Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5372-VII, martes 24 de septiembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades locales y federales a investigar posibles actos de corrupción denunciados contra Indira Vizcaíno Silva, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del estado de Colima e integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. El mayor problema que enfrenta nuestro país y por supuesto el Estado de Colima, como herencia de los anteriores gobiernos, es sin duda el fenómeno de la corrupción, por lo que resulta imperativo combatirla convirtiéndola en el eje central de la política pública de los tres órdenes de gobierno. La omisión por parte de las autoridades encargadas del esclarecimiento de actos de corrupción que les son planteados, también puede ser susceptible de convertirse en corrupción al generar impunidad.
En 2017, un grupo de ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc del Estado de Colima, comprometidos con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, presento una denuncia penal en contra de la ex alcaldesa durante los años 2012-2015, Indira Vizcaíno Silva, por presuntos actos de corrupción al autorizar el intercambio de un terreno de 7 hectáreas en el fraccionamiento residencial llamado “Altozano”, por predios rústicos cuyos valores comerciales fueron inferiores, lo que provocó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por alrededor de 100 millones de pesos.
Es de señalar, que la denuncia se presentó ante la entonces Procuraduría hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual fue radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero hasta la fecha se encuentra en espera de que se concluya la integración de la carpeta de investigación y esta sea consignada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que determine el o los delitos a perseguir.
Al respecto, el 15 de noviembre de 2016, diputados del grupo parlamentario del PAN e integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, aprobaron una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhortaba al Órgano Superior de la Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, a que llevará acabo una Auditoría excepcional sobre la Permuta de las áreas de sesión para destino del fraccionamiento “Altazano”, llevada a cabo entre la ex alcaldesa Indira Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal de Cuauhtémoc en el periodo 2012-2015 y la empresa denominada Invercol, SA de CV, sustentado dicho acuerdo bajo las siguientes argumentaciones:
“1. El 21 de noviembre de 2009, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado “ALTOZANO”, con superficie de 155-97-97.598, en el cual se previó la asignación del área de sesión para destino (espacios verdes abiertos) con superficie de 69,515.00 M2. en dos lotes:
1. Lote conclave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 25,080.37 m2.
2. Lote conclave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 44,435.09 m2.
En la octava sesión pública ordinaria del 8 de marzo de 2013, en el punto VII del orden del día, se autorizó el proyecto de convenio de sustitución de áreas de cesión a celebrarse por el Municipio e Invercol, SA de CV, y a su vez la aprobación de la desincorporación del patrimonio de los inmuebles entregados anteriormente en cesión, el cual fue aprobado por unanimidad.
El Osafig formuló las recomendaciones al Municipio de Cuauhtémoc, para garantizar el cumplimiento de los fines públicos de las áreas de cesión y su equiparación al valor comercial de las mismas, en caso de considerar necesaria y justificada la substitución de las áreas de cesión, destacándose, entre otras:
2. El valor de los predios a sustituir, tomando en consideración la urbanización que se les realizará, debe ser equiparable al valor comercial de los predios que comprenden las áreas de cesión para destino originalmente previstos en el “PPU Altozano”. Dicho valor debe ser realizado por un perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento. Como lo prevé el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.”
“En general, el Municipio deberá realizar las acciones necesarias para garantizar que los predios substituidos se equiparen en valor comercial con los originalmente aprobados en el “PPU Altozano” y su destino o uso sea a fines públicos.”
Sin embargo y no obstante de la recomendación del Osafig, con fecha 12 de marzo de 2013, el municipio de Cuauhtémoc, representado por la Lic. Indira Vizcaino Silva, Juan Manuel Preciado Barbosa, Ana Bertha Zamora Prieto, en su carácter de Presidenta, Sindico y Secretaría Municipal, signó convenio con la Empresa Mercantil Invercol, SA de CV, representada por el C. Francisco Brun González, en el cual se convino las áreas de cesión con la determinación del valor realizado a los predios a). Lote conclave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 25,080.37 m2 y b). Lote conclave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 44,435.09 m2, por el avalúo practicado (Aguirre Sato S.C. (José Luis Aguirre Avalos) quien determinó el valor del predio agropecuario (breña) lo que arrojó un valor de $10’752,000.00 y no, el avalúo comercial sobre los bienes inmuebles, a valor comercial tomando en cuenta “la urbanización” que debe tener, señalada en el PPU y el proyecto ejecutivo, como lo determina expresamente el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, que señala:
“Artículo 298. En los casos previstos en el artículo anterior, si conforme al Programa Parcial de Urbanización de la zona, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión limitada o en consideración de los destinos y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega de determinadas áreas de cesión para destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal. Estos recursos se aplicarán a la adquisición de predios para equipamiento urbano o su mejoramiento, en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio.”
Determinado el valor de las áreas de sesión, se permutó el predio por otros tres predios colindantes con la zona urbana de la cabecera municipal, como se señala:
Predio
1. Parcela 182 Z-4 p1 (al sur de la colonia San Jerónimo) Armando Alcaraz Méndez.
2. Una fracción de parcela 183 Z-4 p1 (al sur de la colonia San Jerónimo) Armando Alcaraz Méndez.
3. Una fracción del predio. Colindante panteón municipal. Enrique Silva Sánchez.
El valor por metro cuadrado asignado a las área permutadas es de $154.00; sin embargo, de los recibos del cobro del Impuesto Predial de predios dentro del fraccionamiento altozano, se desprende el valor catastral asignado al terreno, obteniéndose promedios de $1,500.00 metro cuadrado, por lo que resulta inferior la determinación del valor de las superficie permutada (áreas de donación), por lo que estamos hablando de subprecio de los terrenos donados de $1346 pesos por metros cuadrado que al hacer la multiplicación por los 69,515.00 metros cuadrados nos da una subvaloración por un posible daño patrimonial a la hacienda municipal por $93,567,190 (noventa y tres millones quinientos sesenta y siete, ciento noventa pesos).
De igual forma, no se encontró en los registros patrimoniales, la incorporación de los predios sustituidos a favor del Municipio, las escrituras que amparen la propiedad de los predios a favor del mismo, e incluso cabe aclarar que el Osafig, notifico en su momento la observación F43 al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, pero dicha observación extrañamente desapareció del informe de resultados de la auditoria de la Cuenta Pública, lo antes descrito representa un probable daño a la hacienda municipal por $93, 567,190 (noventa y tres millones quinientos sesenta y siete, ciento noventa pesos), cantidad que resulta trascendental máxime si tomamos en cuenta que los ingresos presupuestados por el municipio de Cuauhtémoc para el año 2016 fue de $91,906,523.30 (noventa y un millones, novecientos seis mil, quinientos veintitrés pesos 30/100)”.
No obstante lo anterior, hasta la fecha se desconoce qué ocurrió con la referida auditoría excepcional solicitada por el Congreso del Estado de Colima al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización de Gubernamental en el caso que nos ocupa, la información extra oficial que se cuenta, es que el expediente inherente a este caso, se encuentra extraviado y bueno, el rotativo de circulación local denominado “Diario de Colima”, en su edición del día 6 de octubre de 2018, dio cuenta, de que ya en la actual Legislatura estatal, se ordenó tirar a la basura diversa documentación oficial, no quiero pensar que en la misma se incluyera el citado expediente, lo que representaría un acto más de corrupción.
Segunda. El 26 de abril de 2018, en el Senado de la República se presentó un punto de acuerdo de urgente resolución de la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se “exhorta al Gobernador del Estado de Colima, a fin de que excite los órganos de justicia en contra de Indira Vizcaino Silva, como presunta responsable del desvío de recursos estimados en más de 100 millones de pesos, en agravio de la Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc del Estado de Colima, cuando se desempeñó como Presidenta Municipal durante el trienio 2012-2015”, sustentado dicho acuerdo bajo las siguientes argumentaciones:
“Los ciudadanos de Cuauhtémoc del Estado de Colima, presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima (PGJE) en contra de Indira Vizcaíno Silva, y de algunos funcionarios que la acompañaron cuando se desempeñó como presidenta municipal de Cuauhtémoc en el trienio 2012-2015 por presunto daño a la hacienda municipal por un monto estimado de 95 millones de pesos.
Lo anterior porque durante el periodo en el que fue presidenta municipal de Cuauhtémoc autorizó que las casi 7 hectáreas que el fraccionamiento exclusivo Altozano debió ceder al Ayuntamiento de Cuauhtémoc fueran cambiadas por un predio en otra zona con un valor comercial diez veces inferior, lo que representó un probable daño a la hacienda pública por 95 millones de pesos.
La denuncia de hechos se presentó el pasado 06 de noviembre de 2017, ante la Mesa Única del Ministerio Público en el municipio de Cuauhtémoc y quedó registrada con el expediente 695/17. El documento menciona que esta denuncia se interpuso por los presuntos actos que se cometieron en contra de los habitantes del municipio de Cuauhtémoc.
Los ciudadanos que interpusieron la denuncia nombraron como representante común para que atienda el caso al ciudadano Rafael Romero Verduzco. Por su parte, la comisaria de la población de El Cóbano, Eva Angelina Álvarez Hernández, entrevista con la empresa televisiva Mega noticias, señaló “que la población no puede permitir que los gobiernos sigan abusando de la gente”.
“Nos tenemos que organizar como pueblo y no podemos permitir que quien esté en el gobierno venga y desfalque, eso no puede pasar, por eso estamos en un México como en el que estamos y debemos organizarnos y dejar el miedo a un lado”.
Confirmó que ella junto con otros ciudadanos interpuso la denuncia en contra de Indira Vizcaíno Silva y expresó que estarán pendientes de que se proceda conforme a derecho.
Al respecto comentó, que fueron demandados la empresa Invercol, SA de CV,, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Colima, y el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig).
Señaló como terceros perjudicados la Asociación de Condóminos de Altozano, el Cuerpo Edilicio del periodo constitucional 2012-2015 encabezado por Indira Vizcaíno Silva, les resulta de su participación en todo el proceso de autorización de la Modificación del Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Altozano. El Secretario del Ayuntamiento 2012-2015, por su participación y firma de certificación, porque lo que le resultaría una responsabilidad por el levantamiento del Acta de la sesión ordinaria N°8 que contiene el acuerdo de cabildo 08/03/13. La Osafig por su recomendación dirigida a Indira Vizcaíno Silva, el 07/03/13 oficio 038/13, respecto a la sustitución de las áreas de cesión, la cual no fue atendida. La Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, le resulta por su participación en el levantamiento del Acta del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del 09/10/15, que contiene la “Modificación al Programa Parcial de Urbanización Altozano”, y la emisión del oficio DUYOP-117/12/10/15 dirigido a Indira Vizcaíno Silva en su calidad de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se le solicita la aprobación y publicación del Acto impugnado.
Indicó que, en el contenido del acta del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, de fecha 09/10/15, no se desprende que dicho Consejo haya aprobado la “Modificación al Programa Parcial de Urbanización Altozano”. En este mismo tenor, le resulta responsabilidad a la Dirección de Regulación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, y a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno del Estado de Colima. Al Perito Valuador, le resulta por posible pérdida de su Patente, dado que el 10/12/12 emitió un avaluó sobre los terrenos de cesión Altozano, sin contar con la autorización del Cabildo”.
Conforme a los datos documentales descritos, es inaceptable tolerar los actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno, por lo que como ciudadanos y como servidores públicos es nuestro deber, no sólo implementar acciones necesarias para evitar que se cometan este tipo de actos, sino exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se deslinden responsabilidades y en su caso, se impongan las sanciones que conforme a derecho correspondan.
El ejercicio del poder público en el Estado de Colima, es inoperante para cumplir con su función primaria de dar seguridad y justicia a los ciudadanos de la entidad.
La incompetencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para establecer una estrategia de seguridad y justicia como quedó expuesto en un informe reciente de la Auditoria del Congreso, (Osafig), ha provocado el colapso institucional del Estado de Colima y una crisis humanitaria de gran envergadura. Hoy en los reportes sobre el tema de seguridad en los primeros meses de 2018, Colima se sostiene desde el inicio de esta administración en primer lugar como el estado más violento.
El caso Indira-Altozano, es un hecho de alta corrupción política que involucra a varios actores sociales, empresariales y gubernamentales y por lo visto hasta los aparatos de justicia. “Durante la ratificación de la denuncia, a la hora que se presentaron los demandantes ante el Ministerio Público, advertía de la situación que podrían enfrentar, y preguntaba que si ya estaba enterada a Indira Vizcaíno Silva que iban a ratificar”.
Comulgo con el ideario político del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ¡al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie!
Tercera. En el Estado de Colima se vive una creciente inconformidad social manifestada por ciudadanos y diversos sectores de la sociedad colimense, quienes solicitan la destitución de la Lic. Indira Vizcaíno Silva, quién actualmente funge como Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo,
La citada funcionaria federal es señalada por el manejo de los programas sociales federales a su cargo a discreción y con un interés electorero. Otorga o niega becas a jóvenes a su criterio, engañado a adultos mayores a quienes no ha entregado los subsidios a que tienen derecho, estas son las denuncias que manifiesta varios ciudadanos colimenses.
Otra de las anomalías, de la cual es señalada Vizcaíno Silva, es su intervención en el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el Congreso del Estatal. Además, es acusada de impulsar la candidatura de Adriana Ruiz Visfocri, quien cuenta con un historial oscuro, cuyo objetivo principal es apropiarse de la gubernatura del estado en 2021.
En ese contexto es necesario atender los señalamientos de la ciudadanía por la presunta comisión de actos de corrupción efectuados por servidores públicos del estado, con la finalidad de erradicar esa práctica que tanto ha perjudicado al país.
Para ello, es necesario efectuar acciones concretas orientadas a combatir el desvío de recursos, la concesión de beneficios a cambio de gratificaciones, así como el aprovechamiento del cargo o función en beneficio personal o de un grupo, por encima del bienestar de una sociedad, que hoy más que nunca demanda que el poder se desempeñe con estricto acatamiento al orden legal.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Órgano Superior de la Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, haga públicos los avances en el cumplimiento al punto de acuerdo número 171, aprobado por el Congreso Estatal, el 15 de noviembre de 2016, en el que se le “exhortaba a que realizará una auditoria excepcional de la Permuta de las Áreas de Sesión para destino del fraccionamiento Altozano, entre el Municipio de Cuauhtémoc e Invercol, SA de CV”, durante la gestión de la ex alcaldesa la licenciada Indira Vizcaíno Silva como presidenta del municipio de Cuauhtémoc de 2012-2015.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, realice con celeridad a las investigaciones y hagan público el estado que guarda las denuncias presentadas ante la Mesa Única del Ministerio Público en el municipio de Cuauhtémoc con número de expediente 695/17, por el desvío de recursos públicos estimado en 100 millones de pesos en agravio de la hacienda pública del Municipio de Cuauhtémoc durante la gestión de los años 2012-2015.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, conforme a sus atribuciones legales, investigue los señalamientos y denuncias de diversos sectores de la sociedad colimense, por posibles actos de corrupción atribuidos a la licenciada Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima, por la indebida aplicación de los recursos federales en los programas sociales a su cargo.
