Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5462-V, jueves 20 de febrero de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y sus homólogas locales a implantar el Protocolo Alba, según el establecido en Chihuahua, para la búsqueda inmediata, localización y recuperación de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas en el país, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I; 76, fracción IV; 79, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Consideraciones
La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es una problemática que se ha incrementado en diversos Estados de la República Mexicana, en los últimos años, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos como lo establece el artículo 1° de nuestra Constitución Política, que a la letra dice:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres han considerado que las “desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata o los feminicidios”.1
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señala que, durante 2019, un total de 3 mil 93 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales, 1, 816 fueron localizadas, 1277 aún no. Y de 2 mil 720 menores de edad que fueron reportadas como desaparecidas, 1,713 fueron localizadas, 1007, aún siguen desaparecidas. De acuerdo a datos oficiales actualizados al 6 de enero de 2020 por la Secretaría de Gobernación.2
En México son asesinadas 10 mujeres cada día, de acuerdo con la ONU, de 2015 a 2019 suman 3 mil 578 feminicidios a nivel nacional, solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La geofísica María Salguero, creadora del mapa de los feminicidios señala que, entre los estados con mayor incidencia, se encuentra en primer lugar el estado de México con 443 casos, 43 más que el año antepasado; Guanajuato con 340 casos, 14 más que 2018 y Jalisco con 295, 58 más que el 2017, habiendo un repunte significativo en esta zona del país.
La gran mayoría de las mujeres que han desaparecido y son localizadas, son resultado de la búsqueda incansable de las propias familias, de la lucha contra la autoridad que criminaliza a las dependencias, a los familiares y amigos, así como del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento y asistencia jurídica a familiares de las mujeres desaparecidas.
Los recursos públicos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas deberían orientarse a privilegiar el acompañamiento a las familias y a la investigación que permita la localización de las mujeres, niñas y adolescentes, facilitando el acceso oportuno a las cámaras de video vigilancia cuando éstas existan, el rastreo y localización inmediata de teléfonos móviles, entre otras acciones que pueden hacer la diferencia. Así mismo es importante la inversión para que todos los cuerpos encontrados sean debidamente identificados, sin errores, ni omisiones.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos humanos, emitió la sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la cual resolvió que existía responsabilidad Internacional de Estado, debido a la omisión entre diversas violaciones a los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez Chihuahua, mismos que se encuentran reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este mismo caso la Corte estimó que el Estado debe, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y feminicidios.
Asimismo, estableció las bases del ahora denominado Protocolo Alba, que deberá, entre otros aspectos; implementar búsquedas de oficio y dilación alguna, como una medida para proteger la vida, la libertad y la integridad de la persona desaparecida; establecer un trabajo coordinado y sistematizado entre las diferentes autoridades para localizar a la persona desaparecida; eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho, entre los que se encuentran, exigir investigaciones o procedimientos preliminares, que le reste efectividad a la búsqueda o haga imposible su inicio así como, priorizar las búsquedas en las áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda, por lo que tratándose de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, las diligencias citadas deberán ser más urgentes y rigurosas.
El Protocolo Alba tiene como objetivo prevenir y reaccionar sin dilación ante la búsqueda inmediata para la localización de mujeres, niñas y adolescentes, con la finalidad de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Dicho protocolo cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el cual se conforma por diversas dependencias federales y locales, las cuales tendrían que desplegar acciones oportunas para la localización de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas y que tendría que continuar operando hasta su localización.
En nuestro marco internacional, la Convención de Belém Do Pará, que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado; declara el derecho a que se respete la vida, integridad física, psíquica y moral, la libertad, seguridad personal, dignidad, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. Las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, constituyen una clara violación a estos derechos. En cuanto a los deberes de los Estados parte, la Convención menciona que deben garantizar la adopción de medidas, legislación, mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo el acceso a la justicia.
También el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW, formuló nuevas recomendaciones que servirán de base para las acciones y políticas que deberán emprenderse en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, enfatizó al recomendar; “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.3
Lo anterior señala la importancia que es establecer protocolos de búsqueda inmediata para mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, ya que representa estar en riesgo de sufrir daño grave en su integridad personal y en muchos casos, suele ser la antesala del feminicidio.
Y que las autoridades responsables en dar acceso a la justicia como lo marca nuestra Carta Magna en su artículo 21; artículo 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y; artículos 2, 3, 4, 5 y 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no sean omisas y de acuerdo a sus atribuciones cumplan lo establecido por las Reglamentos, Leyes y demás ordenamientos, así como protocolos para dicha búsqueda.
Diariamente familiares de mujeres y adolescentes desaparecidas exigen a las autoridades que se deje de pedir la espera de 48 a 72 horas de ausencia para tomar la denuncia de la falta de una mujer, pues esto provoca que sistemáticamente se viole el acceso a la justicia para estos casos, además que; las primeras horas tras una desaparición son claves para investigar y recuperar a la persona con vida.
De las 32 entidades, 25 cuentan con dicho Protocolo Alba, pero de estos, solo 17 cuentan con un Comité, lo que permite se active correctamente el mecanismo, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).4
La instrumentación no es homogénea, ni está homologada; mientras que unos Estados se encuentran en etapa de diseño, otros tienen grado de avance sustantivo en su implementación, como lo es Chihuahua, ya que, de enero de 2019 a enero de 2020, la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez, ha tenido una efectividad de 95 por ciento en localizaciones de mujeres y niñas, localizó a 355 mujeres que contaban con reporte de ausencia de 370 Protocolos Alba activados.5
Para lograrlo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron entrevistas a diferentes personas, obteniendo como resultado datos de los entornos de las ausentes, lo cual ayudó a dar con su paradero, también se realizaron diversos operativos de búsqueda en algunos sectores de la ciudad, tales como bares, hoteles, moteles, además de rastreos en lugares despoblados, se llevaron a cabo cateos en varios domicilios, en algunos de ellos se exhumaron cuerpos de mujeres desaparecidas y con Protocolo Alba activado.
Por ello se plantea que se implemente y homologue el Protocolo Alba con referencia al estado de Chihuahua, ya que se ha demostrado el grado de efectividad para la búsqueda y localización de mujeres y niñas, y derivado de las recomendaciones al Estado mexicano por la sentencia conocida como “Campo Algodonero” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo;
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías generales de los 32 estado de la República a homologar y en su caso implementar el “Protocolo Alba”, con referente al establecido en el estado de Chihuahua, para la búsqueda inmediata, localización y recuperación de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas en México.
Notas
1 https://actualidad.rt.com/actualidad/307988-alerta-onu-9000-mujeres-des aparecidas-mexico
2 https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-desaparecid as-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx
3 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comu nicado-cedaw
4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmedia ta-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es
5 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=53620
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de febrero de 2020.
Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena lo ocurrido en el penal distrital de Calera, Zacatecas, donde una mujer fue víctima de abuso sexual por cierto custodio, a cargo de la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Adriana Dávila Fernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo relativo a hechos donde una mujer que fue enviada a la cárcel distrital varonil de Zacatecas, fue víctima de abuso sexual por un custodio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pena privativa de libertad, como su nombre indica, priva al penado de su libertad, recluyéndolo en un establecimiento penal y sometiéndolo a un régimen especial de vida. El sistema penitenciario fue creado para reemplazar, con una finalidad humanitaria, la pena capital, el exilio, la deportación y diversos castigos corporales. Sin embargo, actualmente la prisión se ha convertido en una institución social con objetivos cada vez más complejos y contradictorios. Mientras que, en un principio, los establecimientos penales fueron creados para ofrecer una forma nueva de sanción, en una época más cercana se ha tenido que aceptar que únicamente lo que hace es proteger a la sociedad, pero poco influye en modificar la conducta y las actitudes del delincuente y favorecer la reintegración social de éste.
De acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia. La magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios.
El sistema penitenciario es un elemento primario de la seguridad pública en el país y se conforma por un conjunto de instituciones que procuran la reinserción social de la población privada de la libertad, que, durante años estuvo enfocado como castigo y fue hasta fechas recientes que el mandato constitucional lo encaminó a la reinserción social. Es un eslabón sustancial en el proceso de seguridad pública y uno de los más criticados por el rezago y estado de crisis que en él permanece. La evidencia muestra que elementos como la sobrepoblación penitenciaria y la reincidencia delictiva continúan siendo prevalentes en los centros penitenciarios del país.
Las respuestas ejecutadas por las autoridades parta atender las problemáticas de los sistemas Sistema Penal y Penitenciario no han sido suficientes; si bien en se impulsó un Nuevo Modelo de Justicia Penal en el 2008, su implementación no ha sido una respuesta plena, para atender uno de los principales problemas del sistema penitenciario, la reducción de personas recluidas sin sentencia.
Otro problema del sistema penal es el de presos que no tuvieron la mínima defensa de oficio y como resultado purgan penas excesivas por delitos del fuero común, delitos que bien pueden tener otra alternativa para subsanar el daño; todas estas situaciones la han evidenciado de manera exhaustiva los medios de comunicación.1
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Informe de Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México señalan que las mujeres son minoría en la cadena delictiva, pero han aumentado en los últimos años su presencia en las prisiones estatales (56 por ciento de 2010 a 2015). Las mujeres con más presencia en los penales son las mexicanas, con edades entre 18 y 29 años y mayoritariamente con secundaria concluida. Ellas, a diferencia de los hombres reclusos, enfrentan el desafío de vivir con sus descendientes en condiciones que no contemplan este tipo de necesidades. Ejemplo de esto es la carencia de guarderías en la mayoría de centros penitenciarios mixtos y femeniles.2
El personal penitenciario es insuficiente para atender a la población reclusa, pues por cada ocho personas privadas de la libertad, hay una persona de custodia que los vigila. Esta carencia es más notoria con respecto al personal especializado, 14 por ciento del total del personal penitenciario de 2016 tenía asignadas tareas técnicas. Es decir, labores especializadas en el ámbito de la reinserción.3
Por su parte, la Comision Nacional de los Derechos Humanos, señala en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que las condiciones que existen en las prisiones, entre las que destacan en los Centros Estatales que4 :
• Los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia se refieren a la insuficiencia de personal (72.68 por ciento), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67 por ciento), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84 por ciento), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19 por ciento), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91 por ciento), presencia de actividades ilícitas (40.44 por ciento) deficiencia en los servicios de salud (32.79 por ciento).
• Se identificaron como deficiencias significativas, la falta programas de prevención y de atención de incidentes violentos (42.62 por ciento), la presencia de cobros (39.89 por ciento), así como la detección de condiciones de autogobierno en (33.33 por ciento), situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre los centros, favoreciendo como se observó la violencia dentro éstos.
• En 44.26 por ciento de los centros visitados se observó insuficiencia de vías para la remisión de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y en 34.43 por ciento se apreciaron deficientes condiciones materiales de cocina y comedores.
• El 33.33 por ciento de los centros estatales al momento de la visita presentaron sobrepoblación, lo que en consecuencia estimula insuficiencia en actividades laborales y de capacitación (66.67 por ciento), deportivas (20.22 por ciento) y educativas (18.58 por ciento), así como insuficiencia de talleres y áreas deportivas en 21.31 por ciento de los establecimientos.
• En 32.24 por ciento de los establecimientos locales supervisados se ubicaron con hacinamiento, lo que implica que existen áreas que rebasan de manera considerable su capacidad.
• En 26.78 por ciento de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica, así como una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a las personas privadas de la libertad y de atención psicológica. Lo anterior es coincidente con las carencias en alimentación (26.78%); y los servicios de salud (32.79%), al no contemplar dietas específicas para los enfermos que así lo requieren, tales como quienes padecen diabetes.
• En 31.69 por ciento de los centros se observaron deficientes condiciones para la comunicación con el exterior; y en el 30.60 por ciento se detectaron anomalías en los procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
La supervisión efectuada a los centros federales dio como resultado:
• Que 16 de los 17 establecimientos en operación presentaron carencia importante de personal.
• El derecho de protección de la salud continúa siendo un problema generalizado dado que, en 15 centros federales permanece la carencia de personal médico y de medicamentos, así como por la deficiencia en su atención.
• En 13 de los centros federales se detectaron las siguientes problemáticas: insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, así como de falta de programas para la prevención de adicciones y deficiencia en la atención a las personas adultas mayores.
• En 7 de los establecimientos federales se encontró una deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Recientemente vemos caso como el que nos ocupa, en donde por una presunta orden Judicial, encarcelan a mujer en penal varonil en Zacatecas y jefe de custodios la viola, y que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del estado, el agresor aprovechaba la falta de personal de seguridad femenino para abusar sexualmente de ella.
Durante 29 días la mujer estuvo recluida en una prisión masculina de Zacatecas y fue abusada sexualmente por un custodio, quien está prófugo. Un año y medio después de que esos hechos se cometieron, la fiscalía y autoridades estatales salieron a explicar lo sucedido.
El 21 de agosto de 2018 la mujer fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión y fue remitida a la cárcel distrital de Calera, en el municipio del mismo nombre.
Permaneció en esa prisión hasta el 19 de septiembre, fecha en la que concluyó la audiencia pública oral en la que el juez de Control del Tribunal de Enjuiciamiento ordenó su traslado al penal femenil de Cieneguillas, informaron ayer la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatales.
Durante ese tiempo la reclusa estuvo en un área diferente a la de los hombres. Sin embargo, su custodia debía estar a cargo de personal femenino las 24 horas del día y eso no se cumplió, lo que le permitió al agresor tener contacto con ella y cometer abuso sexual.
Los hechos ocurrieron de agosto a septiembre de 2018, hasta que la mujer fue trasladada a un centro penitenciario estatal. De acuerdo con la mujer, su agresor aprovechaba la falta de personal de seguridad femenino para violarla.
Si bien la identidad de la reclusa, así como la del custodio que cometió el abuso en el reclusorio varonil al que fue ingresada no han sido difundidas a fin de no entorpecer las investigaciones ni para revictimizarla a ella, los hechos se registraron en agosto de 2018 y tuvo que pasar año y medio para que se tomaran cartas en el asunto, si la prensa no hubiera hecho público el caso.
La fiscal especializada en Derechos Humanos, Berenice Vázquez, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Ismael Camberos, argumentaron en rueda de prensa, que la mujer fue enviada a la cárcel de Calera en observancia al mandato constitucional que señala que los imputados deben enfrentar su proceso en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios.
Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas señaló que la mujer pasó por un examen médico y psicológico, donde se conoció que fue víctima de varias violaciones sexuales mientras estuvo en la prisión, así como tortura, abusos y amenazas.
Ella no se atrevió a contar lo que pasaba por las constantes amenazas que sufría y esperó hasta el cambio de reclusorio para relatar los fuertes episodios a los que sobrevivió en dicha prisión.
El caso atrajo la atención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, que inició en 2018 las investigaciones respectivas tanto por la agresión en sí, como por las condiciones en las que estuvo interna la mujer, quien fue ingresada en el penal varonil de Calera porque los procedimientos marcan que los imputados deben seguir su proceso en el centro penitenciario más cercano a su domicilio (asunto que recayó en la cárcel distrital de Calera). La acusada debió haber estado bajo resguardo exclusivo de personal femenino, tal y como lo marcan los protocolos del sistema penal, y jamás haber tenido contacto con custodios de sexo masculino en tanto se resolvía tu traslado al penal femenil de Cieneguillas, situación que se prolongó durante 29 días y que hizo circular acusaciones por la tardanza del sistema judicial en autorizar el traslado, cosa que ha desmentido el Tribunal Superior de Justicia del Estado, revirando la culpa hacia las autoridades penitenciarias que tardaron en solicitarlo al juez.5
“(El agresor) está plenamente identificado y nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de Justicia que sea judicializado el caso para que sea aprehendido y se le lleve el proceso penal correspondiente por el delito de violación. Fue un comandante (de seguridad y custodia), ese señor posteriormente a los hechos acontecidos dejó de ser parte del sistema penitenciario, dijo en entrevista con Milenio, María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CDHEZ).6
“Sí había personal femenino (en el penal varonil), pero como no tenían tanto, en el horario en el que no estaba la custodia femenina era cuando éste (el agresor) aprovechaba para agredir a la víctima”, narró.
De acuerdo con la funcionaria, en diciembre de 2019 el organismo emitió una recomendación en la que se señaló omisiones por parte de otros elementos de seguridad y custodia, “quienes al percatarse de la situación no hicieron tampoco nada”, de modo que se exigió sancionar a las autoridades penitenciarias. “Los compañeros custodios de este señor, observando este tipo de circunstancias, no lo reportaron a sus superiores jerárquicos. Este señor tenía contacto con la víctima y no debía de tenerlo, era un comandante y los otros que eran subordinados pues no lo hicieron de conocimiento al superior de este señor y todo mundo se hizo omiso”, comentó.
La reinserción social se inscribe como uno de los fines esenciales de la pena de prisión y se establece como un derecho fundamental de los reclusos para su futura vida en libertad, pero también tiene como objetivo natural la seguridad, el orden y la paz pública.
Casos como este demuestran que, en México, la prisión sólo ha tenido un valor privativo de la libertad en cuanto a la guarda del reo, pues no se realizan estudios de la personalidad del delincuente, ni mucho menos existe trabajo y educación dentro de los penales, representando todo ello un aspecto tan desolador, y sólo ve la sociedad a la prisión como su mejor defensa para combatir la criminalidad, y por lo mismo le basta con que el criminal permanezca encerrado tras las rejas.
En los centros de readaptación federales, estatales y municipales impera el caos, prueba de ello es este caso de violación a una mujer internada en una prisión varonil, la constante repetición fugas espectaculares, túneles que no pueden ser realizados sin el conocimiento y colaboración de las autoridades penitenciarias, riñas y motines, además se detectan: a) autogobiernos en los penales, b) extorciones telefónicas hacia la ciudadanía originadas desde los mismos centros, c) superpoblación, d) altos índices de reincidencia; lo cual lleva a que el sistema penitenciario sea excesivamente caro para el erario y con pocos resultados tangibles para la sociedad.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente los hechos ocurridos en el penal distrital de Calera, Zacatecas en donde una mujer fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas y verbales por parte de un jefe de custodios y solicita al gobierno del estado de Zacatecas, de manera respetuosa y con respeto al federalismo que esclarezca los hechos y transparente las investigaciones al respecto, asimismo dé atención inmediata a la reparación integral de los daños.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, a través del programa de atención relativo al Sistema Penitenciario, investigue y haga sus Pronunciamientos y Recomendaciones en relación a este caso, asimismo, en el uso de sus facultades, actualice y revise, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, basándose en parámetros e instrumentos nacionales e internacionales.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, atraiga las investigaciones, a fin de que los hechos sean esclarecidos y se impongan las penas que conforme a derecho procedan en este caso.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno federal para que la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, presente la información relativa al estado y el censo actualizado de los penales en el país, asimismo implemente medidas dentro de los centros de readaptación social, con el fin de disminuir y erradicar las transgresiones a los derechos humanos que suceden en los centros de penitenciarios, e incrementar las supervisiones en los espacios carcelarios, tanto estatales como federales.
Quinto. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del estado de Zacatecas, en el marco de sus facultades, revise y en su caso reformule o reconsidere la sentencia que llevo a privar de la libertad en un penal varonil a una mujer y que, rinda cuentas sobre los criterios para determinan el régimen de seguridad aplicable a la pena privativa de la libertad y si existe un sistema de clasificación al comienzo del cumplimiento de cada de pena.
Notas
1 i Rivas, F. 2017. El Sistema Penitenciario en México está colapsado. El universal. México. http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/franciscorivas /nacion/2017/03/29/el-sistema-penitenciario-en-mexico-esta
2 Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017.
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/upload s/2018/01/en_numeros2.pdf
3 Ídem
4https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNS P_2019.pdf
5 Fallas graves del sistema penal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-univ ersal/fallas-graves-del-sistema-penal
6 Encarcelan a mujer en penal varonil en Zacatecas y jefe de custodios la viola https://www.milenio.com/policia/zacatecas-mujer-enviada-penal-varonil-a cusa-violaron
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Adriana Dávila Fernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Inmujeres y la Comisión de Igualdad de Género de esta soberanía a evaluar el proceso de selección dirigido a mujeres para ocupar las vacantes de los órganos de gobierno de la Cofece y el IFT, publicado el 13 de diciembre de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de diciembre de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las convocatorias públicas para mujeres para participar en el proceso de selección de aspirantes para ocupar las vacantes en los órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo anterior, en virtud de que el último día de febrero de 2020 concluirán su encargo un comisionado de cada uno de estos organismos constitucionales autónomos.
En términos del artículo 28 constitucional, el comité de evaluación es el órgano encargado de verificar el cumplimiento, por parte de quienes aspiren a ocupar el cargo referido, de los requisitos contenidos en la misma norma constitucional y, a quienes hayan satisfecho los mismos, debe aplicarles un examen de conocimientos en la materia.
Una vez realizado lo anterior, este comité tiene por mandato constitucional la obligación de integrar una lista por cada vacante, la cual debe ser enviada al Ejecutivo federal, con un mínimo de tres y un máximo de cinco de las personas que hayan obtenido las calificaciones aprobatorias más altas en sus exámenes. En este procedimiento, la norma constitucional impone la obligación de observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros”, mediante el cual se estableció en el segundo párrafo del artículo 41: “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
A fin de dar cumplimiento a dicha reforma constitucional en materia de paridad, dichas convocatorias están dirigidas únicamente a mujeres.
La selección de personas para ocupar el cargo de comisionada para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la convocatoria exclusiva para mujeres no fue posible en esta ocasión ya que no hubo tres candidatas que aprobaran el examen, por lo cual no se logró integrar la terna de candidatas a comisionadas. La terna debía ser enviada al Presidente de la República, para que éste, a su vez, remitiera al Senado de la República a la persona propuesta para ser ratificada.
El examen fue elaborado por el Banxico y el Inegi, instituciones integrantes del comité de evaluación, con base en preguntas, contenidas en un cuestionario, y agrupadas en tres áreas que, de acuerdo con los criterios de evaluación, tendrían el mismo peso: derecho, ingeniería y economía.
En un primer análisis surge la duda sobre si estos temas y las materias sobre las cuales se elaboraron las preguntas son adecuadas al tipo de trabajo que deben realizar las personas consejeras. Por ejemplo, la relevancia de las materias como servicios y equipos; recursos para la prestación de servicios; operación de redes de telecomunicaciones; acceso e interconexión. Las preguntas, no las respuestas, por ejemplo, podrían transparentarse ahora para conocer la relevancia que tienen en función de las tareas de los comisionados. Esto ayudaría para que en futuras selecciones se tenga claro el contexto en el que se aplica una medida especial de carácter temporal (denominación de la CEDAW para la acción afirmativa o medida de nivelación) –acción afirmativa– que busca avanzar hacia la paridad.
Ante ello surge la necesidad de cuestionarse sobre el tipo de prueba y el alcance de esta, no solo como un mecanismo para examinar los conocimientos sino como un filtro orientado a obstaculizar el ingreso de aspirantes, distorsionando así el objeto y el propósito de la convocatoria.
Cabe preguntarse aquí si como parte del proceso de implantación de la reforma constitucional en materia de paridad, el comité de selección realizó un análisis sobre el número real de mujeres aspirantes a los cargos disponibles y los perfiles en función de la existencia de mujeres en cargos que aseguraran una experiencia previa en la materia.
La perspectiva de género significa que la autoridad responsable de atender la situación de las mujeres, no solo las reconoce como tales desde un punto de vista políticamente correcto, sino que analiza, examina y construye los procesos de decisión y resolución que considere las situaciones de desventaja, discriminación y marginación que históricamente han padecido las mujeres para ofrecer una alternativa viable, comprensiva, realista y eficaz de atención que les ayude a superas esas históricas desventajas.
Dicho de otro modo: si el comité no analizó cuál era la situación profesional de la mujer en altos niveles decisorios en el sector telecomunicaciones y las desventajas en su acceso a esos cargos así como la consecuente marginación de áreas específicas en las que pudieran generar la experiencia y conocimientos suficientes para aspirar a los puestos disponibles en el Ifetel como elementos relevantes para el diseño de la prueba de conocimientos que debían responder, entonces llevó a cabo una evaluación sesgada en términos de las garantías constitucionales que las mujeres poseemos en materia de perspectiva de género.
Por ello, la resolución emitida por el comité de selección en el sentido de declarar desierta la convocatoria para ocupar un cargo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha generado preocupación y desconcierto.
Hay dos elementos centrales que han tenido consecuencia en ello y que debemos plantear con toda claridad.
El primero es la opacidad con la que se llevó a cabo el proceso; opacidad que contraviene disposiciones expresas de la Constitución en lo relativo a las actividades del comité de evaluación.
En efecto, el artículo 28 constitucional, que en el párrafo 25 da origen a dicho comité, señala en el párrafo 26 lo siguiente respecto a sus tareas:
El comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
Considerando que en lo relativo al proceso de evaluación solo sabemos las fechas en que se llevó a cabo la evaluación y la resolución que declaró desierta la convocatoria, es por demás evidente que éste no se llevó a cabo, como dice la Constitución de manera expresa, es decir, observado los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
El segundo es la insuficiencia de un comité que quedó incompleto en su integración como consecuencia de una reforma educativa constitucionalmente mal hecha y que fue impulsada por la actual legislatura.
Originalmente, el comité de evaluación se formaba de la siguiente manera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, párrafo 25, constitucional, en la primera parte:
Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un comité de evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
No sobra hacer notar que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue desaparecido como consecuencia de la reforma educativa del actual gobierno sin que a la fecha haya sido sustituido en el precepto constitucional referido, a pesar de haberse presentado ya iniciativas de reforma constitucional al respecto.
La falta de este componente institucional ha impactado en los trabajos del comité puesto que no solo se carece de una instancia mediadora que configure un esquema de decisión tripartito, sino que se trata justamente de la institución –evaluación educativa– que podría haber contribuido a diseñar una prueba de conocimientos más congruente con la situación profesional de las mujeres en México, particularmente en su sector de telecomunicaciones.
De la combinación de ambas situaciones resulta, por ejemplo, que no conocemos los alcances de la evaluación ni las características que esta tuvo para determinar su eficacia real en función de las tareas de los comisionados.
Sin haber previsto esto, se ha colocado, a la medida especial de convocatoria exclusiva para las mujeres, en un predicamento serio, ya que este resultado ha llevado a muchas personas a sostener que no hay suficientes mujeres capacitadas para ocupar esos puestos, sin detenerse a pensar en la exclusión ex ante de la que son objeto las mujeres.
La evaluación del proceso es indispensable para prever la adopción de medidas afirmativas que consideren en entorno en el que se aplican y se consideren acciones adicionales que lleven al éxito de la medida.
No se puede obviar que existen prejuicios sobre insuficiencia de candidatas competentes, pero hay que evaluar el proceso de selección ya que es muy probable que alguna parte del proceso este sesgado (factores como la utilidad de este tipo de evaluaciones como criterio para seleccionar a un ente regulador).
El comité ya emitió una nueva convocatoria, pero ahora, ésta será mixta.
Es previsible que no haya muchas mujeres participando en el proceso luego de la experiencia previa.
La nueva convocatoria no ha cejado del todo en el esfuerzo de avanzar hacia la paridad: “Con objeto de avanzar progresivamente hacia la paridad de género en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la lista se integrara? con las calificaciones aprobatorias más altas de las mujeres, seguida de las calificaciones aprobatorias más altas de los hombres siempre que, en total, sumen el número mínimo de tres y el máximo de cinco aspirantes que establece el artículo 28 constitucional citado”. El nuevo plazo inicia el 17 de febrero y finaliza el 9 de marzo.
Peor aún, los elementos de la prueba de conocimientos podrían repetir un esquema de falta de perspectiva de género en el que se termine de nueva cuenta privilegiando y reproduciendo un esquema de movilidad profesional masculina.
Por todo lo fundamentado se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres para que realice una evaluación del proceso de selección dirigido a mujeres para ocupar las vacantes en los órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado el 13 de diciembre de 2019, con la finalidad de determinar si las acciones afirmativas implementadas en dicha convocatoria son adecuadas para efecto de avanzar hacia la paridad prevista en la norma constitucional y cuyos resultados se hagan de conocimiento público.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 constitucional, que en el marco de los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia que debe observar en su actuación y en el contexto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019 en materia de paridad de género, haga público un informe sobre el procedimiento que haya seguido para el diseño y aplicación de la evaluación con perspectiva de género relativa a las convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación para ocupar cargos vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para que en coordinación con especialistas en las materias correspondientes, realicen una evaluación del proceso de selección dirigido a mujeres para ocupar las vacantes en los órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicado el 13 de diciembre de 2019, con el objetivo de reflexionar sobre las eventuales consecuencias de aplicación de medidas especiales, ya sea de convocatorias exclusivas para mujeres o paritarias, que ayuden a prevenir o resarcir posibles consecuencias negativas de este tipo de medidas y que permitan avanzar hacia la paridad prevista en la norma constitucional.
Dado en el pleno la Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos del estado de México, la Ciudad de México e Iztapalapa a instaurar acciones para mejorar la movilidad y seguridad en las inmediaciones del centro de transferencia modal Santa Marta, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador del estado de México, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, la presidenta municipal de La Paz y la alcaldesa de Iztapalapa para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, instauren las acciones necesarias para mejorar la movilidad y la seguridad en las inmediaciones del centro de transferencia modal Santa Marta, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos que transitan en la zona, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía define las zonas metropolitanas como
El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 1
Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que en México hay 74 zonas metropolitanas.2 La más importante es la del valle de México (ZMVM), que abarca alrededor de 7 mil 866 kilómetros cuadrados, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del estado de México y 1 de Hidalgo.3
La ZMVM tiene una población de más de 20 millones de personas, 8.8 millones en la Ciudad de México y más de 12 millones en los 59 municipios conurbados del estado de México y Tizayuca, Hidalgo.4
Pese a su importancia, las zonas metropolitanas no cuenta con mecanismos institucionales eficaces que permitan una adecuada respuesta a las diversas problemáticas que surgen de la alta integración socioeconómica que se presenta en éstas, como lo son: la seguridad, la movilidad, el ordenamiento territorial y la sustentabilidad, solo por mencionar algunas.
Éste es el caso del asunto que se busca atender con la presente proposición con punto de acuerdo y que tiene que ver con la falta de una coordinación efectiva entre los gobiernos del estado de México, de la Ciudad de México, de Iztapalapa y de La Paz, para dar respuesta a la problemática de movilidad e inseguridad que prevalece a los alrededores del centro de transferencia modal Santa Marta (paradero del Metro Santa Marta).
El paradero del Metro Santa Marta se encuentra entre los límites de La Paz e Iztapalapa, y se ha vuelto en una zona en la que estos gobiernos, además del de la Ciudad de México y el del estado de México, lejos de coordinarse llevan a cabo acciones aisladas que no dan respuesta efectiva a las problemáticas que hemos señalado.
Esta zona es de gran importancia porque desde ahí parten distintas rutas de transporte público que conectan La Paz con el centro, oriente y sur de la Ciudad de México. Asimismo, ahí se encuentra una de las Universidades privadas más importantes del municipio. Además, se ubica una plaza comercial y este camino es parte de la ruta que los estudiantes del municipio toman para llegar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sede Iztapalapa.
Como es una zona limítrofe entre la zona oriente del estado de México y la Ciudad de México requiere una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, lejos de eso, la zona se encuentra en abandono, las vialidades están muy deterioradas, el transporte público se estaciona en lugares prohibidos, no hay buen alumbrado público, los pasos peatonales están invadidos por puestos ambulantes y hay un tráfico vial a todas horas del día, los elementos que hemos señalado han generado que en la zona se haya incrementado la inseguridad.
En una reunión reciente con jóvenes de La Paz, Chimalhuacán e Iztapalapa, me expresaron que en la zona del paradero del Metro Santa Marta no sólo han sido víctimas de robos y agresiones, sino que viven con el temor constante de ser nuevamente víctimas de un delito.
Asimismo, distintas jóvenes que fueron objeto de robos y agresiones en la zona nos comentaron que encontraron muchas dificultades para poder presentar una denuncia, precisamente porque es una zona limítrofe y las autoridades se “echan la bolita” argumentando que es responsabilidad de las autoridades del estado de México y viceversa.
En este sentido, consideramos apremiante que los gobiernos del estado de México, la Ciudad de México, La Paz e Iztapalapa instauren de manera coordinada un sendero seguro para que los ciudadanos que transitan por las inmediaciones del Metro Santa Marta tengan tranquilidad de que no serán objetos de la delincuencia.
A finales del año pasado, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, como parte del Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, el programa Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura, el cual tiene como propósito erradicar la violencia de género en la vía pública de la ciudad mediante el mejoramiento del espacio público, así como mayor iluminación y más vigilancia en los tramos viales que han sido detectados de alto riesgo para las mujeres.5
La instauración de un sendero seguro tendría como resultado la renovación del alumbrado público, botones de pánico, cámaras de videovigilancia, trabajos de poda y luminaria mejoramiento del camino en las inmediaciones del Metro Santa Marta y hasta la Universidad de la Ciudad de México.
En el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo estamos convencidos de la importancia de la instrumentación de políticas para prevenir el delito, consideramos que la propuesta que hoy presentamos abona a dicho propósito.
Los legisladores del Partido del Trabajo, tenemos el firme compromiso de trabajar a favor de acciones que salvaguarden la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, la presidenta municipal de La Paz y la alcaldesa de Iztapalapa para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, instauren las acciones necesarias para mejorar la movilidad y la seguridad en las inmediaciones del centro de transferencia modal Santa Marta, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos que transitan en la zona.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, la presidenta municipal de La Paz y la alcaldesa de Iztapalapa para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada instauren un sendero seguro en las inmediaciones del centro de transferencia modal Santa Marta y hasta la Universidad de la Ciudad de México Iztapalapa a fin de garantizar la integridad de los estudiantes que transitan por la zona.
