Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5494-III, martes 7 de abril de 2020
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Iniciativas
Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Dulce María Sauri Riancho y René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados Dulce María Sauri Riancho y René Juárez Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanú} la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artíulo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de discriminación racial .
Exposición de Motivos
La propuesta de reforma al artículo 149 Ter del Código Penal Federal para tipificar el delito de discriminación racial se inscribió, por quienes la suscriben, en la Gaceta Parlamentaria desde el 31 de julio de 2019, con la intención de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien mandató al Congreso de la Unión adecuar el marco normativo a lo pactado en el artículo 4, incisos a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, en consecuencia, iniciar el procedimiento legislativo cuya fecha límite vence el próximo 2 de agosto de 2020.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis; sin embargo, no fue dictaminada en tiempo precluyendo el pasado 20 de diciembre de 2019. Es importante resaltar que esta no fue la única iniciativa sobre este tema que precluyó, toda vez que se inscribieron propuestas de diferentes grupos parlamentarios. Derivado de la importancia y necesidad de generar un dictamen de consenso que permita llevar al Pleno una propuesta sólida que de cabal cumplimiento a la sentencia, pero sobre todo, que permita una legislación acorde con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, consideramos necesario volver a inscribir este asunto, esperando que en esta ocasión pueda ser dictaminado en tiempo y forma.
El concepto de discriminación principalmente se desarrolla en el ámbito del derecho internacional, el cual ha lo ha definido de manera general como el tratamiento diferenciado y peyorativo de una persona o grupo de personas.
De manera particular la teoría lo ha definido como toda distinción perjudicial a pretexto de hechos no imputables al individuo y que deben ser irrelevantes desde el punto de vista social y jurídico o con el pretexto de pertenecer a categorías colectivas genéricas.1
En este sentido, el maestro Rodríguez-Piñero establece que podemos destacar que la discriminación se caracteriza por: a) supone una diferenciación de trato frente a la norma común que actúa contra el sujeto discriminado; b) la diferencia de trato afecta a seres humanos o grupos, en cuanto sujetos pasivos, y en cuanto a los sujetos activos traspasa el ámbito de las relaciones públicas y permea el de las relaciones entre particulares, y c) el resultado de la discriminación se traduce en una privación arbitraria de derechos sufrida por alguna de las categorú} s señaladas como sospechosas de discriminación.2
La relevancia de establecer los parámetros de lo que debe entenderse como discriminación es fundamental cuando se trata de derechos humanos, toda vez que detrás de este concepto se ha construido un principio que se convierte en la columna vertebral de cualquier estado de derecho y es el “principio de la no discriminación” cuya relevancia es tan grande que podemos verlo siempre en los primeros artículos de cualquier declaración internacional en materia de derechos humanos, es decir, como eje transversal de cualquier derecho que se busca sea reconocido.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 2,3 lo siguiente:
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurúica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanú}
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,4 en su artículo 2.1, establece:
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,5 en su artíulo 2, menciona que:
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Identificado el principio de la no discriminación en el marco jurídico internacional, es importante observar que este es muy amplio y se divide en diferentes categorías, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
La presente iniciativa tiene como objeto revisar la discriminación que realiza por cuestiones de raza.
La profesora Ángela Figueruelo menciona que: “En el caso de la raza se tratarú} de dar un trato diferencial y peyorativo a los miembros de una comunidad racial. Pero como el concepto de raza es insostenible cientúƒicamente y no se limita a especies biológicas basadas en caracteres genéticos permanentes, debemos atenernos a la existencia de una comunidad históricamente diferenciada por su origen geográfico, por su lengua, cultura, etcétera. Todas estas variables se pueden intercambiar entre sEy pueden llegar a impedir, en algunos casos, apreciar la existencia de auténticas situaciones discriminatorias6
Por otro lado menciona que cuando hablamos de discriminación por razón de raza nos encontramos en un supuesto especúƒico en que las situaciones individuales no pueden ser entendidas ni resueltas sin tener en consideración el grupo racial objeto de la discriminación. Por ello, las soluciones individuales no pueden llevar normalmente a la recuperación de la situación de equiparación; asElo ha demostrado la lucha, a lo largo de los últimos siglos, por los derechos de la minoría racial.7
En las declaraciones, pactos y convenciones que se han ido elaborando desde la creación de las Naciones Unidas, los Estados han aceptado que todos los miembros de la familia humana tienen derechos iguales e inalienables y se han comprometido a defender y garantizar esos derechos.8 Por ello, la discriminación por razón de raza se ha convertido en una preocupación internacional, la Asamblea General de la ONU en 1963 aprobEla Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial la cual estableciEcuatro aspectos principales:
—Cualquier doctrina que mantenga la diferenciaciión o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, injusta y peligrosa para la sociedad y no hay ningún fundamento para defenderla ni en la teoría ni en la práctica.
—La discriminaciión racial y las políticas públicas basadas en el odio racial violan los derechos humanos y ponen en peligro las relaciones entre los pueblos, la cooperación entre las naciones, la paz y la seguridad internacionales.
—El perjuicio causado por actos discriminatorios, fundados en la raza, revierten no ssólo sobre quienes son objeto de ella sino también sobre quienes los practican.
—Uno de los objetivos fundamentales de la ONU es la consecuciión de una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales que son factores de odio y división.
Como consecuencia de lo anterior, la Asamblea General de Naciones Unidas proporcionó a la comunidad mundial un instrumento jurídico al aprobar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la que se establecieron las medidas que los Estados acuerdan adoptar para eliminar la discriminación racial.
A partir de ello, los Estados partes se comprometieron a:9
1) No incurrir en actos o prácticas de discriminación racial contra personas, grupos o instituciones y a tratar de conseguir que las autoridades e instituciones públicas hagan lo mismo.
2) A no defender ni apoyar la discriminación racial practicada por personas u organizaciones públicas o privadas.
3) Revisar las políticas públicas y derogar o reformar las normas que permitan la discriminación racial.
4) Prohibir la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones y estimular organizaciones y movimientos multirraciales e integracionistas dirigidos a eliminar las barreras entre las razas.
Esta Convención entrEen vigor en 1969 después de haber sido ratificada por 27 Estados, siendo la Convención más antigua de las que la ONU ha aprobado sobre derechos humanos y la que más ha sido ratificada por un mayor número de estados.10
En cuanto al marco jurídico mexicano, actualmente el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La incorporación del principio de no discriminación en nuestro marco constitucional es relativamente reciente, pues fue el 14 de agosto de 2001 cuando se incorporó a nuestra Constitución dicha protección.
Posteriormente, en el 2003, fue publicada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la cual tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asEcomo promover la igualdad de oportunidades y de trato.
En esta misma ley se establece el concepto de lo que se debe entenderse por discriminación como:
Artíulo 1. ...
I...
II...
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;
De igual forma, se establecen las medidas para prevenir la discriminación y se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
Respecto a las sanciones, se establecen como medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación las siguientes:
I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades;
II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación;
III. La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación;
IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo, y
V. La publicación o difusión de una sú‹tesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de comunicación
Como medidas de reparación prevEen su artículo 83 Bis los siguiente:
I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
II. Compensación por el daño ocasionado;
III. Amonestación pública;
IV. Disculpa pública o privada,
V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.
Previniendo que las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
Por su parte el Código Penal Federal, en su artículo 149 Ter, establece las sanciones relacionadas con la discriminación, estableciendo lo siguiente:
Artíulo 149 Ter. Se aplicarEsanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra ú‹dole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.
Este delito se perseguirá por querella.
El 27 de abril del 2018, el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, al resolver el amparo 634/2027, otorgEa la Asociación Zafiro, Pro Derechos Humanos, la protección de la justicia como consecuencia de una omisión legislativa por parte del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, al no haber tipificado como delito las conductas señaladas en la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Dichas convención, ratificada por el Estado mexicano el 20 de marzo de 1975,11 se convierte en pieza clave para efecto de establecer la responsabilidad del Estado Mexicano para establecer en su marco jurúico la sanción de aquellas conductas que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, tal y como lo señala su artículo 4 que establece:
Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar mediadas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, asEcomo los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención; tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales, promuevan la discriminación racial o inciten a ella
Ante dicha sentencia las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión alejando que no existía omisión por parte del Estado mexicano toda vez que el sistema jurúico establecía desde sus preceptos constitucionales la prohibición de discriminación por razón de raza, asEcomo la aprobación en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la cual tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y que su artículo 1 prevEla discriminación racial, además de resaltar que el Código Penal Federal en su artículo 149 Ter establece las sanciones por discriminación en razón de raza.
Derivado de lo anterior en octubre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomEla determinación de asumir la competencia originaria para conocer los recursos de revisión, y en consecuencia, el pasado 30 de enero determinEque se configuraba la omisión legislativa, toda vez que existe una norma clara y precisa en una convención internacional ratificada por el Estado mexicano y que mandata la obligación de tipificar conductas relacionadas con la discriminación por razón de raza.
Advierte que el artículo 4 de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establece que el compromiso asumido por los Estados parte es el de sancionar, en mayor grado, conductas que van más allá de la simple expresión de ideas, como loa difusión de discursos de odio y los actos de violencia motivados por ideas de superioridad, así como la incitación a realizar actos de tal naturaleza y toda asistencia para ello.
Por su parte, el inciso b) del artículo 4 de la referida Convención señala con claridad que los Estados parte deben establecer que “la participación en tales organizaciones o actividades constituyen un delito penado por la ley”.
Si bien, el Código Penal Federal en su artículo 149 ter tipifica como delito la discriminación, debe considerarse que la Convención antes citada obliga a tipificar explícitamente la relacionada con la discriminación en razón de raza.
En consecuencia la sentencia emitida por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México causó ejecutoria, mandatando al Congreso de la Unión para adecuar el marco normativo a lo pactado en el artículo 4, incisos a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, en consecuencia, iniciar el procedimiento legislativo tendente a su cumplimiento, el cual deberá culminar el próximo 2 de agosto de 2020.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo dar cumplimiento a dicha sentencia y ser parte de las iniciativas que den origen a la reforma penal correspondiente para armonizar el Código Penal Federal a lo establecido en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El inciso a) y b) de dicha Convención establecen lo siguiente:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial asEcomo todo acto de violencia o toda incitación a cometer tal efecto, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, asEcomo las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;
De lo anterior se debe considerar que dicho inciso establece la obligación de establecer con claridad los siguiente tipos penales:
1) La difusión de las ideas basadas en la superioridad o en el odio racial.
2) Incitación a la discriminación racial.
3) Actos de violencia o incitación a cometerlos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
5) Asistencia a actividades racistas / participación en actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella.
6) Financiación de actividades racistas.
7) Participación en organizaciones que promuevan la discriminación
Como ya se revisEcon anterioridad, el artículo 149 Ter del Código Penal establece aquellos delitos cometidos por razón de discriminación, en este sentido, se propone adicionar un inciso IV, para agregar la tipificación de las conductas que establece dicha convención, quedando de la siguiente forma:
IV. Difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; incite a la discriminación racial; cometa actos de violencia o incite a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico; participe en actividades organizadas de propaganda que promueva la discriminación racial, o apoye o financie dichas actividades.
Quienes participen en asociaciones u organizaciones civiles que promuevan la discriminación racial e inciten a ella se harán acreedores a las sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo.
A nivel internacional, los casos de Alemania y Finlandia son probablemente los más avanzados en la materia. En ambos existe sanción penal por caso de discriminación y la temporalidad se puede extender hasta cinco años. Globalmente, se registran casos más radicales como el de Suiza o Suecia. La particularidad de estos países es que no mantienen un debate actual sobre los discursos políticos de odio, los espacios donde se pronuncia, o el constante amoldamiento a sus leyes penales.
La tipificación alemana en su Código Criminal de los Delitos contra el Orden Público prevé la perturbación a la paz pública por incitación racial. Esto es desde incitar al odio hasta acciones arbitrarias; consideran atacar la dignidad humana de los demás a través del abuso verbal o la difamación por pertenecer a un grupo un acto severo y se castiga con prisión de tres meses a cinco años, dependiendo el dictamen de un juez.
La gravedad de la multa considera el abuso, desprecio o calumnia maliciosa a la dignidad humana de las personas en la misma calidad de actos de violencia física a la población.
El caso finlandés es más complejo debido al constante debate sobre los límites del lenguaje en aquél país. Sin embargo, el consenso legal sí aplica para agitación étnica, lo cual infiere odio racial. La penalización puede darse por publicación de información, opinión o cualquier declaración que amenace o insulte a una persona o grupo por raza, nacionalidad, etnicidad, religión o convicción, orientación sexual, discapacidad o cualquiera comparable; este se castiga desde una multa hasta dos años en prisión. La pena se extiende hasta por cuatro años en caso de agravio físico.
En este tema, Estados Unidos de América (EUA) se considera la excepción global. A pesar de sus antecedentes históricos en la materia y la legislación de inclusión a partir de los años sesenta, la alta participación de la ciudadanía en organizaciones de libertad de expresión y la multiculturalidad de su integración social han dejado a las leyes estatales la normalización sobre espacios de discriminación racial verbal únicamente en el ambiente laboral.
Más allá del marco jurídico nacional e internacional en la materia, la discriminación racial constituye un lastre para nuestra sociedad que violenta los derechos humanos de los mexicanos y que imposibilita el cabal desarrollo de las personas en condiciones de respeto e igualdad.
Para la ONU, el racismo representa un obstáculo para el desarrollo de las naciones, ya que promueve la exclusión de ciertos grupos de personas en todos los ámbitos, causando pobreza, delincuencia y odio. Daña profundamente los cimientos sociales y provoca división entre la población.
En México, la discriminación y el racismo continúan siendo problemas muy graves que profundizan la desigualdad social, por lo que debe encontrarse una solución contundente y eficaz. El color de piel y el origen étnico y racial, por ejemplo, son factores que continúan determinando el estatus social y el acceso a los derechos más básicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, (Enadis), 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declarEhaber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición, personal, entre los motivos que destacan se encuentra el tono de piel y el origen étnico. 40.3 por ciento de la población indígena, por ejemplo, declarEque se le discriminEdebido a su condición de persona indígena. Asimismo, 23.3 por ciento de la población de 18 años y más, señalEque le fueron negados sus derechos injustificadamente, tales como apoyos de programas sociales, atención médica o medicamentos.
De esta forma, la discriminación vulnera los derechos fundamentales de millones de mexicanos, demeritando la convivencia social y obstaculizando el desarrollo nacional.
En este contexto, la penalización de los discursos de odio y supremacía racial se posiciona como una medida necesaria y eficaz para combatir la discriminación en nuestro país.
Por todo ello, ante lo expuesto, fundado y motivado, presentamos a consideración de esta asamblea la iniciativa con el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de discriminación racial
Artíulo Único. Se adiciona una fracción IV y se adiciona un párrafo al artículo 149 ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artíulo 149 Ter. Se aplicarEsanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra ú‹dole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
IV. Difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial; incite a la discriminación racial; cometa actos de violencia o incite a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico; participe en actividades organizadas de propaganda que promueva la discriminación racial, o apoye o financie dichas actividades.
Quienes participen en asociaciones u organizaciones civiles que promuevan la discriminación racial e inciten a ella se harán acreedores a las sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.
Este delito se perseguirá por querella.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrarEen vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Esta definición nos la proporciona Recaséns Siches, L., Tratado general de filosofía del derecho, cit., p. 591.
2 Rodríguez-Piñero, M. y Fernández López, M. F., Igualdad y discriminación, Madrid, Tecnos, 1986
3 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
4 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CES CR.aspx
5 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CES CR.aspx
6 Figueruelo Burrieza, Ángela, "Igualdad y no discriminación por razón de raza", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, versión en Línea:
7 Ibidem.
8 Ibidem
9 Figueruelo Burrieza, Ángela, "Igualdad y no discriminación por razón de raza", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, versión en Línea:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2977 /3.pdf pag. 23.
10 Ibidem
11 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratad o_nva.sre?id_tratado=251&depositario=D
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril del 2020.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Frinné Azuara Yarzábal , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis al artículo séptimo de la Ley General de Salud , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción con su entorno. Las condiciones de salud se refieren a enfermedades (agudas o crónicas), trastornos, lesiones o traumatismo. Una condición de salud también puede incluir otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, una anomalía congénita o predisposición genética del cáncer.1
La rehabilitación engloba un conjunto de intervenciones que son necesarias cuando una persona experimenta o es probable que experimente limitaciones en su vida cotidiana como consecuencia del envejecimiento o de un problema de salud, como una enfermedad o trastorno crónico, una lesión o un traumatismo. Puede tratarse de limitaciones como tener dificultades para pensar, ver, oú, comunicarse, desplazarse, relacionarse o conservar el empleo. Gracias a la rehabilitación, personas de todas las edades pueden mantener sus actividades cotidianas o retomarlas, seguir sintiéndose útiles y gozar del mayor bienestar posible.2
Es una estrategia muy centrada en la persona, que puede llevarse a cabo bien a través de programas especializados de rehabilitación (generalmente dirigidos a personas con necesidades complejas), bien integrada en otros programas y servicios de salud, como la atención primaria o programas para la salud mental, la visión y la audición.
Puede consistir, por ejemplo, en:
—Ejercicios a fin de recuperar la capacidad para deglutir o reeducar las extremidades superiores para recobrar la coordinaciión, la destreza y el movimiento de miembros que hayan resultado afectados como consecuencia de un accidente cerebrovascular.
—Intervenciones para mejorar la seguridad y la independencia en el domicilio y reducir el riesgo de caaídas en el caso de personas mayores, como ejercicios para reforzar el equilibrio y modificaciones en el entorno doméstico.
—Intervenciones tempranas para anticiparse a los problemas de desarrollo de niiños con parálisis cerebral, como colocar ortesis o impartir formación sobre integración sensorial y cuidados personales, que pueden a su vez mejorar la participación de los enfermos en actividades educativas, lúdicas, familiares y comunitarias.
—Intervenciones que optimizan los resultados quirrúrgicos en casos de fracturas de cadera, como prescribir ejercicio físico, facilitar andadores e informar al paciente sobre los movimientos de cadera que ha de evitar durante el proceso de recuperación.
—Terapia cognitiva conductual e intervenciones para incitar a las personas con depresiión a hacer más ejercicio.
—Intervenciones para facilitar las actividades cotidianas y el acceso a la comunidad a las personas con ppérdida de visión, como mostrarles estrategias para completar las tareas de cuidado personal y enseñarles a desplazarse utilizando un bastón blanco.
El abanico de profesionales sanitarios que se encarga de llevar a cabo estas intervenciones de rehabilitación es muy amplio e incluye a psicoterapeutas, ergoterapeutas, logopedas, ortesistas y protesistas, además de especialistas en medicina física y rehabilitación.
La rehabilitación puede reducir los efectos de multitud de problemas de salud, como enfermedades (agudas o crónicas), trastornos, lesiones o traumatismos.
Constituye una forma integrada de atención sanitaria que complementa otras intervenciones sanitarias, como las médicas o quirúrgicas, y contribuye a conseguir el mejor resultado posible. Así, por ejemplo, la rehabilitación puede contribuir a evitar las complicaciones de muchos problemas de salud, como las lesiones medulares, los accidentes cerebrovasculares o las fracturas. También, a minimizar o frenar los efectos discapacitantes de enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, dotando a los pacientes de estrategias de autogestión y de las ayudas técnicas que precisen, o manejando el dolor u otras complicaciones.
La rehabilitación es una inversión que aporta beneficios en términos de costos tanto a quien la precisa como a la sociedad en conjunto. Puede contribuir a evitar hospitalizaciones costosas, reducir la duración de estas y evitar los reingresos.
Asimismo, hace posible que quienes la reciben puedan participar en actividades educativas y tener un empleo remunerado, llevar una vida independiente en su casa y reducir al máximo la necesidad de recibir apoyo financiero o de que otra persona se ocupe de cuidarlas.
De igual manera, es un aspecto importante de la cobertura sanitaria universal y una estrategia fundamental para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.
Ahora bien, las tendencias demográficas y sanitarias actuales plantean nuevas demandas al sistema de salud, y las necesidades de rehabilitación están aumentando rápidamente en consecuencia. El envejecimiento demográfico es cada vez mayor, y se prevé que el número de personas de más de 60 años se haya duplicado para 2050.
Además, cada vez hay más personas con enfermedades no transmisibles y con secuelas de lesiones. Solamente la prevalencia de las enfermedades no transmisibles se ha incrementado un 18 por ciento en los últimos diez años. Dichos problemas de salud suelen alterar la actividad de las personas y se asocian con niveles mayores de discapacidad.
En un análisis de las publicaciones existentes realizado en 2018, se determinó que en todas las regiones había necesidades significativas de rehabilitación que no habían sido atendidas, y en algunos países más del 50 por ciento de las personas que precisaban servicios de rehabilitación no los recibían. Diferentes estudios sobre la situación en África, por ejemplo, mostraban que entre el 62.5 por ciento y el 82.5 por ciento de las personas que necesitaban servicios de rehabilitación no los recibían (Mozambique: 62.3 por ciento; Malawi: 76.2 por ciento, Zambia: 62.5 por ciento; y Lesotho: 82.5 por ciento).
