios doméstico, público urbano y otros usos.
3. Los datos anteriores son oficiales, sin embargo, pueden ser también ajustable en una revisión en campo. Mientras tanto, los activos de este balance están comprometidos de una forma u otra, con los usuarios acreedores arriba mencionados.
4. Como parte del balance hídrico, se presenta un cuadro de fortalezas, debilidades y amenazas, que si se mueven, pueden desequilibrar el balance o mejóralo.
Cuadro. Fortalezas, debilidades y amenazas hídricas
* Más del 50 por ciento se encuentra concesionado a distintos usos.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita el apoyo del titular ejecutivo federal en el más alto nivel, a fin de que de gire instrucciones al ciudadano Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la ciudadana Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua, para una conciliación de datos relativos a recientes precisiones que presentaron sobre la situación hídrica del valle de Mexicali en la Ciudad de Mexicali y según comunicado de prensa de fecha 20 de enero del 2020, y, además presenten la realidad de la situación hídrica de todo el estado de Baja California
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno, la SSP y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a brindar protección y atención médico-psicológica a la sobreviviente de intento de feminicidio con ácido María Elena Ríos Ortiz y sus familiares; y a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, a solicitar a la Interpol la emisión de la ficha roja respecto a Juan Vera Carrizal, probable autor del delito, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias le brinde atención psicológica, asistencia médica y rehabilitación física necesaria para María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque feminicida con ácido, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a brindar protección a la ciudadana María Elena Ríos Ortiz, así como a sus familiares, en tanto que se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca a dar celeridad, perspectiva de género y pronta resolución al crimen perpetrado presuntamente por Juan Vera Carrizal, expareja sentimental de la sobreviviente; se exhorta igualmente al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República a que por su conducto, la Interpol emita ficha roja a nivel internacional para la pronta detención del presunto agresor bajo el orden de las siguientes
Consideraciones
1. La creciente violencia feminicida que se ha denunciado en México, ha encontrado en el intento de asesinato mediante el uso de ácido una de las formas más dolorosas en contra de las mujeres.1 La facilidad para conseguir químicos abrasivos ha sido determinante para que se extienda el uso del ácido en distintas zonas del país en donde, hasta el momento, no se tiene conocimiento de cuántas víctimas han enfrentado esto.
2. Según una investigación periodística,2 con tan sólo ciento cincuenta pesos puede ser desaparecido un cuerpo con ácido debido a la falta de control para la comercialización de dos tipos de ácido: sulfúrico y clorhídrico; ambos de libre venta. Recientemente, el caso de la joven saxofonista de 26 años María Elena Ríos Ortiz, ha generado indignación generalizada por el intento de feminicidio que sufrió en el Estado de Oaxaca presuntamente ordenado por su ex pareja, el empresario gasolinero y exdiputado del Partido de la Revolución Institucional, Juan Vera Carrizales.
Como el caso de María Elena Ríos Ortiz, los medios de comunicación han retratado más de 5 casos emblemáticos ocurridos en México, todos ellos ejercidos en contra de mujeres, por parte de sus parejas y ex parejas con objetivos muy determinados en cuanto a dejar heridas físicas notorias e irreversibles o con el fin de causar la muerte, lo cual ha sido clasificado como un tipo de violencia extrema y de género.3 Tal violencia puede generar secuelas irreversibles como discapacidades físicas, pérdida de partes corporales, infecciones y cáncer de piel, cicatrices keloidales y finalmente, la muerte.
En Oaxaca, así como en el país, la ausencia de estadísticas dificulta saber si los ataques con ácido se han incrementado; ya que se estima que el 60 por ciento de los ataques que se cometen al año no se denuncia.4
3. El 9 de septiembre de 2019, un hombre de la tercera edad se presentó en el domicilio de María Elena Ríos Ortiz, ubicado en la capital del estado de Oaxaca, cargando un bote con ácido sulfúrico. Tras entablar una conversación con ella, se colocó de pie impidiéndole movilizar sus piernas y volteó el recipiente cargado de ácido sobre el cuerpo de María Elena. En declaraciones hechas por la sobreviviente mediante una entrevista realizada por el periódico La Jornada, María Elena manifiesta que en un inicio, pensó que el acto se trataba de una broma “hasta que los cachos de piel comenzaron a caer y la piel empezó a abrirse”.5 El ácido sulfúrico le quemó más de la mitad del cuerpo. El suceso se presentó en la casa de la víctima ubicada en la localidad de Huajuapan de León, Oaxaca; donde su madre se aproximó a abrazar a María Elena después de recibir el terrible ataque, quemándose también el pecho y el brazo tras el atentado. Es sabido que un hombre, quién buscó a María Elena con el pretexto de solicitarle gestión para tramitar pasaportes,6 actuó en compañía de su hijo y ambos se encuentran en proceso legal como presuntos autores materiales del ataque perpetrado contra María Elena.7 Sin embargo, declararon haber recibido un pago para realizar el ataque.
