Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5374-IV, jueves 26 de septiembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SEP a formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para generar conciencia y prevención respecto de la obesidad infantil y sus posibles consecuencias, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La obesidad es definida por la Organización Mundial de Salud como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, cuya forma de medirla es a través del índice de masa corporal, considerando que una persona es obesa sí su índice de masa corporal es mayor a 30.
La obesidad puede traer como consecuencia problemas en la salud, así como el desarrollo de enfermedades que pueden ser peligrosas. Lamentablemente la obesidad es un mal que está aquejando al mundo entero, ya que el número de personas que tienen este problema es muy alto y conforme pasan los años las cifras van aumentando. Según la Organización Panamericana de Salud, (OPS), la obesidad y el sobrepeso en su conjunto han aumentado en la población adulta en un 27.5 por ciento entre los años de 1980 y 2013, mientras que en el público infantil el crecimiento en el mismo periodo fue del 47.1 por ciento.1
En el año de 1998 la Organización Mundial de la Salud, (OMS) consideró a la obesidad como una epidemia que pone en grave riesgo la salud pública, esto a razón del gran incremento que presentó a finales de la década de los 90, puesto que las cifras que manejó fueron que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo son obesas. Por su parte la obesidad infantil ha sido considerada por la OMS como un problema de salud pública en siglo XXI, calculándose que en 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos.2
Como ya se mencionó la obesidad es un gran problema a nivel mundial y desafortunadamente México está considerado como uno de los países con mayor número de personas obesas en el mundo. Según datos del informe de actualización sobre la obesidad 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), México ocupa el segundo lugar en obesidad entre los países miembros de esta organización con un porcentaje del 32.4 por ciento, solo por debajo de Estados Unidos que cuenta con un 38.2 por ciento, cifra que aumento en relación al año 2000 en el que contaba con un 24 por ciento.3
Entre las complicaciones que pueden surgir en aquellas personas que padecen obesidad se encuentran el hecho de que los hace más vulnerables de padecer problemas como diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares que son dos de las principales causas de mortalidad que existen en México,4 además de presión arterial alta, nivel alto de triglicéridos y colesterol en la sangre, problemas óseos debido al exceso de peso en los huesos, accidentes cerebrovasculares, apnea del sueño, problemas en el hígado, insuficiencia cardiaca y endurecimiento de las arterias, discapacidades, cáncer de hígado, colon, riñón, vesícula, entre otros, todas estas enfermedades ponen en peligro la salud y el bienestar de cualquier persona, y provoca que no tengan una vida placentera puesto que muchos de ellos se verán limitados a realizar ciertas actividades ya que pueden poner en riesgo su vida e igualmente pueden estar sujetos a medicamentos constantes, por lo tanto es vital atender este problema desde la infancia a fin de prevenirlo en la etapa adulta.
Como ya se mencionó en México las cifras de obesidad son alarmantes, en especial la obesidad infantil. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del año 2012, encargada de asentar los datos de rezago en salud y nutrición, nos muestra que los niños entre 1 y 5 años de edad tienen sobrepeso u obesidad en un 9.7 por ciento, mientras que los niños que se encuentran entre los 5 y 11 años de edad presentan en su conjunto entre obesidad y sobrepeso un porcentaje del 34.4 por ciento a nivel nacional, estos datos según el género, muestra que las niñas tienen un porcentaje combinado del 32 por ciento y los niños del 36.9 por ciento, y que en relación con la Ensanut anterior del año 2006, los porcentajes prácticamente se han mantenido.5
Ahora los datos que arroja la Ensanut del año 2016, prácticamente nos viene a constatar que el problema sigue persistiendo, dado que no hubo muchos cambios en las cifras en relación con las encuestas anteriores, ahora se maneja que en niños entre 5 y 11 años de edad el porcentaje combinado de los que padecen obesidad o sobrepeso es del 33.2 por ciento, en cuanto a los porcentajes por sexo, nos muestran que las niñas cuentan con un 32.8 por ciento y los niños un 34 por ciento.6
Adentrándonos ahora en las causas que generan la obesidad, encontramos principalmente a la falta de una alimentación saludable, es decir por el consumo de alimentos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables y necesarios, acompañado de la falta de actividad física.
Al respecto, la encuesta citada, maneja los siguientes porcentajes:
Con relación a la actividad física se tiene que los niños entre 10 y 14 años de edad, sólo el 17.2 por ciento tienen la categoría de activos es decir que realizan actividad física por lo menos 60 minutos por día, del cual el porcentaje por sexo nos muestra que los niños activos son el 21.8 por ciento, mientras que las niñas activas solo el 12.7 por ciento.
Respecto de la buena alimentación los datos sobre la dieta que llevan los niños escolares (5 a 11 años) nos arrojan que el 22.6 por ciento consumen verduras, el 45.7 por ciento frutas y el 60.7 por ciento leguminosas, siendo estos 3 los grupos alimenticios con mejores niveles de salud, pero igualmente nos muestra que entre los grupos alimenticios más dañinos es decir los que suelen provocar obesidad o enfermedades, el 81.5 por ciento consumen bebidas azucaradas no lácteas, el 61.9 por ciento botanas y dulces, y el 53.4 por ciento cereales dulces. Encontrando como factores principales del no consumo de alimentos saludables la falta de dinero en un 50.4 por ciento, falta de tiempo para preparar dichos alimentos en un 34.4 por ciento, preferencia por las bebidas azucaradas y comida chatarra en un 31.6 por ciento y desagrado por las verduras en un 23 por ciento.7
La Organización Mundial de Salud, (OMS) señala como causa principal de obesidad infantil el desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico, al mismo tiempo también enfatiza en la importancia que tienen las escuelas en la lucha contra esta epidemia de la obesidad infantil, ya que los niños pasan gran parte de su tiempo y en general de su vida dentro de estos recintos educativos por lo que es primordial que en ese entorno se realice la promoción de dietas saludables acompañadas de una buena actividad física que les permita quemar las calorías, por todo esto es que se destaca la importancia que tienen las escuelas especialmente las de nivel básico en el fomento de los hábitos de la buena alimentación y la actividad física.
Resultan alarmantes las cifras que México ostenta en obesidad a nivel mundial, pues que se encuentra en el segundo lugar de obesidad en adultos y algunas encuestas se coloca a nuestro país como el primer lugar en obesidad en niños, por ello, es indispensable prevenir la obesidad enseñando a los niños a alimentarse, así como a realizar ejercicio en pro de una etapa adulta sana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del ámbito federal para que formulen, apliquen, vigilen y evalúen políticas públicas para generar concientización y prevención respecto de la obesidad infantil y sus posibles consecuencias.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación del ámbito federal para que dentro de sus facultades se realicen campañas concientización y prevención respecto de la obesidad infantil y sus posibles consecuencias, dirigidas a los alumnos y padres de familia.
Notas
1 Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 3 de septiembre, 2019. Visible en
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=999:los-ninos-obesos-o-con-sobrepeso-tienen-mas-p robabilidades-de-padecer-enfermedades-no-transmisibles-a-edades-mas-tem pranas&Itemid=499
2 Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 11 de septiembre, 2019. Visible en https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
3 México debe combatir el aumento de la obesidad, asegura la OCDE, Consultado el 8 de septiembre, 2019. Visible en
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Mexico_press%2 0release_5_espCZB-Final.pdf
4 Características de las defunciones registradas en México durante 2017. Consultado el 11 de septiembre, 2019. Visible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf
5 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut 2012. Consultado el 12 de septiembre del 2019. Visible en
https://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24o ct.pdf Página 28.
6 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut 2016. Consultado el 12 de septiembre del 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf Página 8
7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Ensanut, 2016. Ídem. Páginas 9 y 10.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de salud federales y estatales a observar los recortes presupuestarios que han afectado la aplicación de la prueba tamiz e interrupciones en los tratamientos oncológicos pediátricos, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federal y estatales del sector salud observe la perspectiva de niñez, en virtud de los recortes presupuestales que han afectado a la realización de pruebas como el tamiz neonatal e interrupciones en tratamientos oncológicos pediátricos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de conocimiento público las medidas de austeridad dispuestas por el gobierno federal a lo largo de los primeros meses del presente año trajo consigo una astringencia de recursos del sector salud.
De ello daría cuenta del propio presidente de la Comisión de Presupuesto de este órgano legislativo cuando luego de una reunión de trabajo con once directores de diversas instituciones del sector le habrían informado de la retención de al menos dos mil 300 millones de pesos que habrían impactado en la operación de los mismos y en los servicios que prestan.
Posteriormente, el mismo presidente de la Comisión de Presupuesto sostenía ante la prensa, y luego de las consultas realizadas con la Secretaría de Hacienda, la restitución de ochocientos millones de pesos a los institutos y de mil 200 millones a los sectores vinculados con la Secretaría de Salud, quedando un monto pendiente. Adelantando también que el problema sería resarcido definitivamente en los primeros días de junio.
De ese modo, los recortes presupuestales al Sector Salud habrían afectado a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, enfermos de cáncer, diabetes y VIH, dada la falta de medicamentos, de personal e insumos. Las denuncias y testimonios mostraron afectaciones en la práctica del tamiz neonatal e interrupciones en los tratamientos oncológicos pediátricos.
Asimismo, el recorte habría provocado despido de médicos, enfermeras y personal técnico de distintas áreas, poniendo en riesgo el derecho a la salud consagrado en la Carta Magna
El exdirector del IMSS, en su renuncia, señaló que las consecuencias fatales del control excesivo del gasto eran entre otras encontrar pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes, lo que provocaba un mayor gasto de las familias al optar por atención sanitaria fuera del sector salud.
A guisa de ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos1 solicitó a principios de mayo el que el Sector Salud dispusiera de medidas cautelares para garantizar la entrega oportuna y continua de medicamentos a las personas que viven con VIH.
Así, en el Ramo 04, de Salud se observa que los programas de vacunación, de prevención y atención de VIH/sida y otras ITS, de inclusión social, de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y calidad en la atención médica, entre otros, registran un bajo avance porcentual en el ejercicio del gasto
Avance Financiero de los Principales Programas Presupuestarios
Al segundo trimestre. Junio 2019 2
En tanto que en el Anexo 18 de las erogaciones para la atención de niñas, niños y adolescentes, junio de 2019, los programas de vacunación, salud materna, de protección y restitución de los derechos atención a personas con discapacidad, y de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras muestran los menores avances en el gasto.
Avance en Programas Transversales
Al segundo trimestre. Junio 2019 3
Ante estos hechos es plausible reiterar que la Constitución General y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes amparan el derecho a la salud por cuanto que el marco jurídico interno está acorde con las obligaciones que se desprenden de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Al respecto el primer párrafo del artículo 50 de la Ley General en la materia establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
Por lo que las autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinaran para ello.
Así lo estipula el penúltimo párrafo del citado artículo, subrayando el apego a los principios rectores que deben regir:
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior, tiene sustento en el artículo cuarto Constitucional en cuyo noveno párrafo se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez , garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Por lo que dicho principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En suma, en estos primeros meses de la nueva administración se han conjuntado ajustes y rezagos presupuestales que afectan directamente la atención en salud de las y los mexicanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes, lo incide directamente en un derecho de rango constitucional: el derecho a la salud.
En este orden de ideas, esperaríamos una mayor sensibilidad social y una mayor responsabilidad administrativa de un gobierno cuya bandera electoral fue la de procurar el bienestar de la población, y la aplicación de recortes ciegos ni subejercicios continuados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federal y estatales del sector salud sean observantes de la perspectiva de niñez y adolescencia, en virtud de los recortes presupuestales que han afectado a la realización de pruebas como el tamiz neonatal e interrupciones en tratamientos oncológicos pediátricos.
Notas
1 Ver: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Com_2019 _166.pdf
2 Ver: V. Avance Financiero de los Principales Programas Presupuestarios; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2019, página B101.
3 Ver: X. Avance en Programas Transversales; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2019, página B144 y ss.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de septiembre de 2019.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y el gobierno de Jalisco a establecer un programa especial de apoyo urgente para los productores de plátano, mango y papaya de municipios del estado que perdieron los cultivos por el huracán Lorena, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal y del gobierno del estado de Jalisco, a que establezcan un programa especial de apoyo emergente para los productores de plátano, mango y papaya de diversos municipios del Estado de Jalisco, que perdieron sus cultivos por las afectaciones que dejó a su paso el huracán Lorena, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, los fenómenos meteorológicos que siempre han estado presentes a lo largo de nuestra historia, son cada vez más frecuentes, intensos y con afectaciones mayormente devastadoras; esto se debe en gran medida, al deterioro que nosotros mismos hemos hecho con el paso del tiempo a nuestro medio ambiente, por la destrucción que hemos realizado a nuestros ecosistemas y la devastación irracional a nuestros recursos naturales.
El calentamiento global, resultado de lo anterior y de los elevados e históricos niveles de contaminación que hemos generado; nos ha demostrado la potencialidad de sus efectos con sequias extraordinarias, lluvias torrenciales o bien, huracanes sumamente fuertes y mortales que se forman y ganan fuerza a una velocidad impresionante; que incluso, a los expertos ha sorprendido y tomado por sorpresa.
Esta situación, nos ha generado no solo afectaciones económicas y a nuestra infraestructura; también y desafortunadamente, la pérdida de vidas y de patrimonios familiares.
Consecuencias muchas de ellas dolorosas e irreparables; otras más con remedio, pero lamentablemente con un elevadísimo costo económico, ante el cual, muchas familias no han podido hacer frente, e incluso mucho tiempo pasada la desgracia, siguen sufriendo sus secuelas.
Ante estas adversidades, como se dijo anteriormente, cada vez más frecuentes; sin duda alguna hemos ido avanzando en materia de prevención y muy tímidamente, en materia de reparación de daños.
Sin embargo, ante la magnitud de las afectaciones, hay veces que tanto gobierno como sociedad nos sentimos y vemos rebasados.
No obstante lo anterior, como sociedad nos hemos dado cuenta de la fortaleza y la solidaridad que tenemos los mexicanos ante situaciones adversas, hemos aprendido a recuperarnos una y otra vez, brindando incondicionalmente ayuda a quien lo ha necesitado.
