De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, anual de trabajo 2019-2020
I. Presentación
Las comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados son órganos constituidos en el pleno que, por medio de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de los asuntos turnados para el ejercicio de su análisis y estudio correspondiente, de acuerdo al ámbito de su competencia.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 26, Apartado A, párrafo cuarto y 93, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencia y entidades de la administración pública federal.
Por lo anterior, el presente documento es el instrumento por el cual se planifica y se coordina las acciones para que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad realice el trabajo legislativo que legalmente le corresponde desarrollar.
II. Fundamento Legal
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 39 fracción XV, 45, numeral 6, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 150, fracción X, 158 numeral 1, fracción II, 161 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituyen las comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, 2019-2020 de la LXIV Legislatura.
El presente plan de trabajo corresponde al periodo de septiembre de 2019-agosto de 2020.
III. Introducción
La planeación estratégica es una valiosa herramienta para marcar las aristas y definir el futuro de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, esto incluye la elaboración de un diagnostico actual para establecer un punto de partida y que este de manera objetiva y responsable, fije metas coherentes con la realidad. La verificación e identificación de las circunstancias internas y externas que rodean a las comisiones, permiten distinguir las oportunidades y amenazas que se presentan en todos los entornos, en el caso particular de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, se deben de identificar las fortalezas y debilidades del entorno económico y las industrias, para hacer énfasis en ellas y trabajar en soluciones coherentes que resulten en políticas públicas que beneficien a la sociedad e incentiven su desarrollo.
La economía de México está basada en el mercado libre orientado principalmente a las exportaciones. Nuestro país, es la economía número 15 a nivel mundial, la tercera más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la cuarta economía de mayor tamaño de toda América, sólo después de la de Estados Unidos, Brasil y Canadá.1
En México la actividad económica se mide a través del producto interno bruto (PIB), es una forma de medir el crecimiento económico de un país, este se puede definir como la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en nuestro país, generalmente se contabiliza en un año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo determina trimestralmente.
Para crecer, un país necesita echar mano de todos sus recursos disponibles (humanos, naturales, materiales, financieros, etcétera) para generar actividad económica y obtener ingresos. En México se producen continuamente:
Bienes (aquellos objetos y mercancías tangibles fabricados por una economía: coches, casas, alimentos, ropa, etcétera);
Servicios actividades intangibles que buscan satisfacer las necesidades de los individuos: la labor de un abogado, los seguros, las comunicaciones, el suministro de energía, las consultas médicas, etcétera.
Inversiones se realizan inversiones en casas, carreteras, puentes, edificios de oficinas, departamentos o aeropuertos.
IV. Situación industrial y comercial
IV.1. Política industrial
En la actualidad, las naciones emergentes más exitosas han sido aquellas que han aplicado una política industrial activa. Todo ello, a través de una eficiente colaboración público-privada y académica, orientada a resultados tangibles cómo el crecimiento económico, el valor agregado, la creación de empleo formal, fortalecimiento de la base empresarial, fomento a la innovación tecnológica, cuyo pilar es encaminarse a generar bienestar social a través de dichas bases productivas.
Según datos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la inversión del capital industrial en México permite generar el 35.0 por ciento del PIB, y el 42.0 por ciento del empleo formal registral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además, de acuerdo con dicho Instituto, la remuneración promedio en la actividad industrial supera 3.5 veces el salario mínimo y en algunos de los sectores que integran a la industria puede ser hasta ocho veces el salario mínimo.
Por lo anterior, es necesario que uno de los objetivos centrales de política económica que se debe impulsar es el de incrementar la productividad y competitividad del país con una política industrial altamente competitiva y productiva, que fomente la integración de cadenas productivas, que incremente las exportaciones y el valor agregado.
Por un lado, el beneficio de una política industrial llega en forma de inversiones y empleo, representa el resultado de invertir para crecer, de apostar a exportar más de lo que se compra al exterior, fortaleciendo los encadenamientos productivos internos y creando grandes empresas que pueden competir con las trasnacionales que dominan las Cadenas Globales de Valor. Grandes empresas nacionales para competir con grandes empresas del extranjero. Todo ello complementado con una creciente proveeduría nacional de empresas de menor tamaño, altamente competitivas, innovadoras y generadoras de alto valor agregado.
Por otro lado, es importante destacar que, durante los primeros seis meses de la actual administración, el Inegi, ha reportado que la actividad industrial en México observa una tendencia a la baja. Tan solo en mayo de 2019, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), presenta una contracción en términos reales de 3.1 por ciento, la mayor caída desde octubre del 2009.
De igual forma, el IDIC precisa que no se había apreciado un encadenamiento de caídas tan amplio desde la recesión de hace 10 años.
Aunado a ello, la Concamin y IDIC mencionan que uno de los costos más elevados es estructural: no solamente se debe poner atención a la variación negativa de la actividad industrial, también es necesario observar la caída de su capacidad potencial. Esto último se traduce en un retroceso de la posibilidad de generar crecimiento económico vigoroso en el corto plazo, para lograrlo se requerirá de un proceso de inversión pública y privada robusto que deje atrás las restricciones.2
En la actividad industrial en términos de variación anual, hasta los primeros cinco meses de este año, pueden notarse grandes efectos negativos de la recesión industrial, por lo que el ciclo económico de la industria mexicana continua a la baja, es decir, en mayo de 2019 con respecto al mes anterior, los componentes del IMAI, siendo: la Construcción cayó 6.2 por ciento, la Minería disminuyó 1.3 por ciento, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó 0.6 por ciento y las Industrias manufactureras se contrajeron 0.2 por ciento, al respecto19 de los 29 subcomponentes principales del sector industrial tuvieron una tasa negativa de crecimiento.3
Para lograr el desarrollo de las actividades industriales y el desarrollo del país, es prioritario establecer una política industrial en México para la restauración del sistema productivo. El impulso al sector empresarial debe ser el bastión que genere empleos y permita combatir la pobreza, incentivar el desarrollo social, y genere mayor riqueza.
En este sentido es necesario establecer metas intermedias y de largo plazo para lograr que el desarrollo industrial impulse el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. Por lo anterior la Concamin y el IDIC, señalan que sería pertinente trabajar en una agenda de Política Industrial encaminada a lo siguiente:
1. Fortalecer a la Secretaría de Economía, para que, en el uso de sus facultades, posea objetivos vinculados al crecimiento económico, creación de empleo formal, formación y consolidación de empresas de innovación tecnológica, fortalecimiento de los encadenamientos productivos incremento en la inversión productiva, contenido nacional y bienestar social. Los acuerdos comerciales, la normatividad y la operación de la institución deberán estar alineadas a dichos objetivos.