Las consecuencias de salud derivadas del intento de feminicidio contra María Elena fueron graves y según lo declarado por la propia víctima, no fueron cubiertos por parte del Gobierno del Estado de México, autoridades a quienes señaló de haber sido omisas en la atención y persecución del delito. Según la prensa, los médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación de Quemados de la Ciudad de México han pronosticado años de tratamiento para la recuperación de María Elena, quien ha perdido un ojo y la mitad de la movilidad de su cara. A María Elena le hicieron injertos de piel, mismos que tuvo dificultades de aceptar. La sobreviviente volvió a su natal Oaxaca el día lunes 20 de enero del presente año, después de 4 meses de tratamiento y numerosas cirugías consecuencia del ataque con ácido perpetrado en su contra.8
4. Juan Vera Carrizal ha sido mencionado por María Elena y su familia como presunto autor intelectual del ataque con ácido sufrido el 9 de septiembre de 2019. A pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, el agresor continúa prófugo. Una gran indignación en las mujeres se ha causado a partir de que el presunto agresor obtuvo un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, mismo que fue girado por el Juez Federal Cuarto de Distrito en Oaxaca, tras cumplir con la entrega de una garantía que asciende a tres mil quinientos pesos. Lo anterior dentro del amparo con número de 1186/2019 concedido en favor del ex diputado priista el pasado 27 de diciembre de 2019, que si bien, forma parte de sus garantías constitucionales reconocidas dentro del orden jurídico mexicano, no es menos cierto que existe manifiesta una omisión por parte de las autoridades en su labor de proteger a las víctimas de violencia de género. El 20 de enero de 2020, fecha en la que el presunto responsable debió apersonarse ante las autoridades judiciales para seguir gozando de la protección constitucional, Juan Vera Carrizal no se presentó, quedando sin efecto la suspensión provisional, a efecto de ejecutar la aprehensión en cuanto las autoridades logren encontrarlo. Al momento, el presunto agresor es considerado prófugo de la justicia.9
5. La familia de María Elena Ríos ha denunciado amenazas de muerte en su contra sin que las autoridades mexiquenses hayan procedido a efectuar protocolos de protección, por lo que la sobreviviente, que ha regresado a su hogar en Oaxaca10 junto con sus familiares, temen por su integridad física; todo lo anterior expuesto mediante una misiva enviada a distintos órganos de gobierno y firmada por la hermana de la víctima, Silvia Ríos,11 en la que también se pide protección por parte de las autoridades.12
6. Aunado a lo anterior, María Elena Ríos Ortiz fue víctima también de la difusión de contenido íntimo de carácter sexual sin su consentimiento, siendo que la víctima ha declarado que aquellos contenidos únicamente los almacenaba su agresor. Esta información circulada en el mes de febrero del presente año se difundió a través de redes sociales y se presume que quien emprendió esta campaña, fue el mismo ex Diputado del Partido Revolucionario Institucional Juan Vera Carrizal, acto mediante el cual especialistas han determinado que se pretendía criminalizar y re victimizar a la saxofonista sobreviviente del intento de feminicidio. Cabe recalcar que en Oaxaca, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento ya se encuentra tipificada en su Código Penal local.13
7. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomienda que los Estados parte tomen medidas jurídicas eficaces como sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de reparación, para proteger a las mujeres de toda forma de violencia,14 incluidos los ataques con ácido, mencionado en la Recomendación General número 19, derivado de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, suscrita por México el 17 de julio de 1980, misma que establece también en su artículo 2, que:
“Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
...
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;”15
Partiendo de lo anterior, es que, mediante el presente punto de acuerdo, se busca exhortar a las autoridades competentes del Estado de Oaxaca a brindar a la sobreviviente María Elena Ríos y a sus familiares la protección, asistencia médica, rehabilitación y reparación del daño que ordena la legislación y Tratados Internacionales de los que México es parte.