Notas
1 “Las zonas metropolitanas en México”, Inegi, <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonog rafias/m_zmm_ce2014.pdf> Consultado el 17 de febrero de 2020. El énfasis es nuestro.
2 “Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2015”, Segob,
<https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de -las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015> Consultado el 17 de febrero de 2020.
3 “Valle de México, México”, OCDE, 2017,
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213 /valle-de-mexico-OCDE.pdf> Consultado el 17 de febrero de 2020.
4 Comunicado de prensa número 104/18, Inegi, 19 de febrero de 2018, <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/OrgenDest2018_02.pdf> Consultado el 17 de febrero de 2020.
5 “Sendero seguro: camina libre, camina segura”, gobierno de la Ciudad de México,
<https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/sendero-segu ro-camina-libre-camina-segura> Consultado el 19 de febrero de 2020.
Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a coordinar una mesa interinstitucional con las dependencias y entidades federativas correspondientes para diseñar e implantar un programa con acciones jurídicas y presupuestarias urgentes y concretas garantes de los derechos humanos a la salud, vida e integridad personal de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
a) Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. En forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.1
De acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, su función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y la de servir como un órgano consultivo de la organización en esta materia.
Dicha función se puede llevar a cabo, entre otros procedimientos, a través solicitar a los Estados miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas en casos graves y urgentes.2
Las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales. Tienen una función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos. La práctica se caracteriza por desarrollar la función tutelar, a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos.3
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en su 137o. periodo ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, la comisión al tomar la decisión de solicitar a un Estado la adopción de medidas cautelares deberá considerar que el asunto del cual conoce reúne lo siguiente:
a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
b. la “urgencia de la situación”, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
c. el “daño irreparable”, significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
b) Sobre el Río Santiago
El Río Santiago forma parte de una de las cuencas más importantes de México, recorre 475 kilómetros lineales, pasando por los estados de Jalisco y Nayarit; formando parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, considerada la segunda cuenca más larga de México, y también la más productiva e industrializada del país; sin embargo, a pesar de ser uno de los ríos más importantes de México, con el paso del tiempo se ha convertido también en el más contaminado del país, puesto que en él se vierten residuos químicos sin tratamiento especial, aguas residuales derivadas de la producción agrícola y ganadera, es decir, todo tipo de contaminantes que han dañado gravemente toda la región.
Desde hace varios años, habitantes de diversas regiones de la cuenca, como los de El Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco, han denunciado el grave problema de contaminación por sustancias tóxicas en el Río Santiago, que ha ocasionado graves enfermedades e incluso la muerte de los pobladores de las zonas aledañas al río.
Ante estos hechos, el 27 de enero del 2009, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ante la contaminación del Río Santiago, emitió la Recomendación 1/2009 por violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social; pues se evidenció que el río es un peligro para las personas que viven a su alrededor, afectando sus derechos y su calidad de vida.4
c) Sobre la Resolución 7/2020 Medida Cautelar número 708-19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago.
Es el caso que con fecha 5 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 7/2020 - Medida Cautelar número 708-19, en relación a los pobladores de las zonas aledañas del Río Santiago en México.
Lo anterior en virtud de que el 18 de julio de 2019 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares en favor de los citados pobladores para la adopción de las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos, a raíz de la contaminación ambiental en el Río Santiago y en el Lago de Chapala.
En dicha resolución se considera que de acuerdo con la información presentada en el procedimiento y tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Se considera que en cuanto al requisito de urgencia, la comisión observa que se encuentra cumplido en virtud de que la situación de contaminación ambiental continúa, además de tener en cuenta la información disponible sobre afectaciones a la salud y fallecimientos a lo largo de los años, aunado a la falta de medidas de atención médica adecuadas. Es por lo anterior que son necesarias medidas de carácter urgente, garantizando a las personas el acceso a un tratamiento médico adecuado conforme a los estándares internacionales aplicables y, en caso de que se constate la relación entre estos casos y la supuesta contaminación, las medidas necesarias para prevenir afectaciones a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
Por lo que respecta al requisito de irreparabilidad, la comisión estima que se ha cumplido en la medida que la posible afectación de los derechos, constituyen, por su propia naturaleza, la máxima situación irreparable.
Es por lo anterior que la comisión consideró que en el asunto en estudio se ha constatado que la situación satisface los requisitos reglamentarios para considerar adecuada la adopción de las medidas cautelares para salvaguardar derechos humanos, motivo por el cual solicita al estado mexicano que:
Adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los Municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el Municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, señalados en la solicitud. En particular, que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables.5
d) Sobre la competencia de la Secretaría de Gobernación
El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en las fracciones conducentes lo siguiente:
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
III. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal serán designados por el secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la secretaría o dependencia respectiva;
IV. ...
VII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;
...
Es el caso que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se hace referencia en la presente proposición constituye una solicitud al Estado mexicano a favor de los pobladores de las localidades aledañas del Río Santiago, por considerar que el asunto reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad ante el riesgo inminente de violación a sus derechos humanos.
Por tal motivo, se considera urgente e indispensable que la dependencia del Ejecutivo federal facultada para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, la promoción y defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en la materia, coordine al amparo también de sus facultades de conducción de las relaciones entre los Poderes de la Unión, dependencias y entidades federativas, la integración de mesas interinstitucionales, para implementar acciones urgentes que garanticen los derechos a la salud, vida e integridad personal de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago.
Si bien en últimas fechas se han realizado esfuerzos importantes por parte de autoridades estatales y federales para lograr el saneamiento del río, ha quedado de manifiesto que la problemática debe tratarse integralmente, involucrando a todos los sectores. La gravedad de la situación lo amerita en virtud de que se ha rebasado incluso la vulneración del derecho humano a un medio ambiente adecuado para traducirse en la violación de los derechos a la salud, a la vida y a la integridad física de los habitantes de los municipios señalados .
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, coordine una mesa interinstitucional en la que participen las dependencias y entidades federativas correspondientes, a efecto de diseñar e implementar un programa con acciones jurídicas y presupuestales urgentes y concretas, que garanticen los derechos humanos a la salud, vida e integridad personal de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago.
Notas
1 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
2 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp
3 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/sobre-cautelares.asp
4 http://cedhj.org.mx/macrorecomendacion.asp
5https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/MC7 0819.pdf
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar tanto lo contenido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como su derecho a la paz y a no ser privados de la vida, y prevenir cualquier acto contrario a su supervivencia, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición de punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)1 es el tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos.
Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen.
La CDN se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países. Hoy, la Convención, es el tratado más ratificado de la historia y los 195 estados que la han ratificado, entre ellos México, tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño.
El texto de la Convención lo componen 54 artículos que recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Tiene tres protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil; el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados; y el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño.
Avanzando en la materia en nuestro país, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13,2 de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia.
II. Derecho de prioridad
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria (antes que a los adultos) el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su interés superior.
III. Derecho a la identidad
Niñas, niños y adolescentes deben contar con nombre y apellidos, ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, y se les deberá expedir en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Siempre que se solicite un cambio de apellidos, tendrán derecho a opinar y a ser tomados en cuenta. La falta de documentación para acreditar su identidad nunca será obstáculo para garantizar sus derechos.
Deberán contar con nacionalidad; en la medida de lo posible conocer su origen, a efecto de preservar su identidad, pertenencia cultura y relaciones familiares.
IV. Derecho a vivir en familia
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su subsistencia, tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su opinión y su interés superior. Su institucionalización deberá ser el último recurso que adopte el Estado mexicano para la protección de sus derechos.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con su madre y padre, así como con las familias de aquéllos (incluso cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad) en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad competente en atención a su interés superior.
V. Derecho a la igualdad sustantiva
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos.
VI. Derecho a no ser discriminado
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un trato igualitario, nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.
Para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente de manera individual o en grupo, según sea el caso.
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su derecho de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación.
Ante esta serie de derechos, el artículo 13 de la Ley referida considera:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.”
El capítulo primero, referente al Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo, considera en los artículos subsecuentes:
“Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.”3
Cabe destacar del artículo 16, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, y a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia .
Desafortunadamente, en meses recientes, hemos sido testigos de la violencia en contra de menores en nuestro país; que, por motivos diversos, ya sea de crimen organizado, ajuste de cuentas, violencia familiar o suicidios, menores de edad son privados de la vida en distintas entidades federativas de nuestro territorio en detrimento de nuestra sociedad.
Dentro de algunos casos que representan lo anterior, se encuentra el del pasado 27 de enero del presente año, en el que “una niña de entre 10 y 12 años de edad fue localizada muerta, maniatada y con señales de violencia sexual en un canal de riego de la localidad Escape de Lagunillas, municipio de Chietla, en la mixteca poblana”.4
Al parecer, de acuerdo con información disponible, sus asesinatos estarían relacionados con la guerra que mantienen por la zona Los Rojos y el Cártel Jalisco Nueva Generación: cualquiera que sea el resultado de la investigación, resulta inaceptable que se realicen este tipo de atentados en nuestro país, aún más involucrando a menores de edad.
En hechos más recientes, “una adolescente de 15 años se suicidó en su domicilio en una colonia al norte de Tuxtla Gutiérrez; y transmitió en vivo el hecho a través de Facebook”, el comunicado advierte que: “Los casos de suicidio en adolescentes se han incrementado en Chiapas en los últimos meses, por lo que instancias como la Cruz Roja Mexicana-Delegación Chiapas, con el Instituto Municipal de la Juventud y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) han iniciado una campaña de prevención del suicidio.”5
Hace escasos tres meses, peritos e investigadores de la fiscalía de Sinaloa, analizaban la muerte de un niño de 5 años para determinar si las lesiones que presentó eran producto de violencia familiar provocadas de manera dolosa o accidente circunstancial; la muerte del menor, según el secretario de Salud del Estado, fueron a causa de un traumatismo craneoencefálico que eventualmente provocaron su muerte, a pesar de los tratamientos médicos que recibió en el hospital para salvar su vida.6
De igual manera, una menor de siete meses de edad, que en una discusión de pareja fue arrebatada de los brazos de su madre por su cónyuge y lanzada por los aires hasta una cama, hecho que le provocó de acuerdo al dictamen del hospital al que se trasladó, muerte por desprendimiento de columna.7 El padre de la menor al conocer del deceso, huyó del lugar, sin ser localizado hasta el momento.
De acuerdo a la Red de los Derechos de la Infancia en México, en su balance anual encontró que uno de cada 10 feminicidios, la víctima es una niña o adolescente; y diario mueren más de 3 niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia en México.8 Cabe mencionar que aunque se ha reconfigurado la geografía de la violencia en menores en el país, el fenómeno no es particular de una entidad federativa, es un problema latente a lo largo y ancho del país que requiere acciones conducentes.
México se ha comprometido al cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; de igual manera nuestra legislación ha avanzado en la materia, falta que ese compromiso sea acompañado de presupuesto y acciones en favor de este grupo de la población a que el Estado mexicano está obligado a garantizar sus derechos, principalmente el derecho a la vida y a su desarrollo.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin discriminación de ningún tipo o condición, así como las acciones necesarias para garantizar su derecho a la paz, y a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, así como prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, e investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
Notas
1 Véase, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Convencionsobr elosDerechosdelNino.pdf
2 Véase,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
3 Ibídem
4 Véase, https://www.proceso.com.mx/615816/puebla-violan-y-matan-a-nina-y-encuen tran-otros-dos-cuerpos-que-podrian-ser-de-sus-padres
5 Véase, https://www.proceso.com.mx/617349/
una-joven-de-15-anos-se-suicida-en-chiapas-y-lo-transmite-en-vivo-por-facebook
6 Véase, https://www.eluniversal.com.mx/estados/
fiscalia-de-sinaloa-investiga-violencia-familiar-en-muerte-de-nino-de-5-anos
7 Ibídem
8 Véase, https://www.animalpolitico.com/2020/01/muertes-violencia-mexico-ninas-n inos-adolescentes/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputados : Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Héctor Serrano Cortés.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Chiapas a investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de la agresión sufrida el domingo 16 de febrero por los estudiantes de las normales de Mactumactzá y Ayotzinapa, así como los padres de los 43 alumnos de la segunda durante la Caravana Sur en Busca de los 43, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el 26 de septiembre de 2014, el municipio de Iguala, en Guerrero, se convirtió en el escenario de una de las peores tragedias que se ha registrado en la última década de nuestro país, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Que, a cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y sin haber tenido respuestas de la justicia por lo ocurrido en esa fecha, se han llevado a cabo, caravanas de padres y madres de los normalistas a lo largo y ancho del país.
Que dichas caravanas fueron programadas para diferentes estados del sur con la intención de informar cómo va el caso de los 43 desaparecidos y exigir a las autoridades justicia con prontitud.
Que el pasado domingo 16 de febrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá e integrantes de la caravana de padres y madres de Ayotzinapa, fueron desalojados por policías del estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, mientras realizaban un recorrido por el sur de México,
Que el Comité de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el desalojo se dio de manera violenta dejando como saldo al menos tres estudiantes normalistas heridos, dos madres heridas y también una niña de tres años con alguna lesión.
Que, en dicha agresión, Juan Antonio Flores García, estudiante de primer año de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, resultando con traumatismo craneoencefálico.
Que, según el reporte médico del hospital Rojas en Tuxtla Gutiérrez, el estudiante Juan Antonio Flores García, se encuentra en estado crítico.
Que luego de conocerse el desalojo y la agresión contra padres de los 43 estudiantes desaparecidos y contra estudiantes de la Normal Rural de Chiapas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Guerrero y organizaciones de defensa de derechos humanos han reprobado los hechos.
Que Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de la Escuela Rural Normal Mactumactzá protestaron ayer afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) exigiendo justicia por el desalojo policiaco del domingo que dejó varios heridos.
Que el Grupo Parlamentario del PRD condena la agresión de la que fueron objeto parte de la caravana de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la capital chiapaneca.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Justicia de Chiapas a investigar y en su caso a sancionar a los responsables de la agresión que sufrieron el pasado domingo 16 de febrero, los estudiantes normalistas de Mactumactzá y Ayotzinapa y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la “Caravana sur en busca de los 43”.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de febrero de 2020.
Diputados: Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chiapas y la Semarnat a promover una estrategia pública para formar organismos operadores encargados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. El presente punto de acuerdo propone hacer un llamado al gobierno del Estado de Chiapas para que en conjunto con la Federación, analicen, implementen y promuevan la consolidación de una estrategia gubernamental para la formación de organismos operadores encargados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios el estado de Chiapas con el objeto de resolver de fondo el problema de la recolección, manejo y disposición final de la basura y sus consecuencias para el estado, el medio ambiente y su población, así como tomar acciones concretas y determinadas para dar celeridad al problema en el corto plazo.
Segunda. Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se originan en los núcleos de población como consecuencia de la actividad habitual y diaria del ser humano. Se clasifican en dos grandes grupos: residuos sólidos urbanos, RSU, y aguas residuales urbanas, ARU; así lo define la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tercera. Tal como lo señala la empresa mexicana Ambientum, dedicada al mejoramiento del medio ambiente y de la calidad de vida de la personas, mediante el manejo especializado de residuos sólidos, la composición de éstos, es como se muestra en la siguiente tabla:
Fuente: https://www.ambientum.com
En este sentido, uno de los grandes problemas que enfrenta México es la generación de basura, el consumismo excesivo de diversos artículos empacados produce más de cien millones de toneladas diarias de desperdicios que se van a depósitos colapsados o a tiraderos clandestinos. Es importante destacar que una gran cantidad de estos residuos son plásticos (botellas, empaques y bolsas) que tardan hasta 400 años en degradarse, según la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Cuarta. La basura es uno de los principales problemas ambientales que se enfrentan en México, con una población de más de 126 millones de personas, se generan más de 102 mil 895 toneladas diarias. Se considera que por cada habitante se produce, aproximadamente, entre 1.0 y 1.2 kg por día; de acuerdo a un estudio realizado por la Fundadora “Sin Desperdicios”.
Asimismo, los municipios tienen una gran responsabilidad con el medio ambiente, directa y de manera inmediata; y éstos entienden su responsabilidad hacia el medio ambiente como algo adicional a las funciones que llevan a cabo; sin embargo, los impactos que se generan en la vida cotidiana de los ciudadanos y en su calidad de vida son de gran importancia, tal es el caso de los servicios públicos que por mandato constitucional corresponde a los ayuntamientos como actividades primordiales. De acuerdo con el artículo 115, fracción III, inciso c, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
Quinta. A nivel nacional, cerca del 74.4% de los residuos recolectados tuvieron como disposición final sitios controlados, entre estos rellenos sanitarios y rellenos de tierra controlados, mientras que el destino de 25.6% fueron sitios no controlados, esto según el Estudio Diagnostico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018 realizado por el Coneval, a continuación se puede ver en la siguiente tabla el volumen de residuos sólidos urbanos controlados y no controlados en el país:
Fuente: Estudio Diagnostico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, Coneval.
En resumen, a nivel estatal, Aguascalientes, Ciudad de México y Quintana Roo disponen la totalidad de sus residuos sólidos urbanos en sitios controlados. Asimismo, Nuevo León (97.4%), Baja California (95.6%) y Tamaulipas (93.3%) depositan en sitios controlados sus residuos sólidos urbanos en más de 90%. En contraste, Veracruz (44.9%), Hidalgo (42.5%), Chiapas (40.2%) y Tabasco (36.1%) disponen menos de 50% de sus residuos en sitios controlados. Esto representa un área prioritaria de atención, ya que una inadecuada disposición de residuos representa una barrera al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano de las personas que habitan en cada una de las entidades.
Sexta. Bajo este contexto, en Chiapas existe un mal manejo de la basura, la entidad se sitúa muy por debajo de la media en todo el país, por ello, se genera una grave contaminación al medio ambiente, sobre todo porque existe una mala cultura por parte de la ciudadanía y el desinterés de los recolectores de basura por acopiar por completo los deshechos en cada colonia. Sumado a esto, el problema se agudiza en municipios con alta marginación, ya que, estos no cuentan con equipo de recolección y mucho menos cuentan con la infraestructura que atiendan el tratamiento y, manejo de la basura.
Y es que, a simple vista se puede constatar la basura restante que queda en cada esquina, ésta con el tiempo genera mal olor, acumulamiento y mala imagen; de manera muy fácil se vuelve en foco rojo de infección que provoca problemas gastrointestinales, infecciones respiratorias, y erupciones en la piel según la Secretaria de Salud.
El problema de mezclar todos estos tipos de residuos (biológicos, degradables, no biodegradables, materiales médicos, productos sintéticos, etc.) es que se genera una mayor contaminación del aire, suelo y agua.
El daño que provoca la poca conciencia con el planeta colabora paulatinamente al cambio climático, ya que los gases generados incrementan la temperatura del planeta. Aquí radica la importancia de tener conciencia por el reciclaje en nuestros hogares, al igual que mantener un buen plan de tratamiento de residuos.
Séptima. Hay que destacar que Chiapas es un estado cuyo impacto turístico es de gran importancia para la vida económica, social y cultural en todo el estado, contando con una de la diversidad de centros turísticos con patrimonio natural, histórico y cultural, como lo son: playa, bosque, selva, ruinas y pueblos mágicos.
En este orden de ideas, la diversidad de atractivos turísticos que tiene el estado conlleva la responsabilidad de poner especial énfasis en la materia del cuidado del medio ambiente como patrimonio del Estado y del País.
En el caso de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Palenque, entre otros tantos municipios en Chiapas, ciudadanos han denunciado el pésimo servicio de recolección de la basura y en algunos casos hasta la falta de infraestructura para la recolección de la misma, aunado a lo anterior la falta de eficiencia y la usencia de este servicio, han propiciado la acumulación de basura y su nulo tratamiento, lo que ocasiona una gran contaminación al medio ambiente lo que como ya se mencionó anteriormente es un impacto negativo para el sector turístico, la población y la economía de los chiapanecos.
Para robustecer la anterior afirmación y razonamiento basta tener en cuenta el reporte estadístico de indicadores del sector turístico del estado de Chiapas de enero a diciembre del año 2019 el cual se muestra en las siguientes tablas:
3. Afluencia de visitantes por principales destinos turísticos de Chiapas
Octava. De conformidad con lo que los ciudadanos han expresado sobre el actual sistema de recolección de basura y residuos, es que los vehículos recolectores de basura pasan a deshoras, por las prisas, dejan tirados residuos que contaminan el ambiente en la zona, además de que las autoridades municipales, no hace nada por resolver estos problemas que parecieran mínimos, pero que en realidad son un mal que cada día se va arraigando en detrimento del medio ambiente, sumado a esto, en diversos municipios de todo el estado, es común ver que la práctica de quema de basura se da de manera frecuente, actividad que no abona a resolver el problema, por el contrario, la empeora contaminando el entorno.
Novena. Por su parte, la falta de infraestructura para reciclar, separar y aprovechar los residuos sólidos, trae como consecuencia tiraderos a cielo abierto clandestinos que prácticamente se “crean” de un día para otro sin control alguno en lotes baldíos, áreas de reserva ecológica y cultivo, barrancas, presas, etc. Lo anterior, debido a la incapacidad de las autoridades para dar solución al problema del tratamiento de los residuos que se generan diariamente. Cabe resaltar que Chiapas al encontrarse por debajo de la media nacional en cuanto al tratamiento y destino final de basura, también lo está en cuanto las diversas normas internacionales y nacionales en este tema; como por ejemplo la Norma Oficial Mexicana nmx-aa-021-1985 la cual establece la Protección Al Ambiente-Contaminación Del Suelo Residuos Sólidos Municipales-Determinación De Materia Orgánica o también la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece las Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Décima. Han sido múltiples los esfuerzos institucionales por atender la problemática de la recolección de residuos a nivel nacional, de hecho la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han propuesto diversas acciones que podrían fortalecer el trabajo de las entidades municipales encargadas del manejo de los residuos sólidos urbanos, al fomentar la creación de organismos operadores para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en México.
Como bien se ha mencionado anteriormente el manejo de los residuos sólidos urbanos es un reto al que se enfrentan las administraciones municipales, partiendo de que el artículo 115 constitucional, confiere a los municipios la responsabilidad de administrar y otorgar a la población la dotación y operación de servicios públicos. Por lo anterior, la limpieza de las ciudades, así como el manejo de los residuos sólidos, constituyen grandes preocupaciones para las autoridades responsables de la prestación de estos servicios públicos en todos los centros urbanos, no importando el tamaño de su población y la extensión de su territorio.
Undécima. De igual forma la concentración poblacional en áreas urbanas y la modificación de los hábitos de consumo, resultado de un proceso de comercialización excesiva, son factores que determinan los incrementos de residuos sólidos per-cápita. México es uno de los pocos países en que no existe el cobro por la prestación del servicio, esto hace que financieramente, los municipios tengan grandes deficiencias para atender los requerimientos de la población. Es decir, que la falta de una política económica -financiera junto al limitado desarrollo institucional de los municipios y la insuficiencia de personal capacitado para esta gestión entre otras causas, determinan las precarias condiciones en que operan estos servicios a pesar del esfuerzo que éstas realizan para prestar este servicio público, la mayoría presenta dificultades para contar con recursos económicos, personal técnico capacitado, programas de inclusión social, infraestructura especializada para el manejo integral de los residuos, así como, una planeación a mediano o largo plazo que trascienda las administraciones.
Duodécima. Los factores anteriormente mencionados en muchos de los casos han propiciado se presente un manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos que repercute directamente en la calidad de vida de la población al incrementar los impactos al medio ambiente.
A raíz de esto, la Semarnat ha identificado que es necesario cambiar el modelo de gestión actual y adoptar nuevos esquemas que permita fortalecer institucionalmente a los municipios con la finalidad de lograr una gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Una alternativa identificada son los organismos operados bajo la figura de organismos públicos descentralizados (OPD) que en el sector del agua han mostrado ser una alternativa viable, asimismo, en México existen casos de organismos operadores de residuos sólidos urbanos que han mejorado significativamente la prestación del servicio. Los OPD son un ente asociativo independiente de carácter público, constituido por una o más entidades municipales.
Una de sus principales características es que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propia, y que el municipio o municipios conservan su poder de vigilancia el cual ha sido creado para la prestación de los servicios públicos de limpia de residuos sólidos urbanos además tienen la facultad de prevenir la generación de residuos, maximizar la reutilización y la valorización de manera ambientalmente efectiva, económicamente viable y socialmente aceptable.
Decimotercera. Algunos de los beneficios que se pueden obtener de la conformación de Organismos Públicos Descentralizados es que se podrá gozar de sostenibilidad financiera al estar facultado para proponer los aspectos tarifarios y recibir la retribución por la prestación del servicio público de limpia a la población y al sector privado, también se podrá explorar otras actividades de comercialización, traducidas por ejemplo en la valorización de los residuos y producción de energía, lo que abrirá una gama amplia al sector permitiendo obtener sus propios recursos y utilidades.
Incluso a nivel nacional ya hay entidades que están optando por esta figura como una herramienta de innovación y colaboración con los municipios para dar respuesta a esta problemática tales como:
Decimocuarta. Por lo que hace a nuestro marco jurídico y en razón de lo anterior hay que tener presente que el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en su fracción IX el cual establece que:
“La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, tiene la facultad de establecer, en coordinación con las autoridades competentes, las medidas pertinentes para la regulación manejo y disposición final de las descargas de aguas residuales, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como de emisiones atmosféricas, emitiendo para estas últimas las licencias de funcionamiento correspondientes en el ámbito estatal y con relación a aquellas acciones no reservadas a la federación”.
De igual forma a nivel federal, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis fracción XXXVIII establece que:
“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XXXVIII. Formular y conducir la política nacional en materia de residuos, así como elaborar los programas nacionales en la materia”
En esta lógica de ideas queda claro que actualmente contamos con el marco jurídico necesario para la implementación de estas estrategias, en donde el campo de actuar del gobierno estatal, así como de la Federación tienen un amplio margen para dar solución a esta problemática social e incidir en los municipios. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chiapas para que instruya, coordine y ejecute acciones concretas e inmediatas con los ayuntamientos para que en todo el estado el proceso de recolección tratamiento y manejo de la basura sea eficiente.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chiapas y a la federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover una estrategia gubernamental para la conformación de organismos operadores encargados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios el estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo a modificar el artículo 5 de los Lineamientos para la Administración y el Control de los Recursos Humanos de esta soberanía y promover así la inclusión laboral de personas con discapacidad, suscrita por integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Los que suscriben, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIV Legislatura, presididos por la diputada Martha Garay Cadena y con fundamento en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo parlamentario por el que se modifica el artículo 5 de los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados y se le adiciona un párrafo segundo, a fin de promover la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en la honorable Cámara de Diputados.
Exposición de Motivos
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial (BM), a nivel internacional hay más de mil millones de personas que viven con alguna discapacidad. Considerando que en todo el mundo hay aproximadamente un poco más de siete mil 500 millones de personas, lo que representa cerca de 13 por ciento de la población a nivel internacional.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México forma parte, en un esfuerzo por reconocer y definir los derechos humanos, económicos y sociales de este grupo vulnerable, estableciendo un cambio de paradigma sobre la forma de abordar el tema de discapacidad, al pasar de un enfoque asistencialista y/o médico a un enfoque de derechos.
En consecuencia, este tratado internacional, enfatiza que las personas con discapacidad, son sujetas de derechos y partícipes de su propio desarrollo, por lo tanto los estados parte deben fomentar la inclusión de este grupo vulnerable en condiciones de igualdad y equidad, así como en ambientes que eliminen otras formas conexas de discriminación que impidan el goce de sus derechos.
Tratándose del derecho al trabajo, es importante señalar, que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más vulnerables con respecto a su integración al mercado laboral. De acuerdo con el Departamento de Información Pública de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 386 millones personas con discapacidad están en edad de trabajar. Sin embargo, en algunos países, hasta 80 por ciento de personas con discapacidad se encuentran desempleadas. Como menciona la OIT, las personas con discapacidad “con frecuencia están relegadas a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, con escasa seguridad social y legal, o están segregados del mercado primario del trabajo”. Asimismo, afirma que “entre las personas con discapacidad, los hombres tienen el doble de probabilidad que las mujeres de tener trabajo.”
Algunas investigaciones a nivel mundial, puntualizan que la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad es aproximadamente de 75 por ciento. Este porcentaje se reduce drásticamente para las personas con alguna discapacidad ya que es tan solo de 44 por ciento. Además, otras investigaciones señalan que las personas de este grupo vulnerable que trabajan, ganan mucho menos que sus colegas sin discapacidad; que las mujeres con limitaciones físicas o sensoriales ganan menos que los hombres con discapacidad y que en algunas ocasiones hasta 87 por ciento de las personas de este grupo vulnerable que trabajan lo hacen en el sector informal.
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este porcentaje corresponde a 6 por ciento; es decir, cerca de 7.1 millones de habitantes tiene algún tipo de discapacidad. Además, algunos reportes indican que hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero solo 30 por ciento de ellas se encuentra activa en el mercado laboral.
Asimismo, 39.1 por ciento de la población con discapacidad mayor de 15 años es económicamente activo, mientras que de su contraparte sin discapacidad lo es 64.7 por ciento.
Podemos comprobar, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, (Enadis 2017), que a 30 por ciento de estas personas les fue negado un empleo, y las que accedieron a uno, tienen un salario hasta 151 por ciento menor al que gana una persona sin discapacidad. Además, la mayoría de las personas con discapacidad se ocupan en el empleo informal y sólo 25 por ciento tiene un contrato laboral, además 27 por ciento cuenta con prestaciones médicas.
Es muy importante destacar que, si la participación en actividades económicas es vista por género, como es tradición “tanto para la población con y sin discapacidad las tasas de los varones superan a las de las mujeres. Se puede apreciar que las mujeres, en general, son quienes tienen menores actividades económicas y es por ello que la brecha entre mujeres con y sin discapacidad que realizan actividades económicas es menor respecto a la situación que enfrentan los hombres, lo que permite visibilizar que la intersección entre discapacidad y género tiene un impacto directo en la falta de oportunidades laborales de las mujeres con limitaciones físicas, sensoriales o mentales.
De acuerdo al conversatorio Te queremos escuchar con organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad visual, algunos de los presentes expresaron que “en México existe un gran reto respecto al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, al ser considerablemente bajo el porcentaje de personas que cuentan con un empleo, y quienes lo consiguen, en general, lo hacen en puestos donde no son remunerados adecuadamente”. Lo que nos lleva a plantear un nuevo enfoque.
Hemos de puntualizar que en 1997, este órgano legislativo aprobó un punto de acuerdo parlamentario, en el que se exhortaba a sí mismo, a que el 1 por ciento del personal de esta Cámara de Diputados, debían ser trabajadores o empleados con discapacidad. El punto de acuerdo no tiene un carácter vinculante, fue incluido como una disposición en los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, los cuales en su artículo 5, establecen:
“La Cámara deberá contar con al menos el 1 por ciento de personal con algún tipo de discapacidad, del total de sus plazas de ocupación, considerando todas las modalidades y regímenes de contratación.”
Esta disposición insertada en los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, toma un carácter vinculante; pero, además ha permitido que cincuenta y tres personas con discapacidad trabajen en este órgano legislativo, gozando de salario y prestaciones iguales al resto de sus compañeros sin discapacidad.
Podemos afirmar que se ha encontrado aquí un espacio laboral incluyente, en el que con responsabilidad y un profesionalismo ejemplar, se han desempeñado como asesores legislativos en distintas comisiones, investigadores en los centros de estudios, coordinadores de actividades en el museo y como servidores públicos en otras áreas. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido un digno ejemplo de inclusión laboral de personas con discapacidad para otras dependencias y para la iniciativa privada, que afortunadamente también lo han replicado.
Sin embargo, es muy importante señalar, que desde 1997 a la fecha, este uno por ciento del personal con discapacidad de esta Cámara de Diputados, no se ha incrementado. Si el criterio que empleamos para la paridad de género en los cargos de elección popular, cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres, según el censo de población, lo aplicáramos para la inclusión laboral de personas con discapacidad, tendríamos que pasar ya, de ese uno por ciento al seis por ciento del personal con discapacidad en esta Cámara de Diputados, según también, el mismo censo de población.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,...” El mismo artículo en su párrafo quinto, puntualiza: “Queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras razones, por el género y las discapacidades, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Y el artículo 123 del mismo ordenamiento, dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; ...”
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México forma parte, tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Para tal efecto, en su artículo 4 dispone las siguientes obligaciones generales:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
Y en su artículo 27, párrafo 1, la Convención establece: Los estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
El propósito de esta propuesta es que se modifique el artículo 5 de los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, para que ese uno por ciento de personal con discapacidad que deberá ser contratado, se incremente por lo menos a dos por ciento. Y además, que a partir de esta modificación y en lo sucesivo, quede establecido, el criterio de la paridad de género y se añada el párrafo siguiente:
“De manera enunciativa y no limitativa, esta disposición reconoce a las personas con discapacidad su derecho al trabajo en este órgano legislativo y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.”
Es prudente mencionar que el impacto presupuestal por la aprobación de esta propuesta, no sería inmediato ni en una sola exhibición, ya que la contratación de personal con discapacidad quedaría abierta para que se vaya satisfaciendo de manera gradual, en esta o en posteriores legislaturas.
La aprobación de esta propuesta responde a dos de las necesidades más apremiantes que tiene este grupo vulnerable: contar con un empleo digno y la paridad de género en el ámbito laboral. Y no sólo eso, pone a esta Cámara de Diputados como un ejemplo de inclusión y diversidad en nuestros espacios de trabajo. Ejemplo, que nos da la autoridad política y moral para demandarle a otros organismos públicos y privados, precisamente lo mismo: la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación del presente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a modificar el artículo 5 de los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados y se le adicionar un párrafo segundo para quedar como a continuación se indica:
Artículo 5. La Cámara deberá contar con al menos el 2 por ciento de personal con algún tipo de discapacidad, del total de sus plazas de ocupación, considerando todas las modalidades, regímenes de contratación y atendiendo a la paridad de género.