2. En manufacturas pasar hacia la transformación y generación de valor agregado. Se agotó el beneficio de los bajos costos laborales y la ubicación geográfica, hoy la Industria 4.0, la robotización y automatización han creado nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas con las que México compite. Además de promover que le país diseñe y manufacture bienes intermedios y de capital de alto valor tecnológico y vinculados con el desarrollo sustentable.
3. En materia de construcción el Concamin y el IDIC sugieren que hay que revertir la caída de la inversión pública, implementado el Programa Nacional de Infraestructura 2019 - 2024, que promueva al sector de la construcción y los encadenamientos productivos relacionados con el mismo.
4. Un brazo financiero que promueva el desarrollo industrial es primordial, para ello debe vinculársele la industria con la banca de desarrollo. Su conjunción permitiría dar viabilidad económica a los proyectos industriales que se consideren estratégicos tanto para la coyuntura como para futuro económico y social de México.
5. Acelerar la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales con perfil industrial para contribuir al desarrollo de este sector a nivel nacional, la elevación de la productividad y el contenido nacional.
IV.2. Comercio Exterior
Desde la apertura comercial en 1995, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se ha provisto de un crecimiento económico sin precedentes. Hoy en día nuestras relaciones comerciales con otras naciones son fuertes, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en nuestro país existe una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLC), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).4 De esta manera podemos decir que nuestra economía está ligada con la de nuestros socios comerciales y, por ende, nuestro mercado se ha expandido y diversificado, tanto a nivel nacional como al exterior.
De acuerdo con datos del Inegi, México obtuvo una balanza comercial deficitaria por 13,704 millones de dólares (mdd) al total del año 2018. Estos datos se deben principalmente al incremento de importaciones registrado durante el 2018, el cual fue de 464,276,6 mdd; en contraposición, las exportaciones totales fueron de 450,572.2 mdd. Para comprender mejor estos datos es importante dividir en dos las exportaciones totales realizadas durante el 2018, en este caso se cuentan como las petroleras siendo de 30,571.8 mdd; las no petroleras siendo de 420,000.3 mdd. En el caso de las importaciones, las petroleras fueron de 53,761.4 mdd; y las no petroleras fueron de 410,515.2 mdd. El incremento del 24.9 por ciento en las importaciones que se registró comparando las cifras anuales del 2017 al 2018 se debe a factores que pudieron haber vulnerado el mercado nacional.5
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, los socios comerciales más representativos de México son Estados Unidos de América (EUA) con un valor de 358,285.1 mdd (79.52 por ciento), Canadá con un valor de 14,079.8 mdd (3.12 por ciento), China con un valor de 7,428.9 mdd (1.65 por ciento), Alemania con un valor de 7,071.5 mdd (1.57 por ciento), y España con un valor de 5,303.7 mdd (1.18 por ciento). Todo de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.6 En el caso de las importaciones, los cinco principales socios para México son Estados Unidos con un valor de 215,828 mdd (46.49 por ciento), China con un valor de 83,510.6 mdd (17.99 por ciento), Japón con un valor de 18,194.5 mdd (3.92 por ciento), Alemania con un valor de 17,762.2 mdd (3.83 por ciento), y Corea del Sur con un valor de 16,727.4 mdd (3.6 por ciento).7
Los datos otorgados sobre nuestra balanza comercial nos demuestran la importancia y la dependencia que existe del mercado mexicano entorno al norteamericano, lo cual puede ser beneficioso en muchos sentidos, principalmente por ser nuestro comprador y vendedor mayoritario, pero también podemos ser víctimas de sus políticas comerciales proteccionistas.
Un ejemplo claro del impacto positivo que han tenido las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump es la guerra comercial que libra con China. De acuerdo con datos del Peterson Institute for International Economics se prevé que se mantenga o haya una escalada en el gravamen de los productos importados desde China hacia EUA, lo cual puede provocar una fuerte inestabilidad en los mercados que ambas naciones tienen entre sí. Esta es una ventaja para los socios comerciales que ambas naciones tienen, ya que al verse desprovistos de los recursos necesarios que demandan, estos tendrán que suplir la demanda interna de estas grandes potencias económicas. El bienestar en todos los demás países, incluidos México, Canadá, entre otros, mejoría en ambos escenarios debido a las ventajas en sus términos de intercambio. Las interrupciones inducidas por las políticas en los mercados internacionales cambiaran los precios mundiales y los tipos de cambio reales de los países no participantes, lo que les permitirá adaptarse a los choques y obtener ganancias de los cambios en el mercado.8 Es de esta forma que el sector agrícola, manufacturero y el bajo servicio comercial tendrán un declive en su rendimiento, mientras que los servicios no comerciales incrementarán dentro de EUA, lo cual puede generar nichos para los sectores comerciales en México.9
Sin embargo, la disminución del comercio a nivel internacional puede mermar el progreso económico de estas dos grandes potencias económicas y sus economías dependientes, contrayendo así el crecimiento comercial. La pérdida del PIB para ambas naciones será uno de los principales impactos que esta guerra comercial tendrá a nivel internacional. A su vez, las políticas comerciales proteccionistas de EUA pueden divergir la inversión extranjera en el país, haciendo que su economía comience a contraerse.10 Estos datos puede aseverar la situación económica no solo en México, sino también en otros países de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que no se pueden descartar nuevos episodios de deterioro en las condiciones financieras para los mercados emergentes, y las consecuencias sobre los países dependerán de cuán expuestos se encuentren en términos de necesidades de financiamiento externo y la proporción de deuda denominada en dólares y deuda de corto plazo, cuya renovación supondría un costo mayor.11
Las continuas maniobras de presión que el gobierno norteamericano ha ejercido sobre México mediante el uso del comercio exterior para liberar temas de su agenda como la migración, mantienen al país sumergido en un ambiente de incertidumbre frente a los inversionistas internacionales. A su vez el incremento de aranceles al acero y al aluminio, aunado con la eliminación de tasas para evitar cuotas al jitomate afectan la capacidad de maniobra del mismo gobierno mexicano para darles soluciones a temas que no son catalogables.12 El problema que existe dentro de estos fenómenos es totalmente distinto, ya que la migración, siendo este un tema que no abarca el comercio exterior, está siendo utilizado como herramienta de coerción de tal forma que el mandatario norteamericano ha enviado agentes aduanales a su frontera sur con la amenaza de retrasar el paso de mercancías si México no regula el paso de las personas migrantes.13
Por lo anterior, es importante que México aproveche la coyuntura que se está generando dentro del Comercio Internacional derivado del conflicto comercial que EUA y China enfrentan, si se espera mantenerse en una posición ventajosa. Es importante diversificar nuestro mercado, por lo que es necesario comprender dos factores para fortalecer al comercio exterior:
1. El primero es la atracción de inversión internacional para incentivar a sus socios en participar dentro de la economía mexicana y revisar los nichos de mercado que se pueden explotar, principalmente en la infraestructura de la calidad y reducir las barreras arancelarias
2. Desarrollar la dinámica en las Cadenas Globales de Valor14 vinculando mediante trabajo en conjunto al sector privado, el gobierno y al sector académico para otorgarle dicho dinamismo y fomentar la competencia que necesita el comercio exterior mexicano.