En este esfuerzo, las autoridades de los tres niveles de gobierno, no pueden quedarse atrás.
Tienen que tener la misma capacidad de reacción y de solidaridad que la sociedad ha mostrado; tienen que actuar de mejor manera, con mayor rapidez, más organización y efectividad; para brindar la ayuda necesaria a quienes, en momentos como esos, lo requieren.
No solo para hacerle frente a la emergencia, sino también después; a lo largo del esfuerzo que tienen que hacer las familias para rehacer su patrimonio y recuperar la normalidad en su vida, sus labores, su sustento.
La reconstrucción no solo es material, también requiere ser económica, laboral, familiar y moral.
En este esfuerzo, la ayuda de nuestros gobiernos, es imprescindible e ineludible.
Por ello, debemos de ser atentos, estar al pendiente y ser siempre solidarios ante cada fenómeno meteorológico que se presente en nuestro país y afecte a nuestra población.
Nadie jamás estará exento de pasar directa o indirectamente una afectación así, por eso, nadie puede excluirse o dejar de ayudar desde nuestras facultades, nuestra posición y capacidades.
Hoy, un importante número de familias jaliscienses, requieren de nuestra ayuda; porque fueron víctimas directas de afectaciones en su patrimonio por el paso de un huracán, el huracán “Lorena”.
Huracán que, conforme a información oficial, alcanzó muy rápido la categoría 1 y toco tierra la madrugada del pasado 19 de septiembre, al este-noreste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco.1
De acuerdo a autoridades oficiales, cerca de las 4 de la mañana del día 19, el huracán “Lorena”, se encontraba ya, recorriendo la costa del estado de Jalisco, generando desde nublados densos, hasta lluvias torrenciales y vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.2
A pesar de encontrarse clasificado como huracán categoría 1, su fuerza no dejo de ser amenazante, letal y devastadora, basta mencionar que dejo a su paso un oleaje de hasta 5 metros de altura a lo largo de las costas del occidente y sur de nuestro territorio.3
Como era de esperarse, las afectaciones tanto a la población como a la infraestructura, iban a ser considerables y así lo fueron.
Afortunadamente, no hubo pérdida de vidas, pero si, la perdida de muchos patrimonios familiares.
Derivados de los aumentos de caudales de ríos y arroyos, del desbordamiento de éstos y las inundaciones que dejaron.
Se reportaron afectaciones a casas, infraestructura carretera y vías de comunicación por las inundaciones que, en algunos lugares rebasó el metro de altura.4
De igual manera, se registraron derrumbes, deslaves y árboles caídos que están haciendo todavía más difícil la cuantificación del daño generado, así como la capacidad de brindar ayuda y entregar auxilio.
Además de lo anterior, por la fuerza de las lluvias y la penetración del agua se hizo un socavón en la carretera federal 80 en el tramo de Santa Cruz-Mañaque, que representa no solo un cierre de la circulación sino también un peligro a la población aledaña.5
Todas estas afectaciones obligaron a las autoridades a activar tanto el Plan DN III E y el Plan Marina, y evacuar con efectividad a casi medio millar de personas, con la finalidad de preservar su vida y proteger su integridad.6
Habilitando y operando, además, poco más de 100 albergues para brindar auxilio a la población de más de 40 municipios que se encontraban en situación de elevado peligro por el paso del huracán “Lorena”.7
A pesar de la efectividad de los esfuerzos anteriores para evitar que se perdieran vidas humanas; poco o nada se pudo hacer frente a la perdida de patrimonios familiares.
Sin duda, un daño menor; pero catastrófico para todas aquellas familias que perdieron sus pertenencias, su hogar y su sustento.
Tal, es el caso del reporte de severos daños a innumerables sembradíos de mango, papaya y plátano de toda esa región de Jalisco, incluso registrando la pérdida total de cultivos en algunos municipios.8
Estas afectaciones agrícolas, no solo son un duro golpe a las familias en su actividad, sustento y su futuro; también lo es para la economía de la región.
Dada la magnitud del daño, todavía no se ha podido cuantificar; pero si se tiene la seguridad de que, si no los apoyamos y hacemos algo al respecto, impactará de manera negativa a las finanzas familiares y a las finanzas de toda esa zona, que es un importante motor agroalimentario de Jalisco y de nuestro país.
Situación ante la cual, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Requerimos apoyar a la población de esos municipios del estado de Jalisco que sufrieron el embate del huracán “Lorena”, que perdieron su sustento, su patrimonio de vida presente y futura.
La economía de la región que tanto ha aportado a la economía estatal y nacional, hoy ante el embate del huracán “Lorena” requiere de la ayuda de todos, pero sobre todo de la gubernamental.
Porque no solo se necesita afrontar la emergencia, no solo se trata de la reconstrucción; también se requiere de la recuperación.
Las innumerables afectaciones agrícolas como las que se registraron en vastos sembradíos de mango, papaya y plátano, en muchos municipios de la costa de Jalisco y zonas circundantes, con ese nivel de devastación, requieren de apoyos extraordinarios para salir delante de la mejor manera y lo antes posible.
En este caso, las autoridades estatales y federales deben de asumir con efectividad, el compromiso de apoyar a esas familias en la recuperación de su actividad económica, de su sustento, y a la vez, en la economía de toda esa región, que hace una importante contribución a la riqueza nacional.
Hoy, los productores agrícolas de mango, papaya y plátano, de toda la región de Jalisco, que perdieron sus cultivos por las afectaciones que dejo a su paso el huracán “Lorena”, requieren de nuestra ayuda para hacerle frente a la emergencia, pero también para recuperar su patrimonio, para salir adelante nuevamente de esta lamentable situación por la que están atravesando y no deben de tardar mucho en afrontar.
Quienes integramos esta soberanía, como representantes de la población que somos, estamos obligados a apoyar a este importante sector de nuestra población y de nuestra economía tanto regional como nacional.
Debemos coadyuvar con las autoridades correspondientes, para que la producción de mango, papaya y plátano, que tanto orgullo nacional nos ha ofrecido, se recupere de este duro golpe que está afrontando y siga siendo el sustento de muchas familias, que le permita lograr mejores oportunidades de vida tanto presente como futura.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal y del gobierno del estado de Jalisco a que establezcan un programa especial de apoyo emergente para los productores de plátano, mango y papaya de diversos municipios del Estado de Jalisco, que perdieron sus cultivos por las afectaciones que dejó a su paso el huracán Lorena.
Notas
1. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
2. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
3. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
4. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ)
5. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ)
6. Secretaria de la Defensa Nacional y Secretaria de Marina.
7. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ)
8. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) y Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de septiembre del 2019.
Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir la declaratoria de zona de desastre para municipios de Jalisco que sufrieron afectaciones y consecuencias del huracán Lorena, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que emita la declaratoria de zona de desastre para los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Cabo Corrientes del estado de Jalisco, que sufrieron las afectaciones y consecuencias del huracán Lorena los días 18, 19 y 20 de septiembre del 2019 al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los pasados días 18, 19 y 20 de septiembre, se presentó en la región occidente del país el fenómeno meteorológico inicialmente considerado como tormenta tropical y después como Huracán Lorena, llevando vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y avanzando a una velocidad de 19 kilómetros por hora.
En tanto, la Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dijo que el huracán Lorena genero nublados densos con lluvias puntuales torrenciales, y oleaje elevado de 3 a 5 metros en las costas del occidente del país.1
Las precipitaciones generaron deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de las regiones afectadas.
La Universidad de Guadalajara anunció la suspensión de actividades en sus planteles ubicados en las costas sur y norte del estado de Jalisco, esto debido a una alerta emitida por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco ante la llegada del huracán ¨Lorena¨
Más de 240 personas evacuadas, 201 casas afectadas, daños en vías de comunicación y la pérdida de cultivos en la Costa fueron algunos de los daños que dejó el huracán ¨Lorena¨ tras su paso por Jalisco, según reportes de autoridades municipales y estatales.
Las zonas con más fincas afectadas fueron en el Municipio de Tomatlán, donde hubo 129 viviendas con distintos daños; en la Huerta, se inundaron 52 casas con niveles de hasta un metro y medio de altura, y en La Tecolotera, en Cihuatlán, otras 20 fincas es el reporte de “Los trabajos de evaluación de daños y conteo”, indicó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
En la población de Chamela fue necesario rescatar con lanchas a 17 personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, a causa del desbordamiento del río con el mismo nombre, 115 habitantes fueron auxiliados en los distintos albergues ubicados en Tomatlán, Cihutlán y La Huerta.
Las vías de comunicación también presentaron numerosos puntos con derrumbes, árboles caídos y piedras; por ejemplo, la Carretera 200. A la altura de la comunidad Emiliano Zapata, un arroyo la inundó, lo que dejó material que tuvo que ser removido.
Protección Civil informó que también se registraron daños en la Carretera 80, en el tramo Santa Cruz-Melaque, donde se originó un socavón en uno de los carriles, por lo que se cerró a la circulación, la carretera que conduce de Cihutlán a Manzanillo quedo incomunicada a causa de la inundación.2
Aunado a las afectaciones mencionadas con anterioridad, se prevén pérdidas considerables al sector productivo de la región, debido a los daños causados por el huracán Lorena a su paso por las Costas de Jalisco en las hectáreas de frutos como el plátano, mango, papaya y piña.
Uno de los mayores problemas para las zonas afectadas por los desastres naturales en la región es la interrupción de la actividad economía. Con daños en la producción, carreteras, infraestructura de comunicaciones, y los daños comunes después de los desastres, no es extraño que los productores locales tengan un periodo de recuperación y desacelere por algún tiempo después de que los desastres.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaria de Protección y Participación Ciudadana a que emita la declaratoria de zona de desastre para los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Cabo Corrientes del Estado de Jalisco, que sufrieron las afectaciones y consecuencias del huracán Lorena los días 18, 19 y 20 de septiembre del 2019.
Notas
1 Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossub menu/pronostico-meteorologico-genera
2 Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ)
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a impulsar por la SEP y la Ssa programas para promover y atender la salud mental de niños y adolescentes en el sistema educativo nacional, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena
La suscrita, Lilia Villafuerte Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A escala global, el trastorno de ansiedad, la depresión, los problemas asociados al consumo de drogas o alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las seis causas principales de discapacidad, con una tendencia al alza. Se calcula que para 2030, la depresión será la segunda causa de disminución de años de vida saludable en el plano mundial y la primera en los países desarrollados, lo cual reducirá notablemente la calidad de vida de las personas.
En el caso del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, 18 por ciento de la población urbana en edad productiva, de entre 15 y 64 años de edad, sufre algún trastorno del estado de ánimo, como ansiedad, depresión o fobia. Además, se calcula que poco más de 3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones padecen tabaquismo y hay más de 400 mil adictos a psicotrópicos.
La alarma se dispara cuando se analiza la estadística de los trastornos psiquiátricos en menores de edad, pues en México se han disparado en los últimos 10 años, teniendo un registro en 1997 donde la depresión infantil ocupaba el decimotercer sitio, y a partir de 2016 ocupa ya el segundo sitio entre los trastornos de salud mental de diagnóstico más frecuente. La Organización Mundial de la Salud estima para 2020 a escala global, la depresión infantil desbancará el déficit de atención del primer lugar de trastornos mentales en edad pediátrica.
La Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil (AMPI) estima que por lo menos 50 por ciento de los trastornos mentales del adulto se gestan en la infancia y adolescencia, lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia de intervenir a tiempo y a través de estrategias de prevención.
La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que 50 por ciento de los trastornos mentales inicia antes de los 21 años y casi 1 de cada 4 adolescentes (24.7 por ciento) se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental.
Los trastornos más recurrentes entre niños y adolescentes son problemas de aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intentos de suicidio: hay diversos factores que influyen en este deterioro de su salud mental. La AMPI considera importante partir de una atención primaria a los padres de familia, simultáneamente a la creación programas de intervención escolar para prevenir el acoso escolar y programas interinstitucionales de apoyo a la infancia y la adolescencia.
Por la situación es preciso crear programas de información y capacitación a la población, especialmente al sector educativo y de salud respectivamente, dados los alarmantes incrementos en los índices de suicidio en adolescentes entre los 15 y 19 años de edad. Conforme a datos proporcionados por la AMPI, en México se cuenta con 544 establecimientos ambulatorios de salud mental en todo el país. Sólo 3 por ciento está destinado a niñas, niños y adolescentes.
Se estima que sólo 5 por ciento de las escuelas primarias y secundarias cuentan de tiempo parcial o completo con un profesional de la salud mental. Cerca de 30.4 por ciento de los diagnósticos hechos en hospitales psiquiátricos corresponden a trastornos del ánimo y la conducta. Del gasto público destinado a la salud, apenas 2 por ciento es destinado a salud mental. Los trastornos mentales y neurológicos representan 22 por ciento de la carga total de enfermedades en América Latina y el Caribe 50 por ciento de los trastornos mentales del adulto se gestan en la infancia y adolescencia.
Las enfermedades mentales son un enemigo silencioso que llega de manera casi imperceptible a la vida de niñas, niños y adolescentes; les impiden un desarrollo sano e integral, y los lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones que atentan contra su integridad física y su vida.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, es importante recordar que éste constituye la segunda causa de muerte entre los 10 a 24 años de edad, y en más de 71 por ciento de los casos se presentaron señales de alerta que, de haberse actuado, pudieron prevenir tan lamentables muertes.
Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la salud mental de todas las personas y el sano desarrollo psicosocial de niñas, niños y adolescentes, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a diseñar e instaurar programas para la promoción y atención de la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes en las instituciones de educación pública del sistema educativo nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputados: Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a considerar el proyecto “Drenaje profundo de los siete barrios de Teoloyucan” para su integración en el Fideicomiso 1928, a cargo del diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Conagua a tomar en consideración el proyecto “Drenaje profundo de los siete barrios de Teoloyucan”, con la finalidad de que sea integrado en el Fideicomiso 1928, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho humano al agua potable y al saneamiento deriva del derecho a un nivel de vida adecuado; y está asociado al derecho a la salud, (Consejo de Derechos Humanos, 2010); también reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Consejo de Derechos Humanos, 1976).1
Además de que, en mayo del 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a sus Países Miembros a garantizar:
“Que las estrategias sanitarias nacionales contribuyan a lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento y apoyen la realización progresiva del derecho humano al abastecimiento de agua y el saneamiento”.
El municipio de Teoloyucan se encuentra ubicado al norte del Estado de México, según datos de la encuesta intercensal 2015, cuenta con una población de 66,518 personas2 de las cuales prácticamente el 54% no cuentan con servicio de drenaje con datos del mismo municipio.
De los 125 municipios que conforman la entidad, el municipio de Teoloyucan no se ha visto beneficiado de estos acuerdos internacionales a pesar de ser considerado por parte de nuestro Gobierno como una de las Zonas de Atención Prioritaria 2019 por los altos niveles de marginación en los que se encuentra.
Lo anterior violenta el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa:
Artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.3
No obstante, en 2009, la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) realizó el proyecto “Drenaje profundo de los siete barrios de Teoloyucan” derivado de la proyección y el trazado de la construcción del túnel emisor oriente (TEO). El proyecto abrió la posibilidad de beneficiar a un gran número de habitantes de la zona que no cuentan con servicio de drenaje, sin embargo, no pudo llevarse a cabo. Las autoridades del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México determinó que el proyecto era inviable por la profundidad de las lumbreras L-14, L-15 y L-16 mismas que serían la conexión con el TEO, lo que termino afectando a miles de personas originarias de los barrios de Analco, San Bartolo, San Juan, Santa Cruz, Santa María Caliacac, Santiago y Santo Tomas.
Por lo anterior, se solicitó al municipio y a la CAEM, la actualización del proyecto, y se buscan otras alternativas de solución en beneficio de los pobladores de los 7 barrios, sin embargo, para poder realizar la misma, nos recomendaron que el proyecto debe primero ingresar al fideicomiso 1928, para poder obtener los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo y generar los mejores resultados posibles
Al apoyar dicho proyecto no solo daría cumplimiento a lo expuesto en líneas anteriores, sino que daría cumplimiento a lo establecido por la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 3ro fracción XIII, XIV, 12 bis fracción VII, VIII y articulo 444 y a la resolución 64/292 efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se menciona lo esencial de contar con agua potable y saneamiento como un derecho humano básico para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 5
Por lo que corresponde a La Comisión Nacional del Agua que es el organismo encargado de preservar las aguas nacionales, sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica,6 la alta responsabilidad de atender la presente solicitud conforme a las atribuciones antes mencionadas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones a tomar en consideración el proyecto “Drenaje profundo de los siete barrios de Teoloyucan”, con la finalidad de que sea integrado en el Fideicomiso 1928.
Notas
1. http://www.oas.org/fpdb/press/Derecho_al_agua-printed-version.pdf
2. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4. Ley de Aguas Nacionales
5. https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtm l
6. https://www.gob.mx/conagua/que-hacemos
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2019
Diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y de Yucatán a coordinar, fortalecer y transparentar las acciones en materia de innovación tecnológica para promover la agricultura orgánica y sustentable, a cargo del diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Juan José Canul Pérez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La producción de alimentos transgénicos sigue siendo un tema de gran polémica en todo el mundo, ya que se tienen opiniones encontradas sobre los efectos que pueden tener en los ecosistemas, para la supervivencia y alteración de especies no modificadas, así como en la salud de los seres humanos al ingerirlos.
Hay quienes impulsan el cultivo de alimentos transgénicos como una forma de impulsar la sostenibilidad alimentaria, sin embargo, expertos de todo el mundo han advertido que éstos pueden ser una amenaza para la salud, ya que pueden ocasionar el surgimiento de nuevas alergias, la aparición de nuevos tóxicos, disminución en la capacidad de fertilidad, contaminación de alimentos, así como problemas en órganos interno.1
De acuerdo con Aleida Lara Galicia, especialista de la organización no gubernamental Greenpeace, los alimentos transgénicos no han sido evaluados correctamente y la industria de transgénicos no ha comprobado su inocuidad humana.2
Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experta en seguridad humana, la doctora Úrsula Oswald Spring, señala que se necesita un análisis más cuidadoso sobre los efectos de la biotecnología en el ser humano y en la salud misma, a fin de saber los potenciales y reales riesgos a corto y mediano plazo que puede correr el ser humano al ingerir estos alimentos, ya que, actualmente, la información sigue siendo insuficiente, además que algunas evidencias clínicamente comprobadas obligan a la prudencia.3
Asimismo, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), existe también la preocupación de que el uso de marcadores de antibióticos en la producción de alimentos transgénicos pueda generar resistencia a éstos en las bacterias que habitan en el aparato digestivo del ser humana.4
En Yucatán, gran parte de los campesinos y pobladores han estado en contra de los cultivos transgénicos. En 2015 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallaron a favor de los pobladores, debido a que las autoridades federales no habían realizado consultas indígenas antes de otorgar los permisos para la siembra de alimentos transgénicos.
En 2016, el gobierno del estado de Yucatán emitió un decreto por el que se declaraba a la entidad zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, sin embargo, el 13 de agosto del presente año, la SCJN invalidó dicho decreto argumentando que, de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución, corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades federativas,5 por lo que dicho decreto carecía de certeza jurídica.
En este sentido, en opinión del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, con este fallo de la corte se abre la puerta para que más empresas puedan avanzar en la plantación de productos genéticamente modificados, poniendo en riesgo la salud de la población, el medio ambiente y los derechos de las comunidades campesinas.
Los hechos descritos, son una clara violación a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quien establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y sobre todo, que el Estado lo garantizará.6
Bajo estas consideraciones, es necesario que se fortalezcan y transparenten las acciones en materia de innovación tecnológica para la promoción de la agricultura orgánica y sustentable, particularmente impulsar los productos agrícolas del estado de Yucatán.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Yucatán para que, de manera coordinada, fortalezcan y transparenten sus acciones en materia de innovación tecnológica para la promoción de la agricultura orgánica y sustentable, así como para garantizar que el uso, producción y comercialización de los cultivos de organismos genéticamente modificados no ocasionen daños a la salud y repercusiones al medio ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Yucatán para que fortalezca sus estrategias con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y fomentar el equilibrio de los ecosistemas en la entidad, promoviendo sistemas de producción agropecuarios sustentables y orgánicos, en favor las comunidades indígenas mayas y la salvaguarda de sus derechos humanos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, de manera coordinada, realicen acciones de investigación y difusión sobre el desarrollo de cultivos, avances científicos y tecnológicos agroalimentarios, así como de sus impactos negativos a la salud derivados del consumo de cultivos de organismos genéticamente modificados, a fin de evitar daños a la salud y al medio ambiente.
Notas
1 Impacto de los Transgénicos, Greenpeace, [en línea], disponible en: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/T ransgenicos/Problemas-de-los-transgenicos/
2 Alimentos transgénicos provocan reacciones en la salud, FAO, [en línea], disponible en: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/506573/
3 Oswald Spring, Úrsula, Transgénicos: efectos en la Salud, el Ambiente y la Sociedad. Una reflexión bioética, Revista Digital Universitaria, [en línea], disponible en:
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art2
4 Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto, CEPAL, [en línea], disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/240 4/1/S042070_es.pdf
5 Preocupa la anulación de decreto contra transgénicos en Yucatán; la Sader debe garantizar un territorio libre de estos cultivos, Comunidades Fuertes Bosques Vivos, [en línea], disponible en: https://www.ccmss.org.mx/preocupa-anulacion-de-decreto-contra-transgeni cos-en-yucatan-la-sader-debe-garantizar-un-territorio-libre-de-estos-cu ltivos/
6 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 09-08-2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 24/09/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Juan José Canul Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a promover campañas de toma de conciencia sobre la miopía, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen aproximadamente mil 300 millones de personas con alguna deficiencia visual. Con respecto a la visión de lejos, 188.5 millones de personas tienen una deficiencia visual moderada, 217 millones tienen una deficiencia visual de moderada a grave y 36 millones son ciegas.1
La OMS establece que la miopía es un error de refracción, una de las principales causas de una visión deficiente, como el glaucoma, cataratas, tracoma, opacidad de la córnea y más.
Los errores de refracción son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa discapacidad visual. Los tres errores de refracción más comunes son:
La miopía: dificultad para ver claramente los objetos distantes;
La hipermetropía: dificultad para ver claramente los objetos cercanos;
El astigmatismo: visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea, que es la superficie transparente que cubre el globo ocular.2
Estos errores de refracción que son comunes entre la población y que no se puede evitar, ya que según estudios son hereditarios, se puede prevenir su progresividad con un tratamiento oftalmológico.
Durante la infancia es la etapa recomendable para asistir con un especialista y asegurarse si se tiene alguna dificultad de la vista para que en un futuro no puedan surgir complicaciones como fatiga al estudio por no poder leer adecuadamente por la dificultad de ver con claridad.
En el mundo, cerca de 80 por ciento de los niños sufre algún tipo de error refractivo, como miopía (visión corta), hiperopía (hipermetropía), astigmatismo o presbicia. Además, se estima que para el año 2025 prácticamente 90 por ciento de la población joven que tiene actividades de visión cercana, así como niños, tendrán una de esas condiciones; de ese porcentaje, cerca de 70 por ciento tendrá miopía.3
De acuerdo con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), a través de su atlas sobre la prevención de la ceguera, establece que en 2015 nuestro país contaba con aproximadamente con más de dos millones de habitantes con alguna discapacidad visual moderada a grave.4
Dicho lo anterior es fundamental promover campañas de concientización para que la población esté informada sobre la miopía y las consecuencias visuales, físicas y psicológicas que puede conllevar no tratarse a tiempo. La prevención es una medida primordial para reducir el empeoramiento de la salud visual.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante este honorable Congreso de la Unión proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover campañas de concientización sobre la miopía.
Notas
1 OMS, Ceguera y discapacidad visual, 2018.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
2 OMS, ¿Qué son los errores de refracción?, 2009.
https://www.who.int/features/qa/45/es/
3 UNAM, 70% de la población joven desarrollaría miopía para el 2025. http://www.unamglobal.unam.mx/?p=17574
4 IAPB, Atlas de la visión, 2015. http://atlas.iapb.org/gvd-maps/#AllAges
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de SLP a realizar un estudio del efecto en la salud producido por las actividades de Minera San Xavier en la población que trabaja en ésta y quienes viven cerca de ella, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena
Quien suscribe, José Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El inicio de la actividad minera en San Luis Potosí se remonta a la época de la Colonia, cuando comenzó a aprovecharse la sal como elemento imprescindible en la obtención de metales. En ese momento, el estado se convirtió en uno de los más importantes en las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.
Actualmente se tiene el registro de 18 minas que operan en el territorio del estado, las cuales han posicionado a la entidad entre los sietes primeros lugares a escala nacional con mayor actividad minera.1
La minería en San Luis Potosí es un negocio muy rentable, sin embargo también genera graves perjuicios en el medio ambiente y la salud de las personas que interactúan tanto como trabajadores como la población que habita cerca de los centros mineros.
Estos problemas no son exclusivos de actividades recientes, puesto que existen lugares donde la minería se desarrolló en el pasado y las personas aún se encuentran expuestas a riesgos.
Según la Guía Comunitaria para la Salud Ambiental, la actividad minera daña la salud de varias formas. Entre ellas destacan las siguientes:
• Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radiación pueden dañar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de inmediato.
• Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir daños en brazos, piernas y espalda.
• Uso de martillos neumáticos (martillos rompepavimiento) u otra maquinaria vibratoria puede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la sangre y provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y, aun, la muerte.
• Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas de audición, incluyendo sordera.
• Largas horas de trabajo debajo la tierra, con poca luz, puede dañar la visión.
• Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua puede causar agotamiento por calor. Las señas incluyen mareos, debilidad, latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos.
• La contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud.
• La destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre.
• La contaminación del aire proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves.
• Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera para conseguir apoyo de una parte la población dan lugar a muchos problemas entre los miembros de la comunidad. Se crean desacuerdos entre amigos, dentro de las familias y entre familias que duran mucho tiempo y contribuyen a la desintegración social, al estrés personal y causan problemas de la salud mental a nivel comunitario.2
En San Luis Potosí, en la parte oriente del valle del estado, se encuentra una franja donde confluyen tres cerros: el de San Pedro, el Pópulo y la Bufa, en la intersección de éstos está el municipio Cerro de San Pedro.
Pese a que desde 1995, pobladores de Cerro de San Pedro y diversas organizaciones sociales se opusieron al inicio de actividades de extracción en Cerro de San Pedro, la transnacional canadiense New Gold-Minera San Xavier ha realizado sus operaciones, ignorando los más mínimos requerimientos en materia ambiental y de salud.
Hasta hoy se tienen registrados muchos daños que la minera extranjera ha provocado en la zona de Cerro de San Pedro y sus municipios vecinos, entre los que podemos mencionar
• El cerro de San Pedro desapareció con la explotación de la mina de oro y plata; se tiene registrado que se utilizan 25 toneladas de explosivos y una cantidad considerable de químicos tóxicos durante sus dos décadas de actividad.
• En el proceso de lixiviación (extracción) se obtiene 80 millones de toneladas de material contaminado con cianuro, según cifras tomadas de la manifestación de impacto ambiental.
• La operación demanda el consumo de un millón de metros cúbicos de agua anualmente para depurar la roca y para regar los caminos cada día, a fin de evitar que el polvo dañe los motores de la maquinaria.
• El abastecimiento de agua potable ha sido afectado debido a que el acuífero por el que se alimenta la mina está siendo sobreexplotado.
• El proyecto está causando contaminación atmosférica por el tumbe y trituración del mineral, pues toneladas de polvillo mezcladas con los gases del nitrato de amonio, así como emanaciones de la maquinaria, quedarían en suspensión y viajarían por la acción de los vientos dominantes hacia el valle de San Luis, la ciudad capital y otras comunidades cercanas.
Estados Unidos de América y Canadá hicieron modificaciones a sus legislaciones a fin de prohibir la utilización del cianuro en la minería debido a su alta toxicidad.
En el país, la Carta Magna establece en el artículo 4o. el derecho de toda persona a desarrollarse en un medio ambiente sano, así como la responsabilidad hacia quien provoque daños en este sentido. Asimismo, las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Minera establecen los lineamientos para la operación de las minas.
Sin embargo, lo anterior, el caso de la minera San Xavier ha operado en total ilegalidad con la complicidad de funcionarios estatales en varios niveles, y lejos de generar los beneficios a la población de Cerro de San Pedro y sus alrededores, solo ha dejado división social y múltiples daños al ambiente y la salud.3
Muchas organizaciones civiles nacionales e internacionales han documentado con amplitud los perjuicios que hemos señalado, pese a esto El gobierno de San Luis Potosí no cuenta con un estudio en materia de salud respecto a las afectaciones que ha causado la operación de esta mina, para poder solicitar que la empresa se haga responsable respecto de este tema.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de San Luis Potosí para que a través de la dependencia correspondiente en materia de salud pública, realice los estudios sobre los impactos en la salud que producen las actividades de la Minera Canadiense San Xavier en la población que trabaja en la mina y vive cerca de ella.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de San Luis Potosí a que, en caso de existir daños en la salud de los trabajadores de la mina y habitantes cercanos a ella, tome las medidas necesarias para que la empresa New Gold-Minera San Xavier se haga responsable del tratamiento de los afectados.
Notas
1 Panorama Minero de San Luis Potosí. Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, diciembre de 2018.
2 Guía Comunitaria para la Salud Ambiental, 2011.
3 https://www.proceso.com.mx/424268/se-va-minera-san-xavier-dejando-mas-d anos-en-slp
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputados: José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conanp a restituir al ANP Nevado de Toluca o Volcán Xinantécatl la categoría de parque nacional, a cargo del diputado Marco Antonio Reyes Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Marco Antonio Reyes Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II y 100, numeral 1, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes y consideraciones
El Nevado de Toluca o Volcán de Xinantécatl fue declarado Parque Nacional mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1936. La majestuosa belleza de la montaña, su diversidad biológica y silvestre, así como el impacto de toda esta riqueza natural sobre el bienestar de las poblaciones aledañas a dicha área, fueron factores fundamentales para que el presidente Lázaro Cárdenas considerara su protección irrestricta, otorgando por ello el carácter de Reservas Forestales de la Nación a las montañas, bosques y praderas de toda esa zona, mismas que contribuyen a mantener el equilibrio climático de las comunidades vecinas y del ecosistema, y a abastecer de agua a la población que requiere de este recurso para el desarrollo de las actividades económicas.
En aquel momento se consideró indispensable la protección de dichas montañas para lograr la “(...) conservación forestal que no puede obtenerse de una manera eficaz si prevalecen los intereses privados vinculados a la propiedad ejidal o comunal o de los particulares que tienden a la excesiva explotación de los elementos forestales”.1 Esta protección casi absoluta pretendía tener un efecto desencadenante por medio del cual se lograra el desarrollo sustentable de la zona, de manera que la preservación del equilibrio ecológico también contribuyera al desarrollo social y económico, pero sin que éste se convirtiera en una bandera que justificara la explotación irracional de los recursos.
Además de destinarlo a la conservación, el Parque Nacional se abrió al turismo, al tiempo que se autorizó la explotación ‘inmediata e indispensable’ de aquellos recursos naturales que requirieran los núcleos de población para su subsistencia. Ello, sin embargo, no podía desplazar al objetivo principal que la categoría de ‘Parque Nacional’ otorgaba al Nevado de Toluca, a saber, la conservación de las condiciones naturales existentes en las partes altas de las faldas y cumbres de la montaña.
La protección de dicha área se expandió con la expedición de un nuevo decreto presidencial (publicado el 19 de febrero de 1937) que incluía nuevos terrenos en la zona de Reserva Forestal de la Nación, y que permitía la explotación de recursos maderables para la satisfacción de las necesidades económicas de los trabajadores de la zona, actividad que no debía alterar las condiciones del ecosistema, siempre y cuando se realizara de manera racional y sin que ello “perjudicara la finalidad que se tuvo en cuenta para el establecimiento del citado Parque Nacional”.2
Con la expedición de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988 se modificó el régimen de protección, manejo y aprovechamiento de las áreas naturales del país. El artículo 45 de esta ley define que la declaratoria de áreas naturales protegidas (ANP) tiene por objeto la preservación y salvaguarda de los ecosistemas, sus elementos, funciones, procesos evolutivos y ecológicos, y de la diversidad genética de las especies silvestres, así como asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, en particular, de las especies en peligro de extinción, las especies amenazadas, endémicas, raras y aquellas que se encuentran sujetas a protección especial.
De conformidad con el artículo 50 de la LGEEPA, los parques nacionales se constituyen a nivel nacional de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, histórico, por su diversidad de flora y fauna, su aptitud para el desarrollo del turismo u otras razones análogas de interés general.
Asimismo, se restringen las actividades que pueden desarrollarse en dichas ANP, permitiéndose únicamente aquellas que tengan por objeto:
• La protección de sus recursos naturales;
• El incremento de su flora y fauna;
• La preservación de los ecosistemas y de sus elementos;
• La investigación y educación ecológica;
• La recreación y turismo.
En virtud de lo anterior, de conformidad con los artículos 47 y 47 Bis 1 de la LGEEPA, al ser Parque Nacional, el Nevado de Toluca debía destinarse principalmente a la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, así como a la implementación de programas de remediación y rehabilitación de aquellas zonas donde se hubieren producido alteraciones a los ecosistemas, lo anterior, en virtud de que en dicho territorio se establecieron zonas núcleo con subzonas de protección y uso restringido, y zonas de amortiguamiento, divididas a su vez en subzonas de uso tradicional, uso público y recuperación (artículo 47 Bis 1, párrafo cuarto). Adicionalmente, en dicha zona no estaban permitidos los asentamientos humanos, ni el desarrollo de actividades agropecuarias.
Estando bajo la categoría de Parque Nacional, en el Nevado de Toluca únicamente era viable la realización de actividades de preservación de los ecosistemas, investigación científica no invasiva, monitoreo del medio ambiente (en las subzonas de protección y uso tradicional); educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental (en las subzonas de uso restringido y uso tradicional); pesca artesanal y actividades de autoconsumo y aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de necesidades básicas mediante métodos tradicionales, artesanales y no invasivos (en las subzonas de uso tradicional); de servicios al turismo (en las subzonas de uso público); y de rehabilitación e introducción de especies nativas de la región o compatibles con el funcionamiento y estructura de los ecosistemas (en las subzonas de recuperación).
La categoría de Parque Nacional otorgada al Nevado de Toluca pretendía, luego entonces, lograr la protección y preservación a mediano y largo plazo de esta área natural protegida y de sus grandes reservas forestales, con el objeto evidente de mantener la gran biodiversidad que ahí se encuentra, pero también de asegurar las necesidades de provisión de agua de una gran cantidad de personas y poblaciones, y para el mantenimiento y desarrollo de las actividades productivas industriales y agrícolas.
Aun contando con esta protección, el Nevado de Toluca ha sido objeto del saqueo de los recursos maderables que distintos grupos de poder económico, del crimen organizado y aún de pequeños ganaderos y agricultores, han llevado a cabo por décadas mediante actividades de tala clandestina. En efecto, como lo reconociera la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas previamente a la emisión del decreto presidencial de octubre de 2013 que modificó la categoría de protección de parque nacional, la reserva forestal del Nevado de Toluca “ha sufrido la desaparición de enormes extensiones de bosque que han sido convertidas en cultivos; la disminución de especies y poblaciones silvestres de flora y fauna; la desaparición y merma de manantiales; el aumento de cárcavas y erosión, con la (consiguiente) pérdida de miles de toneladas de suelo por el cultivo de papa, el desarrollo de minas y la extracción de tepojal”.3
De acuerdo con testimonios de los mismos ejidatarios y comuneros, las reservas forestales del Nevado de Toluca han sido explotadas sin restricción alguna: se observan camiones que a diario y a plena luz del día transportan toneladas de madera, el agua de los manantiales se extrae de manera ilegal, los aserraderos clandestinos trabajan dentro del mismo bosque, además de que pueden observarse cotidianamente restos de árboles talados e incluso se han construido inmuebles de propiedad privada en una zona en la que están prohibidos los asentamientos humanos.4
Lejos de tomar medidas administrativas que permitieran perseguir y sancionar la depredación forestal y silvestre del Nevado de Toluca, con la emisión del decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada “Nevado de Toluca” que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937 (en adelante “Decreto presidencial de octubre de 2013”), el Ejecutivo Federal legalizó la explotación de un área natural que ha sufrido la pérdida masiva de sus recursos forestales y la consecuente pérdida de biodiversidad, así como la puesta en riesgo del abastecimiento de agua para alimentar las regiones hídricas del Río Lerma-Santiago y del Río Balsas y para abastecer las necesidades hídricas de la ciudad de Toluca, su área metropolitana y una buena parte del Valle de México.5
El Decreto presidencial de octubre de 2013 pretendió justificar el cambio de categoría de ANP en que, aunque los decretos expedidos en la década de 1930 excluían a los terrenos agrícolas y poblaciones que se ubicaban dentro de la curva de 3 mil metros sobre el nivel del mar que comprendía el polígono original del Parque Nacional y la Reserva Forestal, ello no impidió que dichos núcleos productivos y poblacionales –junto con los asentamientos humanos constituidos posteriormente mediante dotación de tierras–, ejercieran una presión sobre los recursos naturales del área, razón por la cual se hacía necesario ‘armonizar’ las necesidades de explotación de dichos grupos con los esquemas de conservación que deben observarse para proteger el equilibrio ecológico en el Nevado de Toluca.
A dicho cambio de categoría sobrevino la decisión aún más escandalosa de autorizar la tala de vastos recursos forestales del Nevado de Toluca. En efecto, con la emisión del programa de manejo para esta área natural protegida,6 la Semarnat autorizó la tala comercial (o manejo forestal, como lo denomina el documento) en 11 polígonos del Nevado de Toluca, lo cual equivale a más de 17 mil hectáreas de bosque y a 33.18 por ciento de la totalidad del territorio de esta reserva natural.7 De esta manera, como lo establece el plan de subzonificación de la Semarnat para el Nevado de Toluca, la explotación de los recursos en los 11 polígonos mencionados se daría mediante la autorización para realizar ‘actividades productivas de bajo impacto ambiental’ en la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Áreas Forestales, comprendida en las 17 mil 785.5 hectáreas de bosques de pino, oyamel y aile densos y semidensos que son hogar de una enorme diversidad de aves y ecosistemas.8
La posibilidad de llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos maderables se establece en la página 192 del Programa de Manejo, que a la letra establece:
“A fin de preservar la calidad de los ecosistemas de esta subzona y mantener sus servicios ambientales, el aprovechamiento forestal maderable, actividad que se permite únicamente en esta subzona , restringiéndosele en el resto del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, se debe realizar a través de un manejo que considere los principios ecológicos, respetando la integridad funcional e interdependencia de los recursos sin mermar la capacidad productiva de los ecosistemas y sus recursos existentes por lo que las técnicas utilizadas permitirán conservar y fortalecer el vigor y salud de los bosques incrementando los índices de la regeneración natural y por ende las existencias reales de arbolado disminuyendo la fragmentación, fortaleciendo los servicios ambientales que presta el bosque del Nevado de Toluca como la captación e infiltración de agua, captura de carbono, conservación de suelos y brindar un mejor hábitat para las especies de flora y fauna del Área Natural Protegida. Asimismo, se considera necesario permitir las brechas de saca, que son aquellas brechas que se abren específicamente como apoyo a la actividad de aprovechamiento forestal.” (Énfasis añadido)
Como consecuencia del cambio de categoría de ANP en 2013, y de la autorización establecida en el Programa de Manejo de 2016, se han generado dinámicas humanas y ambientales que han producido alteraciones en la conservación y funcionamiento de los ecosistemas. De acuerdo con reportes periodísticos, entre 2014 y 2018 se registró el descenso más grave en las poblaciones de mariposa monarca que hibernan en los bosques del Nevado de Toluca.9 Como lo han documentado dichos reportes, a partir de información obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existe una relación entre la presencia y crecimiento de colonias de mariposa monarca y las fluctuaciones de madera extraída en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca ubicada en la zona del Nevado de Toluca, y otros bosques adyacentes. De esta manera, aun cuando en meses recientes se ha registrado una recuperación en la ocupación de los bosques por parte de las poblaciones de estos insectos, el impacto que la tala permitida ha dejado en el Nevado de Toluca se cuantifica en 497 mil 893 metros cúbicos de madera.10
De acuerdo con especialistas, el abandono que ha sufrido el Nevado de Toluca ha servido para justificar el cambio de estatus de esta ANP. Lejos de solventar las problemáticas que se utilizan para argumentar una supuesta necesidad de modificar la categoría de protección (deforestación, uso de tierras para cultivo, ausencia de políticas de conservación, incertidumbre en la tenencia de la tierra) el Decreto presidencial de octubre de 2013 sólo ha implicado la posibilidad de modificar el régimen de propiedad, la apertura a la participación de particulares en actividades de explotación de los recursos y la posibilidad de un cambio en el uso de suelo para fines distintos a la conservación de los ecosistemas.11
Es por todo lo anteriormente expuesto que se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, de conformidad con sus atribuciones legales y con base en los artículos 5o., fracciones VIII y XI; 6o., 44, 45, 46, 47, 56 Bis, 57, 58, 60, 61, 63, 65 y demás aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realicen las acciones jurídicas necesarias para restituir la categoría de Parque Nacional al área natural protegida “Nevado de Toluca”, modificada mediante el “decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada ‘Nevado de Toluca’ que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2013, así como a emitir los programas de manejo, de ordenamiento territorial y ecológico, y de regularización de la tenencia de la tierra que correspondan a la categoría de protección de Parque Nacional.
Notas
1 Decreto que declara Parque Nacional el “Nevado de Toluca”, Diario Oficial de la Federación, 25 de enero de 1936.
2 Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada “Nevado de Toluca” que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 1937, Diario Oficial de la Federación, 1 de octubre de 2013.
3 “La Semarnat aprueba la tala comercial de 33% del bosque del Nevado de Toluca”, Animal Político, 31 de octubre de 2016. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2016/10/semarnat-tala-comercial-bosque-n evado-toluca/. (Consultado el 19 de junio de 2019).
4 “La cara oscura del Nevado de Toluca”, Proceso, 8 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/465600/la-cara-oscura-del-nevado-toluca. (Consultado el 19 de junio de 2019).
5 Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936... cit. Nota 2.
6 Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016. Disponible en: https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2017/PM%20Ne vado%20de%20Toluca%20-(web).pdf
7 “La Semarnat aprueba la tala comercial de 33% del bosque del Nevado de Toluca”, cit, nota 3.
8 “La cara oscura del Nevado de Toluca”, cit., nota 4; y Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, cit., nota 6, páginas 189-195.
9 “Legalización de la tala en el Nevado de Toluca coincide con la reducción de la mariposa monarca”, Animal Político, 25 de marzo de 2019. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2019/03/legalizacion-tala -nevado-toluca-mariposa-monarca/. (Consultada el 12 de junio de 2019)
10 Ídem.
11 Urquiza García, Juan Humberto y Aguilar Zínser, Luz Emilia, “Nevado de Toluca: olvido, deterioro y cambios a la ligera”, Nexos, 12 de octubre de 2013. Disponible en:
https://www.nexos.com.mx/?p=18892. (Consultado el 19 de junio de 2019).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Marco Antonio Reyes Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la integridad y el patrimonio de la población ante el incremento sostenido de delitos como el robo con violencia en el transporte público, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El transporte público es el medio por el cual muchos de los habitantes de la Ciudad de México se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y hospitales, entre otros. Por su relevancia para la actividad económica, este medio resulta fundamental para impulsar el desarrollo de la capital del país, de ahí la importancia de que además de ser eficiente y accesible, sea seguro para los usuarios.
Lamentablemente, la Ciudad de México presenta una de las crisis de seguridad más severas desde que se tiene registro, ya que durante la presente administración se ha incrementado exponencialmente la comisión de diversos delitos, tales como homicidios, narcomenudeo y cobro de derecho de piso a comerciantes, y robo con violencia en el transporte público.
Para contar con un panorama general de la situación, basta indicar que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2019, por robo con violencia en transporte público individual se abrieron 283 carpetas de investigación, cifra que representa un incremento de 42.7 por ciento con relación al mismo periodo del 2018.1
Respecto al robo con violencia en el trasporte público colectivo, durante este lapso se abrieron 2 mil 449 carpetas de investigación, lo que significa 59 por ciento más de los denunciados en 2018.
Por su parte, organizaciones civiles, como México Evalúa, señalan que entre enero y agosto de este año, el robo con violencia en el transporte público se incrementó al menos 73 por ciento.2
Entre las modalidades que más se han elevado, se encuentra el robo con violencia en transporte público individual, sobre todo, en los servicios de taxis, y el robo con violencia en transporte público colectivo, principalmente, en la red de microbuses, Metro o Metrobús.
Las mujeres constituyen uno de los sectores más afectados, debido a que en los últimos meses se han incrementado las denuncias sobre diversas agresiones e intentos de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México.
Según diversos testimonios de las víctimas y sus familiares, en dicho sistema de transporte público operan bandas delictivas, quienes amedrentan a las usuarias particularmente en vagones, andenes y torniquetes, intentando subirlas a vehículos privados contra su voluntad, intimidándolas y amenazándolas de muerte si gritan o piden algún tipo de ayuda.
Los hechos descritos vulneran la tranquilidad, integridad y patrimonio de los usuarios, por lo que organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y colectivos, se han manifestado para solicitar el involucramiento de las autoridades y el fortalecimiento de las acciones de seguridad.
El incremento en los índices de robo en el transporte público en general deja de manifiesto que la actual estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la Ciudad de México es fallida, por lo que es urgente mejorar las medidas de seguridad, pero principalmente, las acciones de apoyo a las víctimas para asegurarles el acceso a la justicia y prevenir la comisión de estos ilícitos.
En la lucha contra la delincuencia, resulta fundamental la coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, a fin de impulsar y concretar servicios de calidad, seguros y eficientes, en beneficio de la población en su conjunto.
Una estrategia integral debe contemplar mayores recursos y tecnología para inhibir el desarrollo de estos ilícitos, que vulneran la seguridad e integridad de los habitantes, cuyo objetivo debe ser concretar mayores escenarios de bienestar, justicia, paz y tranquilidad.
El gobierno de la Ciudad de México no puede ser omiso e indiferente ante una de las principales problemáticas y demandas más sentidas de la población, la cual se relaciona con el robo al transporte público, en perjuicio de los usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Ciudad de México para que, a través de las instituciones de seguridad pública y movilidad, en coordinación con las alcaldías, fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la integridad y patrimonio de la población, ante el incremento sostenido de diversos delitos, como el robo con violencia en el transporte público.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Ciudad de México para que transparente las acciones y sus resultados, así como los recursos financieros, humanos y de infraestructura utilizados para contener, sancionar e inhibir el delito de robo con violencia en el transporte público, ante su incremento sostenido en la presente administración.
Notas
1 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2019). Incidencia Delictiva del Fuero Común 2019. 25/09/2019, de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Sitio web:
https://drive.google.com/file/d/1DFwTv-mRWYh8TINP5S79EDV aAlZzdjdX/view
2 Expansión Política. (2019). Alerta en la CDMX: el robo con violencia en transporte público sube 73%. 25/09/2019. Sitio web: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/alerta-en-la-cdmx-el-robo -con-violencia-en-transporte-publico-sube-73
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de septiembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a nombrar con la mayor brevedad al secretario general del Conapo, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Ley General de Población fue publicada el 7 de enero de 1974 en el Diario Oficial de la Federación.1 Como parte de los mandatado por esta ley, tres meses después fue instalado el Consejo Nacional de Población (en adelante Consejo) que “tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos” (artículo 5).
En cuanto estructura, el Consejo está integrado por un/a representante de la Secretaría de Gobernación, quien será la persona titular del ramo y que fungirá en la Presidencia del mismo; una persona representante –ya sean las/os titulares, subsecretarios/as, secretarios/as generales, subdirectores/as generales o quienes se designen– de cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía; así como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
A su vez, el Reglamento de la Ley General de Población (en adelante Reglamento)2 establece que el Consejo tiene las siguientes funciones (artículo 35):
I. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas derivados de la planeación demográfica nacional;
II. Establecer previsiones, consideraciones y criterios demográficos de orden general, para que sean incluidos en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal;
III. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e instituciones que participen en los programas de población;
IV. Celebrar las bases y procedimientos de coordinación con el Ejecutivo de las entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios, para el desarrollo de los programas y acciones coordinadas en la materia;
V. Promover que las entidades federativas formulen los respectivos programas de población en el marco de la política nacional de población, y VI. Las demás que señala la Ley, el presente Reglamento y las que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y funciones.
Este Reglamento también prevé las atribuciones de la Presidencia (artículo 36) y de la Secretaría General del Consejo (artículo 37). Para esta última destaca que es la encargada –entre otras cuestiones– de proponer y ejecutar políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su modernización y desarrollo; integrar las propuestas de los programas en materia de población; y de analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar proyecciones de población.
Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación3 reconoce a la Secretaría General del Consejo como uno de sus órganos administrativos desconcentrados. En consecuencia, el nombramiento y remoción de la persona titular será facultad de quien preside el Consejo; es decir, de quien esté al frente de esta Secretaría (artículo 142). En este mismo reglamento se establecen las facultades que tiene la persona titular de la Secretaría General para garantizar el pleno funcionamiento operativo del Consejo (artículo 143).
Por su parte, la misión de la Secretaría General es “proponer, ejecutar, coordinar, dar seguimiento, evaluar, estudiar, asesorar y apoyar las acciones que determine el Consejo a fin de dar continuidad a los programas en materia de población”.4 Mientras que su visión responde a “ser la entidad de coordinación para que los programas de planeación del desarrollo social y económico en México incluyan en su diseño los criterios demográficos; reconociendo que el vector demográfico es una condición indispensable en la planeación y el diseño de las políticas públicas del país”.
Como se aprecia, los trabajos y directriz de la Secretaría General constituyen el eje toral de las acciones y programas emanados del Consejo. En diciembre de 20185, el doctor Carlos Echarri Cánovas –distinguido académico y funcionario público– fue designado como secretario general del Consejo, cargo que (hasta su lamentable fallecimiento) desempeñó de manera excepcional y dejando importantes contribuciones para la política de población. Entre ellas, la defensa de los derechos de las mujeres, la transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos.
En este sentido, resulta de especial relevancia nombrar, a la brevedad posible, a la persona titular de la Secretaría General del Consejo, en aras de continuar con la invaluable labor emprendida por el doctor Echarri. Así, es necesario que la persona a designar cumpla con el perfil idóneo (demógrafo) para ejercer el cargo y, con ello, poder enfrentar los retos que implican la planeación demográfica en México. Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, para que, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Población (Conapo), nombre a la brevedad a la persona titular de la Secretaría General de este órgano velando en todo momento que cumpla con el perfil idóneo.
Notas
1 Ley General de Población. Recuperado de:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140_120718.pdf
2 Reglamento de la Ley General de Población. Recuperado de: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGP.pdf
3 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Recuperado de:
http://ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99532.pdf
4 Gobierno de México (2014). ¿Qué es la Conapo? Información General. México. Recuperado de:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Informacion_General
5 Gobierno de México (2018). Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, nuevo Secretario General del Consejo Nacional de Población. México. Recuperado el 18 de septiembre de 2019 de:
https://www.gob.mx/conapo/articulos/dr-carlos-javier-ech arri-canovas-nuevo-secretario-general-del-consejo-nacional-de-poblacion -184155
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 26 de septiembre de 2019.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar por la Semarnat área natural protegida, con categoría de parque nacional, el parque Otomí-Mexica, México, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, declare como área natural protegida, con la categoría de parque nacional al área que comprende el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí – Mexica del estado de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las áreas naturales protegidas son, conforme a lo establecido en el artículo 3o., fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, “las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto por ley”.
En este sentido, la conservación de la naturaleza debe ser un esfuerzo activo y constante que se refleje en la protección de nuevas áreas y en el cuidado y mejora de las existentes, con la convicción de que es nuestro deber el asegurar que las futuras generaciones reciban los mismos beneficios de la naturaleza de los que nos hemos beneficiado hasta ahora.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas1 administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90 millones 839 mil 521.55 hectáreas y apoya 339 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 506 mil 912 hectáreas.
De la superficie total de Áreas Naturales Protegidas, 21 millones 886 mil 691 hectáreas corresponden a superficie terrestre protegida, lo que representa el 11.14 por ciento de la superficie terrestre nacional. En lo que respecta a superficie marina se protegen 69 millones 458 mil 748 hectáreas, lo que corresponde al 22.05 por ciento de la superficie marina del territorio nacional.
Las áreas naturales protegidas se encuentran clasificadas en reservas de la biósfera (44), parques nacionales (67), monumentos naturales (5), áreas de protección de recursos naturales (40), áreas de protección de flora y fauna (8), santuarios (18), además de parques y reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales, zonas de conservación ecológica municipales, así? como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.2
Específicamente, un parque nacional, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se constituyen por ser zonas con uno o más ecosistemas de belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general3 y gozan de la protección más alta ya que en ellos solo están permitidas actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.
En el estado de México existen reconocidos 53 parques estatales, siendo uno de ellos el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí – Mexica del estado de México, mejor conocido como Centro Ceremonial Otomí, el cual fue decretado como tal el 8 de enero de 19804 y desincorporado el 15 de septiembre de 2005.
El parque estatal Centro Ceremonial Otomí5 está ubicado en el municipio de Temoaya, a 37 kilómetros de la ciudad de Toluca y abarca los municipios de Capulhuac, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jalatlaco, Jilotzingo, Jiquipilco, Lerma, Morelos, Naucalpan, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Tianguistenco, Temoaya, Villa del Carbón y Xonacatlán.
Sin duda alguna, por su extensión y cercanía a la Ciudad de México, el Centro Ceremonial Otomí actúa como un verdadero pulmón, tanto de la Zona Metropolitana del Valle de México como de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
En este parque estatal encontramos albergues, la Escuela de Agricultura de Alta Montaña, albergues para atletas de alto rendimiento, la casa de artesanías de la cultura otomí, un auditorio, y una sala de proyección. Además, encontramos el Museo de la Cultura Otomí y el salón del Consejo Supremo Otomí, el cual se reproduce como en el siglo IX el lugar de reuniones religiosas y cívicas otomíes antes de la influencia náhuatl representada por Quetzalcóatl.
El Centro Ceremonial Otomí se ubica a una altura de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, goza de un clima frío y cuanta con la siguiente fauna silvestre: conejo, ardilla, tuza, rata de campo, aguililla y otras aves de variados tamaños y colores, se han sumado a estos, venado cola blanca, borrego de peliguey entre otros, y que se encuentran en cautiverio, también se encuentra un estanque donde se crían variedades de trucha, patos y gansos.
Dentro de los servicios y actividades que se ofrecen encontramos área de acampado, mercado de artesanías, museo, área cultural, exhibidor de fauna y veredas peatonales.
Dado lo anterior, no podemos más que reconocer el valor ambiental y cultural que representa el Centro Ceremonial Otomí, riqueza que, como legisladores, debemos perdurar para las futuras generaciones.
Es por lo anterior que se propone exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sea decretado el Centro Ceremonial Otomí como Parque Nacional y, con ello, gozar de los programas y recursos federales para su conservación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, declare como Área Natural Protegida, con la categoría de Parque Nacional, al área que comprende el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí – Mexica del estado de México.
Notas
1 http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Artículo 46.
3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parques-nacionales-de-mexico?idio m=es
4 http://cepanaf.edomex.gob.mx/decretos_areas_naturales_protegidas
5 http://cepanaf.edomex.gob.mx/centro_ceremonial_otomi
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a integrar de manera imparcial y expedita a la investigación que realiza sobre el director de la CFE todos los elementos recién difundidos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La transparencia y el ejercicio de la rendición de cuentas son una de las dimensiones más relevantes de la entrega de resultados de un gobierno. Sin un consenso de apertura y difusión de información, las entidades públicas carecerían de herramientas críticas para combatir de manera efectiva y eficiente la corrupción.1
De acuerdo al think tank México Evalúa, es mediante la difusión de información y procesos transparentes, que las empresas estatales generan confianza sobre su actuación y desempeño hacia actores interesados, incluyendo inversionistas, socios comerciales y los ciudadanos. De esta forma la transparencia puede ayudar a estas empresas a cumplir con su objeto de servicio público.2
Asimismo, la transparencia ha sido uno de los principales puntos en la agenda discursiva de la actual administración federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en múltiples foros, la necesidad y relación que mantiene una agenda participativa con rendición de cuentas para abatir la corrupción. Apenas el 1 de marzo, anunció la apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante una conferencia de prensa que tituló “La transparencia es regla de oro.” Ahí mismo prometió de nuevo que todos los miembros del gabinete harían públicas sus declaraciones patrimoniales.3
Para un gobierno que utiliza de bandera la transparencia es preocupante que en el caso de la CFE, de acuerdo a estudios recientes, se han presentado riesgos inmediatos para la rendición de cuentas en las empresas productivas del Estado:4
1) Interferencias políticas que deslegitimen los procesos de toma de decisiones.
2) Transgresión de principios de neutralidad competitiva que debiliten la garantía de condiciones equitativas.
3) Debilidad o inexistencia de mecanismos internos de supervisión capaces de evitar la corrupción, lo cual dificulte el establecimiento de sistemas de incentivos para que empleados, directivos y consejeros actuaran en el mejor interés de la empresa y de los ciudadanos.
En el sentido del último punto, en días recientes, distintos medios de comunicación han presentado una investigación que expone un posible enriquecimiento ilícito y conflicto de interés entre el titular de la CFE y su familia.
Se asume que el director general, Manuel Bartlett, ocultó en su declaración patrimonial su relación con 12 empresas que podrían estar relacionadas a las contrataciones de la CFE, al igual que bienes inmuebles, derivados de un proceso de posible enriquecimiento ilícito en los últimos años.5
De acuerdo con la primera fuente,6 entre 2001 y 2017, la familia Bartlett constituyó diez sociedades que encabezarían su pareja Julia Abdala Lemus y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.7 Hoy, una de las empresas de Julia Abdala, llamada JAL Consultoría Especializada, ofrece servicios relacionados a la fibra oscura y ahorro de energía de la Comisión; al igual que León Manuel encabeza Cyber Robotics, misma que obtuvo un contrato de asignación directa por parte del Ejército Mexicano por más de 2 millones de pesos.
Cabe recordar, que aunado a esta legítima demanda ciudadana, existe ya un expediente de investigación en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en torno a la declaración patrimonial y de intereses de Bartlett, que indica que tiene una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, aunque en realidad, según la investigación, su patrimonio es 16 veces más grande solo en propiedades.8
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicitamos que el gobierno federal sea vinculante con los mecanismos establecidos en la ley mexicana para su cabal cumplimiento; adscrita a las mejores prácticas internacionales, para supervisar la competencia de las empresas públicas, la rendición de cuentas, el combate efectivo al posible conflicto de intereses y la corrupción. Es fundamental que la actual administración garantice las funciones de las figuras a las que les corresponde la transparencia de información de carácter nociva para el desempeño de estos espacios.
El cumplimiento de la ley se debe dar para brindar resultados a las y los mexicanos, y contribuir al funcionamiento efectivo de sus instituciones. Para ello, debe ser de inmediata atención de la Secretaría de la Función Pública, que, de acuerdo con sus competencias legales, se integre la información recientemente difundida, para que cumpla de forma pronta y expedita, lo establecido para garantizar el proceso de vigilancia y transparencia en lo que demanda la ciudadanía respecto a los aparentes procesos discrecionales en la Comisión Federal de Electricidad; y de encontrarse algún conflicto claro de acuerdo a lo difundido, se haga efectiva la renuncia inmediata del titular de la empresa productiva del Estado mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que integre de manera pronta, imparcial y expedita, todos los elementos recientemente difundidos a la investigación que realiza sobre el ciudadano Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de prevenir un conflicto de interés y, en su caso, sancionar conforme a derecho proceda.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que investigue al ciudadano Manuel Bartlett Díaz, ante la posible comisión del delito previsto en el artículo 224 del Código Penal Federal, dado que el patrimonio del titular de la Comisión Federal de Electricidad no coincide con los ingresos señalados en su declaración patrimonial, tal y como ha sido evidenciado en medios de comunicación.
Notas
1 Dowdle, Michael W. “Public Accountability: Conceptual, Historical and Epistemic Mappings.” In Regulatory Theory: Foundations and Applications , edited by Drahos Peter, 197-216. Acton ACT, Australia: ANU Press, 2017.
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.20.
2 Retomado de: https://www.mexicoevalua.org/2019/02/07/
transparencia-buen-gobierno-lo-puede-faltar-en-la-nueva-cara-pemex-cfe/
3 Con información de: https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/03/13/
lopez-obrador-promete-transparencia-pero-todavia-queda-a-deber
4 Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/2019/05/23/indice-transparencia-corporativ a/
5 Con información de: https://www.forbes.com.mx/bartlett-omitio-en-declaracion-12-empresas-de -el-y-su-familia-asegura-reportaje/
6 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/bartlett-pr imero-23-casas-ahora-12-empresas
7 Consultado en: https://www.carlosloret.com/2019/09/documentos-bartlettsadecv/
8 Con información de:
https://www.animalpolitico.com/2019/09/bartlett-investigacion-funcion-publica-intereses/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de septiembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar, publicar y difundir campañas de vacunación a fin de prevenir el sarampión, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar, publicar y difundir de forma exitosa campañas de vacunación para la prevención del sarampión, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Durante las últimas décadas se ha mantenido una tendencia al alza con respecto a las personas que no confían o creen en las vacunas como medida de prevención de enfermedades, estas creencias infundadas repercuten con mayor efecto en los infantes.1
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de un millón 500 mil niños mueren al año por enfermedades que pueden ser prevenidas con vacunas ya disponibles.
A su vez la OMS, aclara que una de las mayores causas de estas muertes son responsabilidad de los movimientos antivacunas, los cuales pausan o, en casos más drásticos, rechazan los procesos de vacunación, no sólo propios, sino de sus hijos, lo que provoca que estén más expuestos a contagiarse de enfermedades peligrosas, pero curables.2
Un caso reciente de los efectos negativos de los movimientos antivacunas, son los más de 700 casos reportados de sarampión, enfermedad que se creía erradicada, sólo en el estado de Nueva York, esta alza es derivada de la falsa creencia que la vacuna contra el sarampión produce autismo.3
En México, la Secretaría de Salud confirmó 12 personas con sarampión, dentro de los estados afectados están: Nuevo León, Guanajuato, Quintana Roo, estado de México, Chihuahua y San Luis Potosí.4 En el interior de esta cifra se encuentra una alarma que debiera preocuparnos a todos: estas 12 personas contagiaron a más de 500, ya que esta enfermedad es altamente contagiosa.
El sarampión es una enfermedad virulenta e infecciosa, causada por un virus de la familia paramyxoviridae , esta enfermedad se caracteriza por manchas color rojo en la piel, sarpullido, ojos inflamados, fiebre y debilidad muscular, en caso de no ser atendido tempranamente los síntomas causan inflamación en pulmones y cerebro, y en consecuencia la muerte, siendo la población infantil la más afectada.5
A nivel global, los casos de esta infección se han triplicado en los primeros tres meses de este año, respecto a los mismos tres meses del año anterior, es decir, la alza en esta enfermedad no es casualidad, sino el síntoma de una de las más peligrosas amenazas: la falta de información veraz.6
Bajo estas consideraciones es importante actuar a tiempo y concienciar a nuestra población de lo importante que son las vacunas como medida de prevención, así como el de crear campañas de inmunización para prevenir una de las enfermedades más contagiosas, como lo es el sarampión.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar, publicar y difundir campañas de vacunación para la prevención del sarampión.
Notas
1 Las consecuencias de la antivacunación: los brotes de enfermedades que se creían enterradas; revisado 28 de agosto de 2019; link: http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/146424/las-consecuencias-de- la-antivacunacion-los-brotes-de-enfermedades
2 Elisabeth Malkin; New York Times revisado el 29 de agosto de 2019;
link: https://www.nytimes.com/es/2019/04/17/sarampion-epidemia/
3 Donald G. Mcneil Jr; New York Times revisado el 29 de agosto de 2019;
link: https://www.nytimes.com/es/2019/04/30/sarampion-estados-unidos-700/
4 Blanca Valadez; Periódico Milenio; revisado 15 de septiembre de 2019; link: http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/aumentan-casos-sarampion-mexico_ 515-infectados
5 Con información de la Clínica Mayo; revisado 30 de agosto de 2019; Atención al paciente e Información sobre salud/Enfermedades y Afecciones/ Sarampión. Link:
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/mea sles/symptoms-causes/syc-20374857
6 Ibídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a incluir en el Programa de Fomento Ganadero el apoyo de postes metálicos, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro del Programa Fomento Ganadero, en el componente de Capitalización Productiva Pecuaria, en el rubro de infraestructura, incluya el apoyo de postes metálicos para evitar el reposteo, contribuyendo a la conservación del medio ambiente, al tenor de la siguiente:
Consideraciones
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con trece programas:
1) Producción para el Bienestar; 2) De Fertilizantes; 3) De Desarrollo Rural; 4) De Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; 5) De Concurrencia con las Entidades Federativas; 6) De Abasto Rural; 7) De Agromercados Sociales y Sustentables; 8) Crédito Ganadero a la Palabra; 9) De Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; 10) De Fomento a la Agricultura; 11) De Fomento Ganadero; 12) De Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y 13) De Abasto Social de Leche.
Dentro de los programas de Fomento a la Agricultura y Fomento Ganadero; sobre todo, en este último, en su componente de Capitalización Productiva Pecuaria, existe el apoyo, entre otros, para infraestructura, dentro de ese componente la Secretaría puede apoyar al agricultor, al ganadero, en la adquisición de postes metálicos para circular los predios de los agricultores.
“Regla de operación del programa de Fomento Ganadero:
Del Componente de Capitalización Productiva Pecuaria
Artículo 11. El objetivo del componente es incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias, para la adquisición de activos productivos, infraestructura , maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, que contribuya al incremento de su productividad.”1
Lo anterior, en virtud que la gran mayoría de los agricultores circulan sus parcelas o propiedades con postes de madera utilizando de 200 a 500, cuya vida útil es de 3 a 5 años, por lo que se tiene que repostear, ello trae consigo el consumo de árboles afectando al medio ambiente.
Lamentablemente, México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo, la mayor parte de los estudios se han enfocado en la cuantificación del proceso, existen diversas estimaciones a nivel nacional, cuyos rangos fluctúan entre 75 mil ha/año cerca de 1.98 millones de ha/año. Sin embargo, las estimaciones oficiales muestran una pérdida de vegetación arbolada en los últimos años cerca de 1.08 millones de ha/año, cifra que se estima en 775 mil 800 ha/año si solo se consideran bosques y selvas.
Según el “Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020”,2 estima que la remoción anual de madera es del orden de los 56 millones de m3 por año.
Resulta paradójico que las propias Reglas de Operación del Programa Fomento a la Agricultura apoyen con un seguro agropecuario y no se apoye con recursos para atacar el origen de los desastres naturales, es decir, si el propio agricultor o ganadero deforesta para postear sus propiedades; es conveniente que, a través de los Programas de Fomento Ganadero y Agricultura bajo el componente de Capitalización Productiva que ya contempla la infraestructura, se apoye con postes metálicos y se deje de utilizar postes de madera para evitar la tala de árboles y con ello ayudar al medio ambiente.
“Que las repercusiones del cambio climático ya se han hecho notar en el sector agropecuario, quedando expuestas las UERA a desastres naturales que impactan directamente en los ingresos de los productores rurales, lo que, aunado a una falta de cultura del aseguramiento, disminuye su capacidad de resiliencia para hacer frente a este tipo de eventos climatológicos. En este sentido, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, muestra que el 74 por ciento de las UERA reportaron pérdidas económicas por causas climáticas debido a la afectación total o parcial de sus cosechas o animales .3
Cabe señalar que las Reglas de Operación del Programa Fomento a la Agricultura, en su numeral 3, señala los objetivos específicos del programa y uno de ellos es precisamente contribuir al uso eficiente, conservación y mejoramiento de los recursos suelo y agua asociados a la agricultura, a través de incentivos relacionados con tecnologías y buenas prácticas agrícolas.
“Artículo 3. Objetivos Específicos del Programa:
IV. Contribuir al uso eficiente, conservación y mejoramiento de los recursos suelo y agua asociados a la agricultura, a través de incentivos relacionados con tecnologías y buenas prácticas agrícolas.
V. Apoyar la utilización de energías renovables que contribuyan a mitigar el impacto al medio ambiente, mediante incentivos para la adquisición de sistemas de producción de energías fotovoltaicas y semilleros de generación de biomasa”.4
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, dentro del Programa Fomento Ganadero; en el componente de Capitalización Productiva Pecuaria, en el rubro de Infraestructura, incluya el apoyo de postes metálicos, para evitar el reposteo, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.
Notas
1 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Jueves 28 de febrero de 2019 Diario Oficial (Séptima Sección-Vespertina).
2 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe (ESFAL)-Informe Nacional México. Elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, Cap. 2, pág.1.
3 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Jueves 28 de febrero de 2019 Diario Oficial (Séptima Sección-Vespertina).
UERA. Unidades Económicas Rurales Activas.
4 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Jueves 28 de febrero de 2019 Diario Oficial (Séptima Sección-Vespertina).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las comisiones ordinarias de esta soberanía a considerar el efecto social y económico correspondiente al dictaminar la propuesta del Ejecutivo federal sobre la adición del artículo 76 B a la Ley del ISR, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Cynthia Iliana López Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de septiembre, el titular del Ejecutivo federal presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2020. En específico presentó un proyecto de iniciativa para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se pretende adicionar el artículo 76 B, cuyo objetivo es gravar con el impuesto a las personas físicas dedicadas a la venta por catálogo.