De manera enunciativa y no limitativa, esta disposición reconoce a las personas con discapacidad su derecho al trabajo en este órgano legislativo y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputados: Martha Garay Cadena, presidenta; María de Jesus García Guardado, Delfino López Aparicio, Virginia Merino García, Claudia Tello Espinosa, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dionicia Vázquez García, María Ester Alonzo Moráles, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, secretarios; María Isabel Alfaro Morales, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Laura Barrera Fortoul, María del Carmen Bautista Peláez, Olga Juliana Elizondo Guerra, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, José Luis García Duque, Marco Antonio González Reyes, Agustín Reynaldo Huerta González, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Guadalupe Ramos Sotelo, Emmanuel Reyes Carmona, Martha Robles Ortiz, Martha Romo Cuéllar, Anita Sánchez Castro, Verónica María Sobrado Rodríguez, Merary Villegas Sánchez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar al SNTE a renovar su dirigencia nacional según el artículo 69 de la LFTSE, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que la Reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado aprobada, publicada y vigente desde el pasado 1º de Mayo, es una de las más relevantes desde la creación de la misma, para lograr plena Justicia y Democracia Sindical de los Trabajadores de la Federación en todo el país.
2. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, además de ser una Organización de Interés Público Nacional, es el gremio que mayor número de trabajadores federales agrupa en el país, y de ahí su representatividad, relevancia y ejemplo para dar plena vigencia a lo dispuesto por el Artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, mismo que establece el formato democrático-electivo que deberá prevalecer en todos los Sindicatos que aglutinen a trabajadores de servicio público en el país.
3. Que, con ello, se materializa lo suscrito en el convenio 98 de la OIT, ampliando la libertad sindical y fortaleciendo los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
4. Que, si bien el Sindicato tiene derecho a establecer la forma en que se puede estructurar su forma de Gobierno y de Representatividad Nacional, sus Estatutos y demás formatos, aun con las enmiendas realizadas el pasado mes de marzo- previas a la Reforma Legal y Constitucional- no pueden estar por encima de lo que establece la Ley en materia de derechos sindicales, ni en la forma en la que regirá su vida democrática.
5. Que, al ser un Sindicato Nacional que representa a los trabajadores de la educación frente a su empleador, que es el Estado Mexicano por la vía del Gobierno Federal, sus órganos de dirigencia no pueden ser electos a través de Delegados Seccionales, porque además las Secciones Sindicales carecen de independencia administrativa y presupuestal, ya que no perciben de manera directa las cuotas sindicales de los agremiados. Bajo esa perspectiva, las Secciones Sindicales son órganos intermediarios de operación y representación.
6. Que, a más tardar el próximo mes de mayo, la Representación Sindical Nacional deberá comparecer ante las Autoridades del Ejecutivo Federal para la revisión y ajustes contractuales y de prestaciones de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado; y, por tanto, es menester que dicha representatividad se encuentre debidamente avalada con el nuevo formato a que obliga la Ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el presente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución, al tenor de lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por ser una organización de interés público nacional, y el gremio que mayor número de trabajadores al servicio del estado agrupa, a la urgente modificación estatutaria, conforme a lo dispuesto por el Artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reformada y vigente a partir del pasado 1 de mayo;
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a realizar las adecuaciones estatutarias internas, que garanticen los derechos de participación y representación directa de los trabajadores de la educación en el país, y amplíen los ámbitos de la vida democrática al interior del gremio.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que, en un plazo no mayor a un mes, emita la convocatoria respectiva y notifique al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de que este órgano puede verificar y validar la procedencia de las normas estatutarias adecuadas al espíritu de la ley vigente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a tomar acciones dirigidas a garantizar el abasto de medicamentos en el sistema de salud pública para asegurar el derecho a la salud, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En los últimos meses, miles de personas han sufrido del desabasto de medicamentos gratuitos por las instituciones públicas de salud a nivel federal; pues datos han arrojado que el 10 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguridad Social han dejado de recibir medicinas que indican sus recetas.
2. La caída en atención al abastecimiento de medicamentos ha aumentado de manera precipitada desde septiembre del año anterior, donde las recetas surtidas de manera total o parcial fueron del 98.8 por ciento, en octubre de 96.7 por ciento y en noviembre el 95.3 por ciento. Posteriormente, se presentó una caída aún mayor, pues en diciembre se registró el 92.5 por ciento y en la segunda quincena de enero de este año se cerró la cifra con un 89.8 por ciento de las recetas.1 Lo que significa una caída de 9 puntos porcentuales en cuatro meses.
3. A causa de este retraso, se pretende instaurar un medio de pronta adquisición de medicamentos supuestamente avalados por la Organización Mundial de la Salud en el documento titulado “Información General. Lista de productos medicinales precalificados de la OMS”, empero la propia OMS claramente menciona que la inclusión en el listado no implica ninguna aprobación de los productos o sitios de manufactura en cuestión. Esto hace evidente la falta de planeación, negligencia y desesperación de la administración.
4. A primeros días de este año, padres de familia denunciaron falta de medicamentos para atender a niños y personas con cáncer, así como el cobro de atención médica a pacientes con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la desaparición del Seguro Popular.2
5. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, señaló que esta falta de medicamentos no se debe a falta de presupuesto, sino a los intermediarios del sector salud diciendo que “perturban relaciones sociales entre proveedores privados y el sector público como comprador mayoritario en los insumos de salud”.
6. Lo que es un hecho es que los perjudicados son las personas en decremento a su salud e inclusive integridad personal.
Consideraciones
El derecho a la salud es un derecho humano y al estar establecido dentro de nuestra Constitución y reconocido en diversos tratados internacionales en los que México es parte, es por lo tanto un derecho fundamental.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo consagra en su artículo 25, señalando la protección a la familia y a la salud de las personas.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (art 25 DUDH)
Así mismo la Constitución por eso mismo lo considera en su artículo cuarto, por lo cual es necesaria la función y desempeño de la garantía.
Esta proposición con punto de acuerdo es de importancia debido al peligro que representa para la integridad y el bienestar de las personas. Con la situación señalada, en los antecedentes observamos un claro ultraje a los derechos humanos, al colocar en riesgo a la población; por lo cual es necesaria una medida inmediata conforme las características de universalidad, progresividad interdependencia e indivisibilidad, bajo el tenor de la obligación de la autoridad administrativa para proteger y garantizar los Derechos Humanos.
Bajo los preceptos 80, 89, 90 y demás aplicables de la Constitución es cómo se exhorta al Presidente de la República para dirigir los esfuerzos a fin de garantizar el debido abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para tomar acciones tendentes a garantizar el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública, con el fin de proteger y garantizar el derecho a la salud.
Notas
[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-crisis-que-esconde-el -gobierno-de-amlo
[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pacientes-con-cancer-denuncian-fa lta-de-medicinas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y Pemex a transparentar y hacer del conocimiento público los costos adicionales de la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, derivado de las condicionantes establecidas por la ASEA, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para transparenten y hagan de conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería dos bocas tabasco, derivado de las condicionantes que estableció la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En agosto del año pasado la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente expidió la autorización condicionada a favor de Petróleos Mexicanos del proyecto denominado “Construcción de la refinería Dos Bocas”.1
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la evaluación de la ASEA sobre el Impacto y el Riesgo Ambiental, se establecieron ciertos requisitos que se deberán cumplir en la construcción y operación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, entre las que se encuentran las siguientes:
1. En razón de que el proyecto se construirá en sitios donde existen humedales, se ha prohibido interrumpir o desviar cualquier cauce o flujo de escurrimientos (temporales o permanentes), drenes, arroyos, canales, o cualquier otro tipo de cuerpos de agua; asimismo, deberá mantenerse a salvo la integridad del flujo hidrológico de la zona remanente del manglar que se localiza en las orillas del río Seco.
2. Como medida de compensación conforme a la afectación causada, se imponen acciones de reforestación en la Laguna de Mecoacán.
3. Se ordena la realización de acciones específicas para la protección de los remanentes de manglar que quedan en el cauce del rio Seco, por lo que deberá de realizar el monitoreo de tasas de cambio del manglar a través del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México, identificando el estado y las tendencias de cambio (pérdida, deterioro o recuperación) de la cobertura de manglar en el Sistema Ambiental Regional (SAR) y en el área de construcción.
4. Se impone a Pemex la obligación de presentar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial y subterránea durante la vida del Proyecto, en el sitio del mismo y en el SAR.
5. Pemex deberá aplicar un Programa de Rescate y Reubicación de Flora cuyo objetivo es el de proteger la diversidad florística del área del proyecto.
6. Deberá implementar un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación Fauna el cual tendrá la finalidad de rescatar y reubicar a los individuos de fauna silvestre que se llegaran a encontrar en el área del Proyecto, poniendo especial énfasis en las especies que se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y aquellas de baja o lenta movilidad.
7. Deberán de presentar un Programa de Monitoreo a Variables de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
Este proyecto ha sido altamente controvertido desde que fue propuesto por el Gobierno Federal, puesto que en un inicio el presupuesto asignado para su construcción de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ascendería a los 8 mil millones de dólares, sin embargo, sigue aumentando.2
En su momento, el Instituto Mexicano del Petróleo señaló que la construcción de la refinería tendría un costo superior a los 14 mil 740 millones de dólares, bajo dos escenarios, uno con una inversión del 100 por ciento de recursos públicos, y el otro con una inversión pública del 30 por ciento, y un 70 por ciento restante obtenido de algún otro financiamiento, que se pague a 15 años.3
El Instituto Mexicano para la Competitividad, propuso cancelar su construcción, ya que, de acuerdo con sus estudios, la inversión sólo tiene 2.0 por ciento de probabilidad de éxito, teniendo más costos que beneficios.
También, se ha señalado que la construcción de la refinería de Dos Bocas pone en riesgo zonas de mangle y especies como cocodrilos, el halcón peregrino, el manatí, el pejelagarto, el cangrejo herradura, entre otros, por lo que es fundamental adoptar las medidas necesarias para evitar una posible catástrofe ambiental en el sur del país.
Como ya es de conocimiento de la opinión pública, el proyecto de Dos Bocas se ha caracterizado por la opacidad del Gobierno Federal, ya que el pasado 18 de junio de 2019, la ASEA liberó la Manifestación de Impacto ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona, sin embargo, se censuraron ciertos contenidos como el monto total de la inversión, así como la extensión del predio donde se instalará y los impactos negativos que derivarán de la construcción.
Tan solo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya había exhortado a Petróleos Mexicanos (Pemex) a entregar información sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, sin embargo, han sobrado las escusas y, cuando se presenta información, es incompleta.4
Además, desde el inicio se evidenciaron irregularidades. Hay que recordar que en enero del presente año la ASEA multó con 13 millones 900 mil pesos a la empresa SCCA por el desmonte ilegal de vegetación en el predio donde se construye la refinería.
El derecho de acceso a la información pública es la base para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de opinión y expresión; promueve la participación ciudadana en la gestión pública y es un elemento necesario para el debate informado sobre esas acciones.
Por lo anterior, resulta fundamental que cualquier información que esté relacionada con la construcción de la refinería de Dos Bocas, sea de acceso libre a la opinión pública, atendiendo a los principios de transparencia y legalidad que se establecen en la Constitución.
Una obligación de todo Estado democrático es la publicidad de los actos gubernamentales, no sólo como mecanismo de control de dichos actos, sino como el insumo principal para la participación libre e informada de las decisiones colectivas,5 por lo que es necesario que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos transparenten y hagan de conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería dos bocas tabasco.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos para transparenten y hagan del conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, derivado de las condicionantes que estableció la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Notas
1 https://www.gob.mx/asea/prensa/asea-expide-autorizacion-condicionada-de l-proyecto-de-construccion-de-la-refineria-dos-bocas-tabasco
2 https://www.altonivel.com.mx/empresas/7-condiciones-impuestas-a-pemex-p ara-construir-la-refineria-de-dos-bocas/
3 https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-petroleo-dos- bocas-inviable-amlo-lo-niega/
4 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/
instruye-inai-a-pemex-a-informar-sobre-construccion-de-refineria-en-dos-bocas-pri/
5 http://www.infodf.org.mx/capacitacion/publicacionesDCCT/ensayo7/ENSAYO7 .pdf
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a extender por la Semovi y Ecobici la cobertura del programa a las alcaldías carentes del servicio, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada federal Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Individual denominado “Ecobici”, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, se extienda la cobertura del programa a las alcaldías de la Ciudad de México que no cuentan con el servicio de bicicletas públicas, priorizando la instalación de cicloestaciones en las periferias de parques, deportivos y/u oficinas gubernamentales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, la Ciudad de México presenta una situación crisis en materia de movilidad humana, si bien es cierto existe un desarrollo urbano que cuenta con las condiciones mínimas de movilidad, no necesariamente atiende a toda la población.
En ciudades que concentran altas densidades de población, y representan una alta demanda de servicios como lo es la movilidad humana, se debe fortalecer la productividad y eficiencia de las mismas y del territorio como eje del crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad, de movilidad, de energía y de comunicaciones; así como la creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad; en síntesis, se tiene que buscar maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica, todo ello desde un punto de vista incluyente, sustentable, sostenible y resiliente.
Es por ello, que la accesibilidad universal y movilidad , implica que una adecuada accesibilidad universal genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas, con diferentes medidas, como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, en favor del uso peatonal, del transporte no motorizado y del transporte público.
Ahora bien, alternativas generadas como parte de políticas públicas que favorecen a la población desde diferentes enfoques, son aquellas que deben de contar con un impulso mayor, más allá de su población objetivo, como muestra de ello, el Sistema de Bicicletas Públicas “Ecobici ”, desde su creación e implementación como política pública en el 2010, se ha traído como parte del desarrollo urbano de la propia capital del país, que muchos ciudadanos ya sea que habitan, que trabajan o simplemente que transitan por ella, cuenten con una alternativa de transporte, amigable con el medio ambiente y que favorece a la salud.
Basta con observar el crecimiento y el éxito que ha tenido el programa “Ecobici ” entre la población de la Ciudad de México, así como de aquella población fluctuante como son los habitantes de las Entidades Federativas aledañas, que acuden a su centro de trabajo dentro de la propia Ciudad de México y los visitantes del extranjero.
Resulta necesario entender el ¿por qué de la presente proposición? con la finalidad de lograr una visión incluyente a través del Sistema de Transporte Individual denominado “Ecobici”.
El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México que ha integrado a la bicicleta como parte esencial de la movilidad, es un modo de transporte dirigido a los habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas. Este sistema permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y devolverla en la siguiente más cercana a su destino, se pueden utilizar las bicicletas en trayectos ilimitados de 45 minutos.
La ciclovía recreativa de la Ciudad de México, fue lanzada en el año 2007 por la Secretaría del Medio Ambiente, precisamente con el espíritu de promover una movilidad distinta a la que ya se encontraba en existencia. El programa fue concebido desde un inicio como proyecto para agilizar la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México, que daría inicio cuatro años más tarde al primer sistema de bicicletas públicas de América latina, el hoy denominado “Ecobici” .
“Ecobici” inició operaciones en el mes de febrero del año 2010, en un principio sólo contaba con 84 cicloestaciones y mil 200 bicicletas. En los 8 años siguientes a su entrada en vigor, la demanda del sistema impulsó el crecimiento del mismo; actualmente cuenta con 480 cicloestaciones y 6 mil 800 bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas forman parte del nuevo sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. “Ecobici” cuenta con más de 170 mil usuarios registrados hoy en día y el servicio está disponible en 55 colonias de la Ciudad de México, y abarca un área de 38 kilómetros cuadrados. Este programa es el encargado de brindar a los habitantes de la Ciudad de México, una alternativa de transporte que siempre se encuentre disponible y permita hacer traslados en el menor tiempo posible.
Este sistema se ha expandido en todo el tiempo que lleva en funcionamiento un 85 por ciento; se han alcanzado más de 50 millones de viajes anuales y más de 200,000 usuarios inscritos a este programa, en un principio solo dos de cada 10 mujeres eran usuarias de este programa, hoy en total son 4 de cada 10 y las cifras han ido en aumento gracias a la seguridad que les brinda este servicio.1
De las 55 colonias que cubre el programa en la Ciudad de México entre las cuales se encuentran Centro Histórico, parte de la colonia Guerrero, colonia Tabacalera, colonia San Rafael, colonia Cuauhtémoc, colonia Juárez incluyendo la Zona Rosa, zona poniente de la colonia Doctores, colonia Roma Norte y colonia Roma Sur, Condesa, colonia San Miguel Chapultepec, colonia Escandón, Anzures, Delegación Benito Juárez, Ampliación Granada, Buenavista, Centro, Acacias, Actipan, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, colonia del Valle centro, colonia del Valle norte, colonia del Valle sur, Extremadura Insurgentes, General Pedro María Anaya, Insurgentes Mixcoac, Insurgentes San Borja, colonia Letrán Valle, colonia Nápoles, colonia Narvarte Poniente, colonia Noche Buena, colonia Portales Norte, colonia Residencial Emperadores, colonia Santa Cruz Atoyac, colonia Santa María Nonoalco, colonia San Pedro de los Pinos, colonia Tlacoquemecatl, colonia Xoco y Polanco.2
“Ecobici ” resultó ser demasiado útil para aquellos usuarios y usuarias que buscaban ahorrar un poco más de tiempo dentro de sus trayectos, sea cual fuere su destino; antes de su implementación, uno de cada seis usuarios no usaba la bicicleta como medio de transporte. La cobertura que Ecobici busca, es la de permitir la libre “intermodalidad” que se presentaba en los usuarios del transporte público, ya que en la mayoría de los viajes estos se combinaban con Metro, Metrobús o en su caso Tren Suburbano, los cuales conectan con diferentes puntos de la Ciudad de México.
Al analizar los beneficios al medio ambiente que trae consigo el uso de la bicicleta como medio de transporte, se coincide en que una ciudad con alta circulación, es una ciudad amigable con el medio ambiente , ya que esto ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental, además de reducir los niveles de monóxido y dióxido de carbono e hidrocarburos producidos por el uso de transportes en mal estado, que proveen de partículas que favorecen la contaminación del aire.
Usar la bicicleta diariamente como medio de transporte, ya sea solo para recorrer trayectos cortos, puede beneficiar a la salud, el cuidado del medio ambiente y la economía de las personas, pues no se tendrían que generar gastos para cargar gasolina, mantenimiento de autos, etcétera.
Algunas ventajas de utilizar este medio de transporte son:
• Ahorrar tiempo y dinero;
• Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonificar los músculos y mejorar la capacidad pulmonar;
• Reducir los niveles de colesterol en la sangre;
• Ayuda a mejorar la coordinación motriz;
• Es un ejercicio meramente aeróbico, que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y obesidad;
• Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo, y;
• Contribuye a una mejor calidad del aire;
Por cada kilómetro recorrido en bicicleta, se evita la emisión de aproximadamente 300 gramos de CO 2 (dióxido de carbono).3
Las bondades de andar en bicicleta diariamente son muchas, ya que el ciclismo es un deporte muy completo. Conocer los beneficios puede ser un gran estímulo para cambiar algunos malos hábitos y reemplazar el automóvil o el transporte colectivo para trasladarse a cualquier punto de la ciudad.
La bicicleta es un gran aliado a la hora de combatir el sobrepeso y la diabetes. Permite quemar 300 calorías en media hora de pedaleo a ritmo tranquilo, y aún más si las personas van sin peso extra. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, andar en bicicleta tan sólo 5 minutos al día puede ayudar a reducir el aumento de peso cuando se entra a la edad madura, fortalece los músculos, mejora la postura y previene dolores de espalda, mejora la circulación, se fortalece la musculatura y ayuda a las articulaciones sobre todo a las que se ocupan de dar movilidad a las rodillas y los músculos de las piernas, estos hacen que tengan un menor impacto.
Al ser un ejercicio meramente aeróbico, repercute de manera positiva en el corazón y los pulmones. Oxigena y estimula la circulación sanguínea y es bueno para combatir la presión arterial alta, así como reducir los riesgos de presentar un infarto, ya que el ritmo cardiaco aumenta y la presión arterial disminuye, además de hacer que los vasos sanguíneos aumenten su flexibilidad.
Practicar ciclismo regularmente, fortalece las defensas ya que las células denominadas fagocitos, encargadas de deshacerse de las bacterias malignas, se movilizan de forma inmediata gracias al pedaleo.4
En cuanto a las ventajas del medio ambiente, la bicicleta es un medio de transporte considerado el más limpio, ya que no produce gases tóxicos ni deja residuos o partículas en el ambiente que dañan la salud, ocupa menos espacio que cualquier otro medio de transporte actual, 16 bicicletas ocupan el mismo espacio que un vehículo.
En cuanto a su inversión, esta no es significativa y representa un ahorro a mediano y largo plazo, su coste de inversión es mucho menor que el de cualquier transporte privado, su mantenimiento es muy económico ya que solo se requiere el 5 por ciento de lo que cuesta el mantenimiento total de un automóvil y no requiere gastos en combustible, peajes o impuestos.
Otra de las ventajas que tiene el uso de la bicicleta es que permite el ahorro de tiempo en traslados dentro de la Ciudad de México, ya que ayuda a evitar los atascos en hora pico en las principales avenidas de la Ciudad; además, está plenamente demostrado que el uso continuo de la bicicleta relacionado con la actividad física aumenta la felicidad de quien la usa.6
Es por ello que en Movimiento Ciudadano, consideramos que resulta importante impulsar medios alternativos de movilidad sustentables y sostenibles, que generen beneficios a la población en cuanto a salud y medio ambiente, para que su cobertura no se encuentre circunscrita únicamente a algunas cuantas alcaldías de la Ciudad de México, sin que esto pareciera un privilegio de unos cuantos habitantes o exclusivo de algunas zonas de la ciudad, siendo que el enfoque de la movilidad tiene que ser universal en atención al derecho a la movilidad.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaría de Movilidad y el Sistema de Transporte Individual denominado “Ecobici ”, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, se extienda la cobertura del programa a las Alcaldías de la Ciudad de México que no cuentan con el servicio de bicicletas públicas, priorizando la instalación de cicloestaciones en las periferias de parques, deportivos y/u oficinas gubernamentales.
Notas
1 https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/informacion-del-servicio/que-es-ecob ici
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sistema-ecobici-crecio-85 -en-cdmx
3 https://www.fundacionaquae.org/consejos-del-agua/cinco-ventajas-utiliza r-la-bicicleta-medio-transporte/
4 http://www.lr21.com.uy/ecologia/1219996-beneficios-medio-ambiente-pedal ear-andar-en-bicicleta
5 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/por-el-medio-ambiente-utiliza-mas-la -bicicleta
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a los 20 días del mes de febrero de 2020.
Diputada Pilar Lozano Mac Donald
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a dar por la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte la atención y debida cobertura a las citas de los autotransportistas para evaluación y expedición de licencias federales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Francisco Javier Borrego Adame integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta H. asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Consideraciones
El transporte de mercancías de mayor uso en primer término, es el terrestre por su cobertura y eficiencia, el autotransporte terrestre es de mayores en donde genera y representa un número muy importante en cuanto el producto interno bruto.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte tiene la facultad para realizar y aplicar los exámenes de evaluación a los operadores de transporte aéreo, marítimo y de transporte público federal terrestre y así poder renovar y/o expedir (obtener o revalidar), sus licencias federales.
El artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal menciona que los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo.
Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.
Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables.
El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o cancelación de las licencias federales, así como las disposiciones relativas al tránsito.
La Secretaría es la única facultada para expedir o renovar las licencias.
El 26 de junio del 2019, se dio por terminado el convenio por parte de la SCT con los Centros Autorizados o también denominados Terceros Autorizados, con lo cual se tenía el apoyo médico psicológico capacitado así como las instalaciones adecuadas.
Al cerrar las autoridades de la secretaría estos centros autorizados y al no tener contemplado un plan B, la SCT no cuenta con la infraestructura en instalaciones y el personal médico especializado suficiente para atender la demanda de servicio, por lo que con el número de personal descuida otras tareas importantes como exámenes toxicológicos, exámenes psicofísicos, operativos rampa, etc.
El cierre de los centros autorizados acarreó más problemas de los que se intenta solucionar, no solo dejando a las personas sin trabajo, sino que propietarios de las unidades tiene parados sus vehículos, porque, además los más afectados son los operadores autotransportistas, ellos en la situación que están no pueden conducir ya que sus licencias están vencidas y en esas condiciones no pueden salir a carretera, las aseguradoras por ende las aseguradoras, no cubren cualquier tipo de siniestro.
Actualmente solo se cuenta en el directorio de la SCT, oficialmente, con 48 unidades médicas distribuidas en todo el país, de las cuales son rebasadas por la demanda de servicio por los operadores.
Los operadores entran a la plataforma en internet para sacar cita y por el poco personal médico no se da abasto por lo que les están dando citas hasta abril y mayo del 2020, ahora bien que ocurre en consecuencia si los operadores, de por si son escasos y los pocos que hay ahora los tienen varados, el impacto económico inmediato es a los operadores, de que mantienen a sus familias mientras puedan ser nuevamente activados.
El segundo impacto económico, a corto plazo es el poco desplazamiento de productos que con ello llevará al efecto de la oferta y la demanda, empezara a escasear los productos y en consecuencia subirán los precios.
Otro problema que ha presentado esta situación es que a los médicos mismos de la SCT que aplican dicho examen, desde el mes de enero del 2020 no se les ha pagado sus sueldos, por lo que se han visto seriamente afectados económicamente y con ello trabajar bajo presión, dándose una situación insostenible para erogar sus gastos y su salud seriamente afectada por el estrés.
Ahora bien, apegándonos a la fracción V del Reglamento de Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte en el Reglamento de Servicio de Medicina Preventiva hay quejas por parte de los transportistas porque no se les ha atendido a sus demandas, cuando ellos lo que quieren es ser revalidados cumpliendo con las normas y requisitos que les marca la ley y ya ponerse a trabajar.
Los autotransportistas en su desesperación viajan a otra ciudad de donde ellos son originarios buscando una atención a su cita creyendo que será más rápido, pero solo generando un mayor gasto en transporte, comida y alojamiento y pese a todo ello quedando como en el principio sin solución a su problema.
Derivado de ello que se hará con los Centros Autorizados ya cerrados que cuentan ya con el personal médico científico capacitado por la misma SCT, así también cuentan ya con las instalaciones adecuadas, no sería más factible reactivarlos bajo una supervisión fiscal rigurosa y no tener la incertidumbre de corrupción, para así poder atender la alta demanda de los exámenes.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta representación nacional, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, a efecto de que se dé la atención y la debida cobertura para las citas a los autotransportistas en tiempo y forma para evaluación y expedición de licencias federales.
Segundo. Exhorta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de sus facultades se reactiven con carácter de urgente la autorización a los terceros autorizados para que nuevamente apliquen los exámenes médicos y psicológicos a los operadores con un sistema de vigilancia y fiscalización constante.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar por el Sipinna el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal de la niñez y adolescencia; y al gobierno de la Ciudad de México, a esclarecer el caso de la niña Fátima, ocurrido el pasado fin de semana, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral II, fracciones III a la VI, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al gobierno federal a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a garantizar el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de la niñez y adolescencia, así como al gobierno de la Ciudad de México a esclarecer el caso de la niña Fátima ocurrido en dicha ciudad el pasado fin de semana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto, que en todas sus decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
En ese sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Al respecto, el Estado mexicano presentó en la sustentación del cuarto y quinto informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité, donde se hizo de su conocimiento los avances trascendentales alcanzados con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el reto de su implementación.
Gracias a esta ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes , que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección. La federación cuenta ya con una Procuraduría de Protección que se encarga de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán procuradurías de protección locales.
En el tema que hoy nos ocupa, dicha ley general considera en su capítulo octavo, el derecho de la niñez y la adolescencia de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal , que contempla la obligación de la familia, el Estado y la comunidad a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad (artículos 46,47, 48 y 49 de LGDNNA).
La problemática de violencia que hoy en día vive la niñez es profundamente alarmante, basta ver las cifras presentadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 4 niños desaparecen cada día en México. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas registró la desaparición de mil 159 menores de edad.
Todo lo anterior, a pesar del compromiso del gobierno mexicano de erradicar la violencia en contra de la niñez, ya que el pasado 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la sesión de instalación de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, cuyo acuerdo de creación fue aprobado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en su sesión del 18 de agosto de 2016.
Desafortunadamente, no se ha logrado el objetivo de disminuir la violencia ni las desapariciones y homicidios en este grupo poblacional, esto consecuencia de la falta de visibilidad de la niñez y la adolescencia en las políticas públicas como un grupo prioritario, así como la falta de la implementación de la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual está vigente desde diciembre de 2014.
Dicha ley general aborda todos los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, incluso incorpora la perspectiva de género a través del derecho de igualdad sustantiva con la finalidad de eliminar costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad.
Otro lamentable ejemplo de la falta de protección de los derechos contenidos en la ley general, es el reciente caso de la niña Fátima, el pasado fin de semana. Estudiante de primaria que fue sustraída en la salida de la escuela y posteriormente su cuerpo fue encontrado en una terracería en la alcaldía Tláhuac.
No se puede dejar de lado estos casos en los que el actuar coordinado e integral parecen ausentes; es imperante que las autoridades prioricen a la niñez de conformidad con el marco constitucional y se lleven a cabo acciones prioritarias para proteger sus derechos y principalmente su vida.
La muerte de la niña Fátima no debe quedar impune, las autoridades deben de poner todos sus esfuerzos en esclarecer su homicidio, pero también deben poner todos sus esfuerzos en que no haya una niña más en estas circunstancias tan lamentables.
Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a garantizar el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de la niñez y adolescencia.
Segundo . La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de México, a esclarecer el caso de la niña Fátima, ocurrido en dicha ciudad el pasado fin de semana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a modernizar y fortalecer el Sepomex para mejorar los servicios y emprender acciones dirigidas a evitar problemas de liquidez de sus oficinas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modernizar y fortalecer el Servicio Postal Mexicano, a efecto de brindar una mejor atención a la sociedad, así como emprender las acciones necesarias para evitar problemas de liquidez de las oficinas de dicho servicio, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Servicio Postal Mexicano, Correos de México1 tiene la función de mantener comunicada a la población ofreciendo servicios de correspondencia, mensajería y paquetería accesibles, confiables y de calidad, con la misión de ser factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales.
El 24 de diciembre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Postal Mexicano, con el objeto de regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios que expresamente se contemplan.
El pasado 22 de enero del año en curso, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a propuesta de los diputados Zulma Verenice Guerrero Cázares y Emilio Alejandro de Hoyos aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fortalecer la operación de las oficinas del Servicio Postal Mexicano en todo Coahuila.
En dicho documento, los diputados proponentes señalan que: [...] El Servicio Postal Mexicano durante casi 34 años de su creación ha significado un medio de comunicación para las familias mexicanas a lo largo y ancho del país. Y sostienen que [...] Cuando la tecnología digital no llegaba a nuestras vidas la forma más común eran comunicarnos por cartas, postales, telegramas y en el caso de enviar recursos, las oficinas de telégrafos.
De acuerdo con el documento “El Correo en Números Diciembre 2019”2 en el país existen 1,390 oficinas de atención al público, 89 oficinas con atención a clientes corporativos, 58 centros de distribución y transbordo, 14,354 puntos de servicio a terceros. En dicho periodo el Servicio Postal Mexicano manejó un volumen de 444,678,400 piezas. En total tiene 8,211 vehículos en operación, de los cuales, 5,446 son motocicletas, 2017 son bicicletas y 748 son autos y camionetas. Entre carteros, auxiliares y operativos, personal de confianza y mandos y enlaces 14,131 trabajadores. Se realizan a nivel nacional 273 millones 33 mil 848 entregas en más de 8071 vehículos ya sean camionetas, motocicletas o bicicletas a lo largo de 1675 rutas terrestres.
Lamentablemente, ante la aparición de nuevas tecnologías y las políticas de austeridad promovidas por el actual gobierno federal, diversos medios de comunicación y los propios trabajadores de dicho servicio han informado del alto riesgo de cerrar por falta de liquidez debido a falta de recurso para mantenimiento y mejoras.
Lo anterior lo podemos constatar en los documentos “El Correo en números, septiembre 2019” y “El Correo en números, diciembre 2019”, en donde se aprecia una reducción de las oficinas de 15,925 oficinas en septiembre a 15,891 en diciembre.
Es importante destacar que, aun cuando han surgido nuevas alternativas de comunicación, existe un número muy importante de mexicanos que continúan haciendo uso del servicio postal, por lo que es necesario fortalecer dicho servicio a través de la modernización de éste, así como la capacitación de sus trabajadores, para dar un mejor servicio.
Nuestra entidad cuenta con 21 oficinas del servicio postal en 18 municipios y a través de éstas se mantiene un servicio de comunicación a toda la sociedad, por lo que es muy importante impulsar su fortalecimiento y modernización afecto de brindar un mejor servicio.
Es por ello, que haciendo eco de los diputados del Congreso de nuestro estado y convencidos de la importante labor que el servicio postal mexicano realiza en nuestra sociedad, acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modernizar y fortalecer el Servicio Postal Mexicano, a efecto de brindar una mejor atención a la sociedad, así como emprender las acciones necesarias para evitar problemas de liquidez de las oficinas de dicho servicio.
Notas
1 Consultado el 9 de febrero de 2020 en: https://www.gob.mx/correosdemexico/que-hacemos.
2 Consultado el 9 de febrero de 2020 en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528416/Co rreo_en_N_meros_Dic2019.pdf
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de febrero de 2020.