Cuarta. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo a que conmine a sus delegados estatales a dejar de utilizar los programas sociales de manera facciosa, personal y con fines electoreros para beneficiar a algún candidato afín, a la elección interna de algún partido político o a favor del registro de nuevos institutos políticos en el estado de Colima.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, martes 24 de septiembre de 2019.
Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SEP a fortalecer el buen funcionamiento del Inifed para preservar la integridad institucional de éste, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6; numerales 1, fracción II, y 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) se creó a partir de la publicación, el 1 de febrero de 2008, del Decreto por el que se expide la Ley General de la INFE en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, el objetivo del Inifed es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción y como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.i
Si ninguna escuela pública se desplomó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue debido a las estrictas normas de construcción que deben tener los planteles en el país y al reforzamiento que han recibido. Los Institutos de Infraestructura Física Educativa son los encargados de supervisar que las empresas constructoras den cumplimiento a esas normas a nivel estatal con la asesoría técnica del Inifed, órgano sectorizado de la SEP.ii
Como podemos recordar el Inifed surgió en 2008 y tuvo su origen en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, creado en 1944, y responsable de la seguridad de las estructuras de los planteles escolares.
El Inifed, además de supervisar la aplicación de las normas de construcción de escuelas públicas en el del país, coordina la aplicación del programa Escuelas al Cien, que busca dar mantenimiento a planteles escolares en todo el país a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entregado a cada uno de los estados.
Por lo que cada gobierno estatal tiene acceso a recursos del FAM, para realizar trabajos de mantenimiento, mejoramiento y construcción de escuelas públicas, con la supervisión técnica del Inifed. Al tratarse de recursos federales, muchos gobiernos estatales están bajo la vigilancia del gasto por parte de la Auditoría Superior de la Federación, quien evalúa que se ejerzan de forma eficiente.
Es entonces, que los pasados sismos del 7 y del 19 de septiembre del 2017 dejaron en descubierto que hay un déficit de especialistas para evaluar la infraestructura escolar. Las escuelas deben ser evaluadas periódicamente por un especialista en seguridad estructural, de los cuales hay poco más de 210 en activo tan solo en Ciudad de México, por no hablar de otros estados.
Además, los planteles escolares tienen una clasificación especial en el Reglamento de Construcción de Ciudad de México, debido a que albergan a población vulnerable y porque en caso de desastres naturales pueden ser ocupados como refugios.
Es por ello que los trabajos de obra deben ser supervisados por especialistas en estructuras, no por un arquitecto o ingeniero solamente.
En consecuencia, si la reconstrucción de las escuelas ha tomado casi dos años se debe en parte a que hay pocos especialistas en seguridad estructural, se hizo mal el cálculo de los daños y costo de reconstrucción y a las reglas de cumplimiento para tener acceso a los recursos federales y a que no todos los estados han cumplido con las reglas de acceso a esos recursos, ya que no solo es construir una escuela, sino que los trabajos cumplan debidamente con las normas de seguridad.
Preocupantemente, el Ejecutivo federal anunció hace unos días que tiene la intención de desaparecer el Inifed y que busca entregar los recursos de mantenimiento a las escuelas a comités de profesores y a padres de familia.
Por lo que este plan deja fuera la necesaria supervisión de especialistas que garantizan que las escuelas sean seguras.
Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, más de 300 escuelas en Ciudad de México sufrieron daños graves y han sido objeto de reconstrucción con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales por parte del Inifed.
No debemos olvidar también, que el Inifed es el único organismo con personal especializado en el tema y su desaparición dejaría sin tutela la planeación y distribución de los recursos para construir escuelas seguras.
Asimismo, en diciembre pasado, el secretario de Educación Pública, en una de las conferencias matutinas del presidente en Palacio Nacional, mencionó que uno de los diez puntos prioritarios en materia educativa es el de la infraestructura, destacando que: “Es un tema que no está en la reforma constitucional, pero que, obviamente, estará reflejada en las prioridades del sector educativo, en las tareas del Inifed. En este momento, como ustedes saben, el día de ayer se planteó el tema de la reconstrucción, tenemos que iniciar reconstruyendo todo el tema de las escuelas que se perdieron o se dañaron fuertemente por los sismos”.
No obstante, el 15 de junio, el Ejecutivo federal confirmó que intenta desaparecer al Inifed, pero no especificó cómo piensa garantizar la seguridad estructural de las construcciones. Destacó que: “Ya no va a haber dependencias como había antes, el Capfce o la institución que sustituyó al Capfce construyendo escuelas, se va a entregar el apoyo de manera directa a cada escuela, para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los planteles escolares”.
Por lo que su propuesta se limita a la distribución de recursos. Teniendo pendiente aún las escuelas que fueron afectadas por los sismos, muchas de ellas aún no se construyen o no se reparan. Una de las varias escuelas que está pendiente de reconstrucción en Ciudad de México es la secundaria 31 Dr. Alfonso Pruneda , debido a que se encuentra en un tipo de suelo complicado para edificar, por lo que se requieren estudios de mecánica de suelos y un proyecto que garantice la seguridad de sus casi 800 alumnos.
Si bien la propuesta del presidente no solo implica cambios en varias leyes generales que requiere pasar por el Congreso, hace un lado la importancia de la seguridad de las escuelas y su adecuada supervisión.
Es entonces, que la seguridad de los cientos de estudiantes debe estar siempre por encima de cualquier proyecto que se desee ejecutar, por lo que se debe de solicitar el apoyo técnico y la supervisión del Inifed, que es un organismo técnico con la finalidad de evitar situaciones de riesgo como ha sucedido en el pasado.
Por lo que la participación social, es decir, la participación de los maestros y padres de familia, es muy importante, son parte fundamental en el proceso de las obras ejecutadas por el gobierno. Sin embargo, las obras necesitan contar con el apoyo de un organismo técnico y personal técnico especializado que cuente con los conocimientos en infraestructura educativa, que supervise y haga recomendaciones para descartar algún peligro para los estudiantes y para quienes hacen uso de las instalaciones.
La seguridad y la integridad de los alumnos debe estar garantizada, así como de los profesores y en general de todo aquel que forma parte de la comunidad educativa, es ahí donde cobra mayor importancia la supervisión y acompañamiento de los organismos técnicos especializados, pues son estos quienes tienen el conocimiento y las herramientas para observar las medidas necesarias a fin de que las obras sean hechas con la calidad estructural y de los materiales requeridos, para garantizar la seguridad a nivel federal.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea este punto de acuerdo para pedir la solidaridad de ustedes y lograr evitar la desaparición de este Instituto y garantizar la seguridad de las estructuras de los planteles escolares y en consecuencia de los estudiantes, por lo que me permito proponer, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, dentro de sus atribuciones y facultades, fortalezcan el buen funcionamiento del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), para con ello preservar la plena integridad institucional del instituto.
Notas
i Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Gobierno de México, Inifed, México, consultado en la página oficial por última vez en https://www.gob.mx/inifed
ii Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa ¿Qué hacemos?, Gobierno de México, consultado por última vez en https://www.gob.mx/inifed/que-hacemos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días de septiembre de 2019.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y el organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a llevar a cabo sus proyectos de reglas de operación de los programas Becas Bienestar Benito Juárez García y Elisa Acuña, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , lleven a cabo sus proyectos de reglas de operación de la totalidad de los programas de becas para el bienestar Benito Juárez y Elisa Acuña , de todos los niveles educativos, así como del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , para que remitan antes del 21 de noviembre de 2019 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para su aprobación , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Antecedentes
Desde su campaña presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador puso énfasis en la necesidad de incluir a más jóvenes en el sistema educativo y prometió otorgar becas para apoyar a jóvenes que estudiaran en todos los niveles educativos con el propósito de que continuaran sus estudios.
El 12 de mayo de 2018 desde Oaxaca, el entonces candidato López Obrador declaró que:
-Fortalecería la educación pública gratuita y de calidad, en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo, prometiendo que todos los estudiantes de preparatoria o de nivel medio superior, obtendrían una beca mensual para evitar la deserción escolar;
-Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien en universidades o en escuelas de nivel superior, podrían acceder a una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, aduciendo además
-Que ya no habrá rechazados, pues se garantizaría el 100 por ciento de inscripción a todos los jóvenes que deseen ingresar a las universidades.1
Ya como presidente electo, López Obrador planteó construir 100 nuevas universidades en el país, con el fin de abrir espacios a jóvenes para que pudieran seguir estudiando y anticipó que todos los estudiantes de preparatoria, tendrían una pensión o una beca mensual.2 Adicionalmente, comentó que había alrededor de 300 mil jóvenes de escasos recursos a quienes se les apoyaría económicamente para que continuaran sus estudios.3
Una vez que asumió la presidencia, López Obrador declaró que las 100 universidades, aún sin comenzar su construcción, iniciarían operaciones el 25 de marzo de 2019 en sedes provisionales. A ellas se sumarían las 19 escuelas de Morena inauguradas desde 2015, que no habían logrado el registro de validez oficial.4
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se planteó que:
“El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y Educación Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa.”5
Por su puesto que la intención del programa de fortalecimiento de la educación en todos los niveles educativos y la idea de apoyar a jóvenes de escasos recursos con becas para continuar sus estudios, es una idea importante y que merece todo el apoyo.
En nuestro país, el 38 por ciento de cobertura bruta en educación superior alcanzado en 2017-2018 sitúa al país en rangos intermedios de logro en atención, que se consideran como escalas de comparación América Latina o los socios con los cuales interactúa México en organismos internacionales, tales como los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A modo de muestra, en 2015, las tasas de cobertura eran de 71 por ciento en Argentina y de 78 por ciento en Venezuela.6
Sin embargo, algunos especialistas y académicos han advertido problemas y malas repercusiones sobre el proyecto, tanto por sus dimensiones, como por la incertidumbre sobre la validez oficial de los estudios, así como los disensos sobre la contribución de esas universidades a la elevación de las tasas de continuación de las trayectorias escolares y desde luego, porque el financiamiento de las Universidades Benito Juárez puede implicar una redistribución de recursos que afecte, negativamente, proyectos educativos ya muy consolidados.7
Por otra parte y dadas algunas evidencias periodísticas, la imprecisión de los procedimientos, de los dispositivos organizacionales y de la secuencia de las inversiones para garantizar la institucionalización de las 100 universidades y su puesta en competencia con otras instituciones de educación superior, para el acceso a presupuestos menguantes, son factores de riesgo, a los que se suma sin lugar a dudas, el carácter potencialmente clientelista con el que se ha avanzado en un propuesta, que hoy incluye, casi todos los niveles educativos y un conjunto de becas sin claridad en su asignación.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se autorizaron, a través del Secretaría de Educación Pública y en diferentes ramos presupuestales, la cantidad total de 55 mil 568.0 millones de pesos, para las Becas Universales para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez , así como para la construcción, equipamiento y mantenimiento de los “planteles” de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García .8
Sin embargo, estos programas, pese a considerarse como prioritarios de acuerdo al Anexo 26 del PEF 2019, no se relacionaron como Programas sujetos a reglas de operación (Anexo 25 del PEF 2019).
Pero de forma inexplicable porque ya la nueva administración tiene 10 meses en gestión, para 2020, la propuesta del Ejecutivo federal en la totalidad de Anexos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación , para el conjunto de Programas de la Becas Universales Benito Juárez y Elisa Acuña , en casi todos los niveles educativos (de educación básica a posgrado), así como los recursos destinados a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , se incrementan en un 226 por ciento y se le destinan un total de 181 mil 172 millones de pesos.
Asimismo es preocupante que de todo este conjunto de Programas, solamente se están proponiendo Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y del Programa de Becas Elisa Acuña , dejando el resto como prioritarios pero sin un esquema claro de asignación, ni de evaluación de su operación e impacto.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha determinado dentro de sus estudios y perspectivas para educación superior y el desarrollo económico en América Latina, que uno de los principales retos que enfrentan las universidades públicas, es la necesidad de absorber la demanda en aumento de estudios profesionales y de posgrado, inherente al rápido crecimiento de la población. Pero esta meta- dice- debe ser cumplida cabalmente solamente, si la calidad de los estándares educativos se mantiene o se eleva.9
Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina en su artículo 75, que:
Los subsidios que ejerza el gobierno federal deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen, entre otras cosas deberán:
- Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;
- Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración, facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;
- Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;
- En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;10
Y con el propósito de cumplir con estos deberes legales, el artículo 77 de la Ley referida, establece que: se deben señalar en el Presupuesto de Egresos, los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación.
La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.
Las dependencias y entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.
Y de hecho también el artículo 78 de la multicitada Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obliga a que las dependencias, o las entidades del gobierno federal, a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, realicen una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.
No es posible que un presupuesto que se incrementa de esa magnitud al 226 por ciento y que significa una cantidad mayor del gasto autorizado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, o mucho mayor que diferentes secretarías de Estado, no esté en su totalidad sujeto a reglas de operación, que permita a este Congreso y a la sociedad en su conjunto, conocer con toda precisión el detalle del gasto, y posibilite una evaluación estricta y externa del impacto que genera ese presupuesto en la población objetivo y en los propósitos que se plantea.
No estamos en contra de apoyar a la educación superior, ni de incrementar el gasto educativo, ni de incentivar a jóvenes de escasos recursos o de grupos vulnerables con subsidios, pero justo porque se trata de una importante inversión social y justo porque merecen todo el apoyo esos jóvenes y sus familias, este gasto debe sujetarse a la Ley, que ya contempla los mecanismos necesarios para el control del ejercicio del gasto que impida discrecionalidad y para evaluar sus resultados de forma transparente.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , para remitirlas antes del 21 de noviembre de 2019 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Notas
1) Lleven a cabo sus proyectos de reglas de operación de la totalidad de los Programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Elisa Acuña , de todos los niveles educativos, así como del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , para remitirlas antes del 21 de noviembre de 2019 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2) Se haga del conocimiento público y bajo el principio de máxima publicidad, cada uno de los trámites para la autorización de las Reglas de Operación.
Fuentes consultadas
1 Presenta AMLO 10 compromisos por la educación en México https://lopezobrador.org.mx/2018/05/12/104356/
2 https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/07/11/lopez-obrador-prom ete-crear-100-nuevas-universidades-publicas
3 Ibídem
4 https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-be nito-juarez/
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019
6 https://educacion.nexos.com.mx/?p=1736
7 Ibídem
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf
9 La educación superior y el desarrollo económico en América Latina en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/488 4/S2009334_es.pdf?sequence=1
10http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_3012 15.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días de septiembre de 2019.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a iniciar un procedimiento sancionador contra el alcalde de Jaltenco, México, por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a iniciar procedimiento sancionador en contra del presidente municipal de Jaltenco, estado de México, por haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 56, fracción VII, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el con base en las siguientes:
Consideraciones
Los símbolos patrios son elementos fundamentales de nuestra identidad nacional, mismos que se remontan al siglo XIX cuando después de la lucha de independencia se requería de símbolos que le permitieran al pueblo mexicano reconstruirse e identificarse, logrando este cometido hasta provocar que cada que escuchamos o vemos alguno de nuestros símbolos patrios nos hace que se nos inflame el pecho de orgullo y respeto por ellos.