En la actualidad, buena parte de la demanda de rehabilitación queda sin atender debido a una serie de factores, como los siguientes:
—La falta de un orden de prioridades, asEcomo de fondos, políticas y planes de rehabilitación a nivel nacional..
—La falta de servicios de rehabilitaciión fuera de las zonas urbanas y los largos plazos de espera.
—Los elevados gastos directos y la inexistencia o insuficiencia de mecanismos de financiaciión.
—La falta de profesionales cualificados para prestar servicios de rehabilitación: en muchos contextos de ingresos bajos y medianos, la proporción es de menos de 10 profesionales cualificados por cada millón de habitantes..
—La falta de recursos, asEcomo de tecnologías de asistencia y ayudas técnicas..
—La necesidad de mmás investigación y datos sobre la rehabilitación.
—La ineficacia y la infrautilizaciión de las vías de derivación de pacientes a rehabilitación.
En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha la iniciativa Rehabilitación 2030, por la que se hace un llamamiento a todos los interesados para llevar a cabo acciones concertadas y coordinadas que permitan desarrollar la rehabilitación a mayor escala. Para lograrlo, se identificaron diez esferas prioritarias para reforzar la rehabilitación en los sistemas sanitarios, que se mencionan a continuación:
1. Crear un liderazgo sólido y lograr apoyo político para promover la rehabilitación a nivel subnacional, nacional y mundial.
2. Reforzar la planificación y la aplicación de la rehabilitación a nivel nacional y subnacional, también en el marco de la preparación y respuesta frente a emergencias.
3. Mejorar la integración de la rehabilitación en el sector de la salud y reforzar los vú‹culos intersectoriales para atender de manera efectiva y eficiente las necesidades de la población.
4. Incorporar la rehabilitación en la cobertura sanitaria universal.
5. Crear modelos integrales de prestación de servicios de rehabilitación para conseguir de manera progresiva un acceso equitativo a servicios de calidad, también a las ayudas técnicas, para toda la población, incluidas las personas que viven en zonas rurales y remotas.
6. Desarrollar una red multidisciplinar de profesionales de la rehabilitación que se adapte al contexto de cada país, y promover los conceptos de la rehabilitación en la formación de los profesionales sanitarios.
7. Ampliar la financiación destinada a la rehabilitación por conducto de los mecanismos apropiados.
8. Recopilar información pertinente sobre rehabilitación para mejorar los sistemas de información sanitaria, incluidos los datos relativos a los sistemas de rehabilitación e información sobre el funcionamiento, empleando la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
9. Impulsar la capacidad investigadora y ampliar la disponibilidad de datos sólidos sobre rehabilitación.
10. Crear y reforzar redes y alianzas en la esfera de la rehabilitación, particularmente entre países de ingresos bajos, medianos y altos.
Se calcula que más de mil millones de personas -es decir, un 15 por ciento de la población mundial- están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcionar entre 110 millones (2.2 por ciento) y 190 millones (3.8 por ciento) personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.
La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria.
El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación.3 Señala que las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que no considera dichas características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad. Todos los obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan en los espacios arquitectónicos y urbanos, en la transmisión de mensajes o ideas, e incluso en el trato cotidiano han alentado la generación y la prevalencia de prejuicios y estereotipos.
Además, lejos de aportar a la inclusión social de las personas con discapacidad, estas barreras impiden tomar conciencia de la discapacidad como parte de la diversidad humana, de las aportaciones que las personas con discapacidad ofrecen a las comunidades, así como de la capacidad que estos individuos tienen para tomar sus propias decisiones, sin que tengan que ser sustituidas por una tercera persona.
Como resultado, las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas de exclusión. Una alta proporción vive en pobreza, y además es discriminada en la educación, la salud y el empleo, entre otros ámbitos. Cuando, además de la discapacidad, las personas poseen otras características históricamente estigmatizadas, sus condiciones de desventaja empeoren. Rasgos como el origen étnico, la diversidad sexual o de género, o la edad pueden exacerbar la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación de los derechos de las personas con discapacidad.4
Para dimensionar la relevancia del tema en México, basta señalar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 el 6 por ciento de la población (aproximadamente 7.1 millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad.
El mismo Inegi estima que de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad (19 de cada 100). En 78 por ciento de ellos hay una persona con discapacidad, en 18 por ciento dos personas y en 3 por ciento tres o más.
Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (64 por ciento), seguidas de las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (58 por ciento), aprender, recordar o concentrarse (39 por ciento), escuchar incluso con aparato auditivo (34 por ciento), mover o usar los brazos o manos (33 por ciento), bañarse, vestirse o comer (24 por ciento), problemas emocionales o mentales (20 por ciento) y, finalmente, hablar o comunicarse (18 por ciento) (Inegi 2016).
Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41 por ciento), la edad avanzada (33 por ciento), el nacimiento (11 por ciento), los accidentes (9 por ciento) y la violencia (0.6 por ciento).
La atención mediante medicina rehabilitadora en sus diferentes modalidades se encuentra fragmentada en el Sistema Nacional de Salud, siendo históricamente fragmentada entre el sistema DIF Nacional, el Sistema DIF estatal, los centros municipales DIF, la Secretaría de Salud y, de manera especial, el Instituto Nacional de Rehabilitación y los Servicios de Rehabilitación de las Instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), respectivamente.
Esta fragmentación afecta a los diferentes protocolos y estándares de tratamiento y a una destacada heterogeneidad en la práctica de la rehabilitación como parte de una atención.
Se considera que esta restitución de la rehabilitación, como uno de los ejes de intervenciones de salud preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa, redundará en beneficio de los usuarios de los servicios de rehabilitación que se verán favorecidas de prácticas homogéneas de salud.
Debido a los retos existentes en la materia, esta iniciativa pretende establecer la competencia de la Secretaría de Salud en la rectoría de los servicios de rehabilitación que requieren las personas sin seguridad social, ya que en la actualidad se rigen de manera independiente y desarticulada.
Asimismo persigue enfatizar el carácter rector de la Secretaría de Salud, sin dejar de reconocer las acciones que en esta materia desarrollan las diferentes instituciones.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis al artículo séptimo de la Ley General de Salud
Único. Se adiciona la fracción XIV Bis al artículo séptimo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estarEa cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. a XIV. ...
XIV Bis. La rectoría de los servicios de rehabilitación en sus diferentes modalidades en las instituciones de salud del sector público.
Transitorio
Único. El presente decreto entrarEen vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 OMS/OPS. Rehabilitación. www.paho.org. Nov. 2017
2 OMS. Rehabilitación. Julio 2019.https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
3 Organización Mundial de la Salud. Discapacidad y Salud. Enero 2018.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disa bility-and-health
4 Conapred. Personas con discapacidad.
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha por ciento20PcD(1).pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica)
Que adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martú‹ez , diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 37 de la Ley de Migración.
Exposición de Motivos
México cuenta con una extensa historia en materia de aplicación y producción de vacunas, lo que resulta en un prestigioso programa de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. La historia de la vacunación en México1 se remonta a 1804, cuando el doctor Francisco Xavier de Balmis introdujo la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. A fines del siglo XIX se realizaron otros tipos de inmunizaciones contra la rabia, la polio y la tuberculosis.
Nuestro país sobresale, además, por su capacidad de producción de vacunas, convirtiéndose en el Centro Regional de Referencia para Vacunas.
En 1990, México fue uno de los siete países del mundo autosuficientes para elaborar todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
A su vez, México ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación.
El Programa de Vacunación Universal, que representa un orgullo para México, surgió con la finalidad de mejorar la sobrevida infantil y promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país, a través de acciones de vacunación. A partir de su introducción, en 1991, el Programa de Vacunación Universal ha logrado elevadas tasas de cobertura de las vacunas, cumpliendo con casi todas las metas planteadas, que incluyen la erradicación de poliomielitis, difteria, sarampión y tétanos neonatal, y el control de la tos ferina y de las formas graves de tuberculosis.
En el año 1804, el doctor Francisco Balmis introduce la vacunación antivarilosa, comenzando asEla lucha contra las enfermedades comunes, que cobraban anualmente la vida de miles de personas.
Más de 100 años después, en 1908, se elabora la Ley Constitutiva del Instituto Bacteriológico Nacional, creado con el objetivo del estudio de las enfermedades infecciosas, y la preparación de vacunas, sueros y antitoxinas, para prevenirlas y curarlas.
En 1926, por decreto del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, se hace obligatoria la vacunación contra la viruela, y se inician las campañas masivas para su aplicación.
Para 1939, México ya producía información estadística sobre la producción de vacunas y su aplicación en función de la demanda nacional y en el año 1951, contra todo pronóstico, se registra en San Luis Potosí, el último caso de viruela, como resultado de las jornadas de vacunación antivarilos. En ese mismo año, se inició la vacunación con BCG contra la tuberculosis.
1954 fue el año donde se comenzó a producir el toxoide tetánico y al año siguiente ya producíamos la vacuna DPT, contra difteria, tos ferina y tetanos.
A lo largo de 1956 se comenzaron a llevar a cabo las actividades de vacunación contra la poliomielitis con vacuna Salk, basada en el principio del virus muerto y en 1962 se implementa la aplicación de la vacuna antipoliomelítica oral tipo Sabin, en base a virus vivos de actividad atenuada.
La lucha contra el sarampión comenzó en el año 1970 con virus inactivados y en el mismo año comienza la vacunación antisarampionosa con cepa tipo Schwarz, posteriormente Edmonston Zagreb.
A partir del año 1973 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones, con el que se organiza la vacunación masiva y se inicia la aplicación simultánea de cinco vacunas contra siete enfermedades (BCG, Sabin, DPT, antisarampión y antitoxoide tetánico).
En 1980 se crean las jornadas intensivas de vacunación; al inicio se denominaron Fases Intensivas de Vacunación; después, Días Nacionales de Vacunación, Semanas Nacionales de Vacunación y, finalmente, Semanas Nacionales de Salud.
En 1981 se desarrollan las fases intensivas de vacunación antisarampionosa, con duración de una semana.
El año 1990 fue verdaderamente histórico, al registrase el último caso de poliomielitis en nuestro pais, en Tomatlán, Jalisco.2
Antes de ser eliminada en México, la polio causaba estragos. Ya que la polio afecta sobre todo a los niños menores de cinco años, las secuelas de la polio eran causa de discapacidad a lo largo de la vida: piernas atrofiadas, adelgazadas, con deformidades o con flexiones inusuales. En los casos más graves, causaba la muerte.
Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991, se crea el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), con el objetivo fundamental de coordinar las acciones, en materia de vacunación, de las instituciones que integran el área de salud en los sectores público, social y privado.
En este mismo año se origina el Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de la niñez. También se registra el último caso de difteria, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En 1993, se incorpora la vacuna polisacárida de 23 serotipos, en adultos mayores, que protege contra bacterias neumocócicas, y para 1996 registrábamos en México el último caso de sarampión, hasta los brotes registrados actualmente.
Fue en el año 1997, cuando se introdujo la vacuna contra tétanos y difteria para adultos y el 1998 se comienza a aplicar la vacuna triple viral (SRP) en menores de 7 años, contra sarampión, rubéola y paperas.
Para 1999 ya contábamos con la aplicación de la vacuna pentavalente (DPT + HB + Hib), que es una vacuna combinada contra difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B.
En el año 2000 inicia la vacunación masiva en adolescentes y adultos, con las vacunas SR (contra sarampión y rubéola) y anti-hepatitis B y en el 2004 comienza la vacunación masiva en adolescentes y adultos, con las vacunas SR (contra sarampión y rubéola) y anti-hepatitis B.
Durante el año 2004, se inicia la vacunación contra la influenza, en niños de 6 meses a 23 meses y en adultos de 65 años y más. Y en el año 2005, se inicia la vacunación contra la influenza al grupo poblacional de 6 a 35 meses.
En el 2006 comienza la aplicación de la vacuna contra rotavirus en la población de 2 y 4 meses, en zonas principalmente indígenas y en el 2007 se lleva a cabo la universalidad de esta vacuna en a población de 2 y 4 meses.
En 2007 se sustituye la vacuna pentavalente de células completas (DPT + HB + Hib) contra difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B y enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae del tipo B, por la vacuna pentavalente acelular en su componente de la fracción pertussis (DPaT/VIP + Hib), contra difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae tipo B y al año siguiente se universaliza esta vacuna.
En 2008 se realiza la campaña nacional de vacunación masiva contra el sarampión y la rubéola en la población de 19 años a 29 años de edad, para la erradicación de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, lo que llevaría a México a convertirse en el año 2015 en un país libre de esta enfermedad.
La aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano comenzó en el año 2009 en una población de 12 a 16 años, residentes en municipios de riesgo, en el mismo año llega a México la primera remesa de la vacuna contra la influenza A H1N1.
El 11 de noviembre de 2019 México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública.
Tras darse a conocer la noticia, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, felicitEa México por “este maravilloso logroEy expresEsu esperanza de que muchos otros países sigan su ejemplo.
“} Eliminar la rabia no ocurre por accidenteE dijo Tedros, quien explicEque para lograr este hito “se necesita determinación política, una planificación cuidadosa y una ejecución meticulosaE
Para alcanzar la eliminación, el país ha implementado una estrategia nacional de control y eliminación de la rabia, que incluye la celebración desde los años 90 de campañas de vacunación de perros masivas y gratuitas, vigilancia continua y efectiva, sensibilización de la sociedad, diagnóstico oportuno, y disponibilidad de la profilaxis post exposición en los servicios públicos de salud de país, cercanos a la población.
AsE el país pasEde registrar 60 casos de rabia por perros en personas en 1990, a 3 casos en 1999 y cero casos desde el 2006. Los últimos dos casos de rabia humana transmitida por el perro ocurrieron en dos personas del estado de México agredidas en 2005 y que presentaron sú‹tomas en 2006.
La rabia causa 60 mil muertes cada año, principalmente en Asia y África. En América Latina, los casos nuevos de rabia se han reducido más del 95 por ciento en humanos y 98 por ciento en perros desde 1983.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT),3 el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y de mayor crecimiento en los últimos años, genera en el planeta, alrededor de mil 400 millones de desplazamientos internacionales de turistas, un crecimiento del 6 por ciento anual, asEcomo ingresos por 8.8 billones de dólares en los países destino, un crecimiento del 3.9 por ciento. Además, se estima que representa el 10.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y que emplea al 10 por ciento de los trabajadores del globo.
Por otra parte, según los estatutos de la OMT, desde 1970 los 27 de septiembre de cada año se celebra el “Día Mundial del Turismo” con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia, el valor social, cultural y económico de la actividad turística en el mundo.
México ha sido sede de esta celebración en 2 ocasiones. En 1998 con el lema “asociaciones entre sectores público y privado, motor esencial del desarrollo y de la promoción del turismo” y en el 2014 bajo el lema: “turismo y desarrollo comunitario”.
Para este 2020, el lema es “turismo y desarrollo rural”, con lo que busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de promover, defender y cuidar las zonas rurales, así como sensibilizar sobre la importancia del turismo en el desarrollo económico de las comunidades rurales.
En este sentido, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili,4 manifestE “a nivel mundial, la pobreza es abrumadoramente rural (alrededor de mil 300 millones de personas sufren pobreza en el planeta). Esto significa que, si queremos que el turismo sea un motor de crecimiento y desarrollo, debemos mirar más allEde nuestras ciudades. Tenemos que trabajar juntos para ayudar incluso a la comunidad más pequeña a disfrutar de los muchos y muy variados beneficios que el turismo le puede aportar.
En México, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),5 el turismo aporta el 8.8 por ciento del PIB, es decir, alrededor de 2 billones de pesos anuales.
Según la estructura económica del turismo, de cada 100 pesos que se generan, 28.1 pesos los aportan el alojamiento de personas, 18.8 pesos el transporte de pasajeros, 15.2 pesos los restaurantes, bares y centros nocturnos, 11.7 pesos los bienes y artesanías, 8.1 pesos el comercio y los 18.1 pesos restantes, los aportan los servicios culturales, deportivos, agencias de viajes y otros.
De la derrama económica que genera el sector turístico, el 82.5 por ciento lo genera el turismo nacional y el 17.5 por ciento el turismo extranjero. Otro dato relevante es que la actividad turística aporta 2.3 millones de puestos de trabajo, alrededor del 6 por ciento del total de empleos en el país.
En este contexto, en el año 2013 México se ubicaba en el lugar número 15 de los principales destinos turísticos del mundo. Para el 2018, avanzamos 8 lugares y nos ubicamos en el séptimo destino preferido por los viajantes internacionales,6 con 41.3 millones de turistas anualmente. En primer lugar, se encuentra Francia con 89.4 millones de turistas, seguido por España con 82.8 millones de turistas y EUA con 79.6 millones de turistas.
En el 2018, la derrama económica de los 41.3 millones de turistas internacionales que visitaron nuestro país fue de 22 mil 526 millones de dólares. Mientras que los mexicanos que viajaron al exterior gastaron 11 mil 229 millones de dólares, por lo que tenemos un saldo de la balanza turística de 11 mil 296 millones de dólares.
En el 2019 llegaron por vía aérea a nuestro país 19 millones de turistas, de los cuales, el 55.2 por ciento proceden de EUA, Canadá 12.1 por ciento, Colombia 3.2 por ciento, Reino Unido 3.1 por ciento, Brasil 2.1 por ciento, España 2.1 por ciento, Argentina 2.0 por ciento, Francia 1.6 por ciento, Perú 1.5 por ciento y Alemania 1.5 por ciento.
Por lo anteriormente mencionado, no cabe duda, que el turismo es un gran motor de desarrollo económico y social para el mundo, así como para muchos países, entre ellos México.
Sin embargo, es imprescindible señalar que el flujo de personas entre los países también traen consigo enfermedades virales, que de no declararse y conocerse con anticipación, no es posible aplicar los protocolos de salud que se requieren, lo que pone en riesgo la salud y la vida de los turistas, pero también pueden convertirse en graves problemas de salud pública en los países receptores.
Tales son los recientes 81 casos de sarampión en el valle de México,7 cuyas edades van de los 3 meses hasta los 68 años y de los cuales sólo 14 tienen antecedentes de vacunación. La cual se caracteriza por fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y un sarpullido que cubre todo el cuerpo y que puede llegar a ser mortal. En la mayoría de los países, la enfermedad es de declaración obligatoria a las autoridades del sector salud.
La entidad con mayores casos es la Ciudad de México con 77, y 52 se encuentran en la alcaldía Gustavo A. Madero, 7 en Miguel Hidalgo, 3 en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa, y 2 en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa. Mientras que el estado de México registra 4 casos en total, todos ellos en Ecatepec.
En 1998, la Asamblea Mundial de la Salud estableciEel objetivo de la eliminación del sarampión endémico de la región europea en el 2007, sin embargo, ha tenido un fuerte resurgimiento. En el 2007 en Japón, en el 2010 en Argentina, en el 2011 Colombia, 2014 en Estados Unidos de América, 2018 en Ecuador y en el 2020 en Ciudad de México.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, anualmente fallecen en el mundo más de 140 mil niños y adolescentes por sarampión y sus complicaciones.8
Las tasas de transmisión y mortandad por sarampión o cualquier otra enfermedad prevenible por vacunación podrían reducirse si los turistas que ingresan a nuestro país presentan obligatoriamente su cartilla de vacunación o cualquier otro documento emitido por la autoridad sanitaria del país de origen que acredite el registro individual de la aplicación de vacunas.
Asimismo, es imprescindible declarar cualquier otro sú‹toma viral, como los relacionados con la pandemia de coronavirus o Covid-19 que estamos enfrentando a nivel global. Tan sólo al día lunes 30 de marzo había alrededor de 700 mil infectados en 183 países y más de 32 mil muertos. En México,9 al 5 de abril, se tienen registrados 2 mil 143 casos confirmados, 5 mil 209 sospechosos, 10 mil 682 negativos y 94 defunciones.
Estas enfermedades virales también tienen implicaciones económicas, tal como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),10 que estima que el coronavirus o Covid-19 impactarEa América Latina en diversos frentes: reducción de las exportaciones, el turismo, los suministros, el precio de los productos y la inversión, lo que repercutirEen el aumento del desempleo en un 10 por ciento y el incremento de 35 millones de nuevos pobres, para alcanzar un total de 220 millones de pobres en la región.
Por lo anteriormente expuesto, se propone las siguientes reformas:
Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 37 de la Ley de Migración.
Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 37 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:
Artículo 37. ...
I. ...
a). a c). ...
d) Presentar documento emitido por la autoridad sanitaria del país de origen que acredite el registro individual de la aplicación del esquema nacional de vacunación vigente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrarEen vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Historia y avances de la vacunación en México,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Va rios_-_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf 30 de marzo de 2020
2 México libre de polio,
https://www.gob.mx/salud/articulos/mexico-libre-de-polio ?idiom=es 30 de marzo de 2020.
3 https://www.unwto.org/es
4 https://blog.segittur.es/
la-innovacion-y-el-desarrollo-rural-protagonistas-de-la-cumbre-de-ministros-en-el-world-travel-market/
5https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/default.html# Informacion_general
6 www.datatur.sectur.gob.mx
7 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-a-81-los-casos-de-saram pion-en-valle-de-mexico/1372690
8 https://www.who.int/es/news-room/detail/05-12-2019-more-than-140-000-di e-from-measles-as-cases-surge-worldwide
9 Ssa.
10 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471522
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de ahorro, protección y aprovechamiento del agua, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martú‹ez , diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto párrafo al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales y un segundo párrafo el artículo 92 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Exposición de Motivos
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el agua es el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma del ser humano. A medida que crece la población mundial, se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos húricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades.1
Los desafíos del agua:
- 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable.
