Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5460-VI, martes 18 de febrero de 2020

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a tutelar y garantizar las legítimas demandas laborales de sus trabajadores transitorios, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a levantar una consulta popular entre la población sin seguridad social que se halle en centros de salud y unidades médicas del primer al tercer niveles de atención sobre el servicio del Insabi, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas autoridades a hacer público un informe sobre la falta de abasto de fármacos, materiales de curación e instrumental médico, en especial para quirófanos, suscrita por las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Tecnm y la SEP a reformar los instrumentos de seguimiento y operación de los ingresos derivados de las cuotas de aportaciones voluntarias para no entorpecer el funcionamiento de los 126 institutos tecnológicos del país, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender, esclarecer y sancionar los actos de represión contra padres de los 43 normalistas, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer los tipos penales sobre la difusión de imágenes y videos relacionados con feminicidios y homicidios por servidores públicos y conducirse con diligencia, respeto y prudencia respecto a la intimidad y privacidad de las víctimas de feminicidios, homicidios y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Veracruz a suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil para garantizar la ejecución de acciones en beneficio de la niñez con discapacidad neuro-musculo-esquelética de la entidad, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a adquirir, abastecer y distribuir por la Ssa y la SHCP medicamentos y garantizar así el acceso al derecho a la salud de la población, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Poder Judicial de Sinaloa, así como a la STPS, a investigar lo ocurrido con la extinta empresa del ingenio azucarero de Los Mochis y dar seguimiento a la situación de los ex trabajadores, suscrita por las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo y Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa y la SEP a realizar campañas permanentes para atender, detectar y dar el debido tratamiento a trastornos mentales de niños y adolescentes de todo el país a fin de que mantengan una salud mental óptima, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a emitir la declaratoria de emergencia sanitaria para la cuenca Lerma-Chapala por las altas concentraciones de contaminantes presentes y los elevados y letales riesgos que provocan en la salud de la población, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT, y las Direcciones Generales de los Canales del Congreso y Judicial a instaurar acciones para garantizar a las personas con discapacidad visual la accesibilidad a los contenidos transmitidos, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, y los gobiernos federal y de Coahuila a promover medidas para que deje de extraerse el agua del área natural protegida de Cuatro Ciénegas, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a fortalecer por el secretario de Seguridad la estrategia para prevenir y combatir la trata de personas en la entidad, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Sader y el Senasica con distintos gobiernos locales apoyos, vigilancia y acciones para tratar la varroasis en favor de los apicultores, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a respetar y reconocer por el INM a la sociedad civil en las estaciones migratorias y estancias provisionales en beneficio de los migrantes, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y sus homólogas locales a capacitar con perspectiva de género a los agentes del MP y el personal que atiende o investiga delitos cometidos contra las mujeres, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar con el Insabi y las autoridades sanitarias locales competentes la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a reforzar los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a colaborar por la Conagua con el gobierno de Chihuahua para generar acciones y solucionar la problemática de la presa La Boquilla, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar y ejecutar con el INM políticas públicas transparentes y eficaces que privilegien el respeto de los derechos humanos de los migrantes, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar condiciones dignas en todas las estaciones migratorias, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, la Sader y la Conapesca a intensificar la vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas en Cihuatlán y La Huerta, Jalisco, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a adoptar medidas administrativas para atender la alerta y emergencia internacionales del nuevo coronavirus Covid-19, 2019-nCoV, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conanp a realizar acciones de conservación y protección del águila real, suscrita por las diputadas Silvia Guadalupe Garza Galván y Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a publicar por la SHCP el nombre y número de los programas sectoriales y especiales derivados del PND 2019-2024 que han obtenido dictamen previo y la aprobación presidencial, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tribunales de justicia locales a reforzar la aplicación y el control del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, a efecto de evitar la violencia institucional contra ellas, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar por la SRE y la Secretaría de Bienestar un mecanismo que sirva para que las organizaciones civiles de mexicanos en el extranjero propicien y garanticen la participación económica en la mejora de sus comunidades de origen; y a diseñar e instaurar políticas públicas, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y Pemex a difundir el plan estratégico y operativo para frenar la caída de la producción y exploración petroleras observada en 2019 y el sensible decremento de la elaboración de petrolíferos, particularmente gasolinas en el sistema nacional de refinación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades educativas a emprender acciones a efecto de atender y erradicar la violencia contra las mujeres; y a la Jucopo de esta soberanía, a realizar un coloquio plural destinado a analizar, discutir y construir propuestas para erradicar en el nivel educativo superior la violencia y discriminación en razón de género, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a iniciar el saneamiento definitivo y permanente de la cuenca Lerma-Chapala, dadas las altas concentraciones de contaminantes en ella y los elevados y letales riesgos para la salud pública, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la UNAM a implantar políticas de prevención y atención del acoso sexual contra mujeres y los feminicidios en las instalaciones universitarias, modificar su marco normativo e instaurar programas de difusión, entre otras medidas adoptables en el ejercicio de su autonomía y posibilidad de creatividad, investigación y consulta a la comunidad académica y estudiantil, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ayuntamiento de Tlalmanalco, México, a implantar medidas que garanticen la seguridad de la población, al tiempo de asumir el compromiso y la responsabilidad con los animales para lograr un trato digno y respetuoso hacia ellos, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a resolver el conflicto limítrofe, territorial y ejidal entre Cintalapa, Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, a cargo del diputado Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la transparencia y el acceso a la información pública establecidos en el marco normativo sobre el gasto en medicamentos y los indicadores de la efectividad de los servicios públicos de salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP y los 213 OIC a establecer en las dependencias y entidades federativas correspondientes mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México a garantizar en el marco del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del feminicidio una expedita procuración de justicia ante los casos de violencia de género contra trabajadoras sexuales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa a continuar el seguimiento del caso y resolver de manera urgente los planteamientos actuales de los familiares de los 43 estudiantes, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a fortalecer con sus homólogas locales los programas y las campañas de toma de conciencia sobre el desperdicio de alimentos en los hogares y el sector industrial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México y el Imepi a destinar recursos y trabajar en la creación de un laboratorio de certificación de productos pirotécnicos, conforme a estándares internacionales, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SE y la SSPC a llevar un constante registro de los vehículos propiedad de las personas deportadas o que han retornado, y regularizarlos, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a instaurar un plan de acción urgente para contener y combatir los feminicidios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a implantar acciones de vigilancia y resguardo de la sustentabilidad de la región minera de Calpulálpam de Méndez, Oaxaca, derivado del amparo que canceló contratos a empresas canadienses, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales, la SEP y la Secretaría de Bienestar a instaurar mecanismos de cultura y fomento de valores ambientales para crear en la población conciencia ética sobre el manejo responsable de la basura, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SEP a poner en marcha un programa para prevenir el suicidio en menores de 15 años, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al INAI, la Profeco y la Condusef a instaurar medios que fomenten en la población una cultura sobre la protección de sus datos personales en posesión de las empresas establecidas en México, pues ello representa un derecho fundamental, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía a crear una subcomisión para revisar, analizar y proponer una solución a la situación de los jubilados y pensionados del ISSSTE que no han tenido respuesta a sus demandas de actualización del bono de despensa y previsión social múltiple, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a tipificar en los respectivos códigos penales las conductas relativas a obtener, compartir o difundir imágenes y videos íntimos de contenido sexual de otra persona sin su consentimiento, a cargo de la diputada Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a hacer públicas las quejas presentadas por los usuarios de transporte aéreo y dar cuenta de si hubo sanción y compensación en el periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2019, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

Efemérides

Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT
Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a tutelar y garantizar las legítimas demandas laborales de sus trabajadores transitorios, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Dirección General y subsidiarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objeto de tutelar y garantizar las legítimas demandas laborales de los trabajadores transitorios de Pemex, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el marco del Plan Nacional de Refinación que presentara e implementara el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el mes de diciembre de 2018, tiene como puntos torales la rehabilitación de las refinerías en Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz, y se construirá una nueva en Dos Bocas, Tabasco, lo que permitirá el garantizar la soberanía energética de la nación.

Segunda. En esta misma tesitura, el Plan Nacional de Refinación coadyuvará de manera definitiva a recuperar la producción de los combustibles que requiere el país para su desarrollo pleno, dotar a los mexicanos de estos recursos a precios más justos, y propiciar una importante derrama económica en el Sureste mexicano. En este mismo tenor, la titular de la Secretaría de Energía, la ingeniera Norma Rocío Nahle García, sostuvo que con la construcción de la nueva refinería se crearán, en el pico de su construcción, 23 mil empleos directos y 112 mil indirectos en la región, un total de 135 mil nuevas fuentes de trabajo, lo que sin lugar a dudas frenará el desmantelamiento y sistemática privatización de Pemex que se había venido proyectando por los intereses neoliberales y de la cual este gobierno ha dado pasos decisivos en el rescate a la industria petrolera nacional, así como establecer una ruta clara para recuperar la rectoría del sector energético, lo que nos permitirá cumplir con nuestro objetivo social de la redistribución de la riqueza, así como establecer modelos de política pública modernos y vanguardistas con las demandas del sector de acuerdo a los estándares internacionales, en sintonía con las demandas e intereses nacionales.

Tercera. En consecuencia, como subrayase Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos en la presentación del citado plan, cito: “No más privatización ni desmantelamiento de las instalaciones, ni desplazamiento en las actividades de las y los trabajadores del sector energético de nuestro país”.

Cuarta. Precisamente, es en el anuncio del gran proyecto económico, tecnológico e industrial que representa la construcción de la séptima refinería en México: la refinería de Dos Bocas por parte del gobierno federal, en la que se hace hincapié del punto toral de la presente iniciativa; ya que la columna vertebral del rescate, transformación y eje generador del sector energético que permita la soberanía económica tan necesaria en nuestro país, la vamos a lograr con el reconocimiento a la capacidad de los trabajadores petroleros comprometidos con México, que saben hacer las cosas, que ya demostraron que en México sí somos capaces, que sí podemos.

Quinta. En suma, se presenta ante esta Cámara de Diputados y Diputadas, y la cual es consecuente con la alta responsabilidad de que la industria petrolera sea el orgullo de todos los mexicanos, contando para su rescate con trabajadoras y trabajadores especialistas con alta calificación en sus áreas de expertise que cumplan con las funciones, responsabilidades y necesidades de la paraestatal en función del estricto apego al baremo que de manera coordinada se replique en todas la refinerías de la República Mexicana. Es decir, que en cada uno de los centros de refinación del país se generen listas de trabajadores y trabajadoras que cuenten con la categoría de eventuales, por honorarios, por obra determinada, suplentes y jubilados, los cuales sean prioritariamente considerados para ocupar las vacantes que la propia industria demande en los tiempos y formalidades que determinen los consejos de administración, las direcciones de recursos humanos, las direcciones por área de especialidad determinada y las gerencias que las refinerías consideren.

Sexta. La citada propuesta que denominamos “Mesas de transitorios”, se erige pues, como la sinergia de capital humano que tiene por objeto impulsar el desarrollo de la industria petrolera a través de listas especializadas de trabajadoras y trabajadores cuyos criterios de selección estén razonados bajo los lineamientos legítimos de antigüedad al servicio de la empresa, área de especialidad, ejemplar trayectoria durante el servicio público y departamentos a los que ha estado adscrito durante el servicio.

Séptima. Cabe destacar que la propuesta de mesas de transitorios asume la teleología de contratar a una trabajadora o un trabajador que se encuentre en el padrón de las listas previamente registradas y barometradas por las refinerías, a fin de que, si surge el supuesto de contratación, la tesis que primará será la de revisar si entre la mesa de transitorios de las refinerías se cuenta con el profesional idóneo al perfil requerido, teniendo éste preminencia en la asignación del contrato. Dado el caso de no contar con profesionales que cumplan con los principios de idoneidad y eficacia, la refinería podrá contratar a personal en lo individual o empresas subsidiarías externas que coadyuven en el cumplimiento del servicio de Petróleos Mexicanos.

Por todo lo anterior, consideramos que la tutela y defensa de los derechos humanos, a través de la construcción de modelos garantistas de políticas públicas enfocadas al mejoramiento del marco convencional internacional, bajo el precepto de la reingeniería de las instituciones del Estado mexicano conforme a su autonomía de gestión, con un enfoque ético y de establecimiento de las responsabilidades de quienes actúan conforme a los axiomas constitucionales; según lo establece el artículo 1o., párrafo segundo, el artículo 76o., artículo 123 y 133° de la carta fundamental.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General y subsidiarias de Petróleos Mexicanos con el objeto de tutelar y garantizar las legítimas demandas laborales de los trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Sandra Paola González Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a levantar una consulta popular entre la población sin seguridad social que se halle en centros de salud y unidades médicas del primer al tercer niveles de atención sobre el servicio del Insabi, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales discursos de esta administración han sido la transparencia y rendición de cuentas en las dependencias gubernamentales con el objetivo de eliminar o reducir las irregularidades de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las mismas. Sin embargo, el acceso a la información no es suficiente para generar los vínculos honestos necesarios para crear un sistema jurídico político justo y eficaz, en el que la ciudadanía confía.

En un afán de crear un gobierno honesto, transparente, incluyente, diferente a las demás administraciones, han recurrido a instrumentos como la consulta popular, como un mecanismo a través del cual la población sea incluida y tomada en cuenta en las decisiones en temas tan relevantes como en su momento fue la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto o la construcción del tren maya.

Siguiendo la línea que impone este gobierno, referente a la cancelación de la prestación del Servicio del Seguro Popular y de la manifestación reiterada de los derechohabientes, por la falta de atención y percepción de los medicamentos por parte del Insabi, es por lo anterior que tenemos la obligación de transparentar si este instituto cumple con lo requerido o es necesario tomar otras opciones y medidas como lo han mencionado reiteradamente expertos en el tema y dar pauta a que se mejore este servicio, por ello las herramientas como la consulta popular, como lo ha hecho anteriormente nuestro gobierno, nos ayudara a visualizar y saber si debemos de considerar otras opciones de expertos que ayuden a la población derechohabiente del Insabi.

• Ya que hablamos de 71 millones de derechohabientes del Seguro Popular a quienes se les ha suprimido el servicio;

• Debemos de conocer a detalle los servicios de atención médica gratuita que suprime el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), respecto del anterior diseño;

• El alza sin explicación de la cuota de recuperación de los servicios de tercer nivel de atención, que se tiene que dar por el servicio del Insabi, el cual debe de ser completamente gratuito;

• Los derechos sociales que se están perdiendo por este retroceso en la salud pública en México;

• Con la cancelación del Seguro Popular se ha dado un retroceso ya que este otorgaba una póliza de cobertura real del sistema de salud

• En el tema cuantitativo es un retroceso para los derechohabientes y en el tema cualitativo había deficiencias las cuales como en todo sistema se podían mejorar, pero hasta el momento no se tiene un estudio detallado que nos demuestre las cualidades del nuevo instituto.

• Los 71 millones de ex beneficiarios del Seguro Popular han perdido también el derecho a la atención gratuita del cáncer y la realización de trasplantes, así como la cobertura personal, no por enfermedad determinada, no solo del beneficiario, sino también de su familia.

• La supresión de servicios, por ejemplo, la de los niños con cáncer.

Las razones aducidas de que había que cambiar el sistema para combatir la corrupción, suprimir los negocios con medicinas y ajustar el abuso en los sistemas de salud de los estados, no apuntan al corazón social del problema, ya que la manera en que se han hecho las cosas en esta administración han sido sin documentos de investigación, ni de impacto que pueda sustentar los cambios que se han dado en temas tan relevantes como es la salud de los mexicanos. Y el dicho de que el Seguro Popular ni era seguro ni era popular, es simplemente una mentira.

Es por lo anterior que hoy presento este Punto de Acuerdo con este tema de gran relevancia y tan sensible como es la salud de todos los mexicanos, que es imperante conocer si están de acuerdo con los cambios que ha hecho este gobierno en el tema de salud y sobre todo si están conformes con la eliminación del Seguro Popular, o si prefieren que los cambios en este rubro sean de una manera gradual y realmente gratuita para todos los niveles de atención 1º, 2º y tercer nivel.

También es importante puntualizar como el mismo Presidente lo ha dicho en la mayoría de sus discursos la transparencia es la obligación que tiene el gobierno a informar y dar a conocer las actividades y decisiones que realiza en la administración pública, su funcionamiento, implicaciones que tienen en contra de la población, siendo este un medio más por el cual se transmite la confianza al pueblo y la credibilidad de sus acciones.

Es por ello que propongo establecer una consulta popular, referente a la desaparición del seguro popular y las consecuencias que este ha traído, preguntándole a los mismos beneficiarios, ciudadanos y población en general, si está de acuerdo con este cambio, si sabe cómo funciona el Insabi, si está enterado de que debe de pagar por el servicio, la cual se llevaría de la siguiente manera y sin ningún costo solo una promoción masiva en redes sociales, con ayuda de la misma población:

– Hacer una promoción masiva en redes sociales oficiales del ejecutivo federal;

– Invitar a los ciudadanos mayores de 18 años a que hagan la encuesta a las personas que tengan a su alcance;

– Hacer preguntas muy específicas sobre el servicio que prestaba el Seguro Popular, sus beneficios, las consecuencias por quitarlo y si conocen las razones, si quieren que se vuela a establecer un sistema totalmente gratuito;

– Si saben que es y cómo se maneja el Insabi,

– si están de acuerdo con la cuota de recuperación,

– Las entrevistas se deberán de transmitir por redes sociales como Facebook, Instagram y twitter, para que se dé la transparencia que se necesita y la efectividad de las redes sociales;

– El Ejecutivo Federal en vivo en las mismas redes sociales, hará la contabilidad de los votos de los encuestados con ayuda de su personal de comunicación y asaciones de la sociedad civil y medios periodísticos que quieran participa y dará los resultados.

– Se utilizará las conferencias mañaneras para dar los resultados finales.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal realice una consulta popular, a la población sin seguridad social que se encuentren en centros de salud y unidades médicas del primer al tercer nivel de atención, sobre la atención que está brindando el Instituto de Salud para el Bienestar, y conocer si están de acuerdo con la atención y calidad de los servicios de salud, la cuota de recuperación que se les solicita en el tercer nivel de atención y si los medicamentos que requieren en cada caso los reciben de manera pronta y oportuna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas autoridades a hacer público un informe sobre la falta de abasto de fármacos, materiales de curación e instrumental médico, en especial para quirófanos, suscrita por las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

Las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Frinné Azuara Yarzábal , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los temas más sensibles para nuestra sociedad es el cuidado de la salud de las personas que requieren un tratamiento médico, donde las medicinas se deben tomar por un tiempo prolongado o de por vida, mucho más cuando la vida del paciente depende de ello.

Son miles de recetas las que no se surten, en la gran mayoría de las ocasiones los medicamentos no están al alcance de la economía de miles de familias.

No puede existir un verdadero desarrollo social sin apostar por un sistema de salud de calidad que garantice los medicamentos esenciales y los fármacos de especialidad para las enfermedades crónicas.

Por ello, no es posible hacer caso omiso a las demandas de los usuarios de los sistemas nacionales de salud, de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Los casos están documentados: las demandas de los afectados y los reportes por faltas en el surtido de recetas son prueba de lo que padecen los usuarios de los servicios médicos del sistema de salud a nivel nacional.

En días pasados con la presencia de Jorge Alcocer, secretario de Salud, e Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), médicos y enfermeras del área de cirugía del Instituto Nacional de Neurología aseguraron a los funcionarios que hay escasez de materiales como gasas, sedas, guantes para operar y suturas. “No hay ni batas, no tenemos ni jabón para lavarnos las manos, cada quien compra jabón líquido”, denunció el personal.1

Los trabajadores también denunciaron que desde que en este Instituto se contrató el servicio de farmacia, el desbasto de medicamentos es peor.

“Solicitamos un medicamento hemostático (para ayudar a la coagulación) y tarda media hora en llegar, cuando eso se necesita rápido”.

Ante la escasez, relataron a los titulares de las secretarías de Salud y de la Función Pública que deben pedirles a los familiares de los pacientes que compren los medicamentos y el material.

Derivado de la demanda de usuarios y personal médico de varios institutos de salud, es indispensable que las y los legisladores conozcamos detalladamente los procedimientos que se han estado implementando para la licitación, contratación y distribución de materiales, equipo y medicamentos para los hospitales.

También nos enteramos de las protestas que durante meses han dado los padres de niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes cerraron los accesos a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa mediante un escrito a que no habrá desabasto de medicamentos a nivel nacional.2

Las manifestaciones se replicaron en otros estados de la República Mexicana como Veracruz, Chihuahua y Puebla.

Las escenas conmovieron al país. Cientos de testimonios de los pacientes menores de edad se hicieron públicos y evidenciaron la cruda realidad que viven al interior de las instituciones médicas por la falta de fármacos y la nula atención que reciben.

Diversos padecimientos requieren de medicamentos que son vitales para que el paciente se mantenga con vida, casos de VIH, cáncer, leucemia, cardiacos, renales por mencionar solo algunos, son padecimientos en donde las personas no pueden esperar meses para continuar con su tratamiento, ya que de ello depende la prolongación de su vida.

El pasado 24 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo marco jurídico que dio origen al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual prevé que los servicios públicos de salud estarán regidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad.

Para materializar lo anterior, aquellas personas que no cuentan con IMSS o Issste podrán recibir servicios médicos con tan solo presentar una identificación oficial, adicionalmente, de conformidad con el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud, se estableció que “Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados , al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.”

Por otro lado, con las reformas aprobadas se eliminó el Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos del Sector para crear el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en donde se deben encontrar los medicamentos e insumos para el primer nivel de atención médica, con la denominación de Cuadro Básicos de Insumos, y para el segundo y tercer nivel, se denominará Catálogo de Insumos.

A pesar de lo anterior, desde el gobierno federal se han generado una serie de contradicciones en torno a la gratuidad del servicio médico que prestará el Insabi. Mientras el Ejecutivo federal mencionó en su conferencia matutina que los servicios médicos no se cobrarán ya que este año hay presupuesto y afirmó que éstos y los medicamentos serán 100 por ciento gratuitos, la Secretaría de Salud informó mediante un comunicado que los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales brindarán atención de tercer nivel, es decir, de muy alta especialidad los cuales estarán sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios.

Mientras el gobierno federal se coordina respecto de la gratuidad en el Insabi, es un hecho de que actualmente existen muchos casos documentados en la prensa nacional en el último año sobre la falta de medicamento en el Sistema de Salud Pública, pero además le puede implicar serios problemas porque la ley claramente marca como una falta grave que a un paciente se le retire su tratamiento.

Los nuevos mecanismos que están implementando la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud deben garantizar el abasto de medicamento y no entorpecerlo.

Por todo lo anteriormente fundamentado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, a los Institutos de Seguridad Social, a los Institutos Nacionales e Instituciones de Salud para el Bienestar, hagan público un informe sobre la falta de abastecimiento de medicamentos y fármacos, materiales de curación e instrumental médico, en especial para quirófanos en los Institutos Nacionales de Salud.

Notas

1. https://www.animalpolitico.com/2020/02/medicos-enfermeras-neurologia-de nuncian-desabasto-insumos-operar/

2. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/padres-de-ninos-con-cancer-bloque an-accesos-al-aeropuerto

Fuente

1 2010052. IX.1o.1 CS (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, septiembre de 2015, Pág. 2014.

Dado en el pleno la Cámara de Diputados, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

Diputadas

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Tecnm y la SEP a reformar los instrumentos de seguimiento y operación de los ingresos derivados de las cuotas de aportaciones voluntarias para no entorpecer el funcionamiento de los 126 institutos tecnológicos del país, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

EL que suscribe, diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, numeral 1, fracción I y VIII; artículo 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las autoridades del Tecnológico Nacional de México y de la Secretaría de Educación Pública, a reformular los instrumentos de seguimiento y operación de los ingresos derivados de las cuotas de aportaciones voluntarias, a fin de no entorpecer el funcionamiento de los 126 institutos tecnológicos y centros federales del país, y a vigilar que desde la Dirección General no se incurra en posibles actos de corrupción, que vulneren el patrimonio y funcionamiento de dicha institución.

Consideraciones

El decreto por el que se crea el Tecnológico Nacional de México, en su artículo 2o., fracciones I y V respectivamente, señala como parte de su objeto:

I. Prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior tecnológica, a través de “Los institutos, unidades y centros”, en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada –a distancia– y mixta; así como de educación continua y otras formas de educación que determine “El tecnológico”, con sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y de conformidad con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

...

V. Ofrecer la más amplia cobertura educativa que asegure la igualdad de oportunidades para estudiantes en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, impulse la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad;

Para lo cual se le faculta, en el artículo 3o., fracción IX:

IX. Auxiliar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Educación Pública, en la distribución y transferencia de los recursos federales destinados a los organismos descentralizados de las entidades federativas que impartan educación superior tecnológica, de conformidad con el presupuesto aprobado para dichos fines, las disposiciones jurídicas aplicables y los convenios que al efecto se suscriban con los gobiernos locales;

De ello, cabe destacar que el Tecnológico Nacional de México, no sólo obtiene recursos que provienen de la federación, que para el actual ejercicio fiscal de 2020, la Cámara de Diputados tuvo a bien autorizarle 17 mil 283 millones 610 mil 678 pesos, sino que también tiene recursos por diversos derechos, aprovechamientos y productos. Destacando sobre el particular, el concepto de “Aportaciones voluntarias” que ascienden a cerca de 2 mil millones de pesos, y que contribuyen a garantizar alrededor de una cuarta parte de la contratación por honorarios de profesos que cubren asignaturas de ampliación de la demanda. Constituyendo un recurso indispensable para la operación de diversos institutos tecnológicos a lo largo y ancho del país.

Se reconoce que el ejercicio de estos recursos adicionales, no están exentos de ser transparentes tanto en su administración, como en el destino que tienen. Pero si se advierte, que dichos recursos son parte del patrimonio del plantel que lo genera, así se establece en el artículo 12, fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, que a la letra dice:

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

...

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Por ello, resulta de suma importancia modificar el esquema propuesto por la actual administración del Tecnológico Nacional de México encabezada por el doctor Enrique Fernández Fassnacht, que busca centralizar las “Aportaciones voluntarias” de todos los institutos tecnológicos y centros federales, vulnerando con ello la labor educativa de dichos planteles, dado que se verán entorpecidas las contrataciones correspondientes que se realizan con cargo a tales re cursos, así como la compra de diversos materiales que son utilizados para el quehacer cotidiano de tales centros educativos.

Estamos completamente de acuerdo que deben generarse mejores mecanismos de seguimiento en la aplicación de dichos recursos. Sin embargo, dicha estrategia, debe privilegiar que los planteles donde se generen sea donde de apliquen en beneficio de la comunidad estudiantil que generosamente aporta a mejorar la calidad de los servicios que recibe.

Por ello, acudimos a esta tribuna para solicitar el respaldo a la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del Tecnológico Nacional de México y de la Secretaría de Educación Pública, a reformular los instrumentos de seguimiento y operación de los ingresos derivados de las cuotas de aportaciones voluntarias, a fin de no entorpecer el funcionamiento de los 126 institutos tecnológicos y centros federales del país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Académico del Tecnológico Nacional de México a vigilar que desde la Dirección General no se incurra en posibles actos de corrupción, que vulneren el patrimonio y funcionamiento de dicha institución.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de febrero de 2020.

Diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender, esclarecer y sancionar los actos de represión contra padres de los 43 normalistas, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Fiscalía General de la República a atraer e investigar el caso y al Ejecutivo federal, al gobierno de Chiapas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atender, esclarecer y sancionar los actos de represión contra padres de los 43 normalistas , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado domingo 16 de febrero fue de conocimiento público a través de medios de comunicación y redes sociales que integrantes de la “Caravana Sur en Busca de los 43”, así como integrantes de la comunidad de la escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron agredidos por elementos de la policía estatal.

La página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan publicó al respecto un comunicado urgente que por su trascendencia se transcribe a continuación:

“Alrededor de las 6 de la mañana de este día arribaron las Madres y padres de familia de los 43 a la escuela Normal Rural Mactutzá Chiapas, como parte de las visitas que tienen programadas en todas las escuelas normales rurales del país.

El programa era almorzar de 8 a 9, de 10 a 11, reunión con la base estudiantil, de las 12 a las 14 horas reunión con las organizaciones sociales y a las 5 de la tarde la marcha con todas las organizaciones.

Sin embargo, a las 8 de la mañana, más de doscientos policías estatales con tanquetas y bombas de gas lacrimógenos se apostaron en la entrada de la Escuela Normal sin explicación válida alguna. Alrededor de las 8 y media de la mañana los Policías sin ningún protocolo empezaron a tirar los proyectiles de gas lacrimógeno hacia los Padres y madres de los 43 y estudiantes normalistas, la represión duró por espacio de una hora con un saldo de tres estudiantes heridos, dos madres y su nieta de tres años. Dos estudiantes fueron impactados con un proyectil en la cabeza uno de ellos de Ayotzinapa y se reportan como graves están recibiendo atención medica en la policlínica ubicada en la avenida quinta Norte. Las madres de familia se encuentran en la Escuela normal sin poder salir para recibir atención médica porque la escuela sigue sitiada por la Policía Estatal.

Las madres y padres de familia de los 43 condenamos la represión desplegada y exigimos pronta atención médica a los lesionados, que se abran los procesos penales y administrativos para establecer responsabilidad a los servidores públicos que incurrieron en uso excesivo de la fuerza y se permita la realización de los ulteriores actos de información, difusión y protesta pacífica de las madres y padres de los 43.

La denuncia y exigencia de presentación vida de los 43 estudiantes pretende ser silenciada por el gobierno del Estado. Es inconcebible la actitud autoritaria que evidencian las autoridades de este lugar pisoteando todos los derechos constitucionales y las libertades.1

A pesar de la difusión mediática que tuvieron los videos de los citados actos de represión, en los que resulta evidente el uso excesivo de la fuerza en el que se incurrió, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas emitió un comunicado en el que omiten mencionar los sucesos violentos ocurridos por la mañana y aseguran haber garantizado la libre manifestación durante otra manifestación que ocurrió por la tarde y en protesta a la represión.

“En total apego al mandato constitucional de respetar la libre manifestación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) garantizó la seguridad de la caravana de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que marcharon este domingo por las principales calles de la capital chiapaneca. Asimismo, se resguardó la vialidad para permitir el libre tránsito vehicular.

Alrededor de las 18:00 horas de este domingo, un grupo de aproximadamente 250 personas partió de la exfuente Mactumactzá. Entre los manifestantes iban alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, integrantes del Mocri, de la organización Flores Magón y desplazados del ejido Puebla.

La marcha avanzó sobre el boulevard Belisario Domínguez con dirección hacia el Parque Central. En todo el trayecto elementos de la SSyPC, en coordinación con elementos de Tránsito Municipal, apoyaron en la vialidad para evitar embotellamientos vehiculares, haciendo los cortes a la circulación y desviando el flujo vehicular hacia vías alternas.

Durante la estancia de los manifestantes frente a Palacio de Gobierno, los elementos de seguridad pública estatal y municipal se mantuvieron atentos, sin interferir en la marcha mitin de los normalistas y organizaciones sociales.

Tras prenderle fuego a una botarga de cartón, los manifestantes se retiraron alrededor de las 20:40 horas a bordo de varios autobuses, hacia la Escuela Normal Rural Mactumactzá. La manifestación transcurrió sin novedad.

Con estas acciones el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, garantiza la libre manifestación consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando no se afecte el derecho de terceros. Asimismo, se mantiene la vigilancia policíaca permanente para garantizar también la tranquilidad y seguridad de las y los chiapanecos.”2

En tanto, el gobernador del estado se limitó a publicar en su cuenta de Twitter un escueto comunicado afirmando que “En Chiapas prevalece la justicia, respetamos los derechos humanos y todo tipo de libertades. Cualquier acto de provocación y violencia se condena y se investiga. Nos sumamos con los padres y maestros de Ayotzinapa en la búsqueda de sus hijos, bienvenidos a Chiapas.”,3 el cual no reconoce ni condena los abusos de autoridad cometidos y evidencia que tampoco parece haber intención del gobierno de la entidad para investigar y sancionar a los responsables de lo sucedido.

Resulta grave y preocupante que el gobierno de la entidad pretenda anular el derecho a la protesta mediante el uso excesivo de la fuerza y además se pretenda ocultar lo sucedido, especialmente cuando se trata de un grupo de padres de víctimas de la violencia, al que el Estado ha sido incapaz de atender en su legítima demanda de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción sobre la investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía estatal de Chiapas en contra la Caravana Sur en Busca de los 43, así como integrantes de la comunidad, de la escuela Normal Rural Mactumactzá, el pasado 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que se finquen responsabilidades contra quienes resulten responsables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer coordinación con los gobiernos de las entidades para garantizar la integridad y el derecho a la protesta de quienes se manifiestan por el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas a atender y reparar el daño a quienes resultaron lesionados como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de la entidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar los actos de represión acontecidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 16 de febrero de 2020, con objeto de emitir una Recomendación.

Notas

1 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Comunicado. Policías Estatales del Estado de Chiapas reprimen la Caravana en Busca de los 43, http://www.tlachinollan.org/comunicado-policias-estatales-del-estado-de -chiapas-reprimen-la-caravana-en-busca-de-los-43/

2 https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/WWve2-2F-6pnzE-3D-

3 https://twitter.com/rutilioescandon/status/1229217219042783232?s=20

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de febrero 2020,

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer los tipos penales sobre la difusión de imágenes y videos relacionados con feminicidios y homicidios por servidores públicos y conducirse con diligencia, respeto y prudencia respecto a la intimidad y privacidad de las víctimas de feminicidios, homicidios y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto , diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En días pasados fuimos testigos del lamentable feminicidio de Ingrid Escamilla. Una joven asesinada con saña por un individuo que, posterior a su feminicidio, intentó deshacerse de su cuerpo de una manera inenarrable. La barbarie de la violencia contra la mujer en su más amplia expresión.

Desde luego, muchas manifestaciones de rechazo se hicieron evidentes de forma casi inmediata. Autoridades y representantes de los diferentes poderes y niveles de gobierno, así como la sociedad civil en su conjunto, en un claro acto de solidaridad y rechazo contra la violencia, manifestaron su posición contra la imperante condición estructural de violencia contra la mujer, que encuentra su más lacerante manifestación en la violencia feminicida.

Al tiempo que la sociedad nos reclamaba justicia para Ingrid, en redes sociales se difundía —desgraciadamente con el mismo grado de celeridad—, el cuerpo mutilado de la joven Escamilla, que reflejaba una violencia desmedida, una vejación en los límites de lo humanamente conocido.

La difusión de las fotografías de la mujer se constituyó, enseguida, en la continuación de la humillación y violencia sufrida en un primer momento. Se afectó su imagen, la dignidad que merece, y se convirtió indebidamente en un objeto de consumo para nutrir el morbo de cierto sector de la sociedad.

Incluso si alguno no tenía la intención de buscar la fotografía de forma intencional, era altamente probable que se difundiera por medios amarillistas, por medios de comunicación o por individuos con mayor o menor influencia y poder de difusión.

Por supuesto, no pretendemos regular los contenidos en medios tradicionales ni en redes sociales, ni se busca establecer una mordaza estatal, o una censura o revisión previa de contenidos para compartir en los diferentes medios y plataformas. Desde luego que no.

La libertad de expresión es un derecho que ha costado sangre y vidas en este país y que debemos defender en la medida de todas nuestras fuerzas en aras de garantizar también el ejercicio de otros derechos civiles, sociales y políticos. Sin embargo, apelamos al buen juicio de la sociedad, para no ser el canal de revictimización de las afectadas por uno de los crímenes más deleznables que, por desgracia, ocurren frecuentemente en este país.

No obstante, sí es altamente reprobable la conducta de policías, peritos y ministerios públicos que, en el ejercicio de sus responsabilidades, difunden las fotos de las víctimas y escenas de los delitos. Esta conducta debe ser sancionada, pues nada tiene que ver con la libertad de expresión, sino con la irresponsabilidad de ciertos servidores públicos que difunden con ligereza las fotografías en cuestión, sin pensar en la afectación a las víctimas y, por supuesto, a los deudos y dolientes de la víctima de un feminicidio o de un homicidio.

Pero no solo se trata de la difusión de fotografías o videos sobre feminicidios y homicidios. Se han dado casos en que se “filtran” nombres, imágenes, videos, grabaciones y demás, de las víctimas de otros delitos.

En particular, preocupa la difusión de información relacionada con las víctimas de los delitos que, el Código Penal Federal, denomina contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Entre estos se encuentran: el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación, así como la corrupción de menores; la pornografía infantil o de personas con alguna discapacidad; el turismo sexual; el lenocinio; la trata de personas y la pederastia.

Nuestra posición no está por criminalizar policías o ministerios públicos, su labor es fundamental para lograr la procuración de justicia y reducir los altos niveles de impunidad imperantes en el país, sin embargo, sí es necesario sancionar conductas que afectan irreparablemente la imagen y la honra de quien ya haya sido víctima de algún delito.

Por ello, en paralelo a este punto de acuerdo, se está proponiendo una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con la finalidad de sancionar con pena privativa la filtración hecha por servidores públicos sobre la imagen de la víctima de ciertos delitos.

Sin embargo, atendiendo el reparto competencial ordenado por nuestra Constitución Federal, tenemos claro que la mayoría de estas conductas, constituirían delitos del orden común, por lo que es menester que sean los congresos locales los que se aboquen a tipificar dichas conductas y, en caso de tener tipos penales análogos, analizarlos y reformarlos para lograr inhibir esta conducta.

En efecto, el Código Penal Federal señala en la fracción XXVIII del artículo 225, a la letra, lo siguiente:

“Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

...

XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;”

....

No obstante, este tipo penal no sanciona las conductas que se relacionan con evidencias sobre un hecho delictivo al iniciar la investigación. Es decir, este tipo penal es insuficiente para sancionar la difusión de imágenes de víctimas de los delitos de feminicidio y homicidio, por lo que resulta necesario legislar para que a nivel local se establezcan los tipos penales específicos que protejan a las víctimas, en particular, de violencia de género.

Adicionalmente, en ánimo constructivo, se propone que los Ejecutivos locales, así como las y los titulares de las procuradurías o fiscalías locales y, desde luego, en coordinación con las autoridades municipales, se aboquen a capacitar y sensibilizar a sus funcionarios para que se conduzcan con diligencia, respeto y prudencia sobre la intimidad y privacidad de las víctimas de feminicidios, de homicidios y de delitos contra la libertad sexual, el normal desarrollo psicosexual y el libre desarrollo de la personalidad

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los congresos locales de las 32 entidades federativas a que, en absoluto respeto a su autonomía, a la libertad de expresión imperante en el país y con una perspectiva de género, evalúen la posibilidad de tipificar o, en su caso, fortalecer los tipos penales sobre la difusión de imágenes y videos relacionadas con los feminicidios y homicidios, en particular, cuando la divulgación la realicen policías, peritos o servidores públicos involucrados en la investigación o proceso penal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a que, en ejercicio de sus atribuciones, a través de sus dependencias competentes, y en coordinación con las y los titulares de las fiscalías o procuradores generales en su entidad federativa y, en su caso, con las policías municipales, implementen cursos de capacitación y sensibilización a las y los servidores públicos que, como primeros respondientes o durante una investigación de carácter penal, se conduzcan con diligencia, respeto y prudencia sobre la intimidad y privacidad de las víctimas de feminicidios, de homicidios y de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de febrero de 2020.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Veracruz a suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil para garantizar la ejecución de acciones en beneficio de la niñez con discapacidad neuro-musculo-esquelética de la entidad, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a exhortar respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz a suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la ejecución de acciones en beneficio de la niñez con discapacidad neuro-musculo-esquelética del estado de Veracruz, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El día 3 de diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en el Marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la posible colaboración con los Centros de Rehabilitación Teletón (CRIT) para otorgar tratamiento y terapias para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, debido a la amplia cobertura con la que cuentan dichos centros, que sin embargo se encuentran limitados por la falta de recursos económicos. (Expansión Política, 2019)

En el mismo tenor de ideas establecer un acuerdo de colaboración con dichos centros es de vital importancia en regiones donde la pobreza y la falta de centros de atención agravan las condiciones médicas, entre estas regiones cabe destacar la precaria situación socioeconómica de Veracruz de más de 8 millones de ciudadanos, siendo el cuarto lugar a nivel nacional en concentrar porcentualmente el mayor número de pobres, con 5.08 millones que representa el 61.8 % de la población, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020) si a lo anterior agregamos que las discapacidades toman gran relevancia para la atención de grupos vulnerables, en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, en el Estado de Veracruz 22.5% de la población posee una discapacidad o limitación y se presenta en mayor porcentaje en las mujeres.

Para disminuir esa brecha de marginación el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 del Gobierno del Estado de Veracruz, señala que el DIF Estatal realiza sus acciones encaminadas a cubrir las necesidades de los grupos vulnerables en el Estado, los cuales están delimitados por segmentos, como son los niños, las niñas y las personas con discapacidad, que viven en condiciones de pobreza que no tienen el acceso a los servicios básicos para lograr una mejor calidad de vida (Gaceta Oficial Órgano Del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2019).

Sin embargo el estado no cuenta con la infraestructura diseñada, instalaciones y operación de centros de atención, rehabilitación y diagnóstico, en especial para personas de escasos recursos con discapacidad tanto física, mental y/o de cualquier otra índole, tendientes a las concientización y promoción de ayuda es por esto que atendiendo la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador la mejor opción para realizar dicha atención en el estado de Veracruz es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) que reside en el municipio de Poza Rica, y aunado que el estado de Veracruz en su ejercicio fiscal 2020 tiene asignado en el presupuesto para las personas con discapacidad la cantidad de 206,960,749.00 millones de pesos (Veracruz Gobierno del Estado, 2019).

Teniendo como antecedente el contrato de fomento social celebrado por el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Fundación Teletón México A.C. que aseguraba los recursos anuales por un monto de 8 millones de UDIS, mismo que servían para el mantenimiento del CRIT y cuya duración fue por 10 años, el cual dio por finalizado el día 20 de noviembre de 2019, debido a la deuda reconocida por parte del estado de Veracruz por un monto de 130 millones de pesos impagables debido a la precaria situación del estado aun cuando en la Cláusula Décima Tercera de dicho convenio se establecía la renovación automática del mismo por periodos de igual tiempo.

Dicha cancelación compromete seriamente el funcionamiento del Centro de Rehabilitación y la atención ciudadana que proporciona a la población de bajos recursos, dado lo anterior y confiando en la buena voluntad del Presidente de la Republica el Lic. Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno del Estado de Veracruz para asignar recursos a los programas para personas con discapacidad, al establecer un presupuesto 2020 que destina directamente los recursos a la atención de necesidades de la población (Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2019).

Es por esto que es necesario suscribir un nuevo convenio con un nuevo periodo de vigencia que no exceda el ejercicio fiscal correspondiente en término de las condiciones jurídicas aplicables para que el CRIT Veracruz (Poza Rica) pueda seguir operando apegado a la política de austeridad y entendiendo la situación financiera del estado que asegure que la dotación de recursos de operación y mantenimiento 2020, cuenten con un monto similar al presupuesto proporcionado en el año 2019.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz a suscribir un convenio con organizaciones de la sociedad civil para asegurar la ejecución de acciones en beneficio de la niñez con discapacidad neuro-musculo-esquelética del estado de Veracruz.

Referencias

Coneval. (13 de 01 de 2020). Monitoreo y Estados>Entidades Federativas>Veracruz>Pobreza 2018 | Veracruz. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/Paginas/Pobr eza_2018.aspx

Expansión Política. (03 de diciembre de 2019). Obtenido de https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/12/03/amlo-plantea-un-ac uerdo-para-usar-los-centros-teleton

Gaceta Oficial Órgano Del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (2019). Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024. Xalapa: Gobierno de Veracruz.

Veracruz Gobierno del Estado. (2019). Proyecto de Presupuesto Estatal Ejercicio Fiscal 2020. Veracruz: Gobierno del Estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al 12 de febrero de 2020.

Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora(rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a adquirir, abastecer y distribuir por la Ssa y la SHCP medicamentos y garantizar así el acceso al derecho a la salud de la población, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Su texto es el siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos. Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.

Segunda. En este orden de ideas se concibe el derecho a la salud de las ideas aportadas por los organismos especializados en salud internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la expresión traducida como derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que puede conformarse con los siguientes elementos:

1. Un estado o nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Un componente del nivel de vida adecuado, como medida para la preservación de la salud o bien como facilidades, bienes, servicios y condiciones relacionadas con determinantes sociales.