El artículo establece la obligación a las personas morales que enajenen mercancías a personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general como vendedores independientes de productos al menudeo por catálogo, de determinar, retener y enterar el monto del Impuesto sobre la Renta que le corresponda a cada persona física. Propone un esquema para el pago del impuesto por parte de las personas físicas que vendan por catálogo.
Las políticas tributarias pueden agravar y reproducir la desigualdad de género, a través de sesgos de género implícitos en los sistemas tributarios. Esto es así porque los roles reproductivos centrados en la mujer (crianza de los hijos y cuidados del hogar) pueden tener un efecto diferenciado entre hombres y mujeres.
Los sesgos de género implícitos de la política tributaria tienen que ver con diferencias de género en las actividades económicas que existen, independientemente de la política impositiva y por lo tanto, deberían ser tomadas en cuenta para analizar el impacto de cualquier impuesto.
Hay cuatro principales diferencias por considerar:
1. El ingreso por empleo o autoempleo;
2. El costo de oportunidad del empleo no remunerado invertido en la crianza de los hijos y cuidado del hogar;
3. Los patrones de consumo; y
4. Los derechos de propiedad y activos en posesión de hombres y mujeres.
En la propuesta presentada en el paquete económico de 2020 para adicionar el artículo 76 B a la Ley del ISR en relación con la forma cómo tributarán las personas que realicen ventas por catálogo, no se están tomando en cuenta los sesgos implícitos que profundizarán la desigualdad de género en mujeres de bajos ingresos al no considerar tres de las anteriores diferencias:
i. Ingresos por empleo;
ii. Patrones de consumo; y
iii. Empleo no remunerado invertido en crianza de hijos y cuidado del hogar.
1. Ingresos por empleo y empleo no remunerado invertido en crianza de hijos y cuidado del hogar
Las mujeres dedicadas a la venta directa por catálogo representan 78 por ciento de las personas en esta actividad, pero además son principalmente de bajos ingresos (nivel socioeconómico C-/D) y tienen entre 3 y 4 hijos en edad escolar. Además, 59 por ciento de las personas que trabajan en la venta directa tienen un nivel de escolaridad básico (primaria y secundaria).1
Las mujeres de bajos ingresos que se dedican a las ventas directas destinan buena parte de su tiempo a la crianza y cuidado del hogar, por lo que les queda poco tiempo disponible para buscar un empleo fijo con horarios establecidos. Además debido a que son mujeres con baja instrucción, la posibilidad de tener un empleo fijo de ingresos medios o altos es complicada, por lo que las ventas directas son una oportunidad de crecer económicamente en función, no de sus conocimientos y calificaciones, sino de su esfuerzo y capacidad de venta.
Las mujeres en esta condición buscan actividades que puedan desempeñar desde su hogar con horarios flexibles, que les permita ausentarse en caso de necesitarlo, lo que deriva también en que sus ingresos son variables.
Por otro lado, los roles reproductivos que recaen en la mujer tienen un beneficio social, ya que el cuidado de la familia repercute en la productividad laboral y en ese sentido, impacta positivamente en el ingreso nacional, pero nunca o casi nunca se evalúa el costo que implica el que las mujeres desempeñen roles reproductivos, ensanchándose la desigualdad para ellas, tanto la desigualdad vertical (no tener movilidad social), como la desigualdad horizontal (entre hombres y mujeres).
Por ello, la venta directa por catálogo es un modus vivendi para mujeres de bajos ingresos y poca instrucción que permite complementar el gasto familiar, o bien, tratándose de madres solteras o cuya pareja atraviesa períodos de desempleo, prácticamente la venta directa puede ser el sostén del hogar por la dificultad implícita que tienen estas mujeres para generar ingresos.
Aunado a esto, una parte importante de la fuerza laboral femenina que tenía empleo fijo, tuvo que abandonarlo frente a la cancelación del subsidio a las estancias infantiles en 2019, de tal suerte que más mujeres encuentran en la venta directa, la manera de subsistir y mantener el patrón de gasto al que estaban acostumbradas a realizar cuando tenían un salario.
2. Los patrones de consumo
Las mujeres destinan más proporción de sus ingresos a la compra de comida, gastos para la educación y la salud, destinados preponderantemente a los hijos y los adultos mayores, por lo que cualquier choque a los ingresos de estas mujeres tiene repercusiones en una pérdida de calidad y cantidad de bienes para los niños y los adultos mayores. Sobre esto existe evidencia empírica, por ejemplo, Khandker (1999) encontró un impacto positivo de la entrega de microcréditos a mujeres pobres en la compra de bienes durables para la vivienda, así como incremento de escolaridad y mejor alimentación de los niños. Es decir, la mujer tiene preferencias por incrementar la calidad en la crianza de los hijos.
La iniciativa: el efecto negativo vía precio y menor demanda de productos
Un argumento que se señala relacionado con esta propuesta es que las mujeres que se dedican a la venta por catálogo o la venta directa tienen ventas promedio mensuales que no serán de alto impacto para efectos del cálculo del ISR. En este sentido mostramos el ejemplo 1, en el que se utilizan datos de la mujer promedio en la venta directa, la cual realiza ventas por 6 mil pesos, a los cuales se resta el costo del producto y los gastos de transporte, fletes y cobranza, que promedian 600 pesos mensuales.
Si se observan las tablas del ejemplo 1, la vendedora promedio tendría que pagar ISR por 31.68 pesos, y si bien es un monto bajo, la visión que esgrime que las mujeres vendedoras no serán afectadas es incorrecta, porque el incremento de las obligaciones fiscales para las empresas repercutirá en cambios contables, financieros y administrativos que afectarán los costos de operación y tendrá que darse un ajuste al alza en los precios de los productos que se venden por catálogo. En este caso, el impacto para las mujeres más vulnerables de la venta directa se dará cuando el incremento de precios les implique que sus clientes comprarán menos o con menor frecuencia, ya que los bienes que se venden por catálogo no son de primera necesidad, como los alimentos o las medicinas, es decir, son bienes que pueden restringirse en el consumo si hay incrementos de precios o dicho de otra manera, tienen una alta elasticidad precio de la demanda.
La clientela de esta fuerza de ventas pertenece al mismo nivel socioeconómico y a sus redes y vínculos más estrechos que poco a poco se van ampliando, es decir, es una clientela con poca capacidad de compra, la cual dejará de adquirir estos productos y ese será el impacto negativo para las mujeres de bajos ingresos, ya que las empresas quedarán obligadas a realizar cambios internos para cumplir con la nueva legislación independientemente de si cae la venta de productos para estas mujeres.
Por eso es indispensable que los legisladores tengan una visión amplia de cuánto se puede recaudar frente al costo social de afectar a mujeres de bajos ingresos.
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Si tomamos el ejemplo 1, suponiendo que toda la fuerza de ventas directas (2.7 millones de personas) venden a ese ritmo durante un año pagando ISR por 31.68 pesos mensuales, se tendría una recaudación anual de 85.54 millones de pesos mensuales que equivalen a 1 026.43 millones de pesos anuales. No obstante, con esta iniciativa, las empresas tendrán que rehacer buena parte de sus procesos contables, financieros y administrativos lo que tendrá un impacto en el incremento de sus costos de operación y esto repercutirá en un incremento de precios de producto; por tanto, la recaudación disminuirá.
Derivado de lo anterior, esta iniciativa tendrá impacto negativo en profundizar la desigualdad de género y en afectar la condición social de mujeres pobres y sus dependientes económicos (hijos, principalmente).
Independientemente de la necesidad que tiene la economía nacional por ampliar la base tributaria, afectando a sectores de población altamente vulnerables es una visión contraria a una política fiscal que se supone debe tener fines redistributivos.
En otro orden de ideas, las ventas por catálogo incluyen una gama de productos dentro de las que destacan el calzado y los textiles y en esto, la principal comercialización es de producto nacional, ya que la mayoría de las importaciones se va a su venta en establecimientos. Ahora bien, estas industrias han sido de las más afectadas por la importación ilegal de mercancía provenientes de China. Por ejemplo, en 2014, el SAT estimó un total de 4 millones de pares de zapatos de importaciones ilegales.2
Aunado a la competencia desleal, la industria mexicana del calzado, por ejemplo, está en crisis económica. Justamente el día de hoy, 23 de septiembre de 2019, el titular del ejecutivo, en su conferencia mañanera dijo que uno de los planes de su gobierno es apoyar a la industria del calzado.
A continuación se muestran los datos de la variación porcentual del índice de producción que publica el Inegi y en este cuadro se puede observar que este año la producción nacional de calzado, no sólo se desaceleró como el resto de la economía nacional, sino que prácticamente es un sector en crisis económica.
Cuadro 1. Variación porcentual del índice de volumen físico de la producción acumulado (2019).
Sector: curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos.
Fuente: Cuentas Nacionales, Indicador mensual de la actividad industrial año base 2013.
Los datos de producción a la baja significan que esta industria está recortando su capacidad y, por lo tanto, recortando personal, es decir, se están destruyendo empleos. Si a esta situación le añadimos un choque provocado por una reducción de las ventas directas por catálogo debido a una medida tributaria, no sólo se está afectando a las mujeres de bajos ingresos de la fuerza de ventas, sino hacia atrás, la destrucción de empleo en la maquila que ocupa de forma directa alrededor de 95 mil personas.
Para quienes ingresen a las filas del desempleo, en un ambiente de cero crecimientos económicos, será muy difícil colocarse en otro empleo formal, por lo que ingresarán a la estadística del desempleo o de la economía informal, lo que a su vez impactará en las metas de recaudación de impuestos para 2020.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Economía, Comercio y Competitividad; y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a dictaminar la propuesta del titular del Ejecutivo federal referente a la adición del artículo 76 B a la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerar el impacto social y económico que tendría en las mujeres que ven en este tipo de actividad un complemento de la economía, y con base en ello considerar no adicionar dicho artículo a la ley.
Notas
1 Recuperado en: https://www.amvd.org.mx/datos-demograficos
2 http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/71741-se-reducen-importaciones -ilegales-calzado
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a hacer público el estado de la planeación, ejecución y transparencia del gasto de comunicación social realizado en el ejercicio fiscal de 2019, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer público el estado que guarda la planeación, ejecución y transparencia del Gasto de Comunicación Social, durante el ejercicio fiscal de 2019, con base en las siguientes
Consideraciones
Es de dominio público que México le apostó a un cambio y transformación. El primero de julio de 2018, los ciudadanos de este país optaron por una gestión de gobierno que tuviera como directriz las premisas de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
En Movimiento Ciudadano consideramos que la ciudadanía no se equivocó al apostar por dicho cambio, creemos que era muy necesario ante los actos arbitrarios y abusos del sistema saliente y de las mentiras que se profesaban en cada acto de ese gobierno.
Lo anterior, tuvo ejemplos tangibles: gobernadores corruptos, servidores públicos que gozaban de impunidad ante una administración que sólo se dedicaba al “dejar hacer, dejar pasar”, y lo más gravoso, el uso de recursos públicos que no servían para el beneficio de los más necesitados, sino eran de uso clientelar, todo con miras a retener el poder.
Hoy día, a casi un año de la toma de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sus promesas de campaña basadas en ideas como son no robar, no mentir y no engañar, han quedado únicamente en el tintero de las buenas intenciones.
¿Por qué lo decimos? Es muy simple. Se explicará a continuación.
Entre las múltiples tareas y actividades de nosotros, los representantes populares, está la de documentar todo aquello que sea necesario y sirva de antecedente para poder llegar al proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con todos aquellos elementos que nos permitan tomar una mejor decisión para el país y así dar voz y eco a las demandas ciudadanas, en mi caso de la población tamaulipeca, de quienes soy representante.
En ese sentido, el estudio inicial emprendido, nos lleva a levantar la voz con un tema sensible, que ha sido materia de observación por parte de la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano, en esta y anteriores legislaturas, como lo es la comunicación social del gobierno federal.
El tema en comento, tiene antecedentes delicados, los cuales se hacen constar por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017,1 emitido en febrero de 2019, en el que el máximo órgano fiscalizador dio a conocer el desaseo en la autorización inicial de incremento de recursos presupuestarios, bajo causas y motivos ajenos a los permitidos en la normativa aplicable que presentaron entes públicos para difundir mensajes de comunicación social y publicidad, con lo cual, sus techos presupuestarios, fueron regularizados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en todos los casos, incrementados sustancialmente a las cifras autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 por esta Cámara de Diputados.
Ese tema fue analizado por organizaciones no gubernamentales y hecho del dominio público, señalando la gravedad de que los recursos destinados a comunicación social y publicidad se ocuparan como letra de cambio para favorecer a plumas y líderes de opinión (comunicadores) y se alejaran del hecho de comunicar las verdaderas acciones y logros del gobierno federal.
En ese sentido, es relevante esperar los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018,2 en el que se espera que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nos ofrezca la real radiografía de lo que sucedió con la planeación y ejercicio de los recursos públicos en estos temas de comunicación social en el último año del ejercicio del gobierno federal saliente.
Por lo antes expresado, esperaríamos que la administración de gobierno del Presidente López Obrador diera un giro trascendente en el tema del ejercicio de los recursos presupuestales de comunicación social.
No obstante, los resultados reportados al segundo trimestre de 2019, revelan que las experiencias del pasado no fueron aprendidas.
Primero que nada, debemos precisar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019,3 para la partida 36101, se autorizó un total de 3,182,682.4 miles de pesos.
En los informes trimestrales, no existe información consolidada que permita cotejar dichas cifras, sin embargo, para verificar el avance del gasto en comunicación social, se identificó el reporte denominado COMSOC4 que avala el periodo de enero a junio de 2019, mismo que emite la Secretaría de la Función Pública, y el cual señala que para dicho periodo el gobierno federal ha registrado y gastado 13,175.8 miles de pesos, esto es 0.41 por ciento del total presupuestado.
Lo anterior es materialmente imposible ya que, durante el periodo de enero a junio de 2019, el gobierno federal, ha comunicado su quehacer en diversos medios masivos de información (televisión, radio, diarios, revistas e internet) a un ritmo similar que, el sostenido en el 2018, y sólo para reflejar la magnitud del hecho, diremos que, para ese último ejercicio, según el COMSOC,4 al mes de junio (enero-junio de 2018) ya se tenía reportado el ejercicio de 1,316,149.7 miles de pesos.
