Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5452-VI, jueves 6 de febrero de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS, la ASF y la SFP a resolver la crisis de salud en Puebla derivada de las afectaciones estructurales del hospital general regional número 36, San Alejandro, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de resolver la crisis de salud en el estado de Puebla, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se audite e investigue sobre el Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 36 en San Alejandro, Puebla, con base en las siguientes
Consideraciones
El acceso universal a la salud es uno de los temas prioritarios de la actual administración, como lo presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 entregado ante este honorable Congreso el pasado el 30 de abril de 2019:
“El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita , incluidos el suministro básico de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.”(República, 2019; p. 45).
El acceso a la salud es un derecho humano consagrado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus principios que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ”, reconociendo a la protección de la salud como un derecho humano y fundamental.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25.1 determina que la salud es un componente del derecho al nivel de vida adecuado, por lo que lo relaciona con otros que inciden en su conservación y por lo tanto deben ser asegurados, tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios y seguros por enfermedad e invalidez .
Toma relevancia, que derivado del terremoto registrado el pasado 19 de septiembre de 2017 que azotó a diversas entidades del país, las condiciones sanitarias en la zona metropolitana en el estado de Puebla no son adecuadas y se necesitan tomar acciones de manera inmediata para revertirlas, siendo el caso de las instalaciones de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en específico, las del hospital general regional (HGR) 36 San Alejandro, las cuales se vieron dañadas estructuralmente.
El mencionado HGR San Alejandro tuvo que ser evacuado de manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la integridad de los derechohabientes, usuarios y los trabajadores del IMSS, al igual que evitar riesgos sanitarios y de otra índole; atendía 43 por ciento del total de camas de hospitalización para pacientes del Instituto; en 2017 el total de pacientes fue de 32 mil personas, un promedio de 2 mil 700 personas; con un porcentaje de ocupación diario del 90 por ciento.
Ello tuvo como consecuencia que otros institutos de la región se vieran afectados por la sobredemanda de los derechohabientes, como es el caso de la unidad médica familiar (UMF) número 57 La Margarita, la cual, actualmente atiende “el triple de derechohabientes” que atendía hasta antes de que quedara con daños estructurales la infraestructura del San Alejandro, siendo ésta, la que mayormente concentró a los usuarios. Lo que ha provocado que haya hacinamiento en la unidad hospitalaria, en donde los enfermos hacen largas filas para que puedan ser atendidos, de los cuales, una gran parte espera en el suelo.
Posterior a la desgracia ocurrida por el terremoto de 2017, la administración en turno realizó la compraventa del terreno para la edificación de una nueva unidad médica hospitalaria que resolvería el problema de los daños causados al hospital San Alejandro, el cual, había sido un proyecto de un hospital privado conocido como Centro Internacional de Medicina (CIMA), transacción que tuvo un costo de 427.7 millones de pesos.1 Una de las principales justificaciones que daban lugar a la compraventa del terreno fue que los tiempos de construcción de la nueva unidad médica se reducirían en 40 por ciento,2 ya que se aprovecharía un área de obra gris que no fue afectada por el terremoto. El problema surge cuando la actual administración identifica que el edificio en obra gris no cuenta con las condiciones para ser utilizado como hospital, derivado de la realización de un dictamen de seguridad estructural, ya que la obra se construyó con las normas de muchos años atrás.
Ante este escenario, el actual director general del IMSS, anunció en un evento acompañado por el gobernador del estado de Puebla, y por el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, en agosto de 2019 un plan de infraestructura hospitalaria para la zona metropolitana del estado de Puebla, con el propósito de garantizar mejores condiciones de salud, dando como indicador que se tendrá un promedio de una cama por cada mil derechohabientes.
El mencionado plan cuenta con cuatro ejes de acción, el primero será la demolición del hospital San Alejandro, ya que con ello se iniciará la construcción de un nuevo; el segundo, buscará la ampliación del hospital general La Margarita, aumentando 100 camas, a razón de tener 178 y terminar con 278, al igual que la remodelación de un segundo piso para el área administrativa, para crear servicios de hospitalización; el tercero, referente a la construcción del hospital regional de Amozoc, el cual tiene como objetivo tener 260 camas; y por último la construcción del hospital regional de Cholula con el mismo objetivo de alcanzar 260 camas, lugar donde se encuentra la estructura de la obra civil del hospital CIMA.
Pero mientras tanto, es evidente que existe un grave problema de salud en el estado de Puebla que se tiene que resolver urgentemente, han pasado más de dos años desde que se instrumentaron acciones para revertirlo, que si bien su origen no fue en la actual administración, se debe encontrar una solución eficaz, eficiente e inmediata, ya que los poblanos son los que están pagando las consecuencias de un sistema de salud que no se da abasto con la demanda de los derechohabientes, es menester tomar medidas para no sólo salvaguardar el multicitado derecho a la salud, sino, el derecho a la vida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al ciudadano director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, haga los actos conducentes a fin de diseñar e implementar de manera inmediata un plan de infraestructura hospitalaria para la zona metropolitana en el estado de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a que se incluya en su programa anual de auditoría el Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 36 en San Alejandro, Puebla. Con la finalidad de hacer público su avance físico y financiero.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extiende un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública, a iniciar una investigación, sobre el Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 36 en San Alejandro, Puebla. Con la finalidad de identificar posibles desviaciones en los objetivos del mismo.
Fuentes
I Véase en la siguiente dirección electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
II Véase en la siguiente dirección electrónica:
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
III Véase en la siguiente dirección electrónica:
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
IV Véase en la siguiente dirección electrónica: https://www.eluniversal.com.mx/estados/demoleran-emblematico-hospital-d el-imss-san-alejandro-en-puebla
V. Véase en la siguiente dirección electrónica: https://www.animalpolitico.com/2019/10/fallido-proyecto-hospital-satura cion-imss-puebla/
VI Véase en la siguiente dirección electrónica:
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201908/267
Notas
1 Como lo señala el “Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2017-2018”, véase en la siguiente liga electrónica
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20 172018/21-InformeCompleto.pdf
2 El dato se puede corroborar en el Análisis costo-beneficio del “Programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla”, del instituto, véase en la siguiente liga electrónica https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/10/vpublicahgr.p df
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a efecto de que, derivado de las actuaciones de la carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/IU-FDS-6-02/1927, tomen medidas encaminadas a evitar posible impunidad en perjuicio de menores de edad presuntamente víctimas de abuso, suscrita por integrantes del PAN y de distintos grupos parlamentarios
Las que suscriben, Adriana Dávila Fernández, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputadas federales e integrantes de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numeral II, fracciones III a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por los que se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura de la misma entidad para que, derivado de las actuaciones de la carpeta de investigación número CI-FDS/FDS-6/IU-FDS-6-02/1927, tomen diversas medidas encaminadas a evitar posible impunidad en perjuicio de personas menores de edad, quienes presuntamente habrían sido víctimas de abuso, con base en las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los aspectos trascendentales y obligatorios para el Estado mexicano es velar por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Éste, conforme a los criterios del máximo tribunal de justicia, es un concepto triple: en inicio, es visto como un derecho sustantivo; en segundo lugar, porque es en sí mismo principio jurídico fundamental; y por último, como una norma de procedimiento.
De esa forma, este interés se traduce en que en todos los actos administrativos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos, iniciativas e investigaciones, la niñez debe ser algo primordial sobre el cual se requiere tomar conciencia acerca de su importancia sobre lo que a ella le interesa y así, se dé prioridad al cumplimiento de todos sus derechos sin menoscabar alguno de ellos.
Por lo anterior, mediante diversas tesis, el máximo tribunal se ha pronunciado por la circunstancia que, al ser un principio vinculante, dentro de la actividad jurisdiccional, deben adoptarse de oficio todas la medidas necesarias para esclarecer los hechos que motivaron el proceso; además las autoridades deben procurar satisfacer de la mejor manera tal interés superior, en virtud que se trata de un principio vinculante en la actividad de todas las autoridades, y a su vez, un elemento de primer orden para delimitar el alcance de los derechos humanos, en particular, la protección de los derechos de la niñez es prioritaria.
2. Sobre lo anterior, traemos a tribuna un hecho acontecido en perjuicio de dos personas menores de edad; ambas niñas, una cinco y la otra de siete años, las cuales de acuerdo a la carpeta CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pudieron haber sufrido abuso sexual por parte de su progenitor.
Respecto lo anterior, en el caso que nos ocupa omitiremos mencionar los nombres de las niñas afectadas, así como de la persona que está siendo investigada, pues se trata de que se desarrolle una correcta investigación, en la que se respete en un primer término el principio del interés superior de la niñez y en un segundo plano la presunción de inocencia que debe permear en toda investigación y durante el proceso.
No obstante, este caso reviste una necesidad especial de que sea investigado de forma estricta y con sujeción a las normas penales, en virtud de que la persona sobre la cual pesa la acusación de abuso sexual, es un servidor público de alto nivel integrante del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo cual es necesario que la Fiscalía realice sus diligencias de forma pulcra y profesional; ajena a cualquier intromisión que pudiera derivar en la impunidad de tan lamentables actos, por ello es fundado que la persona investigada, dada su investidura, pueda influir en la determinación o el proceso de investigación que debe realizar la fiscalía.
Al respecto, algunos medios de comunicación han dado cuenta que las niñas han tenido sesiones de psicoterapia en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales; la mayor de ellas muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual, y la menor presenta ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión; sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual, dejando ver en éste y otros estudios realizados, la existencia del hecho denunciado, aunque no fue visto por ellas como una agresión.
Asimismo, se han realizado gestiones para que el órgano jurisdiccional del fuero local suspenda el régimen de visitas y convivencias sin que a la fecha se haya pronunciado sobre el particular, aspecto que sin duda trasgrede el citado principio del interés superior de la niñez.
A pesar de la gravedad de los hechos, tal asunto aún no ha sido judicializado, y se han presentado algunas irregularidades en la investigación, por lo que en diciembre pasado algunos compañeros legisladores nos pronunciamos por el hecho de que, en el caso particular, se lleve a cabo una investigación a fondo e imparcial, pues el riesgo de que no sea de esa forma radica en la posición que tiene el progenitor de las menores de edad en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
3. Asimismo, se tiene conocimiento de que el servidor público sobre quien existe el señalamiento de haber cometido abuso sexual contra sus hijas se encuentra en proceso de ratificación. Por ello, al margen de que en caso de que el Ministerio Público estime judicializar el asunto y, tomando en consideración de conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, nadie goza de fuero alguno, se estima adecuado hacer un llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con objeto de que tome las medidas adecuadas encaminadas a evitar cualquier posible intromisión de tal servidor público en el lapso de la investigación que se realiza en la carpeta CI-FDS/FDS-6/IU-FDS-6-02/1927, lo anterior, al margen de apreciar de acuerdo a su facultad soberana, la ratificación o no del servidor público en cuestión.
Por las anteriores consideraciones se plantea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto que se supervise las investigaciones realizadas en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales, con el objeto de salvaguardar el interés superior de la niñez, y en el presente caso de las menores de edad, en consideración al cargo que ocupa el imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Segundo. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la división de poderes e independencia judicial, exhorta al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con objeto de que, en virtud de las investigaciones que se derivan de la carpeta CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales en la Ciudad de México, tome las medidas encaminadas a evitar intromisión alguna por parte del servidor público que es imputado en ella, sin que sea óbice a lo anterior el respeto de su presunción de inocencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.
Diputadas:Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir por el Conava la vacuna contra la varicela en el esquema respectivo, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La varicela es una enfermedad muy común y contagiosa en la niñez, causada por el virus varicela-zoster (un tipo de herpes), que provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad y después erupciones en forma de ampollas que se secan formando una costra.
Mientras que en la infancia es casi siempre un trastorno benigno, en los adultos tiende a adquirir mayor gravedad, pudiendo llegar a ser mortal, especialmente en los recién nacidos y las personas inmunodeprimidas.
La enfermedad se contrae al tocar el líquido de las ampollas de la persona enferma o a través del contacto con su saliva o flujos nasales y, el periodo de mayor contagio, va de uno a 2 días antes de que aparezcan las ampollas hasta que se hayan formado las costras.
Cabe mencionar, que el virus de la varicela-zóster (VZV), que es el agente causante, muestra poca variación genética y no tiene ningún reservorio animal. Tras la infección, el virus se mantiene en estado latente en los ganglios nerviosos y después de una reactivación ulterior puede provocar la aparición de herpes zóster, que afecta sobre todo a las personas de edad y las inmunodeprimidas.
Aunque es posible prevenir o modificar casos individuales mediante la inmunoglobulina contra la varicela-zóster o tratarlos con medicamentos antivíricos, la varicela solamente se puede combatir con la vacunación en gran escala.
Entre algunas de las complicaciones de la enfermedad de la varicela se encuentran Infecciones de la piel, Infección de los pulmones (neumonía), Inflamación de los vasos sanguíneos, Inflamación de la membrana que recubre el cerebro o la médula espinal (encefalitis o meningitis) y/o Infecciones del torrente sanguíneo, los huesos y las articulaciones.
Si bien la enfermedad de la varicela solo se contrae una vez en la vida, el virus permanece en el organismo después de la infección inicial y puede regresar en años posteriores en forma de herpes zoster como consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.1
El Programa de Vacunación Universal es un programa dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas.
Entre las vacunas que se incluyen en el esquema básico de vacunación, las cuales representan una protección en general para la población son:
Dichas vacunas se aplican de los 0 a los 12 años de edad, algunas de ellas en dos aplicaciones, protegiendo al ser humano contra patógenos virales.
• BCG= Protege de contraer tuberculosis miliar y meníngea
• Hepatitis B = Los recién nacidos deben recibirla para evitarla ya que puede ser mortal
• Pentavalente = Protege contra la poliomielitis, haemophilus influenza, difteria, tosferina y tétanos.
• Rotavirus = Evita diarreas provocadas por el virus
• Neumococo = Protege contra neumonías
• Influenza = Infección de vías respiratorias superiores, neumonía por influenza
• Sarampión, rubeola, parotiditis (SRP) = Se consideran enfermedades exantemáticas de la infancia (sacan granitos).
• Virus del Papiloma Humano (VPH )= Se debe aplicar a niños y niñas que tengan los 11 años cumplidos. La vacuna cubre el 90% de los cánceres de cuello uterino y un porcentaje muy elevado de los cánceres genitales y faríngeos que pueden afectar tanto a mujeres como a varones.
Asimismo, el programa de Vacunación universal en nuestro país incluye la aplicación de vacunas después de los 12 años de edad, lo cual fortalece a la prevención de enfermedades durante la adolescencia y edad adulta, entre las cuales se encuentran:
Por su parte, el Consejo Nacional de Vacunación, es el encargado de coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud.
La vacuna contra la varicela sirve para prevenir casos graves de esta enfermedad en casi todos los niños que la reciben. Presenta hasta un 85% de eficacia para prevenir los casos leves de esta enfermedad. Los niños vacunados que desarrollan una varicela, suelen presentan casos leves de esta enfermedad.
En México, para la prevención de la varicela se dispone de vacunas vivas atenuadas contra el virus varicela-zóster. Su aplicación está restringida a consultorios médicos privados y a menores de edad que reciben trasplante de médula ósea, aunque también se recomiendan para pacientes pediátricos en la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud.