3. Regular e implementar acciones que pretendan detonar la producción nacional impulsando a las compañías para que se integren a cadenas de proveeduría nacional de firmas globales y se abran camino para participar de manera directa en las Cadenas Globales de Valor en sus respectivos sectores.15
V. Competencia Económica
La Competencia Económica es un factor determinante en el crecimiento de la economía mexicana y el bienestar de la sociedad, pues incentiva a que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mayor calidad y a precios mejor posicionados, por lo anterior, es de suma importancia que México cuente con una política de competencia efectiva que promueva la inversión, innovación y productividad, pero, sobre todo, que ofrezca valor agregado a la sociedad, contribuyendo de manera directa en su bienestar.
A grandes rasgos, el Índice de Competitividad Global 4.0 del Foro Económico Mundial,16 el cual se encarga de evaluar los fundamentos microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional, que se define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, posicionó a México en 2018, en el lugar 46 de 140 naciones a nivel mundial, justo por debajo de economías cómo Indonesia, Chipre, Rusia y Letonia. Sin embargo, ocupa la segunda posición en dicho índice en Latinoamérica, justo por debajo de Chile.
A nivel doméstico, México busca fortalecer la competencia económica de manera justa y eficiente a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que es el órgano del sector público encargado de promover la política basada en competencia económica, mediante diversas vertientes, entre las que destacan:
La promoción de marcos regulatorios y políticas públicas favorables a la competencia económica; y
El posicionamiento de la competencia en la agenda pública.
De esta manera, y a través de la Ley de Federal de Competencia Económica (LFCE), la Cofece juega un papel fundamental en la economía, ya que protege la competencia económica en México, al mantener y defender la libertad de todas las personas y empresas para acceder a los mercados justos, al mismo tiempo que evita y sanciona la realización de conductas anticompetitivas, la concentración y la creación de asimetrías que promuevan el desarrollo de monopolios en los diversos sectores, industrias y mercados.
Para lograr lo anterior, la Cofece, en su Guía para la evaluación de la regulación desde la óptica competitiva,17 recomienda que para lograr condiciones de libre concurrencia y competencia en los mercados, es indispensable que las políticas públicas y regulaciones no restrinjan la entrada ni interfieran innecesariamente con las decisiones de las empresas.
Para la Cofece, los obstáculos a la competencia impuestos por el propio Estado son particularmente nocivos, pues suelen generar daños transversales de manera prolongada. Es por ello que resulta fundamental detectar y corregir, de manera oportuna, los riesgos a la competencia a través de los siguientes objetivos generales:
No emitir la regulación excesiva o eliminar los aspectos restrictivos de ésta, así como revisar las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.
No sobre regular, y evitar reglas estrictas previendo escenarios particulares o anecdóticos.
Se deben usar incentivos económicos en lugar de restricciones conductuales y preferir limitaciones parciales sobre prohibiciones absolutas.
Evitar requisitos o información innecesarios, así como reducir al mínimo los costos de transacción asociados a los trámites.
La Cofece recomienda al Estado, realizar ajustes a programas en lugar de otorgar subsidios directos a ciertas empresas, pues esto conllevaría a distorsiones en la competencia efectiva de los oferentes.
Facilitar el flujo de información hacia los consumidores, pues la información incompleta en los mercados, es una barrera para la diversificación en todas las industrias.
Revisar el marco jurídico en las licitaciones públicas, contrataciones y servicios de arrendamiento para fortalecer la competencia y, aunado a ello, la compra eficiente de bienes y servicios adquiridos por el Estado.
VI. Micro, pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo local y regional y la cohesión social. Las Mipyme representan el segmento de la economía que aporta el mayor número de empleos y agrupa la mayor parte de las unidades económicas.18
En 2018, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), reporta que en México hay más de 4 millones de Mipyme que aportan 41.8 por ciento del empleo total. De ellas 97.6 por ciento son microempresas y concentran el 75.4 por ciento del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que son un 2 por ciento y tienen el 13.5 por ciento del personal ocupado. Las medianas representan 0.4 por ciento de las unidades económicas y tienen poco más del 11 por ciento de los ocupados.
Actualmente, las Mipyme presentan grandes retos para subsistir y mantenerse en el mercado. Por un lado, únicamente el 2.2 por ciento de las empresas pequeñas y 5.6 por ciento de las medianas, participan en cadenas productivas de valor. El restante declara no participar en dicho esquema de producción, destacando como razón principal la falta de información y conocimientos referida para el 73.5 por ciento de las empresas pequeñas y el 72.4 por ciento de las empresas medianas.19
Por otro lado, según el Inadem, las principales razones que limitan el crecimiento de las Mipyme son las siguientes:
1. Dificultades de acceso a la innovación tecnológica; y
2. Dificultad para acceder a financiamiento
Otro aspecto importante a destacar es que mientras la productividad de las grandes empresas aumenta a una tasa de crecimiento promedio anual del 5.8 por ciento, las empresas tradicionales disminuyeron su productividad a una tasa del 6.5 por ciento anual.20
Por ello pese a su importancia económica, las empresas mexicanas presentan problemas de baja productividad, ya que las Mipyme son las principales generadoras de empleo en el país al aportar casi tres cuartas partes 73.8 por ciento de las fuentes de empleo que se generan en la economía. Sin embargo, su participación en la producción bruta total (PBT) alcanza únicamente el 34.7 por ciento. En este contexto, se identifica que el principal problema que enfrentan las Mipyme de México en forma generalizada es la falta de productividad.21
Según el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)22 La principal fuente de financiamiento para las empresas es el sistema financiero formal, así lo resalta el 53.2 por ciento de las microempresas con financiamiento, el 68.9 por ciento de las empresas pequeñas y el 79.3 por ciento de las medianas. Los créditos otorgados por proveedores representan la segunda fuente de financiamiento de las empresas pequeñas y medianas con el 38.1 por ciento y el 40.3 por ciento respectivamente, en tanto que para las microempresas fueron los recursos propios con un 28.7 por ciento.
Como se observa las empresas tienden a recibir créditos de los bancos por razones que tienen que ver con la falta de comprobación de ingresos, falta de aval, mal historial crediticio y falta de colaterales o garantías prendarias. La garantía requerida en México por los bancos suele equivaler a más de dos veces el valor del crédito solicitado, nivel alto en comparación con los estándares del resto de los países miembros.