Diputados:Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a revisar con diversas autoridades y las administraciones locales la probabilidad de aumentar las exportaciones agroalimentarias a los mercados europeo y norteamericano a partir del eventual vacío generado ahí por la contracción de las ventas de productos de origen chino, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República para que tan pronto como sea posible disponga las medidas necesarias para la coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las organizaciones nacionales de productores del sector agropecuario y los gobiernos de las entidades federativas para revisar las posibilidades de aumentar las exportaciones del sector agroalimentario mexicano en los mercados europeos y norteamericano de productos cárnicos y vegetales en el corto y mediano plazo, a partir del posible vacío que genere en esos espacios una eventual contracción de las ventas de productos agroalimentarios de origen chino.
Consideraciones
En los últimos meses hemos visto con preocupación la evolución de una crisis de salud en la República Popular China, derivada de una epidemia originada por un virus popularmente conocido como “coronavirus” por las imágenes microscópicas del mismo.
Además de las desafortunadas consecuencias que ha tenido dicha epidemia en términos de vidas cobradas y salud pública, se espera que sus impactos dañen de manera importante los espacios de intercambio comercial de China, pues algunas de las proyecciones adelantan una contracción de 1.5% del crecimiento esperado para 2020 en la economía de China1
Derivado de dicha situación, es probable que las afectaciones en México y América Latina sean muy graves debido a que muchos productos de la balanza comercial de la región encuentran en china el origen, destino o puntos estratégicos de las cadenas productivas. En este sentido, intentar aminorar los impactos en nuestra economía aprovechando los vacíos que queden en otras economías en sectores como el automotriz, textiles o la tecnología, requerirían estrategias de reconversión industrial y logística que posiblemente excederían los tiempos de la crisis que esperemos termine pronto.
Sin embargo, en este contexto, el mercado de alimentos podría representar una oportunidad para el sector agroalimentario mexicano debido a la aparente correlación entre el coronavirus y la producción agropecuaria del gigante asiático.
Cifras del Observatorio Económico de las Complejidades (OEC por sus siglas en inglés), registran que durante 2017 China exporto en productos derivados de pescado, aves y diversos tipos de ganado a Alemania 354 millones de dólares; a Canadá 310 millones de dólares; a España 454 millones de dólares; a los Estados Unidos de América 2.18 billones de dólares; a Francia 298 Millones de dólares; a los Países Bajos 298 millones de dólares.
Asimismo, durante 2017 China exporto en productos agrícolas, especialmente vegetales, tubérculos y legumbres a Alemania 642 millones de dólares; a Canadá 353 millones de dólares; a Francia 242 millones de dólares; a España 346 millones de dólares; a los Estados Unidos de América 1.52 billones de dólares; a Países Bajos 462 millones de dólares2 .
Lo anterior representan fluctuaciones y vacíos en mercados europeos y norteamericanos con los que México tiene acuerdos comerciales. Así, estaríamos en posibilidades de sustituir las bajas del gigante asiático en el corto y mediano plazo con productos del campo mexicano en el mercado europeo, especialmente con Alemania, España, Francia y Países Bajos que representan posibilidades de necesidades no cubiertas por China de alrededor de 3 mil 96 millones de dólares; el mercado norteamericano que posiblemente encontrará vacíos dejados por disminución de exportaciones chinas por montos que rondan los 3.70 billones de dólares sólo en EEUU y 663 millones de dólares en Canadá.
En este sentido, la presente propuesta busca exhortar al Gobierno de la República en general y a las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a las organizaciones nacionales de productores del sector agropecuario y los gobiernos de las entidades federativas para que se analicen posibles estrategias y acciones orientadas a cubrir un eventual retroceso de las exportaciones agroalimentarias chinas en los mercados europeos y norteamericano en el corto y mediano plazo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno de la República para que tan pronto como sea posible disponga las medidas necesarias para la coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las organizaciones nacionales de productores del sector agropecuario y los gobiernos de las entidades federativas para revisar las posibilidades de aumentar las exportaciones del sector agroalimentario mexicano en los mercados europeos y norteamericano de productos cárnicos y vegetales en el corto y mediano plazo, a partir del posible vacío que genere en esos espacios una eventual contracción de las ventas de productos agroalimentarios de origen chino.
Notas:
1 “la consultora Oxford Economics, que predice que la economía china crecerá menos del 4% en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. Para todo el año, el pronóstico es un crecimiento promedio de 5,6%.” Andrew Walker, “Coronavirus en China: cómo el costo económico de la epidemia se expande por el país y más allá de sus fronteras”, BBC Servicio Mundial, Corresponsal de Economía, 8 de febrero de 2020, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-51390427 y
https://www.dw.com/es/el-impacto-del-coronavirus-en-la-e conom%C3%ADa-de-latinoam%C3%A9rica/a-52357460
2 The Observatory of Economic Complexity, Exportaciones de China, disponibles en
https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/chn/ show/all/2017/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de los tres niveles de gobierno a impulsar la planeación y gestión de estrategias que inviten a la población resiliente a un mejor asentamiento humano en zonas regulares y, de ser necesario, reubicarla, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Del análisis realizado se puede observar que muchas de las proposiciones turnadas versan sobre los accidentes y desastres ocurridos por eventos que impactan los asentamientos humanos en zonas de riesgo, por tanto autoridades federales, estatales y municipales y demarcaciones territoriales deben ser exhortadas en sus tres niveles de gobierno así como a los titulares de áreas de Desarrollo Urbano para planear y gestionar estrategias que promuevan en la población resiliente un mejor asentamiento humano en zonas regulares y no de riesgo, para evitar daños humanos, materiales y sociales.
La proponente expone la preocupación sobre grupos vulnerables que se encuentran en extrema pobreza, pues dicha situación lleva a los ciudadanos o familias a asentarse en zonas territoriales de riesgo, sin tomar previsiones en caso de emergencia o ante un siniestro, incluso no pueden vivir regularizados por el estado.
La proponente hace especial referencia a los asentamientos humanos ubicados en las cercanías de la circulación ferroviaria y orillas de barrancas, pues el ordenamiento jurídico Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no regula ni contempla tales circunstancias.
Esta propuesta se realiza de un análisis de la proposición de punto de acuerdo en base a la legislación aplicable vigente, siendo concreto que el punto de acuerdo se debe enfatizar en aquellos asentamientos humanos, que se han producido cerca de vías férreas y barrancas, sin dejar un margen de distancia a efecto de prevenir las posibles afectaciones que pudiesen ocurrir en caso de siniestro los cuales lamentablemente hay evidencia de que han ocurrido.
Esta proposición se enfoca en las necesidades de las localidades, de todo territorio nacional, por lo que se exponen las siguientes reflexiones en las cuales nos basamos para emitir este punto de acuerdo:
Diversas experiencias de desastres de gran magnitud ocurridos en las últimas décadas han marcado a muchas ciudades y regiones del país con importantes implicaciones sobre la población, la infraestructura y los sectores económicos. El efecto de los sismos de 1985; las explosiones de San Juan Ixhuatepec en 1984 y Guadalajara en 1992; el impacto de los huracanes Gilberto (1988), Gert (1993), Roxana (1993),Opal (1995), Paulina (1997), Stan (2005), Wilma (2005) y otros sobre ciudades de Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas e incluso Nuevo León; así como los desastres recientes en Tabasco y Chiapas, entre otros, muestran la alta vulnerabilidad de la población mexicana y sus estructuras frente a amenazas de origen natural y antrópico.
Tal caso pudo evidenciarse de manera más clara en el accidente de fecha 19 de enero 2018 de dos vagones de un tren de Kansas City Southern de México (KCSM) que se descarriló en el kilómetro 19+900 de la Línea ferroviaria “S” de la concesión de Ferrovalle, en la zona de Ecatepec de Morelos, estado de México, cuando viajaba de la terminal de Pantaco a la zona industrial de Tlaxcala.
Donde una vez que se llevaron a cabos las investigaciones pertinentes por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), se informó que dicho tren viajaba a una velocidad de entre 35 y 38 kilómetros por hora (km/h), velocidad menor a la permitida sin embargo, cabe destacar que también se ventilaron temas como el hecho de que la velocidad fue la correcta en este caso, pero el asentamiento humano se encuentran a una distancia de 6.28 metros del eje central de la vía, cuando de acuerdo con la reglamentación ferroviaria debería ser mínimo de 10 metros, por lo tanto dicho asentamiento está ubicado en zona de riesgo.
Así es por lo que tomando como referencia que en 28 de noviembre de 2016 se publicó la Ley de General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus apartados 64 al 69, se debe exhortar los tres niveles de gobierno a que cumplan con la obligación precisada en el artículo 69 del ordenamiento citado para asegurar las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos.
Especialmente aquellos ubicados en cercanías de vías férreas y barrancas incluso considerando su reubicación, sin dejar de considerar que se trata de grupos de población asentados en dichas zonas por décadas, debido a la necesidad de una vivienda digna, que no pueden obtener dada la situación precaria en la que se encuentran.
Por lo que las acciones que implican el exhorto del presente punto de acuerdo vayan encaminadas a gestiones de reubicación con oportunidad de un crédito de vivienda accesible a las capacidades económicas de dichos sector de la población.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de los tres niveles de gobierno así como a los titulares de áreas de Desarrollo Urbano, para impulsar la planeación y gestión de estrategias que inviten a la población resiliente para un mejor asentamiento humano en zonas regulares y no de riesgo para evitar daños humanos, materiales y sociales, de ser necesario, se reubiquen dichos sectores de población especialmente aquellos que se encuentran cerca de vías férreas y barrancas, con oportunidad de facilitarles un crédito de vivienda digna.
Bases para punto de acuerdo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_060 120.pdf
http://t21.com.mx/ferroviario/2018/01/19/invasion-derech o-via-genera-riesgo-constante-ecatepec-ejemplo-ello
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47953/5._ Impacto_Ambiental.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sp pe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PRAH.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de febrero del 2020.
Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer públicos todos los contratos otorgados por licitación pública, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes.
Consideraciones
Esta administración se ha vendido con el eslogan de cero corrupciones y todo con transparencia, lo cual no ha tenido el impacto deseado entre los mexicanos ya que tienen una percepción negativa de la administración pública, generalmente la relacionan con enriquecimiento, negocios y beneficios económicos particulares, y hasta este momento esta percepción sigue siendo la misma, y aún más si el gobierno no ha transparentado debidamente lo que ha hecho hasta este momento, y peor aún se siguen dando a conocer casos de distintos empresarios se coluden con servidores públicos para cerrar contratos gubernamentales millonarios.
Desde el inicio el presidente ha dicho reiteradamente que toda la administración pública se manejará bajo el compromiso de cero corrupción, evaluación permanente y transparencia total.
La transparencia y rendición de cuentas en las dependencias gubernamentales ayudan a eliminar o reducir las irregularidades de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las mismas.
Sin embargo, lastimosa y desafortunadamente esto tampoco se ha dado en esta administración el acceso a la información no es suficiente para generar los vínculos honestos necesarios entre los funcionarios públicos y los ciudadanos.
Penosamente para todos nosotros esta administración desde sus inicios se ha visto envuelta en varios escándalos mediáticos como en los que se ha involucrado el jefe del Ejecutivo federal; según lo que han hecho evidentes varios diarios de circulación nacional, como fue que el gobierno federal aumentó la cantidad de contratos a través de una adjudicación directa a un empresario inmobiliario.
Una de las evaluaciones que se realizó en sus primeros 8 meses de ejercicio el gobierno federal había otorgado por la vía de la adjudicación directa más de 21 mil 343 contratos, que representan el 75 por ciento de los 28 mil 458 convenios cedidos a la fecha.
• El 7.5 de cada 10 contratos no han pasado por licitación alguna, es decir, no han sido sometidos a concurso entre empresas o particulares para obtener las mejores condiciones en cada uno de ellos, bajo el argumento de que en aquellos concursos estaban dominados por la corrupción.
Gracias a los medios de comunicación y sus investigaciones como lo fue la del periódico “ContraRéplica” que en su momento dio a conocer un documento de “Adquisiciones realizadas”, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde se detallaba una parte de los contratos otorgados a través de ese mecanismo.
O también los datos que dio a conocer la plataforma electrónica CompraNet, dependiente de la SFP, donde reportaban adjudicaciones directas que van, en forma individual, de los 480 mil pesos, por el rubro de “prendas de protección personal”, hasta 2 mil 833 millones 294 mil 464 pesos, por concepto de “productos químicos básicos”.
Lo que se publica en la página mexicanos contra la corrupción y la impunidad:
• 28 mil 458 contratos otorgados por esta administración a la fecha, 74.3 por ciento ha sido entregado de manera directa, 18.3 por ciento por licitación pública, y 7 por ciento por invitación restringida.
Es delicado y preocupante que una administración que se vende con cero corrupción y totalmente transparente no dé información respecto a las licitaciones de temas relevantes como son:
• del aeropuerto de Santa Lucía,
• la refinería de Dos Bocas,
• el Tren Transístmico y el Tren Maya, en sus diferentes etapas.
• la compra de 671 pipas para el abasto de gasolina, a principios de año, por mil 765 millones, que aun tampoco se ha esclarecido donde están y que sucedió ya que no se compraron bajo los lineamientos establecidos.
Las justificaciones que ha dado el Ejecutivo federal en diferentes ocasiones no han sido con documentos que avalen la trasparencia, ni con datos duros que lo demuestren, por lo que la trasparencia queda en duda y por lo tanto no “se evita la corrupción”.
Es necesario puntualizar que en la Cámara de Diputados se realizó una investigación a través de sus centros de estudios, en el cual señala que cinco entidades federativas realizan contrataciones directas, con mayor riesgo las cuales son:
• la Comisión Federal de Electricidad,
• el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
• el Instituto Mexicano del Seguro Social,
• la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aeropuerto y Servicios Auxiliares.
Sabemos que para realizar cualquier tipo de compra pública, el gobierno debe de apegarse a las leyes y reglamentos que existen para que todo se haga de manera legal y transparente, y con ello asegurar las mejores condiciones disponibles de compra para el Estado.
Por lo anterior es que las adquisiciones que realizan las dependencias y gobiernos se realizan por regla general mediante una licitación pública, es decir, mediante un concurso abierto a cualquier interesado. Sin embargo, también se prevé que por excepción se puedan realizar procesos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa.
Lamentablemente en esta administración pareciera que todo se hace de manera contraria a lo ya establecido en nuestras normas y algunos servidores públicos han hecho de la adjudicación directa un procedimiento tendencioso de comprar, ya que benefician a personas en específico que generalmente tienen vínculos con los servidores públicos o con la propia dependencia, dejando en desventaja a medianos y grandes empresarios que por licitación pública podrían obtener contratos con el gobierno.
Por tal razón y con apego a la verificación, seguimiento y evaluación de las acciones de la administración pública federal, es que hoy presento esta proposición tiene como objetivo que el Ejecutivo federal se conduzca con la trasparencia e imparcialidad que el presidente refiere en las conferencias mañaneras.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal haga públicos todos los contratos que se han otorgado a través de licitaciones públicas y adjudicación directa hasta el día de hoy, con la finalidad de transparentar dichos contratos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la secretaria de la Función Pública para que investigue todos los contratos de adjudicación directa que se han sido otorgados durante la presente administración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a emprender campañas informativas y de atención oftalmológicas de detención y tratamiento oportunos del glaucoma y la retinopatía diabética, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, Y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.1
Cifras de la OMS, indican que en nuestro país 8.7 millones de personas padecen diabetes. Aunado a esta cifra, se estima que, alrededor de 12 millones de personas padecen esta enfermedad sin saberlo, pues no han sido diagnosticadas.
En relación a la mortalidad en México y, de acuerdo a cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2018, murieron 101 mil 257 mexicanos debido a la diabetes, constituyendo a esta enfermedad, como la segunda causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón.
Como se observa, la tasa de personas que padecen diabetes en México es enorme, y asociada a la diabetes, se pueden derivar un gran número de problemas oculares que puede generar incluso, ceguera.
El glaucoma y retinopatía, constituyen dos de las causas principales de ceguera en personas con diabetes, afectando a 75% de los pacientes.
Se conoce como retinopatía diabética, al compromiso de los vasos pequeños, incluyendo los capilares, con aumento de la permeabilidad, que permite la salida de lípidos formando exudados duros, obstrucción de vasos con infartos, produciéndose los exudados blandos. Puede haber ruptura de vasos, causando micro hemorragias; la formación de nuevos vasos sanguíneos por hipoxia puede condicionar hemorragias masivas.
En tanto que el glaucoma comprende un grupo de enfermedades que causan daño al nervio óptico en sus ojos. Las personas con diabetes son 40% más propensas a esta enfermedad.
Estos padecimientos, constituye una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Tienen como desventaja, que muchas de sus formas clínicas son asintomáticas, lo cual provoca el deterioro lento y progresivo del nervio óptico, y que el paciente acuda al oftalmólogo en estados avanzados. A pesar de esto, si el paciente es detectado y tratado en etapa temprana, el riesgo de ceguera se reduce en un 95 por ciento.
El estudio Barómetro de Retinopatía Diabética, realizado en más de 41 países, incluyendo México; encabezado por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), la Federación Internacional de la Vejez y la IAPB, señala que, el 90 por ciento de los oftalmólogos mexicanos consideran que la falta de acceso a la información es el obstáculo más grande para mejorar la salud de las personas con diabetes.
Este estudio también reveló que a pesar de que la ceguera es la complicación más temida por las personas que viven con diabetes, incluso por encima del infarto al corazón y la amputación, más del 53% refirió no haber recibido orientación para prevenir la pérdida de la visión, por lo que existe un alto número de pacientes que son diagnosticados con cuando las enfermedades ya está muy avanzadas. Concluyendo, que lo recomendable es que los pacientes con diabetes acudan cada seis meses al oftalmólogo y, con esto prevenir el glaucoma o la retinopatía.
Por ende, el objetivo de esta propuesta es hacer conciencia sobre estos padecimientos, informando a la población con diabetes acerca de la importancia de la· atención oftalmológica temprana, previniendo las devastadoras consecuencias oculares de estas enfermedades.
Se requiere que tanto la Secretaria de Salud federal como sus homologas en las Entidades Federativas fortalezcan sus acciones informativas, de detección (exámenes visuales) y tratamiento, del glaucoma y la retinopatía diabética.
Por lo expuesto someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud federal y sus homólogas en las entidades federativas a realizar campañas informativas y de atención oftalmológica, destinadas a la de detección y tratamiento oportuno del glaucoma y la retinopatía diabética.
Nota
1 NOM-O 15-SSA2-20 1 o https://www.gob.mx/salud/ en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las respectivas autoridades estatales y municipales a construir una calle, una base policiaca o un monumento denominado Al Policía Caído, en reconocimiento de los perecidos en cumplimiento del deber, a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Carmen Julia Prudencio González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en el orden estatal y municipal, a promover en la medida de lo posible las siguientes acciones en reconocimiento a los policías que mueran en cumplimiento de su deber: para dar a una calle de nueva construcción o base de policía, el nombre de un policía que muera en el cumplimiento de su deber; la construcción de un muro de honor en donde se plasmen los nombres de los policías que mueran en cumplimiento de su deber o la construcción de un monumento que se denomine “Al policía caído”, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La función de brindar seguridad pública, es una profesión que implica la posibilidad real y cotidiana, de morir mientras se realiza, por lo que el objetivo del presente punto de acuerdo es honrar a un servidor público que perdió la vida por procurar que las leyes se cumplan: el policía.
Esta propuesta consideramos es ineludible e impostergable, a fin de cuentas, la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno.
Debemos ser conscientes del constante y valioso apoyo de los cuerpos de policía hacia la ciudadanía, así como de su noble tarea, para los cuales no importan horarios, el peligro inherente al operativo que se realice o los puntos geográficos; y donde el único hecho a considerar, es el estar presentes en donde se les requiera. Es claro que brindar seguridad pública requiere de una convicción que demuestran estos servidores públicos con el hecho cotidiano.
Esta es una profesión donde se juega todo, y más hoy en día, ya que las agresiones que sufren estos servidores públicos se ha incrementado y su incidencia representa una problemática en el ejercicio de sus actividades, al ser estas consideradas de alto riesgo.
El honor, es una carta de presentación que muy pocos pueden portar, y entre ellos están los miembros de las instituciones de seguridad pública, en especial los cuerpos de policía, lo anterior debido a que, para la mayoría de sus miembros, el servicio público es su vida.
Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿si estaríamos dispuestos a poner en peligro nuestra propia vida por un desconocido? la respuesta en la mayoría de los casos es casi seguro que sería no, siendo esto algo que los policías hacen a diario sin cuestionárselo, y donde su respuesta es sí.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al “primer trimestre de 2017, nos indica que son aproximadamente 331 mil los ocupados como policías y agentes de tránsito en México”1 .
En este sentido, al menos la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) establece que, en los últimos veinte años, 2 mil 220 policías han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales, y 998 formaban parte de instituciones municipales.
Durante “2019 han sido asesinados 446 policías en México, las entidades que encabezan este hecho son: Guanajuato con 73 homicidios, Michoacán 41, Chihuahua 32, Jalisco 29 y estado de México 23”2 ; las cifras son alarmantes, y sin embargo se sigue teniendo un vacío de información respecto al número real de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, lo cual indica que estos podrían ser más.
Algo importante a tomar en cuenta; tiene que ver con el hecho de que defender a los demás e incluso poner en riesgo la propia vida por ello, requiere de vocación.
Entre los policías existe el denominado “espíritu de cuerpo”, lo que implica que la muerte de uno de sus miembros, es la muerte de una parte de todos, algo que no ocurre en otros ámbitos del servicio público.
Nada más difícil que confiarle tu vida a otro, ninguna responsabilidad más honorable que otro te confié su vida. En el ámbito de la seguridad pública, los resultados son todo y el fracaso no es aceptable. La presión para los mandos es inmensa, ya que sus decisiones implican vidas en juego.
La mente, el cuerpo y el espíritu están inherentemente conectadas en los miembros de la policía, en donde el apoyo es mutuo, ya que todos dependen de uno, y uno depende de todos; es decir es un estado del ser.
Esto quizás es difícil de entender para quien no realiza la función de seguridad pública, en donde en cada operativo existe la posibilidad real de ser herido o de perder la vida.
Los policías deben adaptarse a los cambios cotidianos que implica el procurar seguridad, y al estrés que ello conlleva. Salud, resiliencia y rendimiento humano, son cualidades que requiere todo policía en su actuar diario, ya que de ello depende su vida y la de sus compañeros.
En el ámbito de la seguridad pública, el necesario tomar las decisiones correctas, en el momento adecuado y bajo una gran presión, en donde se debe revisar el pasado y anticiparse al futuro en unos cuantos minutos en el mejor de los casos, lo cual no es sencillo. La naturaleza misma de la seguridad pública, demanda de quien la provea, más acción y menos deliberación.
Aptitud física, psicológica, espiritual y social; y actitud de servicio, todo ello se requiere poseer a diario por parte de los policías para el mejor desempeño en los distintos operativos que se realizan. Lo anterior, debido a que la postura corporal, la voz, la resistencia, la recuperación e incluso la percepción que los demás tienen de uno, son afectados por la presión del trabajo policial.
La motivación de la legisladora que suscribe el presente proyecto de decreto, obedece a reconocer a los cuerpos de policía, ya sea dando a una calle de nueva construcción o base de policía, el nombre de un policía que muera en el cumplimiento de su deber; mediante la construcción de un muro de honor en donde se plasmen los nombres de los policías que mueran en cumplimiento de su deber o a través de la construcción de un monumento que se denomine “Al policía caído”.
La libertad es un ideal, son precisamente los cuerpos de policía, a quienes se les confía la función de la seguridad pública, y sin la cual la libertad está en entredicho.
Debemos reconocer que la memoria colectiva, implica a todos, los que defienden y los defendidos, fortaleciendo con ello la cohesión social, necesaria para alcanzar objetivos comunes, como es el anhelo de vivir en paz y libertad.
En distinto orden de ideas, si no existe reconocimiento, tampoco existe una memoria colectiva que fortalezca la confianza ciudadana. Por ello, honrar a un policía que haya muerto en cumplimiento de su deber, es agradecer a todos sus pares por igual. Así entonces, este reconocimiento, generara la certeza de que el esfuerzo cotidiano realizado por una persona ejemplar no pasara inadvertido, y será un incentivo para que las cosas se hagan bien.
Es importante no olvidar a los servidores públicos que dieron lo más preciado que todo ser humano tiene por salvaguardad las libertades de los demás, y nos referimos a la vida misma. Miles de miembros de los cuerpos de policía han encontrado su tumba, en el combate a la delincuencia, para quienes la vida humana no tiene el menor valor.
Como Estado debemos de procurar una memoria histórica que enaltezca a los policías que asumieron un compromiso profesional, creyendo en un estado de derecho.
En cuanto a las propuestas específicas, sabemos que cada municipio posee sus propias normas para decidir la nomenclatura a las calles, avenidas o plazas públicas; o también para decidir cambiar el nombre de una calle por otro nuevo.
Consideramos que la propuesta que se realiza, en cuanto a dar a una calle de nueva construcción o base de policía, el nombre de un policía que muera en el cumplimiento de su deber así como la construcción de un muro de honor en donde se plasmen los nombres de los policías que mueran en cumplimiento de su deber, obedece a que todo policía caído tenia nombre y apellido, y era padre, madre, hijo, hija, hermana, hermano, amigo o amiga; y sin duda alguna sus familiares y cercanos los recordaran de esta manera, pero la sociedad debe de acordarse también, es lo menos que podemos hacer como una sociedad agradecida.
Por último, y en el caso de la construcción de un monumento, si utilizamos el nombre de “A los policías caídos”, estaríamos honrando la memoria de los miembros de las instituciones de seguridad pública.
Creemos por otra parte que esta propuesta es atemporal, y por tanto viable; ya que honraría a los policías que han caído ayer, y que desgraciadamente caerán hoy y mañana.
Consideramos que este exhorto no requiere de estudio o evaluación, creemos que honrar la memoria de alguien que perdió la vida por cumplir con su deber, es lo mínimo que podemos hacer, como poder de estado.
El fondo de lo que propone la que suscribe, es simplemente agradecer y reconocer a los cuerpos de seguridad por sus acciones a favor de las personas, ya que sería injusto solo mirar al futuro, cuando no hemos dado gracias al presente y al pasado.
Quiero creer que la muerte de un policía en cumplimiento de su deber, nunca será en vano ya que estos mostraron lealtad y compromiso hasta el último momento.
Vayamos más allá del agradecimiento utilizando únicamente la pluma, el papel y la voz, y reconozcamos los hechos y a sus protagonistas, en este caso los cuerpos de policía, a través de un acto que reforzará en todos los mexicanos un valor fundamental: “el agradecimiento”. Demos el ejemplo, como representantes de la sociedad en su conjunto.
Como legisladora y ex miembro de las Instituciones de Seguridad Pública presento esta proposición con punto de acuerdo como agradecimiento a todos aquellos policías caídos en el cumplimiento del deber, y reconocimiento a sus familiares y amigos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en el orden estatal y municipal, a promover en la medida de lo posible las siguientes acciones en reconocimiento a los policías que mueran en cumplimiento de su deber: Para dar a una calle de nueva construcción o base de policía, el nombre de un policía que muera en el cumplimiento de su deber; la construcción de un muro de honor en donde se plasmen los nombres de los policías que mueran en cumplimiento de su deber o la construcción de un monumento que se denomine “Al policía caído”.
Notas:
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ datos nacionales. “Estadísticas a propósito de... los policías y agentes de tránsito”. México (Aguascalientes). 2017. Disponible en línea en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/age ntes2017_Nal.pdf
2 Causa en Común A.C.. Registro de Policías Asesinados 2019. México. 07/09/2018. Disponible en línea en:
http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-ase sinados-2019/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Carmen Julia Prudencio González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO que se inscriban en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los bailes regionales mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del grupo parlamentario de Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Diccionario de la Lengua Española nos define que folklor o folclor es una palabra que deriva del inglés folklore :
1. Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular.1
Existen varios tipos de folclor, entre ellos podemos mencionar las tradiciones, la música, la danza, la gastronomía, entre otros.
La danza folclórica, que es el tema que nos ocupa, es la expresión artística de los bailes que son típicos, populares y tradicionales de una cultura determinada.
Cabe mencionar que este tipo de expresiones dancísticas, se llevan a cabo generalmente en fiestas y conmemoraciones tanto sociales como religiosas.
El baile folclórico de México es una mezcla de elementos de su patrimonio indígena y europeo.2
Estos bailes evolucionaron drásticamente en nuestro país popularizándose rápidamente en la sociedad novohispana, ya que permitía que los indígenas llevaran a acabo danzas con aspectos religiosos.
Se dio un sincretismo cultural, donde interactuaron las danzas autóctonas con las danzas europeas, dando por resultado la danza de moros y cristianos, los machetes, los doce pares, los huapangos y los zapateados, por mencionar algunos, estas danzas fueron modificadas en México, adaptándolas a los usos y costumbres, tanto sociales como religiosos de la época, evolucionando hasta nuestros días al baile folclórico tal y como lo conocemos en la actualidad.3
Actualmente, estas representaciones plásticas son la expresión máxima de la cultura popular de México, representando dignamente a nuestro país a nivel internacional.
Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que orgullosamente represento, se escenifica el baile de los Huehues, danza de origen prehispánico, que se presupone proviene de la cultura tlaxcalteca, tal y como se menciona en el reportaje “Danza de los Huehues El Misticismo del Mestizaje”, publicado en la página electrónica Así es mi México:4
“Se dice que los Huehues de Tlaxcala, tal y como los conocemos actualmente, tienen su origen en el siglo XVII, siendo ejecutado por los indígenas, los cuales, al no poder asistir a las tertulias de sus patrones, bailaban imitando los movimientos y los vestuarios de estos, haciéndolo en tono burlesco para ridiculizar los bailes de los caciques de ascendencia española, así como lo hacían los purépechas en Michoacán con su danza de los viejitos. Como era de esperarse, esta tradición no fue del agrado de los españoles: en 1699, el gobernador de la provincia emitió un auto en el que prohibía a los danzantes burlarse de las personalidades locales y ordenó que el edicto se pregonara en náhuatl y español. Sin embargo, la tradición sobrevivió.
Esta cadena de eventos, curiosamente, revela la naturaleza profundamente mestiza de la danza. De hecho, los instrumentos tradicionales de los españoles, salterios, violines y guitarras, sustituyeron a las flautas y percusiones precolombinas”.
Este baile se propagó rápidamente por todo el estado de Tlaxcala y en las regiones circunvecinas como Hidalgo y Puebla.
Actualmente hay más de 60 poblaciones tlaxcaltecas que llevan a cabo la danza de los Huehues en el tiempo del carnaval.
“A los grandes grupos de danzantes se les llama camadas, que a su vez ejecutan las cuadrillas. De acuerdo con el alto grado de convocatoria que tenga el capitán, pueden tener entre 20 y 120 personas. Están compuestas por una diversidad de personajes nacionales y prehispánicos que mezclan lo religioso con lo pagano”.
“Los Huehues usan un pantalón bombacho y un saco, ambos de terciopelo y decorados con lentejuelas; su máscara viene con barba y “copillis”, que son los penachos elaborados con plumas de aves, como las del águila, a manera de recuerdo de la tradición prehispánica”.
“La tradición milenaria del baile de los Huehues nos revela todas las etapas de la historia de México. Esta fusión sincrética entre las creencias indígenas y las católicas en el momento de la evangelización española, sigue viva al día de hoy e ilustra perfectamente el carácter mestizo de nuestro pueblo mexicano.”
Al percibir la importancia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como Unesco por sus siglas en inglés (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),5 la cual, en el 2003, adoptó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual tiene como objetivos principales:
“salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, asegurar el respeto del mismo, sensibilizar al público acerca de su importancia y promover la cooperación y asistencia internacionales en estos ámbitos.”6
En la página electrónica hipertextual, se puntualiza que:
“...el patrimonio cultural inmaterial se puede definir como todas esas manifestaciones y creaciones basadas en la tradición heredadas de los antepasados y legados a las futuras generaciones.
Son las expresiones de la cultura viva que nos otorgan sentido de pertenencia e identidad, son el factor del mantenimiento de la diversidad cultural y el reflejo de la creatividad humana. Y es que el patrimonio cultural no solo son los monumentos o piezas de expresión artística o utilitaria, sino que también comprende las tradiciones de manufactura, la música, la danza y las cosmovisiones de los grupos o comunidades.
En este sentido, la Unesco reconoce las siguientes formas de expresiones de patrimonio cultural inmaterial:
Tradiciones orales
Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro)
Usos sociales, rituales y actos festivos
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
Técnicas artesanales tradicionales
Énfasis añadido
Continúa mencionándose en esta página que para que una manifestación cultural “pueda ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es que sean las mismas comunidades o grupos los que reconozcan el valor de su propia expresión”.
En el portal de la Unesco7 se nos muestra el documento de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, fechado en la ciudad de Paris en octubre de 2003 y que a la letra dice:
“Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003
Artículo 2: Definiciones
A los efectos de la presente Convención,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.”
Respecto a la participación que ha tenido México en el seno de la Unesco, señala que:8
“La nación mexicana fue pieza fundamental para la institución y consolidación de la Unesco, aun antes de la instalación de la oficina nacional en México en 1967, ya que diferentes ilustres mexicanos orientaron el mandato de la Organización y sus objetivos, como Jaime Torres Bodet, quien consolidó el papel de la Unesco en el escenario internacional durante su labor como segundo director general. Además, las instituciones, las organizaciones y la experiencia mexicanas fueron fundamentales para diferentes convenciones y pactos intergubernamentales sobre el patrimonio cultural y la cultura, lo cual renovó el sentido de las acciones sobre estos ámbitos a nivel internacional con perspectivas más complejas e integrales”.