-4.5 billones de personas carecen de servicio de saneamiento.
-340 mil niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas.
-La escasez de agua afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo.
-El 90 por ciento de los desastres naturales están relacionados con el agua.
-El 80 por ciento de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas.
-La agricultura representa el 70 por ciento de la extracción mundial del agua.2
El 28 de julio de 2010, la ONU emitió la Resolución 64/292, donde reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, y exhorta a los Estados y a las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.3
En el 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableci&oacte; que cada persona el mínimo diario indispensable se encuentra entre 20 y 50 litros de agua sin contaminantes químicos ni microbianos nocivos, para vivir dignamente. El agua dulce es esencial para conservar la salud humana y también para mantener muchos de los ecosistemas que nos suministran alimentos y otros bienes y servicios esenciales.4
En México, el 9 de febrero de 2012 se reformó el artículo 4o. constitucional, que añadió un párrafo sexto: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, as&iacue; como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines
El 25 de septiembre de 2015, se incluyó en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,5 la obligación de “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos Las metas específicas son:
-Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible.
-Mejorar la calidad del agua.
-Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento.
-Implementar la gestión integrada, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el recurso hídrico.
-Conseguir el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos.
Según las Estadísticas del Agua 2018 y la Encuesta Intercensal del Inegi 2015, en nuestro país la cobertura nacional de acceso al agua entubada es del 95.3 por ciento (97.8 por ciento urbana y 87.0 por ciento rural), mientras que la cobertura nacional de agua entubada en la vivienda o predio era de 94.4 por ciento (97.2 por ciento urbana y 85.0 por ciento rural), y la cobertura de acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico era de 92.8 por ciento (97.4 por ciento urbana y 77.5 por ciento rural), en tanto que la cobertura nacional de alcantarillado a red pública o fosa séptica era de 91.4 por ciento (96.6 por ciento urbana y 74.2 por ciento rural).
Sin embargo, si dividimos el país en las 13 Regiones Hidrológicas Administrativas (RHA), que integran la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se observa que las regiones del sureste tienen 2/3 partes del agua renovable en el país, pero sólo aglomeran una 1/5 de la población y generan sólo 1/5 parte del producto interno bruto (PIB) nacional.6
Las regiones del norte, centro y noroeste cuentan con 1/3 parte del agua renovable en el país, 4/5 partes de la población y de la aportación al PIB nacional.
Considerando el agua renovable per cápita, la disponible en las regiones del sureste es siete veces mayor que la disponible en el resto de las regiones hidrológico-administrativas de nuestro país.
Particularmente, la región XIII, a la que pertenece el valle de México, aglomera a 23.55 millones de habitantes, es decir, el 19 por ciento de la población nacional y aporta el 24 por ciento del PIB, sin embargo, sólo dispone del 0.75 por ciento del agua del país.
Como parte de la Región XIII, la Ciudad de México aglomera 8.81 millones de habitantes, el 7.2 por ciento de la población nacional y aporta el 17 por ciento del PIB nacional, pero solo dispone del 0.14 por ciento del agua del país, es decir, 664 hectómetros cúbicos de agua (hm3).
Para dimensionar la escasez de agua en la Ciudad de México basta decir que, en promedio, un habitante dispone de 55 m3 de agua al año, cifra infinitamente inferior comparado con los 21 mil 199 m3 de agua que dispone un habitante de Chiapas o los 13 mil 765 m3 de agua que disfruta un habitante de Oaxaca. Incluso la disponibilidad de agua per cápita en la Ciudad de México está muy por debajo del promedio nacional que es de 3 mil 656 m3 de agua por persona al año.
No obstante, a pesar de la escasez de agua en la Ciudad de México, cada habitante consume 366 litros de agua diariamente, en promedio. En zonas de alta actividad económica, como Polanco, el consumo diario de agua se eleva a 500 litros por persona. Mientras que, en Iztapalapa, el promedio diario baja hasta los 50 y 100 litros de agua diario por persona.
En este sentido, la doctora Judith Domínguez Serrano, coordinadora académica del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México (Colmex), afirmó que la demanda de agua en la Ciudad de México es el principal problema a resolver, pues se ha ocasionado un desecamiento de los cuerpos de agua a lo largo de los años. Los ríos que cruzaban la ciudad se han secado o entubado y el acuífero se encuentra en un grado extremo de explotación, ocasionando que el agua se extraiga del acuífero profundo, a unos mil 100 metros de profundidad. Además, hay que sumarle que existen otros problemas como fugas en la infraestructura, que está fabricada de asbesto y tiene más de 50 años de antigueedad.
De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales,7 México ocupa el lugar 24 de países con mayor estrés hídrico, el segundo con mayor índice en América Latina, después de Chile, que ocupa el lugar 18.
En el país, 15 entidades federativas tienen un índice de estrés hídrico extremadamente alto, 8 tienen alto, 2 un medio-alto, 5 medio-bajo y sólo 2 tienen un índice de estrés hídrico bajo.
Baja California Sur encabeza los estados con mayor estrés hídrico, seguido por Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México. En los últimos lugares del ranking se encuentran Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Veracruz.
Es por ello, que el 16 de abril del 2018 fue anunciado el “día cero”8 para Ciudad del Cabo (Sudáfrica), ya que la disponibilidad de agua era de 50 litros por persona, cuando en años anteriores era de 300 litros.
La crisis del agua se ha generalizado en el mundo conforme pasan los años, el cambio climático, la contaminación de los depósitos de agua dulce y aumento de la población, ha llevado a que múltiples ciudades en el mundo se acerquen al “día cero”.
El 30 de octubre del 2018, la Ciudad de México cortó el suministro de agua potable en su totalidad por primera vez en 30 años. Este recorte, programado por mantenimiento del sistema, eliminó una tercera parte del abastecimiento, afectando por lo menos a 3.5 millones de personas en la ciudad y sus alrededores.
Este corte que se extendió durante una semana. Es una mirada hacia un escenario similar al que la Ciudad de México podría enfrentarse en 2030, cuando se estima que un tercio de las fuentes actuales hayan sido agotadas. Lo que convierte a la Ciudad de México es una de las más vulnerables del mundo para prescindir del vital líquido.
Las fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México son: extracción de agua subterránea (aporta el 68 por ciento), Sistema Cutzamala que abastece 11 delegaciones de la Ciudad de México (17 por ciento), rehúso de agua (7 por ciento), Sistema Lerma (5 por ciento), ríos y manantiales (3 por ciento).
Lo anterior sin considerar que, según Conagua, la Ciudad de México se encuentra entre los 106 municipios con alta vulnerabilidad a la sequía. Dicho fenómeno ocurre cuando las lluvias son significativamente menores a los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos.
La crítica situación en que se encuentra Ciudad de México y otros grandes centros urbanos del país, por la baja disponibilidad de agua per cápita, el estrés hídrico de sus fuentes de abastecimiento y la alta vulnerabilidad ante las sequías, nos llevan a concluir que el agua es un recurso de gran valor social, económico y ecológico, por lo que debemos cuidarlo y administrarlo correctamente.
Tan solo en Ciudad de México se producen 181 festivales de forma anual, en estos el impacto ambiental muchas veces no se mide o simplemente no se generan acciones para el cuidado del medio ambiente y la correcta administración de los recursos naturales, asEcomo, la generación de residuos sólidos.
La industria del entretenimiento, principalmente los espectáculos musicales, deportivos, automovilísticos, y de cualquier otro tipo, son grandes generadores de contaminación para el planeta, muchas veces medido a través de la huella de carbono.
En los grandes festivales de México, como el Festival Cervantino, Pa’l Norte, Vive Latino, EDC o Corona Capital, tienen hasta 90 mil asistentes diarios, según cifras reveladas por los organizadores.
En cualquier festival de este tipo en Canad&#aacute; se producen diariamente 1.3 kilos de basura por asistente,9 más los residuos generados por la producción del evento, en este sentido, es necesario señalar que la generación de residuos solidos en un festival, ascienden a 117 toneladas de basura. Entre los residuos sólidos que se generan se encuentran, colillas, cartón, plástico, papel y unicel. Muchos de estos residuos, por su ligereza y mal manejo, terminan en el océano.
Las cifras sobre la huella de carbono por festivales en el país todavía no se generan con certeza, sin embargo, según datos del Inegi, una persona en México, genera 1.86 kilos de basura al día, si multiplicamos esto por los 90 mil asistentes, daría un total de 162 toneladas de residuos sólidos, esto sin tomar en cuenta la basura generada en escenarios y la producción general de espectáculo.
En Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos ya prohibió el uso de las bolsas de plástico. En 2021 entrará en vigor el desuso de los plásticos de uso único, como vasos de plástico, por lo que deberá haber cambios en estos insumos, al igual que en los platos y otros desechables. Sin embargo, aún no existen esfuerzos claros para el aprovechamiento y uso racional del agua.
En la edición 2020 del Electric Daisy Carnival (EDC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 28 de febrero al 1 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, se utilizó agua en el escenario principal como parte de la producción y funciones meramente de entretenimiento.
Aunque se trató a investigar sobre el origen, aprovechamiento, cantidad y destino del agua al concluir el evento, no se logró acceder a dicha información, sin embargo, es necesario recalcar que en ninguna circunstancia en aceptable el uso del agua en la industria del entretenimiento con fines meramente recreativos.
La sección de la imagen señalada en los rectángulos rojos, muestra el agua utilizada.10
En un mundo dónde el estrés hídrico es cada vez mayor, el día cero, está cada vez más cerca, es necesario replantear los usos que se le puede o no dar a las aguas.
La creatividad, el desarrollo de más y mejor tecnología, permite avances significativos en la industria del entretenimiento, ha abierto las puertas para generar nuevas estrategias con las cuales desarrollar este tipo de eventos mediante una forma amigable con el medio ambiente, desde el manejo adecuado de residuos sólidos, el uso de energías alternativas e incluso la aplicación de impuestos ambientales especiales a espectáculos públicos.
Ante este escenario, nace la necesidad de prohibir el uso del agua con fines recreativos, que en ninguna circunstancia significa estar en contra de la industria del entretenimiento. Solo busca proteger y promover el uso racional y adecuado de nuestros recursos hídricos, que cada día se encuentran mayor en peligro.
Por lo anteriormente expuesto, se propone las siguientes reformas:
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente:
Decreto por el que adicionan un cuarto párrafo al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales y un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 82. ...
...
...
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de agua en la producción de espectáculos públicos, musicales, deportivos y de cualquier tipo, salvo para el consumo humano y actividades sanitarias.
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artíulo 92. ...
No podrá ser utilizada en la producción de espectáculos públicos, salvo para el consumo humano y actividades sanitarias.
Transitorio
Único. El presente decreto entrarEen vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
3 Organización de las Naciones Unidas, (12/04/2018), "El agua fuente de vida", disponible en:
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right _to_water.shtml.
4 https://www.who.int/globalchange/ecosystems/water/es/
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/
la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
6 Estadísticas del Agua en México 2018: editado por CONAGUA y SEMARNAT.
7 https://wrimexico.org/
8 El 'Día Cero' del agua se conoce como el momento en que una ciudad, región o país se queda sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las necesidades para subsistir o desarrollarse. El 'Día Cero' significaría una gran crisis del agua en una región.
9 Menos basura y más ambiente en festivales de música, https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/menos-basura-y-mas-ambiente -en-festivales-de-musica 25 de marzo de 2020.
10 EDC, México,
https://www.facebook.com/ElectricDaisyCarnivalMexico/
photos/a.2628923413993313/2628925360659785/?type=3&theater 25 de marzo de 2020
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a optimizar y acelerar por la Ssa el proceso de certificación y autorización de hospitales, clínicas y laboratorios públicos para realizar las pruebas de diagnóstico de Covid-19 ante la creciente demanda, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Héctor Yunes Landa , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La pandemia del coronavirus Covid-19 estEcreciendo de manera exponencial a escala mundial. Según diferentes medios de comunicación, al 3 de abril el total de casos confirmados asciende a poco más de un millón y 56 mil 767 muertos. Estados Unidos encabeza la lista con 257 mil 771 infectados y 6 mil 585 fallecimientos, seguido de Italia con 119 mil 827 casos y 14 mil 881 defunciones; y España, con 117 mil 710 contagios y 10 mil 935 muertes.1 Sin embargo, los casos se incrementan día con día.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia está sometiendo a una gran presión a los sistemas sanitarios. El rápido aumento de la demanda al que se enfrentan los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud amenaza con sobrecargar algunos sistemas sanitarios e impedir su funcionamiento eficaz.
México no es ajeno a esta expansión, ya que continúa incrementándose el número de casos confirmados y también de decesos. Para poner en su justa dimensión tal problemática, basta señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, al 2 de abril el número de casos confirmados sumEmil 510, más de 4 mil 653 sospechosos y 50 defunciones, un aumento considerable en un país donde se vive hasta el momento la Fase 2 de propagación del virus.2
Por entidad federativa, los casos positivos de coronavirus son los siguientes: 327 en la Ciudad de México; 171 en el estado de México; 104 en Jalisco; 100 en Puebla; 84 en Nuevo León; 62 en Coahuila y Tabasco, en cada caso; 53 en Yucatán; 56 en Quintana Roo; 50 en Guanajuato; 47 en Aguascalientes; 42 en Sinaloa; 40 en Baja California; 33 en San Luis PotosE 32 en Querétaro; 29 en Veracruz; 26 en Hidalgo; 24 en Michoacán; 22 en Oaxaca y Guerrero, en cada caso; 21 en Sonora; 19 en Baja California Sur; 15 en Chiapas; 13 en Tamaulipas; 11 en Chihuahua; 9 en Morelos; 8 en Nayarit y Durango, en cada caso; 7 en Zacatecas; 5 en Campeche y Tlaxcala en cada caso; y, 3 en Colima.
Según la Secretaría de Salud, se estima que el Covid-19 infectará a 700 mil mexicanos y de cumplirse con estas proyecciones, el país atravesará una de las epidemias más grandes de su historia durante un periodo de aproximadamente 12 semanas.
Aunque de acuerdo con datos del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, “hay estimaciones de que podría a llegar hasta 70 por ciento de la población infectadaE Ello significa que podría haber hasta 78 millones de personas infectadas, pero solamente cerca del 10 o 12 por ciento tendrEsú‹tomas; por lo que se estaría hablando de 8 a 10 millones de personas.3
Al mismo tiempo, se ha alertado que la mayor carga de casos llegará al país a finales de abril y principios de mayo, de ahí la importancia y urgencia de implementar las medidas necesarias para su prevención y atención.
La detección temprana de la infección por el coronavirus es una estrategia necesaria para controlar, o al menos contener, la actual epidemia del Covid-19. En este sentido, las pruebas de detección permiten identificar a las personas infectadas y evitar el contagio de un mayor número de habitantes. Si un país informa con puntualidad y transparencia del número de pruebas llevadas a cabo y, por ende, del número de casos detectados, proporciona información muy útil sobre la intensidad y evolución de la epidemia, lo que ayuda a estimar tasa de letalidad real y tomar medidas oportunas para su atención.
Por lo anterior, el pasado 18 de marzo, la Secretaría de Salud dio a conocer la lista de los 37 laboratorios públicos y particulares autorizados para realizar el diagnóstico de Covid-19. Dicha lista estEconformada por los 32 laboratorios estatales, 5 Laboratorios de Apoyo Epidemiológico (LAVES) y 2 laboratorios particulares (Centro Médico ABC, Campus Observatorio y el Hospital Ángeles Interlomas).4
En tanto que los cinco laboratorios de apoyo a hospitales de alta especialidad que también pueden diagnosticar son: el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Hospital General de México; Hospital 20 de Noviembre (ISSSTE) y el Hospital General de La Raza (IMSS).
Con esta autorización, los hospitales de la lista pueden diagnosticar a los pacientes sin tener que esperar la validación del Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológica (Indre).
No obstante, de acuerdo con medios periodísticos, solo 16 laboratorios y cierto número de hospitales están certificados para realizar la prueba, pero la Secretaría de Salud ampliEla autorización ante el aumento de casos.5 Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señalEque uno de los requisitos para que las instituciones privadas pudieran realizar la prueba es no encarecer los precios, la cuales tienen un valor nominal de producción entre los 2 mil y 2 mil 300 pesos. También, anunciEque se validarían laboratorios privados para hacer las pruebas para que apoyen en el diagnóstico.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, desde antes de que llegara el primer caso de coronavirus a México y hasta la fecha se han realizado 14 mil pruebas.6 Estos esfuerzos aunque importantes, resultan insuficientes, ante el aumento de número de casos en el país.
Dicha cifra es significativamente menor a las realizadas hasta ahora en algunos países afectados por la pandemia: Estados Unidos con 540 mil 252; Corea del Sur que es observado por su efectividad y la lucha contra el virus con 376 mil; Italia, 361 mil 60; Reino Unido, 104 mil 866; India, 27 mil 688; Japón, 25 mil 171, y Sudáfrica con 20 mil 471, entre otros países.6
Ante este escenario poco halagüeño, es fundamental atender las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar la mayor cantidad de pruebas posibles, a fin de prevenir y atender dicha enfermedad.
De igual manera, retomar la experiencia exitosa en países que han llevado a cabo estas pruebas de manera oportuna, lo que les ha permitido, junto con otras medidas, controlar la pandemia, como es el caso de China, país donde se reportó el primer caso del Covid-19 en diciembre pasado.
La gran lección de contención que deja este país, es la importancia de tener un sistema de salud pública muy sólido y que no necesariamente un brote debe alcanzar un máximo natural que desborde los sistemas de salud.
Ahora bien, no podemos soslayar el hecho de que en caso de acumularse los casos de contagio, la infraestructura con que cuenta el sector salud será insuficiente para atender todos los casos, de ahí la necesidad de incorporar los servicios del sector privado.
El Covid-19 es un fenómeno de salud que está provocando un impacto económico importante, que afectará el bolsillo de la población. La economía mexicana enfrenta grandes desafíos, derivados de los efectos adversos del coronavirus que aún es difícil de predecir y de cuantificar, en tanto no se tenga claridad de su prevalencia. También, la caída internacional de los precios del petróleo que generará graves consecuencias para las finanzas de Pemex y la economía en su conjunto.
En este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno tiene 400 mil millones de pesos en fondos extras para enfrentar la emergencia por el Covid-19. Asimismo, mencionEque dichos recursos van a permitir mantener los programas de bienestar. Sin embargo, cabe preguntar ¿cuál es el origen de tales recursos? pero, sobre todo, ¿cómo se aplicarán? Son cuestiones fundamentales que el gobierno federal debe responder puntualmente y con transparencia.
La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales en los que se sustentan las sociedades democráticas. Por ello, es necesario que el gobierno federal transparente dichos recursos con los que se pretende atender la crisis que enfrenta actualmente nuestro país.
En este mismo sentido, es importante señalar que la Cámara de Diputados aprob&#oacute; el pasado 18 de marzo, crear un Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, al que el gobierno federal pueda acceder solo en casos de emergencias sanitarias o crisis económicas. El monto de dicho Fondo ascendería a un máximo de 180 mil 733 millones de pesos para atender emergencias.
La propuesta se aprobó fast track, luego de que la Mesa Directiva la presentó como de urgente y de obvia resolución, ante la contingencia por el Covid-19. El Fondo sería administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el apoyo de un Comité Técnico, que estaría integrado por al menos un representante de las secretarías de Salud, Economía, Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, y los que determinara el titular del Ejecutivo.
Según los especialistas, el Covid-19 muestra la fragilidad de muchos sistemas y servicios sanitarios y está obligando a los países a tomar una serie de medidas sobre el mejor modo de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.
México se encuentra en esta situación. Es tal virtud, es urgente que, ante la creciente demanda de la población, la Secretaría de Salud, optimice y acelere el proceso de certificación y autorización a hospitales, clínicas y laboratorio público para realizar las pruebas de diagnóstico de coronavirus Covid-19.
La protección a la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos, que garantiza el acceso a otros derechos formalmente reconocidos y es un instrumento fundamental para avanzar a mejores estadios de desarrollo económico y social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaria de Salud, optimice y acelere el proceso de certificación y autorización a hospitales, clú‹icas y laboratorio público para realizar las pruebas de diagnóstico de coronavirus Covid-19, ante la creciente demanda de la población.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que incremente el número de pruebas para detectar probables casos de contagio de Covid-19 de forma oportuna, con el objetivo de enfrentar la contingencia y romper las cadenas de transmisión.
Notas
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060
2 https://mexico.as.com/mexico/2020/04/03/tikitakas/15858 78417_831951.html
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/una-tercera-parte-del-pais-podria -contagiarse-potencialmente-de-coronavirus-ssa
4 https://www.animalpolitico.com/2020/03/laboratorios-autorizados-diagnos tico-covid-19-salud/
5 http://cortamortaja.com.mx/en-mexico/
11002-la-secretaria-de-salud-federal-publico-la-lista-de-los-37-laboratorios
-publicos-y-particulares-autorizados-para-realizar-el-diagnostico-de-covid-19
6 https://mty.telediario.mx/nacional/en-mexico-se-han-aplicado-14-mil-pru ebas-desde-antes-de-primer-caso-de-covid-19-ssa
7 https://es.statista.com/grafico/21181/numero-de-tests-de-covid-19-reali zados/
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a instaurar durante abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, medidas para tramitar por internet la renovación por vencimiento de la firma electrónica avanzada y facilitar así la presentación de la declaración anual de personas físicas correspondiente al ejercicio de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada Dulce María Sauri Riancho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo a la luz de los siguientes:
Antecedentes
En abril de cada año, las personas físicas contribuyentes fiscales deben cumplir con sus obligaciones tributarias reportando el impuesto sobre la renta del ejercicio anterior, de acuerdo a su régimen fiscal, a través de la presentación de su declaración anual, que contenga la información de ingresos, deducciones personales, retenciones y pagos provisionales.
La obligación de presentar la declaración se establece en el artículo 150 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 2020, los artículos 31 y 32 del Código Fiscal de la Federación para 2020 y los artículos 31 y 32 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación para 2020.
La mayor parte de los contribuyentes del país agrupados en el rubro de las personas físicas suelen cumplir con regularidad y puntualidad el pago de sus impuestos.
A esto ha contribuido de manera importante el desarrollo de procedimientos informatizados y notablemente simplificados qué han hecho uso de internet y de otras herramientas tecnológicas para facilitar tanto el registro de los ingresos como el de las deducciones personales, retenciones y otros pagos.
Desde hace más de 13 años el cumplimiento de las obligaciones fiscales por internet a través de la página web del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido un proceso sencillo y amigable para que las y los contribuyentes puedan cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales y el gobierno mexicano cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas y acciones.
Lo anterior adquiere una connotación particularmente importante en momentos como el que vivimos actualmente, en que las condiciones de la contingencia sanitaria prácticamente obligan a las personas físicas a realizar los trámites por internet, lo que a su vez permite mantener una expectativa razonable respecto al volumen de los ingresos que en materia tributaria puedan recaudarse al 30 de abril.
Consecuencia directa del cumplimiento de esta obligación para los contribuyentes -la cual puede ser muy positiva dado el momento por el que atravesamos- es la devolución que puedan obtener de recursos pagados de más, al haber tributado durante el año anterior.
Positivo es también para el gobierno que, al haberse presentado estas declaraciones en tiempo y forma, los probables recálculos sobre las mismas pueden otorgarle ingresos adicionales como parte de esta misma tributación.
Sin embargo, un elemento central para cumplir con la presentación de esta declaración en tiempo y forma a través de internet es contar con la firma electrónica avanzada, la FIEL, vigente y actualizada, pues ésta pierde su vigencia después de cuatro años de uso y debe ser renovada a través de internet.
Aún así, es frecuente que las personas físicas dejen pasar la fecha de renovación de este archivo electrónico y deban hacerlo con posterioridad de manera presencial ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria.
Dicho trámite en su forma presencial es extremadamente sencillo en condiciones de operación normal de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y de las actividades de los contribuyentes, pues no representa más de aproximadamente una hora de su tiempo en dichas oficinas.
La misma renovación presencial de la FIEL ya ha sido muy discutida en años pasados respecto a su utilidad, en razón de que lo único aporta es la acreditación de la presencia del contribuyente, una especie de “prueba de vida” o de “supervivencia” como la que se realizaba entre las y los pensionados del IMSS y del ISSSTE. Sin embargo, si el refrendo se realizase por la vía electrónica podría extender su vigencia sin ningún tipo adicional de comprobación de la propia identidad; es decir la exigencia de la renovación presencial acaba convirtiendo en los hechos en una forma de sanción al contribuyente, que en esa situación deberá realizar en persona lo que antes olvidó hacer de forma electrónica a tiempo.
Insisto en señalar que la renovación electrónica a tiempo no conlleva a la presentación de ningún requisito adicional de identidad, simplemente la reactivación electrónica del certificado digital de la propia firma electrónica.
Es por ello que ya se ha cuestionado anteriormente la utilidad práctica de tener que renovarla después de su vencimiento de forma presencial y si este trámite no se podría realizar se efectúa una renovación ordinaria: sólo por la vía electrónica.
Sin embargo, en las condiciones actuales, ese trámite de renovación presencial se ha convertido en un problema importante y difícil de resolver ante la contingencia derivada del Covid-19.
El elevado número de vencimientos de la FIEL y la reducción del servicio obligada por las condiciones de la contingencia en las oficinas del SAT han saturado el sistema de citas y han impedido que los contribuyentes puedan ser atendidos incluso por la vía telefónica.
Si bien las oficinas del SAT no han cerrado su atención al público, la han disminuido notablemente, generándose con ello un grave problema de imposibilidad de actualizar la FIEL y en consecuencia de presentar la declaración fiscal por internet antes del límite legal.
Este trámite presencial, que como dijimos anteriormente, es muy sencillo de realizar, conlleva únicamente la necesidad de que el contribuyente se apersone físicamente ante las oficinas de la autoridad recaudadora con una identificación con el único propósito de que le sea entregado un archivo electrónico en una unidad de memoria.
Para dicho trámite no se requiere llevar documento adicional alguno, ni realizar algún otro movimiento de manera previa o posterior; es decir, se trata únicamente de un tipo de verificación de la identidad y de la reactivación -en unos cuantos minutos- de un archivo electrónico.
Una vez que la o el contribuyente ha solicitado y obtenido la cita para ser atendido en un módulo del SAT, basta presentarse con una identificación oficial vigente, recibir un turno de atención, pasar a ser atendido por una o un servidor público que, tras verificar la identificación y el estado del registro fiscal del contribuyente, en poco menos de 15 minutos reactiva el archivo electrónico y lo registra en una unidad de memoria para entregársela al propio contribuyente, quien únicamente firma el acuse de recibo correspondiente.
La descripción anterior de dicho trámite muestra la sencillez del mismo, y obliga a considerar dos cuestiones:
—Primera, ampliaciión del plazo de renovación más largo.
—Segunda, la posibilidad de atender la situaciión de emergencia en que nos encontramos mediante la apertura de una opción en la página de Internet del SAT para realizar las gestiones necesarias de renovación de la FIEL que hubieran caducado en un número de meses previos, o la extensión de su vigencia. Que se flexibilizara el requisito de la presencia física, al menos, por esta ocasión. De esta manera, la o el contribuyente podría utilizarla para realizar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2019, sin necesidad de solicitar una cita para ello y en consecuencia, evitaría acudir a las oficinas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a realizar dicho trámite de modo presencial.
Lo anterior resultaría en el apoyo a la autoridad recaudadora que podría contar con las declaraciones que se formulen en tiempo y forma de las personas que hayan experimentado un vencimiento reciente del referido archivo electrónico; también favorecería a las y los contribuyentes que tendrían un requisito menos que observar para poder cumplir con sus obligaciones legales de manera íntegra y formal.
Esta medida adicionalmente representaría un apoyo importante para las y los trabajadores de los módulos del Servicio de Administración Tributaria que podrían eliminar la atención al público en relación con este proceso en particular, justamente en el mes que ha sido considerado como aquel en el que deben de restringirse el mayor número posible de actividades ante la contingencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General.
Lo que esta proposición con punto de acuerdo solicita es la implantación de un mecanismo simplificado, no presencial, de carácter electrónico, para poder realizar la renovación de la FIEL, de tal manera que las y los contribuyentes puedan realizar su declaración anual de manera sencilla, lo que significará pago de impuestos en beneficio de todos.
Es por demás obvio que al tratarse de un protocolo de programación en el sitio de internet del propio servicio de Administración Tributaria (SAT), su instrumentación será sencilla y generará menor costos que los incumplimientos de los contribuyentes, no sólo por la insuficiencia de citas, sino por el entendible temor a ser víctimas de un contagio al acudir a espacios cerrados con un gran número de personas en ellos.
Por esta razón, la instrumentación de un protocolo de simplificación, particularmente de este trámite, puede resultar de gran importancia no sólo para sostener la expectativa de recaudación fiscal, sino para ayudar tanto a las y los contribuyentes que deseen cumplir con sus obligaciones legales como con las y los empleados públicos que prestan sus servicios en los módulos de atención del SAT, a efecto de reducirles la carga de atención al público en un momento en el que una gran presencia y acumulación de personas en espacios relativamente reducidos pueden generar las posibilidades de mayores contagios del Covid-19.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria que, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y durante el mes de abril del presente ejercicio, instrumente las medidas necesarias para desarrollar por internet el trámite de renovación por vencimiento de la Firma Electrónica Avanzada, a efecto de facilitar la presentación de la declaración anual de personas físicas correspondiente al ejercicio 2019 y se evite la presencia e interacción física de servidores públicos y de contribuyentes, en sus oficinas, para abatir los riesgos de contagio de ese enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a organizar de manera prioritaria la realización de las pruebas de detección del Covid-19 a los encuestadores y personal del Inegi participante en las etapas preparatoria e inicial del levantamiento del Censo de 2020, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI
Mariana Rodríguez Mier y Terán , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, y el artículo 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarEoficialmente una pandemia, con motivo de la propagación del coronavirus Covid-19 a los cinco continentes, y realizEun llamado a los países para la adopción de medidas urgentes, asEcomo para la activación de sus mecanismos de respuesta a emergencias.
Cabe destacar que, si bien la declaratoria se realizEa mediados de marzo, desde el 31 de diciembre de 2019 la OMS había iniciado una alerta de casos de neumonía por causa desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China.
Hasta mediados de enero, la OMS identificó que la causa de la neumonía, en dos modalidades, media y grave, provenía del nuevo virus antes mencionado.
En este contexto de emergencia sanitaria mundial, como cada diez años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país (Inegi) organismo coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tiene como finalidad brindar a la sociedad información de interés, a efecto de coadyuvar al desarrollo de nuestro país, iniciEen marzo del presente año el levantamiento de información relativa al Censo de Población y Vivienda 2020, que implicEla realización de actividades en oficina y campo para recopilar de la población en general la información necesaria para estos programas.
De acuerdo con la calendarización establecida por el Inegi, dicho levantamiento se realizaría durante el mes de marzo en todas las entidades federativas, con la participación de 150 mil entrevistadores. Atendiendo a la misma, se estima que el levantamiento de datos se encontraba entre un 85 a un 90 por ciento de avance. Es decir se habían visitado casi la totalidad de hogares y comercios en todo el territorio nacional.
La emergencia sanitaria ubicEen una situación de riesgo a los 150 mil encuestadores, pero también a los hogares y comercios visitados por lo que es plenamente justificado que se priorice la realización de pruebas de detección del Covid-19 a los encuestadores que participaron en el levantamiento del censo en los periodos antes citados.
Dicha estrategia, además de constituir una medida de protección para los encuestadores, podrá identificar la posible transmisión del virus en diversas localidades de la República Mexicana y dar oportunidad a las autoridades sanitarias para una atención inmediata que reduzca los efectos negativos de la pandemia en nuestro país.
Cabe señalar que, de acuerdo con la experiencia de los países más afectados, la detección oportuna y por ende la realización de las pruebas de detección constituyen una de las estrategias más efectivas para atender la pandemia y reducir los contagios en los países.
Es importante tener presente que, si bien el levantamiento en campo del Censo 2020 inició a principios de marzo, durante la primera quincena de febrero se inició el recorrido por las localidades en todas las entidades federativas, a efecto de actualizar la cartografía y planificar la enumeración censal sobre el entorno urbano y las características de las localidades.
Cabe destacar que mientras dicha actividad preparatoria se realizaba, varios países se encontraban ya en alerta sanitaria, inicialmente China, seguida por España, Italia, Alemania y otros países de Europa.
Fue hasta el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud, con motivo de la propagación del coronavirus Covid-19 a los cinco continentes, declarEoficialmente una pandemia y convocEa los países a la adopción de estrictas medidas de control sanitario, asEcomo la activación de mecanismos de respuesta a emergencias.
En este contexto la Secretaría de Salud anunciEel inicio de la “Jornada Nacional de Sana DistanciaE del 23 de marzo al 19 de abril de 2020, dirigido al sector público, privado y social, a fin de disminuir el contacto directo de las personas y evitar la propagación del coronavirus Covid-19 entre la población de nuestro país.
En este contexto se tiene presente que los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establecen que toda autoridad deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud de todas las personas, y más ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad.
Que en virtud de las causas de fuerza mayor referidas, en apego a las recientes recomendaciones de la Secretaría de Salud en materia de sanidad derivadas del coronavirus Covid-19, y con el objetivo de preservar el derecho a la salud del personal del Instituto y de la población objetivo de los programas estadísticos y geográficos, a finales del mes de marzo, el Inegi determinEsuspender algunas de sus actividades y modificar la modalidad de forma de trabajo en sus actividades y como parte de ello, las relativas al levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, al domingo 5 de abril de 2020 se contabilizaron 2 mil 143 personas contagiadas (pruebas positivas), 5 mil 209 casos sospechosos, 9 mil 957 pruebas aplicadas con resultados negativos y 94 defunciones. Las entidades con mayores casos registrados son la Ciudad de México con 560, casos, el estado de México 204; Puebla 147, Jalisco 123 y Nuevo León con 91 casos.1
Atendiendo a dichas cifras, el número de pruebas realizadas en el sector público, sería de aproximadamente 12 mil 500 pruebas, lo cual muestra un grave rezago respecto al número de pruebas realizadas en otros países afectados.
Desde la declaratoria de la pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en la importancia de realizar pruebas del Covid-19 para detener la pandemia.
Diversas fuentes en países afectados reconocen que la realización de la mayor cantidad de pruebas es, junto con otras medidas de control, la mejor manera de reducir la curva de expansión del virus.
Por las consideraciones expresadas, se considera urgente en el marco de la emergencia sanitaria, la realización de pruebas del Covid-19 a los encuestadores y personal del Inegi, que durante los meses de febrero participaron en la etapa inicial preparatoria en campo y en el levantamiento durante el mes de marzo, en todas las entidades federativas y la Ciudad de México.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a organizar de manera prioritaria la realización de las pruebas de detección del coronavirus Covid-19, a los encuestadores y personal del Inegi que durante los meses de febrero participaron en la etapa inicial preparatoria en campo, asEcomo en el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 durante marzo de 2020, en todas las entidades federativas y la Ciudad de México.
En caso de identificar personal o encuestadores contagiados, brindar la atención médica necesaria e identificar de manera inmediata los domicilios que fueron visitados y practicar las pruebas de detección necesarias.
Nota
1 Cifras al cierre del domingo 5 de abril, las cuales se actualizan de manera constante.
Palacio Legislativo en San Lázaro,
a 7 de abril del 2020.
Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a no cortar ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 el servicio de electricidad y suspender los cobros a los organismos operadores de agua y los distritos de riego en estados y municipios, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Sara Rocha Medina , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Actualmente, nos encontramos en Fase Dos de emergencia sanitaria por Covid-19, un nuevo virus surgido en la provincia de Wuhan, China, a finales de 2019, y el cual ha infectado hasta el momento a más de un millón de personas y cobrado la vida de más de 50 mil.1 Entre los países de América Latina, México ocupa el cuarto lugar con 1 mil 510 casos y 50 decesos.2
La pandemia por Covid-19 no sólo ha costado vidas humanas, sino que también ha comenzado a causar otros graves efectos: la economía global se ha paralizado y el planeta ha entrado en un periodo de recesión, asimismo, al haberse detenido la producción y el consumo en todas partes del mundo, los mercados mundiales y las divisas han presentado importantes debacles que amenazan con causar una nueva crisis financiera.
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha señalado que el mundo se enfrenta a una crisis nunca vista en la historia, por lo que su organización movilizarEun billón de dólares de su reserva para emergencias para afrontarla. SeñalEque, en los 75 años de historia de la institución, jamás se han encontrado tantos países tan necesitados de financiamiento de emergencia, hasta ahora van más de 90.3
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, ha señalado que los efectos en la economía pueden ser más intensos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, y que los países latinoamericanos y del caribe se verán afectados a través de varios canales. La funcionaria indicEque se espera una contracción de -1,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, lo que generarEun abrupto aumento en el desempleo y que el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas, mientras que las que se encuentran en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones.4
México no se encuentra exento del impacto económico, durante los últimos días hemos presenciado importantes caídas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumulando hasta 22.4 puntos porcentuales en lo que va del año, el tipo de cambio ha llegado incluso a tener nuevos máximos históricos superiores a los 25 pesos por dólar.
El Banco de México se ha visto en la necesidad de reducir la tasa de interés y ha implementado subastas de dólares para dar liquidez al mercado y evitar el colapso de la economía.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estEdiseñado planes de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y se estEbuscando negociar un plan de apoyo fiscal para las empresas que podría estar listo a finales de mayo o junio.
Entre los sectores más perjudicados por la crisis económica se encuentran nuevamente el agrícola, ya que resentirá el choque de la reducción de la demanda mundial de materias primas, particularmente en Estados Unidos, uno de los principales destinos de los productos agrícolas mexicanos.
Basta señalar que los anuncios en días recientes de Grupo Modelo y Heineken, respecto a que entrarán en paro durante la emergencia sanitaria porque la producción de cerveza no constituye una actividad esencial, afectarán mayormente a los agricultores mexicanos proveedores de dichas empresas.5
Ante esta problemática, es importante que el gobierno federal también implemente las medidas necesarias que busquen disminuir las afectaciones económicas derivadas de la crisis a quienes trabajan y viven del campo, ya que este es uno de los sectores más vulnerables de la economía.
AsEcomo los agricultores, los organismos operadores del agua (OOA), que son instrumentos fundamentales para el abastecimiento del agua potable y para el cultivo, también se verán gravemente afectados por la crisis de Covid-19, por lo que también debe apoyarse a este sector.
Los OOA se encargan de operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a fin de dotar estos servicios a los habitantes de los municipios y entidades federativas, los campesinos se encuentran entre los beneficiarios de estos organismos.
Los OOA pueden pertenecer a una organización privada, ser administrados por esta o estar supervisado por una entidad federal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el suministro de agua en la república mexicana se realiza a través de 2 mil 356 OOA, de los cuales mil 567 proporcionan el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones mixtas.6
Los OOA enfrentan actualmente un bajo presupuesto y altas tarifas eléctricas y gran parte del desabasto de agua se debe precisamente a la disminución de sus operaciones derivado de la insuficiencia de recursos para pagar las cuotas de electricidad, que representan entre el 40 y 60 por ciento de sus costos operativos. Además, las tarifas eléctricas se han incrementado entre 40 y 120 por ciento entre 2018 y 2019.7
La Asociación Nacional de Empresas Agua y Saneamiento de México, AC (ANEAS) señala que el consumo de energía eléctrica en sistemas de agua a nivel nacional es de 3 mil 969.47 millones de kwh/año. Los sistemas de bombeo son los responsables del 95 por ciento del consumo total de los sistemas de agua municipal, es decir 3771 millones de kwh/año. Los OOA brindan un servicio fundamental para la ciudadanía y para los campesinos, por lo que son imprescindibles para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Ante las consecuencias económicas derivadas de la crisis por Covid-19, tanto los OOA como los campesinos, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y tendrán que seguir pagando las altas cuotas eléctricas. En este contexto, resulta conveniente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda el cobro de cuotas eléctricas a los campesinos y los OOA, a fin de garantizar la economía familiar de quienes viven del campo y el abastecimiento de agua potable y para riego en entidades y municipios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, ante la situación de emergencia sanitaria por Covid-19, se suspendan los cobros de luz a los organismos operadores de agua y a los distritos de riego en estados y municipios.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda los cobros de luz a los trabajadores del campo, a fin de apoyar su economía familiar y seguridad alimentaria del país.
Notas
1 Coronavirus disease (COVID-19) situation reports, Organización Mundial de la Salud, disponible en:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavir us-2019/situation-reports
2 Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19), Secretaría de Salud, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544960/Co municado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.02.pdf
3 El FMI alerta de que el mundo se enfrenta a "una crisis nunca antes vista", Expansión, disponible en:
https://www.expansion.com/economia/2020/04/03/5e87708246 8aeba33b8b461c.html
4 COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe, CEPAL, disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la- economia-mundial-impactara-paises-america-latina
5 #MéxicoSinCerveza: Covid-19 pega a la economía mexicana, El Universal, disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicosincerveza-c ovid-19-pega-la-economia-mexicana
6 Organismos Operadores, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., disponible en:
https://agua.org.mx/organismos-operadores/
7 Altas tarifas eléctricas y bajo presupuesto enfrentan organismos de agua, Forbes, disponible en:
https://www.forbes.com.mx/altas-tarifas-electricas-y-baj o-presupuesto-enfrentan-organismos-de-agua/
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a formar un grupo de trabajo plural que analice el impacto de género de la pandemia del Covid-19 en el país y proponer acciones políticas, económicas y sociales con perspectiva de género en apoyo de las mujeres, suscrita por la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez y diputadas del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo a la luz de los siguientes:
Antecedentes
Desde el presente año el tema que dominó la agenda política, económica y social del país fue la situación de las mujeres y las niñas.
Llegamos a ese punto ante los interminables, inacabables, inaceptables e intolerables constantes casos de hostigamiento, agresión, molestia y violencia homicida en contra de las mujeres.