En cuanto a la utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) se refiere, las Mipyme mexicanas enfrentan un rezago tecnológico respecto a otras empresas a nivel mundial. Las empresas medianas, por ejemplo, ocupan el último lugar en utilización de internet entre los países de la OCDE. En el caso de las micro y pequeñas empresas, las empresas mexicanas ocupan la penúltima posición en utilización de internet, únicamente por debajo de Hungría.
Las principales razones por las cuales las microempresas no utilizan TIC para desarrollar sus actividades tienen que ver con la percepción de que
1. No necesitan internet;
2. No cuentan con equipo;
3. No poseen los recursos económicos para adquirir el equipo;
4. No saben utilizar la tecnología;
5. No les interesa; y
6. Existe una falta de infraestructura que les permite aprovechar las tecnologías de la comunicación.22
Aunado a lo anterior, es necesario generar una agenda que incluya las siguientes estrategias:
1. Coordinar la participación de las instancias que operan programas para Emprendedores y Mipyme a través de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE).
2. Mejorar la coordinación Estado-Federación en materia de políticas para Emprendedores y Mipyme.
3. Ofrecer a los Emprendedores y Mipyme mecanismos de mayor acercamiento y entendimiento con el Sector Gubernamental.
4. Contribuir a recabar información estratégica para el diseño de nuevos y mejores programas con impacto en la productividad de Mipyme.
5. Implementar la figura del Ombudsman para Emprendedores y Mipyme.
6. Adoptar un enfoque Pensemos Primero en las Empresas Pequeñas al régimen legal y reglamentario para reducir la carga regulatoria a Mipyme.
7. Acelerar reformas al marco legal y reglamentario para crear condiciones más favorables para nuevas empresas y el crecimiento de Mipyme.
8. Fortalecer la creación y crecimiento de empresas a través de mecanismos innovadores en el país.
9. Exponer a más mexicanos a convertirse en empresarios e iniciar una empresa como una carrera viable, atractiva y de empleo.
10. Celebrar el éxito empresarial y promover modelos de Emprendedores.
11. Promover que el emprendimiento sea parte de la formación educativa en diferentes niveles del sistema educativo.
12. Mejorar la calidad de la mano de obra en sectores estratégicos por medio de la capacitación.
13. Promover el acceso a financiamiento a Mipyme, incluyendo nuevas empresas.
14. Impulsar el incremento en el volumen de préstamos bancarios otorgados a Mipyme.
15. Contribuir a fortalecer la capacidad de intermediarios financieros no bancarios para proveer alternativas de financiamiento a las Mipyme.
16. Incrementar la disponibilidad de capital semilla y de riesgo para empresas de nueva creación y en sus primeras etapas.
17. Incrementar la capacidad tecnológica y de innovación en las nuevas empresas y Mipyme existentes.
18. Mejorar la eficiencia de las Mipyme promoviendo la integración de soluciones tecnológicas en sus procesos de administración, producción y comercialización.
19. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología mediante el fortalecimiento de los vínculos entre Mipyme y universidades.
20. Promover la creación de empresas innovadoras, incluyendo tecnologías emergentes y sectores estratégicos.
21. Fomentar el desarrollo de Mipyme en zonas económicas en condiciones desfavorables.
22. Incrementar la participación de las Mipyme en las cadenas de proveeduría de las grandes empresas.
23. Facilitar el acceso de Mipyme a las oportunidades de contratación pública.
24. Mejorar la capacidad y propensión de las Mipyme para exportar.24
25. Realizar un Foro de Mujeres empresarias y emprendedoras.
VII. Situación Minera
Nuestro país tiene un alto potencial en cuanto a recursos minerales y el sector continúa dando resultados positivos en la inversión, la generación de empleo y fuertes contribuciones fiscales. Dado a esto obtiene resultados como los siguientes:
En el PIB nacional, la minería representa el 2.4 por ciento el PIB nacional;
En el Sector minero-metalúrgico en México, la minería representa el 8.2 por ciento;
Con presencia y beneficios del Fondo Minero en 25 estados;
Aportación por ISR 33,977 mdp;
Ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial;
Aportando las siguientes inversiones dentro del sector:
Por nuevos derechos 4,500 mdp;
Otros derechos 2,605 mdp;
Inversiones en acciones a favor del medio ambiente y de las comunidades mineras 4,500 mdp;
Inversión total en minería 4,800 mdd; y
Inversión en exploración 568 mdd
México es un importante productor de minerales a nivel mundial de: plata, fluorita y celestita, bismuto y wollastonita, molibdeno y plomo, zinc, barita y sal, oro, cobre y yeso, grafito y manganeso, sin embargo, México ha perdido competitividad en el ámbito internacional para atraer inversiones, sobre todo en la exploración minera. Cabe señalar que de acuerdo a la firma S&P Global Market Intelligence México ocupó el quinto lugar en la atracción de inversiones para minería durante 2018, al ubicarse por debajo de Perú (cuarto lugar) y por arriba de Chile (sexto lugar).25
Durante 2018, este sector dio empleo de manera directa a 379,020 trabajadores, cifra superior en 2 por ciento comparado con el 2017. De manera global, al cierre de 2018, se generaron 7 mil 454 empleos nuevos, contra los 20 mil nuevos empleos, que, en promedio por año, se estuvieron generando durante 2010, 2011 y 2012. Es importante recordar que, en adición al empleo directo generado por la minería, en forma indirecta se cuenta con poco más de 2.3 millones de empleos distribuidos en la cadena productiva del sector.
En materia de responsabilidad ambiental y sustentabilidad, la inversión social y ambiental 2018 fue por 4,500 mdp, también, la industria minera produce y siembra aproximadamente 4.5 millones de árboles al año. Aproximadamente, 111 empresas mineras participan en el programa de industria limpia y 2 de éstas con excelencia ambiental y 3 de los más importantes grupos mineros mexicanos, forman parte del índice sustentable de la BMV.
Por otro lado, la minería es uno de los sectores mejores remunerados en nuestro país, pues el salario promedio de los trabajadores es 39 por ciento superior a la media nacional. Es interesante mencionar que también el sector continúa trabajando por los estudiantes y profesores que cursan e imparten las carreras vinculadas a las Ciencias de la Tierra. En este último año, se invirtieron 3.67 mdp en becas para 75 estudiantes y 39 profesores en 12 instituciones de educación pública del país.