Todos nuestros símbolos tienen un significado e historia que los define y ello nos obliga a respetarlos por todo el significado que conllevan. Por ejemplo, nuestra bandera nacional tiene su primer antecedente en la bandera del Ejército Trigarante, cuando en el periodo post independentista, el Ejército comandado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide decidió que la bandera fuera tricolor y que los colores aludieran a la unión entre americanos y europeos, representado en el color rojo; el verde a la Independencia y el blanco a la fe de los mexicanos. Posteriormente a este hecho, nuestra bandera fue modificada de manera definitiva y se incorporó en sus elementos el escudo nacional, que agregaba componentes de origen prehispánicos.
El escudo nacional es otro de nuestros símbolos patrios, que alude a la fundación de Tenochtitlan incluida en el Códice Mendocino, en el cual el dios Huitzilopochtli dio la indicación de viajar a la tierra prometida, señalando que la identificación del sitio sería a través de un águila posada encima de un nopal, devorando una serpiente. Es a partir de este mito que el águila comenzó a utilizarse como símbolo de identidad nacional, siendo utilizado, inclusive, en el reinado de Carlos V.i
Es a partir de estos dos símbolos patrios que surge la banda presidencial, la cual “constituye una forma de representación de la Bandera Nacional y es el emblema del Poder Ejecutivo federal, por lo que solo podrá ser usada por el presidente de la república ...”.2 El uso de la banda presidencial, conforme el artículo 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se limita solo a cuatro eventos; en la transmisión del Poder Ejecutivo federal; al rendir el informe anual ante el Congreso de la Unión; en la conmemoración del Grito de Dolores, y al recibir cartas credenciales de embajadores y ministros acreditados ante el gobierno mexicano.
Esta solemnidad en el uso se entiende a partir del respeto que se le debe de guardar a este símbolo representativo de la bandera nacional, por ello es importante mantener este respeto intacto y quien haga uso de estos símbolos con el propósito de hacerse promoción personal a partir de romper la solemnidad del uso debe de ser sancionado, tal y como lo establece la misma Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Este respeto es más exigible a quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanen, solo que hay quienes incumpliendo este mandato hacen mal uso de los símbolos patrios para satisfacer anhelos de grandeza.
Tal es el caso del alcalde del municipio de Jaltenco, estado de México, José Rosario Romero Lugo, quien el pasado 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de Independencia usó una banda que hacía alusión a la banda presidencial, cabe señalar la conducta que constituye la infracción se realizó de forma continuada y reiterada, ya que se llevó a cabo en dos ceremonias de Grito de Independencia en las dos comunidades del municipio: San Andrés y Alborada. Además, durante el convivio posterior al interior del Palacio Municipal, en donde se tomó fotografías con diversas personas e inclusive lo publicó en sus redes sociales personales, así como en la página oficial del ayuntamiento de Jaltenco.
Este hecho fue retomado por diversos medios de comunicación, siendo objeto de innumerables muestras de rechazo e indignación por distintos usuarios de las redes sociales.3 La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece la solemnidad del uso de los símbolos patrios, pero también contempla las sanciones a las que son acreedores quienes incumplan con la ley. El capítulo séptimo de la ley establece la competencia y sanciones, enunciando lo siguiente:
Artículo 55. Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.
Artículo 56. Constituyen infracción a esta Ley las conductas siguientes:
VII. Portar la banda presidencial;
Artículo 56 Quintus. A los infractores de la presente Ley, se les podrá imponer una o varias de las sanciones siguientes:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa de hasta diez mil veces el valor de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la infracción;
III. Multa adicional a la prevista en la fracción anterior de hasta diez mil veces el valor de la unidad de medida y actualización, por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas, y
V. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
Este tipo de actos deben ser sancionados, con el propósito de mantener el respeto de los símbolos patrios, esta petición es aún más exigible cuando quien incumplió el mandato es una autoridad electa por el voto ciudadano y es el responsable de hacer valer la ley; además se trata de un acto totalmente voluntario, tanto que fue el propio alcalde quien portó la banda en dos actos cívicos realizados en el municipio y subió la foto a su perfil de una red social.
Cabe destacar que ya existe precedente de sanciones por la comisión de este tipo de infracciones, es el caso del alcalde del municipio de San Bartolo el Seco, Puebla, a quien el director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación le instauró un procedimiento administrativo sancionador por haber portado la banda presidencial durante los festejos patrios del 15 de septiembre de 2014, y a quien que se determinó la imposición de una sanción económica, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó y mediante la cual nuestro máximo tribunal judicial resolvió que “la banda presidencial es un emblema del Ejecutivo federal, quien encabeza la administración pública federal, comandada por las Fuerzas Armadas y representa al Estado Mexicano, por lo que solo él puede portar dicho emblema”.4
En este sentido, solicito a esta soberanía exhortar al secretario de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, instaure un procedimiento sancionador al presidente municipal de Jaltenco, estado de México por haber cometido la infracción contenida en artículo 56, fracción VII, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al portar la banda presidencial durante los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2019, considerando que dicha conducta fue reiterativa y continuada al portarla durante un periodo de tiempo y en dos ceremonias distintas con lapso de tiempo entre ellas.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a iniciar procedimiento sancionador en contra del presidente municipal de Jaltenco, estado de México, por haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 56, fracción VII, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento de Jaltenco, estado de México, a promover, en el ámbito de su respectiva competencia, el culto y respeto a los símbolos patrios, en sus posteriores ceremonias oficiales y solemnes.
Notas
1 “Historia de la Bandera de México actualizada 2019”, Revista México Desconocido, articulo que puede ser consultado en la página electrónica: https://www.mexicodesconocido.com.mx/historia-de-la-bandera-de-mexico.h tml
2 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual puede ser consultada en la siguiente página electrónica, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_301118.pdf
3 Notas Periodísticas: https://mvsnoticias.com/noticias/estados/alcalde-de-jaltenco-edomex-luc e-banda-presidencial-en-festejos-de-grito-de-independencia/ y https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/alcalde-de- jaltenco-us%C3%B3-banda-presidencial-falsa-le-llueven-cr%C3%ADticas/
4 Amparo en Revisión 171/2017, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente José Ramón Cossío Díaz, http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asu ntoID=211832
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y la Seduma de Tamaulipas a esclarecer los hechos e iniciar investigaciones por lo ocurrido en la Laguna del Carpintero, Tampico, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El pasado 17 y 18 de septiembre del año en curso en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, habitantes y varios medios de comunicación locales y estatales registraron un gran número de peces muertos entre los que se encontraban especies acuíferas como robalo, carpa, mojarra plateada, bagre y liza en el Canal de la Cortadura y en la Laguna del Carpintero.
Segunda. De acuerdo con cálculos preliminares, la cantidad de especies muertas rebasa la tonelada.
Tercera. En las mismas fechas, la Secretaría de Servicios Públicos de Tampico llevó a cabo un operativo con el objeto de retirar las especies muertas que se encontraban en el lugar indicado, evitando con ello daños ambientales, posibles infecciones respiratorias u otro tipo de afectaciones.
Cuarta. Al lugar de los hechos llegaron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de inspeccionar el área y poder establecer las causas de mortandad de las especies marinas.
Quinta. De acuerdo con los Inspectores que acudieron al lugar de los hechos, reconocieron que desconocen las causas de lo ocurrido, sin embargo, dentro de las hipótesis que se señalan son: la de descarga de cloro, diésel y aceite quemado en el área, la falta de oxigenación del agua y el clima.
Sexta. Corresponde a las autoridades tanto federales, estatales, como municipales, defender y proteger a nuestro medio ambiente bajo los más altos y estrictos niveles de compromiso.
Séptima. En caso de que los hechos reafirmen la tragedia ambiental causada por la irresponsabilidad humana, éste no debe de quedar impune y ser castigado, con apego al marco jurídico ambiental y penal, contra quien resulte responsable.
Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado de Tamaulipas, a hacer públicos los estudios técnicos o cualquier otra información respecto de los hechos ocurridos en el Canal de la Cortadura y en la Laguna del Carpintero, en Tampico, Tamaulipas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado de Tamaulipas destinen lo recursos técnicos y de personal necesarios, a fin de determinar la responsabilidad de quien provocó los hechos descritos.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado de Tamaulipas levanten las actas correspondientes y realicen las investigaciones correspondientes contra quien resulte responsable por daños ecológicos a la fauna marina y al ecosistema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a iniciar el proceso de nombramiento del titular de la Prodecon, suscrita por el diputado Antonio Ortega Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Antonio Ortega Martínez, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
1. El artículo 31, fracción IV Constitucional establece que: “Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”1
Como consecuencia de la reforma fiscal de 2004, el 5 de enero de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 18-B en el Código Fiscal de la Federación, donde se estableció por primera vez que la protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal estaría a cargo de Prodecon .
Artículo 18-B. - La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención, en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal.2
2. No fue sin embargo hasta el 4 de septiembre de 2006, que la Prodecon surge por Decreto de Ley al publicarse en el Diario Oficial de la Federación su Ley Orgánica, misma que fue impugnada por el Procurador General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 38/20063 resuelta el 16 de mayo de 2008, publicándose con sus últimas reformas el 7 de septiembre de 2009.
3. El 28 de abril del 2011 de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal fue electa por el Senado de la República la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara como primer Ombudsman fiscal en México, previa comparecencia del 25 de abril del mismo año ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. A partir del nombramiento de la Procuradora y de conformidad con su Ley Orgánica, Prodecon contó con 120 días para entrar en funciones, por lo que el 1 de septiembre del 2011 abrió sus puertas al público.
4. Artículo 9.- La designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República.4
5. En cumplimiento de lo establecido en su ley Orgánica la titular de este organismo público, Diana Bernal Ladrón de Guevara. Llegó a la Prodecon , en el 2011 tras ser propuesta en la terna del entonces presidente Felipe Calderón, mientras que en el 2015 el expresidente Enrique Peña Nieto la propuso para un segundo periodo, el cual acabó el pasado 30 de abril. Desde entonces, el ombudsman fiscal, no tiene un titular por lo que Luis Salinas, subprocurador de Análisis Sistémico de la Prodecon, está como encargado de despacho.
6. A ocho años de abrir sus puertas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente alcanzó la cifra de 1 millón 68 mil 500 servicios brindados a los pagadores de impuestos, lo cual representa un crecimiento total de 8 mil 921 por ciento, al comparar los 2 mil 874 contribuyentes que atendió en su primer año de operación, comprendido del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, contra los 259 mil 264 servicios proporcionados en su octavo año, que va del 1 de septiembre de 2018 al 28 de agosto de 2019.5
En los años que ha estado en funciones la Prodecon ha atendido invariablemente a más de 100 mil contribuyentes por ejercicio fiscal. Para 2015 cerró con 114 mil 464 solicitudes de servicio, mientras que, en 2016: 150 mil 165, en 2017: 210 mil 921 y para 2018 se reportaron; 273 mil 465. Para este año, hasta el 28 de agosto se reportan 193 mil 089 casos.
7. Es importante destacar la sustancial labor social realizada por la Procuraduría en beneficio de los contribuyentes más vulnerables y de menores ingresos, pues del total de pagadores de impuestos atendidos, el 84 por ciento corresponde a personas físicas, principalmente asalariados, pensionados o jubilados y el 89 por ciento de sus problemáticas no rebasan los 20 mil pesos.
8. El Paquete Económico 2020 contempla cambios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para reforzar sus capacidades en la recaudación de impuestos y con ello el país pueda contar con mayores ingresos, adelantó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP)6 Arturo Herrera. Es decir, el planteamiento para el próximo año será la búsqueda de una recaudación mayor a través de una mayor supervisión y de una reinversión en el SAT. La propuesta fiscal para el siguiente año también establece la obligación de las empresas contratantes de servicios de la subcontratación laboral, de retener y enterar el IVA causado por el arrendamiento de este tipo de servicios.
Pero la Ley de Ingresos no sólo establece medidas contra empresas para incrementar la recaudación, también prevé que quienes rentan una vivienda paguen el ISR, igual que quienes se dedican a las ventas por catálogo. Lo anterior nos lleva a pensar en la importancia que tendría la Prodecon, y sus actividades en el próximo año fiscal pues ante la nueva realidad debemos pensar en el compromiso que representa una mejor y más eficiente recaudación, en correspondencia con la creación de este instituto las actividades de fiscalización deberán estar sujetas al respeto de los Derechos Humanos.
En este sentido hablar de derechos humanos de los contribuyentes es referirse a los principios materiales de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional: legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público que, a la luz de la doctrina y su posterior recepción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se identifican con capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y destino al gasto público. En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención para que los contribuyentes estén protegidos frente a la nueva realidad fiscal que así lo demanda proponemos lo siguiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento de sus facultades referidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, envíe a la brevedad la terna propuesta que proceda a iniciar el proceso de nombramiento del o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Notas
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (s.f.). Cámara de Diputados. Ciudad de México. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
2. Código Fiscal de la Federación. (s.f.). Recuperado el 14 de septiembre de 2019, de Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160519.pdf.
3. Sentencia de veintiséis de febrero de 2008, Suprema corte de Justicia de la Nación. (s.f.). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=503 4470&fecha=16/05/2008&cod_diario=213178
4. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. (s.f.). Cámara de Diputados. Recuperado el 14 de septiembre de 2019, de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPDC.pdf
5. Prodecon Cumple 8 años de operación. (29 de agosto de 2019). Boletín 003 / 2019. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/BoletinesPrensa/2019/Nacional/
BoletinPrensa-03-Oficinas%20centrales%20CDMX-2019/boletin_003_2019.pdf
6. Jiménez, J. L. (10 de septiembre de 2019). El sol de México. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/herrera-niega-terrorismo-fisc al-del-sat-4160589.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputados: Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas estatales a promover una campaña nacional de educación, toma de conciencia y prevención de los síntomas de cáncer infantil, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia estima que en México hay anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de 2 mil 150 defunciones. El cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad.i
Es creciente el número de casos de éxito en la recuperación del cáncer en menores de edad, pero en el país continuamos por debajo de los estándares de países desarrollados, en donde se espera que el 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad se curen. Actualmente, el índice de sobrevida estimada en México es de 56 por ciento del diagnóstico.
Lo anterior deja ver que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Desafortunadamente, 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad; este hecho incrementa considerablemente la duración y el costo del tratamiento, a la vez que disminuye significativamente las posibilidades de curación.
Se requiere un acceso efectivo a una red de servicios de salud donde el personal de primer contacto posea competencias necesarias para la detección y referencia oportuna de las personas con sospecha de cáncer a la unidad médica acreditada o unidad especializada de referencia para pacientes oncológicos pediátricos que cuente con personal e infraestructura especializada para su atención.2
Hay síntomas que se pueden identificar tempranamente para que el niño o adolescente sea tratado por el médico y éste tome acciones para brindar una mejor atención al paciente. En este sentido, se deben emprender acciones en conjunto para prevenir el cáncer, tales como: actividades de promoción para la salud tendientes a disminuir factores de riesgo en la población, desarrollar entornos saludables, reforzar la participación social, reorientar los servicios de salud hacia la prevención e impulsar políticas púbicas con una visión integral.
Aumentar las posibilidades de supervivencia depende de diversos factores, entre ellos: que los pacientes tengan acceso universal al sistema de salud; que los médicos de primer contacto sospechen y detecten oportunamente la enfermedad; que envíen al paciente a un centro de referencia acreditado y que ahí reciba un tratamiento exitoso. Sin embargo, ocurre que pueden pasar más 100 días para que el paciente pase del primero al tercer nivel de atención, lo que provoca que la enfermedad avance y la recuperación sea más difícil de tratar.
Con estos datos no cabe duda de lo silencioso y peligroso que es el cáncer infantil, a pesar de las campañas que se han realizado estas no han sido suficientes, por lo tanto, habría que preguntarse ¿Qué hace falta para lograr una detección temprana?, ¿qué medidas de urgencia se han tomado para informar a la población sobre la gravedad y la falta de detección oportuna?
Septiembre es el mes que se eligió de manera internacional para conmemorar la concientización del cáncer Infantil; durante este mes se expresa el apoyo y solidaridad para crear conciencia de que toda persona puede estar expuesta a esta enfermedad. Diversas instituciones realizan campañas para detectar en los menores de edad los síntomas de este padecimiento, detectar los síntomas de cáncer en los niños y adolescentes de manera temprana aumenta en 80 por ciento la eficacia del diagnóstico y tratamiento, por ello es necesario enfatizar las campañas. Es un mes para expresar apoyo y solidaridad, pero también para crear conciencia de que a toda persona le puede ocurrir en cualquier momento y hay que estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil, ya que las mayores posibilidades de curación se dan cuando se diagnostica la enfermedad a tiempo, ya que no hay manera de prevenirla antes que se desarrolle.
Dado que, por lo general, el cáncer en la infancia y adolescencia no se puede prevenir, la estrategia más eficaz para reducir su carga consiste en centrarse en el diagnóstico precoz y correcto, seguido de una terapia eficaz; por ello como legisladores no podemos dejar que este padecimiento siga invisible a los ojos de nuestras instituciones de salud, ya que a nosotros nos compete directamente promover que la ley se cumpla y que se proteja a los niños, niñas y adolescentes que padecen este silencioso mal.
El diagnóstico es importante en todos los entornos y aumenta la supervivencia en muchos cánceres. Se tiene que enfatizar los programas para promover el diagnóstico precoz y correcto en México; ya que el cáncer infantil se asocia a diversos síntomas de alerta que pueden ser detectados por las familias y por profesionales sanitarios de atención primaria capacitados. El diagnóstico correcto da la posibilidad para tratar de manera oportuna a los niños, niñas y adolescentes.
Es urgente combatir el problema del cáncer infantil en México, y el verdadero reto pasa por aumentar el número de vidas que se logran llevar a edad adulta de una manera plena. Actualmente, en México el índice de sobrevida ronda entre 30 y 50 por ciento, según la región del país, mientras que en Estados Unidos ha alcanzado 90 por ciento.
Desafortunadamente, persisten condiciones de marginación y pobreza que impiden que algunos pequeños lleguen a los centros regionales. Además, los médicos generales no consideran el cáncer infantil como una enfermedad emergente y muchos de los diagnósticos preventivos pasan inadvertidos.
El sistema de salud mexicano ha logrado encauzar a duras penas una situación que empezaba a ser crítica. Los medicamentos de primera línea suelen llegar de forma regular a hospitales con áreas de oncología pediátrica, aunque el déficit de infraestructura y personal especializado resulta preocupante: en México se cuenta con sólo 151 oncólogos pediatras, una cifra muy por debajo del número necesario para atender a la población afectada.
Por lo anterior debemos enfatizar esfuerzos, y septiembre, Mes de Concientización del Cáncer Infantil, nos brinda la oportunidad de cambiar, de promover, de incentivar políticas públicas, programas acciones y medidas que puedan ayudar a la infancia y adolescencia a luchar por sus vidas. Durante todo septiembre y todos los meses debe haber una lucha contra el cáncer infantil.
El Mes de Concientización del Cáncer Infantil nos recuerda con urgencia el trabajo que tienen que realizar todas las instituciones involucradas para alcanzar políticas públicas y leyes que establezcan un modelo de atención que permita la detección temprana y el acceso a un tratamiento integral y oportuno.
Por ello en septiembre nos vamos a pintar de dorado, y los otros meses enfatizaremos la lucha a favor de los niños y niñas mexicanas con cáncer y muy en especial a los que menos recursos tienen. No queremos que la necesidad y la distancia sean motivo para que un niño pierda la batalla.
Los medicamentos son otra parte fundamental en los tratamientos, y su aplicación no admite retrasos, por lo que los presupuestos y las compras oportunas son importantes para que funcione todo el sistema de atención, dentro y fuera de los hospitales. La falta de recursos imposibilita el cumplimiento del derecho a la salud previsto en el artículo 4o. constitucional, ya que hay desabasto de medicamentos y retraso en los tratamientos. Aunado a lo anterior, se requiere asegurar la suficiencia de personal especializado, material y equipo médico, y la operación de una red de hospitales locales y regionales para la atención del cáncer infantil, tema aún pendiente.
Como se ha señalado, septiembre es el mes para que hablemos y discutamos sobre estos temas. Por lo anterior, a partir de este mes establezcamos como legisladores soluciones reales contra el cáncer infantil.
En virtud de lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas estatales para que en el ámbito de sus facultades, los sistemas de salud cuenten con puntualidad y bajo los criterios de aplicación de medicamentos ya definidos en los protocolos de atención médica para los diferentes padecimientos de cáncer infantil.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que promueva una campaña nacional de educación, concientización y prevención de los síntomas cáncer de infantil, a fin de informar y crear conciencia sobre la situación real del cáncer infantil en México.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y sus homólogas para que se dé acceso a los niños, niñas y adolescentes con cáncer, a una atención médica de calidad, continua y con arreglo a los tratamientos definidos en los protocolos de atención médica y se otorguen condiciones de calidad que favorezcan mayores niveles de sobrevida.
Notas
1 Véase Cáncer infantil en México, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 24 de agosto de 2015. Consultado el 10 de octubre de 2018. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infanti l-en-mexico-130956?state=published
2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a promover políticas de eficiencia de gasto y suministro de medicamentos de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo del presente año, pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil se han manifestado por el desabasto de medicamentos en distintas instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
El caso más reciente, a finales de agosto, cuando un grupo de padres de niños en tratamiento oncológico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez bloqueó los accesos 3 y 4 de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la carencia de medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer, en general, y para tratar la leucemia linfoblástica, en particular.
Esta última “crisis” se zanjó mediante un “préstamo” de 400 frascos de 500 miligramos del fármaco metrotexate por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, no es esta la forma idónea de operación de las instituciones públicas de salud.
Aún más, esta denuncia no es un caso aislado. En junio pasado, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron en la Ciudad de México por la falta de medicamentos retrovirales. Un mes antes, pacientes y organizaciones de la social civil marcharon en la capital del país por la omisión de medicinas para el puntual tratamiento de esta enfermedad para los beneficiarios del Seguro Popular.
Si bien el Dr. Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que el abasto de medicinas está garantizado; organizaciones no gubernamentales aseguran lo contrario. “El desabasto de medicamentos no solo ocurre con los fármacos contra el cáncer y antirretrovirales, sino que afecta al 50% de los pacientes que eran atendidos por el Seguro Popular”, afirmó Carlos Castro, presidente ejecutivo de la Asociación ALE, en el foro “En salud, primero los más vulnerables”, realizado el pasado 28 de agosto.
Confirman la vulnerable situación de los servicios de salud, el hecho de que este sector encabeza las quejas recibidas durante 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De las 4,666 quejas que ha recibido este organismo autónomo, 58% recaen en el sector salud, y de este universo, al menos 12.35% versan sobre la omisión de suministrar medicamentos. Estas cifras son solo una muestra del área de oportunidad que enfrenta en este aspecto el Sistema Nacional de Salud, puesto que son solo algunos los casos que recurren a la CNDH para la defensa de su derecho a la protección de la salud.
Cabe precisar en este punto que, tanto el derecho internacional como el nacional, reconocen el derecho a la protección de la salud como un derecho fundamentali del ser humano y, por ende, es una responsabilidad del Estado su efectiva satisfacción.
Para comprender los alcances del derecho a la protección de la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano judicial y tribunal constitucional, interpretó en la tesis XIX/2000 con el rubro “Salud. El derecho a su protección, que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.” y la cual señala que:
“...se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo...”
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece en su Constitución que dicha responsabilidad “solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”.2
Es por ello, que con fundamento en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Salud consagradas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que me permito exhortar respetuosamente a esta dependencia para que se implemente una política pública que garantice eficiencia en el gasto en salud y de la cadena de suministro de medicamentos de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y que facilite herramientas que apoyen a los servicios estatales de salud para lograr el mejor abasto posible de medicamentos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal a promover políticas públicas de eficiencia del gasto y de la cadena de suministro de medicamentos de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, así como facilitar herramientas que apoyen a los servicios estatales de salud para lograr el mejor abasto posible de medicamentos, en lo general, y de aquellos destinados al tratamiento del cáncer, en lo particular.
Notas
1 Artículo 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
2 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a homologar o tipificar en sus códigos penales el delito de feminicidio, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Elizabeth Díaz García, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una problemática que desafortunadamente está impactando a nuestro país es la violencia contra las mujeres en razón de su género, se ha convertido en un tema que debe ser atendido por todos los niveles de gobierno, así como en los diferentes ámbitos de socialización por los que atraviesan las y los individuos, ya sea en las escuelas, familias, incluso en medios de comunicación, que hoy en día, tienen un gran impacto en la sociedad.
De acuerdo con estudios presentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios a nivel nacional no deja de incrementar. En su último balance, en el año 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio apunta que la mayoría de las mujeres en México han sido asesinadas de manera brutal, mediante diversos métodos: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos y heridas. Asimismo, señala que entre 2014 y 2017, 8 mil 904 mujeres han sido asesinadas en México.
Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su informe presentado de enero al 31 de octubre de 2018. Señala el progresivo aumento de la violencia hacia las mujeres, arrojando que 2 mil 246 mujeres fueron víctimas del delito de homicidios dolosos. Por su parte, en lo que se refiere a casos de feminicidios tienen registrados un total de 706 hasta su fecha de corte.
Para atender este grave problema, el Estado mexicano ha regulado y sancionado el delito del feminicidio. Por una parte, se tipificó en el año 2012 el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Asimismo, se impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se estipula la violencia feminicidio, y se aportan diversas figuras con la finalidad de dotar de instrumentos jurídicos a las mujeres para una vida sin discriminación ni violencia.
Actualmente en México, solo el estado de Chihuahua no cuenta con alguna especie de tipificación del feminicidio. Es increíble que después de tantos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, incluso la sentencia de Campo Algodonero, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun no se le dé la importancia al fenómeno social, ni mucho menos a tipificar un delito de gran impacto como lo es el feminicidio en ese estado.
Las demás entidades federativas cuentan con alguna especie de regulación del feminicidio, sin embargo, no existe una homologación del tipo, causando una incertidumbre entre los estudiosos del derecho, no solo a nivel nacional, sino internacional.
El Estado mexicano suscribió la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, derivada de la cual se tiene la obligación de rendir un informe sobre las acciones tendientes a mejorar las condiciones nacionales en favor de las mujeres. El último informe realizado por México fue el año pasado, y derivado de esto, la Convención realizó una serie de recomendaciones, entre las cuales destaca la necesidad de homologar el tipo penal del feminicidio en todo el país.
De lo anterior, se considere de especial importancia, la homologación del tipo penal del feminicidio en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, con el Código Penal Federal, ya que este instrumento jurídico cuenta con todos los elementos de género necesarios para la investigación, persecución y sanción del delito de feminicidio. Y en el caso del estado de Chihuahua, es de suma necesidad el tipificar el delito de feminicidio.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, homologuen el tipo penal de feminicidio contenido en sus respectivos Códigos Penales, con el texto señalado en el Código Penal Federal.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Estado de Chihuahua, adicione en su Código Penal, el tipo penal de feminicidio, con base en el texto señalado en el Código Penal Federal.
Tercera. Los estados podrán establecer cualquier otra disposición relacionada con el tipo penal del feminicidio, siempre que no contravenga lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de la materia suscritos por el Estado mexicano, el Código Penal Federal, ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada María Elizabeth Díaz García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a hacer del conocimiento público los avances del programa Sembrando Vida y el destino de los recursos invertidos en él, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Sembrando Vida es uno de los principales programas sociales de la actual administración. Es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral.
Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.
Otorga apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio.1
Es un Programa integral que abarca tres dimensiones, las cuales son las siguientes:
La dimensión social , a través de un programa de Formación y Organización Comunitaria se promueve la organización como una estrategia para recuperar el tejido social, relaciones de cooperación y solidaridad y organización socio comunitaria que, en su conjunto, logren el empoderamiento de las comunidades mediante la toma de decisiones colectivas.
La dimensión productiva , mediante la implementación de 1 millón de hectáreas de Sistema Agroforestal se fortalece el arraigo a la comunidad y la soberanía alimentaria, mejorando el nivel de vida de las comunidades. En un mediano plazo se generarán procesos de valor agregado y comercialización de los productos que se obtengan de los sistemas agroforestales.
La dimensión financiera, es una estrategia de inclusión y soberanía financiera para el medio rural. El impulso de la cultura del ahorro y la implementación del Fondo de Bienestar, permitirán en el mediano y largo plazo la creación de empresas cooperativas que den valor agregado a sus productos.2
En este contexto, desde el inicio de la actual administración, el gobierno federal se comprometió a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Y eso va a significar darle trabajo, pagándole un jornal a 400 mil campesinos, hijos de ejidatarios e hijos de pequeños propietarios.
Sin embargo, es importante señalar que hasta ahora, en general, los programas sociales emprendidos por el gobierno federal han sido ineficaces e ineficientes, toda vez que se ha gastado una gran cantidad de recursos del erario que no se ha traducido en un progreso social, ni en resultados tangibles en materia de combate a la pobreza. El programa Sembrando Vida es muestra de ello, ya que ni se ha materializado en más árboles sembrados, ni en un mayor desarrollo social.
Para poner en su justa dimensión dicho tema, basta señalar que si bien el Primer Informe de Gobierno 2018-2019 menciona que con este programa se ha beneficiado a sólo 69 mil 256 mujeres de pueblos indígenas y 230 mil “sembradoras y sembradores”, no precisa si se tratan de campesinos, hijos de ejidatarios o pequeños propietarios como se prometió. Además, no se cumple la meta de atención prometida.
Por otro lado, no existen elementos para identificar el número de plantas producidas y plantadas este año, así como su ubicación. Tampoco existe evidencia de que la población atendida pertenezca al ámbito rural y a zonas marginadas de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con René Gómez, presidente de la organización Bosques y Gobernanza, tan solo en el municipio de Ocotzingo, Chiapas, de los 290 millones de pesos asignados al programa, no se ha traducido en progresos tangibles para la sociedad chiapaneca.3 Asimismo, menciona que el programa presenta irregularidades en su funcionamiento, además, no se han cumplido con las metas de árboles sembrados necesarios para mitigar el cambio climático, ni se ha detenido la tala ilegal de árboles ni la agricultura a gran escala. Asegura que se trata de una política carente de planeación, siendo la principal causa de su fracaso.
En este mismo sentido, se han detectado diversas irregularidades en el programa. Por ejemplo, se han presentado casos en que los alcaldes de algunos municipios solicitan a la Comisión de Hacienda del Congreso la autorización para contratar nuevas deudas con instituciones bancarias para el pago de laudos laborales, lo que representaría un mayor endeudamiento para el ayuntamiento.4
Campesinos de Tabasco han interpuesto una demanda ante la Secretaría de la Función Pública por el delito de fraude en contra de los organizadores del programa, debido a que han recibido una cantidad inferior del dinero que se debía haber entregado y porque en algunos casos se ha exigido dinero a los campesinos para poder ser parte del programa.5
Estos hechos revelan, pues, la existencia de diversas irregularidades relacionadas no sólo con la falta de resultados del programa, sino además, con el uso de los recursos destinados al mismo, lo cual es incongruente con la política de transparencia y rendición de cuentas hasta ahora solo pregonada por el actual gobierno federal.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar para que transparente y haga del conocimiento público los avances registrados por el programa Sembrando Vida, así como el destino de los recursos invertidos en el mismo, ante las presuntas irregularidades detectadas y la falta de resultados del programa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice y dé puntual seguimiento al programa Sembrando Vida, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/ 2019
2 Presidencia de la República, “1 Informe de Gobierno 2018-2019”.
3 Sin resultados programa “Sembrando Vida”, [en línea], disponible en: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-resultados-programa-sembrando-vi da/295619/
4 Denuncian irregularidades en Sembrando Vida, El Heraldo, [en línea], disponible en: https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/municipios/denuncian-irregu laridades-en-sembrando-vida-4204419.html
5 Acusan fraude en Sembrando Vida, [en línea], disponible en: https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/acusan-fraude-en-sembrando- vida-3147454.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al día 24 de septiembre del año 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades federales y de la Ciudad de México a emitir recomendaciones para implantar acciones que detengan la contribución al gasto generado por la Estela de Luz, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Pensado como lo que sería un monumento conmemorativo, la Estela de Luz de la Ciudad de México, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana ha resultado controversial debido a lo poco factible que hoy en día parece su construcción, dicho monumento que fue ordenado a construir por el entonces presidente Felipe Calderón, no ha sido más que un monumento que evidencia el gasto y despilfarro innecesario de los recursos económicos de México.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la construcción, desde la concepción hasta la conclusión de la Estela de Luz, se invirtieron mil 304 millones 917 mil pesosi que corresponden a recursos públicos, una gran cantidad si lo comparamos con los 400 millones que en un principio se habían cotizado.
Otra de las irregularidades que podemos denotar incluye además los pagos en exceso por un monto de 150 mil millones de pesos que significa el hecho de que el costo de la construcción de la Estela de Luz se elevó en 192.0 por ciento respecto del contrato original, a su vez que la inauguración también se retrasó pues se hizo hasta el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista cuando se contemplaba para el 15 de septiembre de 2010, como parte de la celebración de las fiestas patrias.
Lo dicho hasta ahora es para mostrar que todo en esta obra ha estado lleno de irregularidades desde su concepción hasta el día de hoy, convirtiéndola en uno de los muchos errores realizados por las administraciones que ha recorrido México.
Pero el gasto que representa dicho monumento no ha quedado atrás, es un gasto que hasta hoy en día sigue al corriente y para los años futuros seguramente también lo estará, esto haciendo referencia al precio del mantenimiento y la luz que dicha Estela de Luz cuesta al gobierno por hacer prácticamente nada, excepto emitir luz.
Según el periódico Reforma (2015), son 2 millones y medio de pesos lo que cuesta el mantenimiento anual de la Estela de Luz, el cual tiene sus luces fundidas en al menos 80 placas de cuarzo.
Ahora bien, la Ley de Austeridad Republicana bajo la que se rige la actual administración en esta legislatura encabezada por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, y definida por sus proponentes como “Un principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público”. Claramente plantea que lo que se busca es eliminar el gran número de gastos excesivos e innecesarios que las anteriores administraciones decidieron despilfarrar (claro ejemplo fue la puesta en venta del anterior avión presidencial), entonces, bajo este supuesto: ¿No sería lo más correcto deshacernos de monumentos como la Estela de Luz? La cual es sólo un monumento a la corrupción, a la banalidad y sin ningún beneficio a la sociedad, al contrario, es un alto gasto público.
Dentro de lo perjudicial que llega a ser el monumento podemos enlistar:
• Alto impacto económico que crece año con año al presupuesto público.
• Daños al medio ambiente debido a su alto consumo de energía.
• Contaminación visual.
• Oportunidad de utilizar el dinero invertido en mejores proyectos.
Es bien sabido el gasto de energía eléctrica resulta altamente perjudicial y es uno de los principales detonadores de lo que hoy en día vemos en el mundo, el calentamiento global, este tipo de malbaratar el uso de la energía se ve reflejado en monumento como el hoy mencionado.
Lo que inicialmente se plantea en este punto de acuerdo es reducir de golpe un alto gasto de energía eléctrica cortando el suministro de energía de dicho monumento, en donde la fauna y el ambiente de la zona se verán de inmediato beneficiados, así como invertir ese dinero en proyectos que realmente beneficien a la sociedad mexicana.
Hoy en día, hablando de este monumento a la corrupción y al despilfarro, resulta pertinente que en una administración que se rige bajo un modelo de austeridad, monumentos como este sean inhabilitados y una vez viendo la mejora que esto represente, exista la posibilidad de que posteriormente sea desmontado y vendido, así como utilizar el espacio que la estructura ocupa.
Como representantes de la sociedad, no debemos ser pacientes ni mucho menos indiferentes, esta y cualquier otra edificación en estos tiempos debe de ser sustentable y respetuosa con la naturaleza de su entorno y el medio ambiente en general, como representar un gasto al mínimo para que el dinero ahorrado pueda ser mejor utilizado en cosas que la sociedad realmente demanda, la lista de esta es larga y debemos buscar los medios para cubrirla.
Abogando a la conciencia de poner un grano de arena con pequeñas acciones, pero muy importante para beneficio del medio ambiente, así como aportando a la mayor recaudación económica para utilizar en el desarrollo de planes sociales y eliminar estas obras inservibles y que no aportan nada a estos nuevos tiempos en donde nuestra labor como legisladores en mejorar al país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Gobierno de la Ciudad de México, a que emitan las recomendaciones para implementar las acciones necesarias encaminadas en dejar de contribuir al gasto generado por la Estela de Luz de la Ciudad de México, así como a que eventualmente sea desmontada.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar los estudios necesarios sobre el impacto que tendría el eventual desmantelamiento de la Estela de Luz, en beneficio del ahorro al gasto público.
Nota
1 Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a sujetarse al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, ante la denuncia sobre el incremento de contratos sin el desarrollo de licitaciones abiertas y transparentes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la presente administración federal se creó Seguridad Alimentaria Mexicana, el cual jurídicamente constituye un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con su objeto de creación, busca entre otros aspectos, promover el desarrollo de pequeños y medianos productores y, sobre todo, impulsar la autosuficiencia alimentaria a través de la adquisición, distribución y comercialización de leche y granos, como maíz, trigo, frijol y arroz.
A pesar de que entre sus facultades se encuentra favorecer la productividad agroalimentaria y promover la industrialización de alimentos básicos, a fin de mejorar la alimentación y hacer accesibles productos de calidad para todos los sectores de la sociedad, desde su creación ha estado involucrado en irregularidades que ponen en duda su efectividad, sanidad y, particularmente, su contribución para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas con sus programas.
Entre las anomalías denunciadas, cabe destacar la distribución de leche con cucarachas y otros agentes contaminantes. Los cargamentos contaminados presuntamente serían enviados a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y Veracruz.
La ingesta de leche contaminada puede resultar en infecciones gastrointestinales y cuadros de fiebre y dolor, pero de no atenderse con oportunidad puede propiciar la muerte, de ahí la relevancia de prevenir, atender y garantizar la sanidad en los productos que se comercializan a través de la red de establecimientos de Seguridad Alimentaria Mexicana.
Lamentablemente, no es la única irregularidad identificada en los últimos días, ya que se documentó que adjudicó de manera directa al menos 17 contratos por un monto que asciende a por lo menos 600 millones de pesos.
Entre estos contratos, destacan los siguientes:
• Para la compra de costales blancos de polipropileno se destinaron 271.2 millones de pesos, dicha compra se realizó con la empresa Fruverloz, la cual también vende costales, rafia, bolsas de plástico y sacos.i
• Existen contratos de arrendamientos de vehículos con la empresa Lumo Financiera del Centro por un monto de 80 millones de pesos, dicha adjudicación concluirá hasta el año 2022.
• También adquirió tarimas de madera con tratamiento térmico para embalaje de productos agrícolas por 199.5 millones de pesos, entre otros.
Por los tiempos y recursos comprometidos, debieron adjudicarse por medio de licitaciones públicas y abiertas, particularmente, haber tomado en consideración múltiples proposiciones a efecto de asegurar las mejores condiciones en precio, calidad, oportunidad y financiamiento.
En este contexto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es muy clara, al establecer en su artículo 26 que las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios se darán por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones y de esta manera, se garantice al Estado las mejores condiciones disponibles.2
Asimismo, contempla que “en los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante”.
El objetivo es propiciar el uso adecuado de los recursos públicos, así como prevenir actos de corrupción y optimizar los presupuestos, pero en este caso, también, cuidar el medio ambiente y la protección de poblaciones de flora y fauna endémicas.
Los hechos descritos son una clara violación al marco jurídico vigente y una contradicción a los principios básicos del uso de los presupuestos públicos. Desarrollar licitaciones públicas y abiertas permite contratar las mejores propuestas y garantizar mayores condiciones de competitividad, eficiencia y transparencia.
Ante este panorama, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana, transparenten el total de contratos adjudicados de manera directa, los montos, su temporalidad, objeto, empresas beneficiadas y el origen de los recursos utilizados; asimismo, la justificación que motivó esta contratación bajo ese esquema.
Ante las denuncias de la comisión de presuntos ilícitos, apremia la intervención de la Secretaría de la Función Pública para salvaguardar el uso adecuado de los recursos públicos y, en su caso, sancionar a los servidores que por acción y omisión han generado impactos negativos a las arcas de la federación.
La administración federal, sus dependencias y organismos, deben circunscribirse al marco jurídico vigente y no transgredirlo en la contratación de servicios bajo pretextos de “medidas emergentes” que no se sustentan, peor aún, existen los indicios suficientes de que en realidad se trata de contratos a modo, preferenciales y con el objeto de beneficiar a personas o grupos en específico.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana para que transparente los montos, temporalidades, total de empresas beneficiadas y motivaciones para la adjudicación de servicios con por lo menos diecisiete contratos, ya que los montos comprometidos de acuerdo con el marco jurídico vigente, ameritaban un proceso de licitación pública y abierta, situación que no ocurrió ya que se realizó presuntamente de manera irregular y directa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de identificar, sancionar y prevenir presuntas irregularidades, tales como afectaciones a las arcas públicas, desvío de recursos, contratos a modo y bajo preferencias, y otros actos de corrupción en la adjudicación de servicios a través de por lo menos diecisiete contratos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana para la compra de costales de polipropileno, renta de vehículos y embalaje de productos agrícolas, entre otros.
Notas
1 Víctor Fuentes. (2019). Contrata sin licitar Conasupo de AMLO. 20/09/2019, de Reforma Sitio web: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?id=1771130&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/con trata-sin-licitar-conasupo-de-amlo/ar1771130?v=7&flow_type=paywall
2 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 20/09/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a tomar como parte del proyecto nacional en ciencia y tecnología el conocimiento generado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía para que el conocimiento que está generando el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sea tomado como parte del proyecto nacional en ciencia y tecnología, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La ciencia es tal vez la actividad más especializada que realiza la humanidad, pues es la manifestación máxima de la capacidad humana de razonar y abordar problemas complejos. Por esto, el desarrollo de la ciencia requiere condiciones especiales y la administración de la ciencia es equivalente a la administración del conocimiento. La administración del conocimiento no se puede lograr desde la ignorancia. La importancia práctica de la ciencia radica en que el conocimiento puede generar riqueza y bienestar.
En ese tenor, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es un organismo público descentralizado del gobierno federal, cuyo objetivo es realizar investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la ciencia y tecnología nucleares, y en temas afines, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico de México.
Cuenta con una comunidad multidisciplinaria de más de 700 personas dedicadas a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en ciencias y tecnologías nucleares, de los cuales 67 son mandos medios y superiores. Hay 255 investigadores y profesionistas en las áreas sustantivas (Direcciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Servicios Tecnológicos) y 200 técnicos.
La producción científica del ININ ha ido incrementando con los años. Labor que realiza en el ámbito de energía, salud, ambiente, arte, industria y seguridad. Sus fortalezas se derivan del conocimiento y experiencia de la industria nuclear en donde predominan las mejores prácticas, la administración del riesgo, y el conocimiento de la tecnología para encontrar soluciones a problemas reales del país.
El instituto en el año 2017 rompió el record en producción científica de publicaciones registrada en Scopus, se hace patente la vinculación del ININ con 19 dependencias de la UNAM, 11 del IPN, 3 de la UAM, 23 instituciones de 14 estados de la República y 23 Instituciones extranjeras de 12 países. Esto da una clara evidencia del papel tan importante que está jugando el ININ en el desarrollo científico nacional de nuestro país.
La finalidad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es asesorar a la Sener en materia de energía nuclear, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.
En la actualidad, el ININ cuenta con infraestructura y laboratorios únicos en su tipo, enfocados en el estudio de las aplicaciones nucleares en las áreas de salud, ambiente, energía, industria, agricultura, conservación del arte y protección radiológica, además de la formación de recursos humanos en el ámbito nuclear.
Es de gran importancia señalar que, además de la generación de conocimiento en el ININ, ha realizado importantes desarrollos tecnológicos e incluso aplicaciones de éstos como son: I) La producción del 80% de los Radiofármacos que se requieren en el país, II) El Banco de Tejidos Radio-esterilizados para su uso en quemaduras y úlceras, III) La fabricación de elementos combustibles empleados con éxito en reactores nucleares, IV) La construcción y venta de una consola digital para un reactor de investigación, V) El desarrollo de un lápiz de plasma para su uso en la cicatrización acelerada, y muchos otros.
Por lo que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) requiere del apoyo del gobierno federal para seguir trabajando en las obligaciones que le marca el artículo 43 de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y además requiere de:
1. Apoyo decidido a las líneas consolidadas de investigación y desarrollo.
1.1. Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos (Lander).
1.2. Banco de Tejidos Radioesterilizados.
2. Análisis a las propuestas de líneas de investigación y desarrollo:
2.1. Reactores Nucleares Pequeños y Modulares Considerar a los reactores modulares pequeños en el reinicio de un programa nuclear que permita el cumplimiento de los compromisos nacionales de combate al cambio climático.
2.2. Laboratorio Nacional de Estudios Contra la Corrosión Creación de un Laboratorio Nacional de Estudios Contra la Corrosión, para resolver la problemática en las compañías del Estado como CFE y PEMEX y de ahí obtener recurso para la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías para evitar este fenómeno.
2.3. Investigación, desarrollo y aplicaciones de la cicatrización con plasma Frio.
3. Apoyo a las líneas de investigación o desarrollo propuestas por los investigadores:
3.1. Reacciones Nucleares con núcleos débilmente ligados, con núcleos radioactivos y astrofísica nuclear.
3.2. La genotoxicocinética y citotoxicocinética como aproximación in vivo para caracterizar la acción de radiosensibilizadores y antineoplásicos.
3.3. Reducción de las emisiones en termoeléctricas de gases efecto invernadero (GEI), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPLs), y contaminantes de vida corta.
3.4. Origen y dinámica de contaminantes atmosféricos mediante el uso de haces de iones.
3.5. Estudios astrofísicos y cosmológicos sobre las propiedades fundamentales de materia oscura y energía oscura, así como la evolución de sistemas estelares, galácticos y del Universo.
4. Impulso a los Servicios Tecnológicos Especializados:
4.1. Instrumentación Electrónica Nuclear y Detectores de Radiación.
El trabajo realizado por el ININ es de años y debe ser aprovechado por la administración federal, si realmente se quiere impulsar el desarrollo del país en beneficio de la población, para ello, el conocimiento que está generando el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, debe ser tomado como parte del proyecto nacional en ciencia y tecnología.
Por otra parte, es preciso señalar, el ININ cuenta con recursos humanos muy especializados que es una condición sine qua non para hacer ciencia. Sin embargo, la falta de un programa de crecimiento y renovación de recursos humanos está generando un problema que ya tiene consecuencias, pero que puede eventualmente determinar la inviabilidad del Instituto. La edad promedio del personal en el 2018 era de 58 años y tiene un promedio de la antigüedad en el ININ de 30 años, por lo que es necesario pensar en el crecimiento de la institución que permita subsecuentemente la transición generacional, en particular tomando en cuenta que ésta requiere bastante tiempo para la preparación de los investigadores y tecnólogos jóvenes.
Por lo que, en ese tenor es necesario que las autoridades involucradas respectivamente revisen y apliquen mayores recursos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y apliquen un programa regeneracional de capital humano para seguir en el ámbito de la investigación nacional que beneficie a todos los sectores de la población de México.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62 numeral 3, 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía, para que el conocimiento que está generando el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sea tomado como parte del proyecto nacional en ciencia y tecnología.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía, para que observen lo mandatado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, lo que conlleva a que el Estado mexicano debe garantizar los recursos presupuestales suficientes y necesarios para que el ININ realice investigación y desarrollo en el campo de las ciencia y tecnologías nucleares, promueva los usos pacíficos de la energía nuclear y pueda difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social y científico-tecnológico de México, implementando un programa para que nuevas generaciones de investigadores se incorporen al ININ.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi a garantizar que quienes levanten el Censo de Población y Vivienda de 2020 en zonas indígenas pertenezcan a las mismas comunidades, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Anilú Ingram Vallines, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establece que el Censo de Población y Vivienda tiene como objetivo principal actualizar la cuenta de la población residente del país, así como la información sobre su estructura y principales características socioeconómicas y culturales, además de su distribución en el territorio nacional.1
La información del Censo es indispensable para el conocimiento y análisis de la evolución en la composición, distribución y crecimiento de la población y de la realidad socioeconómica nacional, estatal municipal y de las localidades de nuestro país.2
Dicha información censal constituye también una herramienta indispensable para elaborar planes y programas de desarrollo, evaluar políticas públicas, conocer las condiciones y evolución de los asentamientos humanos y realizar estudios e investigaciones en los que estén interesados los diversos sectores de la sociedad.
En este contexto, es importante señalar que el último Censo de Población y Vivienda se realizó el 31 de mayo al 25 de junio de 2010, gracias al cual se obtuvo información sobre la edad de las personas, sexo, parentesco, lugar de nacimiento y de residencia en 2005, derechohabiencia a los servicios de salud, religión, discapacidad, lengua indígena, nivel educativo, situación conyugal, condición de actividad económica, fecundidad y mortalidad, principalmente.
En tanto que el cuestionario ampliado incluyó otras preguntas que profundizan en los temas de salud, discapacidad, pertenencia étnica, educación, migración interna e internacional, características económicas, fecundidad y mortalidad recientes.
Los principales resultados arrojados por dicho Censo, indican que había 112,336,538 de personas residentes en el territorio mexicano. El estado de México, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Veracruz y Jalisco eran los que contaban con mayor población, ya que juntos concentraban el 34.7 por ciento de los residentes en el país.3
Asimismo, la población menor de 15 años representaba 29.3 por ciento del total, mientras que la que se encontraba en edad laboral de 15 a 64 años, constituía el 64.4 por ciento, y la población en edad avanzada representaba el 6.3 por ciento de los habitantes del país.
Revela que el 52.3 por ciento de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad asistían a una institución educativa y 94.7 por ciento en la población 6 a 14 años. En tanto que la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más disminuyó 5.5 puntos porcentuales entre 1990 y 2010.
Los servicios médicos más utilizados por la población para ese año eran los que proporciona la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sumaban el 63.8 por ciento y los servicios de instituciones privadas a los que acudieron alrededor del 24 por ciento de la población. Entre el año 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento.
En cuanto a las comunidades indígenas, contemplaba que vivían en el país alrededor de 6,695,228 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, dicha cifra representa 6.8 por ciento del total de la población en esta edad.
De igual manera, del total de niños de 5 a 9 años, 36.9 por ciento eran monolingües, seguido de la población de adultos mayores de 65 años y más que representaban el 23 por ciento. Entre los jóvenes de 15 a 29 años y la población de 30 a 64 años, el porcentaje que solo habla lengua indígena se reducía notablemente, ya que significaban el 6.8 por ciento y 12.5 por ciento, respectivamente.
En tanto que una cantidad importante de población de 5 años y más hablaba náhuatl, maya y lenguas mixtecas, siendo estas tres las que contaban con el mayor número de hablantes. También, existía un número importante de población hablante las lenguas zapotecas, tzotzil, otomí, totonaca, mazateco y el chol, las cuales correspondían al 28 por ciento del total.
La población hablante de alguna lengua indígena se ubicaba principalmente en localidades con menos de 2,500 habitantes, en las cuales se encuentra 62 por ciento de este sector. Los estados con los mayores porcentajes de población de 3 años y más que hablaba alguna lengua indígena eran Oaxaca, con 33.8 por ciento; Yucatán, con 29.6 por ciento; y Chiapas, con 27.3 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, para el censo de Población y Vivienda 2020 que se realizará en el mes de marzo, se contará con una inversión multianual de 12 mil 500 millones de pesos y la contratación de 200 mil colaboradores, la mayoría de ellos encuestadores.4
Se estima que para llevar a cabo dicho censo se levantarán datos en 50 millones de inmuebles en todo el país, de los cuales 36 millones serán casa-habitación. Y por primera vez en la historia de los censos, se realizará electrónicamente ya que se aplicarán a través de una tableta digital.
En virtud de lo anterior, se van a adquirir 185 mil tabletas vía una licitación con una inversión estimada de mil millones de pesos. Se espera que a finales de 2019 y principios de 2020, será cuando inicie el reclutamiento masivo de personal que se encargara de llevar el proceso del censo.
Por ello, creemos pertinente que durante el reclutamiento de personal para la realización del censo, sobre todo, en las zonas indígenas del territorio nacional, sean tomados en cuenta a los habitantes que pertenezcan a las mismas comunidades indígenas, ello con el propósito de garantizar su inclusión en todas las fuentes de datos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que durante el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020, las personas que se encarguen de realizar esta actividad en zonas indígenas, sean llevadas a cabo por personal que pertenezcan a las mismas comunidades, con el objeto de garantizar una mayor inclusión e igualdad.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
2 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/mex/15_principales_resultados_cpv2010.pdf
3 http://www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/secciones/Juventud/
Contenido/PlanetaJ/dowloadfiles/CENSO2010_principales_resultados.pdf
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/prepara-inegi-censo-de-poblacion- 2020/1319091
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de septiembre de 2019.
Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a auditar las retenciones de la cuota ejidal reconocidas en ley y las voluntarias, o “cuota liga”, durante la administración del actual gobierno de Sinaloa, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Nancy Yadira Santiago Marcos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la propiedad de predios rústicos destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura son sujetos al impuesto predial, cuya tarifa es el equivalente al 1 por ciento de su producción anual comercializada, tomando como base el precio medio rural, a excepción de la porcicultura y avicultura que pagan el 0.5 por ciento.1
Estas contribuciones se consideran cuotas obligatorias y son parte de las medidas recaudatorias por parte del gobierno municipal. De igual manera se aplica un impuesto adicional del 10 por ciento pagadero simultáneamente a la contribución principal, del cual un 80 por ciento del mismo se destinará a la Asistencia Social y/o Pro-Deporte, y el 20 por ciento, se destinará exclusivamente al sostenimiento de los Cuerpos Voluntarios de Bomberos del Municipio respectivo.2
Como podemos observar, estas cuotas son obligatorias y están justificadas dentro de la legislación local de la hacienda municipal, teniendo un sustento legal que el propio Congreso del estado no ha modificado.
Sin embargo, y en contraposición a las cuotas anteriores de uso interno y administrativo, existen otras que, sin ningún fundamento legal, están siendo retenidas por el gobierno local, promocionándolas como “cuotas voluntarias” cuando esto presumiblemente no es así, debido a que no se solicita autorización para su aplicación.
Dichas cuotas son las siguientes:
Cuotas Ejidales: equivalentes al 12.5 por ciento del impuesto principal, aportado por los Ejidatarios Agremiados a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
Cuota CAADES: Equivalente al 35 por ciento del impuesto principal, aportado por los pequeños propietarios agremiados a la CAADES Sinaloa, (Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa), con excepción de los productores de Culiacán y Navolato.
Cuota Fundación Produce: equivalente a la sexta parte del impuesto principal, aportado por los ejidatarios y pequeños propietarios.
Cuota a la Pequeña Propiedad: Equivalente al 7 por ciento del impuesto predial, aportada por los pequeños propietarios agremiados a la Federación de la Pequeña Propiedad.
Cuota Granos y Perennes: Solo la pagan los pequeños propietarios de Ciudad de Culiacán y Navolato y equivale al 35 por ciento del impuesto principal.
Las cuotas anteriores se promocionan como “cuotas voluntarias” y son retenidas (sin fundamento legal) a los agricultores al ingresar sus productos a los centros de almacenaje y peso.
Esto tiene un impacto que afecta sus ingresos, aunado a que no puede soslayarse la expresión de su rechazo que, en los hechos no son voluntarias y no existe transparencia en cuanto a la utilización de estos recursos, además de que muchos productores no se sienten representados por este tipo de asociaciones.
Desde el surgimiento de la “cuota liga” (o bien las “cuotas voluntarias” a las que nos hemos referido) en 1993, se ha cobrado el equivalente al 12.5 por ciento adicional al importe que se recauda por concepto del Impuesto Predial Rústico Municipal , que grava a la producción agrícola ejidal.
Dicha cuota se paga en especie y el dinero recaudado por el gobierno del estado lo transfiere a la Liga de Comunidades Agrarias (LCA).
En el caso de la cuota conocida como Pieafes, o cuota de la Fundación Produce, se cobra el 0.166 por ciento sobre el valor de la producción y el dinero va hacia esa Fundación, tras la desaparición del Patronato de Investigación y Experimentación Agropecuaria y Forestal del Estado de Sinaloa, en 1996.
La información sobre estas cuotas, ante la falta de trasparencia en cuanto al manejo de los recursos económicos que obtienen, es que históricamente los han utilizado y puesto al servicio de la Liga de Comunidades Agrarias, para los fines político electorales del partido que en su momento les dio origen y también en su momento era hegemónico en el gobierno; lo mismo que a la Fundación Produce, dedicada a la investigación del agro, sin que en este segundo caso exista de igual manera, rendición de cuentas.
A pesar de que se tiene conocimiento que la cuota liga se estableció en 1993, solo se tienen registros a partir de 1998, de los que se desprende que, del periodo 1998 a 2018, la cuota ha recaudado para la LCA un total aproximado de 254 millones de pesos y la cuota Pieafes ha generado un aproximado de 439 millones de pesos.
Entre los acuerdos opacos establecidos para la colaboración administrativa, la Liga de Comunidades Agrarias ha declarado que el establecimiento de la cuota “Liga” sería utilizado para el apoyo de dicha organización campesina, a fin de estar en condiciones de ofrecer un mejor servicio a sus agremiados en: asesoría fiscal, asesoría contable, distribución de insumos y otros servicios, lo cual no solo es muy general, sino ambiguo en términos de lo que realmente realizan y la especificación de los gastos que realizan para tal propósito.
En la actualidad y después de por lo menos más de 20 años, no se tiene certeza de cómo se administran los recursos de estas cuotas, que no forman parte de la legislación local y tampoco se acredita su retención voluntaria, pues los indicios apuntan a que se convirtió en una práctica coercitiva y corporativista de viejos regímenes políticos.
Lo que sí se puede demostrar es que los contribuyentes no reciben las asesorías fiscales, contables y demás servicios por las cuales se crearon estas cuotas. Es notoria la presunta malversación de recursos que podría derivar en la defraudación a las comunidades agrarias por estas organizaciones, y más que beneficiar al sector agrario, se estaría beneficiando a un sector político, que continuaría enriqueciéndose y posicionando a sus dirigentes en cargos relevantes de la administración pública.
Consecuentemente, se presenta este exhorto a fin de evitar las prácticas descritas, mismas que podrían contradecir los principios, valores y avances obtenidos en el país desde el arribo del nuevo gobierno, respecto a la transparencia en el uso de los recursos.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación para que audite las retenciones de la cuota ejidal reconocidas por ley y las retenciones voluntarias conocidas como “cuota liga”, durante la administración del actual gobierno del estado de Sinaloa.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel, para que agregue en su sitio oficial los montos y destino de los recursos económicos recaudados por la cuota ejidal y las retenciones voluntarias conocidas como cuota liga, especificando las organizaciones y dirigentes que recibieron dichos recursos, así como las acciones que acrediten la forma en que se ha garantizado a los productores agrícolas la libertad de ceder voluntariamente sus ingresos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel, a pronunciarse en contra de las aportaciones presuntamente forzosas denominadas “cuotas voluntarias” siempre y cuando los agremiados no se sientan representados por su organización y se aplique la ley, así como las sanciones a que haya lugar, en contra de los grupos que presionen, coopten u obstaculicen las actividades de los productores a fin de conseguir sus aportaciones.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que proporcione a los productores agrícolas la orientación y representación necesaria, para que, de ser el caso, prescindan de la tutela de organizaciones intermediarias, o bien, se les brinde asesoría sobre el destino de sus aportaciones, debido a que la recaudación de las mismas es concentrada y administrada por el Consejo Estatal Agropecuario, presidido por el secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado de Sinaloa.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Sinaloa para que, desde el ámbito de sus atribuciones, establezca las modificaciones necesarias a Ley de Hacienda Municipal del Estado, con el propósito de garantizar a los productores agrícolas la libertad de ceder voluntariamente sus ingresos siempre y cuando admitan ser representados por alguna organización y en caso contrario, se apliquen sanciones en contra de los grupos que presionen, coopten u obstaculicen las actividades de dichos productores.
Notas
1 Artículo 35, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
2 Artículo 105, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a cancelar las concesiones mineras en Veracruz, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a cancelar las concesiones mineras en el estado de Veracruz, ya que representan un riesgo inminente para los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Veracruz cuenta con una superficie territorial de 772.815 km2; interiormente, está delimitado por la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Chiapas; en sus llanos abunda la vegetación, y es una faja costera que corre al lado del Golfo de México, con costas bajas y arenosas y abundantes manglares y palmares a lo largo de su litoral.
Actopan y Alto Lucero son dos de sus municipios que lo integran, mismos que están delimitados por el Golfo de México. En sus territorios habitan especies animales y vegetales únicas en el mundo, varias de ellas consideradas en peligro de extinción por las autoridades mexicanas.
En sus bosques de encinos tropicales, manglares, selvas bajas, encinares tropicales y dunas costeras se alimentan, reproducen y anidan especies faunísticas bajo protección de la NOM-O59-SEMARNAT-2010; además, en sus espacios se desarrollan especies de plantas endémicas, exclusivas de la región.
A pesar de contar con estas riquezas naturales y animales, durante 500 años la ambición desmedida del capital sigue deteriorando esa región de manera acelerada, hasta ponerla en peligro.
Desafortunadamente, la minería ha generado grandes problemas y antes de beneficiar a las comunidades, las ha explotado y despojado de sus propias tierras.
Tanto empresas mexicanas como extranjeras han participado en esta problemática, con el único propósito de obtener oro, plata y cobre, creando falsas expectativas de progreso y bienestar a la población, y sin advertir de las verdaderas consecuencias que estos proyectos provocan, entre las que se encuentran la devastación, contaminación, enfermedades, miseria y muertes.
Los pueblos, las comunidades y la sociedad de Veracruz reclaman la paz, el trabajo digno, agua limpia, conservación de sus recursos naturales y animales, tierra fértil y generosa. Quieren el respeto a sus derechos humanos y a los de la Madre Tierra.
Honrando nuestro pasado y actuando en nuestro presente es como podremos acceder a un futuro digno, donde el progreso no signifique el sometimiento de los pueblos y el maltrato a la Naturaleza, sino una armoniosa y protectora convivencia, por el bien de todas y todos, pues la verdadera riqueza de esta región no está en el oro del subsuelo, sino en su importancia biológica y ecológica, en su valor estético, en sus habitantes, en su cultura, su espiritualidad y su pasado histórico.
Si se analizan y evalúan los daños de las actividades mineras, se puede observar de manera inmediata alteraciones de la orografía; pérdida de acuíferos; erosión; contaminación de suelos y agua; daños productivos, económicos y a la salud, entre otros.
Los efectos y costos de la minería mal planificada y empleada, sin respeto por las normas establecidas recaen de manera preocupante en el ambiente, en la población residente en esas zonas y el Erario, ya que el Estado es parcialmente responsable de lidiar con las secuelas de esta actividad.
El panorama para poder ajustar la política fiscal y que la industria minera asuma los costos de los efectos que ocasiona parecen lejanos y difíciles de exigir, sobre todo los relacionados con la reparación de daños a las comunidades, aunque el tema de la salud, el más delicado, es irreparable.
Cabe mencionar que para emitir dichas concesiones se tienen que tomar en cuenta a las comunidades y sus intereses, toda vez que es riesgo latente la instalación de esas minas, de lo cual en ningún momento se han tomado acuerdos con las comunidades por lo que violentan el derecho a audiencia y a tener un concurso en los que se tomen en cuenta los intereses de las comunidades, como se señala en el artículo 13 bis de la Ley Minera.
Artículo 13 Bis. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado, y se realizarán conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría publicará la convocatoria por lo menos en el Diario Oficial de la Federación;
II. Las bases del concurso incluirán, como mínimo:
a) La descripción de los terrenos o zonas de que se trate, los estudios realizados sobre los mismos, así como los planos de su localización, geológicos y de muestreo;
b) Los requisitos con los que los participantes acreditarán su capacidad jurídica, técnica y económica, y
c) La modalidad para la presentación de las propuestas de contraprestación económica y prima por descubrimiento, que podrá ser en sobre cerrado o alguna otra que se determine, y
d) El clausulado del contrato que, en su caso, deberá otorgarse para garantizar el cumplimiento de la contraprestación económica y la prima por descubrimiento que se ofrezca.
III. Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas.
Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante y, en caso de hacerlo, tendrá derecho preferente la propuesta de éstos.
Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 34, fracciones XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 7, fracción VI, 13, cuarto párrafo, 13 Bis, 16, fracción II y último párrafo de la Ley Minera; artículos 2, apartado B fracción XX, 3 y 32, fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; artículos 1°, 2°, fracciones V y VI, 14, 16, 25, 27, fracción VII, y 28 Constitucionales; 6, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si bien es cierto que las autoridades encargadas de la expedir cualquier tipo de concesión minera, en el ámbito de sus atribuciones correspondientes, previo a expedir al otorgamiento de los títulos de concesiones mineras, están obligadas a conceder la garantía de audiencia previa a través de una consulta, esta garantía ha sido ignorada, aun teniendo la obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, invocando al respecto, la tesis aislada número 1a. CCXXXVI/2013 (10a.).
Los más preocupante, es que el polígono del “Programa de Emergencia Radiológica Externa” de la Central Nuclear Laguna Verde, que es de 16 kilómetros, está en riesgo de ser explotado por dos proyectos mineros, Caballo Blanco y El Cobre , de Candelaria Minerals y Almaden Minerals, respectivamente, por lo que se convierte en un tema de seguridad nacional por la magnitud de los efectos que esto puede traer, ya que a menos de 2.5 kilómetros de los reactores se pretenden detonar cerca de 14 toneladas diarias de explosivos.
Esta situación no puede ser ignorada, minimizada u omisa por las autoridades responsables, ni exponer a la población a un desastre nuclear que traería graves consecuencias más allá de nuestras fronteras y por muchos años, solo por el único interés de la extracción de metales preciosos que no pagarían en nada los efectos.
Ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos la oportunidad de cambiar las malas prácticas que se llevaron a cabo por muchos años en materia de otorgamiento de concesiones para la explotación de minas y poner orden.
Las asignaciones que se otorguen deben estar sustentadas en normas claras de aplicación universal, basadas en el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos sobre sus territorios, en el derecho al consentimiento, al acceso al agua, a la salud, a un medio ambiente sano y, en resumen, a la vida.
Estas asignaciones tienen que cimentarse en el fortalecimiento de la regulación ambiental, los derechos agrarios y laborales y la promoción del bienestar de las poblaciones como imperativo que rige el desarrollo económico del país.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones, ordene la inmediata y definitiva cancelación de las concesiones mineras de oro, plata y cobre en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en la región central de Veracruz, por representar altos riesgos para sus pueblos y comunidades.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, se lleve a cabo la revisión y, en su caso, la subsecuente cancelación de las concesiones mineras que pongan en riesgo los territorios y a la población, con particular atención en las concesiones otorgadas en los municipios de Actopan, Alto Lucero, Las Minas, Tatatila, Tatahuacalpan de Juárez, Soteapan, Catemaco y Mecayapan, así como de las asignaciones mineras otorgadas al Servicio Geológico Mexicano en los municipios de Chiconquiaco, Juchique de Ferrer y Yecuatla, Veracruz.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expidan apegándose estrictamente a lo establecido en la Ley Minera y su Reglamento y una vez que hayan cubierto las condiciones y requisitos establecidos y sin perjuicio de tercero.
Se somete este punto de acuerdo, a consideración de esta soberanía, para su resolución.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 24 de septiembre de 2019.
Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a cumplir lo acordado en las mesas de trabajo e implantar acciones en la zona oriente de la Ciudad de México para atender los cobros excesivos por electricidad, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena
Quién suscribe, Víctor Gabriel Varela López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se le exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a dar cumplimiento con lo acordado en las mesas de trabajo y a implementar acciones en la zona oriente de la Ciudad de México para atender los cobros excesivos por el servicio de luz, con base en los siguientes
Considerandos
1. En 2013, el Ejecutivo federal realizó una propuesta de reforma energética, que consistía esencialmente en permitir a las empresas privadas invertir en petróleos de México, a través de contratos para extraer parte de las riquezas de la nación, así como realizar la refinación, transporte y almacenamiento. Uno de sus principales lemas para esta reforma, era el preservar la seguridad energética del país, asegurar precios accesibles del abasto energético tanto privados como a la población, además de lograr hacer de Pemex una empresa pública productiva e impulsar su competitividad. De la misma forma, el entonces Presidente de la República, señalaba para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reforzar sus innovaciones tecnológicas, las familias mexicanas tendrían un beneficio concreto en la baja de las tarifas eléctricas y se lograría expandir la red de transmisión a todo el país.
2. Dicha reforma propuso la reforma del artículo 27 constitucional, para que el Estado celebre contratos con particulares para llevar a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica. Así como el artículo 28, en su párrafo cuarto de nuestra Carta Magna, en el cual se mantenía en propiedad y control del gobierno federal, sobre los organismos y empresas productivas del Estado que se establecieran. De esta forma, la CFE supuestamente aprovecharía la tecnología, la reducción de costos y pérdidas de energía, permitiendo la reducción en el precio de este energético.
3. Es el 20 de diciembre de 2013, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía; y para el 2014, se publica la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante la comisión es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión.
4. Contrario a lo señalado en la reforma energética en materia de la disminución de las tarifas del suministro de la energía eléctrica, se observó un fenómeno de incremento progresivo en sus tarifas de uso doméstico principalmente, en las cuales se crean nuevas tarifas como es la 1F y la DAC, se suprimen subsidios, así como se dispone un catálogo de límite mínimo y máximo en el uso de la energía eléctrica dependiente de la inflación. Un ejemplo claro es que tan sólo en el año 2018 se han emitido 9 oficios sobre los cargos de Tarifa DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo, en los cuales se ha modificado los precios para este rango de tarifa.
5. Ante la sustitución de la Compañía Luz y Fuerza del Centro por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar el suministro y cobro de energía eléctrica en el Valle de México, que comprende las zonas del Estado de México, Hidalgo, Cuernavaca y la Ciudad de México, se presentaron variaciones irregulares en los recibos emitidos a los usuarios por el uso del suministro de energía, los cuales se han dado a conocer como “recibos locos”, en los cuales se han establecidos cargos estrepitosamente elevados por montos que van desde los 300 mil pesos hasta los 4 mil pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas como alta y baja marginalidad en los últimos nueve años.
6. En agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió procedente que la CFE, pudiera ser demandada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando sean afectados los derechos de un consumidor, si considera que el cobro es injusto e incurre en actos inconstitucionales.
7. Para 2016, con la intención de minimizar esta problemática, el entonces encargado de despacho de la CFE, Jaime Hernández Martínez, en conjunto con el entonces Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, firmaron un convenio para agilizar y resolver quejas de los usuarios de CFE sobre consumo de energía eléctrica. Este convenio ha consistido en la instalación de 48 módulos y 8 líneas telefónicas en las delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicios de la Procuraduría, para atender las quejas relacionadas con el cobro de los llamados “recibos locos”. No obstante, continúan los recibos exorbitantes sin ninguna justificación por parte de la comisión y los ciudadanos continúan teniendo que soportar actos intimidatorios por parte de trabajadores de la CFE, violándose los derechos los ciudadanos en forma constante por parte de trabajadores de la misma compañía, ante la necesidad de los usuarios por no contar con el servicio.
8. En el mes de mayo de 2019 un servidor acordó con los Superintendentes de la División Volcanes, Chapingo, Nezahualcóyotl, Ermita, Basílica, Aeropuerto, Universidad, y colectivos ciudadanos en defensa de la energía eléctrica, un calendario de reuniones para atender problemas locales de los usuarios afectados.
9. Se debe considerarse el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para el disfrute y satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas, considerando los principios básicos de universalidad, inalienable, indivisibilidad, igualdad, con un alcance de exigibilidad jurídico, mismo que el Estado está obligado a asumir y reconocer.
10. El Estado debe garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología como lo es la electricidad sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población, a efecto de que contribuya con la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencia religiosa.
En esta tesitura, las condiciones elementales de asegurar el desarrollo de las personas y su dignidad humana, deben ejercerse desde las dimensiones sociales y colectivas que requiere el país, atendiendo la universalidad, que contempla a todos los seres humanos poseedores de estos derechos, inalienables, es decir, sin ser transferibles, indivisibles e interdependientes implicando que todos los derechos humanos están vinculados para garantizar la satisfacción básica para vivir, y que dichos referentes hacen asequible la generación de conductos que hagan posible la atención a las demandas ciudadanas, peticiones y toda gestión orientada a la solución de problemáticas de usuarios de energía eléctrica.
11. La Comisión Federal de Electricidad en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del Estado sujeta al marco constitucional y al interés público, por lo tanto es su deber en sus acciones y fines debe ajustarse a atender, promover y garantizar los medios y mecanismos para alternar con la ciudadanía y la resolución de sus demandas, a fin de proporcionar un servicio que garantice el desarrollo y la dignidad humana de los usuarios.
Por los motivos expuestos, me permito someter a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a dar cumplimiento con lo acordado en las mesas de trabajo y a implementar acciones en la zona oriente de la Ciudad de México para atender los cobros excesivos por el servicio de luz.
Dado en el Palacio Legislativo, el 24 de septiembre de 2019.
Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a determinar la extensión marítima de los polígonos pertinentes y realizar acciones que posibiliten la pronta apertura y reactivación de las actividades pesqueras y el fomento de la maricultura en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Maximiliano Ruiz Arias, diputado a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Energía, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, determinen la extensión marítima de los polígonos pertinentes y realicen las acciones necesarias que posibiliten la pronta apertura y reactivación de las actividades pesqueras y el fomento de la maricultura en la Sonda de Campeche, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Sonda de Campeche en una región marítima que forma parte de la plataforma continental al oeste de la península de Yucatán, en el sur del Golfo de México. Tradicionalmente se ha reconocido a esta zona por su riqueza en cuanto a su ecosistema marino, de alta biodiversidad, recursos vivos y por ser una de las más sobresalientes provincias petrolíferas del mundo.
Esta complejidad implica al mismo tiempo una región de intensa expansión industrial costera que incluye explotación petrolera e industria pesquera (Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil, 1986 citado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Inapesca, 2017).
Con la presentación de este punto de acuerdo, como presidente de la Comisión de Pesca, al conocer de manera directa las inquietudes que aquejan a los integrantes y representantes del sector en la región de este importante litoral del país, planteo hacer un llamado al gobierno de México para concretar la reactivación de la pesca en la Sonda de Campeche, para beneficio local y regional de los estados de Campeche y Tabasco y el sector pesquero que lo integra.
Como antecedente importante de la región, en la Sonda de Campeche la pesca de camarón rosado representó un importante desarrollo económico y social para la región en la década del 69 al 79 pero para el segundo decenio del 2000, la pesquería estaba prácticamente en la quiebra. Las razones de esta situación crítica no han sido esclarecidas. (Ramírez-Rodríguez, 2015 citado por Inapesca 2017).
El declive de esta pesquería y de otras tradicionales de la región, obedece entre otros factores a la interacción entre Petróleos Mexicanos (Pemex), por la extracción de hidrocarburos en la región, cuestiones de contaminación y por la definición de áreas de exclusión de la navegación y la pesca.
Lo anterior obedece a que, a partir de 1974, con el descubrimiento del pozo Chac y de varios campos petroleros gigantes y súper-gigantes (Santiago y Baro, 1992 citado por REDALYC 2004), la principal zona productora de petróleo y gas en México se ubicó en la parte sur del Golfo de México, donde se han desarrollado las actividades de perforación y producción en la denominada zona marina de Campeche.
En los años siguientes detonó un máximo aprovechamiento del sector hidrocarburos en la Sonda de Campeche, lo que significó aportaciones importantes de desarrollo para nuestro país, vulnerando entonces al desarrollo de la actividad pesquera que tradicionalmente se desarrollaba en la región.
Un duro golpe que abonó al distanciamiento entre la interacción de Pemex con la actividad pesquera, fue el que se dio como resultado de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), puesto que en el año 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Intersecretarial 117, entre las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual, se establecían medidas de seguridad en la Sonda de Campeche para asegurar las instalaciones vitales del sector hidrocarburos en México, por lo que se estableció un área de exclusión de mil 205 kilómetros cuadrados (km2) en la zona de influencia de las plataformas petroleras.
Luego de 13 años posteriores a la entrada en vigor de este acuerdo y ante la exigencia social por concretar políticas de desarrollo pesquero en la región, el 11 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas.
En el acuerdo se establecieron nuevos lineamientos de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, y el aprovechamiento tanto integral como sustentable de los recursos marítimos. Se estableció también que la entonces denominada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con el auxilio del Instituto Nacional de Pesca y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, efectuaría dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del acuerdo, las investigaciones pesqueras y acuícolas que correspondan para sustentar, con la opinión técnica que emita y basada en la mejor evidencia científica disponible, las decisiones que en la materia adopte la autoridad pesquera para la adecuada implementación de dicho instrumento.
Con fecha 14 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Pesca, a través de su director general, remitió en tiempo y forma al entonces secretario de Sagarpa, la opinión técnica y anexo del informe de los resultados derivados de las actividades de investigaciones de los 180 días efectuados en la Sonda de Campeche, en el cual se exponen los pormenores de dichas actividades, concluyendo entre otras cosas lo siguiente:
• Con base en los resultados de la Campaña Sonda de Campeche 2017, se concluye que existe disponibilidad del recurso camarón y de otras especies para su potencial aprovechamiento comercial en las zonas abiertas a la pesca. Por lo que sí es posible abrir a la pesca y acuacultura sustentables (camarón y otras especies) en el área antes restringida.
• Por otra parte, la reducción de la producción de gas y petróleo en la Sonda de Campeche ha ocasionado el abandono de infraestructura que podría representar una oportunidad para el desarrollo de la maricultura en la zona.
En la misma opinión técnica el ahora denominado Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura recomendó que para poder instrumentar de manera formal un plan de desarrollo pesquero y acuícola en la Sonda de Campeche, se consideran además las recomendaciones siguientes:
1. Desarrollar protocolos de seguridad en caso de que la potencial actividad pesquera tenga interacción con estructuras (seguridad buque, red e instalaciones), especialmente de arrastre.
2. Desarrollar cartas pesqueras en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar).
3. Respetar las áreas restringidas alrededor de ductos y de cabezales.
4. Determinar interacción e importancia de estudios sobre hidrocarburos, en especial sísmicos y su potencial impacto en actividades pesqueras y de conservación.
5. Ante la posible apertura y para asegurar el desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura en la Sonda de Campeche y eventualmente en el Golfo de México, se recomienda especialmente establecer un comité coordinador que determine programas de desarrollo y planes de ordenamiento para el efecto.
Resultado de un trabajo adicional de investigación en el mismo sentido, en el mes de abril de 2018, el Inapesca remitió al titular de la Sagarpa las recomendaciones siguientes:
1. Para asegurar el desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura en la Sonda de Campeche y eventualmente en el Golfo de México y particularmente para el inicio de las actividades de pesca de arrastre de camarón en la zona, se reitera especialmente la recomendación de establecer un comité coordinador que determine programas de desarrollo y planes de ordenamiento para dicho efecto.
2. Se reitera la posibilidad de abrir la zona de pesca y en particular de arrastre de camarón iniciando en el polígono de estudio intensivo.
3. El inicio de las actividades de pesca debe ser escalonado, iniciando con una fracción de la flota.
4. Las actividades deben ser monitoreadas de forma intensiva por el sistema de monitoreo satelital y delimitadas por una geo-cerca definida como el polígono de la zona de estudio intensivo.
5. La flota que inicie la pesca debe contar con un programa de observadores a bordo con bitácoras de pesca diseñadas ex profeso para anotar las capturas y la pesca incidental, buscando el aprovechamiento completo de la misma, incluyendo fauna de acompañamiento.
6. La flota que inicie la pesca debe contar con GPS con el registro de las zonas de riesgo para la pesca de arrastre para que las eviten, así como ecosondas que auxilien a evitar zonas de riesgo potencial.
No obstante, al trabajo científico presentado por el Inapesca, las acciones en términos del acuerdo en cuestión para liberar las restricciones establecidas para las áreas de prevención y de exclusión pesquera no se concretaron.
Al contar con la información científica, sustentada en extenso por el Inapesca, la idea de una apertura paulatina que permita la interacción entre la actividad pesquera y el sector hidrocarburos no es vaga. Podrá resultar exitosa ante la plena coordinación de las secretarías del gobierno federal que intervienen en ambos sectores
Son las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Energía, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, quienes con un trabajo coordinado podrán hacer efectiva la apertura de la Sonda de Campeche para la actividad pesquera y el desarrollo de opciones como la maricultura, bajo condiciones y medidas de seguridad de las instalaciones petroleras estratégicas y la salvaguarda de la vida humana en la mar.
En fechas recientes, al conmemorar los 40 años del inicio de la producción petrolera en la Sonda de Campeche, el pasado mes de julio, el director general de Petróleos Mexicanos, anunció la reactivación de la producción petrolera en la Sonda de Campeche, donde este año el 67 por ciento del presupuesto de Pemex Exploración y Producción se destinará a la exploración y desarrollo en aguas someras de la región y el litoral de Tabasco (Pemex 2019).
Ante este anuncio y las políticas de desarrollo regional para los pequeños productores del sector agrícola y pesquero proyectadas desde el inicio de la administración del gobierno federal en turno, confío en que en esta reestructura gubernamental bajo estándares de producción y desarrollo de las actividades económicas, se pondere a la actividad pesquera en la región, que permita a la par condiciones de desarrollo bajo estándares de seguridad y sustentabilidad.
Tan sólo tomando como referencia el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de 2017, para la actividad pesquera se tiene el registro en el estado de Campeche de 12 mil 768 pescadores, 107 embarcaciones mayores activas y 3 mil 628 embarcaciones ribereñas que podrán ser beneficiadas por las acciones de liberación de zonas que se consideran aún de exclusión. El beneficio regional para Campeche y las entidades aledañas será en términos de desarrollo económico, de combate a la pobreza, así como de soberanía y seguridad alimentaria para nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Energía, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes, determinen la extensión marítima de los polígonos pertinentes y realicen las acciones necesarias que posibiliten la pronta apertura y reactivación de las actividades pesqueras y el fomento de la maricultura en la Sonda de Campeche, bajo condiciones de seguridad industrial y sustentabilidad pesquera.
Fuente
Conapesca (2017) Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca . Recuperado de h
ttps://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/A NUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf
Inapesca (2017) Informe de Resultados Derivados de las Actividades de Investigaciones de los 180 Días Efectuadas en la Sonda de Campeche . Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/349555/INFORME_EN_EXTENS O_1.pdf
Pemex (2018) Reactiva Pemex la producción petrolera en la Sonda de Campeche. Recuperado de https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-03 3-nacional.aspx
Pemex (2019) Reactiva Pemex la producción petrolera en la Sonda de Campeche. Recuperado de https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-03 3-nacional.aspx
Ramírez-Rodríguez, Mauricio (2015). La pesquería de camarón en Campeche: Desarrollo histórico y perspectiva. Aviso de Arribo. Ciencia Pesquera Vol. 23(1): 73 – 87.
Redalyc (2004) Impacto ecológico de la industria petrolera en la sonda de Campeche, México, tras tres décadas de actividad: una revisión Interciencia, vol. 29, núm. 6, junio, 2004, pp. 311-319. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/339/33909304.pdf
Santiago J, Baro A (1992) Mexico’s giant fields, 1978-1988 decade. Am. Assoc. Petr. Geol. 54: 73-99.
Yáñez-Arancibia, A y Sánchez-Gil (1986). Los peces demersales de la plataforma continental del sur del Golfo de México 1. Caracterización ambiental, ecológica y evaluación de las especies, poblaciones y comunidades . Publicación Especial No. 9. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. UNAM. México. 230 pp.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Michoacán a dictar instrucciones y verificar su cumplimiento sobre quejas expresadas por reclusos del centro de reinserción social de alto impacto de Morelia, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La labor de diputada no sólo se centra en la tarea legislativa, es también un deber irrenunciable la defensa de los derechos humanos de las personas; en cualquier circunstancia, los representantes del pueblo, debemos velar por él y ser un espacio abierto para el acompañamiento y la denuncia.
Así las cosas, a las manos de quien esto suscribe ha llegado una petición de justicia y respeto de los derechos humanos, la que requiere atención y se procede a su relato:
La ciudadana Olga María del Pilar Molina Olvera se encuentra actualmente recluida en el centro de reinserción social de alto impacto de Morelia Michoacán, y sufre una violación constante de sus derechos humanos, principalmente a su integridad, ya que recibe amenazas de muerte y extorsión diariamente; por lo que ya ha pedido la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a través del primer visitador general ha solicitado mediante el oficio 43259, número 56403, de fecha 5 de julio del presente, dirigido al ingeniero Carlos Herrera Tello, secretario General de Gobierno de Michoacán, se apliquen medidas de protección para la denunciante.
Entre ellas se solicita lo siguiente:
• Implantar todas las acciones necesarias para garantizar la integridad física y salvaguardar la seguridad personal de la denunciante.
• Considerar el traslado de la denunciante a otro centro penitenciario, a fin de evitar el contacto con las personas que amenazaron su vida.
Como respuesta del oficio anterior se tiene la comunicación del funcionario con el número de oficio número SG/1487/2019, fechado el 8 de julio del presente, donde se aceptan las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se compromete a enviar un informe detallado sobre el caso, previniendo en todo momento cualquier afectación a la integridad física y seguridad personal de la denunciante.
A su vez, se tiene conocimiento del oficio referenciando con el mismo número, enviado al licenciado Javier Ayala Rodríguez, coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, y al doctor Félix López Rosales, director del centro de readaptación David Franco Ramírez, con fecha 8 de julio del presente, donde el Secretario General de Gobierno, solicita se le dé cumplimiento a las medidas cautelares que solicita la ciudadana Olga María del Pilar Molina Olvera.
Sin embargo, al día de hoy no ha sucedido ninguna acción que proteja la integridad física y la seguridad personal de la demandante; e incluso se ha recrudecido su maltrato, continuando las amenazas contra su integridad, incluso perpetradas por los directivos del penal donde se encuentra recluida.
Por ello, la intención de los puntos de acuerdo es exhortar a las autoridades competentes a dar cumplimiento a las medidas cautelares aceptadas por la Secretaría General de Gobierno.
Para sustentar lo anterior se extienden las siguientes consideraciones:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, promuevan, protejan, garanticen y respeten los Derechos Humanos consagrados en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que México sea parte, bajo la rectoría del artículo 1o.1
2. La Ley Nacional de Ejecución Penal señala en el artículo 9,2 entre otros, como derechos de las personas sentenciadas o sujetas a proceso, que se encuentren recluidas en los centros penitenciarios de nuestro país, los siguientes:
a) Recibir un trato digno libre de toda forma de discriminación.
b) La garantía de que se respete su integridad física, moral, sexual y psicológica.
c) Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes.
3. De acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, se tienen por obligaciones de los Estados parte, entre otras, las siguientes:
a) 27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.
b) 36. 1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del personal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose respuesta al recluso en su debido tiempo.
4. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem do Pará, señala en el artículo 3 lo siguiente:
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
5. Y en el mismo tenor se citan algunos derechos que reconoce dicho instrumento internacional, en el artículo 4:
a) el derecho a que se respete su vida;
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) el derecho a la libertad y la seguridad personales;
d) el derecho a no ser sometida a torturas;
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y
f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.
Por lo expuesto y de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en los bloques constitucional y convencional, se presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a dictar las instrucciones necesarias y verificar su cumplimiento sobre la queja expresada por la ciudadana Olga María del Pilar Molina Olvera, recluida en el centro de reinserción social de alto impacto de Morelia, a fin de garantizar su integridad física y su seguridad personal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal a revisar las condiciones de seguridad e integridad para todas las mujeres recluidas en el país, a fin de identificar, prevenir y erradicar posibles violaciones de los derechos humanos.
Notas
1 Artículo 1o . En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
2 Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario
Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2019.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
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