Cabe mencionar que desde 1974 se comercializan vacunas contra la varicela basadas en la cepa Oka atenuada del VZV y los resultados han sido positivos de los numerosos análisis de la inocuidad, la eficacia y el costo-eficacia han justificado la introducción de estas vacunas en los programas de inmunización infantil de varios países industrializados.2
Nuestro país necesita un programa nacional de vacunación más robustecido que permita la prevención de aquellas enfermedades que pueden llegar a poner en riesgo la salud de la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud federal, para que a través del Consejo Nacional de Vacunación sea incluida la vacuna contra la varicela dentro del Programa Nacional de Vacunación.
Notas
1 https://www.gob.mx/salud/articulos/varicela-da-una-sola-vez-en-la-vida- pero
2 https://www.who.int/immunization/Varicella_spanish.pdf
Dado en la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de febrero de 2020.
Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conanp a formular el programa de manejo correspondiente al área natural protegida, reserva de la biosfera, Sierra Gorda de Guanajuato, a cargo del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Ariel Rodríguez Vázquez, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 2 de febrero de 2007, la Sierra Gorda de Guanajuato fue declarada un área natural protegida mediante el “Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biósfera, la zona conocida como Sierra Gorda de Guanajuato localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el Estado de Guanajuato”.
La Sierra Gorda de Guanajuato comprende el 8.92% del territorio total del estado de Guanajuato, es decir, 236,883 hectáreas y abarca parte importante del territorio de los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú.
De igual forma, es preciso señalar que dentro de este territorio existen al menos 42 especies de mamíferos y 182 especies de aves, algunas de las cuales están previstas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies en riesgo. Asimismo, es necesario notar que, en dicha área natural protegida, es posible encontrar una considerable variedad de especies de flora y fauna en las que se comprenden “31 familias, 56 géneros y 84 especies de las cuales, 39 son de la forma arbórea, 18 arbustivas, 27 herbáceas y una epífita;”1
Del mismo modo, es menester apuntar que el Gobierno Federal determinó declarar a la Sierra Gorda de Guanajuato como un área natural protegida en virtud de que “posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial, constituyendo una zona de gran fragilidad, que contiene muestras representativas de ecosistemas originales, que no han perdido su capacidad de regenerarse y recuperarse de manera natural”2
Ahora bien, es preciso señalar que el decreto que declara como área natural protegida a la Sierra Gorda de Guanajuato establece en su artículo quinto que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, sin embargo, trece años después de la entrada en vigor del multicitado decreto aún no se ha formulado dicho programa de manejo. 3 El artículo quinto del decreto señala a la letra lo siguiente:
“Artículo Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará el programa de manejo de la reserva de la biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.
Dicho programa deberá contener, además de lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, lo siguiente:
I. Los objetivos específicos de la reserva de la biosfera ;
II. El inventario de especies de flora y fauna conocidas en la zona, la descripción de las características físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales de la reserva de la biosfera , en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;
III. Las acciones a realizar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a corto, mediano y largo plazos, y su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investigación, uso de recursos, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control;
IV. La previsión de las acciones y lineamientos de coordinación, a fin de que exista la debida congruencia entre los objetivos del presente Decreto y otros programas a cargo de las demás dependencias de la Administración Pública Federal ;
V. Las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades agropecuarias, forestales, turísticas, mineras, científicas y demás actividades productivas para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como la determinación de los equipos y métodos a utilizarse, conforme lo establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables;
VI. La subzonificación correspondiente , de conformidad con lo previsto en la presente declaratoria.
VII. Las reglas administrativas para el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna , de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como los lineamientos para la protección de los ecosistemas y la prevención de la contaminación del suelo y de las aguas, conforme lo establezcan las normas oficiales mexicanas, y
VIII. Las posibles fuentes de financiamiento para la administración de la reserva de la biosfera.
Para la formulación del programa de manejo de la reserva de la biosfera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dará la participación que en su caso corresponda al gobierno del estado de Guanajuato, a los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, a la Secretaría de Economía y a las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los habitantes, propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas.” 4
Asimismo, es necesario mencionar que el artículo tercero transitorio del citado decreto establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió de haber elaborado el programa de manejo de la reserva en un término de 365 días naturales contados desde la entrada en vigor del decreto. Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, más de una década después de la entrada en vigor de este decreto, aún no se ha elaborado dicho programa de manejo . El citado artículo transitorio señala lo siguiente:
“Tercero . La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá elaborar el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en un término de 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Durante este plazo, se podrá autorizar la ejecución de las obras y actividades que se pretendan realizar dentro de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.”5
En este mismo tenor, es necesario señalar que la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no sólo viola lo establecido en el multicitado decreto, sino que también, está violando lo establecido en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Dicho artículo establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación de formular el programa de manejo del área natural protegida en el plazo de un año desde la publicación del decreto . Asimismo, hay que resaltar que dicho artículo señala que dentro del proceso de formulación del plan de manejo deberán participar habitantes, propietarios, gobiernos estatales y municipales. El artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente señala lo siguiente:
“Artículo 65. La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.
Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.”6
De igual manera, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece en su artículo 66 las consideraciones mínimas que deberá tener el programa de manejo de las áreas naturales protegidas. Textualmente dicho artículo señala lo siguiente:
“Artículo 66. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;
III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;
IV. Los objetivos específicos del área natural protegida;
V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;
VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y
VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate. La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.”
Asimismo, es necesario precisar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 56 Bis establece que el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas deberá apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia. A la letra dicho artículo establece lo siguiente:
“Artículo 56 Bis. La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas , que estará integrado por representantes de la misma, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.
El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia.
(...)”7
Por su parte, el artículo 73 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas establece que la formulación del programa de manejo debe realizarse en colaboración de los habitantes, instituciones gubernamentales. gobiernos estatales, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil. A la letra dicho artículo señala lo siguiente:
“Artículo 73. En la formulación del programa de manejo se deberá promover la participación de:
I. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva;
II. Dependencias de la Administración Pública Federal que, por su competencia, pudieran aportar elementos al programa;
III. Los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, y
IV. Las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.”8
En este mismo orden de ideas, es crucial apreciar que el 8 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Aviso mediante el cual se informa al público en general que el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha emitido opinión favorable para incorporar al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación que se indican.” Dentro del citado aviso se incorporó a la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) debido a su “especial relevancia en el país por la riqueza de sus especies, la presencia de especies en riesgo, la integridad funcional de sus ecosistemas y, entre otros, por la diversidad de los ecosistemas que alberga.” 9
Finalmente, es menester recalcar que la omisión cometida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de formular el programa de manejo para el Área Natural Protegida denominada “Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato” ha generado una enorme incertidumbre jurídica que pone en grave peligro a miles de plantas y animales. Es imperante comenzar a fortalecer el marco jurídico a fin de lograr proteger de manera efectiva y eficaz al medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto y, considerando que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha cumplido con la obligación de formular el programa de manejo respectivo a la Sierra Gorda de Guanajuato en más de una década es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emprender las acciones pertinentes para formular el programa de manejo correspondiente al área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, conocida como “Sierra Gorda de Guanajuato”, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas; y al Comisión Nacional de Áreas Protegidas a formular, ejecutar, seguir y evaluar la política para el establecimiento, manejo y vigilancia del área natural protegida conocida como “Sierra Gorda de Guanajuato” antes de que concluya el año 2020.
Notas
1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2007). DECRETO por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como Sierra Gorda de Guanajuato localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el Estado de Guanajuato. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. Diario Oficial de la Federación.
2 Ídem
3 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de México. Gobierno de México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo>
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Honorable Congreso de la Unión. (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Honorable Congreso de la Unión. México. Recuperado de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_0506 18.pdf>
7 Ibídem
8 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2014). Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Recuperado de: < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf>
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2016). AVISO mediante el cual se informa al público en general que el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha emitido opinión favorable para incorporar al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación que se indican. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5440511>
Referencias
• Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2014). Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Recuperado de: < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf>
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de México. Gobierno de México. Recuperado de: <https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo>
• H. Congreso de la Unión. (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Honorable Congreso de la Unión. México. Recuperado de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_0506 18.pdf>
• Redacción Proceso. (2007). La Sierra Gorda de Guanajuato, el área natural protegida más importante de México. Proceso. México. Recuperado de: <https://www.proceso.com.mx/206619/la-sierra-gorda-de-guanajuato-el- area-natural-protegida-mas-importante-de-mexico>
• Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. (2019). Sierra Gorda de Guanajuato. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Recuperado de: <https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/areas-naturales-protegidas/24 /Sierra-Gorda-de-Guanajuato>
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2007). Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como Sierra Gorda de Guanajuato localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el Estado de Guanajuato. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. Diario Oficial de la Federación.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2016). Aviso mediante el cual se informa al público en general que el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha emitido opinión favorable para incorporar al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación que se indican. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: <https://sidof.segob.gob.mx/notas/5440511>
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de febrero de 2020.
Diputado Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la FGJ del estado de México a realizar acciones para atender y resolver los feminicidios en la entidad e implantar medidas encaminadas a inhibirlos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en ejercicio de la facultad que me confiere lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hablar de feminicidio en nuestro país es un tema que causa, impotencia, enojo, tristeza, pero sobretodo preocupación para las mujeres, ya que es un mal que nos está afectando a todas, es por ello que hablo por cada una de las mujeres de mi país, que salimos a la calle con el temor de no regresar o quizá con la preocupación de que algo malo nos pase.
Al decir la aterradora palabra feminicidio nos referimos a lo descrito por la página de Segob,1 que describe, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.
Con ello la antes referida página, nos explica que, comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres, no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.2
Con lo anterior, en la actualidad lamentablemente nos seguimos encontrando y sobretodo sigue incrementando, este tipo de acto y delito que afectan a las mujeres en la entidad mexiquense, aun teniendo un Código Penal del Estado de México, donde precisa el artículo 281 de la fracción I a la VIII las circunstancias que accionan el feminicidio;
Artículo 281.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
V . Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
VIII. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación.
Con ello la violencia que se efectúa contra las mujeres, proviene de la desigualad de género, el riesgo al que se enfrentan es preocupante por el abuso desmedido respecto del hombre, es tema donde el Estado de México ocupa el primer lugar donde las víctimas son mujeres de homicidios dolosos, de enero – noviembre de 2019, estadística que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 3
Con lo antes mencionado va relacionado a los números de las víctimas y de casos que aún no se han resuelto por parte de la autoridad responsable, ya que, según datos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, de enero a septiembre del 2019 se han cometido 339 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 81 casos se están investigando como feminicidios y 258 como homicidios dolosos.
Sobre el tema de desapariciones, la autoridad informa que de 2018 a junio de 2019 (18 meses) se han reportado 5516 desapariciones de niñas y mujeres; en el 2018 desaparecieron 3589 y en los primeros seis meses del 2019 desaparecieron 1927 mujeres y niñas,4 casos de los cuales son pocas las cifras donde se ha mostrado una pronta u efectiva solución a los casos de feminicidio de la entidad mexiquense.
Es por ello que el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado un conjunto de normas, estándares y principios para alcanzar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. Se ha producido una evolución sustancial en este ámbito que partió de un objetivo limitado a la mera igualdad formal entre hombres y mujeres, y que ahora se concentra en el reconocimiento de la desigualdad y discriminación estructurales que afectan a las mujeres.
Ese cambio tiene como consecuencia la revisión completa de las formas en que sus derechos son reconocidos, protegidos y aplicados.5
En este orden le compete a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en conjunto de sus Ministerios Públicos, investigar y actuar, así como lo específica el artículo 6 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México:
Artículo 6. La presente Ley deberá aplicarse e interpretarse de conformidad con los principios rectores consagrados en la Constitución Federal , los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte en materia de Derechos Humanos, la Constitución del Estado, la perspectiva de género y los principios generales del derecho.
Es alarmante y preocupante esta situación, dado que las cifras de este horrible delito no cesan y no tenemos que dejar que sigan creciendo en esta entidad federativa, dado que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,6 nos indicó que del mes de enero a septiembre del año 2019 se cometieron 339 asesinatos de mujeres, de ellos sólo 81 casos se están investigando como feminicidio y 258 como homicidio doloso.
Es hora de que la Fiscalía General de Justicia del Estado, tome acción y atienda los casos de feminicidio que afectan a las mexiquenses y a sus familias, con ello el estado tiene que fortalecer sus políticas, acciones y con mano dura sancione a los hombres que hacen este daño a la mujer, para atender y corregir todo tipo de violencia, ya que estamos iniciando un año nuevo y es nutra prioridad como servidores públicos atender y resolver los problemas que afectan a nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto al sistema federal, al gobernador del estado de México para que, en el ámbito de su competencia, promueva las políticas y medidas necesarias para inhibir los feminicidios y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al fiscal general de Justicia del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias a fin de atender y resolver los casos de feminicidio en la entidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto al sistema federal, al gobernador del estado de México para hacer público el informe sobre las políticas y medidas que se han adoptado para inhibir los feminicidios y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.
Notas
1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-ident ificarlo?idiom=es
2 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoameric anoDeInvestigacion.pdf
3 https://www.gob.mx/sesnsp
4 https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico- 2019-ocnf/
5 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoameric anoDeInvestigacion.pdf
6 https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/
Dado en la Cámara de Diputados, el 6 de febrero del 2020.
Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a difundir cuáles acciones y estrategias implantan para atender tanto la no gratuidad en la atención de pacientes de tercer nivel como la insuficiencia y escasez de medicamentos e insumos en los hospitales, entre otros hechos que ocurren en la operación y el funcionamiento del instituto; y a la SHCP, a hacer públicas las reglas de operación de éste y la situación financiera del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Con la llegada del 2020, empezó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete dar atención médica y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social.
2. El Insabi sustituye al Seguro Popular de gobiernos anteriores. De acuerdo con lo dicho por el Presidente de la República en su conferencia mañanera del 2 de enero pasado: “La diferencia, entre otras, es que no hace falta estar inscrito para recibir la atención; ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”.
3. A su vez, el director del organismo, Juan Ferrer, en un video difundido en redes sociales con motivo del arranque de operaciones del Insabi, explicó que las personas ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos.
4. Aunque el Insabi brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social, la Secretaría de Salud aclaró, expresó que: “los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”. Qué vale recalcar, el Seguro Popular, sí subsidiaba los servicios médicos de tercer nivel.
5. Lo anterior está dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Salud previene lo siguiente: “Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas”. “Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socio-económicas del usuario”.
6. Pero, la Secretaría de Salud detalló que se brindará atención de tercer nivel de muy alta especialidad, en los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales, con el cobro de cuotas de recuperación, y que aquellos demandantes de servicios médicos que carezcan de póliza vigente del Sistema de Protección Social en Salud, perderán esos privilegios.
7. Por otra parte, queremos insistir en lo relativo a transparentar los fondos contingentes del Gobierno federal previstos en diversas leyes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o, en este caso, de la ley de Salud, entre otros, desde tiempo atrás han sido utilizado por los gobiernos para cubrir boquetes presupuestarios. Es decir, pasaron de ser una caja de ahorro para emergencias, a ser una caja chica de gasto cuando no alcanzan los recursos presupuestarios.
8. Lo mismo está aconteciendo con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, financiaba a las enfermedades de alto costo de las familias mexicanas sin acceso a los servicios de salud, y llevaba acumulado alrededor de 86 mil millones de pesos, el actual Gobierno federal, no ha sido la excepción.
9. Sobre ese “guardadito” el gobierno de López Obrador, fincó la instauración el recién decretado Insabi, empero, en su apuración e improvisación de promulgar la medida de salud pública, no reparo en destinar ni mayor presupuesto, ni reglas de operación, en fin ningún esquema de transición, que toda política pública debe mínimamente acompañarse, razón por la cual el Grupo Parlamentario del PRD, llama la atención y plantea al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que informe al pueblo de México.
10. Por ejemplo, el incremento presupuestal en el ramo 12, correspondiente a Salud, de 2020 respecto a 2019, fue de alrededor de 4 mil 559.5 millones de pesos. Ello, vale decir, con todo y grandiosa reasignación presupuestal de 237.1 millones de pesos, lo que denota la importancia que el gobierno federal le asigna a la salud de las y los mexicanos.
11. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), en 2016, en un Estudio sobre el Sistema de Salud de México, después de más de 10 años de la instauración afirmaba, que: el sistema de salud mexicano, “Con el Seguro Popular, cerca de 50 millones de mexicanos cuentan con un esquema de aseguramiento público que antes no tenían. Asimismo, muestran una disminución de los gastos empobrecedores en salud de 3.3 por ciento a 0.8 por ciento de la población, así como mejoras en algunos indicadores clave como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la mortalidad por ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares.
12. Desde luego, también hacia énfasis en las insuficiencias y áreas de oportunidad, y sostenía, que “Sin embargo, se han intensificado retos graves y urgentes. Entre 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso y obesidad aumentaron de 62 por ciento a 71 por ciento de la población adulta, mientras que uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso u obesidad y más de 15 por ciento de los adultos padece diabetes, más del doble del promedio de la OCDE de 6.9 por ciento”.
13. Entre 2003 y 2013 la inversión pública en el sistema de salud mexicano aumentó de 2.4 por ciento a 3.2 por ciento del PIB. Pero hay dudas sobre si este dinero está generando beneficios de salud tangibles. Algunos indicadores importantes sugieren que el sistema de salud mexicano no trabaja de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, casi 10 por ciento del presupuesto total de salud es gasto administrativo, el más alto de la OCDE.
14. Perduraban, sin duda, carencias, insuficiencias entre otros factores, en el extinto Seguro Popular, por ello, tal vez, durante la última década la brecha en la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE desafortunadamente se amplió de cerca de cuatro años a casi seis años.
15. Con base estos resultados, después de examinar los motivos por los que la estructura y la organización actuales del sistema no satisfacían las necesidades de atención médica de los mexicanos, la OCDE, formuló recomendaciones en el sentido de construir un sistema de salud más sólido, equitativo y sostenible.
16. Un reto fundamental es que la atención de la salud en México es provista por un conjunto desarticulado de subsistemas. Cada subsistema ofrece diferentes niveles de atención, a precios distintos y con resultados diversos. El acceso a un esquema de aseguramiento público o a una red de proveedores depende de la condición laboral de la población mexicana. Los empleados asalariados del sector privado (y sus familias) están afiliados a un paquete de beneficios y a un conjunto de proveedores que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Preocupados de lo anterior, así como de la importancia para la salud de las y los mexicanos, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran inaplazable y de vital importancia que los funcionarios aclaren puntualmente estas inquietudes y preocupaciones ante esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaria de Salud, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan del conocimiento público:
1. A la Secretaria de Salud y el Insabi, sobre las estrategias y acciones de política pública qué están implementando para atender la no gratuidad en la atención de tercer nivel, la escasez de medicamentos, entre otros que enfrenta la operación y el funcionamiento del Instituto Nacional de Salud del Bienestar;
2. A la SHCP, publicar las reglas de operación por las cuales se van regir el Insabi sobre los 40 mil millones que se tomaron del fondo catastrófico (seguro popular, ahorro que se fue acumulando desde hace más de una década, como los que restan del fondo de protección. Y en general, la situación financiera detallada del esquema financiero del Fondo de Protección de la Salud (Fondo Catastrófico), con el cual operaba el extinto Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), Mónica Almeida López (Mónica Almeida López.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a llevar a cabo algunas consideraciones en la forma de operación de la nueva plataforma para reportar a personas desaparecidas o no localizadas, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena
Con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Agustín García Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que se lleven a cabo algunas consideraciones en la forma de operación de la nueva plataforma para reportar a personas desaparecidas o no localizadas. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 7 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero encabezó junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, la presentación del “nuevo Reporte de Personas Desaparecidas o No Localizadas”.
Con esta herramienta se podrá reportar la desaparición de una persona en la dirección electrónica htpps://cnbreportadesaparecido.segob.gob.mx las 24 horas del día los 365 días del año, como podemos ver esto es un gran avance, si tomamos en consideración que la herramienta tecnológica que se encontraba en el 2018 fue el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo, la propia autoridad reconoció las fallas del registro y deficiencia.
De acuerdo a lo comentado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero con esta plataforma se humaniza la búsqueda de personas porque permitirá que “cualquier autoridad o cualquier familiar, desde la privacidad de su casa, reporte a un familiar desaparecido o no localizado”. Dijo que también se tendrá una mayor coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y así encontrar una solución a esta grave crisis que vive el país.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas subrayó que “no es un asunto menor ni un asunto de carácter administrativo, es un replanteamiento total de cómo llevar a cabo no solo el registro, sino el tratamiento y la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Abundó que la plataforma permitirá que el Registro de Personas Desaparecidas no quede sólo en manos de la autoridad local, en donde –dijo– lamentablemente se tienen muchas deficiencias por la falta de capacidades institucionales en algunos estados. Actualmente sólo se encuentran datos oficiales sobre la desaparición hasta 2018, a partir de dicho año se dejó de recibir información en el registro oficial; para entonces existían 40 mil 180 desaparecidos a nivel nacional.
Precisó que la denuncia en línea favorecerá la búsqueda inmediata en vida, ya que en cuanto se hace el registro, se detonan los mecanismos de alerta y de emergencia, además de que se ayudará a resolver la ausencia de bases de datos únicas y servirá para coordinar acciones con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y que no sólo se quede como un proyecto sin eficacia como tantos en el pasado.
Por su parte, la comisionada Karla Quintana destacó que con la implementación de este nuevo reporte de personas desaparecidas se homologan la forma en que las autoridades encargadas elaboran cada reporte. En este sistema, reiteró la titular de la CNB, desde cualquier parte del mundo se podrá reportar la desaparición de una persona sin que sea necesario contar con una denuncia. Asimismo, se podrá realizar de manera anónima y los familiares podrán revisar si su caso fue ingresado por las autoridades correspondientes.
También se dio a conocer la campaña de difusión nacional de este nuevo reporte, que abarca spots de radio, televisión y medios impresos, la cual contiene nombres y rostros reales de personas desaparecidas en nuestro país. Desde 2007 las cifras oficiales cuentan con más de cien mil desaparecidos. Donde día a día desaparece 5 mexicanos es alarmante la alerta de desaparición a nivel nacional.
Problemática planteada
Desde hace años, uno de los problemas que enfrenta el país en materia de violación a los derechos humanos es la desaparición de personas -sin importar condición social-, así como la identificación de cuerpos localizados en fosas en diversas entidades del país.
En una sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de octubre de 2017 la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. En la edición del 17 de noviembre de ese año del Diario Oficial de la Federación se publicaron dichas leyes, las cuales entraron en vigor en enero de 2018.
El 24 de junio de 2019, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana rindió un informe de trabajo a los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el cual detalló las acciones realizadas a 100 días de haberse reinstalado este sistema, el pasado 24 de marzo de 2019 indicando que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de junio pasado, fueron localizadas 426 fosas clandestinas en todo el país, siendo los estados de Veracruz (96); Colima (90) y Sinaloa (59) donde se registró el mayor número. En dichos sitios se encontraron 551 cuerpos.
En torno a los municipios donde se registró un mayor número de fosas clandestinas están en primer lugar Úrsulo Galván, en Veracruz; Tecomán, Colima; Cajemé, Sonora; Mazatlán, Sinaloa y Acapulco, Guerrero, Asimismo se detalló que en ese periodo se ubicaron 207 sitios de inhumación clandestina, siendo los municipios de Mazatlán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Tecomán, Colima y Río Blanco, Veracruz.
Como podemos observar México presenta un alto nivel de emergencia forzada de personas a nivel nacional, siendo Jalisco el estado con la mayor cantidad de personas ausentes con 2 mil 100 casos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Otra entidad caracterizada por la presencia de la delincuencia organizada es Tamaulipas, que ocupa la segunda posición con más desapariciones al registrar 613 víctimas. Le siguen Chihuahua con 459, Nuevo León con 433 y Puebla con 423 casos.
Conforme a las cifras de la RED de los Derechos de la Infancia en México, obtenidas mediante el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hasta el 30 de abril de 2018 se tenían contabilizados 6 mil 400 casos de niños y jóvenes desaparecidos; el número subió a 11 mil durante 2019, según nuevos datos compartidos el pasado 6 de enero.
Por otra parte, vemos con gran preocupación que el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda deja al descubierto que la juventud del país es la que se encuentra en mayor riesgo de desaparecer. En el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2019, de las 5 mil 184 personas desaparecidas 2 mil 300 tenían entre 15 y 29 años; es decir, el 44 por ciento del total. De los 2 mil 300 jóvenes que no han vuelto a casa, el 70 por ciento son hombres y el 30 por ciento mujeres.
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de la manera más atenta a la titular de la Secretaría de Gobernación tener como objetivo principal de la plataforma para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición de personas que es “reconocer la urgencia de encontrar a la o las victimas desaparecidas en el menor tiempo posible dando una difusión de la persona no localizada en menos de 24 horas”.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda que se dé la integración de Locatel a nivel nacional, así como a las organizaciones civiles, instituciones forenses, hospitales y centro penitenciarios en la plataforma para dar comunicados si la persona pudiera estar en alguno de los lugares antes mencionados o para difusión de búsqueda y no sólo realizar la consulta de los sistemas informáticos que alude el art. 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda añadir en la plataforma un apartado para el registro de personas que se localizan, aun sin saber de sus datos, ya sea porque no se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales, o se encuentran en una situación grave de salud o peligro.
Cuarto. La Cámara de Diputados, sugiere a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda la creación de una aplicación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, considerando tener las notificaciones de investigación a la familia o el avance del trabajo de búsqueda en tiempo real, así mismo crear alertas sobre desapariciones en los dispositivos móviles y no sólo en los medios convencionales como son medios impresos, radio y televisión.
Honorable Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2020.
Diputado Agustín García Rubio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la Sader a concluir los pagos pendientes relacionados con el ingreso objetivo a los productores del norte de Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La agricultura es una de las principales fuentes de empleo en las zonas rurales y uno de los mayores activadores de la economía. La producción de esta industria, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, s una las máximas generadoras de divisas, sólo por detrás de los sectores automotriz y electrónico. Además, muchos de los productos creados por las microempresas y los pequeños productores agrícolas tienen alcance mundial, tal es el caso del jitomate, el aguacate y la carne.1
No obstante, debido a la falta de apoyo en este sector, los productores del valle de San Fernando se manifestaron en la carretera Victoria-Matamoros para exigir el pago de apoyos atrasados del gobierno federal.2
El reclamo de los productores se debe a que el gobierno federal no les ha pagado 400 millones de pesos del programa el ingreso objetivo, situación que afecta a miles de productores de la región norte del estado.3
Después de las 16:00 horas, los productores decidieron levantar el bloqueo, pues comenzaron a reflejarse algunos pagos, pero advirtieron que si no se saldaban todos los pendientes en el transcurso del viernes, reactivarían las protestas.4
El dirigente de la organización Campesinos Unidos de San Fernando mencionó que están cansados de que el gobierno federal los ignore, por lo que se vieron obligados a realizar esta protesta.5
Si bien a pesar de que en los discursos del actual presidente, la intención del Gobierno es aumentar algunos programas sociales a costa de disminuir los programas de producción al campo, esto trae como consecuencia, el incremento de los índices de pobreza en el campo, pues quedarían sin atención cerca de 950 mil hectáreas de sorgo y demás cultivos, de acuerdo con lo manifestado por productores tamaulipecos. Además, la Asociación Agrícola de Tamaulipas expuso que los rendimientos de producción a las superficies estarían en descuido por la falta de aplicación de fertilizantes, semillas de calidad y en mano de obra.6
Entonces, a pesar de que si bien se prometió otorgar mayores apoyos al campo, la realidad es otra, ya que se recortaron o desaparecieron.
Los recursos que reclaman son 400 millones de pesos que quedaron pendientes de pagar de 2019, del programa del ingreso objetivo del sorgo, el cual se desconoce si el gobierno federal va a reconocer este adeudo, ya que ningún funcionario se ha pronunciado al respecto.7
El dirigente de productores, ha mencionado que debido a que el gobierno federal se niega a dialogar, las protestas habrán de continuar, hasta que se atiendan las demandas y se les brinde una solución definitiva, ya que funcionarios de la Secretaría de Agricultura desde hace más de un año, no dan apertura al dialogo que ayuden a resolver la problemática que atraviesan los productores del estado.
Entonces, a pesar de que el sector agroalimentario ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años, un sector que está creciendo al doble de lo que crece la economía en su conjunto, un sector que está generando más y mejores empleos, un sector que está rompiendo año con año récord en las exportaciones agroalimentarias estimado que al cierre de 2018 superó 35 mil millones de dólares y que a partir de 2015 ya cuenta con una balanza agroalimentaria con un superávit que hoy supera 6 mil millones de dólares, contrariamente se le está castigando con menos recursos y apoyos a este sector.8
Asimismo, se debe considerar que en el medio rural, de cada 100 habitantes, 58 están en el margen de la pobreza, como no pasa en el medio urbano, que de cada 100 un total de 39 están en el rango de la pobreza, es por eso que como legisladores tenemos la tarea de impulsar de que haya más presupuesto y apoyos para atender el campo, ya que el campo tan solo ha aportado el 4 por ciento del PIB en promedio, mientras que el crecimiento a nivel nacional ha sido de 2 por ciento, señal de que hay programas en esta área que tienen mucho éxito.9
Además, de acuerdo con las cifras manejadas por las autoridades de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Apoyo a los Mercados Agropecuarios, se tiene un avance de 75 por ciento respecto al pago del maíz, y 52 por ciento en el sorgo, es decir representa una cifra en total de 283 millones de pesos, de los cuales ya están en cuentas de los productores 250 millones de pesos. No obstante, el resto, 33 mdp, aún no se ha depositado a los interesados.
Por ello, nuevamente a través de este punto de acuerdo solicitamos y necesitamos el compromiso del gobierno federal para solucionar esta problemática, cumpliendo con el pago que ya fue aprobado, y aunado a ello se deben instar las políticas públicas, los apoyos y subsidios al campo necesarios, para mejorar las condiciones de vida de este sector, lo cual dará certeza a quienes se dedican a esta actividad.10
En Acción Nacional exigimos el fortalecimiento al campo, ya que además de la reducción de la pobreza rural; significa rescatar para el desarrollo nacional un enorme potencial natural, humano, cultural y social que constituye una de las formas más importantes de la riqueza de nuestro país, por eso no podemos dejar solos a nuestros campesinos.11
Por las consideraciones expuestas y fundadas someto respetuosamente a consideración de esta asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se realicen los pagos pendientes relacionados con el ingreso objetivo a los productores del norte de Tamaulipas, por lo que me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Desarrollo Rural a concluir los pagos pendientes relacionados con el ingreso objetivo a los productores del norte de Tamaulipas.
Notas
1 Luis Fernando Haro. “Análisis, Presupuesto para el campo 2019”, El Sol de México, director general del Consejo Nacional Agropecuario, consultado por última vez el 3 de abril de 2019 en
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/presupuesto-pa ra-el-campo-2019-2879832.html
2 De la Cruz, Antonio. “Cumplen amenaza: bloquean carretera”, 25 de enero de 2020, Grupo Editorial Expreso, La Razón,
https://expreso.press/2020/01/25/cumplen-amenaza-bloquea n-carretera/
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 De la Cruz, Antonio. “Cumplen amenaza: bloquean carretera”, 25 de enero de 2020, Grupo Editorial Expreso, La Razón,
https://expreso.press/2020/01/25/cumplen-amenaza-bloquea n-carretera/
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 De la Cruz, Antonio. “Cumplen amenaza: bloquean carretera”, 25 de enero de 2020, Grupo Editorial Expreso, La Razón,
https://expreso.press/2020/01/25/cumplen-amenaza-bloquea n-carretera/
10 De la Cruz, Antonio. “Cumplen amenaza: bloquean carretera”, 25 de enero de 2020, Grupo Editorial Expreso, La Razón,
https://expreso.press/2020/01/25/cumplen-amenaza-bloquea n-carretera/
11 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a transparentar por la Ssa el estado de la adquisición, distribución e importación de medicamentos en los institutos y hospitales del Sistema Nacional de Salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:
Consideraciones
En lo que va de la presente administración federal se han documentado diversas irregularidades en el sector salud, entre las que se encuentra la falta de infraestructura básica, condiciones inadecuadas de trabajo para médicos y enfermas, así como la inoportuna adquisición y distribución de medicamentos en las clínicas y hospitales de primer, segundo y tercer nivel.
En entidades federativas como la Ciudad de México, Puebla, Tabasco, Morelos y Michoacán, han sido permanentes las denuncias de pacientes, padres de familia y personal del sector salud sobre la falta de fármacos para la atención de padecimientos como el cáncer y la diabetes, además de otras enfermedades crónicas degenerativas.
A decir de diversos medios de documentación, en los últimos cinco meses por lo menos el 10% de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han recibido de manera completa los medicamentos solicitados en las recetas.
Por su parte, los resultados del Índice Nacional de Atención de Recetas dejan de manifiesto que existen almacenes estatales sin el material necesario, entre ellos, los correspondientes a Sonora con el 83 por ciento; Michoacán, 81 por ciento; Chihuahua, 80 por ciento; Coahuila, 79 por ciento; y Querétaro con el 78 por ciento.
Entre las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) que durante meses han padecido de la distribución efectiva de medicamentos está el Hospital General la Raza, el área de pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital de Especialidades del estado de Puebla y el Hospital de Especialidades del estado de Nuevo León, entre muchos otros.1
Para tratar de solventar esta problemática, el Gobierno Federal emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual permite la importación de medicamentos sin contar con el registro sanitario, lo cual es preocupante porque puede derivar en otras afectaciones a la población, en nuevos problemas de salud pública y peor aún en la pérdida de vidas.2
Con esta determinación, se deja fuera a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que es la autoridad facultada para corroborar la viabilidad de los insumos y medicamentos que no cuentan con el registro sanitario en nuestro país.
Aunado a ello, en lo últimos meses se ha dado un incremento en los precios de antibióticos, analgésicos y materiales de curación, así lo constató el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al comprobar en por lo menos 35 ciudades un aumento sustantivo en estos productos de primera necesidad para la salud.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, es necesario que el Gobierno Federal cumpla con su compromiso de garantizar la gratuidad en los servicios de salud y asegure el acceso, dotación y distribución de los medicamentos en los hospitales.
Resulta imperativo conocer el estado que guarda la distribución, acceso e importación de medicamentos, de ahí la necesidad de tener una reunión de trabajo para conocer las medidas que se están llevando a cabo para asegurar que los pacientes del sector salud tengan acceso a los medicamentos.
La presente administración debe respetar y hacer cumplir las normas vigentes relativas a la calidad, seguridad, eficacia y salubridad de los medicamentos y poner en riesgo la salud de los mexicanos y sus familias.
Desde la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se han llevado a cabo presuntos cobros indebidos y vulnerado el sistema de salud, que hasta hace unos meses dotaba a la sociedad de una atención oportuna, de calidad e integral.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, transparente el estado que guarda la adquisición, distribución e importación de medicamentos en los institutos y hospitales del Sistema Nacional de Salud, ante el incremento de denuncias sobre su presunta escases y comercialización irregular, situación que atenta contra la salud de la población.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que transparente, bajo el principio de máxima publicidad, las acciones que se están desarrollando y se implementarán a fin de garantizar la disposición de medicamentos para la atención oportuna de enfermedades, en particular, para los pacientes de enfermedades crónico degenerativas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que hagan de conocimiento público los contratos signados para la importación de medicamentos y las acciones para su registro, control y validación de sus propiedades, ya que, de no ser así, no sólo se trasgrede el marco jurídico, sino que, además, se pone en riesgo la salud de la población.
Notas
1 El Universal. (2020). El Gobierno esconde que se desplomó la atención a recetas del IMSS. 04/02/2020. Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-m ola/el-gobierno-esconde-que-se-desplomo-la-atencion-recetas-del-imss
2 Secretaría de Gobernación. (2020). Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica.. 05/02/2020, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585043&f echa=28/01/2020
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus 32 homólogas locales a establecer un plan integral de atención de pacientes con hemofilia y otras deficiencias de coagulación, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las 32 entidades federativas a implantar un plan integral de atención a pacientes con hemofilia y otras deficiencias de coagulación, así como a garantizar el abastecimiento de los factores de coagulación, medicamentos e insumos para su detección y tratamiento, bajo las siguientes
Consideraciones
Según datos de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, se estima que actualmente en nuestro país existen aproximadamente 6 mil 200 personas que padecen de hemofilia y otros trastornos de coagulación en la sangre1 .
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica poco común, que no tiene cura, y que afecta directamente al sistema de coagulación de la sangre, en consecuencia, quienes la padecen no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar durante un período más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad suficiente de factor de coagulación, una proteína que controla el sangrado y las hemorragias.
Es causada por una alteración en los genes F8 o F9 que producen el factor VIII (FVIII) y el factor IX (FIX) de la coagulación, es hereditaria y está ligada al cromosoma X, lo que significa que en el caso concreto de la hemofilia la transmiten las mujeres (portadoras) y la padecen los hombres, debido a la dotación de dos cromosomas X (XX) de la mujer y una dotación (XY) en el hombre. Existen dos tipos de hemofilias la A (HA) también llamada “hemofilia clásica” y la B (HB) “enfermedad de Christmas”.2
Estudios realizados en México sobre la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes menores, informan de una correlación entre los niveles de riesgo en la calidad de vida y los ámbitos físicos relacionados con las complicaciones, hospitalizaciones y dificultadas para caminar o correr. Las mujeres portadoras también reportan afectaciones en su calidad de vida, expresando en algunos casos, sentimientos de miedo, angustia y tristeza, por lo que se requieren medidas de apoyo para mejorar la percepción del papel que desempeñan en el proceso salud-enfermedad. En estas mujeres también se han descrito cambios negativos en la autoestima, por lo que se requiere incluirlas en los tratamientos integrales de atención de los pacientes con hemofilia3 .
El tratamiento más común entre las personas con hemofilia leve, es la infusión periódica de concentrados de factor de coagulación para evitar hemorragias (profilaxis). La idea de la profilaxis surgió de la observación de que las personas con hemofilia leve o moderada rara vez presentan hemorragias espontáneas. También tienen menos lesiones articulares que las personas que padecen hemofilia grave.
La aplicación del factor de coagulación, es un tratamiento costoso y a largo plazo es difícil mantener, un tratamiento de profilaxis solo es posible si se asignan considerables recursos a la atención de la hemofilia.
Con un tratamiento adecuado, las personas con hemofilia tipos A o B pueden tener resultados de salud mucho mejores, mejorando considerablemente su calidad de vida, así como la de sus familias, quienes en la mayoría de los casos destinan recursos, cuidados y su tiempo.
En el estudio HERO (Haemophilia Experiences, Results and Opportunities), encuestó a mil 386 personas con hemofilia de 11 países, dando como resultado un incremento en la discapacidad y el dolor asociados con mayor edad, menor empleo, mayor frecuencia de sangrados y menor calidad de vida.4
La carga económica y social que impone la hemofilia, no solamente para la persona que la padece y su familia, sino también a las instituciones públicas que proporcionan servicios médicos a los pacientes, es grave y conforme a estudios que se han realizado para conocer el costo de las enfermedades, mismos que se encargan de estimar el costo médico de un tratamiento, donde se consideran aspectos como medicamentos, análisis de laboratorio, gastos por hospitalización, entre otros.
Un aspecto característico del costo de la hemofilia es su alta variabilidad, es decir, que un único paciente puede llegar a consumir los recursos que consumirían 5 o más pacientes juntos. Así, en un estudio realizado por el IMSS, se estimó un costo promedio anual en aproximadamente 116 mil 287 pesos; sin embargo el rango de costos fue muy amplio, desde un mínimo de 4 mil 332 pesos hasta un máximo de 757 mil 700 pesos por paciente.5
Lo anterior únicamente arroja un resultado parcial sobre todo el gasto que un tratamiento de este tipo implica, puesto que no se están considerando aquellos factores externos (no médicos), que son parte importante para realizar con eficacia un tratamiento de tal magnitud y que no cubren las instituciones médicas, tales como gastos de transporte, alimentación, hospedaje y alojamiento, así como aquellos casos en los que se tienen que hacer adecuaciones a la vivienda, entre algunos otros.
Aunado a lo anterior, en los últimos meses los medios de comunicación han reportado en diversas entidades del país, un desabasto de medicamentos para el control de la hemofilia, lo cual ha ocasionado que miles de pacientes vean interrumpidos sus tratamientos y por tanto condicionada su salud.
Ante esta situación, se debe implantar un plan de atención integral que permita atender todos los aspectos vulnerados en los pacientes con hemofilia, tanto médicos en cuanto a tratamiento, medicamentos, factores de coagulación y nuevos tratamientos, como en los ámbitos económicos, psicológicos y sociales que les permitan llevar una calidad de vida digna.
En este sentido y por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las 32 entidades federativas a implementar un plan integral de atención a pacientes con hemofilia y otras deficiencias de coagulación, así como a garantizar el abastecimiento de los factores de coagulación, medicamentos e insumos para su detección y tratamiento.
Notas
1 Información consultada en la página electrónica de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana https://rmc-mx.org/
2 “Protocolos para el Tratamiento de la Hemofilia y de la Enfermedad de von Willebrand”, consultado en la siguiente página electrónica
http://www1.wfh.org/publication/files/pdf-1138.pdf
3 “Situación actual de la hemofilia en México... carga de la enfermedad”, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, información que puede ser consultada en la siguiente página electrónica:
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/hemofi lia.pdf
4 Información consultada en
www.researchgate.net/publication/
254259829_Haemophilia_Experiences_Results_and_Opportunities_HERO_Study_Survey_Methodology_and_Population_Demographics.
5 Tomado de: http://www.hemofilia.org.mx/files/reporte-sobre-hemofilia-mexico.pdf .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a hacer del conocimiento público la información detallada sobre la ejecución, operación y situación financiera de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios federales y locales de 2019, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Los fondos contingentes del gobierno federal previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cubrir boquetes presupuestarios pasaron de ser una caja de ahorro para emergencias, a ser una caja chica de gastos, plantean datos oficiales.
2. El gobierno federal tiene un “colchón” para cubrir la falta de ingresos. Ese “guardadito” le permite gastar lo que debe cuando su presupuesto se queda corto.
3. Existen dos principales “fondos de estabilización de los ingresos”. Uno que sirve para compensar la falta de ingresos del gobierno federal (FEIP), y otro que sirve para compensar la falta de ingresos en las entidades federativas (FEIEF).
4. Este año, el gobierno federal y los estados de la República Mexicana tuvieron menores ingresos que los calculados. Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican al cuarto trimestre de 2019, la Recaudación Federal Participable, ascienden a 3 billones 126.8 millones de pesos, monto que es menor a 1.3 por ciento al observado en 2018.
5. En esa perspectiva, funcionarios del gobierno federal, desde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, han expresado, en distintos momentos que utilizarían 120 mil millones de pesos del FEIP, para compensar la falta de ingresos petroleros de este año. Esto además de los casi 23 mil millones –del FEIP y del FEIEF– a los que ya echó mano para evitar un déficit fiscal más grave.
a. Así por ejemplo, el hoy titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez dijo desde marzo de (2019) que el FEIP sería utilizado para rescatar a Pemex y que, a lo largo del sexenio, este fondo será “contracíclico”.
6. El monto de recursos que finalmente va a utilizarse para subsanar la pérdida de ingresos y afrontar el gasto público, implica que al final de este año, el gobierno federal habrá reducido el ahorro de los últimos 19 años en 58 por ciento, considerando que en ese periodo, dichos fondos fueron triplicados (aún con la reducción de 75.4 por ciento que sufrieron entre 2007 y 2012).
7. Las cifras del gobierno federal indican que al cierre de 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador habrá erogado casi 144 mil millones de pesos del FEIP y del FEIEF.
8. Dicha cantidad es equiparable a la tercera parte del uso total de estos fondos por parte del gobierno federal, durante 2007-2012 (432.3 mil mdp) y 2013-2018 (460 mil mdp).
9. Con respecto al uso del FEIP, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Alejandro Gaytán González, indicó en octubre que los recursos serán utilizados para impulsar la inversión pública y que, si se llegaran a agotar, “se recorta[rá] el gasto” gubernamental.
10. De acuerdo con México Evalúa, aunque este tipo de fondos están para casos de emergencia como el actual, su uso es consistente con la falta de ahorro por parte del gobierno federal.
11. Para dicha organización, el manejo de dicho fondo “ilustra los problemas de transparencia y rendición de cuentas en los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno”, ya que no cuenta con “mecanismos explícitos” de asignación de recursos, además de que el gobierno no garantiza que los recursos sean utilizados para proyectos productivos.
12. Si bien las autoridades responsables han endosado estos resultados al clima de recesión económica internacional, mientras la economía norteamericana creció alrededor de 2 por ciento nuestro país se encuentra estancado, en cero por ciento.
En virtud de la importancia y la trascendencia que representa para las familias mexicanas, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran inaplazable y de vital que los funcionarios aclaren puntual y exhaustivamente estos temas ante esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a hacer del conocimiento público la información detallada, sobre su ejecución, los movimientos y la situación financiera, que guarda el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas al cierre del ejercicio 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), Mónica Almeida López (rúbrica).
Con punto de acuerdo, relativo a la seguridad pública y procuración de justicia para garantizar la seguridad y los derechos de los activistas en Michoacán, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena
Con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados el suscrito, diputado Agustín García Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la seguridad pública y procuración de justicia que garanticen la seguridad y los derechos de todos los activistas en Michoacán. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los últimos años, México se ha convertido en un país muy peligroso para las personas defensoras de la tierra, del medio ambiente y de las áreas naturales protegidas, mejor conocidos como activistas ambientales ya que éstos se han vuelto víctimas de agresiones que van desde las intimidaciones, pasando por las amenazas, la criminalización y en algunos casos el homicidio, todo por el único hecho de realizar un trabajo en favor de los derechos humanos ambientales.
En México aumenta la probabilidad de sufrir algún tipo de agresión cuando una persona es defensora de los derechos humanos ambientales, pues en los hechos existe una tensión constante entre los derechos al territorio y al medio ambiente frente a los intereses de diversas personas o grupos que buscan explotar los bienes y servicios ambientales que beneficien proyectos en la mayoría de los casos fuera de la ley – por ejemplo, la tala clandestina -. Al realizar actividades de protección y conservación del territorio, medio ambiente y recursos naturales, las personas defensoras ambientales son objeto de agresiones, las cuales buscan impedir, controlar y castigar el ejercicio de su derecho a promover y defender los derechos humanos ambientales. Las agresiones pueden impactar en diversos niveles, tanto en lo individual como en lo colectivo, la mayoría de las agresiones a las personas defensoras ambientales se quedan en la impunidad, favoreciendo que esta situación de violencia continúe.
El por qué buscan defender las personas sus comunidades tiene muchas respuestas, pero estás giran alrededor de los 4 pilares de la sustentabilidad:
1. Importancia Ambiental, así como el impacto de la explotación ambiental.
2. Importancia Cultural, mantener su identidad como pueblos originarios.
3. Importancia Económica o el impacto económico sobre la legalidad.
4. Impacto Social en este caso hablamos de la inseguridad
Según la ONG Global Witness1 , México se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo para las personas que se atreven a ejercer el activismo ambiental, colocándose por debajo de Filipinas, Colombia, India, Brasil, y Guatemala. Nada más en el 2018, fueron asesinados 164 defensores del medio ambiente en todo el planeta, y 14 de estos crímenes fueron registrados en México.
Y según cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)2 , estadística que incluye a personas defensoras de los derechos de la tierra, el año pasado fueron identificados 49 ataques contra activistas en diversas partes del país, 21 de los cuales fueron homicidios.
A continuación, se presenta una lista y perfiles de homicidios de ambientalistas que más trascendieron en los últimos años, pero que representan un puñado de la suma de todos los casos, sin intención de olvidar los asesinatos de la defensora indígena, Estelina López; el guardaparque de La Laguna de Chacahua, Gabriel Ramos Olivera y la defensora de los bosques de Cherán, Guadalupe Campanur, entre muchos otros.
Nora López León, bióloga y coordinadora del proyecto de reproducción de la guacamaya roja (Ara macao) en el Parque Ecoturístico Aluxes, ubicado en el municipio de Palenque. El cuerpo de la ambientalista fue hallado en la habitación de un hostal sobre la carretera Palenque-Ocosingo, víctima de un ataque con arma blanca. Unos días después, la Fiscalía de Chiapas presentó a los presuntos responsables del feminicidio. Trascendió que Nora López trabajaba en un programa de conservación impulsado por Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, ex titular de la Semarnat. Tenía 45 años de edad.3
José Luis Álvarez Flores, ecologista reconocido por su labor como defensor del santuario del mono saraguato (Alouatta pigra) , cuyo hábitat estaba en peligro por la explotación ilegal del río Usumacinta. También era encargado de la Unidad de Manejo Ambiental Saraguato. El cuerpo sin vida del señor Flores fue hallado con cinco impactos de bala cerca del ejido Calatraba, municipio de Palenque (al igual que Nora López), límite con Emiliano Zapata, Tabasco. Cerca del cuerpo había mensajes de advertencia a familiares y otros ambientalistas. Antes de su muerte, el señor Álvarez solicitó la protección de las autoridades por las amenazas de muerte que recibió tras denunciar la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta. Tenía 64 años de edad.4
Samir Flores Soberanes, activista indígena e integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, organización que se opuso desde 2011 al Proyecto Integral Morelos. Esta iniciativa incluía la construcción de un gasoducto que atravesaría Amilcingo, pueblo natal del señor Flores, y pieza esencial para la operación de la termoeléctrica Central de Ciclo Combinado de Huexca. A inicios de 2019, el activista se pronunció en contra de la construcción de la termoeléctrica con los representantes del nuevo gobierno federal. Samir Flores fue asesinado la mañana del pasado 20 de febrero por un grupo armado a las puertas de su casa.5
Julián Carrillo Martínez, líder raramuri y defensor del bosque de la comunidad de Coloradas de la Virgen; hasta el momento de su asesinato, tenía diez años luchando contra la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de la zona. Además de la tala clandestina, el crimen organizado había ocupado los bosques de la Sierra Tarahumara para la siembra de amapola y cannabis. El señor Carrillo recibió amenazas tras interponer demandas a nombre de su comunidad para pedir reconocimiento como legítimos propietarios de su territorio. En octubre de 2018, dos hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba el activista y dispararon con armas largas. Fue hasta enero de 2019 que las autoridades lograron capturar a los presuntos homicidas.6
Isidro Baldenegro López, líder rarámuri y protector de los bosques de la Sierra Tarahumara, galardonado en 2005 con el premio Goldman, otorgado a las personas que arriesgan la vida en su lucha contra el daño ambiental. Por muchos años, este activista indígena fue recipiente de numerosas amenazas derivadas de sus constantes denuncias contra la tala clandestina. Incluso fue encarcelado en 2003 bajo el cargo de posesión de drogas, pero puesto en libertad tras la presión de grupos como Amnistía Internacional. Tras vivir un tiempo fuera de su comunidad por el temor a su vida, el señor Baldenegro fue asesinado en Coloradas de la Virgen, Chihuahua, cuando estaba de visita con familiares cercanos. Recibió seis disparos de un arma calibre 38. El presunto responsable fue capturado tres meses después en Parral. El señor Baldenegro tenía 50 años de edad y su homicidio fue condenado por la ONU. Menos de dos años después sería asesinado un compañero suyo, Julián Carrillo, en el mismo lugar.7
Como podemos ver estos ataques, abarcan todo el territorio nacional y cada día son más y más, como es el reciente caso del Activista Homero Gómez González, quien era conocido por ser el “defensor de la mariposa monarca”, un título que se ganó por su lucha en favor de varias áreas naturales de Michoacán zonas que son consideradas santuarios y han sido incluidas entre las bellezas naturales que forman parte de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, la lucha del señor Homero Gómez González contra la tala ilegal de árboles en estas áreas naturales podría haber afectado los intereses de quienes se beneficiaban con esa práctica fuera de la ley.
Según el comunicado de la Fiscalía del estado de Michoacán, el cuerpo fue encontrado en una olla de agua artesanal de uso agrícola, con una extensión de 10 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, cuya capacidad estaba a la mitad, aunque la dependencia no precisó si el activista fue asesinado o murió por otra causa. La noticia causó conmoción ya que fue hallado dos semanas después de su desaparición
Ante estos eventos las autoridades han sido omisas, no se le da la suficiente importancia a las investigaciones mismas que con frecuencia se cierran de prisa o las trabas burocráticas las hacen lentas, pero nunca terminan por esclarecerse lo hechos, lo cual lleva a un clima de impunidad y en consecuencia, los ataques contra activistas continúan y en su gran mayoría no han sido esclarecidos, por lo que es necesario que las autoridades asuman un compromiso absoluto para esclarecer los ataques contra los activistas ambientales y en este caso el esclarecimiento de los hechos de la desaparición y muerte del señor Homero Gómez González.
En este contexto, muchos activistas michoacanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que tienen para ejercer sus actividades de protección al medio ambiente y salvaguardar su integridad personal y la de sus familiares.
Exigimos un alto a esta ola de violencia en contra de los activistas michoacanos y de todo el país ya que parece ser sistemática, y no es la excepción sino la norma.
Por la inseguridad y violencia, se ha perdido la capacidad de asombro, y también poco a poco se nos ha arrebatado la tranquilidad de las y los michoacanos, lo cual es inadmisible.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno estatal de Michoacán, para que esclarezca los asesinatos de activistas sean ambientalistas o no ocurridos en la entidad, procurando que no quede ningún caso por resolver y en este caso el esclarecimiento de los hechos que propiciaron la desaparición y muerte del señor Homero Gómez González.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno estatal de Michoacán, para que a la brevedad se diseñen protocolos y medios de apoyo a las familias de los activistas asesinados que quedan en el desamparo.
Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno estatal de Michoacán, para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia que garanticen el libre ejercicio y libertad de expresión, así como se prevengan actos delictuosos en contra de los activistas ambientales, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de opinión y expresión.
Cuarto. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a las autoridades encargadas de la protección y cuidado del medio ambiente, se involucren con las comunidades y no los dejen solos frente a las situaciones que se presentan en áreas protegidas como es el caso de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
Notas
1 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enem ies-state/ Extraído el 30 de enero 2020.
2 https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe_defensores. pdf Extraído el 30 de enero 2020.
3 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asesinan-ambientalista -nora-lopez-palenque-chiapas/ Extraído el 30 de enero 2020.
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asesinan-ambientalista -jose-luis-alvarez-defensor-mono-saraguato-tabasco/ Extraído el 30 de enero 2020.
5 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asesinan-activista-sam ir-flores-rechazaba-gasoducto-morelos/ Extraído el 30 de enero 2020.
6 https://noticieros.televisa.com/historia/asesinan-activista-raramuri-ch ihuahua/ Extraído el 30 de enero 2020.
7 https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/isidro-baldenegro-asesinado/ Extraído el 30 de enero 2020.
Honorable Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2020.
Diputado Agustín García Rubio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a informar oportunamente a la OMS y la OPS sobre los casos confirmados de coronavirus en el país y el mecanismo del Insabi para atender emergencias sanitarias, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que informe oportunamente a la OMS y OPS sobre los casos confirmados de coronavirus en nuestro país y el mecanismo de atención que se está dando por parte del Insabi para atender emergencias sanitarias y a la población general para ejercer su derecho a la protección social en salud mientras se publican las correspondientes reglas de operación, con base en las siguientes:
Consideraciones
La entrada en operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha provocado las más severas críticas y cuestionamientos entre sus usuarios, quienes a partir del 1 de enero, tuvieron que pagar mucho más por los servicios de atención médica y hospitalaria; más si consideramos que el actual gobierno había prometido gratuidad en medicinas, así como en todos los servicios que prestaran las instituciones de salud pública a todas las personas que carecieran de seguridad social.
Asimismo, la incertidumbre que ha generado la operación del Insabi entre algunos gobiernos estatales que, hasta el 31 de enero no habían firmado los convenios de adhesión con dicho Instituto; lo anterior, debido a la falta de claridad y certidumbre en el origen, destino y manejo de los recursos con los que se pretende opere el Insabi; así como la ausencia de reglas de operación. Con lo cual, dichos gobiernos no quieren cometer la imprudencia e irresponsabilidad de darle un cheque en blanco a las autoridades de salud, que han demostrado ser, por lo menos, ineficientes y poco claras en su proceder.
De igual manera, otro de los graves problemas que ha generado la impericia e improvisación con la que cotidianamente opera la Secretaría de Salud y el resto de las autoridades federales implicadas, es la relacionada con el desabasto de medicamentos que padecen la gran mayoría de los centros de salud y hospitales públicos.
Prueba de lo anterior, es la publicación hecha por un diario de circulación nacional donde se evidencia la falta de planeación del gobierno federal al consentir el desabasto planeado de medicamentos a los hospitales públicos los tres primeros meses del 2020, revelando así, su insensibilidad por el dolor de los pacientes y sus familiares.
Sobre este particular el Ejecutivo Federal, con falta de sensibilidad, intentó desviar la atención de la denuncia hecha por el diario, para lo cual, echó mano de la presentación del boleto para la rifa del avión presidencial, usando el argumento peregrino de que los recursos que se obtuvieran con la venta de los boletos se utilizarán para la compra de medicamentos.
Al respecto, debemos señalar que, si en verdad lo moviera el interés de atender el desabasto de medicamentos, podría ordenar la reasignación de recursos de alguno de sus programas o proyectos insignias, que han resultado ser ineficientes y sin planeación, para destinarlos a la compra de los medicamentos que se requieren para atender la demanda ciudadana.
Para agravar todo lo anterior, tenemos a las puertas de nuestro país, la entrada inminente de la pandemia del coronavirus que amenaza por extenderse por todo el mundo.
El 27 de enero pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de amenaza internacional del coronavirus pasando de moderado a alto; hasta el último día de enero China había elevado a 213 el número de muertos y 9 mil 692 los contagiados por dicho virus.
Todos los expertos señalan que solo es cuestión de tiempo para que el coronavirus llegue a territorio mexicano, por lo que resulta prioritario que las autoridades sanitarias se preparen para atender los primeros casos y contener el número de contagios.
Ha sido más que manifiesta la incapacidad de nuestras autoridades en materia de salud que, en temas supuestamente planificados como el Insabi y la compra de medicamentos han sido rebasadas.
En este orden de ideas, causa gran preocupación saber si se han tomado las medidas que amerita una pandemia como la que ha resultado ser el coronavirus, que ha obligado al gobierno chino a mantener en cuarentena a cerca de 50 millones de sus habitantes y construir dos hospitales con capacidad de mil 500 camas para la atención de sus ciudadanos.
Por todo lo expuesto, es que resulta necesario conocer el estado que guarda la administración de la salud publica en nuestro país, para estar en posibilidad de valorar si las políticas públicas emprendidas en materia de salud son las adecuadas para garantizar la salud de todas y todos los mexicanos.
Recientemente se dio a conocer un caso en donde una persona de origen chino que estuvo dos días en nuestro País dio positivo del virus Coronavirus y durante su estancia estuvo en contacto con diversos ciudadanos mexicanos.
Es por ello que someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que informe oportunamente a la OMS y OPS sobre los casos confirmados de Coronavirus en nuestro país y el mecanismo de atención que se está dando por parte del Insabi para atender emergencias sanitarias y a la población general para ejercer su derecho a la protección social en salud mientras se publican las correspondientes reglas de operación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero 2020.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer por la SSC las acciones para garantizar que en los operativos vehiculares se respeten los derechos humanos, ante el incremento de denuncias sobre presuntas violaciones, abusos de poder y actos de corrupción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguientes:
Consideraciones
Por su relevancia económica y política, la Ciudad de México es uno de los centros poblacionales más importantes del país, en la que transitan, trabajan, estudian y viven millones de personas, lo cual la convierte en un sistema complejo de relaciones sociales y culturales, que exige la atención de las autoridades para garantizar la seguridad y paz social.
En este sentido, cabe destacar que en lo que va de la presente administración, se ha documentado que en diferentes alcaldías de la Capital del país, ha aumentado de manera sostenida el desarrollo de diversos ilícitos, entre los que se encuentran homicidios, narcomenudeo, robo a transporte público y cobro de derecho de piso a comerciantes, que atentan contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de los habitantes.
Presuntamente, para combatir el desarrollo de acciones contrarias a nuestro marco jurídico e institucional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla una serie de operativos, entre los que se encuentra “la noche es de todos”, “conduce sin alcohol”, mientras que la Subsecretaría de Control de Tránsito implementa diversos puntos de revisión y retenes para la revisión de documentación para la circulación de unidades de motor, los cuales se llevan a cabo en los principales puntos y cruces peatonales de las alcandías.
Lamentablemente, durante el desarrollo de estas acciones se ha documentado la trasgresión de derechos humanos, la violación de garantías y actos de abuso de poder, así como presuntos actos de corrupción en contra de los habitantes de la Ciudad de México, turistas y visitantes de otras entidades federativas que trabajan o comercializan sus productos.
Para contar con un panorama general de esta problemática, basta señalar los siguientes acontecimientos suscitados recientemente:
• En abril de 2019, un intento de revisión por parte de policías de la Ciudad de México a un motociclista que llevaba un cubo de la aplicación móvil de entrega de comida “Uber Eats” terminó un conato de golpes, ya que el conductor sin justificación fue obligado a descender de la motocicleta, llevar su unidad a un corralón y pagar una multa.
Esta situación, para muchas personas que se encontraban en el lugar fue catalogado como abuso policial, debido a la fuerza y violencia con la que se llevó a cabo la revisión.1
• En junio de 2019, una persona femenina tuvo un percance automovilístico en la avenida de Viaducto, debido a ello, fue bajada de su vehículo a la fuerza por un grupo de policías que le pusieron esposas, le quitaron su teléfono celular, le subieron su blusa, le cubrieron la cabeza con su propio suéter y la tuvieron incomunicada, es decir, se violaron los protocolos de actuación y violaron los derechos humanos.2
• En septiembre de 2019, un policía fue acusado de abuso de autoridad, abuso sexual y robo de objetos contra una mujer de 25 años en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que fue interceptada por una supuesta servidora pública para revisarle la mochila que llevaba, pero al no encontrar nada, la dejó ir. No obstante, metros más adelante otro supuesto servidor público quien, con el pretexto de volverla a revisar, le realizó tocamientos y le robó su teléfono celular, lo cual muestra que los ciudadanos podemos ser usos de una revictimización por parte de los elementos de la policía y tránsito vehicular de la Capital del país.3
• En diciembre de 2019, en redes sociales circuló un video que mostraba a personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX deteniendo a otros elementos de seguridad en la alcaldía de Iztacalco, pues fueron acusados de instalar un retén falso para extorsionar a automovilistas, a pesar de representar un delito no se emprendieron las acciones necesarias para su sanción.
Estos hechos dejan de manifiesto que durante los retenes y operativos de los agentes de tránsito y policía, se vulnera el ejercicio de los derechos humanos como la libertad de tránsito ya que los ciudadanos podemos circular por el país sin ser molestados, a menos de que haya una orden escrita por parte de la autoridad correspondiente.
A pesar de que hace unos días, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que están prohibidos los retenes policíacos, así como las inspecciones o revisión de documentos a automovilistas, transportistas o motociclistas, estos se continúan realizando, por lo que se deben desarrollar las acciones necesarias para investigarlos y sancionarlos.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, salvaguardar los derechos humanos es un aspecto medular, no únicamente porque forman parte de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución Política en favor de todas las personas, sino también, por su relevancia como marco para la dignidad que exigimos a favor de todos los individuos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fortalezca sus acciones a fin de garantizar que en los operativos vehiculares se respeten los derechos humanos, ante el incremento de denuncias sobre presuntas violaciones, abusos de poder y actos de corrupción.
Notas
1 https://www.hoyestado.com/2019/04/
video-policias-capitalinos-someten-a-motociclista-de-uber-eats-por-negarse-a-revision/
2 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-mujer-es-agredid a-por-policias-capitalinos-en-el-viaducto/
3 https://www.proceso.com.mx/599024/procuraduria-de-la-cdmx-investiga-a-p olicia-acusado-de-robo-y-abuso-sexual
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2020.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la Ssa y la SEP a elaborar y difundir campañas en medios de comunicación para reducir la violencia intrafamiliar, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fechas recientes fue difundida por los medios de comunicación el hecho de que una menor de edad –en Tabasco– decidió poner fin a la violencia intrafamiliar que sufría y asesinó a su padre tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un hacha.
Los hechos se registraron durante la madrugada en la Villa Estación Chontalpa, cuando la menor de tan solo 11 años arremetió en contra de su padre, cuando éste golpeaba a su mamá. En tanto, los menores corrieron al cuarto a refugiarse una vez más, para evitar ser parte del conflicto, sin embargo, la menor, identificada como Valeria “N”, corrió a defender a su madre hasta que ambas lograron sacar de la casa al hombre, quien intentó ingresar a la vivienda de nuevo, por lo que la menor, harta de la violencia intrafamiliar que ejercía el hombre, tomó el hacha de su propio padre y lo golpeó en la cabeza, cayendo muerto.
Los hechos fueron reportados por vecinos cerca de las 4:00 horas, por lo que autoridades preventivas del municipio y elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para asegurar el lugar de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes. Este es un hecho que nadie desearía conocer y mucho menos que se vea involucrada una menor de edad, ya que la violencia intrafamiliar se encuentra entre los delitos con mayor incidencia en las 32 entidades del país.
Entre enero y abril de 2019 se registraron 60 mil 834 carpetas de investigación, lo que refleja un incremento de 4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018. Las entidades con mayor incidencia de este delito en 2019 fueron Ciudad de México con 7 mil 622 carpetas de investigación, la entidad con la mayor cifra: Nuevo León con 4 mil 589; y Guanajuato con 3 mil 633 carpetas de investigación.1 Otras cifras sobre el tema indican que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2015 y agosto de 2019, se ha registrado un total de 764 mil 951 denuncias por el delito de violencia familiar. Asimismo, hay un registro de 113 mil 59 por el delito de incumplimiento de responsabilidades de asistencia familiar; y un total de 48 mil 970 casos por “otros delitos contra la familia”.2
Respecto del delito de violencia familiar es importante subrayar que año con año el número absoluto de denuncias se ha incrementado. La información oficial muestra que en el año 2015 hubo 126 mil 826 denuncias por el delito señalado; para el año 2016 la cifra se elevó a 153 mil 581 denuncias; en 2017 creció a 169 mil 381 casos; en 2018 se ubicó en 180 mil 8 casos.
Estos datos implican un incremento significativo en el promedio diario de denuncias. En 2015 sería de 353 casos al día, o bien, 14.7 cada hora. En 2016 el promedio diario fue de 420 denuncias, o bien, 17.5 por hora. En 2017 el promedio diario creció a 467 casos, o 19.3 por hora. En 2018 se dio un nuevo incremento a 493 denuncias por día o 20.5 casos por hora; mientras que en 2019, el promedio diario se ubica en 563 casos, o bien, 23.4 denuncias por hora.3
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Sin embargo, mujeres, niñas y niños son las personas más vulnerables. La violencia doméstica es un factor determinante para el aumento de otros delitos y la deserción escolar. La CNDH establece que la violencia familiar se puede manifestar de distintas maneras, como el daño a la integridad física de otra persona, maltrato que se manifieste con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones e intimidación y daño directo o indirecto al patrimonio. También se cuentan las agresiones sexuales, las acciones que afecten la economía de la víctima, a través de limitaciones encaminadas a controlar sus percepciones económicas y vulnerar el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva.
En nuestro país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, por lo que debe brindar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la restitución de las víctimas.
La violencia familiar es un problema social de grandes dimensiones. Sus consecuencias ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los grupos de población que son más vulnerables en función de su sexo, edad y condiciones físicas: mujeres, niñas, niños, ancianas, ancianos y personas discapacitadas. Esta violencia, en la mayoría de los casos es ejercida por hombres en contra de mujeres y niñas. Para las mujeres, dar la cara y enfrentar la violencia tampoco es fácil. La ignorancia, la vergüenza, y la ausencia o ineficacia de las respuestas institucionales son algunos de los múltiples obstáculos que perpetúan la violencia que forma parte de su vida cotidiana.
Para unos, romper el silencio que acompaña a la violencia familiar es un camino que inicia con el reconocimiento de su existencia, sus manifestaciones y repercusiones en la salud de las mujeres, de las familias y de la sociedad. Es por ello por lo que se hace necesario retomar y reforzar lo que se ha difundido sobre el tema de violencia intrafamiliar, ya que al parecer vuelve a resaltar entre las violencias que viven las y los integrantes de las familias de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la y los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación, para que en el ámbito de sus competencias, elaboren y difundan campañas en medios de comunicación destinadas a reducir la violencia intrafamiliar.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-familiar-con-gran-in cidencia-en-el-pais-20190613-0132.html
2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-familiar-el-otro-delito -olvidado-aumenta-la-incidencia/1337980
3 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a reasignar recursos suficientes a la adquisición de medicamentos requeridos para la operación óptima del sistema de salud pública, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a establecer a la brevedad la reasignación conducente de recursos suficientes para la adquisición de los medicamentos que requiere el sistema de salud pública para su operación optima, con base en las siguientes
Consideraciones
El 23 de enero pasado el titular del Ejecutivo acusó al director del Hospital Infantil Federico Gómez de no informar a los padres de niños con cáncer que ya se contaba con el medicamento para el tratamiento de los menores.
Asimismo, instruyó a la Secretaría de la Función Pública iniciar una investigación contra del director del Hospital Infantil, quien dijo, tenía acuerdos con uno de los laboratorios para el suministro del tratamiento médico de los niños con cáncer, manifestando:
... están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA... Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder.
El mandatario reiteró que no había falta de medicamentos para tratar a los niños con cáncer y pidió a los funcionarios de salud de su administración acudir a los hospitales y verificar que se estuvieran administrando los medicamentos.
Cinco días después de dichas acusaciones lanzadas por el Ejecutivo federal, el diario El Universal hizo público un documento oficial de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se instruye al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a llevar a cabo los acuerdos tomados por las instituciones del sector salud para hacer frente al desabasto de medicamentos durante el primer trimestre del año.
Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, publicada el pasado 28 de enero en el diario El Universal, compartió las imágenes del oficio de fecha 22 de enero de 2020, suscrito por la titular de la Oficialía Mayor de la SHCP y dirigido al titular de la Dirección de Administración del IMSS, en el que le informa que la compra consolidada de medicamentos será surtida a las instituciones de salud pública hasta marzo de 2020, y que mientras se abastecen los medicamentos, cada institución deberá implementar sus propias medidas para enfrentar el desabasto que afectara sus operaciones durante todo el primer trimestre del año.
El periodista argumenta, con razón, que fue la SHCP quien generó el desabasto de medicamentos, al implementar la llamada compra consolidada de medicamentos y material hospitalario, misma que según el documento se realizó desde noviembre de 2019; en este sentido, resulta insensible que el Ejecutivo Federal consintiera dejar sin medicamentos, los tres primeros meses del presente año, a los mexicanos menos favorecidos.
En este orden de ideas y teniendo como antecedente las imputaciones hechas por el Ejecutivo federal contra el director del Hospital Infantil Federico Gómez, señala el columnista:
Deja claro lo que los responsables de otras instituciones del sector han venido señalando desde el año pasado: el método de compra no se ha hecho correctamente y son los usuarios de las clínicas y hospitales públicos los que pagan los platos rotos.
Asimismo, del texto del oficio expuesto por Loret de Mola se deduce que las entregas de lo comprado en noviembre de 2019, comenzará a ser surtida hasta marzo de este año, mientras tanto, las instituciones de salud serán las encargadas de atender y solucionar el desabasto -que por cierto ellas no provocaron-.
Para atender dicha situación, deberán ampliar los convenios suscritos con los proveedores en 2019, o negocian la entrega anticipada de los medicamentos adquiridos con la compra consolidada de noviembre pasado; ambas opciones resultan poco viables, sobre todo si tomamos en cuenta que, las instituciones de salud que quieran adquirir de forma directa los medicamentos, deben ajustarse a los precios autorizados por la Oficialía Mayor de la SHCP; lo cual, dificulta la compra de medicamentos que son requeridos con urgencia, sobre todo si hay escasez de los mismos y por tanto su costo es superior al decretado por las autoridades hacendarias.
Para concluir en su columna Loret de Mola, señala:
En resumen, Hacienda hace la compra consolidada para el año, decide qué adquirir y a qué precio y las instituciones del sector salud se tienen que ajustar a ello... si lo comprado por Hacienda no es suficiente para garantizar la operación, ya no es problema de Hacienda sino de cada institución.
Con la misma simpleza y descaro mostrado el 30 de agosto de 2019, cuando ante la falta de medicamento, el Ejecutivo federal pidió a los médicos, enfermeros o “cualquier ciudadano” a comprar los medicamentos para que los pacientes de los hospitales públicos no mueran.
El Ejecutivo federal debe hacerse responsable de las políticas públicas implementadas en el tema de salud y que hasta el momento no han dado y por consiguiente es el único responsable de garantizar el abasto de medicinas, no el personal médico de los hospitales y menos aún los ciudadanos que con sus impuestos los pagan.
Segundo, no es necesario rifar un avión -que se debe- y obligar a los mexicanos a pagarlo por segunda vez; hay recursos suficientes en programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y el Banco del Bienestar, los dos primeros han sido denunciados por organizaciones civiles que han advertido su nula eficacia y su altísimo costo económico, del segundo los expertos acusan un despilfarro, no se justifica los gastos de creación, apertura y operación de 2 mil 700 sucursales en plena era informática.
Es evidente que el Ejecutivo Federal conocía del problema de escases de medicamentos que se avecinaba y estaba informado de que sería hasta el mes de marzo cuando se surtirían los medicamentos; también estaba enterado que institutos, hospitales y clínicas de salud pública no tienen la capacidad financiera para adquirir los medicamentos que les requieren sus pacientes.
Ante el desatino y poco transparente que ha resultado el proceso de compra consolidada de medicamentos, bajo el falso argumento de generar supuestos ahorros y acabar con los sobreprecios, es que resulta urgente y necesaria la intervención activa de esta soberanía en defensa del derecho a la salud de las y los mexicanos, quienes hoy, están en el peor de los desamparos y deben lidiar con la inoperancia con el que opera el Insabi y el desabasto de medicamentos en los hospitales del sector público.
En razón de lo anterior, el presente punto de acuerdo plantea exhortar, al titular del poder Ejecutivo federal para que se reasignen recursos, de programas clientelares que han demostrado ser ineficientes y altamente costosos, para destinarlos a la adquisición de los medicamentos que requiere el sector salud y así garantizar la salud de todas y todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a establecer a la brevedad la reasignación conducente de recursos suficientes para la adquisición de los medicamentos que requiere el sistema de salud pública para su operación óptima.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a formular por la Ssa una estrategia integral orientada a prevenir y atender los trastornos mentales de un sector importante de la población, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud es un derecho fundamental y uno de los instrumentos necesarios para la protección y bienestar de las personas. Elemento que en todo momento debe de incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.1
Sin embargo, millones de personas padecen de diferentes enfermedades que atentan contra su salud y bienestar general, entre las que se encuentran los trastornos mentales, cuya prevalencia va en aumento, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias socioeconómicas y en el plano de los derechos humanos en los países.
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye, padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.2
Según la OMS, la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.
Especialistas mencionan que los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales como la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad. Asimismo, otros factores son el estrés, la herencia genética, la alimentación, las infecciones perinatales y la exposición a riesgos ambientales.
Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, basta señalar que de acuerdo con la OMS existen en el mundo 650 millones de personas con trastornos mentales, neurológicos o de comportamiento.