En un fenómeno que fue único en su surgimiento, desarrollo y manifestación las mujeres de México y de una buena parte el mundo, elevaron la voz ante una sociedad que, si bien ha cambiado y mejorado notablemente sus formas de incluirlas y apoyarlas en su crecimiento y desarrollo, aún no ha sabido superar atavismos. Falta avanzar de manera decisiva en las políticas y acciones que no sólo logren la igualdad, sino que sancionen y castiguen los abusos, los excesos y sobre todo, los delitos que se cometen contra las mujeres, por el simple hecho de serlo
El 8 de marzo pasado, en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fue el principal espacio de expresión y rechazo a esta situación.
En el caso de México, esta conmemoración tuvo una característica especial. A iniciativa de un colectivo independiente, “Las Brujas del MarE se realizEuna amplia convocatoria para que al día siguiente, 9 de marzo, se efectuase un gran paro nacional de mujeres. Bajo la consigna “El Nueve Nadie se MueveE este llamado tomEuna fuerza inusitada admirable, dando forma a uno de los movimientos de protesta social más importantes, decisivos y contundentes que ha visto a nuestro país en los últimos años.
Nacido de un auténtico y genuino impulso ciudadano; desarrollado a partir de la entendible y comprensible denuncia de las mujeres de la situación de violencia que viven; fortalecido por un auténtico sentimiento de indignación social ante esa situación, el 9 de marzo se convirtió en una jornada histórica que las mujeres y los hombres de este país no debemos olvidar.
Este movimiento de protesta y denuncia fue quizá el primero desde 1968 que surgió espontáneamente de la sociedad civil. No fue encabezado por partido, proyecto o liderazgo político alguno; no presentó a la autoridad un programa político, ni pliego petitorio ni lista de demandas a negociar ante la autoridad política, conmovió a la sociedad mexicana con su denuncia contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y su legítima condena al feminicidio. De esta manera, mostró ante quien lo dudara el papel esencial qué juegan las mujeres en el desarrollo de las distintas actividades productivas y de cuidado en todo el país.
Quedarán para el registro histórico las imágenes de un vacío tan abrumador que hizo resonar con su silencio, la ausencia de aquellas a quienes una sociedad ordenada preponderantemente en torno a valores masculinos, utiliza y explota, pero no valora.
La reivindicación y el reclamo se hicieron uno solo obteniendo un resultado social contundente.
Pero en pocos días, el escenario social se modificó radicalmente.
La lamentable y terrible emergencia sanitaria que se ha presentado en todo el mundo y en nuestro país ha afectado prácticamente todos los procesos sociales y económicos en marcha, incluyendo las legítimas reivindicaciones de las mujeres. Queda la sensación de lejanía de una fecha política y socialmente relevante para las mujeres mexicanas a menos de un mes de que haya tenido lugar.
Coincidimos que la prioridad del gobierno y de la sociedad es la atención a la pandemia del Covid-19; podría pensarse también que, ante las posibilidades de contagio generales y universales de esta enfermedad, sería poco relevante demandar la perspectiva de género en las políticas y acciones desarrolladas para su atención y combate. Nada más equivocado que hacer un lado este enfoque que permite entender y atender la pandemia reconociendo las diferencias entre mujeres y hombres en los distintos espacios de actividad para prevenirla, atenderla y combatirla.
La declaratoria de emergencia sanitaria transformEel espacio del hogar y el ámbito privado en el sitio de prevención y protección del Covid-19. La convivencia obligada tiene una primera manifestación en el recrudecimiento del fenómeno de la violencia doméstica en contra de las mujeres. Se muestra de múltiples formas: hostilidad, agresión, molestia y violencia en contra de las mujeres.
Empiezan a conocerse historias cada vez más numerosas que hablan de un incremento de la violencia doméstica y de abusos de una cultura machista que se expresa en la vida cotidiana concentrada en el estrecho ámbito del hogar.
Y no solo eso: comienzan a presentarse testimonios de rechazo y violencia verbal hacia las trabajadoras del sector Salud, particularmente personal médico de apoyo, conformado esencialmente por enfermeras mujeres, a quienes se les estigmatiza como como probables portadoras el Covid-19 cuando abandonan sus centro de trabajo portando el uniforme.
Algunos diarios de circulación nacional han dado cuenta de varios actos de agresión en, al menos tres estados, experimentados por enfermeras a las que les fue arrojado cloro “para que no fueran a dispersar el virus”.
Actos de este tipo no solo ponen en evidencia la brutalidad y la ignorancia de la agresión, hacen también visible la condición subyacente de violencia contra las mujeres, que aprovecha cualquier situación y se refugia en cualquier excusa para manifestarse y hacerse patente.
Más allá de la violencia, indispensable de denunciar y rechazar en esta coyuntura sanitaria, debemos generar otra reflexión que deriva directamente de la jornada del 9 de marzo.
Aquel día, una buena parte de las mujeres del país optaron por no acudir a sus centros de trabajo y evidenciar con su ausencia la importancia de su labor, de esta manera, nos mostraron la forma en que muchos de los servicios cotidianos que mueven a nuestra sociedad y que hoy son considerados como esenciales para la superación de la emergencia sanitaria en que nos encontramos, son desarrollados por mujeres.
Si bien hombres y mujeres mexicanos estamos haciendo un esfuerzo importante porque nuestro país salga rápido de la contingencia médica en que nos encontramos, los servicios esenciales en las cajas de los bancos, en la atención de los supermercados, en la distribución de comestibles, en los servicios de limpia e intendencia y en las taquillas del transporte público -por solo dar unos ejemplos- son brindados por mujeres.
A casi un mes de la jornada histórica del 9 de marzo sería imperdonable que los poderes públicos del Estado y los sectores social y privado pierdan la perspectiva y la dimensión social de la situación de las mujeres en nuestro país. |
Hace un mes el reclamo poderoso y contundente fue uno solo: las mujeres salieron a la calle y después paralizaron al país para demostrar su peso político, su peso económico y su peso social.
Conforme avanzamos en las labores de atención y prevención de la contingencia sanitaria es indispensable que no perdamos de vista que antes de esta emergencia, dentro de ella y fuera de ella -como en todo tema sensible en nuestra sociedad- la perspectiva de género debe orientar las consideraciones y las reflexiones tanto en el diseño de las políticas públicas como en el impulso a las acciones legislativas que se adopten con motivo de la actual situación.
De distintas formas y en distintos momentos, se ha comenzado a plantear cuál deberá ser la agenda pública que emerja para la discusión tan pronto superemos las etapas esenciales de la actual emergencia. En buena medida, esta agenda estará dominada por los temas económico y fiscal y por las determinaciones que habrán de adoptarse para mitigar y remediar los destructivos efectos que la pandemia está teniendo en la economía nacional.
En ese proceso no podremos perder de vista que el diseño de las distintas acciones -cualesquiera que sean estas- deberán reconocer las diferencias en la condición y situación de las mujeres y los hombres, para que en su aplicación puedan ser políticamente legítimas y socialmente eficaces.
Para llegar a ese momento tenemos que prepararnos. La postergación de las actividades del pleno de las cámaras del Congreso no ha significado una parálisis de las instancias legislativas y no tendría por qué serlo en este tema.
Por ello, es intención del actual proposición solicitar a la Junta de Coordinación Política la conformación urgente de un grupo de trabajo formada por legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios que analicen y propongan acciones para que, en el marco de la actual emergencia sanitaria por el Covid-19 y sus etapas posteriores de atención, se asegure la introducción de la perspectiva de género en diseño y aplicación de las políticas y acciones que se desarrollen, sin descuidar la atención a la situación actual de las mujeres que enfrentan un recrudecimiento de la violencia en sus hogares.
Habiendo avanzado en la reivindicación de los derechos de las mujeres, no habremos de permitir que la agenda de género sea una víctima más de la pandemia del Covid-19. Atender la emergencia, en el caso de la violencia contra las mujeres, significa combatirla en el espacio doméstico y de trabajo en los servicios de salud. Superar la contingencia sanitaria implica diseñar programas de reconstrucción, en los que la perspectiva de género, que asuma las diferencias entre mujeres y hombres, deberá ocupar un papel central. Las y los legisladores se lo debemos a los millones de mujeres y niñas que se manifestaron el 8 y 9 de marzo pasados.
No podremos superar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales a menos que toda la sociedad, de manera íntegra e igualitaria, reconozca sus deberes obligaciones y cometidos para asegurar la salud y los derechos de todas y todos.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita muy respetuosamente a la Junta de Coordinación Política la conformación de un grupo de trabajo plural que analice el impacto de género de la pandemia de Covid-19 en nuestro país, analice y proponga la aplicación de la perspectiva de género en el diseño e instrumentación de las acciones para superar la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y en los posteriores trabajos de reconstrucción económica y social.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a llevar a cabo conferencias de prensa remotas para proteger a los representantes de los medios informativos ante la propagación del Covid-19, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Soraya Pérez Munguía , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales a llevar a cabo conferencias de prensa vía remota en aras de proteger a los representantes de los medios de comunicación ante la propagación del virus denominado Covid-19 , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en términos del marco constitucional y legal aplicable.
Segunda. Que es deber del gobierno mexicano implementar las medidas preventivas, de control y combate a cualquier enfermedad transmisible que pueda constituir una amenaza a la salud humana, al orden o la pa públicos.
Tercera. Que en las ruedas de prensa que sostiene tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales, en el marco de la contingencia derivada de la pandemia del Covid-19 no se estEprocurando la sana distancia, recomendada por la Secretaría de Salud, entre los represententantes de los medios de comunicación.
Cuarta. Que en México existe la capacidad tecnológica para poder llevar a cabo las conferencias de prensa vía remota y, de esta manera, mantener informada a la población sobre los avances y acciones emprendidas por los gobiernos estatales y el gobierno federal para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Quinta. Que según información difundida en medios de comunicación y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en México más de 22 mil periodistas no están afiliados al sistema de seguridad social;1 cuyo objetivo es atender las necesidades médicas de los sectores más desprotegidos.
Punto de Acuerdo
Único. Proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales a llevar a cabo conferencias de prensa vía remota en aras de proteger a los representantes de los medios de comunicación ante la propagación del virus denominado Covid-19.
Nota
1 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
sin-afiliacion-a-sistema-de-seguridad-social-22-mil-periodistas-4703727.html
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a desplegar una campaña de información y toma de conciencia contra la violencia de género en situación de permanencia domiciliaria durante la pandemia del Covid-19, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Ximena Puente de la Mora , diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, difundan campaña de información y concientización en contra de la violencia de género en situación de permanencia domiciliaria durante la pandemia Covid-19.
I. Consideraciones
Nos enfrentamos a una crisis de salud global como ninguna en los 75 años de historia de las Naciones Unidas, una que está extendiendo el sufrimiento humano, infectando la economía global y cambiando la vida de las personas.
La carga emocional de hombres y mujeres por esta situación extraordinaria generada por el Covid-19 inmersos en un entorno económico afectado,1 la carga en las tareas de cuidados del hogar, la cual recae principalmente en las mujeres, aunado a ello; se encuentra el confinamiento que podría implicar las medidas de prevención de contagio, puede disparar los niveles de violencia dentro de los hogares.
Sin escuelas, las madres podrán seguir trabajando desde sus hogares, pero muchas también se convertirán en maestras y cuidadoras de sus hijas e hijos, lo que traerá consecuencias también para aquellas que tenían un empleo en estas funciones. A medida que las escuelas cierran en más países, aumenta el número de madres que se enfrentan a esta realidad en el mundo y se acumulan las consecuencias de esta situación.
Recientemente se ha hecho el llamado para que las personas permanezcan en casa, de esta forma se pretende frenar la propagación del Covid-19; sin embargo, para muchas mujeres el espacio privado, es decir, su propio hogar, es el espacio más inseguro; por lo que es fundamental considerar la dimensión de género ante la pandemia, asegurando que, con el cierre de escuelas y centros de trabajo, la convivencia prolongada en espacios de aislamiento puede disparar la violencia.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, en México el 43.9 por ciento de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. En este sentido, la necesidad de permanecer en casa agudiza los riesgos para mujeres y niñas.2
La violencia contra las mujeres ya es una epidemia en todas las sociedades, sin excepción. Todos los días, en promedio, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. También sabemos que los niveles de violencia doméstica y explotación sexual aumentan en gran proporción cuando hay tensión en los hogares por problemas relativos a la seguridad, la salud y el dinero, sumada a las condiciones propias de los hogares hacinados y confinados. Observamos esta realidad a menudo en poblaciones desplazadas en campos de personas refugiadas con capacidad colmada. Recientemente, observamos también que las denuncias por violencia doméstica se han triplicado en algunos países en los que se tomaron medidas de distanciamiento social.
Las mujeres que viven en una situación de maltrato por parte de su pareja están en un mayor riesgo en estos momentos al quedarse en casa por la prevención ante el Covid-19, pues al estrés por la pandemia se suma que las parejas violentas esperan que las mujeres asuman toda la responsabilidad de la casa y los hijos.
Por su parte, actualmente el número de llamadas y mensajes de mujeres pidiendo auxilio porque su pareja se comporta más violenta durante estos días aumentEde 60 a 160 diarios desde que empezó la llamada cuarentena,3 durante la contingencia por el coronavirus hay un incremento en el número de carpetas de investigación con detenido por el delito de violencia intrafamiliar. Tan sólo del 9 al 25 de febrero del año en curso, se abrieron mil 518 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar; mientras que del 9 al 25 de marzo, se registraron mil 608 carpeta.4
Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registrEun incremento de 24.5 por ciento en los reportes de violencia doméstica; de 24 atenciones que se dieron del 14 al 25 de marzo, 66 por ciento corresponden a violencia física; 22 por ciento a violencia emocional, cinco por ciento agresiones sexuales, y 3.5 por ciento económica.5
Estamos en una situación sin precedentes y las reglas normales ya no se aplican. No podemos recurrir a las herramientas habituales en tiempos tan inusuales. La creatividad de la respuesta debe coincidir con la naturaleza única de la crisis, y la magnitud de la respuesta debe coincidir con su escala.
Es muy importante mirar hacia adelante en relación con los roles de las mujeres y las medidas de recuperación, además, tener en cuenta el uso innovador de la tecnología para resolver problemas.
Requerimos de campañas de sensibilización con información de salud pública, campañas contra el estigma y la discriminación, reflexiones sobre las necesidades específicas de las mujeres, promoción del liderazgo de las mujeres y aportes y desarrollo de planes de recuperación que vinculan la igualdad y la salud con la economía.
Por lo anterior, se exhorta al gobierno federal para tomar la oportunidad de planificar su respuesta al Covid-19 en este tema y actuar con una plena perspectiva de género, construyendo proactivamente experiencia en género en los equipos de respuesta y lograr transversalizar el género en los planes de respuesta a la pandemia.
Por ejemplo, dentro de las medidas en contra de la violencia de género se propone difundir la campaña que forme parte del plan de contingencia contra la violencia doméstica durante la pandemia Covid-19, la cual incluirEmedidas adoptadas para asegurar que las mujeres tengan acceso a los recursos, las lú‹eas de ayuda telefónica, guía y protocolos de actuación en caso de violencia doméstica, enlaces y recursos en lú‹ea asEcomo la creación de redes de apoyo a trabajar en conjunto con la sociedad y trabajar unidas contra esta violencia.
Esta campaña de información a las víctimas de violencia doméstica servirá para dar a conocer los servicios disponibles a su alcance, a raíz del confinamiento, pondrá a disposición de la sociedad mexicana y de las mujeres en particular diversos servicios generales declarados esenciales durante el estado de alarma. Para ello se distribuirá material gráfico para comunidades vecinales, ayuntamientos, administraciones, pequeños comercios, supermercados, farmacias y otros establecimientos, así como material para redes sociales para todas aquellas personas que quieran sumarse a la campaña.
Asimismo, la campaña publicarEuna “Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por Covid-19E que incluirEasesoramiento, ayuda psicológica, ayuda en caso de emergencia.
La guía explica que, en situaciones de peligro o emergencia a causa de violencia domiciliaria, no existirá inconveniente por salir a la calle para pedir ayuda o dirigirse a cualquiera de los recursos policiales, judiciales o de otro tipo. Como novedad, si se necesita apoyo emocional o psicológico inmediato se pondrá en funcionamiento un servicio chat a través de mensajería instantánea.
La guía recordarEque el teléfono 911 sigue funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. En él se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, asEcomo asesoramiento jurúico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención también en lenguas indígenas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar a los teléfonos de emergencias de la Policía de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional, que siguen estando de servicio. En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación 911 Emergencia, desde la que se enviarEuna señal de alerta a la policía con geolocalización.
Durante algunas experiencias de emergencia de salud pública,6 las mujeres estuvieron expuestas a riesgos de salud y económicos, tal como lo están ahora, en modos intrú‹secamente conectados con sus roles y responsabilidades en la comunidad como cuidadoras del hogar y de la familia.
La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 nos coloca en la coyuntura de tomar medidas radicales y positivas para reparar desigualdades históricas en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres. Hay espacio no sólo para la resistencia, sino también para la recuperación y el crecimiento.
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, difundan la campaña de información y concientización en contra de la violencia de género en situación de permanencia domiciliaria durante la pandemia Covid-19.
Segundo. Por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que se informe de manera puntual a la ciudadanía, cuáles son los mecanismos de denuncia y de atención a las víctimas de violencia de género en situación de permanencia domiciliaria durante la pandemia Covid-19, con el fin de activar los protocolos de investigación y ayuda.
Notas
1 OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “La economía mexicana registrarEun crecimiento de 0.7%E
2 ONU Mujeres México. Informe. “} E
3 Red Nacional de Refugios A.C., Wendy Figueroa Morales. 1 abril 2020.
4 Vázquez Mota, Josefina. Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
5 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 2 abril 2020.
6 Entre 2014 y 2016 surgiEel brote de ébola en los países de África occidental, Guinea, Liberia y Sierra Leona, y la epidemia de zika en América Latina entre 2015 y 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril 2020.
Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y la Ssa a realizar acciones informativas, de capacitación y preventivas en favor de los jornaleros agrícolas para evitar el contagio del Covid-19, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Lourdes Érika Sánchez Martú‹ez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
La horticultura es un sector altamente demandante de mano de obra; denominados comúnmente como peones o jornaleros agrícolas, de baja remuneración, una parte de ellos migrantes, con alta vulnerabilidad y riesgos de trabajo, y caracterizados por fuertes carencias alimenticias, educativas, de vivienda y seguridad social.
En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 señala que, en general, a los jornaleros agrícolas no se les proporciona equipo adecuado para realizar trabajos riesgosos, en especial para el manejo de agroquúŠicos.
Sin considerar que la fumigación de extensas zonas agrícolas se lleva a cabo mientras el personal se encuentra trabajando, por lo que son comunes las intoxicaciones y quemaduras, además, de las precarias condiciones de trabajo, las jornadas extenuantes y las inclemencias del tiempo, mismas que generan deshidratación e insolación, lo que se suma, a que están expuestos a diversos accidentes que incluyen golpes y mutilaciones.
Al respecto, la OIT ha señalado que, de los 335 mil accidentes laborales fatales en el mundo, aproximadamente el 50.7 por ciento corresponden a fallecimientos de trabajadores agrícolas cada año (170 mil).
En México, según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)2 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el año 2019 la agricultura produjo 269 millones de toneladas de alimentos en todo el país, con un valor de casi 700 mil millones de pesos, de los cuales, el sector hortícola aportEel 6.2 por ciento del volumen de la producción agrícola, es decir, 16.7 millones de toneladas, y el 18.1 por ciento del valor, es decir, más de 120 mil millones de pesos.
Los principales cultivos de la horticultura son el tomate rojo, con una producción anual de 3.8 millones de toneladas y un valor 30 mil 621 millones de pesos, seguido por el chile verde, con 3.6 millones de toneladas y un valor de 30 mil 99 millones de pesos; papa, con 1.8 millones de toneladas y un valor de 14 mil 164 millones de pesos, y berenjena, con 179 mil toneladas y un valor de mil 386 millones de pesos.
Particularmente, en Sinaloa, la horticultura produce 3.2 millones de toneladas de alimentos, principalmente de tomate rojo y verde, chile, papa, berenjena y pepino, con un valor de la producción de 20,018 millones de pesos anuales.3
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen en el país 2.5 millones de jornaleros agrícolas. Sin embargo, ya que los jornaleros agrícolas suelen viajar con sus familias, se estima que la población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones de personas.4
Asimismo, según el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), se establece que el 75 por ciento de los jornaleros agrícolas perciben un ingreso de 176.72 pesos por jornada, mientras que el resto no cobraba más de 88.36 pesos por jornada.5
Además, señala que sólo el 12.9 por ciento del total de jornaleros tiene acceso a la seguridad social, en contraste con los asalariados no agropecuarios con empleo formal, quienes alcanzaron una cobertura del 57.8 por ciento de seguridad social.
Por otra parte, de acuerdo con el Inegi, más de la mitad de los jornaleros agrícolas se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz y se estima que un tercio de las personas jornaleras en México son migrantes, provenientes principalmente del interior del país, aunque también de otros países6 y alrededor de un cuarto de los jornaleros hablan alguna lengua indígena.