Actualmente, México cuenta con 10 expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tal y como lo podemos ver en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, publicada por la propia Unesco,9
Elementos en las listas de patrimonio cultural inmaterial en México:
2019
Fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano en Puebla y Tlaxcala (México) y en Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España), México
2018
La romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de la Virgen, México
2016
La charrería, tradición ecuestre en México, México
2011
El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, México
2010
La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas, México
Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo, México
La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva
El paradigma de Michoacán, México
2009
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado, México
La ceremonia ritual de los Voladores, México
2008
Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, México
Es un orgullo para el suscrito que, por la fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano, mi entrañable estado de Tlaxcala, junto con el estado de Puebla y las localidades españolas de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo han sido distinguidos con la inclusión en tan prestigiadas listas,10 donde se puntualiza que, en los estados mexicanos y las localidades españolas mencionados:
“... los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI”.
“Los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con este elemento del patrimonio cultural vivo abarcan la preparación de la arcilla, su modelación con un torno o un molde, la ornamentación de la pieza modelada, la preparación de los pigmentos y el esmalte y la cocción en el horno, operaciones todas ellas que exigen una gran destreza”.
Es indiscutible que en las listas mencionadas están reflejados algunos de los mejores elementos que nuestro país posee en cuanto a expresiones artísticas, tradiciones y costumbres de distintas regiones del mismo.
Sin embargo, considero que, los bailes regionales de México poseen las características necesarias y suficientes para ser reconocidos en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El propósito fundamental de la presente proposición con punto de acuerdo es realizar un respetuoso exhorto tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Cultura, para que, en el ámbito de sus facultades propongan ante la Unesco, la inscripción de los bailes regionales de México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura para que, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo los trámites necesarios a efecto de que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción de los bailes regionales de México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Notas
1 https://dle.rae.es/
2 Rojas, David. «Danzas de México» [Dances of Mexico]. Instituto Cultural “Raíces Mexicanas”.
3 Cantú, Rebecca (Fall 2007). «Dance! Global Transformations of Latin American Culture». Re Vista Harvard Review of Latin America (Cambridge, MA: Harvard).
4 https://www.asiesmimexico.mx/es/tlaxcala/danza-y-musica/danza-de-los-hu ehues/
5 https://www.significados.com/unesco/
6 https://hipertextual.com/2016/02/patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad
7 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
8 https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico
9 https://ich.unesco.org/es/estado/mexico-MX?info=elementos-en-las-listas
10 https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-ceramica-de-estil o-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el -puente-del-arzobispo-espana-01462
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE y la Sener a implantar acciones para resolver las problemáticas del sector eléctrico en BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE y a la Sener a implementar diversas acciones para resolver las problemáticas del sector eléctrico en Baja California Sur, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Durante el verano pasado, el sistema eléctrico de Baja California Sur fue declarado constantemente por el Centro Nacional de Control de Energía, en estado operativo de emergencia al contar con un margen de reserva operativa menor al 4%.
Dicha situación se vio reflejada en múltiples apagones principalmente en los municipios de La Paz y Comondú, extendiéndose además a algunas colonias de Los Cabos y Loreto.
Los apagones que tuvieron lugar en diferentes días y horarios durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2019, afectaron las actividades de los sectores turístico, industrial, agrícola, de servicios, a los establecimientos comerciales, a los restaurantes, a las escuelas y al patrimonio de las personas quienes manifestaron su descontento por el daño que dichos cortes provocó en sus aparatos eléctricos como refrigeradores.
El incremento en la demanda durante el verano se debe a las altas temperaturas que se llegan a alcanzar en Baja California Sur, lo que provoca a su vez, el incremento en el uso de aparatos eléctricos, como aire acondicionado, no por lujo sino por necesidad.
Por lo que al ser una situación que inevitablemente se presenta cada año, se deben realizar las acciones necesarias para garantizar el abasto de energía eléctrica durante todo el año y principalmente en dicha época donde se incrementa la demanda.
Se ha explicado que los apagones derivan de la sobrecarga del sistema eléctrico de Baja California Sur cuya capacidad de generación se encuentra rezagada respecto de la creciente demanda, esto atiende al hecho de que el sistema eléctrico de esta entidad es independiente, lo que significa que no se encuentra conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que tiene que generar su propia energía eléctrica para atender la demanda de su población, sin poder recurrir a las transferencias de energía como el resto de los estados.
En ese contexto, el panorama del sector eléctrico de Baja California Sur es crítico desde hace años, pues ha faltado no solo la inversión federal en proyectos que desarrollen el sector sino una verdadera planeación con acciones a corto, mediano y largo plazo que solucionen de una vez por todas las problemáticas expuestas.
Ya que hasta el momento el gobierno federal ha optado por continuar con la generación de electricidad a partir de la quema de combustibles fósiles instalando centrales de combustión interna y ciclo combinado, lo que implica, por un lado, altos niveles de contaminación y por el otro, altos costos de producción que se traducen en altas tarifas eléctricas, de las más caras del país.
Lo anterior es preocupante ya que desde hace un par de décadas la calidad del aire en La Paz, Baja California Sur ha decaído debido, principalmente, a la emisión de contaminantes derivados de la generación de energía eléctrica.
Diversas investigaciones como el Reporte de Red de Monitoreo 1 elaborado por el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) han mostrado que el uso de combustóleo en las centrales de Baja California Sur, al ser de baja calidad, tiene un alto contenido de azufre, lo que produce una nube de color amarillo grisáceo que casi diario cubre parcialmente la bahía de La Paz, generando una contaminación que afecta negativamente, por un lado, la salud de los sudcalifornianos, y por otro, la imagen de esta zona como destino turístico.
Incluso en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California Sur 2018-2027, instrumento que contiene un diagnóstico y las acciones estratégicas para prevenir, controlar y revertir el deterioro de la calidad del aire en la entidad, se ha destacado la necesidad de reducir las emisiones de fuentes fijas a través de la gestión ambiental del sector de energía eléctrica.
Al respecto, es claro que para la CFE no ha sido prioritario instalar alternativas para la mitigación de emisiones contaminantes en las plantas de Baja California Sur, ya que la instalación de precipitadores electroestáticos, sistemas de catalizadores de reducción selectiva para remoción de contaminantes, o el cambio de combustibles por aquellos de mejor calidad, implican un costo económico que no incrementa sus utilidades.
Sin embargo, es necesario que se realicen dichas acciones ya que, las emisiones contaminantes provenientes de la generación de energía eléctrica van en incremento y con ello, las afectaciones en la salud de las personas que habitan en los alrededores de las plantas de generación, por lo que se requiere de soluciones que permitan realizar un abasto de electricidad sin sacrificar la salud de las personas.
Ante ello, diversas organizaciones y expertos del estado de Baja California Sur, coinciden en que se requiere de un plan de transición energética, con proyectos de almacenamiento, de transmisión, de conexión al SIN a través de un cable submarino y principalmente, el desarrollo de proyectos de energías limpias que aprovechen el potencial que nuestra entidad tiene para ello.
Desafortunadamente, dichos posicionamientos no han sido tomados en cuenta, por el contrario, la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado medidas como la compra de una barcaza de segunda mano para generar electricidad a base de combustóleo, la cual se pretende instalar en Punta Prieta, BCS, como parte de las medidas para evitar que durante el próximo verano se presenten más apagones.
Al respecto, varios expertos han manifestado que es una opción demasiado cara que puede ayudar a evitar el tema de los apagones, pero de manera temporal, no es una solución de fondo y además tendría impactos muy negativos en el medio ambiente y, por ende, en la salud de los habitantes de la región.
Cabe mencionar que derivado del colapso del año pasado hubo una pronta reacción del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien sostuvo reuniones con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, para solicitar la intervención inmediata de dicha instancia a efecto de resolver la crisis del sector eléctrico en la entidad y entre los acuerdos a que se llegaron se habló de la conformación de un órgano regional integrado por autoridades y por la sociedad civil, para revisar las políticas energéticas para el estado.
Así como la presentación de un Plan específico con medidas para atender y prevenir las potenciales contingencias que se presentan en verano en la entidad, el cual aún no se ha dado a conocer.
En ese sentido, pedimos respuestas claras del gobierno federal que den solución de fondo a nuestros problemas del sector eléctrico, pero no aceptaremos que las medidas que tome CFE agraven las emisiones contaminantes por la quema de combustóleo de mala calidad, que actualmente generan afectaciones a la salud de los sudcalifornianos.
Es necesario que se tomen medidas, pero que no contaminen, se requiere que se invierta no sólo en más termoeléctricas sino en energías limpias, la ciudadanía ha levantado la voz, en Baja California Sur no queremos más proyectos que sigan envenenando el aire que respiramos.
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a presentar a la brevedad, conforme a lo acordado para el estado de Baja California Sur, el plan específico para atender el incremento en la demanda de electricidad en el próximo verano, a efecto de garantizar el abasto de la energía eléctrica y evitar que se repitan los apagones que afectaron a la entidad federativa el año pasado.
Asimismo, se le exhorta respetuosamente a incluir en el mencionado plan, proyectos que resuelvan de forma integral las problemáticas del sector eléctrico de Baja California Sur, como la generación de energías limpias y la conexión al Sistema Interconectado Nacional, en sustitución de los proyectos que dependen únicamente de la quema de combustibles fósiles como los que hasta ahora se han implementado para atender las contingencias.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía a considerar en la planeación y programación de obras e inversiones del sector eléctrico, la implementación de medidas que mitiguen la emisión de contaminantes a la atmósfera en las centrales de generación de electricidad que utilizan combustibles fósiles instaladas en Baja California Sur, así como la inclusión de proyectos de generación de energías limpias, de transmisión, almacenamiento y de conexión de dicha entidad federativa al Sistema Interconectado Nacional.
Nota
1 Disponible para su consulta en:
http://www.cerca.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/RED_M ONITOREO_CALIDAD_AIRE_120919-1.pdf
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 20 de febrero de 2020.
Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y la Cofepris a realizar estudios sobre el riesgo del uso de glifosato en el campo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez , en su carácter de diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
El glifosato es un agroquímico creado en 1974 por una multinacional de ingeniería genética estadounidense,1 su uso a partir de la década de los años noventa, ha crecido exponencialmente en torno del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos. Estos últimos han sido diseñados para ser tolerantes a este agrotóxico, que tiene la particularidad, de ser aplicado a sembradíos, plantas y árboles, protegiéndolos químicamente de la maleza circundante.2
Especificando: esta empresa química3 fue el principal productor mundial de semillas y el segundo en agroquímicos y fármacos hasta 2018. Desarrolló un paquete conformado por un herbicida (Roundup) y semillas genéticamente mejoradas (Roundup Ready), lo que hizo que las ventas de este producto químico se dispararan y ahora sea el herbicida más usado en todo el mundo. Para establecer su hegemonía esta productora de semillas mejoradas desplegó una agresiva política de adquisición de empresas de este tipo, tomando el control de las mayores productoras en Estados Unidos y el mundo.4
Cada año alrededor del orbe, millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y jardines son atendidas con glifosato, potente herbicida que es señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)5 como probable cancerígeno para personas y animales, además de actuar como disruptor endócrino y tóxico para la reproducción.
En la siguiente tabla se expone la clasificación que otorga la OMS al uso del glifosato (Grupo 2 A) y que por ser nociva para la salud humana, requiere de tomar medidas sobre su uso.
Es innegable que los principales afectados son las personas que se dedican al cuidado de los cultivos y sus familias, entre ellos los niños. Para quienes no participamos en esta actividad, el consumo de estos productos agrícolas es la principal vía de exposición a este plaguicida.
Por ser de uso agrario principalmente, este ingrediente activo se filtra en el suelo a través del agua y residualmente permanece en los cultivos, contamina suelos y el hábitat acuático de seres microscópicos, hasta peces y moluscos, ranas y sus crías, así como organismos del suelo como las lombrices de tierra que son fundamentales para la fertilidad del suelo.
Este producto tóxico es causante de la reducción de diversidad y cantidad de especies vegetales, afectando a seres vivos que son cruciales para la agricultura como los polinizadores por ejemplo. Se puede afirmar que este se encuentra presente en lo que comemos, en el agua potable y en nuestros cuerpos.6
Lo controversial de su utilización ha hecho que en la Unión Europea se renueve su licencia de uso hasta 2022 bajo ciertas condiciones; entre los países que establecieron restricciones se encuentran los Países Bajos, Portugal, Dinamarca, República Checa, Italia, Bélgica y Francia. Entre los que han emitido declaraciones de intención para su restricción se suman Suiza, Eslovenia, Malta, Alemania e Inglaterra, así como algunas ciudades de España y Escocia. Austria lo ha prohibido completamente.
En Centroamérica su prohibición abarca Bermudas, San Vicente y las Granadinas y enfrenta algunas restricciones en Colombia, ciertas ciudades en Argentina, y en Brasil aún se discute sobre su toxicidad. En Asia se encuentra prohibido en Vietnam y Sri Lanka; Omán lo utiliza bajo reserva. Tiene restricciones de uso en las ciudades de Auckland y Christchurch, Nueva Zelanda; África lo utiliza bajo limitaciones en Malawi. Finalmente en Medio Oriente tiene reservas de uso en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar.7
En el Cono Sur se impuso un modelo productivo conformado por la provisión de semillas con alta resistencia al glifosato, fumigaciones aéreas con una mezcla de agrotóxicos y siembra directa; de esta forma se produjeron millones de toneladas de soya, maíz y algodón; los países que utilizaron este método son Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia.8
En México este implemento agrícola no es considerado como peligroso y es utilizado como herbicida para la elaboración de cervezas y vinos de distribución internacional.9 Recientemente una productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Estados Unidos, Centroamérica y otras partes del mundo, ha sido cuestionada por haberse encontrado altos niveles de glifosato en sus productos.
Estas muestras de harina, procedentes de diferentes partes de suelo mexicano, fueron analizadas por los laboratorios Health Reasearch Institute en Iowa Estados Unidos. “Los resultados revelaron concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. De igual forma, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanzó hasta 94.15 por ciento en una de las muestras, observándose una clara correlación: a mayor porcentaje de estos organismos modificados, mayor concentración de glifosato”.10
Lo trascendente es que se encontró la presencia de maíz transgénico en estas muestras, evidenciando que esta empresa mexicana importa el maíz (forraje) que se produce en Estados Unidos para la elaboración de sus productos. Ante estas evidencias de presencia de glifosato y de ingredientes transgénicos en productos que son altamente consumidos por los mexicanos, se debe hacer un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader)11 y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario (Cofepris),12 dependencias mexicanas encargadas de la política agropecuaria y la salud de la población respectivamente.
Debido a estos estudios, esta empresa mexicana de productos de maíz y sus derivados fue reconvenida por la Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) a transparentar su proceso de nixtamalización y a no utilizar maíz transgénico en sus productos.13 Hay que agregar que la principal productora de glifosato fue investigada desde los años noventa en los Estados Unidos, por exhibir información falsa en sus etiquetas sobre los beneficios del glifosato y obligada a pagar multas cuantiosas. Entre los mensajes a los que se vio forzada a suprimir en sus productos se encuentran los de “biodegradabilidad” y “ambientalmente positivo”. También enfrentó acusaciones por verter residuos tóxicos en suelo norteamericano, que contaminaron el aire, tierra, agua y subsuelo.14
Finalmente, la patente del glifosato expiró en el año 2000, lo que originó que ahora el mercado de fertilizantes mundial se encuentre inundado por productos adicionados con el herbicida, elaborados en China y otras partes del mundo.15
Entre las preguntas, y de acuerdo a su competencia, que debe responder en su investigación la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), se encuentran las siguientes:
-¿Qué controles se llevan a cabo en México para permitir el uso del herbicida glifosato?
-¿Contamos con análisis de laboratorio actualizados que nos hablen del estado del suelo y la presencia de glifosato en frutas y verduras?
-¿Cómo impacta el uso de este agroquímico en el ámbito de su competencia, la agricultura, ganadería, pesca y alimentación?
En cuanto a la Cofepris:
- ¿Existe algún antecedente de alerta sanitaria, que relacionen el consumo de alimentos agroalimentarios con el glifosato?
-De acuerdo con estudios clínicos, ¿qué relación tiene la presencia de este agrotóxico en casos de cáncer, problemas renales y fertilidad en la población?
-¿Qué tipo de programas se implementarán para prevenir o regular el uso de glifosato en el campo mexicano y en la salud de los mexicanos?
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que, en el ámbito de sus competencias, realicen estudios sobre el riesgo a la población que implique el uso de glifosato en el campo mexicano.
Notas
1 Esta multinacional fue fundada en 1901 por John Francis Queeny. Llevó el primer edulcorante artificial (sacarina) de Alemania a Estados Unidos; en los años 20 se convirtió en uno de los principales productores de ácido sulfúrico y otros productos menores, y desde los años cuarenta hasta ahora, figura entre las primeras diez empresas químicas de los Estados Unidos; véase a Brian Tokar, Monsanto: una historia en entredicho, en Revista Natura Medicatrix: Revista médica para el estudio y difusión de las medicinas alternativas, Núm. 54, Estados Unidos, 1999, páginas 33-40.
2 El glifosato es usado en más de 750 productos agrícolas, forestales y urbanos; véase Greenpeace, El glifosato y sus efectos, dirección en internet: bit.ly/2W2Ho5d, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
3 La transacción llevada a cabo en 2018, tuvo un costo de 63 mil millones de dólares y hasta ahora es la mayor adquisición extranjera llevada a cabo por una empresa alemana en suelo norteamericano; véase a Forbes México, Bayer compra Monsanto en la operación más costosa de la historia alemana, dirección en internet: bit.ly/3461lLj, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
4 Ibídem.
5 La OMS le dio la categoría 2 A, que la indica como peligrosa para el ser humano; esta categoría también es compartida por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC); véase a Adrián Martí Bisbal, El uso del glifosato, dirección en internet: bit.ly/2MHvPNN fecha de consulta:22 de octubre de 2019.
6 Greenpeace, El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, dirección en internet: bit.ly/2MS3s0V, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
7 Viviana Manrique Zuluaga y Paz Carmona Alert, Glifosato ¿En qué consiste el debate?, en el Observatorio Iberoamericano de Cultivos y Drogas Ilícitas, Boletín 1, Colombia, 2019, páginas 1-24.
8 Elizabeth Bravo y Alexander Naranjo, América Latina fumigada y crisis de las Commodities. El caso del glifosato de Monsanto, en Revista de Ciencia Política, vol. 11, núm. 21, páginas 229-250.
9 milenio.com, México no cataloga como peligroso herbicida usado en cervezas y vinos, dirección en internet: bit.ly/2ByrV3g, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
10 Forbes México, Análisis de harina de Maseca halla maíz transgénico y el herbicida glifosato, dirección en internet: bit.ly/2qahf5p, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
11 Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 27 de febrero de 2019.
12 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ¿Qué hacemos?, dirección en internet: bit.ly/2pddJtR, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
13 Ibídem.
14 En 1995, Monsanto fue considerada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) en Estados Unidos la quinta empresa en liberar agentes tóxicos a la atmosfera; véase a Brian Tokar, Monsanto: una historia en...op. cit. página 37.
15 Meriel Watts et al, Glifosato, dirección en internet: bit.ly/2PdjkLw, fecha de consulta: 22 de octubre de 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades de Colima a implantar medidas para evitar la entrada de niños y adolescentes en las corridas de toros, a cargo de la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Rosa María Bayardo Cabrera , en mi carácter de diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
“Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana”, Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz 1952.
Las expresiones de violencia en México son cada vez más recurrentes, a la par de tender hacia una mayor diversidad de prácticas de crueldad y maltrato tanto físico como psicológico, que no únicamente afectan las relaciones sociales de los individuos dentro de una comunidad, sino que además se expresan en otras formas de violencia como lo pueden ser en la relación de los seres humanos con los animales.
La violencia contra los animales es un hecho que nos debe preocupar a todos porque la misma implica un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros animales, y en su caso más extremo, provocar la muerte de estos seres sintientes.
La palabra animal proviene del latín anima , que significa alma, soplo o aliento vital. Un ser animado es un ser dotado de vida. Los humanos somos una especie animal, sin embargo, los humanos tienden a desarrollar por diversos factores sociales, religiosos o culturales, una posición de superioridad respecto de las demás especies animales que, en su mayoría, se traduce en negar el carácter sintiente de los mismos y su capacidad de experimentar sufrimiento ante situaciones de maltrato, de crueldad o de violencia.
En el caso de las corridas de toros, se han documentado dictámenes forenses donde se explica todo el sufrimiento por el cual pasa el animal antes y durante la faena; desde hemorragias, estrés, ansiedad, anemia, entre otros problemas. Esto sin contar con la perforación de los músculos del trapecio y ligamentos de la nuca, para que mantenga la cabeza baja, haciendo que pierdan gran parte de la fuerza, lo cual evidencia una crónica del dolor para estos seres sintientes.
Por otra parte, recientemente se han desarrollo estudios que plantean la existencia de un vínculo psicosocial entre el maltrato a los animales y la deformación de la personalidad de las personas que perpetran el maltrato, o bien que experimentan la crueldad hacia los animales, incrementando la peligrosidad de quienes la presencian o la ejercen. Diversas investigaciones han señalado que el maltrato hacia los animales es un factor que predispone a la violencia familiar y social y las actitudes crueles son síntomas clínicos relacionados a desordenes de conducta.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes estos efectos pueden ser aún más perniciosos, pues normalizan en ellos conductas de abuso, además de aprender e internalizar la violencia que ellos mismos podrán ejercer al ser mayores y al tener sus propias familias. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas.
Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad puede llegar a ser tan traumático como ser víctima de abuso físico y, por lo tanto, es altamente probable que el niño presente un alto riesgo de convertirse en padre abusivo, quien a su vez puede producir otra generación de niños violentos. La crueldad origina violencia, y la violencia es una de las fuentes de la delincuencia.
Es debido señalar además que tanto algunas legislaciones locales en nuestro país, así como legislaciones de diversos países en el mundo, reconocen a los animales como seres sintientes, lo cual ha sido reiterado por académicos que han reconocido su capacidad biológica de sentir dolor y sufrimiento.
En el caso de las corridas de toros, en el estado de Colima las mismas se encuentran permitidas, no obstante que los legisladores del estado han reconocido en diversas leyes y normas del estado la existencia de la crueldad animal mediante normas ambientales y penales, que condenan y sancionan el trato cruel a los animales y la necesidad de legislar en materia de bienestar y protección de los mismos, sin embargo, como se anota, las corridas de toros continúan siendo una excepción dentro de la norma.
El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha referido a la tauromaquia como una forma de vulnerar los derechos de los niños, asimismo, en sus observaciones finales sobre los últimos informes de México relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité expresó que “está particularmente preocupado por el bienestar físico y mental de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ella, así como por el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de las corridas de toros”.
Por lo anterior, el activismo por los derechos de los animales busca justicia elemental para los que no pueden reclamarla por sí mismos y mejores ejemplos de valores a los niños. Cuando enseñamos a los pequeños a ser considerados con los animales, necesariamente los convertimos en mejores personas, sensibles, reflexivas; les alejamos de la intolerancia, pues si se acostumbran a respetar a los diferentes de especie, más sencillo les resultará no discriminar a los de la propia.
Por ello, una forma de combatir este problema es a través de la educación que se les da a los niños, pues les ayuda a establecer sus valores y patrones de comportamiento, adquiriendo sus principios morales y éticos, imitando a los modelos que tienen a su alrededor. Tomando en consideración todo lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado del gobierno y la sociedad para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social.
Por lo antes expuesto, se debe garantizar el derecho que tienen las niñas, los niños y los adolescentes menores de edad a estar alejados de cualquier forma de violencia y que puedan desarrollarse en un ambiente sano y adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la participación infantil en escuelas taurinas y corridas de toros por estar consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil, así como tomar las medidas necesarias para protegerlos, en su calidad de espectadores y aumentar la conciencia de la violencia física y mental asociada con la tauromaquia y el impacto que genera en los niños.
Fundamento Legal
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima establece, en su artículo 6, fracción XVII:
“El acceso a una vida libre de violencia: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente social y familiar libre de violencia física o psicológica. La familia, la sociedad, las autoridades del estado y los municipios, son corresponsables en el cumplimiento de este principio, respecto a cualquier acto que tenga relación directa o indirecta con el ejercicio de sus derechos. Ningún abuso, restricción o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes podrá considerarse válido, ni justificado por la exigencia del cumplimiento de sus deberes;”.
Por otra parte, el artículo 49 de la presente Ley establece que: “Las autoridades del estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, proteger y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
(...)
VIII. La exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que contengan contenido violento, explícito o impropio para la edad de la niña, niño o adolescente en cuestión; y
IX. Los casos en que se vean afectados en su sano desarrollo a causa de la violencia.
(...)
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima y a los presidentes municipales a tomar las medidas y previsiones necesarias para evitar el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años como espectadores o en calidad de trabajadores, en las funciones de corridas de toros dentro de las plazas taurinas que se ubiquen dentro del territorio del estado, sean éstas de carácter permanente, o de carácter temporal o itinerantes, y evitar de esta forma que sean expuestos a las manifestaciones de violencia en contra de los animales que se llevan a cabo en dichos establecimientos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima y a los presidentes municipales a establecer, a través de la Secretaría de Educación estatal y las instancias que resulten conforme a derecho procedentes, cursos pedagógicos y campañas de información dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, para concientizarlos en los centros educativos y en los espacios públicos, sobre el rechazo a toda práctica o manifestación de crueldad y de violencia en cualquiera de sus expresiones en contra de los animales, incluyendo las que se realizan en las plazas de toros.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Colima a legislar para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima y establecer en la misma la obligación de las autoridades del estado y de los municipios de garantizar que todo menor de edad en la entidad no acceda a las plazas de toros en calidad de espectadores o de relación laboral, dentro del territorio del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Rosa María Bayardo Cabrera (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ejecutar el proceso de designación del comisario del Consejo de Administración de Pemex, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La reforma energética de 2013 consolida un logro histórico para el desarrollo de México. A partir de la visión de competencia y nueva gestión pública, otorgó confianza y certidumbre a nuevos inversionistas. El rendimiento y apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en este contexto, fue un hecho irrefutable.1
Al momento de la implementación de la reforma era ineludible la necesidad de migrar a un régimen distinto de dinamismo en los procesos y toma de decisiones; tanto en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras, así como en materia presupuestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas, remuneraciones y contrataciones.
En los continuos riesgos se observaba:2
1) Interferencias políticas que deslegitimaran los procesos de toma de decisiones y ocasionaran pérdidas de eficiencia o desperdicio de recursos.
2) Transgresión de principios de neutralidad competitiva que debilitaran la garantía de condiciones equitativas para empresas privadas y estatales en los mercados en los que compitan, privilegiando a las segundas frente a las primeras.
3) Debilidad o inexistencia de mecanismos internos de supervisión capaces de evitar la corrupción, lo cual dificultara el establecimiento de sistemas de incentivos para que empleados, directivos y consejeros actuaran en el mejor interés de la empresa y de los ciudadanos.
Para evitarlos, se optó por un modelo de transparencia corporativa en la gobernanza de Pemex. La promulgación de la Ley de Petróleos Mexicanos en 2014, constituyó los mecanismos para potencializar mejores resultados.3
Así se estableció:
“Artículo 109. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u omisiones que las contravengan.
Artículo 117. La evaluación anual que como propietario de Petróleos Mexicanos se realice sobre el desempeño de la empresa y el de su Consejo de Administración, incluyendo sus comités, estará a cargo de un Comisario que será un experto independiente que tendrá las funciones siguientes:
I. Formular anualmente una evaluación global de la marcha y desempeño de Petróleos Mexicanos, que incluya un análisis sobre la situación operativa, programática y financiera de la empresa, así como de la estructura organizacional, la unidad de procesos y la estructura contable.
El informe señalado deberá presentarse a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de junio de cada año
II. Formular recomendaciones puntuales al Consejo de Administración y al Director General de Petróleos Mexicanos, y
III. Solicitar al Director General de Petróleos Mexicanos toda la información necesaria para rendir el informe a que se refiere la fracción I anterior.”
Para la designación del comisario, el Ejecutivo federal solicitará al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas le proponga una terna de personas o firmas de reconocido prestigio que enviará a la Cámara de Diputados. Su Junta de Coordinación Política seleccionará a uno de los integrantes de la terna y someterá la designación del comisario a la aprobación del pleno, misma que deberá realizarse por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Para ser comisario se deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser consejero independiente, así como no haber sido miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en los cinco años previos a su designación.
El diseño de esta Ley buscaba, entre otras cosas, que el Estado diera certeza a la empresa productiva del Estado para impactar positivamente en los mercados.
Posterior a la aprobación de la Ley, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se reunió el 27 de abril de 2016 para elegir al ciudadano Arturo Ortiz Hidalgo como comisario del Consejo de Administración de Pemex. El nombramiento requería ser votado en el pleno y, para su aval, sería necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión del pleno. La ratificación del nuevo comisario de Petróleos Mexicanos contó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto el de Morena.4
Hoy, la agenda pública del país se ha centrado en la desconfianza hacia el sector energético, sus métodos de inversión y el gasto en sus empresas; su disrupción y desequilibrio, y el nulo compromiso del actual gobierno con la rendición de cuentas para combatir la corrupción.5
De acuerdo a Citi Research , dependiente de Citi Group ,6 las inyecciones de capital de Pemex proyectadas en su Plan de Negocios7 para los años que vienen, resultan insuficientes. Citi estima de 10 a 15 mil millones por año, mientras que Pemex calcula 66 billones de pesos en 2020, 38 billones en 2021 y 37 billones en 2022.
Al mismo tiempo, el informe advierte otra serie de implicaciones para las finanzas públicas federales que complicará mantener el superávit primario esperado para los próximos tres años en un contexto de desaceleración de la economía e ingresos fiscales para 2019 y 2020 con un sesgo a la baja. También se advierte un escenario poco optimista para los precios del petróleo y proyectos de infraestructura de la administración.8
Pemex comenzó la construcción de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; proyecto socializado políticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el objetivo principal de este proyecto es brindar suficiencia para procesar 340 mil barriles de petróleo al día, incrementar la oferta de gasolina en el país y reducir la importación de combustibles, el proyecto comenzó su edificación con una adjudicación directa entre tres empresas de 350 millones de dólares en contratos para la ingeniería de la refinería y 7 mil 508 millones de dólares en total para el desarrollo de la obra.9
Previo a esta adjudicación, la empresa canceló las licitaciones anteriormente publicadas.
Los que integramos el Grupo Parlamentario del PRI solicitamos que el gobierno federal sea vinculante con los mecanismos establecidos en la Ley mexicana, adscritos a las mejores prácticas internacionales para supervisar el funcionamiento de las empresas públicas con competencias adecuadas, y agentes internos y externos especializados en materia de contabilidad, auditoría y comunicación. Es fundamental que la actual administración, y el cuerpo legislativo como lo señala el proceso de designación del comisario de Pemex, garanticen las funciones de las figuras a las que les corresponde rendir las cuentas del desempeño de estos espacios.
Para ello, debe ser de inmediata atención del titular del Ejecutivo que, de acuerdo a sus competencias legales, se cumpla lo establecido para garantizar el proceso de vigilancia y transparencia en Petróleos Mexicanos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que realice el proceso de designación del comisario del Consejo de Administración de la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos.
Notas
1 Retomado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164370/
Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica11_1_.pdf
2 Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/2019/05/23/indice-transparencia-corporativ a/
3 Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
4 Retomado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Pemex-no-tiene-comisari o-20171214-0033.html
5 Con información de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-senala-focos-rojos-en-el-p lan-de-negocios-para-pemex
6 Con información de: https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepciona ntes-citigroup
7 Presentado en julio de 2019:
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx
8 Con información de: https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepciona ntes-citigroup
9 Consultado en: https://www.reporteindigo.com/reporte/
nuevo-inicio-energetico-refineria-dos-bocas-dudas-ejecucion-rentabilidad/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INIFAP y el Senasica a realizar una investigación urgente para saber el motivo de la pérdida masiva de abejas en Puebla, y tomar acciones que atiendan y disminuyan su muerte, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La polinización es un proceso clave en los ecosistemas terrestres naturales y en los espacios agrícolas, más del 75 por ciento de los cultivos que alimentan el mundo dependen de alguna forma de la polinización de insectos u otros animales, por lo que su ausencia podría acabar con el café, las manzanas, las almendras, los tomates o el cacao, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).1
Plantas y polinizadores llevan evolucionando juntos millones de años y probablemente constituyen el ejemplo más claro de mutualismo en la naturaleza: las plantas se benefician con la perpetuación y la diversidad génica, y a cambio los polinizadores reciben recompensas diversas de los productos florales (néctar, polen, órganos completos de las plantas o fragancias que utilizan para sus cortejos). El proceso de interacción planta-polinizador ocurre a una escala tal, que resulta imprescindible para el funcionamiento y evolución de los ecosistemas terrestres.2
Sin embargo, la mayoría de la polinización depende de las abejas, ya que son responsables de por lo menos un tercio de la producción mundial de alimentos, polinizando 85 por ciento de los bosques y el 70 por ciento de los cultivos agrícolas.