3. Como nivel de salud física y mental con riesgos ya detectados que se deben atender.

4. Como nivel de bienestar físico, mental y social al que corresponden actividades de tipo preventivo.

5. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y

6. El derecho a la protección de la salud.

Tercera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus principios constitucionales el siguiente: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y es que el segundo componente del principio es sólo una parte del origen y estudio de la medicina y de la clínica y por tanto de la salud. En cambio, mantener la salud implica la consideración de otros elementos de carácter económico, ambiental, político y social. La protección de la salud ha sido reconocida como un derecho humano y fundamental en los documentos de derecho internacional de los derechos humanos y constitucionales de diversos países, por lo que su destinatario es todo ser humano y no admite distinciones.

Cuarta. Ahora bien, actualmente el país atraviesa por una crisis, el desplome en la atención a las necesidades de salud de la población se ha dado de manera paulatina. En septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidas total o parcialmente fue 98.8 por ciento.

Para octubre ya había caído a 96.7 por ciento y para noviembre estaba en 95.3 por ciento. Luego vinieron caídas más pronunciadas: en diciembre se registró 92.5 por ciento y en la segunda quincena de enero de este 2020 se vino abajo aún más, y cerró, según datos preliminares, en 89.8 por ciento de las recetas. Un desplome de 9 puntos porcentuales en tan sólo cuatro meses.

Consultando los datos de años anteriores, el promedio anual de atención de recetas fue superior a este nivel. Los peores años fueron 2009, 2011 y 2014, en los que el promedio anual rondó 96 por ciento. Así que por lo menos no se habían visto estos niveles de desabasto de medicamentos desde hace una década, quizá mucho más. Estos datos se desprenden del Índice Nacional de Atención de Recetas, que construye semanalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el Índice, los cinco peores almacenes de las delegaciones estatales en términos de atención a recetas son: Sonora (83 por ciento), Michoacán (81 por ciento), Chihuahua (80 por ciento), Coahuila (79 por ciento) y Querétaro (78 por ciento). Los mejores son: Ciudad de México norte (99.8 por ciento), Aguascalientes (99.7 por ciento), estado de México poniente (98 por ciento), Guerrero (97 por ciento) y Sinaloa (96 por ciento).

En términos de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), las peores son: Hospital General La Raza (88 por ciento), Especialidades Veracruz Norte (87 por ciento), Pediatría del Siglo XXI (86 por ciento), Especialidades Puebla (86 por ciento) y Especialidades Nuevo León (73 por ciento).

Siendo los mejores: La Raza Obstetricia, Especialidades Guanajuato, Traumatología y Ortopedia tanto de Lomas Verdes como de Nuevo León con casi 100 por ciento.

Quinta. Ante esto, enfermos de todo el país, principalmente mujeres y niños, han sido las principales víctimas del desabasto de medicamentos que se recrudeció en los últimos meses hasta provocar que los pacientes y sus familias, cansados del trato que reciben de las instituciones de salubridad, salieran a la calles para exigir la atención médica que les ayude a afrontar sus padecimientos. Las escenas han conmovido al país. Cientos de testimonios de los pacientes menores de edad se han hecho públicos y han evidenciado la cruda realidad que viven al interior de las instituciones médicas por la falta de fármacos y la nula atención que reciben.

Sexta . Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se registraron 48.68 por ciento de los casos, es decir 444 reportes de desabasto de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS) acumuló 25.11 por ciento, es decir, 229 de los casos; en tanto que en el Seguro Popular se detectaron 15.90 por ciento, es decir 145 de los reportes.

Séptima. En medio de la polémica por la falta de medicamentos en algunas instituciones del sector salud, datos de un informe arrojan que el IMSS y el ISSSTE son donde más personas se quejan de desabasto, pues escasean fármacos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, VIH, diabetes, hipertensión y dermatitis.

En el ámbito nacional las medicinas y compuestos que más faltaron en las instituciones médicas públicas son las que se muestran en la siguiente tabla:

Fuente: https://www.huachicoldemedicinas.org/

Octava. Entre los medicamentos que han mostrado desabasto, destacan los antirretrovirales, los cuales son utilizados en la atención de padecimientos relacionados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA).

Organizaciones de la sociedad civil y personas enfermas han reportado el desabasto en al menos entidades federativas como Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Entre las instituciones que más quejas han recibido por esta carencia se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por su parte, el Movimiento Nacional por la Lucha contra el Sida denunció que existen indicios de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entorpecido o frenado la compra de medicamentos, en particular los que atienden los síntomas del VIH.

Novena. Por esta problemática, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a favor de los pacientes con VIH, ante el creciente desabasto de antirretrovirales y las afectaciones a la protección de la salud y vida de las personas sujetas a tratamiento. El organismo protector de los derechos humanos, solicitó también revisar los procedimientos administrativos de adquisiciones que impliquen el ejercicio de recursos públicos.

Undécima . El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en lugar del Seguro Popular, se busca mejorar el acceso a la salud de los mexicanos, con atención y medicamentos gratuitos; sin embargo, la oposición ha cuestionado si el Insabi cuenta con el presupuesto necesario para cumplir sus objetivos. Ante los reclamos por falta de medicina, el mandatario ha acusado que en el pasado predominó la corrupción, incluso en la compra de medicina, por lo que ahora ha enfrentado resistencias para cambiar ese esquema y hacer adquisiciones adecuadas de medicamentos.

Duodécima. Por lo que hace a nuestro marco jurídico y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece en su artículo 39 las atribuciones de la Secretaría de Salud dentro de las cuales y para el caso que nos ocupa le corresponde elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

Por su parte en el artículo 31 de la ley anteriormente citada, se establecen las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las cuales le corresponde entre otras: proyectar y calcular los ingresos de la federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal.

Por lo que además de lo anteriormente mencionado está claro que nuestro estado de derecho, señala claramente la responsabilidad del gobierno federal a través de las secretarías de mérito y las facultades de éstas para garantizar el derecho de acceso a la salud de toda la población mexicana.

En esta tesitura es claro que el problema del desabasto así como la compra y distribución de medicamentos debe ser atendido con prontitud, eficacia y técnica, de lo contario no se estaría cumpliendo con el propio texto constitucional, de igual forma se estaría dejando en un estado de indefensión a las personas que por alguna razón necesitan este tipo de medicamentos, debe quedar claro que en la salud no se puede permitir ningún tipo de improvisación u ocurrencia gubernamental toda vez que es la propia vida la que se pone en riesgo con estas actuaciones por parte del ejecutivo, por ello y a través del presente documento solicitamos la pronta intervención del gobierno federal.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, garantice la adquisición, abasto y distribución de medicamentos, a fin de garantizar el acceso al derecho a la salud para toda la población mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y el Poder Judicial de Sinaloa, así como a la STPS, a investigar lo ocurrido con la extinta empresa del ingenio azucarero de Los Mochis y dar seguimiento a la situación de los ex trabajadores, suscrita por las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo y Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas federales Tatiana Clouthier Carrillo y Merary Villegas Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presentación con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año 2014 hasta el cierre de la Compañía Azucarera de Los Mochis hubo indicios de simulación de transacciones y de compraventa de insumos que terminaron por afectar a obreros y ejidatarios que se encontraban relacionados con la cadena productiva de la azucarera, y que entre el mayor presunto fraude que se ha investigado es el pago de embarques de azúcar que la compañía no se encontraba en condiciones de refinar, por lo que la entrega del producto nunca se llegó a concluir.

En el 2015 el ingenio azucarero de Los Mochis cerró después de décadas de ser una de las empresas emblemáticas de la ciudad de Los Mochis en Sinaloa. El cierre de esta factoría provoco que cientos de trabajadores se quedaran sin empleo y que, hasta ahora, no han recibido ninguna compensación por su despido.

De acuerdo al expediente 6983 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa se requirió el pago de 157 millones de pesos en compensación a los extrabajadadores del ingenio que, señalaron los obreros, lo cual resulta notablemente insuficiente como compensación.

Las autoridades locales y estatales del estado de Sinaloa durante el periodo 2011-2016 fueron omisas al no prevenir el desmantelamiento de la empresa que fue emblemática de la industria del estado.

En mayo de 2018 el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Norte emitió una orden de aprehensión en contra de los propietarios de la compañía azucarera de Los Mochis por el presunto delito de fraude y que este proceso aún se encuentra abierto en el poder judicial.

El proceso judicial hasta ahora se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin investigar a fondo la presunta responsabilidad de exfuncionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa.

Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta con pleno respeto a la autonomía del estado de Sinaloa al ejecutivo local a investigar la presunta participación de funcionarios del periodo 2011-2016 en los fraudes que devinieron en el cierre de la Compañía Azucarera de Los Mochis.

Segundo. Se exhorta con pleno respeto a la autonomía del estado de Sinaloa a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa a investigar la presunta participación de los funcionarios de la administración 2011-2016 en los fraudes que devinieron en el cierre de la Compañía Azucarera de Los Mochis.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del estado de Sinaloa a dar certeza y celeridad al proceso que actualmente se encuentra abierto en contra de los dueños de la Compañía Azucarera de Los Mochis.

Cuarto. Se exhorta a Secretaría del Trabajo y Previsión social a dar seguimiento a la indemnización de los ex trabajadores (as) de la Compañía Azucarera de Los Mochis para que resuelva con prontitud las afectaciones que provoco sobre estos al cierre de la compañía.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2020.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa y la SEP a realizar campañas permanentes para atender, detectar y dar el debido tratamiento a trastornos mentales de niños y adolescentes de todo el país a fin de que mantengan una salud mental óptima, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud indica que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición que ella misma da: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La cual está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

La prevención debe de ser el elemento más importante para poder prevenir y, en su caso, atender a niños y jóvenes en nuestro país, por lo que es necesario estar al tanto de los primeros signos de los trastornos mentales.

Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia con las funciones personales.

Los trastornos mentales producen síntomas que son observables para la persona afectada o las personas de su entorno.

Entre ellos pueden figurar:

• Síntomas físicos (dolores, trastornos del sueño).

• Síntomas afectivos (tristeza, miedo, ansiedad).

• Síntomas cognitivos (dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria).

• Síntomas del comportamiento (conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias).

• Alteraciones perceptivas (percepción visual o auditiva de cosas que otras personas no ven u oyen).

Los signos precoces específicos varían de un trastorno mental a otro. Las personas que presentan uno o varios de los síntomas enumerados deben consultar a un profesional si esos síntomas persisten, provocan un sufrimiento importante o interfieren con las tareas cotidianas.

La depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia, el retraso mental, el autismo en la infancia y la demencia son ejemplos de trastornos mentales.

Pueden aparecer en varones y mujeres de cualquier edad y en cualquier raza o grupo étnico. Aunque no se conocen perfectamente las causas de muchos trastornos mentales, se cree que dependen de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos.

En la mayoría de los casos, los trastornos mentales pueden diagnosticarse y tratarse eficazmente.

Tenemos la equivoca creencia que en la infancia y la adolescencia son etapas libres de preocupaciones, hasta 20 por ciento de los niños y adolescentes tienen uno o más trastornos mentales diagnosticables. La mayoría de estos trastornos pueden considerarse una exageración o distorsiones de conductas y emociones normales.

Al igual que los adultos, los niños y adolescentes tienen distintos temperamentos. Algunos son tímidos y retraídos; otros son socialmente eufóricos. Algunos son metódicos y precavidos; otros, impulsivos y descuidados. Lo que determina si un niño se comporta como un niño típico o presenta un trastorno es la presencia de alteraciones y el grado de angustia relacionado con los síntomas. Por ejemplo, una niña de 12 años puede estar atemorizada por la perspectiva de presentar el informe de un libro delante de sus compañeros. Este temor se consideraría un trastorno de ansiedad social si fuera lo suficientemente intenso para causar angustia y evitación significativas.

Hay mucha superposición entre los síntomas de muchos trastornos y las conductas y las emociones de niños normales. Por consiguiente, muchas estrategias útiles para manejar problemas conductuales en los niños también pueden aplicarse en aquellos que tienen trastornos mentales. Además, el tratamiento apropiado de los problemas conductuales de la infancia puede disminuir el riesgo de que los niños con temperamentos vulnerables evolucionen a un trastorno florido.

Además, el tratamiento eficaz de algunos trastornos durante la infancia puede reducir el riesgo de trastornos del estado de ánimo en el futuro.

Los trastornos mentales más comunes de la infancia y la adolescencia caen dentro de las siguientes categorías:

• Trastornos de ansiedad

• Trastornos relacionados con el estrés

• Trastornos del estado de ánimo

• Trastorno obsesivo compulsivo

• Trastornos por comportamientos disruptivos,

• Trastorno de conducta y

• Trastorno desafiante por oposición

La esquizofrenia y los trastornos relacionados son mucho menos frecuentes.

Sin embargo, con más frecuencia que no, los niños y adolescentes presentan síntomas y problemas que atraviesan límites diagnósticos. Por ejemplo, 25 por ciento de los niños con TDAH también tienen un trastorno de ansiedad, y 25 por ciento cumple con los criterios para un trastorno del estado de ánimo.

La evaluación de las manifestaciones o síntomas mentales en niños y adolescentes varía con respecto a la de los adultos de tres maneras importantes:

• El contexto evolutivo es de crucial importancia en los niños. Conductas que son normales a una edad temprana pueden indicar un trastorno mental grave a mayor edad.

• Los niños existen en el contexto de un sistema familiar, y ese sistema ejerce un profundo efecto sobre sus síntomas y conductas; niños normales que viven en una familia perturbada por violencia doméstica y abuso de sustancias pueden parecer, si se realiza una valoración superficial, afectados por uno o más trastornos mentales.

• A menudo, los niños no cuentan con la sofisticación cognitiva ni lingüística necesaria para describir con precisión sus síntomas. Por lo tanto, el médico debe basarse mucho en la observación directa, corroborada por observaciones de otras personas, como padres y maestros.

En muchos casos, los problemas del desarrollo y conductuales son difíciles de distinguir de aquellos debidos a un trastorno mental. En estos casos, los estudios de desarrollo y neuropsicológicos formales deben formar parte del proceso de evaluación.

Debido a estos factores, la evaluación de niños con un trastorno mental suele ser más compleja que la de adultos. Sin embargo, la mayoría de los casos no son graves y pueden ser manejados en forma competente por un profesional de atención primaria adecuadamente capacitado. En cambio, lo mejor es manejar los casos dudosos o graves en colaboración con un psiquiatra de niños y adolescentes.

La detención y prevención debe de ser la herramienta más importante para cualquier administración ya que existen programas y estrategias centrados en la prevención de adicciones y conductas de riesgo, pero se necesita poner mayor énfasis en la detección, la atención, el asesoramiento, la terapia y la medicación de los jóvenes con trastornos del comportamiento, ansiedad, depresión y cualquier otro problema de salud mental.

Es por lo anterior que es importante tener en todo momento y de manera permanente campañas de prevención y detención en tema de salud mental, que permitan a los padres, tutores y maestros, detectar a tiempo cuando un niño tenga algún problema en este rubro.

Estas campañas nos ayudan con conocimiento a poder detectar a tiempo y de manera permanente los trastornos de conducta, condiciones más incisivas y delicadas que deterioran el funcionamiento escolar y social de los niños, y con ello ayudarlos de manera oportuna y eficaz.

Con las campañas ayudaremos a que varios de nuestros niñas, niños y adolescentes no lleguen y no tengan ya trastornos por déficit de atención, que es la incapacidad para prestar atención a una tarea concreta durante un periodo prolongado, inquieto, impulsivo y desorganizado, y luego los casos de ansiedad y depresión infantiles, y si lo tienen tener los conocimientos y herramientas para detectarlos y no confundirlos con otras enfermedades.

Con la ayuda de las campañas permanentes poder informar que muchas enfermedades psiquiátricas se deben a alteraciones de los neurotransmisores, sustancias químicas que sirven para regular funciones mentales, por lo que el ambiente es únicamente parte del problema. Los trastornos emocionales o psiquiátricos son producto de muchos factores que confluyen, y algunos agentes del medio socioeconómico o familiar servirán como detonantes o precipitantes de un problema.

Por lo anterior es necesario dar la debida importancia al desarrollo de los menores, y reflexionar sobre la salud mental de la familia y es por ello que hoy les presento este punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, a realizar campañas permanentes para atender, detectar y dar el debido tratamiento a trastornos mentales que presenten niñas, niños y adolescentes de todo el país a fin de que mantengan una salud mental óptima.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 febrero de 2020.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a emitir la declaratoria de emergencia sanitaria para la cuenca Lerma-Chapala por las altas concentraciones de contaminantes presentes y los elevados y letales riesgos que provocan en la salud de la población, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que, de manera urgente, emita la declaratoria de emergencia sanitaria para la cuenca Lerma-Chapala, ante las altas concentraciones de contaminantes presentes en la cuenca y los elevados y mortales riesgos que está generando en la salud de la población en general; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día y muy tristemente, nos damos cuenta que el daño que hemos generado a lo largo del tiempo por nuestro desinterés, inconciencia y menosprecio tanto a nuestro planeta como al medio ambiente, es no solo grave - sino también muy peligrosamente para nuestra existencia como civilización- se encuentra cerca de lo irreversible.

Sin duda alguna, nuestra todavía deliberada y consciente irresponsabilidad ante los temas de sustentabilidad del planeta y todas nuestras actividades en pro del desarrollo, nos están cobrando ya, la factura.

Una factura, que estamos pagando no solamente los seres humanos, sino también e injustamente, todas las especies tanto de flora y fauna con las que cohabitamos y compartimos el planeta.

Los daños son catastróficos y se miden ya, por un significativo número de muertes, de pérdida de vidas de personas que en muchos casos son niños que no tenían ni culpa o mucho menos responsabilidad alguna, sobre lo que les arrebato su casa, su familia, su entorno y finalmente su vida.

Así como también, hemos perdido de manera permanente vastas regiones de bosques y selvas y hemos extinguido muchas especies de animales, atentando contra el delicado y muy necesario equilibrio ecológico, que permite nuestra supervivencia.

La contaminación que generamos, ha ido avanzando desproporcionadamente y afectando cada vez más espacios y ambientes en nuestro planeta; convertimos en algo habitual y socialmente aceptado, el contaminar nuestros mares, ríos, aire, o bien, nuestro espacio cotidiano.

Por esa razón, estamos padeciendo las graves e implacables consecuencias, del calentamiento global o el cambio climático, situaciones que incluso hoy en día, algunos líderes de un número significativo de naciones, aun desestiman.

A pesar de ver y vivir en muchas regiones del mundo como noticia recurrente, climas extremos, escases de comida o agua, incrementos considerables e históricos en el nivel del mar, deshielos, erosión, inundaciones, sequias, entre otros muchos desastres más.

Y en lo anterior, México no es ni ajeno a las consecuencias, ni tampoco a la responsabilidad del daño hecho.

Nuestros niveles registrados de contaminación y de generación de gases contaminantes son elevados y en muchos casos inadmisibles para la supervivencia, nuestros registros de pérdida anual de bosques y selvas son sostenidamente elevados, así como también las tasas de extinción de especies, la contaminación de nuestro medio ambiente, es ya sistemática.

Y ante todo el panorama anterior y amenazante, seguimos sin hacer nada o en el mejor de los casos, actuando tímidamente y algunas veces incluso, bajo simulación y engaño. Basta mencionar que el 30 por ciento del agua que extraemos de mantos acuíferos, no se extrae de forma sustentable, ni bajo las mínimas normas de cuidado ambiental.1

Más de la mitad del agua que consumimos, el 60 por ciento; es obtenida de lagos, ríos o arroyos, y el porcentaje restante, de fuentes subterráneas, mientras que, en comparación, únicamente permitimos que el 4.8 por ciento de las filtraciones de lluvia lleguen a nuestros mantos acuíferos para reabastecerlos.2

Además, nuestra tasa de recolección de agua pluvial en zonas tanto urbanas como rurales, es casi nula y de las más bajas a nivel internacional.3

Por eso tenemos que al menos, 13 millones de personas en nuestro país padecen desabasto de agua y 3.3 millones de viviendas carecen del servicio básico de agua potable.4

Ante este panorama, debemos no solo citar lo mandatado en el artículo 4º de nuestra Constitución, sino también y a la par, reafirmar nuestro compromiso por atenderlo y garantizarlo, “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.5

En esta obligación constitucional, ésta soberanía tiene corresponsabilidad para hacer que se cumpla, se atienda y se garantice.

En este orden de idea, se hace imprescindible atender a cabalidad, un problema añejo y emblemático; que afecta a un cuerpo de agua históricamente imprescindible para nuestro país, la cuenca Lerma-Chapala.

Una cuenca de agua conformada por 19 subcuencas, valiosa en materia de biodiversidad, así como en lo que respecta al suministro y disposición de agua para al menos 5 estados de nuestra república y su población.6

Que suministra agua, a un sinnúmero de casas, escuelas, cultivos y a la población de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Querétaro, a poco más de 204 municipios, se ven directamente beneficiados con la generosidad que esta cuenca.7

Que nace con el río Lerma, en el estado de México dotado de agua limpia y cristalina emergida de manantiales y que tras un recorrido de poco más de 700 kilómetros, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco.8

No obstante, y a pesar de su importancia, a lo largo de sus 700 kilómetros que la conforman, ésta valiosa fuente de agua es sobreexplotada y también peligrosamente contaminada por nuestra rapiña, inconciencia y voracidad que apela al pretexto de la satisfacción de nuestras necesidades y exigencias de nuestro desarrollo.

El problema actualmente no es menor, se tiene el registro de que al menos son 7 mil las empresas que vierten sus desechos en las aguas de esta cuenca,9 residuos altamente contaminantes, cargados de químicos, desechos orgánicos y metales pesados que convierten el agua en altamente peligrosa y no apta ni para el consumo ni para el riego.

Agua cargada de metales pesados, algunos de ellos de acuerdo a agencias internacionales en la materia, catalogados como de muy alto riesgo para la salud, así como también con presencia de diversos componentes tanto volátiles como semi volatiles calificados también como potencialmente cancerígenos para el ser humano.10

Líquido que a pesar de la clasificación anterior y dada su indispensabilidad, es todavía utilizada tanto para consumo humano, riego o incluso recreación, todo ello a pesar de las fatales consecuencias en la salud de quienes directa o indirectamente la consumen o la utilizan.

Ya sea, desde problemas dermatológicos por contacto directo, hasta intoxicaciones o enfermedades gastrointestinales por su consumo, e incluso por comer alimentos provenientes de cultivos regados por sus aguas; o bien, en algunas regiones de Jalisco se tiene ya el registro de casos lamentables de cáncer desarrollado como consecuencia del elevado nivel de contaminación que presenta el agua.

Esta situación alarmante, se ha desestimado y tímidamente se ha intentado rectificar, pero el daño es tan grande que las poco más de 50 plantas tratadoras de agua que Conagua reporta en operación a lo largo de la cuenca para coadyuvar en contra la contaminación que la afecta, son suficientes.11

Por ese motivo, la cuenca Lerma-Chapala en nuestro país, es una de las cuencas de las más extensas, pero también de las más contaminadas en nuestro país.

Ante este panorama y consciente del riesgo para la población de 5 estados de la República, incluido mi estado Jalisco, presenté a principios del año pasado 2019, un punto de acuerdo que permitiera a ésta soberanía y quienes la integramos, asumir la responsabilidad que nos corresponde en la solución a este problema.

Solicité la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para la cuenca Lerma–Chapala, que garantice nuestra participación en su rescate, saneamiento y en la asignación de recursos e inversión en infraestructura que le devuelva lo que le hemos arrebatado.

Una Comisión Especial que coadyuve en la construcción de planes de manejo integral, en la asignación de recursos suficientes en los Presupuestos de Egresos de la Federación y que refuerce la norma para su protección y cuidado.

Desafortunadamente, esta solicitud fue ignorada y desestimada, la austeridad aplicada que es fachada de simulación de la ausencia de inversión para temas urgentes y sensibles como el que padece la cuenca y la población de 5 estados, se impuso y negó la creación de esta importante y requerida Comisión Especial.

Si lo anterior no fuera suficiente, de manera muy insensible, en el presupuesto de egresos para el año 2020, se destinaron solamente 28 millones de pesos, para la atención de la problemática existente en éste cuerpo de agua de más de 700 kilómetros de extensión.12

Recorte presupuestario inédito a pesar de que hace 2 años, el Consejo de la cuenca Lerma-Chapala advertía que su saneamiento era impostergable y debería de ser integral, multianual de al menos 6 años y que costaría cerca de 3 mil millones de pesos.13

Ignorando además y como clara muestra de desestimo por parte del Gobierno Federal a pronunciamientos y recursos internacionales que al respecto desde el año 2019, se han vertido en la materia.

Más específicamente una solicitud de medidas cautelares en favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto en Jalisco, así como también de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpucote y Mezcala en el municipio de Poncitlán; interpuesta desde el 18 de julio del 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.14

Recurso internacional que finalmente el 5 de febrero de este año 2020, se resolvió a favor de los pobladores de esas regiones ante el cabal cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;15 y, dio pauta a su Resolución 7/2020 y Medida Cautelar No. 708-19 que de manera vinculante solicita a nuestro país lo siguiente:

“adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, señalados en la solicitud. En particular, que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables;

a) concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y

b) informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas.”16

No obstante, y a pesar de lo anterior, que sin duda alguna sienta un importante y significativo precedente respecto a la urgencia y la obligación que se tiene en materia del rescate impostergable y perentorio de la cuenca Lerma-Chapala; no podemos rendirnos.

Debemos ser insistentes en esta problemática que afecta a generaciones actuales, y atenta peligrosamente a generaciones futuras.

Requerimos el cuidado, preservación, protección, saneamiento recuperación de la cuenca Lerma-Chapala.

Necesitamos levantar la mano y la voz, las veces que sea necesario para hacer ver no solo la gravedad por la que está atravesando la cuenca Lerma –Chapala y la población de al menos 5 estados de la República, por la elevada y mortal contaminación que registra; sino también la urgente necesidad por atenderla.

Y en este esfuerzo, es necesario que utilicemos cualquier herramienta que nos sirva en el propósito como la estipulada en los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley General de Salud, la declaratoria de emergencia sanitaria, que dice lo siguiente:

“Artículo 181. En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.

Artículo 182. En caso de emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable para la protección de la salud; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 183. En los casos que se refieren los artículos anteriores, el Ejecutivo Federal podrá declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

Cuando hubieren desaparecido las causas que hayan originado la declaración de quedar sujeta una región a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, el Ejecutivo Federal expedirá un decreto que declare terminada dicha acción.

Artículo 184. La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes:

I. Encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los particulares;

II. Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso;

III. Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos éstos últimos:

IV. Utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como las transmisiones de radio y televisión, y

V. Las demás que determine la propia Secretaría.”17

Como se afirmó anteriormente, ante los elevados y peligrosos niveles de contaminación de la cuenca Lerma-Chapala, que afecta directamente a la población de al menos 5 estados de la República y de manera indirecta un número incalculable de personas por su agua cargada de metales pesados, algunos de ellos de acuerdo a agencias internacionales en la materia, catalogados como de muy alto riesgo para la salud, así como también con presencia de diversos componentes tanto volátiles como semi-volatiles calificados también como potencialmente cancerígenos para el ser humano.18

Es imprescindible, urgente y necesario que el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud, emita a la brevedad una declaratoria de emergencia sanitaria para la cuenca Lerma-Chapala, una declaratoria que rescate a este cuerpo de agua y que proteja también la vida de millones de personas que de manera directa e indirecta están siendo afectadas por sus niveles de contaminación.

Esta solicitud, no puede ser postergada, hacerlo así sería evadir una responsabilidad de seguridad nacional y sentenciar con ello, el futuro de muchas generaciones más.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud a que de manera urgente, emita la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para la cuenca Lerma-Chapala, ante las altas concentraciones de contaminantes presentes en la cuenca y los elevados y mortales riesgos que está generando en la salud de la población en general.

Notas

1 Estadísticas del Agua. Conagua.

2 Estadísticas del Agua. Conagua.

3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

4 Censo de Población y Vivienda. INEGI.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º.

6 Conagua.

7 Conagua.

8 Conagua.

9 Conagua.

10 Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. (IARC)

11 Conagua.

12 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020

13 Consejo de la cuenca Lerma-Chapala. 2018.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19

17 Ley General de Salud. Texto vigente.

18 Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. (IARC)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero del 2020.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT, y las Direcciones Generales de los Canales del Congreso y Judicial a instaurar acciones para garantizar a las personas con discapacidad visual la accesibilidad a los contenidos transmitidos, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, así como el artículo 79 del Reglamento de Cámara de Diputados y, demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la discapacidad es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro de los márgenes que se considera normal para el ser humano. Se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, sobre todo psicológicos, deficiencias físicas, sensoriales o anatómicas”.1

Las personas con discapacidad visual, forman parte de los grupos con mayor índice de marginación en el mundo, siendo este, el sector que presenta los mayores rezagos en salud, educación y economía, registrando las tasas con mayor pobreza en comparación con personas sin discapacidad.

La ausencia de visión total o parcial es una discapacidad que se puede presentar desde la concepción debido a problemas genéticos o de manera adquirida durante el desarrollo de la vida a causa del deterioro del órgano óptico, enfermedades crónicas degenerativas, discapacidad motriz o sensorial, entre otros factores.

Las principales causas de ceguera crónica son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, la retinopatía diabética, el tracoma y las afecciones oculares infantiles, la ceguera relacionada con la edad y la diabetes no controlada que se encuentra, desafortunadamente, en aumento exponencial en nuestro país.

Las personas que padecen ceguera sufren serias afectaciones en su conducta adaptativa, así como, en la forma de relacionarse con su entorno, lo que les impide desarrollarse integralmente y alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar.

Se estima que, en todo el mundo existen entre 40 y 45 millones de personas ciegas y 135 millones con baja visión, según la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera.

De acuerdo con el informe “La Discapacidad en México”, datos al 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 7 millones 751 mil 677 personas discapacitadas, lo que aproximadamente corresponde al 6.6 por ciento de la población. Conforme a los últimos datos del Inegi, sobre la población total según la condición de limitación en la actividad, existen aproximadamente un millón trescientas mil personas que no ven.

Por su parte, la Secretaría de Salud en sus informes ha señalado que, el 1.4 por ciento de la población mexicana (1.7 millones de personas) cuentan con ceguera en México y se posiciona como la segunda causa de discapacidad en el país después de los problemas motrices.

Es fundamental señalar que, tal y como lo han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, “...diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, el gobierno federal sigue sin contar con un registro nacional para saber con precisión cuántas hay por tipo de discapacidad, conocer la magnitud de la problemática e impulsar políticas públicas para su integración efectiva a la sociedad...”.2

La actual administración ha manifestado un claro compromiso con las personas con discapacidad, prueba de ello, son las políticas públicas y los programas que ha instrumentado, así como el presupuesto asignado para que directamente lleguen los recursos a manos de las y los beneficiados; no obstante, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes ámbitos de la esfera pública, así como desde los sectores social y privado, a efecto de asegurar a las personas con discapacidad, su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

En este sentido, es de enfatizar que las personas con discapacidad constituyen el sector más vulnerable de la población, el cual ha sido invisibilizado y excluido por décadas. Dentro de este sector, las personas con discapacidad visual, padecen una vulnerabilidad extrema, de ahí que la presente proposición.

Con la finalidad de dotar de fortalecer la presente propuesta se realiza a continuación un breve análisis del marco jurídico en la materia, a efecto de impulsar las acciones conducentes.

I. Marco Jurídico Internacional.

La convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, suscrita por México y ratificada por el Senado de la República en 2007,3 centra entre sus propósitos: promover, proteger y asegurar el pleno goce de condiciones e igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad, y promover el respeto a la dignidad inherente. Destaca que en su artículo 9 establece que:

“...A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

Además, en el artículo 21 ordena que:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.”

En el artículo 24 de dicho ordenamiento internacional, respecto a la educación se prevé la obligación de los Estados a velar por las personas con discapacidad para que cuenten con acceso a condiciones de igualdad, a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instrucciones de enseñanza o de medios alternativos de aprendizaje.

Lo anterior comprende facilitar el acceso a medios de comunicación alternativos que coadyuven en el aprendizaje, comunicación, desarrollo e inclusión, realizando los ajustes razonables, ya que conforme el artículo 2 de la multicitada Convención, “la “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.”

Tal y como se menciona en el blog del gobierno de México,4 “Nuestro país ha sido, desde un inicio, un actor muy importante en el tema de la Convención de las Personas con Discapacidad, misma que entró en vigor, a nivel mundial, el día 3 de mayo de 2008. Fue en septiembre de 2001 cuando México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas con Discapacidad. En 2002, 189 Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas participaron en el trabajo del contenido.

Finalmente, el documento se firmó en la ONU el 30 de marzo del 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el Decreto de Aprobación de la Convención, en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está, a partir de ese momento, por encima de todas las leyes de nuestro país, excepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... contiene un Preámbulo, 50 artículos y un Protocolo Facultativo; es el primer tratado internacional del siglo XXI, el octavo sobre derechos humanos y el primero jurídicamente vinculante (obligatorio) sobre derechos humanos de las personas con discapacidad; es claramente tributaria del modelo social y señala el vínculo entre las barreras sociales, la exclusión y las limitaciones al pleno goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Marca el enfoque de los derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y menciona, en el segundo párrafo del artículo 1, que el término “personas con discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Los principios generales de la Convención son: el respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

Los países que hemos ratificado la Convención nos hemos comprometido a adoptar medidas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios, trabajar por la sensibilización pública, promover percepciones positivas y, en general, trabajar con el concepto de la discapacidad en un marco de derechos a fin de que las personas con discapacidad en México puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado fundamental, un hito por el reconocimiento de sus derechos, y, al ser una iniciativa mexicana, es un gran reto para nuestro país.

Tanto los gobiernos como la sociedad tenemos un compromiso importante con las personas con discapacidad, y es por eso que el Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Conadis, está realizando un seguimiento puntual y específico a la difusión y seguimiento de la Convención, al cumplimiento de las líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por y con Personas con Discapacidad”.

II. Marco Jurídico Nacional

Las políticas públicas de largo aliento en México exigen un diseño estructural que otorgue protección e inclusión integral al libre desarrollo de las personas con discapacidad, lo que significa que las actividades cotidianas y esenciales no deben convertirse en obstáculos y dificultades que impidan el ejercicio pleno de sus derechos, pues ello, implica vulnerar de esta manera las prerrogativas otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra dice:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece.”

En razón de lo anterior, resulta evidente la necesidad de realizar un trabajo conjunto para establecer las medidas razonables, necesarias y adecuadas, a través de las cuales, se garantice a las personas con discapacidad el goce de cada uno de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones.

Bajo esta tesitura, la accesibilidad y la comunicación, permiten ejercer otros derechos, acceder a nuevas oportunidades, así como a los beneficios derivados de la era del conocimiento. Es innegable que los medios tecnológicos y de comunicación, a través de sus contenidos están en posibilidad de contribuir al proceso formativo de las personas, propiciando que accedan a la información en tiempo real y a medios de aprendizaje e inclusión alternativos.

En el contexto antes descrito, es importante recordar que el artículo 6o. de la ley fundamental establece a la protección del acceso a la información de todas las personas.

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

Por su parte, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad señala entre sus objetivos, el asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando una correcta inclusión en la sociedad, procurando proteger sus derechos en el marco de respeto igualdad y equiparación de oportunidades.

Además, en el artículo 2 el citado ordenamiento define la accesibilidad como “las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

En dicha Ley, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la obligación de promover los convenios necesarios con los concesionarios de los medios de comunicación, con el fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a su contenido, a saber:

“Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.

I a III...

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad.”

Consideraciones Adicionales

Los avances tecnológicos en nuestros días, sin duda alguna, han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población y, en particular, de las personas con discapacidad. La tecnología puesta a su servicio puede ser un elemento fundamental para impulsar su desarrollo integral y propiciar el bienestar. Ejemplo de ello, es el audio descriptivo implementado en diversas plataformas de streaming y talkback instalado en smartphones, smart tv , tabletas y computadoras.

Talkback es el lector de pantalla de la empresa Google, incluido en los dispositivos Android, esta función emite comentarios por voz con la finalidad de poder usar el dispositivo sin mirar la pantalla.

De igual manera, el portal de internet del Canal del Congreso, es de reconocer que cuenta con la más alta tecnología de vanguardia en inclusión de personas con discapacidad, al contar con la tecnología de la plataforma “Inklusion ”,5 la cual cuenta con una actividad descriptiva de los contenidos que se encuentran en las pantallas, al seleccionar “discapacidad visual”, la aplicación comienza a describir la estructura de la página y el contenido de la misma, el usuario podrá comunicarse sin la necesidad de la utilización de un teclado especial y de acuerdo al grado de disminución visual podrán acceder al zoom de texto y de alto contraste, esto sin afectar el diseño y contenido original de las páginas.

Por otro lado, la descripción de audio es una narración opcional que describe lo que está ocurriendo en la pantalla, incluidas las acciones físicas, las expresiones faciales, el vestuario, las ambientaciones y los cambios de escena, lo que da una idea mental al público de lo que está sucediendo en la pantalla, colocándolo en un contexto de imaginación de que fomentan el desarrollo funcional de sus conocimientos y aumenta habilidades.

En razón de lo anterior, es necesario promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad visual, fomentando su acceso efectivo a los medios de comunicación, con lo que podrán además ejercer otros derechos.

La falta de accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios de comunicación, constituye un impedimento para el goce y ejercicio pleno del conjunto de derechos, libertades y prerrogativas que le son inherentes; obstaculiza el establecimiento de la igualdad, al tiempo que, perpetúa la discriminación y exclusión.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones para que, con base en sus atribuciones, impulse las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad visual a los contenidos trasmitidos por las diferentes modalidades de televisión, así como para los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que incluya en su página de internet y canal de televisión, la tecnología y mecanismos necesarios, tales como descripción de pantalla y de audio descriptivo respectivamente, sin ser estos limitativos, los cuales, garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a sus contenidos.

Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la LXIV Legislatura, instrumente las acciones conducentes, a efecto de que el Canal del Congreso adopte las herramientas tecnológicas y mecanismos necesarios, tales como descripción de pantalla y audio descriptivo respectivamente, entre otros, con el objeto de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a sus contenidos.

Cuarto. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas para que incluyan en sus páginas de internet, canales de televisión y los medios de difusión existentes las herramientas tecnológicas y mecanismos necesarios, tales como descripción de pantalla y de audio descriptivo, entre otros, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a sus contenidos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/comisiones/grupvul/discap/discapaci.htm

2 https://www.animalpolitico.com/2018/05/
ni-te-cuento—las-personas-con-discapacidad-son-inexistentes-para-el-gobierno-mexicano/

3 https://www.gob.mx/conadis/artículos/
convención-sobre-los-derechos-delas-personas-con-discapacidad-nueve-anos-de-vigencia?idiom=es

4 https://www.gob.mx/conadis/articulos/
la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es (Consulta el 2 de enero de 2020)

5 https://canaldelcongresovisual.inklusion.incluit.com/accesibilidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de febrero 2020.

Diputada Federal Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, y los gobiernos federal y de Coahuila a promover medidas para que deje de extraerse el agua del área natural protegida de Cuatro Ciénegas, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,1 en su artículo 3o., fracción II, establece que

“Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley...”.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas.

Cuatro Ciénegas, Coahuila se ubica en la Región Noreste y Sierra Madre Oriental del Conanp que tiene una superficie total de 84,347.47 hectáreas que fue declarada Área de Protección de Flora y Fauna el 7 de noviembre de 1994.2

En la que se encuentran especies endémicas como la Tortuga Negra de Concha Blanda, Hierba del Escorpión, Hierba de Cuatrociénegas, Malva de Pinkava, Rana de Cascada, Caracol de Cuatro Ciénegas, Mojarra de Cuatro Ciénegas, etcétera; Su tipo de vegetación es mezquital, pastizal, matorral xerófilo, entre otros.

Valeria Souza, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfatizó que el ecosistema de Cuatro Ciénegas es único en el mundo ya que en sus pozas ha albergado diversidad biológica que ha existido durante miles de años pero que se ha ido deteriorando por la extracción de agua para cultivos de alfalfa y para la industria lechera; lo que si no se detiene se convertirá en un daño irreversible.3

La Comisión Nacional del Agua debe buscar las medidas necesarias para que este daño no sea irreparable, de tal manera que se cierren los canales y abrir pozos para abastecer a la agricultura fuera de esta área natural protegida. En el siglo pasado existían 300 pozas pero que en la actualidad solo prevalecen el 10 por ciento. La laguna principal “Churince” está prácticamente seca y que por varios años se había hecho el llamado a las autoridades para poder intervenir, pero no se concretó acción alguna.4

Si bien nuestro país es reconocido a nivel internacional por su gran riqueza en biodiversidad, el Estado debe garantizarlo y salvaguardarlo, a través de sus dependencias y asimismo con el apoyo de la entidad de Coahuila para promover acciones que protejan esta área natural protegida.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno federal y al gobierno del estado de Coahuila a promover las medidas necesarias para que se deje de extraer el agua del área natural protegida de Cuatro Ciénegas, para preservar su ecosistema.

A cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2018.

2 Conanp, Cuatro Ciénegas, México.
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=151&reg=4

3 La Jornada, Al borde del colapso, el ecosistema de Cuatro Ciénegas, 2019.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/07/29/a l-borde-del-colapso-el-ecosistema-de-cuatro-cienegas-coahuila-2655.html

4 Cfr. La Jornada Maya, Sobreexplotación del agua colapsa el ecosistema de Cuatro Ciénegas. 2019.
https://www.lajornadamaya.mx/2019-07-29/Sobrexplotacion- del-agua-colapsa-el-ecosistema-de-Cuatro-Cienegas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de febrero de 2020.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a fortalecer por el secretario de Seguridad la estrategia para prevenir y combatir la trata de personas en la entidad, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es definida, de acuerdo al Protocolo de Palermo,1 como la “captación, transporte, traslado y recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras con fines de explotación”.

Dicho fenómeno implica un problema social y delictivo que afecta el tejido social de nuestro país, con cifras que se incrementan año con año, debido a su relación con otros delitos, lo cual dificulta su persecución y detección.

Debido a sus ganancias este delito se ha convertido, en “el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo” al generar entre $32,000 y $36,000 millones de dólares,2 sólo por debajo del tráfico de drogas y armas; lo que ha provocado su explosión a nivel interno y de manera trasnacional, formando parte un entramado más complejo del crimen organizado.

En nuestro país, este acto ilícito aumentó 37.7% hacia los primeros ocho meses del 2019,3 siendo las niñas y mujeres el grupo más vulnerable ante este fenómeno, al representar el 85% de las víctimas, donde el ámbito sexual implica el 70% de las víctimas totales.4

Los trasgresores encuentran generalmente a sus víctimas en población de por sí vulnerable, con niveles bajos de escolaridad o en analfabetismo, en situación de pobreza, con trabajos precarios o en desempleo, con antecedentes de violencia sexual y familiar”5 a quienes que se les dan falsas promesas de empleo, relaciones románticas o extorsión.

Quienes son dañados por trata, son violentadas en su dignidad y derechos como personas, al ser obligadas a trabajos forzados y explotación; ejercer la prostitución y en muchas ocasiones obligadas a realizar actividades ilegales como asesinatos, vigías, producción, transporte y venta de drogas,6 incapaces de realizar denuncias por el miedo, la violencia y las amenazas -contra ellos y sus familiares- a las que son sometidos.

El reporte de la embajada norteamericana,7 relató la participación de grupos delictivos organizados en la trata y la creación de alianzas complejas con funcionarios del gobierno federal, estatal y local en al menos 17 de los 32 estados para cometer trata y otros crímenes; los tres estados en los que se reportan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México.

De enero a septiembre del 2019, en el Estado de México se registraron 28 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, lo que equivale a 3.1 casos perpetrados mensualmente según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).8

De acuerdo a información de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hay registro de casos de trata en los municipios de Toluca, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Nicolás Romero, Chalco, Texcoco, Ecatepec, Tecámac, Atlacomulco y Zumpango.