Las omisiones que se han realizado en perjuicio de la sobreviviente resultan una violación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en su artículo 2, donde se menciona que la Federación, entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán medidas presupuestales y administrativas que correspondan, para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano. Asimismo, en este ordenamiento, se considera a la violencia feminicida como una forma de extrema violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos, conformadas por conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en feminicidio, una amenaza que se mantiene probable hacia la sobreviviente y que de ser cumplida, significará un fracaso brutal del orden jurídico y del aparato institucional que busca cumplir las disposiciones vigentes. El artículo 26 de la misma ley16 establece los criterios para la reparación del daño que deberán ser atendidos por parte de las autoridades estatales, estableciendo en su literalidad lo siguiente:
“Artículo 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación:
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad;
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y
d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad”
Con base en las consideraciones que preceden, así como del contexto urgente de violencia en contra de las mujeres que demanda el respaldo de las y los diputados directamente hacia las víctimas, con el objetivo de evitar que hechos tan lamentables como lo ocurrido a María Elena Ríos Ortiz se repitan, y principalmente, que las violencias ejercidas por parte de un personaje de la política oaxaqueña de adscripción priista asciendan en el nivel de peligrosidad, someto ante la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a garantizar la seguridad e integridad física de la sobreviviente, sus familiares y a brindar seguimiento puntual a la atención médica y psicológica necesaria junto con la rehabilitación en favor de María Elena Ríos Ortiz.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca y a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca a brindar protección, asistencia jurídica, celeridad en la investigación, así como un protocolo con perspectiva de género para la atención a las víctimas de ataques con ácido, principalmente por lo que respecta al caso de María Elena Ríos Ortiz y a sus familiares.
Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca integrar con perspectiva de género y celeridad los hechos perpetrados en contra de la ciudadana María Elena Ríos Ortiz.
Cuarto. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a que en el ámbito de sus competencias y facultades, haga público el estado que se guarda respecto de la solicitud de emisión de ficha roja hecha por esa dependencia a la Interpol para dar con el paradero del presunto agresor.
Notas
1 Beltrán-Ramírez, J.P., Cuenca-Tovar, R.E. (2016). Aspectos generales de la agresión con ácidos, un delito que deja huella. 13(1), 42-66 http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2016.v13n1.25103 Consultada el 25 de febrero de 2020.
2 Por qué es tan fácil disolver personas en México.
https://www.vice.com/es_latam/article/435yn3/
por-que-es-tan-facil-disolver-personas-en-mexico Consultada el 25 de febrero de 2020.
3 Ataques con ácido y el impacto que genera en las víctimas 2020. Revistas. Unab. Edu. Co. https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/download/2 854/2372. Consultada el 25 de febrero de 2020.
4 “ASTI | About Us”. 2020. Acidviolence.Org. https://acidviolence.org/spanish/about-us.html Consultada el 25 de febrero de 2020.
5 “Lo que vivimos las mujeres, es un retroceso de la humanidad”: María Elena Ríos https://www.facebook.com/lajornadaonline/videos/781447792365078/?refsrc =https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr Consultada el 25 de febrero de 2020.
6 Reina, Elena. 2020. “El infierno de Malena, quemada con ácido en Oaxaca”. El País. https://elpais.com/sociedad/2019/12/17/actualidad/1576620652_685148.htm l Consultada el 25 de febrero de 2020.
7 “Cae segundo agresor de María Elena, la saxofonista atacada con ácido en Oaxaca”. 2020. Oaxaca.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/26-12-2019/
cae-segundo-agresor-de-maria-elena-la-saxofonista-atacada-con-acido-en-o axaca-0 Consultada el 25 de febrero de 2020.
8 Reina, Elena. 2020. “El infierno de Malena, quemada con ácido en Oaxaca”. El País. https://elpais.com/sociedad/2019/12/17/actualidad/1576620652_685148.htm l Consultada el 25 de febrero de 2020.
9 “Concede juez amparo a Vera Carrizal, acusado de ataque con ácido contra saxofonista”. El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/estados/vera-carrizal-amparo-juez-saxofo nista-acido/ Consultada el 25 de febrero de 2020.
10 María Elena, la saxofonista agredida con ácido, vuelve a Oaxaca para rehabilitarse
https://aristeguinoticias.com/2201/mexico/
maria-elena-la-saxofonista-agredida-con-acido-vuelve-a-oaxaca-para-rehabilitarse/ Consultada el 25 de febrero de 2020.
11 “A 4 meses de ser atacada con ácido, la joven saxofonista es dada de alta”. 2020. Adnpolítico.
https://politica.expansion.mx/estados/2020/01/21/
a-4-meses-de-ser-atacada-con-acido-la-joven-saxofonista-es-dada-de-alta Consultada el 25 de febrero de 2020.
12 Familia de saxofonista atacada con ácido pide seguridad.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/
familia-de-saxofonista-atacada-con-acido-pide-seguridad-amlo-tras-amenazas-de-muerte/ Consultada el 25 de febrero de 2020.
13 “Advierten por revictimización de saxofonista atacada con ácido en Oaxaca”. 2020. El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/
advierten-por-revictimizacion-de-saxofonista-atacada-con-acido-en-oaxaca. Consultada el 25 de febrero de 2020
14 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Un.Org. https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Supplement-to-Handbook-S panish.pdf/ Consultada el 25 de febrero de 2020.
15 Legislación internacional para la protección de niñas y mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf/ Consultada el 25 de febrero de 2020.
