Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5410-XIII, martes 26 de noviembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y de Michoacán a agilizar la liberación de las vías férreas en Tiripetío, Morelia; y Caltzontzin, Uruapan, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Ricardo Francisco Exsome Zapata, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que se agilice la liberación de las vías férreas en la localidad de Tiripetío, municipio de Morelia y Caltzontzin, municipio de Uruapan en el estado de Michoacán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El transporte de mercancías en México a través del ferrocarril, es un medio de conexión fundamental para nuestro país, que permite trasladar grandes capacidades de mercancía en largos trayectos con bajos costos de operación y una gran variedad de productos que, trasladarlos por carretera implicaría una mayor inversión y congestión de tráfico que aumentando el número de siniestros.
Aunado a lo anterior, el ferrocarril abre una amplia posibilidad de conectividad a través de la intermodalidad con otros medios de transporte, como lo son puertos y aeropuertos, permitiendo así la transportación de mercancías desde el Pacífico al Golfo de México y del Sur al norte de nuestro país.
México cuenta con poco más de 26 mil kilómetros de vías férreas, de los cuales Michoacán tiene 1,242.4 km y tienen interconectividad directa con los Puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tampico, lo que representa una importante derrama económica para esta región.
Los bloqueos se han registrado en este año principalmente en el Estado de Michoacán sumando un preocupante total de 58 días en donde se ve interrumpido el servicio ferroviario por manifestaciones y protestas ajenas a la operación , afectan de manera importante no solo el desarrollo de la economía de la región, sino la del país, ya que empresas manufactureras y de la industria automotriz son usuarias para la transportación de partes, vehículos y componentes a distintas zonas del país.
La interrupción del servicio público de transporte ferroviario de carga (Art. 33 de la Ley de Vías Generales de Comunicación) es una clara violación al estado de derecho y certeza a las inversiones nacionales y extranjeras
Es de enfatizar, que dichas acciones incrementan la posibilidad del cierre de industrias por la falta de insumos, productos y mercancías que son transportadas desde el Puerto Lázaro Cárdenas a distintas zonas del norte y centro del país, lo que implicaría un desempleo masivo de personas que se benefician con la actividad que realizan dichas empresas. Sectores productivos afectados:
Industria acerera
Hornos en el norte del país en riesgo de detener operaciones
Industria automotriz
Puerto de Lázaro Cárdenas de los puertos que más importación y exportación de automóviles y autopartes.
Agroindustria
Este puerto mueve importantes cantidades de granos.
Tiendas de autoservicio y departamentales
Mercancía de importación sin poder llegar al resto del país
Marítimo intermodal
Acumulamiento de contenedores en el puerto
Desde el 5 de noviembre aproximadamente 60 estudiantes de la Normal Vasco de Quiroga en la localidad de Tiripetío, municipio de Morelia, Michoacán y aproximadamente 100 normalistas de la normal de Cherán mantienen bloqueadas las vías principales en la Comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, Michoacán.
Por tercera semana consecutiva se presenta este tipo de bloqueos en la temporada de mayor volumen de carga lo que genera impactos incuantificables, que tienen como consecuencia la falta de certeza en la operación y programación de trenes.
El motivo del bloqueo no tiene relación con la operación del ferrocarril, radica en la solicitud de colocación de la directiva y apoyo a los egresados para que les entreguen su cédula, así como la autorización de plazas automáticas para los egresados 2019 en las diferentes escuelas normales.
Las afectaciones generales representan 14 trenes afectados en línea: 8 nortes y 6 sures, las afectaciones específicas en Puerto de Lázaro Cárdenas son:
• Intermodal: Afectación total = 1450 contenedores
Importación:
• 892 contenedores ya cargados sin poder salir
• 547 contenedores pendientes de carga, de éstos 169 están en proceso de carga en el equipo disponible en puerto
Automotriz: Afectación total = 2,357 vehículos
• 147 equipos cargados aproximadamente 2,357 vehículos dentro de estos 147 carros automotrices, incluye los 46 equipos con 838 vehículos que en estos momentos se están cargando
Se ha hecho una práctica habitual el bloquear las vías del ferrocarril que conectan al puerto de Lázaro Cárdenas, afectando la logística nacional de carga y diferentes industrias con alto impacto para el desarrollo y productividad de México.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración y de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que se agilice la liberación de las vías férreas en la localidad de Tiripetío, municipio de Morelia y Caltzontzin, municipio de Uruapan en el estado de Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Ricardo Francisco Exsome Zapata, Feliciano Flores Anguiano, Yolanda Guerrero Barrera, Julieta García Zepeda, Gonzalo Herrera Pérez, Ignacio Benjamín Campos Equihua, José Guadalupe Aguilera Rojas, Guerrero Barrera Yolanda, García Lara Jorge Alcibíades (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a preservar y conservar el estatus fitosanitario del país, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Absalón García Ochoa, del estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) preservar y conservar el estatus fitosanitario del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley Federal de Sanidad Vegetal es la disposición marco en materia fitosanitaria, la cual mandata que el control de las mercancías se realizará mediante el certificado fitosanitario, mismo que será expedido en el marco de las medidas fitosanitarias establecidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Al respecto existen diversas disposiciones:
Artículo 3: Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría serán las necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional, para lo cual tomará en consideración la evidencia científica y en su caso, el análisis de riesgo de plagas, así como las características agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario y las de la zonas a la que se destinen los vegetales, productos o subproductos; buscando proteger y conservar la fauna benéfica nativa y el equilibrio natural.
Asimismo, el artículo 7, en su último párrafo establece que las atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal y de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales será establecida en normas oficiales mexicanas, acuerdos, lineamientos u otras disposiciones legales aplicables, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Aunado a lo expresado, el artículo 20 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal establece que “las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, para ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, además de fundarse y motivarse en términos de esta ley, su reglamento y demás disposiciones fitosanitarias...”, especificando que además deben:
“I. Sustentarse en evidencias y principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes;
II. Estar basadas en una evaluación de costo-beneficio, que incluya un análisis de riesgo;
III. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes; y
IV. Cancelarse cuando ya no exista base científica que las sustente.”
Esto es las mercancías para su importación se sujetarán a las medidas fitosanitarias establecidas en disposiciones legales aplicables, mismas que tomará en consideración las evidencias y principios científicos, entre otros aspectos y publicadas en el medio de difusión oficial.
Sin embargo, en el mes de septiembre de 2019 sin cumplir con lo dispuesto en los preceptos citados a su voluntad modificaron los requisitos para la importación los siguiente dos productos:
1. Mercancía: Trigo (Triticum spp.):
Tipo de producto: Excepto para siembra.
Uso: Consumo y/o Industrialización.
País de origen: EUA
País de procedencia: EUA
Combinación: 2264-112-4358-USA-USA
Resaltamos los cambios realizados sin sustento en el marco legal vigente, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica, de legalidad, entre otros.
2. Mercancía: Maíz (Zea mays.)
Tipo de producto: Excepto para siembra.
Uso: Consumo y/o Industrialización.
País de origen: EUA
País de procedencia: EUA
Combinación: 2264-112-4358-USA-USA
En este sentido, se puede observar que se modificaron requisitos sin cumplir con el mandato legal.
Se da una laxitud en los requisitos fitosanitarios lo que provoca el ingreso de mercancías de origen vegetal en el caso particular maíz y trigo con presencia de insectos vivos que en el mejor de los casos son declarados de interés cuarentenario, esto es ingresan sin saber si existen otras plagas a las ya declaradas.
La autoridad incumple con la tutela sanitaria, ya que con las importaciones se encuentra vulnerado el estatus fitosanitario logrado en el país.
Existe una conducta que sin justificación legal que favorece al producto de los EEUU que se encuentra en un estatus fitosanitario inadecuado e inviable para el ingreso a territorio nacional.
Por tanto, no se garantiza el derecho a los consumidores de un producto idóneo e inocuo.
Se ve en riesgo la vulnerabilidad del sector, debido a que hay menos exigencia en la calidad y fitosanidad de los productos que ingresan comparado con los que se producen en el país.
No puede advertirse algún riesgo ambiental, ya que se desconoce si hay la introducción de algún agente exótico que pudiera afectarla.
Propicia actos de corrupción al dejar la decisión de ingreso de las mercancías en un solo sujeto que determina en base a una muestra no representativa (1 kilo para inclusive diez mil toneladas). Ya que la exigencia del requisito de fumigación en origen o punto de ingreso queda a expensas de lo que se detecte en la muestra que como se dijo no es representativa del embarque.