Apenas hace dos meses, en noviembre del 2019, se detuvo a Gabriela “N” por su supuesta participación junto a otras personas en la prostitución de mujeres extranjeras, quienes tenían que dar una cantidad de dinero a Gabriela “N”, para promover y facilitar su estancia en el hotel Gran Vía en Lerma.9

Acciones como la anteriormente descrita, afectan a la víctima, así como a su familia y a la sociedad, al tratar a la persona como objeto que puede ser fácilmente comercializado como mercancía, generando graves afectaciones psicológicas al despojar a quien lo padece de su historia y por lo tanto de su identidad.10

Las víctimas de trata de personas pueden ser capturadas para distintas actividades, entre ellas: masajes eróticos, bailes eróticos, pornografía, turismo sexual, llamadas con contenido sexual, servicio de acompañantes, agricultura, trabajo doméstico, construcción, entre otros.11

De enero a agosto de 2018 se registraron 15 casos de Trata de Personas en el Estado de México; de los 201 casos registrados a nivel nacional según datos del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que lo posiciona como el cuarto estado en que más se registró este delito en ese periodo.

Según las cifras de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018, la Ciudad de México ocupa el primer lugar como 24 casos registrados de enero a agosto de este año. Le sigue Chiapas con 21, Tlaxcala con 18, el Estado de México con 15 y Nuevo León con 12.12

En el último año la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas obtuvo 12 sentencias condenatorias relacionadas con el delito de trata de personas, mismas que en suma arrojan más de 266 años de prisión, es decir, un promedio de 22.1 años.13

El Código Penal del Estado de México tipifica la trata de personas en el artículo 268 bis y dispone que comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes.

La Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para La Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado De México define a la Trata de Personas como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Trata del Estado de México, corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

I. Coordinar mecanismos de actuación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la atención y ejecución de inspecciones por denuncia ciudadana o investigación preventiva en los lugares o establecimientos donde se tengan indicios de la posible comisión del delito de trata de personas.

II. Implementar políticas y estrategias para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas.

III. Difundir entre la población los números de los sistemas de atención de llamadas de emergencia “066” y de denuncia anónima “089”, para atender quejas o denuncias sobre la trata de personas.

IV. Generar inteligencia táctica que le permita identificar modos de operación vinculados con la trata de personas, con el fin de combatir y prevenir la misma.

V. Generar un padrón de los sitios donde se detecten actividades delictivas previstas en esta Ley.

VI. Establecer mecanismos para vigilar y supervisar los medios de transporte público, a fin de detectar la comisión del delito de trata de personas.

VII. Desarrollar mecanismos que permitan la coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, para la prevención y combate de los delitos en materia de trata de personas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VIII. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a víctimas, ofendidos y testigos, ante la comisión o posible comisión del delito de trata de personas.

La trata de personas violenta la dignidad y los derechos humanos. Al mismo tiempo, corrompe la libertad y la dignidad de las víctimas, así como su integridad física y emocional, al igual que su capacidad de desarrollo.

Las consecuencias de los delitos de trata de personas afectan no sólo al individuo que es víctima, sino también a la familia y a la sociedad en general. Las afectaciones y daños sufridos por las víctimas de trata de personas obligan al Estado de México a la formulación de acciones y políticas públicas eficaces e integrales para combatir este flagelo.

En ese tenor y con el objetivo de cuidar a toda la población vulnerable ante actos que afectan sus derechos fundamentales, que lastiman y destruyen familias y que devastan la integridad de la persona con la presente proposición con punto de acuerdo se propone exhortar al Gobernador del Estado de México para que a través de la Secretaría de Seguridad fortalezca la estrategia para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas en el Estado de México.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que a través de la Secretaría de Seguridad fortalezca la estrategia para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas en el Estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través del Secretario General de Gobierno, hacer públicos los resultados de los programas que se han implementado para la prevención y combate del delito de trata de personas en el Estado de México.

Notas

1 Protocolo de Palermo [disponible en línea] https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf

2 Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México [disponible en línea] https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Tr ata.pdf

3 El Universal con cifras del SESNSP [en línea] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/delito-de-trata-de-pers onas-aumenta-377-en-primeros-8-meses-de-2019

4 CNDH [en línea]
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019-RE_0.pdf

5 Informe anual de actividades CNDH [en línea]
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30064

6 Embajada y Consulado de Estados Unidos [en línea] https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/reportes-oficiales/repo rte-sobre-trafico-de-personas/

7 Ídem

8 Heraldo http://www.hgrupoeditorial.com/en-edomex-3-1-casos-de-trata-de-personas -al-mes/

9 Uno tv [en línea] https://www.unotv.com/noticias/estados/estado-de-mexico/detalle/detiene n-a-mujer-que-prostituia-a-extranjeras-en-el-estado-de-mexico-107084/

10 Biblioteca Jurídica UNAM [en línea] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/17.pdf

11 https://www.milenio.com/opinion/caritina-saenz/parlando/erradicar-la-tr ata-de-personas-en-edomex

12 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-cuarto-lugar-nacional-en- materia-de-trata-de-personas-2182812.html

13 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-y-su-lucha-contra-la-trat a-de-personas-3964423.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Sader y el Senasica con distintos gobiernos locales apoyos, vigilancia y acciones para tratar la varroasis en favor de los apicultores, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79 en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los que suscriben diputada Mónica Almeida López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diputado Eduardo Ron Ramos integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos permitimos poner a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, implementen apoyos, vigilancia y acciones tendientes al tratamiento de la varroasis en favor de los apicultores, en coordinación con los estados de Jalisco, Yucatán, Tabasco Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Aguascalientes, con el objeto de preservar la vida de las abejas y fomentar la producción apícola en México, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Es de todos conocida la disminución de polinizadores de todo el país, en donde existen cifras más alarmantes en las regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, en donde se integran uno o más factores de deterioro al medio ambiente que están afectando a los polinizadores y donde nos encontramos con el infortunio de que no existen acciones concretas de reacción para mejorarlo, es así que actualmente en promedio existe una disminución de entre el 40% y 50% de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica desde el año 2012 y la tendencia sigue siendo negativa.

Por otro lado, más del 90% de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo, tan solo en México la CONABIO, señala que el 80% de las especies de plantas de nuestro país, depende de un polinizador para su producción.

Por otro lado, investigadores de la UNAM estimaron que el valor anual de la polinización en México es de 43 mil millones de pesos, ya que la polinización ayuda a la reproducción de las plantas que generan oxigeno suficiente para incrementar el rendimiento de cultivos e insumos agropecuarios.

Se tienen identificados diversos factores que están afectando a los polinizadores entre ellos los pesticidas, deforestación, quemado, enfermedades, ácaros, cambio climático, entre otros, destacando en ese sentido el acaro varroa, que es un género de ácaros ectoparásitos, que infesta y alimenta los fluidos corporales de pupas, larvas y adultos individuos de abejas género miel Apis, llevándolos a la muerte y que actúa como garrapata adhiriéndose al cuerpo de las abejas causándoles heridas, atacando a las crías, chupándoles la hemolinfa, debilitando a las colmenas y volviéndolas susceptibles al ataque de cualquier virus o pesticida.

A mayor abundamiento este acaro se trasladó de Asia hacia España en los años 80 y esparciéndose en prácticamente todo el mundo, en ese sentido actualmente en prácticamente todos los colmenares tiene presencia, teniendo una propagación de contagio altísima, misma que se produce por los siguientes factores:

• Dentro de la colmena: Por contacto directo, las varroas pasan de una abeja a otra y éstas se desprenden para introducirse en las celdillas con larvas.

• Dentro del colmenar: Por pillaje, cambiando cuadros o a través de los zánganos que son acogidos por otras colmenas.

• De una colmena a otro: A través de los zánganos que buscan una reina virgen o por enjambres silvestres.

• De una zona geográfica a otra: A través de los enjambres comerciales y de la trashumancia.

En ese sentido existe la necesidad de realizar acciones de mejora ya que este problema sumado a la utilización de pesticidas neonicotinoides están terminando con las colmenas y por ende con el sector productivo apícola.

A mayor abundamiento es preciso señalar que en el año de 1992, la apicultura nacional se vio afectada por la presencia de la varroasis poniendo en peligro la actividad apicultora llegando a hacerla incosteable para el apicultor, ya que en ese año la industria apícola era una de las actividades económicas más importantes, y se tenía un inventario de 2.6 millones de colmenas con una producción anual que superaba las 62 mil toneladas de miel, beneficiando en forma directa o indirecta a más de 1,200,000 personas, a través de la generación de empleos, así como del incremento en la producción agrícola, debido al efecto polinizador y la captación de divisas por la exportación de miel y cera.

En ese sentido para elevar la producción y mejorar la condición sanitaria de los productos de origen apícola, se consideró necesario establecer un control estricto sobre las poblaciones de colmenas afectadas por el acaro Varroa, para permitir así que la apicultura pudiera desarrollarse, razón por la cual con fecha 28 de abril de 1994 se publicó en el diario Oficial de la Federación la NOM-001-ZOO-1994, la cual pretendía lograr acciones de protección y fomento apícola en todo el territorio nacional.

En ese sentido debido al grado de dispersión alcanzado por el ácaro Varroa destructor, se le considera un parásito endémico en diversas áreas del país, por lo cual se observó necesario readecuar algunas disposiciones técnicas establecidas en la Norma Oficial Mexicana de la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas, haciéndolas acordes a las características de la actividad apícola en México, por lo que con fecha 21 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas, el cual tuvo su publicación el 24 de noviembre de 2005.

En ese sentido al ser una norma de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y establece, que le corresponde a los gobiernos de las entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones y circunscripciones territoriales, la aplicación de las disposiciones en esta norma, la cual además de las disposiciones generales de aplicación, contiene dentro del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana y la Campaña Nacional contra la Varroasis de las abejas, el Calendario de Tratamientos contra la Varroasis, por lo que en ese sentido resulta necesario contar con una aplicación eficiente, especifica y focalizada en los territorios con mayor presencia de apicultores, con la finalidad de apoyarlos en el tratamiento de este acaro y generar una mayor producción.

Resulta así necesario, por los argumentos vertidos con anterioridad que nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emprenda acciones integrales y concretas para erradicar un problema tan grave, debido a que aún existen brotes de este ácaro en diversos Estados del país, razón por la cual se considera oportuno que el Ejecutivo realice medidas correctivas en colaboración con las entidades federativas, haciendo uso eficiente de los recursos con los que cuenta y enfocándolos a problemáticas emergentes como la que se señala en el presente documento.

A mayor abundamiento el Senasica implementa el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA), el cual se encuentra alineado al Eje 3 “Economía”, apartado de “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. De esta manera el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2020”, contempla los Componentes siguientes:

I. Vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias

II. Inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias

III. Campañas fitozoosanitarias

IV. Inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera

V. Soporte a la sanidad e inocuidad

En ese orden de ideas el programa “S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, que actualmente cuenta con 3,748,928,954 en la modalidad de subsidios sujetos a reglas de operación, cuya Unidad Responsable le corresponde al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad agroalimentaria y cuyos objetivos como finalidad la implementación de acciones para el control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias, es que se propone se realicen acciones tendientes a realizar el tratamiento contra este acaro que está terminando con la vida de nuestras abejas, razón por la cual resulta imperante que se puedan contar recursos para estos efectos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, implementen apoyos, vigilancia y acciones tendientes al tratamiento de la varroasis en favor de los apicultores, en coordinación con los estados de Jalisco, Yucatán, Tabasco Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Aguascalientes, con el objeto de preservar la vida de las abejas y fomentar la producción apícola en México.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020. Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Diputados:

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a respetar y reconocer por el INM a la sociedad civil en las estaciones migratorias y estancias provisionales en beneficio de los migrantes, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde que la migración proveniente de Centroamérica comenzó a ser visible en México, la política migratoria se ha caracterizado por privilegiar la detención y deportación migratoria. En ese sentido, las organizaciones que desde hace más de veinte años han trabajo el tema migratorio y de asilo en México, han solicitado el ingreso a los centros de detención migratoria, con la finalidad de promover los derechos humanos de las personas en detención. El trabajo realizado, ha dado lugar a distintos resultados, entre ellos:

• Elaboración de informes sobre la situación que guardan las condiciones de detención, resaltando entre ellas, el deficiente acceso a la salud de las personas detenidas, la falta de espacios para mujeres y personas LGTBI.

• Informes sobre la situación de la infancia migrante en detención, haciendo hincapié en que la infancia no debe permanecer en los centros de detención.

• Informes sobre el acceso a la justicia de las personas migrantes en detención, entre otros.

Segunda. Los hallazgos que fueron encontrados a través de estos informes dieron lugar a diversas acciones de incidencia, entre las que resaltan:

1. Insumos para la creación de la Ley de Migración, así como de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo.

2. Insumos para la construcción del Programa Especial de Migración 2014-2018

3. Lograr que el monitoreo a los centros de detención migratoria se convirtiera en una buena práctica que permite el acceso a la información de las personas detenidas sobre sus derechos, en concreto, sobre las formas con las que cuentan para lograr su regularización migratoria y el acceso al proceso de asilo. En consecuencia, se logró la representación legal de cientos de personas que así lo solicitaron.

4. De los casos documentados sobre niños, niñas y adolescentes detenidos, se trabajaron insumos que permitieron crear el capítulo sobre sus derechos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con esta información también se logró trabajar diversos protocolos de atención a la infancia migrante, logrando implementar un programa de alternativas a la detención en la que diversos albergues de sociedad civil han colaborado para atender a este grupo de población.

Cabe señalar que, en las acciones de monitoreo, también se han sumado organizaciones que conforman al Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) , con la finalidad de realizar propuestas que permitan mejorar su trabajo institucional, con base en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Tercera. El monitoreo de centros de detención migratoria ha permitido también la documentación y denuncia de diversos casos de graves violaciones de derechos humanos, muchos de ellos realizados en el año 2019 dentro de los cuales podemos destacar:

• Una niña de 10 años de nacionalidad guatemalteca, que se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias de la Ciudad de México murió la noche de un miércoles 15 de mayo de2019.

• El día 12 de junio 2019, un migrante guatemalteco de 33 años, falleció de un paro cardíaco cuando era trasladado a la Estación Migratoria Siglo XXI, en el estado de Chiapas.

• El día 6 de agosto 2019, falleció un migrante de origen haitiano con más de 20 días en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, a quien, de acuerdo con testigos, “lo dejaron agonizar toda la noche hasta morir”.

Cuarto. Sobre las condiciones de detención migratoria, el Comité Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU en las observaciones y recomendaciones emitidas en 2017 ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente:

El Comité expresa su profunda preocupación respecto del elevado número de medidas privativas de la libertad de migrantes en las 58 “Estaciones Migratorias” desplegadas a lo largo del país. Le preocupan las alegaciones de la delegación por las cuales estas detenciones (llamadas “aseguramiento” o “presentación”) no constituirían una privación de la libertad, o son descritas como una medida de protección o un beneficio. También le preocupa la presencia -en esos centros- de familias, mujeres embarazadas, víctimas de la trata, solicitantes de asilo y otras personas en situaciones de mayor vulnerabilidad y con necesidades especiales de protección.

Nota con especial preocupación la detención de niños, niñas y adolescentes, incrementándose en un 900% desde 2011 y 2016, muchos de ellos no acompañados, así como de muy baja edad. Esa medida constituye, sin excepción, una violación de los derechos del niño y de su interés superior.

Quinta. El Comité recomienda al Estado, con carácter de urgencia:

a) Adopte con carácter de urgencia todas las medidas necesarias para poner fin inmediato a la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, así como de familias migrantes, garantizando en la ley y la práctica medidas alternativas adecuadas, centradas exclusivamente en la protección de los derechos bajo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

b) Garantice la aplicación efectiva e inmediata de procesos de identificación y referencia de personas en situaciones de vulnerabilidad a alojamientos alternativos;

c) Elabore un plan de acción dirigido a garantizar que la privación de libertad por razones migratorias –de trabajadores migratorios adultos- únicamente se aplica como medida de último recurso y por el menor tiempo posible, sobre la base de los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad;

d) Garantice en la ley y en la práctica, la existencia de medidas alternativas a la privación de la libertad, para trabajadores migratorios en situación migratoria irregular, las cuales deben aplicarse de manera prioritaria y con base en las circunstancias de cada persona, por las autoridades administrativas y/o judiciales correspondientes;

e) Asegure que los trabajadores migrantes sean informados sobre los procedimientos y derechos en un idioma que entienden.

Sexta. A partir enero de este año, el Instituto Nacional de Migración comenzó a negar a diversas organizaciones de la sociedad civil, el acceso a centros de detención migratoria. Esta situación se validó y agudizó tras la publicación del oficio INM/DGCVM/0118/2020 , mediante la cual el Instituto notificaba lo siguiente:

Único. Suspender temporalmente el ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a partir de la notificación del presente libelo, reprogramándose su ingreso hasta nuevo aviso, a efecto de no obstaculizar la operatividad de las instalaciones para poder brindar atención prioritaria a los migrantes y se cumpla con el servicio público a ésta autoridad administrativa.

Esta resolución profundizaba una situación que retardaba la renovación de permisos de ingreso a las organizaciones defensoras de derechos humanos, y obstaculizaba a las organizaciones que tienen vigente dicha autorización su derecho a defender a las personas en situación de migración, situación que ahondaba la violación del derecho universal a defender todos los derechos humanos de todos y todas, sobre todo, el contenido del oficio de marras, implicaba la vulneración del derecho a la justicia y al debido proceso de las personas que se encuentran en detención y son representadas por abogados o abogadas que laboran en los centros y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Séptima. Asimismo, esta decisión significaba una contravención a las recomendaciones emitidas por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como lo señalado por la Convención, marcando graves retrocesos en la materia. Tal y como se señala en un comunicado emitido el día 31 de enero de 2020, firmado por la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Colectivo “Dignidad Sin Fronteras”, San Salvador, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, Deportados Unidos en la Lucha, México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Kids In Need of Defense, Latin America Working Group y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos:

“La medida implementada por el INM no representa una acción aislada, al contrario, se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional”.

Y señalan con claridad que antes de que se emitiera dicho oficio, ya las organizaciones de sociedad civil, en particular, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, habían hecho pública la denuncia de que las autoridades migratorias le estaban negando el acceso a las estaciones migratorias para impedir que pudieran monitorear la situación de las violaciones a los derechos de las personas migrantes.

Octava. En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México emitido en 2016 se señala que:

“Los abusos y violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en su tránsito por México, tales como: agresiones, secuestros, violencia sexual, diversas formas de trata de personas, asesinatos y desapariciones, son perpetrados por grupos del crimen organizado, pero también tiene conocimiento de múltiples casos que involucrarían la participación activa de miembros del Instituto Nacional de Migración y de policías del orden municipal, estatal y federal.”

En el comunicado de las organizaciones arriba mencionadas, también se denuncia la manera en que las autoridades mexicanas han obstaculizado la actividad de sociedad civil, lo que significa dejar en una situación de desprotección a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, limita su acceso a la justicia y al debido proceso, y las expone a graves riesgos para su integridad y su vida y señalan como exigencias a cumplir por parte de las autoridades mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración, doctor Francisco Garduño Yáñez, para que emita sus instrucciones a fin de garantizar que bajo ningún contexto ni circunstancia se limite a las asociaciones religiosas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las personas migrantes su acceso a las estaciones migratorias y estancias provisionales en México en beneficio de dicha población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y sus homólogas locales a capacitar con perspectiva de género a los agentes del MP y el personal que atiende o investiga delitos cometidos contra las mujeres, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, las diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Socorro Bahena Jiménez, Laura Martínez González, Julieta Kristal Vences Valencia, Socorro Irma Andazola Gómez, Merary Villegas Sánchez, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Beatriz Rojas Martínez y Dorheny García Cayetano , integrantes de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con carácter de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Asimismo, se establece la facultad concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de Seguridad Pública; cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público, los ejes rectores en esta materia lo son los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

De esta manera, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.1

En ese sentido, el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.2 Las funciones de procuración de justicia se deben realizar con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.3

Lo anterior es así, porque México es una federación, debiéndose entender como “el sistema de organización política en el cual o grupos humanos dotados de capacidad jurídica y autonomía propia se arrecian sin perder su autonomía en lo que les es peculiar para formar un solo Estado (denominado federal) con el propósito de realizar en común los fines característicos de esta institución”.4

Conforme al artículo 115 constitucional, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Al igual que la Constitución federal, las constituciones locales están divididas en una parte dogmática y en una parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática, establece los derechos humanos de la ciudadanía, mientras que la parte orgánica se establece la forma de gobierno y se crean, organizan y distribuyen competencias a los órganos de gobierno local, a través de los cuales los estados expiden su legislación ordinaria, la ejecutan y la aplican a los casos controvertidos, dentro del ámbito de validez de su respectiva competencia, y son dentro de ella, instancias decisorias supremas.5

Motivo por lo que los estados pueden organizar el poder Judicial conforme a sus propias atribuciones y competencias territoriales, en consecuencia este poder es el encargado de la administración de justicia.

Sin embargo, por precepto constitucional, como ya se ha mencionado, el Ministerio Público es la autoridad competente para la investigación de los delitos, motivos por los cuales, en la organización de cada estado, encontramos que la Fiscalía General de cada entidad federativa es un órgano público autónomo, cuyos titulares son los fiscales. Por este motivo, cada entidad federativa regula las atribuciones de la Fiscalía local, en la mayoría de las veces siguiendo el modelo de la Fiscalía General de la República.

En el ámbito de sus competencias, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, este deber se cumplirá con estricto apego a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a la no discriminación.

Violencia contra las mujeres en razón de género

La violencia contra las mujeres es la más cruel manifestación de discriminación, ésta se ha visibilizado tanto en instrumentos legales nacionales como internacionales mediante los cuales se busca la protección de los derechos humanos de las mujeres. El recorrido no ha sido fácil y los resultados obtenidos son consecuencia de la lucha de las mujeres para el reconocimiento de nuestros derechos.

La adopción y ratificación del Estado mexicano de herramientas jurídicas internacionales y la armonización de las Leyes a estos ordenamientos, así como el acatamiento de las recomendaciones de organismos internacionales y los avances legislativos en materia de derechos humanos de las mujeres, no han sido suficientes.

La violencia contra las mujeres es un obstáculo que nos impide vivir libremente y vulnera muchos derechos humanos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres, como:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Existen diferentes tipos de violencia, que se clasifican en: violencia psicológica; física; patrimonial; económica; sexual feminicida, así como cualquier otra análoga que lastime la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Estos tipos de violencia se pueden manifestar en diferentes espacios o ámbitos, lo que construye las modalidades de la violencia contra las mujeres, que son las siguientes: familiar, laboral y docente, en la comunidad e institucional.

Los delitos contra las mujeres se pueden clasificar de la siguiente manera,6 considerando que cada una de las entidades tiene su propio Código Penal, y tienen la facultad de legislar en materia de delitos del fuero común:

-Violencia física y psicológica en sus diversas manifestaciones: homicidio, homicidio por infidelidad, lesiones, lesiones por infidelidad conyugal, peligro de contagio, violencia familiar, privación ilegal de la libertad, rapto, rapto equiparado y feminicidio.

-Violencia sexual: violación, violación agravada, violación por objeto distinto, abuso sexual, incesto, estupro, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual.

-Violencia social: discriminación, trata de personas, adulterio, fecundación a través de medios clínicos, inseminación artificial indebida, procreación asistida, esterilidad provocada, aborto.

-Violencia económica: abandono de la conyugue o concubina, incumplimiento de las obligaciones alimentarias y de asistencia familiar, insolvencia dolosa para incumplir con las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh 2016), se reporta que 66.1 por ciento de las mujeres padecieron al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. La violencia con mayor porcentaje es la emocional con un 49 por ciento; la modalidad en la que ocurre el mayor número de incidentes de violencia contra las mujeres se da en el entorno de pareja, de tal forma que más de 4 de cada 10 mujeres en 2016 señalaron haber padecido de un incidente en este ámbito.

Conforme a los datos expuestos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en fecha 31 de diciembre de 2019,7 destaca que del mes de enero a diciembre de 2019 se obtuvo un registro de 2 mil 15, 641 delitos en total siendo 330 mil 994 víctimas de las cuales el 33.3 por ciento (110,220) corresponden a mujeres, los delitos de los cuales se tiene mayor registro de incidencia son: lesiones dolosas 54.40 por ciento, lesiones culposas 16.26 por ciento, delitos que atentan contra la libertad personal 8.12 por ciento, delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 3.06 por ciento, homicidio doloso 2.56 por ciento, homicidio doloso 2.93 por ciento, feminicidio 0.91 por ciento.

En conclusión, se tiene que el número de presuntas mujeres víctimas son 976 feminicidio, 2 mil 819 de homicidio doloso, 3 mil 226 de homicidio culposo, 64 mil 457 de lesiones dolosas, 17 mil 952 de lesiones culposas, 410 de secuestro.

Asimismo, el total de llamadas de emergencia en este mismo periodo 16 mil 44, 138, de las cuales 197 mil 693 fueron realizadas por mujeres, reportando 5 mil 347 abuso sexual, 70 mil 470 acoso u hostigamiento sexual, 3 mil 874 violación, 274 mil 487 violencia de pareja, 718 mil 19 violencia familiar.

De estos datos, observamos que existe un alto índice en violencia de pareja y violencia familiar, lo que sugiere que las mujeres en mayor medida son víctimas de la escalada de los diferentes tipos de violencia en el ámbito familiar, y que las víctimas de feminicidio previamente acudieron a denunciar ante el Ministerio Público, sin embargo, al no obtener la orden de protección adecuada o bien la ejecución de la misma, terminaron siendo víctimas de sus agresores.

La incidencia de delitos cometidos contra mujeres registró un aumento en el periodo comprendido de enero-diciembre 2019, respecto del año 2018, lo cual resulta alarmante, ya que nos enfrentamos a un escenario en donde no se ha logrado garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lo que refiere que los mecanismos y las acciones han sido insuficientes para cumplir el compromiso de Estado.

En el marco de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas por parte del Estado, que garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, deben dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia o cualquier persona para evitar llegar a la violencia extrema como lo es el feminicidio.8

Es necesario comprender el valor de las acciones afirmativas para revertir comportamientos ya que forma parte del quehacer estatal y así, cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. La prevención de los delitos cometidos en contra de las mujeres podría impactar de manera significativa en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Por lo que el Estado deberá adoptar también medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones se investigarán, sancionarán y repararán adecuadamente y evitar que las mujeres víctimas de violencia descarten la denuncia de los hechos.

El acceso a la justicia debe entenderse como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. Un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria.9

En este contexto, señalamos que las autoridades responsables de la investigación de delitos lo son las fiscalías de cada una de las entidades en el ámbito de sus competencias, las cuales se encuentran obligadas a investigar los hechos con la debida diligencia.

En ese sentido, la Corte Penal Interamericana ha puesto énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen de la manera más rigurosa, por profesionales competentes y utilizando los procedimientos apropiados.10

Considerando lo anterior, es preciso señalar que, ante el alto índice de delitos cometidos contra las mujeres, se requiere de manera urgente que las investigaciones realizadas por los Ministerios Públicos se hagan con pleno conocimiento de los instrumentos legales vigentes y bajo la perspectiva de género. Asimismo, es indispensable que éstos y las policías de investigación sean capacitadas con la finalidad de que ejecuten sus funciones con apego a la perspectiva de género y atiendan a las víctimas en base a lo establecido en los protocolos.

A nivel federal se han adoptado los siguientes instrumentos para garantizar la adecuada investigación de los delitos:

-Protocolo de Primer Respondiente con los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento.

-Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres.

-Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México.

-Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio

-Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual.

-Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

-Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura

-Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada

Hemos visto con preocupación que los protocolos existentes en muchas ocasiones son desconocidos por las autoridades encargadas de su aplicación. Muestra de ello fue la reciente filtración de imágenes sensibles de la joven Ingrid “N”, quien fue víctima de feminicidio recientemente y no obstante los protocolos de resguardo de información sensible y datos personales, imágenes del feminicidio fueron filtradas por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a medios de comunicación.

En ese sentido, es de vital importancia que el personal que labora en las instituciones de procuración de justicia se abstenga de filtrar dicha información y, por el contrario, este altamente capacitado en materia de resguardo y protección de datos personales.

Así, las capacitaciones a los ministerios públicos y personal de las fiscalías que atienden e investigan delitos contra mujeres deben de realizarse siempre con enfoque de perspectiva de género.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República y a las y los titulares de las fiscalías de todas las entidades federativas, para que capaciten con perspectiva de género a las y los agentes del Ministerio Público, y personal a su cargo, que atienda o investigue delitos cometidos contra las mujeres, de forma tal que conozcan el contenido y la aplicación del Protocolo de Primer Respondiente con los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del Procedimiento; Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres; Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México; Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio; Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual; Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género; Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura y Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República y a las y los titulares de las fiscalías de todas las entidades federativas, para que capaciten con perspectiva de género a las y los agentes del Ministerio Público, y personal a su cargo, que atienda o investigue delitos cometidos contra las mujeres, de forma tal que se abstenga de filtrar cualquier tipo de información relacionada con las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, en particular datos personales e imágenes sensibles, y reciba capacitación en materia de resguardo y protección de datos personales.

Notas

1 Artículo 21, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 116, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4 Burgoa, Ignacio. “Derecho Constitucional Mexicano”, ed. Porrúa, México, 2003.

5 Carpizo, Jorge. “Derecho Constitucional”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/289-d erecho-constitucional.

6 Olamendi, Patricia. “Delitos contra las mujeres Análisis de la Clasificación Mexicana de Delitos”, INEGI, México, 2007.

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Información sobre violencia contra las mujeres”. Disponible en

https://drive.google.com/file/d/1R3URXMUBiFMa46moO4k2v_G 95fR5LVfp/view, consultado el 28 de enero de 2020.

8 Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Panorama nacional 2018”), CNDH, México, 2018.

9 Olamendi, Patricia, “El feminicidio en México”, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2016.

10 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Debida diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos”, CEJIL, Argentina, 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Socorro Bahena Jiménez, Laura Martínez González, Julieta Kristal Vences Valencia, Socorro Irma Andazola Gómez, Merary Villegas Sánchez, Sandra Paola González Castañeda, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Beatriz Rojas Martínez y Dorheny García Cayetano (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar con el Insabi y las autoridades sanitarias locales competentes la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2019 para sustituir al Seguro Popular.

Dicho Instituto de Salud para el Bienestar tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.1

Es entonces, que esta nueva ley establece que, para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, sólo se deben reunir tres requisitos: encontrarse en territorio nacional; no ser derechohabiente en Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y presentar algún documento oficial de identificación.

Si bien, el Instituto de Salud para el Bienestar inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Por lo que, en sustitución del Seguro Popular, entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, pero pacientes y familiares de varios hospitales federales descubrieron que los servicios no son gratuitos e incluso las cuotas aumentaron, contrario a lo que anunció el presidente López Obrador

Derivado de esto, los precios igual se incrementaron para los pacientes que fueron canalizados de otros hospitales estatales.

Asimismo, hay otras personas que decidieron regresar a sus lugares de origen tras no conseguir una cirugía gratuita en ningún instituto de Salud, incluso hay a quienes no se les perdonan las deudas por estudios clínicos no realizados, ni aún por fallecimiento.

En vista de esto, situaciones similares están pasando pacientes del sistema de salud en diversos estados de la república, que no saben cuánto pagaran, sin el seguro popular, mientras que, en otros hospitales, los pacientes se tienen que ir por falta de médicos especialistas.

Asimismo, al menos 42 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez iniciaron el año sin recibir sus quimioterapias porque “la Secretaría de Salud no había surtido los medicamentos”, así lo denunciaron los padres de los menores que son atendidos en ese hospital.

Por si fuera poco, aunado a todo lo anterior, a la fecha no hay reglas de operación, por lo que los empleados no han sido capacitados, no saben bajo qué esquemas realmente operará el Instituto de Salud para el Bienestar.

Por lo que el Instituto de Salud para el Bienestar hasta la fecha, hay una completa desinformación, desorganización, aumento de costos, desabasto de medicamentos, pero no se puede ser tan irresponsable de la vida de las personas y que esto continúe sucediendo en todo el país, se deben tomar acciones inmediatas.

Por caprichos políticos han dejado sin cobertura la atención de diversas enfermedades, las más difíciles, dolorosas y graves, como el cáncer. Todo justificado con la austeridad. Para ellos la austeridad es dejar de atender a los niños con cáncer que les cuestan mucho dinero, y prefieren gastar ese dinero en hacer política e intentar ganar elecciones.2

El Seguro Popular era un programa que estaba funcionando, que faltaba fortalecer algunos aspectos, pero funcionaba y ahora el Instituto de Salud para el Bienestar está hecho sin una adecuada planeación, análisis, no cuenta con reglas de operación, ni un presupuesto adecuado, ni un programa con una preparación de por medio, este Gobierno Federal ha sumado una acción errónea, dejando sin servicio a millones de personas de escasos recursos que necesitan de servicios de salud.

Como legisladores exigimos que se publiquen las reglas de operación y se brinden los servicios sanitarios a todas las personas. Resuelva las dudas que giran en torno al Instituto de Salud para el Bienestar, ya que, como se mencionó la gente ha denunciado que los cobros de cuotas en los servicios médicos son excesivos y no cubre todas las enfermedades.

De acuerdo con la Ley General de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, este sólo brindará servicio médico gratuito en el primer y segundo nivel de atención, pero en medicina especializada habrá “cuotas de recuperación” .

En las enfermedades de tercer nivel que no cubre el Instituto de Salud para el Bienestar se encuentran las siguientes:

• Insuficiencia renal crónica

• Diversos tipos de cáncer

• Trasplantes

• Enfermedades del hígado, páncreas o riñón

• Enfermedades hematológicas como: leucemias agudas, síndromes mieloproliferativos crónicos, linfoma de Hodgkin, entre otros padecimientos

• Hemofilia, un trastorno en la sangre que hace que esta no coagule de manera adecuada

• Hemodiálisis

• Cirugía cardiovascular

Si bien, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, establece que:

“Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.”

No obstante, en el mismo artículo 36 de la Ley General de Salud, también establece que:

“...Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.”

Como podemos observar, el fundamento conforme al cual realizan las cuotas de recuperación es erróneo ya que el mismo como se expuso anteriormente establece que se debe de eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos suficientes para cubrirlas.

Es entonces que, no se deben repetir más casos como estos en diversos Estados de la República, y como el de los 42 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que iniciaron el año sin recibir sus quimioterapias porque la autoridad sanitaria no había surtido los medicamentos, como lo denunciaron los padres de los menores que son atendidos en ese hospital.3

En este contexto es menester resaltar que el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho que es fundamental para todo ser humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad de vida como persona, sino como parte de la población. El acceso a la salud debe incluir de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria oportuna, aceptable y de calidad, por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano, crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.

Es entonces, que deben reconocerse los derechos contemplados en nuestra Constitución, los cuales garantizan para “todas las personas” el derecho a la protección de la salud. En la legislación secundaria, la Ley General de Salud norma y regula el ejercicio del derecho social por antonomasia, el “derecho a la salud”, y como sucede con todos los derechos sociales, crea la obligación del Estado de proteger y llevar ese derecho a la práctica, a través de leyes, políticas y programas. De la misma forma, hace nacer la obligación positiva de evitar que particulares, grupos o instituciones la dañen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se garantice la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, y a las autoridades sanitarias competentes en los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen a “todas las personas” la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, incluyendo las enfermedades de tercer nivel, conforme lo establece nuestra Constitución, la Ley General de Salud y Tratados Internacionales de los que México es parte.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, dentro de sus facultades, procedan a publicar a la brevedad las reglas de operación bajo las cuales se regirá la actuación del Instituto a su cargo.

Notas

i Instituto de Salud para el Bienestar, ¿Qué hacemos?, Gobierno de México, consultado por última vez el 13 de enero 2020 en la página oficial https://www.gob.mx/insabi/

ii Hernández Antonio, Tamaulipas: es irresponsable adherirse al Insabi sin conocer reglas, Grupo Milenio, Ciudad Victoria, 15.01.2020, consultado por última vez 17 enero 2020 en

https://www.milenio.com/politica/gobierno/tamaulipas-es- irresponsable-adherirse-al-insabi-sin-conocer-reglas

iii Roldán Mariluz, Dejan a 42 niños con cáncer sin quimioterapia, Grupo La Silla Rota, 4 de enero de 2020, consultado en
https://lasillarota.com/nacion/dejan-a-42-ninos-con-cancer-sin-quimioterapia-cancer-ninos-quimioterapia-quimioterapias/349675

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a reforzar los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 1, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a este pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la cual, se exhorta a Petróleos Mexicanos a reforzar los protocolos de seguridad y mantenimiento de la Red de Ductos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde hace más de 30 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) al realizar diversos análisis y estudios sobre los costos de transporte, estos proyectaron que eran muy altos, motivo por el cual, decidió establecer un programa con base en la utilización de ductos que liberó significativamente a las carreteras del transporte por autotanque.

Los ductos para transporte de hidrocarburos son de suma importancia estratégica, su infraestructura tiene un significado muy especial, sobre todo en lo que respecta a los riesgos y daños a la población en aquellas zonas de influencia de los ductos e instalaciones complementarias, y al personal operador de los mismos.

Es por ello, que resulta ineludible contar con una red de ductos adecuada y sujeta a procedimientos optimizados operados por personal altamente capacitado, así como a modernos sistemas de vigilancia, mantenimiento y corrección de fallas. Cabe destacar que todas estas actividades se realizan en apego a la normatividad, sin embargo, es de reconocer la necesidad de efectuar un estudio sobre las condiciones actuales en que se encuentran esos ductos que no han sido reemplazados desde hace varios años.

Cartocrítica, Por donde circulan los hidrocarburos en México, Heinrich Boll Stiftung, México, Centroamérica y el Caribe, https://cartocritica.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/CartoCr%C3%ADtic a_HBS_MapaDuctos_ALTA.pdf

Los ductos son estructuras de alto riesgo para las poblaciones de aquellas comunidades que están asentadas cerca o sobre la red, por tal motivo, es fundamental el trabajo preventivo o correctivo para preservar la integridad de los ductos, la seguridad de las instalaciones y de la población. Esta tarea debe realizarse a través de un pertinente procedimiento de inspección para conocer sus condiciones actuales, esto se realiza mediante registros sistematizados, equipo de ultrasonido hasta el uso de aparatos de muy alta tecnología, el propósito de llevar a cabo esta labor, es con el objetivo de que los ductos operen bajo condiciones seguras y eficientes.

Es indispensable, la revisión de los ductos de Pemex, tanto para identificar las causas potenciales que amenazan su integridad como para prever bases técnicas para lograr una operación segura.

Cartocritica, Por donde circulan los hidrocarburos en México, Heinrich Boll Stiftung, México, Centroamérica y el Caribe, https://cartocritica.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/CartoCr%C3%ADtic a_HBS_MapaDuctos_ALTA.pdf

En los últimos años, el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas en los ductos de PEMEX, se ha convertido en un problema de seguridad nacional, no sólo en el ámbito económico, sino también en la seguridad de la población debido a los graves accidentes que conllevan estas actividades, ocasionando lesiones e incluso la pérdida de vidas humanas, así como daño a la infraestructura y al medio ambiente. Los riesgos potenciales van desde incendios y explosiones, emisión de gases tóxicos a la atmósfera hasta provocar contaminación en suelos y aguas subterráneas. Los Estados con mayor número de reportes de tomas clandestinas y accidentes son: Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

Aunado a lo anterior, algunas causas del incremento de accidentes en los poliductos de Pemex han sido, la inadecuada evaluación de los mismos, la falta de gestión para erradicar esta problemática, la ausencia de una base de datos histórica de accidentes en ductos de transporte de hidrocarburos que esté disponible de manera oficial, estas circunstancias repercuten negativamente en la funcionalidad de ductos en México.

Ante la prevalecía de la problemática, la cual se ha tornado crónica, Pemex debe proponer acciones encaminadas a controlar y establecer un orden de prioridades, atendiendo inmediatamente las causas que originan los daños por el mal estado en que se encuentran los ductos ya sea por corrosión, deterioro o averías causadas por terceros. Éstos factores de riesgo son inminentes, motivo por el cual, es preciso invertir en insumos, materiales y tecnología que permita mejorar sustancialmente la integridad del sistema de ductos en todo el territorio nacional.

En este sentido, Pemex, cuenta con el Atlas de Riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos, en donde se representa geográficamente a las instalaciones y activos de ductos, identificando los riesgos asociados y sus consecuencias al entorno.

Con respecto al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de sus 212 municipios sólo 33 cuentan con Atlas Municipal de Riesgo, integrado al Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), sin embargo, éstos no están actualizados. Por tal motivo, es esencial promover que los Atlas de riesgo tanto de Veracruz, como de sus municipios sean actualizados, y aquellos municipios que no cuenten con dicho instrumento, sean elaborados, en razón de que la entidad se encuentra constantemente expuesta a fenómenos tanto naturales como los ocasionados por acciones humanas.

Por último, es primordial que los ciudadanos cuenten con la información exacta sobre la situación en que se encuentran los ductos, así como el nivel de peligro al que están expuestos. Para ello, Pemex debe hacer del conocimiento público los diversos estudios relativos a las medidas de mantenimiento y actualización, así mismo las medidas de prevención que deben seguir.

Dentro de ese informe, se debe especificar, la situación actual que guarda la red de ductos y las medidas de seguridad de los mismos; las acciones de revisión, vigilancia y mantenimiento; la factibilidad sobre la reubicación de los ductos de gas natural y de gasolina, específicamente aquellos que se encuentran cercanos a los centros de población. El conocimiento de dicho documento, será significativo para que puedan desarrollarse planes y programas de prevención, mitigación y de contingencia.

A través de este proceso de evaluación y administración de riesgo, Pemex podrá ubicar los puntos más críticos con el objetivo de planear la asignación de recursos en caso de emergencia y establecer prioridades, según los riesgos que sean identificados.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes respetuosamente, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de su competencia, refuerce los programas, planes, protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos, así como las acciones y medidas de revisión, inspección, vigilancia, para garantizar la seguridad de los habitantes que residen en los centros poblacionales cercanos a los ductos que trasladan gas natural y gasolina.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los Ayuntamientos de los municipios de dicho estado, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, efectúen la actualización del Atlas de Riesgo Estatal y municipales, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la población, y aquellos municipios que no cuenten con dicho instrumento, procedan a su elaboración con la finalidad de contar con planes y programas de prevención, mitigación y de contingencia.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a colaborar por la Conagua con el gobierno de Chihuahua para generar acciones y solucionar la problemática de la presa La Boquilla, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estados del norte del país se caracterizan por ser de clima seco y árido; este tipo de clima puede prolongarse por largos periodos en los cuales las posibilidades de lluvia son nulas y, por consiguiente, existe escasez de agua.

Ante este panorama, es difícil ejercer alguna actividad productiva, sobre todo aquellas relacionadas con la ganadería y la agricultura, que son las actividades primordiales de la región y de las cuales muchos de los que viven en la zona es su único medio de subsistencia. Durante la época de lluvia se suele mantener en 400 mm anuales, lo que se traduce a tener 60 o 70 días con precipitaciones al año.

El estado de Chihuahua es uno de los estados que conforma la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, el clima medio es de 17°C con máximas que superan los 40°C en verano y mínimas que pueden bajar hasta – 20°C. Las lluvias son escasas para el estado y se dan durante los meses de verano. La pluviosidad anual apenas llega a los 500 mm, por lo que la escasez de agua es un factor que se vive día a día.

Ahora bien, para disminuir la problemática de las sequias, se construyó la presa la “Boquilla”, también conocida como Lago Toronto, cuenta con una capacidad de 2093 metros cúbicos.

Los beneficios que ha traído esta presa constan de abastecer agua a las comunidades que se encuentran aledañas a la misma. Además, ha generado electricidad de forma ininterrumpida.

El día 3 de febrero del presente año, se manifestaron cientos de personas con el objetivo de detener la apertura de las compuertas de dicha presa, bajo los argumentos que al abrir las compuertas se afectaría de forma severa las actividades que dependen de ella, circulando el agua por zonas del territorio estadounidense dejando vulnerables a muchas personas que trabajan en el sector ganadero y agrícola de la región.

Cerca de tres mil habitantes y agricultores de Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos, Chihuahua, se manifestaron ante tal acción, por lo que, ante dicho acto, fueron contenidos por elementos de la Guardia Nacional. Los uniformados desalojaron a los manifestantes que se encontraban cerca de las instalaciones. Los inconformes aseguran que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca abrir las compuertas de la presa para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, el cual fue firmado por México y Estados Unidos. Asimismo, los manifestantes señalaron que de realizar este acto el nivel del agua bajaría y, a largo plazo, traería escases de agua, limitando que los pobladores que dependen de este recurso realicen sus actividades de manera habitual.

El alcalde de San Francisco de Conchos, señaló que había solicitado a la Conagua no abrir las compuertas de la presa, ya que se estaría drenando un aproximado de mil millones de metros cúbicos de agua que impactarían fuertemente al estado de Chihuahua.

