Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5379-IV, jueves 3 de octubre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a incorporar en las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la custodia de los ecosistemas naturales mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo (de urgente u obvia resolución) para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a incorporar dentro de las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional, al tenor de lo siguiente
Consideraciones
México es uno de los países más diversos en el mundo gracias a nuestra gran extensión territorial y a la privilegiada zona geográfica que poseemos, formando parte de las entre 12 y 20 naciones que concentran alrededor de 70 por ciento de todas las especies (seres vivos) conocidas por la ciencia. Derivado de esto, México tiene una gran diversidad de ecosistemas, desde altas montañas hasta profundos mares, pasando por desiertos, bosques y lagunas.
Los ecosistemas son definidos como un conjunto de especies que cohabitan en un área determinada, aunado a esto, representan para las y los mexicanos un suministro de alimentos y materia prima. Además de funcionar como procesos de reciclaje de nutrientes que forman y fertilizan el suelo y generan el proceso de fotosíntesis que es la base de la producción primaria del mundo vivo y generadora de oxígeno.1
Desde ecosistemas marinos hasta los bosques y selvas, los mexicanos somos beneficiados ya que es de donde provienen alimentos, plantas curativas, madera y vegetación, además de proveer a los seres humanos de los dos elementos vitales, oxígeno y agua. Aunado a esto, los ecosistemas naturales son los generadores del balance hidrológico que logra un equilibrio entre la cantidad y la calidad del agua; de la captura de carbono que regula los cambios climáticos; y del mantenimiento de la biodiversidad.
Todo ello es de suma importancia para los seres humanos, pues nos da la oportunidad de satisfacer necesidades culturales y económicas humanas, pero también la de enfrentar enfermedades o cambios climáticos.
Recientemente se han perdido especies silvestres en forma masiva debido a la acción modificadora inmoderada del ser humano sobre los ecosistemas naturales. Los principales impactos antropogénicos están en: la destrucción y fragmentación de los hábitats, contaminación de los recursos abióticos de los sistemas, introducción de especies exóticas, tráfico ilegal de especies y sobreexplotación de recursos tanto bióticos como abióticos.2
Estos actos ilícitos se han convertido en una problemática creciente a nivel mundial por ser actividades con alta rentabilidad y bajo riesgo. Entre las actividades más comunes de este están:
• La explotación ilícita de la flora y la fauna donde se encuentran el tráfico de animales salvajes que ya es considerado por la Interpol como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo (sólo por debajo del tráfico de estupefacientes y de armas) y la tala indiscriminada.
• La eliminación de residuos peligrosos donde se encuentra la mala gestión de residuos electrónicos en la cual no se toman las medidas adecuadas de reciclaje y los vertidos indiscriminados en los que participan empresas e industrias que liberan residuos fecales o tóxicos de manera descontrolada en el medio ambiente, contaminando ríos, lagos, etcétera.
Un ejemplo claro es el Río Grande Santiago, que atraviesa varias entidades de la República Mexicana, principalmente al estado de Jalisco. Dicho río es considerado uno de los más contaminados del mundo, debido a que recibe descargas de más de 200 industrias del corredor industrial Ocotlán-El salto, uno de los corredores industriales más importantes del país.
Este suceso se ha dado por la falta de sistemas de saneamiento de las aguas industriales, pero, sobre todo por la falta de mecanismos para controlar y prevenir la contaminación del agua.
Otro caso concreto fue el abuso a 573 hectáreas que eran de uso forestal por parte de los aguacateros que causaron daño al ecosistema por la deforestación de estas zonas en 14 municipios del sur del estado de Jalisco, dicho evento fue denunciado por el secretario general de Gobierno del estado.3
Asociado a esto, el nivel de consumo y producción creciente en la sociedad han propiciado altos índices de contaminación que afectan a los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas naturales, así como también, han generado sobreexplotación de los recursos naturales.
Es por este tipo de casos que urge sumar esfuerzos para bloquear cualquier posibilidad de actividad delictiva que afecten al contexto natural que nos provee de elementos vitales, se requieren de medidas que ayuden a controlar las actividades humanas ya que son el factor más significativo de los desequilibrios y pérdida de ecosistemas.
La salvaguarda de los ecosistemas es una tarea que nos compete a todos los mexicanos, así como a las autoridades con la facultad y finalidad de defender los bienes y recursos de la nación, recursos que son vitales para el ser humano.
En sentido de lo anterior expuesto, es necesario que la Guardia Nacional (GN) como la principal institución para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, tome medidas extraordinarias para proteger el uso, daño y abuso ilícito de los ecosistemas naturales, ya que estos son parte del patrimonio nacional. Con fundamento en el fin plasmado en el artículo 6, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que estipula que es una de las funciones de la GN la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
Es por esto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones, a incorporar dentro de las actividades prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional.
Notas
1 Instituto de Ecología:
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10- 34-10/17-ciencia-hoy/344-por-que-es-importante-para-mexico-mantener-su- biodiversidad
2 Universidad virtual del Estado de Guanajuato: Los Ecosistemas de México y su importancia http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/180/LosecosistemasdeMxi coysuimportancia.pdf
3 El Financiero , Autoridades de Jalisco denuncian a aguacateros por daños al ecosistema y materiales:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
autoridades-de-jalisco-denuncian-a-aguacateros-por-danos-al-ecosistema-y-materiales
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a informar a la opinión pública sobre las acciones efectuadas respecto a las actividades de Minera Autlán en Hidalgo, suscrita por las diputadas Gloria Romero León y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
Las que suscriben Gloria Romero León y Silvia Guadalupe Garza Galván, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones en relación con la empresa denominada Minera Autlán en el estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 17 de septiembre, pobladores de los municipios de Molango, Lolotla y Tepehuacán de Guerrero, algunas de las siete localidades afectadas por la presunta contaminación con manganeso del río Claro, entregaron un pliego petitorio al titular del Poder Ejecutivo Federal en el cual solicitan la clausura de la minera Autlán.1
Lo que los pobladores de la zona piden al poder ejecutivo es una revisión a los permisos y certificados de Empresa Socialmente Responsable que le otorgaron a Minera Autlán, así como, exámenes al río Claro para determinar el grado de contaminación.2
Según la página de Minera Autlán, ésta tiene tres (3) unidades mineras en el Estado de Hidalgo, a saber: Molango, Nonoalco y Naopa. Molango, se localiza al norte del Estado de Hidalgo, en una zona privilegiada por su riqueza natural y cultural, está ubicada la Unidad Minera Molango, la cual representa el depósito de mineral manganeso grado metalúrgico más importante del Norte y Centroamérica y uno de los diez yacimientos más grandes del mundo.3
Según la propia información publicada por la empresa, comenzó a operar la mina de cielo abierto de Nonoalco, dentro del mismo distrito de Molango, obteniendo un mineral de manganeso muy escaso a nivel mundial: el Bióxido de Manganeso Natural (MnO2). En esa misma década, la compañía inició el procesamiento de un nuevo producto: el Óxido Manganoso (MnO); en tanto, en la década de los noventas, Autlán incursionó en la fabricación de MnO2 Natural Grado Cerámico, logrando su aceptación como pigmento para la industria cerámica.4
Finalmente, la Unidad Minera de Naopa se encuentra ubicada en el centro del Distrito Manganesífiero de Molango (DMM), uno de los 10 más extensos del mundo en cantidad de Recursos Potenciales a desarrollar. El DMM es el más importante de México (y por lo tanto del hemisferio norte del Continente Americano).5
Como se advierte de la propia información publicada por la empresa, ha realizado actividades mineras en la zona desde hace varios años, siendo que no es no la primera vez que existe un reclamo por parte de la población hidalguense.
En noviembre de 2016 pobladores de Xalamelco, en Xochicoatlán, Hidalgo denunciaron ante medios de comunicación que Minera Autlán es conocida en esta región por la destrucción de la vida en las comunidades en las que opera actualmente, siendo que en Nonoalco Autlán destruyó el panteón de la comunidad para explotar manganeso; incluso la comunidad de Tolago (Lolotla, Hidalgo) conformó un comité contra la contaminación solicitando a los gobiernos municipal, estatal y federal que se haga justicia y exigiendo que Minera Autlán se responsabilice de los daños que ha generado en las casas habitaciones, la salud y el medio ambiente.6
Estudios realizados durante 20 años por científicos del INSP y de los Institutos Nacionales de Neurología y de Enfermedades Respiratorias en las localidades de Chiconcoac y Tolago, y de la mina a cielo abierto en Tezintla, respectivamente, encontraron en la sangre de los habitantes concentraciones de manganeso superiores en 2.5 mcgrms/lt, el máximo tolerable, que les ocasiona alteraciones en el sistema nervioso central.
“No se ha adoptado ninguna medida significativa en la vigilancia de la salud ambiental, pese a que el manganeso suspendido en el aire es muy peligroso, pues sus partículas ingresan al organismo a través de los pulmones y ocasionan daños cerebrales”, señaló el doctor Horacio Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del INSP.
En 2012 Investigadores del INSP informaron que tras emitir sus recomendaciones para frenar los daños neurológicos provocados por inhalación de polvo de manganeso en comunidades aledañas al distrito minero de Molango (Sierra Alta), el gobierno estatal incumplió con el monitoreo ambiental.7
En ese contexto, es que recientemente pobladores de los municipios de Lolotla, Molango y Tepehuacán de Guerrero, Estado de Hidalgo, han mantenido reuniones y protestas por la alegada grave contaminación que está generando la Minera Autlán al río Claro, principalmente derivadas de los daños a la salud, pero sobre todo la pérdida de biodiversidad en la región, pues han desaparecido algunas especies de peces y de camarones de río que eran parte del sustento de muchos de sus habitantes.8
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe a la opinión pública las acciones realizadas en el ámbito de su competencia en relación con las actividades que desarrolla la empresa denominada Minera Autlán en el estado de Hidalgo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones de inspección o verificación correspondientes a fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a Minera Autlán y, de ser procedente, ordene las medidas de seguridad y correctivas procedentes, así como imponga las sanciones que conforme a derecho procedan.
Notas
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/17/
pobladores-de-guerrero-piden-a-amlo-cerrar-minera-autlan-3605.html
2 Ídem.
3 https://www.autlan.com.mx/negocios/autlan-manganeso/unidad-molango/
4 Ídem.
5 Ídem.
6 http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/11/11/ante-la-amenaza-de-la-minera- autlan-9276.html
7 hww.vanguardia.com
8 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/exigen-habitantes -sierra-mitigar-contaminacion-minera-autlan
Dado en el salón de sesiones, a 3 de octubre de 2019
Diputadas:
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incrementar el fomento, la capacitación, la asesoría y el apoyo financiero de proyectos de los organismos del sector social de la economía en actividades agrícolas, pecuarias y forestales, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal, integrante del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Ley de la Economía Social y Solidaria, este sector de la economía está desarrollado por organismos de propiedad social, los cuales se sustentan en relaciones basadas en la cooperación, colaboración y apoyo de sus integrantes para la satisfacción de necesidades comunitarias y de sus comunidades de origen.
Dicho ordenamiento señala que entre las formas de organización social se encuentran los ejidos, sociedades cooperativas, organizaciones de trabajadores y organismos dedicados a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, entre otras.1
Debido a las actividades que desarrollan, mantienen una estrecha vinculación con el territorio, y generan labor cooperativista, capital y cohesión social, fortaleciendo de esta manera procesos de integración productiva en las localidades, regiones y entidades federativas del país.
Estas organizaciones del sector social no sólo han contribuido a la creación de empleos directos e indirectos, sino que además, han diseñado e implementado múltiples mecanismos de incorporación social a grupos vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niñas, niños y adolescentes, asimismo, minorías sexuales, migrantes y pueblos indígenas.
Los resultados del Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social arrojaron que en México existen más de 60 mil Organismos del Sector Social, de ellos el 51 por ciento son organizaciones rurales y 49 por ciento ejidos.2 Todos ellos, emprendiendo proyectos en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de comercio, industria, minería y servicios.
En Tabasco existen experiencias de éxito para la producción y protección de manglar, la construcción de infraestructura ecoturística y manejo adecuado de los ecosistemas nacionales; asimismo, apoyos a la producción, comercialización y exportación de productos como el cacao.
También, existen proyectos productivos enfocados a la producción y comercialización de harinas, porcelana, alfarería, lácteos, embutidos, carnes y calzado, que en su conjunto generan derrama económica, crecimiento económico y desarrollo social.
Sin embargo, es necesario garantizar una cartera básica de servicios para atender áreas de oportunidad, enfocada principalmente en la asistencia técnica, formación, capacitación, certificación, financiamiento y fuentes alternas de inversión social, pública y privada.
Estos elementos, no sólo abonan la democratización del financiamiento, sino que además, contribuyen a promover el empleo, impulsar proyectos de preservación al medio ambiente y de largo plazo, incluso, desarrollar sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Estos asuntos son atendidos por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el cual tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos.3
No es fortuito que las actividades del Instituto estén enfocadas a desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, así como la formación de capital y comercialización, con la finalidad de visibilizar este sector como opción de inclusión productiva, laboral y financiera.
Una de sus principales estrategias es el Programa de Fomento a la Economía Social, con el que se mejora los ingresos de las personas en desventaja o en situación de pobreza, por medio de la inclusión productiva y financiera.4
A pesar esta relevancia para el desarrollo de la economía social y del país, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal de 2020, se contempla una reducción de los recursos al Instituto Nacional de la Economía Social superior al 65 por ciento al pasar de 629 millones 362 mil 530 pesos a sólo 220 millones 677 mil 70 pesos, y al Programa de Fomento a la Economía Social en 79 por ciento, es decir, sus fondos para el siguiente año presupuestal transitará de 685 millones 94 mil 38 pesos a 143 millones 114 mil 938 pesos.5
Reducir los recursos al Instituto y al Programa representa la cancelación de apoyos institucionales canalizados para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de estas organizaciones en el medio social de la economía de ahorro y crédito. Este desincentivo provocará la pérdida de empleos, la anulación de proyectos y la suspensión de nuevas inversiones en las localidades y regiones más pobres del país.
La postura del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vulnera la permanencia de los proyectos para el siguiente año fiscal, pero sobre todo, deja en total indefensión a las cooperativas y personas que hadan de esta actividad su principal fuente de empleo e ingreso familiar.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que reducir los presupuestos, desincentivará esta actividad y desatenderá a dichos sectores de la población y constituye una postura errónea de parte de la presente administración; por el contrario, se deben fortalecer las capacidades de operación de la banca social e impulsar sus actividades de ahorro y financiamiento, sobre todo, por sus beneficios e impactos para los sectores productivos más vulnerables.
Los organismos del sector social de la economía se caracterizan porque su desarrollo se sustenta en el esfuerzo colectivo, e históricamente se han posicionado como la herramienta más eficaz para fomentar el ahorro popular y expandir los servicios financieros en las comunidades que han permitido la apertura de comercios, la generación de fuentes de empleo bien remuneradas y la expansión de servicios en beneficio de toda la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que través de las Secretarías de Bienestar, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, incrementen sus acciones de fomento, capacitación, asesoría y apoyo financiero a proyectos productivos de los organismos del sector social de la economía, en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, así como de comercio, industria, minería y servicios, entre otros, ante la reducción de recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, sobre todo, al Programa de Fomento a la Economía Social y al Instituto Nacional de Economía Social.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que transparente las acciones desarrolladas y sus resultados, en particular, los presupuestos aprobados, los programas creados, el número total de beneficiarios y zonas atendidas durante la presente administración, para el fomento, apoyo y financiamiento de actividades de las entidades y sociedades cooperativas, en la atención de necesidades económicas, sociales y culturales en diversas entidades del país.
Notas
1 Congreso de la Unión. (Última reforma DOF 12-04-2019). Ley de la a. 27/09/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_120419.pdf
2 http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/transparencia/
DiagnosticoPFES/RESUMEN_EJECUTIVO_DIAGNOSTICO_INAES.pdf
3 https://www.gob.mx/inaes/que-hacemos
4 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a -la-economia-social/
5 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/20/r20_afpe.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a analizar con los institutos estatales del deporte las becas y los estímulos de los atletas, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Exposición de Motivos
La Ciudad de México, así como otros estados del país, han sufrido por muchos años el robo y la fuga de talentos deportivos al no contar con un premio para los atletas, quienes tentados por ese tipo de apoyo en otras entidades emigran sin pensarlo, a cambio de representarlos en las competencias, situación que se ha visto reflejada en los resultados de Olimpiada Nacional cuando un lugar festeja el logro de su deportista, a pesar que no fue formado ahí.
La llamada “fuga de talentos” es un problema que afecta de manera importante el desempeño de las representaciones estatales. Para el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad junto con las asociaciones deportivas, arrojó que 600 de aproximadamente mil 500 atletas, que representan a la Ciudad de México competían por otros estados y utilizaban las instalaciones de la capital del país.
Y es que el principal motivo tiene que ver con los estímulos económicos que se ofrecen en las diferentes entidades, por lo que, obviamente, los atletas buscan mejores oportunidades de las que se dan en sus lugares de origen, al ser su principal objetivo el convertirse en deportistas de alto rendimiento.
Si bien el tener talento, disciplina, constancia y otros factores son indispensables para la formación de atletas de primer nivel, el ingrediente que juega el apoyo económico es de vital importancia para alcanzar sus objetivos, pues les permite concentrarse en sus entrenamientos permitiéndoles un íntegro desarrollo personal, profesional y académico, y al no encontrar ese equilibrio, se convierten en deportistas migrantes.
A este fenómeno se le conoce como “fuga de talentos”, pues al buscar mejores condiciones, no importa dejar de representar a tu estado y país de origen para buscar el sueño competencias que les permitan desarrollarse en sus disciplinas.
De esta forma se vienen abajo todas las estrategias, entrenamientos y políticas implementadas, ya sea por el estado o país, donde inició su formación determinado atleta.
La fuga o migración de talentos debe ser un tema de interés de las autoridades municipales, estatales y nacionales, pues este tipo de situaciones, como hemos atestiguado a lo largo de los años, afecta el desarrollo y crecimiento del propio deporte mexicano.
Esta problemática ya es una realidad, tal es el caso de los clavadistas Jonatán Rubalcaba y Kevin Chávez; las arqueras Gabriela Bayardo y Linda Ochoa; así como la esgrimista Paola Pliego, quienes recientemente anunciaron su decisión de ya no participar para la selección mexicana, pues sostienen que no les brindan los apoyos suficientes debido a la presunta corrupción que existe dentro de las federaciones o asociaciones deportivas.
Es por ello que considero necesario luchar contra esta situación, pues estos jóvenes son sumamente talentosos, pero para mala fortuna ya no contaremos con ellos para las olimpiadas de Tokio 2020, donde lamentablemente van a representar a otro país.
Esto también afecta a los entrenadores, pues en muchos casos no cuentan con apoyos, ni con las mejores instalaciones para poder transmitir su conocimiento a los deportistas y ni siquiera recibir una remuneración, por lo que tienen que buscar y moverse de ciudad o país para ser valorados por su talento.
Si esto sigue como hasta el día de hoy, pudiera pasar que el judoca Nabor Castillo, quien denunció públicamente que se le redujo su beca de 5 a 2 mil pesos para los próximos Juegos Panamericanos u Olímpicos, ya no siga participando para la selección mexicana pues no tiene el apoyo suficiente que merece un deportista de alto nivel.
Por eso, consideramos que hay que combatir la falta de apoyo y oportunidades, impulsar a nivel local, regional y nacional el deporte de calidad. Y nosotros, como sociedad y gobierno, entregarles mejores condiciones a quienes nos representan, para que así los deportistas se concentren solo en entrenar, y los entrenadores solo en aportar los mejores conocimientos para obtener un buen lugar dentro de los eventos deportivos.
En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que perjudica de manera directa a los deportistas y entrenadores mexicanos, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con los institutos estatales del deporte, analice la viabilidad de homologar las becas y estímulos que se otorgan a los deportistas y entrenadores, que participan en las olimpiadas nacionales.
Referencias
-Instituto del Deporte de la Ciudad de México
https://indeporte.cdmx.gob.mx/
-Periódico digital El Observador “Fuga de talentos deportivos por la corrupción en la Conade y el Comité Olímpico”, disponible en http://noticiaselobservador.com.mx/2019/07/05/fuga-de-talentos-deportiv os-por-la-corrupcion-en-la-conade-y-el-comite-olimpico/
-Reporte Índigo “Judoca Nabor Castillo se queja por reducción de beca” https://www.reporteindigo.com/fan/judoca-nabor-castillo-se-queja-por-re duccion-de-beca-usuarios-lo-apoyan-pero-tambien-critican/
Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a colaborar con el gobierno de Puebla en las investigaciones sobre el uso de recursos públicos federales en las labores de reconstrucción derivadas de los sismos de 2017, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Uno. Recuento de daños
El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió a las 1:14:40 de la tarde con epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Afectó los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Veracruz; tuvo 39 réplicas, la mayor de magnitud de 4 grados y dejó 370 muertos y 7 mil 289 heridos en el país.
La Coordinación Nacional de Protección Civil1 de la Secretaría de Gobernación, en ese entonces, dio a conocer que los cuerpos recuperados en todo el país fueron de 369. Del total, 228 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.
De los daños en las viviendas en el estado de Puebla, datos recabados en diversos medios señalan que 9 mil 722 edificios afectados, de ello mil 700 viviendas fueron dañadas con pérdida total, 279 escuelas averiadas y 30 derrumbadas, la mayoría de los edificios se encuentran en el corredor de Atlixco, Izúcar y la Mixteca; y también causó daños, algunos muy severos, en al menos 163 iglesias. La Secretaría de Gobernación declaró una emergencia extraordinaria para 112 municipios poblanos, esto es el 51 por ciento del estado de Puebla.
Por su parte, el gobierno del estado informó que el sismo dejó al menos 43 muertos, 127 heridos y siete desaparecidos. En la lista del recuento de los daños también figuran 104 edificios de gobierno,2 así como 17 hospitales; también sufrió daños el museo conocido como Casa del Alfeñique, fundado en 1926.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología-INAH,3 la Zona Arqueológica de Cholula sufrió desprendimientos en acceso al templo y agrietamientos en espacios internos socavados.
De los 2 mil 340 monumentos declarados patrimonio cultural por el INAH,4 621 están en el estado de Puebla; ellos, 125 sufrieron daños severos, 335 moderado, 161 con daños menores.
Dos. Hagamos Hogar
En el texto “El Programa Institucional 2017 · 2018” de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Puebla,5 se apunta:
“Diagnóstico: Sin duda, una vivienda que no cuenta con piso, techos o muros construidos con materiales adecuados y resistentes, carece de condiciones mínimas de subsistencia para una familia.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el año 2015 la entidad concentró un 13.8 por ciento de la población en condición de carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda, lo que representa que 858 mil 727 poblanos se encuentran en esta situación; ubicando a la entidad en el lugar número 28 a nivel nacional.
...en lo que respecta a la carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, la entidad concentra un 27 por ciento de su población en dicha carencia, lo que representa que un millón 674 mil 557 poblanos se encuentran en esta condición, registrando a Puebla en el lugar número 24 a nivel nacional.
Objetivo: Reducir la carencia de calidad y espacios en la vivienda y ampliar el acceso a los servicios básicos en la vivienda, permitiendo que las familias poblanas mejoren su calidad de vida.
Estrategia: Impulsar programas de mejoramiento a la vivienda, así como la ampliación de los servicios de agua potable y electrificación en beneficio de las viviendas que registran carencias en la materia.
Matriz de riesgos: ... -Insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para la aplicación de las acciones... -Aumento en el costo de los materiales a utilizarse en las acciones de vivienda.
De la procuración de fondos. Acuerdos de coordinación con la iniciativa privada, sociedad civil, fundaciones y los tres órdenes de gobierno. Firma de convenios de colaboración con municipios en materia de mejoramiento, ampliación y acceso a los servicios básicos en la vivienda. Convenio marco de colaboración con la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General de Estado, Comisión de Derechos Humanos de Estado y Tribunal Superior de Justica. Convenio general de colaboración y honorable ayuntamiento del municipio de Puebla.”
Tres. Del programa en los medios de comunicación
El 21 septiembre 2019 se publicó que partidos políticos investigan corrupción de Gerardo Islas,6 reprodujeron una declaración de autoridades estatales acerca de la investigación que se le realizará al ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas, por su programa “Hagamos hogar”. “Sí hay una carpeta que se refiere a ello. No sé si se desviaron recursos de este programa a campañas electorales pero este programa sí se está investigando”, mencionaron las autoridades.
Se menciona en diversas fuentes informativas que el gobierno del estado7 tiene bien documentadas sus acusaciones como las hechas en contra de la venta de menores desde el DIF; el millonario desvío de recursos para el fondo de reconstrucción de daños del sismo del 19S; o la malversación de partidas y contratos fantasmas del programa “Hagamos Hogar” de la Sedeso.
Islas fue el operador de dicho programa el cual se encargaría a solventar los daños en Puebla que había dejado el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017.
A Gerardo Islas y Eugenio Mora se les acusa de haber desviado recursos para reconstrucción8 y que son culpables de no haber llevado los beneficios de reconstrucción a los damnificados del sismo del 19 septiembre. Se dice en los círculos políticos que ambos se enriquecieron en los gobiernos panistas, sin importarles el dolor de miles de personas de escasos recursos a quienes dejaron abandonados en plena tragedia. A ellos se les acusa un desvío de por lo menos 300 millones de pesos que eran para el tema de reconstrucción.
Asimismo, recientes declaraciones de las autoridades estatales mencionan que la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública9 podría llevar a fincar responsabilidades contra ex funcionarios, pues, según el mandatario, se ha logrado determinar que hubo trabajos de reconstrucción que nunca se llevaron a cabo aunque se reportó el gasto de los recursos.
La malversación de recursos para la reconstrucción es de 100 millones de pesos, del que se acusa a Islas más de 200 millones de pesos por la contratación del seguro para desastres naturales, es decir, 300 millones.
El caso concreto de la presente proposición es claro: el esclarecimiento de hechos que se presumen de corrupción de 300 millones de pesos por parte de Gerardo Islas, principal operador de los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas dañadas en los sismos de septiembre de 2017 en Puebla.
Cuatro. Marco jurídico que sustenta la petición
De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se entiende por entidades fiscalizadas, a los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones federales.
Asimismo, esta Ley determina que el secretario de la Función Pública, junto con el auditor Superior de la Federación, preside el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que a su vez forma parte del Comité, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal10 y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.11
En virtud de lo expuesto, es viable la coadyuvancia de la Secretaría de la Función Pública con los órganos de investigación locales para el caso que se expone.
Con la presente proposición se pretende que la Federación y el estado de Puebla colaboren para castigar actos de corrupción que se agravan cuando se trata de recursos destinados al alivio de miles de personas que sufrieron los estragos de la naturaleza en el patrimonio más preciado que es la vivienda.
Cinco. De la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos de 2017
El 26 de septiembre 2018, de acuerdo con el boletín de prensa 02012 del Congreso del Estado de Puebla se informó que “LX Legislatura instala la Comisión Especial para el Seguimiento de las Labores de la Reconstrucción Derivadas de los Sismos...En su instalación Islas Maldonado señaló que “...nos debe unir la capacidad de servir y dar resultados a las familias que requieren del apoyo de la autoridad...”
El diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas, quien fuera secretario de Desarrollo Social en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, preside la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos del 2017. Comisión que ha sesionado en tres ocasiones.
En la última reunión acordó visitar algunos municipios con casas y escuelas dañadas, sin embargo, la diputada local de Encuentro Social Nora Merino Escamilla denunció que no se han realizado porque el legislador pidió licencia para ausentarse por tiempo indefinido.