En el mundo existen alrededor de 20 mil especies, estas se agrupan en siete diferentes familias taxonómicas; 5 de las cuales en México se han descrito hasta el momento 1805 especies.3
En México se conocen 46 especies de abejas sin aguijón, 12 de ellas son endémicas, algunas se crían para obtener miel, cera o jalea real, actividad conocida como apicultura.4
La industria apícola es una actividad importante en el aspecto socioeconómico, ya que se tiene un inventario de 2 millones de colmenas con una producción anual que supera las 57 mil toneladas de miel, beneficiando en forma directa e indirecta a más de 43 mil familias, a través de la generación de empleos.5
Asimismo, el polen favorece la fertilización y la formación de frutos y semillas; de ello depende parte de la producción alimenticia y la biodiversidad mundial, es un proceso por el cual se favorece la reproducción de plantas, también la producción de frutos y semillas que son indispensables para la regeneración de ecosistemas, que constituyen un alto porcentaje de la alimentación de personas y animales. Su aportación económica en el valor de la agricultura mundial está calculada en un 10 por ciento del valor de la misma, 43 mil millones de pesos en nuestro país.
Los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señalan que México es el sexto productor a nivel mundial de miel y ocupa la tercera posición en exportación del llamado “oro líquido”.
Su importancia es vital para el desarrollo del país, sin ellas desaparecería el 60 por ciento de las frutas y las hortalizas, además de unas 25 mil especies de plantas con flores.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó que en el último cuatrienio se han perdido en México alrededor de mil 600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel.6 Si bien la abeja no es la única especie en riesgo, si es una de las más importantes.
Como consecuencia, la desaparición de las abejas puede impedir o reducir drásticamente la reproducción de muchas especies de plantas, lo que puede resultar en la pérdida de la biodiversidad y en un desequilibrio de los ecosistemas.
La producción agrícola también está en riesgo, pudiendo ocasionar un fuerte impacto en la economía del país. Aunque las actividades agrícolas y pecuarias son lucrativas, muchos de sus procesos pueden estar comprometiendo su propio futuro.
En Puebla, la Secretaría de Desarrollo Agrario registró 130 mil colmenas que producen 2 mil 245 toneladas de miel, con un valor de producción de 104 millones de pesos.7 Los principales productores de miel son Atlixco, Acatzingo, Chalchicomula de Sesma, Puebla, Izúcar de Matamoros, Tlacotepec, Tepeaca, San Gregorio Atzompa o Palmar de Bravo.8
En Puebla la disminución de las abejas es de un 40 por ciento, actualmente dicho estado aporta el 5 por ciento de la producción nacional de miel; el 81 por ciento de la producción va para Estados Unidos, Reino Unido, Japón o España.9
En la siguiente tabla podemos observar la importancia de polinización en los cultivos en el estado de Puebla:
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, “¿Cuánto cuesta perder los polinizadores?, Disponible en http://polinizadores.fmvz.unam.mx/documentos/2.3_Con_sin_polinizadores. pdf
En ausencia de la zoopolinización, los cambios en los suministros de los cultivos podrían aumentar los precios para los consumidores y disminuir las ganancias para los productores.
Debido a la importancia esencial que tienen estos insectos para los cultivos como principales polinizadores, que ayudan en el mantenimiento de los ecosistemas, se ha generado una gran preocupación por la disminución de las abejas en el estado de Puebla, debido a que en las últimas semanas los habitantes de distintos municipios han encontrado una gran cantidad de cadáveres de esta especie, en los espacios públicos, desconociendo el motivo real por el que está sucediendo esta situación.
Por este motivo, es necesario que se realice un estudio para saber que está ocasionando la pérdida masiva de las abejas en distintas regiones del estado de Puebla, y poder detener esta masacre, que daña a nuestra biodiversidad.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como al Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a realizar una investigación urgente, para saber por qué se está generando la pérdida masiva de abejas, tomando acciones que atiendan y disminuyan su muerte, en el estado de Puebla.
Notas
1 Millones de abejas mueren en México y el mundo [En Línea] [Fecha de consulta: 5 de febrero 2020] Disponible en
https://www.sinembargo.mx/20-05-2019/3583687
2 Revista de cultura científica, La desaparición de abejas en el mundo: polinización, ecología, economía y política, [En Línea] [Fecha de consulta: 10 de febrero 2020] Disponible en
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revi sta-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-po linizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco
3 Revistas Biodiversitas, Abejas Nativas, [En Línea] [Fecha de consulta: 7 de febrero de 2020]
4 Gobierno de México, Las abejas contribuyen a salvaguardar la biodiversidad . [En Línea] [Fecha de consulta: 5 de febrero de 2020]
5 Gobierno de México, Productos de miel o especificaciones, [En Línea] [Fecha de consulta: 10 de febrero 2020] Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
6 Revista Proceso, México vive situación apocalíptica por perdida de mil 600 millones de abejas en el último cuatrienio: UNAM, [En Línea] [Fecha de consulta: 7 de febrero 2020], Disponible en https://www.proceso.com.mx/580290/mexico-vive-situacion-apocaliptica-po r-perdida-de-mil-600-millones-de-abejas-en-ultimo-cuatrienio-unam
7 Regeneración, 70 mil colmenas pasaran temporada invernal en Veracruz , [En Línea] [Fecha de consulta: 15 de febrero 2020] Disponible en https://regeneracion.mx/abejas-de-puebla-pasaran-temporada-invernal -en-veracruz/
8 Periódico Sol de México, Puebla se suma a la conservación mundial de las abejas, [En Línea] [Fecha de consulta: 12 de febrero 2020] Disponible en https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-se-suma-a-la-conservacion -mundial-de-las-abejas-puebla-3240549.html
9 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Inali a fortalecer las acciones en materia de conservación, promoción y revitalización de las lenguas en peligro de extinción, suscrita por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en todo el territorio se hablan al menos 68 lenguas indígenas, de las que desprenden 364 variantes.1
Actualmente, se estima que únicamente 7 de cada 100 personas es hablante de alguna de ellas. Las lenguas con más predominancia en la cultura mexicana son el náhuatl, que es hablado por 1.72 millones de personas; maya, con más de 859 mil hablantes; tseltal, con 556 mil personas; mixteco original, con 517 mil hablantes; y el tsotsil, hablado por aproximadamente por 487 mil mexicanos.2
Sin embargo, según información del Inali, cinco lenguas están por desaparecer de no emprender acciones concretas para su preservación. Se estima que del awakateko, perteneciente a la región maya, sólo quedan cerca de tres hablantes; del tuzanteco de la región chiapaneca, sólo la hablan cinco personas; el ayapaneco en Tabasco, sólo lo hablan ocho personas; del ixil nebajeño de la región de Quintana Roo, sólo 12 personas la hablan; y el zapoteco de Mixtepec en Oaxaca, sólo cuenta con 14 personas hablantes.3
Una lengua extinta representa la pérdida irrecuperable de conocimientos y saberes culturales, históricos y ecológicos. Cada lengua es una expresión irremplazable de la experiencia humana, y por lo tanto, el conocimiento de una lengua cualquiera puede ser la clave para dar respuesta a cuestiones fundamentales en el futuro.
En México, se presume que este problema ha sido causado en parte por el desplazamiento que ha causado el idioma español frente a las lenguas indígenas, y la población de uso más frecuente; ya que muchas de las personas que las practican son de edad avanzada. Con la extinción de cada lengua, nuestro país cuenta con menos datos y referentes para entender la función del lenguaje humano, la historia y el mantenimiento de las diferentes regiones.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cerca del 90 por ciento de todas las lenguas podrían ser sustituidas por lenguas dominantes de aquí a finales del siglo XXI.4 Actualmente, alrededor del 96 por ciento de las lenguas del mundo son habladas por aproximadamente un 3 por ciento de los habitantes del mundo.5
Los pueblos indígenas son también importantes contribuidores a distintos temas de la agenda internacional. Su preservación es crítica para poder revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas.6
Derivado de la identificación de este problema a nivel global, con la colaboración de organismos internacionales, se han generado esfuerzos valiosos para mantener, revitalizar y promover las lenguas indígenas como medio educativo. A su vez, se han generado recomendaciones específicas sobre el reconocimiento de tradiciones relacionadas con el uso del lenguaje, y la adopción de políticas públicas adecuadas y el empoderamiento económico de estas regiones.7
Sobre esto, en México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ha estimado que alrededor del 74.9 por ciento de la población hablante de una lengua indígena vive en situación de pobreza, y las condiciones se extienden de manera más sensible a las mujeres indígenas, ya que ocho de cada 10 vive bajo esas circunstancias.8
Con el objetivo de generar acciones de alcance global para detener la desaparición que enfrentan los casi 7 mil idiomas indígenas en el mundo, y el 40 por ciento que se encuentran en próximo peligro a desaparecer, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que proclama al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas.9
La Década Internacional de las Lenguas Indígenas implicará dos años de trabajo previo de planificación. En este marco, el 27 y 28 de febrero de 2020, México será sede del evento de alto nivel en el que la comunidad internacional definirá las metas y acciones a desarrollar durante este decenio.10
Sin embargo, la administración federal debe atender los hechos de manera emergente para no permitir que aquellas que se encuentran en peligro de extinguirse, desaparezcan de nuestra cultura. Como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México debe hacer cumplir los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,11 y elaborar planes de acción y programas concretos para cumplir la promesa de no dejar a nadie atrás y esforzarse por llegar primero a los más rezagados.
Sensibilizar sobre la extinción de las lenguas y la diversidad lingüística de nuestro país, sólo será eficaz si se logran implementar funciones positivas a las lenguas minoritarias para homologar su relevancia con las necesidades de la actualidad, dentro de su comunidad y de los contextos globales. Entre ellos, los papeles activos en la vida cotidiana, educación, medios de comunicación y la economía.
Para alcanzarlo, se requiere del apoyo económico, social y político tanto de las comunidades locales, como de las instituciones federales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para que fortalezca las acciones en materia de conservación, promoción y revitalización de las lenguas en peligro de extinción.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que destine mayores recursos económicos, humanos y de infraestructura al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que le permita cumplir con sus objetivos de creación en la promoción, rescate y preservación de nuestras lenguas indígenas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que a través de los medios correspondientes transparenten las acciones y sus resultados para el rescate y difusión de las lenguas indígenas, en particular, las que se encuentran en situación de riesgo o en peligro de extinción.
Notas
1 Referenciado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/
en-riesgo-de-desaparecer-60-de-lenguas-indigenas-en-mexico/1297288
2 Ibídem.
3 Disponible en https://heraldodemexico.com.mx/pais/
estas-son-las-5-lenguas-indigenas-que-estan-por-desaparecer-en-mexico/
4 Con información de
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/
LVE_Spanish_EDITED%20FOR%20PUBLICATION.pdf
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Referenciado de https://undocs.org/es/A/RES/73/156
8 Con información de https://politica.expansion.mx/mexico/2019/08/09/ser-indigena-en-mexico- condenado-a-tener-menos-oportunidades
9 Disponible en http://www.onu.org.mx/en-febrero-2020-mexico-acogera-a-la-comunidad-int ernacional-en-el-evento-que-definira-la-agenda-sobre-el-decenio-interna cional-de-las-lenguas-indigenas/
10 Ibídem.
11 Consultado en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Zacatecas a investigar y deslindar responsabilidades por la violación de los derechos humanos de la mujer recluida en una cárcel varonil de Calera de Víctor Rosales, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento del Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que realice una investigación exhaustiva y deslinde responsabilidades por la violación de derechos humanos a la que fue sometida una mujer al ser recluida en la Cárcel Distrital Varonil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos denominadas Reglas Nelson Mandela, fueron admitidas por el gobierno de México en 2016 y por las cuales éste se comprometió a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin discriminación y cuyos estándares básicos se encuentran plasmados en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Sin embargo, la negligencia y falta de responsabilidad administrativa de las autoridades penitenciarias en Zacatecas, expusieron a todo tipo de vejaciones a Brenda, una mujer que fue enviada a la Cárcel Distrital Varonil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y en la que estuvo recluida durante tres semanas en 2018, cuando fue sentenciada por una jueza. ¿Podemos imaginar el calvario de esta mujer quien fue torturada y violada, entre otras vejaciones esos días?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que, por conducto de la Tercera Visitaduría, está “articulando una estrategia de diálogo e intervención con las autoridades del estado de Zacatecas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de generar medidas eficaces tendentes a la protección integral de los derechos humanos de Brenda, pues es inaceptable que se haya determinado, de manera irregular, el ingreso de una persona del sexo femenino, habiendo en la entidad federativa un centro penitenciario ex profeso para mujeres, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde se consigna que el centro penitenciario es el espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas, debiendo existir una separación entre hombres y mujeres.”
De igual forma, es reprochable que conociendo esa irregularidad, Brenda no fuese trasladada de inmediato al Centro Penitenciario Femenil de Zacatecas, razón por la cual tuvo que esperar una determinación judicial de 27 días, cuando la Ley Nacional de Ejecución Penal estipula en su artículo 52 que se puede actuar sin darse previa autorización judicial, y evitar así poner en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de su libertad.
El caso de Brenda no es el único, ya que fue el mismo secretario de Seguridad de Zacatecas, quien admitió ante los medios de comunicación que es una práctica común internar a mujeres en penales para varones, pues reconoció que por esas mismas fechas, una mujer estuvo en el penal de Villanueva, una en Jerez y 11 en Fresnillo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) ha reiterado, tanto en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria como en la recomendación general número 28 Sobre la Reclusión Irregular de Personas Sentenciadas o Procesadas en Cárceles Municipales, emitida el 13 de septiembre de 2016, que “los centros distritales se encuentran por debajo de los estándares mínimos de reclusión penitenciaria para ofrecer condiciones de internamiento digno y seguro y observado que los centros penitenciarios que alojan a hombres y mujeres en algunas entidades federativas no reúnen las condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuadas para ellas.”
Asimismo, la CDNH ha sido muy clara al exhortar a las autoridades penitenciarias y a los jueces de ejecución penal en “la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución penal, para que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y hacer un llamado urgente a la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en toda determinación judicial, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, deslinde responsabilidades y sancione a las autoridades administrativas responsables por la reclusión de Brenda en la Cárcel Distrital Varonil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que investigue y sancione al o a los responsables de la tortura, violaciones y demás vejaciones a los que haya sido sometida Brenda durante su reclusión en el penal varonil al que fue enviada por omisiones administrativas.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un llamado a todas las autoridades involucradas en la ejecución penal, para seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reconocer la situación especial de las mujeres internas, incorporando la perspectiva de género en las condiciones de reclusión y atender las obligaciones que tienen como autoridades del Estado de velar por la seguridad e integridad de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad.
Fuentes
- https://www.cndh.org.mx/documento/
la-cndh-condena-energicamente-la-violacion-de-derechos-humanos-la-que-fue-sometida-una
- https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200214/
brenda-penal-hombres-violacion-custodio-ismael-camberos-ssp-zacatecas/
- https://www.excelsior.com.mx/nacional/
tres-semanas-tardo-el-papeleo-para-rescatar-a-mujer-de-carcel-varonil-en-zacatecas/1363799
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a hacer del conocimiento público por la SEP los resultados y el ejercicio de los recursos del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ante las presuntas irregularidades de su diseño e implantación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes
Consideraciones
La educación constituye un elemento estratégico para el desarrollo del país y un componente de primera relevancia para el desarrollo integral de los individuos, que permita hacer frente a los desafíos que impone el siglo XXI.
De manera concreta, la educación superior juega un papel de primera relevancia en el desarrollo económico, social y científico a nivel nacional. Pero, sólo una educación superior de calidad permitirá romper el círculo vicioso de la exclusión y ofrecer a los jóvenes más y mejores oportunidades, así como mayores niveles de bienestar. Durante el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula en el nivel de educación superior ascendió a 3 millones 943 mil 544 alumnos.1
En este contexto, desde el inicio de la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país y a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señala que “Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus actividades en marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la instalación de los planteles se dio preferencia a zonas de alta densidad poblacional en las que haya nula oferta de estudios universitarios y con alto rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se distribuyen en Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), Veracruz (8), Chiapas y Guanajuato (6). Las otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 32 mil plazas para estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales.2
Asimismo, se menciona que las carreras que se ofrecen son diversas ingenierías; medicina integral y salud comunitaria; enfermería y obstetricia; medicina veterinaria y zootecnia; contabilidad y administración pública; derecho; gestión integrada del agua; normal de educación básica; estudios sociales; administración municipal y políticas públicas, música y laudería y normales rural e intercultural bilingüe, entre otras más.
Pese a las buenas intenciones, lo cierto es que a un año de la puesta en operación de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, existe evidencia de que no está cumpliendo cabalmente con los principales objetivos para las que fueron creadas.
De acuerdo con diversos medios periodísticos, se han detectado presuntas irregularidades en el diseño e implementación de estas Universidades, lo que repercutirá en el desarrollo profesional de los jóvenes.
Para poner en su justa dimensión este tema, basta citar el estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, titulado Universidades en el limbo. 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez ,3 de cual nos permitimos extraer los resultados más relevantes.
El objetivo de dicho es evaluar la calidad de los servicios educativos proporcionados por el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como identificar alternativas para mejorar su alcance y posible impacto. Para su análisis, toma en cuenta tres componentes: 1) evaluación del diseño; 2) evaluación de implementación a diciembre de 2019; y 3) valoración del enfoque de expansión ampliado. A manera de síntesis, los principales hallazgos arrojados por el estudio, son los siguientes:
Evaluación del diseño
• No se identificaron elementos mínimos básicos para delinear el diseño de la intervención y someterla a un proceso de aprobación presupuestal (aun cuando ya se encuentra en operación). El Programa presenta información sólo para 5 de 16 elementos valorados –según la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval– con avance destacado o adecuado, es decir, cerca de 30 por ciento del total. En 11 de 16 elemento (casi 70 por ciento) se presentan rezagos (con necesidades de mejora, con avance limitado, o sin avance).
• Respecto a la evaluación de diseño de programas nuevos, los resultados apuntan a que el Programa presenta deficiencias sustanciales en su diseño, cumpliendo solamente con 17.5 por ciento de los elementos requeridos. Destacan los siguientes puntos: comenzó su primer año de operación sin contar con un documento que presentara las características básicas de su diseño y describiera sus principales procesos operativos, con reglas de operación; no cuenta con un diagnóstico (al menos público) que abunde sobre la problemática que aborda; en la información pública no se identifican datos respecto a la cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa; se desconoce si cuenta con una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo; se desconoce cuál es el mecanismo o los criterios empleados para la selección de los estudiantes; se identifica la falta del atributo de calidad en el monitoreo de los productos y acciones; y no se localizó ninguna referencia a mecanismos de transparencia y redición de cuentas.
Evaluación de implementación
• Las Universidades que comprende el Programa no cuentan con el Reconocimiento de validez Oficial de Estudios (RVOE), lo que implica la imposibilidad de obtener la Cédula Profesional respectiva, y un título profesional validado por la autoridad educativa del país.
• Ninguno de los 30 planteles cumple con los requisitos de oferta educativa para la obtención de un RVOE de Educación Superior de acuerdo con la normatividad vigente. En promedio, los planteles visitados solamente cubren 46.2 por ciento de los requisitos verificados. Ello implica, que los actuales alumnos no podrán acreditar formalmente los estudios realizados a la fecha con fines de titulación oficialmente reconocida, o para la obtención de una cédula profesional.
• Los planteles visitados tienen sedes temporales que resultan inadecuadas para prestar servicios educativos de calidad.
Valoración de localización de planteles
• Aunque el Programa establece que las instituciones de educación se ubicarán en localidades de muy alta y alta marginación, sólo 38 por ciento de ubica en localidades con dichos niveles de marginación.
• Los Lineamientos del programa definen la insuficiencia de ofertas de educación superior en una localidad como el no contar con alternativas a más de 50 kilómetros de otra universidad y a más de tres horas de distancia. Sin embargo, entre los 30 planteles visitados se encontró que en 18 casos (60 por ciento) existe una o más instituciones de educación superior públicas entre 1 y 20 kilómetros de distancia (en 12 casos incluso se encuentran a menos de 10 kilómetros), lo cual implica un tiempo de traslado de entre 4 y 29 minutos en transporte público.
• Se anunció que la oferta educativa estaría conformada por 36 programas educativos. A la fecha sólo se han dado a conocer 30. También, se dijo que responderían a la vocación productiva de las comunidades, pero se desconoce si existe un análisis que sustente la oferta de cada plantel. De acuerdo con diversos directores de instituciones de bachillerato cercanas a las UBBJG, la mayoría de los jóvenes que egresan de la EMS no están interesados en la Universidad para el Bienestar, debido a la percepción negativa sobre su calidad, y por su bajo interés en las pocas carreras ofrecidas.
• Respecto al tamaño de la planta docente, la razón de profesores por alumno es alto y heterogénea en los planteles visitados. La proporción va de 4.4 a 90, siendo el promedio de 31.5 estudiantes por docente.
• El programa tiene insuficiencias importantes de difusión y transparencia. En la mayoría de las localidades visitadas, los pobladores no conocen la existencia de la UBBJG. Ni el OCUBBJG ni el CREFAL (instituciones encargadas del diseño e implementación del Programa) están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia de datos, a pesar de ser sujetos obligados.
Análisis del modelo de expansión
• El modelo de expansión empleado por estas Universidades (construcción de nuevas instituciones de educación superior) demanda una inversión considerable y presenta retos importantes en su operación, que son evitables bajo esquemas alternativos. Se calcula que, en 2019, sólo alrededor del 23 por ciento de los jóvenes entre 18 y 22 años que habitan en las localidades seleccionadas por las Universidades tendrá concluida la EMS; esto es alrededor del 10 por ciento de la población que se ha fijado el gobierno como meta. Este bajo porcentaje tiene como consecuencia que el costo por alumno sea cuantioso. Ello lleva a valorar otros modelos de expansión, especialmente, aquéllos basados en la ampliación o uso de la capacidad instalada.
El pasado 1 de septiembre, al rendir su primer informe de gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ya están en operación los 100 planteles prometidos, donde estudian 39 mil 170 jóvenes y trabajan 815 maestros.4 Pero no existe información pública que permita constatar dicha información, por ejemplo, no existe un padrón que permita corroborar que efectivamente se cuenta con esa matrícula escolar.
En su conferencia mañanera del 4 de septiembre de 2019, señaló “ya se han abierto 87 de las 100 universidades del Bienestar Benito Juárez (...) durante todo este tiempo han operado sin recursos, no han tenido dinero, los jóvenes se han tenido incluso que organizar para comprar gises, para comprar plumones, para hacer la limpieza de sus baños, para comprar jabón, los maestros están trabajando sin recibir ningún recurso, no ha habido recursos para estas 87 universidades que ya están operando”.5
Existen casos que evidencian irregularidades en la puesta en marcha de estas universidades, uno de los más significativos se registró en la comunidad de Zacualpan, Atoyac, en el estado de Guerrero, donde alumnos declararon que, a menudo, los maestros les piden “cooperaciones voluntarias” de 50 pesos y señalaron que “En lugar de clases, nos ponían de albañiles”.6
Por otro lado, el gasto de estas escuelas es “atípico”, dado que los primeros tres trimestres de 2019 no reportaron gastos, pero al cierre del año se erogaron 880.2 millones, con un subejercicio de 19.8 millones de pesos en total.7
El presupuesto para 2020 destinado al programa será de 987 millones de pesos, cifra menor al de 2019. ¿Será posible cumplir cabalmente con los objetivos y metas planteados por este programa con menores recursos, sobre todo, cuando se han detectado diversas irregularidades en su diseño e implementación?
La calidad de la educación es una herramienta poderosa para acceder a mejores niveles de desarrollo y progreso de la sociedad. A la vez, la rendición de cuentas y la transparencia son componentes medulares en los que se sustenta la gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos los interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.
Al respecto, el artículo 134 constitucional señala que “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
De allí la trascendencia de que se exhorte al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, transparente los resultados y el ejercicio de los recursos del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ante las presuntas irregularidades que ha presentado en su diseño e implementación, situaciones que pueden impactar negativamente la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes del país.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, transparente y haga de conocimiento público los resultados y el ejercicio de los recursos del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ante las presuntas irregularidades que ha presentado en su diseño e implementación, lo cual puede afectar la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, audite el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ante las presuntas irregularidades que ha presentado en su diseño e implementación.
Notas
1 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2018_2019_bolsillo.pdf
2 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE -DESARROLLO-2019-2024.pdf
3 https://contralacorrupcion.mx/universidades-benito-juarez-en-el-limbo/
4 https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/09/02/21-datos-del-prime r-informe-de-gobierno-que-presento-amlo
5 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Las-Universidades-para-el-Bienestar-replicas-de-la-UACM-20190905-0130.html
6 https://imagenzac.com.mx/pais/universidades-benito-juarez-sin-dinero-ni -para-los-gises/
7 https://www.proceso.com.mx/617728/
universidades-para-el-bienestar-no-tienen-reconocimiento-de-validez-oficial-de-estudios-mcci
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a realizar acciones para reparar, mantener y preservar la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco, y atender su grave deterioro de vialidades, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para efectuar la reparación, el mantenimiento y la preservación de la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco, y atender la grave problemática de deterioro de vialidades que aqueja a dicho municipio.
Exposición de Motivos
La red carretera nacional, que se ha desarrollado de manera gradual a lo largo de varias décadas, comunica a casi todas las regiones y comunidades del país a través de más de 333 mil kilómetros de caminos de todos tipos. Por su importancia y características, la red carretera mexicana se clasifica en: red federal, redes estatales, caminos rurales y brechas mejoradas.
La red federal de carreteras es atendida en su totalidad por el gobierno federal. Registra la mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y carga entre ciudades y canaliza los recorridos de largo itinerario, los relacionados con el comercio exterior y los producidos por los sectores más dinámicos de la economía nacional. Las redes estatales cumplen una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera y para asegurar la integración de extensas áreas en diversas regiones del país.
Los caminos rurales y las brechas mejoradas son vías modestas y en general no pavimentadas; su valor es más social que económico, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas. Sin embargo, su efecto en las actividades y la calidad de vida de esas mismas comunidades es de gran trascendencia.
Si bien la red carretera posee una importancia de primer orden para nuestro país, que se destaca en el mundo por su vocación caminera, tanto la vastedad del territorio nacional como las crónicas limitaciones presupuestales que ha padecido y otros factores inciden en una u otra medida en el hecho de que México posea una densidad carretera (es decir, la longitud de carreteras por kilómetro cuadrado de territorio) relativamente baja.1
Tabasco se encuentra en la región sureste de México; desde la planicie costera del Golfo de México hasta las montañas del norte de Chiapas, puede delimitarse geográficamente entre los 17°15’ y 18°39’ de altitud norte y los 91°00’-94°07’ de longitud oeste. Constituye con Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán la región sureste.2
Tiene una superficie de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, que representa 1.3 por ciento de la superficie del país y en ella se asientan los 17 municipios que integran la división política del estado. Posee una longitud de red carretera por superficie de rodamiento de 10 mil 637 kilómetros, de los cuales 58.9 por ciento es pavimentado, 28.0 revestido, 10.2 terracería y 2.9 brechas mejoradas.3
Actualmente, dicho estado ha adquirido gran relevancia comercial y económica, ya que dentro de su territorio en Paraíso, se encuentra el puerto de Dos Bocas, uno de los puertos que posee grandes ventajas competitivas y comparativas para llevar a cabo actividades especializadas con la industria Petrolera, ya posee variedad de yacimientos de petróleo, tan es así, que actualmente el mencionado puerto, se están llevando a cabo la construcción de una nueva refinería cuyo objetivo es contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social y detonar el desarrollo en el sureste.
Paraíso se halla en la costa del Golfo, aledaño a Comalcalco es sede del puerto de altura dos bocas, el municipio presenta una ubicación estratégica, ya que, por su relevancia en el sector de hidrocarburos, el recinto portuario le brinda conectividad nacional e internacional. Dicho puerto es el centro de abastecimiento de los proyectos de aguas profundas y funge como la entrada de los principales centros de producción y consumo de la región. Si bien el comercio es la actividad que más personal ocupa, la magnitud de la concentración varía predominando la vocación petrolera en el puerto dos bocas, dicho puerto, junto con otros puertos del Golfo de México, prácticamente utiliza la totalidad de sus instalaciones para solventar las necesidades de dicha industria, movilizando productos petroleros y derivados, así como suministros a las instalaciones petroleras de la región del Golfo.4
Debido a la diversidad económica que posee y a la magnitud de la movilidad de productos que se transportan día a día por dicho municipio; es importante que esté cuente con una adecuada red carretera, que permita el traslado de los productos a lo diversos puntos del territorio nacional.
Pese a que Paraíso cuenta con una superficie de rodamiento de 535 kilómetros, de los cuales 20 corresponden a carreteras federales pavimentadas, 99 son alimentadoras estatales pavimentadas, 19 alimentadoras estatales revestidas, 129 caminos rurales pavimentados, 79 caminos rurales revestidos y 189 caminos rurales de terracería.5
Actualmente, sus principales carreteras se encuentran gravemente deterioradas, debido a la gran cantidad de vehículos; principalmente de transporte terrestre de carga y comercial, que se trasladan a través de ellas. Provocando la presencia de baches, socavones, hundimientos y agujeros sobre la carpeta asfáltica; todo debido a que los materiales que fueron utilizados y el grosor de la carpeta asfáltica colocado por los gobiernos anteriores, no fue el idóneo para soportar la actual movilización de vehículos que hoy en día transitan por las carreteras.
Sin embargo, la problemática de las carreteras de este municipio, no únicamente radica en su deterioro, también radica en que las vialidades no cuentan con los señalamientos necesarios para circular, o caso de tenerlos estos se encuentran rotos u oxidados por la humedad del entorno, por lo que es importante que las autoridades de la localidad, reparen o coloquen nuevamente los señalamientos, principalmente en los retornos, intersecciones, cruces peatonales y zonas escolares, pues con esto se disminuirían considerablemente los accidentes en esas zonas.
Otra de las causas de deterioro en las vialidades es que no se les realiza el mantenimiento necesario de forma periódica, es decir, el monte, los pastos y la vegetación de la zona crece sin control, obstruyendo y deteriorando la carpeta asfáltica de las vialidades, principalmente en curvas y retornos, lo que también ocasiona alto índice de accidentes. De igual manera, los carriles de las vialidades no se encuentran correctamente delimitados, o algunas incluso no cuentan con ellos; por lo que se ocasionan accidentes principalmente de noche o cuando llueve, ya que los conductores pierden el carril por que no se ven.
En la superficie carretera del municipio, las vialidades más afectadas son las siguientes:
1. El libramiento a Dos Bocas (tramos El Morro-Escribano-Limoncito).
2. La avenida Lázaro Cárdenas del Río.
3. La carretera federal 187 de Paraíso a Comalcalco y de Comalcalco a Paraíso.
4. Carretera al Escribano.
5. Carretera a la Barra (tramo Las Flores Primera, Segunda y Tercera Secciones).
6. Carretera Intercostera Paraíso-Sánchez Magallanes.
7. Carretera estatal Paraíso-Santa Cruz.
8. Carretera federal Paraíso-Villa.
Principales consecuencias por el deterioro de las vialidades
Debido al mal estado de la carretera y la falta de señalamientos, se han ocasionado gran cantidad de accidentes, generando lesiones e incluso la muerte de la población que circula por ahí. Un ejemplo de esto se suscitó el 12 de agosto de dos mil diecinueve, una mujer perdió la vida ya que fue embestida por un vehículo que perdió el control a causa de un bache.6
También, los baches que se encuentran presentes en las vialidades ocasionan daños en la parte mecánica de los vehículos particulares que transitan por ahí, tanto en las llantas, suspensiones e incluso en la estructura de los vehículos.
En cuanto a los remolques que transportan mercancía, se han ocasionado daños físicos en la carga que transportan e incluso, se han generado volcaduras por el mal estado de la carretera, causando daños y la perdida de la mercancía que se transporta, originando costos en cuanto a tiempo y producto. Lo que ha suscitado un daño patrimonial en la cadena de producción y transporte nacional.
Además, el mal estado de las carreteras, genera la pérdida de tiempo en horas hombre y equipo, por la reducción de velocidad al transitar. Aparte de que genera un mayor gasto en combustible.
Igualmente se han generado daños a la salud pública de la localidad, ya que, el daño en la carpeta asfáltica ha ocasionado que se generen nubes de partículas suspendidas en el aire (polvo), lo que ha ocasionado diversos problemas de salud pública como son: dificultades de en la respiración, alergias, función pulmonar reducida, infecciones oculares, proliferación de enfermedades gastrointestinales.
Consideraciones
I. Que como diputada federal representante del pueblo y participante de la cuarta transformación política de México, para mí es de gran importancia apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja a la población, especialmente a los sectores más débiles y desfavorecidos que actualmente están sufriendo problemas de movilidad y salud pública.
II. Que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construir y conservar los caminos y puentes federales incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; trabajando en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.
III. Que debido al rápido crecimiento demográfico y al creciente intercambio comercial de productos y de personas, es necesario que México cuente con una adecuada red carretera, ya que esta es imprescindible para el desarrollo y crecimiento de un país.
La red de carretera tiene un papel muy portante en los países de primer mundo, ya que de esta van a depender diversos rubros, tanto el transporte de materias primas hacia el interior del país, como parte importante de la dispersión de exportación de productos, asimismo, porque ofrece una alternativa turística que apoya la economía interna de dichos países.
Por tanto, los países que aspiramos a tener una infraestructura de primer mundo, no podemos dejar de ver la importancia de la red carretera y debido a que los intereses de México actualmente están siendo encaminados a obtener un alto desarrollo en el crecimiento económico en los siguiente años, es de suma importancia tener una base fuerte dentro del país, y esto significa tener una red de carreteras adecuada.