Por otro lado, la Conagua se pronunció para condenar los actos realizados por los ciudadanos y agricultores de la zona y agregó que el pasado 10 de enero del año en curso, pobladores tomaron las instalaciones de la presa, mencionado que este tipo de actos ponían en riesgo el funcionamiento de la infraestructura, así como la seguridad de la población que se pudiera ver afectada por una mala operación de las compuertas y equipos. Por lo que para prevenir estos sucesos la titular de la dependencia, solicitó el apoyo del ejército y la guardia nacional, a fin de resguardar la seguridad y operación de la presa.

A pesar de la inconformidad de los pobladores, la Directora del organismo hídrico ha señalado que el pago de la deuda de agua a Estados Unidos se tenía previsto desde diciembre del año pasado, pero que las operaciones no han sido satisfactorias dado que los agricultores del estado se han opuesto con el argumento de que los niveles de agua de la presa bajarían de una forma drástica.

La misma organización ha manifestado que la deuda de agua con Estados Unidos, tiene como límite hasta el mes de octubre, por lo que han dado el visto bueno a que sea en esta época del año para empezar a saldar dicha deuda, ya que el clima frío beneficiaría el ahorro de aproximadamente 20% del agua, y de hacerlo en periodos de calor extremo, la evaporación del agua perjudicaría el pago de la deuda.

México mantiene un adeudo de cerca de 220 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos, esto como parte del Tratado de 1944 sobre la distribución de Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, que tiene previsto saldar durante el invierno.

Para realizar el pago, el agua se extraería de las presas La Boquilla y “Luis L. León”, ambas ubicadas en el estado de Chihuahua. Además, se pretende extraer agua de las presas “Marte R. Gómez”, en Tamaulipas y de presas de Coahuila. La titular de Conagua, expresó que parte del agua extraída de la presa La Boquilla iría a Tamaulipas.

Las autoridades de la Conagua han señalado que el estado de Chihuahua tiene asegurado el 100% de agua para uso agrícola y para el año que entra se les estará dando entre el 70% y 75% del agua, por lo que la Directora de Conagua mencionó que el agua está asegurada para el ciclo agrícola en un año seco.

Aunado a lo anterior, comentó que, derivado del Tratado de Aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano entrega en periodos de cinco años un total de 2 mil 160 millones de metros cúbicos de metros cúbicos de agua, es decir, 432 millones de litros por año. Destacó que en el último periodo que comprende octubre de 2015 a octubre de 2020, México ha tenido retrasos en el pago de agua, debido a factores derivados del clima.

Ante esta problemática que se vive en el estado de Chihuahua, es necesario tomar cartas en el asunto, toda vez que las consecuencias por falta de agua afectan a la población de diversas comunidades, así como sus actividades diarias. También hay que agregar que las actividades agrícolas y ganaderas dependen de este líquido vital, por lo que a largo plazo pueden surgir más inconformidades por parte de la población.

Considero que el desabastecer a las personas de la región, estaría atentando contra su derecho humano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que con fecha 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.1

Ante lo expuesto, es necesario que las autoridades competentes en la materia tomen acciones en el asunto que resuelvan el problema de agua que se vive en el estado de Chihuahua, toda vez que afecta a gran parte de la población. Asimismo, los ciudadanos no se oponen a saldar la deuda del Tratado de Aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos, sino que buscan opciones viables que les garantice contar con agua, sobre todo en esta región que cuenta con escases de lluvia. En ese sentido, abrir las compuertas de diversas presas, estaría dejando sin el vital líquido a muchos ciudadanos, por lo que es necesario se generen otros mecanismos que en los que, si bien se cumpla con los tratados suscritos por el Estado Mexicano, también se protejan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, ya que los resultados no se verán a corto plazo, pero conforme transcurra el tiempo, los problemas comenzarán a percibirse, lo que haría la problemática aún más grave.

En este contexto, se formula el presente punto de acuerdo para hacer un atento llamado a las autoridades federales y locales del estado de chihuahua para que tomen cartas en el asunto, buscando soluciones viables en el cual se puede realizar el pago de agua a los Estados Unidos, pero sin dejar de lado el bienestar de la población inconforme.

En este orden de ideas, se solicita a la Comisión Nacional del Agua y demás autoridades competentes en el tema, puedan dar una solución referente a la problemática del agua, sobre todo abordando el tema de las presas involucradas en el proceso de abrir sus compuertas para saldar la deuda del Tratado de Aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de la Comisión Nacional del Agua coadyuven con el gobierno del estado de Chihuahua, para que realicen y ejecuten las acciones necesarias y den solución a la problemática del agua que existe en la presa La Boquilla, para que los ciudadanos que dependen de ella, no se vean afectados por la probable apertura de las compuertas de dicha presa.

Nota

1 Organización de las Naciones Unidas. (2014). Decenio Internacional para la Acción “El agua como fuente de vida 2005-2015”. Febrero 06, 2020, de ONU Sitio web:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_righ t_to_water.shtml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020

Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar y ejecutar con el INM políticas públicas transparentes y eficaces que privilegien el respeto de los derechos humanos de los migrantes, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La migración es un fenómeno mundial que ha venido evidentemente en aumento y que no parece reversible. La falta de oportunidades, la inseguridad, la pobreza, la incertidumbre social o la experiencia de vivir nuevas culturas, pueden ser algunas de las razones para migrar. En 2017, alrededor de dos de cada 10 personas migrantes en el mundo provenían de la India, México, Rusia, China o Bangladesh.

México es un paso importante en los flujos migratorios, porque es uno de los principales países que por diversas condiciones sociales y políticas expulsa connacionales y segundo, porque es un país de tránsito hacía el destino más importante para la migración, que es Estados Unidos de América (EUA).1 De tal manera que no debemos cerrar los ojos a lo que todo el mundo sabe, que desde 1990 el corredor migratorio México-EUA, es el principal en el mundo, con 12.7 millones de personas migrantes sólo en el año 2017.1

Otros datos relevantes para tomar como referencia, es que en general, la población migrante internacional presenta una estructura de edad en etapa reproductiva y laboral, sin embargo, el universo de la movilidad humana está constituido por personas de todas las edades, por ejemplo, siguiendo los datos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2017 migraron 124.6 millones de mujeres y 133.1 millones de hombres, un 48.4 por ciento y 51.6 por ciento respectivamente. De ellos, 21.6 por ciento se encontraban en sus 30, pero aproximadamente 13.9 por ciento eran menores de edad y 16.7 eran personas de la tercera edad.2

Cabe recordar que el 10 y 11 de diciembre del año 2018 en Marrakech, Marruecos, se llevó la Conferencia Intergubernamental para Adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en la que 150 países integrantes de la ONU firmaron dicho pacto, entre ellos por supuesto México.

En voz del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, nos comprometimos a la aplicación absoluta e inmediata de los lineamientos:

“...como México fue un promovente tan activo, pues ahora somos el país más comprometido de todos para llevarlo a cabo y lo vamos a hacer con toda resolución, México va a cambiar su política migratoria, México va a hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura ordenada y regular, vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablaran nuestros hechos...” 4

Tanto en la Declaración de Nueva York, como en el Pacto Mundial sobre Migración, destacan entre sus objetivos el compromiso de los estados por la salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas y en tránsito, esto a través de la conformación de un frente amplio que integre voluntades tanto de las instituciones de gobernanza como de la sociedad civil.

Las estaciones migratorias, que son las instalaciones físicas que se establecen para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su estancia migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; son los puntos neurálgicos donde coinciden los migrantes, las asociaciones civiles y las autoridades, en lo que debería ser un ámbito de confirmación de propósitos para lograr una migración ordenada y segura.

En México, el Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad competente para verificar la situación migratoria de las y los extranjeros en el territorio nacional y está al frente en el desarrollo de las actividades en dichos centros y es el responsable de lo que conocemos como Estación Migratoria Siglo XX ubicada en Tapachula, Chiapas. Este centro de detención, es el más grande de toda América Latina.

El Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, AC, el 26 de enero del año 2020, emitió un comunicado en el que daba a conocer que las autoridades el INM y particularmente su delegación en Chiapas, habían decido suspender el ingreso de su personal a la estación migratoria en comento, acción que rechaza tajantemente.5

Al respecto, el pasado 28 de enero del año en curso, personal de segundo nivel en la administración federal actual, dio a conocer que había decidido suspender temporalmente el ingreso de organizaciones civiles a las estaciones migratorias, quienes documentan probables violaciones a derechos humanos, al igual que a miembros de congregaciones religiosas, incluso de aquellos que tienen una larga tradición de presencia en dicho centro, a través del oficio INM/DGCVM/0118/2020.6

Ante la evidente violación a las normativas internacionales en materia humanitaria y de migración, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que desmiente y se desmarca de lo enunciado en el oficio INM/DGCVM/0118/2020.7

No obstante, el Instituto Nacional de Migración, publicó por sus canales oficiales de comunicación, mediante “tarjeta informativa”, que dicho oficio era completamente cierto y válido, y que a la brevedad se notificaría las fechas posibles de reingreso.8

El desacuerdo entre ambos niveles de la administración es evidente y preocupante, toda vez que lo que está en juego la mediana o posible estabilidad de todos aquellos seres humanos que tienen la necesidad de encontrarse en los centros de detención del estado de Chiapas y de los de todo México.

En la Cámara de Diputados estamos conscientes de que en los últimos años el fenómeno migratorio ha presentado retos difíciles de solventar, por lo que consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Gobernación para que de manera congruente y coordinada con el Instituto Nacional de Migración, planteen y ejecuten políticas públicas transparentes y eficaces que privilegien el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente las detenidas en los centros de control migratoria de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, de manera congruente y coordinada con el Instituto Nacional de Migración, implementen y ejecuten políticas públicas transparentes y eficaces que privilegien el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente las detenidas en los centros de control migratorio de nuestro país, a fin de que se garantice el legítimo derecho de la sociedad civil organizada a participar con acciones apegadas a ley y en favor de los derechos humanos de los migrantes y evitar reincidir en casos como lo sucedido en la Estación Migratoria Siglo XX en Tapachula, Chiapas.

Notas

1 Fundación BBVA, Yearbook of migration and remittances, 2019.

2 Ibis.

3 Con datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://www.un.org/development/desa/es/about/desa-divisions/population. html

4 Intervención del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón en la inauguración de la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, de la ONU. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://www.facebook.com/SREMX/videos/participaci%C3%B3n-del-secretario -de-relaciones-exteriores-de-m%C3%A9xico-marcelo-ebrard-e/3834207324037 04/

5 Comunicado en su cuenta Twitter. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://www.facebook.com/CDHFrayMatias/photos/pb.431072456926492.-22075 20000../3075563359144042/?type=3&theater

6 Documento que puede ser consultado adjunto a una nota periodística. Disponible en la dirección electrónica: https://www.angulo7.com.mx/2020/01/29/prohiben-a-ongs-ingresar-a-estaci ones-migratorias-en-mexico/

7 Comunicado de SEGOB en su cuenta de Twitter. Disponible para su consulta en la dirección electrónica: https://twitter.com/SEGOB_mx/status/1222362612630880256

8 Comunicado de INM, en su cuenta de Twitter. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:
https://twitter.com/INAMI_mx/status/1222320352912502785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1222320352912502785&ref_url=https%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2901%2Fmexico%2
Fsegob-desconoce-prohibicion-de-inm-de-entrada-a-estancias-migratorias%2F

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar condiciones dignas en todas las estaciones migratorias, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en ejercicio de la facultad que confiere lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.1

Las migraciones son un fenómeno inherente al ser humano, dadas las necesidades del hombre este ha ido transitando por el mundo en busca de alimento, comodidad y nuevos territorios que les permitan subsistir. En pleno 2020 es muy común escuchar y ver grupos de migrantes en busca de alimento, una mejor vida, oportunidades de superarse, de acceder a una educación de calidad, de encontrarse con los suyos, por conflictos sociales, terrorismo, o por fenómenos naturales.

México establece el libre tránsito dentro del territorio nacional, sin embargo, eso no garantiza la seguridad de los migrantes durante su paso es en nuestro país en donde han acontecido miles de casos que atentan contra la vida de los migrantes nacionales y centroamericanos, ya que la mayor parte de las muertes de migrantes han sido registradas en las aguas del rio bravo ubicado en los límites entre México y los Estados Unidos, y dentro del territorio nacional se han suscitado casos de maltrato, intromisión del crimen organizado, trata y desaparición de migrantes. Es nuestro deber como país garantizarles un trato digno, así como su seguridad y necesidades básicas mientras se encuentren en territorio nacional, así como lo establece la Ley de Migración específicamente en el artículo 1o.

La Organización Internacional de Migración ha hecho énfasis en la seguridad y trato digno para los migrantes. Ya que “la pérdida de vidas humanas nunca debe naturalizarse ni debe tolerarse como un riesgo asumido de la migración irregular.”2

Particularidades del Caso Mexicano

México es un país que por su ubicación geográfica es ruta de miles de migrantes nacionales y centroamericanos con el objetivo de llegar a Estados Unidos, “las personas migrantes en tránsito por México representan una población en constante movilidad, con muchas necesidades, pero también con derechos, con dignidad que debe respetarse; con independencia de su estatus legal en el país. Son personas que por diversas causas deciden dejar su país, y afrontar peligros y grandes trayectos, son diversos en busca de nuevas oportunidades de vida”.3

Además, se debe acatar lo expuesto en el artículo 11o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

El Instituto Nacional de Migración ha hecho por años un esfuerzo inconmensurable por garantizar atención a los migrantes que pasan por nuestro país, mediante las estaciones migrantes, pero la realidad ha rebasado lo planteado, en teoría dentro de estos centros se deben prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, alimentación, integridad de los migrantes, y garantizar el cumplimiento de sus derechos tal y como lo establece el artículo 107o. de la Ley de Migración. Sin embargo, la CNDH ha demostrado que las estaciones migratorias no son las idóneas para garantizar los derechos humanos de los migrantes, es el caso de la maltrato y muerte de una infante guatemalteca dentro de una estación migrante, tal y como se redacta en la recomendación 77/2019,5 además, el titular del INM Francisco Garduño Yáñez reconoció el mal estado de las estaciones migratorias.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano6 ha hecho un comunicado al gobierno federal en el que deja entrevisto la realidad de estancias provisionales y estaciones de migrantes del INM, en donde existe un hacinamiento en gran parte de ellos, se violan derechos humanos, se realizan traslados irregulares entre centros, se priva de la libertad a acreditados en condición de refugiados, no se garantizan necesidades básicas, medicamentos, y en ocasiones se llega la precarización de servicios indispensables.

Por otro lado el Informe Especial: Situación de las Estaciones Migratorias en México 20197 señala que “en nuestro país, sin embargo, sigue imperando una política de contención y de detención, privando de la libertad a las personas en recintos que evidencian carencias y malas condiciones de trato [...] las condiciones y características estructurales y de administración de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, en las que son privadas de su libertad en tanto se resuelve su condición migratoria en el país, mantienen el modelo carcelario, en el permanecen en celdas bajo llave y sometidas a un tratamiento similar al que reciben aquellas personas que han infringido la ley penal.”

A pesar de lo expuesto con anterioridad, tristemente hoy día es muy común ver títulos periodísticos como “entre gritos y llanto migrantes denuncian presunto maltrato físico y verbal en albergue”, “maltrato en albergue migrante del sureste de México” o “crimen organizado infiltra albergues de migrantes”, es tiempo que cambiemos el status de México sobre migración ante el mundo, y de que colaboremos a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible para 2030 de las Naciones Unidas8 respecto a la aplicación de políticas para facilitar una migración ordenada, segura, regular, responsable y universal.

Por otra parte, la niñez y adolescencia migrante debe ser un tema de suma importancia, el medio informativo El País9 ha hecho público un trato indignante para los infantes dentro de las estaciones migrantes, en su nota se puede leer lo siguiente; “para ingresar, los niños migrantes pasan una puerta enrejada y un arco detector de metales. A partir de allí, estarán encerrados e incomunicados. Se les asignará una de las habitaciones con literas de cemento y colchoneta, de las que muchos salen con infecciones de chinches, ronchas, diarrea y anginas. Algunos dormirán en los pasillos, hacinados entre cientos más que vienen desde Centroamérica, Asia y África cargando un pasado de violencia, privaciones y trauma”.

El trato hacia esta comunidad migrante es indignante, la cruda realidad nos aleja de ser solidarios y respetuosos con nuestros connacionales, es momento voltear y poner el interés suficiente, se debe hacer conciencia y ponerse en su lugar, muchas veces “la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, en particular de México y algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países”.10

Los datos son alarmantes, según la UNICEF11 “las autoridades migratorias detectaron 18 mil 300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16 mil 162 fueron retornados a sus países de origen.”, es decir, un aproximado de 2 mil infantes está detenido en albergues mexicanos, fueron expuestos el crimen organizado, sufren hambre o murieron.

La CNDH a través del Informe Especial: Situación de las Estaciones Migrantes 2019 establece que “a pesar de que el Reglamento de Ley General de los Derechos los Niños, Niñas y Adolescentes, y la legislación migratoria establecen que éstos bajo ninguna circunstancia deben ser privados de su libertad en recintos migratorios, se documentó de forma reiterada, que había niñez migrante, acompañada y no acompañada detenida en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, lo que atenta contra el principio del interés superior de la niñez y la unidad familiar, siendo que dichos lugares no son apropiados para su atención integral”.12

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Migración me permito hacer un llamado a las autoridades para afianzar un trato digno hacia los migrantes poniendo especial atención en niños y adolescentes, con el fin de garantizar respeto, pleno cumplimiento de derechos humanos, seguridad, necesidades básicas e información dentro y fuera de los albergues, y casas migrantes, que las autoridades competentes hagan su trabajo; no solo por servir, sino por humanidad y solidaridad con las personas que se encuentran en nuestro país en busca de un mejor futuro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación el Instituto Nacional de Migración otorgue un trato digno, seguridad y satisfacción de necesidades básicas a los migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias del país.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que mediante las Secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana establezcan jornadas de revisión en las estaciones migratorias en torno a infraestructura y sanidad a fin de garantizar la integridad de los migrantes.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través del DIF Nacional y la Secretaría de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Migración garanticen la protección a los infantes y adolecentes dentro de las estaciones migrantes.

Notas

1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html

2 Frank Laczko, director general del Centro de Análisis de Datos de la OIM.

3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Espec ial-Desafios-migracion.pdf

5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Rec-2019 -77.pdf

6 http://cdhfraymatias.org/web/wp-content/uploads/2019/11/Comunicado_COMD HSM_04.10.2019.pdf

7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Informe- Estaciones-Migratorias-2019.pdf

8 file:///C:/Users/Nay%20Salvatori/Downloads/The-Sustainable-Development- Goals-Report-2019_Spanish%20(1).pdf

9 https://elpais.com/internacional/2019/07/24/mexico/1563987207_829054.ht ml

10 y 11 https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y -adolescentes

12 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Informe- Estaciones-Migratorias-2019.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar, la Sader y la Conapesca a intensificar la vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas en Cihuatlán y La Huerta, Jalisco, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79 en su inciso 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; la que suscribe Diputada Mónica Almeida López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, para que se intensifique la vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas de los municipios de Cihuatlán y la Huerta Jalisco, a fin de evitar la pesca ilegal disponiendo del mayor número de recursos humanos técnicos, financieros y materiales necesarios, en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La FAO-ONU reconoce que la pesca ribereña puede ser un factor de cambio en numerosas comunidades costeras y desempeñar un papel clave en el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria de las naciones, la nutrición de millones de personas y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, pero es necesario implementar reformas estructurales de fondo para alcanzar estos objetivos.

México es el país número 16 en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, pero ciertamente, con un pequeño esfuerzo, podría situarse entre los primeros 10 lugares en relativamente poco tiempo. Sin embargo, es prácticamente imposible que este sector se desarrolle y alcance un mayor potencial si no se resuelven algunos factores estructurales que mantienen a la actividad pesquera en un estancamiento desde hace décadas.

Según el último Informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura –elaborado por la FAO–, la producción total de productos marinos en el mundo alcanzó 171 millones de toneladas, de las cuales 91 millones corresponden a la pesca de captura y el resto a la acuacultura; sin embargo, las capturas se encuentran estancadas desde finales de los ochenta. En México esta tendencia es similar: en 2016 se alcanzó una producción de 1.5 millones de toneladas de pesca de captura (marina y continental) con un total de 238 mil pescadores y 56 mil acuacultores (FAO, 2018) dedicados a esta actividad. Esta producción se incrementa un poco, año con año, pero sin mostrar claras señales de crecimiento y desarrollo sostenido.

La importancia de la Pesca en México, tiene antecedentes históricos y no es para menos porque de acuerdo a lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, por lo que corresponde a ésta el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos, de igual manera son considerados propiedad de la misma las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; así como las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, el Sector Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador.

Esta riqueza biológica de los mares mexicanos puede traducirse en riqueza pesquera y generadora de empleos, siendo oportuno que su potencial sea explotado atendiendo los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente. Además de la pesca, la acuacultura y la maricultura son actividades que también demandan de un impulso ante su desarrollo aún incipiente, por lo que los Planes de Manejo Pesquero se encuentran apegados a lo establecido en nuestra Carta Magna, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 4 fracción XXXVI, 36 fracción II y 39, y a la Carta Nacional Pesquera 2017.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de importancia para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del país. Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.

Definiendo las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos. Indicando los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral. Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. Procura el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y propone mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos.

En razón de lo anterior podemos precisar que actualmente se cuenta con el sustento normativo que impulsa y regula este sector, pero que lamentablemente existen factores externos que impiden el correcto funcionamiento de una de las principales actividades que sostienen la soberanía alimentaria del país, como lo es la pesca ilegal, ya que, de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la competitividad, la pesca ilegal corresponde al 60% de la reproducción nacional reportada.

Este fenómeno se da como el resultado de la falta de capacidad para regular el cumplimiento de las disposiciones legales, siendo las más frecuentes el no contar con el permiso o concesión para pescar, las artes de pesca prohibida, la pesca en época de veda, en zonas protegidas o sobre especies prohibidas, además de las dificultades administrativas de nuestras autoridades para empadronar a los pescadores y lograr que se encuentren laborando bajo el marco legal aplicable.

Además de ser un fenómeno que incide directamente en el medio ambiente, ya implica un factor económico adicional negativo, ya que dificulta la competitividad de los pescadores que se encuentran laborando por la vía licita, siendo una tarea complicada llevar a cabo una vigilancia exhaustiva esto en razón de la falta de recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo.

Actualmente existe una gran demanda por parte de los pescadores de las costas Jaliscienses de Cihuatlán y la Huerta, solicitando una mayor y más exhaustiva vigilancia a fin de disminuir la pesca ilegal en sus municipios, que les permita tener ingresos pero sobre todo la posibilidad de desempeñarse ya donde esta actividad representa la fuente de ingresos de gran parte de la población, además de ser determinante para el abasto de alimentos de la zona la cual es altamente turística, en virtud de la proliferación de embarcaciones de pesca ilegal, donde se tiene registro de hasta un 40% de desperdicio de especies que son pescadas de forma accidental generando un grave al ecosistema.

La sobreexplotación de especies ha ocasionado el retraso del ciclo de recuperación de la población marina, ya que la pesca ilegal al capturar especies en masa de manera indiscriminada, a los peces comestibles que no corresponden a la especie a que ellos les representa interés económico, son descartados y desechados, dejando sin la posibilidad de ser utilizados por los pescadores legales que capturan a este tipo de especies, teniendo un doble efecto negativo, que además de afectar la fauna marítima, hacen casi imposible la restructuración de especies, que aunado a los cambios climáticos está ocasionando una disminución de esta actividad.

Por lo antes expuesto a esta soberanía sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta la Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, para que se intensifique la vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas de los municipios de Cihuatlán y la Huerta, Jalisco, a fin de evitar la pesca ilegal, disponiendo del mayor número de recursos humanos técnicos, financieros y materiales necesarios, en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2020. Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a adoptar medidas administrativas para atender la alerta y emergencia internacionales del nuevo coronavirus Covid-19, 2019-nCoV, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

Claudia Tello Espinosa, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Salud, determina que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de entidades públicas –federales y estatales–, del sector social y del privado que prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio nacional.

Uno de sus objetivos es integrar los diversos servicios de salud existentes con la coordinación de la Secretaría de Salud, a quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.° y 8.° de la Ley General de Salud, le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal; promueve e impulsa que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo; determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud. Por otra parte, el artículo 9, de la misma ley, establece que gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Por cuanto hace a la participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas, el artículo 10, determina su coordinación a través de la misma Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Ante la emergencia internacional para atender el control y prevención de enfermedades identificadas con un nuevo coronavirus (2019-nCoV) la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud, recomiendan que los Estados Miembros fortalezcan las actividades de vigilancia para detectar de forma temprana los casos sospechosos de 2019-nCoV, detectar eventos respiratorios inusuales y garantizar que los trabajadores de salud tengan acceso a información actualizada sobre esta enfermedad, y estén familiarizados con los principios y procedimientos para controlar las infecciones 2019- nCoV así como estén capacitados para consultar el historial de viajes de un paciente para vincular esta información con datos clínicos.

Para lo anterior la OMS publicó el 17 de enero de 2020 una actualización de la guía provisional para pruebas de laboratorio para el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) en casos humanos sospechosos disponible (en inglés) en: https://bit.ly/2RZf577

Aunado a lo anterior, la Organización Panamericana de Salud (OPS) el 1 de febrero de 2020, publicó una Guía de laboratorio para la detección y el diagnóstico del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Información sobre la recolección de muestras y el envío adecuado; pruebas de laboratorio que incluyen un algoritmo de prueba; y se pueden encontrar informes de casos y resultados de pruebas en esta guía provisional, disponible en español en: https://bit.ly/2Sjgqou

Considerando que actualmente, no existe un tratamiento específico para la infección por 2019-nCoV, incluido el uso de antivirales, como el oseltamivir. El manejo de casos sospechosos o confirmados de 2019-nCoV implica el reconocimiento temprano de signos y síntomas de la enfermedad respiratoria aguda grave inusual, aislamiento del caso según prácticas de PCI, monitoreo y terapia de soporte precoz, recolección de muestras para diagnóstico de laboratorio, manejo de fallo respiratorio, manejo del shock séptico y prevención de complicaciones. Proponiendo adoptar las siguientes medidas:

I. Aislamiento: Las personas para quienes se sospecha la infección 2019-nCoV, o se confirma mediante pruebas de laboratorio, deben colocarse en una habitación individual. Por lo tanto, se deben identificar los establecimientos de salud con capacidad de aislamiento y comunicar su existencia a todos los establecimientos de salud públicos y privados, y definir el flujo para la derivación y el transporte de pacientes a instalaciones con capacidad.

II. La identificación de las instalaciones de atención médica con capacidad de aislamiento, y dónde se debe derivar a los pacientes, también debe contemplar la prestación de cuidados intensivos en una o más de esas instalaciones.

III. Revisar las disposiciones legales para identificar cualquier escapatoria que pueda obstaculizar la capacidad de las autoridades para aplicar medidas de contención dentro de los centros de salud.

IV. Rastreo de contactos: el rastreo de contactos constituye una medida crítica para minimizar las oportunidades de transmisión, abarcando la identificación y el seguimiento de la salud de los contactos de las personas para quienes la infección 2019-nCoV se considera o se confirma mediante pruebas de laboratorio.

Los aspectos que deben contemplarse al definir la implementación de las medidas de localización de contactos incluyen:

A. Modalidades para llevar a cabo el seguimiento de los contactos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información disponible actualmente, 2019-nCoV sólo puede ser transmitida por individuos sintomáticos.

B. Enfoque para la identificación de contactos relacionados con los transportes en los que se está considerando o se confirma mediante pruebas de laboratorio a personas para las que la infección por el 2019-nCoV.

C. Procedimientos y herramientas para acceder y gestionar la información relacionada con los contactos, incluyendo la Información Anticipada de Pasajeros (API) y el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR).

D. Procedimientos para informar a sus homólogos de otros Estados. Parte cuando las medidas de rastreo de contactos tengan ramificaciones internacionales.

E. En la actualidad, sería prudente revisar las disposiciones legales para identificar cualquier laguna que pudiera obstaculizar la capacidad de las autoridades para aplicar medidas de rastreo de contactos.

Atendiendo a la alerta y emergencia internacional, de manera respetuosa se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, implemente un programa especial para atender las alertas sobre la infección por el 2019-nCoVy adopte las medidas administrativas necesarias para que los laboratorios del Sector Salud cuenten con los epidemiólogos y especialistas, así como equipo y reactivos necesarios para los estudios de muestras de casos sospechosos de infección por 2019-nCoV.

La Organización Mundial de la Salud (OMS ) anunció el 11 de febrero de 2020, que el nuevo virus detectado en China y que provoca una enfermedad respiratoria se llama ahora Covid-19, el cual ha ocasionado hasta el día de hoy la muerte de mil 113 personas en China continental. Ante la alerta y la emergencia internacional, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta a la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud implemente un programa especial para la vigilancia y atención de alertas sobre la infección por el 2019-nCoV, adoptando las medidas administrativas necesarias para que los laboratorios del Sector Salud cuenten con los epidemiólogos y especialistas, así como el equipo y reactivos necesarios para el estudios de muestras de casos sospechosos de infección por 2019-nCoV de conformidad la guía de laboratorio para la detección y el diagnóstico del nuevo coronavirus Covid-19 (2019-nCoV) conforme lo determina la Organización Mundial de Salud.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de Coordinadora del Sistema Nacional de Salud, supervisé y actualice semanalmente el monitoreo de pacientes sospechosos y medidas adoptadas para la prevención, contención y atención de casos de infección por Covid-19 (2019-nCoV), así como los requerimientos materiales y humanos necesarios para la atención preventiva y, en su caso, emergente en la detección de infecciones.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta a la Secretaria de Salud, en su calidad de Coordinadora del Sistema Nacional de Salud, elabore y haga público, a la brevedad posible, un plan financiero para la atención de las medidas solicitadas en el presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020

Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conanp a realizar acciones de conservación y protección del águila real, suscrita por las diputadas Silvia Guadalupe Garza Galván y Jacquelina Martínez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, Silvia Guadalupe Garza Galván y Jacquelina Martínez Juárez, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XX; 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia del Escudo Nacional se remonta a 1968, cuando el muralista y grabador Francisco Eppens Helguera fue comisionado por el entonces presidente de la República para su elaboración.1

Así, el 17 de agosto de 1968 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la “Ley sobre las características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, misma que fue abrogada por la actual y vigente Ley sobre el Escudo, La Bandera, y El Himno Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, en cuyo artículo 2o. se establece, a la letra, lo siguiente:

“Artículo 2o. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.”

Si bien se refiere el término “águila mexicana”, lo cierto es que la especie plasmada es la conocida como “águila real” cuyo nombre científico es “Aquila chrysaetos”.

Según la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el águila real forma parte del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer) y, de acuerdo a la ficha técnica de ese programa, el Águila Real es considerada como una de las especies de águila de mayor tamaño; presenta plumaje color café, la cabeza y nuca están cubiertas de plumas lanceoladas de tonos dorados, el dorso es castaño oscuro con matices rojizos mientras las partes interiores son más claras, la cola es ligeramente más clara que el cuerpo y posee plumas largas y anchas con una pequeña mancha blanquecina. El pico es robusto y en forma de gancho. Las patas están emplumadas y los dedos quedan descubiertos, los cuales son gruesos y cortos de color amarillo; las garras son extremadamente largas y fuertes. Los ojos castaños están semihundidos y se localizan hacia el frente, siendo que los individuos adultos miden de 0.75 a 1.20 metros desde el pico hasta la cola y entre 1.82 y 2.30 metros de la punta de un ala a la otra.2

El águila real es un ave rapaz con amplia distribución en el mundo. En América se extiende desde el norte del continente hasta el centro de México. Actualmente la distribución del águila real en el país abarca regiones de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y probablemente Oaxaca.

En 1994, el Águila Real fue incluida como especie “en peligro de extinción” en la lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994; no obstante, en marzo de 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la NOM-059-SEMARNAP1994. Tras la aplicación del Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres en México (MER), establecido en dichas modificaciones, se cambió al Águila Real dentro de la categoría de “Amenazada” (NOM-059-SEMARNAT2001); sin embargo el Subcomité Técnico Consultivo para la Protección, Conservación y Recuperación del Águila Real, acordó que, para los fines de la conservación y recuperación de la especie, continuaría considerándola como en peligro de extinción.3

En la actualidad se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”, con la categoría de “Amenazada” .

En el año 2017 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, anunció haber detectado un nuevo territorio de anidación de águila real, en ubicado en la parte norte de la Sierra de Juárez, en el municipio de Tecate, Baja California.4

En tanto, en 2018 la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comunicó que había registrado 142 parejas reproductivas de águila real, lo que representa un incremento significativo en el registro de su población respecto a la documentada en 2012, cuando se identificaron 81 parejas.5

Según el comunicado, el aumento detectado se debía al fortalecimiento de las acciones de monitoreo por parte de la Conanp en coordinación con instituciones, organizaciones y las comunidades que habitan las áreas naturales protegidas (ANP).

No obstante lo anterior, el acelerado crecimiento de las actividades humanas en áreas de distribución del águila real ha generado un enorme impacto en su hábitat y sus poblaciones. Su hábitat se ha fragmentado, entre otros factores, por el establecimiento de nuevos campos de cultivo, de espacios ganaderos, la apertura de minas y la construcción de carreteras o poblados.6

Lo anterior origina la pérdida de sitios para anidar así como la ausencia de presas suficientes para cubrir las necesidades de alimentación de la especie; de igual manera, otro problema es el indiscriminado uso de plaguicidas que envenenan a las presas de la especie, pues le causan indirectamente problemas de salud.

Finalmente, otros problemas identificados que amenazan a la especie, es el saqueo de nidos y la captura de ejemplares juveniles y adultos para su venta ilegal como mascotas y para la práctica de cetrería, así como las colisiones de las águilas con tendidos eléctricos, lo que frecuentemente causa su electrocución que deriva en severas quemaduras o la muerte de los individuos.

Como se advierte de lo anteriormente expuesto, el águila real por sí misma tiene valía como especie de vida silvestre, pero se enfrenta a serias y constantes amenazas, por lo que debe ser protegida como especie; sin embargo, su valía se acrecienta por su valor simbólico al formar parte de uno de los símbolos patrios de la nación, por lo que como país no se puede permitir que su protección y preservación se vea afectada, de ahí la razón y la importancia de las acciones que se sujetan a consideración de esta soberanía a través del presente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que coordine acciones en el ámbito de su competencia para redoblar esfuerzos en la conservación y protección de la especie conocida como águila real (Aquila chrysaetos), así como de su hábitat.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de que informe al público en general, las acciones que directa o indirectamente ha realizado en el último año, aquellas que se encuentra realizando, y las programadas, a fin de lograr una efectiva conservación y protección de la especie conocida como águila real (Aquila chrysaetos), así como de su hábitat.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que informe al público en general, las acciones realizadas en el marco del Programa de Conservación de Especies en Riesgo o cualquier otro programa, la totalidad de acciones que en el ámbito de su competencia ha realizado, se encuentra realizando, y tiene programadas para la conservación y protección de la especie conocida como águila real (Aquila chrysaetos), así como de su hábitat.

Notas

1 https://www.milenio.com/cultura/el-simbolismo-y-origen-del-escudo-nacio nal-de-mexico

2 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/especies/WEB/d ocs/fichas/aguila-real.pdf

3 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/especies/WEB/d ocs/pace/PACE-AGUILA-REAL.pdf

4 https://www.gob.mx/conanp/es/prensa/detecta-conanp-nuevo-territorio-de- anidacion-de-aguila-real?idiom=fr

5 https://www.gob.mx/conanp/prensa/aumenta-numero-de-parejas-reproductiva s-de-aguila-real-registradas-en-mexico

6 http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/especies/WEB/d ocs/fichas/aguila-real.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a publicar por la SHCP el nombre y número de los programas sectoriales y especiales derivados del PND 2019-2024 que han obtenido dictamen previo y la aprobación presidencial, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país tiene una larga tradición, desde antes de la mitad del siglo XX, de buscar orientar las acciones de gobierno y las responsabilidades del Estado, a través de planes y programas. Destacan las experiencias del Partido Nacional Revolucionario y del presidente Lázaro Cárdenas del Río del Plan Sexenal de 1933. Años después, el Plan de Acción Inmediata de 1962, con el presidente Adolfo López Mateos, y el Programa de Desarrollo Económico y Social de México para el periodo 1966-1970 del presidente Díaz Ordaz, por mencionar algunos de los más relevantes.

Hacia el último cuarto del siglo XX, en 1976, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada de la elaboración del Plan Global de Desarrollo 1980-1982.

Sin embargo, en 1983 se llevaron a cabo reformas a los artículos 25, 26 y 73, fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional y elevar la planeación a rango constitucional. Ese mismo año se expidió, el 5 de enero, la Ley de Planeación aún vigente, que creo el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD ) que involucra a las dependencias federales, poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad a través de sus organizaciones en dicha actividad.

El sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, fue el primero en contar con un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1983.

En la segunda década del siglo XXI, como resultado de las negociaciones de la reforma político-electoral de 2013-2014, el 14 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que le otorgó a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, dejando plazos y formas de esa aprobación para la ley secundaria, que en este caso es la Ley de Planeación.

Cuatro años después, el 16 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, que concretizó la modificación Constitucional.

El texto vigente de la Ley de Planeación establece:

Artículo 5o .- El Ejecutivo federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio Plan.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) es un entramado general de esfuerzos institucionales, legales, de objetivos, estrategias y acciones, de políticas públicas, visones de futuro y presupuestales. Todo lo que se consigna y acuerda en el Plan Nacional de Desarrollo, se debe derivar en programas de tipo sectorial, regional, especial e institucional, de tal manera que no se dupliquen o desperdicien esfuerzos.

En tal sentido, las dependencias y entidades de la administración pública federal, los organismos descentralizados y otras entidades, forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a través de las unidades administrativas que tienen asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias y entidades.

De acuerdo a la Ley de planeación y al SNPD, en el Plan Nacional de Desarrollo se deben indicar los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, que deberán ser elaborados por la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el Presidente de la República posteriormente .

Estos programas deben observar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y su vigencia no debe exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor .

En términos generales, los programas sectoriales se deben sujetar a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y deben especificar los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Deben, asimismo, contener las estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución .

En términos específicos, los programas institucionales deben sujetarse a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se deberán ajustar a lo previsto en la Ley de Planeación, sin perjuicio de lo dispuesto, en lo conducente, por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, en su caso, por las disposiciones que regulen su organización y funcionamiento.

Por su parte los programas regionales deben referirse a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. El Ejecutivo federal debe señalar a la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas.

Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. De igual manera, el Ejecutivo federal debe señalar la dependencia responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada uno de estos programas.

Ahora bien, sin menoscabo de lo anterior, todos los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, deben contener al menos, los siguientes elementos:

1. Un diagnóstico general sobre la problemática a atender por el programa, así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el Plan;

2. Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan;

3. Las estrategias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa;

4. Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución;

5. Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos del programa, y

6. Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.

Cabe mencionar que desde el año de 2012 y luego en el año 2018, se hicieron algunas adecuaciones importantes a los artículos 29 y 30 de la Ley de Planeación, que establecen lo siguiente.

Artículo 29 .- Los programas regionales y especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 30 .- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo federal, deberán publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan.

Con el apoyo de esta Cámara de Diputados y pese a que el documento tenía fallas metodológicas y muchos aspectos que mejorar, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el 12 de julio de 2019.

De hecho, una de las múltiples deficiencias del PND 2019-2024 fue la omisión del cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Planeación que textualmente establece que:

Artículo 22 .- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados conforme a este capítulo, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración se encuentre prevista en las leyes o que determine el presidente de la República posteriormente

Cabe destacar que el documento denominado: Anexo XVIII-Bis, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2019 y que era parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y remitido por la Secretaria de Gobernación, sí contaba con una relación de 44 Programas entre sectoriales y especiales, que daban cumplimiento al precepto referido; sin embargo, esta parte no se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

De entre los programas mencionados en el Anexo XVIII-Bis destacan:

1. Programa Regional de Desarrollo y Bienestar de la Cuenca Balsas Pacífico Sur

2. Programa Nacional de Derechos Humanos

3. Programa Nacional de Población

4. Programa Especial de Política Migratoria

5. Programa Nacional de Cultura de Paz y Prevención Social del Delito para la Reconstrucción del Tejido Social

6. Programa Especial para Vivir la Democracia: Impulso del Desarrollo Democrático y la Participación Social

7. Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación

8. Programa Nacional de Búsqueda y Localización

9. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

10. Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

11. Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

12. Programa de Atención Integral a Víctimas

13. Programa Nacional de Seguridad Pública

14. Programa para la Seguridad Nacional

15. Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

16. Programa Nacional de Protección Civil

17. Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo

18. Programa Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec

19. Programa Nacional para Profundizar la Inclusión Financiera

20. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

21. Programa de Manejo Sustentable del Agua y el Suelo Agrícola en las regiones del Noroeste y Noreste de México

22. Programa Especial para la Productividad y la Competitividad

23. Programa Nacional de Cultura Física y Deporte

24. Programa para la Transformación de la Educación Superior

25. Programa Especial para Formular y Encausar una Política General sobre el Futuro del Trabajo

26. Programa Nacional de Vivienda

27. Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

28. Programa Nacional de Suelo

29. Programa Especial de Cambio Climático

30. Programa Nacional Hídrico

31. Programa Nacional Forestal

32. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

33. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial

34. Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados

35. Programa Nacional de Desarrollo Social

36. Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

37. Programa Nacional de Juventud

38. Programa de Fomento a la Economía Social

39. Programa Nacional de Mejora de la Gestión Pública y Combate a la Corrupción y la Impunidad

40. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

41. Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología

42. Programa de Atención Integral a Víctimas

43. Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres

44. Trece Programas Hídricos Regionales

Asimismo, y de conformidad con los artículos 16o. y 17o. de la Ley de Planeación, respectivamente, se establecía que las dependencias de la administración pública federal, habrían de elaborar sus programas sectoriales y las entidades paraestatales sus correspondientes programas institucionales.

El documento contenido en el anexo XVIII-Bis de la Gaceta Parlamentaria no fue tomado como versión oficial ni publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta omisión no subsana la obligación de cumplir con el artículo 30 de la Ley de Planeación. En consecuencia, el Ejecutivo federal debería haber publicado los programas sectoriales y especiales dentro de los seis meses siguientes a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plazo que se venció el 12 de enero de 2020.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito exponer a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora sectorial de desarrollo, publique a la brevedad lo siguiente:

1. El nombre y el número de los programas sectoriales y especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que han obtenido su dictamen previo y la aprobación del presidente de la Republica, en virtud de que el 12 de enero venció el plazo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley de Planeación.

2. La metodología y formas de convocatoria a la sociedad utilizados para la elaboración de los programas sectoriales y las fechas en que el Ejecutivo federal dio su aprobación a cada programa sectorial y especial, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Planeación.

Fuentes Consultadas

Estructura institucional del Sistema Nacional de Planeación Democrática en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1009/3.pdf.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, Diario Oficial de la Federación 10/02/2014 en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación 16/02/2018, en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/ 2018

Ley de Planeación en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf

Dado en el pleno la Cámara de Diputados, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tribunales de justicia locales a reforzar la aplicación y el control del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, a efecto de evitar la violencia institucional contra ellas, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos conocemos los problemas de misoginia que prevalecen en nuestra sociedad mexicana, entendido como un problema cultural, histórico, que en silencio y casi imperceptiblemente daña la relación de parejas, familias, en el ámbito laboral y en todos los sentidos.

La población en general percibe que se deja de lado lo que sucede diariamente a las mujeres, como, la comisión de delitos, violaciones a derechos humanos, acoso o abuso; a las mujeres siempre se les culpa de su propia fatalidad. Las justificaciones sobran, qué si estaban solas, que le pasó por la ropa que llevaba, por salir de noche, por viajar sola, por tomar, por divertirse, mil excusas que lastiman y denigran a todas las mexicanas. Dicha violencia es generada por muchos autores, generalmente hombres.

En la psique social se mantiene la sobrevaloración del hombre, como el ente poderoso, único, que toma decisiones, que conoce y dirige; es en ese orden de ideas que se subvalora la mujer.

Es así, que el sexismo se constituye como base sólida de actuación y forma de pensar en México. Lo que permite misoginia, violencia contra las mujeres y que se manifiesta en diferentes formas como la familiar, la social, económica, institucional, laboral, todas conceptualizadas dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tuvo su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril del 2018.