El valor de la producción minero-metalúrgica se mantuvo esencialmente en el mismo nivel para 2018 que, en 2017, al alcanzar 241,634 mdp. En dólares pasó de 12,772 millones el año anterior a 12,561 mdd en 2018, el descenso se debe a la depreciación del peso frente al dólar y a la variación de los precios de los metales.
La balanza comercial minero-metalúrgica fue superavitaria al alcanzar 5,666 mdd, (38 por ciento menos que en 2017). Las exportaciones crecieron sólo 3.0 por ciento respecto de 2017 ascendiendo a 18,023 mdd; por grupo, el de metales preciosos aportó 38 por ciento, equivalente a 6,829 mdd, en tanto el correspondiente a metales industriales con 55.0 por ciento, fue de 9,917 mdd.
Al cierre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Minero dependiente de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía informó que registraron 242 empresas con capital extranjero operando en México, una disminución de 16.5 por ciento respecto del año anterior, entre las que destacan las de Canadá, Estados Unidos y China. En total se cuenta con un portafolio de 1,189 proyectos. En 25 estados de la República existe presencia de proyectos mineros, concentrándose el mayor número de éstos en Sonora con 268, Chihuahua con 161 y Durango con 123.26
Es importante destacar que la política pública de la actividad minera debe garantizar un desarrollo sustentable del sector, mejorar las comunidades aledañas a la minería, generar más empleos formales y bien remunerados e Incrementar las aportaciones fiscales al erario público.
La consultora británica Ernst & Young (EY) ha identificado 10 sectores de posible riesgo para la industria minera, siendo estos nuevos en algunos puntos, lo que indica que este sector cebe poner mayor atención en estas propuestas si pretende mantener un crecimiento estable y rumbo hacia la innovación y desarrollo.
1. Efectividad Digital.27
2. Retornos competitivos para el accionista
3. Riesgo cibernético
4. Nuevas materias primas en el mundo
5. Riego regulatorio
6. Optimización del dinero
7. Aceptación social para operar
8. Reemplazo de recursos
9. Acceso y optimización de energía
El 40 por ciento de las decisiones entorno a la inversión se basan principalmente en las políticas fiscales que tiene cada país. Para poder medir los incentivos de una jurisdicción basada en políticas como: regulaciones onerosas, niveles de impuestos, calidad de la infraestructura, entre otras, es necesario también considerar que el 60 por ciento de la inversión se basa en el potencial de la evaluación de la legislación entorno a la minería. De esta forma, el potencial minero y la percepción de las políticas deben ser considerados.28
La inseguridad y la falta de certeza jurídica son dos factores que también afectan al sector minero. Para poder desarrollar este tipo de medidas es importante llevar a cabo una política minera de Estado capaz de ofrecer la seguridad jurídica y a largo plazo; una vez otorgados los permisos y licencias es fundamental mantener los compromisos ya hechos, de lo contrario se generará una fuerte incertidumbre en torno a la inversión; otorgar mayor seguridad debe convertirse en un objetivo claro, ya que gran parte de las instalaciones se encuentra lejos de ciudades grandes, lo cual las hace objetivos clave para el crimen organizado; y generar confianza al difundir el alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente es indispensable.29 Entre otros temas relevantes a revisión se consideran:
1. Formalizar convenios de colaboración y vinculación con las universidades, centros de investigación y empresas proveedoras nacionales y extranjeras para el desarrollo de personal capacitado en atención a las demandas tecnológicas, por ejemplo: relación con Norcat de Canadá para la capacitación y prueba de técnicas de voladura y desarrollo de prototipos; desarrollo de tecnologías en áreas de información, gestión, automatización, robótica con Codelco; energía y procesamiento con CMIC.
2. Para formar técnicos en seguridad e higiene y protección civil, conservación del medio ambiente, mecatrónica y química industrial especializados en el sector minero, se recomienda generar de manera conjunta con el Conalep el diseño de carreras o trayectorias técnicas basadas en la fusión de planes de estudio de estas carreras con las relacionadas con minero metalurgista y metalurgia.
3. Se recomienda promover el desarrollo de capacidades en los trabajadores a través de la certificación de cursos técnicos (uso de software especializado, mantenimiento y operación de equipos y maquinaria, uso de explosivos y voladuras, operación de vehículos, seguridad y protección civil, técnicas de primeros auxilios) adquiridos de acuerdo con las características técnicas del puesto. Estimular la certificación a través de Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y las instituciones de educación media superior y superior. Futuro de la minería zacatecana y los retos en capital humano
VIII. Objetivo General
En cumplimiento al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una de las principales funciones de las comisiones, es la referente a la elaboración de dictámenes sobre iniciativas, minutas y puntos de acuerdo, así como las opiniones que la Mesa Directiva turne, es por ello, que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad atenderá sin premura alguna todos los asuntos que le sean turnados, en estricto apego a la ley, a las mejores prácticas parlamentarias y de proceso legislativo, así como procurar la imparcialidad y la pluralidad que la Cámara de Diputados demanda en su quehacer nacional.
IX. Objetivos estratégicos
Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos estratégicos, los cuales buscaran afrontar la situación actual respecto de la economía, comercio y competitividad mexicana. De estos es espera, se desprenda una agenda legislativa responsable, así como estrategias coherentes y apegadas con la realidad, para que en al margen de las facultades que la Ley le otorga a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad a través del Poder Legislativo, se generen políticas públicas encaminadas al desarrollo de México.
Objetivo Anual
1. Fortalecer el marco jurídico de la Secretaría de Economía, con la finalidad de que pueda atender de manera eficaz las líneas de acción, que encaminen a una política industrial eficiente.
2. Organizar foros de parlamento abierto que permita conocer e innovar hacia la Industria 4.0, la robotización y la automatización para fortalecer una política industrial más competitiva.
3. Organizar foros y ejercicios de parlamento abierto con la Cofece para dar seguimiento a su trabajo y con ello encaminarse a reformas y análisis que eviten la concentración en los mercados.
4. Instalar mesas de trabajo para revisar e investigar modelos internacionales eficientes de competencia económica.
5. Revisar las regulaciones con la finalidad de hacer iniciativas y reformarlas cuando estas presenten asimetrías, limitaciones y restricciones, con la finalidad de evitar concentraciones y sesgos en la competencia.
6. Trabajar en coordinación con la Cofece para expedir normatividad que agilice de manera real los procesos administrativos que las empresas hoy en día enfrentan.
7. Coordinar acciones con la Secretaría de Economía, para generar un modelo desde el ámbito legislativo que faculte a dicha secretaria para generar acciones que impulse a las empresas en el exterior.
8. Establecer mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, para trabajar en una reforma que delimite acciones para que las empresas nacionales participen en la dinámica de las condenas globales de valor.
9. Elaborar mesas de trabajo con la Secretaría de Economía para que desde el ámbito legislativo se trabaje en una reforma que apoye a través de programas eficientes a las Mipyme que le permita, incorporarse a la formalidad, otorgarles financiamiento y mejorar la coordinación entre los Estados y la Federación para las políticas de las Mipyme.
10. Revisar el ejercicio de manera trimestral del gasto público en el sector de economía y competitividad, en sus diversas clasificaciones de gasto.
11. Revisar el marco jurídico vigente para fortalecer y promover a las Mipyme.
12. Trabajar con la Subsecretaría de Minería para que en conjunto se diseñen estrategias y reformas al marco legislativo cuyo fin sea desarrollar capital humano capacitado en atención a las demandas tecnológicas que México tiene en el sector minero.
13. Revisar la política en materia de economía, comercio y competitividad con enfoque de género.
14. Revisar y analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en materia de Economía, Comercio y Competitividad con la finalidad de vigilar los recursos para el sector
Notas
1 Disponible en
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?most_recent_value_desc=true
2 Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/imai/
3 Disponible en
https://www.inegi.org.mx/temas/imai/default.html#Informacion_general
4 Disponible en https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con -tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published.
5 Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/balcom_ o/balcom_o2019_01.pdf
6 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/470087/Anual-Exporta-dic 2018.pdf
7 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/470086/Anual-Importa-dic 2018.pd
8 Disponible en https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/whos-winni ng-us-china-trade-war-its-not-united-states-or
9 Disponible en https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/whos-winni ng-us-china-trade-war-its-not-united-states-or
10 Disponible en https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/whos-winni ng-us-china-trade-war-its-not-united-states-or
11 Disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Caeran-2-exportaciones-de-Mexico-en-el-2019-Comce-20190206-0031.html
12 Disponible en https://elpais.com/economia/2019/04/23/actualidad/1556043437_225021.htm l
13 Disponible en https://elpais.com/economia/2019/04/23/actualidad/1556043437_225021.htm l
14 ...un mayor aprovechamiento de los diferenciales en los costos de producción entre países y propiciado una fragmentación del proceso productivo a escala global, en el cual las distintas etapas productivas se localizan en diferentes países, con base en sus correspondientes ventajas comparativas. Datos extraídos de la página oficial del Banco de México. Disponible en http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/
informes-trimestrales/recuadros/%7B5C73A0B7-54E6-3CE7-A60B-247821782A85%7D.pdf
15 Disponible en: http://www.promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/cadenas-globales-de-v alor.pdf
16 Disponible en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competiti veness-rankings/#series=GCI4
17 Disponible en https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Guia_Evaluacion_Regulacio n_270516.pdf
18 Disponible en: https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/Libro-Blanco-FIPRA PYME.pdf
19 Disponible en: https://www.bancomext.com/comunicados/14237
20 Disponible en: https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/Diagno%CC%81stico_ FNE-2016.pdf
21 Disponible en https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/Diagno%CC%81stico_ FNE-2016.pdf
22 Disponible en https://www.bancomext.com/comunicados/14237
23 Disponible en https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/Libro-Blanco-FIPRA PYME.pdf
24 Disponible en https://www.inadem.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/
Libro-Blanco-POLI%CC%81TICA-DE-Mipyme.pdf
25 Disponible en
https://camimex.org.mx/files/8215/5872/3031/Mayo2019.pdf
26 Disponible en
https://camimex.org.mx/files/3315/6262/3301/Info_2019.pdf
27 Disponible en
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-10-principales-industria-minera-2017-2018/
$FILE/EY-10-principales-industria-minera-2017-2018.pdf
28 Disponible en https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mi ning-companies-2018.pdf
29 https://camimex.org.mx/files/8215/5872/3031/Mayo2019.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2019.
Atentamente
Diputado Fernando Galindo Favela
Presidente
De la Comisión de Seguridad Social, de trabajo correspondiente al segundo año de la LXIV Legislatura
Introducción
La protección social y el derecho a la seguridad social forman parte del mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su fundación en 1919. Durante todo ese tiempo, la OIT ha elaborado y adoptado una serie de normas internacionales que establecen un marco normativo para el derecho a la seguridad social.
En el informe mundial para la protección social 2017-2019, la OIT, aborda problemas fundamentales, tales como el cambio demográfico, el escaso crecimiento, las migraciones, los conflictos y las cuestiones ambientales. Y hace un análisis sobre los patrones de empleo que atraviesan una rápida mutación: aumentan las nuevas modalidades de empleo, la disponibilidad de puestos de trabajo y la seguridad de los ingresos son limitadas y la protección social es insuficiente.
En este contexto, es de vital importancia diseñar políticas públicas bien estructuradas, que no sólo reduzcan los índices de pobreza y la desigualdad de nuestro país, parte de la estrategia tendría que ser la cohesión social con pisos de protección que garanticen un nivel básico de seguridad social para cada mexicano, y con miras a que dicha defensa se amplíe de manera progresiva y constante.
La evolución de la seguridad social en México, se da en el marco del artículo 123 de la Constitución Política de 1917, tanto en la fracción XXIX del apartado A, como en la fracción XI del apartado B, la cual contempla una variedad de seguros, como invalidez, vejez, embarazo, orfandad, cesantía, retiro, etcétera. En este mismo orden de ideas, habría que destacar que, en 2011, se da una reforma constitucional que establece la obligación de las autoridades para proteger los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, sin dejar de mencionar que los principales ordenamientos que protegen la seguridad social son: la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 25:
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros.
Hacer efectivo el derecho a la seguridad social, es el objetivo fundamental de esta comisión, quien además se encarga de vigilar que las instituciones de seguridad social, cumplan a cabalidad y en el ámbito de sus competencias con la obligación de respetar y proteger la satisfacción de niveles mínimos que redunden en una mayor protección a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, fortaleciendo las políticas públicas en materia de seguridad social.
Fundamento jurídico
El Reglamento de la Cámara de Diputados, indica en su artículo 157, las tareas que le son propias a las comisiones dictaminadoras. Por esta razón la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 149, 158 y 161 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el programa de trabajo anual 2019-2020.
Este programa compila el conjunto de acciones que le dan cumplimiento a las tareas de las comisiones ordinarias y que se desprenden del artículo 157, del mismo reglamento con el objetivo de fortalecer y garantizar la protección social, como un derecho humano que abarque los beneficios familiares y por niño, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la protección de la salud.