Encuentro Social, en esta Cámara de Diputados, respalda la postura de la diputada Merino, en el sentido de que Gerardo Islas Maldonado tendrá que responder si incurrió en la presunta malversación de recursos para la reconstrucción de daños ocasionados por los sismos de septiembre del 2017.
De acuerdo con la página del Congreso del estado de Puebla,13 la Comisión en comento ha resuelto tres asuntos desde su constitución.
Al respecto, cabe preguntarse:
¿Acaso el Congreso del estado no está enterado de las acusaciones e investigaciones que órganos locales y federales tienen en curso por el presunto desvío de 300 millones de pesos de recursos para la reconstrucción de viviendas en el estado?
¿El presunto responsable de los desvíos, se va a investigar a sí mismo?
¿Qué independencia se puede esperar en el trabajo de la Comisión con un presidente acusado de corrupción?
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a coadyuvar con los poderes del estado libre y soberano de Puebla en las investigaciones de posibles recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción derivadas de los sismos del 2017.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía del Congreso del estado de Puebla, le exhorta a revisar la conveniencia de la presidencia de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Labores de la Reconstrucción Derivadas de los Sismos en la persona del ciudadano diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado.
Notas
1 https://www.animalpolitico.com/2017/10/sismo-muertos-cdmx-morelos-puebl a-edomex-guerrero/
2 https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/22/los-estragos-materiales-de-los-te rremotos-en-puebla-morelos-y-oaxaca/
3 https://www.inah.gob.mx/boletines/6515
4 https://www.inah.gob.mx/sismos
5 http://planeader.puebla.gob.mx/pdf/programas/estatales/institucionales_ 2017-2018/PI_SEDESO.pdf
6 https://contraparte.mx/index.php/partidos-politicos/30530-investigan-co rrupci por cientoC3 por cientoB3n-de-gerardo-islas.html
7 https://elincorrecto.mx/2019/09/el-magistrado-carnal-que-queria-ser-not ario-chocolate/
8 https://contraparte.mx/index.php/radiografia/30504-gerardo-islas-y-euge nio-mora,-desviaron-recursos-para-reconstrucci%C3%B3n.html
9 http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2019-09-19/puebla/galistas-desvia ron-300-mdp-de-la-reconstrucci%C3%B3n
10 Artículo 37, fracción II.
11 Artículo 10, fracción IV
12 http://www.congresopuebla.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9021:lx-
legislatura-instala-la-comisi%C3%B3n-especial-para-el-seguimiento-de-las-labores-
de-la-reconstrucci%C3%B3n-derivadas-de-los-sismos&Itemid=614
13http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_ k2&view=itemlist&task=tag&tag=Comisi%C3%B3n+especial+de+seg uimiento+de+las+labores+de+reconstrucci%C3%B3n+derivadas+de+los+sismos+ del+2017&Itemid=501
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno mexiquense a evitar atropellos contra la población vulnerable provocados por el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La autopista Toluca-Naucalpan es una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones del estado de México para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de dicha carretera en un plazo de 30 años.
La concesión fue otorgada a Autopistas de Vanguardia, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pobladores, organizaciones ciudadanas y diferentes agrupaciones indígenas, están solicitando nuestra atención, y sobre todo la de autoridades, involucradas en el proyecto carretero Naucalpan-Toluca.
El proyecto carretero afecta directamente a los habitantes, campesinos, mujeres, niños, que se ven afectados directamente en su patrimonio y en el desastre ambiental, ocasionado por la corrupción y negligencia de las autoridades estatales y federales.
Datos oficiales: la construcción de la autopista ha destruido directamente 600 mil metros cuadrados del bosque Otomí-Mexica, también conocido como “Gran Bosque de Agua”, principal pulmón y afluente de oxígeno y de agua para los valles de México y Toluca.
El proyecto inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, quien en 2006 declaró como área natural protegida este bosque, en la categoría de santuario del agua.
La autopista planea pasar entre las ciénegas de Chignahuapan y Chimaliapan, dos lagunas pertenecientes a las ciénegas de Lerma, área natural protegida de forma estatal, federal e internacional, cortando el paso tanto de agua, como de cientos de aves que transitan diariamente entre una laguna y otra.
La construcción de la autopista contempla además la expropiación de 100 metros a cada costado de la carretera para la construcción de gasolineras, hoteles, restaurantes y en general la urbanización, teniendo un impacto ambiental negativo en la zona del estado de México.
Me permito realizar un resumen de hechos sobre el problema carretero Naucalpan-Toluca, todo ello para precisar la problemática:
A finales de 2007 se publica la convocatoria de las bases para licitar el proyecto en mención.
En abril de 2008 se publica el fallo a favor de la constructora Teya, periodo de construcción de 2 años y otorgamiento de explotación de la concesión por 30 años.
En mayo de 2010 se realiza la solicitud de movimiento de impacto ambiental, ante la Semarnat, que lo otorga por tres años, condicionando a realizar trabajos de mitigación antes de realizar la construcción, situación de la que hicieron caso omiso.
Para septiembre de 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropia terrenos pertenecientes a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de su barrio La Concepción, para construir el proyecto carretero, en el estado de México.
En 2015 se decreta y se procede a la expropiación de predios.
Para establecer la defensa legal, se procedió de la siguiente manera:
Se comienza con la presentación de juicios de amparos, iniciando con recurso de revisión, con el expediente número 467/2015, de fecha 13 de mayo 2016 , resolviendo suspensión definitiva a favor de la comunidad.
De igual manera, se procede a presentar tres Incidentes más de revisión, de diferentes fechas y en todas, resolviendo suspensión definitiva a favor de la comunidad.
En febrero se presenta denuncia de presuntos hechos delictivos en la Fiscalía General de la Republica, la cual se encuentra en integración con número de carpeta de investigación 1177/2019.
Y para concluir, en agosto del año en curso se inicia denuncia de presuntos hechos delictivos en la Fiscalía General de Justicia en Lerma, México, la cual se ratificó y se encuentra en integración.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, dentro de sus atribuciones y facultades, evite atropellos contra la población vulnerable que está provocando el proyecto carretero de la autopista Toluca-Naucalpan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE y la Sener a implantar acciones para mitigar las emisiones contaminantes derivadas de la generación de energía eléctrica en BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Energía (Sener) a implementar las acciones necesarias para la mitigación de las emisiones contaminantes derivadas de la generación de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur, las cuales están afectando seriamente la salud de la población sudcaliforniana, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Desde hace un par de décadas la calidad del aire en La Paz, Baja California Sur, ha decaído debido, principalmente, a la emisión de contaminantes derivados de la generación de energía eléctrica, que, en esta entidad, se realiza mayormente a través de la quema de combustibles fósiles.
Por ejemplo, el uso de combustóleo en las centrales de Baja California Sur, que, al ser de baja calidad, tiene un alto contenido de azufre, lo que produce una nube de color amarillo grisáceo que casi diario cubre parcialmente la bahía de La Paz, generando una contaminación que afecta negativamente, por un lado, la salud de los sudcalifornianos, y por otro, la imagen de esta zona como destino turístico.
Cabe mencionar que el turismo es una de las principales actividades económicas de Baja California Sur, por lo que la contaminación atmosférica representa un riesgo para la continuidad y crecimiento de estas actividades.
La calidad del aire, es un tema que abarca no sólo cuestiones ambientales, sino también de salud de la población, y en el que, por ende, deberían intervenir diversas autoridades que, desde sus respectivas competencias realicen la planeación de todas aquellas actividades que se relacionen con la emisión de contaminantes y sus efectos en la población y el medio ambiente.
Al respecto, en marzo de 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, la cual tiene como objetivo mejorar la calidad del aire para prevenir problemas de salud en la población y conservar los ecosistemas. Esta estrategia propone que México cuente con al menos un Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en cada entidad federativa, con atención preferente en cuencas, localidades prioritarias y zonas metropolitanas.
Atendiendo a lo anterior, en mayo de 2018 fue publicado por la Semarnat y por el gobierno estatal, el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California Sur 2018-2027, instrumento que contiene un diagnóstico y las acciones estratégicas para prevenir, controlar y revertir el deterioro de la calidad del aire en la entidad.
Dentro de dicho programa destacan la reducción de emisiones de fuentes fijas a través de la gestión ambiental del sector de energía eléctrica.
Por su parte, para el estudio titulado, Reporte de Red de Monitoreo 1 elaborado por el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), se instalaron estaciones de monitoreo para recoger datos sobre las emisiones en el periodo de julio 2018 a junio de 2019.
En dicho estudio se confirmó un foco rojo de concentración de contaminantes en la estación Morelos, el punto de la ciudad de la Paz más transitado por automóviles de acuerdo a las actividades económicas y el desplazamiento al sur de gran cantidad de población que se obliga a recorrer este crucero vial de manera cotidiana a falta de vías alternas, de igual manera las rutas de transporte público recorren de manera frecuente este crucero vial.
Se sabe que las emisiones de las termoeléctricas dentro del municipio de La Paz se concentran también es esta ubicación, esto, de acuerdo a la presencia de contaminantes como el azufre con 18 días malos en dicha zona. De acuerdo a estos resultados el estudio menciona que es urgente tomar acciones de prevención en esta ubicación, ya que dos terceras partes del año se tiene presencia de dióxido de nitrógeno en 241 días malos, cuya presencia está relacionada con afectaciones respiratorias en las poblaciones del mundo.
De manera alarmante en ese mismo punto se corroboró la presencia de ozono con 89 días muy malos y 14 días malos, el cual en los meses de verano aparece de manera estacional debido a que es el resultado de la reacción del dióxido de nitrógeno con otros factores atmosféricos como son la exposición a la radiación solar y la temperatura. Ambos contaminantes tienen graves consecuencias en la salud de la población, según cifras e investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del ranking mundial de enfermedades para 2017, donde la contaminación del aire ocupa el quinto lugar a nivel mundial como causa de mortalidad.
En la ciudad de La Paz los hábitos de las personas para conservar la salud se caracterizan por actividades al aire libre, uno de los centros más concurridos para esto son las instalaciones del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), anexo a la estación Morelos, al respecto, el estudio determinó que de 7:00 a 9:00 horas se tiene la mayor concentración de contaminantes, lo que preocupa porque precisamente en ese horario las personas acostumbran realizar actividades físicas después de dejar a sus hijos en las escuelas o como ruta de llegada al trabajo, lo cual favorece que las emisiones por automóviles y termoeléctricas converjan en un mismo punto de la ciudad, como es el caso de la estación Morelos.
Por otro lado, las mediciones en la estación primaria Tres de Mayo muestran concentración de dos contaminantes de manera alarmante, el dióxido de nitrógeno al igual que en la estación Morelos, pero en este caso no se cuenta con afluencia vehicular o de transporte público que sea una significativa fuente de emisión, este contaminante está presente las dos terceras partes del año en esta ubicación con 78 días malos y 81 días muy malos, superando las normas mexicanas y son atribuidos de manera primaria a la generación de electricidad.
Y para el caso del azufre se tiene un foco rojo en esta misma estación debido a que se presentaron 32 días malos. Estas mediciones están muy arriba de las recomendaciones de la OMS para el azufre.
Con base en los resultados mencionados, el estudio de referencia concluye con la recomendación de iniciar análisis exploratorios debido a las repercusiones en la salud que pueden tener las emisiones contaminantes para los habitantes de estas colonias en las partes altas de la ciudad. Y en el caso de la medición del material particulado, recomienda poner atención en las ubicaciones cercanas a las termoeléctricas ya que es este punto de medición en donde se detectaron altas concentraciones cercanas a las recomendaciones de la OMS.
Aunado a lo anterior, el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California Sur 2018-2027, menciona que las fuentes fijas son la principal fuente de emisión de bióxido de azufre (SO2) con 92 por ciento, y la tercera fuente emisora de óxidos de nitrógeno (NOX), con 23 por ciento.
Dentro de las fuentes fijas, un alto porcentaje de las emisiones contaminantes se atribuye a la generación de energía eléctrica, la cual, por ejemplo, representa en dos municipios de la entidad, 93 por ciento de las emisiones de SO2.
Al respecto, es claro que para la CFE no ha sido prioritario instalar alternativas para la mitigación de emisiones contaminantes en las plantas de Baja California Sur, ya que la instalación de precipitadores electroestáticos, sistemas de catalizadores de reducción selectiva para remoción de contaminantes, o el cambio de combustibles por aquellos de mejor calidad, implican un costo económico que no incrementa sus utilidades.
Sin embargo, es necesario que se realicen dichas acciones ya que, las emisiones contaminantes provenientes de la generación de energía eléctrica van en incremento y con ello, las afectaciones en la salud de las personas que habitan en los alrededores de las plantas de generación, por lo que se requiere de soluciones que permitan realizar un abasto de electricidad sin sacrificar la salud de las personas.
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a implementar las acciones necesarias para la disminución de las altas emisiones contaminantes derivadas de la generación de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur, tales como el cambio tecnológico y la sustitución de combustibles contaminantes por otros más limpios como el gas natural o por los de mejor calidad, por ejemplo, usar combustóleo con el menor porcentaje de azufre disponible en el mercado; el uso de aditivos en las termoeléctricas; la instalación de precipitadores electroestáticos o sistemas de catalizadores de reducción selectiva para la remoción de contaminantes y todas aquellas acciones que deriven en la disminución de contaminantes que afectan la salud de los sudcalifornianos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Centro Nacional de Control de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a analizar la viabilidad de establecer mesas de trabajo para atender de forma coordinada, desde sus respectivas competencias, la problemática que genera las altas emisiones contaminantes del sector eléctrico en la salud de la población del estado de Baja California Sur.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía a considerar en la planeación y programación de obras e inversiones del sector eléctrico, la implementación de medidas que mitiguen la emisión de contaminantes a la atmósfera en las centrales de generación de electricidad instaladas, en particular las que utilizan combustibles altamente contaminantes como el combustóleo.
Así como a procurar que estas medidas se implementen desde la construcción de nuevas centrales de generación de electricidad.
Nota
1 Disponible para su consulta en:
http://www.cerca.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/RED_MONITOREO_CALIDAD_AIRE_120919-1.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a garantizar la asignación presupuestal para las unidades de igualdad de género u órganos internos con funciones afines a las de éstas, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita Beatriz Rojas Martínez, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, II, y artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que garanticen en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, asignación presupuestal para sus Unidades para la Igualdad de Género u órganos internos que desempeñen funciones afines a éstas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La Convención sobre la Eliminación todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Estado Mexicano es parte contratante de ésta, la cual firmó el 17 de julio de 1980 y ratificó el 23 de marzo de 1981. La Convención indica en el artículo 3o. que “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
2. La misma Convención, en su Recomendación General número 6 adoptada en su séptimo periodo de sesiones, recomienda a los Estados parte que establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes para, entre otras acciones, asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las políticas gubernamentales, supervisar la situación general de las mujeres y ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.
3. Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 14 que los Congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México), con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres se prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha ley.
4. El mismo ordenamiento, en el artículo 15, establece que corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como incorporar en los presupuestos de egresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad y crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los estados y la Ciudad de México.
5. De igual forma, la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en julio del presente año una guía para legislar con Enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyendo una invitación a expandir y fortalecer el papel del Poder Legislativo en la implementación de la Agenda 2030, señalando que dentro de su rango de acción, el Poder Legislativo puede contribuir al fortalecimiento de los fundamentos legales y normativos del quehacer del gobierno para acelerar el desarrollo sostenible. En esta guía se hacen ocho recomendaciones, señalando en su recomendación número cuatro la importancia de asegurar continuidad en el avance de la agenda por la igualdad de género el interior del Poder Legislativo, enfatizando en la importancia de asegurar presupuesto para las Unidades para la Igualdad de Género de los órganos legislativo.
Por las razones expuestas, es de suma importancia que al interior de los congresos locales se garantice el fortalecimiento e institucionalización de una cultura de igualdad y no discriminación, objetivo que puede ser logrado con la asignación de presupuesto suficiente para que las Unidades para la Igualdad de Género u órganos internos que desempeñen actividades de la misma naturaleza, puedan contribuir a la construcción de una política de igualdad en la cultura organizacional.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los congresos locales de los estados y de la Ciudad de México, para que garanticen en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, asignación presupuestal para las Unidades para la Igualdad de Género u órganos internos que desempeñen funciones afines a éstas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a armonizar sus códigos penales respecto al inicio del cómputo de la prescripción de delitos cometidos contra menores, a cargo de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Josefina Salazar Báez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas para que establezcan en sus códigos penales, en lo referente a los delitos cometidos contra menores de edad que atenten contra su libre desarrollo de la personalidad, que el inicio del cómputo de prescripción comience a partir de que la víctima cumpla treinta años, con base en los siguientes:
Considerandos
Dentro de la gran diversidad de problemas públicos que aquejan a la sociedad, se encuentra el uso de la violencia como instrumento cotidiano y lamentablemente aceptado. La violencia actúa como un abuso de poder cometido en contra de quien se tiene una condición que lo hace vulnerable al ataque.
Histórica y culturalmente hablando, existen diversos grupos sociales calificados como susceptibles de ser considerados en desventaja por su condición social o etaria. Podemos enumerar a la población indígena, las mujeres y los niños. Hacia ellos, se ejercen diferentes tipos de violencia, tanto física y psicológica, como sexual.
La violencia sexual es una vulneración a los derechos humanos de cualquier persona, y los efectos que provoca son considerados irreparables, encontrándose presente en la mayoría de los países y grupos sociales.
Toma forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Pero, además, este delito se agrava cuando se comete hacia menores de edad, niñas, niños o adolescentes, que, sin importar el entorno en que viven, se convierten en víctimas de abusadores que están presentes en el lugar menos esperado, teniendo vínculos de consanguinidad, siendo personas conocidas cercanas o bien, siendo totalmente desconocidas.
De la misma forma, la violencia sexual puede ocurrir en los hogares, instituciones deportivas, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo; dentro de las comunidades, en situaciones de desarrollo y hasta en contextos de emergencia.
Es importante tomar en cuenta lo que Laura Rebeca Martínez Moya señala en su libro El Abuso Sexual Infantil en México: Limitaciones de la intervención estatal , pues establece que “es importante considerar el abuso sexual infantil como una forma de violencia sexual puesto que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor de dieciocho años para realizar algo en contra de su voluntad, o por medio de mentiras, chantajes y amenazas. Esta acción implica la violación a los derechos humanos que aquí se enlistan:
a) Derecho a la integridad personal.
b) Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
c) Derecho a la protección de la honra y la dignidad.
d) Derecho a ser escuchado.
e) Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia.
f) Derecho de protección contra el abuso sexual.
g) Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.”
Hablando de cifras a nivel mundial, de acuerdo con el estudio titulado Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los adolescentes , realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), puntualiza que hasta el año 2016 en todo el mundo, alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas; también plasma que los amigos o compañeros de clase y las parejas están entre los causantes de abuso sexual contra varones adolescentes más frecuentemente denunciados en cinco países con datos.
De la misma manera, los datos de 28 países indican que 9 de cada 10 mujeres adolescentes que han sufrido relaciones sexuales por la fuerza informan haber sido víctimas por alguien cercano o conocido por ellas. Sobre la base de los datos de 30 países, sólo el 1 por ciento de las adolescentes que han tenido relaciones sexuales por la fuerza trataron de conseguir ayuda profesional.
De manera generalizada, el panorama mundial sobre esta problemática es totalmente alarmante. Las cifras no han disminuido, al contrario, parecen permanecer en una tendencia constante y acaso creciente.
Si bien, es difícil estimar la dimensión de la violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, no solo porque muchos no sólo no saben cómo denunciarlo, sino que ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos. En México cada vez son más altos los porcentajes de personas que han vivido una situación de abuso sexual en su vida.
Tal parece que es un delito en proceso de cotidianeidad y dramática invisibilización. Conforme a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (2014), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.
Por su parte, algunos de los resultados que se destacan en la aplicación de la Encuesta Recopilación de Experiencias en la Prevención y Atención de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes (2014) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señalan que el grupo de niñas y niños de 6 a 12 años de edad, es el más vulnerable de vivir situaciones de violencia sexual (18 de 21 estados), seguido del grupo de las y los adolescentes de 13 a 18 años edad (12 de 21 estados).
Es en el hogar, la primera instancia espacial donde suceden tales agresiones, aunque la mayoría de las personas no lo cree de esta manera, pues según el Informe Percepción del Abuso Sexual en México , de la asociación no gubernamental Guardianes, casi el 50 por ciento de los mexicanos encuestados para el año 2016 consideraba que el principal agresor de niñas y niños era un extraño, cifra que fue contrariada cuando la misma asociación reveló que el 80 por ciento de estos agresores son familiares directos de las víctimas.
Es una situación totalmente delicada, donde se pone en juego la salud física, psicológica y emocional, así como la estabilización del correcto desarrollo del menor. Aunque el margen de información es muy limitado, reveló un estudio de la organización Early Institute que para el año 2015, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria en México por casos de abuso sexual, siendo casi el 88 por ciento de las víctimas niñas y mujeres adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) observa que la mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas, y son perpetradas por hombres y adolescentes varones. Sin embargo, la violación de hombres y niños por otros hombres es un problema que también ocurre, de tal manera que se registran coacciones a hombres jóvenes, adolecentes o niños por parte de mujeres mayores para mantener relaciones sexuales.
El proceso tan cruel e inhumano que viven las víctimas de violencia sexual, desde que empieza el acoso y hostigamiento, hasta que reciben amenazas o son condicionados al querer acusar al violador, así como posteriormente para digerir todo el maltrato que se vivió y la búsqueda por una resiliencia individual y familiar, suele traer como consecuencia principal que las víctimas opten por callar lo sucedido.
Este problema contrae repercusiones tanto en el plano personal para una pronta recuperación, como en el jurídico y penal, al no denunciar al culpable y que este se encuentre libre tras un daño que cometió y debió asumir.
Un estudio de la oficina de ONU Mujeres en México (2016) analizó las cifras de violencia sexual de 1997 a 2014, los resultados arrojaron que cada año hay alrededor de unas 15 mil denuncias por violación, es decir, un promedio de 41 casos al día. Solo uno de cada cinco recibe sentencia: apenas el 20 por ciento.
Aunado a la situación anterior, el reportaje del periódico Animal Político titulada “De mil denuncias de violación sexual a menores, sólo una llega a condena”, menciona que diversos estudios estiman que a un niño le toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos especialistas del tema.
Las niñas y niños naturalmente se encuentran en una etapa de descubrimiento, la infancia representa la fase donde se conoce el entorno en el que cada uno va a crecer. En la adolescencia, el crecimiento y desarrollo tanto físico como psicológico y emocional, representa una serie de cambios que darán pauta para forjar un carácter que será individual, único e irrepetible.
Aunque pareciera fácil, estas dos etapas de una persona son largas y complicadas, pues se enfrenta con situaciones que pueden divergir un crecimiento adecuado para cada quien.
Si a este contexto añadimos una coyuntura como la de una violación sexual (siendo este el delito más grave), cuando apenas se es un niño, nos encontramos que enfrentaría una serie de conflictos individuales, familiares y sociales, reflejándose en consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales a corto, mediano y largo plazo, tal es el caso de depresión, distorsión del desarrollo y expresión sexual, bajo rendimiento o fracaso escolar, o interés por actividades delictivas, entre otras.
En resumen, los delitos de índole sexual repercuten profundamente en la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes; al igual que las lesiones, se asocia a un mayor riesgo de diversos problemas sexuales y reproductivos con consecuencias que se manifiestan tanto de forma inmediata como muchos años después de la agresión.
La madurez no está relacionada con la edad. Tener madurez es ir más allá de lo esperado, es analizar y decidir qué actitud se debe ejercer en determinada circunstancia contraria a un plan de vida ya establecido, o a una totalmente inesperada.
Enfrentarse a una situación personal como un daño sexual puede tardar años en ser comprendido, asimilado, reflexionado, reconocido y aceptado. Acudir a instancias judiciales y actuar penalmente en contra de la persona que ha sido el violador de la víctima es una decisión que puede tardar mucho tiempo en tomarse; y lamentablemente en nuestro país este delito tiene una prescripción convencional.
La prescripción se considera una pérdida de un derecho por el abandono del mismo, como consecuencia de haber transcurrido el plazo señalado por la ley. En materia penal, la prescripción, sujeta a las condiciones y plazos que la ley detalla, extingue la acción (pretensión) penal y las sanciones.
En el derecho mexicano es regla que el transcurso del tiempo libere de consecuencias punitivas, aunque la realidad es que solo a ciertos delitos se les otorga tal característica.
En el plano federal, los delitos de violencia sexual son prescriptibles; y cuando son cometidos hacia personas menores de edad, los términos del cómputo para prescribir el delito comienzan cuando la víctima cumple la mayoría de edad, es decir, dieciocho años, y tomará efecto la prescripción en un tiempo no mayor de tres años y no menor a uno.
Analizando los últimos párrafos, podemos observar que nos encontramos con que el Código Penal otorga un plazo inmediato para que la víctima ya mayor de edad con un delito vivido en su infancia o adolescencia pueda denunciar y como consecuencia se inicie el debido proceso. Si bien es difícil tomar la decisión solamente de hablarlo con una persona cercana, esta complicación se incrementa cuando la legislación otorga un límite de tiempo para que el delito pueda tener una resolución ante las autoridades especiales.
Es por ello, que he presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal en materia de los términos de prescripción en delitos de índole sexual hacia menores de edad.
Por esa razón, además de considerar que la legislación penal federal debe adecuarse conforme a las necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual esté viviendo, así como para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, psicológica, emocional y contextualmente.
Es por lo anterior que se considera indispensable armonizar los códigos penales de los estados en virtud de que el término de su inicio actualmente se encuentra preceptuado de distintas formas, por lo que lo que es necesario garantizar las condiciones objetivas que hagan posible la denuncia y la justicia para las víctimas de los delitos previstos en el Título Octavo del Libro Segundo del Código Penal Federal cometidos en contra de una víctima menor de edad.
Prevenir, sancionar y erradicar los delitos sexuales cometidos contra los menores es una responsabilidad compartida entre los órdenes de gobierno, pues las autoridades e instituciones federales, deberán de actuar de manera conjunta con los entes locales en una perspectiva de derechos humanos para reaccionar en virtud de lo que las leyes establecen y cumplir con los parámetros acordados en los tratados internacionales en materia de la defensa y protección de los derechos de los menores.
No debe perderse de vista que el interés superior de la niñez es el fundamento que protege los derechos de la persona, y es menester de los legisladores federales y locales, asegurar condiciones favorables para el respeto de esos derechos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas para que establezcan en sus códigos penales, en lo referente a los delitos cometidos contra menores de edad que atenten contra su libre desarrollo de la personalidad, que en inicio del cómputo de prescripción comience a partir de que la víctima cumpla treinta años.
Lo anterior, para garantizar su acceso a la justicia considerando la necesidad de contemplar los procesos de maduración psicológica y emocional de las víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Josefina Salazar Báez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, a brindar el tratamiento debido a todos los pacientes de hematología y oncología pediátrica, con la garantía de abastecimiento integral, permanente y oportuno de medicamentos, así como de espacios hospitalarios adecuados, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Lourdes Celenia Contreras González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud y al director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, a que brinden de forma inmediata el tratamiento debido a todos los pacientes de hematología y oncología pediátrica, garantizando el abastecimiento integral, permanente y oportuno de medicamentos, así como suficientes espacios hospitalarios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, en los términos del artículo 1o. de la propia Carta Magna, por lo tanto, el Estado debe garantizarlo de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
2. En el mismo artículo 4o. constitucional, párrafo noveno, se consagra el principio del interés superior de la niñez, en el siguiente sentido:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
3. El derecho humano a la salud y la obligación del Estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, conforman un mandato constitucional incuestionable que debe expresarse en una política de salud integral, de calidad, oportuna, especializada y preferencial para niñas, niños y adolescentes de México.
4. El organismo que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), ratifica que este sector de la población tiene “derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.”
De forma especial y con relación al objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, el Sipinna se refiere de la siguiente manera a las niñas, niños y adolescentes que padecen enfermedades crónico-degenerativas:
El Estado debe “atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas.”1
5. A pesar de los derechos y mandatos en favor del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes antes señalados, la cobertura de los servicios de salud por parte de las instituciones públicas ha sido insuficiente. Desde su creación, dichas instituciones no han logrado atender al total de la población, a pesar de esfuerzos notables como el Seguro Popular. En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social, también son notables las insuficiencias para atender a sus derechohabientes, sobre todo en el área de especialidades.
6. En el presente año 2019, se ha intensificado el problema de desabasto de medicamentos en general, y para el tratamiento del cáncer en particular, en las instituciones públicas de salud. El caso más dramático ha sido el del Hospital Infantil Federico Gómez, donde apenas en las primeras semanas de septiembre se empezó a recibir medicamento para al tratamiento del cáncer.2
7. En el caso del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, el desabasto de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, también alcanzó niveles críticos en 2019, generando situaciones de riesgo mortal para niñas, niños y adolescentes que se atienden en ese lugar. Incluso, las madres y padres de los pacientes se movilizaron para exigir el abasto de medicamentos, dirigiendo cartas y comunicaciones a diferentes instancias para que se solucione el problema.3
8. En este contexto, las madres y padres de 27 niñas y niños que padecen cáncer y se atienden en el área de Hematología y Oncología Pediátrica, del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, solicitaron audiencia con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para solicitar respaldo a su demanda de que sus hijos obtengan el tratamiento debido, garantizando el abastecimiento integral, permanente y oportuno de medicamentos, así como suficientes espacios hospitalarios.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud y al director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que brinden de forma inmediata e integral el tratamiento debido a todos los pacientes de hematología y oncología pediátrica, garantizando el abastecimiento integral, permanente y oportuno de medicamentos, así como espacios hospitalarios adecuados.
Notas
1 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/
proteccion-de-la-salud-y-a-la-seguridad-social-es-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es Consultado el 26 de septiembre de 2019.
2 https://www.animalpolitico.com/2019/08/crisis-medicamento-cancer-hospit al-infantil/ Consultado el 26 de septiembre de 2017.
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/
madres-de-ninos-con-cancer-exigen-medicamentos-para-la-quimioterapia-de-sus-hijos/1330798 Consultado el 26 de septiembre de 2019.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a atender las irregularidades presentadas en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada por el estado de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea federal la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para resolver las diversas irregularidades que se están presentando en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado (Siniiga) de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, relacionadas con la venta, cobro indebido, registro incorrecto y mala distribución de los paquetes identificadores de ganado, conocidos como “aretes identificadores”, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Crecimiento de la ganadería
El sector ganadero se ha transformado en las últimas décadas con un ritmo sin precedentes. Esta tendencia económica ha dado lugar a una creciente demanda de alimentos derivados de animales. En las economías más prósperas del mundo aumentó la producción ganadera significativamente con la ayuda de innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector.
La creciente demanda de alimentos derivados de animales se ha satisfecho primordialmente con la producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, en zonas rurales, millones de personas aún siguen criando ganado recurriendo a sistemas tradicionales de producción en los que basan su subsistencia y seguridad alimentaria.
El ganado aporta 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi mil 300 millones de personas. El sector ganadero es una de los que más rápido crecen.1
Es vertiginoso el crecimiento que ha experimentado la producción y el consumo de productos de origen animal en todo el mundo y se prevé que siga con tendencia a la alza. Los sistemas ganaderos tradicionales contribuyen aproximadamente en 70 por ciento a la satisfacción de la demanda de la población rural pobre del mundo. Son las empresas modernas de producción a gran escala, que se caracterizan por usar tecnología avanzada y comerciar en el mercado internacional, las que incrementan cada vez en mayor medida la satisfacción de la demanda de carne, leche y huevo de los mercados internacionales y locales en rápido crecimiento. La producción ganadera requiere actualmente un tercio de las tierras de cultivo en todo el mundo y se les destina a la producción de piensos, por lo que compiten por el uso de la tierra, agua, recursos energéticos y la fuerza de trabajo. Este fenómeno económico y social se complica por presiones socioeconómicas mundiales y por lo factores ambientales condicionados principalmente por el cambio climático.2
Importancia de la ganadería en México
México no es la excepción. Su ubicación geográfica, así como sus características físicas, su biodiversidad y componentes climáticos propician un ambiente adecuado para el crecimiento de la ganadería.
De los 198 millones de hectáreas con las que cuenta el territorio nacional, 145 se emplean para actividad agropecuaria. De éstas últimas 30 millones de hectáreas se aprovechan en cultivos, 115 millones se emplean para agostadero y 45.5 siguen siendo bosques o selvas.
De los145 millones de hectáreas que se emplean para actividad agropecuaria, la ganadería bovina extensiva ocupa 19 y en ese espacio se crían para explotación 12 millones de cabezas de ganado bovino y representan en conjunto 40 por ciento del hato nacional además de ser responsables de producir 28 por ciento de la carne y 39 por ciento de la carne en el país.3
Como resultado de esta práctica, las superficies destinadas a la ganadería nacional actualmente representan 78 por ciento de la tierra agrícola.4
En los últimos años, el crecimiento del sector primario se ubicó por debajo del crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional; aunque en este año aumentó 2.6 por ciento en el trimestre enero-marzo. Ha sido el sector agropecuario el que ha impedido que la caída de la economía sea más pronunciada.
La ganadería en nuestro país es una actividad fundamental en la economía. A pesar de que prevalece la producción ganadera de autoconsumo; la producción de carne es una de las actividades económicas más importantes y se ha encaminado a reducir la pobreza, así como garantizar la seguridad alimentaria a las comunidades rurales, porque un significativo porcentaje de la producción es objeto de venta, comercialización e incluso exportación.
Surgimiento del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga)
Para fortalecer el sector pecuario en nuestro país, el gobierno mexicano planteó la creación de un Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), que se implementó después de que el Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) conoció acerca de los sistemas de identificación individual para bovinos de países de Europa y Sudamérica y a partir de esto, observaron los beneficios que el sistema podría brindar a la ganadería mexicana.
Es por ello que a finales de 2002 se planteó a la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa); establecer un sistema nacional de identificación para el ganado bovino; influida por el interés manifiesto de los productores organizados en México. La Sagarpa, a través de la Coordinación General de Ganadería (CGG), destinó recursos para iniciar los trabajos técnicos para el diseño del sistema.
El Siniiga se crea y se fundamenta en la posibilidad de eventos zoosanitarios que representan riesgos reales a la salud pública. Por ejemplo, las catástrofes vividas en la década de los ochenta en Europa por la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) llamada Enfermedad de las vacas locas, que ocasionó cuantiosas mermas económicas por la disminución del hato productor, el cierre de las fronteras a animales vivos y subproductos de países con EEB, fiebre aftosa y otras enfermedades emergentes.
La identificación individual de los animales desde su origen es una herramienta exigida por importantes países consumidores de carne de ganado bovino, para garantizar la inocuidad agroalimentaria de los productos consumidos en sus territorios; permite detectar rápidamente el lugar de origen de los animales, así como de las unidades de producción pecuaria (UPP), ubicar las rutas de movilización con la finalidad de establecer las medidas precautorias necesarias y fundamentar la toma de decisiones correctas en caso de presentarse alguna emergencia zoosanitaria.5
Importancia del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado
El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), es un programa que responde a una política de estado, con el propósito de identificar el animales de interés pecuario a nivel nacional, recabando, integrando y administrando la información desde su origen (nacimiento o importación) hasta su baja (muerte o exportación); estableciendo un Banco Central de Información para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo y la salud animal, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales a través de un trabajo responsable, confiable, honesto y con una permanente actitud de servicio. Con la finalidad de apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de la ganadería mexicana.
El Siniiga es un sistema de identificación individual para las especies animales el cual especifica:
a) Una numeración única y exclusiva para cada animal en todo el país.
b) Un sistema generalizado para todas las especies mencionadas.
c) Una identificación permanente e irrepetible, durante toda la vida del animal o colmena.
d) Un paquete de identificación que emplea dos pares de dispositivos plásticos con el mismo número, para que, en caso de extravío de alguno de ellos, otro permanezca. Los modelos de identificadores son diferentes para cada especie.
e) Banco Central de Información (BCI)6
Beneficios de la identificación
• Unifica y estandariza la identificación animal en un sistema único donde todos los animales estén identificados de una misma manera y evita el gasto en la aplicación de otros esquemas o sistemas de identificación.
• Aumenta la eficiencia en el rastreo retrospectivo (rastreabilidad y trazabilidad) en caso de presentarse algún evento sanitario.
• Actualiza además de mejorar la calidad y exactitud de la información con la que cuenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
• Precisa la información del hato ganadero nacional (número de cabezas, estructura del hato, razas, cruzas, edades, sexo y finalidad zootécnica). Para así poder permitir la implementación de medidas ante contingencias zoosanitarias.
• Promueve y fortalece la creación de mercados nacionales e internacionales.
• Coadyuva al aseguramiento de la inocuidad alimentaria de productos de origen animal.
• Eficienta el uso de los recursos con base en la información para la aplicación de las políticas de apoyo al sector.
Beneficios de la identificación para los productores
• Contarán con una herramienta para mejores prácticas: gestión productiva y sanitaria dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP), conocerán la estructura de su hato (vientres, sementales, crías, etcétera.)
• Diferenciarán a los animales individualmente.
• Aplicaran prácticas reproductivas, nutricionales, genéticas y sanitarias específicas a individuos o grupos de animales.
• Ingresarán a mercados regionales, nacionales e internacionales.
• Accederán a beneficios de programas de apoyo a nivel federal, estatal y municipal.
• Tendrán una herramienta que apoye el combate al abigeato de ganado y de colmenas.
• Establecer un mercado diferenciado de alto poder adquisitivo en el que se incorpore a los productos y subproductos de origen animal con información certificada por un sistema oficial a nivel nacional y reconocido a nivel internacional.
• Dar certeza de origen del ganado o colmenas y de los productos derivados de ellos.
• Ofrecerá certeza al Fondo de Aseguramiento (FA) con el ganado identificado
Problemática con el sistema de identificación
Sin embargo, actualmente este sistema de identificación ha padecido de un mal manejo; principalmente en la zona sureste de nuestro país. En los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en donde se han presentado diversas irregularidades en su funcionamiento:
1. Existe un mercado negro de aretes identificadores de Siniiga. Esta inadecuada actividad facilita el que los animales sean comercializados con mayor facilidad y estimula el desarrollo de abigeato (robo de ganado), debido a que no existen medidas de seguridad que garanticen la comercialización y facilita el traslado de los animales a otras entidades federativas.
2. Los datos proporcionados al Banco Nacional de Información son modificados de forma maliciosa en algunos casos por el personal de Siniga, en otros por los técnicos identificadores autorizados o por los mismos productores; de tal forma que han sido detectados registros de vacas que tuvieron cien becerros en un año (hecho que es imposible porque el periodo de gestación de una vaca comprende un periodo entre 276 y 283 días). Actos que tienen su origen, principalmente, por la liberación de los aretes para que éstos puedan ser vendidos en el mercado negro.
3. Los pequeños productores compran los aretes identificadores en el mercado negro en lugar de registrarse en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Debido a la corrupción que se existe últimamente en las ventanillas, lo tedioso que resultan ser para ellos los trámites burocráticos para la obtención de los aretes identificadores y para estar en posibilidad de vender su ganado.
4. Se han reportado problemas con la colocación de los aretes identificadores, ya sea por falta de capacitación del personal técnico identificador, impericia o incluso corrupción. Se realiza la colocación del arete de manera cruzada; es decir, los aretes de los becerros, se los colocan a las vacas y viceversa. Acto que ocasiona problemas serios a los productores ganaderos al comercializar y movilizar los animales que producen. Porque al vender su ganado tienen que pasar forzosamente a la ganadera para obtener sus guías y la factura que les permita movilizar el ganado; pero indebidamente resulta que los aretes no están en la UPP que se les indica.7
5. No se ha podido identificar a todo el hato de las entidades federativas, porque en las ventanillas autorizadas no se cuenta con los paquetes identificadores necesarios. En ocasiones los productores pagan el costo de los paquetes sin que éstos les sean entregados. Estos actos generan conflicto en el transporte y en el sacrificio de los animales en los rastros, ya que no se permite el proceso del animal si no porta cédula de identificación que acredita sanidad e inocuidad del animal. Además, evita que los productores puedan acceder a los diversos programas sociales que ofrece el gobierno.8 También propicia el que los productores tengan que disminuir los precios de venta al no contar con los aretes identificadores y da lugar a la proliferación de “coyotes” y “acaparadores” de sus ventas.9
6. Otra problemática que se ha presentado en relación a los paquetes identificadores de ganado en el sureste de nuestro país es que, por referencia de los técnicos operadores autorizados: ocasionalmente en las ventanillas autorizadas y locales de Siniiga, se aumentan el costo de los paquetes identificadores de ganado e incluso cobran un monto adicional por cada identificador colocado o por cada identificador que es devuelto; sin que el dinero cobrado para esos efectos sea reportado en la ventanilla porque se lo queda el personal de la misma. Esta actividad beneficia indebidamente el bolsillo del personal corrupto y perjudica la economía tanto del técnico operador autorizado como del propietario o productor pecuario.
Consideraciones
I. Que como diputada federal representante del pueblo, secretaria de la Comisión de Ganadería de esta honorable Cámara de Diputados y participante de esta Cuarta Transformación política de México. Es de gran importancia apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja al sector pecuario de nuestro país.
II. Que le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en materia de sanidad animal, fomentar los programas, elaborar normas oficiales en materia de sanidad, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia. Además de organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas. Todo ello por medio de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas sectoriales.
III. Que debido a la vertiginosa transformación del sector ganadero, el incremento en la demanda de alimentos y el acentuado intercambio comercial de productos de origen animal tanto a nivel local e internacional; ha llevado a que nuestro país se establezcan políticas diversas de protección alimentaria y de sanidad animal, mediante el establecimiento de un sistema de rastreabilidad, tanto de las unidades de producción, como de los animales y de sus productos.
IV. Que con la finalidad de fortalecer el sector pecuario de nuestro país en el 2002, la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con la Coordinación General de Ganadería (CGG), destinó recursos para la creación de un Sistema de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) aún vigente.
V. Que el Siniiga fue creado con la finalidad de identificar a los animales de interés pecuario a nivel nacional, recabando, integrando y administrando la información desde su origen (nacimiento o importación) hasta su baja (muerte o exportación) en un Banco Central de Información, para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo, la salud animal, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales; a través de un trabajo responsable, confiable, honesto y con una permanente actitud de servicio, logrando con esto apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de la ganadería mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para resolver las diversas irregularidades que se están presentando en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado, de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, relacionadas con la venta, cobro indebido, registro incorrecto y mala distribución de los paquetes identificadores de ganado, conocidos como “aretes identificadores”.
Notas
1 FAO. “El papel de la FAO en la producción animal”. Recuperado desde http://www.fao.org/animal-production/es/ el 05 de septiembre de 2019
2 FAO. Departamento de agricultura y protección al consumidor. Producción y Sanidad Animal. “Ganado y Producción Animal” Recuperado el 05 de septiembre de 2019 desde:
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/animal_productio n.html
3 Salazar Sánchez J. y Hernández Beltrán A. Situación, retos y tendencias para el desarrollo sustentable. “La Ganadería Familiar en México. Un enfoque de sustentabilidad” Centro de Estudios para el desarrollo rural sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados. Enero 2018. Recuperado el 07 de septiembre de 2019 desde: http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-ganadern-a_familiar_en_mn-xico-n-_ un_enfoque_de_sustentabilidad.htm
4 Sánchez Salazar, M.T., J.M. Casado Izquierdo y G. Bocco Verdinelli (2013): La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro, México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Recuperado el 07 de septiembre de 2019 desde: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/699/politica.pdf
5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). “Preguntas y Respuestas Frecuentes, Realizadas a SINIIGA-SINIIDA”. 30 de noviembre de 2017. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde:
https://www.siniiga.org.mx/docs/Banco_preguntasSINIIGA.p df
6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Manual de Capacitación para Técnicos Identificadores Autorizados. 27 de octubre de 2016. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde https://www.siniiga.org.mx/docs/Manual_Tecnico.pdf
7 Márquez, A. (02 de mayo de 2019). Irregularidades de SINIIGA afecta a ganaderos veracruzanos. El sol de Tampico. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde:
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/irregularidades- de-siniiga-afecta-a-ganaderos-veracruzanos-3449203.html
8 Amador, A. (29 de julio de 2014) Falta de registro SINIIGA complica transporte y matanza de ganado. NTR Periodismo Crítico.
Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde:
http://ntrzacatecas.com/2014/07/29/falta-de-registro-sin iiga-complica-transporte-y-matanza-de-ganado/
9 Ontiveros, P. (16 de septiembre de 2019). Cae el precio del ganado. Suspenden entrega de aretes de registro. El Mañana . Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde:
https://www.elmanana.com/
cae-el-precio-del-ganado-suspenden-entrega-de-aretes-de-registro-riberena-ganaderia-asociacion-ganadera-crisis/491873 2
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear por la Sectur una política integral turística que permita alcanzar las metas de crecimiento, a consolidar mediante la SSPC un modelo de seguridad pública en los destinos turísticos y a continuar por la SE el fomento de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a crear una política integral turística que permita alcanzar las metas de crecimiento; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de seguridad pública en los destinos turísticos, con un enfoque integral; y de la Secretaría de Economía a continuar la promoción para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Indiscutiblemente el turismo constituye un sector clave para la economía del país. Desafortunadamente, en los últimos meses México cayó de la sexta a la séptima posición, en la que actualmente se encuentra, de arribo de visitantes internacionales a nivel mundial, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Asimismo, es el segundo sector en captación de divisas en nuestro país, representando casi 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) aunque hay indicadores que expresan que va a la baja; y genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos.
El turismo es un sector incluyente, del total de sus empleos generados, 56 por ciento son ocupados por mujeres y 20.6 por ciento por jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El empleo turístico aumentó 3.3 por ciento en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018, cifra mayor a lo alcanzado por el empleo nacional que fue de 2.5 por ciento. Durante el primer trimestre de 2019, la llegada de turistas internacionales fue de 11.1 millones, superior en 512 mil turistas al observado en el primer trimestre 2018 y equivalente a un crecimiento anual de 4.8 por ciento.
El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 7 mil 31 millones de dólares, lo que representó un incremento de 12.9 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. Asimismo, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en el primer trimestre de 2019 alcanzó los 13 millones 521 mil turistas (70.4 por ciento); mientras que 5 millones 685 mil fueron turistas internacionales (29.6 por ciento).
México ocupa la posición 22 en el Índice de Competitividad Turística, subiendo 8 posiciones en comparación con el último reporte publicado de 2015, sin embargo, dentro de las recomendaciones que realiza el Foro Económico Mundial para mejorar la competitividad, se menciona mejorar la seguridad, ya que nos encontramos en la posición 113 de 136 países evaluados. El tema ambiental y sostenible, también requiere de especial atención, siendo un reto para México seguir desarrollándose, preservando al mismo tiempo el medio ambiente.
Por lo que hace a infraestructura hotelera, de acuerdo con el Portal Datatur, de 1999 a 2018 se ha realizado una inversión de 20 mil 130 millones de dólares en el país en construcción de cuartos de hotel. Y se calcula que al cierre de 2019 tendremos 23 mil 200 hoteles y 834 mil cuartos noche, ubicándonos en la octava posición a nivel mundial en infraestructura hotelera.
A pesar de que el Sector Turismo ha mostrado un crecimiento, con gran aporte a la economía nacional, actualmente se enfrenta a grandes retos que podrían impactar en el crecimiento positivo que ha presentado:
I. Cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los destinos y producto turístico del país. El pasado 19 de junio, se aprobó en el senado, la desincorporación del CPTM, así como el cierre de sus oficinas de representación en el extranjero, a pesar de haber sido un organismo que posicionó a México como una potencia turística con una derrama económica de 22 mil 500 millones de dólares.
II . Las alertas de seguridad que ha emitido Estados Unidos de América (EUA), el principal país emisor de turistas a México, sobre viajar a los principales destinos turísticos de nuestro país, debido a la inseguridad, así como la inseguridad que se presenta en las carreteras, aunado a una falta de promoción para contrarrestar la mala publicidad en el exterior, ha impactado en la imagen del país a nivel internacional, repercutiendo en el arribo de visitantes internacionales.
III . Seguimiento a programas de impulso al sector. Programas como Prodermagico, Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, creado en 2001 para potenciar las cualidades turísticas de las comunidades, que se veía reflejado en infraestructura, promoción y mejoramiento de imagen urbana, en los Pueblos Mágicos, ha desaparecido, debilitando el mismo programa de Pueblos Mágicos, sin certeza de cómo se continuará con el programa.
Misma atención merece la continuidad de los grupos de trabajo y mesas de trabajo en las que se colaboraba con la Secretaría de Turismo federal (Sectur), el diseño y actualización de Normas Turísticas, Grupos Técnicos de Planeación y Desarrollo Turístico, Consejo Consultivo de Turismo Médico, Política Nacional Gastronómica; entre otros.
IV. Seguimiento a programas de impulso al sector. México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y playa, concentrándose el mercado, principalmente en centros playa; sin embargo, existen otros segmentos emergentes como lo es el turismo cultural, ecoturismo, turismo médico, deportivo, de lujo, de reuniones, entre otros, que ofrecen la oportunidad de generar una mayor derrama económica y llevar a los turistas a otros destinos que cuentan con la infraestructura y el producto turístico para atenderlos.
Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo carece de estrategias claras para el crecimiento del turismo a nivel nacional y de mecanismos para alinear las prioridades de la política turística en los planes y programas de los tres niveles de gobierno. Resulta indispensable mejorar el enfoque en la implementación de los recursos del sector turístico.
En tal virtud, para Acción Nacional resulta en extremo preocupante que con las características de nuestro país, que por naturaleza le convierten en un gran destino turístico, el gobierno federal no cuente con una política integral ni indicadores claros en materia de turismo, lo que ha provocado una acelerada caída en la derrama económica en materia turística, que se agrava día con día, y que impide alcanzar las metas de crecimiento esperadas. Por ello, estimamos indispensable la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a diseñar un modelo de promoción turística que desarrolle estrategias que atraigan a los mercados emergentes, cada vez más enfocada al consumidor, aprovechando la tecnología y uso de plataformas digitales para facilitar el acceso a la información, la reservación y la compra. Así como a coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la iniciativa privada para diseñar conjuntamente el modelo de promoción turística a nivel nacional e internacional.
Segundo . Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a los grupos y comités que ya estaban estructurados y que incluían la participación de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil; incrementar la eficacia del gabinete turístico, instancia encargada del análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las estrategias, los programas y las acciones vinculadas con la política nacional turística; e impulsar el fortalecimiento de los tres órdenes de gobierno con el sector empresarial, laboral y académico a fin de mejorar la implementación de las políticas públicas y de potenciar los alcances de la inversión y el desarrollo turístico.
Tercero . Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo elaborar estudios de mercado que comprendan el perfil, las características y las tendencias de los segmentos objetivos locales y regionales; identificar los productos y servicios sustentables por desarrollar a corto, mediano y largo plazo con el apoyo de micro y pequeñas empresas de turismo; y revisar la regionalización turística con base en el desarrollo del producto turística, de acuerdo con su vocación.
Cuarto . Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a consolidar un modelo de seguridad pública en los destinos turísticos, con un enfoque integral tendiente a coordinar la colaboración entre los tres niveles de gobierno y el sector turístico, a combatir el delito y a fortalecer la prevención con base en el intercambio oportuno de información entre autoridades, sistemas de vigilancia, denuncia ciudadana, teléfonos de emergencia, botones de pánico, plataformas digitales de alerta y policía turística de proximidad.
Quinto . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a continuar la promoción en la creación de micro, pequeñas y medianas empresas mediante acceso a financiamiento, capacitación, asesoría, asistencia técnica y otros apoyos; a fortalecer las campañas de participación de empresas mexicanas en las cadenas globales de abastecimiento del Sector Turismo, el incremento de la competitividad del sector y el fortalecimiento del consumo interno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 7 de septiembre de 2017, las organizaciones de la sociedad civil Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, OP, AC, y Justicia Pro Persona, AC, presentaron ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México, con motivo del incremento de los feminicidios y otros delitos y violencias contra las mujeres, la cual fue registrada con el número AVGM/07/2017 y presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
El grupo de trabajo de personas expertas conformado en cumplimento al artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV emitió seis medidas y veinte recomendaciones de atención urgente para el Gobierno de la Ciudad de México, sobre las cuales el Gobierno de la Ciudad de México informó de su cumplimiento en noviembre de 2018.1 Dicho informe de cumplimiento a las medidas y recomendaciones fueron dictaminadas por el grupo de trabajo experto, determinando que éstas fueron atendidas en sólo un treinta por ciento.2 Sin embargo, el 7 de junio de 2019, la Conavim resolvió? como improcedente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México en virtud de que el actual Gobierno de la Ciudad de México había emprendido acciones para la implantación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo.3
Ante este panorama, las organizaciones sociales promoventes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México solicitaron un amparo, el cual fue resuelto como Amparo Indirecto 968/2019-I por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa,4 en favor de emitir la declaratoria para la Ciudad de México por parte de la Conavim en un plazo no mayor a 10 días naturales, con la finalidad de actuar con la debida diligencia y cumplir con las obligaciones de proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres de la Ciudad de México a una vida libre de violencia.
En este sentido, resulta de suma importancia que la Conavim atienda la resolución del Amparo Indirecto 968/2019-I a fin de que el Gobierno de la Ciudad de México continúe y mantenga un trabajo sostenido para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, frente al panorama de feminicidios, violencias y delitos cometidos contra las mismas y del que dieron cuenta tanto las organizaciones solicitantes como los propios informes que integran la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México AVGM/07/2017. Lo anterior, con independencia de que el proceso de solicitud haya iniciado en la administración pública local anterior y de las acciones que el gobierno local haya emprendido en los primeros diez meses de su administración, considerando que, del proceso del caso que nos ocupa, todavía existe un setenta por ciento de medidas y recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo experto que no fueron atendidas, además de un conjunto de diecisiete recomendaciones complementarias que la propia Conavim emitió para el Gobierno de la Ciudad de México como parte de su resolución de fecha 7 de junio de 2019, las cuales deben implementarse y monitorearse en el marco del proceso de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México.
Por lo anterior, y en virtud de salvaguardar la vida de las mujeres de la Ciudad de México y garantizar su derecho a una vida libre de violencia, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único : La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, en cumplimiento al amparo indirecto 968/2019-I, concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Notas
1 Oficio SG/15733/2018 el 16 de noviembre de 2018 e “Informe Ejecutivo sobre las acciones llevadas a cabo para implementar las propuestas contendidas en las 6 medidas urgentes y 20 conclusiones emitidas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/07/2017 de alerta de violencia de género contra las mujeres en la ciudad de México”, disponible en: https://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_EM
2 “Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe emitido por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México”, 28 de mayo de 2019, disponible en https://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_EM
3 “Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto la Solicitud de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México”, 7 de junio de 2019, disponible en https://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_EM
4 “Justicia Pro Persona Asociación Civil | Secretaría De Gobernación Exp: 968/2019”, disponible en https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-justicia-pro-persona-asociacion -civil—secretaria-de-gobernacion
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 3 de octubre de 2019.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a promover las acciones o denuncias respectivas para imponer las sanciones procedentes por las posibles irregularidades en la operación del complejo petroquímico de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, revise, informe y, en su caso, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones que procedan por las posibles irregularidades en la operación del Complejo Petroquímico de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, a cargo de Pemex Transformación Industrial (PTRI) en el estado de Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La función de la industria petroquímica, es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Las principales cadenas petroquímicas son:
1. Metano (gas natural)
2. Etano (olefinas ligeras)
3. Naftas (aromáticos)
La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre otras. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas productivas, es imprescindible que se fortalezca y pueda así abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que ésta requiere.1
En junio de 2016 Braskem-Idesa inauguró su complejo petroquímica en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en el estado de Veracruz; complejo integrado por un cracker de etileno a base de gas etano, 2 plantas de polietileno de alta densidad con capacidad de 750 mil toneladas por año, una planta de polietileno de baja densidad de 300 mil toneladas por año y una planta cogeneradora de energía eléctrica de 175KW; que ameritó una inversión de 5 mil 200 millones de dólares, con la tecnología más avanzada, y con el que se preveía producir 1 millón 50 mil toneladas de polietilenos anuales.2
Braskem-Idesa es una empresa mexicana fundada en 2010 formada por la asociación de Braskem con el 75 por ciento de la participación (Brasil), la mayor petroquímica productora de termoplásticos en el continente; y por Grupo Idesa con el 25 por ciento de la participación (México), uno de los líderes de la petroquímica en el país.3 Con este proyecto, Braskem-Idesa se posicionaría como empresa líder en el sector de polietilenos en el país, lo que llevó a Braskem a invertir y asociarse con el Grupo Idesa, pionero en nuestra industria.
La construcción de la planta, por asignación directa, estuvo a cargo de Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional-Ingeniería Industrial. Odebrecht se comprometió con un costo de dos mil millones de dólares, aunque el costo final de la obra sobrepasó los cinco mil millones.
Se estimó que este complejo petroquímico tendría un impacto positivo en la balanza de divisas del país, hasta por 2 mil millones de dólares por año que podría representar aproximadamente una reducción del 10 por ciento del déficit del sector químico nacional lo que, de tener verificativo, brindaría grandes oportunidades de desarrollo social y económico. Se refiere que desde el inicio de su construcción en 2010 se crearon más de 26 mil empleos temporales y se dijo que con el principio de la etapa de operación se crearían, además, 3 mil empleos permanentes que beneficiarían, sobre todo, a los mexicanos del sureste.
Este complejo, se estimó, contribuiría a la reactivación de la Industria Petroquímica Nacional; sería ancla del Corredor Transoceánico como parte del programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y un buen ejemplo de la colaboración entre el sector público y privado para beneficio del desarrollo económico y social del país. Asimismo, se dijo, se utilizaría de manera noble una corriente de gas natural “Etano” que estaba subutilizada en el país y que tendría un suministro garantizado por Pemex a través de un contrato de 66 mil barriles por día, por un plazo de 20 años.
En 2015 el mercado mexicano de polietilenos presentó un déficit de 1.6 millones de toneladas por año; déficit que se predijo, se reduciría significativamente al atender gran parte de la demanda nacional al sustituir importaciones a partir de este proyecto ya que, además de priorizar sus ventas al mercado nacional, como complemento de la estrategia nacional se exportarían sus polietilenos a diversos país como EUA, América del Sur y Europa, priorizando en todo momento a los habitantes de la región en las oportunidades de servicios y empleos; vislumbrando, además, a implementación de diversos proyectos productivos y educativos para contribuir permanentemente al desarrollo de la región.4
Pese entonces a las promesas, metas y expectativas con motivo de la creación del complejo petroquímico multicitado la realidad se impuso y nos ha mostrado un panorama totalmente diferente...
De todos es sabido el alarmante nivel de corrupción en Petróleos Mexicanos durante el sexenio pasado con motivo de la transmisión de operaciones y activos al sector privado.
Recordemos que la empresa brasileña Odebrecht en Estados Unidos reconoció haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares en México entre 2010 y 2014. Cuando ello ocurrió se estimó indispensable investigar las facilidades dadas a Braskem para la instalación de este complejo petroquímico.
“Tan sólo en 2016 –primer año de operación de la planta–, el costo de producción y traslado de etano a la planta de etileno XXI, en la zona industrial de Coatzacoalcos, fue de tres mil 123 millones de pesos, mientras que los empresarios brasileños y sus socios mexicanos pagaron sólo mil 188 millones de pesos por el insumo. Es decir, ese año, la pérdida para Pemex fue de mil 935 millones de pesos, de acuerdo con el dictamen de la ASF”,4 Pemex, incapaz de surtir etano propio a sus plantas y al mismo tiempo cumplir lo pactado (66 mil barriles diarios) con Braskem-Idesa, tiene que importar la molécula y en la operación carga con 62 % de los costos.
Con el compromiso de suministrarles 66 mil barriles diarios de etano, ha tenido que recortar 30 por ciento el abasto del mismo insumo a sus propias petroquímicas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos. En el contrato firmado con Braskem-Idesa, Pemex aceptó pagar una multa de hasta 300 millones de dólares en caso de incumplimiento. Sin embargo, al no ser suficiente la producción de etano se vio obligado a importar el insumo.6
El 18 de junio de 2018 la coalición Por México al Frente presentó ante la PGR una denuncia penal contra José Antonio Meade, entonces candidato del PRI a la Presidencia, y Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, y todos los que resulten responsables por su participación en el fraude transexenal de Etileno XXI7 En la denuncia se afirmó que el fraude de Odebrecht no es un hecho de corrupción del pasado, sino que sigue operando a través de su filial Braskem, aliada a la mexicana Idesa.
Se refirió que la paraestatal pierde casi 2 mil mdp cada año, sin considerar los gastos de administración. Es por eso que la ASF, tras la revisión de la Cuenta Pública, solicitó modificar o cancelar, cuanto antes, el contrato. Por cierto, México es el único país en el que los contratos en los que ha estado involucrado Odebrecht subsisten.
Sin embargo, el consorcio conformado por las empresas Braskem e Idesa negó que exista un “precio preferencial en el etano suministrado” a su planta y aseveró que no incurrió en “irregularidad alguna en sus actividades en México”,8 que “es una empresa separada e independiente de Constructora Odebrecht en México”, pues “cuenta con Gobierno Corporativo, Consejo de Administración, gestión y toma de decisiones, propias”.
Penalización millonaria a Pemex por no cumplir con abasto a Etileno XXI
En 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una penalización por 810 millones de pesos al no haber cumplido con el volumen de gas comprometido para el complejo de Braskem-Idesa Etileno XXI, indica la revisión a la Cuenta Pública 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).En la auditoría 2017-6-90T9M-15-0504-2018, de cumplimiento financiero, a Pemex Transformación Industrial, la ASF dice que este organismo “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.9
El documento enumera que si Pemex no cumple con el abasto de gas etano a Etileno XXI, se le debe aplicar una penalidad económica hasta del 200 por ciento en referencia al volumen que se iba a recibir. Al contrario, si el complejo privado no recibe el volumen comprometido, sólo debe ser penalizado con el 30 por ciento del costo total del producto.
Esto ocasionó que en 2017, Pemex Transformación Industrial fuera penalizada con 810 millones 155 mil pesos, por que no suministró unos 132 mil millones de metros cúbicos de gas a es cliente.10
La Auditoría dice que estas condiciones están documentadas desde el 2016, cuando se revisó la cuenta pública de ese año, y en donde se encontró que Pemex tuvo pérdidas hasta por mil 935 millones de pesos por abastecer en ese entonces a los inversionistas del proyecto Etileno XXI.
Pemex pagó entre 2015 y 2016 más de 668 millones de pesos por servicios no prestados y perdió otros mil 935 millones de pesos al vender etano a un precio menor al costo de ventas y al gasto de transportación a la empresa Braskem-Idesa en Veracruz.11
Hoy, a 3 años del inicio de sus operaciones, para Acción Nacional es de imperiosa necesidad conocer a ciencia cierta los resultados de su gestión, avances, cumplimiento de metas, empleos generados, producción lograda, divisas generadas, eventual disminución del déficit -en su caso- y la tan prometida incidencia en el desarrollo de la región.
Por ello, estimamos indispensable la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación dar continuidad a las investigaciones y resultados correspondientes a la revisión de la gestión financiera emitidas en la Tercera Entrega de la Cuenta Pública de 2017 sobre la operación del consorcio Braskem-Idesa en el Complejo Petroquímico localizado en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, para lo cual, dicho consorcio habrá de proporcionar información suficiente y transparente conforme a lo que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre los montos de inversión y su avance; así como los resultados de su gestión desde la inauguración del complejo petroquímico hasta la fecha.
Segundo . Asimismo se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, de existir irregularidades, determine el fincamiento de responsabilidades y promueva las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones que procedan por la detección de posibles irregularidades y, en su caso, emitir las conclusiones pertinentes que fundamenten la cancelación del contrato con la empresa denominada Braskem-Idesa.
Notas
1www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6970/Petroquimic a_final.pdf Información consultada en internet el 25 de julio de 2019.
2 www.braskem.com.br/idesa/press-releases-detalhe/
braskem-idesa-inaugura-su-complejo-petroquimico-en-veracruz Información consultada en internet el 25 de julio de 2019.
3 https://www.braskem.com.br/idesa/historia Información consultada en internet el 25 de julio de 2019.
4 www.braskem.com.br/idesa/press-releases-detalhe/
braskem-idesa-inaugura-su-complejo-petroquimico-en-veracruz Información consultada en internet el 25 de julio de 2019.
5 Olmos, Raúl (Reforma 31/05/18).
6 https://aristeguinoticias.com/3105/mexico/todos-nosotros-pagamos-esto-a ristegui-sobre-etileno-xxi-video/
7 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Etileno-XXI-el-caso-Odebrecht-e n-Mexico-20180619-0174.htm
8 https://www.proceso.com.mx/537991/
consorcio-braskem-idesa-se-deslinda-de-odebrecht-y-defiende-contrato-para-etileno-xxi-en-mexico
9 https://liberal.com.mx/penalizacion-millonaria-a-pemex-por-no-cumplir-c on-abasto-a-etileno-xxi/
10 Ibídem.
11 https://www.sinembargo.mx/09-10-2018/3482537
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SSPC a reforzar la estrategia de seguridad y combate de la delincuencia en Tamaulipas y aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional en la entidad, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar la estrategia de seguridad y combate de la delincuencia en Tamaulipas y aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional en el estado, con base en las siguientes
Consideraciones
La Estrategia Nacional de Seguridad de Pública, implantada por el nuevo gobierno, se encuentra establecida en ocho ejes estratégicos: “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, pleno respeto y promoción de los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, reformulación del combate de las drogas, emprender la construcción de la paz, recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, seguridad pública, seguridad nacional y paz, así como la creación de la Guardia Nacional”.1
Dicha estrategia considera la instalación de 266 regiones prioritarias, de las cuales 153 fueron clasificadas como zonas de mayor violencia, según la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
El pasado 5 de febrero, el presidente de la Republica informó sobre la implantación de la primera etapa de dicha estrategia de seguridad, comenzando en 17 regiones consideradas prioritarias donde, a su decir, se lleva a cabo 35 por ciento de los homicidios del país.
En dichas zonas se previó establecer un estado de fuerza de 600 elementos por cada coordinación regional, darles prioridad en la distribución de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, así como acelerar la oferta de programas integrales de desarrollo del gobierno de México, entre otras acciones.
El pasado 13 de agosto en “conferencia de prensa matutina” del presidente Andrés Manuel López Obrador”, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio indicó que la GN hasta la fecha tiene “desplegados 150 elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones regionales y constituidos con 56 mil 191 elementos que son integrantes o eran integrantes de la Policía Militar, la Policía Naval y, como dije, personal de la Sedena que se encuentra en apoyo de la Guardia Nacional”.2 Sin embargo, se señala que gran número de efectivos se encuentra en diversos cursos o realizando otras actividades operativas y no en funciones propiamente de Guardia Nacional.
En el mismo sentido, se informó que Tamaulipas cuenta con sólo cuatro coordinaciones regionales, con un total de mil 215 elementos de la Guardia Nacional, situación que es preocupante si consideramos el índice delictivo que permea en la entidad, en comparación por ejemplo con Zacatecas y Querétaro, que tienen más integrantes de la GN desplegados que Tamaulipas, pese a que se tienen registrados más de doble de homicidios en esta última entidad que en las dos primeras.
Lo anterior, sin considerar que aun cuando el Ejecutivo federal señalara en su gira por Tamaulipas el mes pasado la reducción de la incidencia delictiva en la entidad, la percepción de los ciudadanos es distinta.
La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019 reporta que los tamaulipecos gastaron en medidas preventivas un aproximado de 2 mil 884 millones de pesos. Asimismo, se informa que el costo total de la inseguridad y el delito en los hogares de Tamaulipas en 2018 fue de 5 mil 745 millones de pesos, 7 por ciento por ciento más con relación a 2017, además de que hubo 19 mil 313 víctimas de delitos, contra la cifra de 18 mil 804 del año anterior.3
En febrero pasado, un servidor solicitó a esta soberanía exhortar a la “Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a incluir a Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre las regiones prioritarias del Plan de Combate a la Inseguridad, con el objetivo de que se beneficiara de las acciones de dicha estrategia y se atendiera con ello la grave crisis de inseguridad y violencia en el municipio”.4
Sin duda, ha habido avances en materia de seguridad en Tamaulipas. Sin embargo, se requiere reforzar la estrategia de seguridad y fortalecer el apoyo federal en este rubro con más elementos de la Guardia Nacional en la capital del estado para reforzar las tareas de seguridad en el municipio.
Por ello propongo a esta soberanía exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional en Ciudad Victoria para reforzar las tareas de seguridad y combate de la delincuencia.
Por lo expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar la estrategia de seguridad y combate de la delincuencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aumentando el número de elementos de la Guardia Nacional en el municipio.
Notas
1 Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (2019). Recuperado de
https://www.gob.mx/sspc/articulos/estrategia-nacional-de -seguridad-publica
2 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, martes 13 de agosto 2019, https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la -conferencia-de-prensa-matutina-martes-13-de-agosto-2019?idiom=es
3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, Inegi,
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
4 Punto de acuerdo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, 12 de febrero de 2019, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, disponible en
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/02/asun_3811257_20190212_1550008226.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a iniciar los trabajos encaminados a ratificar el Convenio 190, sobre violencia y acoso laboral, de la OIT, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar los trabajos encaminados a ratificar el Convenio 190, sobre violencia y acoso laboral, de la OIT, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al referirse a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y su efecto vinculante el académico Roberto Charis Gómez1 afirma que el proceso de adopción de convenios corresponde a la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual se reúne en el mes de junio de cada año en Ginebra, Suiza. La adopción se da cuando se cuenta con una votación de 2/3 partes de los votos emitidos por los delgados presentes.
Asimismo, aduce que, una vez adoptados, los convenios deben ser comunicados oficialmente a todos los países miembros, quienes han de realizar una serie de acciones orientadas a su discusión, y en su caso, a su ratificación.
Por añadidura, señala, el estudio de un convenio tendiente a su ratificación, pueden presentarse las siguientes situaciones: “que lo dispuesto en el instrumento ya tiene vigencia en las leyes y en los hechos del país, y que no hay problema para ratificarlo o aceptarlo; puede recomendar que se promulguen leyes para ponerlo debidamente en práctica y poderlo ratificar –si se trata de un convenio–; puede recomendar que se aplique la cuestión de la ratificación para dar tiempo a las consultas y estudios necesarios sobre la materia, o puede recomendar que no se ratifique determinado convenio”.
En fecha reciente –junio de 2019– la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 190,2 sobre la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
El citado convenio dispone una protección amplia hacia los trabajadores, esto en los artículos 2 y 3:
1. El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador.
2. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.
Por cuanto a sus alcances, en términos de su ámbito de aplicación, señala el artículo tres:
El presente Convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:
a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo;
b) en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;
c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo;
d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación;
e) en el alojamiento proporcionado por el empleador, y
f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.
En el artículo subsecuente enumera las acciones que todo miembro que ratifique el convenio debe adoptar, entre ellas la de establecer mecanismos de control y de seguimiento o el fortalecimiento de los mismos, así como el de garantizar la existencia de medios de inspección e investigación efectivos:
Artículo 4
1. Todo miembro que ratifique el presente Convenio deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
Todo miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros, cuando proceda, y consiste, en particular en:
a) prohibir legalmente la violencia y el acoso;
b) velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso;
c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso;
d) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes;
e) velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo;
f) prever sanciones;
g) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda, y
h) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.
Cabe destacar que el citado instrumento define como violencia y acoso a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
Siendo esta última, la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.
Asimismo, el Convenio contempla un capítulo sobre protección y prevención enlistando las medidas apropiadas en esa dirección y que deben involucrar a autoridades y a organizaciones de trabajadores y empleadores.
En otro, dispone se haga un seguimiento y control de la aplicación de las normativas nacionales y se garantice un fácil acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces y a mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos en los casos de violencia y acoso, que sean seguros, equitativos y eficaces.
Además, el Convenio 190 dispone un capítulo concerniente a la orientación, la formación y sensibilización, afecto de que, en consulta con trabajadores y empleadores, la violencia y el acoso se aborden en las políticas nacionales pertinentes, como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación, y la migración; y que se proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus organizaciones respectivas, así como a las autoridades competentes, en forma accesible.
Vistas las consideraciones expuestas, en tanto se encuentran en ciernes la totalidad de los planes sectoriales que orientaran la concreción del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración, nos parece pertinente y oportuno instar al Ejecutivo federal dar cauce a los trabajos necesarios que desemboquen en la ratificación de este instrumento internacional, como un gesto de compromiso absoluto para prevenir, combatir y erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a iniciar los trabajos encaminados a suscribir el Convenio 190 sobre violencia y acoso laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para posteriormente remitirlo al Senado de la República para su ratificación.
Notas
1 La política laboral de México a la luz de los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT Roberto Charis Gómez; Revista de la Facultad de Derecho, México; Vol. 58, No 249 (2008); páginas 95 y ss.
2 Ver: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/texts-adopted/WCMS_7117 21/lang—es/index.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a formular y coordinar programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de sexting o grooming, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, formule y coordine programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito que son instigados por sus pares (sexting) o seducidos por adultos (grooming) a través de manipulación y engaño mediante el uso del internet y redes sociales provocando la realización de acciones de índole sexual para conseguir generación y envío de material de erótico o pornográfico, logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de edad.
Consideraciones
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen herramientas privilegiadas para el desarrollo de las personas en general y de las niñas, niños y adolescentes en particular al facilitar el manejo de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y transformarla en conocimiento. El uso de las TIC se encuentra cada vez más difundido, tanto por la aparición de nuevos dispositivos como por la reducción de los costos asociados a su uso.i
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUITH 2018), el 26.5 por ciento de usuarios de Internet por grupos de edad son niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 17 años.ii
Las niñas, niños y adolescentes cada vez más desarrollan sus actividades cotidianas a través del ciberespacio y las TIC las y los involucran en un mundo globalizado en donde también se pone en riesgo su seguridad.
Hay acciones como el sexting que se convierte en una práctica de riesgo cuando se ven involucradas personas menores de edad. Consiste en el envío de fotografías o videos con una connotación sexual tomadas por el propio individuo.iii El riesgo consiste en que los contenidos pueden ser utilizados en forma dañina por los pares que en ocasiones son los propios amigos y compañeros de las niñas, niños y adolescentes.
También el ciberacoso sexual infantil, conocido bajo el anglicismo de grooming, que llevan cabo adultos, haciéndose pasar por un niño, en un medio digital (redes sociales, email, chats, juegos interactivos, etc.) para ganarse la confianza y amistad de un niño o niña a través del engaño, con el único fin de pedirle imágenes o actos de contenido sexual o erótico para satisfacerse sexualmente, buscando incluso un encuentro.iv
Además, es común que estas acciones sean sólo la antesala y avancen configurando delitos de trata infantil, pornografía o abuso sexual.
Las cifras son alarmantes, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),v la captación de menores con fines sexuales puede llevar minutos, horas, días o meses, según los objetivos y las intenciones del agresor y las reacciones de los menores. Asimismo, quienes tienen mayor peligro de ser manipulados psicológicamente con fines sexuales son los adolescentes, en particular las niñas.
En México al menos uno de cada siete menores de edad ha recibido solicitudes sexuales, generalmente por adultos que se hacen pasar por “amigos” en las redes sociales, donde 80 por ciento de los que las utilizan aceptan a desconocidos y 43 por ciento habla con ellos.vi
Especialistas señalan que las causas por las que las personas menores de edad realizan sexting son despertar sexual, inclusión social, exceso de confianza, falta de cultura de privacidad, impulsividad y expansión de las TIC, entre otros.
Sería un error pensar que todos los niños y los jóvenes son hábiles por igual o están familiarizados del mismo modo con el entorno en línea, o que están igualmente bien informados al respecto. Además, sucede que muchos de los padres viven lo que se denomina analfabetismo cibernético y las niñas, niños y adolescentes van a la vanguardia en la navegación en Internet, utilización de dispositivos electrónicos, y manejo de aplicaciones.
La era de la globalización indica que la influencia decisiva que ejerce Internet en la vida de los niños de todo el mundo seguirá en aumento y evolución.
En la medida que se van haciendo más sofisticadas las formas de atentar contra el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, el Estado mexicano debe emprender acciones concretas que alerten y protejan a las personas menores de edad contra el acoso y violencia sexual en el ciberespacio.
Ante todo, siempre las acciones preventivas tienen un papel preponderante para reducir el riesgo y elevar la seguridad de niñas y niños durante su navegación en el ciberespacio.
Sin embargo, lo cierto es que algunas niñas y niños ya han sufrido daños y otros más se verán afectados en un mundo en constante evolución del ciberespacio y su interrelación con el entorno en línea.
Los daños psicosociales que enfrentan las niñas y los niños víctimas ciberacoso van desde la culpa, vergüenza, aislamiento, miedo, agresividad, silencio, conducta retraída, alejamiento de amigos, negación a volver a utilizar redes sociales, e incluso, suicidio. Es necesario brindar acompañamiento psicológico e integral a las víctimas, para que no cometan actitudes de riesgo en la utilización de sus redes sociales, que se fomente la confianza en ellos mismos y vuelvan a revalorizarse para retomar el desarrollo normal de su vida.
Asimismo, la asistencia y contacto con los padres y maestros también es necesaria, para que puedan comprender las experiencias de sus hijos y alumnos en línea y les ofrezcan apoyo integral en todos los espacios donde interactúan de manera cotidiana las niñas y los niños.
El acompañamiento en los procesos de investigación de sexting y grooming debe proteger a las niñas y los niños abusados para que no experimenten traumas adicionales de revictimización durante el proceso de investigación.
El presente punto de acuerdo se proponen en virtud de que el artículo 27, fracción VII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala como atribución de la Secretaría de Gobernación formular la política de prevención social del delito, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado.
En ese sentido, resulta fundamental tomar cartas en el asunto para considerar que es responsabilidad de los gobiernos garantizar la protección pero también acompañamiento integral para la adecuada reinserción social de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales cibernéticos para promover la superación de estas experiencias y que retomen su vida cotidiana con seguridad y normalidad.
En virtud de lo anterior, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad en la materia, formule y coordine programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito que son instigados por sus pares (sexting) o seducidos por adultos (grooming) a través de manipulación y engaño mediante el uso del internet y redes sociales provocando la realización de acciones de índole sexual para conseguir generación y envío de material erótico o pornográfico, logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de edad.
Notas
i Visto en link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450005/Presentacion_ENDU TIH_2018.pdf
ii Ídem.
iii Visto en link: https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting
iv Visto en link: https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/ciberaco so-grooming
v Visto en link: https://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Ino centti.pdf
vi Visto en link: https://www.milenio.com/cultura/el-grooming-nuevo-ciberdelito-en-mexico
Dado en la Cámara de Diputados, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reconocer la fibromialgia como una enfermedad que genera invalidez permanente y garantizar su correcto diagnóstico y tratamiento, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La fibromialgia es una neuropatía originada en el sistema nervioso central y daña los nervios transmisores del dolor.
De acuerdo con el jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Eduardo Calixto González, 3 millones de personas padecen fibromialgia en México; es decir, 2.5 por ciento de la población. En años recientes, el número ha aumentado drásticamente en el país. La población más afectada es la de los estados del norte de México y en especial las mujeres. Este último grupo se ha visto especialmente vulnerado, ya que se realizan aproximadamente 4 veces más diagnósticos en comparación a los hombres. Sin embargo, la enfermedad se hace presente en todo tipo de personas, ya que su origen puede ser atribuido a alteraciones genéticas, inmunológicas, neuronales y hormonales.
De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, el padecimiento puede ser específicamente detonado por las siguientes dos situaciones:
1. Experimentar una impresión o sentimiento de gran impacto que deje secuelas psicológicas en el individuo.
2. Estar expuesto a condiciones de estrés extremo por un tiempo prolongado.
En el segundo punto, los trabajadores mexicanos de distintas industrias y profesiones están en un constante riesgo a padecer esta enfermedad. En la actualidad, muchos empleos exigen al trabajador pasar prolongados periodos de tiempo en situaciones de estrés, lo cual automáticamente los convierte en candidatos para contraer fibromialgia y experimentar los síntomas.
Entre los especialistas hay consenso sobre la existencia de una correlación positiva entre estar inmerso en un ambiente laboral ajetreado y padecer fibromialgia. Esta situación se vuelve especialmente delicada en México, donde de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el país ocupa el primer lugar en estrés laboral, por encima de países como China y Estados Unidos. El último reporte emitido por la OMS revela que 75 por ciento de los trabajadores mexicanos padece síntomas de “burnout” o fatiga por estrés laboral.
Una vez que la enfermedad se presenta en el paciente, los síntomas son principalmente la pérdida de fuerza en los músculos, así como dolor en articulaciones y músculos, lo que puede llevarlos a experimentar dolor intenso generalizado en el cuerpo. Esta enfermedad se caracteriza por manifestarse a través de medios tanto físicos como psicológicos. El bienestar del trabajador se ve afectado de manera general, por lo cual representa un enorme obstáculo para continuar con actividades laborales rutinarias.
Este padecimiento cumple las características y los requerimientos para determinar a una persona en situación de discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo 2, fracción IX, establece que la discapacidad es
La consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
La misma ley distingue en su artículo 2, fracción XI entre la discapacidad física, mental e intelectual. La fibromialgia cumple con la discapacidad mental descrita en este mismo artículo el cual presenta la siguiente definición:
A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
De igual manera, el padecimiento puede ser catalogado en la descripción de discapacidad física, que en la fracción X la describe como
La secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que dentro de su reglamento reconozca la fibromialgia como una enfermedad que genera invalidez permanente y sea armonizado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que México ha ratificado.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que considere a la fibromialgia como un riesgo de trabajo y sea contemplada en la tabla de enfermedades de trabajo contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)
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