Del diputado Jesús Alcántara Núñez, relativo a la Comisión Mixta México-Unión Europea, que se llevó a cabo del domingo 2 al jueves 6 de febrero de 2020 en Bruselas, Bélgica
Derivado de la inquietud de institucionalizar el dialogo político entre la México y la Unión Europea, que se inscribe en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (ALCUEM), también conocido como Acuerdo Global, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea se ha constituido a través de sus XXVII sesiones realizadas, como el principal espacio de diálogo y cooperación entre el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión mexicano.
La interacción entre ambos parlamentos ha contribuido en generar una amplia cooperación e intercambio de experiencias en diversos ámbitos que han contribuido en el fortalecimiento de las relaciones regionales y bilaterales, atendiendo las diferentes vertientes que integran el Acuerdo Global, como lo son el dialogo político, la cooperación y el comercio.
Esto ha permitido identificar áreas y visiones donde existen intereses compartidos, y cuyas sinergias han permitido el adoptar posturas comunes en diferentes foros internacionales. Migración, seguridad, derechos humanos, cambio climático, educación, intercambio comercial, y cooperación financiera, de forma adicional al Acuerdo Global, son algunos de los temas abordados en este espacio de encuentro entre legisladores mexicanos y europeos.
La institucionalización del dialogo político también ha impulsado el interés compartido de fortalecer la cooperación triangular y regional que han destacado la importancia de acciones conjuntas con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Son 4 los objetivos de este dialogo:
• Establecer entre México y la Unión Europea lazos duraderos de solidaridad que contribuyan a la estabilidad y prosperidad de sus regiones respectivas.
• Actuar en favor del proceso de integración regional y fomentar un clima de compresión y tolerancia entre los pueblos y las culturas respectivas.
• Abordar todos los temas de interés común.
• Abrir la vía de nuevas formas de cooperación en favor de los objetivos comunes, incluso mediante iniciativas conjuntas en el plano internacional y más concretamente, en los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo regional.
Temas que son de interés común y de sobrada relevancia, lo son sin duda el medio ambiente y cambio climático, como quedo de manifiesto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Cancún a finales de 2010 (COP16), en dicha conferencia se tomaron acuerdos con la presencia de delegados de más de 190 países. En este sentido, la Comisión Parlamentaria Mixta se ha pronunciado haciendo un llamado a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias que les permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollar los mercados de carbono, favorecer la transferencia de tecnologías verdes, así como fomentar la utilización eficiente de los recursos energéticos globales.
Para la realización de la sesión XXVII que se realizó en Bruselas, y que es de la que este informe rinde cuentas, se acordó de manera conjunta trabajar en 2 temas principales:
I. Formas de combatir la violencia de género en México y la UE y avanzar en la igualdad
II. Intercambio de experiencias positivas sobre medidas para proteger el medio ambiente
En lo que respecta al tema “I. Formas de combatir la violencia de género en México y la UE y avanzar en la igualdad”, la violencia de género es uno de los temas sustantivos y de mayor relevancia en la comunidad internacional, representa en sí mismo, unos de los mayores retos para la sociedad y por ende para el gobierno.
Para dimensionar la problemática en este punto, es importante considerar algunos datos y cifras que ONU señala a nivel mundial:
• 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
• Solo el 52 por ciento de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.
• Casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
• Una de cada dos mujeres asesinadas en 2017 fue por su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados.
• El 71 por ciento de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
• La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.
• De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, el 82 por ciento de legisladoras encuestadas en 39 países de 5 regiones indicó haber experimentado alguna forma de violencia psicológica durante su mandato, siendo las redes sociales el principal canal. Además, la mitad de ellas señaló haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra su persona o sus familias.
Atendiendo a lo anterior, el dialogo que se generó al realizar la primera ponencia permitió compartir los avances de México en esta materia, algunos de los cuales se compartieron con nuestros compañeros legisladores de la Unión Europea, y que brevemente enuncio.
En el caso de los compromisos asumidos por México dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 5 dirigido a “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las niñas y las mujeres”, se ha construido un marco jurídico integrado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En los últimos años se ha implementado en el país un enfoque transversal de la perspectiva de género en sus políticas públicas y programas de financiamiento específico para este sector, tales como Mujeres Pyme y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural.
En materia constitucional el principio de paridad de género se establece en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres para los Congreso federal y locales. Así, las legislaturas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República han alcanzado, por primera vez en la historia, la paridad de género. De forma análoga el Gabinete del Gobierno de México tiene la misma representación de hombres y mujeres.