La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. En su forma más grave, puede conducir al suicidio.3
El trastorno afectivo bipolar afecta a alrededor de 60 millones de personas. Se suele caracterizar por la alternancia de episodios maniáticos y depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal.
La esquizofrenia afecta a aproximadamente 21 millones de personas. Las psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las personas con este padecimiento tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población, lo que se debe por lo general a enfermedades físicas, como las cardiovasculares, metabólicas e infecciosas.
Por otro lado, existen unos 47.5 millones de personas que padecen demencia, el cual es un trastorno de naturaleza crónica y progresiva caracterizada por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de los que podría considerarse consecuencia del envejecimiento normal.
Los trastornos del desarrollo abarcan la discapacidad intelectual y los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo. Suelen debutar en la infancia pero tienden a persistir hasta la edad adulta, provocando una disfunción o un retraso en la maduración del sistema nervioso central.
Los adolescentes representan unos de los sectores más vulnerables a los trastornos mentales, ya que representan 16 por ciento de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas comprendidas entre 10 y 19 años; la mitad de los trastornos comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan; la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad; el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, principalmente.4
No obstante, las cifras de la OMS revelan que las personas que requieren atención de salud mental no tienen acceso a las múltiples opciones de tratamientos disponibles en el mercado.
En efecto, los sistemas de salud todavía a nivel global no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales, por lo que la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación es grande. En los países de ingresos bajos y medios, entre 76 y 85 por ciento de las personas con trastornos graves no recibe tratamiento; el dato es alto también en los países de ingresos elevados: entre un 35 y un 50 por ciento. El problema se complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados.
México no escapa a los efectos y consecuencias de estos padecimientos. Según los especialistas, 36 por ciento de los mexicanos que viven en ciudades padecen un trastorno mental, estos afectan principalmente a las personas que tienen edades entre 15 y 64 años de edad. Los principales trastornos mentales son: ansiedad, depresión y esquizofrenia.5
Uno de cada cinco mexicanos padece de problemas de salud mental, provocados por las dinámicas de estrés a las que de manera permanente está sometida la población y a las pocas horas de sueño.
La depresión ocasiona una mayor propensión a malestares físicos, adicciones, acciones violentas y tendencias al suicidio. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de cada 100 habitantes en el país, 15 sufren depresión y esta cifra puede aumentar, ya que algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que padecen esta afección. Señala que no se trata de una enfermedad exclusiva de gente adulta, pues casi seis millones de niños y adolescentes de entre 12 y 22 años de edad la sufren y la manifiestan mediante irritabilidad o violencia.6
En este mismo tenor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) subraya que el suicidio es considerado un problema de salud pública, pero que puede ser prevenible. En este sentido, destaca los siguientes datos: en 2017 la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes; la población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta de suicidio con 9.3 por cada 100 mil jóvenes entre estas edades; ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total. En la población de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte.7
Este tipo de enfermedades pueden afectar a cualquier persona, sin distinguir situación económica o estrato social, y quienes las padecen tienen que enfrentarse a discriminación, toda vez que los padecimientos mentales se han estigmatizado por años.
Con base a la Secretaría de Salud y Salud y Mental, a nivel nacional el incremento de los casos de ansiedad es de 75 por ciento en los últimos cinco años, esto debido a factores externos que no solo tienen que ver con el incremento de los índices de delincuencia, sino con la contaminación, la economía y el entorno social, así como laboral, aseguran especialistas.8
Según la última Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiatría, 28.6 por ciento de la población adulta padecerá algún trastorno mental en la vida, estando entre los más relevantes los de la ansiedad (14.3 por ciento), por consumo de sustancias (9.2 por ciento) y afectivos (9.1 por ciento).
Los mismos especialistas han explicado que los síntomas se pueden detectar en los infantes cuando empiezan a ser agresivos, mientras que en los adultos puede detectarse cuando presentan sudoración en las manos, se muerden las uñas, se arrancan el cabello, y cuando no pueden estar en un solo lugar.
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, gracias al cual se pretende concientizar a la población sobre los múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos que inciden en padecimientos como depresión, ansiedad, epilepsia, demencias y esquizofrenia.
El Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2013, reconoce que la salud mental es un elemento esencial para el bienestar de todas las personas. El Plan establece cuatro objetivos siguientes:
• Reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental;
• Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental, completos, integrados y con capacidad de respuesta;
• Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental;
• Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre la salud mental.
El Programa de acción de la OMS para superar la brecha en salud mental, utiliza orientaciones técnicas, instrumentos y módulos de capacitación basados en evidencias para ampliar la prestación de servicios en los países, especialmente en entornos con escasos recursos. Se centra en una serie de afecciones prioritarias y, hecho importante, dirige la capacitación hacia los profesionales sanitarios no especializados con un enfoque integrado que fomenta la salud mental en todos los niveles asistenciales.9 Bajo este contexto es fundamental generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas.
Por lo fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, formule una estrategia integral orientada a prevenir y atender los trastornos mentales que padece un sector importante de la población, ante el aumento sostenido de dichos padecimientos que afectan su salud y calidad de vida.
Notas
1 https://www.who.int/es
2 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
4 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-h ealth
5 https://heraldodemexico.com.mx/pais/cuales-son-las-principales-enfermed ades-mentales-en-mexico-ansiedad-depresion-como-afectan/
6 https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/depresion-mexico-mexicanos-padece n-unam-mujeres-hombres/
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicid ios2019_Nal.docx
8 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/ansiedad-aumenta-75-en-los-ulti mos-cinco-anos-en-mexico
9 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, a los días 6 de febrero de 2020.
(Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los rectores de las universidades públicas del país a establecer estancias infantiles destinadas a los hijos de estudiantes para evitar la deserción de éstos y apoyar su desarrollo académico, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México residen casi 125 millones de personas, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres, según datos de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).1 Al revisar las cifras, es evidente la reducción de la tasa global de fecundidad (TGF), que pasó de siete hijos por mujer en 1960 a 2.21 hijos en 2014 (trienio 2011 a 2013), y para 2018 (trienio 2015 a 2017), registró 2.07 hijos que en promedio tendrán las mujeres en edad fértil al final de su vida reproductiva.
Por otra parte, el uso de métodos anticonceptivos en mujeres con nivel medio superior aumentó de 24.3 por ciento en 2014 a 26.0 por ciento en 2018. De la misma forma, en mujeres con nivel superior de estudios se incrementó su uso en casi tres puntos porcentuales, al pasar de 14.5 a 17.3 por ciento. En México acceder a la educación superior es aún un reto, pues solo el 17 por ciento de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios.
Esto coloca al país en los últimos lugares con la proporción más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),2 cuyo promedio es de 37 por ciento, según el estudio Panorama de la Educación 2017 de la OCDE.3 Destaca que el nivel educativo tiene una relación directa con el empleo, pues entre mayor sea el nivel educativo, la tasa para encontrar un trabajo aumenta.
Los ingresos de las personas que tiene un título universitario también aumentan con el nivel educativo alcanzado. En México son considerablemente más altos que en la mayoría de los países de la OCDE. Para llegar al logro de un título de educación superior, debe pasar por el financiamiento extraordinario, que es el principal instrumento de políticas de México para incrementar la calidad, sólo llega a las instituciones públicas, que acogen al 70 por ciento de los estudiantes, pero representan menos de un tercio de las 3 mil 762 instituciones del país.
Ningún financiamiento se orienta en exclusiva a incrementar la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral, aunque varios programas de financiamiento extraordinario sí tienen en cuenta estos criterios. La eficacia del financiamiento extraordinario se ve reducida por la fragmentación de los programas, el solapamiento y la falta de claridad de los objetivos, así como la complejidad de los procedimientos de aplicación.
Las y los estudiantes necesitan de un apoyo mayor y mejor para tener éxito en sus estudios y desarrollar las competencias que necesitan en sus futuros empleos. Pese a que existen casos de buenas prácticas en algunos sistemas, en general no se tiene una clara consciencia del papel fundamental de una educación de calidad. Por otro lado, las instituciones se basan en gran medida en la docencia presencial en clases. Por tanto, es escasa la presencia de métodos innovadores más interactivos e implican a las y los estudiantes en diferentes aspectos, al tiempo que las iniciativas de internacionalización se encuentran en fases de desarrollo.
Este es uno de los diversos problemas que influyen notoriamente en deserción escolar de las mujeres, particularmente de las madres estudiantes. Por ello, es importante plantear una propuesta de apoyo que les permita continuar y terminar su carrera profesional, permitiéndoles a futuro, un mejor desarrollo personal, profesional y sobre todo eliminar obstáculos que limiten la igualdad entre los géneros.
La carencia de recursos y la necesidad de contribuir económicamente al sostenimiento familiar, son otros de los factores primordiales por los que las y los jóvenes dejan de estudiar y explican el 35 por ciento cifra calculada para la deserción escolar que ocurre entre la juventud. Asimismo, el embarazo, el matrimonio y la falta de apoyo familiar, contribuyen en un 14 por ciento a que las jóvenes dejen los estudios. Es importante resaltar que los factores descritos con anterioridad afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones. Por ejemplo, la falta de recursos representa el 19 por ciento de los motivos por los que los varones abandonan los estudios, mientras en la población femenina alcanza el 35 por ciento.
Cuando se habla de embarazo y jóvenes, hablamos de cotidianidad, de situaciones que van más allá de una etapa del desarrollo y la reproducción biológica. Aunado a esto, el problema de la continuidad escolar de estudiantes que se embarazan, que se convierte también en una preocupación de las autoridades educativas y del sector salud.
De esta forma, cuando una joven en edad escolar se embaraza tiene variados elementos que complican su permanencia en la escuela, considerando que el embarazo en mujeres jóvenes menores de 20 años conllevan un alto riesgo para la salud que se potencializa cuando existe un estado de desnutrición y falta de salud. En general, la limitada participación de las mujeres en la vida pública está relacionada con la división sexual del trabajo, con la responsabilidad en el cuidado de los hijos -generalmente asignada a las mujeres-, la carencia de una red de apoyo social y familiar que la auxilie en sus tareas, así como la doble o triple jornada que implica el estudio, el empleo asalariado y las tareas domésticas.
Cuando una joven estudiante decide continuar en la escuela, en no pocas ocasiones recurrirá a solicitudes de justificación de ausencia o retardo, permisos, bajas o distanciamientos definitivos que se originan en problemas de índole doméstico como: enfermedad de las y los hijos, o la atención de diversos problemas familiares que deberán ser resueltos por ellas, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con apoyo familiar o institucional.
Esto a la vez, origina en los jóvenes procesos de angustia, miedo, baja autoestima e inseguridad que necesariamente, se reflejan en el rompimiento y abandono de proyectos de vida personal. Aunado a ello, se suman concepciones sociales que reproducen las prácticas de exclusión y discriminación de género que obstaculizan aún más el avance de las mujeres. Podemos valorar que, en nuestro país, las oportunidades en el terreno educativo para las mujeres han mejorado significativamente, logrando ver un número mayor de ellas en las aulas de los diferentes niveles escolares, pero se requiere de más apoyos que les permita la realización de sus metas en una adecuada combinación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Debemos abonar en la reducción de la brecha de desventaja que sufren las madres jóvenes estudiantes, con respecto al resto del universo estudiantil, debido a la natural situación, al compromiso y al esfuerzo que implica ser madre que carece del apoyo necesario para el cuidado de sus hijos, y para destinar adecuadamente el tiempo que requieren el resto de sus tareas. Por ello, proponemos que las instituciones educativas coadyuven y apliquen soluciones para garantizar apoyos a las madres jóvenes estudiantes que deben cumplir con las actividades relativas a su maternidad y de estudiantes a la vez, estableciendo estancias infantiles que les permita dejar a sus niñas y niños en un lugar adecuado para su desarrollo, y así poder de manera segura y confiada, avanzar en sus estudios.
Así también es otra forma de evitar la deserción estudiantil y además, preservar la matrícula de las mujeres que siendo madres desean continuar con su desarrollo personal obteniendo su título profesional, pues la educación es la variable más importante para generar desarrollo, progreso y mejoría en el aspecto económico, por lo que ninguna estudiante que tenga hijos –por este hecho- debe quedar al margen de su desarrollo personal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los rectores de las universidades públicas del país, para el establecimiento de estancias infantiles destinadas a brindar el servicio a las y los hijos de las y los estudiantes de estas instituciones, con el propósito de evitar la deserción del alumnado y brindar apoyo en el desarrollo educativo de las y los menores de edad.
Notas
1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-tiene-casi-125-millones-de -habitantes-mayoria-son-mujeres/ 10/07/19.
2 https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudi antes-universidad-ocde/
3 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de aplicar de inmediato los protocolos encaminados a evitar la propagación del coronavirus en México, y explicar a la opinión pública las acciones tomadas hasta al momento y las previstas para enfrentar la epidemia, suscrita por los diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) (en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.
El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Se trataba de un virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque no sabemos de qué manera los nuevos virus pueden afectar a las personas.
Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV.
Desde el momento en que fue informada del brote, la OMS ha estado trabajando con las autoridades chinas y con expertos de todo el mundo para obtener más información sobre el virus, sus efectos sobre las personas infectadas, su tratamiento y las medidas que pueden adoptar los países para hacerle frente.
Habida cuenta de que los coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar el contagio de otras personas.1
Hasta el momento se han registrado más de 24 mil casos en al menos 28 países de Europa, Asia y América, dejando al momento más de 400 muertes.
El pasado 22 de enero se reunió el Comité de Emergencia de la OMS, resolviendo que: los miembros del Comité de Emergencia no llegaron a un consenso al respecto de si este evento constituye o no una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). En ese momento se dictaminó que no lo era, pero los miembros del Comité acordaron recomendar que, habida cuenta de la urgencia de la situación, se los convocara de nuevo en unos días para proseguir su examen.
Tras el anuncio, el 22 de enero, de las medidas adicionales de confinamiento adoptadas en Wuhan, el director general pidió en ese día al Comité de Emergencia que se volviera a reunir al día siguiente para estudiar la información proporcionada por las autoridades chinas acerca de la evolución más reciente relativa a la situación epidemiológica y a las medidas de gestión de riesgos aplicadas.
De acuerdo con la nueva información epidemiológica presentada por las autoridades chinas, ha aumentado el número total de casos, el de casos sospechosos y el de provincias afectadas, y la tasa de letalidad entre los casos notificados es, hasta el momento, del 4 por ciento (17 de 557 casos). Estas autoridades informaron de que se habían registrado casos de cuarta generación en Wuhan y de segunda generación fuera de esta ciudad, así como algunos casos agrupados fuera de la provincia de Hubei, y detallaron las drásticas medidas de confinamiento impuestas (se ha interrumpido el servicio en los sistemas de transporte público de Wuhan y de otras ciudades cercanas). A continuación, se informó al Comité de Emergencia de la evolución de la situación en el Japón, la República de Corea y Tailandia, y de otro posible caso en Singapur.2
Ante lo anterior, el gobierno de México declaró estar listo para hacer frente a la epidemia, sin embargo no se ha logrado establecer protocolos que permitan la seguridad de los habitantes y los visitantes del país. El Presidente de la República declaró en días pasados que se tomarán medidas y un protocolo, mismo que hasta el momento no ha sido conocido, debemos de subrayar que frente a este tipo de epidemias, la acción inmediata es necesaria para garantizar la seguridad de quienes transiten por el territorio nacional.
Según se dijo en conferencia de prensa el pasado viernes 31 de enero, se creó un Subcomité de Enfermedades Emergentes, mismo que sería el encargado de establecer las medidas que se tomarían en el país y los protocolos de actuación frente al contacto con personas con el virus y, en su caso, el protocolo de manejo en caso de tener un positivo en el país de la enfermedad.
Sin embargo esto no ha pasado, tenemos ya casos registrados de contacto con enfermos en el país, como lo ocurrido con los estudiantes que llegaron el pasado fin de semana al país, provenientes de China, sin que se hayan hecho los estudios necesarios para determinar si estaban enfermos o no; o el caso del profesor de origen chino que llegó al país y por sus propios medios se aisló hasta descartar la enfermedad.
El caso más reciente y fuerte en el país se trata de un ciudadano chino que estuvo en el país el pasado 20 de enero, llegando en un vuelo proveniente de Los Ángeles, California, mismo que tomó dos Uber; una vez detectado el positivo a la enfermedad, en Estados Unidos ya que en México no se tomó el control necesario, se puso en aviso a las autoridades mexicanas y a la empresa de transporte terrestre mediante plataforma (Uber) para que hicieran lo pertinente.
Así, la empresa suspendió las cuentas de ambos choferes y de al menos 240 usuarios que pudieron estar en contacto con el virus de manera indirecta, sin que hasta el momento el gobierno de la república informe que acciones que ha realizado para descartar que quienes estuvieron en contacto no resultaron infectados.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela y al Subcomité de Enfermedades Emergentes del Comité Nacional para la Seguridad de Salud, para que apliquen de manera inmediata los protocolos necesarios para evitar la propagación del coronavirus en México, así como expliquen a la opinión pública las acciones tomadas hasta al momento y las que se tomarán para hacer frente al virus.
Notas
1 Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/detail/
23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputados:
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SE a hacer del conocimiento público las implicaciones, los efectos y los riesgos de importar medicamentos, suscrita por los diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, innumerables han sido los esfuerzos de los gobiernos para poder cumplir este mandato; sin embargo, con el número de habitantes del país y con la limitada infraestructura de salud que tenemos los esfuerzos pareciera que son en vano.
Uno de los esfuerzos más significativos en los últimos años es la creación de un sistema de salud que mediante tabuladores permitió dar a los habitantes servicios de salud amoldados a sus capacidades económicas; generando que 54 millones de personas pudieran afiliarse, contando con 12 mil 483 unidades médicas de las cuales 392 atendían problemas de salud complejos o catastróficos.
Se tenía un Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) que contempla mil 663 enfermedades, de las cuales 61 son consideradas catastróficas. Es decir, se había logrado generar un esquema de sistema de salud que permitía la atención de habitantes sin seguridad social a costos accesibles, con un catálogo que les permitía atenderse de un gran número de enfermedades, algunas de alto costo.
El actual gobierno federal ha considerado que el esquema del ahora extinto Seguro Popular era permisivo, costoso y muy corrupto, generando grandes gastos en salud sin que se lograra la atención de la población objetivo; esto con base en sus propios datos, ya que datos dados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que “se identifican como resultados del programa a fin de que “La afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) reduce en seis puntos porcentuales la prevalencia del gasto en salud. Y en tres puntos porcentuales la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud”. A nivel de propósito se identifica que “los hogares SPSS tuvieron una utilización de servicios más frecuentes que los hogares no asegurados pero ligeramente menor a la de hogares con otro esquema de financiamiento”. Además que “La incorporación de la población al programa ha evitado que miles de familias eroguen cantidades que pongan en riesgo su estabilidad financiera por cuestiones de salud”.1 Aún con estos datos, el gobierno federal, fiel a su estilo incendiario, emprendió una campaña de desprestigio que tuvo como consecuencia el cambio al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y la búsqueda de esquemas de compras consolidadas de medicamentos para todo el sector salud.
Estas equivocadas y nada planificadas decisiones, llevaron a iniciar un proceso de licitación internacional de medicamentos que inició en el mes de octubre, publicando la convocatoria en diciembre. Esto sin garantizar el suministro de medicamentos en el periodo comprendido entre la última compra bajo el esquema anteriormente utilizado y la primera distribución de medicamento bajo el esquema de compra consolidada.
Frente a este problema, el gobierno federal, en aras de la “Austeridad Republicana”, decidió que es mejor ahorrar unos centavos que garantizar el acceso a medicamentos por parte de los derechohabientes del sector salud. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 se estableció que se harían compras consolidadas de medicamentos y materiales para el sector salud, resultando que durante este mes de enero se tenga falta de medicamentos en las instituciones; teniendo especial atención en falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades terminales y crónico degenerativas.
Debido al proceso de compra consolidada se tiene sólo la posibilidad de iniciar con el abasto de medicamentos a partir de marzo, ya que las mismas condiciones de la compra así lo establecieron, dejando a los centros de salud sin medicamento para los meses de enero y febrero. Frente a esto, los administradores de los servicios de salud han solicitado a Hacienda que se les permita ampliar contratos para cubrir la demanda de medicamentos mientras tanto inicia la entrega resultado de las compras consolidadas.
Resultado de ello, el Presidente de la República culpó a los directores de las instituciones de salud del problema, incluso diciendo que se iban a hacer auditorías para determinar si existen casos de corrupción. El 22 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio respuesta a un oficio enviado por el titular de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde solicitaba la oportunidad de ampliar contratos para la compra de medicamentos; en dicho documento les responde que se pueden llevar a cabo ampliaciones de contratos con proveedores siempre y cuando se ajusten a los precios logrados con la compra consolidada; y si fuera el caso de que un proveedor actual haya resultado adjudicado en proceso licitatorio para 2020 se le puede solicitar entregas anticipadas desde el presente mes.
Con lo anterior, el gobierno acepta que el problema de desabasto si surge de su incapacidad para prever las compras, si bien deben de buscar el mayor ahorro posible, no pueden poner éste por encima de la salud de las y los mexicanos.
En el mismo tenor, y con tono de chantaje, el gobierno ha decidido que, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se clausurarán las líneas de producción de la farmacéutica PISA, una de las más grandes proveedoras de fármacos al sistema de salud. Esto frente a la negativa de la misma a surtir medicamentos sin previo contrato que garantizara el pago del medicamento surtido.
Ante ello, el gobierno ha decidido emprender la licitación internacional, misma que obvió un problema mayor, gran parte de los medicamentos que se pretenden licitar en el extranjero no cuentan con registro sanitario ante Cofepris; por tal motivo, el pasado 28 de enero la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual se permite la importación de medicamentos sin que tengan este registro.
El acuerdo es preocupante por todo lo que conlleva, lo primero es el desprecio a las instituciones de regulación que tenemos en el país, haciendo a un lado a Cofepris, la encargada de establecer la calidad de los productos y con ello el permiso para distribuirlos y comercializarlos en el país. Este acuerdo vulnera el derecho a la salud de los habitantes del país, debido a que ponen en riesgo el tratamiento de sus enfermedades al poder ingresar a nuestro país medicamentos de dudosa calidad o que no cumplan con los estándares establecidos en nuestro país.
Adicional al tema de salud, se debe analizar el tema económico, se está golpeando a una industria que a 2013 generaba 65 mil puestos de trabajo, con más de 2 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera directa y la generación de más de 10 mil 700 millones de dólares.2 Esta acción podría afectar gravemente al sector, un sector que se ha esforzado por cumplir con todas las normas de calidad que pide el país para obtener el registro sanitario, normas que no estarán obligadas a cumplir las farmacéuticas internacionales.
No queremos que la falta de planeación del actual gobierno y su necesidad de poner parche tras parche a su política de salud vulnere la vida de los mexicanos; no queremos que el Presidente, por no reconocer sus errores, ponga en riesgo a todo un país, tanto en materia de salud como en materia económica. Este acuerdo deja más preguntas que soluciones por lo que sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor Jorge Alcocer Varela, para que haga del conocimiento público las implicaciones, efectos y riesgos en materia de salud y regulación sanitaria del “Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los artículos 161 Bis, 167, 169, 170 y 177 del Reglamento de Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que se refieren los artículos 2o., fracciones XIV, XV, incisos b y c y 166, fracciones I, II y III del Reglamento de Insumos para la Salud; en relación con los artículos 222 y 229 de la Ley General de Salud, los requisitos solicitados y procedimientos de evaluación realizados; así como la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México, dirigido a cualquier enfermedad o padecimiento, que estén autorizados por las siguientes autoridades reguladoras: Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed, Comisión Europea, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, Ministerio de Salud de Canadá, Administración de Productos Terapéuticos de Australia, Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero de 2020.
Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, doctora Graciela Márquez Colín, para que haga del conocimiento público las implicaciones y efectos económicos que tendría la posibilidad de importar fármacos sin necesidad de registro sanitario, así como las afectaciones que esto causaría a la industria farmacéutica nacional; derivado del acuerdo mencionado en el punto primero.
Notas
1 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2 015/SALUD/U005_SPOPULAR/U005_SPOPULAR_IE.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62881/130820_DS_Farmaceu tica_ESP.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2020.
Diputados:
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF y la SFP a investigar, auditar y, en su caso, sancionar los contratos millonarios otorgados por la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, desde su llegada a la agencia, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el 21 de marzo del año 2019, Sanjuana Martínez asumió la dirección de Notimex, anunciando una renovación de la agencia de noticias y se asegurando que habría una revisión profunda para evitar actos de corrupción y para mejorar la calidad de los servicios informativos.
Que en los últimos meses, los trabajadores han acusado que las condiciones laborales no son las óptimas y se han manifestado en repetidas ocasiones para protestar un acoso laboral, así como por despidos injustificados.
Que en el mes de julio de 2019, periodistas y trabajadores de Notimex denunciaron el despido de más de100 trabajadores de la agencia de noticias, incluidos 70 de base sindicalizada, 10 de honorarios, 7 de confianza, 6 directores de área y 6 subdirectores, igual bajo el argumento de las medidas de austeridad y control presupuestario.
Que en misma fecha, en carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, ex colaboradores, detallaron que se han violado varias cláusulas del contrato colectivo, entre las que establece que en caso de despido el trabajador deberá recibir la cantidad de tres meses de sueldo como indemnización y la prima de antigüedad que corresponde por ley.
Además de la retención del pago de su fondo de ahorro hasta que firmaran su liquidación al 40 por ciento de lo correspondiente y las presiones para adherirse a un sindicato blanco promovido por Sanjuana Martínez y dirigido por Jesús Rodríguez Espinosa quien fuera chófer y guardaespaldas del ex dirigente sindical, Conrado García, quien supuestamente denunció la directora de Notimex, pero que no existe ningún documento en la Función Pública, ni el Ministerio Público al respecto.
Que el pasado 10 de julio, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD presentamos ante esta Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que solicitamos la comparecencia de la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez Montemayor, para que informara pormenorizadamente los trabajos realizados en dicha agencia.
Que el 17 del mismo, suscribí la proposición de un punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal, a aclarar y atender los casos de despidos ocurridos, en contra de la clase trabajadora, sobre todo de los medios públicos de comunicación, con el fin de garantizar sus derechos laborales.
Que a la par de los despidos y la negativa a liquidar conforme a la ley, la directora Sanjuana Martínez, contrató en un proceso viciado, ya que se debió convocar a tres empresas y sólo concursaron dos, para otorgar a Notimex “Servicios de Cobertura Periodística”.
Como es el caso de la contratación de Hugo Gerardo Gutiérrez de León, que tiene un contrato por tres meses de “Servicios de Cobertura Periodística” por 1 millón 730 mil 187 pesos, es decir de 579 mil pesos mensuales.
Que en los últimos meses la directora general de Notimex ha adjudicado al menos 10 contratos millonarios, uno de ellos paradójicamente a despachos de abogados que tienen como encomienda informar sólo verbalmente a los trabajadores de Notimex que están despedidos y ofrecerles una liquidación menor al 50 por ciento.
Procesos ilegales, ya que dichos despachos no cuentan con la representación jurídica para realizar despidos, además de que no entregan ningún documento donde se determine el motivo o causa del despido, como lo determinó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que asimismo tengo en mi poder los contratos en materia Compranet cómo lo es Revisión de Códigos de Seguridad Informática en favor de José Cástulo Salas Gutiérrez, por un monto de 1 millón 460 mil pesos, otro de diseño normativo y estructural de Notimex por 1 millón 450 mil pesos y uno más del plan estratégico de comercialización también por 1 millón 450 mil pesos, entre otros.
Que en marzo a la fecha suman 223 despidos injustificados de personal de base, de un total de 320 que había en la agencia al inicio de este año y que no se han realizado los pagos de las liquidaciones que establece la ley. Ello sin incluir a los 22 corresponsales extranjeros.
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado sistemáticamente la corrupción, el amiguismo, los contratos a modo y la falta de transparencia en los gobiernos anteriores, así como los contratos millonarios a modo a periodistas cercanos al régimen a quiénes ha tildado de Fifis.
Que en ese sentido es paradójico que bajo el discurso de la austeridad donde se dieron los despidos de más de 200 periodistas, se estén entregando estos contratos millonarios a particulares.
Que el pasado 1 de enero trabajadores de la agencia acudieron al zócalo capitalino y frente a Palacio Nacional escribieron la alerta “SOS Notimex. Justicia”, para protestar contra los despidos injustificados, el ofrecimiento de pago de liquidaciones fuera de la ley y el acoso laboral.
Que la misión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares, con el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público (https://www.asf.gob.mx/)
Que la Cámara de Diputados tiene la facultad y la obligación de revisar el ejercicio correcto del gasto público como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al que están obligados los organismos públicos y en este caso Notimex.
Que los derechos laborales de todo trabajador son irrenunciables y que, el deber del estado es garantizar condiciones laborales justas.
Que con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deben buscar soluciones que reivindiquen los derechos laborales de todas y todos los mexicanos. Así mismo su respeto y defensa por la estabilidad y seguridad en el empleo, frente a una relación jurídica, de igual forma consignados en el artículo 5 constitucional.
Que la estabilidad en el empleo consiste en el derecho que se le reconoce al trabajador de permanecer en el cargo que se desempeña, a no ser despedido sin causa debidamente justificada por el funcionario competente y, en caso de despido injustificado, a ser reinstalado o indemnizado.
Que este derecho se encuentra consignada por la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, para los trabajadores en general y, en la fracción IX del apartado B para los trabajadores al servicio del Estado.
Que, en ese sentido, el pasado 18 de diciembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, para terminar una relación laboral de trabajadores con más de 20 años de antigüedad, el patrón está obligado a expresar la causa grave que la motiva y que hace imposible continuarla, para que el trabajador pueda preparar su defensa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que en el ámbito de sus facultades, investigue, audite y, en su caso, sancione, los contratos millonarios que ha otorgado la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, desde su llegada a la Agencia.
Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar las denuncias existentes en el 2019 sobre prácticas y contratos ilícitos, nombramientos ilegales, operación de una estructura paralela de 122 personas, despidos no justificados de 223 periodistas y personal de base y de confianza, ocurridos en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex
Tercero . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución, de las y los empleados de la Agencia de Noticias del Estado de México Notimex, así como investigar y, en su caso, realizar las acciones conducentes respecto de la probable violación de diversas normas y derechos en contra de las y los trabajadores de dicha Agencia.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2020.
Diputados: Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
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