Otro elemento que contribuye a contextualizar la problemática del sector hortícola es la existencia de trabajo ilícito y la trata de personas. AsElo afirma el estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denominado “Intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolasE donde se sostiene que en Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis PotosEe Hidalgo, con las entidades con mayor presencia de estas anomalías.7
En conclusión, por la baja cobertura de seguridad social y las condiciones laborales, los jornaleros agrícolas y sus familias, se convierten en un sector altamente vulnerable ante la presencia de enfermedades y virus, como es el caso de la pandemia del Covid-19, que estEazotando el mundo.
Para dimensionarla, al miércoles 1 de abril, se han registrado en el mundo 745 mil 900 contagios y 38 mil 118 muertes por Covid-19, en México van 2 mil 143 casos confirmados y 94 muertos y en Sinaloa se han registrado 77 infectados y 12 muertes.
Es urgente que Sader, en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen las acciones necesarias para preservar la salud y la vida de los jornaleros agrícolas y sus familias, asEcomo para garantizar el abasto de los alimentos de más de 125 millones de mexicanos, la estabilidad de los precios de la canasta básica y la soberanía alimentaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Salud, a que realicen acciones informativas, de capacitación y prevención, en favor de los jornaleros agrícolas, para evitar el contagio del Covid-19.
Notas
1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: “Jornaleros Agrícolas migrantes y seguridad socialE agosto 2019.
2 Expectativas agroalimentarias 2019. SADER. SIAP.
3 Anexo Estadístico y Gráfico del Tercer Informe del Gobierno del Estado de Sinaloa.
4 Inegi, 2016.
5 Coneval: “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018E
6 Sánchez 2002; Barrón 2012.
7 www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Autoridades-T rabajo-Trata.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro,
7 de abril del 2020.
Diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a hacer pública la información de las acciones estratégicas inmediatas por implantar en materia de exploración y extracción de petróleo y gas natural, así como en refinación y petroquímica ante la caída de los precios internacionales del petróleo, suscrita por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al titular de Petróleos Mexicanos, haga pública la información sobre las acciones estratégicas inmediatas que va a implementar la empresa productiva del Estado en materia de exploración y extracción de petróleo y gas natural, asEcomo en refinación y petroquúŠica, ante la caúa de los precios del petróleo a nivel internacional , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde la publicación en julio de 2019 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Subsidiarias 2019-2023, el gobierno federal contemplErespaldar a Pemex con un esquema de apoyos por un plazo de tres a cuatro años, bajo la modalidad de: 1) inyecciones de capital; 2) una reducción gradual de su carga tributaria; 3) la migración de algunas asignaciones para explorar y extraer hidrocarburos hacia contratos.1
Y resultado de estas medidas de rescate, señala el Plan, Pemex podría satisfacer la inversión requerida y potenciar su producción desde 2020 en adelante, alcanzando niveles de hasta 2.6 millones de barriles de crudo diarios en 2024. Lo anterior a fin de que Pemex retribuyera a la Hacienda Pública, con una mayor renta petrolera a la actual.2
Todo ello se hizo calculando un precio del petróleo de la mezcla mexicana, de aproximadamente 49 dólares por barril y estimando ingresos propios de alrededor de 26 mil 443.4 millones de pesos que a febrero de 2019, reportEla empresa productiva del Estado.
Sin embargo, el pasado 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remitiEa esta soberanía la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de febrero de 2020.3
En dicho reporte se observa una caúa de 55.8 por ciento en los ingresos propios de Petróleos Mexicanos, respecto a lo ocurrido en febrero de 2019, al pasar de 26 mil 443.4 millones de pesos a 12 mil 106.7 millones de pesos en febrero de 2020.4
Asimismo, refleja el informe de la SHCP que, el balance primario pasó de -2, 525.8 millones de pesos a uno de -18 mil 333.0 millones de pesos, en el periodo que se reporta, y pese a que, el gasto programable de Pemex, se incrementEde 28 mil 969.1 millones de pesos a 30 mil 439.7 millones de pesos, en el periodo de referencia.5
Estas preocupante variables se dan en un contexto mundial y nacional de contracción económica y caídas históricas del precio del petróleo, generadas por la crisis de la pandemia del Covid-19 y por la pugna que se vive entre Rusia y Arabia Saudita, luego de la falta de acuerdos para reducir la oferta de petróleo y de gas, que provocó que los países de la OPEP bajaran sus precios, y que disminuyó en más del 30 por ciento todas las cotizaciones petroleras del mundo, en un solo día.
Al respecto del Informe de la SHCP, el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, expresó lo siguiente:
“Al cierre del 27 de marzo, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicEen 13.01 dólares por barril (dpb), cifra menor en 2.77 dpb (-17.55 por ciento) con respecto al 20 de marzo. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril de petróleo tipo Brent cerrEen 24.93 dólares, lo que significEuna caúa de 2.05 dpb (-7.60 por ciento). En tanto, el WTI se situEen 21.51 dólares, registrando un retroceso de 0.92 dpb (-4.10 por ciento).
Variación mensual: Respecto al precio del 27 de febrero (42.05 dpb), la mezcla mexicana registró una caída mensual de 29.04 dpb o un decremento de 69.06 por ciento.
Variación anual y CGPE: En lo que va del año, el precio de la Mezcla Mexicana promedia 41.71 dpb, situándose por debajo, en 7.29 dpb (-14.87 por ciento), de lo aprobado en los Criterios Generales de Políica Económica (49 dpb).6
Un dì después del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, envúŒ a esta soberanía, los llamados Pre-criterios de política económica para el ejercicio 2021, ya en plena recesión mundial y con la consistente caúa de los precios internacionales del petróleo.
En dicho documento la SHCP, estimEpara 2021, de acuerdo a lo analizado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, lo siguiente:7
—Precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio del petróleo para 2020, sea de 24 dólares por barril (dpb), precio menor en 25 dpb (51.02 por ciento) a lo estimado en Criterios Generales de Política Económica aprobados para 2020..
—Para 2021, se calcula un precio de 30 ddólares por barril (dpb).
—Dada la evoluciión reciente del mercado petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios, estiman un precio promedio para la mezcla mexicana de exportación de 30 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas para 2021.
—El precio del petróleo estEen lú‹ea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero, afectado desde finales de enero de este año, por la propagación del Covid-19, lo que ha reducido su demanda y ocasionado presiones a la baja en los precios de los hidrocarburos, por las medidas de cuarentenas y cierres de fronteras adoptadas por diferentes países, lo que reduce las perspectivas de crecimiento en la economía global..
—Por otra parte, Scotiabank en su informe de Perspectivas Econnómicas 2020, estima para este año un precio promedio de 27.7 dpb, cifra menor a lo proyectado en Pre-Criterios; y de 30 dpb para 2021, en donde ambas estimaciones coinciden.
—Plataforma de Producciión de Petróleo. Se proyecta que para 2020, la plataforma de producción de petróleo promedie 1 millón 850 mil barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-20 en 5.18 por ciento (1,951 mbd). Para 2021 se estima una producción de 2 millones 027 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como, con las proyecciones de producción de privados que elabora la Secretaria de Energía.
Además de estas cifras preocupantes, que nos ayuda a comparar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el pasado jueves 2 de abril, la calificadora Standard & Poor’s rebajEla nota de Petróleos Mexicanos a BBB desde BBB+, que es un escalón abajo, manteniendo el grado medio de inversión en moneda extranjera, y a BBB+ desde A-, reduciendo de grado alto medio, a grado medio de inversión para la moneda nacional, y mantuvo la perspectiva Negativa de nota en escala global, tras una acción similar sobre la nota del soberano.8
Ello, informEla calificadora, porque los precios más bajos del petróleo y el gas natural previstos para los próximos dos años pondrán en peligro la ejecución del Plan de negocios de Pemex, y precisEque, un menor flujo de efectivo limitarEla capacidad de financiamiento de las necesidades plurianuales de inversión de la empresa productiva del Estado. La calificadora además, advirtiE que en los próximos meses podía rebajar de nuevo la nota de la petrolera.9
Luego, el pasado viernes 3 de abril y pese a un incremento importante en los precios internacionales del petróleo de ese día, la calificadora Fitch recortEla calificación de Petróleos Mexicanos, ya en grado especulativo desde junio del 2019 y la colocEahora en BB(-).10
La calificadora advirtió un debilitamiento del vínculo crediticio entre México y Pemex, que refleja la demora y la incertidumbre de un apoyo excepcional del gobierno hacia la compañía, a la luz de las dificultades financieras que Pemex enfrentará como resultado de la disminución de los precios del petróleo.
El nuevo escalón donde se encuentran las emisiones de Pemex, desde ahora, indica al mercado que, tienen una elevada vulnerabilidad a un riesgo de default, particularmente en la eventualidad de cambios adversos a las condiciones económicas y de negocios.11
De acuerdo con Fitch, esta rebaja se aplica sobre unos 80 mil millones de dólares en títulos de la petrolera en circulación, ya que la rebaja, refleja el continuo deterioro del perfil de crédito independiente de la petrolera en medio de la recesión de la industria mundial del petróleo y el gas y los supuestos de precios más bajos del petróleo.
Finalmente, el domingo 5 de abril, el presidente presentEun informe trimestral y el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo ante la pandemia del Covid-19. En dicho discurso se anunciEque “Pemex dispondrEde un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirEla carga fiscalE Sin embargo, no ha quedado claro cuál serEel destino y uso especúƒico de dichos 65 mil millones de pesos al interior de Petróleos Mexicanos.
Honorable Asamblea
Si como lo ha informado la SHCP y analizado el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana se mantendrá ya muy lejos del 49 dólares por barril, tanto este año, como el próximo (en no en más de los 30 dólares por barril), es menester conocer al detalle las acciones que tomará la Empresa Productiva, para hacer viable su Plan de Negocios, su viabilidad financiera y sobre todo, para evaluar el impacto que ello produzca en las finanzas públicas del país.
Se ha dicho, más no confirmado, que para cubrirse ante posibles percances, nuestro país, contratEa principios de 2020, coberturas o seguros de la producción petrolera, por un valor aproximado de mil millones de dólares, que lo protegen de caúas por debajo del umbral mú‹imo de los 49 dpb.
Sin embargo además de desconocer a detalle la información, también se sabe que la inestabilidad del mercado internacional, ha encarecido el precio de los seguros en aproximadamente un 56 por ciento más, que lo pagado el año pasado.
Pero lo más preocupante es que el gobierno de la república no ha especificado cuántos barriles estarían cubiertos por el programa de aseguramiento, ya que además tradicionalmente, estos seguros no cubren el 100 por ciento de la producción, sino solamente la mitad o menos, de acuerdo con algunos especialistas.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita muy respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, haga pública e informe a la brevedad lo siguiente:
1. El monto al que asciende el total de la cobertura de seguros a la producción o a la exportación petrolera para el ejercicio 2020.
2. El monto total de recursos propios que se estima perderEla empresa productiva del Estado, por la reducción del precio del petróleo de la mezcla mexicana de exportación durante 2020, respecto de su cálculo en los Criterios de Política Económica 2020 aprobados en 2019 y los establecidos en los Pre-criterios reportados el 1 de abril de 2020.
3. El monto total estimado de recursos que dejarEde aportar a la hacienda pública Pemex, respecto de lo proyectado en los Criterios de Política Económica 2020 aprobados en 2019 y los establecidos en los Pre-criterios reportados el 1 de abril de 2020.
4. Cuáles son las estrategias que se iniciarán, en forma inmediata, para modificar el Plan de Negocios de Pemex y sus Subsidiarias 2019-2023 y hacerlo ejecutable, ante la reducción del mercado petrolero y de los precios internacionales de la mezcla mexicana.
5. Cuáles son las acciones estratégicas inmediatas y de mediano y largo plazo que va a implementar Pemex en materia de exploración y extracción de petróleo y gas natural; asEcomo en refinación y petroquúŠica ante la caúa de los precios del petróleo a nivel internacional.
6. Cuál es el destino y uso especúƒico que darEPemex a los 65 mil millones de pesos que señalEel presidente en el informe trimestral y en el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo anunciado el 5 de abril de 2020. SerEeste monto parte del presupuesto original de Pemex para el 2020 o serán recursos incrementales a los presupuestados.
Notas
1 Plan de Negocios y sus Empresas Subsidiarias 2019-2023, en
2 Ibúem
3 Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-febrero de 2020, en
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/SHCP-2020 0330.pdf
4 Ibídem
5 Ibídem
6 https://www.cefp.gob.mx/new/mas_informes.php
7 Aspectos Relevantes Pre-Criterios 2021 en
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cef p0102020.pdf
8 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
SP-rebaja-calificacion-crediticia-de-Pemex-a-BBB-con-perspectiva-negativa-20200326-0127.html
9 Ibídem
10 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fitch-recorta-de-nuevo-la-cali ficacion-de-Pemex-la-deja-mas-vulnerable-a-un-default-20200403-0074.htm l
11 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a informar a la opinión pública sobre el estado de la compra de los ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los síntomas del Covid-19, la distribución planeada por el gobierno federal respecto a la entrega de dichos equipos y la lista de los hospitales por abastecer con esos instrumentos, particularmente en Tabasco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada Soraya Pérez Munguía , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que haga pública la información sobre los siguientes puntos: 1) el estado que guarda la compra de los ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los sú‹tomas generados por el virus denominado Covid-19; 2) la distribución planeada por el gobierno federal para la entrega de dichos equipos y 3) el listado de los hospitales que serán abastecidos con dichos instrumentos, particularmente en el estado de Tabasco , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. Que actualmente, las últimas cifras oficiales indican que, al 5 de abril de 2020, en México había 2 mil 143 casos confirmados; 5 mil 209 casos sospechosos; 10 mil 682 casos negativos y lamentablemente 94 defunciones a causa del Covid-19.
Dichas cifras son bajas en comparación a las tendencias mostradas por otras naciones como China, Italia, España, Francia, Alemania o Estados Unidos; no obstante la enfermedad se ha ido propagando progresivamente entre la población mexicana.
Segunda. Que, de acuerdo a la experiencia internacional, cuando un país entra a la etapa pico de contagio, el sistema de salud es sometido ante la presión de la demanda, llegando al punto en que los medicamentos y el equipo médico que son indispensables para atender a los pacientes, se vuelven escasos; particularmente los ventiladores pulmonares o respiradores mecánicos que sirven para auxiliar a los pacientes que presentan las complicaciones más graves a causa del Covid-19.
Tercera. Que cada vez más empresas a nivel internacional han hecho públicas las especificaciones de diseño para la elaboración de ventiladores pulmonares en aras de permitir que otros puedan fabricarlos y, con ello, se apoye el trabajo que las instituciones de salud han hecho para atender a pacientes diagnosticados con Covid-19; es decir, han liberado sus patentes sobre el diseño industrial de sus respiradores mecánicos para sumarse a los esfuerzos de combate a la pandemia global que enfrentamos.1
Cuarta. Que en México, universidades como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey han utilizado estos diseños para comenzar la elaboración de un ventilador pulmonar a menor precio, de fabricación fácil y de uso público que ayudarEa combatir la contingencia ocasionada por el Covid-19.2 Sin embargo, desafortunadamente, estos esfuerzos aislados han demostrado ser insuficientes para atender de manera efectiva las enormes necesidades que se han presentado en nuestro país a raú— del Covid-19.
Quinta. Que, si bien el Covid-19 surgiEdesde diciembre de 2019 en otros países y muchos se prepararon con insumos médicos, infraestructura hospitalaria y medicamentos para prevenir y tratar esta enfermedad, México no hizo lo propio a tiempo. Desdeñando a la ciencia, se tomEtarde la decisión del aislamiento y el cese de actividades.
Sexta. Que derivado de estos errores, hoy en día los médicos y enfermeras de México no cuentan con todos los elementos para tratar a los pacientes infectados, no hay suficientes pruebas para identificar contagios y prevenir la pandemia y no hay los medicamentos suficientes ni los ventiladores necesarios.
Séptima. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado 3 de abril, anunciEla compra, por “adjudicación directaEa la empresa Levanting Global Servicios LLC, de 2 mil 500 respiradores mecánicos por 2 mil 223 millones de pesos, con los que se busca atender a pacientes graves diagnosticados con Covid-19.3
Octava. Que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalEen su informe de actividades del domingo 5 de abril que en México se contaba con 6 mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería y médicos especializados.
Novena. Que, de igual forma asegurEque se han destinado 5 mil millones de pesos adicionales para la compra de mil 399 camas, equipos y personal especializado de respaldo para hacer frente al Covid-19.
Décima. Que el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos para combatir esta enfermedad es especialmente urgente en los hospitales de los estados más afectados del país. El gobierno federal ha señalado que Tabasco ocupa el cuarto lugar por tasa de incidencia de casos confirmados por Covid-19 con más de 97 personas diagnosticadas.
Decimoprimera. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el gobierno federal tiene la obligación de garantizar la protección de la salud de todos los mexicanos, es necesario que se comunique con total transparencia sobre el estado que guarda la compra de los ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los sú‹tomas generados por el virus Covid-19. La administración debe informar cuándo llegarán los ventiladores, cuál serEsu distribución y quEhospitales serán abastecidos.
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que haga pública la información sobre los siguientes puntos: 1) el estado que guarda la compra de los ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para combatir y atender los sú‹tomas generados por el virus denominado Covid-19; 2) la distribución planeada por el gobierno federal para la entrega de dichos equipos y 3) el listado de los hospitales que serán abastecidos con dichos instrumentos, particularmente en el estado de Tabasco.
Notas
1 https://www.abc.es/sociedad/
abci-medtronic-libera-patente-respiradores-para-acelerar-produccion-frente-coronavirus-202004011705_noticia.html?r ef=https://www.google.com/
2 https://tec.mx/es/noticias/monterrey/investigacion/trabajan-en-el-tec-e n-ventilador-de-oxigeno-de-bajo-costo-por
3 https://www.milenio.com/politica/imss-compra-ventiladores-covid-19-adju dicacion-directa
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a instaurar un apoyo económico para contagiados de Covid-19 sin acceso a seguridad social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Covid-19 ha demostrado ser más que una crisis de salud. Gobiernos y bancos centrales alrededor del mundo se enfrentan a las consecuencias económicas de este brote.
Al tiempo que el escenario se acomoda para una recesión global, las medidas extremas que se necesitan para limitar la propagación del virus podrían intensificar la caúa. Según expertos, la extensión del daño, dependerEde la duración del brote y las medidas gubernamentales que puedan prevenir el clivaje de la crisis y sus efectos.1
Ante la magnitud de este fenómeno, la intervención coordinada de los gobiernos es necesaria. Algunos países han inyectado estímulos a la economía, al tiempo que han concentrado sus esfuerzos en detener los brotes de contagio, proteger a las poblaciones vulnerables y ayudar a crear nuevas terapias y vacunas para afrontar la enfermedad. La escala e intensidad de estas intervenciones se ha enfocado a evitar el colapso de la economía global.
En el proceso, instituciones cruciales que proveen servicios y bienes públicos se han visto rebasadas por las dimensiones del virus. Según análisis internacionales, durante este periodo de pandemia, hay una inminente falta de redes de seguridad y protección para personas trabajadoras en contextos de alta desigualdad;2 especialmente para aquellos laboran en la economía informal.
En algunos países se han tomado medidas extraordinarias para garantizar la salud y el bienestar de las personas. Asimismo, la mayoría de las economías afectadas han anunciado otras medidas para apoyar la economía de las personas, con impacto en el gasto público y paquetes para fortalecer sectores de alta vulnerabilidad.
Ejemplo de ello es Reino Unido, que en días recientes promoviEun mandato para que las personas que necesitaran aislarse, recibieran pagos como si estuviesen enfermos, con subsidios para cubrir los costos de sus insumos, y otro porcentaje para cubrir los costos para los pequeños negocios. Asimismo, expandiEel acceso a beneficios de salud pública y seguridad social a las personas en situación de desempleo y auto-empleo un nuevo pago para empleados formales e informales que han perdido su fuente de ingreso durante la pandemia.3
En México, algunos gobiernos estatales también han comenzado a tomar medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus. Aparte de los criterios de aislamiento y sana distancia, estados como Hidalgo han anunciado paquetes extraordinarios para apoyar a las personas en sectores más vulnerables; ejemplo de ello es el recién anunciado Seguro de Emergencia, que estarEdestinado a los trabajadores con diagnóstico positivo de Covid-19 que no cuenten con seguridad social. Se otorgarán 3 mil 750 pesos a dichos empleados, quienes dejarán de laborar a fin de mantenerse en aislamiento.4
Medidas como esta, resalta el buscador de respuestas gubernamentales frente al Covid-19 realizado por la escuela de gobierno de la Universidad de Oxford,5 ofrecen un alto grado de aprendizaje y comparación de eficiencia en las respuestas de la administración pública. A su vez, consolidan la protección a las garantías de derechos humanos, su ejercicio y pleno reconocimiento.
En el marco legal de nuestro país, tanto la reforma constitucional de 2011 que protege los derechos humanos, como la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen la seguridad social como un derecho humano y una garantía del pacto social en México.6 Estos se encuentran en el artículo 1o. y 123, correspondientemente.