Adicionalmente, a fin de consolidar mayores avances para la participación de las mujeres en la vida pública, el 5 de junio de 2019, el Congreso mexicano declaró la constitucionalidad de la reforma en materia de paridad de género, tras ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, y remitida para su aprobación a las legislaturas estatales.
Así, la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna integra la obligación de cumplir con el principio de paridad en los nombramientos para encabezar las dependencias del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como en las entidades; en la conformación de los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular; y en las elecciones en los municipios con población indígena. Además, se aprobó la incorporación de lenguaje incluyente en el reconocimiento de que mujeres y hombres son iguales ante la ley. Con esta nueva disposición, el Poder Judicial, cabildos municipales, órganos autónomos y gabinetes de los gobiernos federal y estatales tienen la obligación de establecer la paridad de género.
En congruencia con lo anterior, la postura de México, en materia de igualdad de género en el 74o. periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, fue seguir impulsando la igualdad de género y la no discriminación. Asimismo, defender los más altos estándares de derechos humanos de las mujeres y niñas en todos los aspectos desde la violencia hasta derechos y salud sexual y reproductiva, entre otros. De igual manera, se destacó la importancia y cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), a fin de identificar brechas y áreas de oportunidad para el goce de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.
En materia de violencia digital, el 22 de enero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las modificaciones realizadas al Código Penal de la Ciudad de México y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, con el objetivo de castigar a quien difunda o produzca videos, fotografías o imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento; las reformas a los códigos penales en México para reconocer la violencia digital como un tipo de delito y violencia contra las mujeres se conocen como “Ley Olimpia”. Actualmente, 16 entidades en el país han aprobado la Ley Olimpia. Las sanciones para las personas que comentan este delito incluyen penas de entre tres y ocho años de prisión, además de una multa económica que va de las 500 a las 1,000 Unidades de Medida y Actualización. Cabe mencionar, que la sanción se agravará si la víctima es un familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral con quien la cometa.
Los retos en materia de violencia de género en México y poder avanzar en la igualdad aún son muy grandes, es ahí, en la implementación dónde creemos que el dialogo generado entre la México y la Unión Europea, puede fortalecer en base a las experiencias exitosas, los instrumentos que permitan lograr un ejercicio pleno de los avances logrados en materia legislativa.
El segundo de los temas acordados en el programa fue el de “Intercambio de experiencias positivas sobre medidas para proteger el medio ambiente”, temas como cambio climático, sus causas y los esfuerzos internacionales para su mitigación y adaptación, centrándose de manera particular en los esfuerzos por parte del gobierno mexicano, fue el apartado en el que de manera particular tuve oportunidad de participar presentando una ponencia en cuatro grandes apartados:
I. Compromisos internacionales
II. Avances y experiencias de México en la materia
III. Implicaciones del cambio ambiental en la salud de los mexicanos
IV. Implicaciones económicas del cambio climático
V. Conclusiones
Participación que dio la oportunidad de intercambiar reflexiones acerca de los objetivos en los que coincidimos, y que me permito compartir en el presente informe.
Experiencias positivas en medidas sobre cambio climático y retos
El Estado mexicano ha sido pionero en impulsar medidas para mitigar el impacto del cambio climático. De esta forma, en 2012 aprobamos la Ley General del Cambio Climático, tres años antes del Acuerdo de París, que ratificamos el 21 de septiembre de 2016, sumándonos a los 184 firmantes.
Recordemos que el Acuerdo de París tiene como objeto “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, para lo cual se consideran diversas acciones, y una de ellas es mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC a través de esfuerzos denominados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de países miembros.
En este contexto, el país se comprometió a reducir de manera no condicionada 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2030, con respecto a la línea base, lo cual implica una reducción del 31 por ciento en la generación eléctrica, considerando como línea base 2013. Dicho compromiso internacional se encuentra sustentado en el marco normativo nacional, el cual, adicionalmente, contempla metas de energías limpias a mediano y largo plazo: 2024, 2030, 2034 y 2050.
Para lograr estos compromisos, en el ámbito legislativo, en México se ha construido un importante andamiaje jurídico para darle solidez a las acciones de mitigación del cambio climático y, sobre todo, a la creación de condiciones necesarias para asegurar la salud y la educación ambiental.
Después de hacer el análisis sobre la evolución de energía eléctrica y la proyección de emisiones de GEI asociadas, se ha llegado a la conclusión de que bajo el escenario analizado se estarían cumpliendo con las metas establecidas en el Acuerdo de París, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la Ley de Transición Energética (LTE).
