Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5441-V, miércoles 22 de enero de 2020

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Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conanp a implantar con el gobierno de QR estrategias y acciones específicas para proteger, conservar y preservar especies endémicas y en peligro de extinción de la biodiversidad de Cozumel, suscrita por la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Cofepris y las instancias federales encargadas de autorizar y vigilar el uso de aditivos y coadyuvantes en alimentos y bebidas a ampliar y fortalecer las acciones contra productos nocivos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, la Semar y la SSPC a investigar y atender las denuncias de desaparición de sus efectivos, no catalogar estos casos como deserciones y brindar a las víctimas apoyo total, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de Jalisco a informar detalladamente por qué se liberó a los feminicidas confesos de Heidi Curado y Yolanda Paloma, así como al presunto victimario de Tania Gómez, suscrita por el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y Capufe a colaborar en las obras de modernización de la autopista Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas y activar con la mayor brevedad la total operación de las nuevas casetas de cobro, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que las comisiones respectivas dictaminen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, aprobado en el Senado el 3 de abril de 2018, a cargo del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a suspender el aumento de las tarifas del transporte público mientras no haya garantías para prestar un servicio de mejor calidad, seguro, eficiente y eficaz, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a implantar medidas de protección y seguridad de clientes y vecinos de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas locales a fortalecer las acciones de prevención, detección y tratamiento de casos de dengue, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a analizar si hay responsabilidades administrativas punibles para la Iglesia Católica debido al encubrimiento y la negligencia que ha reconocido frente a los casos de pederastia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la elección de cuatro consejeros del INE, a cargo de las diputadas Juanita Guerra Mena y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y Pemex a informar a la opinión pública por los medios de comunicación oficiales cómo se aplicaron los 2 mil millones de pesos para reconfigurar la refinería de Salamanca Antonio M. Amor y cuál es el porcentaje de avance, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y la Profeco a implantar programas informativos y preventivos para evitar que la población sea estafada en compras por internet, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a coordinar con el COM la entrega de uniformes de la talla de cada uno de los atletas y equipo deportivo necesario para la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, suscrita por el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, el INM y el IME a desarrollar un programa urgente de formación, capacitación y certificación dirigido a connacionales repatriados desde EUA para incorporarlos a las escuelas públicas como docentes de inglés especializados, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a colaborar en materia financiera, sanitaria, de personal médico o de otra índole con hospitales de Guadalajara para atender la elevada demanda de servicios médicos por pacientes de demarcaciones circunvecinas a la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la CFE a establecer acuerdos para condonar adeudos de diversas instituciones de educación pública en el país, a cargo del senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar con el Insabi y las autoridades sanitarias locales competentes la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a garantizar los servicios médicos requeridos de manera urgente por personas sin seguridad social y emitir con la mayor brevedad la información sobre la cobertura de los servicios de salud, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a fortalecer la estrategia para prevenir y combatir la trata de personas, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer ante esta soberanía a los titulares del IMSS, la Ssa y el Insabi para explicar qué acciones y medidas implantan contra el desabasto prevaleciente en la prestación de los servicios de salud, personal especializado, medicamentos y atención de pacientes con enfermedades como cáncer y VIH, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las medidas implantadas para resolver la grave crisis de desapariciones en la entidad, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE a modificar la resolución por la que se otorga a Pemex Transformación Industrial una ampliación del plazo a fin de cumplir la especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en la NOM-016-CRE-2016, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar de inmediato una campaña de regularización y corrección de inconsistencias en las claves únicas del Renapo, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a autorizar que el aumento de tarifa del transporte público no aplique a estudiantes, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a difundir información detallada sobre la situación financiera de los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y de las Entidades Federativas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para recomendar al gobierno de BCS que difunda un informe sobre el proceso de promulgación y publicación de decretos aprobados en los últimos seis meses por el Congreso local, suscrita por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a trabajar por la SHCP y la SE en el estudio y la implantación de un programa integral que fomente el aumento del porcentaje de componentes nacionales en los productos de exportación, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a dar marcha atrás al aumento anunciado de la cuota por el uso del tramo carretero de la autopista Monterrey-Saltillo, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la PGJ de Tlaxcala, así como al ayuntamiento de Tenancingo, a emprender acciones urgentes para prevenir, investigar, perseguir, castigar y erradicar la trata de personas, y actuar contra elementos policiacos y servidores públicos coludidos, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a suscribir por la SCT y el ayuntamiento de Monterrey convenios de coordinación para dotar de infraestructura peatonal a las colonias situadas en los márgenes de la carretera en el municipio, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS y el ISSSTE a garantizar el abasto de medicinas, insumos y equipamiento necesario en la atención de los derechohabientes, la suficiencia de personal médico y la eficiencia de los servicios de salud que proporcionan en Coahuila de Zaragoza, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, Pemex y la ASEA a investigar e informar con la mayor brevedad a esta asamblea sobre las causas del incendio ocurrido en la plataforma petrolera Akal-C6 el pasado 7 de enero; y fortalecer las medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos en ese tipo de instalaciones el país, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conanp a implantar con el gobierno de QR estrategias y acciones específicas para proteger, conservar y preservar especies endémicas y en peligro de extinción de la biodiversidad de Cozumel, suscrita por la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Adriana Paulina Teissier Zavala, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, implementen las estrategias y acciones específicas destinadas a la protección, conservación y preservación de especies endémicas y en peligro de extinción de la biodiversidad de la Isla de Cozumel en ésa entidad federativa; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la última evaluación de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su informe 2019 indicó que aproximadamente el 27 por ciento de las más de 30,000 especies evaluadas se encuentran en peligro de extinción;1 tal condición afecta al 41 por ciento de los anfibios, el 25 por ciento de los mamíferos, el 14 por ciento de las aves, el 30 por ciento de tiburones y rayas, así como el 33 por ciento de los corales.

Por su parte, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),2 en su último informe sobre el estado de la biodiversidad (Global Assessment Summary For Policymakers),3 concluye que muchas especies podrían desaparecer en las siguientes décadas si no se adoptan medidas urgentes, señalando que la pérdida de especies es una amenaza a la seguridad alimentaria y al suministro de agua, empeorando incluso la crisis climática. Los principales factores de la enorme caída de la biodiversidad en los últimos años son los cambios en el uso de tierras -incluida la agricultura y ganadería-, la sobreexplotación (caza y pesca), los incendios forestales, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras, así como el crecimiento demográfico y sobretodo el consumo desmedido.

De manera similar coincide la organización World Wildlife Fund (WWF), la cual, en 2019, alertó que, en las siguientes décadas, dos tercios de los animales en el mundo podrían desaparecer por culpa de las actividades del humano. El reporte fue realizado luego de observar diversas tendencias en 14 mil 512 grupos de 3,706 diferentes especies de animales en el mundo, concluyendo que cada año, desde la última década, se ha perdido un 2 por ciento de toda la fauna mundial.

Nuestro país no es ajeno a estas aseveraciones; solo por citar un factor de degradación, en 2019, la amplia biodiversidad de la que gozamos se vio impactada por los más de 7 mil 400 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 633 mil 678 hectáreas;4 en éstos casos, el fuego ha representado ser el agente exógeno de mayor daño a los ecosistemas nacionales, basta ver los graves efectos que está causando en Australia, donde el Koala ya se encuentra considerando como una de las especies animales en peligro de extinción.

Como legisladores, no podemos ser omisos a la situación que prevalece y afecta la biodiversidad nacional; más aún, cuando sabemos que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México es un territorio rico en especies endémicas,5 lo cual quiere decir, que gran parte de nuestra biodiversidad está compuesta por especies que solo existen en nuestro país. Sin embargo, en opinión de Gerardo Ceballos González, Investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, “en los últimos años se ha perdido (el) 40 por ciento de toda la fauna que había en el país y si las tendencias siguen, podría ser otro 20 por ciento en los próximos cuatro o cinco años; el problema es muy grave. Desgraciadamente, es un conflicto difícil de cuantificar por varias razones. Aunque no tenemos casos muy específicos de cuántas especies han desaparecido en México, sí sabemos que se han extinguido en los últimos 40 años alrededor de unas 20 especies de vertebrados; es decir, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces...”.6

El estado de Quintana Roo, como en el resto del país, es ejemplo de ello, al ser un santuario de especies endémicas, mismas que, lamentablemente se encuentran en grave riego.

Particularmente, es de especial atención el caso de Cozumel, isla que en la “Ficha Técnica para la evaluación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de los Ambientes Costeros y Oceánicos de México”,7 elaborada por Conabio, tiene registrada 10 especies en peligro de extinción, entre vegetales o animales, así como 12 más en condición de endémicas; por lo que, de no impulsar estrategias y acciones específicas para la protección, conservación y preservación de ésas especies, entre las que se encuentran tortugas como la marina caguama y la tortuga blanca, aves como el pato real y mamíferos como el mono araña o el mapache enano, en pocos meses, ya no años, muchas de las citadas especies tendrán que ser registradas entre las extintas del país.

El caso es particularmente grave, pues solo una de ellas, de acuerdo con la Lista Roja de la UICN, el mapache de Cozumel se considera en peligro crítico, a pesar de encontrarse dentro de la lista de especies protegidas a nivel nacional. Ésta especie, que es el mapache más pequeño que existe en México, cuenta con una población de entre 250 a 300 ejemplares y se encuentran extremadamente en peligro de extinción debido a su pequeña área de distribución, ya que se encuentran solamente en una pequeña zona costera en el noroeste de la isla, una zona en desarrollo, por lo que los efectos de la pérdida de su hábitat son graves. A pesar de que deberían vivir hasta 12 años en un ambiente salvaje, y en cautiverio se supone que su longevidad se alarga alrededor de 20 años, no viven más de 3 años a causa de la caza, enfermedades provocadas por fauna doméstica (perros y gatos), desaparición de la madre, o accidentes de tráfico, por lo que puede desaparecer para siempre de México y, por tanto, del mundo entero.

Si bien, el mapache de Cozumel es solo un ejemplo, la condición de otras especies endémicas de la Isla de Cozumel y en peligro de extinción es apremiante; por ello, exhorto a la autoridad medioambiental federal, particularmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, en el ámbito de sus responsabilidades y de la suficiencia presupuestal que derive de la ejecución del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo y del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, para que en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, implementen las estrategias y acciones que sean necesarias para el cuidado y preservación de la biodiversidad de la Isla de Cozumel y de ésta forma, evitar que continúe la extinción de miles de especies animales y vegetales en México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en coordinación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, implementen las estrategias y acciones específicas destinadas a la protección, conservación y preservación de especies endémicas y en peligro de extinción de la biodiversidad de la isla de Cozumel en esa entidad federativa.

Notas

1 Véase https://www.iucnredlist.org/es/

2 Véase https://ipbes.net/node/36211.

3 Véase https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessm ent_report_summary_for_policymakers.pdf

4 Véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522446/Cierre_de_la_Temp orada_2019.pdf

5 Véase
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html

6 Obtenido de
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/4/peligran-flora-y-fauna-en-mexico-se-ha-perdido-40

7 Véase
http://www.conabio.gob.mx/gap/images/9/96/74_Isla_Cozumel.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Cofepris y las instancias federales encargadas de autorizar y vigilar el uso de aditivos y coadyuvantes en alimentos y bebidas a ampliar y fortalecer las acciones contra productos nocivos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En fechas recientes, las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México hemos recibido por distintas vías, los reclamos, inquietudes, solicitudes y múltiples manifestaciones por parte de la población, en referencia a la incertidumbre que tienen sobre el riesgo o peligro que corren al consumir productos procesados, producidos y comercializados en territorio nacional.

Incertidumbre fundada por distintas notas publicadas en la prensa, transmitidas en la televisión,1 así como por el diálogo mantenido con distintas organizaciones de la sociedad civil, sobre los riesgos de consumir productos procesados, que más allá de repercutir en su estado de nutrición, los expone a contraer enfermedades como cáncer, Alzheimer, daño pulmonar, respiratorio y otras que podrían considerarse de mayor daño a la salud.

Si bien desconocemos si la información que circula en distintos medios es cierta o no, es evidente que ésta ha puesto en alerta a la población y ha generado desconfianza sobre muchos productos que se comercializan en el país y cuyo consumo es muy popular. Ejemplos de alguno de estos productos son:

-Nutella2
-Galletas Oreo
-Chocolates Ferrero Rocher
-Chocolates Kinder Bueno y Kinder sorpresa
-Chocolates Kit Kat
-Chocolates Mars
-Chocolates Snickers
-Chocolates Twix

-M&Ms
-Leche junior crecimiento de Nestlé
-Caramelos Sugus
-Cereales sabor yogur Special K de Kellogg’s

-La margarina Tulipán
-La margarina Flora

-Doritos
-Ruffles

-La crema de marisco de Knorr
-Los tortellini de queso de Knorr
-Cereales Nesquik

-Palomas de maíz para horno de microondas3

El denominador común de estos productos es que contienen diacetilo, aceite de palma, o bien, cualquier otro aditivo o coadyuvante para la fabricación de productos alimenticios.

En el país contamos con normatividad que regula el uso de diferentes sustancias utilizadas en la producción de alimentos, particularmente el “Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias”.4

El documento referido señala que un aditivo alimentario es:

“Cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición al producto con fines tecnológicos en sus fases de producción, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del producto o un elemento que afecte a sus características (incluidos los organolépticos). Esta definición no incluye ‘contaminantes’ o sustancias añadidas al producto para mantener o mejorar las cualidades nutricionales;”5

Igualmente, el documento entiende como coadyuvante de elaboración, a aquella:

“Sustancia o materia, excluidos aparatos, utensilios y aditivos, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí misma, y se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, productos o sus ingredientes, para lograr una finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, que puede dar lugar a la presencia, no intencionada pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final;”6

En el anexo XI, inciso II, del acuerdo en comento, en materia de “saborizantes idénticos al natural”, se refiere al uso del diacetilo, la cual es una sustancia cuyo uso ha sido cuestionado porque existe evidencia científica del potencial que tiene de causar daño respiratorio al ser utilizadas en la producción de alimentos.7

El presente punto de acuerdo no pretende realizar un análisis técnico de los productos y sustancias que se tendrían que prohibir, sino un llamado a la autoridad a informar públicamente a la sociedad sobre el contenido de los productos alimenticios que se comercializan actualmente en el país, con la finalidad de dar certeza a la población sobre los riesgos para la salud que pueden implicar su consumo.

La población tiene derecho a contar con información clara y contundente por parte de las autoridades correspondientes, de tal forma que pueda tomar elecciones saludables y se garantice su tranquilidad.

En propio acuerdo referido dice, a la letra, lo siguiente:

“Que como una medida de protección a la salud de la población se requiere garantizar la condición idónea de los productos destinados al uso o consumo de las personas, mediante el adecuado control de los aditivos que intervienen en su elaboración;

“Que toda vez que algunas de las sustancias susceptibles de emplearse como aditivos en la elaboración de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios pueden tener efectos tóxicos o implicar cualquier otro riesgo para la salud, es necesario identificarlas claramente y restringir o prohibir su empleo;

“Que de los estudios realizados por esta dependencia se han podido distinguir las sustancias de las cuales no existen indicios de que su uso represente un riesgo para la salud, de aquellas que por sus cualidades sí lo constituyen;

“Que el campo de la industria de los alimentos y las bebidas se encuentra en evolución continua, por lo que es necesario adoptar acciones que protejan la salud de la población y que al mismo tiempo eviten el rezago de nuestro país en dicho campo, estableciendo un listado de referencia a partir del cual puedan establecerse los límites máximos en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios;

“Que el Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2006, y desde su publicación se han recibido solicitudes de la industria para la evaluación de sustancias y su inclusión en el mismo, y

“Que el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios faculta al secretario de Salud para determinar las sustancias permitidas, restringidas o prohibidas para la elaboración de los productos objeto del presente Acuerdo.”8

Es de destacar que “la industria de los alimentos y las bebidas se encuentra en evolución continua” y siempre pueden eliminarse o agregarse sustancias al acuerdo, y dado que “pueden tener efectos tóxicos o implicar cualquier otro riesgo para la salud, es necesario identificarlas claramente y restringir o prohibir su empleo”, siempre habrá que tomar como referencia los más altos estándares, los estudios nacionales e internacionales para evitar caer en laxitud que representen un riesgo para la población.

Resultaría preocupante y alarmante, de ser el caso, que empresas extranjeras encuentren en nuestro país la permisividad y laxitud para producir alimentos o bebidas con sustancias que no están permitidas en otros países en menoscabo de la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar una mesa de análisis donde se estudien los aditivos y coadyuvantes en alimentos y bebidas ya prohibidos en otros países y en México, a fin de ampliar y fortalecer sus acciones contra productos nocivos, salvaguardar la salud de las personas, garantizar la protección de los consumidores en el país y complementar el “Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias”.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) e instancias federales responsables de autorizar y vigilar el uso de aditivos y coadyuvantes en alimentos y bebidas que se utilizan en el país, a elaborar un informe claro y preciso, para darlo a conocer a la opinión pública, sobre el uso de sustancias que están restringidos en otros países por su efecto nocivo a la salud y está permitida su utilización en productos comercializados en territorio nacional, a fin de brindar certeza a la población sobre los riesgos por ingesta o producción.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, a que, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), implemente las acciones necesarias para la inspección en comercios en territorio nacional, vigilancia y cumplimiento del “Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias” e informar de los resultados a efecto de que exista tranquilidad en la población.

Notas

1 Véase, https://www.youtube.com/watch?v=Ky4lI70VIb0

2 Véase, https://actualidad.rt.com/actualidad/230328-nutella-alimentos-provocar- cancer

3 Véase, https://web.archive.org/web/20070630055310/http://defendingscience.org/ case_studies/upload/Ak-Pinar-Study.pdf

4 Véase, http://www.salud.gob.mx/cdi/nom/compi/Acuerdo_aditivos_160712.pdf

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Véase, https://web.archive.org/web/20070716191743/http://defendingscience.org/ case_studies/upload/Boylstein_2006.pdf

8 Véase, http://www.salud.gob.mx/cdi/nom/compi/Acuerdo_aditivos_160712.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica) Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, la Semar y la SSPC a investigar y atender las denuncias de desaparición de sus efectivos, no catalogar estos casos como deserciones y brindar a las víctimas apoyo total, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 29 de diciembre, el periódico La Jornada publicó en su página electrónica la nota titulada Declaran desertores a soldados y federales desaparecidos, denuncian ONG y familiares .1 En ella, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que, en vez de utilizar los protocolos establecidos para la búsqueda de sus integrantes que hubieran desaparecido en el ejercicio de sus labores, las fuerzas de seguridad federales los han declarado desertores, atribuyéndoles una responsabilidad penal que no les corresponde y eludiendo el cumplimiento de las prestaciones laborales a las cuales tendrían derecho sus familias.

En la nota se relatan diversos casos cuya gravedad ha sido ignorada por los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal dado que, desde el año 2015, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina ni la Policía Federal cuentan con el registro de estas desapariciones, condenando a sus integrantes a la mayor inopia por la indiferencia gubernamental.

Esta situación habría sido advertida desde el año 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en la recomendación 66/2017, advirtió de diversas violaciones a los derechos humanos de siete integrantes de la Policía Federal que fueron secuestrados y presuntamente asesinados por integrantes de La Familia Michoacana, en el mes de noviembre de 2009. En esta recomendación, la CNDH no sólo consigna las faltas operativas y administrativas que se cometieron en contra de estos Policías Federales al no proporcionarles los elementos indispensables para el desarrollo de sus labores, sino que además, derivado de los procedimientos de investigación, habiendo ya estado bajo proceso los presuntos responsables, el Órgano Interno de Control, en el año 2013, pretendió fincarles responsabilidades administrativas a los policías desaparecidos debido a que no habrían presentado sus declaraciones de modificación patrimonial.

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional estableció que:

99. Dichas autoridades transgredieron los derechos humanos de: a) seguridad jurídica y legalidad, trato digno e integridad y seguridad personal; b) seguridad jurídica y legalidad; y c) acceso a la justicia, en sus modalidades de procuración de justicia, atención a víctimas del delito y acceso a la verdad.

116. La protección de la vida, integridad y seguridad personal de los elementos policiales en las tareas a las que son asignados, deben estar respaldadas por estrategias y planes que reduzcan los riesgos que pudieran sufrir con motivo de la prestación de los servicios que se les encomiendan, además de contar con los recursos materiales que permitan su adecuado equipamiento para salvaguardar su integridad física o evitar sufrir algún daño.

Como consecuencia, emitió recomendaciones para diversas autoridades, con la finalidad de que, a los funcionarios públicos se les brinden las condiciones indispensables para el desarrollo de las labores; en caso necesario, se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito en su contra y se eviten procedimientos administrativos que puedan revictimizarlos en su caso.

Es por ello que resulta muy importante que todas las fuerzas de seguridad en nuestro país no sólo contribuyan a la seguridad de todas y todos los mexicanos, sino que respeten a cabalidad los derechos humanos y laborales de quienes, día con día, ofrendan la vida para garantizar la de los demás.

Por todo lo anterior, plenamente comprometidos con los derechos de las y los mexicanos, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar y atender las denuncias de desaparición de sus integrantes y no catalogar estos casos como deserciones, brindando todo el apoyo a las víctimas y garantizando el cumplimiento de sus prestaciones.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana información relativa a las investigaciones que se llevan a cabo por deserción y a los casos denunciados como desaparición de sus integrantes, en el período de 2015 a 2019.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2019/12/29/politica/005n1pol #.Xh9_ENd5fM8.twitter

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de Jalisco a informar detalladamente por qué se liberó a los feminicidas confesos de Heidi Curado y Yolanda Paloma, así como al presunto victimario de Tania Gómez, suscrita por el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena e integrante en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los primeros diez días de 2020, en Jalisco se han cometido una decena de feminicidios. Lo cual, abona a los 234 ocurridos en dicha entidad federativa de enero al 12 de diciembre de 2019. Estas cifras ubicaron a Jalisco en segundo lugar a nivel nacional en asesinatos a mujeres: tanto feminicidios como homicidios dolosos1 . Asimismo, el estado ocupa el tercer lugar con más feminicidios infantiles en todo el país; como lo señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Esta situación es alarmante debido a que genera un clima de violencia, hostilidad e inseguridad hacia las mujeres jaliscienses. En ese contexto, 7 de cada 10 mujeres en Jalisco sufren de violencia2 . Por ese motivo es fundamental la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia.

Desde la Comisión Permanente hacemos un extrañamiento al Poder Judicial de Jalisco para que informe y explique detalladamente cuáles fueron los elementos y motivos que se utilizaron para la pronta liberación de dos feminicidas confesos y un presunto feminicida.

El primer caso es la liberación del feminicida de Heidi Jurado, “mujer asesinada en 2009 y cuyo parricida confeso purgó una pena de 10 años, periodo tras el cual pidió el beneficio de la preliberación, el cual le fue concedido por el juez de ejecución de penas”3 .

Sobre dicho caso, “el juez Primero de Ejecución de Penas del estado de Jalisco, Bernardo Salazar Rodríguez, otorgó la libertad anticipada a Eugenio Ladra “M”, quien fue sentenciado a 38 años de prisión, luego de mandar asesinar a su esposa Heidi Jurado Belloc”4 .

Como se ha documentado, “el día de la liberación, Lucina –hermana de la víctima– declaró que en su familia ‘hay indignación, sorpresa y mucho dolor’, luego de conocer la decisión del juzgador”5 .

Otro de los casos “es el referente a Yolanda Palomar Bonilla, víctima de feminicidio a manos de su ex pareja Luis Alberto Organista, el 30 de julio de 2015, frente a una de sus hijas, en Mezquitic, Jalisco. El agresor sólo cumplió tres años de prisión preventiva, con un juicio que fue desechado como feminicidio y se juzgó como parricidio. Hace seis meses Luis Alberto fue sentenciado a 25 años de prisión, sin embargo, el 11 de diciembre de 2019”; como lo informó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)6 .

Sobre este caso, al asesino confeso de Yolanda Palomar, lo liberó “la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, que integran los magistrados Manuel Higinio Ramiro Ramos y Sergio Enrique Medrano Covarrubias; y el secretario de acuerdos en funciones de magistrado, Federico Hernández Corona; mientras que al de Heidi lo liberó el juez de Ejecución de Penas, Bernardo Salazar Rodríguez”7 .

El último de los casos fue señalado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres (SISMH) del gobierno de Jalisco, pues su titular señaló que, en diciembre de 2019, “el Poder Judicial liberó a un presunto feminicida identificado como Héctor “N”8 , quien habría asesinado a Tanía Gómez Vidrio.

Asimismo, Fela Patricia Pelayo, titular de la SISMH, agregó que “para el caso de Tania Gómez, aunque ya se había logrado la vinculación a proceso, la Sexta Sala lo revoca y lo deja en libertad”9 .

En ese sentido, a partir de diferentes notas de prensa y de distintas declaraciones provenientes de entidades públicas respecto a los tres casos antes mencionados, hay elementos suficientes para mostrar una profunda preocupación sobre el actuar del Poder Judicial de Jalisco. Además, no se observa que se esté juzgando con perspectiva de género.

No sobra destacar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México, menciona que los Estados deben velar por que “las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”10 .

No hay duda, México debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa al Poder Judicial del estado de Jalisco, para que informe detalladamente por qué se liberó a los feminicidas confesos de Heidi Curado, Yolanda Paloma y al presunto feminicida de Tania Gómez.

Notas

1 Frida Sánchez (2019). “Aumentan 40 por ciento los homicidios de mujeres en Jalisco... y atrasan Fiscalía de género”

https://www.razon.com.mx/mexico/aumentan-40-los-homicidi os-de-mujeres-en-jalisco-y-atrasan-fiscalia-de-genero/

2 Elsa Martha Gutiérrez (2019). “En Jalisco, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia”. https://www.milenio.com/politica/comunidad/siete-de-cada-diez-mujeres-e n-jalisco-sufren-violencia

3 Elsa Martha Gutiérrez (2019). “A diez años de crimen, liberan al asesino de Heidi Jurado Belloc”. https://www.milenio.com/policia/heidi-jurado-belloc-juez-jalisco-deja-l ibre-exesposo-asesino

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Comunicado de prensa. “Reprobable que Poder Judicial de Jalisco libere a feminicidas confesos”

https://92eab0f5-8dd4-485d-a54f-b06fa499694d.filesusr.co m/ugd/ba8440_fe617749c41b4ac1bfcbb004b43c0b07.pdf

7 Luis Herrera (2019) “Feminicidas liberados por el Poder Judicial”. https://www.reporteindigo.com/reporte/feminicidas-liberados-por-poder-j udicial-jalisco-jueces-magistrados-criticas/

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Recomendación General 19. Artículo24, inciso b. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100990.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senador José Alejandro Peña Villa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y Capufe a colaborar en las obras de modernización de la autopista Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas y activar con la mayor brevedad la total operación de las nuevas casetas de cobro, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición de punto por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que concluyan con las obras de modernización de la autopista Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas y que se active a la brevedad la operación en su totalidad las nuevas casetas de cobro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“El desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país es la esencia del estado federal.”1

La infraestructura carretera es fundamental para comercializar bienes y servicios y permitir el traslado de personas, las carreteras propician el desarrollo fomentando las oportunidades de educación, salud, cultura, economía, turismo y recreación. Teniendo como objetivo incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio.

Por ende, la SCT, por mandato normativo contribuye al mejoramiento de las vías de comunicación, promoviendo la construcción, conservación y mantenimiento de carreteras, autopistas y caminos rurales, optimizando el uso de los recursos públicos, coadyuvando a la transparencia de los procesos de licitación y contratación y fomentando la eficiencia en los proyectos.

Para desarrollar y mantener una infraestructura eficiente, sostenible y de calidad, que ayude a concretar los objetivos de competitividad y productividad, las directrices para 2019 son:

• Transparencia: privilegiar la licitación pública y contar con un padrón de contratistas.

• Eficiencia: hacer más con menos y simplificar procesos, ejecutar obras en tiempo y forma y mejorar proyectos de ingeniería y control de costos.

• Calidad no negociable: garantizar la calidad y actualizar y cumplir las normas y especificaciones de construcción”.2

De acuerdo al primer informe menciona la SCT que “la red carretera del país suma 407,965.25 kilómetros, de los cuales 51,204.28 conforman la red federal, 288,107.01 kilómetros la red de caminos rurales y alimentadores, y 68,653.96 kilómetros son brechas”3

Por lo anterior, quiero remontarme en la historia para tener un claro panorama de cómo se ha estado avanzando en las redes carreteras de nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) y Banco Nacional de Obras (Banobras) mencionan que una concesión carretera es “un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”; asimismo, con la evolución de diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos, actualmente se cuenta con una legislación especializada, que tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la distribución de beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión de un servicio público específico.

La experiencia de concesiones en México ha pasado por distintas etapas con mayor y menor éxito. A pesar de los problemas que tuvieron las otorgadas a principios de los años noventa, en lo que se denominó el Programa Nacional de Autopistas, México ha evolucionado muy positivamente en los últimos años y es actualmente uno de los países con más activos, tanto en concesiones como en otros modos de introducir la iniciativa privada en la provisión de infraestructura”.

En este tenor, se reconoce que la primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989 con el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la financiación de las concesiones con una aportación del Banobras de 50 por ciento de los costos de la construcción, a la vez que el Gobierno aportaba 25 por ciento. De este modo y tan sólo 25 por ciento restante debía ser aportado por las empresas privadas”.4

Por lo anterior en la actualidad la inversión público-privada según datos de la SCT en su primer informe menciona lo siguiente:

Por lo antes expuesto, la importancia de la infraestructura en México es fundamental para determinar los costos de acceso al mercado, tanto de producción como de insumos, así como proporcionar servicios básicos de benéfico a la población.

Es impérate, que la SCT haga valer la ley y la aplique ya que cuando un privado se adhiere a un título de concesión que lo regula diversas leyes en la materia se sujetan ambas partes a derechos y obligaciones en las cuales las obligaciones y los términos de tiempo y forma son claramente violados.

Me quiero referir las nuevas la modernizada y rehabilitada las autopistas Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas.

En este tenor la caseta de cobro por parte de Capufe, está operando al 50 por ciento en el caso del entronque con las autopistas Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas.

Aun y cuando tienen meses de haberse terminado y equipado, las casetas de cobro que fueron modernizadas y que desde hace más de dos meses están terminadas no han entrado en operación, y la empresa no ha dado informes mucho menos la SCT porque está en ese porcentaje operando, autoridades locales señalan que desconocen los motivos por los que se han puesto en marcha las nuevas casetas de peaje.

Las obras concluyeron hace un año aproximadamente durante el periodo de 2018 y parte de 2019, se modernizaron sitios de la misma autopista y se renovaron las vallas metálicas laterales, además de que se hizo una ampliación en el acotamiento de la carretera federal, se colocaron modernos equipos y casetas con diseño moderno, sin embargo, sólo están de adorno, no operan y en que concierne a la salida de Salamanca hacia Celaya por la autopista 45-D no tiene habilitado el acceso que sería por la calle contigua a la colonia Primavera I.

Se desconoce cuándo entrarán en operación las casetas de cobro que recientemente fueron colocadas a la altura de los entronques de las autopistas, aunque la mitad de éstas ya está operando, el resto obedece a que aún continúan en operación las casetas que se encuentran en el paso de Salamanca.

Es por lo anterior y el objetivo de este punto de acuerdo que las autoridades federales en este caso la SCT y Capufe que concluyan con las obras de modernización de la autopista Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas y que se active a la brevedad la operación en su totalidad de las nuevas casetas de cobro.

Con la conclusión de esta obra fortalecerá la economía de la región, incrementará el acceso de la población a los servicios públicos, eleva la generación de empleos permanentes, impulsa el desarrollo sustentable y fortalece la infraestructura necesaria para el incremento de la actividad turística.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que concluyan las obras de modernización de la autopista Salamanca-León y Salamanca-Lázaro Cárdenas y que se active a la brevedad la operación, en su totalidad, de las nuevas casetas de cobro.

Notas

1 https://www.pan.org.mx/docs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAA iJNc5U6xqTHiSO.pdf, punto 13 Municipios y Sistema Federal, pág. 15

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501479/
Primer_Informe_de_Labores_SCT_2018-2019.pdf primer informe de labores de SCT pág. 9

3 Lop. Cit.

4 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnic a/pt497.pdf, Concesiones carreteras en México, una aproximación a su productividad económica como medida de desempeño.

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501479/Primer_Informe_de _Labores_SCT_2018-2019.pdf pag 10

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que las comisiones respectivas dictaminen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, aprobado en el Senado el 3 de abril de 2018, a cargo del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los numerales 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para que solicite a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que las comisiones respectivas dictaminen la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud que se aprobó el 3 de abril de 2018 en el Senado de la República y que se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Introducción

El trasplante quirúrgico de órganos comenzó poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y, durante más de medio siglo, se ha convertido en una práctica que ha permitido alargar y mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo.

Dentro de la comunidad médica, los trasplantes son considerados como uno de los avances más importantes en este ámbito, toda vez que para llevarlos a cabo se involucran prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna.

Gracias a la mejora de los avances tecnológicos de las ciencias médicas en los últimos años, la demanda de órganos se ha incrementado. Sin embargo, históricamente la oferta de órganos se ha mantenido en niveles bajos.

Por esta razón, ha sido necesario adoptar medidas que permitan generar un esquema jurídico ordenado, racional y ético para el trasplante de células, tejidos y órganos humanos.

En nuestro país se han hecho importantes esfuerzos para diseñar instituciones y mecanismos que permitan mejorar los procesos de detección, obtención y registro del consentimiento relacionados con la donación.

Tal es el caso del Centro Nacional de Trasplantes, institución creada en el año 2001 y que desde entonces ha enfocado su labor en la consolidación de un sistema de donación y trasplante de órganos acorde a las necesidades del sistema de salud mexicano.

Sin duda alguna, nuestro país debe aspirar a construir un marco jurídico que permita a la población entender este acto como una acción de auténtico altruismo, es decir, como la posibilidad de dar un regalo de vida para quien más lo necesita.

2. Datos generales sobre la donación de órganos

La donación de órganos es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona que ha muerto recientemente o de un donante vivo, con el propósito de realizar un trasplante. Los órganos y los tejidos son extirpados en procedimientos similares a la cirugía. Personas de todas las edades pueden ser donantes de órganos y tejidos. Se producen muchas más donaciones de personas fallecidas que de personas vivas.

La donación de órganos en México está prevista en la Ley General de Salud como el consentimiento expreso de una persona para que en vida o después de su muerte su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean utilizados en trasplantes.

Algunos órganos que se pueden trasplantar son corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones. Mientras que algunos de los tejidos que se pueden trasplantar son córneas, piel, huesos, médula ósea, válvulas cardiacas, arterias y venas, tendones y cartílago.

Cabe señalar que si una persona pierde la vida por paro cardiorrespiratorio, únicamente podrá donar tejidos como: hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos.

Si pierde la vida por muerte encefálica, podrá donar órganos (corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas) y tejidos (hueso, piel, córneas, tendones, cartílago y vasos sanguíneos).

Se le llama isquemia al periodo que un órgano dura viable para trasplante fuera del organismo, durante el lapso que transcurre entre la cesación de la circulación sanguínea del donante y su implante vascular en el receptor.

El tiempo de isquemia varía según el órgano:

• Riñón: hasta 20 horas.

• Corazón: hasta 4 horas.

• Hígado: hasta 15 horas.

• Pulmón: hasta 6 horas.

• Block Cardiopulmonar: hasta 4 horas.

• Páncreas: hasta 12 horas.

• Intestino: hasta 10 horas.

• Córneas: hasta 14 días.

3. Estadísticas y difusión de la donación en México

La información pública disponible consolidada del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra, 2016) indica que actualmente en México prevalecen los donadores vivos ante los fallecidos, 2 mil 130 y mil 986, respectivamente (107 donadores vivos por cada 100 donadores fallecidos).

La falta de información y mitos de la donación de órganos en México ha dificultado mejorar la calidad de vida de más de 20 mil mexicanos que requieren trasplantes.

Algunas de las principales causas de muerte en México pueden resolverse con trasplantes de órganos y tejido: enfermedades del corazón (60 mil 670), pulmonares (9 mil 964), del hígado (9 mil 958) y del riñón (5 mil 961), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En relación con las cifras de donación, el Observatorio Global de Donación y Trasplantes (GODT, por sus siglas en inglés) informa que en el mundo, en 2015, se trasplantaron 126 mil 670 órganos sólidos (18.5 por ciento más que en 2010), los cuales cubren un porcentaje cercano al 10 por ciento de las necesidades globales.

Dentro de los trasplantes de riñón e hígado a escala mundial, 41.8 y 21 por ciento correspondieron a trasplantes de donadores vivos, respectivamente. Para México, el GODT indica que en 2015 se llevaron a cabo cerca de tres mil trasplantes de órganos, de los cuales 70.8 y 2.6 por ciento corresponden a trasplantes de riñón e hígado de donadores vivos, respectivamente.1

Anualmente solo el 10 por ciento de los receptores que están en lista de espera pueden recibir el trasplante de algún órgano o tejido. En este marco la Secretaría de Salud ha señalado que:

“...se necesita fomentar y propiciar una cultura de la donación, ya que no existen suficientes órganos para atender la gran demanda de habitantes que necesitan un órgano para trasplante: existen más de 21 mil 500 personas en lista de espera; de las cuales, cerca de 13 mil 700 requieren un riñón (alrededor del 64 por ciento del total de la demanda de órganos) y más de 7 mil 200 necesitan una córnea.”2

4. Proceso legislativo de las iniciativas en materia de donación de órganos, aprobadas en abril de 2018

Con fecha 2 de marzo de 2017, los senadores Francisco López Brito, Héctor David Flores Ávalos, César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David Flores Ávalos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Hilda Ceballos Llerenas, María Hilaria Domínguez Arvizua, Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la presidencia de la mesa directiva, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Con fecha 7 de septiembre de 2017, los senadores Lorena Cuéllar Cisneros, Marco Antonio Blásquez Salinas, Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo Aburto, Miguel Ángel Chico Herrera, Luz María Beristain Navarrete, David Monreal Ávila, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luis Humberto Fernández Fuentes, Ángel Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San Román, María de los Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Sofío Ramírez Hernández, Jesús Casillas Romero, José Ascención Orihuela Bárcenas, Armando Neyra Chávez, Daniel Amador Gaxiola, Hilda Esthela Flores Escalera, Anabel Acosta Islas, María del Carmen Izaguirre Francos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Dorantes Martínez, María Verónica Martínez Espinoza, María Hilaria Domínguez Arvizu, Ricardo Urzua Rivera, Jesús Priego Calva, José María Tapia Franco, Óscar Román Rosas González, Graciela Ortiz González, Miguel Romo Medina, Emilio Gamboa Patrón, Manuel Cavazos Lerma, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María Cristina Díaz Salazar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, María Lucero Saldaña Pérez, Jesús Priego Calva, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, María del Rocío Pineda Gochi, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Esteban Albarrán Mendoza, Humberto Domingo Mayans Canabal, José Francisco Yunes Zorrilla, Arón Irizar López, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Ricardo Barroso Agramont, Tereso Medina Ramírez, Félix Arturo González Canto, Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María Elena Barrera Tapia, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Pablo Escudero Morales, Juan Gerardo Flores Ramírez, Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México; Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, César Octavio Pedroza Gaitán, Rosa Adriana Díaz Lizama, Héctor David Flores Ávalos, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor David Flores Ávalos, María del Rosario Guzmán Avilés, Andrea García García, Sandra Luz García Guajardo, Rosa Adriana Díaz Lizama, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, José de Jesús Santana García, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Torres Graciano, Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Raúl Morón Orozco, Jesús Encinas Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Ríos Píter (sin partido político), presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Las comisiones dictaminadoras consideraron que las 2 iniciativas eran concurrentes en el mismo objetivo, de ahí que se dictaminaran de manera conjunta.

Esencialmente, el contenido de ambas consistió en regular el consentimiento, ya sea presunto o expreso, para que la persona mayor de edad done su cuerpo o cualquiera de sus órganos o componentes para trasplante en vida o después de su muerte.

El dictamen en comento refiere que resulta fundamental sensibilizar a la población de la situación que se vive en la materia, para evitar la reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte y, de manera muy particular, legislar para fomentar la donación.

Al respecto, el documento señala lo siguiente:

“Se propone legislar sobre la figura del consentimiento bajo términos en donde no se requiere el consentimiento expreso, sino que basta un consentimiento presunto, es decir, un consentimiento que debe presumirse cuando alguien actúa en beneficio ajeno, hasta que el titular del interés no expresa su voluntad en contrario.

Este modelo de consentimiento presunto ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Noruega, Suecia y Lituania.

Es una figura en la que basta con que no se haya expresado una negativa para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos somos parte de un universo de donantes potenciales.

Es por lo anterior se debe de legislar para poder terminar con el rezago en la materia”.

El dictamen fue aprobado en votación nominal con 75 votos a favor y un voto en contra, por lo que se remetió a la Cámara de Diputados el 3 de abril de 2018, fecha en la que aún no ha sido dictaminada por las comisiones respectivas.

A mayor abundamiento, la propuesta de reforma consistió en lo siguiente:

Cómo lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud:

“El sistema basado en el consentimiento presunto, permite extraer material del cuerpo de una persona fallecida para fines de trasplante y, en ciertos países, para realizar estudios anatómicos o investigaciones, a menos que la persona haya manifestado su oposición antes de fallecer, depositando el documento de objeción en una oficina determinada, o que una parte con conocimiento de causa notifique que el fallecido manifestó terminantemente su oposición a la donación. Dada la importancia del consentimiento desde el punto de vista ético, un sistema como ése deberá garantizar que la población esté plenamente informada acerca de la normativa y disponga de un medio fácil para manifestar”.3

En conclusión:

La escasez de órganos para trasplante es un problema mundial, que también afecta a nuestro país.

Actualmente, las listas de espera en México cuentan con más de 21 mil 500 personas que necesitan un órgano para salvar su vida.

El número de personas que esperan por un trasplante crece a un ritmo superior a la disponibilidad de órganos.

Por ello, se solicita, muy respetuosamente, que la honorable Cámara de Diputados pueda continuar con el proceso legislativo de la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud que se aprobó el 3 de abril de 2018 en el Senado de la República.

Dicha modificación permitiría a México adoptar el sistema del consentimiento presunto. De este modo, si la persona fallecida no expresó en vida negativa a donar sus órganos, la ley interpreta su silencio como consentimiento.

Como ha sucedido en otros países, las leyes de consentimiento presunto pueden ayudar a cerrar la brecha entre demanda y oferta, además de disminuir la magnitud del tráfico de órganos.

La donación de órganos permite preservar, recuperar y mejorar la salud de muchas personas que no tienen otra alternativa.

Este acto nos lleva a ver más allá de las necesidades individuales, consolidándose en un símbolo de fraternidad universal.

En este sentido es que se hace un muy respetuoso exhorto para dar prioridad al estudio y dictaminación de la minuta en comento y así concluir con el proceso legislativo correspondiente.

Al transcurrir más tiempo sin que se lleve a cabo la aprobación de esta minuta, estamos dejando a miles de personas sin el regalo de la vida.

Como legisladores tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas y salvar a otros que dependen de un órgano para seguir viviendo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que las comisiones respectivas dictaminen la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud que se aprobó el 3 de abril de 2018 en el Senado de la República y que se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Notas

1 Evolución anual del número de trasplantes de órganos realizados a nivel mundial de 2010 a 2015. Disponible en [https://es.statista.com/estadisticas/597576/numero-de-trasplantes-de-o rganos-realizadosa-nivel-mundial/].

2 Aumenta la donación de órganos en México, 2018. Disponible en [https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-la-donacion-de-organos-en-m exico?idiom=es]

3 https://www.who.int/transplantation/TxGP%2008-sp.pdf

Dado en el salón de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senador Eruviel Ávila Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a suspender el aumento de las tarifas del transporte público mientras no haya garantías para prestar un servicio de mejor calidad, seguro, eficiente y eficaz, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que suspenda el aumento a las tarifas del transporte público en esa entidad federativa hasta que no existan las garantías para brindar un transporte público de mejor calidad, seguro, eficiente y eficaz. Asimismo, dar a conocer a la ciudadanía el avance en los compromisos asumidos con el alza en las tarifas del transporte público de 2017 , bajo las siguientes:

Consideraciones

El transporte público en el estado de México es uno de los más caros, deficientes e inseguros del país.

Resulta inaudito que se dé un alza a la tarifa del transporte público en el estado de México aun cuando persiste no sólo la inseguridad y las unidades en mal estado, sino también la circulación de unidades que carecen de los permisos y de la documentación correspondiente, de conformidad a la normatividad local, poniendo en mayor riesgo a la sociedad. Aunado a ello, también se han dado casos de choferes manejando bajo los influjos del alcohol y drogas,1 o que simplemente, no respetan los límites de velocidad.2

De conformidad con el Acuerdo del Secretario de Movilidad por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de colectivo y mixto,3 se modifican las tarifas en todos los municipios del estado de México, por lo que el servicio colectivo aumentará de 10 a 12 pesos en los primeros cinco kilómetros y $0.25 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial; en el servicio mixto en algunos municipios rurales, de 9 pesos por los primeros diez kilómetros y $0.25 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial. Estos incrementos a partir del 1 de enero de 2020.4

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018 el robo en el transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 por ciento en La Paz y 219 por ciento en Chimalhuacán.5 Esto viene a incidir en la percepción general de inseguridad, pues en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en el reporte del Cuarto Trimestre de 2019, en municipios del estado de México se encuentran los mayores porcentajes de la población que se siente más insegura en el transporte público, con porcentajes de casi el 100 por ciento.6

Lo que está sucediendo en el estado de México forma parte de los estertores del viejo régimen, régimen criminal que aún lacera a la sociedad mexiquense, en donde las decisiones se toman sin considerar al pueblo de México, en contubernio con organizaciones de transportistas que obligan a las autoridades a cumplir sus caprichos más no a cumplir los compromisos para brindar un transporte eficiente y digno. El gobierno del estado de México aprobó cobrarle más a los más pobres. De acuerdo con el Coneval, el estado de México es el estado con el mayor número de personas en pobreza, con más de 9 millones de personas en esta condición7 y concentra el 17 por ciento del total de las personas con carencias en todo el país.

De conformidad con el doctor Bernardo Navarro, profesor investigador y coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el incremento rebasa las normas internacionales que indican que no debe rebasar el 20 por ciento.8 Los usuarios del estado de México destinarán hasta el 27 por ciento de su salario para trasladarse. Con ello, se está afectando la economía de los más pobres.

Para muestra de que estamos ante una simulación, solo basta retomar el último aumento autorizado, realizado el 18 de septiembre de 2017, fecha en la que la Secretaría de Movilidad del estado de México autorizó un aumento de 25 por ciento a la tarifa del transporte público, pasando de 8 a 10 pesos con el compromiso de modernizar el servicio.9 Han pasado más de 2 años y en lugar de cumplirse los compromisos se castiga más a la ciudadanía con nuevos aumentos.

A lo que más se ha comprometido el gobierno en turno es a otorgar un mes de plazo más para la aplicación de las nuevas tarifas, pues el secretario de Movilidad del estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, con el nuevo ajuste los concesionarios se comprometieron a certificar a 100 mil operadores anualmente, concluir al 100 por ciento el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios.10

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que no puede darse el incremento sin que antes existan las condiciones que permitan contar con un transporte público eficiente, seguro y en base a estrategias de agilización en la movilidad por parte de concesionarios y de las autoridades competentes de la entidad. Más aún en un contexto en donde la población más afectada sigue siendo los que menos tienen y que requieren de los servicios de transporte para trasladarse a sus centros de trabajo y escolares principalmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que suspenda el aumento a las tarifas del transporte público en esa entidad federativa hasta que existan las garantías para brindar un transporte público de mejor calidad, seguro, eficiente y eficaz. Asimismo, dar a conocer a la ciudadanía el avance en los compromisos asumidos con el alza en las tarifas del transporte público de 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que a través de Secretarías de Seguridad y de Movilidad los transportistas den a conocer a la ciudadanía, mediante aplicaciones tecnológicas, el detalle de los recorridos para evitar abusos y cobros indebidos, asimismo sirvan para reportar actividades delictivas.

Notas

1 HoyEstado.com, “Detienen a 11 tras operativo en paradero de Cuatro Caminos”, Disponible en: http://bit.ly/36bg08p, Consultado el 19 de enero de 2020

2 Diario de México, “Choque de combis en Neza deja un muerto y cuatro heridos”, Disponible en: http://bit.ly/2tD4rK1, Consultado el 19 de enero de 2020

Elindependientedehidalgo.com.mx, “Constantes los accidentes de transportistas en la México-Pachuca”, Disponible en: http://bit.ly/2NOdrTp, Consultado el 19 de enero de 2020

3 Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CCVIII Número 118, Disponible en: http://bit.ly/2sM6Mlx, Consultado el 19 de enero de 2020

4 Íbid.

5 Animal Político, “Robo en transporte público en el Estado de México aumentó 700% en tres años”, Disponible en: http://bit.ly/2ujtxxt, Consultado el 19 de enero de 2020

6 Inegi, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”, Disponible en: http://bit.ly/2NOLpXX, Consultado el 19 de enero de 2020

7 Coneval, “Medición de la Pobreza, México, 2018”, DIsponible en: http://bit.ly/2tuNr8V, Consultado el 19 de enero de 2019

8 Reforma, Sección Ciudad, “Tarifa de primera, servicio de quinta”, 19 de Enero de 2020

9 Asisucede.com.mx, “Rechazan diputados aumentos en el transporte”, Disponible en: http://bit.ly/2upOuqr, Consultado el 19 de enero de 2020

10 El Sol de Toluca, “Aplicarán aumento de tarifa hasta febrero: Raymundo Martínez”, Disponible en: http://bit.ly/38tD1oO, Consultado el 19 de enero de 2020. Proceso, “Costo del transporte aumenta 20% en Edomex: queda en 12 pesos el pasaje mínimo”, Disponible en: http://bit.ly/2TJjxs7, Consultado el 19 de enero de 2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días de enero del año dos mil veinte.

Diputada Dionicia Vazquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a implantar medidas de protección y seguridad de clientes y vecinos de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

Primera. De manera reiterada en bares, discotecas y centros nocturnos de las distintas ciudades de la República Mexicana se presentan situaciones de violencia, cuyo origen es el exceso del consumo de alcohol dentro y fuera de los establecimientos que expiden bebidas alcohólicas. Sobre todo, en los centros económicos de interés general y de manera particular, en las ciudades de Tampico, Matamoros, Ciudad Victoria y Reynosa.

Segunda. La falta de supervisión por parte de las autoridades administrativas, a los horarios de cierre, han generado situaciones en los cuales los comensales han sido lesionados o incluso privados de la vida, por altercados derivados del exceso al consumo de bebidas alcohólicas y cuyo sector más vulnerable son los jóvenes.

Tercera. Bajo estas circunstancias, dado el ambiente de inseguridad y violencia que se respira en algunos puntos del Estado de Tamaulipas, resulta necesario establecer y verificar medidas de seguridad de forma habitual al interior de los establecimientos y en el entorno de los mismos, pues, la labor de seguridad en un Estado de Derecho es salvaguardar la integridad de las personas, y en el caso de asistencia a bares o negocios, garantizar la seguridad al interior de los mismos como los de la vía pública. Esta medida ayuda a la paz, estabilidad y tranquilidad de los hogares.

Cuarta. El fomentar y promover acciones a fin de reforzar las medidas de seguridad tiene como fin resguardar a quienes frecuentan estos lugares y cuya intención es la recreación, convivencia, libre esparcimiento, encuentro de coincidencias, entre otros. El consumo excesivo del alcohol ha ocasionado, en bares de la Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Tijuana, por citar algunos casos, riñas entre individuos y grupos dentro y fuera de los establecimientos.

Quinta. En algunos establecimientos de esta naturaleza, no se respetan los horarios establecidos para la venta de bebidas alcohólicas prevista en la Ley y de manera habitual dichos establecimientos incumplen con la normativa y ponen en riesgo a la población y de manera subsecuente a los jóvenes quienes enfrentan un mayor estado de vulnerabilidad por los efectos causados por el alcohol o cuando se acompaña de otro tipo de estupefacientes; también se ha identificado a jóvenes que ingieren bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos y generar disputas.

Sexta. Resulta importante señalar que, a efecto de que se cumplan las disposiciones previstas en la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, existen alternativas para evitar tales circunstancias como verificaciones por parte de la Secretaría de Finanzas, así como rondines y operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizar acciones tendientes a inhibir faltas administrativas y en su caso actos delictivos.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Tamaulipas para que a través del área competente sirva a ordenar y practicar visitas domiciliarias de carácter permanente a bares, discotecas, centros nocturnos y cualquier establecimiento que en sus actividades tenga como fin la venta de bebidas alcohólicas en cumplimiento a las disposiciones administrativas y de protección civil en estricto apego a la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, a fin de garantizar la seguridad al interior de las personas que frecuentan estos lugares.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Tamaulipas para que a través de la Secretaría de Seguridad del estado de Tamaulipas fortalezca y promueva acciones preventivas tendientes a inhibir actos delictivos o de violencia en el entorno de bares, discotecas, centros nocturnos y cualquier establecimiento que en sus actividades tenga como fin la venta de bebidas alcohólicas en el estado y garantizar la seguridad de sus comensales y de quienes habitan alrededor de estos lugares.

Dado a la Comisión Permanente, con sede en la Cámara de Diputados, a 22 de enero de 2020.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas locales a fortalecer las acciones de prevención, detección y tratamiento de casos de dengue, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades transmitidas por vector, han tenido una evolución importante en el mundo en las últimas décadas derivado de los cambios en el medio ambiente que las beneficia en su propagación y en algunos casos en su mutación.

En este sentido, el dengue se ha propagado a nivel internacional a causa de estos factores, y nuestro país no ha sido la excepción toda vez que esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en zonas donde anteriormente no existía.

“El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. albopictus . Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. La enfermedad está muy extendida en los trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar”.1

De acuerdo a lo que señala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen tres tipos de dengue que se manifiestan con diversa sintomatología, pero que de no atenderse de forma oportuna pueden ocasionar afectaciones graves a la salud e incluso la muerte de quien la padece o es contagiado.

“Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad, que son:

• Fiebre de dengue

• Fiebre hemorrágica

• Shock hemorrágico

Síntomas

Los síntomas del dengue, conocido comúnmente como “trancazo” o “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 a 7 días. Se presentan como:

• Fiebre
• Dolor de huesos
• Dolor de cabeza intenso (en la frente)
• Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)
• Erupción en la piel (parecida al sarampión)

• Náuseas
• Vómito
• Insomnio
• Prurito (comezón)
• Falta de apetito
• Dolor abdominal

En casos graves:

• Hemorragia
• Convulsiones a causa de la fiebre
• Deshidratación severa”2

La creciente propagación de esta enfermedad como consecuencia de la picadura de un mosquito portador, es un hecho grave en razón a que la salud y el bienestar de la población se ve comprometido, por lo que es necesario que, ante el incremento de los contagios, nuestro país fortalezca las acciones en materia de prevención, detección y tratamiento.

Si revisamos las cifras sobre el comportamiento de esta enfermedad en el mundo, podemos observar que se ha incrementado el número de casos, tal y como lo ha señalado la OMS.

“En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Una gran mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que el número real de casos está insuficientemente notificado y muchos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble de 95 por ciento: 284 a 528 millones), de los cuales 96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad). En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 3 mil 900 millones de personas, de 128 países, están en riesgo de infección por los virus del dengue.

Los estados miembros de tres regiones de la OMS notifican sistemáticamente el número anual de casos. El número de casos notificados pasó de 2.2 millones en 2010 a más de 3.4 millones en 2016. Aunque la carga total de la enfermedad a nivel mundial es incierta...”3

Nuestro país no ha sido la excepción, toda vez que desde el 2018 a la fecha, los casos de dengue probables y confirmados se han incrementado de forma alarmante en nuestro país a pesar de las estrategias en materia de prevención, detección y tratamiento que se han instrumentado por los tres órdenes de gobierno, tal y como se muestra en el cuadro que se presenta a continuación que retoma cifras generadas por la Secretaría de Salud federal.

4,5

Como podemos observar, los casos de dengue en nuestro país se han incrementado de forma considerable desde los últimos años, lo cual puede sugerir varias razones, como es el caso del reforzamiento de las campañas de detección implementadas por el gobierno, sin embargo el hecho de que se hayan incrementado los casos positivos para esta enfermedad, nos podría hacer pensar que existen zonas en el país en las que anteriormente no se presentaban y que por la nueva presencia del mosquito transmisor, ahora existan contagios por dengue, como se muestra en el siguiente cuadro en la columna de total de casos confirmados del año 2018 en relación al 2019.6

Es de reconocer que el gobierno dentro de sus tres órdenes ha emprendido una importante lucha para combatir esta enfermedad en sus diversas etapas como la prevención, detección y tratamiento, sin embargo las alarmantes cifras que existen en la materia, hacen necesario que se refuercen las acciones por parte del gobierno para garantizar la salud de la población en las zonas en las que esta enfermedad es endémica, así como en las regiones del país en donde han surgido de forma atípica casos de contagio por dengue.

Lo que vale la pena destacar como se ha hecho referencia en párrafos previos es que, si esta enfermedad no es detectada y tratada de forma oportuna, las personas pueden incluso perder la vida. Es así que de acuerdo a las cifras revisadas en 2018 y 2019 han fallecido 75 y 1917 respectivamente, por lo que se refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias para atender esta enfermedad.

De acuerdo a las estadísticas revisadas, las entidades federativas que presentan mayor número de casos probables y confirmados en 2018 y 2019 son los siguientes:

Los datos analizados nos permiten como legisladores comprender la necesidad que enfrenta nuestro país de fortalecer las políticas públicas en materia de prevención, detección y tratamiento del dengue por parte de los tres órdenes de gobierno que posibiliten el garantizar la salud de la población donde se presenta esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las secretarías de salud de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan las acciones en materia de prevención, detección y tratamiento de casos de dengue en nuestro país.

Notas

1 OMS. (04 de noviembre de 2019). Dengue y dengue grave. Obtenido de

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deng ue-and-severe-dengue

2 IMSS. (s.f.). Dengue. Obtenido de http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dengue

3 OMS. (04 de noviembre de 2019). Dengue y dengue grave. Obtenido de

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deng ue-and-severe-dengue

4 Secretaría de Salud. (02 de enero de 2020). Panorama Epidemiológico de Dengue 2019. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2 019

5 Secretaría de Salud. (16 de enero de 2020). Panorama Epidemiológico de Dengue 2020. Obtenido de

https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiolog ico-de-dengue-2020

6 Secretaría de Salud. (02 de enero de 2020). Panorama Epidemiológico de Dengue 2019. Obtenido de

https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiolog ico-de-dengue-2019

7 Secretaría de Salud. (02 de enero de 2020). Panorama Epidemiológico de Dengue 2019. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2 019

8 Secretaría de Salud. (02 de enero de 2020). Panorama Epidemiológico de Dengue 2019. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2 019

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a analizar si hay responsabilidades administrativas punibles para la Iglesia Católica debido al encubrimiento y la negligencia que ha reconocido frente a los casos de pederastia, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Consideraciones

Desde los últimos días del año 2019, la Iglesia Católica dio a conocer los resultados de investigaciones internas derivadas de denuncias por pederastia cometidas, entre otros, entre los integrantes de la congregación Legionarios de Cristo. Estos abusos han sido denunciados a lo largo de los últimos treinta años por las víctimas y diversos colectivos que las han acogido, orientado y atendido para generar las mejores condiciones que garanticen la superación del trauma que significa una violación infantil tanto para las víctimas directas como para las familias.

El pasado día 21 de enero, los Legionarios de Cristo se dijeron avergonzados por “los abusos cometidos por Fernando Martínez Suárez, por la negligencia de la congregación en la atención del caso y prometieron someterse a una investigación para establecer las responsabilidades en el encubrimiento.”1

Sin embargo, como actores socialmente responsables, las asociaciones religiosas no pueden actuar de manera impune y es por ello que la Ley de Asociaciones Religiosas Y Culto Público prevé, en su artículo 12 Bis, que:

Artículo 12 Bis. Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos.

Es importante mencionar que, la Congregación “Legionarios de Cristo” incurrió en diversas infracciones contempladas las fracciones XII y XIII del artículo 29 de la ley antes mencionada, misma que señalan lo siguiente:

Artículo 29. constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:

I. a XI. ...

XII. Omitir las acciones contempladas en el artículo 12 bis de la presente ley;

XIII. La comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Por lo anterior, es importante que la Secretaria de Gobernación tome cartas en el asunto para determinar las responsabilidades penales de quienes en su momento violentaron el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, quienes los encubrieron, así como de todas aquellas personas que permitieron la impunidad, tal y como lo establece el artículo 209 BIS del Código Penal Federal, que establece que:

Artículo 209 Bis. Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento

Así como el delito establecido en el artículo 400 del mismo ordenamiento, antes señalado;

Artículo 400. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:

I. a II. ...

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

Por todo lo anterior, plenamente comprometidos con los derechos de las niñas y niños mexicanos, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para analizar, investigar y sancionar, en su caso, a la asociación religiosa Iglesia Católica, por los actos de abuso y su encubrimiento, en relación con las denuncias de pederastia que han sido hechas públicas en nuestro país.

Nota

1 https://www.milenio.com/politica/legionarios-cristo-avergonzados-caso-f ernando-martinez

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Con punto de acuerdo, relativo a la elección de cuatro consejeros del INE, a cargo de las diputadas Juanita Guerra Mena y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Juanita Guerra Mena y Aleida Alavez Ruiz , diputadas de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral (IFE)1 se constituyó formalmente como el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales.

Ello representó una modificación fundamental en el sistema político mexicano que desde entonces, ha contribuido en la construcción de la democracia en México.

Desde su constitución formal el Instituto Federal Electoral se ha distinguido como uno de los pilares en la construcción de la democracia. En más de dos décadas de existencia, ha experimentado importantes reformas relacionadas con su integración, atributos y funciones.

Esto le ha permitido perfeccionar la organización y celebración de comicios electorales libres, equitativos y confiables, así como, garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos políticos - electorales.

II. A partir de la reforma constitucional de 2014, cambia su nombre de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral (INE), que evolucionó hacia una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales, se homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político - electorales de la ciudadanía.

Los principios rectores del INE son: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al IFE y que se enriquecieron con el INE.

El Instituto es la máxima autoridad electoral del Estado mexicano, que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la credencial para votar, realiza una serie de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía.

La planeación del INE se enmarca en el mandato de modernización de la gestión pública, con la finalidad de optimizar sus operaciones mediante la toma de decisiones que permitan obtener la máxima eficacia y eficiencia en su desempeño, la consecución de los objetivos institucionales y la mejora continua de sus procesos.

III. El Consejo General es el Órgano Central del INE, integrado por consejeros electorales, consejeros del poder legislativo y representantes de los partidos políticos.

Es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

Los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto son un consejero presidente y 10 consejeros electorales. Los integrantes con voz pero sin voto son: Los consejeros del Poder Legislativo. Uno por cada fracción parlamentaria representada en el Congreso de la Unión. Los representantes de los partidos políticos nacionales. Uno por cada partido que cuente con reconocimiento legal.

Los consejeros electorales son electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados mediante el procedimiento descrito en el apartado A, base V el artículo 41 constitucional.

IV. Por otro lado, en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día 6 de junio de 2019, fue publicado el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género.

La reforma constitucional establece que es un derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, por lo tanto, los partidos políticos en la postulación de sus candidaturas deben observar el principio de paridad de género.

Por lo que respecta a los municipios con población indígena, sus representantes ante los ayuntamientos deberán observar el citado principio conforme a las normas aplicables.

El decreto establece que en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en los órganos autónomos y los ayuntamientos, deberá observarse también el principio de paridad de género.

V. Según la publicación “Mujeres y hombres en México 2018” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México cerró el 2017 con una población de 123 millones 59 mil 100 personas, de las cuales: 63 millones 420 mil son mujeres y 60 millones 149 mil 100 son hombres.

Es decir, a pesar que las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la población, no se han visto representadas en los distintos ámbitos y niveles de gobierno y sus legítimos intereses y demandas, no están suficientemente protegidos y atendidos por quienes ejercen la función pública.

Ello ha traído como consecuencia un rezago en el desarrollo económico, social, político y jurídico, necesario para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

VI. Actualmente la integración del Consejo General del Instituto a partir del 5 de abril de 2017 es:

Consejero Presidente, doctor Lorenzo Córdova Vianello; secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

Consejeros Electorales: Licenciado Enrique Andrade González, maestro Marco Antonio Baños Martínez, maestra Adriana Margarita Favela Herrera, doctor Ciro Murayama Rendón, doctor Benito Nacif Hernández, maestra Dania Paola Ravel Cuevas, maestro Jaime Rivera Velázquez, doctor José Roberto Ruiz Saldaña, licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Como puede observarse en la integración del Consejo General no existe la paridad de género, ya que se cuenta con presidente del Consejo y secretario ejecutivo, los dos hombres, y 10 consejeros, de los cuales solo cuatro son mujeres.

VII. Cuatro de estos consejeros, Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif y Enrique Andrade, concluyen su periodo como miembros del Consejo General del INE y deben ser relevados.

Los nuevos consejeros electorales deben ser electos por las dos terceras partes de los diputados presentes.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados será la encargada de emitir la convocatoria para quienes quieren ocupar estos puestos. La convocatoria deberá publicarse la primera semana de febrero, ya que los consejeros iniciarán sus funciones en abril de 2020.

Anteriormente estos consejeros han sido elegidos por cuotas de los partidos mayoritarios, quienes se repartían los puestos, con lo cual se contaba con aliados sobre todo para cometer fraudes electorales, a la vista de todos.2

Este punto de acuerdo tiene como propósito el que se lleve a cabo todo el proceso de manera limpia y transparente. Que se observe la obligación constitucional de paridad de género, y que se elija a gente honesta e íntegra, acreditada y con el perfil necesario para ocupar esos cargos.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que al presentar la convocatoria para ocupar el puesto de consejeras y consejeros generales del Instituto Nacional Electoral, se tome en cuenta el principio de equidad de género, como lo mandata nuestra Constitución.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los diputados de la LXIV Legislatura para que en la elección de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral se tome en cuenta el principio de paridad de género, el perfil profesional adecuado, así como la honestidad, integridad y solvencia moral de las y los concursantes, evitando el anterior procedimiento de cuotas para partidos.

Notas

1 https://www.ine.mx/sobre-el-ine/consultada el 15/01/2020 17:32

2 Presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

Diputadas Juanita Guerra y Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y Pemex a informar a la opinión pública por los medios de comunicación oficiales cómo se aplicaron los 2 mil millones de pesos para reconfigurar la refinería de Salamanca Antonio M. Amor y cuál es el porcentaje de avance, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al titular de Pemex, para que informen a la opinión pública, a través de los diferentes medios de comunicación oficial, cómo se aplicaron los dos mil millones de pesos para la reconfiguración de la refinería de Salamanca Antonio M. Amor y cuál es el porcentaje de avance, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La refinación en materia energética, es el conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes útiles y además adecuar sus características a las necesidades de la sociedad, en cuanto a productos terminados derivados del petróleo crudo.

La función de una refinería es transformar el petróleo en productos derivados del petróleo crudo que satisfagan las necesidades de la sociedad.

Por ende, la refinería es un centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados, esta transformación se logra mediante los procesos de: destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, alquilación y reformación catalítica entre otros.

La industria de refinación de petróleo encierra una serie de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener de él por destilación y transformación química, los diversos hidrocarburos o las familias de hidrocarburos.

Los principales productos que genera una refinaría son: gas LP, gas solvente, gasolinas, gas nefta, turbosina, kerosina, disel, emulsiones, aceites, lubricantes, combustóleos entre otros.

Con estos subproductos antes mencionados que generan las refinerías, tienen diferentes usos en la humanidad generando un gran impacto en su economía, activando la industria en el mundo, el desarrollo de los centros de refinación se encuentra cerca de los centros de consumo, debido a que es más económico transportar el petróleo crudo que sus derivados.

En el mundo la mayor producción de petróleo se encuentra en el Medio Oriente, la mayor capacidad de refinación se localiza en Europa, Asia y Norteamérica.

Por lo anterior, “en México la industria de la refinación presenta distintos retos, entre los que se encuentran la creciente demanda de los productos derivados del petróleo vinculada al desarrollo económico del país; el compromiso en el cuidado del medio ambiente a través de la elaboración de combustibles cada vez más limpios; maximizar el valor del petróleo procesado mejorando eficiencias y rentabilidad.

Aunado a esto existe una incertidumbre respecto a la disponibilidad de crudos cada vez más pesados que requerirían de procesos más complejos para la obtención de los petrolíferos que requiere el país.

Otro de los grandes retos que enfrenta la industria de refinación del país en el futuro cercano será el ampliar la capacidad de distribución y almacenamiento de productos petrolíferos; en este sentido, se planea ampliar y reubicar terminales de almacenamiento, ampliar los sistemas de carga y descarga, rehabilitar los tanques y sistemas de seguridad y renoval la flotilla de reparto local”.1

Al ver la importancia de este sector Energético el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta en la energía fósil presentando el “Plan Nacional de Refinación que incluye la rehabilitación de las 6 refinerías “existentes de Petróleos Mexicanos, ubicadas en Minatitlán, Madero, Salina Cruz, Cadereyta, Tula y Salamanca.”.2

“Para ello se presupuestó un total de 25 mil millones de pesos que se aplicarán en dos años; para el 2019 se etiquetaron 12,500 millones de pesos y el resto se aplicará en el año.

En dicho programa se contempla iniciar con las reparaciones menores en las seis refinerías, mientras que tres de ellas entrará a reparaciones de equipos críticos y reparaciones mayores y la construcción de la refinería de dos bocas.

Con este plan se estima que en el año 2022 procesarán hasta un millón 863 mil barriles de crudo por día, con lo que se podrán obtener alrededor de 781 mil barriles de gasolina y 560 mil de diésel diariamente alcanzando la autosuficiencia energética.

El plan apuesta que “con la rehabilitación de las seis refinerías que conforman hoy el Sistema Nacional de Refinación, incrementará de manera sustancial nuestra oferta nacional de combustibles para satisfacer la creciente demanda de la economía mexicana en pleno desarrollo”.3

En este Plan Nacional de Refinación se encuentran la Refinería de Salamanca la cual tiene 69 años de su fundación, la refinería en Salamanca Antonio M. Amor (Riama) es una de las 6 refinerías que existen en el país y la única del Sistema Nacional de Refinación que produce alcohol isopropílico (IPA) y lubricantes básicos para atender la demanda nacional.

Esta refinería tiene una superficie de 520 hectáreas, donde se ubican 54 plantas de producción, en donde diario se procesan 220 mil barriles de petróleo crudo y se produce una amplia gama de combustibles y energéticos, entre los que destacan gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre (UBA), Pemex Diesel y Diesel UBA, Turbosina y asfalto.

En Riama se elaboran petrolíferos de la más alta calidad para atender las necesidades de clientes en los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Esta refinería será intervenida en 2 etapas, en la primera se desarrollará el mantenimiento del tren de proceso para que a fines del 2019 pueda producir al 75% de su capacidad.

Es por lo anterior, que el pasado 26 de mayo de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizo una visita a la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, anunciando una inversión de dos mil millones de pesos para la reconfiguración de la refinería.

Meses después en junio de 2019, “la Secretaría de Energía indicó que no es necesaria una reconfiguración de la (Riama), pero si una rehabilitación y ésta comenzará a finales de agosto; destacó que es de las que menos contaminan en el país”. 4

También señalo que “la refinería de Salamanca hoy está procesando 150 mil barriles de petróleo, trae un buen nivel, con la rehabilitación vamos a aumentar y las emisiones contaminantes que trae la refinería están en niveles muy bajos , la producción que está haciendo de gasolina es de alto octanaje, entonces vamos primero a rehabilitarlas las seis, antes de pensar en reconfigurar tenemos que rehabilitar”.

Es claro que el presidente de la República y la titular del a Secretaría de Energía no están en la misma sintonía teniendo discrepancias, incluso demostrando la Secretaria de Energía un total desconocimiento en la materia al atreverse al mencionar que la refinería de salamanca tiene las emisiones contaminantes más bajas, es de conocimiento de todos que todas las refinerías genera un impacto ambiental y que con la reconfiguración se busca reducirlo de contaminantes.

Es por lo anterior que el gobierno federal debe de trazar un plan de acción conjunta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el cual es una ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

La refinería en Salamanca Antonio M. Amor, es un desarrollo industrial ha traído beneficios como el desarrollo económico y social a la población, también ha generado serios problemas de contaminación ambiental, por ello, el Gobierno Federal en conjunto con el Gobierno Estatal y Municipal, tienen que emprender un plan específico para mitigar los impactos al ambiente y tener un mayor inversión en el mantenimiento óptimo de la refinería y no solo darle un maquillada como pretende la Secretaria de Energía.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al Titular de PEMEX, para que informe a la opinión pública a través de los diferentes medios de comunicación oficial, cómo se aplicaron los dos mil millones de pesos para la reconfiguración de la refinería de Salamanca Antonio M. Amor y cuál es el porcentaje de avance.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6977/Refinacion_Web.pdf 5. La industria en México, pág. 15.

2 https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/Informe_Gobierno_de_Mexico.pdf pág. 245

3 https://www.gob.mx/rehabilitacionrefinerias

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/
rehabilitacion-refineria-salamanca-inicia-en-agosto-anuncio-rocio-nale-secretaria-de-energia-3791508 .html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y la Profeco a implantar programas informativos y preventivos para evitar que la población sea estafada en compras por internet, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El comercio electrónico, entendido como la compra-venta de productos o servicios a través del internet, ha ido en aumento en nuestro país durante los últimos años, debido a que constituye un medio de comercialización más sencillo, rápido, barato y eficaz, facilitando además el acceso a productos de todas partes del mundo.

Esta tendencia al alza corresponde con el aumento constante de usuarios de internet que ha tenido el país. De acuerdo con Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018, ese año, se logró alcanzar el 71 por ciento de penetración de internet entre la población de personas mayores a seis años, lo que representa 82.7 millones de internautas.1

Según dicho estudio, cerca del 46 por ciento de los usuarios entrevistados utilizan el internet para realizar compras en línea, mientras que el 21 por ciento lo utilizan también para vender productos, las principales razones para elegir el comercio electrónico son su practicidad, promociones y descuentos, así como por las diferentes formas de pago. En la Ciudad de México se concentra el 33 por ciento de las compras en línea.

Por su parte, la consultora Kantar, dedicada a estudios de mercado, investigación y análisis, ha señalado que el e-commerce en México creció en 43.5 por ciento en 2019, posicionándose como uno de los países con mayor futuro y dinamismo en la industria.2

Es una realidad que el internet ha revolucionado la actividad comercial de nuestro país y del mundo, facilitando y dinamizando el comercio, sin embargo, la introducción de estos nuevos métodos de compra-venta, también implica el surgimiento de nuevas modalidades delictivas que ponen en peligro a los consumidores.

Entre los tipos de fraude por internet más utilizados se encuentran el phishing (suplantación de identidad), el pharming (se redirecciona al consumidor a una página falsa) y el spam (correos con contenido engañoso), sin embargo, este tipo de delitos también se ha expandido hacia las redes sociales como Facebook.

Mediante la creación de grupos en dicha red social, los criminales suelen ofrecer bienes y servicios por los que piden adelantos de dinero o el pago total de los mismos, a través del depósito en cuentas bancarias, sin embargo, al final el consumidor no recibe nada.

En septiembre de 2019, las autoridades capitalinas desarticularon una banda delincuencial que ofertaba vehículos con precios atractivos a través de la plataforma electrónica Segunda Mano, posteriormente, citaba a los interesados en un lugar donde les robaban el dinero e incluso los asesinaban.3

Otros tipos de estafas son:4

-Estafas románticas. En las que un usuario establece una relación a distancia a través de las redes sociales, sacando una ventaja económica con engaños.

-Prestamos en línea. Los prestamistas despojan a los usuarios de su dinero por concepto de fianzas y depósitos.

-Ganadores de premios o dinero . Se le informa al usuario que ha ganado un premio o dinero en efectivo, para poder cobrarlo piden a cambio alguna cantidad de dinero o información personal y de cuentas bancarias.

-Estafas laborales. Se ofrecen trabajos falsos a cambio de ciertas sumas de dinero o para robar datos personales.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las quejas por fraudes cometidos a través de las plataformas digitales se incrementaron en 35 por ciento durante el primer semestre de 2019.5

Los fraudes en internet no sólo atentan contra el patrimonio económico y material de los usuarios, sino que también ponen en riesgo su integridad física y la de su familia. La tendencia señala que el número de usuarios de internet seguirá en aumento en los próximos años, por lo que seguramente también aumentarán el comercio electrónico.

En este contexto, resulta fundamental que los consumidores cuenten con mayor información sobre los tipos de fraudes que se comenten en las compras por internet, así como las formas en que pueden evitarlos.

La Profeco tiene como objetivos proteger y defender los derechos de los consumidores, generar una cultura de consumo responsable y proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su División Científica, tiene como facultad la implementación de acciones para prevenir a la población de delitos cibernéticos como los fraudes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que implementen programas de información y prevención para evitar que la población sea estafada en compras a través de internet.

Notas

1 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018, Asociación de Internet.mx, Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-startd own/97/lang,es-es/?Itemid=

2 El Valor del comercio electrónico en México creció 43.5 por ciento en 2019: Kantar, Forbes, disponible en: https://www.forbes.com.mx/el-valor-del-comercio-electronico-en-mexico-c recio-43-5-en-2019-kantar/

3 Detienen a banda que ofertaba autos en Segunda Mano y mataba a clientes tras robarles, El Universal, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/detienen-banda-que-oferta ba-autos-en-segunda-mano-y-mataba-clientes-tras-robarles

4 Crecen estafas a través de facebook, Reporte Índigo, disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/crecen-estafas-a-traves-de-facebo ok/

5 Crecen quejas por abusos en compras en línea, El Universal, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crecen-quejas-por-abusos-en-comp ras-en-linea-profeco

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a coordinar con el COM la entrega de uniformes de la talla de cada uno de los atletas y equipo deportivo necesario para la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, suscrita por el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado federal Ernesto Vargas Contreras, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde 1896, y con interrupciones en el periodo de las Guerras Mundiales, cada cuatro años, los atletas y equipos deportivos del mundo que logran obtener un lugar dentro de los más destacados deportistas, participan en los Juegos Olímpicos modernos, representando a sus países de origen.

Para los atletas antiguos de la Grecia Clásica, cuna del olimpismo, el deporte significaba una forma de demostrar su grado civilizatorio de separación frente a los barbaros, el griego demostraba que la energía la podía destinar a labores propias del enaltecimiento corporal ligado a los valores: gloria, victoria, hazañas frente a la matanza y guerra de los bárbaros.1

Justamente, la recepción moderna del cuerpo como materia de trabajo logró que la humanidad lograse un punto de coincidencia para poder reunir a los diferentes atletas para mostrar quien es el mejor en su disciplina. El deporte, no solo se convirtió en una bandera para promover la unidad entre naciones, sino que se convirtió en el curso de la primera mitad del siglo XX en el escenario de inclusión para todas las personas, con deporte paralímpico e invernal, y posteriormente de la juventud.

De tal suerte, el deporte representa un espacio para competir con reglas y valores, pero también un punto de encuentro entre naciones. Cada cuatro años la sede cambia. Y por eso mismo, también, es motivo de aprendizaje de otra cultura y de una forma particular de entender las dinámicas sociales, económicas y políticas. El deporte, entonces, es una forma de vivir porque manifiesta una forma de comprender los vínculos entre seres humanos. En ese mismo entendimiento, los Juegos Olímpicos son foco de atención de millones de seguidores a través de los diferentes medios de comunicación.

Atrás de la aparición de los atletas está un cúmulo de trabajo de distintas áreas e instituciones internacionales y nacionales. En lo tocante a lo nacional, la Conade es la encargada de coordinar los esfuerzos de la política de deporte para lograr materializar los esfuerzos individuales y convertirlos en bienes colectivos, tanto de salud como de felicidad por los triunfos obtenidos.

En la Cuarta Transformación del país, el presidente de la República señaló antes de tomar protesta formalmente al frente del Ejecutivo Federal, su visión del deporte, en sus palabras:

“el deporte será uno de los ejes fundamentales, pues a través de él se buscará, hacer frente a problemas de salud como la obesidad y diabetes, además de usarlo como una herramienta para alejar a los jóvenes de la violencia”.2

Así, entiende el deporte, como un bien que fortalece los valores y genera identidad, dota de salidas para tener una vida sana y plena.

Un punto que no puede omitirse es la competición olímpica es la portación de uniformes que brindan identidad a los participantes. Cada nación tiene un diseño particular que lo distingue del resto. Sin embargo, la experiencia reciente nos dice que es un punto sobre el cual hay que fijar la mirada.

Primero, el tamaño de la delegación. Este año la Delegación Mexicana contará con la mayor participación desde 1988 cuando se creó la Conade, contando con 126 atletas de alto rendimiento en espera de la obtención de una medalla. Para lograr que los atletas se enfoquen en sus metas y logren la concentración idónea para el desempeño de sus pruebas, es indispensable que los factores que empujan su desempeño estén resueltos y no generen preocupación alguna.

Es necesario llevar a cabo un programa para no repetir situaciones como lo que se suscitó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,3 y los Juegos Olímpicos de Río 2016; donde los deportistas participaron en el desfile inaugural vistiendo conjuntos deportivos rojos, algunos atletas utilizaron vestimenta inadecuada, y en su caso algunos deportistas utilizaron un uniforme parchado y sin la bandera de México.

En el año 2018,4 con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, atletas subieron a las redes sociales fotografías donde se muestra que los uniformes entregados no son de su talla, ante tal situación, solicitaron que se les envíen uniformes a su medida y no sobrantes. La inoportuna acción no es un caso esporádico.

En los Juegos Olímpicos de Río en 2016,5 atletas de distintas disciplinas participaron con parches en sus uniformes o con indumentaria no adecuada. En su momento, Alfredo Castillo titular de la Conade explicó que:

“Es el responsable de la compra y entrega de los uniformes de competencia, la ropa de entrenamiento y pants de viaje, entre otras prendas ya que así lo establece la reglamentación de los Juegos Olímpicos por lo que la Conade carece de cualquier responsabilidad al respecto”.

Mientras que el COM sentenció que los parchados eran producto de la desatención de registrar las marcas en tiempo y forma. Actualmente, las titularidades de ambas instituciones Guevara y Padilla, no han tenido una relación favorable que ponga en el centro el interés de los atletas.6

Derivado de lo anterior, se exhorta a ambos titulares con el fin de realizar la entrega de uniformes en tiempo y forma para que no sucede lo que paso en Juegos Olímpicos de Río 2016, así pues es importante dar seguimiento en la preparación de los deportistas, y se pueda generar la confianza y motivar a los atletas, como para cumplir con los preparativos de la Delegación Mexicana.

Cabe señala que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha informado que destinará 350 millones de pesos,7 los cuales distribuirá de la siguiente forma: 306 millones de pesos para entrenamientos, eventos de preparación y clasificatorios; y 43 millones para uniformes, material deportivo y traslados.

Cabe destacar que en el PEF 2020 el Ramo 11, que corresponde a Educación Pública, contempla para el Deporte un presupuesto de 2 mil 774 millones 567 mil 779 pesos, para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade):

Elaboración propia a partir de Finanzas Públicas SHCP 2010 - 2020

De acuerdo a los datos del propio presupuesto para el Deporte, fue en el 2013 que se asignaron $7,112,107,219.00, y ha sido el más amplio en los últimos 10 años. Sin embargo, para el 2014 bajó a un 41% y la tendencia ha ido a la baja.

Nuestros compatriotas que representan a México, muchas veces han sido motivo de orgullo, sobrepasan las adversidades para lograr un triunfo, ganar medallas y en el caso de las medallas de oro, hacer sonar el himno de México lo más alto del podio.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para coordinarse, planificar y calendarizar en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano la entrega de uniformes de la talla de cada uno de los atletas y equipo deportivo necesario para la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité Olímpico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y al Comité Olímpico Mexicano (COM) a publicar el seguimiento que tiene de los lugares de entrenamientos de los atletas nacionales y los apoyos que reciben para su entrenamiento.

Notas

1 Véase en: https://www.march.es/ciclos/100444/

2 Segundo eje Política Social, de transformación del Sistema Educativo Nacional para alcanzar una educación incluyente, equitativa y de calidad, a través de acciones que fomente los valores y la cultura física y el deporte, y Retoman en “Las promesas y retos para AMLO en el deporte”. El Milenio, 31/11/2018

3 Milenio. Delegación mexicana, sin uniforme de gala en inauguración de Lima 2019, 26/07/2019

4 http://mxpolitico.com/internacional/deportes/denuncian-atletas-mexicano s-entrega-de-uniformes-mal-hechos

5 https://www.sinembargo.mx/14-08-2016/3080329

6 https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/comite-olimpico-deja-calle -conade-reunion-tokio-2020

7 https://www.gob.mx/conade/prensa/conade-tiene-recursos-enfocados-en-la- calidad-de-nuestra-delegacion-mexicana-que-asistira-a-los-juegos-olimpi cos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP, el INM y el IME a desarrollar un programa urgente de formación, capacitación y certificación dirigido a connacionales repatriados desde EUA para incorporarlos a las escuelas públicas como docentes de inglés especializados, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El inglés es el idioma común del mundo del siglo XXI. Se estima que para el año 2020 habrá aproximadamente 2 mil millones de personas a nivel global que estarán usando o aprendiendo dicho idioma.1

Resulta innegable que el conocimiento y el dominio del inglés constituye una herramienta que mejora e incrementa la calidad de vida de los ciudadanos. Es, sin lugar a duda, un elemento de movilidad social muy relevante en el contexto de la dinámica de nuestra sociedad. En tales circunstancias, resulta revelador que en un artículo publicado en el sitio Universia , se indica que “la empresa de recursos humanos OCC Mundial, estima que el 90 por ciento de las vacantes que se publican en su sitio exigen el dominio del inglés, y en el sitio Trabajando.com se estima que poseer una acreditación del inglés aumenta 44 por ciento las posibilidades de conseguir empleo”.2

El conocimiento del inglés incrementa, en calidad y en cantidad, las oportunidades laborales de los mexicanos, y lo mismo sucede con la perspectiva educativa. El conocimiento de dicho idioma condiciona en gran medida el acceso a cursos de posgrado en el extranjero, en particular en los países de habla inglesa.

A pesar de los esfuerzos que han venido desplegando desde hace ya varias décadas el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, en nuestro país aún estamos muy lejos de presentar niveles aceptables de enseñanza-aprendizaje del inglés entre los alumnos de educación básica. De acuerdo al índice del dominio del inglés de EF (EF EPI) 2018, México ocupa la posición 57 de un total de 88 países evaluados, y la posición 9 entre los 17 países de América Latina que fueron objeto de medición.3

Desde 1993 y a partir de que se hizo obligatoria la enseñanza del inglés en la educación secundaria, varias entidades federativas pusieron en marcha programas estatales de inglés (PEI), a efecto de que los alumnos de educación primaria y en algunos casos de preescolar, recibieran formación en dicha lengua extranjera antes de la educación secundaria. A esos esfuerzos se sumó la implementación por parte del gobierno Federal del Programa Nacional de Inglés (Proni) a partir de 2009.

Sin menoscabo de lo anterior, la causa principal del rezago en el que se encuentra nuestro país en cuanto al nivel de enseñanza del inglés es el déficit de maestros, que junto con otros factores, ha ocasionado que las escuelas públicas no cuenten, en la gran mayoría de los casos, con las condiciones necesarias y adecuadas para la impartición de cursos de inglés. En esas condiciones, aquellos interesados en aprender dicho idioma tienen que optar por escuelas privadas o por clases particulares.

En ese contexto, se considera que un porcentaje importante de los connacionales que son repatriados a nuestro país desde Estados Unidos representa un grupo poblacional que cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para convertirse en docentes especializados para impartir cursos de inglés en escuelas públicas (después de un proceso de formación, capacitación y certificación). En ese sentido, de contar con el apoyo y la capacitación del Gobierno Federal, dichos connacionales estarían en posibilidades de insertarse favorablemente en el mercado laboral, al tiempo de favorecer la consecución de uno de los fines más importantes de la política educativa nacional.

Entre 2009 y 2016, fueron retornados 1.4 millones y removidos 2.2 millones de mexicanos desde Estados Unidos, y tan sólo en 2017, 166,986 mexicanas y mexicanos fueron repatriados desde dicho país, de los cuales poco más del 91 por ciento fueron hombres.4

En estas cifras están reflejados varios miles de mexicanos que en muchos de los casos no han logrado insertarse en el mercado laboral nacional de manera satisfactoria, aún y cuando después de su experiencia en Estados Unidos cuentan con ciertas competencias que representan una ventaja competitiva al haber aprendido inglés durante su estancia como migrantes.

Lo anterior se torna relevante al apreciar que en 2017, el 38.9 por ciento de los mexicanos repatriados desde Estados Unidos tuvo una duración de estancia de un año o más, cifra que presentó un incremento del 14.6 por ciento respecto del 2016.5 Estos connacionales son sujetos ideales para ser sometidos a un programa de formación, capacitación y certificación a efecto de integrarlos como docentes especializados para la impartición de cursos de inglés en escuelas públicas, en el entendido de que en cierta medida saben leer, escribir y hablar dicho idioma, después de un año o más de estancia en aquel país.

Es importante tomar en consideración el impacto que dicha medida tendría en torno al bienestar y calidad de vida de los repatriados y sus familias, ya que entre 2010 y 2015, cerca de la mitad de los retornados a nivel nacional llegó a localidades rurales (29.0 por ciento) o semirrurales (16.7 por ciento), con limitadas opciones para obtener un trabajo formal. También resulta revelador que entre 2015 y 2017, el 27.1 por ciento de los retornados trabajaba en el sector informal y 77.1 por ciento carecía de prestaciones de salud por su empleo.6

En dichas circunstancias, la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos repatriados desde Estados Unidos enfrenta situaciones de vulnerabilidad a su regreso a nuestro país, y representa un grupo poblacional que habitualmente se ubica en niveles de pobreza moderada o pobreza extrema, conforme a las mediciones que realiza el Coneval. Es por eso que la medida que se propone constituiría un mecanismo eficaz de política pública para abatir las carencias que predominan entre los migrantes mexicanos repatriados, al representar oportunidades de empleo formal y a largo plazo.

En ese contexto, consideramos que el Gobierno Federal –por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior– debe ejecutar las acciones necesarias para poner en marcha un programa emergente de formación, capacitación y certificación dirigido a connacionales repatriados desde Estados Unidos, a efecto de integrarlos como docentes especializados para impartir cursos de inglés en las escuelas públicas del país. Asimismo, consideramos que el Ejecutivo Federal debe considerar la inclusión de objetivos y estrategias específicas para tales efectos en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Migración y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, desarrollen un programa emergente de formación, capacitación y certificación dirigido a connacionales repatriados desde Estados Unidos, a efecto de integrarlos como docentes especializados para impartir cursos de inglés en las escuelas públicas del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que se formulen y se incorporen objetivos específicos y estrategias en lo programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo a efecto de que se implementen programas de atención especializados en beneficio de los migrantes mexicanos repatriados, incluyendo un programa de formación, capacitación y certificación para integrarlos como docentes de inglés en las escuelas públicas del país.

Notas

i British Council. The English effect. The impact of English, what it’s worth to the UK and why it matters to the world. 2013.

ii http://www.mexicanosprimero.org/index.php/educacion-en-mexico/como-esta -la-educacion/estado-de-la-educacion-en-mexico/sorry-2015

iii https://www.ef.com.mx/epi/regions/latin-america/mexico/

iv Anuario de migración y remesas México. 2018. Disponible en: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remes as_2018_ISNN.pdf

v Ibídem

vi Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el Insabi a colaborar en materia financiera, sanitaria, de personal médico o de otra índole con hospitales de Guadalajara para atender la elevada demanda de servicios médicos por pacientes de demarcaciones circunvecinas a la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sustituye al Seguro Popular de gobiernos anteriores a partir del 1º de enero de 2020. Y aunque el Presidente, expreso, que, ya no se necesita estar inscrito para acceder a sus servicios y que habría gratuidad en todos los servidos, la Secretaría de Salud, días después, aclaró, que “los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”, es decir, los de alta especialidad.

2. En la realidad, los derechohabientes del Insabi, se han enfrentado a otra realidad: pagar los servicios de salud para pacientes de alta especialidad, que por su elevado costo, justamente era el objetivo del Seguro Popular: no se ha podido evitar la precarización, no sólo del paciente sino el patrimonio familiar.

Así, a lo largo de lo que va del mes de enero las inconformidades y reclamos siguen se apilándose por todo el territorio nacional.

3. La situación se ha agravado en las Entidades Federativas. El Director del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, alertó que por la falta de claridad en las reglas de operación del Insabi, la institución de la que es titular podría enfrentar una crisis inminente en la atención de los pacientes que acudan a recibir atención médica no sólo de Jalisco, sino de estados vecinos como Nayarit, Colima y Michoacán ”.

4. Y, ante lo que implica la inexistencia de reglas de operación para el INSABI y el mecanismo para la adquisición de materiales y medicamentos por parte del gobierno federal , las autoridades del Hospital Civil, difundieron un comunicado, en el cual, piden al Gobierno Federal, “una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el Insabi, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable”.

5. Lo anterior, en virtud de que estiman que, a partir de la primera quincena de febrero habrá desabasto de insumos en el Hospital Civiles de Guadalajara, pues, de acuerdo con el Informe de Fondo de Protección de la Salud, Jalisco, por sí sólo, atiende a más de 3 millones contabilizan más de 3 millones 14 mil 388 afiliados,1 mismos que equivalen al 5.6% del total nacional.

6. Cabe agregar que el monto subsidiado a Jalisco fue de 3 mil 308.4 millones y 3 mil 243.3 millones de pesos en 2017 y 2018, respectivamente. Ello representa el 6.12% y 6%, en ese orden, del subsidio total transferido a las entidades federativas .2

7. Asimismo, indicó el Director del Hospital Civil de Guadalajara, que las personas que cuentan con Seguro Social o ISSSTE pero que acuden a los hospitales civiles en busca de una atención más rápida, bajo el esquema del INSABI, incrementa hasta en 20 por ciento la demanda de servicios en los hospitales civiles, lo que representa para los Hospitales Civiles una preocupación a corto plazo por el desabasto de insumos que esto pudiera generar.

8. El Seguro Popular, aunado a otras partidas que se incluían en el programa Prospera y el Ramo 33, en el apartado de salud, entre otros, ascendió en 2018, a 76 mil 112.6 millones de pesos.3 Monto que se distribuyó entre el total de las Entidades Federativas, y que sería importante, señalar los montos que corresponden a cada una de las 32 entidades federativas.

9. Es preocupante, que el incremento presupuestal en 2020, para el ramo 12, correspondiente a Salud, respecto a 2019, haya sido de alrededor de 4 mil 559.5 millones de pesos. Ello, con todo y la reasignación presupuestal de 237.1 millones de pesos, de los cuales, vale decir, no se destinó recurso alguno, ni de manera contingente, para el apoyo de recién creado INSABI, lo cual denota, o falta de interés, desconocimiento de la problemática del sector salud, o de plano querer operar un sistema tan delicado y sensible, sin tomar en cuenta que se trata de vidas y seres humanos.

El tema de la salud y bienestar de las y los mexicanos, reviste un alto interés y es materia de preocupación de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, por ello, consideran inaplazable y de vital importancia, que los funcionarios aclaren puntualmente ante esta Soberanía tales inquietudes y preocupaciones.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y al director del Instituto de Salud para el Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven en materia financiera, sanitaria, con personal médico o, de otra índole, a los hospitales Civil, así como el de Cancerología de Guadalajara, con el objeto de atender la elevada demanda adicional de atención médica especializada, hospitalaria, entre otras, por parte de pacientes, provenientes de demarcaciones circunvecinas a la entidad.

Notas

1 http://www.transparencia.seguro- popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinform es/informes/2018/IR%20Integrado%20(25-01-2019).v.final.pdf

2 Ibídem. Pág. 109.

3 Op. Cit. Pág. 96.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la CFE a establecer acuerdos para condonar adeudos de diversas instituciones de educación pública en el país, a cargo del senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, senador Primo Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Exposición de Motivos

La educación en México es un derecho que tienen todas las personas, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado garantizar su ejercicio, goce y disfrute, debido a que es un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad y del país.

Cabe señalar, que la educación es uno de los retos que plantea mejorar la presente administración. Reto que no es fácil, ya que este elemento tan importante para el Estado mexicano va mucho más allá de la simple instrucción académica o profesional de una persona. Toda vez que esta obligación radica en guiar al ser humano en función de su derecho a la igualdad social y crecimiento personal, sin importar su nivel socioeconómico.

Por esta razón, y en atención a la problemática que se ha presentado en gran parte de los estados de la República Mexicana, referente a los altos adeudos económicos que tienen diversas escuelas educativas en todo el país con la Comisión Federal de Electricidad, es que se han realizado un sin número de protestas por parte de padres de familia, así como maestros y directivos, para exigir la reconexión del servicio de luz eléctrica en las instalaciones que tienen de cuatro meses hasta seis años sin el servicio.

Aunado a lo anterior, padres de familia han solicitado el apoyo del presidente de la república, con la finalidad de que sean apoyados con el pago de los adeudos que tienen con la empresa productiva del estado; en razón, también, que las deudas continúan incrementándose, además de que los directivos no cuentan con los recursos suficientes como para cubrir dichos cargos.

Resulta pertinente destacar, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2011 publicó un estudio sobre el acceso a servicios básicos como la electricidad, en el que se menciona, que el dotar a la población de energía eléctrica, es un factor que está asociado al logro de buenos resultados por parte de los estudiantes en los todos los niveles.1

En otro orden de ideas, y como un hecho que causa dudas razonables, en gobiernos anteriores, específicamente en el año 2014, los entonces secretarios de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad, firmaron un Convenio de Colaboración para Electrificación y Conectividad de Centros Educativos Públicos en todo el país, derivado precisamente de la problemática por la que pasaban, y siguen pasando cientos de escuelas públicas en el país, la suspensión del servicio de energía eléctrica.

Con el acuerdo antes mencionado, se aseguraba la unión entre la mal llamada reforma educativa y la de telecomunicaciones con la que se pretendía la inclusión digital, al dar acceso a los niños y jóvenes de educación básica a la sociedad de la información y el conocimiento.

A través, de este convenio se pretendía otorgar el acceso a los niños y jóvenes de educación básica a la sociedad de la información y el conocimiento a través de las telecomunicaciones, con lo que se podía transmitir conocimientos esenciales y la posibilidad de ofrecer educación a distancia.2

Sin embargo, es el día que no tenemos información alguna del resultado de ese convenio marco, y muchos menos, como es evidente, se resolvió la problemática que hoy sigue latente.

Para confirmar lo anterior, a finales de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, en el cual se expresa que de las 226 mil 188 escuelas que reportó la Secretaría de Educación Pública, 2.2 por ciento no cuentan con suministro de agua de ninguna fuente y 47 por ciento no cuenta con el suministro mediante la red pública, mientras que 67 por ciento no tienen drenaje.

Es preciso señalar que en tres de cada diez escuelas no hay baño, ni luz y el 80 por ciento de ellas no cuenta con bebederos. Una quinta parte de los alumnos que asisten a educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas y, una sexta parte, al no tener mobiliario básico.

Para el caso de Educación Media Superior (EMS), 28 por ciento de los planteles no cuentan con agua todos los días, 2 por ciento no cuenta con energía eléctrica y a 69 por ciento le faltan muebles en al menos una de las aulas”, manifestó la instancia.3

Actualmente, en México encontramos que aún existen escuelas que carecen del suministro de energía eléctrica o que este servicio ha sido “cortado” o suspendido por falta de pago.

De acuerdo, con las reformas actuales en materia educativa, se abrogó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, ordenamiento legal que en sus artículos 2o. y 4o. establecía lo siguiente:4

“Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional.

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedente, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, de las entidades federativas y municipal, además de los sectores de la sociedad.

Artículo 4. Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesario para su correcta operación.”

En el año 2019, en el marco de la reforma educativa de la presente administración, se crearon los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) con el fin de tener un acercamiento con mayor trasparencia y responsabilidad con las escuelas.5

Bajo este orden de idea, se detalló que cada comité se certificará en un acta que se entregara al final del curso en la que ellos demostraran de forma utilizaron el recurso, de acuerdo con las necesidades de las instituciones.

Por lo anterior, resulta importante citar lo establecido en los artículos 2 y 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, respecto del reconocimiento de la CFE, al contar con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión:

“Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad

Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Artículo 12. El consejo de administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

X. aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la exención de dichas garantías;”6

En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con facultades para celebrar convenios con las escuelas respecto del suministro de energía eléctrica consideradas en inviabilidad económica por estar en situación de mora o, bajo el argumento que se encuentran en imposibilidad práctica para realizar los pagos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Federal de Electricidad para que lleven a cabo los acuerdos necesarios a efectos de condonar los adeudos, que hasta el día de hoy se tienen por parte de diversas Instituciones de Educación Pública en todo el país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en atención a lo establecido en el artículo 3o. constitucional, cubra los costos de energía eléctrica de todas las escuelas de educación pública del país, con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos, a las niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Ver: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3650370_ 20171214_1513378128.pdf

2 Ver: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-217-firman-convenio-sep-sct-y- cfe-para-electrificacion-y-conectividad-de-escuelas?state=published

3 Ver: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales /Estudio_Diag_Edu_2018.pdf

4 Ver: https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-la-infraestruc tura-fisica-educativa/capitulo-i/

5 Ver: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
amlo-plantea-la-creacion-del-comite-escolar-de-administracion-participativa-ceap

6 Ver: https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/leyes/Leydelacomisionfedera ldeelectricidad.pdf

Dado en el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días de enero del 2020.

Senador Primo Dothé Mata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar con el Insabi y las autoridades sanitarias locales competentes la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2019 para sustituir al Seguro Popular.

Dicho Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.1

Es entonces, que esta nueva ley establece que, para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, sólo se deben reunir tres requisitos: encontrarse en territorio nacional; no ser derechohabiente en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y presentar algún documento oficial de identificación.

Si bien, el Instituto de Salud para el Bienestar inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Por lo que, en sustitución del Seguro Popular, entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, pero pacientes y familiares de varios hospitales federales descubrieron que los servicios no son gratuitos e incluso las cuotas aumentaron, contrario a lo que anunció el presidente López Obrador

Derivado de esto, los precios igual se incrementaron para los pacientes que fueron canalizados de otros hospitales estatales.

Asimismo, hay otras personas que decidieron regresar a sus lugares de origen tras no conseguir una cirugía gratuita en ningún instituto de Salud, incluso hay a quienes no se les perdonan las deudas por estudios clínicos no realizados, ni aún por fallecimiento.

En vista de esto, situaciones similares están pasando pacientes del sistema de salud en diversos estados de la república, que no saben cuánto pagaran, sin el seguro popular, mientras que, en otros hospitales, los pacientes se tienen que ir por falta de médicos especialistas.

Asimismo, al menos 42 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez iniciaron el año sin recibir sus quimioterapias porque “la Secretaría de Salud no había surtido los medicamentos”, así lo denunciaron los padres de los menores que son atendidos en ese hospital.

Por si fuera poco, aunado a todo lo anterior, a la fecha no hay reglas de operación, por lo que los empleados no han sido capacitados, no saben bajo qué esquemas realmente operará el Instituto de Salud para el Bienestar.

Por lo que el Instituto de Salud para el Bienestar hasta la fecha, hay una completa desinformación, desorganización, aumento de costos, desabasto de medicamentos, pero no se puede ser tan irresponsable de la vida de las personas y que esto continúe sucediendo en todo el país, se deben tomar acciones inmediatas.

Por caprichos políticos han dejado sin cobertura la atención de diversas enfermedades, las más difíciles, dolorosas y graves, como el cáncer. Todo justificado con la austeridad. Para ellos la austeridad es dejar de atender a los niños con cáncer que les cuestan mucho dinero, y prefieren gastar ese dinero en hacer política e intentar ganar elecciones.2

El Seguro Popular era un programa que estaba funcionando, que faltaba fortalecer algunos aspectos, pero funcionaba y ahora el Instituto de Salud para el Bienestar está hecho sin una adecuada planeación, análisis, no cuenta con reglas de operación, ni un presupuesto adecuado, ni un programa con una preparación de por medio, este Gobierno Federal ha sumado una acción errónea, dejando sin servicio a millones de personas de escasos recursos que necesitan de servicios de salud.

Como legisladores exigimos que se publiquen las reglas de operación y se brinden los servicios sanitarios a todas las personas. Resuelva las dudas que giran en torno al Instituto de Salud para el Bienestar, ya que, como se mencionó la gente ha denunciado que los cobros de cuotas en los servicios médicos son excesivos y no cubre todas las enfermedades.

De acuerdo con la Ley General de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, este sólo brindará servicio médico gratuito en el primer y segundo nivel de atención, pero en medicina especializada habrá “cuotas de recuperación” .

En las enfermedades de tercer nivel que no cubre el Instituto de Salud para el Bienestar se encuentran las siguientes:

• Insuficiencia renal crónica

• Diversos tipos de cáncer

• Trasplantes

• Enfermedades del hígado, páncreas o riñón

• Enfermedades hematológicas como: leucemias agudas, síndromes mieloproliferativos crónicos, linfoma de Hodgkin, entre otros padecimientos

• Hemofilia, un trastorno en la sangre que hace que esta no coagule de manera adecuada

• Hemodiálisis

• Cirugía cardiovascular

Si bien, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, establece que:

“Artículo 36.- Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas.”

No obstante, en el mismo artículo 36 de la Ley General de Salud, también establece que:

“...Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.”

Como podemos observar, el fundamento conforme al cual realizan las cuotas de recuperación es erróneo ya que el mismo como se expuso anteriormente establece que se debe de eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos suficientes para cubrirlas.

Es entonces que, no se deben repetir más casos como estos en diversos Estados de la República, y como el de los 42 niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que iniciaron el año sin recibir sus quimioterapias porque la autoridad sanitaria no había surtido los medicamentos, como lo denunciaron los padres de los menores que son atendidos en ese hospital.3

En este contexto es menester resaltar que el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho que es fundamental para todo ser humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad de vida como persona, sino como parte de la población. El acceso a la salud debe incluir de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria oportuna, aceptable y de calidad, por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano, crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible.

Es entonces, que deben reconocerse los derechos contemplados en nuestra Constitución, los cuales garantizan para “todas las personas” el derecho a la protección de la salud. En la legislación secundaria, la Ley General de Salud norma y regula el ejercicio del derecho social por antonomasia, el “derecho a la salud” , y como sucede con todos los derechos sociales, crea la obligación del Estado de proteger y llevar ese derecho a la práctica, a través de leyes, políticas y programas. De la misma forma, hace nacer la obligación positiva de evitar que particulares, grupos o instituciones la dañen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se garantice la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, y a las autoridades sanitarias competentes en los gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen a “todas las personas” la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, incluyendo las enfermedades de tercer nivel, conforme lo establece nuestra Constitución, la Ley General de Salud y Tratados Internacionales de los que México es parte.

Segundo . La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Salud (SS), para que, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, dentro de sus facultades, procedan a publicar a la brevedad las reglas de operación bajo las cuales se regirá la actuación del Instituto a su cargo.

Notas

i Instituto de Salud para el Bienestar, ¿Qué hacemos?, Gobierno de México, consultado por última vez el 13 de enero 2020 en la página oficial https://www.gob.mx/insabi/

ii Hernández Antonio, Tamaulipas: es irresponsable adherirse al Insabi sin conocer reglas, Grupo Milenio, Ciudad Victoria, 15.01.2020, consultado por última vez 17 enero 2020 en https://www.milenio.com/politica/gobierno/tamaulipas-es-irresponsable-a dherirse-al-insabi-sin-conocer-reglas

iii Roldán Mariluz, Dejan a 42 niños con cáncer sin quimioterapia, Grupo La Silla Rota, 4 de enero de 2020, consultado en
https://lasillarota.com/nacion/
dejan-a-42-ninos-con-cancer-sin-quimioterapia-cancer-ninos-quimioterapia-quimioterapias/349675

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2020.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Insabi a garantizar los servicios médicos requeridos de manera urgente por personas sin seguridad social y emitir con la mayor brevedad la información sobre la cobertura de los servicios de salud, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 55, fracción II; 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

La salud es un derecho humano que está tutelado desde la ley suprema y en diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, en beneficio de todos los mexicanos y de las personas que se encuentren en territorio nacional, teniendo la posibilidad de acudir a cualquiera de las instituciones de salud, públicas, privadas o de asistencia social, para atenderse de toda afección que pudiera mermar su integridad física o mental, o incluso la vida.

La adecuada protección al derecho humano a la salud por parte de las autoridades competentes dentro de los tres órdenes de gobierno reviste una gran trascendencia, por depender de ella el bienestar y una óptima calidad de vida de quienes se ven afectados por infecciones, accidentes, enfermedades no transmisibles, entre otras condiciones de carácter patológico, las cuales pueden generar padecimientos crónico-degenerativos a mediano y largo plazo.

Por ello, una adecuada protección del derecho humano a la salud dará lugar a la protección a la vida del individuo.

Como parte de los ejes de la política de salud del actual gobierno federal, los legisladores del grupo mayoritario en Cámara de Diputados propusieron eliminar el fideicomiso que daba lugar al Seguro Popular, para crear al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sectorizado a la Secretaría de Salud, con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población que no cuenta con seguridad social , además de impulsar las acciones para lograr una adecuada articulación y funcionamiento de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, como un avance a la universalización de los servicios médicos.

Al mismo tiempo se abre la posibilidad de que las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación con la federación, con la finalidad de que la Secretaría de Salud, preste los servicios médicos que originalmente corresponde brindar a las autoridades de las entidades federativas, con los recursos de estas, contando con un enfoque multidimensional basado en un modelo de acceso universal a la salud a través de un sistema de redes, o bien, que estas lo hagan a través de los recursos económicos que la federación les otorgue.

Dicha reforma a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud se aprobó por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, entrando en vigor el 1o. de enero de 2020.

Desafortunadamente, las personas que requieren de la atención médica en tercer nivel (altas especialidades-gastos catastróficos) en algunos nosocomios donde eran atendidos por el Seguro Popular, se han visto afectados al no ser tomados en cuenta por la referida reforma, por cobros excesivos, desabasto de medicamentos, ausencia de disposiciones reglamentarias, no hay un sustento financiero y un plan de implementación, además de la falta de información que permea en esta problemática, no sólo entre los pacientes y sus familiares, sino incluso entre los gobiernos estatales, directivos de hospitales y personal médico.

En su conjunto, estamos frente a una crisis en los servicios de salud que ha generado incertidumbre entre los pacientes (independientemente de su edad) y sus familiares, poniendo en riesgo la salud de aquellos, e incluso su vida, ante la imposibilidad de pagar la atención médica especializada y el desabasto de medicamentos o de servicio de laboratorio, circunstancia que no sucedía cuando recibían la atención médica de primer nivel (unidades familiares), segundo nivel (hospitales generales) y tercer nivel (altas especialidades-gastos catastróficos insuficiencia renal, algunos tipos de cánceres y algunas intervenciones) en el Seguro Popular, habiendo más claridad al respecto.

Con el Seguro Popular existía un fondo contra gastos catastróficos, que representaba 8 por ciento del total de los recursos disponibles para su ejercicio anualmente, el cual cubría diversas enfermedades cuya atención correspondía a altas especialidades, y de esa manera, el pago que realizaban los pacientes o sus familiares era mínimo o incluso quedaban eximidos, además de que con dichos recursos también se contrataba personal médico y adquisición de medicinas de alta especialidad.

Debido a lo anterior, con el Insabi podría haber insuficiencia de médicos y más desabasto de medicinas, dejará de haber atención contra el cáncer y trasplantes, tampoco habrá cobertura familiar, ni cobertura personal. No habrá atención sin costo para enfermedades de primer y segundo nivel, sin omitir que también hay inquietud sobre la disposición de vacunas.

Si bien es cierto el Insabi, ha generado un alta expectativa en lo que hace a la atención médica gratuita de aquellas personas que carecen de seguridad social, también es una realidad que al día de hoy no existe información y claridad para los pacientes y familiares sobre la forma en que se les brindaran los servicios de salud, ni los costos o cuotas de recuperación que se deban pagar por ellos, los derechos u obligaciones que existen al respecto, así como tampoco la hay para los gobiernos estatales.

Para que el Insabi pueda tener un adecuado funcionamiento, es importante que resuelva las problemáticas relativas al financiamiento, adecuada atención a pacientes, operación clara en los estados, así como respetar los derechos laborales de los trabajadores, por lo que ante la incertidumbre causada y la desatención de los pacientes, los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, mantienen la postura de no firmar los convenios de colaboración para que este instituto brinde los servicios de salud entre su población, además de que no se han pronunciado al respecto los gobernadores de Nuevo León y de Michoacán.

Por esa razón es que dichos mandatarios presentarán una propuesta al Ejecutivo federal, para reformar la Ley General de Salud y la Ley de Institutos Nacionales de Salud y corregir las deficiencias que presenta el Insabi. Dicha propuesta contendrá rubros como la posibilidad de garantizar la gratuidad de los servicios de salud, el incremento del presupuesto, establecer mecanismos de financiamiento, y la atención universal.

Una de las causas que han propiciado la problemática descrita con el Insabi, es la ausencia de disposiciones reglamentarias, en las que se determinara la forma en que dicho instituto va a brindar atención medica en todo el país, por lo que tomando en consideración la naturaleza y primera necesidad de ese tipo de servicios, es urgente que el Ejecutivo federal no agote el plazo de 180 días que le confiere el segundo transitorio del decreto de la reforma de 29 de noviembre de 2019 y emita de manera urgente dichas disposiciones, ya que de no hacerlo, el Insabi no funcionara y pondrá en riesgo la salud y la vida de las personas que requieren ser atendidas por algún padecimiento.

Es importante que dichas circunstancias puedan resolverse en forma pronta, ya que de lo contrario puede presentarse una importante crisis de derechos humanos en perjuicio de aquellas personas que no están siendo atendidas por no poder pagar las cuotas de recuperación o por desabasto de medicinas, motivo por el que se exhorta al secretario de Salud para que subsane las importantes deficiencias que tiene el Insabi en su operación y que le han impedido brindar eficazmente los servicios de salud para los que fue creado.

Por lo antes expuesto es que me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar, con la finalidad de que garanticen los servicios médicos que de manera urgente requieren aquellas personas que no cuentan con seguridad social.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones emitan a la brevedad la información conducente a la cobertura de los servicios de salud que proporcionará dicho instituto, en beneficio de las personas que la requieran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno mexiquense a fortalecer la estrategia para prevenir y combatir la trata de personas, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Carolina García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es definida de acuerdo al Protocolo de Palermo1 como la “captación, transporte, traslado y recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras con fines de explotación”.

Dicho fenómeno implica un problema social y delictivo que afecta el tejido social de nuestro país, con cifras que se incrementan año con año, debido a su relación con otros delitos, lo cual dificulta su persecución y detección.

Debido a sus ganancias este delito se ha convertido, en “el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo” al generar entre 32 mil y 36 mil millones de dólares,2 sólo por debajo del tráfico de drogas y armas; lo que ha provocado su explosión a nivel interno y de manera trasnacional, formando parte un entramado más complejo del crimen organizado.

En nuestro país, este acto ilícito aumentó 37.7 por ciento hacia los primeros ocho meses de 2019,3 siendo las niñas y mujeres el grupo más vulnerable ante este fenómeno, al representar 85 por ciento de las víctimas, donde el ámbito sexual implica 70 por ciento de las víctimas totales.4

Los transgresores encuentran generalmente a sus víctimas en población de por sí vulnerable, con niveles bajos de escolaridad o en analfabetismo, en situación de pobreza, con trabajos precarios o en desempleo, con antecedentes de violencia sexual y familiar”5 a quienes que se les dan falsas promesas de empleo, relaciones románticas o extorsión.

Quienes son dañados por trata, son violentadas en su dignidad y derechos como personas, al ser obligadas a trabajos forzados y explotación; ejercer la prostitución y en muchas ocasiones obligadas a realizar actividades ilegales como asesinatos, vigías, producción, transporte y venta de drogas,6 incapaces de realizar denuncias por el miedo, la violencia y las amenazas –contra ellos y sus familiares– a las que son sometidos.

El reporte de la Embajada norteamericana,7 relató la participación de grupos delictivos organizados en la trata y la creación de alianzas complejas con funcionarios del gobierno federal, estatal y local en al menos 17 de los 32 estados para cometer trata y otros crímenes; los tres estados en los que se reportan el mayor número de casos son la Ciudad de México, Chihuahua y el estado de México.

De enero a septiembre de 2019, en el estado de México se registraron 28 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, lo que equivale a 3.1 casos perpetrados mensualmente según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).8

De acuerdo a información de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hay registro de casos de trata en los municipios de Toluca, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Nicolás Romero, Chalco, Texcoco, Ecatepec, Tecámac, Atlacomulco y Zumpango.

Apenas hace dos meses, en noviembre de 2019, se detuvo a Gabriela “N” por su supuesta participación junto a otras personas en la prostitución de mujeres extranjeras, quienes tenían que dar una cantidad de dinero a Gabriela “N”, para promover y facilitar su estancia en el hotel Gran Vía en Lerma.9

Acciones como la anteriormente descrita, afectan a la víctima, así como a su familia y a la sociedad, al tratar a la persona como objeto que puede ser fácilmente comercializado como mercancía, generando graves afectaciones psicológicas al despojar a quien lo padece de su historia y por lo tanto de su identidad.10

Las víctimas de trata de personas pueden ser capturadas para distintas actividades, entre ellas: masajes eróticos, bailes eróticos, pornografía, turismo sexual, llamadas con contenido sexual, servicio de acompañantes, agricultura, trabajo doméstico, construcción, entre otros.11

De enero a agosto de 2018 se registraron 15 casos de trata de personas en el estado de México; de los 201 casos registrados a nivel nacional según datos del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que lo posiciona como el cuarto estado en que más se registró este delito en ese periodo.

Según las cifras de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018, la Ciudad de México ocupa el primer lugar como 24 casos registrados de enero a agosto de este año. Le sigue Chiapas con 21, Tlaxcala con 18, el estado de México con 15 y Nuevo León con 12.12

En el último año la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, obtuvo 12 sentencias condenatorias relacionadas con el delito de trata de personas, mismas que en suma arrojan más de 266 años de prisión, es decir, un promedio de 22.1 años.13

El Código Penal del Estado de México tipifica la trata de personas en el artículo 268 Bis y dispone que comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes.

La Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México define a la trata de personas como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Trata del Estado de México, corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

I. Coordinar mecanismos de actuación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la atención y ejecución de inspecciones por denuncia ciudadana o investigación preventiva en los lugares o establecimientos donde se tengan indicios de la posible comisión del delito de trata de personas.

II. Implementar políticas y estrategias para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas.

III. Difundir entre la población los números de los sistemas de atención de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, para atender quejas o denuncias sobre la trata de personas.

IV. Generar inteligencia táctica que le permita identificar modos de operación vinculados con la trata de personas, con el fin de combatir y prevenir la misma.

V. Generar un padrón de los sitios donde se detecten actividades delictivas previstas en esta ley.

VI. Establecer mecanismos para vigilar y supervisar los medios de transporte público, a fin de detectar la comisión del delito de trata de personas.

VII. Desarrollar mecanismos que permitan la coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, para la prevención y combate de los delitos en materia de trata de personas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

VIII. Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a víctimas, ofendidos y testigos, ante la comisión o posible comisión del delito de trata de personas.

La trata de personas violenta la dignidad y los derechos humanos. Al mismo tiempo, corrompe la libertad y la dignidad de las víctimas, así como su integridad física y emocional, al igual que su capacidad de desarrollo.

Las consecuencias de los delitos de trata de personas afectan no sólo al individuo que es víctima, sino también a la familia y a la sociedad en general. Las afectaciones y daños sufridos por las víctimas de trata de personas obligan al estado de México a la formulación de acciones y políticas públicas eficaces e integrales para combatir este flagelo.

En ese tenor y con el objetivo de cuidar a toda la población vulnerable ante actos que afectan sus derechos fundamentales, que lastiman y destruyen familias y que devastan la integridad de la persona con la presente proposición con punto de acuerdo se propone exhortar al gobernador del estado de México para que a través de la Secretaría de Seguridad fortalezca la estrategia para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas en el estado de México.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que a través de la Secretaría de Seguridad fortalezca la estrategia para prevenir y combatir la comisión del delito de trata de personas en el estado de México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que a través del secretario general de Gobierno informe a esta soberanía los resultados de los programas que se han implementado para la prevención y combate del delito de trata de personas en el estado de México.

Notas

1 Protocolo de Palermo [disponible en línea] https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf

2 Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México [disponible en línea] https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Tr ata.pdf

3 El Universal con cifras del SESNSP [en línea] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/delito-de-trata-de-pers onas-aumenta-377-en-primeros-8-meses-de-2019

4 CNDH [en línea] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOST ICO-TDP-2019-RE_0.pdf

5 Informe anual de actividades CNDH [en línea]

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30064

6 Embajada y Consulado de Estados Unidos [en línea]

https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/reportes -oficiales/reporte-sobre-trafico-de-personas/

7 Ídem

8 Heraldo http://www.hgrupoeditorial.com/en-edomex-3-1-casos-de-trata-de-personas -al-mes/

9 Uno tv [en línea] https://www.unotv.com/noticias/estados/estado-de-mexico/detalle/detiene n-a-mujer-que-prostituia-a-extranjeras-en-el-estado-de-mexico-107084/

10 Biblioteca Jurídica UNAM [en línea] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/17.pdf

11 https://www.milenio.com/opinion/caritina-saenz/parlando/erradicar-la-tr ata-de-personas-en-edomex

12 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-cuarto-lugar-nacional-en- materia-de-trata-de-personas-2182812.html

13 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-y-su-lucha-contra-la-trat a-de-personas-3964423.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer ante esta soberanía a los titulares del IMSS, la Ssa y el Insabi para explicar qué acciones y medidas implantan contra el desabasto prevaleciente en la prestación de los servicios de salud, personal especializado, medicamentos y atención de pacientes con enfermedades como cáncer y VIH, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador promete dar atención médica y medicamentos gratuitos a 69 millones de personas que no cuentan con seguridad social, comenzó a operar formalmente el primero de enero de 2020, reemplazando al esquema de salud que fue el Seguro Popular, desde 2004.

2. Si bien para acceder a estos servicios, sostiene el Presidente López Obrador, la gente solo debe presentar su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), su Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento. Ya no es necesario mostrar una póliza, como ocurría con el Seguro Popular.

Textualmente, expreso el, jueves 2 de enero, en su conferencia de prensa mañanera de 2020 que: “La diferencia, entre otras, es que no hace falta estar inscrito para recibir la atención; ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”.

3. A su vez, el director del organismo, Juan Ferrer, en el mismo tenor, -en un video difundido en redes sociales con motivo del arranque de operaciones del Insabi-, explicó que las personas, para acceder a la Seguridad Social, ya no necesitan afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos gratuitos.

4. No obstante, los derechohabientes del ahora Insabi, ha encontrado otra realidad, desde que la gratuidad sólo cubre enfermedades de primer y segundo nivel, no los servicios de salud para pacientes de alta especialidad, que justamente era el objetivo de evitar la precarización del no sólo del paciente sino el patrimonio familiar.

Así, a lo largo va del mes de enero las inconformidades y reclamos siguen apilándose por todo el territorio nacional.

5. Hay casos extremos en que los familiares han desistido de mantener a sus enfermos en los hospitales, sobre todo por el elevado costo de la hospitalización y los servicios médicos, cirugías, etcétera, que antes eran gratuitos (de acuerdo con su condición socioeconómica, hasta el cuarto decil con cargo al Fondos de Protección de la Salud).

6. Situaciones como estas han provocado que, muchos familiares han preferido llevar a sus pacientes a sus casas en el mejor de los casos a “bien morir”, pues evidentemente, requieren servicios que no se brindan en ningún otro lugar; y mientras miles de mexicanas y mexicanos sufren esta ignominia, el Presidente, en sus mañaneras, se preocupa y ocupa en hablar de los memes “geniales ” en torno de su idea de rifar el avión presidencial –que como sabemos, lo envió a EUA, para venderlo, pero como nadie se interesó en su compra, ahora lo trajeron de regreso, por su alto costo que representa su mantenimiento en ese país.

7. En medio de esta situación desesperada padres de familia con hijas o hijos con cáncer, que ante la negativa de los hospitales para atender a sus hijos o ante la escasez de medicamento, que tras invalidarse sus pólizas del Seguro Popular, han solicitado amparos al Poder Judicial de la Federación por la vía judicial.

Los jueces han empezado a conceder los amparos para que los pacientes sigan gozando de la atención médica. Jueces federales de los juzgados Cuarto, Quinto y Noveno ordenaron al Hospital Infantil de Especialidades del Gobierno del Estado de Chihuahua continuar los tratamientos a niños con cáncer que habían quedado en el desamparo luego de que se anunciara que el Seguro Popular sería remplazado por el Insabi y tanto del Gobierno del Estado como el Gobierno federal pretendieron dejar de atenderlos y pasarlos al Seguro Social.

8. La negativa por parte de hospitales y de alta especialidad para seguir atendiendo a pacientes que gozaban de los servicios médicos de alta especialidad o la gratuidad, los pone en una situación de elevada vulnerabilidad, pues estas situaciones ponen en riesgo la vida misma, lo cual constituye, por parte del Estado mexicano, una flagrante violación del derecho constitucional a la salud, y máxime que se trasgrede el interés superior de la niñez.

9. Lo anterior, significa que el Hospital está obligado a continuar tratamientos, suministrar medicamentos y practicar las cirugías que correspondan, por el argumento de que antes de cualquier cuestión burocrática o administrativa prevalece el valor superior de la vida de los niños y niñas.

10. Los amparos ordenan que de inmediato se les dé a los niños y niñas “la atención médica que requieren, los productos farmacéuticos y demás atenciones para salvaguardar (en cada caso) la salud del menor y que por decir del propio quejoso (si no se aplican) ponen en peligro la vida del infante”.

Debido a ello -el riesgo de perder la vida- los jueces federales establecieron que, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se decretara la suspensión de plano respecto al acto consistente en la omisión o negativa de brindar atención médica integral.

La suspensión referida, concede que las autoridades responsables provean todas las gestiones administrativas que sean necesarias para realizar todos los estudios médicos, análisis y de laboratorio que requiera el quejoso, sin costo para él.

Y de inmediato, en tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento que den a la presente suspensión de plano; para lo cual deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten.

Asimismo, advierte, con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo”.

11. No obstante lo anterior, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, expreso el 16 de enero, se firmará el convenio IMSS-Insabi, con lo que prometió, “vamos a proveer servicios de salud a toda la población, de manera coordinada en el territorio”.

12. En igual sintonía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los estados donde los Gobernadores no se sumen al Insabi, el IMSS Bienestar se encargará de dar atención y medicamentos gratuitos a la población.

Lo expresado, tanto por el titular del IMSS, como por el Presidente, sugiere que el gobierno federal está buscando salidas para atender a la población afiliada al extinto Seguro Popular, que para 2018, fue al menos: 53 millones 530 mil 359 personas.

Si este fuera el caso, sería interesante que el funcionario del IMSS, nos explicara, por su importancia, este tema, ya que es de la mayor relevancia e interés para la sociedad mexicana.

En virtud de la importancia que representa para la salud y el bienestar de las familias mexicanas, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran inaplazable y de vital que los funcionarios aclaren puntualmente estas inquietudes y preocupaciones ante esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer ante esta soberanía, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social; al Secretario de Salud; y, al director del Instituto de Salud para el Bienestar, con el objeto de explicar las medidas administrativas, institucionales, médicas, entre otras, que están implementando, para enfrentar el desabasto en la atención de los servicios de salud, medicamentos y, en general la atención de niños y pacientes con cáncer; VIH sida, entre otros, derivados del reemplazo seguro popular por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre las medidas implantadas para resolver la grave crisis de desapariciones en la entidad, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 4, se entiende por persona desaparecida : a la persona cuyo paradero se desconocer y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. A su vez, se define como persona no localizada : a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.1

El pasado 6 de enero la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas , presentó el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas.” De acuerdo con este documento, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, se registraron en el país 5,184 casos de personas desaparecidas o no localizadas. Resulta alarmante que tan sólo en el estado de Jalisco, el número de casos fue de 2,100 personas . Le siguen Tamaulipas, con 613 casos; Chihuahua, con 459 casos; Nuevo León, con 433 casos; y Puebla, con 423 casos.2

No obstante lo anterior, el C. Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desestimó las cifras y descalificó el Informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El titular del Poder Ejecutivo estatal declaró en relación al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien presentó el citado informe: “Hace unos días salió el subsecretario Encinas a según él presentar un informe nacional de desaparecidos [...] Le mando un mensaje muy sencillo y muy claro, con el tema de los desaparecidos no se juega a la política. Si alguien lo mandó a atacar al gobierno de Jalisco con sus cifras se está equivocando.”3

Por su parte, el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, ofrece las siguientes cifras: desde 1995 hasta el 31 de diciembre de 2019, hay 6,624 personas no localizadas y 2,111 personas desaparecidas. Es decir, un total de 8,735 personas pendientes de localizar. De ellos, 1,076 casos son de mujeres, 7,651 son hombres, y 8 no existe especificación de sexo. La siguiente gráfica, tomada del sitio oficial del SISOVID, muestra el incremento significativo de casos en los últimos años. Los casos de personas pendientes de localizar por fecha de denuncia , en 2017, fueron 1,064; en 2018 hubo 1,549 y en 2019 se contabilizaron 2,485 casos .4

Por otro lado, de acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), de los años 60 al 31 de diciembre de 2019, hay 61,637 casos de personas desaparecidas. De ellos, Jalisco cuenta con 9,286 casos, como se observa en el siguiente cuadro.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno). Presentado como parte del Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas . Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Segob.

Es de resaltar que el número de desapariciones en el país presenta un incremento significativo a partir del año 2006, cuando la estrategia de seguridad que implementó el Gobierno Federal encabeza en ese momento por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, emprendió una lucha contra el crimen organizado. Entre ese año y el 2019, hay 60,053 casos de personas desaparecidas, esto es, el 97.43% del total de casos desde los años sesenta. Previo a esa fecha, se tienen registrados 1,584 casos. Es decir, entre 1964 a 2005 desaparecieron el 2.5% de la cifra total, y a partir del año 2006 desaparecieron el 97.5% de la misma cifra.5 El siguiente cuadro presenta dicha información.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), en Guadalajara, solicitaron durante la segunda mitad del año pasado que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) diera a conocer a detalle la metodología que se utiliza en relación al registro de víctimas de desaparición, registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación. De acuerdo con CEPAD, la FEJ respondió que existe “un sistema web de información (...) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de la información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma.”6

En consecuencia, la CEPAD da cuenta del modo en que la FEJ no cuenta con “procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad.”7 Aunado a ello, las cifras presentadas por el SISOVID no hacen un distingo entre persona desaparecida y persona no localizada, lo que abona a la confusión de la opinión pública.

Debido a la grave crisis de desapariciones que enfrenta la entidad, es imperativo que las autoridades locales actúen en consecuencia y proporcionen a la ciudadanía información confiable y certera respecto a las medidas que están llevando a cabo para enfrentar este grave problema de derechos humanos y seguridad.

Fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorableCongreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de los estados, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, a que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las medidas implementadas a fin de resolver la grave crisis de desapariciones en la entidad, la cual encabeza la lista de casos de personas desaparecidas o no localizadas de acuerdo al informe presentado recientemente por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de los estados, exhorta a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, a que remita a esta soberanía un informe detallado respecto a los criterios y metodología para la elaboración de sus registros, toda vez que la información disponible para la ciudadanía a través del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno del Estado de Jalisco, no es clara.

Notas

1 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 4. En línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

2 Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Secretaría de Gobernación, 6 de enero 2020. En línea: http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGISTRODEPER SONASDESAPARECIDAS.pdf

3 “Enrique Alfaro en desacuerdo con Informe Federal sobre Desaparecidos,” Milenio, 10 de enero 2020. En línea: https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-alfaro-desacuerdo-in forme-federal-desaparecidos

4 Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno del Estado de Jalisco. En línea:

https://sisovid.jalisco.gob.mx/

5 “Catástrofe por desapariciones,” columna de Rubén Martín en Informador.mx, 8 de enero 2020. En línea: https://www.informador.mx/ideas/Catastrofe-por-desapariciones-20200108- 0041.html

6 “Jalisco el primero a nivel nacional en personas desaparecidas,” Comunicado del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 13 de enero 2020. En línea: https://cepad.org.mx/2020/01/comunicadocifras-de-desaparicion-generan-m as-dudas-a-pesar-del-reconocimiento-de-la-problematica/

7 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero 2020.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE a modificar la resolución por la que se otorga a Pemex Transformación Industrial una ampliación del plazo a fin de cumplir la especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en la NOM-016-CRE-2016, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la resolución por la que se otorga a Pemex Transformación Industrial una ampliación al plazo para el cumplimiento de la especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, aprobada en sesión extraordinaria de su órgano de gobierno del 18 de diciembre de 2019; lo anterior, con la finalidad de garantizar que todos los petrolíferos que se comercializan en México cumplan con las especificaciones de calidad para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, además de hacerlos compatibles con las normas de las naciones con las cuales nuestro país guarda relación comercial, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de diciembre en sesión extraordinaria, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una prorrogar para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda seguir produciendo, distribuyendo y comercializando diésel con alto contenido de azufre hasta el 31 de diciembre de 2024, ampliando así el plazo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos.

La NOM-016-CRE-2016 exigía a Pemex producir, distribuir y comercializar diésel limpio en todo el país a partir de 2019; con la resolución de la CRE, Pemex podrá seguir comercializando diésel de ultra bajo azufre (Duba) solamente en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, así como en la frontera norte, mientras que en el resto del país seguirá vendiendo diesel de hasta 500 partes por millón de azufre, el cual se trata de un diesel altamente contaminante que produce daños a la salud y al medio ambiente.

Durante todo 2019, Pemex intento postergar la aplicación de la norma oficial, aduciendo falta de infraestructura para producir y distribuir combustibles con bajo contenido de azufre.

Desde febrero de 2019, la empresa productiva del estado obtuvo un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra la NOM-016-CRE-2016, que lo obligaba a producir, distribuir y comercializar diésel de ultra bajo azufre (Duba) para ser vendido en todo el país.

El desprecio mostrado por el gobierno federal, para proteger la salud de los mexicanos y el medio ambiente es evidente; poco o nada ha hecho Pemex para tratar de cumplir con dicha norma; por el contrario, ha trabajado, por todos los medios, echar atrás la obligatoriedad de distribuir y comercializar Duba en todo el país.

Resulta vergonzoso y muy sospechoso que la CRE aprobara, en una sesión extraordinaria que apenas duró menos de tres minutos, ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, para que en nuestro país se deje de producir y comercializar diésel altamente contaminante en perjuicio de nuestra salud y medio ambiente. Durante la sesión ninguno de los comisionados de la CRE intervino para dar razones sobre la decisión tomada.

El plazo que la CRE le dio a Pemex para dar cumplimiento a la NOM-016-CRE-2016, fue el plazo que solicitó expresamente el gobierno federal, a través de la Secretaria de Energía.

Resulta cuestionable e inaceptable que la CRE actúe como portavoz del gobierno federal al otorgarle el plazo solicitado por Pemex y la Secretaria de Energía, no cuestionó las posibles ni tiempos propuestos por el gobierno federal en perjuicio de la salud de los mexicanos y de nuestro medio ambiente.

Es sabido que al actual ejecutivo federal le disgusta invertir y promover en la producción y uso de combustibles más amigables con el ambiente, en este sentido, la CRE, como órgano autónomo, debe certificar que todos los petrolíferos que se comercializan en México cumplan con las especificaciones de calidad para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, así como garantizar que los mismos sean compatibles con las normas de los países con los cuales tenemos una estrecha relación comercial.

Asimismo, se debe tener en cuenta que de la NOM-016-CRE-2016 depende normas ambientales que establece que a partir del 31 de diciembre de 2020 los autobuses y camiones fabricados en México e importados, deberán operar exclusivamente con Duba; lo anterior, afecta la certeza jurídica de los empresarios del sector, quienes no tendrán garantizado la oferta de Duba antes de 2025, afectando gravemente los programas de inversión en la modernización del sector del transporte.

Pretender postergar la distribución y venta de Duba en todo el país hasta que nuestras refinerías cuenten con la capacidad suficiente para su producción, es ignorar la emergencia ambiental que se padece en todo el planeta, el daño que se causara a la salud de millones de mexicanos y al medio ambiente no acepta argumentos populistas que prometen acabar con la dependencia del combustible importado. Es mejor importar Duba para su comercialización en todo el país que exponer la salud de los mexicanos y agravar el daño ambiental que ya le hemos ocasionado al planeta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la resolución por la que se otorga a Pemex Transformación Industrial una ampliación al plazo para el cumplimiento de la especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos, aprobada en sesión extraordinaria de su órgano de gobierno del 18 de diciembre de 2019; lo anterior, con la finalidad de garantizar que todos los petrolíferos que se comercializan en México cumplan con las especificaciones de calidad para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, además de hacerlos compatibles con las normas de las naciones con las cuales nuestro país guarda relación comercial.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 22 de enero 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar de inmediato una campaña de regularización y corrección de inconsistencias en las claves únicas del Renapo, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar de inmediato una campaña de regulación y corrección de inconsistencias en las Claves Únicas de Registro de Población en atención de la ciudadanía que pudiera ser afectada por dicha situación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un instrumento de registro asignado a todas las personas que viven en la república, así como los mexicanos que residen en el extranjero. El Registro Nacional de Población se encarga de otorgarla y de expedir una constancia.1

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad es la unidad administrativa encargada de registrar y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país y nacionales que residen en el extranjero, a través de la asignación de la CURP y la expedición de la cédula de identidad.2

El 23 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial para la adopción y uso por la administración pública federal de la CURP, señalando que las instituciones públicas que llevaran o en lo futuro hayan de integrar algún registro de personas deberían adoptar el uso de ésta.

La clave está integrada por 18 elementos, representados por letras y números, generados a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), y se forma por el primero y segundo apellidos, así como el nombre de pila, la fecha de nacimiento, el sexo y la entidad federativa de nacimiento. Asimismo, los últimos dos elementos son asignados para evitar su duplicación.

Para solicitarla se requiere sólo presentar original y copia del documento probatorio de identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, visa diplomática o documento migratorio) y de una identificación oficial vigente con fotografía.3

Algunos trámites en que se solicita como requisito presentar la CURP son los siguientes: para registrarse en programas sociales de gobierno; o tramitar el acta de nacimiento, el pasaporte o Registro Federal de Contribuyentes o afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.4

En 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) redobló esfuerzos por digitalizar y facilitar los trámites de identificación ciudadana, por lo que se creó un nuevo formato que exhibe la Clave Única de Registro de la Población.5

Durante el mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Segob carecía de información sistematizada, confiable y oportuna para expedir el CURP, limitando el derecho de las personas a tener acceso fácil a trámites y servicios e impedir un posible robo de identidad.

En la integración del Registro Nacional de Población había un sobrerregistro de 46.4 por ciento respecto al total de la población estimada, pues 12.7 de los integrantes del registro de menores de edad tenía doble registro.6

Por esa situación, la ASF emitió una recomendación a la Segob para realizar un diagnóstico de la cobertura en la asignación de la CURP para contribuir a su depuración y confiabilidad.

En días recientes, diversas fuentes periodísticas destacaron que varios usuarios de internet han utilizado sus redes sociales para reportar fallas en la consulta de su CURP a través del portal de la Secretaría de Gobernación.7

Dichos usuarios hicieron mención de que aparecía un mensaje que establecía lo siguiente: “Estimada/o usuaria/o, la clave que ingresaste no existe o no está validada. Por favor contacta o acude a la oficina estatal del Registro Civil ubicada en la capital de la entidad federativa donde fue registrado tu nacimiento”.

En vista de lo anterior, la dependencia indico que el trámite por internet no ha presentado ninguna falla y funciona de manera normal. Sin embargo, lo que ha causado que las personas no puedan imprimir su CURP por esta vía, es la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y su clave, situación que se podrá ver corregida cuando las personas acudan a las oficinas a realizar la corrección de sus datos.

Esta situación ha causado una gran molestia en todas aquellas personas que han querido hacer uso de los medios electrónicos para poder imprimir su CURP, por lo que tendrán que acudir obligatoriamente ante la Dirección General de Registro Civil de la entidad federativa a actualizar sus datos.

En razón de esta situación solicitamos a la Secretaría de Gobernación a que implemente de manera inmediata una campaña de regulación y corrección de inconsistencias en las claves únicas de Registro de Población en atención de la ciudadanía que pudiera ser afectada por dicha situación, a fin de no crear un ambiente de confusión en las personas al momento de querer consultar su CURP y no lo puedan hacer.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a implantar de inmediato una campaña de regulación y corrección de inconsistencias en las claves únicas de Registro de Población en atención de la ciudadanía que pudiera ser afectada por dicha situación.

Notas

1 https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html

2 https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/que-hacemos

3 https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/acciones-y-programas/clave-unica-de-r egistro-de-poblacion-curp-142226

4 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/consultar-imprimir-c urp-20191119-0056.html

5 https://noticieros.televisa.com/historia/estos-son-datos-nuevo-formato- curp/

6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ni-Cedula-ni-Clave-Unica-son-u na-realidad-en-Mexico-20170703-0020.html

7 https://www.milenio.com/politica/curp-desaparece-reportan-usuarios-rena po-descarta-fallas-sistema

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2020.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a autorizar que el aumento de tarifa del transporte público no aplique a estudiantes, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Carolina García Aguilar, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

A partir del 1 de enero el titular del Ejecutivo del gobierno del estado de México autorizó que en todos los municipios del estado de México en el servicio colectivo de transporte público la tarifa incremente de un mínimo por viaje de 10 a 12 pesos si es un trayecto de hasta cinco kilómetros y veinticinco centavos por cada kilómetro adicional a lo establecido en la tarifa inicial.

Este aumento tuvo resistencias desde el Congreso Local que elaboró un exhorto para desincentivar la medida, toda vez que el servicio no ha mejorado en sus rubros básicos, mientras que la sociedad civil, buscó modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica, a fin de permitir que el cobro de las tarifas sea competencia del legislativo.1 Ninguna medida prospero, sin embargo, la opción de modificar la ley para que sea competencia legislativa ha tenido eco entre los legisladores locales en el inicio del año, y buscarán, mediante negociación y en su caso evaluarán otras opciones para revertir dicha medida ejecutiva.2

Los legisladores que son los representantes del pueblo como los habitantes del Estado de México, principalmente jóvenes y colectivos, han protestado en diferentes partes de la entidad.3

Para los jóvenes, en su mayoría estudiantes, la medida se ciñe a un carácter contrario a los intereses populares y es una acción que distancia las funciones básicas de velar por la seguridad humana, por parte del gobierno. Las protestas no han cesado puesto que el aumento incluye dentro del transporte público a microbuses, combis, lo mismo que Mexibus y Cablebus.

Del total de los habitantes del Estado de México, en promedio el 70% de las personas en la entidad usa el transporte público con 30% de las personas no perciben ingreso alguno,4 esto es, amas de casa y estudiantes.

La movilidad en el Estado de México es más compleja aún, el 63 por ciento de los usuarios utilizan entre dos y cuatro unidades en sus recorridos diarios y el 31 por ciento hasta cinco o más, según informa el estudio “Estado de México: Movilidad 2025”, realizado por el Centro de Transporte Sustentable.

La población que usa el transporte público lo hace para desplazarse a su trabajo, lugar de ocupación o centro de estudio. Es, por tanto, una necesidad básica.

El 40 por ciento de los mexiquenses que se traslada diariamente a la Ciudad de México en transporte público utiliza cuatro o más medios de transporte para hacer su recorrido.5 En promedio una persona gasta al día entre 70 y 80 pesos en transporte, lo cual eleva el problema en familias donde una persona mantiene a cuatro o cinco integrantes.6 El salario mínimo está en 123 pesos, si consideramos el costo de la canasta básica, hay millones de familias, que sobreviven día con día. Una medida como la tomada por el titular del Gobierno estatal afecta los bolsillos de los más vulnerables, pudiendo ocasionar, renuncias laborales, deserción escolar y falta de movilidad económica en las regiones. Por no hablar de la falta de cuidado de los conductores hacia los ciclistas, alrededor de 1.5 personas es arrollada al mes en el Estado.7

Gran parte de la sociedad mexiquense invierte hasta cinco años de su vida en el tráfico, y gasta hasta el 40 por ciento mensual de sus ingresos en transportación.8

El alto costo que pagan los mexiquenses por el transporte público impide el crecimiento económico familiar.

De acuerdo con la pirámide tarifaria de la Secretaría de Movilidad, de 1989 hasta el 2017 el costo en el transporte público se ha ajustado en 14 ocasiones, la mayoría de las veces con incrementos de 50 centavos hasta 2 pesos, siendo ésta la más alta.9

La justificación de todos los ajustes tarifarios, ha sido bajo el compromiso de los transportistas y del gobierno de mejorar el servicio, a través de la renovación de las unidades, capacitación de choferes, seguridad en el transporte que permita reducir el índice delictivo.

En cuanto a la flota de transporte, el 49% de las combis, microbuses han rebasado su periodo de vida útil, en cuanto a calidad ambiental, el 44% de las emisiones de efecto invernadero es responsable el transporte público.10

El alza tarifaria, además, no contempla acciones precisas para apoyar a personas vulnerables como son los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, o madres solteras con hijos pequeños. Los pobladores del Estado de México en las diferentes conversaciones cotidianas refieren que el transporte público es uno de los problemas más desatendidos por parte del gobierno, no hay un plan para potenciar el sistema de movilidad o que dé certeza de que la nueva alza tarifaria tenga objetivos claros y metas, por igual.

Como representante popular y siendo integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, un grupo socialmente correcto, que vela por los derechos sociales y apoya a los que menos tienen, deseo entidades federativas que garanticen servicio seguro, eficiente y de calidad, que permita a la población disminuir los tiempos de traslado, gasto en el transporte y fortalecer la economía familiar.

A raíz de las protestas de jóvenes estudiantes en Tlalnepantla, Neza y otros lugares en la zona conurbana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció el día 13 de enero del presente año que alumnos de los planteles educativos inscritos al Programa Sendero Seguro pagarán 10 pesos como pasaje mínimo y no 12 pesos.11

El gobierno del Estado de México aseguró que serán 110 mil alumnos de 10 planteles educativos los que quedarán exentos del ajuste tarifario de 2 pesos.

El Programa Sendero Seguro para estudiantes del Estado de México opera en el CCH Naucalpan, las Facultades de Estudios Superiores Iztacala, Aragón, Zaragoza, FES Cuautitlán y Acatlán, así como en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Politécnica del Valle de México y la Universidad Politécnica de Aflauta.

El Programa Sendero Seguro brinda a los estudiantes seguridad punto a punto, lo que significa que las unidades son exclusivas y no realizan paradas intermedias para subir pasaje. Actualmente sólo 10 planteles educativos se encuentran inscritos y obedecen a niveles medios y superior.

Con el convenio entre transportistas y el gobierno del Estado de México sólo se beneficia a estudiantes que forman parte del Programa Sendero Seguro y que sólo utilizan esas líneas de transporte, pero no los exenta del pago de otras rutas de transporte colectivo en el Estado de México.

Si bien esta medida beneficia a 110 mil estudiantes, ignora a los más de 3.3 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que habitan en el Estado de México.12 + Una madre que utiliza el transporte público en el Estado, tiene entre 1.8 a 2-5 hijos, en promedio.13

Además, ningún plantel del programa Sendero Seguro se localiza en el Valle de Toluca, por lo que no habrá ruta de transporte público que dé este beneficio a los alumnos de educación media superior, pues de acuerdo con cifras disponibles hay 614 mil 250 alumnos en el nivel medio superior.14 Se espera que el Programa se amplíe a 39 planteles, mismos que se centran en la educación media y superior.

La educación, debe ser un principio de gobierno para igualar las condiciones de las personas de diferentes estratos socioeconómicos.

La educación no empieza por nivel superior sino por el básico, por tanto, es importante promover que las niñas y niños asistan a la escuela, lugar donde la formación de conocimiento, los valores y el carácter se unen para construir a personas de bien, que apoyan a sus semejantes.

En consecuencia, con la presente proposición con punto de acuerdo se propone exhortar al Gobernador del Estado de México, para que a través del Secretario de Movilidad se determine que el aumento tarifario no aplique a ningún estudiante del Estado de México.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta al Gobernador del Estado de México, para que, a través del Secretario de Movilidad, autorice que el aumento de tarifa del transporte público no aplique a ningún estudiante de todos los niveles educativos del Estado de México, como en el caso de los estudiantes beneficiados por el Programa Sendero Seguro.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
injustificada-alza-en-la-tarifa-de-transporte-en-edomex-para-2020-activistas

2 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
buscaran-diputados-detener-el-alza-a-las-tarifas-del-transporte-publico-en-edomex-4704705.html

3 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
suben-de-tono-protestas-contra-nueva-tarifa-del-transporte-en-el-valle-de-mexico-4680495.html

4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
marchan-en-toluca-por-aumento-la-tarifa-del-transporte-publico-en-edomex

5 https://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/
casi-la-mitad-de-los-mexiquenses-trabajan-en-el-df-usan-medios-de-transporte-al-dia

6 https://www.milenio.com/politica/congreso-pide-semov-autorizar-aumento- pasaje

7 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
marchan-en-toluca-por-aumento-la-tarifa-del-transporte-publico-en-edomex

8 https://www.razon.com.mx/mexico/fortalece-estado-de-mexico-sistema-de-t ransporte-publico-del-mazo/

9 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
usuarios-contra-pasaje-esta-es-la-linea-historica-de-los-aumentos-a-la-tarifa-3226457.html

10 http://mxpolitico.com/estado-de-mexico/politica/edomex-con-los-peores-t ransportes-publicos-del-pais

11 https://politica.expansion.mx/estados/2020/01/13/estudiantes-no-pagaran -aumento-al-pasaje-en-edomex

12 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
regresan-a-clases-mas-de-tres-millones-de-estudiantes-en-edomex-4088424.html

13 https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/
files/files/2018/Diagn%C3%B3stico%20Sociodemogr%C3%A1fico%20.pdf

14 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
especial-adios-a-las-aulas-en-edomex-nivel-medio-superior-vive-mayor-desercion-1694545.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2020.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a difundir información detallada sobre la situación financiera de los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y de las Entidades Federativas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los fondos contingentes del gobierno federal previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cubrir boquetes presupuestarios pasaron de ser una caja de ahorro para emergencias, a ser una caja chica de gastos, plantean datos oficiales.

El gobierno federal tiene un “colchón” para cubrir la falta de ingresos. Ese “guardadito” le permite gastar lo que debe cuando su presupuesto se queda corto.

2. Existen dos principales “fondos de estabilización de los ingresos”. Uno que sirve para compensar la falta de ingresos del gobierno federal (FEIP ), y otro que sirve para compensar la falta de ingresos en las entidades federativas (FEIEF ).

3. Este año, el gobierno federal y los estados de la República Mexicana tuvieron menores ingresos que los calculados. Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que dicha diferencia es de casi 1.9 billones de pesos y que, al tercer trimestre de 2019, ya le hacen falta más de 210.5 mil millones de pesos para cubrir sus gastos.

4. Si bien las autoridades responsables han endosado estos resultados al clima de recesión económica internacional, lo que se verifica en las cifras es que mientras la economía norteamericana creció alrededor de 2 por ciento nuestro país se encuentra estancado, en cero por ciento.

5. Ante esa realidad, el gobierno federal anunció que utilizará 120 mil millones de pesos del FEIP, para compensar la falta de ingresos petroleros de este año. Esto además de los casi 23 mil millones –del FEIP y del FEIEF– a los que ya echó mano para evitar un déficit fiscal más grave.

Lo anterior implica que al final de este año, el gobierno federal habrá reducido el ahorro de los últimos 19 años en 58 por ciento, considerando que en ese periodo, dichos fondos fueron triplicados (aún con la reducción de 75.4 por ciento que sufrieron entre 2007 y 2012).

6. Desde marzo, el hoy titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que el FEIP sería utilizado para rescatar a Pemex y que, a lo largo del sexenio, este fondo será “contracíclico”.

7. De acuerdo con México Evalúa, aunque este tipo de fondos están para casos de emergencia como el actual, su uso es consistente con la falta de ahorro por parte del gobierno federal.

8. Para dicha organización, el manejo de dicho fondo “ilustra los problemas de transparencia y rendición de cuentas en los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno”, ya que no cuenta con “mecanismos explícitos” de asignación de recursos, además de que el gobierno no garantiza que los recursos sean utilizados para proyectos productivos.

9. Las cifras del gobierno federal indican que al cierre de 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador habrá erogado casi 144 mil millones de pesos del FEIP y del FEIEF.

10. Dicha cantidad es equiparable a la tercera parte del uso total de estos fondos por parte del gobierno federal, durante 2007-2012 (432.3 mil mdp) y 2013-2018 (460 mil mdp).

11. Con respecto al uso del FEIP, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Alejandro Gaytán González, indicó en octubre que los recursos serán utilizados para impulsar la inversión pública y que, si se llegaran a agotar, “se recorta[rá] el gasto” gubernamental.

En virtud de la importancia y la trascendencia que representa para las familias mexicanas, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran inaplazable y de vital que los funcionarios aclaren puntual y exhaustivamente estos temas ante esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público la información detallada, sobre la situación financiera que guarda el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para recomendar al gobierno de BCS que difunda un informe sobre el proceso de promulgación y publicación de decretos aprobados en los últimos seis meses por el Congreso local, suscrita por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath , senadora de la república en la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, recomienda amablemente al gobierno del estado de Baja California Sur haga público un informe sobre el proceso de promulgación y publicación de decretos aprobados por el Congreso del estado en los últimos 6 meses, a fin de garantizar el acceso a la información, fomentando la transparencia y rendición de cuentas, ya que esta información resulta relevante o beneficiosa a los ciudadanos del estado, por considerarse de interés público , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Dentro de la política mexicana, nos encontramos con diferentes circunstancias que caen en cierta gracia y en otras ocasiones, se prestan para interpretaciones que dejan mucho que desear de nuestra clase política, sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy tenemos la fortuna de que, gracias a los avances tecnológicos, tengamos a bien el estar plenamente comunicados casi en tiempo real.

A pesar de estas circunstancias, aún existe resistencia por parte de nuestros gobernantes a cumplir con encomiendas que les son netamente consagradas constitucionalmente como lo es el cumplimentar el proceso legislativo.

Y básicamente el proceso legislativo, a nivel local como federal, es prácticamente similar, y sus características principales1 son los siguientes procedimientos característicos que deben seguirse durante el proceso para elaborar y poner en vigor las normas son los siguientes:

1) presentación de la iniciativa

2) turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen correspondiente

3) dictamen de comisión

4) presentación de la primera y segunda lectura del dictamen ante el pleno

5) discusión

6) aprobación

7) sanción

8) promulgación y publicación

9) iniciación de la vigencia.

Como podemos observar, dentro de estas características, hasta antes del 17 de agosto del 2011, existía una forma en la cual se le otorgaba la facultad al Ejecutivo de poder vetar una ley sin pronunciarse de ninguna forma sin responsabilidad alguna.

Sn embargo, a partir de la fecha mencionada se reformó la Constitución y se tuvo a bien eliminar el denominado “veto de bolsillo”, por lo que ya no se podrá usar dicha figura por parte del Ejecutivo para incumplir su obligación constitucional relativa al proceso legislativo, en concreto al paso característico estipulado en el numeral 8.

Así, el actual artículo 72-B de la Constitución establece que una vez remitido un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso al presidente de la república, éste tiene treinta días improrrogables para realizar sus observaciones. Esto es, vetar la ley. Al término de dicho plazo, tiene 10 días para promulgar y publicar el decreto correspondiente. Si transcurridos esos 10 días, el presidente incumple el mandato constitucional, la ley o decreto se considerará promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma se hizo con la expresa intención de evitar que el Ejecutivo federal irrumpiese el principio democrático que subyace al proceso legislativo y el de división de poderes, al existir un vacío en la Constitución respecto lo que debe de proceder en caso de que el presidente no promulgue y publique el decreto en cuestión (veto de bolsillo).2

Sin embargo, a pesar de contar con esta reforma tan trascendental para la vida democrática dentro del ámbito legislativo a nivel nacional, hoy nos encontramos que dicha reforma no ha sido armonizada dentro de las constituciones locales, para ejemplo, en Baja California Sur, ya que dentro de su artículo 58 constitucional las iniciativas pueden ser aprobadas por el congreso y se remiten al gobernador del estado para que proceda a su promulgación y publicación, no ser que se formule, observaciones pertinente en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Si bien dentro del artículo 59 se establece que, al no haber una observación por parte del Ejecutivo, este proyecto de ley o decreto se entenderá como aprobado, situación que es diferente a su publicación y promulgación.

Prestándose a una inconsistencia dentro del proceso legislativo que pudiese obscurecer el quehacer democrático estatal, por qué es importante esto, pues básicamente por lo que significa cada palabra expresada anteriormente, ya que, dentro de nuestro sistema jurídico nacional, la interpretación literal de la norma es congruente a lo que se pretende proteger.

De ahí que uno de los principios rectores de nuestro sistema jurídico es el “principio de legalidad”, el cual establece que los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que sus actos deben ser conforme a la ley, o sea que todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley, son actos inválidos.

De ahí, que en mi estado nos encontramos con una nota periodista que denuncia el supuesto veto por parte del Ejecutivo estatal, en el cual se encuentran sin promulgar 18 decretos aprobados por el Congreso Local, en el cual se encuentran nuevas leyes, reforma y hasta una declaratoria.

De acuerdo con el artículo redactado por Alan Flores Ramos, en el diario El Independiente de Baja California Sur, denominado “Detiene Gobierno de BCS 18 leyes y decretos aprobados por el Congreso”, en el que a revisión del articulista se enumeran dichos proyectos aprobados durante el periodo de septiembre a diciembre.3

En dicho listado se encuentra un número considerable de propuestas que no han sido promulgadas ni publicadas, es curiosa esta situación puesto que para el inicio de vigencia es importante velar a lo expresado textualmente, pero no encontramos una redacción acorde a los requerimientos expresados para dicho acto realizado por obligación por parte del Ejecutivo en el estado.

Lo anterior es relevante dado que, de acuerdo con la madre de todas las ramas del derecho, el derecho civil que emana de la herencia cultural romana, vigente hasta nuestros días y que se expresa particularmente dentro del Código Civil Federal, de conformidad con lo expresado en su artículo 3:

Las leyes reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

En ese orden de ideas, es importantísimo velar por lo expresado en el artículo anterior ya que, de acuerdo con su interpretación literal, es necesaria su publicación dentro del Periódico Oficial, Gaceta o denominación que se emplea al documento oficial en el cual se exprese redactada la legislación vigente en un lugar y momento determinado.

De ahí que es preocupante, que al darnos nosotros a la tarea de investigar el listado de decretos que no han sido publicados y que son referenciado por el

periodista sudcaliforniano Flores Ramos, nos dimos cuenta de que efectivamente no se encuentran dichos decretos en el Boletín Oficial del estado de Baja California Sur,4 y que esperamos sean publicados a la brevedad posible.

De ahí que su servidora, en aras de velar por la protección de los ciudadanos de Baja California Sur, tiene a bien el recomendar al gobernador del estado, para que haga público un informe sobre los procesos de promulgación y publicación de los proyectos aprobados en el Congreso local, mismos que no dudamos fueron aprobados con la firme intención de velar por los derechos de las y los sudcalifornianos.

Conscientes estamos que no tenemos la facultad como para poder exhortar a los gobiernos locales a realizar un acto determinado, pero sí tenemos la conciencia y el conocimiento de que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado, podemos solicitar que se nos informe o podemos recomendar realizar un acto que pueda repercutir en el bienestar de la ciudadanía, como lo es en este caso el de garantizar su derecho al acceso a la información en temas que se consideran de interés público conforme a las leyes aplicables en la materia

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recomienda amablemente al gobierno del estado de Baja California Sur haga público un informe sobre el proceso de promulgación y publicación de decretos aprobados por el Congreso del estado en los últimos 6 meses, a fin de garantizar el acceso a la información, fomentando la transparencia y rendición de cuentas, ya que esta información resulta relevante o beneficiosa a los ciudadanos del estado, por considerarse de interés público conforme a las leyes aplicables en la materia.

Notas

1 “Proceso legislativo”, consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=192

2 Texto retomado del artículo periodístico “Caso Ley general de víctimas: el veto presidencial a examen”, consultado el 20 de enero de 2020, en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2072

3 Detiene Gobierno de BCS 18 leyes y decretos aprobados por el Congreso https://www.diarioelindependiente.mx/2020/01/detiene-gobierno-de-bcs-18 -leyes-y-decretos-aprobados-por-el-congreso

4 Boletín Oficial de Baja California Sur, que puede ser consultado en: http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/?page_id=11435

Salón de sesiones, a los 22 días de enero de 2020.

Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a trabajar por la SHCP y la SE en el estudio y la implantación de un programa integral que fomente el aumento del porcentaje de componentes nacionales en los productos de exportación, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

A pesar de que México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); asimismo, participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI, no ha sido posible superar el bajo crecimiento económico registrado durante las últimas décadas; lo cual se ha visto agravado por el estancamiento económico del año pasado y el pronóstico de un pobre crecimiento, para el presente año.

Una de las causas principales del paupérrimo crecimiento económico de nuestro país es la falta de conformación de una industria nacional en sectores de alta tecnología, como ocurrió en los en los países asiáticos, donde sus gobiernos invirtieron en el desarrollo de políticas públicas para favorecer el desarrollo científico y tecnológico de su sector productivo.

En este sentido, un efectivo programa de inversiones para el desarrollo de una industria de alta tecnología, requiere forzosamente de una adecuada y decidida intervención estatal para destinar los recursos necesarios en materia de educación, investigación y desarrollo científico y tecnológico; estas políticas debieron implementarse desde 1986, cuando nuestro país ingreso al GATT.

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que no se han creado los encadenamientos productivos para hacer de las exportaciones el motor del crecimiento económico nacional, de haberse invertido en el desarrollo científico y tecnológico de nuestra industria exportadora, México habría aumentado considerablemente sus exportaciones posibilitando el crecimiento de su mercado interno y sus fuentes de trabajo.

La mayoría de los sectores y empresas exportadoras carecen de enlaces o encadenamientos internos, para hacer frente a lo anterior es necesario un cambio a nuestra política industrial, de lo contrario, seguiremos realizando actividades poco calificadas y mal remuneradas.

A fin de revertir esta situación, es necesario realizar una selección de sectores estratégicos que posean ventajas competitivas para crear enlaces productivos que, en combinación con buenas políticas públicas de impulso al desarrollo científico y tecnológico, así como acceso a créditos preferenciales y apoyos fiscales, permitan crear las bases para insertar a nuestra industria en la cadena de valor global, solo así dejaremos de ser una economía mayormente maquiladora y nos convirtamos en productores importantes de bienes de medio y alto valor agregado.

El estancamiento de la economía mexicana en el 2019, impidió la generación del millón de empleos necesarios para cubrir la necesidad de empleo de quienes ingresan año con año al mercado laboral.

En este contexto, se hace necesario la instrumentación de una política integral y efectiva que fomente la integración de un mayor número de componentes nacionales en los productos y servicios de exportación, de no hacerlo, corremos el grave riesgo de continuar sufriendo un bajo o nulo crecimiento económico, provocando altos niveles de desempleo, informalidad, pobreza y altos niveles de delincuencia.

Sólo con la articulación de políticas públicas que favorezcan la productividad y competitividad de nuestro sector exportador se garantiza un crecimiento económico pujante, equitativo e incluyente.

En días pasados la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, manifestó la necesidad de aumentar la participación del contenido nacional de las exportaciones , proponiendo que pase del 30 al 40 por ciento en los siguientes seis años.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, a trabajar en el estudio e implementación de un programa integral que fomente el aumento del porcentaje de componentes nacionales en los productos de exportación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a dar marcha atrás al aumento anunciado de la cuota por el uso del tramo carretero de la autopista Monterrey-Saltillo, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Verónica Martínez García, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con una longitud aproximada de 50 kilómetros, cuatro carriles construidos con concreto hidráulico, acotamientos laterales y una barrera central, la autopista Saltillo-Monterrey fue inaugurada en 2009 con el fin de agilizar la conexión carretera entre los estados de Coahuila y Nuevo León, reduciendo los tiempos de traslado a sólo 40 minutos entre las dos capitales de esos estados.

Dicha autopista es federalizada, concesionada a la empresa “Roadis, filial del fondo de pensiones canadiense “Public Sector Pension Investment Board” (PSP Investments), la cual se ha encargado de realizar todas las actividades de la operación, explotación, conservación y mantenimiento.

Esta autopista ha representado enormes beneficios en aspectos de movilidad y desarrollo socioeconómico de miles de personas que tienen actividades en las diferentes localidades. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en promedio durante 2018 existió un tránsito diario de 51 mil 468 vehículos, por lo que su trascendencia en la integración regional representa cientos de millones de pesos que se pierden al año por accidentes, retrasos y robos en esa vía.

Si bien gran parte de los accidentes que se suscitan en la misma son debido a los fenómenos climáticos que prevalecen en la zona, también hay que mencionar que la falta de señalizaciones y de medidas de prevención contribuyen a que año con año se incrementen el número de siniestros.

Datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su anuario estadístico correspondiente a 2018, enuncian que tan sólo en ese año ocurrieron 58 colisiones, dejando un saldo de 29 lesionados y 9 muertos, así como daños materiales por el orden de más de 10 millones de pesos.

Para el informe de 2019, se espera un aumento significativo de las cifras ya que tan sólo en un par de accidentes suscitados el 31 de diciembre, fallecieron dos personas, 48 heridos y una estimación de daños materiales a vehículos y a la infraestructura carretera aún sin calcular.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples acontecimientos enunciados, la dirección de Caminos y Puentes Federales recientemente anunció un incremento en los costos de peaje para este 2020, los cuales rebasan el índice inflacionario previsto. Los costos por el uso de la autopista serán los siguientes:

• Para los vehículos compactos y pick-ups el costo pasó de 92 a 103 pesos, este incremento representa cerca de 12.7 por ciento en comparación con el peaje del año pasado.

• Para las motocicletas el importe será de 51 pesos.

• Los autobuses pagarán 164 pesos.

• Los camiones de 2 a 4 ejes 182 pesos.

• Los camiones de 5 a 6 ejes 307 pesos.

• Y los camiones de 7 a 9 ejes 318 pesos.

Esto viene a sumarse a los incrementos que se dieron en enero del año pasado cuando el peaje aumentó de 88 a 92 pesos, lo que representó un incremento de 4.5 por ciento, por lo que podemos afirmar que el aumento aplicado para este año es casi tres veces mayor.

Por lo anterior, el propósito de este punto de acuerdo es solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, dé marcha atrás al incremento anunciado por el uso de la autopista Saltillo-Monterrey, en tanto no se realicen las obras que brinden mayor seguridad a los usuarios y justifiquen un aumento en la tarifa.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dé marcha atrás al incremento de la tarifa de la autopista Saltillo-Monterrey que entró en vigor el pasado 15 de enero, en virtud de no haber justificación para dicho aumento tarifario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020.

Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno y la PGJ de Tlaxcala, así como al ayuntamiento de Tenancingo, a emprender acciones urgentes para prevenir, investigar, perseguir, castigar y erradicar la trata de personas, y actuar contra elementos policiacos y servidores públicos coludidos, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Guadalupe Edith Castañeda del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, reglamentaria del párrafo primero del artículo 73, fracción XXI, en materia de trata de personas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otros aspectos, las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipales; la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de este delito; los tipos penales en la materia; y los procedimientos penales aplicables.

De acuerdo con la Ley, la trata de personas es “Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación...”.

Entre las formas de explotación establecidas se encuentran: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, es decir, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución; la pornografía; las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual; el turismo sexual; y cualquier otra actividad sexual remunerada o trabajos sexuales a cambio de la libertad, que sean perpetrados a través del engaño, violencia física o moral, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de este, amenaza de denuncia ante autoridades migratorias o cualquier otro abuso de la utilización de las leyes.

La norma jurídica antes señalada ordena para la interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto de dicho ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, las cuales se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los principios de: máxima protección, perspectiva de género, prohibición de la esclavitud y de la discriminación en términos de la Ley Fundamental, interés superior de la infancia, debida diligencia, prohibición de devolución o expulsión, derecho a la reparación del daño, garantía de no revictimización y presunción de minoría de edad.

A mayor precisión, es de señalar que la multicitada Ley mandata que en materia de investigación, procesamiento y sanción, el Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia; que el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas; y que las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de trata de personas.

Además, es necesario precisar que, de acuerdo con lo ordenado por la Constitución, la trata de personas en sus diferentes tipos penales se considera delito grave, de ahí que está sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio.

No obstante, el estado de Tlaxcala y, en particular, el municipio de Tenancingo, desde hace aproximadamente dos décadas se consideran la cuna de la trata de personas,1 sin que las autoridades municipales y estatales hayan hecho algo al respecto, por el contrario, de acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, se presume que estas forman parte de las redes delictivas de tratantes.

La corrupción, la impunidad y la complicidad entre policías, autoridades y lugareños ha hecho de Tenancingo el peor de los infiernos para muchas mujeres, adolescentes y niñas que son abusadas, vejadas, torturadas, asesinadas y socavadas en su dignidad humana y derechos ante el silencio, la omisión, la complicidad e, incluso, la participación de las autoridades.

Desde hace años, diversos medios de comunicación impresos, digitales, radiofónicos y televisivos, locales, nacionales e internacionales, denuncian los hechos. Sin embargo, como bien apuntan, “Tlaxcala se encuentra a la cabeza en la trata de personas con fines de explotación sexual. Situación que parece no importar a la actual y pasadas administraciones que voltean para otro lado, en lugar de enfrentar efectivamente este cáncer social... Aunque la ciudadanía lleva más de 10 años denunciándola y dotando de elementos para la construcción de legislación y política pública, sigue agravándose.”.2

Las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la trata de personas y rescatan a las víctimas de estos delitos, así como las organizaciones internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en reiteradas ocasiones han denunciado la falta de estadística, el rezago legislativo y reglamentario y la ineficacia de las autoridades policiales, de procuración e impartición para combatir este flagelo delictivo, castigar a los culpables, resguardar y hacer justicia a las víctimas.

Ejemplo de lo anterior es que, el año pasado, la Red Retoño decidió llevar el caso de Karla Romero Tezmol a la UNODC, a fin de que se coloque como un caso emblemático de trata de personas en la región. Además, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respalda la denuncia que los familiares han llevado a instancias internacionales sobre la responsabilidad de los gobiernos locales, así como “el esquema de impunidad, omisión y simulación que se repite en muchos casos de la región”.3

La columnista Karen Villeda escribió hace unos meses: “Cuando me fui de Tlaxcala, cuatro municipios eran identificados como la zona de trata de personas. Yo tenía dieciocho años recién cumplidos. Después, en 2014, ya eran 35 municipios. El 30 de julio de 2018 “en 46 municipios de esta entidad existen familias completas que se dedican a crear y fortalecer redes de captura, traslado y explotación sexual de menores de edad en el país y en el extranjero”.4

Villeda nos recordó el libro de Lydia Cacho que lleva por título “Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”, donde expuso desde 2005 el entramado de corrupción e impunidad en el que estaban involucrados políticos de alto nivel pertenecientes al antiguo régimen y empresarios encumbrados.

El municipio de Tenancingo es pionero y líder en el reclutamiento, venta y explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas, tanto lugareñas como del resto de la República Mexicana y Centroamérica.

A plena luz del día, la prostitución, los prostíbulos y la compra-venta de personas son el paisaje cotidiano de Tenancingo y otros municipios, y, como es evidente, sucede al amparo de las autoridades, a pesar de que la ley señala que el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.

En 2017, de acuerdo con el Diagnóstico Integral del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2016 (Pronapred), realizado por la Secretaría de Gobernación, la población en el estado de Tlaxcala percibía como natural el delito de trata de mujeres, quienes diariamente viven violencia física, patrimonial y sexual. De igual forma, apunta que las y los menores de edad son víctimas de diversos abusos y tipos de violencia. La SEGOB señaló que la cultura proxeneta se ha naturalizado, dando lugar a un dramático comercio sexual, además de que de los testimonios recabados por las víctimas se desprende que el sistema judicial tolera la prostitución y participa en actos de extorción y petición de favores sexuales.5

Hace unos días, los medios de comunicación denunciaron ante la opinión pública que varios policías de Tenancingo impidieron el paso y la realización de una investigación a periodistas de Fox News,6 argumentando la seguridad del pueblo y amagando sobre un posible linchamiento. La corresponsal Lara Logan señaló que “los policías son guardianes de los traficantes y sus secretos”.7

El video sobre la investigación de los periodistas se viralizó en México y Estados Unidos, empero, a la fecha, las autoridades estatales y municipales no han realizado las acciones institucionales correspondientes sobre los integrantes de la policía.

En razón de lo anterior, resulta imperante que las autoridades municipales y estatales actúen de manera inmediata para poner fin a la alta incidencia del delito de trata de personas en sus diferentes modos comisivos y se coordinen de forma adecuada con las autoridades federales, a efecto de hacer caer todo el peso de la ley sobre los delincuentes, así como reparar el daño de manera integral a las víctimas y brindarles la protección, cuidados y atención necesarias.

Es claro que la trata de personas en Tlaxcala es un delito del cual participan de distintas maneras las autoridades municipales y estatales, lo que impide que se haga justicia a las víctimas.

Finalmente, es de señalar que los tratantes configuran redes delictivas tanto nacionales como trasnacionales, de las cuales obtienen ganancias millonarias. En México, se estima que estima que la trata de personas es el segundo negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico.8

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, al Procurador General de Justicia del estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, y al presidente municipal de Tenancingo, Carlos Daniel Martínez Serrano, a tomar acciones urgentes e inmediatas para prevenir, investigar, perseguir, castigar y erradicar el delito de trata de personas en el municipio de Tenancingo y en la entidad, así como para otorgar certeza, seguridad jurídica, trato digno, asistencia y la reparación integral del daño a las víctimas de este delito, las cuales están previstas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, al igual que garantizar la protección de los testigos, establecida en el orden jurídico nacional.

Segundo. Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, a realizar las acciones e investigaciones a que haya lugar, a efecto de hacer caer todo el peso de la ley en contra de los integrantes de las policías municipal y estatal y de los funcionarios públicos que se encuentran coludidos o formen parte de las redes delictivas de trata de personas que operan en el municipio de Tenancingo y en el estado de Tlaxcala.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/
tlaxcala-considerado-la-cuna-de-la-trata-de-personas-1732173.html

2 https://www.codigotlaxcala.com/tlaxcala-primer-lugar-en-la-trata-de-per sonas/

3 http://www.zonacritica.mx/nota/35596/
llevarn-a-la-unodc-caso-karla-romero-como-problema-emblemtico-de-la-regin-puebla-tlaxcala

4 https://www.chilango.com/noticias/opinion/trata-de-personas-en-mexico/

5 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/1/en-tl axcala-ven-la-trata-como-algo-natural-segob

6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigan-intimidacion-contra-pe riodista-de-fox-news-en-tlaxcala

7 https://lasillarota.com/estados/
por-seguridad-del-pueblo-policia-de-tlaxcala-obstruye-investigacion-sobre-explotacion-sexual-fox-news/350393

8 https://www.animalpolitico.com/2011/04/trata-de-personas-segundo-ilicit o-mas-redituable-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Comisión Permanente, a 22 de enero de 2020

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a suscribir por la SCT y el ayuntamiento de Monterrey convenios de coordinación para dotar de infraestructura peatonal a las colonias situadas en los márgenes de la carretera en el municipio, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al municipio de Monterrey, a suscribir los convenios de coordinación necesarios para dotar de infraestructura peatonal a las colonias que se encuentran a los márgenes de la Carretera Nacional en el municipio de Monterrey; asimismo, a establecer un programa de vialidad integral y permanente encargado de vigilar que no se excedan los límites de velocidad dentro de dicha vía, con base en las siguientes

Consideraciones

En abril de 2019 el que suscribe presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a instalar nueve puentes peatonales junto con la señalización vial necesaria para la protección de los peatones y quienes circulan por la Carretera Nacional, ubicada al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En dicha oportunidad, denuncié la falta de infraestructura peatonal, se trata de una zona urbanizada, que carece de banquetas, paradas de autobús, iluminación pública, puentes peatonales, entre otros.

Aunado a lo anterior, la carretera presenta un alto índice de accidentes automovilísticos como consecuencia del exceso de velocidad y la falta de cruces peatonales y paradas adecuadas para el transporte de pasajeros.

La falta de una vigilancia continúa, que permita sancionar a los conductores que exceden los límites de velocidad es la causa principal de muchos de los accidentes viales que se presentan diariamente dentro de dicha carretera, lo cual ocasiona pérdidas humanas y materiales.

Por otra parte, en el tramo de la Rioja hasta el Barro, no existen la cantidad de puentes peatonales necesarios para posibilitar a los lugareños atravesar la carretera de forma rápida y segura; en el trayecto que va de la colonia la Estanzuela a la colonia Cristales –15 kilómetros– sólo hay un puente peatonal, ante lo cual, la mayoría de las personas que ocupan cruzar la vía, optan por hacerlo sorteando a los vehículos que circulan a exceso de velocidad por la carretera, exponiendo su vida.

Desde 2012, el municipio de Monterrey y la SCT habían acordado la instalación de puentes peatonales y la cesión del tramo carretero para su vigilancia por parte del mencionado municipio, desafortunadamente no se ha concretado dicho acuerdo.

Mientras no se lleve a cabo la municipalización de los tramos carreteros, el municipio de Monterrey no contará con las facultades legales para vigilar y sancionar en materia vehicular y de seguridad, además de servir a ambas autoridades para deslindarse y evadir su responsabilidad en la instalación de los puentes peatonales que demandan los pobladores.

A casi un año de haber iniciado las gestiones con funcionarios de la SCT para la instalación de más puentes peatonales que buscan beneficiar a más de 45 mil pobladores, la SCT no ha podido atender completamente esta solicitud.

Por otra parte, la administración, mantenimiento y vigilancia de la mayoría de los tramos en la Carretera Nacional le corresponde a la federación quien no cuenta con la capacidad material y humana para hacerse cargo de la misma.

Debido a lo anterior, es urgente la coordinación entre el gobierno federal, a través de la SCT y el municipio de Monterrey, para suscribir los convenios de coordinación necesarios a fin de dotar de la infraestructura peatonal que demandan los pobladores de las colonias que viven al margen de la carretera; asimismo, implementar un programa integral de vialidad para inhibir a los conductores, que transitan por la Carretera Nacional, a exceder los límites de velocidad y sancionar eficazmente a los conductores que los excedan.

Como causa de la inacción y negligencia de las autoridades responsables, cada día que se posterga la ejecución de un plan coordinado entre ambas autoridades se pone en grave peligro a miles de personas que cruzan y transitan a diario por dicha vía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al municipio de Monterrey, a suscribir los convenios de coordinación necesarios para dotar de infraestructura peatonal a las colonias que se encuentran a los márgenes de la Carretera Nacional en el municipio de Monterrey; asimismo, a establecer un programa de vialidad, integral y permanente encargado de vigilar que no se excedan los límites de velocidad dentro de dicha vía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero 2020.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS y el ISSSTE a garantizar el abasto de medicinas, insumos y equipamiento necesario en la atención de los derechohabientes, la suficiencia de personal médico y la eficiencia de los servicios de salud que proporcionan en Coahuila de Zaragoza, suscrita por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen como función primordial la de brindar seguridad social a las personas que están afiliadas a ellas, así como a sus familiares directos, por lo que entre los diversos servicios que reciben están los de salud y atención médica.

En ese sentido, dependiendo del padecimiento que tengan los derechohabientes o alguno de sus beneficiarios, la atención medica se proporcionará en unidades médicas familiares, hospitales generales de zona, o en hospitales de especialidades, sin que ello represente algún costo o cuota de recuperación que se tenga que cubrir, ya que los empleadores, realizaran retenciones al pago de los salarios de sus trabajadores que serán entregadas a esas instituciones, generándose el derecho de recibir medidas de prevención, servicios de salud, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, rehabilitaciones, o atención de alta especialidad, según la afección que sufra el paciente.

Aunado a lo anterior, dichos institutos reciben partidas presupuestales en forma anual para su operación, la cual debe ser ejercida siempre con la directriz de brindar de manera eficiente la atención médica, contando con el personal médico y especializado suficiente, con los insumos y equipamiento indispensable para tal efecto y sobre todo con la medicina que se proporcionara a los derechohabientes que están recibiendo alguna medida de prevención o tratamiento contra afecciones sufridos, máxime si se trata de alguna de los consideradas como crónico-degenerativas o de alta especialidad.

De ese modo es que los derechohabientes de estas instituciones ven protegido su derecho humano a la salud, sin omitir, que solo es una parte de la protección que reciben. Al efecto, el cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

La salud es un derecho humano esencial para cualquier individuo que es protegido por nuestra Constitución, así como por diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, por lo que su protección dependerá en territorio nacional será responsabilidad de las instituciones de salud, públicas, privadas o de asistencia social.

No obstante lo anterior, desde hace unos meses se han venido presentando complicaciones en la atención médica que se brinda en diversas unidades médicas familiares, hospitales generales de zona, o en hospitales de especialidades de ambas instituciones, al existir desabasto de medicinas, incluso de las de alta especialidad, falta de insumos y de equipamiento necesario para brindar los servicios de salud, situación que en muchas ocasiones pone en riesgo la vida de los derechohabientes.

Desafortunadamente tales circunstancias se han agudizado en las últimas semanas, sobre todo a partir del 1º de enero de 2020.

La falta de medicamentos no permite tratar o mitigar los efectos de los diversos padecimientos que afectan a los derechohabientes o a sus beneficiarios.

Causa una mayor preocupación los casos de pacientes que requieren de alguna intervención quirúrgica, o que padecen alguna enfermedad catastrófica como insuficiencia renal o algún tipo de cáncer, sólo por mencionar algunas, pues no se cuenta con los medicamentos indispensables para su atención.

La problemática en el estado de Coahuila de Zaragoza no es la excepción; por mencionar un ejemplo, en las Clínicas de Especialidades 16 o 71 del IMSS en Torreón hay desabasto de medicamentos controlados y de fármacos como Durorrubicina, Unbastina, Epirrubicina de 10 y 50 mg, Metotraxate de 500 mg, Dacarbazina, Fluoracilo, Cisplatino, Dolutregravir, entre otros, propiciando que la aplicación de quimioterapias a niños con cáncer no pueda llevarse a cabo, por ello los padres se ven obligados a recurrir a dichos tratamientos en los servicios de salud privados, generando una afectación directa y severa en su economía.

Lo mismo sucede para los pacientes que requieren de diálisis o se tratan el VIH/sida.

Es importante mencionar que las intervenciones quirúrgicas se han llegado a detener por la falta de material como vendas, gasas, antisépticos, jeringas, etc. La situación es tal, que las familias tienen que adquirir dichos insumos para que se llevé a cabo la cirugía programada y evitar que la vida de su familiar corra riesgo.

Otro caso son los hechos suscitados el 7 de enero pasado en la Clínica 21 del IMSS en San Pedro de las Colonias, también en Coahuila, donde debido a la falta de personal y desabasto de medicinas, dicha unidad estaba abandonada y sin brindar servicios de salud a los pacientes que se encontraban en la sala de espera.

El desabasto de fármacos también ha sido denunciado en la clínica 9 del IMSS en Frontera y en la 7 de Monclova, ambos municipios de la misma entidad, en los que el personal sólo da respuestas inciertas sobre cuando tendrán medicamentos en sus respectivas farmacias.

En lo que hace al ISSSTE, la problemática del desabasto de medicamentos también es una constante; durante 2019 en el Hospital General de Zona en Saltillo, hubo falta de fármacos para atender cáncer, hipertensión arterial, diabetes y otras de alta especialidad.

Los insumos necesarios para poder realizar una intervención quirúrgica también es otra problemática que en ocasiones llega a impedir la realización de una cirugía programada, por lo que las familias tienen que solventarlos para que su familiar pueda ser atendido.

El servicio de ambulancias también ha presentado deficiencias, ya que sólo funcionan en situaciones calificadas de gravedad, para limitar el consumo de gasolina.

Desafortunadamente y aún con las circunstancias claras y evidentes del problema de salud en nuestro país, tanto el titular del Ejecutivo Federal, así como el Secretario de Salud y el Director del IMSS, han negado la existencia del mismo, sin embargo, la realidad nos indica lo contrario; por ese motivo, es que exhortamos a los titulares de dichos institutos con el objeto de que normalicen y garanticen el abasto de medicamentos en el estado de Coahuila de Zaragoza, atendiendo en forma eficaz los servicios de salud en beneficio de los coahuilenses.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que garanticen el abasto de medicinas, insumos y equipamiento necesario en la atención de los derechohabientes, suficiencia de personal médico, así como la eficiencia de los servicios de salud que proporcionan en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Dado en el Senado de la República, a 22 de enero de 2020.

Senadora Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, Pemex y la ASEA a investigar e informar con la mayor brevedad a esta asamblea sobre las causas del incendio ocurrido en la plataforma petrolera Akal-C6 el pasado 7 de enero; y fortalecer las medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos en ese tipo de instalaciones el país, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe senadora Cecilia Sánchez García , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El pasado martes 7 de enero se registró un incendio en la plataforma Akal-C 6 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Campeche, que dejó como saldo tres trabajadores lesionados, quienes fueron trasladados a Ciudad del Carmen para su atención hospitalaria.

A través de sus redes sociales, Pemex informó que el incidente se presentó alrededor de las 10:00 horas en el primer nivel del lado oeste de la plataforma.

La paraestatal detalló que personal especializado del equipo contraincendios de la plataforma, así como de las embarcaciones Mezquital y Atlantis participaron en las labores de extinción del suceso, el cual fue sofocado a las 10:50 am.

Se dio a conocer que, luego del control del siniestro se retomaron las actividades en la plataforma Akal-C 6 y la operación se retomó con normalidad.

Este tipo de accidentes ponen en riesgo la vida de los trabajadores, además de que se complican la operación de la industria petrolera, ya que en muchas ocasiones los incidentes o accidente es por falta de mantenimiento de las instalaciones.

Es de suma importancia que cada accidente cuente con una investigación detallada, ya que se trata de la salud de los trabajadores y se debe garantizar uno de los objetivos de Petróleos Mexicanos y de todos los trabajos costa fuera, así como terrestres, que es cero accidentes.

En un ámbito tan importante de nuestra vida nacional como lo es la exploración y explotación, no podemos escatimar medidas ni recursos destinados a su mantenimiento y contar con una eficaz y segura operación, toda vez que se trata de una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país.

La falta de mantenimiento durante varios años mantiene en riesgo latente la operatividad de las plataformas marinas y se han convertido en un peligro constante de accidentes.

Plataformeros de Pemex han manifestado que buena parte de sus zonas de trabajo incumplen las normas mínimas de seguridad y ponen en riesgo la vida de miles de trabajadores asignados a las regiones marinas y la efectividad de la producción.

De acuerdo con las atribuciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), es la encargada de regular y supervisar la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en las actividades del sector hidrocarburos. La Agencia tiene como objeto regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de residuos; es por ello que, es responsabilidad de esta el análisis de las causas que provocaron tal incidente y de determinar las recomendaciones que correspondan en materia de seguridad industrial y operativa para que no ocurran este tipo de accidentes.

Sin duda, es de suma importancia estar muy al pendiente de este tipo de accidentes con el fin de que además de evitar cualquier deceso, salvaguardemos nuestras aguas de cualquier tipo de derrame o catástrofe ambiental.

En virtud de lo anterior, es urgente se apliquen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo en las plataformas petroleras.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen e informen a esta asamblea las causas del incendio ocurrido en la plataforma Akal-C 6 el pasado 7 de enero; asimismo, se apliquen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de seguridad e higiene y prevención de riesgos de trabajo en todas las plataformas petroleras del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2020.

Senadora Cecilia Margarita Sánchez García (rúbrica)