16 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_1304 18.pdf/ Consultada el 25 de febrero de 2020
Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a activar protocolos de seguridad y protección de víctimas de abuso sexual por sacerdotes o pastores, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción 1, articulo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a aprobación del siguiente punto de acuerdo de conformidad a las siguientes
Consideraciones
Con base en una noticia del periódico Milenio, con fecha del martes 18 de febrero, se tiene que:
En México, 550 denuncias por abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes.
En México, el abuso sexual por parte de sacerdotes y trabajadores de la Iglesia Católica contra niños y niñas ha denostado a esta institución, pues de 2008 a febrero de este año se registraron por lo menos 550 denuncias; y sólo en los últimos nueve años, 152 religiosos han sido suspendidos de sus actividades por su presunta responsabilidad.
De acuerdo con el informe “La tercera oleada: Justicia para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica de América Latina”, presentado por la organización Child Rights International Network (CRIN), México es el país donde más se han presentado denuncias por este delito, seguido de Chile con 243, Argentina con 129 y Colombia con 137; sin embargo, se desconoce si los inculpados enfrentan algún proceso legal.
“La Iglesia de algunos países en la región ha revelado estadísticas sobre el número de sacerdotes acusados de abusos a lo largo de los años, y a menudo son las únicas estadísticas disponibles, como es el caso en Guatemala, México y Uruguay, pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles”, expresó
El reporte de CRIN que basó su información en 19 países de América Latina, indica que en 2002 algunos de los sobrevivientes de abusos sexuales acusaron a los obispos y sacerdotes católicos de ofrecerles dinero a cambio de su silencio y con ello, mantener los casos en secreto para evitar que la Iglesia se viera afectada.
En marzo del 2019, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) refirió haber contabilizado que 152 sacerdotes eran investigados por abuso sexual; de ellos, 101 casos de 64 diócesis del país estaban ya bajo procesos ministeriales, sin ejercer su actividad sacerdotal.
Reconoció que en México no hay un centro de recopilación de información “porque cada obispo es el que enfrenta estos problemas”, por ello, confió en que tener un diagnóstico de la situación que enfrenta el país.
Asimismo, afirmó que diseñaría y establecería procesos de certificación de sacerdotes, parroquias y centros de catequesis para prevenir, proteger y atender los casos de abuso sexual contra menores de edad y, además, difundiría protocolos y textos relacionados al tema. (sic)
Tomando en cuenta que México es el primer país donde más denuncias sean presentado por abuso sexual sobre menores de edad.
Resulta necesario reconocer que la vida sacerdotal ha atraído un número desproporcionadamente alto de abusadores sexuales.
La Iglesia no solo estaría fallando a lo hora de detectar estos conflictos, sino de alguna forma asistiendo su evolución en la forma de perversiones grotescas.
Es por ello que hacemos un llamado a las autoridades ya que, en realidad, solo en el 50 por ciento de los casos los niños revelan el abuso; únicamente el 15 por ciento se denuncia a las autoridades; y tan solo el 5 por ciento se encuentran envueltos en procesos judiciales.
Al contar los menores con muchas limitaciones para denunciar los abusos sexuales y no presentar habitualmente manifestaciones físicas inequívocas, causando muchas veces daños graves que repercutirían en la muerte por miedo o amenazas.
Es por ello que en el marco de las atribuciones por conducto de la Secretaria de Gobernación solicitamos que de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se revise y se lleve a cabo las gestiones o bien sanciones tal como lo establece:
Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:
1...
V. Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos;
XIV...
Objetivos
Este conflicto ha alcanzado a nivel mundial un alto índice de violencia en contra del menor, escandalizando a estas asociaciones religiosas o culto público (iglesias) puesto que en lugar de generar un circulo de convivencia y confort, se a manipulado al menor a cumplir fantasías a estos agresores (sacerdotes) de manera violenta e involuntaria, a lo cual, se propone se tome en cuenta la Ley para ejercer y reprimir a todos aquellos criminales.
Poner en marcha las sanciones adecuadas para asegurar a los vulnerables de sufrir estos conflictos, que no exista más inseguridad en este tipo de lugares, que los menores puedan ejercer sus creencias sin opresión o amenazas, sin miedo alguno, que al entrar a una iglesia se sientan seguros y reconfortables, se sientan libres.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob), para que, en el marco de sus atribuciones se someta a consideración que se activen protocolos de seguridad y protección a menores que han sido víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y/o pastores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila a dar pronta resolución a las denuncias presentadas por la ASE por presuntos delitos contra el patrimonio de instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación adscritos a las universidades públicas de la entidad y a la Sección 38 del SNTE, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que dentro de sus atribuciones, den pronta resolución a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado por presuntos delitos contra el patrimonio de Instituciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación adscritos a las Universidades Públicas (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Universidad Autónoma de Coahuila) y a la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado (SNTE), así como a Fondos Magisteriales de Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila adscritos a la Sección 5 del referido Sindicato, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
La seguridad social de los trabajadores en México tiene dos componentes fundamentales: por un lado, la certeza de contar con una pensión que les permita vivir dignamente en su retiro y, por otra parte, la prestación de un servicio médico de calidad para llevar una vida plena y con salud. Otras prestaciones como el ahorro, créditos para vivienda, fondos de ayuda mutua y para gastos de defunción también son de suma importancia.