La tolerancia y normalización de la violencia contra la mujer, conlleva a la comisión de tipos penales, incluido el feminicidio. No podemos continuar en esa ruta; en la cuarta transformación estamos en la ruta de recomponer el tejido social, ejecutando las leyes y las políticas públicas para retomar el estado de derecho con orden y paz social.

Recientemente, para cerrar la brecha de desigualdad se realizó la reforma constitucional en materia de paridad de género. Todo ello, es insuficiente si las personas desconocen el contexto o no hacen suyo el problema.

En incontables ocasiones, quien debe garantizar la seguridad, procurar o administrar justicia, realizar un trámite administrativo o cualquier acto de autoridad, no sólo desatiende a una mujer por el simple hecho de serlo, sino que la violenta o victimiza.

Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) 2019, que realiza el Inegi, se constata que, en la incidencia delictiva, específicamente en los delitos sexuales las mujeres se ven más vulneradas al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres, que nos arroja un total de 2,747 delitos sexuales cometidos contra mujeres y 293 contra hombres.

En la misma encuesta se señala que las pérdidas monetarias por victimización, así como los gastos, resultado de daños en la salud, ascendieron a 184.3 millones de pesos; sintiéndose siempre más inseguras las mujeres que los hombres en espacios públicos o privados.

También señala que el 68.4 por ciento de las mujeres encuestadas considera a los jueces corruptos, al 67.9 por ciento a la policía preventiva, al 65.5 por ciento al Ministerio Público, entre otras autoridades, prevaleciendo las que procuran o administran justicia.

Las organizaciones no gubernamentales señalan ineficiencia del Estado, respecto a la implementación de procesos judiciales que garanticen el acceso a la justicia de manera pronta y expedita para las mujeres víctimas de violencia, lo que termina re-victimizándolas.

Hace falta que se procure, administre e imparta justicia con perspectiva de género, dejar de vulnerar los derechos humanos de las mujeres y atender las disposiciones legales en materia de igualdad y paridad de género.

Diariamente tenemos casos de victimización, de agresiones por parte de la autoridad contra las mujeres, que se pueden analizar en carpetas de investigación, expedientes de juicios de diversa índole, no sólo en materia penal, sino en juicios familiares, civiles, mercantiles, por mencionar algunos.

El académico Leonardo Olivos, del Programa de Investigación Feminista de la UNAM, indicó que la violencia es un continuo social que no solamente se reduce al crimen de mujeres o la violencia física, sino que está también perpetrada por toda una serie de valores, normas, prácticas sociales que se construyen en lo cotidiano y que forman parte de la cultura dominante de nuestra sociedad (tomado de

https://www.jornada.com.mx/2018/01/10/sociedad/030n1soc el 7 de noviembre del 2019).

El tema toral donde debe iniciar el cambio de conciencia, es la educación en materia de igualdad de género y nivel de responsabilidad que deben tener las autoridades de procuración y administración de justicia de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano; es decir que la transformación conlleve el nuevo pensamiento en el quehacer de los jueces y magistrados federales, así como, los jueces locales en cada entidad federativa.

Incluso las mujeres tienen una mejor perspectiva del rumbo de desarrollo propio y del país; así lo marca la estadística de bienestar subjetivo que tiene sustento en el Inegi y publicadas por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, que señala que en el balance afectivo, las mujeres identifican otras necesidades (16.1 por ciento) como la más importante, ver que el país mejore (5.1 por ciento) y tener una vivienda mejor (3.6 por ciento).

En las recomendaciones de la CEDAW sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se solicita que la igualdad de género se torne efectiva de derecho y de facto conforme a las disposiciones de la convención para todo el proceso de implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; recordando la importancia de los objetivos que tienen que ver con la incorporación de principios de igualdad y no discriminación para que los Estados-parte reconozcan que las mujeres son motores del desarrollo sostenible y por tanto, deben adoptar políticas y estrategias para que no sean vulnerados sus derechos.

También, el CELIG de la Cámara de Diputados en la publicación que realizó en octubre del 2019, sobre el tema “Brechas de género. Desigualdad social, economía, salud, educación y participación política” sostiene que el Mecanismo de la Convención de Belem Do Pará (MESECVI) acoge con satisfacción la elaboración de una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la creación de varios mecanismos de promoción de la igualdad de género, como las unidades de igualdad de género. Sin embargo, al Comité le preocupan algunos elementos, de los que plasmaré los que considero, tienen que ver con el tema:

a) Los limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Instituto Nacional de las Mujeres para promover la igualdad de género y apoyar su función como principal organismo de coordinación del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres;

b) La falta de una coordinación sistemática e institucionalizada, en los planos federal, estatal y municipal, entre los mandatos de los tres órganos principales que constituyen el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

c)La falta de mecanismos para el seguimiento y la evaluación generales de los efectos de la incorporación de la perspectiva de género, en particular la escasa difusión y utilización de datos desglosados por sexo e indicadores específicamente concebidos para ello;

Para ello, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspectiva de género y asigne recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres, vele por la utilización de mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejore el sistema de seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer.

b) Redoble esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e institucionalizada entre el Instituto Nación al de las Mujeres y las oficinas de la mujer estatales y municipales;

c) Implante mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas para afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persistentes y aplique el planteamiento integrado de incorporación de la perspectiva de género basándose en el cumplimiento de las metas y la utilización de los indicadores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos;

Los esfuerzos en legislación y política pública han sido en pro de mejorar condiciones laborales, económicas, de empoderamiento, de armonizar las responsabilidades en la familia; pero falta poner en acción la política pública que cambie el pensamiento efectivo en la población que termine con la cultura misógina y no polarice el cambio que se torna en estos momentos; hoy son tiempos de paridad.

Ante ello, queda la siguiente pregunta ¿Cómo debe iniciar el cambio ideológico y cultural, para eliminar la misoginia y el machismo del pensamiento y actuar del colectivo?

Fundamentos Legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Artículo 3 . Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación, y

IV. La libertad de las mujeres.

Capítulo IV
De la violencia institucional

Artículo 18. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Artículo 19 . Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

Artículo 38 . El Programa contendra? las acciones con perspectiva de ge?nero para:

III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia , a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género;

En consecuencia, es necesario que la autoridad que administra y procura justicia cambie su concepción respecto del fenómeno que implica la misoginia y el machismo que arroja resultados negativos como la re-victimización de la mujer.

Argumentos

• Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el Inegi, se constata que en 2019 en la comisión de delitos sexuales, las mujeres se ven más vulneradas al contabilizarse 2 mil 747 delitos sexuales cometidos contra mujeres y 293 contra hombres.

• En la misma encuesta (ENVIPE), se señala que las pérdidas monetarias por victimización, así como los gastos, resultado de daños en la salud, ascendieron a 184.3 millones de pesos; sintiéndose en todos los rubros, más inseguras las mujeres que los hombres en espacios públicos o privados.

• También señala la ENVIPE que, el 68.4 por ciento de las mujeres encuestadas considera a los jueces corruptos, al 67.9 por ciento a la policía preventiva, al 65.5 por ciento al Ministerio Público, entre otras autoridades.

• Que es necesario y urgente comenzar los trabajos que permitan un cambio ideológico-cultural del pensamiento colectivo, en torno a los efectos negativos de continuar con actitudes misóginas.

• Que aun cuando la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone de normas que contienen restricciones y sanciones; no especifica la obligatoriedad de las autoridades para que tomen conocimientos del problema que implica que en los actos de autoridad se puede ejecutar la misoginia, el machismo y por ende, puedan conocer la forma de comunicación y las acciones que en forma oral o escrita pueden violar derechos humanos de las mujeres en las diferentes etapas del procedimiento litigioso.

• Que en la comisión e investigación de delitos del fuero común, es donde las mujeres en los Estados de la República, mayormente sufren de vejaciones y abusos.

• Que muchos servidores públicos, caen en los supuestos del art. 18 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, exactamente cometiendo violencia institucional.

• Con la aprobación de este punto de acuerdo, las autoridades que procuran e imparten justicia se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Que los recientes hechos de violencia contra mujeres, donde públicamente se constata que no hubo seguimientos e investigación adecuada en cada caso por parte de las autoridades y que llevó consigo a la comisión de delitos graves; lo que hace necesario asegurar que las autoridades conozcan de igualdad y paridad de género.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías y Tribunales de Justicia de las entidades federativas, para que refuercen la aplicación y controles del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dispuesto en la ley, para evitar la violencia institucional contra las mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a implantar por la SRE y la Secretaría de Bienestar un mecanismo que sirva para que las organizaciones civiles de mexicanos en el extranjero propicien y garanticen la participación económica en la mejora de sus comunidades de origen; y a diseñar e instaurar políticas públicas, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya , del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. El fenómeno migratorio en nuestro país decanta diversos escenarios que merecen estudio y atención. Mejorar su situación económica, vivir nuevas culturas y hasta salvar fenómenos climatológicos pudieran ser las causas de ella. Es innegable que la migración representa un símbolo de esperanza en las personas que emigran. Migrar para superar la adversidad, migrar para lograr una mejor condición de vida, incluso de los que se quedan en el lugar de origen.

En los últimos años, la población mexicana se ha posicionado como la segunda con más población emigrante en el mundo. La mayoría de nuestros connacionales que viven en el extranjero, residen en Estados Unidos, con número que van desde 12.3 millones hasta 38.5 millones si se considera a los mexicanos de segunda y tercera generación.1 Las remesas familiares enviadas a México en el año 2018 llegaron a su máximo histórico, al alcanzar casi 33 mil 500 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 10.5 por ciento a tasa anual.2

Estas remesas familiares se reciben mayormente en 3 estados: Michoacán con el 10.1 por ciento, Jalisco 9.8 por ciento y Guanajuato, que no obstante ser el principal expulsor de migrantes recibe apenas el 9.1 por ciento de ellas, que representa poco más de 3 millones de dólares anuales.3

2. El Pacto Mundial sobre Migración es el primer acuerdo mundial con un enfoque común en cuanto a la migración internacional en todas sus dimensiones. El 10 y 11 de diciembre del año 2018 en Marrakech, Marruecos se llevó a cabo la Conferencia Intergubernamental para Adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en la que 150 países integrantes de la ONU firmaron dicho pacto, entre ellos por supuesto México. El propósito de este pacto mundial es el de mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y en su caso mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen.4

3. Existen otro tipo de remesas, distintas a las familiares, que son las remesas colectivas o solidarias, es decir, el conjunto de donaciones que hacen las organizaciones de migrantes mexicanos constituidos en federaciones o clubes y que sirven para patrocinar proyectos de desarrollo social y económico, mediante obras comunitarias en sus localidades de origen.

Los clubes y organizaciones de migrantes pueden ser definidos como la agrupación de, al menos diez personas mayores de 18 años en su mayoría de origen mexicano, con intereses comunes, radicadas en el extranjero, que realizan actividades en favor de sus comunidades de origen en México; el reconocimiento de su constitución, requiere de la toma de nota por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Proceso que consiste en que los consulados mexicanos se constatan de la existencia, conformación y objetivos del club u organización de migrantes a través de solicitud y revisión de diversos requisitos.

La recepción de estas remesas colectivas provocó que en la década de los setenta se conjuntaran fondos concurrentes de presidencias municipales y de clubes, bajo el esquema “Uno por Uno”, que operó durante años de manera informal, reuniendo fondos de algunas presidencias municipales y las remesas colectivas para realizar obras comunitarias.5

A finales de los años 80 en México, particularmente en el estado de Zacatecas, se consolidó un mayor interés por los proyectos binacionales, encontrando aquí los orígenes de los programas de remesas colectivas orientadas a la inversión en infraestructura social y productiva, con la organización de zacatecanos que radicaban en Los Ángeles, California, en EUA (denominado posteriormente “Cero por Uno”), los cuales canalizaban apoyos solidarios a migrantes enfermos, afectados por accidentes, o fallecidos que requerían ser trasladados a su lugar de origen.6

De igual forma, recordemos el éxito del “Acuerdo para la promoción de comités mixtos para la ejecución de obras y servicios públicos con la participación de guerrerenses que, permanentemente o temporalmente, residen en el exterior”, que adoptado en 1991,7 sirvió para organizar la participación de los grupos guerrerenses radicados en EUA, mediante el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), y así las comunidades de alta marginación y pobreza recibieran fondos federales con las que se realizaron obras de infraestructura básica en su comunidad, con el requisito de que contribuyera con el 50.0 por ciento del costo o con la mano obra.

En 1999 se implementó el mecanismo “2x1”, mediante el cual los gobiernos federal y estatales aportaban un peso cada uno, por cada peso que invertían los migrantes. En congruencia, en 2002, el mecanismo “2x1” fue sustituido por el programa federal “Iniciativa Ciudadana Tres por Uno”, con la colaboración de los municipios.

El “Programa 3x1 para Migrantes” es ubicado como “un referente internacional que incide en diversos aspectos: a) Propicia la organización de los mexicanos migrantes, al establecer puentes entre las comunidades de origen y de destino; b) Procura que las autoridades mexicanas de la materia, conozcan, validen y participen con dichas organizaciones migrantes, con un impacto directo a las localidades seleccionadas y que a juicio de los propios migrantes requieren inversión complementaria de recursos en proyectos productivos, de infraestructura social, de servicios comunitarios y educativos; c) Maximiza los recursos económicos que envían los migrantes organizados en beneficio colectivo, entre los principales.

El Programa 3x1 para Migrantes prometió implementarse por la actual administración del gobierno federal, incluso fue anunciado en su página electrónica oficial y el proceso de reconocimiento de toma de nota 8 fue abierto en los enlaces electrónicos correspondientes.9 No obstante, la realidad fue otra, a pesar de que tanto en el proyecto como en el presupuesto de egresos de la federación 2019 se contemplaron recursos para el programa, finalmente estos no se ejercieron.

Es por ello, que el 29 de mayo del año 2019 el gobierno de Zacatecas anunció que ante la falta de la aportación de recursos federales para el Programa 3x1 para Migrantes, se implementaría el Programa 2x1, como originalmente había nacido en esa entidad.10 En este mismo sentido, el Consulado General de México en Los Ángeles y otros más emitieron un comunicado, en el que informan a los presidentes de clubes y federaciones de mexicanos en el extranjero, que la Secretaría del Bienestar les había notificado que el programa 3x1 para Migrantes se había cancelado formalmente a partir del primero de enero del año 2020, por lo cual se dio de baja, inclusive, el Sistema de Información y Gestión del P3x1 (SIG-P3x1)11 por medio del cual se gestionaba la toma de nota.

Como podemos ver, la migración contribuye a lograr resultados positivos en materia de desarrollo y a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso para las comunidades de origen, pero específicamente el proceso de toma de nota realizado por los consulados mexicanos, representaba la oportunidad de establecer conocimiento y comunicación con la sociedad civil organizada entre mexicanos en el extranjero.

Aun cuando el objetivo del Programa 3x1 para Migrantes puede ser aplicado a través de Programa 2x1 para Migrantes, no ha sido posible el restablecimiento del puente de comunicación con las organizaciones de mexicanos radicados en Estados Unidos que se tenía a través de la “toma de nota”, a pesar de lo manifiesto de los connacionales en el propósito de colaborar con el bienestar de su comunidad de origen.

Por lo anteriormente señalado y reconociendo que la migración no deja de ser una alternativa para el crecimiento económico y el emprendimiento de muchos mexicanos, es que consideramos oportuno instar respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente un mecanismo que, emulando la toma de nota, sirva para gestionar, conocer y enlazar a las organizaciones civiles que han conformado los mexicanos en el extranjero. Así mismo, es necesario exhortar al gobierno federal para que, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Bienestar, diseñe los programas que propicien y garanticen la participación económica de los mexicanos en el extranjero con la finalidad de mejorar sus comunidades de origen.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que implemente un mecanismo que, emulando la toma de nota, sirva para gestionar, conocer y enlazar a las organizaciones civiles que han conformado los mexicanos en el extranjero con sus comunidades de origen.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Bienestar para que diseñen los programas que propicien y garanticen la participación económica de los mexicanos en el extranjero con la finalidad de mejorar sus comunidades de origen.

Notas

1 Anuario de Migración y Remesas México 2019, disponible para su consulta en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498116/An uario_Migracion_y_Remesas_2019_Primera_Parte.pdf

2 Op.Cit.

3 Ibís.

4 Contenido en el Pacto Mundial sobre Migración. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:
https://undocs.org/es/A/CONF.231/3

5 Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Estadísticas de Mexicanos en el Mundo, 2016. Disponible para su consulta electrónica en:
www.ime.gob.mx/gob/estadísticas2016

6 Op. Cit.

7 Consultado en el diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y fue coordinado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) de la Sedesol. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/17 78/3/images/D_3x1_2011.pdf

8 Proceso de Toma de Nota. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:

https://consulmex.sre.gob.mx/littlerock/index.php/asunto s-comunitarios/3x1-migrante/toma-de-nota

9 Aún al día 21 de enero del 2020, es posible observar la comunicación que la federación hace a la población en su página electrónica, en la que se explican los detalles del programa. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:

https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/progra ma-3x1-para-migrantes

10 Comunicado en la Página Oficial del Gobierno de Zacatecas. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:

https://www.zacatecas.gob.mx/
presentan-programa-2x1-que-busca-continuar-el-desarrollo-de-las-comunidades-con-vocacion-migratoria/

11 Tal como se puede constatar en el enlace electrónico de referencia: https://sig-p3x1.bienestar.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 18 días de febrero de 2020.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y Pemex a difundir el plan estratégico y operativo para frenar la caída de la producción y exploración petroleras observada en 2019 y el sensible decremento de la elaboración de petrolíferos, particularmente gasolinas en el sistema nacional de refinación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cifras provenientes de Petróleos Mexicanos, bosquejan un sobrio panorama, muy preocupante. A continuación enumeramos algunas de ellas:

1. Los ingresos petroleros del sector público se ubicaron en 955 mil 55 millones de pesos, monto inferior en 89 mil 902 millones de pesos respecto a lo aprobado y 5.8 por ciento menor, en términos reales, con respecto a lo observado en 2018 .1

2. Lo anterior, es resultado de la menor producción total de hidrocarburos de Pemex (con socios) promedio un mil 678 mil barriles diarios (MBD), cuando la meta era producir un millón 823 mil barriles diarios, es decir que brecha de la meta no alcanzada ascendió a 144.5 mil barriles de petróleo por día.

3. Las exportaciones de petróleo en 2019 cayeron 6.8 por ciento (en volumen) respecto a 2018. En dinero, la disminución fue de 18.4 por ciento.

4. Igualmente, basada en las cifras oficiales, se advierte que de los trece campos prioritarios de Pemex en 2019, sólo comenzaron a producir tres.

5. La producción de petrolíferos derivados de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación se sitúo en 202.7 Miles de barriles diarios (Mbd). Lo que se advierte, es el descenso del proceso de crudo ascendió a 4 mil barriles diarios, equivalentes a 2.1 por ciento menos de petrolíferos comparado con el mismo periodo de 2018.

6. Se vendió menos gasolina en 2019, año en que –dicen– cuando no hubo huachicol (combustible ilegal en el mercado). En el último año se vendieron 449 mil 558.1 millones de pesos , contra millones, 512 mil 676.1 millones de pesos de 2018, que dan cuenta a un retroceso superior a 12 por ciento.

7. La producción del gas se encuentra apuradamente sorteó 4 mil 894 millones de pies cúbicos diarios (MMpccd), 47 mil más que el año pasado de esta unidad de medida.

8. Cabe destacar, que si bien los ingresos propios de Pemex reflejan una mejoría, esto obedece, fundamentalmente a dos factores: tanto la reducción de la carga tributaria que asciende a 26 mil 403 millones de pesos en 2019, como la aportación de capital al patrimonio de la empresa por parte del gobierno federal por un monto de 97 mil 131 millones de pesos 2 (5 mil millones de dólares).

9. Sin embargo, si excluimos estos efectos, los ingresos de la entidad fueron inferiores a lo programado en 124 mil 694 millones de pesos , lo que implica una caída de 11.7 por ciento en términos reales, con respecto a lo observado en 2018.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario de PRD consideramos de primordial importancia este tema, pues las finanzas pública no pasan por un buen momento, pues como bien lo informó la Secretaría de Hacienda en su informe sobre al cierre del 2019, tuvieron que tomar 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, para subsanar las necesidades de gasto del anterior ejercicio fiscal.

Y preocupa que le sigan trasladando recursos para mejorar su posición crediticia a costa de recortar o ajusta presupuestos de otras dependencias o secretarías de la administración pública federal.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos a hacer del conocimiento público el Plan Estratégico y Operativo, que se está implementando durante el ejercicio 2020, en Petróleos Mexicanos, a fin frenar la menor producción petrolera registrada en 2019 con respecto a 2018; y de igual forma, las acciones de política pública que se instrumentarán para contener y revertir la producción de gasolinas en el país en el Sistema Nacional de Refinación.

Notas

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2019

2 Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades educativas a emprender acciones a efecto de atender y erradicar la violencia contra las mujeres; y a la Jucopo de esta soberanía, a realizar un coloquio plural destinado a analizar, discutir y construir propuestas para erradicar en el nivel educativo superior la violencia y discriminación en razón de género, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 59, 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás aplicables somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La magnitud y gravedad de la violencia contra las mujeres en México es innegable, desafortunadamente ha permeado en los ámbitos público y privado; basta señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre diez y nueve mujeres son asesinadas cada día en nuestro país.

De 2015 a 2019 se registraron 3 mil 578 feminicidios a nivel nacional. De enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Conforme a diversas encuestas y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos como privados, son las principales víctimas de delitos sexuales y la violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra ellas es recurrente y va de severa a muy severa.

En este contexto, es de apuntar que las mujeres dentro de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, ya sea como docentes, académicas, trabajadoras o estudiantes, viven violencia, exclusión y discriminación. “Las universidades... no han podido ser ajenas a esta problemática social debido a que son espejo y síntesis de la sociedad de la que forman parte”.1

“Las universidades son espacios donde se reproduce la violencia estructural que hay en el exterior y son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el problema específico del género. Apenas en 2018 se creó el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (Onigies) que elaboró un sistema de medición de avances institucionales para erradicar la violencia de género en una escala del 0 al 5, en el que cero significa un avance nulo y cinco, consolidado. El estudio en 40 instituciones de educación superior de todo el país arrojó un promedio de 1.5”.2

Es de señalar que en nuestros días existen carreras feminizadas y masculinizadas, en las que los roles y estereotipos de género debido a la herencia cultural binaria determinaron como exclusivos para los hombres ciertos campos del conocimiento y de la ciencia en los cuales las mujeres encuentran un sinfín de obstáculos.

La educación superior no puede seguir siendo un espacio reservado para los hombres y debe alejarse por completo de procedimientos, normas, símbolos y estructuras que benefician el androcentrismo.

Es fundamental reconocer que la violencia que sufren las mujeres dentro de las universidades es un grave problema porque son estas instituciones educativas la base del desarrollo económico, social, político, científico y cultural del país, por lo que no pueden ser semilleros de futuros profesionistas misóginos, victimarios llenos de tabúes y pruritos, violentos e incluso feminicidas que continúen reproduciendo la violencia de género en sus entornos profesionales.

La violencia de género no puede seguir siendo inherente a la cultura universitaria es urgente edificar una nueva que erradique la violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay que educar y reeducar en el respeto, la igualdad, la no discriminación, el aprecio a las diferencias y la perspectiva de género hasta introyectar que la violencia hacia las mujeres y la superioridad de un género sobre otro no es normal, constituye un delito y un flagrante atentado contra la dignidad humana.

Tal y como se establece en el Objetivo 5 Igualdad de Género, de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, es necesario poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas porque es un derecho humano básico y crucial para el desarrollo.

Ante la problemática antes descrita y como respuesta a una legítima demanda de la comunidad estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó en el Consejo Universitario modificaciones a los artículos 95 y 99 del Estatuto Orgánico para considerar faltas graves la violencia de género contra alumnas y trabajadoras, lo que implica que expulsará o despedirá a quien las cometa.

Aceptar, visibilizar y atender la problemática es una obligación ética que beneficia a la sociedad en su conjunto y evita la revictimización.

En tal virtud, asumiendo que a nivel nacional estamos enfrentando, se estima necesario que, desde el ámbito de nuestra competencia, todas y todos, emprendamos diversas acciones que contribuyen a construir un sistema social igualitario e inclusivo para el bienestar y seguridad de las y los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a implementar de manera coordinada las acciones necesarias a efecto de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia en razón de género al interior de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país. Así como a impulsar los mecanismos, protocolos y acciones conducentes a nivel nacional que posibiliten a las estudiantes, docentes, académicas y trabajadoras, realizar las denuncias a que haya lugar en un entorno seguro y sensible que les permita acceder a la justicia.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las instituciones de educación superior públicas y privadas del país a impulsar al interior de estas, una cultura de respeto, inclusión y libre de violencia hacia las mujeres, así como a llevar a cabo las medidas necesarias y acciones afirmativas que eliminen los obstáculos existentes, a fin de que los hombres y las mujeres puedan acceder en igualdad de oportunidades a las áreas de conocimiento y laborales en las cuales puedan desarrollar de manera plena sus potencialidades.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados pondere la viabilidad y, en su caso, realice los acuerdos y acciones conducentes, a efecto de realizar bajo las mejores prácticas de Parlamento Abierto, un coloquio plural para analizar, discutir y construir junto a los sectores sociales, especialistas, instituciones educativas, dependencias públicas, académicos, expertos, funcionarios públicos, estudiantes, sociedad civil y la ciudadanía las propuestas necesarias para contribuir, desde el ámbito de nuestra competencia, a erradicar la violencia y discriminación en razón de género en el ámbito educativo, particularmente en el nivel superior.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/la-unam- y-la-violencia-contra-las-mujeres/1362899

2 https://cultura.nexos.com.mx/?p=17499

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a iniciar el saneamiento definitivo y permanente de la cuenca Lerma-Chapala, dadas las altas concentraciones de contaminantes en ella y los elevados y letales riesgos para la salud pública, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que coordinadamente, en corresponsabilidad y de manera urgente, inicien el saneamiento definitivo y permanente de la Cuenca Lerma-Chapala, ante las altas concentraciones de contaminantes presentes en la Cuenca y los elevados y mortales riesgos en la salud pública de la población en general que ésta situación representa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy en día y muy tristemente, nos damos cuenta que el daño que hemos generado a lo largo del tiempo por nuestro desinterés, inconciencia y menosprecio tanto a nuestro planeta como al medio ambiente, es no solo grave, sino también muy peligrosamente para nuestra existencia como civilización, se encuentra cerca de lo irreversible.

Una factura que estamos pagando no solamente los seres humanos, sino también e injustamente, todas las especies tanto de flora y fauna con las que cohabitamos y compartimos el planeta.

Y en lo anterior, México no es ni ajeno a las consecuencias, ni tampoco a la responsabilidad del daño hecho.

Más de la mitad del agua que consumimos, el 60 por ciento; es obtenida de lagos, ríos o arroyos, y el porcentaje restante, de fuentes subterráneas, mientras que en comparación, únicamente permitimos que el 4.8 por ciento de las filtraciones de lluvia lleguen a nuestros mantos acuíferos para reabastecerlos.2

Además, nuestra tasa de recolección de agua pluvial en zonas tanto urbanas como rurales, es casi nula y de las más bajas a nivel internacional.3

Por eso tenemos que al menos, 13 millones de personas en nuestro país padecen desabasto de agua y 3.3 millones de viviendas carecen del servicio básico de agua potable.4

Ante este panorama, debemos no solo citar lo mandatado en el artículo 4o. de nuestra Constitución, sino también y a la par, reafirmar nuestro compromiso por atenderlo y garantizarlo, “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.5

En esta obligación constitucional, ésta soberanía tiene corresponsabilidad para hacer que se cumpla, se atienda y se garantice.

Una cuenca de agua conformada por 19 subcuentas, valiosa en materia de biodiversidad, así como en lo que respecta al suministro y disposición de agua para al menos 5 estados de nuestra república y su población.6

Que nace con el Rio Lerma, en el Estado de México dotado de agua limpia y cristalina emergida de manantiales y que tras un recorrido de poco más de 700 kilómetros, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco.8

No obstante y a pesar de su importancia, a lo largo de sus 700 kilómetros que la conforman, ésta valioso fuente de agua es sobreexplotada y también peligrosamente contaminada por nuestra rapiña, inconciencia y voracidad que apela al pretexto de la satisfacción de nuestras necesidades y exigencias de nuestro desarrollo.

Agua cargada de metales pesados, algunos de ellos de acuerdo a agencias internacionales en la materia, catalogados como de muy alto riesgo para la salud, así como también con presencia de diversos componentes tanto volátiles como semivolatiles calificados también como potencialmente cancerígenos para el ser humano.10

Por ese motivo, la Cuenca Lerma-Chapala en nuestro país, es una de las cuencas de las más extensas pero también de las más contaminadas en nuestro país.

Solicité la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para la Cuenca Lerma–Chapala, que garantice nuestra participación en su rescate, saneamiento y en la asignación de recursos e inversión en infraestructura que le devuelva lo que le hemos arrebatado.

Si lo anterior no fuera suficiente, de manera muy insensible, en el presupuesto de egreso para el año 2020, se destinaron solamente 28 millones de pesos, para la atención de la problemática existente en éste cuerpo de agua de más de 700 kilómetros de extensión.12

Recorte presupuestario inédito a pesar de que hace 2 años, el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala advertía que su saneamiento era impostergable y debería de ser integral, multianual de al menos 6 años y que costaría cerca de 3 mil millones de pesos.13

Ignorando además y como clara muestra de desestimo por parte del gobierno federal a pronunciamientos y recursos internacionales que al respecto desde el año 2019, se han vertido en la materia.

“

a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, señalados en la solicitud. En particular, que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables;

b) concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y

c) informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas. ”16

No obstante y a pesar de lo anterior, que sin duda alguna sienta un importante y significativo precedente respecto a la urgencia y la obligación que se tiene en materia del rescate impostergable y perentorio de la cuenca Lerma-Chapala; no podemos rendirnos.

Debemos ser insistentes en ésta problemática que afecta a generaciones actuales, y atenta peligrosamente a generaciones futuras.

Requerimos el cuidado, preservación, protección, saneamiento recuperación de la cuenca Lerma-Chapala.

Por eso, insistimos en solicitar de manera firme y categórica a todas las instancias del Gobierno Federal que tienen responsabilidad en la materia, que se realice de manera urgente y concluyente el saneamiento definitivo y permanente de la Cuenca Lerma-Chapala.

Esta solicitud, no puede ser postergada, hacerlo así sería evadir una responsabilidad de seguridad nacional y sentenciar con ello, el futuro de muchas generaciones más.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que coordinadamente, en corresponsabilidad y de manera urgente, inicien el saneamiento definitivo y permanente de la Cuenca Lerma-Chapala, ante las altas concentraciones de contaminantes presentes en la Cuenca y los elevados y mortales riesgos en la salud pública de la población en general que ésta situación representa.

Notas

1 Estadísticas del Agua. Conagua.

2 Estadísticas del Agua. Conagua.

3 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA.

4 Censo de Población y Vivienda. Inegi.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o.

6 Conagua.

7 Conagua.

8 Conagua.

9 Conagua.

10 Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. (IARC)

11 Conagua.

12 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

13 Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. 2018.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19.

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19.

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 7/2020. Medida Cautelar No. 708-19.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la UNAM a implantar políticas de prevención y atención del acoso sexual contra mujeres y los feminicidios en las instalaciones universitarias, modificar su marco normativo e instaurar programas de difusión, entre otras medidas adoptables en el ejercicio de su autonomía y posibilidad de creatividad, investigación y consulta a la comunidad académica y estudiantil, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, numeral 1, fracción I y VIII; artículo 76, numeral 1, fracción IV y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte al rector, doctor Enrique Luis Vito Graue Wiechers, así como al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, como máximas autoridades de dicha institución, para que implementen de manera urgente, políticas de prevención y atención al acoso sexual contra la mujer y feminicidios, que se cometen al interior de las instalaciones universitarias, modificación a su marco normativo, programas de difusión y formación entre otras medidas que puedan adoptar en el ejercicio de su autonomía y posibilidad de creatividad, investigación y consulta a su comunidad académica y estudiantil; a efecto de lograr la eliminación de estas conductas anti sociales y delictivas, dentro de sus espacios académicos, que vulneran la dignidad y la vida de las mujeres estudiantes que acuden a prepararse a dicha institución educativa.

Exposición de Motivos

En los últimos días, en los diversos planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han presentado actos de protesta y algunos han derivado en hechos de violencia hacia el personal escolar y bienes inmuebles. Al día de hoy, se encuentran en paro los siguientes planteles: Escuela Nacional Preparatoria 8, Miguel E. Schulz; Escuela Nacional Preparatoria 9, Pedro de Alba; Escuela Nacional Preparatoria 3, Justo Sierra; Escuela Nacional Preparatoria 6, Antonio Caso; Facultad de Filosofía y Letras (FFyL); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS); y el día de ayer 4 de febrero de 2019, la Facultad de Derecho estuvo a punto de ser tomada por anarquistas, acto que fue evitado por estudiantes y académicos de la misma, acto que les costó golpes y que los mancharan con pintura.

Esta problemática ha deteriorado profundamente las actividades académicas y por ende el perjuicio a los educandos, que se ven privados de continuar con sus estudios y así retrasándose los programas educativos y científicos, por lo que es importante de manera urgente, que el Rector y el Consejo Universitario y demás órganos con atribuciones de la institución, implementen de manera urgente políticas de atención, con asignación de presupuesto, a la prevención del acoso sexual al que son objeto las mujeres, así como los lamentables casos de feminicidio que se han perpetuado en el interior de las instalaciones universitarias como el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio.1

El acoso escolar vulnera la dignidad de la mujer, puesto que se le coloca en una posición de objeto de deseo; tal es claro ejemplo del profesor que aprovecha su condición de docente, para tratar que una alumna ceda a sus deseos carnales, ofreciendo beneficios escolares como lo es colocar buenas calificaciones, en un acto de evidente corrupción y una vulnerabilidad de la dignidad humana de la mujer. Por lo anterior es necesario que las autoridades tomen medidas, tanto en sus reglamentos internos, capacitación a personal y diseñando las políticas de atención para eliminar cualquier forma de acoso sexual a las alumnas en los diversos planteles.

De agosto del 2016 a junio del 2019 se presentaron 921 quejas y denuncias por violencia dentro de la UNAM, de las cuáles, en 97 por ciento de los casos las víctimas eran mujeres.2 El feminicidio es la forma más extrema y violenta contra la mujer y se encuentra considerado como delito grave tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas legislaciones penales; en tal virtud las autoridades universitarias están obligadas a cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones constitucionales y penales, evitando la comisión de feminicidios con programas preventivos y una vez que se cometa alguno, otorgar todas las facilidades, para que se castigue a él o los ejecutores de tan reprobable y vil conducta, para que a manera de ejemplo se dé la no repetición de la conducta delictiva.

A manera de ejemplo podemos citar algunas acciones que se pueden adoptar:

1.- Creación de una aplicación descargable en celular, para envió de alerta temprana a las autoridades universitarias, para que conozcan el momento en que alguien sufre de acoso o de conductas violentas. Así como se localice exactamente la ubicación de la víctima.

2.- La impartición de clases de defensa personal para mujeres de manera gratuita.

3.- Mapeo y estadísticas de lugares y zonas con incidencia de acoso o violencia contra la mujer, para prevención de delitos.

4.- Instalación de Unidad de Criminalística Universitaria, para que ayude a diseñar políticas de prevención de delitos.

El 30 de enero la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado por twitter donde anuncio su gran preocupación por este problema dada vez más creciente, también se mencionó que ha priorizado las denuncias por acoso, ha dado capacitación a docentes de la universidad, e instalo 8 unidades en ciudad universitaria para levantar una denuncia en caso de acoso.3

Sin embargo, la inconformidad sigue latente y es necesario que las autoridades universitarias den plena satisfacción a las justas demandas de las mujeres estudiantes; es importante señalar que la autonomía de la universidad no óbice para que esta cumpla con garantizar que no se vulnere la dignidad y la vida de las mujeres dentro de sus instituciones y que los delincuentes que cometan conductas contrarias a las disposiciones constitucionales y penales, deberán ser castigados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte al rector, doctor Enrique Luis Vito Graue Wiechers, así como al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, como máximas autoridades de dicha institución, para que implementen de manera urgente, políticas de prevención y atención al acoso sexual contra la mujer y femincidios, que se cometen al interior de las instalaciones universitarias, modificación a su marco normativo, programas de difusión y formación entre otras medidas que puedan adoptar en el ejercicio de su autonomía y posibilidad de creatividad, investigación y consulta a su comunidad académica y estudiantil; a efecto de logra la eliminación de estas conductas anti sociales y delictivas, dentro de sus espacios académicos, que vulneran la dignidad y la vida de las mujeres estudiantes que acuden a prepararse a dicha institución educativa.

Segundo. Se solicite a las autoridades universitarias citadas, hagan pública la información de las acciones que en esta materia emprendan, para el seguimiento de dicho exhorto.

Notas

1 https://www.milenio.com/policia/lesvy-berlin-osorio-caso-feminicidio-jo ven-cronologia

2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-que-escuelas-estan-en-p aro-estudiantil

3 https://twitter.com/UNAM_FCPyS/status/1222992081313943552?ref_src=twsrc%5Etfw%
7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1222992081313943552&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx
%2F616222%2Fporros-acoso-sexual-feminicidios-las-razones-de-los-paros-en-la-unam

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada María Teresa Marú Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ayuntamiento de Tlalmanalco, México, a implantar medidas que garanticen la seguridad de la población, al tiempo de asumir el compromiso y la responsabilidad con los animales para lograr un trato digno y respetuoso hacia ellos, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

• México es el país con más perros callejeros en Latinoamérica.

• En México, el 70% de los perros se encuentran en condición de calle.

• 8 de cada 10 cachorros que nacen de camadas en esta situación, mueren antes de cumplir su primer año.1

Cifras de Parametría dan cuenta del interés y concientización respecto al bienestar animal; datos de la encuesta nacional en vivienda muestran que la mayoría de los mexicanos consideran que los animales son sujetos de derechos, desde 2007 esta concepción ya presentaba altos niveles de aceptación. Para 2010 la proporción de personas que apoyan dicha idea aumentó considerablemente (nueve puntos porcentuales) pasando de 82 % a 91 %, hasta registrar en septiembre de 2013 un nivel de aceptación del 94 %.

Si bien, para la ciudadanía todas estas conductas son graves y merecen una sanción, el maltrato sigue siendo el acto más condenado, ocho de cada diez (79 %) describen las corridas de toros como un evento donde se maltrata a los animales; solo dos de cada diez entrevistados consideran la tauromaquia un deporte o un arte (11 % y 7 % respectivamente).

Empero, el reconocimiento de los derechos aún no ha logrado el respeto y garantía de cada uno de ellos, todavía es común encontrar a una buena cantidad de perros deambulando por las calles con serios problemas de desnutrición y huellas visibles de maltrato; sin dejar de mencionar que en días pasados se dio a conocer el caso de un hombre de 53 años que violó a una perrita de 8 meses de edad.2

Así, el Poder Legislativo no ha dado indicios de impulsar una agenda y con ello una ley de bienestar animal; si bien desde 1996 el H. Congreso de la Unión ha realizado algunas modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para garantizar el trato digno y respetuoso a los animales; de igual manera en 2018 se adicionó que desde el Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularan el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, sin olvidar la más reciente reforma al Código Penal Federal en junio de 2017, en la cual se considera un delito las peleas de perros (iniciativa impulsada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura en colaboración con HSI México) esta última ha sido resultado del acercamiento de las organizaciones de la Sociedad Civil que comprometidas con el bienestar animal han visibilizado los antecedentes y repercusiones que tiene en el tejido social contar con alto índice de maltrato y abandono hacia los animales.

No omito comentar que, en febrero de 2016, en la LXIII Legislatura, dos senadores hicimos nuestro el compromiso de contar con una Ley General de Bienestar Animal, así la Organización de la Sociedad Civil Animal Héroe, AC. en la búsqueda y el reconocimiento de los derechos de todos los animales no humanos como seres merecedores de una vida digna, de respeto y libre de sufrimiento; preocupados por garantizar la protección animal, elaboró dicha iniciativa, que aún está en espera de dictaminación en la colegisladora.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos con la sociedad civil en aras de fomentar el trato digno y respetuoso a las especies animales con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas, la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos, muestra de ellos es lo sucedido en la madrugada del 9 de febrero del presente año, en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, donde se registró un incendio en el refugio de animales Manada San.

“En sus instalaciones viven más de 300 animales –en su mayoría perritos– que han sido rescatados de la calle, y mismos que ahora no pueden estar 100% seguros en el lugar donde esperan a que alguien los adopte.

En una entrevista que tuvimos con Priscila San Martín, quien comenzó a rescatar perros junto con su esposo Martín, por allá de 2009, nos platicó que el incendió comenzó cerca de la medianoche del domingo 9 de febrero . El área del refugio, que es de aproximadamente una hectárea, se divide en dos grandes partes: una de pasto en la que los caninos juegan –y donde comenzó el fuego –, y la otra donde se encuentran las cabañas en las que duermen estos suaves amiguitos.

Afortunadamente, el fuego pudo ser sofocado antes de que llegara al lugar donde descansan los perritos , quienes no presentaron algún daño. Sin embargo, Priscila y su esposo mencionan que esta es la quinta vez que intentan echar abajo el lugar donde todos los perritos callejeros o maltratados son bienvenidos con las puertas abiertas, por lo que ahora piden ayuda para poder reforzar las medidas de seguridad y estos amiguitos peludos estén a salvo”. 3

Empero esta no es la primera vez que intentan echar abajo el lugar, mencionan que esta la quinta ocasión:

Nosotros llegamos acá hace cuatro años. Como a los tres meses de llegar vimos durante varios días a gente trepada en la barda, eran como 5 e iban en la tarde o en la noche. El refugio está rodeado por un campo, entonces hay dónde esconderse. Hemos pedido al municipio ayuda con el alumbrado, porque en la noche es lo que falta, pero no hemos tenido respuesta.” 4

Días posteriores se dio a conocer que el incendio fue provocado, bomberos que controlaron el fuego aseguraron que no se trató por corto circuito ni por fuga de gas.5

“Detrás de cada perro hay una historia de maltrato, enfermedad severa o abandono; pero sobre todo de una persona que lo inflige, existen numerosos estudios a nivel mundial que precisan que es de suma importancia la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales, con la finalidad de controlar y a futuro erradicar la violencia entre seres humanos a todos los niveles.

Según un estudio realizado por los psicólogos franceses Joël Lequesne y Jean Paul Richier, cuando los niños observan el maltrato animal que no es castigado, tienden a reprimir los impulsos de aversión hacia este tipo de abuso y su compasión hacia el animal victimizado. Al observar este tipo de conductas culturalmente aceptadas, el menor reafirma su auto-concepto superioridad a través de la identificación que tiene con los miembros de su especie y aprende a minimizar al animal para justificar los actos violentos que más adelante cometerá contra ellos. Esto se hace posible debido a que observa cómo el maltrato culmina con estímulos positivos para el abusador y/o por la ausencia de penalizaciones o sanciones.

La repetición de los actos de maltrato produce en el espectador y en el agresor una cada vez mayor desensibilización ante el sufrimiento tanto de los animales como de los humanos”.6

Es menester evidenciar y sancionar este tipo de conductas, ya que, de no ser sancionadas, elevan el nivel de desconfianza en las autoridades y con ello de impunidad; al tiempo estoy convencida que la construcción de ciudadanía a través del activismo y participación social lleva implícito la toma de consciencia social sobre la realidad actual.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ciudadana Ana Gabriela Velázquez Quintero, presidenta municipal de Tlalmanalco, estado de México a implementar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de la población; al tiempo de asumir el compromiso de garantizar el trato digno y respetuoso a los animales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la ciudadana Ana Gabriela Velázquez Quintero a atender las posibles conductas violentas y delictivas en contra del Refugio Manada San, al tiempo de implementar las medidas necesarias que impidan que hechos como el del pasado 9 de febrero se repitan.

Notas

1 Mexicanos en pro de los animales. Parametría en línea. Disponible en:
https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4 600

2 Carrillo, Victoria. “Hombre de 53 años viola a perrita de 8 meses; podría salir bajo fianza”. El Universal en línea. 8 de enero de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/hombre-de-53-anos-viola-perrit a-de-8-meses-podria-salir-bajo-fianza

3 Carmona, Stephania. “Sujetos provocan incendio en refugio de perritos en Estado de México; piden ayuda para protegerlos” Sopitas en línea. Febrero 9 de 2020. Disponible en: https://www.sopitas.com/mientras-tanto/provocan-incendio-refugio-animal es-perros-estado-mexico-chalco-tlalmanalco-manada-san/

4 Ídem.