Es por ello, la necesidad de que esta Cámara intervenga en la medida posible para dar solución a la problemática de ingreso de mercancías (maíz y trigo provenientes y con origen en EEUU) en un estatus fitosanitario inadecuado, pueda causar un daño a diversos bienes jurídicos como son la fitosanidad, al productor nacional, favorecer a mercados externos vulnerando el estatus sanitario nacional, salud y derecho de consumidores, ambientales al permitir ingreso de presencia de animales vivos sin determinar su peligrosidad, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en estricto respeto a la separación de poderes, solicita respetuosamente, la urgente intervención del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula y del director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, para que en total apego a derecho se impongan los requisitos necesarios para la importación de maíz y trigo, con uso consumo y/o industrial con origen y procedencia de los EEUU y se observe en todo momento el marco legal aplicable y con ello se garantice el bien jurídico tutelado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y se publique en los medios oficiales de la Secretaría las acciones realizadas dentro del término y en cumplimiento a lo establecido.
Cámara de Diputados, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y los 16 alcaldes de la Ciudad de México a atender de inmediato las fugas de agua y realizar un estudio físico de la red de abasto potable en la entidad, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema de gestión hídrica en México está en crisis. Aunque las autoridades nos aseguran que más del 90 por ciento de la población tiene acceso al agua potable y que un segmento menor tiene conexiones al alcantarillado, la realidad es que el país está sufriendo grandes estragos por su inadecuada disponibilidad en calidad y cantidad. Un ejemplo lo constituye la transmisión de enfermedades por la vía hídrica que impone una carga adicional sobre los pobres por su falta de acceso regular o debido a la mala calidad del agua que reciben.
Son las mujeres, en particular, las que terminan soportando una carga desmedida por su responsabilidad como cuidadoras en la sociedad. Asimismo, está el problema de la carga diferencial impuesta sobre los grupos sociales más pobres por los elevados costos de comprar agua de pipas o los grandes segmentos de la sociedad que se ven obligados a dedicar largas horas para acarrear, purificar, distribuir y desechar el agua.1
En nuestro país, siete de cada diez mexicanos vive en una ciudad, las proyecciones a futuro indican que esta tendencia de incremento sostenido en las zonas urbanas continuará y con ello, el riesgo de mayores problemas de acceso y abastecimiento de agua. Otro dato importante sobre la inequidad en la distribución del agua en la ciudad capital es que, en los asentamientos más pobres, el consumo mínimo promedio por habitante al día es de 28 litros, mientras que en los sectores de máximos ingresos es de 800 a mil litros por habitante.2
Está por demás destacar que la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciudad de México tiene su génesis no solo en el acelerado crecimiento demográfico y a una expansión del suelo urbano sin precedentes, sino además en un insuficiente conocimiento del funcionamiento del ecosistema natural y del ciclo del agua específicamente, lo que pone en riesgo el abasto satisfactorio de las necesidades básicas de la población presente y hacia el futuro.
La solución a esto no puede centrarse únicamente a la explotación creciente de los pocos acuíferos que surten la ciudad, ni la importación de cuencas lejanas, sino que requiere de soluciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan sobre un uso más eficiente y un manejo más racional del líquido vital.3
En la ciudad capital el rio Cutzamala, que es el afluente que surte principalmente a la capital del país de agua potable, aporta 10 mil litros por segundo, de los cuales 12 mil litros por segundo no son aprovechados. Esto debido al mal estado de la red conductora, que ya tiene una antigüedad de 50 años y que suministra el agua a casi 9 millones de personas.
De acuerdo con un funcionario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), los 32 mil litros por segundo que entran en la red de agua potable, son suficientes para brindar un abasto de 300 litros por habitante, aunque la realidad apunta a 177 litros por persona, esto debido al desperdicio generado por las fugas. Esto traducido en otras palabras indica que hay una eficiencia del 60 por ciento en el abasto de agua potable en la ciudad de México.4
Este mismo funcionario indicó que los 800 pozos que apoyan con el abasto del vital líquido, también se encuentran sobreexplotados. Lo que ocasiona que los mantos acuíferos desciendan y se provoque con esto un hundimiento del subsuelo de treinta centímetros cada año.