Sin embargo, los trabajadores de la educación del estado de Coahuila desde hace algunos años, han padecido una problemática en materia de seguridad social, como resultado de graves irregularidades en los fondos e instituciones cuyo objeto es procurarles seguridad social y prestaciones en el tema, lo que implica atención médica, pensiones, vivienda, ahorro, seguro de retiro y defunción.
No obstante lo anterior, lo que enfrentan hoy por hoy son: un deficiente servicio médico en detrimento de la salud de los trabajadores, pensiones en riesgo, falta de créditos para vivienda, pago extemporáneo y excesivamente retrasado de los montos de ahorro y retiro.
Claro ejemplo de lo anterior es que esta semana la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación, dejó de realizar el pago mensual de la pensión para unos 600 jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Se suman a estas afectaciones, a los agremiados en las Secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado.
Dan cuenta de las irregularidades, desvíos de recursos, malversación de fondos, presuntos fraudes y delitos por peculado cometidos contra esos fondos magisteriales, tanto los informes de resultados como las denuncias penales derivadas de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, una de las cuales derivó en cateos en instalaciones de la Sección 5 del SNTE por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, como en la orden de aprehensión contra el secretario general de dicha sección, quien es buscado para dar cumplimiento a la orden de aprehensión.
En el caso de la sección 38 del SNTE, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila realiza una investigación por el desfalco de mil trescientos millones de pesos.
Considerando lo anterior, el que suscribe, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado federal por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar a consideración de esta asamblea legislativa federal la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Coahuila y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, para que, en las investigaciones judiciales correspondientes al caso de la Sección 5 del SNTE, se actúe con estricto apego a derecho, observando el riguroso cumplimiento del debido proceso, así como a que realicen todas las indagatorias, sin omitir investigaciones al Descuento Único (DU), Fondo de Ayuda Mutua (FAM), Gastos Funerarios y Finanzas, así como indagar la presunta participación de dirigentes sindicales, figuras y personajes, tanto del ámbito nacional y local, involucrados en el manejo y control político, administrativo y económico de esa sección.
Segundo. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Coahuila y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción para actúen de manera pronta y expedita y se atiendan las solicitudes que les han presentado derechohabientes de las Instituciones de Seguridad Social del Magisterio Estatal para que se les informe sobre las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, respecto a los presuntos delitos cometidos contra el patrimonio de la Dirección de Pensiones, el Instituto del Servicio Médico, el Fondo de la Vivienda y Seguro de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputados: Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Melba Nelia Farías Zambrano, Francisco Javier Borrego Adame, José Ángel Pérez Hernández, Luis Fernando Salazar Fernández, Miroslava Sánchez Galván, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SHCP a hacer viable la celebración de un convenio en materia de diagnóstico y tratamiento especializado e integral del cáncer de mama, en el marco del Sistema Nacional de Salud, por conducto de la Fucam, suscrita por las diputadas María de Lourdes Montes Hernández e Hilda Patricia Ortega Nájera, del Grupo Parlamentario de Morena
María de Lourdes Montes Hernández e Hilda Patricia Ortega Nájera, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo tercero del artículo 4o., lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Por su parte, la Ley General de Salud, establece en su artículo 2o., fracción V, que el derecho a la protección de la salud , tiene como finalidad “El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población”; y también, establece que “Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados”.
Y más adelante, en su artículo 3o., fracción II Bis, la Ley General de Salud establece que “es materia de salubridad general”, precisamente, “La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social”.
En este orden de ideas y tomando en consideración la problemática que se ha suscitado con motivo de los servicios que ha venido proporcionando la Fundación contra el Cáncer de Mama por la terminación del convenio con la Secretaría de Salud, es que venimos a esta honorable asamblea, a solicitar su aprobación a fin de que se firme un nuevo convenio que permita a un gran sector muy vulnerable de la población femenina, la continuación del tratamiento integral en este tema, que de no recibirlo en forma gratuita, estaría prácticamente condenada, desafortunadamente al sufrimiento y al deceso.