5 Fernández, Emilio. “Incendio en albergue canino de Tlalmanalco fue provocado: bomberos.” El Universal en línea. 10 febrero de 2020. Disponible:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/incendio -en-albergue-canino-de-tlalmanalco-fue-provocado-bomberos

6 Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Bienestar Animal. Disponible en línea: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/703/9024

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 18 de febrero de 2020.

Diputad Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a resolver el conflicto limítrofe, territorial y ejidal entre Cintalapa, Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, a cargo del diputado Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Juan Enrique Farrera Esponda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de diversas dependencias, a fin de resolver el conflicto limítrofe, territorial y ejidal entre los municipios de Cintalapa, en Chiapas, así como San Miguel y Santa María Chimalapas, en el estado de Oaxaca. Lo anterior con base a las siguientes

Consideraciones

1. Como diputado federal del Distrito 10 con cabecera distrital en Villaflores, Chiapas, conozco la necesidad de dar una solución al conflicto que por décadas (desde 1967) han vivido los habitantes de los ejidos de San Antonio y Benito Juárez, municipio de San Miguel Chimalapa, estado de Oaxaca así como los ejidos, General Rafael Cal y Mayor, Gustavo Díaz Ordaz y Nueva Jerusalén, en el municipio de Cintalapa, estado de Chiapas, lo que ha generado un escenario de conflictos judiciales y extrajudiciales interminables, que han alterado la paz social entre los habitantes.

2. Es necesario resolver la problemática que afecta a más de 221 mil de hectáreas (doscientas veintiún mil hectáreas), que, al no tener precisión jurídica sobre la adscripción territorial de estas localidades, ha tenido como consecuencia: la falta de protección, promoción y acceso a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas que habitan en esta franja fronteriza entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

3. Al tenor de la construcción de esperanza que este gobierno federal ha planteado a través del diálogo y la paz, es necesario generar medidas de solución para resolver los conflictos y apoyar a los más vulnerables, es importante destacar que, pese a los esfuerzos de administraciones pasadas, la solución final y real no ha sido definitiva.

4. Por lo anterior, es que cito como antecedente que el 10 de abril de 1967, se emitieron dos resoluciones presidenciales, una a favor de la comunidad de Santa María Chimalapas, en la que se le otorgaron 460 mil hectáreas y otra a favor de San Miguel Chimalapas Chiapas, en la que se otorgaron 134 mil hectáreas, tales resoluciones presidenciales fueron sólo de reconocimiento y certificación, más no de dotación de tierras, lo que sería similar a enunciar una acción sin que esta sea ejecutada.

Esta omisión generó que los habitantes de la zona noroeste de Cintalapa, planteara el pleno respeto al territorio chiapaneco en relación con sus límites históricos que datan del 14 de septiembre de 1824 cuando el estado de Chiapas se incorporó al pacto federal, cabe destacar la contribución de Chiapas a la formación de la nación en un proceso de reconfiguración de fronteras en la época intensa de reacomodos del colonialismo en Latinoamérica.

En ese tenor es preciso considerar que Chiapas fue un país que ratifico su voluntad y convicción a través de sus habitantes, de pertenecer a los Estados Unidos Mexicanos, y en el año 2024 los Chiapanecos celebraremos 200 años este acontecimiento único en la historia de nuestro país.

5. En 2012, cuando el estado de Chiapas intentó crear nuevos municipios en la zona fronteriza con el estado de Oaxaca, en donde se ubica la problemática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió1 :

a) Los estados de Oaxaca y Chiapas, deberán abstenerse de realizar cualquier acto formal o materialmente que amplíe o modifique los límites territoriales de las comunidades en conflicto.

b) Los estados de Oaxaca y Chiapas, deberán abstenerse de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada Rodulfo Figueroa (zona en disputa), ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna.

c) Los estados de Oaxaca y Chiapas se encontrarán obligados a continuar prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en la franja territorial que es materia de la controversia, en la forma y términos en que los venían prestando hasta antes de la emisión del decreto 008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el 23 de noviembre de 2011 y hasta en tanto se dicta sentencia.

6. Asimismo, es de suma importancia recordar que el 22 de diciembre de 2011, se estableció un pacto ante el doctor Alejandro Poiré Romero, titular de la Secretaría de Gobernación, firmado de manera conjunta por el gobernador de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo, y el gobernador del estado de Chiapas, licenciado Juan José Sabines Guerrero, en el que se acordó lo siguiente2 :

Primero. Las partes establecen el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, de garantizar el libre tránsito de los poblados de la región.

Segundo. En virtud de que se han realizado los actos de distensión en la región, las partes solicitan el retiro de las policías estatales de la zona, a la brevedad posible, a partir de la firma del presente documento y sólo se mantengan elementos del Ejército mexicano.

Tercero . Las Secretarías Generales de Gobierno de los Estados de Chiapas y Oaxaca establecerán mecanismos, forma y tiempos en que se realizará la entrega de los camiones que tenían resguardados la congregación de San Antonio y el núcleo agrario Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que para efectos de su devolución pusieron a disposición de sus respectivos gobiernos estatales.

Cuarto . Los núcleos agrarios de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas, una vez más, manifiestan su disposición al diálogo y la conciliación; y establecen su compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y en apego al marco jurídico constitucional, legal e instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.

Quinto. Las partes acuerdan que la Secretaría de la Reforma Agraria, como cabeza del sector, sea la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto, al diálogo directo entre ellos, denominado de campesino a campesino y de indígena a indígena, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y a la brevedad posible.

Sexto. Las partes solicitan que en el procedimiento conciliatorio al que se refiere el punto anterior, se respete plenamente las formas tradicionales de los núcleos agrarios, de organización y toma de decisión a través de sus asambleas generales.

Séptimo . Las partes solicitan a los gobiernos de los estados que garanticen la libertad, seguridad y pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región.

Octavo . Las partes solicitan que la Secretaría de Gobernación dé seguimiento y verifique el cumplimiento de los acuerdos suscritos en este documento, así como los que se adopten en el proceso conciliatorio hasta alcanzar una solución al conflicto agrario.”

7. Actualmente los diputados que integran la LXVII Legislatura en el Honorable Congreso de Chiapas establecieron la Comisión Especial de Coadyuvancia con la Comisión Interinstitucional para el caso Chimalapas, integrada de manera plurirrepresentativa, lo que representa la voluntad de resolver el conflicto y la continuidad del trabajo realizado anteriormente, a fin de llegar a una solución a través de un canal de diálogo y pacificación.

8. Por lo anterior es que el pasado 7 de marzo de 2019, presenté una proposición con punto de acuerdo que resolvió exhortar a las autoridades de la siguiente manera:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como cabeza de sector, a realizar los trámites conducentes para convocar a una mesa intersecretarial permanente para dar solución al conflicto limítrofe, territorial y ejidal existente entre dos entidades federativas y que involucra a los municipios de Cintalapa, en Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a llevar a cabo las acciones conducentes para la creación de una base de operaciones mixtas conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Chiapas), Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (Oaxaca), Policía especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General Estatal de Oaxaca e Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de garantizar al estado de derecho, la estabilidad y paz social de la región.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Energía y la Comisión Nacional Forestal, a impulsar programas productivos especiales en todas las actividades productivas agrícolas y silvícolas, tendientes a mejorar el bienestar de la región y reactivar su economía, especialmente con proyectos agroindustriales como la recolección e industrialización de la resina de pino y de forma especial la higuerilla, considerando que es la base de la materia prima para la producción de biocombustibles.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a dar seguimiento a los trabajos para la posible solución del conflicto en las localidades del noroeste de Cintalapa, para que resuelta la controversia se lleve a cabo el proceso de asignación de claves a las localidades que actualmente no cuentan con ellas o que por error u omisión fueron adjudicadas al estado de Oaxaca, esto con el fin de cumplir con los requisitos de susceptibilidad de recursos federales en los diferentes programas sociales.” 3

Es importante señalar que varios meses después de esta proposición, aún continuamos con esta problemática que afecta a la zona de los Chimalapas ubicada en la frontera entre Chiapas y Oaxaca.

Como diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, estoy convencido de que la solución a este conflicto se garantizará con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el apoyo de todos los ciudadanos, a fin de generar paz social y el pleno respeto al estado de derecho; será necesario generar los mecanismos para dar solución a esta problemática heredada por décadas, ya que los más afectados han sido los ciudadanos, no dudo que, en este año, podremos obtener una respuesta concreta a esta problemática.

Por lo anteriormente expuesto, presento los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a fin de retomar el diálogo para dar solución al conflicto limítrofe, territorial y ejidal existente entre las entidades federativas que involucra a los municipios de Cintalapa, en el estado de Chiapas, así como a San Miguel y Santa María Chimalapas, en el estado de Oaxaca.

Segundo . Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Guardia Nacional fin de llevar a cabo las acciones conducentes para la creación de una Base de Operaciones Mixtas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Chiapas), así como con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (Oaxaca), Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General Estatal de Oaxaca e Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de garantizar el estado de derecho, la estabilidad y paz social de la región.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo el proceso de asignación de claves a las localidades del noroeste de Cintalapa, que actualmente no cuentan con ellas o que por error u omisión fueron adjudicadas al estado de Oaxaca, esto con el fin de cumplir con los requisitos de susceptibilidad de recursos federales en los diferentes programas sociales.

Notas

1 Consultado en la página
https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/647732233, el día 04 de febrero de 2020.

2 Consultado en la página https://presslibre.mx/2011/12/23/firman-acuerdo-de-distension-integral- para-los-chimalapas-garantizan-paz/ el día 04 de febrero de 2020 a las 7:17 pm.

3 Consultado en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=58 el día 04 de febrero de 2020 a las 2:58.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputado Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la transparencia y el acceso a la información pública establecidos en el marco normativo sobre el gasto en medicamentos y los indicadores de la efectividad de los servicios públicos de salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.1

En el caso de México, la protección a la salud constituye un derecho consagrado en el artículo 4o de nuestra Constitución Política.

Pese a lo anterior, el sector público de salud atraviesa una de sus crisis más grandes en los últimos años. Las carencias de atención y prestación de servicios, han tenido un impacto crítico en el bienestar de las familias mexicanas, y han fallado en garantizar el acceso efectivo para miles de ciudadanos.2

A partir de la consternación pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador,3 distintas dependencias del Gobierno Federal se han involucrado en la atención a las demandas del sector. Así, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha visitado algunos centros de salud y hospitales de alta especialidad para, desde su ámbito, generar condiciones de mejor atención médica y observar las deficiencias a causa de la corrupción.4

La transparencia y el ejercicio de la rendición de cuentas, es una de las dimensiones más relevantes de la entrega de resultados de un gobierno. Sin un consenso de apertura en la información, las entidades públicas carecerían de herramientas críticas para combatir de manera efectiva y eficiente la corrupción.5

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),6 de ser efectiva la estrategia planteada por el gobierno en el sector salud, y se observaran vicios de corrupción , se podría considerar un incremento de 26 mil millones de pesos en el rubro; considerando que se reintegrarían al presupuesto anual. Sin embargo, esta medida seguiría siendo menor al 3 por ciento del PIB, que es la mitad de lo que gastan los países avanzados en la materia.

En las últimas semanas, se han presentado distintas demandas7 sobre omisiones en los institutos públicos de salud8 en relación al desabasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en infantes. De igual forma, los pacientes de diabetes o hipertensión se han organizado para demandar mejor control en los tratamientos.9 Se estima que, en estas enfermedades, el seguimiento más básico de control sólo se aplica para la mitad de los casos.

A partir de la visión de competencia, la prestación de servicios del Estado permite implementar modelos de confianza para brindar mejores resultados y participación pública y privada. No obstante, la rigidez actual en la gobernabilidad de este sector presenta desventajas en la capacidad para rendir cuentas; tanto en materia de adquisiciones, servicios, atención, protocolos, así como en materia presupuestaria, administrativa, remuneración y contratación.10

Según la secretaria Irma Eréndira Sandoval, la corrupción le costó a México el año pasado entre cinco y diez puntos porcentuales del producto interno bruto;11 a pesar de las medidas impulsadas, continúa siendo un reto permanente para la administración. En este sentido, el análisis de la información ayuda a identificar casos que salgan de lo establecido y mejoran las investigaciones del funcionamiento del orden público a través de indicadores12

Los indicadores son mediciones que se hacen con el fin de identificar, con la mayor precisión posible, en qué se contribuye o perjudican los objetivos estratégicos que se fijan.13 + En el caso del sector salud, desde los insumos que requieren para funcionar, los procesos de aplicación y tratamiento, hasta los resultados finales en los derechohabientes.

Estos indicadores contribuyen a alinear toda la organización alrededor del mismo fin, definiendo los indicadores por sector para mejorar la toma de decisiones. En consecuencia, determinan las metas de control y transparencia y sistematizan los resultados de manera accesible para toda la sociedad. En el entorno de competencia y rendición de cuentas, esto se torna indispensable para identificar los campos de mejora, errores y proyección.

Los indicadores empleados por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, únicamente reflejan la gestión realizada por los institutos.14 La información se limita al número de consultas o egresos de los usuarios en los hospitales.15 A pesar de la utilidad de estos datos, su aplicación es insuficiente para generar un mapa de información en referencia a la falta de medicamentos, los tratamientos en proceso o las deficiencias estructurales.16

Estos indicadores no son efectivos porque no vuelven eficiente la experiencia de los derechohabientes, ni reflejan lo que aprende el sector de manera focalizada. Debido a ello, no es posible distinguir si las demandas públicas al sector son parte de un problema más grande que aqueja el rediseño del sistema de salud pública o de su manejo en esta administración.17

Ejemplo de lo anterior es la declaración, en días recientes, del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que referenció la demanda ciudadana que asegura que existe desabasto de medicamentos como “un mito.” A pesar de que se cumple con la transparencia de fondos y presupuesto para ello, la veracidad de su declaración no tiene sustento en ningún tipo de indicador.18

De los grandes desafíos que enfrentamos como país, en materia de igualdad de oportunidades, es alcanzar la equidad en el acceso a los servicios de salud, de igual manera, brindar servicios oportunos, eficientes y con calidad para la población en todo el territorio nacional.

Ante este panorama, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, solicitamos que la Secretaría de Salud utilice los mecanismos diseñados para la medición y rendición de cuentas establecidos en la legislación vigente, con el objetivo de aportar la evidencia necesaria que contribuya a atender y resolver la crisis que enfrenta uno de los sectores más vulnerables de la población; esto, vinculante con las mejores prácticas internacionales para supervisar la competencia de los hospitales, institutos y clínicas, la rendición de cuentas, el combate efectivo al conflicto de intereses y la corrupción.

Conforme a los especialistas, la evaluación constituye un instrumento fundamental para dar seguimiento a las políticas públicas, con el objeto de identificar problemáticas e implementar las medidas para su oportuna atención. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.

La Constitución Política establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, que establece nuestro marco normativo, del gasto en medicamentos y los indicadores sobre la efectividad de los servicios públicos de salud.

Notas

1 https://www.who.int/es

2 https://www.animalpolitico.com/2020/01/ong-gobierno-integrar-sistema-sa lud-calidad-servicio/

3 https://www.animalpolitico.com/2020/01/atencion-salud-insabi-niveles-gr atis-salud/

4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llama-sfp-denunciar-corrupcion-en -salud

5 Dowdle, Michael W. “Public Accountability: Conceptual, Historical and Epistemic Mappings.” In Regulatory Theory: Foundations and Applications, edited by Drahos Peter, 197-216. Acton ACT, Australia: ANU Press, 2017.

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.20

6 https://imco.org.mx/temas/salud-corrupcion-y-cifras/

7 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/padres-de-ninos-con-cancer-presen tan-amparo-por-falta-de-atencion

8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-ordena-al-hospital-de-alta-e specialidad-de-oaxaca-informar-sobre-pacientes-con-cancer

9 https://www.animalpolitico.com/2020/01/ong-gobierno-integrar-sistema-sa lud-calidad-servicio/

10 https://www.etcetera.com.mx/nacional/
tras-nueve-meses-de-denuncias-secretaria-de-salud-admite-desabasto-en-institutos-especializados/

11 https://www.efe.com/efe/america/mexico/
la-corrupcion-cuesta-a-mexico-entre-el-5-y-10-de-su-producto-interno-bruto/50000545-4048222

12 https://seleritysas.com/blog/2019/03/15/big-data-analytics-as-an-anti-c orruption-tool/

13 https://esieduc.org/la-importancia-los-indicadores-desempeno-la-gestion -una-empresa/

14 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-info rmacion-en-salud-dgis

15 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-info rmacion-en-salud-dgis

16 https://www.letraslibres.com/mexico/politica/salud-corrupcion-y-cifras

17 https://imco.org.mx/temas/salud-corrupcion-y-cifras/

18 https://www.sinembargo.mx/11-02-2020/3728544

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP y los 213 OIC a establecer en las dependencias y entidades federativas correspondientes mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que los 213 Órganos de Internos de Control establezcan en sus dependencias y entidades federales correspondientes, mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia, bajo las siguientes

Consideraciones

Uno de los objetivos primordiales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de erradicar la corrupción, en virtud de que ésta ha lacerado por años la estabilidad social, política y económica de nuestro país.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 presentado por el ejecutivo federal, señala que, la corrupción es el principal inhibidor del crecimiento económico, afecta al presupuesto público y daña la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, por ello, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública es uno de los tres ejes transversales establecidos para guiar todas las acciones que se tomen durante su gobierno.1

En el primer año de gobierno de la presente administración, los mexicanos hemos sido testigos de las acciones que ha emprendido nuestro presidente para atacar de fondo la problemática de la corrupción.

Al respecto, basta recordar la detención de Alonso Ancira y Emilio Lozoya, que representan las primeras acciones contundente para sancionar los hechos de corrupción relacionados con la empresa de Altos Hornos de México y Odebrecht; en segundo lugar destaca la detención de Rosario Robles Berlanga en agosto del presente año, acusada de participar en una red de corrupción, mejor conocida como “La Estafa Maestra”, mediante la que presuntamente se desviaron recursos públicos por 5 mil 73 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.2 Asimismo, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo luego de que se iniciara una investigación por enriquecimiento ilícito.

De igual forma, a través de distintos medios de comunicación se dio a conocer, el esquema de sobornos que operaba en Pemex durante la administración anterior.

El entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a recibir entre 50 mil y 100 mil dólares, sólo por reunirse con empresarios que buscan hacer negocios con la empresa productiva del Estado. Además, algunos directores llegaron a recibir hasta 5 millones de dólares por la asignación de un contrato.

Por si esto no fuera suficiente, también se puso al descubierto que Carlos Morales, cuando se desempeñó como director de Pemex Exploración y Producción, recaudó entre contratistas 2 mil millones de pesos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.3

Los casos de sobornos no sólo se dan a nivel macro, como los ejemplos que señalamos anteriormente, sino también en el día a día de la administración pública, al respecto, cabe destacar que, en México, uno de cada tres ciudadanos en los últimos 12 meses recurrió a pagar un soborno para obtener algún servicio público, siendo la policía la institución que recibió más sobornos 52 por ciento, seguido por el acceso a la justicia 35 por ciento y la provisión de servicios básicos 30 por ciento.4

Dichas cifras, colocan a México en el segundo lugar a nivel Latinoamérica en aceptar haber pagado sobornos a servidores públicos con 34 por ciento de los encuestados, sólo por encima de Venezuela donde 50 por ciento reporta haberlo hecho.5

Si bien es cierto, que la presente administración ha logrado importantes avances para combatir los hechos de corrupción y los abusos en la administración pública, también lo es, que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir y erradicar el soborno.

Asimismo, cabe mencionar que México ha ratificado distintos instrumentos internacionales que lo obligan a fortalecer los controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno:

La Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) la cual tiene como finalidad fortalecer el desarrollo de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover la cooperación entre Estados para erradicar la corrupción de la función pública.

La Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (CCCFPETCI), donde establece que cada país tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la complicidad, la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) la cual recomienda medidas preventivas contra la corrupción, así como la creación de un organismo encargado de combatir estas prácticas y la implementación de códigos de conducta.6

En lo que respecta a la legislación nacional, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su Capítulo II, establece las faltas administrativas graves de los servidores públicos, en las que se encuentra el soborno o cohecho.

El artículo 52 de la Ley en comento, señala que:

Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.

De igual forma, la LGRA, en su artículo décimo, señala que, las Secretarías y los Órganos internos de control (OIC), y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Asimismo, son competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas , en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante la actual administración, se inició un proceso de transferencia del personal de los 213 OIC para incorporarse a la Secretaría de la Función Pública a fin de garantizar mayor independencia. Cabe recordar que, anteriormente estos órganos dependían de cada una de las dependencias donde operaban, lo que representaba un posible conflicto de interés entre auditor y auditado.7

En los últimos años, han surgido distintas herramientas para prevenir y combatir el soborno, tal es el caso de la norma ISO 37001 2016 “Sistemas de Gestión Anti-Soborno”, la cual tiene como objetivo combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética.8

La norma en comento fue desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) con objeto de cumplir una necesidad creciente entre las diferentes organizaciones, independientemente del sector o actividad, así como del número de empleados, es decir, se puede aplicar tanto en el sector privado como público.

La norma ISO 37001, específica una serie de medidas para instrumentar los controles para la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno.9

En nuestro país, existen distintos esfuerzos institucionales de dependencia del sector público que han instrumentado la ISO 37001. En noviembre de 2018, la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de la República se convirtió en la primera unidad administrativa de todo el gobierno federal que obtuvo la certificación internacional ISO 37001 en materia antisoborno, la cual fue validada por la empresa Global Standards.10

El Estado de Hidalgo, anunció el 23 de septiembre de 2019, la certificación de sus servidores públicos en la norma ISO 37001, con lo que se convierte en la primera entidad federativa en avanzar hacia la implementación de mecanismos robustos para la prevención y detección del soborno.

En el Estado de México, el pasado 11 de octubre durante la conmemoración del 30 aniversario de la Secretaría de la Contraloría de dicha entidad federativa, el gobernador anunció que, para ampliar las capacidades de esa dependencia en materia de procedimientos y responsabilidad administrativa, inició la certificación ISO 37001.11

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que se deben erradicar las prácticas de cohecho, por ello, los esfuerzos institucionales para combatirlo, no deben darse de forma aislada, sino deben ser parte de una política pública integral que instrumente mecanismos eficaces para su prevención, detección y erradicación.

Es por ello, que consideramos que es necesario que los Órganos Internos de Control de la entidades y dependencias de la administración pública federal, así como en las entidades federativas y los municipios instrumenten mecanismos para prevenir y combatir el cohecho, mismos que deben cumplir con los estándares internacionales en la materia.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que analice la viabilidad de que los 213 Órganos de Internos de Control establezcan en sus dependencias y entidades federales correspondientes, mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas y a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen la viabilidad de que se instrumenten los mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, >

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/
PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>Consultado el 20 de octubre de 2019

2 La Estafa Maestra: De qué acusan a Rosario Robles: la exministra de Peña Nieto arrestada en México. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49338467, Consultado el 20 de octubre de 2019.

3 A la luz, corrupción en Pemex: revelan grabaciones que sobornos por 2 mil mdp habrían financiado campaña de Peña Nieto, <A la luz, corrupción en Pemex: revelan grabaciones que sobornos por 2 mil mdp habrían financiado campaña de Peña Nieto> Consultado el 20 de octubre de 2019.

4 Mexicanos perciben menos corrupción con gobierno de AMLO: Transparencia Internacional, Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2309/mexico/mexicanos-perciben-menos-corr upcion-con-gobierno-de-amlo-transparencia-internacional/, Consultado el 20 de octubre de 2019.

5 Ibídem

6 Las Obligaciones internacionales de México y el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n109/rojasaman di.pdf Consultado el 21 de octubre de 2019.

7 Primer Informe de Gobierno, Gobierno de la República <https://lopezobrador.org.mx/2019/09/01/primer-informe-de-gobierno/> Consultado el 21 de octubre de 2019.

8 ¿Qué supone la norma ISO 37001 en la lucha contra el soborno? <https://www.isotools.org/2017/02/09/supone-la-norma-iso-37001-la-lu cha-soborno/> Consultado el 21 de octubre de 2019.

9 Ibíd.

10 Reconocen falta de confianza en fiscalías, El financiero, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconocen-falta-de-con fianza-en-fiscalias-20181128-0160.html Consultado el 21 de octubre de 2019.

11 Encabeza Gobernador Alfredo del Mazo el 30 aniversario de la Secretaría de la Contraloría, Edomex Informa,
http://edomexinforma.com/2019/10/encabeza-gobernador-alfredo-del-mazo-el-30-aniversario-de-la-secretaria-de-la-contraloria/ Consultado el 21 de octubre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil veinte.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México a garantizar en el marco del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del feminicidio una expedita procuración de justicia ante los casos de violencia de género contra trabajadoras sexuales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por sus características, el trabajo sexual continúa siendo un tema polémico en su abordaje y tratamiento por parte de las instituciones, tanto académicas como desde el propio gobierno. Ello aunado a que este se entrecruza con las consideraciones en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que complejiza aún más la atención del fenómeno.

Asimismo, al estar impregnado por estereotipos y prejuicios de toda índole, las mujeres que ejercen el trabajo sexual se convierten en sujetas de violencia y están expuestas a un número considerable de riesgos.

“Cerca de 70 mil trabajadoras sexuales de la CDMX –de acuerdo con datos de la organización Brigada Callejera– salen todos los días de su casa, sin la certeza de que van a regresar, pues su vida corre peligro en cuanto entran a alguna habitación con los clientes. Quedan totalmente expuestas. Nada ni nadie les garantiza su seguridad”.1

Por ejemplo, a finales del pasado mes de enero, en un hotel de la colonia Guerrero en la Ciudad de México, fue encontrado el cuerpo de Janeth, trabajadora sexual, quien presuntamente fue asesinada por un cliente. Sus compañeras fueron las encargadas de identificar la identidad de Janeth y de brindar mayor información a los agentes de seguridad.

“Minutos después de las 22:00 horas, los encargados del hotel ubicado en la calle Magnolia les entregaron las llaves de la habitación número cinco, en donde la pareja permanecería. Sólo 45 minutos después, el hombre abandonó el lugar. El sujeto fue identificado como un tipo delgado de unos 45 años, quien dejó las llaves en la recepción y dijo que la mujer saldría después de terminar de vestirse. Pero pasada la medianoche, los trabajadores del hotel se percataron de que ella no salía. Por eso, llamaron a la puerta de la habitación. Al no tener respuesta, decidieron abrir. Ahí, en el piso, encontraron el cuerpo desnudo de la víctima. Ella estaba inmóvil. Los trabajadores pidieron ayuda de los paramédicos y policías, quienes, al llegar y revisar a la mujer, informaron que fue estrangulada”.2

Lamentablemente este caso es un hecho aislado. En fechas recientes los feminicidios y expresiones de violencia en contra de trabajadoras sexuales han aumentado considerablemente, donde la Ciudad de México no ha sido la excepción. Según el colectivo Brigada Callejera, en 2018, más de 90 feminicidios de trabajadoras sexuales se registraron en todo el país.3

En septiembre de 2019, mujeres activistas se manifestaron en contra del “Estado feminicida” y exigieron justicia por las trabajadoras sexuales asesinadas.4 Cabe mencionar que, dentro de estas víctimas, hay mujeres trans cuya esperanza de vida promedio oscila en los 35 años.5 Dato que exhibe el nivel de riesgo al que están sujetas.

“Fui atacada por unos chicos que viven en una vecindad cercana. Me picaron aquí, cerca del cuello”, dice [Italia] enseñando una cicatriz debajo de la barbilla, a unos centímetros de la yugular”.6

Tanto trabajadoras sexuales mexicanas como extranjeras son víctimas de violencia y, en muchas ocasiones, esta está inmersa en redes de trata. De ahí que este fenómeno deba ser atendido de mera multidimensional. Por citar dos de los tantos casos que se han presentado en la Ciudad de México, a finales de 2017, Karen (argentina, 23 años) y Génesis (venezolana, 24), quienes “se anunciaban en un sitio de acompañantes denominado Zona Divas”7 fueron asesinadas y encontradas sin vida en hoteles.

Otro caso es el de Paola Buenrostro quien fue asesinada en septiembre de 2016. Este hecho desembocó en que varias de sus compañeras, entre ellas Kenya Cytlaly Cuevas, comenzaran a trabajar en una organización para exigir justicia y prevenir estos actos de violencia. A casi tres años, el caso sería reconocido como un transfeminicidio,8 sentando con ello un importante precedente y la emisión de la Recomendación 02/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).9

Ante estos hechos, cada 31 de octubre desde 1999 en la Ciudad de México se coloca una ofrenda en memoria de las trabajadoras sexuales asesinadas, con el objetivo de recordarlas, pero también se presentó como una exigencia a las autoridades a que investiguen los casos y finquen las responsabilidades a quienes resulten responsables.

Si bien el pasado 29 de noviembre de 2019, se emitió en la Gaceta Oficial la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México en la que se enlistan algunas de las acciones que se han emprendido para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género –y aquellas que se desprenderán de la propia Declaratoria–, es cierto que la procuración de justicia en la capital del país, como en el resto de las entidades federativas, es un tema pendiente para las mujeres y las niñas. Sobre todo, para aquellas que se encuentran en contextos mayormente propicios a la discriminación y rezago.

De igual manera, vale la pena señalar que el 15 de noviembre de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio10 (en adelante Protocolo) con el objetivo de “contar con un Protocolo con perspectiva de género en el que se establezcan las bases mínimas para el procedimiento de investigación e integración del delito de feminicidio, que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte de la persona titular del Ministerio Público, la Policía de Investigación y la Coordinación General de Servicios Periciales. Lo que permitirá que el gobierno (...) cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres”.

En esta versión actualizada del protocolo (la anterior data de 2011), también se alude que “[lo que] se pretende [es] que los feminicidios se legitimen a través de los estereotipos de género, tan profundamente arraigados en nuestra cultura. Es por ello que los feminicidios no deben ser comprendidos como una explosión de violencia, es decir, como hechos aislados, sino como el extremo de un “continuum” de violencia hacia las mujeres que incluye diversas formas de humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, abandono y aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes discriminatorias o de prácticas sociales violatorias a su integridad”.

Con este marco de referencia, es menester señalar que las expresiones de violencia de género en contra de las trabajadoras sexuales es un fenómeno que debe atenderse, de manera expedita y, sobre todo, prevenirse, tomando como referencia lo estipulado en el protocolo; de ahí que una de las acciones para lograrlo es investigar –con apego a los derechos humanos y libre de prejuicios– estos delitos y perseguir a los imputados. Ello como parte de las obligaciones que tiene el Estado mexicano de garantizar los derechos de las mujeres, en este caso el de una vida libre de violencia.

Por lo antes expuesto y considerando la urgencia por atender los delitos en contra de este grupo de población en situación de riesgo, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a garantizar, en el marco del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, una pronta y expedita procuración de justicia ante los casos de violencia de género contra las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México.

Notas

1 Rangel, Andrés (2019, 1 de noviembre). Trabajadoras sexuales de la CDMX colocan ofrendas a sus compañeras asesinadas. En Sin embargo, en línea. México. Recuperado el 29 de enero de 2020 de https://www.chilango.com/noticias/reportajes/trabajadoras-sexuales-de-l a-cdmx/

2 Silva, Yara (2020, 27 de enero). Estrangulan a mujer en hotel de la Guerrero; tenía 4 hijos. En El Universal, en línea. México. Recuperado el 28 de enero de 2020 de

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/estrangula n-mujer-en-hotel-de-la-guerrero

3 Sin Embargo (2019, 6 de septiembre). “Asesinatos de trabajadoras sexuales son feminicidios”. Mujeres protestan en el Ángel de la Independencia. En Sin Embargo, en línea. México. Recuperado el 28 de enero de 2020 de https://www.sinembargo.mx/06-09-2019/3641420

4 Ídem.

5 Infobae (2019, 20 de noviembre). El drama de las trabajadoras sexuales trans en la Ciudad de México: una lucha diaria por sobrevivir. En Infobae, en línea. México. Recuperado el 29 de enero de 2020 de:

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/20/la-dur a-supervivencia-diaria-de-las-trabajadoras-sexuales-trans-en-la-ciudad- de-mexico/

6 Ídem.

7 EFE (2018, 5 de enero). Hay trata detrás del caso de los homicidios de Karen y Génesis: activista; encienden las alertas. En Sin Embargo, en línea. México. Recuperado el 28 de enero de 2020 de https://www.sinembargo.mx/05-01-2018/3370633

8 Navarrete, Shelma (2019, 19 de junio). El caso de Paola Buenrostro, primer transfeminicidio reconocido en la CDMX. En Expansión, en línea. México. Recuperado el 29 de enero de 2020 de https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/06/19/el-caso-de-paola-buenrost ro-primer-transfeminicidio-reconocido-en-la-cdmx

9 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2019). Recomendación 02/2019. Falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio. Recuperado el 28 de enero de 2020 de https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf

10 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio (2018). Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Recuperado el 13 de febrero de 2020 de

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/
LTAPRCCDMX2018/art_121/fraccion_i/VINCULOS/A172018.pdf

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa a continuar el seguimiento del caso y resolver de manera urgente los planteamientos actuales de los familiares de los 43 estudiantes, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Rosario Merlín García, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de este Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. No cabe duda que hoy está retomando un nuevo camino en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, para ahora sí encontrar la verdad, la justicia y desde luego encontrar a nuestros estudiantes. Con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se tienen reuniones periódicas con los familiares, con la finalidad de que la investigación avance y se concrete en castigar a los verdaderos culpables ante este crimen de Estado. La voluntad política del Ejecutivo Federal es patente y por lo tanto hay que darle continuidad y seguimiento.

Segunda. Asimismo, el Ejecutivo Federal, el hecho de que haya invitado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, a incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, con el fin de lograr romper el pacto de silencio que ha perdurado mucho tiempo es otro paso importante para esclarecer este lamentable hecho. Con ello se logrará, como bien se ha dicho no prolongar la impunidad, dar a conocer el paradero de los estudiantes y hacer que la justicia fortalezca al Estado mexicano.

Tercera. La investigación coordinada por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ha sido el pilar fundamental para que los familiares vayan encontrando respuestas a sus preguntas que en el sexenio pasado se ocultaron.

Cuarta. Este hecho doloroso, donde autoridades de todos los niveles y el crimen organizado participaron para desaparecer a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, se cayó en el peor tratamiento político y jurídico por el ex procurador Murillo Karam, con frases desafortunadas con el “ya me cansé” o la otra esta es la “verdad histórica”. Así también, donde se implementó el montaje para demostrar a la opinión publica su “verdadera investigación”, investigación que con el pasar de los meses y años fue desmentida por peritajes internacionales.

Quinta. Nunca las investigaciones del anterior sexenio estuvieron a la altura de las exigencias de los familiares, nunca presentaron resultados verdaderos, y nunca la respuesta judicial fue genuina. Sólo se construyeron historias y versiones contradictorias, se construyó una realidad que únicamente vivían en la ex Procuraduría General de la República. Por lo que nada se pudo hacer con el paradero de los 43 normalistas.

Sexta. Por ello, hoy es de suma importancia tomar en cuenta lo que actualmente plantean y exigen los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en especial a que el Juez de Tamaulipas deje de poner obstáculos y trabas a la justicia, ya que por mandato constitucional debe por responsabilidad jurídica liberar órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados de la desaparición de los estudiantes.

Séptima. De igual forma se requiere agilizar la investigación para que la solución y las respuestas no se prolonguen, sino que éstas deberán de atender a corto plazo para saber el paradero de los jóvenes. Las detenciones de los culpables deberán ocurrir con apego a derecho, es una necesidad jurídica. Con éstas, se demostraría que las reuniones permanentes con las autoridades federales, han tenido resultados. Sólo así los familiares empezarán a ver con buenos ojos la política de Estado que hoy se ha comprometido resolver este doloroso caso.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, para que continúen con el buen seguimiento del caso Ayotzinapa, y además resuelva de manera urgente los planteamientos actuales de los familiares de los 43 estudiantes, para dar celeridad a la resolución jurídica del caso y se obtenga por fin acceso a la verdad y a la justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a que el juez de Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos deje de poner obstáculos y trabas a la justicia, ya que por mandato constitucional tiene la responsabilidad jurídica de liberar órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a fortalecer con sus homólogas locales los programas y las campañas de toma de conciencia sobre el desperdicio de alimentos en los hogares y el sector industrial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pérdida y el desperdicio de alimentos se han convertido en un tema de gran preocupación en agenda mundial. Basta señalar que la meta 12.3 de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel minorista y de consumo para 2030, así como reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.1

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pérdida de alimentos es la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones de los proveedores en la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas, proveedores de servicios de alimentos y consumidores. Según cifras del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se pierden mil 300 millones de toneladas de comida producida para el consumo humano, un tercio del total.

Alrededor de 45 por ciento de las frutas y vegetales que se cosechan en todo el mundo se desperdician, cantidad que sería un equivalente a 3 mil 700 millones de manzana.2 También indica que se desperdician alrededor de 30 por ciento de los cereales, o 763 mil millones de cajas de pasta, y de los 263 millones de toneladas de carne que se producen mundialmente cada año, se pierde 20 por ciento, el equivalente a 75 millones de vacas.

Este desperdicio de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocurre en todos los procesos de producción, cultivo, procesado, distribución y consumo de todos los alimentos, por lo que tanto los agricultores, como las compañías, los restaurantes, así como los propios consumidores, tienen responsabilidad en la cantidad exorbitante de comida que se pierde en la basura.

Esta problemática alimentaria no es exclusiva de un país, ya que por lo general en los países más industrializados se pierden más alimentos en las fases de comercialización y consumo, en tanto que en las naciones en vías de desarrollo, que con frecuencia carecen de las infraestructuras necesarias para hacer llegar todo el alimento en buen estado a los consumidores, la mayor parte de las pérdidas tiene lugar en las fases de producción, postcosecha y procesado.3

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países industrializados tiran alrededor de 670 millones de toneladas de comida al año, una cantidad casi igual a la producción neta de alimentos del África subsahariana.

Se estima que tan solo una familia estadounidense de cuatro miembros desecha un promedio de mil euros al año en comida. Para dimensionar esta situación tan sólo en 2007, la ocupación mundial del suelo destinado a producir las cosechas que nadie se comería fue de mil 400 millones de hectáreas, la superficie de Canadá y la India.

Gran parte del destino final de los desperdicios suelen estar dentro de los vertederos, donde, son sepultados sin aire, por lo que generan metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, y tan solo Estados Unidos y China emiten a la atmósfera la mayor cantidad mundial de gases de efecto invernadero que supondría que podría ser por el desperdicio de alimentos.

Mientras en el mundo se desperdician millones de toneladas de alimentos, alrededor de 821 millones de personas padecen de hambre y se estima que una de cada nueve sufre de inseguridad alimentaria.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los consumidores comienzan a tirar comida cuando sus ingresos alcanzan los 6.7 dólares al día, lo que indica que es probable que las personas en los países más ricos desperdicien más alimentos, lo que podría significar un problema futuro para los países en desarrollo.4

México no es ajeno a esta situación pues de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, el desperdicio de alimentos alcanza 34.7 por ciento. Tan sólo en 2012, a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que 52.4 por ciento de los residuos sólidos en México son por el desperdicio de comida, de jardines y materiales orgánicos similares.5

Un estudio sobre el desperdicio de 79 alimentos de la primera parte de la cadena alimenticia arrojó que se desechan alrededor de 24.4 millones de toneladas, lo que representa 34.5 por ciento de la producción anual de alimentos. El problema alcanza alrededor del 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de país.

Estos desechos generan alrededor de 36.9 millones de emisiones de equivalente de dióxido de carbono (CO2e) y representan 39.8 millones de litros de agua desperdiciados, ya que, por cada 15 mil 500 kilogramos de carne de res, se desperdician 552 mil 382 toneladas, lo que representa 8 mil 561 millones 923 mil 346 litros de agua.

Se estima que, del consumo anual de tortilla, 9 millones 956 mil 56 toneladas, se desperdician más de 2 millones de toneladas, 28.70 por ciento. En tanto que el desperdicio de la leche asciende al 43.12 por ciento de 10 millones 645 mil 152 toneladas de consumo anual.

Los problemas de alimentación y ambientales a nivel mundial cada vez se vuelven más insostenibles y alarmantes para toda la población, y México no es la excepción, por lo que el país debe dar soluciones para tratar de frenar esta situación.

Bajo esta premisa es importante que se fortalezcan los programas de acopio y campañas de concientización sobre el desperdicio de alimentos en los hogares y el sector industrial.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan los programas y campañas de concientización sobre el desperdicio de alimentos en los hogares y el sector industrial, en beneficio del medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Bienestar y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de establecer un programa que permita minimizar las pérdidas de alimentos en la post-cosecha y durante su transporte y almacenamiento.

Notas

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/

2 https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382

3 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/el-al to-coste-del-desperdicio-de-alimentos_8342/3

4 https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/
el-problema-del-desperdicio-de-comida-a-nivel-mundial-es-mas-grave-de-lo-que-imaginas

5 https://lopezdoriga.com/vida-y-estilo/se-desperdicia-el-34-7-por-ciento -de-los-alimentos-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México y el Imepi a destinar recursos y trabajar en la creación de un laboratorio de certificación de productos pirotécnicos, conforme a estándares internacionales, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México y al titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, del presupuesto público con el que ya cuenta esta institución, se destinen recursos necesarios y se trabaje en la creación de un laboratorio de certificación de productos pirotécnicos, de conformidad a estándares internacionales, que se encargue de prestar asesoramiento, asistencia técnica y aseguramiento de la calidad del producto y de su proceso de producción, bajo las siguientes

Consideraciones

Tenemos los talentos, la sabiduría de nuestros artistas pirotécnicos, pero –hay que decirlo– no hemos tenido, al momento, la osadía por parte de las autoridades gubernamentales para impulsar a este sector. No es desconocido que México tiene eventos que son relevantes a nivel internacional con presencia de pirotecnia en festejos cívicos, sociales, culturales y religiosos a lo largo y ancho de la República Mexicana que se constata día con día. A pesar de ello –y es en donde el papel del gobernante entra en cuestión, ante un contexto de altas tasas de desempleo y bajo o nulo crecimiento económico– nuestro país no figura en los principales países exportadores de pirotecnia a nivel mundial. Por el contrario, se ha tomado el camino más fácil: criminalizar al arte pirotécnico en lugar de volverlo punta de lanza en el desarrollo de pueblos y barrios. Con ello, sólo se está no sólo incidiendo en el incremento del clandestinaje, sino en que no podamos arribar aún a una producción más sustentable en materia de fuegos artificiales.

Mientras que en México, diversas autoridades en, al menos, el uno por ciento de gobiernos municipales del país (de acuerdo a un análisis de los últimos seis meses), se han abocado a criminalizar el arte pirotécnico, en lugar de buscar alternativas para que la actividad se realice con mejores protocolos de prevención de desastres y protección civil y sin reparar en que es una realidad de relevancia económica, social y cultural. Asimismo, sin ofrecer otras alternativas de empleo a las y los artesanos que se dedican a esta noble actividad.

Pero si miramos más allá de nuestras fronteras, de acuerdo a Daniel Workman, fundador de la consultoría Top Exports, tan sólo en 2018 las ventas por exportación de productos pirotécnicos algunos países obtuvieron más de 100 billones de dólares. Por parte de países del continente asiático se obtienen las mayores ganancias, le siguen países del continente europeo, de Norte América, de América Latina, de África, de Oceanía y de Australia. Lamentablemente, como muchos otros temas de rezago tecnológico y económico, México (a pesar de contar con los talentos y el ingenio) no figura en la lista. Ver tabla 1.

Tabla 1. Los 15 países con mayores exportaciones de Fuegos Artificiales1

Como lo hemos venido señalando, en México existe el talento, al grado de que desde Japón –uno de los países más avanzados en el mundo en tema de tecnología– viajan expertos en pirotecnia para aprender la técnica de movimiento y giro usada en la castillería mexicana, pues éste no se logra con motores, se logra con la sabiduría del arte que generación por generación se comunica entre integrantes del gremio pirotécnico en nuestro país.

En el caso del estado de México, existe el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), institución que nació precisamente para apoyar al sector y fomentar el diseño de una política pública integral que, por un lado, coadyuve a mejorar los protocolos de prevención de desastres y por el otro, implemente acciones modernizadoras de capacitación y aplicación de tecnológicas2 . Para este ejercicio fiscal de 2020, el Imepi recibió un presupuesto de 25 millones 779 mil 631 pesos (Veinticinco millones setecientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y un pesos)3 .

De acuerdo a la revisión histórica del presupuesto de este instituto, año con año se ha destinado más de un 20 por ciento a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Para 2019, este Capítulo del gasto se tradujo en apoyos para 26 permisionarios, de un universo de más de 40 mil familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Sería idóneo que una parte de este presupuesto esté direccionado a una vertiente de innovación y certificación de los productos y del proceso de su elaboración, en aras de mayor seguridad, del tránsito a insumos más sustentables, de control del ruido sólo en juguetería pirotécnica, y por supuesto, que brinde la posibilidad de exportación a nivel internacional.

Tabla 2. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2019.4

Cabe destacar, que de conformidad a la información publicada sobre el número de permisionarios, de la propia página oficial del Imepi, al analizar el comparativo con el número de apoyos otorgados y el número de permisionarios existentes no sólo es insuficiente y desequilibrada sino hasta carece también de claridad, por ejemplo, en Jocotitlán se dieron siete ayudas y sólo hay seis permisionarios, en San José del Rincón no hay permisionarios y se otorgaron más de un millón doscientos mil pesos en cuatro ayudas.

Tabla 3. Comparativo del número de ayudas y número de permisionarios.

Por si esto no fuera suficiente, las ayudas se traducen en apoyos económicos para adquisición de mallas ciclónicas, pararrayos, barras de descarga electrostáticas, pintura, extintores, alambres de púas, esmaltes, equipos de zapa. Muchos de estos productos no son los más idóneos para la prevención de accidentes, y ninguno de estos apoyos tiene que ver con la capacitación y asesoría especializada en materia de fuegos artificiales, para acabar pronto el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia no tiene un laboratorio para la certificación que estamos recomendando, y que forma parte de la norma en otros países como los referidos al inicio de la presente exposición.

Tabla 4. Propuesta Imepi 2020. El tránsito a una pedagogía de certificación.5

Luego entonces, necesitamos pasar de la simulación del “te apoyo”, del “te doy dádivas”, en donde el grueso de la población de este sector queda fuera de los beneficios existentes, a una verdadera política pública integral que tenga la capacitación y certificación de los productos y procesos de elaboración de fuegos artificiales como prioridad. Asimismo, se pueda atender a todas y todos los permisionarios de la entidad, en aras de la seguridad de las familias de quienes se dedican a este noble arte, de las familias que visitan estos lugares desde el interior o desde el exterior, o se encuentran simplemente en la cercanía de la venta y fabricación, y sobre todo, para que muchos de ellos puedan exportar sus productos.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que estamos ante una gran oportunidad de que el estado de México sea modelo a seguir en el rubro pirotécnico, no sólo por parte de otros gobiernos, sino hasta para la Secretaría de la Defensa Nacional, sin la necesidad de erogar más recursos, sino direccionar los ya existentes, los que corresponden al capítulo del gasto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que suman alrededor de seis millones de pesos, para pasar de la dádiva a una verdadera política pública en materia de fuegos artificiales cimentada en conocimientos técnicos y científicos.

De acuerdo a pláticas con expertos de diversas asociaciones de pirotécnicos, se requiere no más de un 30 por ciento del recurso de este capítulo del gasto que significan las ayudas, para que se pueda echar a andar un laboratorio de certificación pirotécnica de calidad internacional. Estimadas y estimados legisladores, ha llegado el momento de diseñar la política pública desde abajo, considerando la participación de las y los artesanos pirotécnicos pero también de aquellos que han podido salir con esfuerzos propios a competir a nivel internacional.

Nuestros jóvenes y sus familias requieren de empleos dignos, al criminalizar a quienes dependen del arte pirotécnico con prohibiciones a rajatabla y sin explicaciones basadas en argumentos comprobados científicamente, sino en ocurrencias y el miedo, no se hace otra cosa que orillarlos a dejar su única fuente de ingresos y lo que es más grave, a operar fuera de la ley, con mayores riesgos como lamentablemente constatamos periódicamente en explosiones por clandestinaje.

Esta soberanía, mediante la aprobación de este exhorto legislativo, estaría abonando a cambiar el rumbo para arribar a otro modelo de política pública, ofreciendo conocimientos y tecnología adicionales a la sabiduría que ya poseen nuestros artistas pirotécnicos, para que se produzca no sólo pirotecnia de manejo más seguro, sino más sustentable, más amigable con el medio ambiente, con los animales de compañía, con las personas que padecen el trastorno del espectro autista, con la niñez. Como se viene realizando en otros países donde los fuegos artificiales son también parte de la idiosincrasia de pueblos y barrios, en ambientes seguros, sustentables y visión de Estado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México y al titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, del presupuesto público con el que ya cuenta esta institución, se destinen recursos necesarios y se trabaje en la creación de un laboratorio de certificación de productos pirotécnicos, de conformidad a estándares internacionales, que se encargue de prestar asesoramiento, asistencia técnica y aseguramiento de la calidad del producto y de su proceso de producción.

Notas

1 Elaboración propia con datos de World’s Top Exports, “Fireworks Exports by Country”, Disponible en:
http://bit.ly/2uMCWy4, consultado el 15 de febrero de 2020.

2 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Disponible en: http://bit.ly/321VBlF, Consultado el 17 de febrero de 2020.

3 Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno del estado de México, “Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de México para el ejercicio fiscal de 2020.”

4 Plataforma Nacional de Transparencia, “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, Disponible en
http://bit.ly/2P289o2, Consultado el 15 de Febrero de 2020

5 Elaboración propia con datos de Transparencia Fiscal Edomex, Disponible en: http://bit.ly/39Gms9x, consultado el 17 de febrero de 2020.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SE y la SSPC a llevar un constante registro de los vehículos propiedad de las personas deportadas o que han retornado, y regularizarlos, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en el ámbito de sus atribuciones lleven un constante registro del parque vehicular que circula en México propiedad de las personas que han sido deportadas o que han retornado y se proceda a su regularización al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, con su histórica tradición migratoria preponderantemente hacia el vecino país del norte, tiene aparejados aspectos que ese flujo constante acarrea y en los que debemos poner atención, ubicando las necesidades y los requerimientos que este fenómeno migratorio impone; tal es el caso de la regularización de vehículos automotores que nuestros connacionales que han sido deportados o que han retornado a México traen consigo.

La flota vehicular de esta comunidad mexicana procede mayormente de los Estados Unidos por simple razón geográfica, en tanto que el desplazamiento de mexicanos hacia los Estados Unidos y su posible retorno con todo lo que ello implica, seguirá latente sin importar las políticas de gobierno que prevalezcan en el momento en uno u otro país, y por ello tenemos que atender las necesidades que van surgiendo, evitando en la medida de lo posible ser sorprendidos por no ver más allá, por no adelantarnos para prevenir, y en vez de eso, limitarnos a solucionar.

El antecedente histórico iniciado el siglo pasado con el proceso migratorio consecuencia de programas de participación de los mexicanos en los Estados Unidos principalmente en el sector agrícola, fue evolucionando para crear en ocasiones ambientes propicios para que nuestros connacionales cuando era posible, adquirieran vehículos automotores ejerciendo su derecho a la movilidad en aquella y esta naciones.

En efecto, estos programas de trabajo en los Estados Unidos forjaron con el paso del tiempo una forma de vida que se extendió del campo a otros medios de subsistencia y que les permitió tener acceso a más bienes de tipo económico, significándoles independencia y movilidad, bajo el entendido de que un vehículo también es sinónimo de realización porque tiene una carga de estatus en la sociedad, razón por la que su deseo es incorporarlo a su vida cotidiana.

Otra razón para que se introdujeran en algún porcentaje unidades extranjeras en situación irregular a territorio mexicano fue la precaria situación del agro que impulsaba a los campesinos de bajos recursos a hacerse de alguna unidad en estas condiciones debido a su bajo costo comparado con nuestro país. La ubicación de dichas unidades ilegales se concentraba en la zona fronteriza y en las entidades federativas donde históricamente se ha registrado mayor migración; pero actualmente puede decirse que la circulación de vehículos irregulares se ha extendido a todo el país debido a la diáspora sin precedentes que por diversos motivos ha generado la movilización de personas en busca de un mejor futuro.

La introducción de vehículos a nuestro país procedentes de los Estados Unidos también se favoreció con la llamada Ley Simpson Rodino que requería para poder ser empleado en aquél país la exhibición entre otros documentos, de la licencia de conducir, y eso trajo como consecuencia que nuestros connacionales pudieran transitar con mayor facilidad hacia la frontera sur. Para el 2009 la circulación diaria de vehículos de procedencia extranjera llegó a los 3 millones.1

Debemos considerar al migrante como un sujeto de origen y de destino, y que ejerciendo su derecho a la movilidad puede utilizar un vehículo de procedencia extranjera pero respetando los lineamientos y restricciones que imperan en este momento y que se estima son mejores para nuestra sociedad, pues aun cuando en su imaginario no existan fronteras porque para ellos su vida transcurre en un tercer territorio que ubican como Estado-Nación, sí existe la frontera jurídica que intenta proteger y regular la vida en sociedad y que por tanto tenemos que respetar para seguridad de todos los ciudadanos, pero sin olvidar que si bien es cierto, en nuestro actual sistema capitalista la circulación de mercancías es necesaria, la introducción al país de vehículos de procedencia extranjera debe ser constantemente verificada y documentada, y por ello el proceso de importación legal debe ser prioritario erradicando la circulación ilegal de vehículos en nuestro territorio.

No estamos hablando de prohibir el internamiento de vehículos de procedencia extranjera, pues se trata de un derecho a la movilidad que todo ciudadano tiene, de lo que se trata es de llevar una mejor estadística y control que a la postre a todos beneficia, pues se traduce en mayor seguridad en caso de algún ilícito y de un mejor registro que al fin de cuentas al vivir en sociedad se requiere por simple orden y regulación de nuestras actuaciones en ella.

En un estudio estimativo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pues dice, ningún nivel de gobierno cuenta con cifras ciertas, el parque vehicular ilegal que circulaba en el país llegó en el 2015 a 5 millones 44 mil unidades.2

Hasta julio de 2019 el total nacional de vehículos particulares registrados en México según datos del Inegi ascendía a 31,964.916,3 en tanto que la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos pasó del año 2006 de poco más de un millón 500 mil, a los 147,000 en el 2017, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,4 cifras que han disminuido significativamente.

Como se ha dicho en esta propuesta, lo que se pretende es evitar que ante los sucesos que están ocurriendo en los Estados Unidos con nuestros connacionales, que en caso de retorno traigan consigo esos bienes de consumo procedentes de aquél país de manera ilegal, lo que puede derivar en la problemática de no contar con un registro vehicular certero, con las consecuencias que ello implica.

Es cierto que desde hace muchos años se han hecho esfuerzos para regularizar los vehículos de procedencia extranjera que van desde programas de regularización, hasta la publicación de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera de 2001; pero ante la actual problemática que se está viviendo con las medidas adoptadas contra los migrantes en los Estados Unidos, muchos de nuestros connacionales están regresando y en muchas ocasiones, si les es posible, lo hacen introduciendo a territorio nacional los vehículos adquiridos en ese país pero sin la debida regularización, lo que infringe lo estipulado en nuestras leyes nacionales.

En efecto, el actual Código Fiscal de la Federación en su artículo 103, fracción II estatuye:

“Artículo 103.- Se presume cometido el delito de contrabando cuando:

...

II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior”.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la presunción legal del delito de contrabando se integra con los elementos de posesión de un vehículo extranjero fuera de la zona indicada; que el tenedor no cuente con la documentación aduanera que acredite que se sometió a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o su internación de la franja fronteriza al resto del país; la lesión al bien jurídico que lo constituye la hacienda pública; y el contenido doloso de la conducta. Concluye la Corte en su análisis que la sola objetividad de su hallazgo ubica como responsable del ilícito a quien lo posea, se ostente propietario o sea porteador sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país.5

No se trata de criminalizar el uso de vehículos de procedencia extranjera que han internado nuestros connacionales a su retorno, ni de coartarles su derecho de propiedad; de lo que se trata, se insiste, es de tener certeza jurídica con un debido control e identidad vehiculares, así como un padrón confiable sobre la internación de este tipo de vehículos, mismo que debe ser permanente y abarcando a todas las entidades federativas.

Por ello, es necesario que se tomen acciones para normalizar la estadía irregular de dichos vehículos en nuestro país, pues con ello se tendrá un mejor control, incluida la contención de la inseguridad debido a los posibles ilícitos que se pudieran realizar utilizando un vehículo irregular al no contar con la identidad de quien pudiera participar en ello, o en caso de la verificación de algún accidente al no contar con algún seguro que proteja al propietario; máxime que como ya se ha dicho, el no regularizar un vehículo de procedencia extranjera se traduce en la configuración de un ilícito por circular en territorio nacional fuera del marco legal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas lleven un constante registro del parque vehicular que circula en México propiedad de las personas que han sido deportadas o que han retornado y se proceda a su regularización.

Notas

1http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722009000100002

2 http://www.rancherita.com.mx/noticias/detalles/45767/asegurara-el-sat-a utos-ilegales-que-circulan-en-territorio-nacional-en-.html#.XXiNES5KjIU

3 https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

4 https://www.portalautomotriz.com/noticias/automotriz/el-dinamico-contra bando-de-autos

5 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/161/161889.pdf 161889. 1a./J. 56/2011. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, junio de 2011, Pág. 95.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Irma Juan Carlos, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la proposición de exhorto con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que promueva, lo que en su ámbito de competencia corresponda, la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes de septiembre del año 2018, el gobierno mexicano firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para que este acuerdo adquiera vigencia en nuestro país es necesario su ratificación; en la misma firma del documento se dispuso que la ratificación se haría en un lapso de 90 días; situación que no ha sucedido.

Y dado que no se ha ratificado, ya han sido varias las voces que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo “319 personas y 90 organizaciones de base y no gubernamentales, redes y movimientos sociales de todos los estados”1 se pronunciaron a favor de la ratificación. Incluso en julio de 2019 la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a México a la ratificación del Acuerdo.2

El Acuerdo conforme al artículo 1 tiene como objetivo lo siguiente: “El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

El objetivo del acuerdo es muy importante, por eso tengo especial preocupación por su ratificación toda vez que el mismo es un medio de defensa para mis hermanas y hermanos indígenas defensores de la protección al ambiente. Sobre este aspecto resulta relevante la información encontrada en “Políticas integrales de protección a personas defensoras”,3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado el 30 de diciembre de 2017, en su página 117 indica que en México “el relator especial (de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos) también llamó la atención sobre el hecho de que la mayoría de los grupos criminalizados y discriminados de personas defensoras de derechos humanos, son aquellos que defienden los derechos a la tierra, al agua y a un ambiente sano de pueblos y comunidades indígenas...”, también en su página 118 señala que algunas organizaciones han argumentado que “una de las consecuencias directas de la falta de difusión es que el número de actos de violencia, amenazas y hostigamientos hacia quienes defienden los derechos humanos... es más alto que el número de casos recibidos por el mecanismo federal”.

A lo anterior expuesto debemos de agregar las preocupantes cifras que emite la organización no gubernamental Global Witness, sobre la situación de los defensores y activistas de derechos humanos ambientales en el informe: ¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente ,+ 4 el informe destaca un dato relevante sobre que cada tres semanas un defensor fue asesinado en alguna parte del mundo, asimismo en el informe se documentaron el asesinato de 164 defensores del medio ambiente durante 2018 en nuestro país, lo cual lo convierte en el cuarto país más peligroso del mundo, Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del estado con 40 de los 164 asesinatos. Aunado a estas cifras debemos de tomar en cuenta las cifras documentadas por CEMDA, las cuales indican que durante 2018 ocurrieron 49 agresiones a defensores en México, siendo 16 el número total de personas muertas, para el año 2019 reporta en nuestro país al menos 14 homicidios en contra de defensores del medio ambiente.5

Hay numerosos casos en los cuales se demuestra la violencia contra los derechos humanos y contra los defensores del medio ambiente. Un caso paradigmático es la del defensor rarámuri Julián Carrillo, activista rarámuri, quien fue perseguido y asesinado por agresores no identificados la noche del miércoles 24 de octubre de 2018. Carrillo luchó contra la tala, la minería y la siembra de droga. Previo a su asesinato ya le habían matado a familiares. Lamentablemente éste no es el único caso en una lista que no parece tener fin y la cual se incrementa aceleradamente. El caso más reciente es el de Raúl Hernández Romero, defensor de los santuarios de la mariposa monarca. A continuación se presentan algunos titulares que han circulado en la prensa nacional relacionados con los asesinatos de defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente en diversos puntos del país6

- “José Luis Álvarez, ecologista y defensor del santuario del mono saraguato, es asesinado”. Álvarez, fue hallado muerto este lunes con cinco disparos cerca del ejido Calatraba, municipio de Palenque, en el estado de Chiapas. Además de la defensa y protección del santuario del mono saraguato Álvarez había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta. 11 de junio de 2019/Sinembargo .

- “¿Quién era Nora López, la ambientalista y bióloga asesinada en Chiapas?” Este miércoles fue hallada muerta la bióloga y ambientalista Nora López León. El cuerpo de la activista de 45 años, fue hallado en la habitación de un hostal de Palenque, de acuerdo con los primeros reportes habría muerto debido a varias heridas con arma blanca. Nora López trabajaba en el Parque Ecoturístico Aluxes, ubicado en Palenque, Chiapas, donde coordinaba a un grupo de biólogos que se encargaban de la conservación y reproducción de guacamaya roja. 22 de agosto de 2019/El Heraldo de México

- “Asesinan a líder indígena, Leonel Díaz Urbano en Puebla”. Medios locales reportan el asesinato del líder indígena mientras dormía en el interior de su vivienda localizada en el municipio de Zacapoaxtla. Díaz Urbano sostuvo una lucha constante para evitar la instalación de una hidroeléctrica porque generaría graves daños al medio ambiente, los cuales calificó de irreversibles, porque se removerían 60 hectáreas de vegetación alrededor del río Apulco, además de que se desviaría el cauce total del río. 10 de mayo 2019 /Excélsior

-“Asesinan en Chiapas al activista y defensor Sinar Corzo; había recibido amenazas”. Corzo Esquinca fue atacado, alrededor de las 9:40 de la noche, por un sujeto armado en el cruce de Primera Norte y avenida Ferrocarril de Oriente, municipio de Arriaga. De acuerdo con Chiapas Paralelo , horas antes de morir Corzo Esquinca se reunió con autoridades municipales de Arriaga, para abordar temas relacionados con la construcción de la carretera del poblado La Línea y el mejoramiento de las comunidades pesqueras. 4 de enero 2019/Animal Político

-“Asesinan a Estelina López, defensora de la tierra en Chiapas”. Estelina López Gómez defensora del derecho a la tierra, perteneciente a Luz y Fuerza del Pueblo fue asesinada por paramilitares. En el relato se señala que la activista salió de la comunidad a bordo de una camioneta junto con su esposo, y fue cuando ella se bajó para abrir una reja que un grupo armado le disparó en el abdomen y en la cabeza. Estelina, junto a su comunidad decidió luchar por el derecho y la defensa de la tierra. 30 de enero 2019/Regeneración R .

Los cinco casos citados, a través de los anteriores titulares de noticias, son parte de la lista de 14 homicidios ocurridos durante el año 2019 en contra de los derechos humanos y defensores del medio ambiente en el país.

Por ello el Acuerdo Escazú, dispone en su artículo 9 lo siguiente:

1. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que promueva, lo que en su ámbito de competencia corresponda, la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Notas

1 https://www.mexicohazalgo.org/2019/10/
exhorto-al-gobierno-para-actuar-contra-crisis-ambiental-capsula-mexico-haz-algo/

2 https://www.business-humanrights.org/es/
m%C3%A9xico-la-onu-insta-a-la-ratificaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-escaz%C3%BA-para-abordar-la-
situaci%C3%B3n-de-violencia-en-contra-de-personas-defensoras-del-medio-ambiente

3 La información puede consultarse en el siguiente link: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/proteccion-personas-defensoras .pdf

4 La información puede consultarse en el siguiente link:
https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemies-state/

5 La información puede consultarse en el siguiente link:
https://www.contramuro.com/en-mexico-es-tan-peligroso-ser-ambientalista-como-periodista-semarnat/

6 Los documentos pueden consultarse en los siguientes links:
https://www.sinembargo.mx/11-06-2019/3594845
https://heraldodemexico.com.mx/estados/nora-lopez-ambientalista-biologa-asesinada-palenque-chiapas-feminicidio-quien-era/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-473139 37

https://www.excelsior.com.mx/nacional/asesinan-a-lider-i ndigena-leonel-diaz-urbano-en-puebla/1312248

https://www.animalpolitico.com/2019/01/asesinan-chiapas- activista-defensor-sinar-corzo/

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/
piden-justicia-por-el-asesinato-de-estelina-era-defensora-de-la-tierra-2 990616.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a instaurar un plan de acción urgente para contener y combatir los feminicidios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, así como a los gobiernos de las treinta y un entidades federativas a implementar un Plan de Acción Emergente para contener el fenómeno criminal del feminicidio en el país, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El feminicidio para algunas voces teóricas no es más que un homicidio con agravantes, para otras voces su tipificación en los códigos penales se ha convertido en un problema que complica la tarea de los ministerios públicos. Lo peor es que quienes tienen la alta responsabilidad de gobernar opten por enfrentar este problema con un “ahorita no”.

Sin embargo, para las familias y amistades de Fátima, Ingrid, Jennifer, Celia, Patricia, María José, Francisca, Raquel, Judith, Ana Belén, Natalia, Ivanka y otras víctimas más de asesinatos con mutilaciones infamantes por razones de odio y que exhiben sus cuerpos como trofeos, no existe el “ahorita no”.

Ellas exigen justicia tanto para las víctimas directas como para las colaterales de estos deleznables actos.

Recordemos que entre las víctimas colaterales están casi tres mil runos y runas en situación de orfandad, con motivo de la pérdida de sus madres que fueron asesinadas por razones de género, tal como lo ha acreditado el Instituto Nacional de las Mujeres.

Así es que no hay excusa para culpar al pasado, o decir que ahorita no es momento de hablar del tema o predicar en conferencias de prensa un decálogo vacío, insensible e irresponsable carente de una sola propuesta de política pública para la prevención de la violencia en el país, especialmente, en contra de las mujeres.

Es público que en fechas recientes el Fiscal General de la República planteaba la necesidad de analizar que todas las muertes de mujeres y niñas fueran tratadas como feminicidios. Todos sabernos que no es lo mismo que mueran en un hecho de tránsito a morir apuñaladas y desolladas por una persona cercana, en la mayoría de los casos.

Sería erróneo aceptarlo.

Tanto como eliminar los logros que se han tenido desde la década de los noventa a propósito de la sentencia “Campo Algodonero”,1 cuando Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez fueron brutalmente asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez.

Parece que, a dos décadas de aquella sentencia, poco o nada se sabe del uso de prácticas forenses y de investigación ministerial especializada en temas de feminicidio.

Ni el modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes de Mujeres por Razones de Género de 2013; ni el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia también en 2013 o el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género, han servido. ¿Qué más necesitan las autoridades para actuar ya?

Sería muy lamentable que una vez más la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condene a México por violencia y discriminación en contra de la mujer. Ya en noviembre de 2009 señaló a México por no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas; así como por la impunidad que privaba en la materia.

De la reparación del daño para las víctimas y sus familiares ni hablar. Parece que los derechos humanos de este país cayeron en la esfera del voluntarismo y de los buenos deseos, pero esto no es gobernar para la gente.

Son casi 3 mil mujeres muertas, más de mil casos tipificados como feminicidio y el aumento del 137 por ciento en este delito. ¡Basta ya! No hacen falta más ejemplos para exigir justicia efectiva ante la ola de violencia que azota todo el territorio nacional.

Hasta la Suprema Corte ha hecho su tarea en la materia, recordemos que se pronunció por primera vez el25 de marzo de 2015 por la muerte violenta de Mariana Lima Buendía,2 cuyo cuerpo fue encontrado en la casa donde vivía con su entonces esposo en Chimalhuacán, estado de México y de acuerdo con la declaración de éste, ella se había suicidado. Bastó eso para darle carpetazo al caso. No puede seguir ocurriendo esto.

Es tiempo de trabajar en equipo y sumar esfuerzos en los tres órdenes de gobierno a fin de establecer un plan de acción emergente, el cual permita cerrar paso a estos crímenes que además de evidenciar que el Estado no cumple con su función esencial de garantizar la vida de las personas, fracasa en términos de justicia.

Esta violencia sistemática que se vive en el país nos debe convocar a preguntar ¿Qué están haciendo las fiscalías en materia de prevención? El pasado 5 de marzo de 2018 la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia había publicado los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio. ¿Qué pasó con ello?

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los gobiernos de las treinta y un entidades federativas para que sumen esfuerzos, a fin de implementar un plan de acción emergente para contener y combatir el fenómeno criminal del feminicidio en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, establezcan una mesa de trabajo con los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas –con carácter de urgente– para construir, de manera conjunta con un plan de acción emergente para contener y combatir el fenómeno criminal del feminicidio en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, a efecto de que revisen las acciones y protocolos para garantizar la seguridad de los menores que concurren a las escuelas del Sistema Educativo Nacional, una vez que concluye la jornada escolar, para provenir acciones que atenten contra su integridad y seguridad.

Notas

1 Caso González y otras (Campo Algodonero vs. México.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20 5_esp.pdf

2 Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/
sentencias/documento/2017-08/PENAL%2011%20%28NACIONAL%29.pdf

17 de febrero de 2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a implantar acciones de vigilancia y resguardo de la sustentabilidad de la región minera de Calpulálpam de Méndez, Oaxaca, derivado del amparo que canceló contratos a empresas canadienses, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la sierra norte del estado de Oaxaca se localiza el Municipio de Calpulalpam de Méndez mismo que es considerado un pueblo mágico debido a sus áreas naturales que se encuentran muy bien conservadas que su vez poseen una riqueza natural grandiosa y es un lugar donde aún permanecen tradiciones únicas del lugar debido a las comunidades indígenas que se hallan en la región, así mismo cuenta con diversas atracciones que hacen del lugar una zona muy turística.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se otorgaron contratos a empresas canadienses que les concesionaba la explotación de una mina de oro, plata y otros minerales que se encuentran en la región.

La comunidad indígena de la región, así como las riquezas naturales del entorno, corrían un gran riesgo, debido a que sin medir el impacto ambiental que generaría la explotación de yacimientos de la mina, se decidieron otorgar directamente las concesiones sin consulta alguna.

Gran parte de la comunidad indígena, habitantes de la región y el mismo presidente municipal junto con su cabildo, estuvieron en total desacuerdo, puesto que no fueron debidamente consultados o notificados violando gravemente sus derechos los cuales les debería garantizar el estado, y afectando su esfera jurídica en cuanto a sus prerrogativas como una comunidad indígena.

Respecto a esto uno de los instrumentos internacionales que México ratificó es el convenio numero 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual establece dos supuestos elementales:

• Derechos de pueblos indígenas a que se prevalezcan sus culturas, forma de vida, institución propia de la comunidad, y especialmente el derecho a participar de manera eficaz en la toma de decisiones que le puedan afectar su entorno.

• Asimismo se contempla la medida de que el derecho de los pueblos indígenas a decidir en sus vidas, creencias, instituciones, y tierras que ocupan o utilizan, así como en materia de desarrollo económico, social y cultural.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2 párrafo segundo:

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Tras considerar estos supuestos decidieron iniciar un juicio de amparo contra este acto de autoridad que atentaba drásticamente contra sus derechos, y buscaban principalmente que se detuviera cualquier operación que estas concesiones practicaran para la explotación de yacimientos de metales preciosos.

De esta forma y durante un litigio de 5 años se finalizó el amparo, donde en la sentencia se inclinaba a favor de la comunidad indígena de Calpulalpam, el cual indicaba que dicha concesión atento contra el derecho de consulta que omitieron llevar a cabo para con la comunidad indígena, además que se reconoce el trabajo de muchos años que han actuado a favor del medio ambiente particularmente el de su región, y a su vez se concluye que la comunidad indígena fue fundada antes que el Estado Mexicano por lo que tienen el derecho legítimo y legal de que no se exploten sus tierras.

Tras este amparo que ganaron, se ordena la cancelación de todo trabajo que se pudiera ejercer en su comunidad que afecte la esencia y riqueza natural que caracteriza a ese municipio de Oaxaca.

La Ley Orgánica de Administración Pública Federal establece que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la principal función de:

Artículo 32 Bis: I- Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano;

V- Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes;

(énfasis propio)

Atribuciones como estas son importantes y debe la Secretaria ejercer diversas acciones que garanticen la sustentabilidad dentro de la comunidad de Calpulalpam Oaxaca en el entorno ambiental, garantizando que no se menoscabe y considerando como premisa mayor el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, en el mismo tenor la constitución política establece en el artículo 4 párrafo quinto lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Este artículo tan importante da pauta a un poder de exigencia y deber de cuidado a la sustentabilidad del entorno ambiental, mismo que implica a no lesionar a el mismo, en otro sentido se tiene una obligación directa de las autoridades a que se vigile, conserve y garanticen regulaciones para el máximo cuidado ambiental.

Criterios bajo los cuales el amparo que la comunidad indígena de Calpulalpam gano, ya habían sido considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que emitieron el criterio jurisprudencial:

Derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas. Su fundamento constitucional y convencional en materia de biodiversidad, conservación y sustentabilidad ecológicas 1

Los artículos 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, prevén el derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas, cuyo contenido supraindividual y de naturaleza objetiva persigue garantizar a una colectividad o grupo social –pueblo indígena– mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe, la oportunidad de que manifiesten sus opiniones, dudas e inquietudes ante la autoridad pública, antes de que se adopte una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a dicho grupo vulnerable, con lo cual, se combate la exclusión social a la que históricamente se han visto sometidos. Aunado a dichas fuentes primarias, en materia de biodiversidad, conservación y sustentabilidad ecológicas, debe considerarse también como integrante del espectro protector de fuente convencional , el artículo 7, numeral 4, del propio Convenio 169 y los diversos numerales 1, 2, in fine, y 8, incisos a), e), f) y j), del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de cuyo contenido se advierte la obligación general de los gobiernos de tomar medidas de cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan, y la protección al valor medioambiental, cultural y de subsistencia de los pueblos indígenas , así como la obligación de las autoridades nacionales de respetar, preservar y mantener, entre otras cuestiones, la participación de los miembros de esas comunidades, quienes son los que poseen los conocimientos, innovación y prácticas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

(énfasis propio)

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat) para que implemente acciones que vigilen y resguarden la sustentabilidad de la región minera de Calpulalpam de Méndez, Oaxaca, derivado del amparo que cancelo contratos mineros a empresas canadienses.

Nota

1 Criterio jurisprudencial emitido por la SCJN Tesis: XXVII.3o.19 CS (10a.) Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales, la SEP y la Secretaría de Bienestar a instaurar mecanismos de cultura y fomento de valores ambientales para crear en la población conciencia ética sobre el manejo responsable de la basura, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual respetuosamente se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Bienestar, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten de manera constante mecanismos de cultura y fomento de valores ambientales para crear conciencia ética en la población sobre el manejo responsable de la basura en los espacios públicos al incidir en una mejor convivencia en sociedad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las personas viven y se desarrollan en un ambiente gregario; las múltiples formas de pensamiento y desarrollo personal convierten las relaciones humanas en un complejo crisol de actitudes frente a la vida.

Hablar de ética es hablar, entre otros temas, de la moral y del buen vivir; de cómo es procesado este tópico racionalmente y de cómo se proyecta en nuestro diario actuar. Dentro de este diario actuar, el juicio moral contendrá declaraciones tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, permitido, obligatorio, justificable, injustificable, etcétera, respecto de las acciones o decisiones que se tomen.

Todos nosotros, sin incluso caer en la cuenta de ello, realizamos constantemente juicios de valor; pero estos juicios dependen de la educación que hayamos tenido y su consecuente formación de valores que redundarán en el impacto en la sociedad.

Una persona actúa de cierta manera porque considera que sus acciones son válidas, y a eso le llamamos moral. Cuando se reflexiona si esas acciones son o no válidas, entramos en el campo de la ética. Tales preceptos se adquieren en la formación familiar, escolar y por el entorno, y adminiculados estos, es que nos conducimos o no, correctamente de acuerdo a los cánones que dicta la sociedad obedeciendo o desobedeciendo las reglas de convivencia.

En la sociedad actuamos día a día de una u otra manera ajustándonos a ciertos principios que guían la conducta. Si bien existen acciones que internacionalmente están consideradas como válidas y que hablan de grupos cuyo comportamiento es “civilizado”, no es tan fácil encajonar a los sectores de la sociedad en uno u otro bando precisamente porque cada sociedad en cada latitud tiene reglas de conducta multifactoriales.

No obstante, en una sana convivencia, existen acciones que pueden incidir notabilísimamente a favor de una mejor calidad de vida para los ciudadanos basada en el respeto y mejor ambiente, basada en el arte de saber vivir para convertirnos en mejores personas.

La cultura adquirida define el modo de comportarnos en la vida cotidiana al creer que es la forma correcta de hacerlo sin detenernos a pensar si le estamos haciendo un daño a nuestro prójimo o a nosotros mismos y sin que importe el estatus social, tal es el caso del acto de arrojar basura en las calles.

Nuestros valores éticos son puestos a examen en cada uno de nuestros actos, decisiones y comportamientos con los que nos conducimos, incluso, en cómo nos comportamos con el medio ambiente; si se respetan estos valores, entonces creamos las condiciones adecuadas para convivir en sociedad. La ética ciudadana es uno de los ejemplos de dichos valores, y consiste en cómo nos relacionamos con los otros y con el espacio en que vivimos y que compartimos con los demás, tal como lo son las calles y lugares públicos en general.

Una persona actúa desde su libertad al arrojar basura en la calle, y esa acción puede ser vista como moral o inmoral, dependiendo de lo que consideremos ético en el arte de vivir; pero ese acto de libertad ejercido al arrojar en el espacio público lo que ya no necesitamos está limitado desde el momento en que vivimos en sociedad, y esa limitación es la que debe penetrar en nuestra conciencia para favorecer el desarrollo armonioso de la ciudadanía. Parecería una nimiedad pretender que se preste atención a ello frente a los grandes problemas éticos por los que atraviesa nuestro país, pero no es así, porque el respeto y tolerancia que tengan las personas en sus pequeñas acciones se ve exponenciado y, por ende, se juega a ganar, ganar. “Si las sociedades fueran éticas, probablemente no habría necesidad del poder autoritario que vigila y castiga”.1

En efecto, una persona se siente mejor anímicamente transitando por una calle bien aseada que teniendo que sortear basura de todo tipo en su ir y venir en su vida diaria. Dicha sensación es inherente al ser humano, porque naturalmente nos gusta lo bello y lo limpio, nos gusta la armonía. El filósofo alemán Immanuel Kant en una de sus reflexiones dice “... el bello arte y las ciencias que, si no hacen al hombre éticamente mejor, sí lo civilizan”,2 describe con meridiana claridad tal argumento.

Pero también es cierto que la satisfacción de necesidades, como es el caso de querer despojarnos de la basura que ya no utilizamos, instintivamente deseamos que suceda rápido, y si en nuestra escala de valores no está la responsabilidad que tenemos de colocar la basura que generamos en el lugar adecuado, entonces, las calles son suficientemente grandes como para que nos sirvan de contenedor de despojos.

Desde mediados del siglo pasado, quizá debido a los procesos de transformación que la sociedad mexicana ha vivido, la laxitud de los valores se ha acentuado, traduciéndose en la inexistencia del respeto por el prójimo, la injusticia social, o la contaminación ambiental, por mencionar algunos aspectos. Tales actos no deben ser considerados como naturales, y debemos velar por que nuestros valores se ensalcen en aras de procurar una sociedad más saludable.

Al observar las calles, los parques, los mercados, las carreteras y en general los espacios públicos, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Qué hacer para que tomemos conciencia del respeto que merecen estas áreas porque son los lugares donde transitamos en nuestro diario vivir? ¿Cómo entender que un lugar insalubre juega en contra de nuestro bienestar como seres humanos y nuestra calidad de vida? ¿Cómo fomentar los valores que formaron parte de generaciones pasadas donde prevalecía el respeto y la admiración por la naturaleza? Quizá la respuesta se encuentre en la conclusión a la que se llegó en el foro desarrollado en el 2002 en Lyon, Francia, denominado Globalisation Sustainable Development: “Es imprescindible impulsar la ética y los valores humanos como justicia, igualdad, protección al ambiente, tolerancia, solidaridad, paz y derechos humanos”;3 pues “el problema consiste en el insuficiente número de personas que viven de acuerdo con principios éticos.”4

Estamos obligados a realizar esfuerzos por que la sociedad tenga el mayor porcentaje de moral y educación donde se incluyan la cultura cívica y ética de respeto y observancia de las normas y valores elementales de convivencia; solo así podremos hacer que nuestra sociedad deje de vivir en un ambiente moral decadente e indiferente ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor donde solo nos importa lo propio. Los grandes pensadores a lo largo de la historia como Sócrates, Nietzsche o Hobbes no pueden estar equivocados al sostener la importancia de la ética en la vida de todo ser humano.

Debemos cambiar nuestros hábitos en aras de convertirnos en una sociedad más civilizada, más limpia, más orgullosa de lo que somos, no para mostrarnos al mundo como un país cuyos hábitos de limpieza sean ejemplares, sino por nosotros mismos. Tenemos que entender que las calles también son nuestra casa, y que no sólo nos debe importar lo que haya una vez atravesado el umbral de nuestra puerta.

Es necesario evolucionar socialmente reconfigurando las prácticas y costumbres, tratando de actuar mejor como ciudadanos, pues corre en beneficio propio; así debe ser naturalmente para una mejor convivencia al ocuparnos de los residuos urbanos y humanizando las calles.

Así como en la edad media los hábitos y rutinas de las personas contribuían al deterioro del ambiente en que vivían arrojando basura, aguas residuales, e incluso fecales a las calles al carecer de sistemas de drenaje, tales prácticas fueron evolucionando poco a poco construyendo letrinas, o empedrando las calles, hasta terminar con la construcción de ductos de drenaje que mejoraron su condición; así también nuestras prácticas actuales deben cambiar para una mejor higiene y convivencia.

Debemos pensar en el futuro que les dejaremos a las próximas generaciones, tenemos que inculcarles juicios de valor en torno a una ética ciudadana que les imprima en su diario actuar el hecho de que un entorno bien planeado y ordenado redundará en una mejor calidad de vida.

Tenemos que actuar conjuntamente niveles de gobierno, sector privado y sociedad porque es responsabilidad de todos procurar una mejor calidad de vida. Es necesario que nos responsabilicemos cada uno del entorno que nos estamos forjando, y que no por el hecho de que no haya un depósito de basura cercano, pensar simplemente en despojarnos del desecho en las calles, porque debemos concientizarnos de que, así como adquirimos un producto, somos responsables de este hasta su destino final.

Pero también nuestras autoridades deben contribuir, no solo con el barrido de calles y banquetas, sino disponiendo botes de basura en buen estado y con el vaciado periódico para depositar los desechos, aumentando los espacios publicitarios de radio y televisión, en los servicios de transporte público, en espectaculares, o a través de cualquier medio disponible. Asimismo, el sector privado podría contribuir cooperando con la disposición de este mobiliario urbano tan indispensable, además de, por ejemplo, imprimir en sus productos leyendas para la enseñanza y sensibilización de la sociedad, o a través de spots publicitarios sobre la importancia de conducirnos adecuadamente al respecto.

Somos una sociedad con una población predominantemente joven que puede provocar un cambio, tenemos muchas asignaturas pendientes para llenar vacíos éticos, y es mucho el trabajo por hacer, nos hace falta ensalzar los valores para convertirnos en una sociedad con el rescate de lo mejor con que contamos, y ello lo lograremos a través de simples acciones (en apariencia) como la de convertirnos en una sociedad limpia, dejando brotar el reflejo de lo que en el fondo somos, pero que por múltiples motivos en nuestro diario vivir, lo hemos olvidado.

Estudios recientes sobre la educación y los valores siguen mostrando que el hogar y la escuela son fundamentales en la formación de los niños y jóvenes, y que, en este proceso de socialización, los medios masivos de comunicación juegan un papel muy importante en la transmisión de valores a la sociedad, ello debido a los marcos de referencia y los estereotipos presentes en todo proceso de comunicación masiva.5

Se tiene que crear conciencia entre las comunidades para que no primen los intereses propios por sobre los de la sociedad, y ello se logra solamente con una formación moral y ética porque ésta es la columna vertebral del desarrollo humanista y social de las personas, a través del cual se autorregulan ejerciendo con libertad y responsabilidad su sentido de pertenencia en una comunidad e involucrándose en ella a través de relaciones armónicas, de responsabilidad y de cooperación porque están conscientes del contexto social en el que se desenvuelven así como de su participación en esta.

Necesitamos penetrar en la conciencia de las personas sobre esta problemática para lograr una actitud de respeto por nuestro entorno, adquiriendo valores ambientales que generen cambios de visión y así lograr un manejo responsable de nuestros desechos. Por ello es imperativo que se establezcan herramientas constantes de educación y difusión de valores para que poco a poco se vaya transformando la realidad humana, individual y colectiva con miras a la configuración de un futuro más armónico al disminuir en impacto ambiental negativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Ejecutivos de cada una de las entidades federativas, así como, a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten de manera constante mecanismos de cultura y fomento de valores ambientales para crear conciencia ética en la población sobre el manejo responsable de la basura en los espacios públicos al incidir en una mejor convivencia en sociedad.

Notas

1 Dora Elvira García G. Jorge E. Traslosheros (coordinadores). Ética, persona y Sociedad. Una ética para la vida. Ed. Porrúa y Tecnológico de Monterrey, México 2007, primera edición, p, 21.

2 https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/view/352/531

3 https://www.researchgate.net/publication/
322307794_LA_EDUCACION_AMBIENTAL_EN_LA_FORMACION_EN_VALORES

4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352009000200014

5 Iván Espinosa Díaz Barreiro. México resquebrajado. ¿Qué herencia vamos a dejar? Porrúa México, Primera Edición 2010, P. 140.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SEP a poner en marcha un programa para prevenir el suicidio en menores de 15 años, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, pongan en marcha un programa de atención oportuna en la población menor de 15 años, que permita detectar a tiempo cuando un infante esté en riesgo de suicidarse, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el panorama internacional, la Organización Mundial de la Salud registra el suicidio como la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, una muerte que por este acto se presenta cada 40 segundos: Por una persona que consigue suicidarse, existen al menos 20 que lo intentaron.

Por lo que a México se refiere y en cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década, unos 6 mil 862 niños y jóvenes de entre 10 y 17 años de edad se han quitado la vida. Estamos hablando de 52 suicidios infantiles por mes, menores de 10, 11, 12 años poniendo fin a su existencia.

En más datos revelados por el Inegi, sabemos que el porcentaje mayor de menores suicidas se presenta en los varones (60.5 por ciento), mientras que en las niñas el porcentaje es de 39.5 por ciento. Del total de nuestra población infantil, el 85.3 por ciento se priva de la vida por medio del ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; en tanto que un 4.9 por ciento lo ha hecho con algún tipo de arma de fuego.

El Inegi detalla que en 2008 se cometieron 337 suicidios infantiles con armas de fuego y fue 2011 el año con más casos, al registrarse 43 muertes. De 2009 a 2013 la cifra de suicidios por año fue de 30; a partir de 2014 se contabilizaron 23 suicidios de menores que utilizaron pistolas o rifles para este fin.

Según los datos recabados por una investigación externa, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, señala que en México se carece de una atención eficaz a este problema, pues de cada 100 mil habitantes existen 3.3 sicólogos, 1.6 siquiatras, 1.4 enfermeras y 0.5 trabajadoras sociales.

Aunado a lo anterior, se tiene que el 61 por ciento de los pacientes con depresión grave no toman medicamentos. La población de 12 a 17 años de edad ha sido la más vulnerable en su salud mental: 16.6 por ciento presenta ansiedad, 10.48 por ciento presenta problemas de afecto, un 8.63 por ciento consume alcohol y drogas, un 4.47 por ciento tiene problemas de actitud antisocial y el 1.02 por ciento enfrenta trastornos alimenticios.