En los estados del sur del país, esta red de carreteras se encuentra en deficiencia, siendo Tabasco y en específico Paraíso, uno de los más afectados. Si bien la importancia de tener un adecuado sistema carretero en el municipio, se debe a que en los próximos años, este municipio, representará un de los puntos mas importantes en aspectos energéticos de este país; debido a la construcción de la refinería en el puerto dos bocas. Por tanto, es necesario que dicho municipio cuente con un adecuado sistema carretero para el transporte de insumos, sin dejar de largo, que Paraíso es uno de los municipios que cuenta con alto valor hedónico y posee una alta derrama económica centrada en el turismo.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones necesarias para efectuar la reparación, el mantenimiento y la preservación de la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco, y atender la grave problemática de deterioro de vialidades que aqueja a dicho municipio.
Notas
1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura carretera. Recuperado desde
<http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_up loads/CAP-04.pdf> el 10 de febrero de 2020.
2 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. “Tabasco, medio físico y localización”. Recuperado desde
<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27taba sco/mediofisico.htmlV el 11 de febrero de 2020.
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Longitud de la red nacional de carreteras según superficie de rodamiento. Serie anual de 1995 a 2017.
4 Dictamen de la zona económica especial de Tabasco. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Zonas económicas especiales, páginas 7-10 Consultado el 12 de febrero de 2020. Recuperado desde
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367147/Ta basco_Dictamen_acrb.pdf
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Trasporte y telecomunicaciones. Tabasco. Longitud de red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento (31 de diciembre 2017).
6 López Ruiz, Rubén (12 de agosto de 2019). “Por un bache pierde control y mata a mujer, en Paraíso”, en Tabasco Hoy. Consultado el 13 de febrero de 2020. Recuperado desde
https://www.tabascohoy.com/nota/486853/por-un-bache-pier de-control-y-mata-a-mujer-en-paraiso
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a fortalecer con los gobiernos locales las acciones de prevención y decremento de accidentes de tránsito tanto en las zonas urbanas y suburbanas como en las carreteras federales y estatales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los problemas de movilidad en ciudades del mundo cada vez se vuelven más complicados, pues diariamente miles de personas utilizan sus vehículos para trasladarse a sus hogares, trabajos y escuelas, principalmente. Dicha situación trae consigo cientos de accidentes de tránsito en los que se ven afectados también peatones y ciclistas, sin mencionar que emiten grandes cantidades de gases nocivos para el ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cada año se pierden alrededor de 1.35 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito y entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad.1
Las personas de entre 15 y 44 años representan el 48 por ciento de las defunciones por accidentes de tránsito en todo el mundo, siendo los varones los que tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito.
Se estima que unas tres cuartas partes (73 por ciento) de todas las defunciones por accidentes de tránsito afectan a hombres menores de 25 años, que tienen tres veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que las mujeres jóvenes.
La OMS indica que el aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias, ya que el incremento de un 1 por ciento de la velocidad media de un vehículo da lugar a un aumento del 4 por ciento en la incidencia de accidentes mortales y de un 3 por ciento en la de accidentes con traumatismos.
El riesgo de defunción de un peatón golpeado por la parte frontal de un automóvil aumenta enormemente con la velocidad (se multiplica por 4,5 de 50 km/h a 65 km/h). Mientras que un impacto lateral entre automóviles que circulan a 65 km/h, el riesgo mortal para los pasajeros es del 85 por ciento.
Asimismo, conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga aumenta el riesgo de un accidente que puede terminar en la muerte o en lesiones graves.
Es importante destacar que en el caso de los motociclistas usar correctamente un casco puede reducir el riesgo de muerte por colisión en casi un 40 por ciento, y el riesgo de lesiones graves en más del 70 por ciento. En tanto que usar el cinturón de seguridad disminuye entre un 45 por ciento y un 50 por ciento el riesgo de defunción de los ocupantes delanteros de un vehículo.
Los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente, que los conductores que no lo hacen, ya que su uso durante la conducción reduce la velocidad de reacción de los conductores.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que en la región las lesiones causadas por siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de cinco a 14 años y la segunda en los jóvenes de 15 a 29 años.2
México no es ajeno a esta problemática ya que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) nuestro país ocupa el séptimo lugar a escala mundial y el tercero en América Latina por muertes en siniestros viales, con un promedio diario de 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años.
Cada año se estima que fallecen en el país alrededor de 22 mil personas en accidentes de tránsito, por lo que constituye la primera causa de muerte de niños y jóvenes de cinco a 29 años, y la quinta para el resto de la población.
Según cifras del colectivo “Ni una muerte vial” establece que hasta octubre de 2019, fallecieron en todo el país 1,988 peatones, 380 ciclistas y 5 personas que hicieron uso de monopatines o caballos.3
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 1997 había 12 millones 585 mil vehículos en circulación en México, cifra que para 2017 aumentó de una forma considerable a 45 millones 476 mil, es decir que por cada dos coches que circulaban en 1997, para 2017 fueron siete.4
La situación vial que viven muchas ciudades del país es caótica, por lo que muchas personas ya empiezan a emplear otros métodos de transporte a los vehículos como lo es caminar, usar bicicletas o el utilizar medios de transporte público, por lo que es necesario implementar mayores acciones encaminadas a reducir el número de accidentes vehiculares en donde se encuentran involucrados ciclistas y peatones, en beneficio de la colectividad y de su seguridad.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y reducir los accidentes de tránsito en las zonas urbanas y suburbanas, así como en las carreteras federales y estatales del país.
Notas
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuri es
2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/06/22/
mueren-155-mil-personas-al-ano-por-accidentes-viales-informa-la-ops-9709.html
3 https://niunamuertevial.mx/
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/
asi-se-ha-multiplicado-el-parque-vehicular-en-mexico-en-solo-dos-decadas-movilidad/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo de esta soberanía a instalar el “Memorial para las víctimas de feminicidio Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia y todas las que ya no están”, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con la finalidad de solicitar a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados la instalación del “Memorial para las víctimas de feminicidio Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia y todas las que ya no están”, bajo el razonamiento de las siguientes:
Consideraciones
Primera. En México, los feminicidios han incrementado dramáticamente durante los últimos 19 años, recrudeciendo el nivel de la violencia contra las niñas y mujeres mexicanas. La Doctora Marcela Lagarde1 explicó el feminicidio de la siguiente manera:
“La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como propone Haydee Birgin. Todo ello, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres. Es decir, la violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres. Después de perpetrado el homicidio, continúa como violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares, como en México, por la sucesión de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo (más de una década desde que se inició el recuento). En el país ha habido periodos feminicidas ligados a territorios específicos que sólo la impunidad favorece las condiciones que permiten los crímenes y se da en contra las mujeres. Cada niña o mujer asesinada había experimentado durante su vida múltiples formas de violencia y daños a su integridad, dignidad, desarrollo que atentaron contra su libertad. Los crímenes contra niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica. En su mayoría se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el sólo hecho de serlo. Los asesinatos abarcan a niñas y mujeres de diferentes edades, condiciones socioeconómicas y educativas. La mayor parte de ellas no pertenecía a círculos sociales delictivos y fueron cometidos por conocidos y desconocidos.”
Es así, que la estadística del Inegi2 demuestra que el aumento de la violencia se caracteriza también por el aumento de la brutalidad y la saña ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres víctimas. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió proteger a las mujeres en el caso “Campo Algodonero vs México” ante el Estado, ya que, según la Corte, el Estado Mexicano fue omiso en atender las denuncias por desaparición cometidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El caso Campo Algodonero junto con las muertas de Juárez hizo visible un problema sistémico en donde se exhibieron las violaciones sistemáticas contra las mujeres: desde las instituciones, la sociedad, los medios, los agentes del Ministerio Público, todos acumulados desde años de cultura machista y patriarcal.
En ese contexto, una instancia internacional resolvió condenar al Estado mexicano por la desaparición, muerte y falta de investigación en los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez en 2001, obligándole a crear dentro del sistema jurídico, una vía para agilizar el trato a las desapariciones y crímenes contra las mujeres.
Las muertas de Juárez detonaron protestas de académicas, activistas y víctimas de años anteriores que reclamaron los asesinatos brutales de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos,3 sumando a todas las mujeres que jamás fueron identificadas y encontradas, alertaron un patrón de violencia sexual, mutilaciones, tortura, asesinatos y la posterior exhibición del cuerpo lacerado en espacios públicos, como basureros; dicha violencia perpetrada contra mujeres en condiciones de precariedad, como trabajadoras de maquilas que sin tener el privilegio de clase, pasaban desapercibidas. Este precedente es el primer reclamo internacional hecho contra México por su falta ante las mujeres.
Segunda. Entre el 2007 y el 2014 los asesinatos de mujeres en México aumentaron in 92.9 por ciento, durante esos años se registró un aumento exorbitante en la cifra de feminicidios, en estados como Tamaulipas y Chiapas la cifra de asesinatos por cada mil mujeres se cuadruplicó, según los datos del informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”.4 En este informe también, se presume que entre los años 1985 y 2014 se registró el asesinato de 47 mil 178 mujeres.
En 2018, se registraron 3 mil 752 defunciones de mujeres por feminicidio, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.
De enero a septiembre de 2019 fueron asesinadas en México 2 mil 833, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dichas cifras son alarmantes, ya que demuestra el considerable aumento de estos crímenes, demostrando la gravedad de la violencia de género en México.
Tercera. En México, cada 3.7 días una niña es víctima de feminicidio, según los datos oficiales, se trata de un aumento del 10 por ciento respecto de 2018, con 88 casos registrados. En 2019 se registraron 98 feminicidios en contra de menores de edad, este fue el año más violento para este sector de la población.
Según María Salguero, creadora del Mapa del Feminicidio en México, apunta a que existen más feminicidios en contra de menores, pero no son parte de la estadística ya que son mal clasificados, y quedan muchas veces como infanticidios u homicidios dolosos.
El criterio para tipificar el feminicidio nos dice que, para determinar un feminicidio, la víctima debe presentar signos de violencia sexual, que tenga lesiones o mutilaciones; que haya antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el sospechoso, que la víctima hay sido incomunicada o que se exhiba su cuerpo en lugares públicos, entre otros.
Cuarta. Fátima Cecilia Aldrighett Antón fue asesinada y abandonada desnuda, con signos de violencia sexual, tortura y sin órganos dentro de un costal envuelto en una bolsa de plástico a inmediaciones de la alcaldía Tláhuac, el 15 de febrero de 2020, después de que se había emitido la Alerta Amber por su desaparición en pasado 11 de febrero al salir de la escuela donde estudiaba, el feminicidio de Fátima se encuentra en investigación por las autoridades de la Ciudad de México, hasta el momento no se ha dado con los responsables.5
Quinta. Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada por su esposo el pasado 8 de febrero de 2020. Según la Fiscalía, fue desollada desde la cabeza a las rodillas y sus restos fueron desechados en las alcantarillas de las calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero fue exhibida por diversos medios de comunicación, en el que mostraban su cuerpo deshecho en las primeras planas de los mismos, el presunto homicida de Ingrid se encuentra vinculado a proceso por dicho feminicidio. Se está en espera de resolver su situación jurídica.6
Ante esta situación, nuestra labor como representantes nos obliga a no ser omisos ni indiferentes hacia el dolor de las mujeres, las familiares y amigas de las víctimas de feminicidio, las sobrevivientes de violencia machista y en general, de la Sociedad.
Por todo lo anterior expuesto, someto a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, de este honorable Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados a la instalación del “Memorial para las Víctimas de feminicidio Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia y todas las que ya no están” siguiendo la logística del anexo 1 del presente Acuerdo.
Notas
1 ¿A qué llamamos feminicidio? Marcela Lagarde y de los Ríos. Fuente: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pd f
Consultada el lunes 17 de febrero
2 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia vontra la Mujer (25 De Noviembre)” Datos Nacionales. De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. El 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0 por ciento), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7 por ciento). En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Fuente:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf Consultada el lunes 17 de febrero
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México Sentencia de 16 de Noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones Y Costas)
ttp://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205 _esp.pdf Consultada el día 17 de febrero de 2020
4 La Violencia Feminicida En México, Aproximaciones Y Tendencias 1985-2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/vi olenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf Consultada el día 17 de febrero de 2020
5 El feminicidio de Fátima enciende el reclamo de justicia en la CDMX https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/el-feminicidio-de-fatima- enciende-el-reclamo-de-justicia-en-la-cdmx Consultada el día 17 de febrero de 2020
6 Feminicidio de Ingrid Escamilla: la indignación en México por el brutal asesinato de la joven y la difusión de las fotos de su cadáver https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51469528 Consultada el 17 de febrero de 2020
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 20 de febrero de 2020.
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a reunirse con legisladores de esta soberanía para estudiar la actualización del protocolo de actuación correspondiente al programa nacional Alerta Amber México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente -en el ámbito de su autonomía- a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo una reunión de trabajo con legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de estudiar la actualización del Protocolo de Actuación del Programa Nacional Alerta Amber - México , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa Nacional Alerta Amber México entró en vigor el 2 de mayo de 2012 con el objetivo de que el gobierno de la República detonara la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia en la que se presuma la comisión de algún ilícito en el territorio nacional.
Al respecto, es oportuno recordar que la Organización Mundial de la Salud señaló en 2013 que la violencia contra las niñas se había convertido en un problema de salud global de dimensiones epidémicas, por ello, la importancia de que México se sumara a la adopción de prácticas internacionales exitosas como Alerta Amber para la expedita localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, la actual ola de violencia que lastima al país, obliga a poner especial atención en la obligación constitucional de proteger el interés superior de la infancia, tal como lo plantea el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política1 de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Así lo prevé también el párrafo tercero y cuarto, de la Ley2 General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como se describe a continuación:
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
De acuerdo con el protocolo3 nacional, el mecanismo de Alerta Amber implica la coordinación y cooperación sistemática de los poderes públicos en los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, académicos y otros que coadyuven a su objetivo.
Cabe recordar que estos esfuerzos interinstitucionales involucran no solo a la Fiscalía General de la República sino a la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Turismo; Secretaría de Salud; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Instituto Nacional de Migración; Desarrollo Integral de la Familia; Comisión Nacional de Derechos Humanos y aquellas que se adhieran en lo posterior.
Como se sabe, para la activación de la alerta es necesario que 1) Se trate de una persona menor de 18 años de edad; 2) Esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional; y 3) Exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como circunstancias del hecho, nombre, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y otra información que se considere relevante.
Sin embargo, aun cuando la activación de la Alerta Amber debe darse de manera inmediata, sin dilaciones (independientemente de los procedimientos e investigaciones de las autoridades de administración y procuración de justicia), el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó entre 2010 y 2018 a 6,039 niñas, niños y adolescentes sin localización, como a continuación4 se advierte.
Lamentablemente, en muchos casos, este mecanismo no se activa con la oportunidad necesaria y deseada, como ocurrió con Giselle, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 28 de enero de 2019 en un paraje de Ixtapaluca tras 8 días de búsqueda por parte de sus familiares. De acuerdo con declaraciones de su madre -quien optó por difundir fotos de su pequeña hija en las redes sociales- cuando acudió al Ministerio Público más cercano, tuvo que esperar ¡más de seis horas! para realizar la denuncia, a pesar de que el protocolo mandata que la alerta sea inmediata.
Ariana de 14 años fue otro caso. Ella desapareció el 10 de agosto de 2018 en la colonia Pablo Torres Burgos, de Cuautla, cuando sus familiares intentaron comunicarse a su dispositivo móvil, contestó un hombre y luego colgó para nunca más encenderlo. Los padres iniciaron la búsqueda y denuncia, pero la fiscalía estatal tardó –de acuerdo a la declaración de los padres- casi 80 horas para activar la Alerta Amber. Afortunadamente, en este caso se logró localizarla con vida el 26 de agosto del mismo año, pero ello no obsta para denunciar la dilación de las autoridades.
En otro lamentable episodio, México fue testigo de lo ocurrido en el caso de Valeria el 8 de junio de 2017 cuando iba en bicicleta con su padre en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz en Nezahualcóyotl, estado de México, cuando comenzó una fuerte lluvia y a fin de que su pequeña hija no se mojara, su padre hizo la parada a una combi de la Ruta 40 para que su hija se trasladara sin mojarse.
Supuestamente, siete calles adelante su padre alcanzaría a Valeria en la bici, pero ella nunca llegó. Los familiares comenzaron a buscarla y a las 19:00 horas dieron aviso a una patrulla y alrededor de las nueve de la noche acudieron al C4 para solicitar los videos de las cámaras. Al día siguiente, el 9 de junio los familiares acudieron al Centro de Justicia de Nezahualcóyotl de la Fiscalía del Estado de México para declarar lo acontecido y después de dos horas de integración de la denuncia, la Fiscalía estatal emitió la Alerta Amber. Tristemente, como es público, Valeria fue asesinada y vejada por el conductor de transporte público.
Estos casos no son la excepción, cada vez son mayores las desapariciones de personas menores de edad y la experiencia denota que las primeras horas de actuación son fundamentales para su búsqueda y localización inmediata; está demostrado que esperar de 48 a 72 horas es sinónimo de nunca volver a encontrar a estas niñas, niños y adolescentes con o sin vida.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha emitido recomendaciones a diversas fiscalías por estas dilaciones y otras violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Karla en Tlaxcala5 donde la fiscalía no solo evitó dar el aviso inmediato de Alerta Amber sino que se negó a abrir una carpeta de investigación por “desaparición de persona” y elaboró solo un acta circunstanciada.
Ante toda esta evidencia y cientos de casos en el país que no llegan a las fiscalías, es urgente trabajar de manera coordinada entre todos los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno para estudiar y diseñar una nueva actualización del protocolo Alerta Amber y redoblar esfuerzos en la estandarización de esta herramienta de búsqueda en todo el país, especialmente porque las redes sociales y toda la tecnología de comunicación y video vigilancia debe servir para proteger a la niñez de México.
Sabemos que la coordinación interinstitucional es posible, loable y razonable, de ello ha dado cuenta la XLII Asamblea6 Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en donde el Acuerdo CNPJ/XLII/04/2019 echó a andar la creación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia para el registro y procesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación respecto de los hechos presuntamente delictivos, víctimas, imputados y estado procesal de las mismas.
Si este avance destacable fue posible entre todas las fiscalías del país, existe entonces la certeza de que se puede trabajar conjuntamente en optimizar y estandarizar los lineamientos que rigen Alerta Amber.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente -en el ámbito de su autonomía- a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo una reunión de trabajo con legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de estudiar la actualización del Protocolo de Actuación del Programa Nacional Alerta Amber México.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente -en el ámbito de su autonomía- a la Fiscalía General de la República a impulsar una reunión de trabajo con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de estudiar y diseñar la estandarización del protocolo de actuación -en las treinta y dos entidades federativas- del Programa Nacional Alerta Amber México.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente -en el ámbito de su autonomía- a la Fiscalía General de la República a impulsar al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia una campaña nacional de capacitación y sensibilización a los ministerios públicos y a todos los servidores públicos involucrados en dichas instituciones sobre la operación oportuna de la Alerta Amber.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
2 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
3 Protocolo Nacional de Alerta Amber. Disponible en: https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/AlertaAmber/Protocolo%2 0Nacional%20Alerta%20AMBER.pdf
4 Cuadro estadístico consultado en: https://cuestione.com/detalle/mexico/la-%E2%80%9Cepidemia%E2%80%9D-de-l as-ninas-y-ninos-desaparecidos-en-mexico
5 Consultado en: https://tlaxcala.quadratin.com.mx/politica/emite-cndh-recomendacion-a-t laxcala-sobre-caso-karla-romero/
6 Acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Diciembre 6, 2020. Disponible en:
http://www.cnpj.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/XLII%20Asamblea%20Plenaria%20de%20la%20
Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de tortura psicológica contra Julian Assange y su incesante persecución por ejercicio periodístico, y se solicita respetuosamente a las autoridades británicas su liberación inmediata por razones humanitarias, a cargo de la diputada Érika Vanesa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena
Érika Vanesa del Castillo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 24 de diciembre de 2019, en Reino Unido, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su alarma por la salud del fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuyo estado se ha deteriorado durante la detención.
La organización pidió su liberación inmediata por razones humanitarias y condena la incesante persecución de Assange por sus actividades periodísticas, lo que sienta un precedente peligroso,1 y señalo:
“La audiencia de extradición de Assange comenzará en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el 24 de febrero. En Reporteros Sin Fronteras preocupan las informaciones de que Assange no ha tenido suficientes oportunidades para prepararse para esta audiencia y que sus abogados no tienen un adecuado acceso a su defendido en prisión. Ambas medidas violan sus derechos fundamentales. Los representantes de RSF tienen previsto hacer un seguimiento de la audiencia de extradición.
La profunda inquietud de RSF tiene su origen en la declaración emitida por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, el 1 de noviembre, en la que expresaba su “alarma por el continuo deterioro de la salud de Julian Assange desde su detención y encarcelamiento a principios de 2019”, y decía que “su vida ahora corre peligro”. Un grupo de más de 60 médicos también emitió una advertencia similar en una carta abierta con fecha de 25 de noviembre, expresando preocupación porque la salud de Assange era tan mala que podría morir en prisión sin atención médica urgente.
Assange compareció por videoconferencia en un tribunal de Madrid el 20 de diciembre como parte de una investigación sobre sus acusaciones de que una empresa española lo espió mientras vivía en la embajada ecuatoriana en Londres.
RSF ya condenó el ataque del gobierno de Estados Unidos a Assange por sus actividades periodísticas, pues que los documentos clasificados filtrados por Wikileaks llevaron a revelaciones periodísticas que eran de interés público. Assange no debe ser procesado por ser un intermediario entre un denunciante y los medios de comunicación. En EUA, el fundador de Wikileaks se enfrenta a un total de 18 cargos, 17 de ellos por la Ley de Espionaje, que la administración Trump utiliza cada vez más para cargar contra revelaciones y denuncias de irregularidades en asuntos relacionados con la seguridad nacional.
“Nos alarma el estado actual de la salud de Julian Assange y pedimos su liberación inmediata por razones humanitarias”, solicita el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Assange está siendo atacado por Estados Unidos por sus actividades periodísticas, lo que sienta un precedente peligroso para la libertad de prensa. A la comunidad periodística de Estados Unidos y del extranjero le preocupa que estos procedimientos lleven a un nuevo nivel la criminalización del periodismo de seguridad nacional. Este precedente podría usarse para enjuiciar a periodistas y editores en el futuro por participar en actividades necesarias para reportajes de investigación de interés público. Estados Unidos debería cesar su persecución a Assange y retirar los cargos por la Ley de Espionaje sin más demora”.
RSF ha expresado su preocupación de que los procedimientos por filtraciones bajo la Ley de Espionaje no protejan adecuadamente a los denunciantes; a los acusados no se les permite presentar una defensa de interés público, y los fiscales solo necesitan demostrar que la filtración pudo haber perjudicado a la seguridad nacional, no que realmente lo haya hecho. RSF teme que atacar a Assange bajo la Ley de Espionaje pueda sentar un precedente peligroso.
RSF también ha condenado la decisión del Ministerio del Interior del Reino Unido de dar luz verde a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Assange actualmente permanece detenido en la prisión de Belmarsh, en espera de su audiencia de extradición en Estados Unidos, después de recibir una sentencia de 50 semanas en mayo de 2019 por romper la fianza al buscar refugio en la Embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012, donde permaneció hasta su expulsión y arresto en abril de 2019.”
Segunda. Al respecto, el 3 de enero de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina declaró sobre el caso de Julian Assange:2
“En su momento estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria, son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere, y que no se le siga torturando.”
“Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador, que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos... La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, de la democracia.”
Tercera. El 11 de abril de 2019 fue arrestado Julian Assange, después de haber pasado 2 mil 487 días en la Embajada de Ecuador en Londres, donde buscó refugio desde el 19 junio de 2012; Es decir, fue detenido, casi ocho años después, luego de que el gobierno ecuatoriano le retirara el asilo que le concedió dos meses después de haber cruzado las puertas de su sede diplomática.
“Julian Assange (...) fue arrestado por agentes del servicio de Policía Metropolitana (...) bajo una orden emitida por la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, por no ponerse a disposición de la corte”.3
El tribunal ya ha declarado al australiano culpable de haber violado los términos de la fianza que le había sido concedida mientras combatía una posible extradición a Suecia, lo que lo expone a una pena máxima de 12 meses de cárcel en Reino Unido.
Sin embargo, en un segundo comunicado Scotland Yard informó que “Julian Assange también fue arrestado por solicitud de las autoridades de Estados Unidos”.
La existencia de una solicitud de extradición por EUA por “delitos informáticos” fue confirmada luego por un vocero del ministerio del Interior británico (Home Office) y por el propio Departamento de Justicia de EUA.
“Julian P. Assange, de 47 años, el fundador de WikiLeaks, fue arrestado hoy en Reino Unido (...) en relación con un cargo federal de conspiración para cometer una intrusión informática por haber aceptado robar una contraseña para entrar en una computadora clasificada del gobierno de EUA.4
Según las autoridades estadounidenses, Assange, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, conspiró en 2010 con la ex analista de inteligencia Chelsea Manning y utilizó a WikiLeaks para publicar más de 700.000 documentos secretos, en lo que fue descrito por el propio departamento de Justicia como “una de los mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos”.
Esa filtración le valió a Manning, una condena de 35 años de cárcel, dictada en 2013. Sin embargo, la ex analista de inteligencia del ejército de EUA, fue perdonada en 2017 por Barack Obama justo antes de abandonar la Casa Blanca.
Según el departamento de Justicia, Assange se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel por esos delitos. Empero, también, podría ser objeto de nuevas acusaciones una vez en poder de las autoridades estadounidenses.
Según el departamento de Justicia, Assange ayudó a Manning a descifrar la contraseña necesaria para entrar en computadoras del departamento de Defensa conectadas a Siprnet, una red del gobierno de EUA utilizada para documentos y comunicaciones clasificadas.5
Las autoridades estadounidenses han dicho en numerosas ocasiones que las acciones de Assange y Manning comprometieron la seguridad de EUA y pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores.
Assange y WikiLeaks, por su parte, insisten en que la filtración ayudó a exponer crímenes de guerra.
Cuarta. El 31 de mayo de 2019, Nils Melzer, Relator Especial sobre Tortura e investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalo que “Julian Assange, ha sufrido tortura sicológica en el transcurso de una campaña de difamación y no debería ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría un espectáculo judicial politizado”.6
Estas declaraciones fueron realizadas después de una visita a Assange en la cárcel de alta seguridad de Londres el 9 de mayo de 2019 junto con dos expertos médicos y afirmó:
“lo encontró agitado, bajo un estrés severo e incapacitado para soportar este complejo caso legal”
Nuestro hallazgo indica que el señor Assange muestra todos los síntomas de una persona expuesta a tortura sicológica por un prolongado periodo. El siquiatra que acompañó mi misión dijo que su estado de salud es crítico, comentó Melzer a Reuters en Ginebra. Pero entiendo que ha sido hospitalizado ahora y no está capacitado para enfrentar un juicio”.7
El portal de noticias de la Organización de Naciones Unidas dio a conocer un comunicado del Relator Especial sobre Tortura, Nils Melzer, en el que señala que Assange sufre una persecución colectiva que debe cesar,8 y señala:
“Mi preocupación más urgente es que en Estados Unidos Assange estaría expuesto a violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y su derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Nils Melzer.
El experto aseveró que Assange ha sido objeto durante años de abusos concertados y deliberados de sus garantías fundamentales y pidió que se le ponga fin a esa “persecución colectiva”.
“En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca había visto a un grupo de Estados democráticos unirse para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto tiempo y sin respetar la dignidad humana ni el estado de derecho. ¡La persecución colectiva de Julian Assange debe terminar ahora!”, declaró Melzer.
Desde 2010, cuando Wikileaks empezó a publicar evidencias de crímenes de guerra y tortura cometidos por el ejército estadounidense, varios Estados pusieron en marcha una acción sostenida y concertada para extraditar al comunicador australiano a Estados Unidos para que se le juzgara, en una preocupante criminalización del periodismo de investigación que transgrede la Constitución estadounidense y las leyes internacionales de derechos humanos.
“Desde entonces, se desató una campaña implacable de acoso, intimidación y difamación contra Assange no sólo en Estados Unidos sino también en el Reino Unido, Suecia y, más tarde, en Ecuador.”
Esta campaña incluyó una serie de declaraciones humillantes, degradantes y amenazantes en la prensa y las redes sociales, así como de parte de figuras políticas importantes y de jueces involucrados en los procesos contra Assange.
Manifestó una especial alarma por el reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 17 nuevas imputaciones contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que sumarían una pena de hasta 175 años en prisión.
“Esto podría dar como resultado una sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional o incluso una condena de muerte si se añadieran más acusaciones en el futuro”.
Si bien Assange no se encuentra en confinamiento solitario, las limitaciones a la frecuencia y duración de las visitas de sus abogados y la falta de acceso al archivo y documentos del caso le impiden preparar una defensa adecuada ante a los complejos procesos legales que enfrenta.”
Quinta. La tortura es una grave violación a derechos humanos, cuya prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de ius cogens; 9 es decir, como normas imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las mismas.
Los funcionarios penitenciarios deben evitar considerar a los internos como un número o como seres inferiores que han perdido el derecho de ser respetados por lo que han hecho o han sido sindicados de hacer. El maltrato de los internos es siempre, en todas las situaciones, un acto ilegal que genera responsabilidad individual e institucional. Además, dichas conductas menoscaban la calidad humana del funcionario que actúa de esa manera.
Existe una prohibición total de torturar y de infligir deliberadamente tratos crueles, inhumanos o degradantes; es decir, de violar el derecho absoluto a la integridad personal. Es necesario comprender que esta prohibición no se aplica sólo a los malos tratos o a los abusos verbales o físicos, sino además a las condiciones de habitabilidad de los espacios donde conviven los internos (tamaño de las celdas, ventilación, iluminación, espacios dignos y dotados para dormir, etcétera).
La naturaleza cerrada y aislada de las prisiones puede dar oportunidad a que se cometan actos abusivos con impunidad, y existe el peligro de que acciones que constituyen tortura o maltrato, como el uso ilegal y rutinario de la fuerza y los golpes, lleguen a ser considerados por los funcionarios como conductas “normales” o como parte de los procedimientos.
En este sentido, debe tenerse siempre presente que ninguna de las normas reglamentarias o de procedimiento de la prisión puede ser interpretada por los funcionarios como una autorización para infligir malos tratos a un interno. Esto es especialmente aplicable a los reglamentos relativos a internos de alta seguridad y a las personas que se encuentran en unidades de aislamiento.
Al respecto cabe señalar que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros puntos:
Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
Artículo 2
1. Todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.
Artículo 3
1. Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
Artículo 4
1. Todo Estado parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
2. Todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
Artículo 6
1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
Artículo 7
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.
Artículo 8
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
2. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
3. Los Estados parte que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.
Artículo 9
1. Los Estados parte se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. Los Estados parte cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.
Artículo 12
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
Artículo 13
Todo Estado parte velará porque toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.
Artículo 16
1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.”
Sexta. Adicionalmente la comunidad internacional se ha dotado de distintos instrumentos para prohibir la tortura en todo momento y baja cualquier circunstancia.
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala, entre otros puntos, que:
Artículo 7.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,10 adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, ahora también conocidas como Reglas Nelson Mandela11 se establece, entre otros aspectos:
Primera parte,
Reglas de Aplicación General
Principio fundamental
6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.
Disciplinas y sanciones
31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.”
Cabe mencionar que en la revisión de las Reglas Nelson Mandela destacaron las relacionadas con la salud y la prohibición absoluta de la tortura y maltrato de prisioneros, la aplicación de las regulaciones sobre la incomunicación y aislamiento prolongado, y las restricciones de los cacheos intrusivos.
Los principios fundamentales de las reglas Nelson Mandela12 establecen como primer principio el de la Dignidad Humana, el cual señala que:
“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
En razón de lo anteriormente expresado, de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, y de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respeto la obligación de “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”; no podemos, ni debemos permanecer impávidos ante los señalamientos de tortura cometidos contra de Julian Assange, ni de la preocupación expresada Relator Especial sobre Tortura e investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Nils Melzer por su posible extradición que se pretende hacia los Estados Unidos de América.
Oponerse a la tortura y defender la libertad de prensa y el derecho a la información, son causas que nos unen y se apegan a las mejores tradiciones del pueblo de México.
Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena los actos de tortura psicológica que se han cometido en contra Julian Assange, creador de Wikeleaks, así como su incesante persecución por razones periodísticas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades británicas la liberación inmediata de Julian Assange por razones humanitarias.
Notas
1 Reino Unido-Reporteros Sin Fronteras pide la puesta en libertad de Assange por razones humanitarias y que retiren los cargos por la Ley de Espionaje de EU,
https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-fronteras-pide-la-puesta-en-libertad
-de-assange-por-razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/
2 Presidencia de la República, 3 de enero de 2020. Ojalá que se libere a Julian Assange y no se le siga torturando,
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
gobierno-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es
3 News Mundo, 11 de abril de 2019. “De qué acusan a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres y cuya extradición pide EU”,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-4789979 2
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 La Jornada, 1 junio de 2019. “Assange, con síntomas de tortura sicológica, revelan”,
https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mun
7 Ídem.
8 Noticias ONU, 31 de mayo de 2019. Assange sufre una persecución colectiva que debe cesar, pide un experto de la ONU,
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456941
9 Ius cogens (o ius cogens) es una frase en latín que literalmente significa “ley imperante”. Designa normas a partir de las cuales no se permite ninguna excepción a través de acuerdos particulares. Se deriva de la idea ya conocida en la ley romana de que ciertas reglas legales no se pueden contraer, dados los valores fundamentales que sostienen,
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../o bo-9780199796953-0124.x.