La Fundación del Cáncer de Mama (Fucam) surgió el 4 de enero del año 2000, como “Fundación Mexicana de Fomento Educativo a la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, AC, Teresa Redo de Sánchez Navarro”, luego de que en 1997 se organizara un congreso médico sobre la importancia y el crecimiento en la incidencia de casos de este tipo de cáncer en la población femenina.
En el año 2008, entró en vigor un Convenio de Colaboración con el Seguro Popular y de esta manera fue posible beneficiar, de 2008 a 2013, a 3 mil 23 pacientes.
Esta Fundación, sin fines de lucro, de acuerdo con sus estadísticas, ha estado atendiendo a 7 por ciento de los casos de cáncer de mama detectados en nuestro país, al brindar diagnósticos y tratamientos integrales especializados en esta materia.
El cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres en México. Rebasa al cáncer cérvicouterino.
Cada dos horas y media muere una mujer por el cáncer de mama y lo peor, es que muchas mujeres ignoran de su presencia, por ausencia de estrategias o programas eficaces de prevención. Entre 70 y 80 por ciento de los casos podrían evitarse con la detección temprana y en esto ha jugado un papel preponderante el Fucam.
El Fucam es una asociación civil sin fines de lucro orientada a la atención del cáncer de mama, principalmente en los grupos socioeconómicos más desprotegidos y marginados de México, en convenio con el Seguro Popular.
El pasado jueves 20 de febrero se anunció oficialmente que ya no se brindará atención gratuita en el Fucam ya que se carece de insumos y medicamentos para este tipo de atención; pero, que continuarán brindando atención especializada mediante de un servicio con cuotas.
El Senado de la República, en su sesión del pasado 20 de febrero, luego de las intervenciones de sus integrantes, exhortó al Instituto de Salud para el Bienestar, para firmar en convenio de transición en los términos siguientes:
“Único. El Senado de la República exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que firme un convenio de transición que permita la colaboración de la Fundación de Cáncer de Mama, AC (Fucam), a fin de continuar con la atención gratuita del cáncer de mama a los grupos sociales más vulnerables del país.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de febrero de 2020.”
Luego se informó que, tras alcanzar un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Fucam podrá seguir otorgando tratamiento gratuito a las mujeres que iniciaron su tratamiento antes del 31 de diciembre de 2019 en esa fundación.
No obstante, nosotros consideramos que es necesario conciliar todo aquello que obstaculice la posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud, privilegie mediante convenios de colaboración, la labor de este tipo de fundaciones.
En casos como este del Fucam, es necesario privilegiar el conocimiento, la experiencia y los espacios estratégicos de atención a este mal que acecha en todo momento a las mujeres.
Es necesario, que sin distingo partidista, todas y todos podamos coincidir en que la colaboración del Fucam en el Sistema Nacional de Salud, con el apoyo de recursos federales, nos acercará a la materialización del propósito esencial en materia prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, como lo establece la ley.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, para que a la brevedad posible, realice los estudios conducentes a fin de incorporar al Fucam al Sistema Nacional de Salud, mediante la celebración de los convenios que resulten necesarios.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que a la brevedad posible, realice los estudios conducentes a fin de destinar los recursos económicos necesarios para ese fin, estableciendo estrecha relación con la Secretaría de Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputadas:
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a celebrar una sesión ordinaria dedicada de modo exclusivo a analizar y discutir dictámenes para proteger, ampliar y salvaguardar los derechos de mujeres y niñas, a cargo de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada integrante de la LXIV Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país está viviendo un año de definiciones, sobre los derechos de las mujeres, a lo largo y ancho de nuestro país miles de mujeres se manifiestan en las calles exigiendo Justicia; este es un reclamo que ya no puede esperar más y que es necesaria una definición por parte de quienes tenemos la responsabilidad de decidir políticamente.
La democracia es una forma de gobierno representativa, donde quienes ejercen la autoridad y obtienen el poder a través de las urnas, están naturalmente obligados a escuchar y atender los reclamos de la sociedad, que se manifiesta ante la ausencia de justicia.
La actual LXIV Legislatura federal, se ha autonombrado la “Legislatura de la paridad de género”; dado que por primera vez en la historia del Congreso General se han integrado las Cámaras con una proporción casi equitativa entre mujeres y hombres y más aún, en el actual año legislativo dos mujeres han asumido la presidencia de las respectivas Mesas Directivas.
No hay que menoscabar, este hecho, ni tampoco reducir la histórica integración paritaria del Congreso General, por el contrario este hecho conlleva a asumir una responsabilidad mayor, a las que otras legislaturas, se les atribuía; esta LXIV Legislatura federal, debe producir cambios más allá de los símbolos y las cuotas; debe legislar por y para las mujeres.
Si esta legislatura es incapaz de llevar al menos al debate los grandes temas sobre los derechos de las mujeres, habremos fallado y la llamada “Legislatura de la paridad de género” quedará sólo en el recuerdo como un símbolo; no tenemos otra alternativa que al menos llevar al pleno la discusión de las demandas ciudadanas en las calles.
Hoy día, se vive una crisis en materia de feminicidios, uno de los factores para que este delito quede impune e invisible, es la mala tipificación penal, en al menos 13 entidades federativas, las otras 19 tienen un tipo penal adecuado, pero heterogéneo; una solución ya propuesta, es la creación de un Código Penal Nacional que tipifique de manera homogénea, todos los delitos en el territorio nacional.
Ya que, la mala o inadecuada tipificación penal, no es un caso aislado del feminicidio, este problema se repite en la mayoría de los delitos de índole sexual, como la pederastia, las violaciones o acosos sexuales y el estupro. Por ello, tenemos la necesidad de legislar en materia y, al menos, ser capaces de debatir en el pleno las posibles soluciones a este hecho.
En materia de feminicidio, no todo se resuelve a través de la persecución penal, también tenemos que trabajar por un mayor acceso al desarrollo para las mujeres, aquí la inequidad salarial, el escaso acceso de las mujeres a los puestos de dirección y, sobre todo, la ausencia de mecanismos para romper el llamado “techo de cristal”, es, quizá, una de las demandas que tienen mayor presencia y voz en las mujeres.
Los medios de producción, los puestos de decisión, el acceso a salarios paritarios para hombres y mujeres por trabajos iguales o de igual valor; son temas que tenemos que discutir a la brevedad, acaso ya en el pleno.
Continuamente estamos observando en los medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, avisos sobre mujeres y niñas que desaparecen; sin que no existan verdaderas acciones para su búsqueda y localización; las desaparecidas se cuentan por miles, necesitamos mayores presupuestos y definiciones en la ley, que solucionen esta terrible crisis de derechos humanos.
Pero quizá, el mayor tema que esta legislatura no debe reusarse a debatir es la interrupción legal del embarazo, miles de mujeres jóvenes mueren diariamente en la oscuridad de una clínica clandestina en gran parte del territorio nacional, mientras que otras mujeres, principalmente en la Ciudad de México, pueden acceder a este derecho con plenitud. Esta diferencia territorial, que de acuerdo a donde viva una mujer puede morir o vivir, estar libre o encarcelada, es la mayor desigualdad en los derechos de las mujeres de nuestro tiempo.
Quienes nos hemos manifestado a favor de hacer universal el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, hemos enfrentado violencia en las calles, los medios de comunicación e incluso proveniente de autoridades estatales, para quienes sus prejuicios están por encima de la Ley, que protestaron hacer cumplir.
Si la legislatura de la paridad, no tiene la voluntad política de al menos llevar esta discusión fundamental al pleno de la Cámara, habrá fallado, no hay más que decir. Porque no habrá cumplido con la expectativa mínima, que es debatir.
Los Congresos se construyeron con base al derecho a disentir, si lo que queremos es obediencia y silencio, debimos haber escogido la monarquía en vez de la democracia; no podemos ser omisos ante este clamor social, no podemos ocultar los dictámenes en la congeladora; al menos debemos asumir una postura y en el pleno debatir, si creemos que una mujer que vive fuera de la Ciudad de México o de Oaxaca, tiene menos derechos y merece muerte y cárcel.
Estos son algunos de los temas, que están pendientes de debate; mientras se crean los consensos, la indignación crece en las calles; quizá para cuando nos demos cuenta sea ya tarde; este es el cuarto periodo de la legislatura, quedan en el calendario legislativo dos más, pero ciertamente en los calendarios políticos el tiempo se agota, ante la inminente elección de 2021. Entonces ¿Qué resultados entregará la legislatura de la paridad? ¿Qué podrá encontrar una mujer en los próximos años cuando revise el Diario de los Debates?, ¿Cómo podremos explicarle a las mujeres, que no debatimos sobre los temas que se claman en las calles?
Ante este escenario, debemos asumir la responsabilidad de legislar y al menos llevar los temas a discusión al pleno, para que en la asamblea general, se tomen las decisiones que van a salvar o a quitar la vida y la libertad a miles de mujeres en México.
En la colegisladora, el jueves 27 de febrero en la Gaceta Parlamentaria se aprobó por unanimidad en el pleno el:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para promover acciones legislativas que tengan por objeto protección ampliación y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres
Cuya intención está explícitamente descrito en el resolutivo segundo del acuerdo, que a la letra dice:
Segundo. Una vez culminada la sesión solemne, se dará paso a la sesión ordinaria que estará dedicada exclusivamente al análisis y discusión de dictámenes que tengan por objeto la protección, ampliación y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas. Así como para la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo en el mismo sentido.