Los especialistas en la salud mental señalan que las causas son diversas: abuso y/o acoso sexual, golpes, ser victimados con algún arma, son algunos de los factores que orillan a pensar e intentar suicidarse. Asimismo, hoy las redes sociales tienen un impacto de gran trascendencia en la vida infantil, muchas veces es aquí donde se les incita a suicidarse: juegos, ciberbullying y sexting (exhibición de sus cuerpos desnudos).

Dado que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública que puede ser evitado, es necesario sumar esfuerzos y sensibilizarnos para generar acciones y estrategias que lo erradiquen.

– “El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo” y “el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social” están garantizados por el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

– Por lo que respecta a la salud, el artículo 4º constitucional es muy claro: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

– Si toda persona tiene derecho a la educación y el Estado mexicano está obligado a “contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte”, artículo 5 de la Ley General de Educación, entonces se considera conveniente que ambas secretarías (Salud y de Educación Pública) trabajen en conjunto.

Es importante considerar que en la escuela los niños pasan la mitad de su día, de lunes a viernes, el resto lo hacen en su casa, donde suelen estar solos, porque ambos padres trabajan; o están con alguno de sus tutores que probablemente continúe con las tareas del hogar; o su infancia se desarrolla en medio de un entorno de violencia intrafamiliar, entre otros, y casi siempre los padres ignoran lo que sucede con sus hijos. Entonces, los profesores, quienes llegan a conocer muy bien el comportamiento de sus alumnos, pueden detectar a tiempo si un menor presenta conductas que puedan orillarlo al suicidio y, de ser así, poner en alerta a la familia y autoridades escolares, para que sea canalizado a la Secretaría de Salud y se le brinde la atención correspondiente.

Estamos perdiendo a jóvenes y adultos por suicidio, no perdamos también a nuestros niños por este lamentable hecho.

En lo que va de esta LXIV Legislatura, se han presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo sobre el mismo tema; algunas fueron desechadas por no dictaminarse en el tiempo reglamentario y otras continúan pendiente de dictamen, pero en todas se refieren a la población mayor de 15 años, en ninguna se habla de menores de 10 a 14 años. ¿Qué puede estar pasando con infantes para orillarlos a tomar esta salida? Nos falta empatía hacia la población, no basta con crear leyes para garantizar sus derechos, hay que ponerlas en práctica.

Dado que el Estado mexicano es responsable de garantizar la salud mental de su población infantil y, por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, para que, en conjunto, pongan en marcha un programa de atención oportuna en la población infantil menor de 15 años, que permita detectar a tiempo cuando un menor esté riesgo de suicidarse y disminuir así, el número de suicidios infantiles.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de febrero de 2020.

Notas

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suic ide

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?i d=4407

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?doctot=
Proposicion&fechat=&comt=&filit=&propot=&edot=&pert=&titt=suicidio

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAI, la Profeco y la Condusef a instaurar medios que fomenten en la población una cultura sobre la protección de sus datos personales en posesión de las empresas establecidas en México, pues ello representa un derecho fundamental, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como, a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten mecanismos que fomenten una cultura en la población sobre la protección de sus datos personales en posesión de las empresas establecidas en México por ser un derecho fundamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Consecuencia del creciente uso de los medios tecnológicos en la sociedad, así como de la desbordada utilización de las redes sociales en las que incluso sin darnos cuenta transmitimos información de todo tipo sobre nuestra persona, es que desde los años 70 algunos sectores se percataron del enorme potencial que significaba contar con información sobre las personas que compilara el mayor número de datos que se generaran en torno a su estilo de vida, hábitos y gustos; información que bien administrada, significaba un potencial de creación de riqueza.

En efecto, los datos personales tienen un valor económico que muchas veces no dimensionamos; no por los datos propiamente dichos, sino por el tratamiento, aglomeración en sectores y uso que se les dé, por lo que hoy por hoy son un recurso intangible del que se obtiene un lucro indebido utilizando nuestros datos e incluso prediciendo conductas de consumo.

Ello obligó naturalmente a que a nivel internacional se trataran de implementar acciones que normaran la utilización de datos personales y, a su vez, se protegiera y uso de la información de la vida privada de las personas.

México no ha sido la excepción en cuanto a normar esta nueva tendencia. Así, en julio 2010 entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y en enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, así como de proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), llamado hasta el 2015 Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos (Ifai), ello con motivo de la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Dicho Instituto, actualmente es la autoridad nacional en la materia.

Pero debemos esclarecer la competencia en materia de datos personales. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados abarca a las autoridades federales y a las entidades federativas, y distribuye competencias entre el Inai (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y los organismos estatales, así como entre los organismos de la federación y las entidades federativas en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Los sujetos a los que obliga esta ley en el ámbito federal, estatal y municipal son cualquier autoridad u organismo de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier otra persona que ejerza recursos públicos serán responsables de los datos personales que manejen.

Entonces el organismo garante en estas situaciones conforme al artículo 6 constitucional es el Inai que interpreta la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados incluyendo su facultad de atracción de los recursos de revisión, y conocimiento de los recursos de inconformidad. Además, existe un comité de transparencia que es la máxima autoridad en materia de protección de datos personales y se rige conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dicho artículo 6 constitucional, reformado en 2007 para considerar el derecho a la información pública como un derecho fundamental, contempla la libertad de expresión, e indica que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida conforme a lo que dicten las leyes aplicables al respecto. Señala que toda persona sin necesidad de justificar su interés o utilización, tendrá acceso a sus datos personales o la rectificación de los mismos, que se contará con un organismo autónomo especializado con personalidad jurídica y patrimonio propio que garantice el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. La competencia de este organismo versará sobre el conocimiento de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, persona física o moral o sindicatos que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad a nivel federal; conocerá también de los recursos interpuestos por los particulares sobre las resoluciones de los organismos especializados de las entidades federativas.

En los demás casos no anotados, las personas físicas y morales se regirán por lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se trata de una ley de observancia en toda la República que norma el derecho a la autodeterminación informativa, cuyo objetivo es garantizar la privacidad de las personas físicas en su derecho a proteger sus datos; y están sujetas a ella los particulares sean personas físicas o morales del sector privado, que tengan a su disposición los datos personales derivados de su actividad.

En dicha Ley se recogen los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad que se contemplaron en los principios rectores de la resolución 45/95 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1990 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 . Otorga a los titulares lo contenido en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, conocido como derechos Arco: Acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales.

La anterior aclaración se estima necesaria para ubicar el alcance y autoridades a los que debe ir dirigida esta propuesta, pues se trata de la protección de datos personales pero con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

La Carta Magna, en el segundo párrafo de su artículo 16 (reformado en 2009 para darle a ese derecho el carácter constitucional) contempla la garantía o facultad de control de la información de las personas a través de cualquier soporte que permita su utilización. Estatuye que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como a oponerse a su utilización de conformidad con lo que disponga la ley aplicable, (derechos Arco), excepto por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden o salud públicas o cuando se involucren derechos de terceros; es decir, el derecho a la protección de datos personales implica que podemos involucrarnos en el manejo de información de nuestros propios datos. Por tanto, en nuestro país la protección de datos personales está contemplada en la Constitución como un derecho humano.

Un dato personal, de conformidad con la referida ley, se define como “cualquier información concerniente a una persona identificada identificable” (artículo 3, fracción V). La rama del Derecho que la contempla es el derecho informático.

Con la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, las facultades del Inai se ampliaron para ser considerada una autoridad nacional en la materia, y cuyas facultades se engloban en a): Garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, b): Proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares, y, c): Resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado.

La protección de datos personales implica el derecho a la privacidad, y en tanto es un derecho, está protegido por leyes que procuran normar todo lo que el tema encierra, salvaguardando el uso inapropiado de la información que a cada uno identifica y nos da identidad, tal es el caso del nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, patrimonio, etcétera. Pero los datos personales abarcan información que va más allá de lo imaginable, implica domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, contraseñas, datos sobre la actividad laboral, sueldo, créditos, tarjetas de crédito, de débito, inversiones, afores, impuestos, instituciones educativas incluidas calificaciones, religión, inclinación política, si se es miembro de asociaciones, enfermedades, estado de salud, intervenciones quirúrgicas, huella digital, registro de voz, tipo de sangre, señas particulares, y hasta preferencias sexuales, entre muchos otros datos.

Es inevitable abstenernos de proporcionar nuestros datos, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia los ventilamos muchas veces sin dimensionar el alcance que la simple información que facilitamos sobre nuestra salud, por ejemplo, significa. Ello ocurre ya sea con el médico, con el servicio de internet, de telefonía, con las aseguradoras, o a través de oficinas de gobierno, tribunales, institutos electorales, o hasta por nuestras multas de tránsito y boletos de sorteo.

El objetivo de recabar nuestros datos personales es para identificarnos con información sobre historiales de hábitos de consumo, preferencias, necesidades y perfiles para contar al final con información que nos englobe en universos estadísticos para ser usados para fines políticos, económicos y, principalmente, de consumo; estos datos se almacenan a través de cualquier medio posible, ya sea papel, cintas, video, y equipo informático principalmente. Y, lo más sorprendente, es que estos datos se procesan en tiempo real, con lo cual nuestros datos adquieren un valor aún más interesante para ser explotados.2

Tales datos pueden ser vendidos o distribuidos a otras compañías. Existe una gran industria dedicada a organizar y recopilar información para ser usados con fines distintos para los que se proporcionaron, incluso por motores de búsqueda y firmas de análisis de otorgamiento de crédito, por lo cual nuestros datos están a merced de quien los quiera utilizar pasando por alto el derecho que tenemos a nuestra intimidad personal e incluso sin importar nuestra propia seguridad.

Ahora bien, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con el propósito de mantener la información privada de los que así lo deseen, y para evitar recibir llamadas telefónicas de manera constante y a toda hora, cuenta con un registro público gratuito de usuarios que no desean información publicitaria de productos y servicios financieros, (conocido como REUS), ofreciendo un incremento en la línea de crédito u ofreciendo una nueva tarjeta de crédito, y es básicamente un padrón que contiene información personal de las personas usuarias del sistema financiero que no quieren recibir llamadas o correos electrónicos con publicidad o promociones de este tipo (están exceptuadas las llamadas de cobranza, de encuestas, de caridad, de fines benéficos o con fines políticos).

Las personas que así lo deseen pueden inscribirse vía telefónica, por internet o en persona en alguna de sus oficinas a efecto de darse de alta, baja, o para hacer alguna modificación. Su vigencia es de dos años, después de los cuales habrá que refrendar el registro, (su padrón es de 545 mil 995 registros)3 Además, en caso de insistencia de las instituciones financieras, está la posibilidad de que se denuncie en esa misma institución para que se sancione al banco derivado de la violación al derecho de privacidad de la persona.

Existe también el Registro Público para Evitar Publicidad como una forma gratuita de proteger y controlar los datos personales que se tengan y evitar recibir mensajes o llamadas al teléfono fijo o celular para liberarse de llamadas de los sectores de telecomunicaciones, turístico o de comercio, ofreciendo contratar un nuevo plan de datos, paquetes vacacionales o inscribirse en un sorteo, por ejemplo, a cuyo cargo está la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); se puede inscribir el número vía internet o por teléfono. En caso de continuar recibiendo llamadas, se puede denunciar al proveedor, quien podrá ser sancionado por esa procuraduría por un monto que va desde 411.61 pesos hasta un millón 317 mil 141.34 de pesos. Según datos de esa Procuraduría, para el 2015 había 84 mil 565 registros, 414 denuncias de los sectores de telecomunicaciones, 251 de comercio y 40 del sector turístico, y desde la creación del registro hay 376 mil 435 números registrados y 3 mil 65 denuncias recibidas4 .

Las infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se castigan con apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular; multa que va desde los 100 hasta los 320,000 días de salario, y en caso de que de manera reiterada persistan las infracciones enlistadas en la Ley, se impondrá una multa adicional que irá de los 100 a 320 mil días de salario. Tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones se podrán incrementar hasta por dos veces los montos establecidos (art. 64). Además en la propia Ley se contemplan los delitos en esa materia que van de tres meses a tres años de prisión al que con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia, y prisión desde seis meses y hasta cinco años al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Tratándose de datos personales sensibles, tales como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencias sexuales, las penas se duplicarán (arts. 67 a 69).

Además, la ley establece que los proveedores que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de consumidores cuando esa publicidad la envíen a través de terceros (artículo 14 y 21).

En la tesis aislada con número de registro 2017930 se habla del derecho del titular de los datos personales a solicitar ante el responsable su cancelación o rectificación y su derecho de acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a solicitar su tutela, cuya voz y texto dicen:

Protección de datos personales en posesión de los particulares. Momento en que inicia el cómputo del plazo de quince días que establece el artículo 45 de la Ley Federal relativa para promover el procedimiento de protección de derechos, dependiendo de si el responsable emitió o no respuesta a la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición a la publicación de datos personales planteada por su titular. De los artículos 32, 45, 46, 51 y 52 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 124 de su reglamento se advierte que: i) El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar ante el responsable que los posea, le confiera el acceso, su rectificación, cancelación, así como la oposición a su publicación; ii) El responsable puede asumir dos actitudes ante la petición presentada: a) emitir la respuesta correspondiente; o, b) ser omiso en emitir pronunciamiento alguno; iii) En contra de la respuesta u omisión, el titular de los datos personales puede acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a solicitar su tutela mediante el procedimiento de protección de derechos. En este supuesto, el plazo de quince días que para su promoción establece el artículo 45 citado, debe aplicarse de forma general, independientemente de que el responsable haya emitido o no respuesta a la solicitud del titular y, en consecuencia, para computar su inicio debe atenderse a la actitud tomada por aquél. Así, en caso de que el responsable emita una respuesta, su cómputo comenzará a contar al día siguiente de su notificación y, si omite hacerlo, iniciará una vez que concluya el diverso plazo de veinte días que tiene para dar respuesta, en términos del artículo 32 aludido para que, efectivamente, pueda considerarse que no se pronunció en algún sentido y, por tanto, a partir de ese momento, el titular podrá instar al organismo mencionado la protección de sus datos personales.” (Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, Tesis I.4o. A.117 (10ª), Página 2473, Materia Administrativa)”.5

Entonces, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares complementa la protección que los padrones tanto de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se realizan para garantizar los derechos que los ciudadanos tienen a la protección de sus datos personales, pues ésta protege a quienes otorgan sus datos personales a fin de que no sean usados de manera inadecuada, mientras que con los registros de las señaladas instituciones se garantiza que los datos no sean usados por proveedores de bienes y servicios para ser usados más allá de las razones por las que se aportaron.

Con base en todo lo ya plasmado, se estima necesario que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejecute acciones constantes para difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, tal como lo mandata la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en su artículo 38; y asimismo, tanto la Condusef, y Profeco, realicen campañas constantes en la población para el conocimiento de los medios que tienen a su alcance para evitar ser invadidos en su privacidad con mensajes y llamadas telefónicas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como, a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten mecanismos que fomenten una cultura en la población sobre la protección de sus datos personales en posesión de las empresas establecidas en México por ser un derecho fundamental.

Notas

1 https://forojuridico.mx/proteccion-de-los-datos-personales-en-posesion- de-los-particulares/

2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472018000100267

3 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/
servicios-financieros/1004-cansado-de-llamadas-publicitarias

4 http://www.gob.mx/profeco/documentos/liberate-de-las-llamadas-y-mensaje s-molestos-de-publicidad?state=published

5 https://sjf.shttpscjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía a crear una subcomisión para revisar, analizar y proponer una solución a la situación de los jubilados y pensionados del ISSSTE que no han tenido respuesta a sus demandas de actualización del bono de despensa y previsión social múltiple, a cargo del diputado Óscar Rafael Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

Óscar Rafael Novella Macías, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura e, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y en el numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los trabajadores al servicio del Estado ejecutan sus labores en beneficio de todos los mexicanos. Gracias a ellos funcionan todas las dependencias e instancias que integran el complejo aparato público, por medio del que se prestan servicios a las personas. Por ello, una vez que se jubilan resulta necesario que les sean respetados sus derechos y nosotros como legisladores tenemos que estar atentos y vigilantes de que eso suceda de lo contario es nuestra obligación actuar en consecuencia.

El bono de despensa y la previsión social múltiple es un complemento que reciben los pensionados del ISSSTE, y aunque es una cantidad menor, esta abona a que puedan hacer frente a sus necesidades primarias como son la alimentación y la salud. Sin embargo, este monto no se ha actualizado, aun teniendo ese derecho de acuerdo a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prevé que todos los pensionados, sin importar la dependencia en la que hayan prestado sus servicios reciban de manera mensual dos prestaciones complementarias que son precisamente el bono de despensa y la previsión social múltiple, de forma adicional a su pensión básica, a efecto de ayudarlos a solventar sus necesidades esenciales.

Estas prestaciones eran actualizadas cada año por la Junta Directiva del ISSSTE. No obstante, desde 2008 ha dejado de hacerse, quedando congeladas en las cantidades de 100 y 120 pesos, respectivamente, sin haber presentado algún aumento en 11 años.

Cabe destacar que ya se han presentado diversos instrumentos legislativos en el Congreso de la Unión. Sin embargo, hasta la fecha no se le ha dado el retroactivo y no se le ha nivelado el bono de despensa y previsión social múltiple.

No obstante, nada ha sucedido al respecto y no se resuelven las pretensiones de los pensionados y jubilados del ISSSTE que están solicitando les actualicen esos complementos que llevan años sin incremento. En esa tesitura, la presente proposición con punto de Acuerdo tiene el objeto que se cree una subcomisión en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que se analicen las diferentes opciones que hay para dar respuesta a este sector de personas ex trabajadoras del Estado, y fungir como facilitador para lograr acuerdos entre las autoridades competentes y los pensionados y jubilados para que se les actualicen conforme a derecho esos complementos.

Sobre el tema, el máximo tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

Época: Décima.
Registro: 2014707.
Instancia: Tribunales colegiados de circuito.
Tipo de tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 44, Julio de 2017, tomo II.
Materias: Común, administrativa.
Tesis: IV.1o.A. J/27 (10a.)
Página: 906.

Bonos de despensa y de previsión social múltiple. Al reclamarse sus incrementos por ser un derecho ya reconocido en favor de los pensionados del ISSSTE, no se puede desconocer en base a jurisprudencia posterior pues, de hacerlo, se vulnera la garantía de irretroactividad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 13/2017, sostuvo “Bono de despensa y previsión social múltiple. Los pensionados conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no tienen derecho al incremento de esas prestaciones otorgado mediante los oficios circulares 307-A.-2942, del 28 de junio de 2011, 307-A.-3796, del 1 de agosto de 2012, y 307-A.-2468, del 24 de julio de 2013, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”, y el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia PC.IV.A. J/31 A, secundó esa jurisprudencia al establecer: “Bono de despensa y previsión social múltiple. Los jubilados y pensionados conforme al artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen derecho al incremento de esas prestaciones, en la misma proporción en que lo reciban los trabajadores operativos en activo de la administración pública federal.”, criterios que resultan obligatorios en términos del artículo 217, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Empero, si cuando se emitieron tales jurisprudencias el reclamo de los incrementos a tales prestaciones se encontraba sub júdice o en sede jurisdiccional, resultan inaplicables como fundamento para resolver la cuestión debatida, pues la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016, de rubro “Jurisprudencia. Alcance del principio de irretroactividad de aquélla tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo”, sostuvo básicamente que la “jurisprudencia puede y debe aplicarse a actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, siempre y cuando no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la ley de la materia, es decir, cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia obligatoria en un momento y circunstancia dados”. Por tanto, si en el particular ya existía el reconocimiento del derecho por la autoridad administrativa que ya realizaba el pago de las prestaciones y, además, existía la jurisprudencia IV.1o.A. J/24, aprobada por este Tribunal, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2013002, de rubro “Bono de despensa” y “Previsión social múltiple”. El principio de igualdad obliga a que los pensionados tengan el derecho a que se les incrementen esos conceptos en la proporción que se hace a los trabajadores en activo de la administración pública federal”, es claro que los criterios de las jurisprudencias 13/2017 y PC.IV.A. J/31 A, son obligatorios en situaciones futuras y anteriores que no reunían los mencionados requisitos, pero, no son aplicables en la decisión de los incrementos, porque en ese caso el derecho ya estaba reconocido y, de aplicarse, necesariamente conllevaría la violación al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal en perjuicio de la quejosa.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Amparo directo 656/2016, 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Amparo directo 665/2016. Verónica Nely Cavazos Rodríguez. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña.

Amparo directo 672/2016. María del Carmen González Juárez. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Amparo directo 685/2016. Ma. Eugenia Gutiérrez Cárdenas. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Fernando Rodríguez Ovalle.

Amparo directo 675/2016. Beatriz Elsa Serna Elizondo. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López.

Nota:

Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), PC.IV.A. J/31 A (10a.), 2a./J. 199/2016 (10a.) y IV.1o.A. J/24 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas, 3 de febrero de 2017 a las 10:05 horas, 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas y 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas; así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 40, Tomo II, marzo de 2017, página 1036; 39, Tomo I, febrero de 2017, página 712; 38, Tomo I, enero de 2017, página 464; y 36, Tomo IV, noviembre de 2016, página 2195, respectivamente.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 295/2017 de la Segunda Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 12/2018 (10a.) de título y subtítulo “Bono de despensa y previsión social múltiple. La jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene efectos retroactivos respecto de las emitidas por los tribunales colegiados de circuito”.

Por ejecutoria del 7 de febrero de 2018, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 336/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 12/2018 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Por ejecutoria del 21 de febrero de 2018, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 343/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 12/2018 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

De acuerdo con esta jurisprudencia, nos menciona que los pensionados tienen derecho a que se les incremente el bono de despensa y previsión social múltiple en la misma proporción que se les hace a los trabajadores en activo.

Como legisladores federales debemos actuar conforme a la ley, esta jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito nos dice que de no incrementar estos conceptos estaríamos ante una violación del principio de irretroactividad plasmado en el artículo 14 constitucional, que a la letra dice:

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Por lo anterior, y convencido de que es necesario apoyar a los pensionados y por ser un asunto de justicia social, presento este punto de acuerdo para que se forme una subcomisión que dé salida a esta problemática, por lo que someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados a crear una subcomisión en su interior para que revise, analice y proponga una solución a la situación de los jubilados y pensionados del ISSSTE que no han tenido respuesta a sus demandas de actualización del bono de despensa y previsión social múltiple.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputado Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a tipificar en los respectivos códigos penales las conductas relativas a obtener, compartir o difundir imágenes y videos íntimos de contenido sexual de otra persona sin su consentimiento, a cargo de la diputada Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Martha Lizeth Noriega Galaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El alcance e impacto que ha tenido y tiene actualmente el internet, tanto en el mundo como en la sociedad mexicana, es inconmensurable. En abril de 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, con información de 2018, la cual arroja datos clave que reflejan la magnitud y relevancia que tiene este servicio en la vida de las mexicanas y mexicanos.

La Encuesta reveló que en México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años de edad o más, que representan el 65.8 por ciento de la población, en ese rango de edad. Asimismo, la Encuesta señala que se dio un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se registraron 71.3 millones de usuarios. Es decir, en tan solo un año, se dio un aumento de aproximadamente 3 millones de usuarios más a internet.1

A pesar de lo abrumador de las cifras, éstas no resultan sorprendentes. A 20 años de iniciado el siglo XXI es inimaginable concebir el día a día de la mayoría de las personas en el país sin el uso de un dispositivo móvil inteligente (smartphone) en toda clase de actividades. Los resultados de dicha Encuesta reflejan igualmente esta situación, al registrar 69.6 millones de usuarios que disponen de celular inteligente.

Durante el 2018, 73.5 por ciento de la población de seis años o más utilizó el teléfono celular, de los cuales, ocho de cada diez usuarios contaban con un celular inteligente con la posibilidad de conectarse a internet.

Al respecto, el número total de usuarios que disponen de celular inteligente creció de 64.7 millones en 2017 a 69.6 millones en 2018. Es decir, un crecimiento de aproximadamente 5 millones de usuarios a tan solo un año de distancia, lo que refleja el nivel de penetración cada vez mayor que tienen en la sociedad las tecnologías de la información y la comunicación, en función al internet.

Por otra parte, el grupo de edad que concentra la mayor proporción de usuarios de internet es el grupo de 25 a 34 años, con el 20.2 por ciento del total; el segundo grupo de edad es el de 18 a 24 años de edad, con el 17.5 por ciento; mientras que el tercer grupo con mayor proporción de usuarios es el de 12 a 17 años, con el 16.4 por ciento.2

En otras palabras, son las generaciones más jóvenes las que en mayor medida utilizan esta herramienta informática, y por lo tanto, aquéllas que se encuentran más expuestas a las consecuencias negativas que conlleva el uso negativo que suele dársele.

La gran mayoría de las jóvenes mexicanas y jóvenes mexicanos cuenta con un teléfono inteligente. Las compañías telefónicas se han adaptado a esta necesidad actual creando planes que incluyen servicios de internet a precios accesibles, otorgando la posibilidad a muchísimas personas de poder mantenerse en constante comunicación, conectadas por medio de los principales servicios que posibilita el internet, como lo son las aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales.

La siguiente tabla muestra las principales plataformas de redes sociales utilizadas en nuestro país.3

Si bien es cierto que el uso de internet y sus aplicaciones son herramientas indispensables en distintos ámbitos hoy en día, como en el académico o el laboral, también lo es el hecho de que estas plataformas, desafortunadamente, no están exentas, e incluso es bastante recurrente, que sean utilizadas en perjuicio y de forma dañina en contra de otras personas. Una de las acciones más comunes en este sentido se trata del ciberacoso, o acoso virtual.

De acuerdo al “Módulo sobre Ciberacoso 2015” realizado por el Inegi, al menos 9 millones de mujeres en México han sido víctimas de ciberacoso, siendo el rango de edad más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso por medios electrónicos el que se encuentra entre 20 y 29 años, seguido de aquél que se encuentra entre los 12 y 19 años. Es decir, la población más joven.4

Entre las acciones de ciberacoso de mayor perjuicio se encuentran aquellas consistentes en obtener, compartir y difundir imágenes y videos íntimos, de contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

Ésta, se trata de una problemática conocida y común que afecta en mayor medida a mujeres, quienes suelen ser expuestas en esta situación, a menudo en redes sociales, con efectos catastróficos para ellas.

El caso más emblemático de ello fue el de Olimpia Coral Melo. En el año 2012 la activista originaria de Huauchinango, Puebla, fue víctima de la difusión de un video sexual, sin su consentimiento, tanto en redes sociales como en distintas páginas de origen pornográfico a nivel mundial, causando estragos irreparables a su imagen y en su persona. Envuelta en humillación y culpabilidad intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones.

El sufrimiento que esto le causó fue la razón que la motivó para crear el movimiento Frente Nacional para la Sororidad, movimiento cuyo fin es promover, proteger y garantizar el derecho de las personas a una vida digital y cibernética libre de violencia, principalmente contra la difusión de contenido sexual sin consentimiento, así como de actos de acoso, hostigamiento, amenazas y vulneración de datos e información privada, basado en la protección de la dignidad y los Derechos Humanos.

Uno de los principales objetivos del Frente Nacional para la Sororidad ha sido promover a lo que se le ha llamado la “Ley Olimpia”.

Se trata de una iniciativa que pretende se reformen los códigos penales estatales de las distintas entidades federativas, y sancionar la violencia digital, consistente en exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar o divulgar imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.5

En otras entidades federativas, como el caso de Ciudad de México, la aprobada “Ley Olimpia” también establece otras reformas. Por ejemplo, contempla el llamado grooming , concepto que sanciona que una persona utilice medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos para contactar a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho y le pida o comparta imágenes, audios o videos de actividades sexuales, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual.

El impulso de la “Ley Olimpia” ha sido todo un éxito, ya que en varias entidades federativas de la República Mexicana ya se ha visto plasmada dentro de sus respectivos códigos penales. Las modificaciones aprobadas, por ejemplo en el Estado de Querétaro en los artículos 167 quáter y 167 quinquies, plantea una pena de hasta 6 años de prisión, de 100 a 600 días de multa y de 100 hasta 850 días de multa por concepto de reparación de daños a quien cometa dicha falta.6 En la Ciudad de México la modificación aprobada también plantea hasta 6 años de prisión y hasta 84 mil 490 pesos.7

Los primeros estados en sumarse a esta iniciativa fueron Yucatán y Puebla, en agosto y diciembre del 2018, respectivamente, y le siguieron en 2019 los estados de: Chiapas, Baja California Sur, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala y Durango.8

Es importante resaltar que, en un lapso menor a 18 meses desde la primera reforma, 17 estados se han unido a entender la importancia de legislar sobre la protección que en este caso se debe otorgar a los usuarios de plataformas digitales.

Es decir, se trata de la mayoría de las entidades federativas del país las que ya han actualizado sus legislaciones locales conforme a la realidad actual, para castigar con el peso de la ley estas conductas que tanto lastiman a las víctimas, principalmente mujeres.

Es momento de que los estados que no lo han realizado, incluyendo el de la suscrita, modifiquen cuanto antes sus códigos penales para tipificar este delito.

Baja California, por ejemplo, es el segundo estado en la República con mayor usuarios de internet en áreas urbanas con un 81.7 por ciento de su población y con el 69.2 por ciento es la entidad federativa con usuarios de servicio de internet con mayor presencia en áreas rurales, lo cual hace ver la necesidad de implementar medidas para la protección digital de los bajacalifornianos.9

Es necesario que los Congresos locales de la República Mexicana que aún no tipifican este tipo de conductas en sus códigos penales locales realicen las reformas necesarias cuanto antes, al tratarse de un tema actual y de suma importancia para proteger y ofrecer justicia a las mexicanas y mexicanos que día a día se ven afectados por esta problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a reformar cuanto antes sus respectivos códigos penales locales y tipificar las conductas relativas a obtener, compartir o difundir imágenes y videos íntimos, de contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.

Notas

1 Comunicado de prensa número 179/19. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Disponible en línea:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf

2 Ibídem.

3 Digital 2019 México. DataReportal. (2019). Disponible en línea: https://datareportal.com/reports/digital-2019-mexico

4 Módulo sobre ciberacoso Mociba 2015. Inegi. (2015). Disponible en línea:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/cibera coso/2015/doc/mociba2015_resultados.pdf

5 ¿Qué dice la Ley Olimpia y cómo se sanciona en CdMx? Milenio Digital. (2019) Disponible en línea:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/ley-olimpia-q ue-dice-y-cuales-son-las-sanciones

6 Ley Olimpia ¿qué es y qué estados la aprobaron? Redacción AM Querétaro. (2019).

https://amqueretaro.com/nacional/2019/11/25/ley-olimpia- que-es-y-que-estados-la-aprobaron/

7 ¿Qué dice la Ley Olimpia y cómo se sanciona en CdMx?, loc. cit.

8 El ABC de la ´Ley Olimpia´, una realidad en 16 estados. Expansión Política. (2019). Disponible en línea: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/12/23/el-abc-de-la-ley-olimpia- una-realidad-en-16-estados

9 Comunicado de prensa número 179/19. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, loc. cit.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Martha Lizeth Noriega Galaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a hacer públicas las quejas presentadas por los usuarios de transporte aéreo y dar cuenta de si hubo sanción y compensación en el periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2019, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que haga públicas las diferentes quejas que los usuarios de transporte aéreo han presentado ante dicho organismo público, y que dé cuenta si existió compensación alguna en estas quejas; así como si hubo sanción por parte de esta autoridad a los permisionarios o concesionarios de transporte aéreo, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Agencia Federal de Aviación Civil, indicó a través del informe Aviación mexicana en cifras que, en 2018 los pasajeros transportados por vía aérea marcaron un máximo histórico por séptimo año consecutivo, al llegar a 97.3 millones de pasajeros.1

Es importante señalar que el transporte de pasajeros vía aérea en nuestro país, ofrece servicios de transporte regular sujetos a un itinerario y horarios fijos, los cuales deben garantizarse a los usuarios aun siendo que la demanda del servicio aéreo sea cada vez mayor.

Es de resaltarse que el crecimiento de la venta de boletos de avión en los aeropuertos nacionales es sin duda exponencial, ya que, tan sólo en 2018 los pasajeros transportados por vía aérea en servicio regular doméstico superaron los 49 millones, representando un incremento de 7.6 por ciento con respecto de 2017, en donde se transportaron 90.5 millones de pasajeros.

Las diez rutas domésticas regulares más transitadas movilizaron a 42.7 por ciento del total de los pasajeros, lo que significa que la capacidad de transportación de los aeropuertos ha cambiado drásticamente, desde el equipo de vuelo de las líneas aéreas comerciales que aumentó 61.3 por ciento en 25 años, hasta el personal administrativo, pilotos y sobrecargos.

El crecimiento de la industria aeronáutica ha provocado que los aeropuertos recientan las exigencias de una mayor eficiencia y mayor nivel de competencia del mercado. Sin embargo, los contratiempos que se han generado en las salidas de los aviones por el sobrecupo de los aeropuertos y la mala planeación de las aerolíneas, perjudica directamente a los pasajeros en su calidad de consumidores. Las cancelaciones de los vuelos, las demoras de las aerolíneas y la sobreventa de boletos son algunas de las causas que no permiten la libre operación de los servicios aeronáuticos, y que, por ende, perjudica a los usuarios.

Las demoras de vuelos y sobreventas generan en los aeropuertos una pérdida de rendimiento en sus bitácoras, sin embargo, lo anterior, no ha podido ser resarcido en su totalidad debido a que, en muchos casos, las quejas no llegan ante las autoridades competentes por la falta de conocimiento sobre los derechos de los pasajeros cuando adquieren un boleto.

Desde 2017, con las modificaciones de la Ley de Aviación Civil, los usuarios de transporte aéreo tienen nuevos derechos, esto tras la recomendación 72/2091 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al encontrar violaciones a las garantías de ese sector.

El organismo nacional realizó una investigación ante las seis aerolíneas nacionales y 23 internacionales que operan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde constató la inobservancia de los derechos de acceso y movilidad de las personas en lo general, ya que 79 por ciento de esas empresas aéreas no otorgan beneficio o descuento alguno, mientras que en las restantes los criterios y requisitos de aplicación discrepan de lo señalado en la ley y normativa reglamentaria.2

Al respecto, la Ley de Aviación Civil en sus artículos 47, en sus fracciones III, V y VI, señalan que los concesionarios o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, además de señalar las indemnizaciones y/o compensaciones de acuerdo a diversos criterios como el tiempo de demora de las aerolíneas; y el artículo 52, haciendo referencia a los boletos expedidos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave y las compensaciones a elección del pasajero.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las aerolíneas comerciales han recibido mil 677 quejas en lo que va del año, de las cuales 78 por ciento han sido conciliadas.3

La dependencia señaló que entre las aerolíneas con más quejas se encuentran:

• Aerovías de México, SA de CV (Aeroméxico)

• Aeroenlaces Nacionales, SA de CV (Volaris)

• ABC Aerolíneas, SA de CV (Interjet)

• Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, Sapi de CV (Viva Aerobús)

• Transportes Aeromar, SA de CV.

Entre los motivos de reclamación contra el sector de aerolíneas se encuentran las cancelaciones, demoras, retrasos de vuelos, por cobros o cargos indebidos, así como la pérdida o deterioro de equipaje, con un monto de sanciones de $7,580,272.54 pesos (siete millones quinientos ochenta mil, doscientos setenta y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos).

Para el primer trimestre de 2019, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se recibieron mil 677 quejas contra diversas aerolíneas, de las cuales 78 por ciento fueron conciliadas.4

Es imprescindible salvaguardar los intereses de los consumidores, no sólo a través de la plataforma de quejas y denuncias ante la Profeco, sino también haciendo público los motivos que incentivaron a los usuarios de transporte aéreo a presentar su queja y si se compensó y sancionó, lo anterior con el objetivo de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, así como lo señala a la letra la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que haga públicas las diferentes quejas que los usuarios de transporte aéreo han presentado ante dicho organismo público, y que dé cuenta si existió compensación alguna en estas quejas; así como si hubo sanción por parte de esta autoridad a los permisionarios o concesionarios de transporte aéreo, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Bibliografía

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Transporte y medicina Preventiva, Inconformidades de las aerolíneas, 29 de noviembre del 2019: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civi l/7-inconformidades-de-aerolineas/73-quejas/

Agencia Federal de Aviación, Indicadores de la Aviación Mexicana, enero-diciembre 2019:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-a rchivo/inicio/indicadores-ene-dic.pdf

Notas

1 Aviación Mexicana en Cifras 2018.

2 Recomendación 72/2019. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/
2019/10/10/sct-no-garantiza-respeto-de-aerolineas-a-tarifas-preferenciales-cndh-457.html

3 Procuraduría Federal del Consumidor

4 Procuraduría Federal del Consumidor, 19 de julio del 2019, Comunicado:https://www.gob.mx/profeco/prensa/en-lo-que-va-del-ano-profe co-ha-recibido-1-677-quejas-contra-aerolineas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Dulce María Sauri Riancho (rúbrica) y Frinné Azuara Yarzábal Tatiana Clouthier Carrillo y Merary Villegas Sánchez (rúbricas) Mónica Almeida López, Eduardo Ron Ramos. Silvia Guadalupe Garza Galván, Jacquelina Martínez Juárez (rúbricas).

Efemérides

Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hoy, 19 de febrero, se conmemora el 107 aniversario del Ejército Mexicano, institución formada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de resguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz en el territorio.

El actual Ejército Mexicano surge con el vigésimo segundo Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, que en respuesta al golpe de Estado y el posterior encarcelamiento del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez por parte del general Victoriano Huerta se desconoce a este último y se otorgó facultades extraordinarias a Venustiano Carranza, gobernador del estado, para crear una fuerza armada, buscar restablecer el orden de la nación y restablecer el orden constitucional.

Este momento histórico logró unir nuevamente a las fuerzas maderistas y organizarlas en un ejército, que posteriormente se denominó Ejército Constitucionalista liderado por don Venustiano Carranza, teniendo así, un avance sin precedentes en la historia de México. Dicho de otra manera, este momento histórico dio las bases para que el 26 de marzo de 1913 se proclamará el Plan de Guadalupe, donde se declaraba la necesidad de restablecer la legalidad en la república.

En consecuencia, una vez que se promulgó la Constitución de 1917, el Ejército Constitucionalista adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente y más tarde Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 del 22 de marzo de 1950 se declaró como Día del Ejército el 19 de febrero de cada año.

Desde su origen, el Ejército ha sido garante del Estado mexicano, contribuyendo a la construcción de la paz y de la seguridad de la sociedad, respondiendo siempre al llamado de las emergencias o catástrofes naturales que ha padecido la población, haciéndonos sentir orgullosos de ellos, ya que el Ejército Nacional siempre será el pueblo uniformado.

Por último, conmemorar esta fecha tan significativa como lo es hoy, nos permite entender el papel que el Ejército ha tenido en la historia nacional, sabemos que el país hoy más que nunca requiere de sus soldados y eso los compromete a seguir desempeñándolos con alto sentido del deber en cada encomienda que se les asigne, siempre honrando las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que son

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Finalmente, muchas felicidades al pueblo de México y a su Ejército, el Ejército que es de todos los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputado Benito Medina Herrera (rúbrica)

Con motivo del 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maricruz Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la presente Efeméride con motivo del 19 de febrero, Día del Ejercito Mexicano, al tenor de lo siguiente:

El Ejército Mexicano es la institución terrestre y aérea de las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el encargado de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas y a partir de 1969, se sumó a sus responsabilidades el prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas en caso de desastres asociados a fenómenos naturales.

El origen del actual Ejército Mexicano surge con los hechos suscitados en el episodio conocido como la “Decena Trágica”, periodo donde el presidente Francisco I. Madero defiende su gobierno, lo controla y finalmente lo pierde.

A partir de estos lamentables y trágicos sucesos, el entonces gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, convocó a diversos movimientos populares, conformados por campesinos y obreros en su mayoría, para restaurar el régimen institucional. Fue así que el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del estado de Coahuila que en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta, como jefe del Poder Ejecutivo de la República, así como, todos los actos que dictara con ese carácter, al mismo tiempo le concedió a Carranza, facultades extraordinarias en todos los ramos de la administración pública para proceder a armar fuerzas, para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República.

Para poder cumplir con la misión asignada por el Congreso de su estado, Carranza tuvo la necesidad de crear un ejército para enfrentar y sustituir al Ejército Federal, las bases de este ejército fueron establecidas en relación con los objetivos políticos, dados a conocer a la nación en un manifiesto publicado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, conocido como Plan de Guadalupe.

En la elaboración de este documento participaron 70 jefes y oficiales constitucionalistas representantes de todo el país, quienes buscaban continuar con los cambios en lo político, económico y social.

A partir de 1925, se estableció un plan para profesionalizar al Ejército surgido de la Revolución, así mismo se reestructuró la educación militar, se crearon nuevos planteles, se remodelaron los cuarteles militares y se publicaron nuevas leyes y reglamentos.

Para 1932 se celebraba a las Fuerzas Armadas el 27 de abril. Esta fecha fue escogida para recordar la gesta heroica de Damián Carmona ocurrida en el sitio de Querétaro en 1867.

En 1948 se cambió la denominación de Ejercito Nacional a Ejercito Mexicano y más tarde, en el año de 1950, el presidente Miguel Alemán Valdés instituyó el 19 de febrero como el Día del Ejército Nacional, como un reconocimiento a su importante labor en beneficio de la patria.

El Ejército Mexicano se ha transformado en una corporación sólida y profesional que se prepara día a día por servir a la sociedad y, con ello coadyuvar en la transformación integral de México, y es que; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Ejército Mexicano es una de las instituciones de seguridad que más confianza generan en la ciudadanía.

Las y los oficiales que conforman el Ejército Mexicano han surgido de familias nobles, quienes han engendrado en ellos principios y valores universales como la vocación de servicio, entrega y lealtad para defender aun con sus vidas los derechos y libertades fundamentales de sus conciudadanos.

Por estas razones, desde el Partido del Trabajo reconocemos a todas las y los integrantes de esta honorable institución, haciendo un profundo reconocimiento por quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, con la intención de salvaguardar la seguridad de las familias mexicanas, de preservar la paz y tranquilidad que tanta falta le hace a México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)

Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Día de la Bandera (24 de febrero 1821)

La fecha que hoy acontece, conmemoramos el CXCIX Aniversario del Día de la Bandera. Esta fecha tiene como inicio histórico la alianza entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en Acatempan el 10 de febrero de 1821, esto dio lugar a la firma del Plan de Iguala el 24 de febrero, estos sucesos trajeron consigo el establecimiento del Ejército Trigarante, que permitió unos meses después la consumación de la Independencia.

El 24 de febrero se adoptó la Bandera tricolor conocida como de las Tres Garantías, que representó con los colores verde, blanco y rojo, la Independencia, la Integridad y la Soberanía de nuestro territorio. Además, cabe señalar que el mismo 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide encargo la confección de la bandera al sastre José Magdaleno Ocampo.

En el año 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaro que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la bandera, día que los mexicanos mostramos a través de nuestras instituciones le rendimos honores a nuestra enseña nacional.

Por otra parte, el escudo de la bandera nacional se basa en la leyenda que narra cuando Huitzilopochtli profetizó a los aztecas, durante su migración desde Aztlán, que debían buscar en un lago un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Al ver esta escena, fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. El águila ha sido modificada siete veces a lo largo de la historia hasta consolidarse como es ahora, un águila real posada en un cactus mientras devora a una serpiente.

Además, el modelo actual del escudo de la bandera fue diseñado por los arquitectos Francisco Eppens Helguera y Pedro Moctezuma Días Infante, el cual fue presentado el 24 de febrero de 1969.

Por otro lado, el hablar del significado de los colores de nuestro lábaro patrio no ha sido sencillo, ya que el primer significado histórico tenía una ideología religiosa y de unión entre los europeos y americanos, esto dio pauta a que en el siglo XIX el entonces presidente de México, Benito Juárez le diera significado de esperanza, unidad y la sangre de los héroes nacionales, haciendo notar el significado histórico e heroico que tiene nuestra Bandera Nacional.

Por último, nuestra Bandera Nacional sintetiza la esencia de México, su diversidad, su cultura, su historia y su gente. Al defenderla, los mexicanos custodiamos y salvaguardamos los principios y valores que representa libertad, justicia e igualdad, así como también la integridad de nuestro territorio y su honor.

Finalmente, hay que recordar la historia y honrar los días que como hoy 24 de febrero significan mucho para nuestra gran nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.

Diputado Benito Medina Herrera (rúbrica)