Otra evidencia que refleja las claras irregularidades en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas se refiere, es el hecho que la Secretaría de Gobernación (Segob), entidad que para 2018, contaba con la autorización de recursos presupuestarios en materia de comunicación por más del 50 por ciento del total autorizado para el gobierno federal, fecha no ha reportado cifras sobre comunicación social en el COMSOC.4
Lo anterior se comprueba con el hecho de la imposibilidad de cotejar la estrategia, así como el plan anual de comunicación, debido a que esos datos no son de dominio público, lo anterior se corrobora al consultar la Plataforma Nacional de Transparencia,5 como se muestra a continuación:
En responsabilidad a lo anterior, es la Secretaría de Gobernación (Segob) la encargada de aplicar el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal, para el ejercicio fiscal de 2019,6 y es ella, la responsable de coadyuvar al combate a la corrupción en la materia que nos ocupa, para lo cual, en el penúltimo párrafo del apartado Considerando de la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2019, se expresa que el combate a la corrupción se logrará a través de la transparencia, a modo informar el destino de los recursos asignados para la contratación de medios de comunicación a través de las vías que se estimen pertinentes para ello, y al día, la publicidad se ha dado, se ha comunicado y no existe evidencia de la contratación, ejercicio de recursos y transparencia de los mismos.
Por lo anterior, es evidente que una Secretaría como lo es la de Gobernación, misma que tiene una enorme responsabilidad de dirección y control en materia de comunicación social y publicidad, resulta inadmisible que dicha dependencia actúe como se ha expresado en párrafos anteriores.
En ese sentido, compañeros legisladores, considero necesario, que la Secretaría de Gobernación, al ser responsable de regular el gasto en materia de comunicación social y publicidad, en la administración pública federal, de conformidad con lo establecido en el presupuesto de egresos respectivo y en las leyes aplicables en la materia, debe ser ejemplo durante el ejercicio y en su labor normativa, hoy en día, la Segob, no es un referente del ejercicio del gasto presupuestario en materia de comunicación social, ni mucho menos garantiza ser el ente regulador del aspecto normativo que le exige la normatividad, por lo que se presume que en su actuación puede existir riesgo de opacidad y discrecionalidad, en lo que ejecute y autorice a nivel del Poder Ejecutivo federal.
Por ello, consideramos necesario que sea la Segob, en conformidad con sus atribuciones, quien comunique a esta soberanía el estado de guarda, la planeación, ejecución, y transparencia del gasto realizado en comunicación social, durante el ejercicio de 2019, de conformidad con su estrategia y programa anual, ya que no fue posible consultar información alguna en la Plataforma Nacional de Transparencia que permitiera corroborar su cumplimiento y facilitar la consulta de información, a las diputadas y los diputados, a fin de conocer el estado que guarda su gestión, las necesidades y áreas de oportunidad en ese rubro y dicha información sirviera para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
Finalmente y conforme a lo expuesto, en Movimiento Ciudadano consideramos que la exigencia de la transparencia y rendición de cuentas es un derecho de todos, y ese sentido, la petición que se formula una legítima solicitud de interés nacional, a la que todas y todos los diputados deben apoyar.
En tenor de lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal exhorte a la Secretaría de Gobernación para que haga público el estado de guarda, la planeación, ejecución y transparencia del gasto de comunicación social que haya ejercido durante el ejercicio de 2019, de conformidad con su estrategia y programa anual.
Notas
1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Fichas/Ficha_G B_a.pdf, consultado el 23 de septiembre de 2019.
2 Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547726&fecha=08/01/ 2019, consultado el 23 de septiembre de 2019.
3 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, disponible en https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/analiticos_presupuestarios, consultado el 23 de septiembre de 2019.
4 Reporte COMSOC – Gastos de comunicación social, disponible en https://www.gob.mx/sfp/documentos/gastos-de-comunicacion-social, consultado el 23 septiembre de 2019.
5 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, consultado el 23 de septiembre de 2019.
6 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública para el ejercicio fiscal 2019, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558048&fecha=17/04/ 2019, consultado el 23 de septiembre de 2019.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a eliminar las plazas de cobro del tramo carretero comprendido por la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Nuestra Constitución mexicana, en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Por ende, se entiende que tenemos la libertad física de transitar y/o residir en el lugar que mejor se adapte a nuestros planes personales y profesionales.
Bajo ese supuesto, las autoridades mexicanas adoptan las medidas necesarias para que los ciudadanos podamos ejercer plenamente ese derecho, sobre todo porque actualmente el crecimiento de la población ha demandado el constante desplazamiento de las familias entre las ciudades.
Ejemplo de ello son los esfuerzos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que entre sus facultades primordiales se encuentran las de conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.
Es el caso específico del tramo carretero que comprende la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, que es operado por la Red de Carreteras de Occidente, S de RL, por medio de un título de concesión obtenido el 03 de octubre del año 2007 a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuya vigencia es de treinta años y contempla las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, con una longitud total de 558.05 kilómetros, en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.1
En este tramo en particular, los habitantes se han visto afectados por el pago de peaje de las plazas de cobro que a continuación enlisto con las tarifas correspondientes:2
Las anteriores son cifras considerables si se toma en cuenta que los habitantes de las comunidades y municipios aledaños deben cruzar frecuentemente por dichas casetas en hasta cuatro o más ocasiones al día.
Si bien es cierto que la instalación de casetas es legal, también lo es que dicho cobro se ha convertido en una carga económica para las familias que diario deben transitar por las autopistas para llegar a sus hogares; y no solamente para las familias, también para quienes desempeñan algún trabajo u oficio en los fraccionamientos, como trabajadores del hogar, personal de vigilancia y administrativos, siendo violatoria de derechos humanos porque limita la libre circulación, discrimina a las personas, dificulta el acceso, provoca fragmentación social, aísla y obstaculiza la movilidad, además de dañar gravemente el patrimonio de los habitantes y trabajadores de estos poblados. Además, provoca conflictos entre vecinos y autoridades por la imposición de cuotas o la restricción a la circulación.
Esto lo viven principalmente habitantes del municipio de Tonalá, en comunidades como Los Amiales, Colinas de Tonalá, La Aurora, Las Jícamas, Pedregal de Santa Martha, Vistas del Pedregal, El Moral, Las Cañadas, El Cortijo, Cañada Real, Lagunas de Tonallán, Vistas Tonallán, Las Palmas y El Vado.
Además de la afectación también a los vecinos de los municipios aledaños de Guadalajara y Zapotlanejo.
Expongo un caso concreto relativo a planteles escolares: la escuela primaria se encuentra en el fraccionamiento Las Palmas y la escuela secundaria en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, quedando estos uno frente al otro y ubicados de lado a lado de la autopista en el tramo ya mencionado; lo que significa que los padres de familia que viven en las Palmas para llevar a sus hijos a la secundaria tienen que entrar y salir por las casetas que ahí se encuentran instaladas y en las cuales hay que cubrir un costo de 37 y 18 pesos, mismo caso con las familias de Pedregal de Santa Martha que llevan a sus hijos a la primaria que se encuentra en el fraccionamiento vecino de Las Palmas.
También esto ha propiciado que el comercio ahí establecido como las tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, entre otras, se vean seriamente afectadas al no recibir el servicio de los proveedores de sus mercancías los cuales también pasan por la misma situación.
A esto sumamos la situación de traslado que en su mayoría enfrentan quienes ahí residen para llegar a su lugar de trabajo ubicado en otro municipio que no es el suyo, esto porque viven en las llamadas “ciudades dormitorio” que sólo cuentan con una vía de acceso, en este caso carreteras federales concesionadas, por lo que los habitantes deben pagar una cuota para transitar y llegar a sus hogares diariamente.
Con lo expuesto en este punto de acuerdo queda probada la violación al derecho humano de libre tránsito al no aplicar con base al interés social, un esquema de exención de pagos de cuota o bien, generar acceso a sus hogares mediante vías libres de peaje.
Aun cuando algunos de mis compañeros diputados ya se han posicionado sobre este tema, no hemos obtenido al igual que los vecinos, ninguna respuesta favorable; y por ello me sumo a la lucha y a la ciudadanía que demanda la pronta solución a este problema que para mí se ha vuelto de suma importancia ya que afecta a las familias del distrito 20 que me honro en representar.
En distintas fechas los colonos se han manifestado sin ser escuchados, basta con revisar la prensa de la época para darse cuenta de ello.3
De tal manera que la mejor forma de entender la importancia de este punto de acuerdo es simple y sencillamente ponernos en el lugar de miles de ciudadanos que por no contar con otras opciones, se ven en la necesidad de realizar dichos pagos.
Durante años esto se ha convertido en un reclamo de la sociedad, por ello mi intención de sensibilizar a las autoridades que aquí se mencionan sobre las condiciones que viven las familias en las comunidades antes mencionadas, ya que no solo estamos hablando del daño a su economía sino del libre desarrollo de sus actividades de convivencia con su entorno.
Por lo anterior, solicito la sensibilidad de esta Cámara de Diputados con el fin de aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las autoridades correspondientes, eliminen las plazas de cobro instaladas en el tramo carretero que comprende la autopista Guadalajara-Zapotlanejo.
Notas
1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/Titulos/doctos/6 0.pdf
2 http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperRepDet&idVia=29
3 http://udgtv.com/noticias/jalisco/
ecinos-dos-fraccionamientos-tonala-protestan-cobros-la-autopista-guadalajara-zapotlanejo/
https://www.milenio.com/estados/vecinos-toman-caseta-ton ala-reclamar-cobro
https://www.milenio.com/estados/se-manifiestan-vecinos-d e-tonala-por-caseta-de-cobro
https://www.notisistema.com/noticias/vecinos-de-tonala-s e-manifiestan-por-casetas-de-peaje/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación de Órganos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La donación de órganos es un acto de humanidad en el que se expresa afecto, solidaridad y comprensión hacia nuestros semejantes; a través de este acto se busca ayudar a quien requiere de ellos para poder vivir o en su caso mejorar su calidad de vida.
A partir del año 2003, se declaró el 26 de septiembre de cada año, como el día en el que se busca promover la donación de órganos entre la población mexicana, por lo que organizaciones civiles y el propio gobierno se han dado a la tarea de llevar acciones que permitan la sensibilización social, conscientes de la gran necesidad que existe de parte de muchos enfermos de recibir órganos, tejidos y células.
De acuerdo con el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, en su último corte hecho el mes de julio pasado, los receptores en lista de espera son: riñón 15 mil 939, córnea 5 mil 988, hígado 311, corazón 37, entre otros.
Si bien es cierto que la donación de órganos es un acto de caridad, esta acción sigue enfrentando barreras culturales que dificultan el periodo de espera, ya que el paciente se encuentra en condiciones de sufrimiento mientras llega el anhelado momento en que se realice la donación y el posterior trasplante.
En ocasión de celebrarse esta fecha, me parece importante no dejarle pasar desapercibida, haciendo un exhorto a la población para tomar conciencia de la necesidad de donar órganos, para mejorar la calidad y la vida de las personas que lo requieren.
Palacio Legislativo, a 26 de septiembre de 2019.
Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)
Con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
El 28 de septiembre de cada año, desde 1990, se conmemora el Día Internacional del Aborto Seguro que, impulsado por organizaciones de mujeres y feministas, promueven el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Aún hoy, entrando en la medianía del siglo XXI, demasiadas mujeres en todo el mundo son víctimas de leyes discriminatorias que limitan- su acceso a la atención médica adecuada y enclaustran sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias, obligándolas a seguir con embarazos no deseados.
Es en este contexto que el Grupo Parlamentario del PRD reclamamos el fin de la criminalización del aborto en nuestro país y aseguremos, con esta medida, que todas las mujeres puedan acceder a los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva, de manera segura. Negárselos es sustancialmente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos, que agrava las causas de vulnerabilidad, principalmente para las niñas y adolescentes o las mujeres que viven en situación de pobreza, revictimizándolas y profundizando las condiciones de desigualdad.
Como sociedad, debemos ser conscientes de que las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes y prejuicios generales que estigmatizan a las mujeres y convierten sus cuerpos en instrumentos políticos, culturales, religiosos y económicos. La criminalización del aborto constituye un acto de discriminación institucional que infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres, ya que su sufrimiento psicológico y físico cuando se les niega la interrupción de un embarazo, o el estigma que enfrentan al buscarlo, son violaciones adicionales de sus derechos humanos. El aborto es, en todos los casos, una decisión difícil que sopesa el proyecto individual de vida en cada uno de los casos. No existe una sola mujer que acuda contenta a interrumpir un embarazo y es por ello que el Estado debe garantizarles no solo la orientación y la atención médica, sino las condiciones de dignidad y la atención sicológica para superar esta realidad.
El Estado mexicano, en consecuencia, se encuentra obligado a garantizar el acceso al aborto seguro debido al marco convencional que nos rige, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD), de 1994 y la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Beijing de 1995; y que han continuado con acuerdos regionales como la Convención de Belém do Pará en 1996 y el Protocolo de Maputo en 2005. Todos estos instrumentos reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública. En los últimos 10 años, un número cada vez mayor de organismos de derechos humanos de la ONU, incluido el Comité CEDAW, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica- han hecho un llamamiento para que se garantice el acceso al aborto seguro, a través de una lista creciente de causales legales. En enero de 2016, la CADHP solicitó la despenalización del aborto en África y en abril de 2016, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas también llamó a los Estados a que “deje de utilizarse el derecho penal para castigar a las mujeres que han puesto fin a un embarazo”.
Es por ello que, en el marco de la presente conmemoración, y habiendo iniciado el debate por el cual el titular del Ejecutivo federal pretende que este Congreso otorgue amnistía a las mujeres encarceladas por el delito de aborto, el Grupo Parlamentario del PRD hace un enérgico llamado para que los congresos de las entidades federativas no sólo otorguen esta amnistía inmediata y dejen en libertad automática a las mujeres en reclusión, sino que procedan a la derogación del tipo penal del aborto y garanticen a todas las mujeres el efectivo derecho a decidir sobre sus cuerpos en dignidad.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
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