Y es que la colegisladora, ha decidido dedicar de forma completa la sesión del 10 de marzo para debatir en torno a los derechos de las mujeres, no sólo con la posición de los grupos parlamentarios y de las legisladoras en lo particular, sino que están llevando los temas a la discusión en el pleno, de modo que la sociedad, pero sobre todo las mujeres conozcan las posturas y acciones que el Senado de la República está dispuesto a impulsar o rechazar.
Por ello la intención del punto de acuerdo, es exhortar a los órganos de gobierno de la honorable Cámara de Diputados a replicar dicha acción en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Esta sesión debe estar completamente dedicada a debatir los temas prioritarios para las mujeres en México, no los que los grupos parlamentarios consideren importantes, es decir la agenda de la sesión debe considerar aquello realmente importante que la sociedad demanda tales como:
• Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en México
• Inequidad salarial, laboral y de acceso pleno a las oportunidades.
• Derecho a la interrupción del embarazo en todo el país.
Por lo que de acuerdo a lo expuesto se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a realizar en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, una sesión ordinaria dedicada de forma exclusiva al análisis y discusión de dictámenes que tengan por objeto la protección, ampliación y salvaguarda de los derechos de las mujeres y niñas. Así como para la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo en el mismo sentido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 5 de marzo, vigésimo séptimo aniversario de la elevación a rango constitucional del derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Maricruz Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la presente efeméride con motivo del 5 de marzo, día en que se cumplen 27 años de que se elevó a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
La educación es un proceso que facilita el aprendizaje, permitiendo así el desarrollo y progreso de las personas, las sociedades y los países. Asimismo, permite transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y perpetuando, así, los valores de toda una sociedad.
Por tal se hace necesario que este sea establecido y garantizado como un derecho fundamental. En este sentido, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y adecuarla a los retos que enfrenta el país para su desarrollo e implementación, el sistema educativo mexicano ha presentado diversas reformas, las cuales le han proporcionado hoy en día su actual estructura.
El concepto del derecho a la educación se puede enlistar desde la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857; su artículo tercero establecía una forma muy sencilla y limitada sobre el derecho a la educación señalando que “la enseñanza es libre, la ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir” (Constitución de 1857, artículo 3o.).
Posteriormente, durante el gobierno del presidente Benito Juárez se contempla la educación primaria gratuita y obligatoria (UNAM, 1981), sin embargo esto no fue reflejado en la Constitución de 1917, sino hasta años posteriores con las reformas, ya que en ésta solo se encuentran elementos que identifican la enseñanza libre, laica y gratuita a nivel primaria, por lo cual quedó establecido cómo:
“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, al ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá? gratuitamente la enseñanza primaria.”
La primera reforma al artículo tercero se realiza en 1934, en la cual se agrega una educación “socialista”, así como las obligaciones y facultades del Estado sobre el derecho a la educación.
El siguiente cambio se realiza en 1946, donde se visibilizan elementos orientados a un reconocimiento de los derechos, que busca garantizar la educación para los ciudadanos, y suprime el concepto de “educación socialista”. Asimismo, se observan elementos importantes como el señalamiento de que la educación primaria será obligatoria y toda la educación impartida por el Estado.
La tercera reforma tiene lugar hasta 1980, 34 años posteriores a la última reforma, la cual busca dar independencia a la educación superior de tal forma que se realiza una adicción.
Las reformas en materia de derecho a la educación, avanzaron de forma lenta, ya que los cambios realizados entre 1946 y 1980 no fueron sustanciales. Doce años después, en 1992, en la cuarta reforma, se derogó la fracción IV que versa sobre las actividades educativas de las corporaciones religiosas, así como otros cambios que no influyeron en el contenido jurídico (García-Salcido, 2018).
Sin embargo, es hasta el año de 1993 con la quinta reforma al artículo tercero constitucional, en la que se establece que el Estado atenderá todos los tipos y modalidades educativas en todos los niveles desde básico hasta superior, y además considera que la educación primaria y secundaria será obligatorias. Estableciendo en su primer párrafo “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.”
Asimismo, la reforma contemplaba entre sus objetivos; cultivar el talento y la creatividad en la niñez y la juventud, vincular el aprendizaje a la producción, en todos los grados y promover la innovación científica y tecnológica.
Si bien, se han llevado a cabo reformas posteriores a la de 1993, donde se han establecido postulados positivos para modernizar la educación y garantizarla en todos los niveles; el 5 de marzo se conmemora un significativo avance en materia de derechos fundamentales de la población mexicana, pues el derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de México.
Bibliografía:
– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
– García-Salcido, (2018). Concepto del derecho a la educación en México, a partir de su génesis y evolución, desde la Constitución de 1917 hasta la reforma en 2016. Trabajo de obtención de grado, maestría en derecho constitucional y argumentación jurídica. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. http://hdl.handle.net/11117/5410
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2020.
Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)
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