10 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoner s.aspx
11 Reglas Nelson Mandela, llamadas así después de una revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, fueron presentadas el 15 de octubre de 2015, en Nueva York, en una ceremonia coauspiciada por el gobierno de Sudáfrica y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito,
https://news.un.org/es/story/2015/10/1341831
12 El 17 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución número 70/175, aprobó un documento revisado y actualizado de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, instrumento que se había aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977. En homenaje al ex presidente sudafricano Nelson Rolihlahla Mandela, este nuevo texto se denomina “Reglas Nelson Mandela”.
La versión revisada y aprobada por unanimidad en la 70 sesión de la Asamblea General de la ONU establece nuevos estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad, basándose en los recientes avances de la disciplina penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser aplicadas plenamente, podrían transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Érika Vanesa del Castillo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a crear un grupo de seguimiento de la construcción de una plataforma electrónica interactiva y asequible a los ciudadanos, y transparentar el avance de las acciones y los indicadores de los Programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; así como el artículo 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia feminicida, es producto de una violación sistemática de los derechos humanos que atenta contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad e incluso la vida. En esencia, es un crimen en contra de las raíces sociales y de la sana convivencia entre mujeres y hombres, y ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Es un fenómeno a todas luces generalizado en los tres órdenes de gobierno y a lo largo y ancho del territorio nacional. La violencia feminicida no es un fenómeno aislado, es un problema sistémico que lacera y vulnera los derechos humanos de las mujeres en todo el país.
En la LXIV Legislatura se han impulsado diversas iniciativas para acabar con este fenómeno que lacera a la sociedad y que evita el sano desarrollo de nuestra sociedad, sin embargo, parece que no ha sido suficiente.
Las estadísticas actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirman que, de enero a diciembre de 2019, se rebasaron las 31 mil 688 víctimas de homicidio doloso en el país, superando así las 30 mil 852 contabilizadas en el mismo periodo de 2018.
A estos datos agregamos los números que emite la Secretaria de Gobernación de aquellas mujeres que han desaparecido y que muchas de ellas son madres que dejan en estado de orfandad a sus hijos. Mujeres que se encuentran en el rango de edad de 20 -24 años se han contabilizado 1,945, siendo este grupo el segundo más afectado.
Por otro lado, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019 hubo dos mil 720 niños desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron hallados y de mil siete (37%) aún no se sabe su paradero. Además, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 había dos mil 720 menores de edad desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron localizados, es decir, 62.98%, y el resto (mil siete) no se supo de su paradero, es decir, de 37.2 por ciento.
En nuestro andamiaje jurídico, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) es la norma que establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Ley establece la obligación del Ejecutivo Federal de presentar un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en donde se propongan estrategias claras para lograr el abatimiento de los altos niveles de violencia en contra de las mujeres para lograr una vida más justa e igualitaria.
Además, la fracción XVII del artículo 41 de la LGAMVLV establece la obligación del Ejecutivo Federal de rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante el H. Congreso de la Unión. Sin embargo, resulta urgente conocer las acciones concretas y sobre todo los avances logrados para abatir los altos índices de violencia feminicida en nuestro país.
Por otro lado, la fracción XIII del artículo 42 de la citada Ley establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación difundir a través de diversos medios, los resultados del Programa a los que se refiere la LGAMVLV. Lamentablemente, la dispersión de datos y la falta de una instancia que realice un seguimiento del impacto de las acciones en contra de la violencia feminicida es evidente.
Resulta entonces de la mayor prioridad de que esta Legislatura de la Paridad impulse la creación de mecanismos ágiles para dar seguimiento cotidiano a los datos sobre violencia en contra de las mujeres para disponer de información adecuada y de calidad para evaluar el impacto de las acciones que los distintos órdenes de gobierno se encuentran realizando.
En virtud de lo anteriormente expuesto, acudimos a esta Tribuna para presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a construir una plataforma electrónica interactiva y accesible a los ciudadanos, con el objetivo de transparentar el avance de las acciones e indicadores establecidos en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de BC a exentar del pago de derechos por consumo de agua previstos en la Ley de Ingresos local de 2020 a las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil e instituciones de asistencia social privada, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, las y los ciudadanos Julieta Kristal Vences Valencia, Claudia Angélica Domínguez Vázquez y Gonzalo Herrera Pérez, María Libier González Anaya, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California, a expedir por decreto la exención del pago de derechos por consumo de agua previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, a las asociaciones no gubernamentales, e instituciones de asistencia social privada, entre otras.
Exposición de Motivos
La migración es un complejo fenómeno relacionado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más interconectado, está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales, y ofrece a los países, las empresas y las comunidades la oportunidad de beneficiarse enormemente de ella.
La migración ha contribuido a mejorar la vida de las personas tanto en los países de origen como en los de destino y ha brindado a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de forjarse una vida segura y plena en el extranjero. Sin embargo, no todos los movimientos migratorios se producen en circunstancias favorables. En los últimos años, hemos observado un aumento de las migraciones y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental, y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. Aunque la mayoría de los procesos de migración internacional se producen por vías legales, algunas de las principales situaciones de inseguridad que afrontan los migrantes, así como buena parte de la preocupación pública que suscita la inmigración, se asocian con la migración irregular.
La migración, como cuestión de orden público y tema de interés periodístico, nunca antes había ocupado una posición tan prominente. Cada vez más gobiernos y políticos, así como gran parte de la opinión pública de todo el mundo, consideran que la migración es una cuestión política preponderante. Debido a la importancia que reviste para la prosperidad económica, el desarrollo humano y la seguridad, la migración tiene garantizado un lugar entre las cuestiones de máxima prioridad para el futuro previsible.
En un contexto de creciente interconexión entre personas y Estados, lograr una migración más segura y mejor regulada se ha convertido en una verdadera prioridad a escala mundial. Esto se observa, por ejemplo, en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, en la que se plasma la intención de los Estados de elaborar un nuevo pacto mundial sobre migración y, por separado, un pacto mundial sobre refugiados, antes de finales de 2018. Sin embargo, el hecho de que los Estados hayan acordado debatir y negociar estos nuevos instrumentos de gobernanza mundial es indicativo del creciente reconocimiento de la importancia que reviste mejorar nuestro entendimiento común sobre las dinámicas y la complejidad de la migración y los desplazamientos internacionales, y abordar estas cuestiones a nivel mundial.
En América Latina, el resurgimiento de la “sociedad civil” como actor político relevante se produce en el marco de las transiciones democráticas en los años ochenta (Rabotnikof, 2001), hecho que pone manifiesto por qué las representaciones sobre sociedad civil que han alcanzado lugares predominantes en los vocabularios públicos a nivel mundial están en general fuertemente asociadas a las ideas de democracia y modelos de sociedad vigentes en Estados Unidos y Europa (Mato, 2004: 73). Aunque fue a partir de aquel decenio cuando el protagonismo social y político de la sociedad civil organizada adquiere mayor dinamismo, a finales de la década del noventa ese protagonismo se intensifica. Los motivos que explican este cambio se vinculan a la profundización de las políticas neoliberales en la región y al proceso de reconfiguración del capitalismo en el mundo. Bajo el escenario neoliberal, en especial a partir de las reformas adoptadas luego del Consenso de Washington a fines de la década del ochenta, la despolitización de la sociedad aparecía como una respuesta clave para lograr la estabilidad política y económica. Sin embargo, esta aspiración se vio truncada cuando comenzaron a hacerse más visibles los efectos del neoliberalismo. Así pues, para mediados de los noventa surgen y se resignifican distintos movimientos y organizaciones sociales que cuestionaron fuertemente las políticas instrumentadas en el marco de ese modelo socio-económico, así como la estructura de relaciones sociales dominante. Fue en este contexto que se consolidan movimientos, espacios y organizaciones de la sociedad civil de carácter regional y global, como el Foro Social Mundial (FSM). Este espacio se transformó en el paradigma de la lucha antineoliberal, siendo el puntapié inicial para el desarrollo de distintos foros continentales y también del Foro Social Mundial de las Migraciones.1
Es importante señalar que el trabajo sin fines de lucro que diariamente impulsan las organizaciones de la sociedad civil en favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, no sólo se lleva a cabo en el marco del derecho a defender y promover derechos humanos, sino que además desempeñan una labor que el Gobierno de México debería realizar.
El trabajo humanitario que realiza el albergue incluye de manera gratuita entre otras cosas, la defensa integral de derechos; otorgamiento de alimentos, ropa, calzado; atención médica; descanso, recreación y aseo personal; insumos que no provienen del gobierno ni de ninguna de sus instituciones, sino de donaciones, trabajo voluntario o bien, son adquiridas a partir de los fondos que reciben por parte de financiadoras privadas internacionales, las cuales cuentan con los estándares más altos de rendición de cuentas y transparencia.
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto de la Ley de Asistencia Social para el Estado Baja California, la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de la familia, así como la protección física y social de personas en estado de necesidad y desprotección, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Además de suministrar ayudas de bienes básicos de subsistencia, también la idealización de planes que defiendan los derechos de aquellos que no tienen voz. Las acciones de estas organizaciones son la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, denuncia de la pasividad de muchos gobiernos ante la falta de derechos humanos, propuesta de nuevas leyes y Convenios internacionales, presión política, educación en derechos humanos.
Las organizaciones e instituciones antes aludidas contribuyen a la construcción de una vida pública, autentica democrática. En primer lugar, la sociedad civil ayuda a crear, estabilizar el Estado de derecho. Segundo, una sociedad civil vibrante forma los diferentes espacios públicos a través de los cuales los actores sociales se comunican entre sí y con los actores políticos. Tercero, la sociedad civil desarrolla una densa red de asociaciones, fortaleciendo así el tejido social. Por último, la sociedad civil ayuda a construir y generalizar una cultura de tolerancia y respeto mutuo.
Por lo que las organizaciones e instituciones, con domicilio en el Estado de Baja California requieren de servicios públicos que le son indispensables para realizar sus funciones, como lo es, el servicio de agua que prevén los organismos operadores del agua en el estado. Y de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Migración el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.
En función de lo antes expuesto, el 22 de febrero de 2019 el Lic. Francisco Arturo Vega de la Madrid, Gobernador del estado de Baja California, en ejercicio de sus facultades conferidas en el artículo 49, fracción 1, de la Constitución Política del estado de Libre y Soberano de Baja California, emitió el Decreto por el que se exime del pago de derechos por consumo de agua previstos en la Ley de Ingresos del estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019, a:
I. Las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, instituciones de asistencia social privada, siempre y cuando acrediten ese carácter en los términos del presente Decreto. Lo anterior siempre y cuando tengan un fin altruista.
II. A las asociaciones que se encuentren constituidas en términos de lo previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La exención a que se refiere este Decreto, será aplicable respecto de la toma instalada en los establecimientos en los que desarrollen sus actividades las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, las instituciones de asistencia social privada, así como las Asociaciones Religiosas.
Dicho decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Baja California el 8 de marzo de 2019 y estuvo vigente hasta el 31 de octubre de 2019.
Sin duda consideramos que dicho decreto ha tenido resultados positivos, frente a la presión migratoria que se vive en el estado, en donde se siguen acumulando migrantes en retorno, o en tránsito que requieren del apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, así como de las asociaciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Baja California, a la exención del pago de derechos por consumo de agua previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, a las organizaciones civiles no gubernamentales o de la sociedad civil, instituciones de asistencia social privada, siempre y cuando acrediten ese carácter y tengan un fin altruista; y a las asociaciones que se encuentren constituidas en términos de lo previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Notas
1 María José Magliano, 2011, La sociedad civil y la gobernabilidad de las migraciones en la agenda política sudamericana: el refugio en los derechos humanos, Espacio Abierto, vol. 20, núm. 1, Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero del 2020
Diputados:
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a redistribuir recursos para que siga en operaciones la oficina de la Profeco en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente la adquisición de servicios o bienes para los mexicanos resulta una actividad realizada todos los días de la semana para satisfacer las necesidades básicas para alcanzar una vida digna.
De acuerdo con datos obtenidos por TiendeoGeotraking 1 los mexicanos pasan más tiempo en las tiendas de informática y electrónica con un promedio de 40 minutos, mientras que en las tiendas departamentales 39 minutos y en las tiendas de jardinería y ferretería con 35 minutos. En el otro extremo se ubicaron los supermercados con 31 minutos, estos últimos registran un menor tiempo dado que el tipo de compras asociadas a estos establecimientos se realizan diariamente y los consumidores suelen tener definidos los productos a adquirir antes de acudir a la tienda.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares reveló que 17 millones 621 mil 938 mexicanos realizaron alguna compra o pago vía internet durante 2018.2
Con 19 por ciento del total de gasto del hogar, México es el país que gasta más en transporte y el que menos gasta en ropa y calzado con 3 por ciento. El país destaca también por gastar por debajo del promedio en recreación, salud y educación, entre otros. Por el otro lado, los mexicanos gastan por arriba del promedio en vivienda, combustible y servicios públicos y comida. Aunado a ello, el gasto hormiga semanal de los mexicanos, el cual se define por la Procuraduría Federal del Consumidor, como los pequeños gastos diarios que afectan las finanzas personales porque no se administran de manera adecuada los recursos económicos, lo que ocasiona desembolsos en productos no pensados o compras por impulso, y generalmente son comida rápida (221 pesos), tiempo aire (96 pesos), propinas (77 pesos), café (59 pesos), estacionamientos y/o parquímetros (56 pesos).3
Derivado de lo anterior, es que resulta un pilar fundamental para la economía de las familias mexicanas contar con un mecanismo que proteja la relación entre los consumidores y proveedores de bienes y servicios y procurando la prevención de daño patrimonial, dicho mecanismo es la Procuraduría Federal del Consumidor.
En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 24 estipula diversas actividades a realizar para la Procuraduría Federal del Consumidor, entre las que destacan las estipuladas en las fracciones (i) en la que protege los derechos del consumidor; (ii) representa los intereses de los consumidores; (iii) representación de los consumidores antes autoridades jurisdiccionales; (ix) promover mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios; (xiv) vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones concernientes a los derechos de los consumidores; (xix) aplicación de las sanciones correspondientes, entre otras, que a la letra dicen:
Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;
II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;
IX Bis. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;
IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva;
X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios relativos;
XI. Celebrar convenios con proveedores y consumidores y sus organizaciones para el logro de los objetivos de esta ley;
XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;
XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;
XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;
XIV Bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;
XVI. Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley;
XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e intereses de las y los consumidores;
XVIII. Promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión;
XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;
XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;
XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda;
XXI. Ordenar se informe a los consumidores sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que los proveedores los retribuirán o compensarán;
(...)
En fecha 15 de julio del año en curso las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Coatzacoalcos, Veracruz, cerraron sus puertas como parte de las medidas de austeridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el cartel colocado a las afueras de las que fueran las instalaciones de Profeco, se informa a los ciudadanos que tienen audiencias pendientes del 6 al 19 de julio, que dichos procedimientos se realizarán en el lugar y fechas establecidas.4 En el portón únicamente fue colocado un cartel donde se anuncia que todas las audiencias programadas después del 22 de julio se realizaran en el puerto de Veracruz.5
Es por lo anterior que a través de esta proposición con punto de acuerdo se solicita que no se cierren las oficinas de Profeco en la ciudad de Coatzacoalcos, ya que acarrearía un gasto extra para interponer recursos en contra de los proveedores que les ocasionen un daño patrimonial a los veracruzanos.
El municipio de Coatzacoalcos se localiza al sur del estado de Veracruz. Su territorio está formado por una superficie total de 471.16 kilómetros cuadrados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que realizó el tercer conteo de población durante 2010 en todos los estados y municipios de México, señaló que de acuerdo a los resultados obtenidos el municipio de Coatzacoalcos está formado por una población de 305 mil 225 habitantes.6
Los 305 mil 225 habitantes de Coatzacoalcos que reporta el Inegi, no sólo gastarán dinero para llegar a las oficinas centrales ubicadas en avenida Salvador Mirón número 288, fraccionamiento Moderno, Veracruz, Veracruz, sino también un tiempo estimado de 3 horas y media, como se señala en el siguiente mapa:
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de redistribuir recursos para que la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor siga en operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz.
Notas
1 Consultado en: https://www.merca20.com/como-es-el-consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas- fisicas/, fecha de consulta 24 de julio de 2019.
2 Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el- miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet, fecha de consulta 26 de julio de 2019.
3 Consultado en: https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-viviend a-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/. Fecha de consulta 24 de julio de 2019.
4 Consultado en: http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-coatzacoalcos-com o-medida-de-austeridad/, fecha de consulta 23 de julio de 2019.
5 Consultado en: https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-por-austeridad/ , fecha de consulta 25 de julio de 2019.
6 Consultado en: https://www.municipios.mx/veracruz/xalapa/ fecha de consulta 27 de julio de 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a difundir los criterios de adhesión del convenio firmado por la entidad para incorporarse al Insabi, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo relativo al convenio firmado por el estado de Oaxaca por el que se incorpora al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Consideraciones
El 29 de noviembre de 2019 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto con el que se daba la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desapareciendo así a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular. Las reformas legales entraron en vigor el 1 de enero de 2020.
El Insabi se presentaba como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, el cual impulsaría acciones en coordinación con la Secretaría de Salud, orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
A su vez, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos sería sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar. Los recursos del Fondo se destinarían a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, a las necesidades de infraestructura en los estados con mayor marginación social, y servirán para complementar los recursos para el abasto de medicamentos, insumos y exámenes clínicos.
Asimismo, el gobierno federal garantizó que se destinaría anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados.1
Así es como el organismo entraría en funciones a partir del 1 de enero de 2020 y celebraría acuerdos de coordinación con las entidades federativas para que éstas ejecuten la prestación gratuita de servicios y medicamentos a las personas sin seguridad social.
El esquema del Insabi supone brindar servicios médicos en primer y segundo nivel de atención a quienes carecen de seguridad social. De acuerdo con la Ley General de Salud, los institutos nacionales de salud y hospitales federales, sujetos a la obtención de cuotas de recuperación, dan la atención de tercer nivel.
La Secretaría de Salud aclaró el 7 de noviembre que el Insabi brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social; es decir, en centros de salud, Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y en hospitales generales, rurales y comunitarios que ofrezcan servicios de primer nivel.
No obstante, acotó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los institutos nacionales de salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel.
El Presidente López Obrador dijo que a partir del 1 de diciembre de este año, ya no se cobrarán cuotas de recuperación por los servicios de salud y medicamentos, incluidos los tratamientos especializados y las intervenciones quirúrgicas.2
El pasado 28 de enero de 2020, en la conferencia mañanera que presenta nuestro Presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se mencionó por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez que 21 estados tuvieron adhesión al Insabi, mientras que 11 se encuentran en proceso.
En Oaxaca, el secretario de Salud de la entidad, Donato Casas, precisó que el estado fue de los primeros en firmar la operación del Insabi, desde que se acordó la descentralización de los servicios de salud.
A su vez el gobernador, Alejandro Murat, señalaba dar un voto de confianza al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se pueda consolidar este nuevo sistema nacional de salud, que viene a suplir al ya desaparecido Seguro Popular.3
Sin embargo, en Oaxaca se dieron quejas por parte de doctores y pacientes que han denunciado la escasez de dos claves de medicamentos oncológicos, principalmente empleados en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
El propio gobierno estatal reconoció la carencia de estas medicinas, pero aseguró que se trabaja de la mano con el Insabi para subsanarla, pues es la federación quien tiene los insumos y recursos para atender la falta de dichas claves.
Además, trabajadores del extinto Seguro Popular se manifestaron asegurando que se les adeuda la última quincena del año y que tenían incertidumbre sobre si se volverán a contratar ahora en el Insabi, pues no hay quién les brinde la información.4 A pesar de que Oaxaca fue uno de los primeros en firmar el convenio, se desconoce cuáles son los criterios de colaboración del estado con el Insabi.
En este sentido, es oportuno realizar un exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, explique de manera detallada los criterios de colaboración y fuentes de financiamiento para incorporar los sistemas y servicios de salud del estado de Oaxaca al sistema del Insabi.
Por lo anterior expuesto, se presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, haga público qué criterios, formas de colaboración y fuentes de financiamiento fueron pactados a fin de adherir e incorporar los servicios de salud del estado de Oaxaca al sistema de Instituto de Salud para el Bienestar.
Notas
1 Nota número 3808, comunicación social de la cámara de diputados, 29 de noviembre de 2019. Consultado en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noti cias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-de saparece-el-Seguro-Popular
2 Insabi ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?, 16 de enero de 2020. Consultado en: https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-para-que-sirve-co mo-funciona/
3 Murat pide dar voto de confianza a Insabi, 12 de enero de 2020. Consultado en: https://www.milenio.com/estados/alejandro-murat-pide-voto-confianza-ins abi
4 Insabi no tiene ningún problema solo fue desinformación: Mario Delgado, 13 de enero de 2020. Consultado en: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-01-2020/insabi-no-tiene-nin gun-problema-solo-fue-desinformacion-delgado
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a atender de inmediato la carencia de medicamentos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo relativo a la inmediata atención para resolver la carencia de medicamentos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Oaxaca es de los estados más pobres del país y el desarrollo humano no es posible por las graves carencias de los diversos índices, entre ellos el cuidado de la salud de sus habitantes. La precaria situación de servicios de salud ha llevado a desenlaces fatales. Hay ineficacia de servicios preventivos y de medicina familiar que permitan el desarrollo de la persona, especialmente de los niños. Se requieren de unidades médicas y hospitales especializados para la atención oportuna de los grupos más vulnerables. Particularmente los niños de Oaxaca eran atendidos en otras entidades del país con los consecuentes costos para sus familias quienes, además de la atención de los padecimientos, debían cubrir diferentes gastos generados por la estancia mientras transcurría la hospitalización como los costos de hospedaje, alimentos y otros servicios.
En Oaxaca algunos especialistas se dieron a la tarea de fundar instituciones para ocuparse de la niñez de la entidad. A mediados de la década de 1990 se constituyó una asociación que sería antecedente del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. De acuerdo con la historia del nosocomio difundida en su sitio oficial:1
“Un grupo de oaxaqueños, contagiados por el entusiasmo del doctor Guillermo Zarate Mijangos, constituyeron, el 26 de abril de 1995, el Patronato Pro Hospital del Niño Oaxaqueño, AC, que, con aportaciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, de personas físicas y morales, iniciaron la construcción del hospital el 30 de abril de 1996 en el lugar que hoy ocupa. Algunos de los fundadores de este patronato fueron Diódoro Carrasco Palacios, doctor Octavio Corres Castillo, doctor Sergio Velásquez Rosas, doctor Horacio Tenorio Sandoval, doctor Erasto Pérez Medina, doctor Héctor Tenorio Rodríguez, señor Juan José Gutiérrez Ruiz, entre otros.
El Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue inaugurado el 29 de octubre de 1998 e inició sus actividades de atención médica el 16 de noviembre del mismo año con una plantilla laboral de 148 trabajadores, entre los que se contaban médicos especialistas, enfermeras y trabajadores administrativos, otorgando servicios de consulta médica, hospitalización, cirugías, laboratorio clínico, imagenología y servicio de transfusión. Su operación dependía entonces del propio patronato con recursos obtenidos de donativos de particulares, empresarios y de organizaciones no gubernamentales”.
El siguiente paso en la conformación jurídica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue el decreto número 234 del gobierno del estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 29 de octubre de 1998, por el que se constituyó como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo estatal extinguiendo al patronato que le dio origen. De acuerdo con la información oficial:
“En abril de 2001 los representantes legales del hospital firmaron dos contratos con el gobierno del estado, uno de donación y otro de comodato mediante los cuales se cedieron a este último el inmueble, los equipos médicos, quirúrgicos, de oficina y maquinaria de la unidad.
La evolución del hospital ha sido acelerada y algunos acontecimientos han marcado hitos en su historia como las acreditaciones que recibió el 24 de noviembre de 2006 para la atención de neonatos con prematurez, insuficiencia respiratoria y sepsis, el 8 de septiembre de 2008 para la atención del cáncer infantil y el 29 de noviembre de 2013 para la atención de la hemofilia en pacientes menores de 10 años. A principios de 2013 inició operaciones un tomógrafo de 64 cortes que le da certeza y oportunidad diagnóstica a los casos atendidos en el Servicio de Consulta Externa y Hospitalización.
En octubre de 2013 se puso en operación el servicio de hemato-oncología en el edificio anexo inaugurado en 2011 por presidente Felipe Calderón Hinojosa, con doce camas, área de terapia ambulatoria con seis sillones y dos camas, cuarto de mezclas de medicamentos oncológicos, sala de procedimientos, cuarto de curaciones y 21 trabajadores adicionales para fortalecer la atención de pacientes hospitalizados con cáncer, lo que permitió rehabilitar el espacio que anteriormente venía ocupando e instalar ahí el servicio de medicina interna.
Otro hecho importante en la vida el Hospital de la Niñez Oaxaqueña es la rehabilitación integral de la unidad quirúrgica, la cual se realizó con el apoyo del gobierno del estado a través de la ministración de 8 millones de pesos para los trabajos que consistieron en suministro e instalación del aire acondicionado grado médico, cambio de recubrimientos antibacteriales de piso y paredes, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, tomas de gases medicinales y aire grado médico... Gracias a este apoyo y al trabajo en equipo de los trabajadores, el 14 de noviembre de 2014, se lograron las acreditaciones para la atención de patologías quirúrgicas congénitas cardiovasculares, del aparato digestivo y de la columna vertebral el 14 de noviembre de 2014”.
No obstante, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña ha pasado por crisis profundas derivadas de la falta de presupuestos suficientes. Las carencias son evidentes llegando al punto del paro de labores en 2017 donde los trabajadores del instituto protestan por la falta de materiales más elementales para proseguir con la noble labor de atención a los niños del estado de Oaxaca.
Entre las cuestiones más urgentes está la escasez de medicamentos que simplemente ya no se tienen o se proporcionan en tratamientos incompletos a los niños procedentes de las ocho regiones de Oaxaca y de comunidades de muy alta marginación por lo que se incumple con la obligación de proporcionar la atención médica adecuada para garantizar el derecho a la salud conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la crisis de 2017, la falta de medicamentos provocó que en el área de urgencias no se contaran con insumos elementales como antibióticos, adrenalina, desinflamatorios, analgésicos o soluciones fisiológicas. A la par, el Hospital de la Niñez afrontó la renuncia de los médicos especialistas y de enfermería a quienes no se les habían pagado sus honorarios.
A principios de este año 2020, médicos del Hospital de la Niñez Oaxaqueña decidieron renunciar a esta institución, señalando que desde el 20 de diciembre de 2019 no cuentan con tres tipos de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, entre ellos el Metrotexato y la Vincristina. Expusieron que los medicamentos faltantes son aquellos que se suministran en el combate a las leucemias y que no se consiguen en el país.
Los médicos también denunciaron que escasean 24 claves que se ocupan para el tratamiento de tipos diferentes de enfermedades, alertando que de continuar con el atraso de medicamentos podría aumentar considerablemente el promedio de fallecimientos.2
Ante esta crisis en el hospital, el gobierno del estado afirmó que el pasado martes 14 de enero de 2020 se recibió la primera remesa de medicamentos oncológicos con lo que se normalizaba la administración de tratamientos a los más de 300 pacientes que se atienden en este servicio, asegurando que la dotación suministrada consta de ocho claves de medicinas, como la vincristina, metrotexato, ciclofosfamida, flourouracilo, daunorrubicina, ifosfamida, gemcitabina y aspariginasa, todos ellos necesarios para las atenciones médicas de quimioterapias.3 El 21 de enero de 2020, a través de medios de comunicación, diversos padres de familia señalaron que de no resolver el desabasto de medicamentos explorarán la posibilidad de buscar asilo político humanitario en otros países.
“Si no responden vamos a buscar asilos políticos humanitarios en algunos países para nuestros niños, si siguen estos desabastos y esta intermitencia en el flujo de medicamentos.”
Comentario realizado por un padre de familia, quien invitó a otros padres a sumarse a su exigencia.4
Como es sabido, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección al derecho humano de la salud, conforme a lo establecido en el párrafo cuatro del artículo cuarto constitucional, en ese mismo precepto pero en el párrafo nueve menciona que en las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, atendiendo a su derecho de satisfacer sus necesidades en salud.
Párrafo cuatro del artículo cuarto constitucional:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Párrafo nueve del artículo cuarto constitucional:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
En este sentido, resulta oportuno realizar un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, consideren realizar las medidas necesarias que garanticen la pronta dotación de medicamentos para la salud de los niños.
Por lo anterior expuesto, se presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice de manera prioritaria los convenios y acciones necesarias a fin de dotar de medicamentos a los pacientes del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
Notas
1 Historia del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en
http://www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=103
2 Faltan medicamentos contra cáncer infantil en Hospital de la Niñez, 5 de enero 2020 en
http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/391962/faltan-medicamen tos-contra-cancer-infantil-en-hospital-de-la-ninez/
3 Piden continuar gestiones para medicamentos en HNO, 18 de enero 2020 en
http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/396799/piden-continuar- gestiones-para-medicamentos-en-el-hno/
4 Por desabasto, papás de niños con cáncer buscan asilo fuera de México. 21 enero 2020 en https://www.razon.com.mx/mexico/papas-ninos-cancer-asilo-desabasto/
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió, en noviembre de 2007, que el 20 de febrero se reconociera como Día Mundial de la Justicia Social, en donde existe el compromiso de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basadas en justicia, igualdad, democracia, participación, transparencia, inclusión y rendición de cuentas.
Este compromiso debe de ser acompañado por empleo pleno, producción, trabajo decente en particular para mujeres y jóvenes, estrategias nacionales de desarrollo que incluyan la reducción de la pobreza, se debe de estar consiente que la justicia social no se alcanzará si no existe paz, seguridad y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en la población.
La justicia social se puede alcanzar a través del crecimiento económico con desarrollo sostenible y utilizando las nuevas tecnologías contra problemas graves como crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión, desigualdad, entre otros, los cuales existen dentro de la sociedad, la economía debe respetar los límites del planeta, con una dependencia del bienestar humano con buenas relaciones sociales y justicia reconociendo el bienestar humano real y sostenible no solo un consumo material.
En la actualidad se señala que hay tres grandes concepciones de justicia social: como la correcta distribución de bienes, el reconocimiento a la diversidad cultural y relaciones armoniosas y en la participación de decisiones que afectan la vida de la comunidad.
El acceso a la justicia social implica promover el acceso a la igualdad para garantizar plena participación en la vida de una sociedad, en especial para los que han sido excluidos de manera sistemática por su raza, género, etnia, edad, educación, orientación sexual, nivel socioeconómico, discapacidad física o mental, características de origen o por pertenecer a cierto grupo.
La justicia social está basada en la convicción de que todas las personas tienen derecho a un trato igualitario, tienen derecho a recibir apoyo para la defensa de sus derechos humanos y el reparto igual de los recursos societales para que tengan acceso a la salud, empleo, alimentación y todas las necesidades para que una persona goce de una vida plena.
La cuarta transformación está cumpliendo con este importante compromiso hecho por las Naciones Unidas, con las reformas y programas sociales que se han puesto en marcha, cambiando las políticas neoliberales impuestas por gobiernos pasados, con políticas sociales que buscar el bienestar de la población mexicana, por lo cual las diputadas y diputados de esta legislatura debemos poner especial cuidado en las iniciativas que presentamos, ya que deben estar orientadas hacia la justicia social para lograr lo establecido a nivel mundial y apoyar las propuestas de nuestro presidente.
Bibliografía
- Resolución aprobada por la Asamblea General el 26 de noviembre de 2007. Día Mundial de la Justicia Social (ONU, 2007)
- Sánchez, Elsa-Fernández, Corral. Hacia una práctica comprometida con la justicia social (Universidad Iberoamericana, 2018)
Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2020.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con motivo del 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
El Día Mundial de la Justicia Social, establecido el 26 de noviembre de 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surge para hacer frente al imperativo económico de la globalización, que más que influencia e intercambios de tipo cultural, es en esencia, de profundas raíces económicas. Por ello, la necesidad de imprimir una dimensión social en la globalización, donde se provea de trabajo decente, desarrollo y la justicia social, en un ambiente de paz y seguridad.
De acuerdo con David Abulafia, autor del libro The Boundless Sea, desde el inicio de la historia humana, desde nuestra interacción con los mares hasta nuestros días, la vida de los seres humanos ha estado ligada no solo a la contaminación, a la destrucción, sino a la explotación del otro. Es por ello, la importancia de tener siempre presente la necesidad de trabajar por erradicar la pobreza, la promoción del empleo pleno y trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el bienestar social y la justicia social para todos.
Resulta primordial hacer conciencia de los pendientes que aún tenemos como país para eliminar cualquier síntoma de discriminación por razón de raza, discapacidad física o mental, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social por parte de algún miembro de la comunidad.
Por ello, quienes refrendamos el 14 de febrero del presente, nuestra participación en la Primera Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, lo hicimos para trabajar juntos en la erradicación de la pobreza, en la promoción del pleno empleo y la igualdad, el acceso al bienestar social y la justicia social. Para avanzar en la República de todos y para todos.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, coincidimos plenamente con estos principios, pues desde nuestros documentos básicos, la justicia social forma parte medular de nuestros objetivos políticos. En ellos se propone la construcción de un Estado de justicia social, que rompa con la tradición individualista, que incluya a las clases sociales más necesitadas y se reduzcan las desigualdades sociales. Para nosotros, la explotación del trabajo del hombre por el hombre, sólo podrá ser superada cuando logremos alcanzar una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y condiciones para todas las mujeres y todos los hombres, y será mediante el trabajo digno del ser humano que podremos hacer posible esta aspiración.1
Para 2020, la ONU configura esta celebración con el tema “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”.2
Notas
1 Partido del Trabajo, “Declaración de Principios”.
2 ONU, “Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero”, Disponible en: http://bit.ly/38AQPOH, Consultado el17 de febrero de 2020
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
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