Estas leyes establecen que se debe contribuir en la reducción de los GEI en la generación de energía eléctrica con al menos 31 por ciento para el año 2030, así como lograr el objetivo de energía limpias de 35 por ciento para el 2024.
Bajo los datos planteados en el Prodesen (Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional) 2019-2033 se llegaría a una reducción del 50 por ciento de emisiones de GEI con respecto a la línea base 2013.
Como conclusiones en la sesión anterior de este grupo, se dijo que debíamos trabajar en la educación ambiental; también hace falta robustecer el marco legal y, muy en particular, como un eje prioritario del gobierno, se tiene que fortalecer la implementación y respaldarla con presupuesto a programas de adaptación y mitigación.
Hoy es un gusto compartirles los avances legislativos impulsados por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para incluir la educación ambiental como materia obligatoria, para niños, niñas y adolescentes en México.
La educación ambiental es mucho más que información sobre el medio ambiente: aumenta la consciencia y enseña a los individuos a pensar de manera crítica, mejora las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Ahora, resulta urgente llevar esta educación a todos los ámbitos, el familiar y el laboral, toda vez que vivimos una emergencia climática.
Por otro lado, en el Partido Verde, tenemos la gran responsabilidad de presidir la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en ambas Cámaras del Congreso mexicano, y desde ahí hemos logrado el consenso y apoyo de legisladores de todos los grupos parlamentarios para impulsar una agenda legislativa ambiental acorde a los retos del presente.
Entre los temas que estamos trabajando en la agenda legislativa conjunta, destacan reformas a:
- La Ley General de Vida Silvestre
- La Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente
- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y
- La Ley General para la Gestión Integral de los Residuos
Hoy, 10 países en desarrollo han presentado y completado con éxito sus planes nacionales de adaptación al cambio climático, y los países desarrollados continúan avanzando para movilizar cien mil millones anuales para este año e invertir en acciones de mitigación.
Repasando, las NDC Contribuciones Nacionales Determinadas (o MCB por sus siglas en inglés), son compromisos de reducción de GEI que cada país, de manera voluntaria, asume.
En preparación de la revisión de la NDC, y para asegurar las condiciones de implementación, el gobierno mexicano, encabezado por la Semarnat, está elaborando el nuevo Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2020-2024, así como la Política Nacional de Adaptación (NAP).
Entre otras acciones emprendidas por el gobierno de México, se han emitido ya las reglas para un Sistema Nacional de Comercio de Emisiones, cuya fase piloto entrará en vigor a partir de enero del 2020, y se ha elaborado una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), que entrará también en vigor en 2020 como parte de la implementación de la NDC.
Implicaciones del cambio ambiental en la salud de los mexicanos.
No se puede abordar el tema del cambio climático sin hablar de su impacto en la salud de los seres humanos, ya que al formar parte de un mismo ecosistema, la aparición de alteraciones en uno de estos factores, afectará irremediablemente al otro.
Nos guste o no, los cambios en el medio ambiente condicionarán la salud de la humanidad en el futuro, por lo que entenderlos y atenderlos a fondo constituye un enorme desafío para los gobiernos.
La transformación del territorio derivada del cambio climático contribuye a intensificar las amenazas naturales, como deslizamientos, inundaciones, sequías, heladas, entre otros.
Estos eventos, a su vez, modifican las condiciones naturales que controlan los factores epidemiológicos y los vectores de propagación e impactan sobre la cantidad y calidad de agua y alimentos a los que acceden las personas, provocando de igual forma modificaciones en la calidad del aire, y todo ello tiene consecuencias sobre la salud humana.
Desde el año 2007, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático resaltó que los efectos en salud serán principalmente cargas adicionales en enfermedades diarreicas, desnutrición, enfermedades cardiorrespiratorias e infecciosas, y predijo que se aumentaría la morbimortalidad producto de olas de calor, inundaciones y sequías, presentándose cambios en el comportamiento de enfermedades de fácil propagación.
En la última década, estas repercusiones ya las hemos estado viendo en el país, es notorio que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, como los niños pequeños, los ancianos, los enfermos, los pobres y las poblaciones aisladas.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250 000 defunciones adicionales cada año.
Además, las temperaturas altas provocarán un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Esta situación es particularmente peligrosa para México, pues tenemos una de las ciudades más contaminadas del planeta.
El principal reto será cuantificar los impactos del clima sobre la salud debido a la gran cantidad de factores sociales, tecnológicos, demográficos y ambientales, pues resultan pieza clave para que, como legisladores, podamos fortalecer nuestra regulación ambiental con fundamento técnico y científico, enfocada en diseñar y emprender estrategias que proporcionen los mayores beneficios y que minimicen los costos económicos actuales, los cuales pueden causar en sí mismos impactos negativos en la salud de los mexicanos.