Estos derechos son materializados por distintos esquemas; sin embargo, destacan dos instituciones que proveen seguridad social para las y los mexicanos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).7
El primero funge de manera obligatoria para todos aquellos que estén vinculados a otros por una relación de trabajo, las y los socios de sociedades cooperativas, y las personas que determine el Ejecutivo federal. Por otro lado, el segundo funciona de manera obligatoria para todos los trabajadores del Estado que se ubiquen dentro de los Poderes de la Unión; ejecutivo, legislativo, judicial e institutos autónomos, en materia federal, asEcomo para la Ciudad de México y las personas trabajadoras de los Estados, siempre y cuando exista convenio entre el estos y el ISSSTE.8
De acuerdo a la legislación vigente en la Ley del Seguro Social9 y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,10 la seguridad social en México ampara:11
—Riesgos de trabajo (accidente o enfermedad de trabajo))
—Enfermedades y maternidad (atención médica y pago de incapacidades))
—Invalidez (enfermedad general que le impida laboral))
—Vida (muerte del asegurado))
—Retiro, cesanttía en edad avanzada y vejez (pensión por edad y años cotizados)
—Guarderrías y prestaciones sociales
A pesar de ello, para comienzos del 2020, el cálculo era que en México existen 69 millones de personas que no tienen acceso a este tipo de servicios de seguridad social. Es decir, la mitad de la población carecía de servicios de salud públicos.12, 13
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estEconvencido que es momento de ampliar el alcance de protección social y las garantías del Estado ante el escenario de la pandemia. Ante la emergencia internacional y el desarrollo de los casos en nuestro país, es necesario que el gobierno federal fije su atención sobre aquellas personas que pudiesen estar contagiadas del virus y no tengan acceso a estas instituciones.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a instrumentar un apoyo económico para las personas contagiadas de Covid-19 que no tengan acceso a la seguridad social.
Notas
1 Consultado en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/
trump-g7-leaders-uni fied-on-stimulus-and-olympics-kudlow-says
2 Referenciado de:
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/coronaviru s-senior-nhs-consultant-speaks-out
3 Disponible en:
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/11/key-poin ts-from-budget-2020-at-a-glance
4 Disponible en: https://criteriohidalgo.com/destacado/anuncia-fayad-prorroga-en-pagos-s eguro-y-medidas-vs-coronavirus
5 Referenciado de: https://www.bsg.ox.ac.uk/news/worlds-first-covid-19-government-response -tracker-launched-today
6 Consultado en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
7 Con información de:
https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-socia l?idiom=es
8 Ibid
9 Consultada en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.p df
10 Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_0406 19.pdf
11 Referenciado de:
https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-socia l?idiom=es
12 Con información de:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/
La-mitad-de-la-poblacion-carece-de-seguridad-social-CIEP-20190422-0044.html
13 Retomado de:
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/02/el-insab i-arranco-operaciones-este-1-de-enero-esto-es-lo-que-debes-saber
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a proporcionar por la Ssa espacios específicos para atender embarazos y partos y proporcionar cuidados posnatales durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y no poner en riesgo de contagio a madres e hijos, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI
Ximena Puente de la Mora, diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, proporcione espacios especúƒicos para atender embarazos, partos y atención posnatal durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y no poner en riesgo de contagio a la madre y a su hijo .
I. Consideraciones
La salud sexual y reproductiva es un problema de salud pública importante durante las epidemias, y el embarazo y el parto seguros dependen de sistemas de salud en funcionamiento y de la adhesión estricta a las precauciones para enfrentar la infección.1 Las etapas del embarazo, parto y puerperio constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres, en el que se debe proteger su vida y su salud, asEcomo respetar y garantizar su autonomía, dignidad y derechos humanos.
En general, los cambios físicos relacionados con el embarazo pueden exacerbar en algunas embarazadas la susceptibilidad a infecciones respiratorias virales. Es sabido que el organismo de una mujer embarazada experimenta cambios, incluyendo su sistema inmunológico, pudiendo verse afectada en mayor medida por algunas infecciones respiratorias.
Durante 2015 y 2016, a nivel mundial se presentaron algunas experiencias de emergencia de salud, las cuales fueron potencialmente catastróficas para las mujeres embarazadas; aun asE durante los brotes anteriores, el acceso a los servicios de planificación familiar fue muy limitado; entonces las mujeres embarazadas y aquellas en perúŒdo de lactancia fueron excluidas de la campaña de vacunación contra el virus. Esta situación pone de manifiesto la importancia de proporcionar servicios continuos de salud materna a fin de evitar que reaparezcan las muertes relacionadas con el nacimiento, además de brindar acceso igualitario para las mujeres al desarrollo y al uso de productos médicos.2
Es importante que se tomen las precauciones necesarias para evitar una infección por Covid-19 o detectar precozmente signos y sú‹tomas compatibles con dicha enfermedad; por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) insta a los funcionarios de salud a tratar a las embarazadas con enfermedades respiratorias como “máxima prioridadE
Desde esta perspectiva, la maternidad, además del aspecto médico, involucra las nociones de equidad y violencia de género. En este sentido, el personal encargado de proveer los servicios de salud a la gestante debe conducirse con respeto a sus derechos humanos,3 la lucha contra el estigma y la discriminación, asegurando que las personas cuenten con la información y los servicios que necesiten, especialmente las embarazadas y las que se encuentren en periodo de lactancia.
Hoy en día, las necesidades de protección de las mujeres embarazadas deben estar en el centro de los esfuerzos de respuesta, puesto que el gobierno federal ha catalogado a este sector social como vulnerable en esta pandemia.4
En México se requieren lineamientos precisos para la atención más segura para mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con protocolos de atención obstétrica.
Los servicios de maternidad deben seguir siendo priorizados como un servicio esencial de salud, se deben establecer protocolos de atención obstétrica apropiados, con espacios especúƒicos para el manejo del embarazo, para atender partos y atención posnatal, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19 y no poner en riesgo de contagio a la madre y al bebE
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, proporcione espacios especúƒicos para atender embarazos, partos y atención posnatal durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, y no poner en riesgo de contagio a la madre y a su hijo.
Notas
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas. https://www.unfpa.org/es/news/en-la-medida-en-que-sigue-propag%C3%A1ndo se-el-covid-19-se-aconseja-las-mujeres-embarazadas
2 ONU Mujeres, Secretario General. 19 marzo 2020. Covid-19.
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el sistema Nacional de Salud. Ciudad de México, a 31 de julio de 2017.
4 Presidencia de la República. 25 de marzo del 2020.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril 2020.
Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a desplegar por el INM una campaña de atención y toma de conciencia entre migrantes que genere condiciones y espacios adecuados para su resguardo durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI
Ximena Puente de la Mora , diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se realice una campaña de atención y concientización para las y los migrantes, con el objetivo de generar las condiciones necesarias y los espacios adecuados para el resguardo seguro de las y los migrantes, durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
I. Consideraciones
Actualmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene una capacidad para alojar 6 mil 728 personas y, a la fecha, la ocupación es de 3 mil 59, lo que representa un 45.46 por ciento, de acuerdo con estas cifras. No obstante, las condiciones y las muertes de migrantes se han incrementado en un 12 por ciento en nuestro país; en 2019 fue el año más letal para migrantes con 497 muertes; al menos un migrante falleciEpor día (en promedio) en la frontera con Estados Unidos y México hasta llegar a un total de 497 muertes el año pasado, por ello, la región fronteriza entre estos dos países constituye uno de los sitios más visibles de muertes de migrantes en el continente americano.1
Estas cifras constituyen un triste recordatorio de que la falta de opciones para una movilidad segura y legal lleva a las personas hacia caminos más invisibles y arriesgados, poniéndolas en grave peligro2 y que la pérdida de vidas humanas nunca debe naturalizarse ni debe tolerarse como un riesgo asumido de la migración irregular.
En ese contexto, a las muertes que se presentan en la frontera con Estados Unidos se suman otras muertes de migrantes en territorio mexicano; de acuerdo con el monitoreo que hace la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va del 2020 van 15 migrantes muertos en territorio mexicano (4 en el sureste del país y 11 en la frontera con Estados Unidos).
La realidad nos deja ver que el problema que están afrontando los gobiernos dentro de sus propias fronteras es muy importante con un número cada vez más elevado de contagiados por Covid-19. Pero hay otra batalla: la que se libra en campos de refugiados y en las fronteras; este es uno de los problemas más complejos con los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos 50 años, y se ve empeorado por la situación que sufren decenas de miles de migrantes y solicitantes de asilo en todo el mundo.
Ante esta situación de crisis, surge la pregunta quEocurre con los colectivos más vulnerables, las personas hacinadas en campos de refugiados o centros de detención y las que se han visto atrapadas ante el cierre de fronteras. En la actualidad, 71 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, violencia generalizada o desastres naturales. A eso se une que las personas migrantes y refugiadas suelen ser el foco de los prejuicios.3
Es asEcomo los campos de refugiados son otro frente de batalla, donde no existen condiciones sanitarias para poder cumplir cuarentena y aislamiento, o medidas de higiene adecuadas, asEcomo los centros de detención de migrantes, las condiciones de hacinamiento que se viven pueden poner en riesgo a las personas internadas, los problemas de convivencia y de posibilidades de contagio puede ser otro elemento a sumar.
No obstante lo anterior, muchos países han decidido cerrar sus fronteras para evitar que se expanda la pandemia del coronavirus, el cierre de fronteras incita a los cruces clandestinos, lo que podría traer un impacto mayor que la migración regular y ordenada en estos momentos en todos los países.
La OIM, junto a la , también ha anunciado que va a suspender temporalmente los viajes para reasentar a estas personas en países seguros, las familias refugiadas se ven directamente afectadas por estas medidas, esta suspensión, que entrará en vigor en los próximos días, es una medida temporal, que se aplicará solamente hasta que sea necesario, por la crisis internacional del coronavirus, este organismo nacional subraya el aumento de personas en contexto de migración alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, lo que los obliga a permanecer hasta después del 20 de abril en nuestro país para conocer si fueron admitidos, en el caso de los que ya habían iniciado el trámite.4
Por su parte, los albergues en la frontera norte de nuestro país no han recibido por parte del gobierno federal un programa preventivo para evitar contagios de Covid-19 del 1 al 18 de marzo fueron repatriadas 13 mil personas de Estados Unidos, más de los que llegaron en todo el mes de febrero, cuando fueron retornadas 12 mil 400. En la frontera sur permanecen 700 extranjeros en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Los refugios en Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas no tienen las condiciones sanitarias ni han recibido apoyo de los gobiernos para prepararse, por lo que ya no pueden recibir a más extranjeros.5
Entre los focos de atención están las consecuencias en materia de salud pública y las afectaciones al carácter humanitario, los migrantes deben ser vistos como víctimas potenciales y como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública. Los migrantes y las personas en movimiento enfrentan las mismas amenazas de salud del Covid-19 que las poblaciones de acogida, pero pueden enfrentar vulnerabilidades particulares debido a las circunstancias de su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse.
Con demasiada frecuencia, los migrantes enfrentan obstáculos innecesarios para acceder a la atención médica. Inaccesibilidad de servicios; barreras lingüísticas y culturales; costo; falta de políticas de salud inclusivas para los migrantes; las barreras legales, regulatorias y prácticas para la atención de la salud juegan un papel en esto, al igual que, en muchos casos, los prejuicios.
A menudo, a millones, incluidos los migrantes, se les niega el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, y no tienen más remedio que vivir en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas, con acceso limitado o nulo a los servicios de salud. Esta es una combinación que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades y los migrantes a las enfermedades, y obstaculiza enormemente la capacidad de las autoridades para implementar efectivamente las pruebas tempranas, los diagnósticos y la atención vital para medidas integrales de salud pública efectivas.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que pidió tomar acciones urgentes para evitar condiciones de hacinamiento en esas instalaciones y evitar con ello contagios masivos. En este sentido, la CNDH también pide a las autoridades consulares de las personas involucradas o afectadas, protejan sus intereses, les brinde ayuda y asistencia, tal y como se establece en el artículo 5, apartado a) y e) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.6
Es importante hacer caso a estas medidas cautelares a fin de evitar el hacinamiento y contagio masivo del Covid-19 entre los extranjeros que se encuentren en sus estaciones o estancias, mantener informada a la población en contexto de migración en esos sitios, y a la población visitante, sobre las acciones y medidas preventivas que deben adoptarse de acuerdo con la evolución de la contingencia para prevenir y atender la enfermedad, ya que de no generarse acciones inmediatas, se cometerían hechos violatorios que pudieran afectar la salud, la integridad, la seguridad y la vida.
Por lo anterior, es crucial que las autoridades gubernamentales a nivel nacional y local tomen las medidas necesarias para proteger la salud de todos aquellos que viven en condiciones inseguras y de los más vulnerables, independientemente de su estado.
Mediante este exhorto, se propone que a nivel nacional se realice una campaña informativa y de atención a las y los migrantes, acerca de las medidas de prevención, pruebas y tratamiento adecuados, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y otros no nacionales, sean considerados en la planificación, respuesta y mensajes de salud pública.
Esto significa: el uso de un lenguaje adecuado, recomendaciones culturalmente apropiadas y modalidades de tratamiento, y garantizar que todas las personas migrantes, ya sea en situación regular o irregular, puedan acceder a los servicios de salud, sin temor a estigma, arresto o deportación, entre otras cosas,7 medidas cautelares en las que se respeten los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración.
Campaña que contenga un enfoque inclusivo, que realmente no deje a nadie atrás y que, en este sector de la población, ayude a superar esta crisis global de magnitud y proporciones sin precedentes.
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Migración, se realice una campaña de atención y concientización para las y los migrantes, con el objetivo de:
1. Generar las condiciones necesarias y los espacios adecuados para el resguardo seguro de las y los migrantes, durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
2. Realizar una campaña informativa y de concientización en la cual se detallen las repercusiones que ocasiona el virus Covid-19 en la salud y la importancia de no transitar por las calles.
Notas
1 Organización Internacional para las Migraciones, fuerza civil asociada con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/05/muertes-de-migrantes-en -mexico-suben-un-12-cierran-en-497-casos-en-2019.
2 Laczko, Frank. Director del Centro de Análisis de Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). febrero 2019.
3 Ares, Alberto. Dir. Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones.
4 Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/03/1471372
5 Instituto Nacional de Migración (INM) referidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
6 CNDH. Dirección General de Comunicación. Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020. Comunicado de Prensa DGC/097/2020
7 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ONU Migración Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/comunidades-y-migrantes-como-res ponder-al-coronavirus.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril 2020.
Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a hacer público por la SHCP el diagnóstico económico y legal para decidir desaparecer los fideicomisos, en el contexto de la crisis de salud y desaceleración económica del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México enfrenta una crisis de salud y una recesión económica, que están generando consecuencias negativas para la población y la sociedad en su conjunto.
Para dimensionar la magnitud de estas problemáticas, basta señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, con corte al 5 de abril, hay en todo el país un total de 2 mil 143 contagiados y 94 personas fallecidas a causa del Covid-19. La mayoría de casos de contagio se presentan en la Ciudad de México, el estado de México, Puebla y Jalisco.1
Por otro lado, las malas decisiones en materia económica han provocado falta de inversiones públicas y privadas, el subejercicio en el gasto público, desaceleración económica y la pérdida de miles de empleos formales. Este panorama se ha visto agudizado por la incertidumbre generada por la caída de los precios del petróleo a escala mundial y por la pandemia del Covid-19, lo que ha llevado a organismos financieros y consultores privados a ajustar a la baja los pronósticos de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para este año, entre los que destacan los siguientes:
—Bank of America (BofA) proyecta una contracción de 8 por ciento, cuando hacer un par de semanas, su pronóstico era de una caúa de 4.5 por ciento.2
—La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), prevEuna desaceleración mundial, de la cual México no es la excepción, al recortar su pronóstico a 0.7 por ciento respecto al 1.2 por ciento previo.3
—Economistas encuestados por Citibanamex estiman una contracción de 5 por ciento, desde el 3 por ciento de la encuesta previa.4
—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustEa la baja en un rango de -3.9 por ciento a 0.1 por ciento, lo que según especialistas, resulta demasiado optimista.5
—El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtiEque ante la emergencia por el coronavirus y la caúa de los precios del petróleo, México enfrenta un escenario complicado, donde los más optimistas consideran que crecerEapenas 0.5 por ciento.6
En este escenario poco halagEño para el país, continúan las malas decisiones del gobierno federal en materia económica, y que están impactando a la economía en su conjunto y, por ende, al bienestar de las familias mexicanas.
Al respecto, cabe señalar que el pasado 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiEel Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.7
Lo anterior, con el argumento de que la administración pública federal se conduzca con austeridad republicana, impulsada desde el inicio del actual gobierno.
El Decreto instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, asEcomo a los tribunales agrarios a que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.
Asimismo, ordena a los ejecutores de gasto, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, para que a más tardar el 15 de abril del presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación el total de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos o análogos señalados.
Para poner en perspectiva dicho tema, basta mencionar que al cierre de 2018 existían 335 fideicomisos del gobierno federal con un saldo total de 878.7 mil millones de pesos. Tales fideicomisos se utilizan principalmente para las pensiones, los ahorros de los fondos de estabilización, prestaciones laborales, desastres naturales y los gastos catastróficos de salud.8
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2019 se crearon nueve fideicomisos y cerraron seis, sumando al cierre del año 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos, es decir, 338 en total, con un saldo de 740.5 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución real de 22.5 por ciento respecto a 2018, equivalente a poco más de 138 mil millones de pesos, debido al uso de los Fondos de Estabilización sin pasar por un choque de finanzas públicas.
El año pasado, 25 fideicomisos concentraban el 88.1 por ciento del saldo (652.2 mil millones de pesos). En su mayoría tales recursos derivan de un mandato de ley y/o implican obligaciones, de mediano o largo plazo con terceros.
Del resto de los fideicomisos, el saldo lo explica diferentes instrumentos jurúicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para dar certidumbre a mediano plazo a este sector y fondos del sector educativo, principalmente, para infraestructura.
Asimismo, es importante señalar que 30 fideicomisos se encuentran en proceso de extinción con una disponibilidad de 1.8 mil millones de pesos.
En este escenario, el Decreto anunciado por el gobierno federal no debería afectar los recursos de las pensiones laborales de los trabajadores, los recursos para la atención de desastres, los fondos de salud, ni tampoco los recursos para detonar la ciencia y tecnología del país.
La decisión del presidente de la república es una medida irresponsable y desesperada, carente de criterios técnicos, que pudiera poner en riesgo los fondos de las pensiones que incluyen recursos de los trabajadores, las prestaciones laborales, a atención oportuna de desastres naturales, los gastos catastróficos de salud, el mantenimiento de carreteras y los fondos de estabilización que dan certidumbre a las finanzas públicas del país. Todos estos temas de la mayor relevancia para México y los mexicanos.
Los fideicomisos constituyen un ahorro responsable hecho durante muchos años, con un fin y un objetivo que dan certidumbre y viabilidad a diversos proyectos y servicios que brindan el gobierno federal. Tales recursos se han apegado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El gobierno federal no puede seguir comprometiendo el patrimonio de los mexicanos, como ya lo hizo con el Fondo de Estabilización, un ahorro que estaba destinado para crisis o contingencias, que se utilizEpara compensar la baja recaudación ante el decrecimiento de la economía. Representaba una de los blindajes más responsables de la economía nacional; actualmente, el país se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Cerrar los fideicomisos constituye una medida desesperada para conseguir recursos ante la serie de errores que se han cometido en lo que va de la actual administración. El gobierno puede contar con recursos adicionales si suspende de forma temporal proyectos que no son prioritarios en este momento como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía.
En el Grupo Parlamentario del PRI estaremos atentos a todas aquellas decisiones que afecten a la población. En este asunto concreto, estaremos pendientes para que la extinción de los fideicomisos no afecte ámbitos fundamentales para la los mexicanos y la sociedad en su conjunto.
Por supuesto, estamos de acuerdo que el país cuente con recursos suficientes para enfrentar el Covid-19, pero sin que ello implique ponen en riesgo el ahorro de los mexicanos, ni afectar el bienestar de la población más vulnerable, ni los sectores económicos y productivos, que son fuente importante en la generación de empleos. En una palabra, que no inhiba el desarrollo económico y social del país.
En lugar de desaparecer los fideicomisos es fundamental avanzar en una ley para regularlos y garantizar que rindan cuentas, que sean más transparentes y que cumplan con sus objetivos, en beneficio de la población y del país.
Es necesario que el gobierno federal elabore e implemente una estrategia viable para enfrentar la situación de emergencia sanitaria y desaceleración económica del país, la cual debe pasar por una política fiscal integral.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que transparente y rinda de cuentas de cada peso que gaste derivado del proceso de extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que no ponga en riesgo los recursos de los fideicomisos que brindan la garantía de derechos humanos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que presente una propuesta viable para enfrentar la emergencia sanitaria y la desaceleración económica que registra el país.
Notas
1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545299/C omunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.05.pdf
2 https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/bank-of-america-reduce-pers pectiva-de-crecimiento-de-mexico-estima-contraccion-de-8/
3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-PIB-de-Mexico-apenas-crecer a-0.7-en-2020-por-el-efecto-coronavirus-OCDE-20200302-0033.html
4 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empeora-pronostico-para-econom ia-mexicana-en-2020-a-una-contraccion-de-5-encuesta-citibanamex
5 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-034-ejecutivo-federal-por- conducto-de-la-shcp-entrega-al-h-congreso-de-la-union-el-documento-de-p re-criterios-2021?state=published
6 https://www.razon.com.mx/negocios/bajan-prevision-del-pib-para-mexico-e ste-ano/
7https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020
8https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/model s/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/04afp/itanfp14_2019 04.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a emprender por la STPS acciones para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores ante la contingencia sanitaria del Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General (CSG) declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2, debido a que constituye un problema de salud pública que pone en severo riesgo la salud de la población.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se da a conocer que la Secretaría de Salud establecerEacciones necesarias ante la emergencia y se reconociEal coronavirus Covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria.1
Por su parte la Secretaría de Salud informó la instrumentación de diversas medidas extraordinarias, con el objeto de mitigar factores de dispersión y transmisión, así como la salvaguarda de sectores vulnerables y garantizar la coordinación interinstitucional en la identificación, prevención y atención de enfermos para su debido tratamiento y recuperación.
Entre las acciones a desarrollar como parte de esta declaración destaca la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales en los sectores privado, social y público; no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, y al resguardo voluntario, con sentido estricto a personas mayores de 60 años de edad.2
Estas directrices aplican obligatoriamente de que su actividad laboral se considere esencial a mujeres en estado de embarazo o puerperio, o individuos con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, asimismo, para los que presentan inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática.
También se convino continuar en funcionamiento actividades estimadas como esenciales, como lo son las involucradas directamente con la atención de la emergencia, las de seguridad pública y protección ciudadana, pero particularmente la de los sectores fundamentales de la economía.3
Resulta fundamental señalar que nuestro país no se encuentra bajo una declaratoria de contingencia sanitaria reglamentada en los artículos anteriormente citados, lo que emitiEel Consejo de Salubridad General, que es la segunda autoridad sanitaria del país solo del titular del Ejecutivo federal, fue una “declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayorEvinculada a los impactos del virus SARS-CoV-2 o coronavirus Covid-19.
Entre las diferencias más importantes es que un plan de emergencia observa de manera general una planificación para afrontar la problemática como políticas, recursos y responsabilidades, y en una contingencia se determina los procedimientos operaciones específicos, los tiempos y las metas particulares a alanzar.
Al respecto, en la conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia del pasado 30 de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores advirtiEque las empresas deben pagar los salarios de los trabajadores completos y no reducir sueldos, de hacerlo, se enfrentarán a un proceso laboral que “van a perder.4
El titular del Ejecutivo federal, en su conferencia de prensa matutina del 1 de abril, dijo que llevarEa cabo un “quién es quiénEy expondrEa las empresas que no paguen sueldos o incurran en irregularidades.5
Pese a estos compromisos, no existe claridad de las acciones a desarrollar por el gobierno federal y los responsables, pero principalmente, las políticas particulares que ejecutarEpara apoyar a los trabajadores afectados.
Lo cierto también es que uno de los sectores con mayores impactos negativos a consecuencia de la pandemia son los empresarios, dueños de pequeños comercios y patrones de micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), quienes en cuestión de días se han tenido que enfrentar a la disminución de ventas, la cancelación de pedidos y el cierre parcial o total de sus instalaciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha solicitado la concreción de programas de apoyo e incentivos fiscales que contribuyan a aminorar las afectaciones económicas entre ellas, la agilización de la devolución del IVA, la compensación de saldos universales y flexibilización en mensualidades diferidas de los pagos derivados de los compromisos fiscales.6
Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del PRI presenta este punto de acuerdo con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos y laborales, asEcomo la ejecución de programas focalizados en apoyo a los dueños de micros, pequeñas y medianas empresas para reducir las afectaciones económicas y apoyarlos en su rápida recuperación, para que, puedan cumplir con sus responsabilidades fiscales y los compromisos adquiridos con sus trabajadores.
Se requiere de empatía y compromiso de la administración pública federal para contribuir a superar esta crisis de salud pública y económica que lastima a los sectores productivos del país coadyuvando a reducir sus afectaciones, reducir sus cargas fiscales y, sobre todo, sancionar a las empresas públicas y privadas que están vulnerando y trasgrediendo los derechos de los trabajadores, afectando la calidad de vida de ellos y sus familias.
El gobierno federal, en este tiempo de incertidumbre, no puede ser omiso e indiferente, ya que de las decisiones y apoyos que concrete, dependerEla subsistencia de fuentes de empleo, la ocupación de la población y la generación de trabajos bien remunerados, indispensables para que México supere los estragos producidos por el virus SARS-CoV-2 coronavirus Covid-19.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emprenda las acciones necesarias a fin de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, ante la contingencia sanitaria generada por el coronavirus Covid-19.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumente un programa integral de apoyos e incentivos fiscales a las empresas, comercios y locales que se han visto afectados durante la epidemia del coronavirus Covid-19, lo cual, ha dificultado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales con los trabajadores, apoyándolos para prevenir su cierre, fomentar su optima recuperación y fortalecimiento.
Notas
1 Consejo de Salubridad General. (2020). ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 01/04/2020, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
2 Teresa Moreno. (2020). México, en emergencia sanitaria por Covid-19. 01/04/2020, de El Universal Sitio web:
3 Secretaría de Salud. (2020). ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 01/04/2020, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:
4 El Financiero. (2020). Empresas deben pagar salarios completos de trabajadores en emergencia sanitaria: Ebrard. 01/04/2020. Sitio web:
5 El Financiero. (2020). AMLO sugiere un ‘Quién es quién’ para empresas que despidan a trabajadores durante emergencia sanitaria. 01/04/2020. Sitio web:
6 Ivette Saldaña. (2020). Propone CCE diferir seis meses declaración anual. 01/04/2020, de El Universal Sitio web:
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IFT a generar condiciones de apertura para que los proveedores privados de internet habiliten servicios de conectividad gratuitos durante la pandemia del Covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El coronavirus Covid-19 se estEconvirtiendo rápidamente en la pandemia más disruptiva de los últimos siglos. Nuevos descubrimientos y advertencias se emiten a diario en todo el mundo; en las últimas dos semanas, más de 30 países han implementado medidas estrictas de restricción y de permanencia en los hogares.1
La incertidumbre ha generado abundante flujo de información confusa y ha ocasionado tendencias de desabasto, compras de pánico y reacciones diversas frente a servicios básicos. De acuerdo con analistas, algunas de estas señales muchas veces provienen de los canales de información institucionales.2
Para el martes 2 de abril de 2020, se habrían confirmado más de un millón de casos de infección alrededor del mundo. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, al menos un millón 36 casos habrían sido registrados después de que se duplicaran en la última semana. TomE75 días para registrar los primeros 500 mil casos a nivel internacional.
Alrededor del 22 por ciento del total de los casos fueron reportados en Estados Unidos, mientras en Italia y en España, cada uno habría reportado el 11 por ciento de los casos globales. China, donde el virus se generEen diciembre del año pasado, cuenta con el 8 por ciento de los casos totales.3
Mientras las muertes derivadas del Covid-19 sobrepasaron 51 mil globalmente, la humanidad se adapta a vivir en cierta forma de encierro. Países como Suecia o Italia han comunicado que a menos que todos los países cooperen para asegurar el suministro de servicios esenciales, las consecuencias de privar al mundo podrían ser catastróficas para los años que vienen.
En este contexto, los gobiernos tienen una responsabilidad imprescindible para implementar políticas emergentes pensadas con la mayor exposición posible y beneficio para millones de ciudadanos. La Universidad de Chicago realizEun estudio de modelo en el que se determina que, si ningún gobierno participa en la solución de la crisis, más de 3 millones de personas podrían morir; asEmismo si se aplican medidas de distancia social las posibilidades se reducen a 1.7 millones de muertes. Esto sigue siendo alarmante para el costo de los países y los indicadores en crecimiento de solvencia social.4 De acuerdo con el medidor de respuestas a nivel internacional realizado por la escuela de gobierno de la Universidad de Oxford,5 las 11 medidas generales emprendidas por los gobiernos se concentran en los siguientes rubros:
1. Cierre de escuelas
2. Cierre de centros de trabajo
3. Cancelación de eventos públicos
4. Cierre de transporte público
5. Campañas de información pública
6. Restricciones de movimiento interno
7. Controles de viaje internos y externos
8. Medidas fiscales
9. Medidas monetarias
10. Inversión de emergencia en salud pública
11. Inversión en vacunas
AsE al momento en el que todos los legisladores y diseñadores de política pública buscan participar en la toma de decisiones que garantice las mejores medidas de protección, en algunos países se discute la generación de políticas y acuerdos auxiliares para fortalecer los principales ejes de acción gubernamental. En Estados Unidos, por ejemplo, las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones e internet han anunciado, en conjunto con autoridades de gobierno, medidas temporales para habilitar el servicio de sus redes de manera gratuita a toda la sociedad y auxiliar a la población para cumplir con los objetivos educativos, de trabajo y acceso a la información pública.6, 7
De acuerdo con Dave Watson, el presidente de ComCast Cable que abrió la red en Estados Unidos, durante estos tiempos extraordinarios “es vital que las personas que les sea posible permanecer conectadas, lo hagan. Es necesario ayudar a todos aquellos que estudian, trabajan o necesitan contacto permanente con las instituciones de salud.”
En este mismo sentido, la compañía de tecnología Google ha abierto 100 mil puntos de acceso de Wi-Fi para incrementar la banda ancha nada más en el Estado de California. El acceso serEgratuito por al menos tres meses, y la compañía proveerEa miles de estudiantes con tabletas y computadoras portátiles para asistirlos en sus clases remotas.8
Se estima que con esta medida se apoyarEa 6.1 millones de estudiantes en todo el sistema de educación pública de ese estado.
En Reino Unido, la Oficina y de Comunicación y el Ministerio Digital también lograron implementar medidas extraordinarias en colaboración con los proveedores más grandes de servicio de internet móvil.9
Entre los acuerdos más destacados se encuentran:
—Todos los proveedores se comprometieron a generar esquemas directos con los clientes que no puedan pagar sus cuentas como resultado del Covid-19. El gobierno estEpara garantizar que haya un trato justo y soporte apropiado..
—Todos los proveedores quitarrán todas las restricciones de flujo de datos en todos los servicios fijos de banda ancha.
—Todos los proveedores han acordado ofrecer paquetes nuevos, tanto mmóviles como fijos, para asegurar que las personas estén conectadas y los más vulnerables tengan comunicación efectiva. Por ejemplo, algunos de estos paquetes incluyen el incremento de datos a precios por debajo de las ganancias de la empresa y llamadas gratuitas desde teléfonos fijos o móviles.
—Todos los proveedores se asegurarrán que sus clientes más vulnerables o aquellos en cuarentena, recibirán métodos alternativos de comunicación donde sea posible, si la banda ancha o las líneas fijas no pueden llegar a su territorio.
Para que esto pueda suceder en todos los países que lo requieran, es necesaria una intervención gubernamental eficiente y coordinación continua con el sistema de telecomunicaciones y los proveedores de los servicios. En Italia, por ejemplo, uno de los países más afectados por la pandemia, ha existido una disminución de la velocidad de la red de internet de entre el 15 y el 20 por ciento.10
En nuestro país, la Asociación de Internet MX informEen su más reciente estudio de consumo que, en el país actualmente hay más de 80 millones de usuarios de internet; de ellos, el 92 por ciento accede a través de su teléfono inteligente. Por otro lado, según datos oficiales, al cierre del 2018, el 53 por ciento de los hogares mexicanos contaban con una conexión satisfactoria a la red digital.11
Sin embargo, en esta coyuntura, los retos de la reducción de la brecha digital se alinean con los problemas visibilizados por el Covid-19 en materia de desigualdad social y lograr la conexión al servicio por parte de los grupos más vulnerables.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los estados con mayor conectividad en México son aquellos en el centro y norte del país, como Ciudad de México o Baja California, mientras que los más alejados del norte reportan menor conectividad, como Guerrero o Chiapas.
A pesar de que no hay disponibilidad de datos sobre las medias de tarifas privadas ni impacto en el gasto familiar, a partir de la crisis generada por el Covid-19 el uso de internet en nuestro país se ha disparado en más del 40 por ciento, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, que algunas compañías de prestación de servicios web hayan disminuido su calidad para evitar la saturación.12
Al día de hoy, no se tienen datos confiables de cuánto podría durar esta crisis ni lo que representaría en términos de telecomunicaciones en nuestro país.
La compañía Izzi comunicEen días recientes que su tráfico de red se incrementEen más del 40 por ciento en los últimos 15 días, debido a una mayor demanda por parte de los clientes en la situación actual de trabajo en casa y escuela en lú‹ea. La empresa detallEque, dada la situación, la actividad sostiene un incremento permanente durante el día. Esta compañía ocupa el segundo lugar dentro de los prestadores de banda ancha fija, hospedando a 4.9 millones de usuarios en todo el país.13
Cabe recalcar que, a partir de la Reforma de Telecomunicaciones de 2013 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizarEque sean prestados en condiciones de competencia, claridad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.14
Esta reforma permitió que el Estado mexicano garantizara a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones una mayor amplitud de canales de banda ancha para lograr mayor acceso a la red. Asimismo, de ella surgieron políticas públicas eficientes que buscaron integrar a todos los sectores instalando puntos de acceso gratuitos en sitios públicos como escuelas y universidades, centros de investigación, clínicas y hospitales, ayuntamientos, oficinas de gobierno, bibliotecas, parques y plazas.
Algunas entidades han adoptado políticas propias de distribución gratuita de internet en avenidas principales, como la Ciudad de México que reestructurEla red pública para generar un convenio de puntos de acceso con Teléfonos de México. También ciudades como Cabo San Lucas, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Veracruz, entre otros, trabajan de la mano del sector privado para garantizar el acceso a la red en puntos estratégicos que fomenten el crecimiento económico y desarrollo social.15
Atendiendo a esta situación, y en solidaridad con las y los millones de mexicanos afectados por la complicación del panorama económico, consideramos de gran trascendencia que se trabaje en un plan que permita flexibilizar el acceso para aquellos que ya cuentan con una conexión sólida a internet, e integre de manera eficiente a quienes no forman parte del movimiento de inclusión digital. De igual manera, ampliar estos beneficios para el aprovechamiento de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional.
La integración de la tecnología en la cotidianeidad es un hecho irrefutable. En el entorno diario, la digitalización de bienes y servicios ha buscado facilitar los procesos físicos con un impacto eficiente, resultando en una mejora en la calidad de vida de millones de personas.
Los ejemplos internacionales han servido para marcar un referente humanista y complementario a las acciones gubernamentales. Nuestro marco de acción debe ser impecable y eficaz para cubrir todas las necesidades de la ciudadanía durante el desarrollo de esta pandemia.
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a generar las condiciones necesarias de apertura para que los proveedores privados de internet habiliten servicios de conectividad gratuitos durante la pandemia derivada del Covid-19
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a trabajar un plan de apoyo para que las compañías de servicios de telecomunicaciones y acceso a internet no clausuren el acceso a ningún cliente particular o Pymes derivado de su incapacidad de pago por las disrupciones causados por la pandemia derivada del Covid-19.
Notas
1 Con información de:
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/coron avirus-covid-19-the-atlantics-most-crucial-coverage/607906/
2 Ibid
3 Referenciado de:
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/top-europe an-teaching-hospitals-running-out-of-coronavirus-drugs
4 Disponible en:
https://www.economist.com/briefing/2020/04/03/
the-hard-choices-covid-policymakers-face?fsrc=newsletter&utm_campaign=the-eco nomist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-market ing-cloud&utm_term=2020-04-02&utm_content=article-link-1
5 Consultado en: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-gov ernment-response-tracker
6 Referenciado de: https://corporate.comcast.com/covid-19
7 Con información de:
https://www.tekcrispy.com/2020/03/15/eeuu-wifi-gratuito- coronavirus/
8 Con información de: https://www.businessinsider.com/google-california-free-wifi-coronavirus -stay-at-home-2020-4?r=MX&IR=T
9 Disponible en:
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-mea sures-with-telecoms-companies-to-support-vulnerable-consumers-through-c ovid-19
10 Datos de: https://www.informador.mx/tecnologia/Puede-colapsar-el-Internet-en-Mexi co-por-el-COVID-19-20200330-0047.html
11 Con información de:
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018/
12 Con información de: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cuarentena-pandemia-coronavirus- saturacion-internet-covid-19/
13 Ibid
14 Disponible en: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-beneficios-de-la-reform a-constitucional-y-la-ley-federal-de-telecomunicaciones-y
15 Disponible en: https://almomento.mx/cinco-iniciativas-que-estan-impulsando-la-inclusio n-digital-en-mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Rúbrica
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar por el INPI una campaña nacional informativa y de atención de los sectores indígenas y afromexicanos con motivo de la emergencia de salud ocasionada por el Covid-19, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI
Ximena Puente de la Mora , diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se realice una campaña nacional, informativa y de atención oportuna a los diversos sectores indígenas y afromexicanos de nuestro país, con motivo de la emergencia de salud ocasionada por Covid-19.
I. Consideraciones
Los pueblos indígenas representan alrededor del 5 por ciento de la población del mundo y cerca del 15 por ciento de las personas en pobreza, estos pueblos viven en más de 90 países, distribuidos en las siete regiones socioculturales del mundo.1
Por su parte, México es un país pluricultural y multilingE sustentado en la presencia de 68 pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Los pueblos indígenas están constituidos por 25.7 millones de personas; de ellos, 12.02 millones viven en un hogar indígena y 7.3 millones hablan alguna lengua indígena; 1.38 millones de mexicanos son afrodescendientes (o afromexicanos), mismos que representan el 1.2 por ciento de la población nacional.2
El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales más relevantes, protegido tanto en instrumentos jurídicos nacionales como internacionales; no obstante, también es un derecho que aún no logra la plena vigencia en nuestro país, ya que el Estado no proporciona la atención ni los servicios médicos necesarios en todas localidades de México.
A pesar de los esfuerzos que se han hecho, aún quedan varios pendientes en materia de atención médica, de recursos humanos para las clínicas comunitarias y de infraestructura y equipamiento para clínicas y hospitales. En estos rubros, las comunidades indígenas del país, tal y como sucede en otros aspectos del desarrollo social, son las más desprotegidas y a las que la atención les llega después y con deficiencias.
También es cierto que los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos son un sector social sumamente vulnerable, que carecen de lo mínimo indispensable para llevar la vida diaria, ahora, sumémosle la complicada situación de salud que hoy vivimos. Si el derecho a la salud de los pueblos indígenas y afromexicanos está en riesgo en tiempos normales, su vulnerabilidad se agrava en las situaciones como la que actualmente representa el Covid-19.
Es importante recordar que entre las obligaciones del Estado está la de garantizar la seguridad social y el acceso a los servicios de salud para toda la población, y que el personal médico de las clínicas en las comunidades está obligado a velar por la plena vigencia y el respeto a los derechos humanos en general y de los de los pueblos y comunidades indígenas en particular.
El derecho a la salud en general, y para los pueblos indígenas en particular, se encuentra resguardado por diferentes ordenamientos internacionales. La Organización Mundial de la Salud establece que: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.3 además, explica que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.
De la misma manera, la Ley General de Salud reglamenta el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud, establecido en el artículo 4o. constitucional, y define entre sus finalidades propiciar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población.
Ahora bien, el derecho a la salud para los pueblos indígenas se establece en instrumentos internacionales como el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo,4 que, menciona el deber de los gobiernos en relación con el “mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberEser prioritario en los planes de desarrollo económico-global de las regiones donde habitanE y de manera especúƒica en los artículos 24 y 25 establece las obligaciones de los gobiernos en relación con la seguridad social y la salud, que incluye disponibilidad de servicios de salud para los pueblos indígenas e implementación de servicios en la comunidad.
Vale la pena resaltar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, este instrumento establece, en su artículo 1o., que los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno, de forma colectiva o individual, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre los más relevantes el derecho a ser consultados sobre los programas de salud, a la preservación y al uso de sus medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas sanitarias y a gozar del más alto nivel posible de salud.
Mediante este exhorto se propone dirigir una campaña informativa y de atención oportuna a los diversos pueblos indígenas y pueblos afromexicanos de nuestro país, con motivo de la emergencia de salud ocasionada por Covid-19; que contenga las siguientes especificaciones:
—Mediante la elaboración y difusión de folletos, trúticos y cualquier otro material informativo relativo a la enfermedad Covid-19, informar correctamente a los pueblos indígenas las medidas y acciones preventivas para evitar el contagio y propagación de este virus..
—- Este material informativo deberEtraducirse a las lenguas indígenas.
—La campaña deberErealizarse con un enfoque intercultural, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos..
—Se deberrán garantizar medicamentos, material y recursos humanos en unidades hospitalarias y centros de salud que atienden a población indígena y afromexicana, para atender de forma oportuna o remitir los casos de Covid-19 que reciban.
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se realice una campaña nacional, informativa y de atención oportuna a los diversos sectores indígenas y afromexicanos de nuestro país, con motivo de la emergencia de salud ocasionada por Covid-19.
Notas
1 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2020
2 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Derechos Indígenas para el ejercicio fiscal 2020, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. DOF: 23/01/2020
3 Organización Mundial de la Salud (OMS)
4 Artículo 7, fracción 2
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de abril de 2020.
Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)
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