Integración y plantilla de la comisión
De conformidad con el acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2018, para la integración de 46 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, y con el acuerdo de designación de integrantes con la misma fecha, la Comisión de Seguridad Social quedó formalmente instalada en el salón de protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de octubre de 2018, con la siguiente composición:
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta; Eleuterio Arrieta Sánchez, Susana Cano González, Juan Martínez Flores, Miguel Ángel Márquez González, Edelmiro S. Santos Díaz, José Isabel Trejo Reyes, Carlos Pavón Campos, Hildelisa González Morales, Juan Francisco Ramírez Salcido, secretarios; Manuel Baldenebro Arredondo, Alejandro Barroso Chávez, Nelly Carrasco Godínez, Alejandro Carvajal Hidalgo, María Castañeda Ortiz, Lucía Flores Olivo, Isaías González Cuevas, Carmen Medel Palma, Luis Mendoza Acevedo, Víctor Mojica Wences, Flor Morales Miranda, Ulises Murguía Soto, Enrique Ochoa Reza, Irán Santiago Manuel, Elba Lorena Torres Díaz, Carlos Torres Piña, Martha Zamudio Macías, Absalón García Ochoa.
Acuerdos y comunicaciones
Mediante comunicación publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 21 de noviembre de 2018 y dirigida al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, se informó de la modificación en la integración de la comisión, causando baja el diputado José Rigoberto Mares Aguilar (PAN).
Mediante comunicación publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de diciembre de 2018, y dirigida al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, se informó la modificación en la integración de la comisión, causando baja la diputada Martha Elena García Gómez (PAN).
Del mismo modo, mediante oficio número DGPL 64-II-8-1176 con fecha 26 de febrero de 2019 y dirigida a la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social se informó de la modificación en la integración de la comisión causando alta el diputado Absalón García Ochoa (PAN).
Actualmente la Comisión de Seguridad Social está compuesta por 28 diputadas y diputados. Con la siguiente distribución:
Actividades generales
De conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. El artículo 157, las tareas de las comisiones ordinarias son las siguientes:
I. De dictamen legislativo;
II. De información;
III. De control devaluatorio, conforme a los artículos (sic DOF 23-12-2013) 26, apartado A, párrafo cuarto, con base en indicadores de desempeño, y 93 de la Constitución;
IV. De Opinión;
V. De investigación.
Parte fundamental de esta comisión, es el trabajo legislativo que a continuación se describe:
Realiza el estudio y dictamen de las iniciativas, minutas y proposiciones, que le son turnadas.
Formula opiniones de todos aquellos asuntos que le son turnados a la comisión.
Llevar a cabo eventos de discusión y/o consulta que tengan como objetivo fortalecer el proceso de dictamen de algún asunto.
Promover todas aquellas acciones que fortalezcan a las Instituciones de Seguridad Social.
Realizar análisis de los informes que el Congreso recibe por parte del Poder Ejecutivo federal, en materia de seguridad social, para supervisar la situación operativa y financiera de las instituciones de seguridad social, así como el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Llevar a cabo comparecencias en la materia para funcionarios públicos.
Realizar un seguimiento puntual de las políticas públicas y del desempeño gubernamental en materia de seguridad social.
Mantener actualizado el micrositio de la comisión, con la finalidad de que todo aquel ciudadano que la consulte, cuente con la información más reciente sobre el trabajo que los legisladores desempeña al interior de la Comisión de Seguridad Social.
Elaborar informes semestrales y el plan de trabajo.
Generar opinión motivada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, con relación al gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE).
Acciones
De conformidad con la aprobación del plan de trabajo, se llevarán a cabo reuniones de junta directiva, así como las ordinarias.
Celebrar sistemáticamente reuniones con los funcionarios públicos que se desempeñan en áreas de seguridad social, con la finalidad de atender las necesidades de información por parte de los legisladores.
Fomentar y organizar foros, talleres, y otros eventos en colaboración con instancias de los tres niveles de gobierno, así como con el sector público y privado afines a la seguridad social, para dar solución a las demandas ciudadanas.
Realizar de manera coordinada con las instituciones de seguridad social, jornadas de salud, seguridad y protección social, para atender a los derechohabientes.
Calendario de reuniones del segundo año de la LXIV Legislatura
Las reuniones de junta directiva y ordinarias se llevarán a cabo en las mismas fechas.
2019
Miércoles 18 de septiembre.
Miércoles 16 de octubre.
Miércoles 6 de noviembre.
Miércoles 11 de diciembre.
2020
Miércoles 15 de enero.
Miércoles 12 de febrero.
Miércoles 11 de marzo.
Miércoles 15 de abril.
Miércoles 13 de mayo.
Miércoles 17 de junio.
Miércoles 15 de julio.
Miércoles 12 de agosto.
Eventos programados para discusión y consulta
Uno de los escaparates más importantes de la comisión, es la Semana Nacional de la Seguridad Social, este es un evento anual con un carácter obligatorio, lo anterior en virtud de que el 18 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Entre los objetivos fundamentales de dicho evento, se encuentra el abordar temas coyunturales, que fortalezcan las políticas públicas, vía la construcción y la consolidación del derecho a la seguridad social.
Del mismo modo, se prevén otros foros organizados por grupos de jubilados y pensionados, para llevar a cabo, un análisis sobre las propuestas de reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los temas son:
Cesantía y vejez.
Subcuentas del Infonavit.
Pensión, jubilación y prestaciones sociales.
Regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro Afores y Siefores.
El derecho y el financiamiento a la seguridad social.
Sistema de jubilaciones en México.
Impuesto sobre las pensiones y jubilaciones.
Diagnóstico de la reforma de seguridad social en México.
Acciones y metas a corto y mediano plazo
Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020
Uno de los grandes retos de la Comisión de Seguridad Social es garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, por lo que el cumplimiento estricto de la ley es parte fundamental. En este sentido, la aprobación de un mejor presupuesto, conlleva a la generación y fortalecimiento de mejores políticas financieras sanas, sin aumentar la deuda pública, y promoviendo un desarrollo económico incluyente, lo que implica la generación de políticas públicas que alineen las metas de la seguridad social en nuestro país.
Estas metas a corto y mediano plazo desde la visión y las facultades del Poder Legislativo son las siguientes:
1. Cobertura universal de servicios de seguridad social.
2. El fortaleciendo los sistemas de seguridad social mediante el impulso de la formalidad en los empleos, erradicando la economía informal, para que genere más asegurados que garantizar mayor recaudación.
3. La salud en el marco de los derechos humanos; permite reforzar la regulación de la atención médica, con mejores niveles de calidad; fortaleciendo la prevención hacia una vida saludable.
En este contexto, se destaca la importancia del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, en el que el IMSS contó con la siguiente aprobación de recursos: 746,738.9 millones de pesos, de los cuales 57.9 por ciento se destinó al pago de pensiones y jubilaciones, un total de 432,941.1 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento de 67 mil 454 millones 600 mil pesos con respecto al monto recibido en 2018. En términos nominales representa un aumento de 9.9 por ciento al pasar de 679 mil 284 millones 281 mil 924 pesos en 2018 a 746 mil 738 millones 895 mil 682 pesos para 2019.