Es claro que el cambio climático está afectando de manera directa la salud de la población, pero esta situación también representa una carga para las naciones debido a que los sistemas de salud están teniendo una demanda mayor de sus servicios, con el costo que esto implica.
Implicaciones económicas del cambio climático.
La economía de un país está directamente relacionada con las consecuencias del cambio climático. Los desastres naturales, como inundaciones o huracanes, son costosos.
Basta ver lo sucedido en Australia en días pasados: los incendios forestales derivados del calentamiento global, no sólo han dejado pérdidas humanas y de flora y fauna, sino grandes pérdidas económicas que tendrán que ser solventadas con recursos económicos del propio país y con ayuda internacional.
La crisis mundial está dando lugar a un aumento en los costos de la energía y los alimentos, así las tensiones económicas por controlar las materias primas hacen que cada vez sean más costosas.
Para atender las afectaciones consecuencia del cambio climático, es necesario que se destinen recursos públicos para diseñar, presupuestar y ejecutar programas de salud o infraestructura que sirven para atender a los afectados.
Estos recursos públicos ejercen una presión directa a la economía nacional debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas.
Proteger el medio ambiente es caro. Para lograrlo, hay que implementar ciertas acciones que tienen un costo económico:
1. Diseñar y ejecutar campañas educativas y programas que garanticen la prevención y combate del cambio climático, garantizando la protección de derechos humanos a la salud y medio ambiente sano.
2. Diseñar y ejecutar planes y programas de remediación y recuperación de los ecosistemas impactados.
Es imperativo impulsar acciones para revertir el cambio climático y su impacto en la economía. Por ejemplo, en México el daño anual esperado por inundaciones fluviales es de siete mil millones de dólares, y por inundaciones costeras de 130 millones de dólares, provocadas por el cambio climático.
En grandes ciudades del mundo los impactos conjuntos de cambio climático local y global podrían representar entre 1 y 3 veces el PIB actual, y las pérdidas para México podrían rebasar mil millones de dólares en la década de 2020.
En un contexto internacional, las consecuencias del cambio climático son devastadoras para la economía mundial. Las olas de calor merman la capacidad de trabajo y la productividad. Los huracanes, ciclones y tifones dejan a millones de personas en la más absoluta pobreza tras arrasar poblaciones con total indiferencia.
Y las sequías reducen las cosechas, dificultando cada vez más la ardua tarea de alimentar a una población mundial que promete alcanzar los 10 mil millones de personas en 2050, según datos de la ONU.
El Banco Mundial advierte que si no adoptamos medidas de carácter urgente, los impactos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 100 millones de personas más en 2030.
Para enfrentar este problema se requiere de la colaboración del sector público y del privado, y es imperativo cambiar el modelo productivo hacia otro que garantice e impulse el desarrollo y el crecimiento económico sostenible.
Este contexto, poco alentador, es una señal de alerta que no podemos ignorar, es el llamado que urge atender para llevar a cabo acciones claras, fuertes y quizá poco populares, para poder mitigar los efectos del cambio climático.
Amigos legisladores:
México requiere avanzar en el tema de implementación de más y mejores medidas de mitigación. Nos enfrentamos a los siguientes retos:
1. Generar un liderazgo político sobre el tema de cambio climático y su implementación en México; ya tenemos el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y han hecho un esfuerzo, pero no es suficiente, tenemos que apoyarlos con presupuesto.
2. Claridad sobre las facultades institucionales y una coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Esto representa un reto en México.
3. Empoderar a los gobiernos locales, municipales, es muy importante porque ahí es donde realmente se da la batalla.
4. Desarrollar e implementar una estrategia financiera sobre el cambio climático.
5. Fortalecer políticas de rendición de cuentas claras y evaluación.
Por eso es muy importante el intercambio de experiencias en el seno de grupos de trabajo multinacionales como éste. Estoy seguro de que la cooperación entre naciones es la mejor vía para mitigar los efectos del cambio climático y, con ello, construir un mejor futuro para todos.
Finalmente me permito compartir que el análisis, discusión y contribuciones en la XXVII reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México Unión Europea, nos dio la oportunidad a la delegación de legisladores mexicanos, de fortalecer los lazos de fraternidad y colaboración, y de encontrar coincidencias en la búsqueda de mejores condiciones de estabilidad y prosperidad de México y la Unión Europea, formalizando el espíritu de la XVII Reunión en la declaración Conjunta.
Atentamente
Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica)