Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5497-I-1, martes 14 de abril de 2020
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y los gobiernos locales a apoyar en el marco de sus atribuciones y facultades a las Mipyme, suscrita por la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Olegaria Carrazco Macías, Martha Olivia García Vidaña y Flora Tania Cruz Santos, en calidad de diputadas federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución , la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera . Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son actores importantes en el desarrollo productivo de los países de América Latina por su contribución a la generación de empleo, su participación en el número total de empresas y, en menor medida, por su peso en el producto bruto interno.
Su producción está mayormente vinculada con el mercado interno, por lo que una parte significativa de la población y de la economía de la región dependen de su actividad. Al mismo tiempo, a diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, la participación de las Mipyme en las exportaciones es bastante reducida como resultado de un escaso desempeño en términos de competitividad, que también se expresa en la marcada brecha de productividad respecto de las grandes empresas.
La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 20181 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC (AMSDE), mostro el panorama de estadístico básica para el cálculo de indicadores relevantes como el de la productividad, la competitividad o las capacidades gerenciales, entre otros, los cuales representan una herramienta fundamental para el seguimiento del desempeño de las empresas y los sectores económicos a los que pertenecen.
Entre los resultados dados a conocer, destacan los siguientes:
· En nuestro país, en 2018, había un total de 4 millones 057 mil 719 microempresas, con una participación en el mercado equivalente al 97.3 por ciento.
· Además, había un total de 111 mil 958 pequeñas y medianas empresas (Pymes), con una participación de 2.7 por ciento en el mercado.
· En total, tenemos en el país un total de 4 millones 169 mil 677 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros.
De acuerdo a la Enaproce 2018, en 2017, 15.3 por ciento de las Mipyme impartió capacitación a sus trabajadores; el 61 por ciento de las personas que recibieron capacitación eran hombres y 39 por ciento eran mujeres. Siete de cada diez empresas que no impartieron capacitación señalaron que el conocimiento y las habilidades de su personal son los adecuados; 13.2 por ciento manifestó que contrata personal que ya está capacitado y 4.7 por ciento considera que el costo es elevado.
La encuesta señala que el 25 por ciento de las Mipyme solucionó los problemas que se presentaron en el proceso productivo y además emprendió acciones para evitar que sucedieran nuevamente. En tanto, 21.5 por ciento dio solución al problema, pero no llevó a cabo acciones posteriores.
La Enaproce 2018 indica que 28.2 por ciento de las Mipyme monitorea de tres a cinco indicadores claves del desempeño Y un 8.8 por ciento monitorea de diez o más indicadores, mientras que un 66.5 por ciento de las microempresas no monitorea indicadores.
Si a las Mipyme se les ofreciera un crédito bancario en términos del 2018, 7 de cada 10 no lo aceptarían; y de éstas, seis de cada diez consideran que son caros, en tanto que 2 de cada 10 expresaron que no lo necesitan. De las empresas que tuvieron financiamiento en 2017, ocho de cada diez lo utilizaron para comprar insumos, 27.5 por ciento para adquirir maquinaría y 25.6 por ciento para el pago de otros créditos.
El 95.4 por ciento de las empresas declaró que no participa en cadenas globales de valor y el 34.8 por ciento señala que se debe a que no tienen información de cómo hacerlo; 19.1 por ciento considera que no es necesario y 15.5 por ciento no le interesa participar en dichas cadenas.
Tres de cada diez empresas que participaron en cadenas globales de valor consideran que el principal beneficio que obtienen es el acceso a otros mercados, mientras que una quinta parte señaló contar con mayor estabilidad de la demanda y de los precios.
En este contexto, el Inegi, señaló que en nuestro país la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas y gran parte de la actividad económica y el empleo en México está estrechamente ligado a ellas, de ahí la trascendencia de contar con información estadística para caracterizarlas.
Segunda . A finales de 2019, para ser mas exactos, el 30 de diciembre de 2019, el Comité de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan emitió un “aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida” 2 , lo que da inicio alo que hoy conocemos como la pandemia de Corona Virus - Covid 19.
Para el 31 de diciembre de 2019, se reportó a la OMS que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida. La mayoría eran trabajadores del Mercado de Mariscos de la ciudad de Wuhan. Siete estaban en condición crítica. Como resultado, Hong Kong, Macao y Taiwán intensificaron labores de vigilancia en las fronteras3 . El 1o de enero de 2020, el mercado sospechoso de ser la fuente del brote fue cerrado para limpieza y desinfección4 , y el 3 de enero de 2020. Tailandia empezó a escanear pasajeros que llegaban provenientes de la ciudad de Wuhan en cuatro aeropuertos diferentes5 .
En México el 27 de febrero se confirmó el primer caso de Covid-19 en México. Desde entonces la cifra ha ido en aumento. Casi 20 días después, el 18 de marzo, se registró la primera muerte por coronavirus en el país: un hombre de 41 años quien padecía diabetes y comenzó con síntomas el 9 de marzo. Dos días después se registra el segundo deceso: un hombre que vivía en Durango, tenía 74 años, padecía hipertensión y COVID-19.
Hasta el domingo 5 de abril de 2020 en México se presentaban 2,142 casos confirmados; 94 muertos; 633 recuperados; y mil 416 activos.
Tercera . Como consecuencia de las medidas de emergencia en materia de salud por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid 19, los micro, pequeños y medianos empresarios Mipyme se han visto severamente afectados.
Uno de los sectores más preocupados por la pérdida económica que esto representa son las pequeñas y medianas empresas (Pymes). De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampye), 100 mil Pymes se encuentran en riesgo de cerrar de manera permanente6 .
De acuerdo con la Alampyme 4.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran trabajando en un 20 o hasta 40 por ciento de su capacidad, con pérdidas por 30 mil millones de pesos7 .
El lunes 23 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apoyos para las personas que viven “al día”, a fin de minimizar las afectaciones y dijo:
En cuanto los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar. Y vamos a aumentarles para que le llegue a más gente, pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos, es parte del plan de recuperación.8
Por su parte, a nivel estatal, el gobierno de Jalisco, anunció un plan de apoyo por mil millones de pesos para pymes y el campo para atender la contingencia económica. El primer paquete contempla 450 millones de pesos para micro y pequeñas empresas, con apoyo directo de 20 a 300 mil pesos por empresa, a fin de proteger los empleos9 .
Mientras que en un segundo paquete se contemplan 150 millones de pesos para proteger los ingresos de los productores de maíz; y un tercero por 400 millones de pesos para aquellos con actividades económicas informales, en el que se proporcionarán cinco mil pesos por persona durante dos meses, lo que resulta en un total de 80 mil apoyos.
De igual forma, en el estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich, también anunció ciertas medida en apoyo a los pequeños empresarios, entre los que se encuentran: 50 por ciento de descuento en el pago de impuestos sobre la nómina para las empresas con 50 empleados o menos; 100 por ciento de descuento en el pago de impuesto sobre hospedaje; Prórroga para pago por revalidación vehicular; prórroga para pago de licencias de alcoholes; 50 por ciento de descuento de pago de derecho registrales por inscripción de vivienda y la suspensión de actos de fiscalización estatales. Adicional a mil 300 millones de pesos con los que se buscarán apoyar preferentemente a empresas contratistas locales.
En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció 50 mil microcréditos de 10 mil pesos, con cero por ciento de interés, cuatro meses de gracia y pagaderos a dos años. Además de acciones para el fortalecimiento de la actividad económica, tales como beneficios fiscales para los negocios y el otorgamiento de más recursos al seguro de desempleo.
Cuarta . Esta situación ha tenido como consecuencia la caída del indicador de confianza del consumidor (ICC) que se ubicó en el mes de marzo en las 42.55 unidades, una caída de 4.41 puntos en su comparación interanual, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)10 .
Para hallar una lectura más baja tendríamos que remontarnos a noviembre de 2018, cuando el indicador se situó en los 41.42 puntos.
De igual manera, los encuestados mostraron desconfianza respecto a la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la situación actual, mostrando un descenso de 4.5 unidades respecto hace un año, para llegar a un resultado de 54.6 puntos.
Respecto a la situación económica del país actualmente, comparada con la de hace un año, el indicador registró una puntuación de 39.2 unidades, un desplome de 4.2 puntos en su comparación interanual. No obstante, el indicador que sufrió un hundimiento más pronunciado fue el referido a la situación económica de México proyectada para el siguiente año, al observarse un descalabro de 11.1 unidades respecto a marzo del año pasado, para llegar a un nivel de 45.8 unidades.
Por otra parte, el indicador que mide las posibilidades de que los consumidores realicen compra de muebles, televisor, aparatos electrodomésticos en comparación con hace un año, también cayó 1.5 puntos, para situarse en las 25.5 unidades respecto a marzo de 2019.
Quinta. El 2 de abril de 2020 se publico en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, el cual en su parte fundamental señala:
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dispone como uno de sus principios rectores el de “Economía para el bienestar”, a través del cual el gobierno federal se compromete a retomar el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación;
...
Decreto
Artículo 1. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del presente decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.
Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.
...
Artículo 5. Quedan excluidos del presente decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Es importante señalar que es correcta la extinción y devolución de recursos públicos, que no se utilizan, son opacos en su funcionamiento y por tanto susceptibles de actos de corrupción, además de no estar destinados a prioridades nacionales. En ese sentido es una medida correcta políticamente y legalmente implacable.
Sin embargo, se desconoce la totalidad del fideicomiso que serán desaparecidos o extinguidos. Tampoco se sabe el monto de dinero que se encuentra en ellos y más aun no se sabe el destino del recurso una vez que sean entregados a la Tesorería de la Federación. La prensa ha reportado que: el presidente señaló que los 281 fideicomisos representan alrededor de 250 mil millones de pesos 11 .
Podemos reunir en total, solo de fideicomisos y de fondos, alrededor de 250 mil millones de pesos, es importante, estaríamos hablando como de un punto del producto interno bruto...”
El presidente López Obrador dijo que buscará que los recursos de los fideicomisos sean utilizados en cuatro propósitos:
1. Fortalecer los programas sociales.
2. Reactivación económica y otorgar créditos.
3. Apuntalar a Pemex ante la caída de los precios de petróleo.
4. Pagar deuda pública.
Sexta . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 las facultades de los órganos del Estado mexicano en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En este sentido los artículos señalados a la letra dicen:
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. a III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. a IX...
Artículo 75 . La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Los Poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74, fracción IV, de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 126 . No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.
Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
VI. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
Artículo 134 . Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Por su parte la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala:
Artículo 1 . La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
I. a XV. ...
XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos , que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales;
XVII. a LVII. ...
Artículo 9. Son fideicomisos públicos los que constituye el gobierno federal, por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos aquéllos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse o incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo federal, emitida por conducto de la secretaría, la que, en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo federal la modificación o extinción de los mismos cuando así convenga al interés público.
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente.
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo siguiente:
I. Con autorización indelegable de su titular;
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del gasto.
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo.
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia.
Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo previsto en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.
Artículo 11 . Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9 de esta ley deberán registrarse y renovar anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley e informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento.
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso.
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en general, a través de medios electrónicos de comunicación.
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros correspondientes.
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a la tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo.
Es decir, se cuenta con un marco jurídico amplio y suficiente para realizar las reasignaciones que el ejecutivo federal considere necesarias para afrontar la situación económica derivada de la pandemia de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid 19, lo que incluye la desaparición de fideicomisos o la creación de nuevos.
Sin embargo no ha existido una explicación suficiente, ni a la sociedad en su conjunto, ni a la Camara de Diputados del Congreso de la Unión , sobre “en los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública, que deben incluir un reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos” y tampoco “las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en general, a través de medios electrónicos de comunicación” tal y como lo señala el artículo 9 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
México vive uno de los momentos más difíciles de la historia moderna, derivado de la pandemia que se vive. Para poder afrontarlo de la mejor manera, la sociedad mexicana demanda transparencia absoluta, rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley.
La falta de transparencia es un error que no podemos cometer. La transparencia en comunicar es técnicamente es indispensable. Es imprescindible que la población tenga la confianza en la autoridad y para ello la información esta al escrutinio del interés público.
Se lo debemos al pueblo de México, esa fue una de las banderas del propio presidente de la República y de Morena. Éticamente estamos obligados a cumplirles. Es lo que haremos.
Por las razones señaladas, ponemos a consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución , la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades y a fin de enfrentar la emergencia de salud por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid 19, se apoye de manera decidida y contundente a las pequeñas y medianas empresas (Mipyme), con todas las medidas fiscales, financieras y de apoyo al aparato productivo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria haga público los informes trimestrales y la Cuenta Pública que incluya un reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos que serán cancelados, así como los montos totales que serán destinados para la constitución de nuevos fideicomisos, para enfrentar la emergencia de salud por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid 19, así como los recursos ejercidos para tal efecto; y que las dependencias y entidades pongan esta información a disposición del público en general, a través de medios electrónicos de comunicación.
Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Banca de Desarrollo se agilicen y flexibilicen los créditos para movilizar recursos contingentes y evitar quiebras de las empresas de todos tamaños, a fin de apoyar al sector empresarial y protegiendo el ingreso de los trabajadores formales.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a más tardar el 30 de abril publique el programa de devolución acelerada del impuesto al valor agregado a las empresas, a fin de inyectarles liquidez, y proteger la planta productiva.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas para que se suspenda de manera temporal el pago sobre el impuesto de nómina a fin de ayudar principalmente a aquellas Mipyme de las entidades.
Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía, para que en uso de sus atribuciones y facultades, considere la instalación del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de escuchar a todos los actores involucrados, recibir propuestas y formular un programa nacional para afrontar el impacto económico derivado de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Covid 19.
Notas
1 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2 018/doc/ENAPROCE2018Pres.pdf
2 Undiagnosed pneumonia-China (Hubei): Archive number: 20191230.6864153. International Society for Infectious Diseases. https://promedmail.org/promed-post/?id=6864153
3 Undiagnosed pneumonia-China (HU) (01): wildlife sales, market closed, RFI Archive Number: 20200102.6866757». International Society for Infectious Diseases.
https://promedmail.org/promed-post/?id=6866757
4 Idem.
5 Schnirring, Lisa (13 de enero de 2020). Thailand finds Wuhan novel coronavirus in traveler from China». CIDRAP (en ingles). https://promedmail.org/promed-post/?id=6866757
6 Inmobiliare. 25 de marzo de 2020. Gobierno federal y estatales anuncian apoyos para Pymes. https://inmobiliare.com/gobierno-federal-y-estatales-anuncian-apoyos-pa ra-pymes/
7 Idem.
8 Presidencia de la República , lunes 23 de marzo de 2020. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina | Lunes 23 de marzo de 2020.
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-23-de-marzo-de-2020?idiom=es
9 Inmobiliare. 25 de marzo de 2020. Gobierno Federal y Estatales anuncian apoyos para Pymes. https://inmobiliare.com/gobierno-federal-y-estatales-anuncian-apoyos-pa ra-pymes/
10 Lider Empresarial, 3 de Abril de 2020. COVID-19 desploma confianza del consumidor; cae a nivel más bajo en gobierno de AMLO. https://www.liderempresarial.com/covid-19-desploma-confianza-del-consum idor-cae-a-nivel-mas-bajo-en-gobierno-de-amlo/
11 Expansión Política. Gobierno extingue 281 fideicomisos para echar mano de 250 mil millones de pesos “guardados”.
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/04/03/
gobierno-extingue-281-fideicomisos-para-echar-mano-de-250-000-mdp-guardado s
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputadas:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CSG, el INPI y el Inali a impulsar la traducción a las 68 lenguas indígenas de México del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el SARS-Cov2, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2020, y difundir las medidas adoptadas con perspectiva plurilingüe e intercultural, suscrita por las diputadas Emeteria Claudia Martínez Aguilar y Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, al INPI y al Inali, a que impulsen la traducción a las 68 lenguas indígenas de México, del “acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” y a difundir las medidas adoptadas con perspectiva plurilingüe e intercultural, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera.– A finales del año 2019 apareció en China un coronavirus desconocido hasta el momento, que rápidamente mostró su alto potencial contagioso, provocando más de 80 mil contagiados y más de 3 mil muertos. Las medidas estrictas de contención aplicadas por el gobierno chino impidieron una propagación mayor del virus, denominado Covid-19, sin embargo, ello no impidió que la epidemia se propagara a otros países de todos los continentes, al grado que la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia, el 11 de marzo de 2020.
Segunda.– En México, el primer caso de Covid-19 se registró el 27 de febrero de 2020. Desde entonces, y hasta el 5 de abril de 2020, se tienen registrados 2 mil 143 contagiados, 5 mil 209 casos sospechosos y 94 personas muertas a causa del coronavirus. De acuerdo con esta información de la Secretaría de Salud, los casos positivos de Covid-19 se han extendido a todo el territorio nacional, razón por la cual se han dictado diversas medidas para contener la propagación de la epidemia.
Tercera.– En función de la gravedad de la epidemia de Covid-19, que puede causar grandes daños en materia de salud y en materia económica, el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad en la materia en México, emitió el “acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” Este acuerdo se publicó el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y plantea, entre otras medidas, las siguientes:
• Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.
• Solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades, consideradas esenciales.
• Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.
• Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible.
• Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México.
• Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Cuarta.– En este contexto, es importante poner especial atención a la población que habita los pueblos y comunidades indígenas, porque son las personas más vulnerables y es indispensable que, como dice el acuerdo del Consejo de Salubridad General, se respeten plenamente sus derechos humanos durante la emergencia sanitaria, en particular en lo relativo a su derecho a que el acceso a la información y medidas de contención y mitigación del Covid-19, sea a través de sus lenguas maternas y considerando sus particularidades culturales.
Quinta.– Por lo tanto, es importante que las medidas que se han adoptado para enfrentar la epidemia del Covid-19 incluyan una perspectiva plurilingüe e intercultural, en función de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, plasmados en al menos los siguientes ordenamientos:
• Artículo 2, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a la libre determinación, para “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.”
• Artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: “La federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos, leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.”
Sexta.– La población mexicana tiene un composición multilingüe y pluricultural. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en el país 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos siete millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. Para resaltar la necesidad de que la información y atención relativa a la emergencia sanitaria por el Covid-19 debe considerar las particularidades lingüísticas y culturales de los pueblos y comunidades indígenas, es indispensable considerar los siguientes dos datos que proporciona el Inali:
• EL 11.3 por ciento de la población hablante de alguna lengua indígena, es monolingüe, es decir, no habla ni entiende el español.
• La población indígena de México está dispersa en 43 mil 276 localidades, a lo largo y ancho del territorio nacional.1
Con base en las consideraciones expuestas, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Salubridad General a que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, impulse la traducción a las 68 lenguas indígenas de México, del “acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.” adoptado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020 por dicho Consejo de Salubridad General, con objeto de difundirlo en los pueblos y comunidades indígenas del país, para garantizar su derecho a la salud durante la emergencia sanitaria.
Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Salubridad General a que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, garanticen que todas las medidas que se adopten para contener, mitigar y atender a la población contagiada por el Covid-19, se traduzcan a las 68 lenguas indígenas de México y se difundan en los pueblos y comunidades indígenas del país, con una perspectiva plurilingüe e intercultural.
Nota
1 https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la Profeco a promover y suscribir con los gobiernos locales y los ayuntamientos convenios de colaboración en materia de protección del consumidor y diseñar una estrategia integral con los tres órdenes de gobierno dirigida a identificar y sancionar las malas prácticas comerciales ocasionadas por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Carol Antonio Altamirano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La circunstancia que se está viviendo en todo el planeta a causa de la pandemia generada por el Covid 19, ha generado un desequilibro en el comportamiento del consumidor y la proveeduría de alimentos e insumos de uso diario.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no está realizando operativos especiales de vigilancia respecto a los precios de productos como cubrebocas, gel antibacterial o toallitas desinfectantes con alta demanda al ser insumos de higiene contra el coronavirus, ni de productos de alta necesidad la tortilla y canasta básica.
Quienes detectan sobreprecio en algún establecimiento o punto de venta deben interponer una queja para que la Procuraduría inicie el “procedimiento de verificación” correspondiente, pues es imposible revisar si no existe una denuncia de aumento injustificado de precios. La Ley Federal del Consumidor prevé sanciones para aquellos proveedores o establecimientos que incurran en abusos, pero cualquier procedimiento de sanción parte de una denuncia formal.
Ahora bien, aunque existen las denuncias, es un hecho que Profeco no cuenta con los recursos económicos y el personal necesario para atenderlas, de manera que muchos establecimientos comerciales se aprovechan de la necesidad del consumidor para tener ganancias adicionales.
Profeco en la aplicación y vigilancia de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puede auxiliarse de los estados y municipios, como le facultan los artículos 4 y 24 fracción XII de esa legislación, que a la letra señala:
Artículo 4. Son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autoridades federales, estatales y municipales.
Artículo 24. ...
XII. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en beneficio de los consumidores; así como acuerdos interinstitucionales con otros países, de conformidad con las leyes respectivas;
Por tanto, propongo que la Secretaría de Gobernación convoque a las autoridades Municipales y de las entidades federativas a firmar los convenios y acuerdos de colaboración en beneficio de los consumidores.
Lo anterior debe ser acompañado por Profeco, al diseñar una estrategia integral que defina los mecanismos de colaboración para que las autoridades estatales y municipales funjan como auxiliares de la misma en la protección del consumidor.
Lo anterior resulta urgente, debido a que la situación de emergencia causada por el Covid 19 en el país ha provocado un auge de malas prácticas comerciales, como lo es el aumento injustificado de precios en algunos productos de la canasta básica, lo cual está afectando la economía de las familias, sobre todo a quienes menos tienen, como hemos podido constatar por medio de las múltiples quejas recibidas.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberania, con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que promuevan y suscriban con los Estados y Municipios convenios de colaboración en materia de protección al consumidor y diseñen una estrategia integral con los tres órdenes de gobierno para identificar y sancionar las malas prácticas comerciales ocasionadas por la pandemia del Covid 19.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de abril de 2020.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Sectur a apoyar a las micro y pequeñas empresas turísticas en respuesta a la crisis económica y la pérdida de empleos en el sector causadas por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Carol Antonio Altamirano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Estamos entrando en una etapa de recesión global, derivado del paro de actividades productivas en un 70 por ciento de la economía mundial. Las economías, que son el motor de la actividad industrial y de servicios, están totalmente detenidas, iniciando por China y los tigres asiáticos, pasando por Europa y ahora América con Estados Unidos a la cabeza.
Todos los sectores de la economía resultan afectados, pero no todos de la misma forma. El turismo y los servicios sin duda se están llevando la peor parte en estos momentos, según informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos donde se precisa que durante el presente año llegarán por aire al país 17.3 millones de turistas, 2.4 millones de paseantes menos que en 2019.
Debido al menor ingreso de divisas y la afectación en los servicios como hoteles, restaurantes, de esparcimiento, etcétera, la aportación del sector turismo al PIB disminuirá en medio punto porcentual, reduciendo su participación de 8.7 del PIB a 8.2 por ciento, además el reporte expone que se espera que en 2020, las llegadas de turistas a los hoteles registre una reducción que va desde 4.3 a 7.7 por ciento, en relación con lo observado en 2019.
Todo esto trae consigo además de la pérdida económica para las empresas, una ola de despidos, desempleo y sus exernalidades negativas en las zonas de potencial turístico, lo que hace urgente generar acciones que mitiguen el impacto.
Debe considerarse que las decisiones deben focalizarse en el sector de micro y pequeñas empresas, porque las empresas de mayores dimensiones tienen capacidad por si mismas para solicitar créditos o hacer frente a la contingencia con el apoyo de los consorcios de los que forman parte.
Así, estas políticas y beneficios estarían dirigidas única y exclusivamente a las micro y pequeñas empresas del sector turístico del país.
Por tanto, se propone tomar medidas que aminoren el impacto económico y la pérdida de empleos de este sector estratégico para nuestro país poniendo énfasis en las empresas que realmente necesitan el apoyo gubernamental; por lo cual propongo tres medidas precisas para hacerlo, con viabilidad técnica, administrativa y presupuestal, dirigidas a las micro y pequeñas empresas:
I. Promover con la Secretaría de Hacienda facilidades ficales como apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector turismo, como diferir el pago del ISR del segundo trimestre del año, para que sea cubierto en el resto de 2020.
II. Solicitar a la Secretaría de Economía la aplicación de programas de apoyo de Nacional Financiera, apoyar con créditos blandos a la micro y pequeñas empresas del sector y vinculadas con el mismo, considerando al menos tres meses de gracia a la primera amortización.
III. Gestionar con la Secretaría de Turismo que realice las acciones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para poder operar un programa emergente de empleo temporal, destinado a apoyar a las micro y pequeñas empresas vinculadas al sector turismo como son: la pesca, transporte en zonas turísticas y comercio.
Es tiempo de actuar y dar respuesta, pero la respuesta debe ser focalizada, tomando prioridad a los que menos tienen pero también a los que más lo necesitan y hay actividades económicas que esta crisis les impacta más fuerte que otras, y sin lugar a dudas el turismo es una de ellas.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda, de Economía, y de Turismo a tomar acciones para apoyar a las micro y pequeñas empresas el sector turismo, en respuesta a la crisis económica y pérdida de empleos en ese sector causada por la pandemia del Covid-19
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 14 de abril de 2020.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamiahua, Veracruz, a permitir ahí el libre tránsito de los ciudadanos, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Tamiahua, Veracruz, a permitir el libre tránsito de los ciudadanos en su alcaldía, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los mexicanos hemos gozado del ejercicio de las libertades civiles que el ordenamiento jurídico nos reconoce, tutela y forma parte de los derechos humanos fundamentales, y entre éstos se encuentra el derecho que tenemos a la libertad del libre tránsito.
Este derecho lo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 11, en el que se menciona lo siguiente: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.
Esta lectura, a la luz del artículo 1o. constitucional, implica que ninguna medida de restricción puede adoptarse de manera discriminatoria. En otras palabras, la limitación del derecho de libre circulación no puede válidamente aplicarse sólo a una clase específica de personas.
Mediante el ejercicio de interpretación conforme consagrado en el artículo 1o. constitucional y la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana para el Estado mexicano, resulta importante recurrir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación, así como al sistema universal de protección de derechos humanos para armonizar el contenido del artículo 11 constitucional con las obligaciones contraídas por el Estado en el derecho internacional de derechos humanos. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes criterios del Poder Judicial:
Derechos fundamentales. Cuando de manera suficiente se encuentran previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se torna innecesario en interpretación conforme acudir y aplicar la norma contenida en tratado o convención internacional, en tanto el orden jurídico en su fuente interna es suficiente para establecer el sentido protector del derecho fundamental respectivo.
El artículo 22 de la Convención Americana reconoce el derecho de tránsito y de residencia en el sistema interamericano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en su jurisprudencia que “...El disfrute de este derecho [de tránsito] no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona”.
Sin embargo, el ejercicio del derecho de tránsito no es ilimitado. Tanto el artículo 22.3 de la Convención Americana y el artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que las restricciones a este derecho deben ser legales, por motivos de orden y seguridad públicos, y moral o los derechos y libertades de terceros. Adicionalmente el artículo 12.3 del Pacto determina que dichas restricciones deben ser acordes con los derechos contenidos en ese tratado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos los Estados y sus autoridades deben tener en consideración las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad y de las situaciones que de iure o de facto perpetuán las desigualdades en el acceso a los servicios del Estado, de acuerdo a su contexto histórico. Asimismo, los Estados se encuentran obligados a emprender acciones que reviertan esas desigualdades en virtud de las obligaciones contraídas en los tratados en materia de derechos humanos.
Lo anterior debe leerse en conjunto al criterio del Tribunal Interamericano respecto a la interpretación de los tratados en materia de derechos humanos:
La Corte ha establecido, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.
Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Es decir, los Estados se encuentran obligados a garantizar los derechos de las personas en situación especial de vulnerabilidad.
De lo explicado anteriormente podemos concluir que en los Estados Unidos Mexicanos, únicamente pueden establecer restricciones al derecho de tránsito que tengan como finalidad la protección de bienes jurídicos de gran importancia para el Estado de derecho, como es la seguridad nacional o los derechos de terceros, pero estas restricciones solo pueden mandatarse por la autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 11 constitucional y los tratados internacionales firmados por México en esta materia.
Es decir, el libre tránsito no puede ser coartado por el poder ejecutivo de ningún nivel de gobierno, ya que al hacerlo, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales firmados.
Para algunos vecinos del municipio de Tamiahua, en Veracruz, este derecho humano al libre tránsito no existe en estos momentos, ya que la presidenta municipal ha ordenado encerrar a niños y adultos en un hogar.
Las medidas tomadas por la alcaldesa de Tamiahua ante la contingencia por coronavirus caen en la violación a los derechos humanos de libre tránsito. Los hechos iniciaron el pasado lunes 30 de marzo en la comunidad Estero de Milpas, cuando llegaron a las 10:00 de la mañana familiares procedentes de Monterrey, Nuevo León, tras lo cual, vecinos rumoraron que presentaban temperatura alta, motivo suficiente para que la presidenta municipal ordenara por la tarde que quedaran confinados en el domicilio de sus parientes que llegaron a visitar, colocando cinta barricada alrededor de la casa.
Lo anterior, sin mediar dictamen médico alguno que certificara siquiera como sospechosos de portar el virus. Entre el encierro obligatorio de las 16 personas se encuentran menores de edad. La alcaldesa había prometido llevarles suministros, pero solamente les entregó una pequeña despensa, sin permitirles salir a trabajar, ni a comprar víveres, además dijo que el encierro debería ser de 14 días.
Es por ello que se hace necesario realizar un exhorto a la presidenta municipal de Tamiahua, Veracruz, a fin de permitir el libre tránsito de los ciudadanos en su alcaldía, ya que atenta contra los derechos humanos al señalar a una sola familia como portadora del virus Covid 19, sin tener fundamentos científicos para ello y confinarlos al encierro exclusivo de una sola familia.
Si bien es necesario y comprensible tomar las medidas necesarias para la protección de la salud de los ciudadanos, también se debe tener extremo cuidado en no violar los derechos humanos de las personas.
Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Tamiahua, Veracruz, a permitir el libre tránsito de los ciudadanos en su alcaldía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de Administración de la CFE a emitir un acuerdo que evite la suspensión del servicio de electricidad a los consumidores con tarifa domiciliaria y los negocios con servicio de baja tensión, y diferir los pagos correspondientes al periodo iniciado con la declaración de fase dos de la contingencia sanitaria y hasta que ésta se supere, en 24 meses, como apoyo ante la crisis causada por ella, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Carol Antonio Altamirano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con el paro de actividades productivas en la economía mundial y las restricciones de movilidad y trabajo de carácter obligatorio impuestas por el gobierno de la República, como única alternativa para poder disminuir la ola de contagios ocasionados por el virus denominado Covid-19, bajo el llamado “Quédate en Casa”, los servicios públicos de primera necesidad son aún más relevantes.
El caso del servicio de energía eléctrica no es la excepción, millones de familias que hoy están resguardas en sus casas, incrementarán el uso de este servicio por la propia estadía en sus hogares, en un contexto de caída en la actividad económica y con importantes presiones al empleo, lo cual puede ocasionar un aumento en el consumo de energía eléctrica y del costo del recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad.
Por si fuera poco, sectores importantes de trabajadores pueden perder los sueldos de los meses que no trabajen. Todos los sectores de la economía entraron en recesión y los dueños de negocios verán disminuidas sus ventas considerablemente por el paro de actividades económicas, tanto en la economía formal como en la economía informal.
En resumen, a las familias mexicanas les llegarán cobros por el servicio de energía eléctrica mayores y tendrán menos dinero para pagarlo; en ese contexto mantener la disposición de suspender o “cortar” el servicio sólo traerá mayor sufrimiento a los mexicanos,
Para darle equilibrio a la afectación, se debe considerar que quedarían excluidas los servicios domiciliarios de alto consumo y que el beneficio se otorgaría únicamente a las tarifas domésticas vigentes con clasificación 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, es decir, la tarifa básica y las que corresponden a consumos diferenciados por la temperatura promedio de cada verano.
En lo que corresponde al sector comercio, la propuesta es beneficiar a las empresas con consumos de baja tensión, excluyendo a los usuarios de alta tensión para que el impacto se concentre en las micro y pequeñas empresas del país.
Respecto del periodo de aplicación, se propone que inicie con la declaración de fase dos de la contingencia declarada oficialmente por la autoridad sanitaria el 24 de marzo y hasta que esta se supere. Es tiempo de actuar y dar respuesta a la crisis.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a emitir un acuerdo que evite la suspensión del servicio de energía eléctrica a los consumidores con tarifa domiciliaria y los negocios con servicio de baja tensión, y diferir los pagos correspondientes al periodo que inicia con la declaración de fase dos de la contingencia sanitaria y hasta que esta se supere, en 24 meses, como apoyo por la crisis causada por la pandemia del Covid-19.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la Secretaría de Bienestar a diseñar y ejecutar un programa de empleo temporal emergente para atender a la población que vive de la transferencia de remesas y responder así a la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Carol Antonio Altamirano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El impacto económico de la pandemia Covid 19 ya ha hecho que en las dos últimas semanas casi 10 millones de estadounidenses hayan perdido su empleo y el paro se haya disparado al 4.4 por ciento. Esta cifra nos brinda un panorama de lo que ocurre con nuestros connacionales que hoy se encuentran en ese país en busca del sueño americano, quienes en estos momentos al no contar con contratos formales de trabajo, la ciudadanía americana y los beneficios que esta conlleva, sobre todo en los programas emergentes de apoyo ante la crisis provocada por a pandemia en ese país, se encuentran en una situación complicada de supervivencia, lo que los deja imposibilitados a enviar remesas a sus familias en México.
México recibió 36 mil 48.64 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero en el 2019, lo que fue considerado un máximo histórico, según informe del Banco de México. Este año como es previsible estas remesas estarán por debejo de la mitad al menos en el segundo trimestre del año, en lo que se estabiliza la actividad económica mundial y tardará al menos el resto del año en poder aproximarse a los niveles mencionados.
Esto en nuestro país representa un daño económico sin presentes, sobre todo en las familias rurales y los que menos tienen, donde dichas rememsas simbolizan más de 50 por ciento del ingreso familiar, familias que al no poder contar con dicho apoyo terminarán en la linea de pobreza extrama en nuestro país.
Por lo anterior, propongo que la Secretaría de Hacienda tomando una parte de los recursos de la extinción de los fideicomisos decretados por el presidente de la República, dé una ampliacion al programa empleo temporal operado por la Secretaría de Bienestar.
La Secretaría de Bienestar de la mano de la Secretaría de Hacienda deberá diseñar e implantar un “Programa Emergente de Empleo Temporal a los Beneficiaros de Remesas de Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero”.
Para tal efecto, mediate convocatoria abierta se recibiran solicitudes a petición de parte de los ciudadanos que pretendan ser bebeficiarios de este apoyo, y lo cual deberan exponer comprobantes dichas tranferencias de al menos los ultimos tres meses. Estos apoyos deben tener como referencia hasta un límite mesual similar a los apoyos que se brindan en los programas de Jóvenes Construyendo el futuro o sembrando vida.
Enfatizo que esta es viable tanto financiera, adminitrativa y presupuestal, además de que responde a uno de los sectores más afectados por la actual crisis sanitaria, la cual de no ser atendida ocasionará efectos negativos graves para la seguridad pública de nuestro país.
Por lo expuesto, elevó a consideración de esta soberania, con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Bienestar, a diseñar y ejecutar un programa de empleo temporal emergente para atender a la población que vive de la transferencia de remesas, y así responder a la crisis económica causada por la pandemia del Covid 19.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2020.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SHCP a evaluar que los trabajadores del sector salud federal queden exentos de la reducción salarial y gocen de la percepción del aguinaldo correspondiente mientras el CGS no decrete la suspensión de la emergencia sanitaria por la epidemia del Covid-19, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, para que evalúen que las trabajadoras y los trabajadores del sector salud del ámbito federal queden exentos de la reducción de su salario y gocen de la percepción del aguinaldo correspondiente hasta en tanto se decrete por el Consejo General de Salubridad, la suspensión de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es indudable que estamos ante un reto mayúsculo ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), es un reto que no sólo está presente en México sino en todo el mundo, por lo que en la medida que nuestro sistema de salud esté fortalecido podremos enfrentar debidamente este reto.
Sin duda que un pilar esencial y relevante del sistema de salud es el personal médico, las doctoras y los doctores, las enfermeras y los enfermeros, las y los camilleros, el personal administrativo y de limpieza de clínicas y hospitales y las y los laboratoristas, es por ello, que a estos servidores públicos se les deben dar todas las garantías por el desempeño de su labor, que incluso se está realizando a costa de su salud y la de sus familias durante esta epidemia.
Es importante referir que en los detalles están las diferencias de grado; y precisamente las acciones y políticas de gobierno si bien, deben buscar una aplicación general también pueden contener matices que se basen en consideraciones y casos justificados, es precisamente que ante el anuncio del pasado 5 de abril de 2020 respecto de que a los servidores públicos a partir del nivel de subdirección se verá reducido su salario y su aguinaldo, es que me permito sostener que dicha determinación debe justipreciarse a efecto de que no sea aplicable para el personal médico y hospitalario que en estos momentos está enfrentando al coronavirus, hasta en tanto acabe la contingencia.
Específicamente, la causa de pedir de este exhorto es que se evalúe exentar a las y los trabajadores del sector salud del ámbito federal (IMSS, ISSSTE, Insabi), de las medidas anunciadas en el primer informe trimestral del segundo año de gobierno federal, de fecha cinco de abril de 2020.
Estamos en momentos críticos y de ahí la determinación del ajuste salarial y la reducción de prestaciones, es una decisión difícil pero que apela a la vocación de servicio público, sin embargo, en el caso del sector salud, es pertinente evaluar su aplicación, ya que deseamos que haya un personal médico motivado y que sepa que se está reconociendo la labor de riesgo que están enfrenando.
Cabe señalar que este exhorto respetuoso se formula a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público para que ponderen y revisen se contemple la situación particular del personal médico y de salud, a quienes debemos animar y procurar en estos momentos, dada la batalla que están dando y que estarán ejerciendo en los próximos días, por lo que valorando las especiales condiciones de su labor, se estima que se puede actualizar una excepción valida y legítima bajo un matiz de equidad en torno a una decisión de la autoridad.
Es preciso apuntar que esta proposición con punto de acuerdo se dirige a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público en razón de que la primera es la autoridad encargada de dictar las medidas pertinentes para hacer frente a la emergencia sanitaria y la segunda dependencia es la encargada de las finanzas, proyecciones, ahorros y pagos que deban realizarse en el gobierno federal.
Ello se puede corroborar en las atribuciones legales y reglamentarias de la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el Covid-19, y que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, además de las señaladas expresamente en el citado decreto, la Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime necesarias ; además sirve de fundamento el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), publicado en el 30 de marzo de 2020, en el artículo segundo
“Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.”
En consecuencia, se considera autoridad competente para atender este exhorto a la Secretaría de Salud quien además tiene a su cargo la administración del personal de salud en el ámbito federal, ya que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene la atribución de “organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República” y de igual forma conforme a la Ley General de Salud es atribución de la multirreferida Secretaría de Salud lo concerniente a los “Recursos Humanos para los Servicios de Salud” (artículo 78 y siguientes de la Ley General de Salud);
Asimismo, se considera autoridad competente para la atención de este exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que esta dependencia federal de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal coordina y supervisa a las Unidades de Administración y Finanzas de cada una de las dependencias federales en cuanto a los gastos, pagos y erogaciones con motivo de, entre otros, los recursos humanos de las diversas dependencias, veamos:
Artículo 20.- Las dependencias contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos , recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo federal. En los casos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional, y de Marina dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores.
Para tal efecto, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales, tales disposiciones serán igualmente aplicables a las delegaciones u oficinas de representación, en los estados y la Ciudad de México, de las entidades paraestatales.
Énfasis añadido
Para finalizar deseo hacer dos apuntamientos, expresar un mensaje de solidaridad para todo el pueblo de México, así como el reconocimiento para las doctoras y los doctores, las y los enfermeros, las y los camilleros, las y los laboratoristas, el personal administrativo y de limpieza que en cumplimiento de su vocación están procurando la salud de los mexicanos, y reiterar que se trata de una propuesta que pretende abonar -precisando los alcances- de parte de las medidas extraordinarias que está adoptando el gobierno federal en estos momentos.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, para que se evalúe que las trabajadoras y los trabajadores del sector salud del ámbito federal queden exentos de la reducción de su salario y gocen de la percepción del aguinaldo correspondiente, hasta en tanto se decrete por el Consejo General de Salubridad, la suspensión de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Prevención y Readaptación Social a garantizar que en todos los Cefereso del país se realice un sistema penitenciario donde los reclusos tengan un plan de trabajo autosustentable, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 6, fracción I, y 79 numeral 2, facción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente
Consideraciones
El sistema penitenciario se define como la organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones que implican, la privación o restricción de la libertad individual como condición para su efectividad.
La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia.
Se puntualiza como prisión, las instituciones encargadas de albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, ya sea por reclusión preventiva, tratándose de procesos penales o prisión punitiva de sentenciados para el cumplimiento de las penas, a través de la ejecución impuesta en las sentencias judiciales, y cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario, es la reinserción social del individuo privado de su libertad, atendiendo en todo momento los principios de defensa, seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, con respeto absoluto a sus derechos fundamentales.1
En México, las instituciones que conforman el Sistema Penitenciario Nacional son los centros federales, estatales, municipales y militares, así como los exclusivos para albergar a población femenil, dando un total de 309 prisiones.2
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante 2018, 11 de las 32 entidades federativas mantuvieron problemas de sobrepoblación en sus centros penitenciarios estatales, donde el número de personas privadas de la libertad continuó rebasando la cantidad de camas disponibles, como lo son:
- Estado de México (113 por ciento)
- Nayarit (84.8 por ciento)
- Durango (78.8 por ciento)
- Puebla (31.9 por ciento)
- Guerrero (17.7 por ciento)
- Morelos (15.8 por ciento)
- Chihuahua (12.7 por ciento)
- Hidalgo (9.9 por ciento)
- Jalisco (4.3 por ciento)
- Tabasco (4.0 por ciento)
- Quintana Roo (1.8 por ciento)
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) el número de presos a nivel nacional en 2019, es de 198 mil 384 personas presas.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los centros penitenciarios cuentan con una partida aprobada por 17 mil 370 millones de pesos.3
No obstante, el presupuesto para las prisiones, continua siendo costoso cada recluso para el país, ya que se destinan mensualmente 7 mil 297.74 pesos por cada convicto en las cárceles mexicanas; aproximadamente 245 pesos diarios por reo, para cubrir gastos de alimentación, medicinas, y uniformes de los reos, así como los pagos de energía eléctrica, combustibles, mantenimiento de inmuebles, salarios de custodios y la organización de actividades educativas, culturales y deportivas.4
La mayoría de la población privada de su libertad, está en el rango de edad de 18 a 30 años, por lo que para la dependencia, uno de los retos es encontrar “alicientes” para que los reos se inscriban a mecanismos de trabajo; como el autoempleo, pues no se les puede obligar a participar.
Actualmente, de acuerdo con cifras del sistema penitenciario federal, únicamente 5 por ciento de la población que permanece en reclusión trabaja.5
Se requieren centros penitenciarios sustentables donde los internos produzcan sus propios alimentos, fabriquen su ropa y muebles, realicen trabajos de mantenimiento en las cárceles (electricidad y plomería).
El subsecretario de Previsión Social advirtió que 60 por ciento de las personas liberadas y que vuelven a prisión por delinquir, implican una “problemática enorme”, así como una señal de que el sistema de reinserción requiere cambios.
El modelo de las prisiones sustentables que otros países implementan puede ayudar a realizar, el cambio en el sistema de reinserción que se requiere, tal es el caso de:
Brasil: Los reos de la prisión “Profresor Jacy de Assis” cultivan sus propios alimentos manteniendo una huerta dentro de los muros. Un huerto con capacidad para producir alrededor de 400 cajas de vegetales por mes, además de plantas medicinales y aromáticas, con recolección de agua de lluvia y cientos de plántulas que brotan en semilleros.6
Donde también, las prisioneras fabrican el uniforme del sistema penitenciario de Minas Gerais, que se envían al Almacén Central en Belo Horizonte. La producción alcanza 2.250 piezas por mes.7
Los reclusos trabajan diariamente, reciben salarios mensuales, han reducido sus sentencias y producen sus propios alimentos, que también son donados a la caridad.8
Noruega: En la Isla Bastoy, una Pequeña colonia penal, 115 reos, casi autosuficientes en alimentación, desarrollo de cultivos orgánicos y granja con animales, pollos, ovejas y vacas, utilización de paneles solares, utilización de desechos de la industria maderera local, estricta política de reciclaje.
Los ejemplos mencionados han reducido costos y mejorado la reinserción de los ex reclusos a la sociedad.
Esto con el fin de incentivar que las prisiones se conviertan en verdaderas micro empresas autosuficientes orientadas a generar recursos y ayudar a los reos que realmente tomen esta alternativa.
En México, el trabajo penitenciario es un eje fundamental para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad; así lo muestra el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 9
No sólo nuestra constitución así lo dispone, sino diversos ordenamientos obligan al Estado Mexicano a asumir el compromiso de incorporar a dichas personas a la vida productiva, como lo es el reglamento de los Ceferesos en su artículo 40;
Artículo 40.- Las actividades laborales y la capacitación para el trabajo son actividades técnicas tendientes a que el interno: 10
I. Mejore sus aptitudes físicas y mentales;
II. Coadyuve a su sostenimiento personal y el de su familia;
III. Adquiera hábitos de disciplina;
IV. Garantice, en su caso, el pago de la reparación del daño, y
V. Se prepare adecuadamente para su reincorporación a la sociedad.
En nuestro país contamos dos centros penitenciarios que incluyen el trabajo autosustentable para los reos que son;
El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, en Durango: es una fortaleza autosustentable, con luz de led alimentada con al menos 40 paneles solares y una planta tratadora para agua sólida y residual. Es el primero en su generación en contar con helipuerto, el cual está localizado en el primer control de acceso.
Cuenta con una gran gama de actividades, tanto para el interior como para el exterior, en las cuales los reos pueden aprender diversas profesiones. Según representantes de este penal, se cuenta con una panadería, tortillería, carnicería, cámaras frigoríficas, estacionamiento para carga y descarga, además de comedor de personal, espacios para conservación de residuos, entre otros y son vigilados por personal especializado en centros penitenciarios de alta peligrosidad.”11
“El Centro de Readaptación Social el Cereso de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México : En el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla se creó la primera granja en Centros de Reclusión de la Ciudad de México, en la que se crían animales de traspatio y se siembran verduras y hortalizas para autoconsumo.
Participan 35 personas privadas de la libertad y se trata de un proyecto de capacitación para el trabajo en el que además de obtener habilidades productivas se trata de destacar la importancia de coexistir armónicamente con el medio ambiente.”12
El trabajo cuando se realiza bajo una perspectiva de derechos humanos, además de dignificar, ejerce una función de terapia ocupacional; crea ventajas y satisfacciones de orden económico, moral, psíquico y social; y proporciona hábitos que contribuyen al fin último de la reinserción social, fundamental para reducir los índices de reincidencia y delincuencia.13
Es por lo antes expuesto, se requieren nuevos mecanismos dentro del sistema penitenciario, para que la mayoría de los reos participen para generar una prisión autosustentable que les proporcione las herramientas necesarias para vivir de manera digna dentro del penal, de tal manera que le proporcionara hábitos, conocimientos y habilidades para el desarrollo de sus capacidades; aprendiendo nuevas maneras de sustentabilidad, reinsertándose de manera positiva en su núcleo familiar y social, asimismo evitara que reincida en delinquir, de tal forma que se generara una reducción en costo de su manutención al Estado, y parte de presupuesto que ya no se utilizara en el sistema penitenciario, se podrá utilizar en rubros como salud, vivienda y educación.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, para que incluya en su “política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados”, un plan de trabajo y los mecanismos pertinentes que fomenten la auto sustentabilidad y generación de recursos propios de los Ceferesos, a través de los talleres productivos y auto empleos para los reclusos dentro de los centros de reclusión.
Notas
1 Secretaría de Seguridad. (2020). Centros Penitenciarios y de Reinserción Social. 18/03/2020, de Secretaría de Seguridad Sitio web:
https://sseguridad.edomex.gob.mx/subsecretaria_control_penitenciario
2 CNDH, “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, [En línea] [Fecha de consulta 19 de marzo 2020] Disponible en :https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
3 El Diario Mx Nacional, “Presupuesto para cárceles aumentó al doble en menos de 10 años”, en línea, fecha de consulta 16 de marzo 2020. Disponible:
https://diario.mx/nacional/presupuesto-para-carceles-aumento-al-dobl e-en-menos-de-10-anos-20191222-1605287.html
4 Ídem.
5 Milenio, “Cárceles en México”, en línea, fecha de consulta 29 de marzo 2020. Disponible en:
https://www.milenio.com/policia/carceles-mexico-daran-6-mil-plazas-p resos-penales
6 “La prisión de Uberlândia produce comida y ropa”. En línea, fecha de consulta 24 de marzo 2020, disponible en :
http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/story/2688-presidio-de- uberlandia-produz-alimentos-e-roupas
7 Ibídem.
8 Ídem.
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en línea, fecha de consulta 1 de abril 2020. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
10 Reglamento de los Centros de Readaptación Federales, en línea, fecha de consulta 2 de abril 2020. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n274.pdf
11 Milenio, “Inaugurarán primer Cefereso sustentable en Durango”. En línea, fecha de consulta 29 de marzo 2020. Disponible en:
https://www.milenio.com/policia/inauguraran-primer-cefereso-sustenta ble-en-durango.
12 Gobierno de la Ciudad de México, “Difusión de actividades laborales de las personas privadas de la libertad en la Ciudad de México”, en línea, fecha de consulta 31 de marzo 2020. Disponible en:
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/trabajo-penitenciario
13 El Universal, “Trabajo Penitenciario”, en línea, fecha de consulta 31 de marzo 2020. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniela-ancira-ruiz/trabajo-p enitenciario-esclavitud-moderna
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril 2020.
Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a garantizar el derecho a la salud y no detención de migrantes que acuden a los centros de salud para ser atendidos por el Covid-19, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que se garantice el derecho a la salud y no detención de las migrantes y los migrantes que acuden a los centros de salud para ser atendidos por SARS-CoV2 (Covid-19).
Exposición de Motivos
El coronavirus continúa expandiéndose por el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales. El gobierno despliega medidas más drásticas para intentar frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado al coronavirus como una pandemia.
En el panorama a nivel nacional, al día 6 de abril se han registrado dos mil 439 casos positivos y 125 fallecidos; los estados en donde se concentra la mayor cantidad de éstos son Ciudad de México, estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Campeche y Quintana Roo.
La globalización, en algunos casos, ha diluido las fronteras transformándolas en espacios de intercambio y cooperación, pero enotros, las diferencias socioeconómicas entre lospaíses han propiciado el endurecimiento de lasmismas, con el fin de detener la migración. Las fronteras y los límites han variado en importanciaa lo largo de la historia, desde una total inexistencia en tiempos muy antiguos, hasta constituir un elemento importante para la definicióndel espacio correspondiente a una nación.
México se ha convertido en el actual contexto de globalización, por ubicación y fronteras, en un referente del tránsito de personas migrantes a nivel mundial, por ello ante esta emergencia de salud, tiene la obligación de no solo de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos, sino también garantizar el derecho a la salud de quienes se encuentran en el territorio nacional, sin que esto sea un parte aguas para detenciones.
El 10 de diciembre del 2018 México firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular mejor conocido como el Pacto de Marrakech en el que se menciona que si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, que deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados. Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional específica, definida en el derecho internacional de los refugiados. El presente Pacto Mundial se refiere a los migrantes y propone un marco de cooperación para abordar la migración en todas sus dimensiones.
Asimismo señala en su objetivo 15 el cual es proporcionar a los migrantes los servicios básicos; inciso “E” que las necesidades sanitarias de los migrantes deben estar incorporadas en las políticas y los planes de salud nacionales y locales, por ejemplo, reforzando la capacidad de prestar servicios, facilitando el acceso asequible y sin discriminación, reduciendo las barreras que dificultan la comunicación y formando a los proveedores de atención sanitaria para que presten servicios teniendo en cuenta las diferencias culturales, a fin de promover la salud física y mental de los migrantes y las comunidades en general, entre otras cosas, tomando en consideración las recomendaciones pertinentes del Marco de Prioridades y Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud para Promover la Salud de los Refugiados y los Migrantes.
Ante la vulnerabilidad de las personas migrantes concentradas en estaciones migratorias frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, 28 ombudsperson que forman parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exigieron al gobierno federal buscar “alternativas a la detención” en estos centros, para evitar mayores riesgos hacia esta población. Los 28 organismos firmantes consideran que los disturbios ocurridos en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, el pasado 31 de marzo, hechos en los que una persona perdió la vida y varias más resultaron heridas, alertan de los peligros que enfrentan los migrantes, enunciados desde semanas, “particularmente ahora, ante el contexto de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia Covid-19”.1
Con ello, entendemos que el ordenamiento en materia de migración es específica, sin embargo, ante una emergencia sanitaria, no podemos actuar de manera inhumana ponderando la detención por encima de un derecho humano, sabemos que el gobierno federal está comprometido con las migrantes y los migrantes cuenten primordialmente con una atención fácil y de calidad, teniendo presente que los planes de respuesta ante el coronavirus deben proteger a las y los migrantes.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que se garantice el derecho a la salud y no detención de los migrantes que acuden a los Centros de Salud para ser atendidos por el SARS-CoV2 (Covid-19).
Nota
1 https://www.proceso.com.mx/624744/
abogan-28-ombudsperson-por-migrantes-y-urgen-alternativas-a-la-detencion
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la SHCP y la SE un plan contingente que prevea exenciones fiscales, acceso a créditos financieros a tasas preferenciales y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas ante la afectación de la actividad económica por la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Rodrigo Calderón Salas, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Rodrigo Calderón Salas integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía para que se implante un plan de contingencia que considere exenciones fiscales, acceso a créditos financieros a tasas preferenciales dando un periodo de gracia de tres meses después de la autorización del crédito o bien, proporcionar algún otro estímulo fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas ante la afectación de la actividad económica por la pandemia del Covid 19, al tenor de la siguientes
Consideraciones
A finales de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China, un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la presencia de un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, el cual además vende animales vivos.
Lo anterior llevó a que científicos chinos aislaran una nueva cepa de coronavirus y realizaran la secuenciación genética; la OMS facilitando a los laboratorios de diferentes países la producción de pruebas diagnósticas de reacción en cadena de la polimerasa específicas para detectar la nueva infección.
El 30 de enero del 2020, con más de 9 mil 700 casos confirmados de 2019-nCoV en la República Popular China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), aceptando la recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
Siguiendo las mejores prácticas de la OMS para nombrar a las nuevas enfermedades infecciosas humanas, en colaboración y consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la OMS ha denominado la enfermedad como COVID-19, abreviatura de “Enfermedad por coronavirus 2019”, por sus siglas en inglés.1
La información preliminar de la salud mencionó los que pueden tener un mayor riesgo de presentar enfermedad grave por este virus los adultos mayores de 60 años con patologías crónicas sobre todo de tipo cardiovascular, o bien con factores de riesgo cardiovascular, como son hipertensos, diabéticos y fumadores, personas con problemas respiratorios crónicos.
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de una transmisión en vivo desde Ginebra, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, declaró al brote de coronavirus (Covid 19) como “pandemia global”, ya que a ese día la OMS tenía registros de más de 118 mil casos de Covid 19, en 114 países de todo el mundo. Además de grandes brotes en Estados Unidos, Italia y Corea del Sur. El doctor Adhanom expresó su preocupación por los altos niveles de propagación a nivel global, por lo que pidió acciones contundentes por los gobiernos de todos los países para mitigar el contagio:
“Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos pedido todos los días a los países que tomen medidas urgentes y agresivas.
En las dos últimas semanas el número de casos fuera de China se ha multiplicado por trece y el número de países afectados se ha triplicado. En los próximos días y semanas, esperamos que el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumente aún más.”
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la pandemia puede llegar a destruir hasta 24.7 millones de empleos en todo el mundo, superando así la factura laboral de la crisis financiera de 2008, que desencadenó la eliminación de 22 millones de puestos de trabajo.
El director de la OIT ha señalado que no se trata solamente de una crisis sanitaria global, se trata de una grave crisis económica y laboral que está teniendo un fuerte impacto.2
Ya para esa fecha, 11 de marzo del presente año, México tenía 11 casos confirmados, 264 casos negativos y 49 sospechosos. Por lo que, la Secretaría de Salud federal implementó medidas de prevención para evitar el contagio como: mantener distanciamiento social, cancelación de eventos masivos, espacios públicos como teatro, cine, plazas comerciales, playas, así como suspensión de actividades escolares y laborales.
Ante este escenario, la permanencia del Covid 19 tendrá un impacto en los sectores económicos, dañando considerablemente al sector empresarial, sobre todo a las pequeñas y medianas; por lo que afectará la demanda de los consumidores, las empresas verán reducidas sus ventas, lo que desfavorece en cadena al pago de sueldos, salarios, y por consiguiente la pronta disminución de compra de bienes y servicios, perjudicando la economía.
Por la misma razón, se tienen reducciones drásticas en el precio de distintas materias primas y en los energéticos. Se calcula que en los siguientes meses el ingreso mundial se reducirá en dos billones de dólares y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial será la mitad de la estimación previa. Esto significa que varios países tendrán una reducción del PIB en 2020.
Ante estas afectaciones con la crisis de salud originada por el coronavirus, las empresas necesitarán estímulos para amortiguar los impactos económicos, estas medidas son fundamentales para la economía de los países, es evidente la implementación de estrategias para apoyar a los sectores que se verán mucho más afectados.
Las medidas adoptadas por el Gobierno Federal y los Gobiernos de algunas entidades de la federación, obliga a establecer un espacio de coordinación de la estructura administrativa y de seguridad pública para un uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros.
Asimismo, exige una coordinación y coadyuvancia con los sectores social y privado de cada entidad del país. Consecuentemente, es urgente e indispensable enfrentar los riesgos de la crisis económica que genera cada etapa de expansión del Covid 19.
Por esa razón, además de tomar las medidas sanitarias pertinentes es necesario contrarrestar los efectos económicos de esta enfermedad, por lo que la colaboración de todos los sectores es fundamental, para reactivar la economía.
En ese sentido, es importante la continua colaboración entre el gobierno y el sector empresarial para que a través de convenios tomen las medidas contundentes e inmediatas para minimizar la afectación en el mercado interno, considerando como foco de atención las pequeñas y medianas empresas, así como la permanencia de empleos de millones de mexicanos.
Esta emergencia sanitaria introduce un factor de incertidumbre y volatilidad, ya que no sabemos de qué tamaño será la afectación que produzca en México, tan sólo el pasado lunes 06 de abril, la Secretaría de Salud informó en su conferencia de actualización más reciente, una cifra total de 2 mil 439 casos positivos de por lo que reportó 253 casos más que el reporte de los primeros días del mes de abril. Esta cifra es la más alta de nuevos casos en nuestro país desde que comenzó la pandemia en territorio nacional.3
Ante estos datos y los posibles casos que se presenten en las siguientes semanas, la incertidumbre y la estabilidad financiera de las empresas se verá más afectada por la disminución de la oferta y la demanda.
Por esta situación es necesario que las dependencias correspondientes contribuyan y auxilien ante esta situación a las micro y medianas empresas del país, efectuando un plan de contingencia que considere exenciones fiscales, acceso a créditos financieros a tasas preferenciales dando un periodo de gracia de tres meses después de la autorización del crédito o bien, proporcionar algún otro estímulo o beneficio fiscal que les favorezca ante esta grave postura de la actividad económica.
Sin duda, estas acciones permitirían una reacción de beneficio oportuno ante las primeras afectaciones que se presenten por la citada contingencia, lo que nos llevaría en cierta medida a conseguir protección más amplia de las garantías de las partes involucradas, por un lado, el garantizar que las empresas puedan seguir laborando, haciendo a un lado la gran incertidumbre de quiebre ante la situación presente, por el otro, garantizando su contribución y rol tan importante en el desarrollo de la economía de mercado, puesto que es uno de los principales generadores de empleos, inversiones y contribuye en la integración de las cadenas de valor locales, nacionales e internacionales.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, para que se implemente un plan de contingencia que considere exenciones fiscales, acceso a créditos financieros a tasas preferenciales dando un periodo de gracia de tres meses después de la autorización del crédito o bien, proporcionar algún otro estímulo fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas ante la afectación de la actividad económica por la pandemia del Covid 19.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen acciones contundentes e inmediatas encaminadas a reactivar la economía, conservar los empleos y fomentar el comercio interno, ante la afectación social y económica por la pandemia del Covid 19.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud (2020) Coronavirus, 4 de abril de 2020
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020) Las normas de la OIT y el COVID-19, 05 de abril de 2020, Sitio web:
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739939/lang--e s/index.htm
3 Milenio Noticias (2020) Coronavirus en México, 06 de abril: noticias en tiempo real, 06 de abril de 2020, Sitio web:
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-6-ab ril-noticias-hora-casos-vivo
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Rodrigo Calderón Salas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Profeco a garantizar que compañías productoras y distribuidoras, tiendas de autoservicio, microempresas y negocios dedicados a fabricar y vender bienes de primera necesidad no aumenten precios ante la contingencia por el Covid-19 y establecer suficientes números telefónicos de asistencia y, de ser necesario, módulos de atención para recibir quejas de consumidores a fin de que se sancione a los responsables, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y II; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mes de diciembre de 2019, se dieron a conocer los primeros casos, de una nueva variedad de coronavirus, en Wuhan, una de las provincias de la República Popular de China. Dicho brote, del conocido Covid-19, ha dejado, al día de hoy, 1 millón 381 mil 014 infectados y 78 mil 262 muertes en todo el mundo.1
Hoy se reconoce que el epicentro de infecciones ha cambiado con el paso de las semanas; así, durante el mes de febrero, el epicentro se encontraba en China; posteriormente se situó en Europa, principalmente Italia y España y, en la última semana, se ha centrado el foco de la infección en Estados Unidos, donde se contabilizan 385 mil 093 casos confirmados de pacientes y, lamentablemente, 12 mil 197 muertes.2
No obstante, el virus está presente prácticamente en todo el continente americano y, dada la cercanía geográfica con México, se estima que las infecciones puedan desatarse en las zonas fronterizas con México y las zonas con densidad de población altas, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón.
El pasado viernes 28 de febrero,3 la Secretaría de Salud en México, informó que el Covid-19 había llegado a nuestro país. El domingo 1 de marzo, dos días después del primer caso, la misma Secretaría anunció que se tenían 5 casos confirmados y que se tenían detectados 11 posibles casos sospechosos.
Sin embargo, a un mes de detectado el primer caso en México, los brotes por Covid-19, superan los 2 mil 785 casos confirmados, casi 7 mil 526 casos sospechosos y lamentablemente, 141 muertes confirmadas, según cifras oficiales dadas a conocer en la conferencia de salud del día 7 de marzo, a las 19:00 horas.
Ante dicha coyuntura, la Secretaría de Salud,4 el gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación y múltiples secretarías de Estado, empresas y fundaciones, por medio de sus redes sociales oficiales, por medio de sus páginas oficiales y por medio de diversos medios de comunicación, han compartido imágenes sobre las medidas de seguridad pertinentes para evitar, en la medida de lo posible, los contagios descontrolados por Covid-19.
Entre ellos, destacan el continuo lavado de manos, el evitar saludar de beso, abrazo y de mano; estornudar en un pañuelo o colocando la boca en el ángulo interno del brazo (estornudo de etiqueta) y en mantener limpios los espacios propios y de convivencia como el hogar y la oficina.
Asimismo, desde el día 23 de marzo se comenzó con la jornada de sana distancia y, aunque inicialmente se pretendía que dicha jornada terminara el día 18 de abril, dadas las circunstancias se prolongó hasta el día 30 de abril.
Dentro de las medidas adoptadas en la jornada estuvieron la suspensión de clases en todos los niveles, la reducción de las labores de oficina a actividades esenciales, la exhortación a quedarse en casa y la invitación a que negocios que no vendieran insumos de primera necesidad cerraran temporalmente para que, disminuyendo la movilidad social, se tuvieran menos posibilidades de infectarse y propagar el virus.
Asimismo, la sociedad mexicana, en su gran mayoría, ha decidido realizar compras “de varios días” para evitar salir de casa lo más posible y salir únicamente para lo necesario.
No obstante, el comportamiento de empresas y pequeños negocios, por el alza aparente en la demanda de bienes y servicios, se ha visto reflejado en el aumento indeliberado de precios, sin considerar las variables temporales y de fijación de precios al consumo. Más aún, cuando del precio por el transporte (gasolinas) ha disminuido considerablemente y los costos de producción permanecen constantes.
Durante diversas intervenciones y participaciones en conferencias, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que está monitoreando que, el precio de productos de primera necesidad, se mantenga dentro de los precios de mercado avalados y que sancionarán a las empresas que determinen elevar sus precios ante supuesta carencia de bienes.
No obstante, algunos consumidores se han quejado por diversos medios en dos sentidos: por un lado, debido al aumento de precios de productos como el maíz, el huevo, el jamón, el pollo, el jitomate, el tomate, los cubrebocas, el gel antibacterial, los jabones de aseo, los detergentes o el alcohol; por otro lado, que, cuando llaman al teléfono de la Profeco (55 5568 8722 y 800 468 8722) no son atendidos por nadie y las líneas, al parecer, están saturadas.
Finalmente, insisto en que es necesario que la revisión de precios, ante la situación actual, contemple a todos los productos de primera necesidad y de higiene, y que se garantice el control de precios que salvaguarden el libre consumo de los mexicanos; asimismo, insto a la Profeco para que habilite más líneas de quejas para que la Procuraduría misma pueda atender los casos de la sociedad.
Porque, si de algo debemos estar convencidos los mexicanos, es que la Procuraduría Federal del Consumidor revisa, oportunamente, que nuestra soberanía financiera no se vea afectada ante dificultades coyunturales como la mencionada.
En virtud de los antecedentes expuestos, propongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, a que garantice que las empresas, tiendas de autoservicio, microempresas, productores y negocios que se dedican a la venta y producción de bienes de primera necesidad como granos y alimentos de la canasta básica y productos para la higiene como gel antibacterial, cubrebocas, detergentes y limpiadores, ante la contingencia por el Covid-19, no aumenten los precios de los mencionados y que se habiliten teléfonos de asistencia suficientes y si fuera necesario módulos de atención para recibir las quejas de los consumidores, a fin de que se sancione a los responsables.
Notas
1 Consultado en BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 (consultado el 7 de abril de 2020).
2 https://google.com/covid19-map/?hl=es
3https://twitter.com/SSalud_mx/status/123358856993707212 8?s=20
4 La Secretaría de Salud en México habilitó un micrositio digital para informar a la población sobre las medidas necesarias de higiene para la prevención de contagio de Covid-19.
https://www.contrareplica.mx/
nota-Habilita-Secretaria-de-Salud-un-micrositio-para-informar-sobre-el-COVID-19202029248 (27 de marzo de 2020).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de abril de 2020.
Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a responder ante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor debido al Covid-19 y aplazar la presentación de la declaración anual de personas físicas y morales, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada María Marivel Solís Barrera del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero una emergencia de salud pública a nivel internacional debido a la propagación del virus SARS COV2, mejor conocido como Covid 19. Conforme ha avanzado la epidemia a nivel global, los países han adoptado una serie de medidas para salvaguardar la salud de los ciudadanos, con el fin de contener la enfermedad y no saturar los sistemas de salud (Gallegos, 2020).
En este contexto, países con situaciones críticas han adoptado medidas fiscales para apoyar a sus ciudadanos. En España, mediante la emisión del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid 19, se propone en materia fiscal, una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses la facilidad de pagos de impuestos a micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos, previa solicitud, en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses (BOE, 2020). Mientras tanto, el gobierno italiano dispuso un paquete de medidas urgentes para apoyar a ciudadanos y empresas, incluyendo el aplazamiento de prácticamente todas las declaraciones de impuestos durante al menos dos meses (Golding, 2020).
En términos generales, países como España, Italia, Alemania y los Estados Unidos, han dispuesto de diferentes medidas fiscales para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria en cinco dimensiones, a saber: préstamos estatales y garantías de crédito para las empresas; subsidios de desempleo; aplazamiento del pago de impuestos; aplazamiento de pagos y subsidios a la seguridad social; así como el aplazamiento de pagos de deuda (Cepal, 2020).
Para el caso de América Latina, la Cepal ha estimado que la dinámica del PIB presentará decrecimientos de entre -1.8 y hasta el -4 por ciento, además de una contracción del empleo de hasta 64 por ciento, sobre todo en los sectores del comercio, los servicios y el transporte.
En México, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus Covid 19, con el propósito de proteger la salud de los mexicanos con fecha vigente del pasado 30 de marzo al 30 de abril del presente año.
Sin embargo. el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció, el 31 de marzo, último día para que las personas morales presentaran su declaración anual ante el SAT. De acuerdo con las declaraciones del SAT, sumaron 566 mil declarantes, 9 por ciento más respecto al ejercicio fiscal del 2018 (Rodríguez, 2020). No obstante, según Diamantina Perales Flores, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la plataforma ha tenido muchas deficiencias y las citas para renovar la e.firma han sido insuficientes (Morales, 2020).
En diversos medios de comunicación se ha señalado que algunas personas morales no realizaron su declaración fiscal debido a las fallas de la plataforma y a la situación que acontece en relación con la pandemia del Covid 19. Aunado a lo anterior, ha comenzado el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Ante la emergencia sanitaria en el país, las personas morales y físicas se ven afectas debido a que se han reducido las citas presenciales ante el Servicio de Administración Tributaria, por las fallas que se presentan en la plataforma y por las medidas que el gobierno de México ha sugerido implementar como el sano distanciamiento y el resguardo en los hogares de las personas con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de los mexicanos.
En medio del contexto de la emergencia sanitaria, de acuerdo a la Cepal (2020) las personas físicas y morales tendrán mayores problemas para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, dado que los efectos en el corto plazo son:
- Mayor desempleo y precarización laboral.
- Menores salarios e ingresos por la contracción del consumo.
BBVA realizó un estudio económico ante la incertidumbre mundial de la pandemia Covid 19. El resultado del análisis del estudio sugiere la adopción de tres medidas fiscales adecuadas cada situación vivida en el país:
1. Realizar transferencias en efectivo, tanto a personas que han perdido su empleo, como aquellas que dependen de su ingreso diario para vivir, siendo la prioridad el bienestar de los trabajadores.
2. Otorgar estímulos fiscales a empresas, priorizando a las pequeñas y medianas, así como a las de los sectores más afectados. A diferencia de las personas, los estímulos serían en la forma de créditos, aplazamiento del pago de algunos impuestos, y no en transferencias directas.
3. Reasignación de partidas presupuestales dirigidas a proyectos de inversión no rentables para la adquisición de materiales, provisión de servicios médicos y la mejora de su infraestructura. (Campos, 2020).
Es notable mencionar que las tres sugerencias hechas por esa institución financiera son acordes con la intención del gobierno de méxico al priorizar la atención de los grupos más afectados en el país, con el fin único de salvaguardar la economía de los mexicanos.
El Código Fiscal de la Federación (CFF) en el Título Cuarto, De las Infracciones y Delitos fiscales, habla sobre las causas que exceptúan la imposición de multas:
Artículo 73. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito.
La situación de pandemia en México es catalogada de fuerza mayor a partir del decreto citado anteriormente, por lo que, dentro de sus atribuciones, el SAT tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal, facilitando e incentivando el cumplimiento voluntario. El SAT como instancia responsable debe tomar medidas emergentes o posibles ajustes fiscales que permitan hacer frente a la pandemia del coronavirus (Covid 19).
Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, prorrogue la presentación de la declaración anual de personas físicas y morales correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, evite el cobro de multas a las personas físicas y morales que por causa de fuerza mayor no presenten su declaración anual en los plazos señalados en el Código Fiscal de la Federación en tanto dure la contingencia causada por la epidemia del Covid 19.
Referencias
- Artículo 2, Título Primero, De la Naturaleza, Objeto y Atribuciones, capítulo I, De la naturaleza y objeto, Ley del Servicio de Administración Tributaria.
- Artículo 73, Título, Las Infracciones y Delitos Fiscales, capítulo l, De las infracciones, Código Fiscal de la Federación
- Campos, A. (30 de marzo de 2020). Klever. Recuperado el 1 de abril de 2020, de Nacional:
https://www.klever.com.mx/bbva-y-la-politica-monetaria-d e-mexico-en-epoca-de-covid-19/
Estado, J. d. (2020). Real Decreto-ley 7/2020. Madrid: BOE.
- Gallegos, A. (30 de 01 de 2020). Medscape Logo. Recuperado el 2020 de 04 de 01, de Noticias y Perspectivas:
https://espanol.medscape.com/verarticulo/5904957
- Golding, J. d. (26 de marzo de 2020). Expansion. Recuperado el 2020 de abril de 01, de Opinion:
https://www.expansion.com/opinion/2020/03/26/5e7ca928e5f deae3788b4620.html
- Morales, A. (1 de abril de 2020). el contribuyente . Recuperado el 2020 de abril de 01, de
https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/a-pesar-de-fallas -del-portal-del-sat-y-dar-pocas-citas-gobierno-ignora-peticion-de-prorr oga/
- Rodríguez, S. (1 de abril de 2020). Milenio. Recuperado el 1 de abril de 2020 de
https://www.milenio.com/negocios/sat-declaracion-anual-p ersonas-morales-aumenta-9-2020
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Chiapas a ordenar el cese de la represión contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y abstenerse de utilizar los cuerpos de seguridad para perseguir a sus miembros; y a la FGR, a atraer las investigaciones por el delito de tortura cometido en agravio de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena
Érika Vanessa del Castillo Ibarra, en su calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera . El miércoles 17 de julio del 2019, el ciudadano Javier Gonzáles Díaz, de 45 años, y el joven Pedro Leonel Solano Gómez, de 16 años, ambos miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, salieron de sus domicilios, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, en la comunidad 20 de Junio, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, a bordo de una motocicleta, para ir al municipio vecino de Teopisca, con la finalidad de realizar compras del mandado; a su regreso, siendo aproximadamente las 9:30, se detuvieron en la cabecera municipal de Villa Las Rosas, a la altura del panteón municipal, para hacer unas compras.
Al momento de abordar nuevamente la motocicleta, tres personas con arma de fuego vestidas de civil, acompañadas de policías municipales de esa localidad chiapaneca, se acercaron hacia ellos, empezando a golpear al señor Javier Gonzáles hasta someterlo y detenerle; mientras el menor, Pedro Leonel Solano Gómez, fue herido en la espalda con un machete, pudiendo escapar de los agresores.
Después de la detención tan abrupta de Javier González Díaz , fue transportado a una edificación conocida como “El domo”, siendo vapuleado de manera atroz, en un cuarto de estas instalaciones por un elemento policiaco, a quien sus compañeros le decían “comandante”, siendo trasladado posteriormente a una cárcel en la cabecera municipal de Teopisca, Chiapas.
Derivado de la detención del señor Javier, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, realizó la integración de la carpeta de investigación CI-016-075-0303-2019, por el delito de robo con violencia en agravio de Eustorgio Santiz Hernández.
Una jueza de control, el 19 de julio de 2019, calificó legal la detención del ciudadano Javier González Díaz, siendo este mismo día que el imputado declara de viva voz a la jueza la forma en que había sido torturado y detenido, manifestándole las diversas molestias y dolencias que sentía en diferentes partes del cuerpo, por tal motivo, la juez de control ordenó darle la atención médica adecuada y dio vista al Ministerio Publico para que investigara los hechos relatados.
Es indispensable resaltar la existencia de cinco dictámenes médicos que evidencian las múltiples lesiones físicas y diversas torturas de las cual fue objeto el señor Javier González Díaz posteriores a su detención. Considerando que, al momento de la aprehensión, el señor González Díaz no estaba alcoholizado ni drogado, resaltando que las lesiones no son propias de un forcejeo.
En el expediente del exhorto penal 76/2019 radicado en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de San Cristóbal de las Casas, están integrados cuatro dictámenes médicos:
1) Dictamen suscrito por la doctora Eli Bonifaz Cruz, perito en materia de medicina legal, fechado el 17 de julio de 2019, quien realizó el reconocimiento médico de lesiones, integridad física y estado físico en el departamento de medicina legal, de la subdirección de servicios periciales, de los altos.
2) Dictamen médico con fecha 18 de julio de 2019, suscrito por el doctor Manuel Anuel Nakamura Vidal, perito en materia de medicina legal de la Fiscalía General del estado de Chiapas, Distrito Altos, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
3) Valoración médica de ingreso se realiza con fecha 19 de julio de 2019, suscrito por la doctora Sánchez Aguilar, adscrita al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas.
4) Dictamen médico con fecha 27 de julio de 2019, suscrito por el doctor José Luis Nájera Castro, perito en materia de medicina legal de la Fiscalía General del Estado, distrito de los Altos, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las que describe las lesiones que presentaba Javier González Díaz, a diez días de ocurridos los hechos. Además, realiza recomendaciones para un tratamiento médico especializado.
5) Dictamen médico , fechado el 17 de julio de 2019, mismo que se encuentra integrado la carpeta de investigación, suscrito por el doctor Jesús Alonso Gómez Vicente, médico general con cédula profesional 9641545, quien auscultó al detenido en las mismas instalaciones de seguridad pública del Municipio de la Rosas, Chiapas, en el que describe las lesiones que presentaba Javier González Díaz inmediatamente después de su detención.
Como se puede observar en los hechos antes descritos, quedan totalmente acreditados los actos de tortura de los cuales fue objeto el ciudadano Javier González Díaz, que sufrió después de su detención arbitraria.
Segunda . El día 28 de septiembre de 2019, siendo aproximadamente las 14:30 horas, al ir caminando rumbo a un paradero de combis en el barrio de Santa Elena, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, con el objetivo trasladarse a su domicilio ubicado en el ejido Nueva Altamira en el municipio de Acala, el ciudadano Armando Hernández Sánchez , integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, fue interceptado por una combi blanca, de la cual descendió una persona armada con vestimenta de civil, golpeándolo en la nuca y empujándolo hacia una pared poniéndolo en posición de revisión, siendo golpeado de nueva cuenta con el puño.
Posteriormente le cubrió el rostro con su playera, forzándolo con violencia a ingresar a la combi en la cual se encontraba más gente, la cual le empezó a propiciar patadas en su pierna izquierda y golpes por el costado derecho de su cuerpo a la altura de las costillas.
Siendo desplazado a un lugar desconocido, metiéndolo a un cuarto obscuro donde lo amarraron de pies y manos, con el objetivo de inmovilizarlo de manera total. Cubriéndole el rostro con un trapo, de forma violenta fue arrojado boca arriba a un piso de madera, echándole agua en la cara con la intensión de sofocarlo, al mismo tiempo que era interrogado por personas desconocidas, amenazándolo de muerte, diciéndole “ya te cargo la chingada”, y torturándolo aproximadamente por 30 minutos.
Fue llevado al cuartel de la Policía y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, después de haber sido torturado, donde fue puesto a disposición, siendo trasladado a los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Cintalapa, Chiapas, donde fue recibido aproximadamente hasta las 20:00 horas de ese mismo día 28 de septiembre de 2019.
Con fecha 29 de septiembre de 2019, se conoció que la Fiscalía General del estado había integrado la carpeta de investigación 338-027-0401-2019, por los delitos de robo con violencia agravado, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, en agravio de la empresa Comercializadora de Lácteos y Derivados, SA de CV, por hechos ocurridos el 18 de julio de 2019 . El juez de la causa desechó el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, otorgando la vinculación a proceso únicamente por el delito de robo con violencia agravado.
Tercera . El día 21 de octubre de 2019, los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, los ciudadanos Venturino Torres Escobar y, su esposa, Asunción Gómez Sánchez, fueron detenidos de manera arbitraria a la altura del lugar conocido como Santa Fe, en el crucero que comunica la capital chiapaneca con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo.
Los ciudadanos Venturino Torres Escobar y, su esposa, Asunción Gómez Sánchez, salieron de casa a las 20:00 de la noche con rumbo a San Cristóbal de Las Casas, donde deberían seguir con su trabajo; a las 10:23 de la noche se tuvo contacto el último, por vía telefónica con la señora Asunción Gómez.
El ciudadano Venturino Torres Escobar fue sometido a torturas y vejaciones a fin de que se inculpara, amenazando con recluir a su esposa, lo cual finalmente ocurrió.
El 13 de noviembre de 2019, una comisión del Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (Copoddh), visitó al ciudadano Venturino Torres Escobar , recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, para documentar su estado de salud y el trato que recibe al interior del penal, es esta visita se les menciono que fue entrevistado por el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con residencia en Cintalapa, Chiapas, licenciado Roger Mendoza Rodríguez, para dar seguimiento al caso de tortura en contra de Venturino, la cual se encuentra asignada al expediente número CEDH/1174/2019.
Cuarta . Es particularmente preocupante que todas las detenciones arbitrarias anteriormente descritas, hayan sido en contra de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en Chiapas.
Igualmente llama la atención que en todos los casos existan denuncias por actos de tortura y peor aún que todos se encuentren documentados.
La simple comisión de actos de tortura, debería de llevar en automático a la cancelación de todo proceso jurisdiccional, sin embargo hasta el momento las denuncias por tortura no han sido debidamente integradas y por tanto no han podido causar el efecto jurídico de anular las acusaciones.
Es urgente que el protocolo de Estambul sea aplicado en todos los casos, y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluya sus investigaciones a fin de que emita la recomendación correspondiente, y con ello contribuya a la anulación o desistimiento de todos los cargos en contra de los ciudadanos Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y su esposa Asunción Gómez Sánchez.
Quinta. Cabe destacar el que el uso de la “tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes” es una práctica internacionalmente rechazada, y está absolutamente prohibido por tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, entre ellos, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la ONU contra la Tortura y tratados regionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tratados de derecho internacional humanitario (entre ellos los convenios de Ginebra) y el derecho internacional consuetudinario.
Se trata de una prohibición absoluta: no se permite ninguna limitación o falta de aplicación en ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.
Según la definición más habitual y más utilizada, es decir la de la Convención de la ONU contra la Tortura, tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión , de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya , o con su consentimiento o aquiescencia.
La tortura es una grave violación a derechos humanos, cuya prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales internacionales como una norma de ius cogens, es decir como normas imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las mismas.
Dicho de otro modo, las normas contra la tortura en su carácter de ius cogens están por encima de las voluntades estatales en tanto que no pueden ser derogadas mediante acuerdos de voluntades1 entre los Estados.2
Sexta . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y reglamentos que de ella emanan establecen un sistema salvaguardas para evitar el uso de la tortura como método para obtener confesiones.
El artículo 20, inciso A, fracciones V y IX e inciso B), fracción II, establecen:
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
...
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal . Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada :
...
II. A declarar o a guardar silencio . Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio , el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio ;”.
El artículo 22 de la Carta Magna señala:
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie , la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”
Por su parte, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que
“Artículo 7.- EL delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio , por denuncia o vista de autoridad judicial.
Artículo 8.- El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura son imprescriptibles.”
Artículo 24. - Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:
I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o
III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
Artículo 25. - También comete el delito de tortura el particular que:
I. Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o
II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior.”
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República señala:
Artículo 14 . De la Estructura de la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:
I. a XIII...
...
La Fiscalía General de la República, se apoyará de un Consejo Ciudadano el cual cuenta con las facultades señaladas por esta ley. La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General de la República.
...”
En razón de los hechos, consideraciones y fundamentos de derecho anteriormente descritos se propone ante esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al gobernador del estado de Chiapas, para que ordene el cese de cualquier acto de represión en contra de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y se abstenga de utilizar los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a sus miembros.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de la República, para que en uso de sus atribuciones y facultades, atraiga las investigaciones por el delito de tortura cometido en agravio de los ciudadanos Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez.
Notas
1 La existencia en el derecho internacional de normas no derogables por la voluntad de los Estados viene avalada por la jurisprudencia internacional. Así, la jurisprudencia internacional se ha referido tanto de forma directa como indirecta a la noción de norma imperativa. En el asunto Osear Chinn, el juez Schucking señalaba en su opinión individual que no podía “imaginar que la Sociedad de Naciones hubiera comenzado los trabajos de codificación del derecho internacional si... no fuera posible crear en este campo un ius cogens de tal modo que... todo acto efectuado en contravención con dicha obligación es nulo de pleno derecho...” (CPJT, Serie A/B, número 63, páginas 149 y 150); en el asunto sobre las reservas a la Convención para la prevención y represión del crimen de genocidio, el TU admitió que los principios que sirven de base a la citada Convención son principios reconocidos por todas las naciones civilizadas, incluso “fuera de todo vínculo convencional”, careciendo los Estados contratantes de intereses propios en dicho convenio, pues “tienen solamente todos y cada uno un interés común, el de preservar los fines superiores que son la razón de ser del Convenio...” (CU, Recueil, 1951, página 23); en el asunto del derecho de paso por territorio de la India, el juez Fernández indicó que “el derecho general cogens prima sobre todo derecho particular” (CIJ, Recueil, 1960, página 34); en el asunto del sudoeste africano segunda fase, en la opinión disidente del juez Tanaka se recoge la distinción entre ius cogens y derecho dispositivo (CIJ, Recueil, 1966, página 258 y ss.); y en los asuntos relativos a la plataforma continental del Mar del Norte, los jueces Sorensen, Lachs, Tanaka y Padilla Ñervo aludieron a la existencia de normas de ius cogens en el derecho internacional (ICJ, Reports, 1969, páginas 24-46). Por otra parte, en los asuntos relativos al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán (CIJ, Recueil, 1980, páginas 42 y 43) y al de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (CIJ, Recueil, 1986, páginas 100 y 101) el TU sostiene el carácter imperativo de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y consulares y de sus agentes y la prohibición del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, respectivamente; si bien, el TIJ en ningún momento calificó de ius cogens tales reglas.
2 Carrillo Salcedo, J.: Soberanía del Estado y derecho internacional, Madrid, 1976, páginas 253 y 258.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputada Érika Vanesa del Castillo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT, la Conagua, la CFE, la SEP y la SHCP a implantar acciones tendentes a suspender cobros para garantizar el bienestar de los mexicanos tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en ámbito de sus competencias implanten acciones tendentes a la suspensión de cobros con la finalidad de garantizar el bienestar de los mexicanos tras la emergencia sanitaria por la pandemia SARS-CoV-2 (Covid 19).
Consideraciones
La situación actual es algo sin precedentes, no sólo para México, sino para todo el Mundo, el pasado 23 de marzo1 en la conferencia telefónica que tuvo el G20, mencionaron que la recesión mundial por la pandemia de Covid 19 podría ser peor que la que siguió a la crisis financiera de 2008 y requerirá una respuesta sin precedentes, advirtió Kristalina Georgieva la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), además advirtió a los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que dadas las detenciones masivas de actividad para frenar la propagación del virus, las perspectivas para el crecimiento global en 2020 “son negativas, está en puerta una recesión al menos tan mala como la crisis financiera mundial o peor que la de 2008”, dado que la economía mundial se contrajo 0.6 por ciento en 2009 como resultado de la crisis financiera mundial de 2008, en contraste, la pandemia de coronavirus está causando un desastre económico y humano en todo el Mundo, y analistas anticipan una contracción del 1.5 por ciento, esto a nivel mundial.
Pero el escenario para México, es aún peor, ya que la calificadora estadounidense Moody’s Investors Service2 publicó una actualización sobre sus proyecciones de crecimiento, donde estima que se contraerá un 5.2 por ciento durante el primer trimestre del año y 3.7 por ciento a final de 2020 .
Sin embargo tras esta crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid 19 varios países de Latinoamérica y Europa están actuando para el beneficio de su población, como es el caso de Italia, Francia, Canadá3 , Paraguay4 , Venezuela5 , Republica Dominicana6 , El Salvador, Panamá y Costa Rica7 entre otros, que otorgaron la suspensión de pagos para créditos y servicios como luz, agua y servicios de telecomunicaciones.
Hoy en día los mexicanos están adoptando las medidas de contención y distanciamiento social de sana distancia; sin embargo, no todos los mexicanos pueden seguir las indicaciones, ya que alrededor de 41.9 por ciento de la población 8 se encuentra en situación de pobreza y viven al día, es por ello que es momento en que diferentes secretarías y comisiones actúen por un bien común, que es el bienestar de nuestra población, y con ello las familias puedan llevar a cabo estas medidas de distanciamiento social de una forma más tranquila.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la proposición, de urgente u obvia resolucion, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que faciliten el servicio de Internet de banda ancha a estudiantes y trabajadores. Además de brindar de manera gratuita el acceso a la página web creada por la Secretaría de Salud para mantener a la población informada sobre la situación actual, evitando así la desinformación.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias concilie con las escuelas particulares en el nivel básico, media superior y superior facilidades de pago tras las condiciones actuales del país.
Tercero . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus competencias concilie con bancos, tiendas de autoservicio y departamentales facilidades de pago por créditos otorgados dado las condiciones actuales del país.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus competencias implementen acciones tendentes a la suspensión del cobro de servicios por los próximos tres meses, para aquellos usuarios con cuotas mensuales inferiores a los mil pesos y para aquellos usuarios cuya cuota rebase dicha cantidad el cobro quede fraccionado a veinticuatro meses sin ningún tipo de interés.
Fuentes de consulta
1 https://noticiasenlamira.com/negocios/recesion-mundial-por-coronavirus- sera-peor-que-la-de-2009-fmi/
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/25/econo mia-de-mexico-caera-37-por-coronavirus-moodys/
3 https://elceo.com/internacional/paises-suspenden-el-pago-de-servicios-p or-cuarentena-a-causa-de-coronavirus/
4 https://www.hoy.com.py/nacionales/abdo-promulga-ley-de-emergencia-que-a utoriza-creditos-de-hasta-us-1.600-millones
5 https://www.laiguana.tv/articulos/689739-cobro-servicios-telecomunicaci ones-venezuela/
6 https://listindiario.com/la-republica/2020/03/23/610063/
empresas-de-telecomunicaciones-no-podran-cancelar-servicios-ni-cobrar-m ora
7 https://www.elfinancierocr.com/
economia-y-politica-estas-son-las-medidas-que-tomaron-el-salvador/OJMAKBTTQRBLRBCWQSCS7FVS3U/story/
8 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInic io.aspx
Ciudad de México, a 14 de abril de 2020.
Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE a establecer el uso obligatorio de marcadores moleculares en combustibles comercializados en territorio nacional para prevenir y sancionar el mercado ilícito de petrolíferos, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a establecer el uso obligatorio de marcadores moleculares en combustibles que se comercializan en territorio nacional, como mecanismo para prevenir y sancionar el mercado ilícito de petrolíferos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En primer término, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad desde el ámbito de sus competencias, coadyuvar en las estrategias para la reactivación energética, una vez superada la emergencia sanitaria por la que atraviesa la humanidad en su conjunto.
En esta dirección y ante un escenario donde prevalece una recesión económica global y perspectivas negativas para le economía nacional, aunado a la inestabilidad de los precios del petróleo y el disparo de las cotizaciones del dólar, se requiere hoy más que nunca fortalecer las finanzas públicas nacionales, para que tengan la capacidad necesaria de remontar los efectos económicos de la actual pandemia.
Este es el propósito de la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los regulados en materia de combustibles a utilizar marcadores moleculares en gasolina y diésel en toda la cadena de valor, que garantice la propiedad legítima y con ello se contribuya a los esfuerzos que realiza el gobierno federal para combatir el robo y adulteración de combustible.
De igual manera, el marcaje de combustible se traduciría en mayores recursos para el Estado Mexicano, derivado de un mayor control de los registros volumétricos y de su composición, protegiendo y aumentado la captación de recursos tributarios, que hoy más que nunca son necesario no solamente para dar suficiencia presupuestaria a los esfuerzos que realiza el gobierno federal para enfrentar la pandemia, sino también para darle sustento y apoyo a los esfuerzos que se instrumentan para proteger a la economía nacional y lograr su reactivación.
Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los Órganos Reguladores a través de su Órgano de Gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.
En ese tenor, los regulados deben asegurar la calidad de los petrolíferos que comercializan a través de las diferentes etapas de su cadena de valor como es la producción, importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio final al público. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía a través de terceros acreditados de procedencia nacional o internacional, evalúan y dictaminan la calidad de dichos petrolíferos, sin embargo, esta regulación puede estar limitada si se consideran los siguientes aspectos:
1. Los combustibles requieren de un control más dinámico en cuanto a su calidad, registros volumétricos y de composición, toda vez que al día de hoy este sector sufre grandes problemas de robo, adulteración e importación no controlada.
2. La logística de comercialización de combustibles se encuentra en una etapa de desarrollo en nuestro país, se espera que los participantes privados incrementen su infraestructura en materia de transporte y almacenamiento. Consecuentemente, será necesario mayor control en materia de registros volumétricos y de composición.
El pasado 23 de abril de 2019, se presentó ante esta Comisión la Iniciativa de Ley Federal para prevenir y sancionar el Mercado Ilícito de Petrolíferos, la cual en su artículo 1o., establece:
Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer:
I. El uso de Marcadores en Petrolíferos;
II. El Sistema de Gestión de Marcadores de Petrolíferos;
III. El Sistema Nacional de Control Volumétrico y de Marcación de Petrolíferos;
IV. Las obligaciones y verificación en materia de marcación;
V. Infracciones administrativas en materia de marcación; y
VI. Los delitos especiales en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. El sistema mencionado en la fracción II del presente artículo, será considerado de Seguridad Nacional en los términos de la ley en la materia.
En términos del control volumétrico de combustibles, ya se encuentran en desarrollo los anteproyectos de norma que permitirán facultar a la Comisión Reguladora de Energía a través de terceros acreditados (Unidades de Verificación), dictaminar el cumplimiento de los permisionarios a través de la cadena de valor de los combustibles que se comercializan en territorio nacional.
1. Anteproyecto de norma oficial mexicana ANT-PROY-NOM-XXX-SE-2019 , sistemas de control volumétrico, a distancia o de administración para estaciones de servicio, métodos de prueba y de verificación.
2. Anteproyecto de norma oficial mexicana ANT-PROY-NOM-XX-SE-2020 , instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 l/min-especificaciones, métodos de prueba y de verificación (cancela a la nom-005-scfi-2017).
En el caso particular del aseguramiento de la calidad de combustibles en materia de su composición, es necesario establecer la obligatoriedad del uso de marcadores moleculares.
Bajo dicha línea argumentativa, el 12 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, en donde se establece el uso de marcadores moleculares para la acreditación de la propiedad de los combustibles, como se establece en su artículo 5o.:
Artículo 5. Para la acreditación de la propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y activos, se requerirá la presentación del original de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, escritura pública o la inscripción en el registro público de los mismos, signada ya sea por el asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, o en su caso, la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes.
Para efectos de la acreditación de propiedad o legítima posesión de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y activos, los documentos emitidos por algún particular que tenga el carácter de asignatario, contratista, permisionarios o distribuidores en términos de las disposiciones legales aplicables, deberán ser ratificados por dichos suscriptores ante las autoridades correspondientes.
La presencia de marcadores en los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, presumirán la propiedad o legítima posesión de éstos en favor de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, según sea el caso.
Se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario, de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y activos y no se exigirá la presentación de factura electrónica o comprobante fiscal digital, escritura pública o la inscripción en el registro público, a las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o filiales.
Lo anterior, confirma la necesidad de marcar los combustibles. En primera instancia, para asegurar su calidad ante el problema del robo y adulteración, y en segunda instancia, para cubrir el tema de la logística, la cual una vez presente un mayor número de participantes en las diferentes etapas de la cadena de valor de los combustibles, presentara un mayor número de problemas relacionados con la contaminación y el reclamo de lotes de combustible.
Un análisis profundo sugiere que el marcador de combustible puede ser agregado en los siguientes puntos de la cadena de valor del combustible:
1. Importación y Producción: Cualquiera que sea el caso, antes de iniciar el transporte del combustible a través del territorio nacional se debe colocar el marcador molecular. Esto permite tener un sello de origen para cada combustible, favoreciendo así la identificación del lote a través de toda la cadena de valor.
2. Almacenamiento. Actualmente, nuestro país se enfrenta al problema de robo y adulteración de combustible, principalmente en la etapa de trasporte a través de ducto, buque-tanque y carro-tanque. Una vez que el combustible llega a las terminales de almacenamiento, es recomendable colocar un marcador molecular para controlar la etapa de distribución y expendio al público, principalmente esta última, en donde se puede evaluar que no exista dilución del marcador, lo cual indicaría que el combustible de procedencia legal estaría mezclándose con combustible de procedencia ilegal. Lo anterior afecta la captación de recursos económicos en materia de impuesto al valor agregado (IVA). De acuerdo con el reporte de la Dirección de Petróleos Mexicanos, el mercado ilícito de combustibles aún controla un volumen de 5 mil barriles de gasolina promedio por día, lo cual le representa al Sector Energético pérdidas del orden de 6 mil millones de pesos por año.
En cualquiera de los casos anteriores, el costo del marcador molecular debe ser absorbido por el comercializador del combustible, dependiendo del punto de la cadena de valor en donde sea agregado el químico.
Cabe destacar que la iniciativa por la que se expide la Ley Federal para prevenir y sancionar el Mercado Ilícito de Petrolíferos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto del Valor Agregado y de la Ley Federal de Derechos, para la implementación de una política de marcación y controles volumétricos de petrolífero, anteriormente citada, se solicitó al Centro de Estudios de la Finanzas Publicas (CEFP) el impacto presupuestario de dicha propuesta legal.
El CEFP consideró que la iniciativa de marcaje de combustibles generaría un impacto recaudatorio positivo para el erario federal derivado de un derecho de pago por uso de marcador, el cual sería de 0.01 pesos por cada litro de combustible comercializado en el país. En total, el estimado a recaudar sería del orden de 613.1 millones de pesos por año.
El monto anterior le permitiría al Estado contar con un Laboratorio Nacional de Hidrocarburos con capacidad para evaluar in situ el combustible que se comercializa en territorio nacional, así como formar recurso humano proveniente de la Guardia Nacional para que sea el encargado de realizar las evaluaciones in situ.
En suma, como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de conjuntar los esfuerzos para lograr los beneficios en el sector energético. Está comprobado que la correcta aplicación de la ley, disposiciones y lineamientos correspondientes se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria petrolera y agilización de la economía.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a establecer el uso obligatorio de marcadores moleculares en combustibles que se comercializan en territorio nacional, como mecanismo para prevenir y sancionar el mercado ilícito de petrolíferos.
Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a establecer un registro de proveedores nacionales e internacionales de marcadores de combustibles, mismos que deberán cumplir tanto con el registro de su producto ante las instancias pertinentes, como con la calidad requerida para la integración de dichos marcadores en los combustibles que se comercializan en territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred a implantar con la Segob y la Ssa campañas en pro del respeto y reconocimiento del personal de la salud e informar sobre sus derechos, especialmente a la seguridad, la no discriminación y a una vida libre de violencia, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, a cargo del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Lucio Ernesto Palacios Cordero, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Secretarías de Gobernación y la de Salud, implementen campañas que promuevan el respeto y reconocimiento al personal de la salud e informen sobre sus derechos, especialmente a la seguridad, la no discriminación y a una vida libre de violencia, en el marco de la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (Covid-19). Se solicita que dichas campañas incluyan información que ayude a prevenir, denunciar, rechazar y sancionar cualquier hecho de violencia o discriminación, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país se encuentra en uno de los mayores desafíos del presente siglo.
Nos enfrentamos a un virus sumamente contagioso, que ataca el sistema respiratorio, que ha cobrado decenas de miles de vidas en el mundo, y que tiene implicaciones humanas, sociales y económicas, aún impredecibles en su magnitud.
La contención de este desafío, ha radicado en gran medida en la sociedad mexicana, que ha respondido positivamente a las recomendaciones y medidas de prevención instrumentadas por el gobierno federal. Ello, ha permitido evitar que, en nuestro país, al día de hoy, la suma de contagios se eleve de manera exponencial.
El pueblo de México, una vez más, ha demostrado que es responsable y solidario.
Tenemos un sistema público de salud que día con día hace frente a los requerimientos y a las circunstancias.
Un sistema que padece enormes carencias, resultado de décadas de abandono, porque los anteriores gobiernos delegaron al mercado la responsabilidad de la salud, solaparon la corrupción, los desfalcos y la simulación.
El presente gobierno, reasumió la salud como parte esencial de la responsabilidad social del Estado.
Un pilar fundamental de nuestras instituciones de salud, son doctoras y doctores, camilleros, enfermeras, y en general, los trabajadores de la salud. Ellas y ellos, son verdaderas heroínas y héroes anónimos, porque asumen todos los días una labor crucial para la sociedad mexicana, en la cotidianidad de clínicas y hospitales.
Una labor ardua, de gran riesgo, porque atienden directamente a las personas que se han enfermado de Covid-19. Cabe resaltar, que el sistema público sigue atendiendo a las personas cuya enfermedad o padecimiento así lo obliga.
Son ellas y ellos, quienes exponen su salud y la vida por todas y todos, día tras día; quienes corren el riesgo para sí y sus seres queridos, por cumplir el deber, con vocación, profesionalismo y de todo corazón. Ellas y ellos, son ejemplo de nobleza y sacrificio.
En los últimos días, medios de comunicación y redes sociales han expuesto hechos que son motivo de indignación y deberían avergonzarnos como sociedad; discriminación y violencia contra mujeres y hombres, por el solo hecho de portar su bata blanca o por ejercer su profesión.
Sea por miedo, por ignorancia o por la voluntad de delinquir, se trata de hechos inadmisibles, condenables, en el marco de la epidemia, y en todo momento de la vida social. Bajo ninguna circunstancia, ni el miedo, pueden justificar una conducta irracional.
Se ha presentado hostigamiento por vecinos, amenazas, discriminación en tiendas y el transporte público, agresiones con agua, cloro e incluso golpes.
En estos momentos de crisis, debemos, más que nunca, ser solidarios con los trabajadores de la salud, brindarles todo nuestro apoyo, gratitud y respeto.
De acuerdo con nuestro marco jurídico, corresponde al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Entre sus atribuciones se encuentra “promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación”.
Derivado de lo anterior, consideramos urgente que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con la Secretarías de Gobernación y la de Salud, pongan en marcha campañas de difusión y sensibilización que informen a la población sobre la importancia que tiene la labor de los trabajadores de la salud, que promuevan el reconocimiento de su dignidad, sus derechos y especialmente, la no discriminación y una vida libre de violencia. Esto último, es fundamental en el caso de las mujeres, que están más expuestas por la cultura machista y patriarcal que aún impera en el país. Para las campañas, es importante utilizar los tiempos del Estado y redes sociales del gobierno federal en su conjunto, en el marco de las campañas de comunicación de dicho gobierno.
Tomando en consideración que la propagación del virus seguirá incrementándose, y con ello también se podrían incrementar los actos discriminatorios contra el personal sanitario, es importante seguir haciendo el llamado a medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, para exhibir, denunciar y rechazar cualquier hecho de violencia o discriminación contra el personal del sistema de salud.
Estamos en momento cruciales, donde por encima del miedo, triunfará la esperanza.
Se impondrá el respeto, la solidaridad y la colaboración, esas y otras actitudes y prácticas que nos definen como nación. De todas y todos depende.
Seguramente, habremos de superar las dificultades, unidas y unidos, reconociendo en cada acto y a cada paso, la dignidad de todas y de todos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para que, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Secretarías de Gobernación y la de Salud, implementen campañas que promuevan el respeto y reconocimiento del personal de la salud e informen sobre sus derechos, especialmente, a la seguridad, la no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia, en el marco de la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (Covid-19). Se solicita que dichas campañas incluyan información que ayude a prevenir, denunciar, rechazar y sancionar cualquier hecho de violencia o discriminación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de abril de 2020.
Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a intensificar las labores de inspección, vigilancia y sanción de prácticas comerciales abusivas, como la manipulación de precios y tarifas, en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, a fin de cuidar la economía popular, a cargo del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Lucio Ernesto Palacios Cordero, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus competencias, intensifique las labores de inspección, vigilancia y sanción de las prácticas comerciales abusivas como la manipulación de precios y tarifas, en el contexto de la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) a fin de cuidar la economía popular, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Nuestro país enfrenta una desaceleración económica que deriva de un complejo entorno internacional, y a la cual se suma, recientemente, la interrupción momentánea de diversas actividades económicas, en el contexto de las medidas de prevención que se han implementado para impedir una propagación masiva del Covid-19.
En este marco, el gobierno federal ha anunciado diversas acciones para fortalecer la economía, donde se refrenda el principio esencial de la cuarta transformación, impulsar el bienestar universal priorizando a los de abajo; los programas sociales atienden a los pobres y a los sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo, y a los grupos de población más vulnerables. También se otorgarán más de un millón de créditos.
Estamos en un momento complicado para las familias que viven al día, o que se enfrentan a la pérdida de empleo.
El Estado mexicano reasumió sus obligaciones sociales y el compromiso con el bienestar, por ello, se incrementó el salario mínimo, se contuvieron los precios de los combustibles, se frenó la inflación, y se estableció la inversión social más alta de los últimos tiempos, en programas productivos, transferencias no condicionadas y becas, que reciben decenas de millones de personas en todo el territorio nacional.
A la par de todas estas medidas, se ha cuidado el precio de los alimentos, y se ha iniciado el camino hacia la recuperación de la soberanía alimentaria.
No obstante, hoy observamos alza de precios de algunos productos de la canasta básica, a pesar de la actitud responsable y solidaria de la mayoría.
Es momento de proteger a la economía popular. El Estado, sus instituciones deben reforzar su actividad reguladora, ante un mercado de insumos básicos que comienza a presentar incrementos.
Es preciso cuidar la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen.
A la sociedad, le corresponde evitar las compras de pánico, porque el Gobierno Federal ha señalado en repetidas ocasiones que no hay desabasto ni problemas de distribución, y dado que tampoco hay cierre de fronteras, de haber necesidad, se podrán importar alimentos y productos básicos.
Un informe elaborado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)1 señala que:
• Se ha registrado un notable aumento en las compras de insumos de la canasta básica de alimentos por la implementación de la cuarentena.
• Aun cuando no se ha observado desabasto en las tiendas de autoservicio, sí se originó un incremento en los precios de algunos productos.
• La depreciación del tipo de cambio ha tenido efectos importantes sobre los precios al consumidor ya que algunos de los productos que se consumen en México son de importación.
Con base en su monitoreo semanal de precios al consumidor en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el GCMA señala que “los alimentos que han mostrado una mayor sensibilidad a la contingencia son el huevo, la pechuga de pollo, la chuleta de cerdo, el frijol negro, el azúcar y el arroz, los cuales han registrado variaciones importantes en el primer trimestre de este año respecto al homólogo previo, observándose una marcada alza desde la implementación de la fase dos de la contingencia sanitaria por el Covid-19”.
Como hemos señalado, la economía de las familias mexicanas está siendo mermada por el paro de la actividad económica, principalmente la de quienes pertenecen al sector informal, quienes no cuentan con ingresos fijos.
La Procuraduría Federal del Consumidor, en el presente gobierno, ha sido vigilante permanente de que no se presenten abusos. Es la instancia competente para inspeccionar, vigilar y sancionar prácticas comerciales abusivas.
La ley es muy clara, por lo que respecta a la situación actual: “[l]os proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias”, así mandata el artículo 10 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En este orden de ideas, nos parece oportuno solicitar que la Profeco refuerce e intensifique su actuación, que se vuelve fundamental en la coyuntura actual. Hablamos una actividad que, a la par de otras acciones sociales que hemos señalado en esta proposición, nos permitirán afrontar de manera exitosa la circunstancia actual, reforzar el apoyo a la economía popular, y avanzar en garantías del derecho a la alimentación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus competencias, intensifique las labores de inspección, vigilancia y sanción de las prácticas comerciales abusivas como la manipulación de precios y tarifas, en el contexto de la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 (Covid-19) a fin de cuidar la economía popular.
Nota
1 GCMA, Tipo de cambio y crisis por Covid-19 encarecen alimentos en México. 03 de abril de 2020. Recuperado de:
https://gcma.com.mx/tipo-de-cambio-y-crisis-por-covid-19 -encarecen-alimentos-en-mexico/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de abril de 2020.
Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a hacer público por las respectivas fiscalías o procuradurías de justicia el número de denuncias y casos en proceso de feminicidio y violencia de género, así como el estado que guardan las carpetas de investigación, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Actualmente en México mujeres jóvenes y adultas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres.
Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en nuestras sociedades.
La violencia de género que puede llegar hasta la muerte es cometida, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder.
Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres.
Segunda. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en los dos primeros 20201 se han presentado 164 casos de feminicidio a nivel nacional; 983 en el año 2019; y 891 en 2018. Asimismo, dicho informe demuestra que desde el año de 2015 los delitos tipificados como feminicidio a nivel nacional se han venido incrementando de manera grave, dado que en 2015 se configuraron 411 casos; en 2016, 604; y en 2017, 741 feminicidios.
El citado reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que en los dos primeros meses de 2020 el Estado de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Baja California y Ciudad de México, son los seis estados concentran el 51% de los feminicidios del país, con 85 decesos de los 164 casos que se tienen registrados a nivel nacional.
A efecto de dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo asociado al feminicidio a nivel nacional, es importante señalar que dicho delito de feminicidio representa 0.05% en la incidencia delictiva total en el período enero-febrero de 2020.
Tercera. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que existen miles de casos de homicidios dolosos en contra de mujeres que por diversas causas no fueron tipificados como feminicidios, pero que son casos que también deben ser considerados como violencia de género.
En efecto, el referido informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en el año de 2015 se registraron 1,735 homicidios dolosos en contra de mujeres; en 2016, 2,191; en 2017, 2,536; en 2018, 2770; en 2019, 2822 y en los dos primeros meses de 2020, 466 homicidios. Guanajuato, Estado de México y Michoacán rebasan los cien homicidios dolosos en contra de mujeres, registrando 169 homicidios en total en 2020.
Ahora bien, si bien los instrumentos normativos han tenido un avance significativo para tipificar y sancionar el delito de feminicidio en México, la dinámica, evolución e incremento de este delito requiere de acciones contundentes por parte de las autoridades locales y federales.
Cuarta. La Cámara de Diputados ha emprendido diversas acciones de carácter legislativo y de gestión, por conducto de las diferentes Comisiones Legislativas, destacando la Subcomisión para Atención de Feminicidios y Violencia contra la Mujer, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la cual ha sido un canal de comunicación con diversas organizaciones de activistas que luchan por erradicar la violencia feminicida y por medio de dichas instancias se han canalizado algunas de las denuncias y carpetas de investigación con el propósito de coadyuvar con las autoridades ministeriales y darles el seguimiento respectivo para el efecto de darles el debido impulso procesal e ir avanzando en la solución de dichos casos con resultados positivos.
Por ello, el presente punto de Acuerdo también tiene como objetivo que las fiscalías o procuradurías informen sobre los casos y carpetas de investigación que se han canalizado por medio de la Subcomisión referida y para ello se solicita se establezca un canal de comunicación oficial para hacerlos de su conocimiento y darle la atención que corresponda.
Otra de las acciones que están próximas a emprenderse es la firma de un convenio con los colegios, barras, asociaciones de abogados y universidades para que coadyuven en el asesoramiento y representación Pro bono de las víctimas de violencia de género y familiares de casos de feminicidio.
Quinta. Las causas de los feminicidios son multifactoriales, sin embargo, uno de los factores claves que señalan asociaciones civiles y luchadores sociales es la falta de reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres en términos generales, algo que impacte en la política pública federal.
Asimismo, la falta de reconocimiento propicia la generalización de la violencia contra las mujeres, y ésta, a su vez, siembra la semilla de los feminicidios. Además, esto también se ve reflejado en la ausencia de datos claros y certeros que creen una visión real de la situación de los feminicidios en el país.
Conforme a los citados antecedentes y consideraciones y ante el grave incremento de violencia contra las mujeres, es necesario conocer las acciones preventivas de seguridad y de justicia que se han concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres por parte de los gobiernos de las entidades.
Lo anterior tiene como objetivo primordial de conocer tales acciones y desde el poder legislativo fortalecer los mecanismos normativos para prevenir, combatir y sancionar de manera más eficaz y con mayor severidad el creciente fenómeno de homicidios en contra de las mujeres por razones de género.
Sexta. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Séptima. 2 en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del Covid-19 (Sacroi Covid-19), hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta a las mujeres en ese contexto. En particular, la Comisión destaca la necesidad de adecuar las medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de las mujeres y niñas, considerando los múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra las mujeres y niñas e incrementan su situación de riesgo en el presente contexto; manifestando su preocupación y alarma por las cifras que han demostrado el incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar tras el establecimiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas por las autoridades para la contención del contagio del Covid-19 en los países de la región.
Octava. En el marco de la pandemia, la Comisión destaca que la pérdida de ingresos y reducción de la actividad económica es un factor adicional al incremento de los niveles de desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres, particularmente a las mujeres cabezas de familia. La CIDH destaca la necesidad de un enfoque específico hacia las 126 millones de mujeres trabajadoras de la economía informal, así como las trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales y otros grupos desproporcionadamente afectados por la pandemia, como las mujeres migrantes y las mujeres en situación de calle.
Dichas políticas deben tener una perspectiva de derechos humanos y enfocarse en las necesidades específicas de estas mujeres. En este sentido, los Estados deben adoptar medidas orientadas a superar el impacto desproporcionado de la crisis económica sobre las mujeres, promoviendo su reintegración socioeconómica mediante medidas de alivio o apoyo económico, por medio de la ampliación de sus redes de protección social y orientadas a la promoción del desarrollo sostenible.
Novena. La CIDH hace un llamado a que los Estados brinden la debida protección a las mujeres profesionales de salud y del trabajo social actuando en la primera línea de respuesta a la pandemia del Covid-19. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en nivel mundial, las mujeres representan el 70% de las personas empleadas en el sector de la salud, asimismo, afirma que las mujeres ocupan desproporcionadamente roles en primera línea en la lucha del mundo para tratar a las personas contagiadas, así como realizar las labores de cuidado en el marco de las medidas de aislamiento social. En este contexto, las mujeres tienen, sumado a los riesgos de contagio y la carga mental de su labor profesional, el trabajo no remunerado de cuidado familiar, incluido el cuidado a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.
Décima. Finalmente, la CIDH reconoce los desafíos actuales enfrentados por los Estados en la contención de la pandemia, así como la importancia de las directrices de confinamiento y aislamiento social. Al mismo tiempo, la Comisión reitera que la adopción de medidas debe tener como condición indispensable la participación de mujeres y expertas en género en posiciones de toma de decisión en los comités y grupos de trabajo de respuesta a la crisis causada por el Covid-19, de manera que se asegure la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en respuesta a la pandemia. Lo anterior, a partir un enfoque interseccional teniendo en cuenta los contextos y las condiciones que potencializan los efectos de la crisis, como la precariedad económica, la condición de migrante, la privación de libertad, origen étnico-racial, la orientación sexual e identidad y/o expresión de género, entre otras.
Conforme a lo anterior, someto a consideración del este Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto se Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades de la república, para que por conducto de las fiscalías y/o procuradurías de justicia estatales hagan público un informe respecto al número de denuncias y casos en proceso de feminicidio y de violencia de género, así como el estado que guardan dichas carpetas de investigación.
Segundo. Se solicita a las Fiscalía y Procuradurías estatales se establezca un canal de comunicación oficial para la canalización, atención y seguimiento con Subcomisión para Atención de Feminicidios y Violencia contra la Mujer, de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para los casos de violencia de género y violencia feminicida que son reportados y recibidos por dicha Subcomisión legislativa.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo de los Gobiernos Estales y a las Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades federativas para atender el llamado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cumplir de manera efectiva las cinco medidas estratégicas con perspectiva de género priorizando los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes especialmente durante el periodo de contingencia por motivo de la pandemia Covid-19.
1. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas del Estado Mexicano y sus instituciones para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación bien como líneas de atención de emergencia, así como promover el fortalecimiento de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y albergues y refugios para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los cuales existan condiciones de adoptarse las medidas de prevención del contagio.
3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales.
4. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad.
5. Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la necesidad específica de estas mujeres en el combate a la crisis generada por el Covid-19.
Notas
1 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/
informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es
2 La CIDH hace llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia del Covid-19 y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar en este contexto, 11 de abril de 2020
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/074.a sp
Martes 14 de abril de 2020.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a mantener la acción humanitaria para que los connacionales fuera del país puedan regresar sanos y salvos ante la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar con la acción humanitaria para que las y los connacionales fuera de nuestro país, puedan regresar sanos y salvos a nuestra patria ante la pandemia del Covid-19.
Consideraciones
Desde mi responsabilidad legislativa, como Diputado Federal, he dado seguimiento al trabajo de quienes velan por la seguridad humanitaria de nuestros connacionales pues desde que comenzó la propagación del Covid-19 por el mundo, la cancelación de vuelos, cierres de aeropuertos y restricciones en el tráfico aéreo impulsadas por algunas naciones, impidieron a nuestros connacionales volver a México.
Las embajadas y consulados alrededor del mundo trabajan al máximo de sus capacidades ante las medidas restrictivas nacionales y regionales, así como la constante cancelación de vuelos y reducción de frecuencias en diversas rutas. Las necesidades de apoyo se centraron inicialmente en el continente asiático, después se concentraron en Europa y América Latina, así como en puntos de tránsito y sitios turísticos en Medio Oriente y el norte de África. Se ha contado con el apoyo de diversos gobiernos, así como de aerolíneas y compañías de transporte, dentro de sus posibilidades de accióni
Ante esta situación, decenas de mexicanos se quedaron varados y sin recursos económicos, por lo que han pedido asistencia consular y desde que comenzaron a agravarse las circunstancias, la Secretaría de Relaciones Exteriores al cinco de abril de 2020 logró repatriar 8,432 mexicanas y mexicanos procedentes de diversos Estados Nación:
• Alemania (42), Bélgica (188) Francia (1342), Polonia (69), Irlanda (430), España (145), China (314), Australia (163), Tailandia (105), Nueva Zelanda (22), Marruecos (254), Egipto (164), Emiratos Árabes Unidos (131), América del Norte (124), Argentina (487), Bahamas (98) Belice (7), Bolivia (13), Costa Rica (122), Colombia (367), Cuba (262), Ecuador (100), El Salvador (75), Guatemala (213), Haití (9), Honduras (254), Paraguay (2), República Dominicana (174) Uruguay (20), Venezuela (52), Brasil (10), Chile (170), entre otros.ii
Desde el continente africano se ha apoyado a cerca de 300 connacionales, en su mayoría desde Egipto y Marruecos, pero también de Zimbabue, Madagascar, Ruanda y Malawi.iii
Así también, es de destacar que el pasado viernes 27 de marzo, el Ejecutivo Federal propuso una política al G20 de puertas abiertas para el equipo médico y medicamentos,iv en seguida el 31 de marzo México recibió 50,000 kits para la detección del Covid-19, donados desde China, cien mil mascarillas y cinco respiradores artificiales donados por la Fundación Jack May y Alibaba.v
El 4 de abril México presentó un proyecto de resolución ante la Organización de las Naciones Unidas en materia de cooperación internacional para asegurar el acceso global a medicinas e insumos requeridos para enfrentar el Covid-19vi y el 7 de abril llegó un cargamento de 10 toneladas de material médico en un Boeing de Aeroméxico; el primer vuelo con equipo médico complementario.vii El 8 de abril llegó a México un grupo de 10 médicos cubanos para compartir prácticas y emitir recomendaciones a las autoridades sanitarias del país en materia de política pública para enfrentar el Covid-19.viii
Por otro lado, es importante subrayar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha expulsado cerca de 10, 000 inmigrantes sin documentación en regla que han cruzado la frontera de Estados Unidos desde que se puso en marcha el 21 de marzo de 2020 una medida que le permite a los agentes devolver a los indocumentados sin necesidad de iniciar un proceso en sus centros.ix
Como Diputado Federal, me congratulo de los alcances e impactos positivos que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fuerza Aérea Mexicana en estos tiempos de emergencia sanitaria, que no puedo dejar desapercibidos. Así también, como Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados es de mi interés legislativo hacer notar el trabajo en materia de política exterior del actual gobierno pues, uno de los principales objetivos de esta Comisión es velar y trabajar desde el ámbito legislativo por las y los migrantes, las y los connacionales y de toda persona a quien, con apego a la normativa aplicable, se encuentre en el mismo ámbito de competencia y es por ello que someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar con la acción humanitaria para que las y los connacionales fuera de nuestro país, puedan regresar sanos y salvos a nuestra patria ante la pandemia del Covid-19.
Notas
i https://www.gob.mx/sre/articulos/
el-gobierno-de-mexico-apoya-a-mexicanos-que-buscan-regresar-al-pais-238398?idiom=es
ii https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/05/
en-busca-de-los-mexicanos-varados-por-el-coronavirus-8432-ciudadanos-volvieron-ya-al-pais/
iii http://elregio.com/Noticia/ca23d8dd-9f45-42d7-920d-1791b814fbf7
iv https://twitter.com/m_ebrard/status/1247723586111979520
v https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/
unabuena-mexico-recibe-50-000-kits-para-detectar-covid-19-donados-desde-china
vi http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/04/c_138945575.htm
vii https://d.elhorizonte.mx/nacional/llega-mexico-material-medico-chino-pa ra-combatir-covid-19/2828332
viii https://www.milenio.com/politica/llega-delegacion-cuba-apoyar-lucha-cov id-19
ix https://elpais.com/internacional/2020-04-09/
trump-acelera-las-explusiones-de-inmigrantes-sin-papeles-en-plena-pandemia.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de abril de 2020.
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al INE, el TEPJF y tanto a los organismos públicos como a los tribunales electorales locales a efecto de que sus altos funcionarios donen 50 por ciento de sueldo a la contención, prevención y atención de la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los organismos públicos locales electorales y a los tribunales electorales locales de cada entidad federativa para que sus altos funcionarios respalden al pueblo de México y donen el cincuenta por ciento de su sueldo a la contención, prevención y atención de la pandemia del Covid-19, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En diciembre de 2019, comenzaron a detectarse en la ciudad de Wuhan, República Popular de China, una serie de pacientes cuya enfermedad no podía controlarse y cuya categoría no era reconocida por las autoridades sanitarias del país.
Es así como en enero de 2020, las autoridades sanitarias de la República Popular de China declararon la aparición de una nueva enfermedad altamente contagiosa de persona a persona y que se le denominó como SARS-CoV2 , en virtud de que era un nuevo tipo de coronavirus que provocaba los efectos sintomáticos de la enfermedad SARS.
El 21 de enero de 2020 se reportó el primer caso de coronavirus fuera de la República Popular de China; ello, dentro de los Estados Unidos; por lo que en Europa empezaban a aparecer los primeros casos dentro de Francia.
El 23 de enero de 2020, la República Popular de China decretó cuarentena obligatoria en la ciudad de Wuhan, esto con la finalidad de evitar la propagación del virus; sin embargo, en el mundo se contabilizaban al menos 1000 contagios.
El 29 de febrero de 2020, durante la conferencia matutina del Presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, anunció la aparición del primer caso confirmado en México por el brote de Covid-19, el cual era de un hombre ya puesto en aislamiento preventivo dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México.
Así las cosas, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), decretó al virus SARS-CoV2 (Covid-19) como
“pandemia mundial” , derivada del incremento exponencial de casos confirmados y las tendencias de contagio en múltiples países. Por lo que se requería decretar la emergencia de salud pública a nivel internacional y emprender diversas acciones de contención para evitar una propagación más activa del virus, así evitando más decesos causados por la enfermedad.
El 23 de marzo de 2020, mediante la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, reconoció una epidemia causada por la enfermedad SARS-CoV2 (Covid-19) en el territorio nacional, como una enfermedad grave de atención prioritaria, estipulando diversas medidas de prevención y respuesta para enfrentar la situación sanitaria.
El 24 de marzo de 2020 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Doctor Hugo López-Gatell Ramírez, decretó el inicio de la fase 2 por la epidemia del Coronavirus Covid-19, lo que implica que la enfermedad se encuentra en un nivel de contagio local, contrario a la fase 1, donde ésta consistía en la detección de casos importados.
El mismo día, el Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o, fracciones I, II, III y XV, 6o, fracción I, 7o, fracción I, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 33, fracción I, 133, fracciones II y IV, 134, fracción XIV, 135, 139 al 143, 147 al 154, 181, 183, 184, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud, emitió el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).1
En consecuencia, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con sus atribuciones emitió el DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo citado en el párrafo anterior.
El 27 de marzo siguiente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, emitió el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).
De tal manera que, el 30 de marzo del año en curso, el Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, 73, fracción XVI, bases 1a. y 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XV, 4o., fracción II, 17, fracción IX, 134, fracción II y XIV, 140 y 141 de la Ley General de Salud, y 1 y 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) .2
El 31 de marzo, el Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, legales, y en observancia con el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
Del acuerdo antes referido, se estipuló dentro del artículo primero, que:
“Como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:
I. Se ordena la suspensión inmediata , del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales , con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional;” (énfasis añadido).
Decretándose un resguardo domiciliario corresponsable a todas las personas que se encuentre en el territorio nacional, así como “un resguardo domiciliario corresponsable de aplicación estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.” Mencionándose además que “el personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar”.3
Al momento de redacción de la presente proposición con punto de acuerdo (9 de abril de 2020), se tienen contabilizados 3441 casos confirmados, más de 10 mil casos sospechosos y 194 personas fallecidas a causa de la enfermedad Covid-19.4
En efecto, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las acciones necesarias para ello.
El artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.
El derecho a la protección de la salud, se recoge en diversos tratados internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (Covid-19) en el territorio nacional.
La Ley General de Salud también establece que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece que el derecho a la protección de la salud no puede ser denegado parcial o totalmente, en especial, a los sectores más desprotegidos de la población mexicana.
A su vez, como se ha mencionado, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.
Así, en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General estipuló que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (Covid-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial.
Aún y cuando se han llevado diversas acciones preventivas para la mitigación y el control de la enfermedad causada por el SARS-CoV2 (Covid-19), mismas que han permitido atenuar la propagación de la enfermedad en la población mexicana, resultó necesario emprender acciones adicionales extraordinarias a efecto de salvaguardar la integridad y la salud de las personas en el territorio nacional, ante la situación de emergencia que afecta al país.
Dentro de las acciones extraordinarias implementadas, se encuentran:5
• Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas.
• Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, entre otras acciones extraordinarias similares.
• La suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional.
A su vez, como medidas preventivas se han dictado las siguientes:6
• Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella.
• En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, siguiendo las medidas de distanciamiento social decretadas.
• Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 50 personas.
• Cumplir las medidas básicas de higiene.
Por tal motivo, en este momento, se delinean horizontes que perfilan una crisis de dimensiones sanitaria, financiera, económica, social y cultural de amplísimas dimensiones, derivado de las medidas necesarias que se deben adoptar a causa de la pandemia de Covid-19, y cuyo no es potestativo. En tal virtud, es momento de tomar decisiones ponderando el bien común y la protección de la mayor cantidad de personas posibles.
Debemos tener en cuenta que la base económica que sostiene a nuestro país no es la de las grandes empresas, o en donde las personas pueden irse a casa y resguardarse gracias a sus ahorros, o debido a su condición económica desahogada, más bien esto es una cuarentena de confinamiento obligatorio; pues el soporte de este país está en la economía informal, en las pequeñas y medianas empresas, cuya actividad depende del flujo diario general de la economía.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos de contagio por la enfermedad causante de la pandemia ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el Covid-19.
La dependencia ha reportado que, por cada caso confirmado, hay cuando menos ocho que no han sido detectados por el sistema de salud nacional, ya sea porque no acudieron al médico o porque no se les aplicó la prueba de detección del virus.
Todo lo anterior, aunado a la disminución de la movilidad social en casi un 70%, al menos dentro de la Ciudad de México (el principal centro económico del país) vislumbra sus primeros efectos, tal como dio cuenta Luisa María Alcalde Luján, Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, al reportar una pérdida de 346 mil 878 empleos, durante el periodo de la contingencia sanitaria.7
Empero, existe un sector minoritario de la población quienes tienen asegurados sus ingresos y una estabilidad económica permanente (contrario al grueso de la población que no los tiene) y son los servidores públicos que, en su mayoría, reciben una remuneración basta por el desempeño de sus funciones.
Conforme al panorama que se vive por la contingencia ocasionada por el Covid-19, este sector debe ser el primero en ayudar a superar esta crisis, mediante medidas proactivas que apoyen a la compra de material médico, del sostenimiento de la economía y acciones relacionadas para hacer frente a esta situación de emergencia que vive el Estado Mexicano.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, mensualmente la totalidad de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (miembros del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva) reciben una cantidad de $3,869,250.75 pesos de forma neta (libres de impuestos) como pago por su función encomendada.8
Por su parte, los miembros de los 32 Consejos Generales u homólogos de los Organismos Públicos Locales Electorales de cada entidad federativa (contemplando a sus Secretarios Ejecutivos) reciben en total $19,024,296.24 pesos de forma neta (libres de impuestos) como pago por su función encomendada.9
Adicionalmente, y bajo el auspicio de los acuerdos INE/JGE/34/2020, INE/CG80/2020, INE/CG82/2020, INE/CG83/2020, así como la circular INE/SE/011/2020, la función electoral (al ser una actividad no esencial) ha cesado casi en su totalidad, por lo que el resguardo domiciliario de los altos funcionarios ha sido factible, sin afectárseles en sus derechos.
Es por tanto que, ante el panorama descrito, una multiplicidad de actores públicos, tales como partidos políticos y servidores públicos, al ser un sector favorecido dentro de esta crisis, han donado parte de su salario con la finalidad de contribuir a la lucha sanitaria en que nos encontramos.
Si desde la función electoral, se apoyase a esta causa tal y como otros actores políticos lo han hecho, al donar por lo menos la mitad del salario de tres meses que perciben los altos funcionarios, se reintegrarían $5,803,876.13 pesos a la Tesorería de la Federación y $28,536,444.36 pesos a las Tesorerías de cada Entidad Federativa, que serían recursos efectivos utilizables en utilerías tales como material médico o apoyos económicos para las personas que viven “al día” o destinables a proyectos de rescate de pequeñas y medianas empresas.
En ese contexto, me dirijo a ustedes, acudiendo a su nobleza y empatía de la causa descrita, porque sé que podemos colocarnos por encima del interés particular, para pedir su solidaridad con las y los mexicanos en estos tiempos de dificultades, para que en conjunto beneficiemos con acciones mínimas a esta lucha.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a promover, a través de los procedimientos correspondientes, que las Consejeras y los Consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo, las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Coordinaciones Administrativas, así como del Órgano Interno de Control y aquellos servidores públicos que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos perciben una mayor remuneración a la del Presidente de la República, manifiesten su compromiso y solidaridad con el pueblo de México y emprendan las acciones necesarias para donar a la hacienda pública federal, conforme a la normatividad aplicable, los recursos públicos correspondientes al 50 por ciento del sueldo mensual neto asignado para los meses de abril, mayo y junio de 2020, con el objetivo de que el monto pueda ser destinado a la contención, prevención y atención de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19.
Segundo. Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a promover, a través de los procedimientos correspondientes, que las Magistradas y los Magistrados de Sala Superior y de Salas Regionales, así como los servidores públicos que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos perciben una mayor remuneración a la del Presidente de la República, manifiesten su compromiso y solidaridad con el pueblo de México y emprendan las acciones necesarias para donar a la hacienda pública federal, conforme a la normatividad aplicable, los recursos públicos correspondientes al 50 por ciento del sueldo mensual neto asignado para los meses de abril, mayo y junio de 2020, con el objetivo de que el monto pueda ser destinado a la contención, prevención y atención de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19.
Tercero. Se exhorta a los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas a promover, a través de los procedimientos correspondientes, que las Consejeras y los Consejeros electorales, los Secretarios Ejecutivos, así como los servidores públicos que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos perciben una mayor remuneración a la del Presidente de la República, manifiesten su compromiso y solidaridad con el pueblo de México y emprendan las acciones necesarias para donar a la hacienda pública federal, conforme a la normatividad aplicable, los recursos públicos correspondientes al 50 por ciento del sueldo mensual neto asignado para los meses de abril, mayo y junio de 2020, con el objetivo de que el monto pueda ser destinado a la contención, prevención y atención de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19.
Cuarto. Se exhorta a los Tribunales Electorales de las entidades federativas para que, a través de los procedimientos correspondientes, las Magistradas y los Magistrados electorales o sus equivalentes, así como los funcionarios públicos que de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos perciben una mayor remuneración a la del presidente de la República, manifiesten su compromiso y solidaridad con el pueblo de México y emprendan las acciones necesarias para donar a la hacienda pública federal, conforme a la normatividad aplicable, los recursos públicos correspondientes al 50 por ciento del sueldo mensual neto asignado para los meses de abril, mayo y junio de 2020, con el objetivo de que el monto pueda ser destinado a la contención, prevención y atención de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19.
Notas
1 Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con fecha 24 de marzo de 2020, de la Secretaria de Salud, en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fe cha=24/03/2020
2 Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con fecha 31 de marzo de 2020, del Consejo de Salubridad General, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544303/Acuerdo_de_emerge ncia_sanitaria_por_Covid-19.pdf
3 Del Maestro Rubén Fierro Velázquez en IDC online, “Implicaciones laborales de la emergencia sanitaria por fuerza mayor”, miércoles 01 de abril de 2020. https://idconline.mx/laboral/2020/04/01/implicaciones-laborales-de-la-e mergencia-sanitaria-por-fuerza-mayor
4 Milenio Digital, “Coronavirus en el mundo, 9 de abril: noticias en tiempo real”, Ciudad de México, lunes 13 de abril de 2020. https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-mundo-9-abril-noticia s-casos-muertes
5 Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con fecha 24 de marzo de 2020, de la Secretaria de Salud, en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
6 Ibíd. Sp.
7 José de J. Guadarrama y Arturo Páramo en Excélsior, “México pierde 346 mil 878 empleos; las empresas pequeñas resisten la crisis”, Ciudad de México, con fecha de abril 04 de 2020. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pierde-346-mil-878-empleos -las-empresas-pequenas-resisten-la-crisis/1375009
8 Plataforma Nacional de Transparencia, Sueldos del Instituto Nacional Electoral, consultado el 09 de abril de 2020, información disponible en:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
9 Plataforma Nacional de Transparencia, Sueldos de Organismos Públicos Locales Electorales por Entidad Federativa, consultado el 09 de abril de 2020, información disponible en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublic a.xhtml#inicio
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el 14 de abril de 2020.
Diputado Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob; la SER; la Ssa; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el INM; y sus homólogos locales a garantizar los derechos humanos de las personas que están o buscan estar en tránsito en el territorio nacional, o bien, que son deportadas, a fin de evitar el cierre de fronteras con los países vecinos por la actual emergencia sanitaria, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y al Instituto Nacional de Migración, así como a sus análogos en las entidades federativas, para que en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones garanticen los derechos humanos de las personas que están o buscan estar en tránsito dentro del territorio nacional, o bien, que son deportados, así a fin de evitar, en la medida de lo posible el cierre de fronteras con nuestros países vecinos por la situación actual de emergencia sanitaria que atraviesa el país, previa adopción de otras medidas sanitarias preventivas, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917, se reconoce y garantiza el derecho a la libertad de tránsito en el territorio nacional, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación correspondiente. De igual forma, en términos de la Constitución toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
No obstante lo anterior, la emergencia generada en diversas naciones, incluidas México y Estados Unidos, por el Covid 19, ha generado incertidumbre en las condiciones de personas transitando por nuestro país, así como de deportados, particularmente por Estados Unidos.
De acuerdo con diversas notas periodísticas, el Gobierno norteamericano ha expulsado a 10,000 inmigrantes desde el inicio de la crisis por el coronavirus amparado en las normas de emergencia adoptadas para evitar su propagación, mientras que en nuestro país, se han dado diversas declaraciones de autoridades estatales y municipales, solicitando el cierre de fronteras o se tomen medidas para limitar el paso de personas en las fronteras del país, lo anterior con la finalidad de impedir o limitar el flujo de personas de fuera a dentro del país, a esto se suman acciones donde las autoridades, federales, estatales y municipales han tomado medidas arbitrarias para el control del tránsito de personas dentro del país.
Lo anterior, sin duda conlleva violación a diversos derechos humanos y así se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas:
“Criminalizar a las personas sobre la base de su estado migratorio puede conducir a una serie de otras violaciones de derechos humanos, que incluyen perfiles discriminatorios, arrestos y detenciones arbitrarias, separación familiar y la imposibilidad de acceder a cuidados de salud críticos, vivienda y educación”.1
En este sentido, además de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, diversos instrumentos internacionales establecen la base para la protección de las personas con estatus migratorio, particularmente ante situaciones como las que actualmente estamos enfrentando, tal es el caso de los siguientes:
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan en los artículos 12.3 y 22.3 el sentido de las restricciones que podría tener el derecho al libre tránsito.
• El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, establece en su Objetivo 15 el deber de proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos, incluidos los de salud. Para dar cumplimiento a este Objetivo, las naciones se comprometen a velar por que todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos accediendo a servicios básicos en condiciones de seguridad, así como a velar por que todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos accediendo a servicios básicos en condiciones de seguridad; a reforzar los sistemas que prestan servicios inclusivos a los migrantes, sin perjuicio de que los nacionales y los migrantes en situación regular puedan tener derecho a servicios más amplios, asegurando al mismo tiempo que cualquier trato diferenciado se base en la ley, sea proporcionado y persiga un propósito legítimo, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Para cumplir este compromiso, entre las acciones a realizar se encuentran:
“Incorporar las necesidades sanitarias de los migrantes en las políticas y los planes de salud nacionales y locales , por ejemplo, reforzando la capacidad de prestar servicios, facilitando el acceso asequible y sin discriminación, reduciendo las barreras que dificultan la comunicación y formando a los proveedores de atención sanitaria para que presten servicios teniendo en cuenta las diferencias culturales, a fin de promover la salud física y mental de los migrantes y las comunidades en general, entre otras cosas, tomando en consideración las recomendaciones pertinentes del Marco de Prioridades y Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud para Promover la Salud de los Refugiados y los Migrantes”.
En el caso específico de las leyes mexicanas, la Ley de Migración establece en su artículo 7 que el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. De igual forma establece que, ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la referida Ley, siempre que no sea discriminatoria.
Estamos ante una situación de emergencia sanitaria, en la que resulta más que necesario tomar medidas de control, sin embargo no estas nunca deberán ser violatorias de derechos, deben cumplir (como cualquier acto de autoridad) con el debido sustento jurídico, y ser aplicadas por personal capacitado. De igual forma es necesario que las autoridades competentes y mencionadas en el proemio del presente documento, se den la tarea de crear un mecanismo adecuado, que cumplan con el rol de limitar (solo si es necesario) ya sea la entrada de personas provenientes de otro país al nuestro, y de regular y vigilar (solo si así se considera necesario a nivel federal) el cómo serán las indagaciones de personas que deseen y necesiten transitar por el territorio nacional, como la atención sanitaria en caso de ser necesario, particularmente ante casos de Covid 19, así como coadyuvar con otros países, para el mejor trato a nuestros connacionales y evitar el cierre de fronteras previa adopción de medidas para evitar contagios.
En este sentido, el artículo el artículo 27 fracción I de la Ley de Migración, establece que corresponde a la Secretaría de Salud, Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
De igual forma, la Ley General de Salud establece en su artículo 354 que compete a la Secretaría de Salud adoptar las medidas que procedan para la vigilancia sanitaria de personas, que ingresen al territorio nacional y que, a su juicio constituyan un riesgo para la salud de la población, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.
Así también, la Ley de Migración establece en su artículo 21 fracción II, que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de mexicanos y extranjeros.
En este mismo contexto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; así como que a la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde impartir protección a los mexicanos.
Por los argumentos aquí expuestos, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados a la titular de la Secretaría de Gobernación, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Secretaría de Salud, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y al titular del Instituto Nacional de Migración, así como a sus análogos en las entidades federativas, para que, en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, garanticen los derechos humanos de las personas que están o buscan estar en tránsito dentro del territorio nacional y/o que son deportados, particularmente del derecho a la salud y asistencia sanitaria, y libre tránsito apegado a derecho, así como a evitar, en la medida de lo posible, el cierre de fronteras ante la situación actual de emergencia sanitaria que atraviesa el país, adoptando en todo caso, medidas preventivas y de mitigación en la materia.
Nota
Bonnette, Kathlee. (2020). The United States has criminalized asylum seeking. Covid-19 gives us a reason to reconsider. Recuperado en
https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/04/01/
united-states-has-criminalized-asylum-seeking-covid-19-gives-us-reason
Dado en Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 14 días del mes de abril de 2020.
Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al cabildo de Hermosillo a cancelar la subasta de El Cárcamo de la Sauceda, pues todo el proceso de convocatoria y subasta se da en tiempos de contingencia sanitaria por el Covid-19 –sin cabida para acciones no esenciales de los gobiernos– y se trata de un humedal urbano, a cargo de la diputada Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Wendy Briceño Zuloaga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con carácter de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Hermosillo, Sonora, es una de las ciudades en el mundo en las que se alcanzan mayores temperaturas: arriba de los 40 grados durante el verano. Apenas el verano pasado, la temperatura máxima registrada en Sonora durante el día 2 de junio, fue de 49.5 grados Celsius a la sombra, según el reporte meteorológico diario del Observatorio Meteorológico de Hermosillo , convirtiéndose así en la ciudad más caliente del mundo.
Nuestro Municipio también ha sufrido por las fuentes de abasto de agua, y en diversas épocas ha tenido que racionar el agua, ante la imposibilidad de poder proveer a la ciudad de manera constante.
Aunado a esto, la ciudad ha padecido paulatinamente la deforestación de sus plazas, parques, camellones, sin olvidar la destrucción del Parque de Villa de Seris cuyos 661 árboles fueron destruidos; la gravedad del tema es que, desde hace 120 años, tiempo en que se construyó el Parque Madero, no se ha vuelto a designar otra área arbolada como espacio público, y su superficie representa apenas el .047% de la mancha urbana.
Esta deforestación ha respondido a intereses de la élite económica de Sonora, que ha obtenido millonarios contratos de constructoras o empresarios para edificar centros comerciales en estas áreas forestadas. A esta mala gestión ambiental no se han sumado soluciones sustentables, responsables con el ambiente y acordes al nuevo urbanismo y a la Reforma Urbana que rige al país, y al reglamento municipal vigente.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que rige a México, recomienda lo que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) como criterio universal que las áreas verdes en nuestros centros urbanos deben ser de 10 y 15 m2 por habitante. Según la Reforma Urbana aprobada en 2015 y que fue homologada en Sonora, cuyo reglamento fue aprobado en el Cabildo de Hermosillo el día 3 de septiembre de 2018, debe existir 1 parque de 1 o 2 hectáreas por cada barrio (Ver el Boletín Oficial de Sonora ( )
A pesar de todo ello, el 28 de marzo del año en curso, en sesión de Cabildo se aprobó someter a subasta para venta los terrenos de “El Cárcamo del Parque la Sauceda” donde se encuentran campos deportivos, a la par de un yacimiento de agua, que forma parte del ecosistema del humedal de La Sauceda. Un humedal urbano, que de acuerdo con expertos-as se trata de un hallazgo sumamente particular y de muy alta importancia la protección del mismo.
El día 11 de abril se lanzaría la convocatoria para dicha subasta (sin embargo, al día 12 de abril a las 24 horas aún no se publica), a realizarse el día 17 de abril, en plena crisis sanitaria y en medio del confinamiento por Covid-19.
La justificación de las autoridades municipales para la referida subasta es que “el dinero se utilizará 60% para reparación de vialidades, 30% en un fondo de apoyo económico para afectados dele Covid-19 y 10% para infraestructura deportiva” (En entrevista en Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, el día 30 de marzo del año en curso:)
Cabe señalar que la deuda pública de Hermosillo es una de las más altas a nivel nacional, herencia de diversas administraciones anteriores, y los servicios públicos se han visto comprometidos por esta mala situación financiera.
Sin embargo, es inviable resolver un problema que es inmediato para la ciudad además de recurrente en cada temporada de lluvias, como son los baches, afectando un ecosistema que será irrecuperable y un espacio de gran beneficio social como es El Cárcamo, que es usado por la comunidad para realizar actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.
Los terrenos de La Sauceda, conocida como El Cárcamo, consta de aproximadamente 10 hectáreas, y en ella se enclava una Unidad Deportiva en funciones, sede de varias ligas de béisbol infantil, fútbol amateur y espacio para caminata y para correr de parte de ciudadanos y ciudadanas. Además, cuenta con una variedad de árboles nativos y silvestres, como palo verde, torote, mezquite, huizache y palmas; así como olivos negros, neem, eucaliptos, dos variedades de pino salado y mezquite chileno. En cuanto a fauna, estos campos son el hábitat de tecolotes, pinzones, papamoscas y tórtolas.
El déficit de Hermosillo en áreas verdes ha tenido consecuencias atroces, como enfermedades respiratorias (de alto riesgo en el contexto Covid-19), incremento en la temperatura promedio, y una baja tasa de infiltración al manto freático.
Además de las afectaciones ambientales que implicaría la subasta de El Cárcamo para Hermosillo, es sabido que la ocupación de espacios públicos es sumamente importantes para la seguridad, cohesión social, apropiación e identidad.
De igual manera, el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado por la protección al medio ambiente, declarando que es fundamental el cuidado del mismo; “si todo se vuelve concreto ya no se recargan los mantos acuíferos. Entonces, si tenemos áreas sin concreto, sin pavimento, estamos recargando los acuíferos” (3 de abril del año en curso, versión estenográfica: ).
Por todo lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Cabildo de Hermosillo, a que se cancela la subasta para venta de los campos del Cárcamo de la Sauceda, pues todo el proceso de convocatoria y subasta se da en tiempos de la contingencia sanitaria por Covid-19, en la que no caben acciones no esenciales de los gobiernos y por tratarse de un humedal urbano, que debería ser un área protegida.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a que se cumplan las leyes federales vigentes en cuanto a la preservación de ecosistemas (la llamada Reforma Urbana aprobada en 2015 y que fue homologada en Sonora, cuyo reglamento fue aprobado en el Cabildo de Hermosillo el día 3 de septiembre de 2018, mismo que indica que debe existir 1 parque de 1 o 2 hectáreas por cada barrio; ver el Boletín Oficial de Sonora (); así como el Art. 46 de la ley general de Equilibrio Ecológico, mismas que se están contraviniendo con la subasta para venta de los Campos El Cárcamo de la Sauceda.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, para que apoye financieramente al Municipio de Hermosillo para poder resolver sus necesidades prioritarias, de atención a los servicios públicos municipales, como son las acciones de bacheo; y que, de esta forma, las autoridades desistan de la subasta para venta de los terrenos de El Cárcamo en La Sauceda.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Román Meyer falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, o en su caso a la autoridad correspondiente, para que se declare La Sauceda reserva ecológica para el Municipio de Hermosillo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de abril de 2020.
Diputado María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a diseñar por la Ssa, la SHCP y la Secretaría de Bienestar, con la participación del Coneval, una estrategia urgente de atención prioritaria de estados, alcaldías y localidades con altos niveles de pobreza y marginación para atender la emergencia sanitaria del Covid-19, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe Luis Javier Alegre Salazar, diputado de federal del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Ligislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Como nunca antes en la historia moderna de nuestro país, los mexicanos enfrentamos una situación muy delicada en materia de salud pública (sanitaria) derivada del contagio a nivel mundial de una enfermedad provocada por un nuevo virus conocido como Covid-19, coronavirus.
Al mismo tiempo, y derivado de diversos factores internacionales y de la pandemia causada por el coronavirus y la caída sin precedente de los precios internacionales del petróleo, han acelerado una crisis económica a nivel mundial, donde las estimaciones más optimistas como las de la OCDE, estiman que el crecimiento del PIB mundial en 1.5%; Y hay otras que ya hablan de una crisis económica mundial.
Esta enfermedad provocada por el Covid-19, ha puesto en alerta al mundo no solo por la cantidad y velocidad con la que se trasmite y que ha provocado el aislamiento de decenas de millones de personas en países europeos como: España, Italia, Alemania, entre otros, así como, la suspensión de actividades económicas con repercusiones drásticas en sectores como la aviación, el turismo, la industria manufacturera, etcétera.
Cabe mencionar que este virus tuvo su origen en Wu Han, provincia de Hubei en China, a principios de diciembre de 2019, a poco más de tres meses, actualmente (lunes 6 de abril) el nivel de contagio presenta los siguientes números:
Fuente: Coronavirus Covid-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
En México los primeros casos de contagio se dieron, aparentemente, a finales (27) del mes de febrero. En una primera etapa, llamada fase uno el nivel de contagio se dio por alguna persona que ingreso al país por vía aérea procedente de Europa, China o Estados Unidos. Posteriormente se hizo la declaratoria de fase II, donde el contagio ya no se da por importación sino comunitario.
En todo este proceso las autoridades sanitarias del país, encabezadas por su titular el Dr. Jorge Alcocer Varela Secretario de Salud y como vocero el doctor Hugo López-Gatell Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido fundamentales en el seguimiento e instauración de protocolos para enfrentar esta crisis sanitaria en México.
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se declara como Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones, que resulten necesarias para atender dicha emergencia; es decir, es la autoridad que delinea las acciones para enfrentar esta contingencia.
Asimismo, el 31 de marzo fue publicado en el DOF el Acuerdo por el que se Establecen Acciones Extraordinarias para Atender la Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).
En el Acuerdo se establece, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:
I. “Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad,
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria;
b) Los que participan en su abasto, servicios y proveeduría.
c) La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud.
d) los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
e) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales;
f) La procuración e impartición de justicia;
g) La actividad legislativa en los niveles federal y estatal;
h) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, entre otros.”
Señala también que en todos “los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes prácticas:
a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; medidas profilácticas como lavado de manos, sana distancia y cumplir el resguardo domiciliario, en especial a las personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas y aquellas personas que padezcan hipertensión, diabetes, que tengan obesidad y sobrepeso, enfermedades cardiacas o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática,”
También “se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad General”, de la manera siguiente como vocales titulares a las siguientes personas:
“a) El Titular de la Secretaría de Gobernación;
b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
d) El Titular de la Secretaría de Marina;
e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.”
Estas acciones de Estado han sido fundamentales, para que en lo posible se pueda mantener el control del coronavirus sin que se desborde su contagio o propagación. No obstante, nuestra Nación presenta grades asimetrías regionales, donde muchas de estas medidas, son fundamentales para evitar el contagio del coronavirus y contraer la enfermedad que presenta altos niveles de trasmisión, y que de no atenderse de manera oportuna el riesgo de contagio puede ser muy alto. La población pobre y marginada, además de la que no está exenta de padecer las enfermedades crónicas antes señaladas, son altamente vulnerables en adquirir la enfermedad, además de que, en México, existen más de 15 millones de personas de 60 años o más, consideradas como adultos mayores, de los cuales 1.7 millones viven solas, el 41.4% son económicamente activos, y el 69% presentan algún tipo de discapacidad.
De acuerdo al El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el 2018 el promedio de pobres en nuestro país representa el 41.9%; las entidades federativas que superan este porcentaje son: Chiapas, 76.4%; Guerrero 66.5%, Oaxaca 66.4%; Veracruz 61.8%; Tabasco,53.6%; Puebla, 58.9%; Morelos 50.8%; Zacatecas, 46.8%; Tlaxcala, 48.4%; Michoacán 46.0%; Campeche, 46.2%; Guanajuato, 43.4%; San Luis Potosí, 43.4%; Hidalgo, 43.8%; Estado de México, 42.7%.
Son 15 entidades que registran un porcentaje por arriba del promedio nacional. Como dato adicional, cabe mencionar que estas 15 entidades, que dicho sea de paso concentran 69 de los 121 Pueblos Mágicos, es decir, el 57% de estos pueblos con amplio potencial turístico, sus localidades que se ubican en los estados con niveles de pobreza superiores al promedio nacional.
Por eso es un gran acierto el que las Secretarías de Turismo y de Salud conjuntamente dieron a conocer un protocolo para los hoteles que continúen dando servicio durante la cuarentena obligatoria, que incluye que ningún centro de hospedaje, plataforma de alojamiento ni agencias de viajes en línea podrán tomar reservaciones durante el periodo de contingencia. Estados y asociaciones nacionales determinarán que establecimientos seguirán operando.
Será posible que reciban a viajeros de negocios, siempre y cuando éstos demuestren sus motivos laborales.
El documento también contempla que las Secretarías estatales de Turismo, en coordinación con las asociaciones nacionales de la industria hotelera, elaborarán un listado de centros de hospedaje destinados a concentrar a todos los huéspedes nacionales y extranjeros que presenten síntomas respiratorios, y otro para huéspedes extranjeros sin síntomas respiratorios, en tanto éstos esperan el apoyo de sus respectivos gobiernos para su trámite de repatriación.
Toda esta información es fundamental que se socialice, conociendo estos acuerdos de protocolo, en este caso con la Secretaría de Salud, quien es la principal responsable respecto de las acciones que se deben implementar para combatir la propagación del Covid-19.
Este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, quiere sumarse a estas acciones proactivas y preventivas que eviten en lo posible la proliferación de esta pandemia. Para esto los recursos son fundamentales.
El pasado domingo, en Informe Trimestral que presentó el Presidente de la Republica, Lic. Andrés Manuel López Obrador, ante la Nación dijo: “antes de la aparición del coronavirus, ya habíamos recorrido 80 hospitales del IMSS Bienestar en zonas marginadas de 19 estados de la república y habíamos tomado la decisión de superar el estado ruinoso en el que nos dejaron el sistema de salud pública. En este tiempo hemos terminado de construir 72 centros de salud y hospitales que estaban inconclusos. Se creó el Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social.
Estamos trabajando para que no falten medicinas ni personal de salud; seguimos mejorando instalaciones hospitalarias y dando prioridad a la conclusión de obras abandonadas”. Se cuenta con la aprobación presupuestal de 40 mil millones de pesos adicionales para el sector salud.
Al día de hoy contamos con 6 mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y médicos especializados; Se cuenta con los apoyos de la Sedena y la Semar, en la implementación de los planes Marina y DN-III. Ambas instituciones recibieron 5 mil millones de pesos y pronto se tendrán como respaldo mil 399 camas, equipos y personal médico especializado para atender en terapia intensiva a enfermos de Covid-19. Adicionalmente se contratarán 45 mil médicos y enfermeras.
Todas estas acciones del Ejecutivo Federal deberán llegar a todos los mexicanos, en especial aquellos más lo necesitan.
Inmediatamente después del informe del Presidente de México, en la Conferencia Informativa sobre la situación de la propagación del Covid-19 a cargo del Dr. Hugo Lopez-Gatell, señaló que el total de contagios confirmados en el país asciende a 2 mil 143, 94 decesos y 633 recuperados.
Prácticamente en un mes hemos llegado a 2 mil 143 confirmados. Una tasa promedio diario de contagios (TPDC) 22.3%., Estados Unidos con todo y sus 337 mil 971 casos, su TPDC es de 18.6% a partir del 21 de enero en que apareció el primer caso de contagio de coronavirus.
Quizá por eso México, a través de la Secretaría de Salud, de manera preventiva se adelante a lo que será la fase III, en dos o tres semanas dijo el doctor López-Gatell, y poder disminuir la pendiente de la curva de contagios y por ende la de decesos.
Como dijo el presidente “Les comparto un dato de que México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones, por número de habitantes. Vamos bien, pero no nos confiemos. Sigamos cuidándonos en casa. Desgraciadamente, todavía falta tiempo y según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Pero tengo la certeza de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el profesionalismo de los servidores públicos se articula con la generosidad y solidaridad del pueblo”.
Este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución lo presento con la finalidad de atender esta llamada que hace nuestro mandatario en el sentido de que no nos confiamos. Falta mucho trecho por recorrer en esta contingencia sanitaria y no debemos aflojar el paso.
Siempre los grupos más vulnerables que son los pobres de nuestro país son los más afectados, ya que, superan los más de 52 millones de habitantes, en una población estimada de 125 millones, resulta hacer necesario alertarlos y mantenerlos informados, toda vez que, en esta población, la desigualdad social y el acceso a los servicios básico no es su principal característica.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, desde un ámbito de coadyuvancia exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, con la participación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, diseñen una estrategia e implementen una Política Pública para que de forma urgente se atienda de manera prioritaria a los estados, municipios (alcaldías para el caso de la Ciudad de México) y localidades del país, que presenten altos niveles de pobreza, marginación, a fin de atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, como una medida preventiva de propagación de esta peligrosa enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputado Luis Javier Alegre Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a suspender las concentraciones masivas que realizan en municipios de la entidad, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscribimos, diputados y diputadas federales del estado de México del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, al igual que el resto del mundo, atraviesa por una Pandemia de impacto exacerbado ocasionada por el Virus SAR-2 Covid 19, conocido ahora por el nombre común de Coronavirus. Su impacto en la salud pública, la economía y la vida cotidiana de la población, han sido ya palpables en México, en función de ello, el Gobierno Federal declaró estado de Emergencia Sanitaria desde el pasado 30 de marzo a fin de evitar la rápida propagación de casos en nuestra nación, por ello las autoridades de salud anunciaron diversas medidas sanitarias.
Dichas medidas serían aplicadas como parte del llamado de la Secretaría de Salud, q ue encabeza el Consejo de Salubridad General ante la contingencia ocasionada por esta epidemia y cuyo paso siguiente es extremar medidas ante la aproximación de la fase 3 de la pandemia.
Una de las medidas más claras y de aplicación directa de los gobiernos en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tiene que ver con el exhortó a toda la población y autoridades de todos los niveles de Gobierno a no realizar reuniones de más de 50 personas ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 como medida para evitar el contagio .
Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la población más vulnerable al Covid-19 son los adultos mayores, personas con hipertensión, obesidad y diabetes.
Es importante señalar que el último informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República reporta que el Estado de México es la segunda entidad con más casos registrados, al 12 de abril había registrados 523 casos de coronavirus tan solo superado con la Ciudad de México, entidad con la que se tiene el mayor intercambio poblacional todos los días.
El Gobierno del Estado de México, mediante la Secretaria de Desarrollo Social de la entidad , ha estado entregando desde los primeros días de abril del presente año un apoyo derivado el programa denominado “Familias Fuertes” a ciudadanos de diferentes municipios del Estado, a través de reuniones donde las personas acuden a puntos de encuentro donde se congregan sin respetar las medidas establecidas por la Secretaria de Salud Federal para evitar contagio del Covid -19.
La actuación irresponsable de la autoridad estatal que no solo impide superar esta crisis, sino que con estas acciones actúa en contrasentido y agrava la situación de falta de control sanitario que debería imperar, contrario al sentido de búsqueda de bienestar de la población.
La emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país exige el cumplimiento irrestricto y sin interpretaciones de las medidas preventivas establecidas por las autoridades federales.
Por lo anterior expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que de manera inmediata suspenda la concentración de personas que está realizando, a través de la Secretaria de Desarrollo Social estatal, en diferentes municipios de la entidad mediante la entrega del programa “familias fuertes”.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México para que haga públicas las medidas sanitarias que está realizando para cumplir con las instrucciones del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud federal para evitar el contagio del Covid-19 durante la entrega del programa “familias fuertes”.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a catorce de abril del dos mil veinte.
Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo, Edith Marisol Mercado Torres, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, María de los Ángeles Huerta del Río , Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Alejandro Viedma Velázquez, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Marco Antonio Reyes Colín, Marco Antonio González Reyes, Raúl Sánchez Barrales, María Guadalupe Román Ávila, Arturo Hernández Tapia, María Guadalupe Díaz Avilés, Sergio Hernández Pérez, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Edgar Arenas Madrigal, Juana Carillo Luna, Nelly Minerva Carrasco Godínez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz.
(Rúbricas)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar a través de la SHCP acciones emergentes protectoras de la economía familiar, y de las pequeñas y medianas empresas, y proporcionar al mismo tiempo atención transversal a las cadenas agroalimentarias del país dada la crisis de salud por el coronavirus, a cargo de la diputada Zayra Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Zaira Ochoa Valdivia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a los impactos sociales y económicos que está generando la crisis de salud originada por el Coronavirus, se requiere la implementación de acciones emergentes dirigidas a pequeñas y medianas empresas, mismas que representan el ochenta por ciento del empleo, así como el cincuenta y dos por ciento del producto interno bruto de nuestro país.
El Grupo Parlamentario de Morena comparte las medidas anunciadas por el gobierno federal el pasado cinco de abril, asimismo, estamos a favor de que las empresas pequeñas y medianas reciban apoyos económicos para sortear las dificultades que propicia esta crisis, lo cual sin duda les permitirá mitigar sus pérdidas, pero además de esto, es importante gestionar y establecer los mecanismos que les permitan paulatinamente evitar las desventajas competitivas en las que se encontrarán.
Ante la pandemia de coronavirus a nivel global se han incluido medidas que se relacionan con el apoyo a trabajadores, empresarios, familias y grupos sociales más vulnerables; entre ellos, mecanismos para evitar despidos, apoyos a las actividades económicas a la investigación o el aplazamiento de cuotas de seguridad social.
Cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la pandemia puede llegar a destruir hasta 24.7 millones de empleos en todo el mundo, superando la crisis financiera de 2008, que desencadenó la eliminación de 22 millones de puestos de trabajo.
En ese orden de ideas, es evidente que, no solo nuestro país, sino los países latinoamericanos en general, no contamos con los medios, tecnología y recursos económicos para emprender campañas masivas y examinar a la población para detectar el virus, por ello la evidencia científica y a la experiencia de otros países que han resultado exitosas para la gestión de los brotes, nos es útil, lo mismo que las medidas que podamos tomar como ejemplo, para paliar a tiempo la crisis económica que irremediablemente se nos está presentando.
Apoyamos que el gobierno federal haya ajustado el presupuesto y ha ampliado los programas de gasto social, lo cual es fundamental, y en ese sentido, confiamos en que se implementarán oportunamente las medidas que favorezcan a todos los sectores de la economía.
Una de las preocupaciones que he señalado de manera reiterada, es que, en México, por citar solo un ejemplo, la cadena agroalimentaria del café genera 4.5 millones de empleos, el 65% de ellos son mano de obra familiar, se produce en 15 entidades de la República, y en 960 municipios, donde para 236 de ellos, ha sido determinante para el dinamismo económico que tienen.
Esta cadena ya de por si se encontraba en riesgo y con ello la estabilidad de millones de familias que se verán afectadas por la crisis global que nos aqueja. En los últimos seis años la producción de café cereza se redujo en 37.4%: 1.33 millones de sacos, el equivalente a 835 000 toneladas y en el Estado de Veracruz del cual soy originaria, el decremento es mucho mayor: 47.4%, pasando de 369,455 toneladas en 2012 a 194,433 toneladas en 2018.
En este caso en particular, la importancia de este producto no es solo económica, sino también social, ya que se desarrolla en 680 mil hectáreas cultivadas por unidades de producción compuestas por familias campesinas con menos de 5 hectáreas. De ellas, hasta un 70%, se ubican en amplias zonas forestales en donde habitan pueblos originarios y que involucra propiedad social.
Así como sucede en este ejemplo, la cadena agroalimentaria de nuestro país se compone por actores que determinan la dinámica económica y social entre los cuales se encuentran: productores, recolectores, jornaleros, y compradores, y todos ellos se verán afectados de alguna forma por los efectos de la pandemia.
Consecuentemente, el presente exhorto por un lado pretende que se continúe protegiendo la economía familiar a través del gasto social, hasta donde sea necesario, y por otro, a las pequeñas y medianas empresas, con atención especial y trasversal a quienes formen parte de las cadenas agroalimentarias del país, a fin de que no se generen incrementos en los precios de los productos alimenticios y eso evite un mayor impacto negativo en contra de la sociedad.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas, por lo tanto, los representantes de los diferentes niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pueden establecer comisiones y grupos de trabajo para evitar afectaciones económicas mayores.
Si bien es cierto, se ha establecido un exitoso programa de apoyo a pequeños productores, debemos tener en cuenta que para esta crisis global debemos preparar alternativas con una perspectiva de mucha más disponibilidad para propiciar que se aprovechen los activos y herramientas disponibles para la atención del sector.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se continúe protegiendo la economía familiar a través del gasto social, implementando acciones emergentes en función de la crisis de salud originada por el coronavirus, y por otro, proporcione atención especial y trasversal a quienes formen parte de las cadenas agroalimentarias del país, a fin de que no se generen incrementos en los precios de los productos alimenticios y eso evite un mayor impacto negativo para sociedad en su conjunto.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que coordine acciones en apoyo a los productores de los diferentes estratos, principalmente para quienes se ubiquen en zonas de atención prioritaria rural o en regiones de pueblos originarios y vivan de esta actividad en niveles de subsistencia, toda vez que serán los más afectados a consecuencia de la baja productividad y bajos precios que podría desencadenar la pandemia del coronavirus.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020.
Diputada Zaira Ochoa Valdivia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a respetar la estructura orgánica de la república federal de los Estados Unidos Mexicanos establecida en la Constitución, así como el pacto fiscal, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
En 2018, con el cambio de gobierno, y al realizar el primer ejercicio de presupuesto para nuestro país, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, urgimos a convocar a una Convención Nacional Hacendaria a fin de modificar las reglas y criterios de reparto de los recursos federales y así, llegar a fortalecer las haciendas públicas locales y a eficientar la distribución y ejercicio del gasto en nuestro país.
Mencionada convención se planteó que se realizara en noviembre de 2018, sin embargo, partidos políticos de la oposición como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), impidieron su realización, quedando sólo como una intención y logrando solamente un primer acercamiento con el Foro de Nacional de Legisladores en Materia Hacendaria realizado en abril de 2019.
En días pasados el debate de la urgencia de convocar a una Convención Nacional Hacendaria fue revivido debido a las declaraciones realizadas por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde manifiesta su descontento con el reparto federal de los recursos recaudados por la Federación, amenazando con romper el pacto fiscal que se rige por la Ley de Coordinación Fiscal, si sus demandas no son atendidas por el Gobierno Federal.
Demandas que son totalmente carentes de fundamento, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se hicieron los cálculos que la Ley ordena para la distribución de los recursos entre las entidades federativas, bajo las fórmulas y criterios que esta manda. Fórmulas y criterios que se han tratado de abordar para mejorar su funcionamiento y la oposición no ha querido.
Incluso hubo modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el objetivo de que los estados y municipios no se vieran afectadas en términos reales en las transferencias federales. Además de aprobar presupuestos históricos para programas sociales que llegan a todos los estados de la República y que benefician a los sectores más vulnerables de la población.
En un contexto internacional de desacelaración económica, la ejecución racional y responsable del gasto público es fundamental. Al respecto, es necesario que el gobernador asuma con responsabilidad y sin condicionamiento alguno, el compromiso con las y los ciudadanos de Jalisco para implementar medidas de austeridad presupuestal que eliminen gastos onerosos e innecesarios contenidos en el presupuesto de egresos del estado de Jalisco para el ejercicio 2020.
El abandonar el Pacto Federal como lo ha manifestado el mandatario estatal, violentaría un convenio que fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, con el objetivo de conformar un núcleo representativo y coordinador de las actividades a nivel nacional.
De insistir en esto, estaría violando el mandato constitucional del artículo 40 al desafiar la decisión del pueblo de constituirse como una República democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación establecida según los principios de la carta magna.
Ante esta actitud, resulta importante señalar que el artículo 123 del Código Penal Federal establece como traición a la patria en su fracción XII, cualquier acto que trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración, lo cual sería el siguiente paso del gobernador de Jalisco, pues tendría que gravar fuera de la ley para financiar el gasto de la entidad.
No es la primera vez que el gobernador de Jalisco emite declaratorias amenazando con romper el pacto fiscal a fin de presionar o enturbiar el clima político del país. El oficio del político es el encontrar y ofrecer soluciones a los problemas cotidianos que enfrenta la población, no crearlos para después ofrecer soluciones y de esta manera, aparentar que se trabaja.
En sus declaraciones usa datos falaces para argumentar un supuesto maltrato de la Federación, sin aportar pruebas contundentes. El gobernador ha argumentado que, dado que el estado de Jalisco aporta el 7% del producto interno bruto del país, sólo recibe el 2% de la recaudación federal participable, se está violentando el derecho del estado a obtener más recursos.
Cuando ambas medidas son distintas e inconmensurables una de la otra por sí mismas. Se debe de entender que para obtener el monto total de las participaciones y aportaciones federales sí se toma en cuenta el PIB de cada estado, pero también se toman en cuenta criterios poblacionales y los montos de recaudación por estado. Por ende, resulta tendencioso y oportunista usar sólo uno de los criterios de asignación a fin de justificar un reclamo fuera de la Ley de Coordinación Fiscal y amenazar con romper el acuerdo si no se accede a hacerlo.
De acuerdo con cifras del INEGI, el 80.3% de los recursos estatales provienen de la Federación y los gobiernos locales sólo generan el 12.5% de los mismos.
En este contexto, Jalisco se encuentra muy por debajo del promedio nacional, pues en el año 2019 su dependencia financiera de las Transferencias Federales se situó por encima del 90%, superior al promedio nacional del mismo año que fue de 82.8% y su recaudación propia representó el 9.9% de sus ingresos totales, por debajo de la media nacional del mismo ejercicio fiscal que fue de 15.8%.
Con base en un estudio elaborado por el Imco, los recursos que el Gobierno Federal transfiere a las entidades son los ingresos más importantes de las mismas, pues las transferencias federales han ido al alza en los últimos años (reportan un crecimiento de 206.1% en términos reales de 1998 a 2018), mientras que los ingresos propios de las Entidades Federativas se han estancado.
Sin duda, el país requiere de una Reforma Nacional Hacendaria con el objetivo de mejorar y adaptar el sistema fiscal a la realidad del país, no obstante, es reprobable
que ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, se utilice el discurso político en este sentido para atacar a la Federación y al pacto federal, expresando cualquier tipo de falsas realidades. Jalisco y todas las entidades federativas tienen una dependencia de las transferencias federales preocupante, y eso se debe de solucionar con propuestas concretas y no con descalificaciones y señalamientos que a todas luces son una campaña del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para posicionarse en la vida pública y política del país.
Los tiempos de pandemia causados por el brote del virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad Covid-19 que México afronta, exigen dejar de lado los protagonismos y sumar esfuerzos. El acuerdo de gobernabilidad contraído por el gobierno de Jalisco con el Gobierno Federal, para garantizar la protección de todos los ciudadanos se ve enrarecido con la desconfianza que generan las declaraciones realizadas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Pues las declaraciones del gobernador jalisciense también han denostado a la máxima autoridad sanitaria del país, pretendiendo generar desconfianza de parte de la sociedad, asegurando que el Gobierno Federal miente usando tecnicismos a modo para “tener engañado al país” por tal de cuidar estadísticas. Un federalismo mal entendido y un protagonismo exacerbado, pudiera poner en riesgo la estrategia para afrontar la pandemia. Esta actitud transgrede el artículo 73 constitucional que en su fracción XVI, 2da base, señala:
• “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables...”
Y en la 3ª. base de la misma fracción, puntualiza:
• “La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país”.
• Aun cuando el artículo 40 constitucional establece la libertad y la soberanía de los estados, los limita a lo concerniente a su régimen interior, pero una pandemia es un caso de interés general, como el artículo 73 lo reafirma.
A pesar de la autonomía de las autoridades sanitarias locales, es el Consejo de Salubridad General el órgano con facultades únicas e intransferibles para la toma de decisiones en materia sanitaria, previsto en la base primera de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, cuyas disposiciones son obligatorias para toda la nación:
– 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
Es por lo anterior expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez a respetar la estructura orgánica de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos estipulada en la Constitución.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez a respetar el Pacto Fiscal sustentado en la Ley de Coordinación Fiscal.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez a la unidad y solidaridad nacional, para afrontar la pandemia del virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad Covid-19 y sus efectos económicos y sociales.
Fuentes
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Coordinación Fiscal
• Código Penal Federal
• Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid19), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020
• Hablemos de los ingresos en los estados, Imco.
• Mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez transmitido el 11 de abril de 2020 en su canal oficial de Youtube
• Conferencia de prensa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez transmitida el 10 de abril de 2020, “Relanzamiento del Programa Aguas con el Dengue” en su canal oficial de Youtube
• Avalan Diputados Foro Legislativo y posponen hasta 2019 Convención Nacional Hacendaria
• Jalisco podría abandonar el pacto fiscal
Palacio Legislativo San Lázaro, a 14 de abril del 2020.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)
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