Con respecto al ISSSTE, el presupuesto que se asigno fue de 323,322 millones de pesos, de los cuales 70 por ciento se destinó al pago de jubilaciones y pensiones con un total de 226,143 millones de pesos, lo que significa 5.1 por ciento más que lo presupuestado el año pasado.
Por todo lo anterior y entendiendo la importancia y la aprobación de un buen presupuesto, es que se sugieren las siguientes áreas para desarrollar, promover y fortalecer, la materia de seguridad social.
1. Protección social a la infancia
Las políticas de austeridad, minimizan las posibilidades de generar un derecho fundamental como es la protección social. En el caso de los menores. En promedio, el gasto en prestaciones familiares y por hijos de entre 0 y 14 años de edad representa el 1.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual indica un déficit notable de inversión en la infancia; ello no solo afecta al bienestar general y el desarrollo a largo plazo de los niños, sino también al futuro desarrollo económico y social del país en el que viven.1
El desarrollo económico y social de un país no debe centrarse de manera concreta en los pobres, esto genera es la reducción de beneficios en muchos sectores de la población. El espectro debe de ser mucho más amplio con respecto a las políticas públicas, para atender eficientemente las necesidades de las familias y sus hijos y procurando la cobertura de prestaciones sociales.
En la LXIV Legislatura uno de los temas que la comisión ha defendido e impulsado es la aprobación de varias minutas como son:
Guarderías en atención a la igualdad de género y la no discriminación por el estado civil (pendiente en el Senado de la República).
La atención y licencia para padres con niños que afrontan el problema de cáncer.
Reforma para la seguridad social a parejas del mismo sexo (pendiente en el Senado de la República).
2. Protección social para mujeres y hombres mayores
A nivel mundial, 68 por ciento de las personas que superan la edad de jubilación perciben una pensión de vejez; este porcentaje se debe a la importante extensión de las pensiones contributivas y no contributivas en muchos países de ingresos bajos y de ingresos medios. El gasto en pensiones y demás prestaciones para los adultos mayores representa 6.9 por ciento del PIB en promedio y existen grandes diferencias entre regiones.2
México está atravesando un proceso de transición epidemiológica, es decir, cambios en la prevalencia de enfermedades y causas de muerte. Gracias a los avances en salud, es que la esperanza de vida se ha prolongado, sin embargo; hay implicaciones que deben atenderse con políticas públicas, y que deben ser impulsadas desde el Poder Legislativo, a través de reformas dirigidas a este sector de la población.
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2015, de cada diez mexicanos, tres son menores de 15 años (27.6 por ciento), y sólo uno tiene 60 años o más (10 por ciento), sin embargo, para el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7 por ciento), proporción casi idéntica a la de adultos mayores, quienes representarán 21.5 por ciento de la población total (Conapo, 2012).
En este contexto, la Comisión de Seguridad Social aún tiene pendientes que resolver, es claro que hay factores de orden financiero que frenan la aprobación de reformas, sin embargo; es inaplazable el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas hacia la protección social que atiendan las demandas de un grupo que históricamente ha sido vulnerable y que se encuentran en riesgo.
Los pendientes que la Comisión de Seguridad Social tiene, por mencionar algunas son:
1. Aprobación de pensión por viudez.
2. Devolución de cuentas en cesantía y vejez.
3. Mejores pensiones que cuenten con el equilibrio entre sostenibilidad y equidad.
3. Salud universal
Se estima que se necesitan unos 10 millones en personal de salud para lograr la cobertura de salud universal a nivel mundial y garantizar la seguridad de la población, en particular por lo que respecta a enfermedades infecciosas como el ébola. El déficit de 7 millones de trabajadores de salud calificados en las zonas rurales y el elevado déficit de gasto de salud per cápita se añaden a estas desigualdades entre la población urbana y la población rural. Para extender la protección de la salud es fundamental asegurar la igualdad de acceso a servicios asistenciales de calidad y una financiación basada en criterios de solidaridad.3
La salud universal es un reto que va más allá del gasto que se debe destinar en las finanzas públicas; es la calidad de los servicios, la redistribución y fortalecimiento de las aportaciones tripartitas, las características que hoy muestran los cambios epidemiológicos y demográficos, etcétera. La cobertura conlleva retos enormes que deben plantearse con responsabilidad, y con un criterio a mediano y largo plazo. No se habla sólo de un derecho humano, sino de la aplicación de una administración eficiente que plante políticas públicas alcanzables y sostenibles.
La Comisión de Seguridad Social, tiene un reto enorme para generar una red que cohesione a distintos sectores de la población, aminorando las inequidades, analizando los recursos reales con los que se cuentan, estudiando los marcos jurídicos con los que se cuentan, con la finalidad de fortalecer a las instituciones a través del correcto financiamiento público. Esta comisión debe llevar a cabo reformas graduales con una visión permanente, a través de procesos políticos complejos, y es justamente el Poder Legislativo el que está facultado para convertirse en un actor relevante en la asignación del presupuesto 2020.
Transparencia
La cultura de la transparencia, construye un buen gobierno, por ello es importante impulsar mecanismos que garanticen una conducta ética en el funcionamiento del Poder Legislativo, es así que la Comisión de Seguridad Social mantiene a través de su micrositio , un diálogo constante con los ciudadanos, mostrando con transparencia el trabajo legislativo que se lleva a cabo en la comisión y de los acuerdos que se desprenden de las reuniones, además de las obligaciones contenidas en el artículo 72 de la Ley General de Transparencia acceso a la Información Pública.
Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos federal, de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Agenda legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del día;
IV. El Diario de Debates;
V. Las versiones estenográficas;
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del pleno y de las comisiones y comités;
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
Notas
1 Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. La Protección Social Universal para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. OIT. P. 31.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de septiembre del 2019.
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), Eleuterio Arrieta Sánchez (rúbrica), Susana Cano González (rúbrica), Juan Martínez Flores (rúbrica), Miguel Ángel Márquez González (rúbrica), Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Carlos Pavón Campos, Hildelisa González Morales (rúbrica), Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica), Alejandro Barroso Chávez, Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica), Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica), María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Lucía Flores Olivo (rúbrica), Carmen Medel Palma (rúbrica), Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica), Flor Ivone Morales Miranda, Ulises Murguía Soto, secretarios; Irán Santiago Manuel, Luis Mendoza Acevedo (rúbrica), Isaías González Cuevas, Enrique Ochoa Reza, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica), Elba Lorena Torres Díaz, Carlos Torres Piña (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica), Absalón García Ochoa