Es necesario tomar acciones urgentes, como el reemplazo de la red que se encuentra afectada en un ochenta por ciento y la atención a las fugas de forma inmediata. En la ciudad capital se reportan 26 mil fugas de agua anualmente en las 16 alcaldías, un promedio de 71 fugas diariamente. Esto representa que el 40 por ciento de agua que abastece a la ciudad, se pierda por esta causa.
En el año 2000 se reportaron 29 mil eventos de este tipo, en 2017 hubo 20 mil reportes y desde entonces se ha mantenido arriba de las 25 mil fugas al año. Entre enero y agosto de este año, se han reportado más de 14,600 fugas, de las cuales el Sistema de Aguas de la ciudad de México solo ha atendido apenas el 35 por ciento.
La alcaldía más afectada por este fenómeno es Coyoacán, con más de 3 mil reportes este año, la colonia Culhuacán CTM, ha recibido más de mil cien reportes de fugas este año. A la alcaldía de Coyoacán, le siguen Tlalpan con 2, 400 fugas de agua, Iztapalapa con mil 700, Xochimilco con 997 y la alcaldía que menos fugas de agua reporta es la de Milpa Alta con 174. Este tipo de fugas afectan a todas las zonas de la ciudad, pero tiene un mayor impacto en aquellas colonias que sufren por el vital líquido, como es el caso de las colonias Paraíso, San Miguel y Palmitas en Iztapalapa, colonias que tienen un servicio irregular de agua.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ofrece también un servicio de atención deficiente a este fenómeno de fugas de agua potable, por ejemplo, una fuga que se dio el lunes 4 de noviembre a las cinco de la mañana en la alcaldía Álvaro Obregón, se le pudo controlar hasta las cuatro de la tarde del mismo día, generando por esta incompetencia el desperdicio de miles de litros de agua potable.5
Es necesario cambiar modos y estilos de vida en la ciudadanía para promover el uso consciente, informado y responsable sobre el uso del agua, y se reconozca el valor ecológico de este recurso vital. La cultura del agua debe interpretarse como todo un conjunto de conceptos tanto éticos como colectivos sobre lo que representa el agua como medio de subsistencia.
La sinergia que debe establecerse es que tanto autoridades como ciudadanos deben mancomunar esfuerzos en torno al cuidado del agua no como un recurso que deba ahorrarse, sino como un recurso intrínseco de la subsistencia humana. Otras opciones también deben contemplarse, como la captación eficiente del agua de lluvia y el tratamiento de aguas residuales entre otras iniciativas. Se debe crear en la población, la cultura de la reutilización del agua.6
Esta proposición con punto de acuerdo plantea que, la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tome acciones inmediatas con respecto a las fugas de agua que ocurren en la Ciudad de México; convoque a los 16 alcaldes a que ejecuten lo mismo y realice un estudio sobre el estado que guarda la red de abasto del agua potable.
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y alcaldes de las 16 demarcaciones territoriales (alcaldías) a que atiendan las fugas de agua de forma inmediata y realice un estudio sobre el estado físico de la red de abasto de agua potable en la ciudad.
Notas
1 agua.org.mx, A qué le llamamos cultura del agua y porqué es importante, dirección en internet: bit.ly/33mSfJZ, fecha de consulta: 5 de noviembre de 2019.
2 Tanni Guerrero, El agua en la ciudad de México, en Revista de Ciencias, vol. 94, núm. 094, México, 2009, páginas 16-23.
3 Haydea Izazola, Agua y sustentabilidad en la ciudad de México, en Revista de Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 47, El Colegio de México, México, 2001, páginas 285-320.
4 Aristegui Noticias, Se desperdicia 40% de agua por fugas en la CDMX: Sacmex, 5 de noviembre de 2019.
5 Televisa News, Coyoacán, alcaldía con más fugas de agua potable, dirección en internet: bit.ly/2pDLmpc, fecha de consulta: 6 de noviembre de 2019.
6 agua.org.mx, A qué le llamamos cultura del agua... Pp. Cit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se reconoce a Notimex por el desempeño de la actual administración, donde se busca consolidar y atender oportunamente el derecho a la información de todos los mexicanos, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado Santiago González Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de agosto de 1968 nace la actual Agencia de noticias Notimex, cuya denominación anterior era Agencia Mexicana de Noticias Notimex . Sus objetivos, según la ley, coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.
A partir de diciembre del año pasado, la Dirección General de esta Agencia fue asumida por la destacada y reconocida periodista mexicana Sanjuana Martínez Montemayor , bajo cuyo liderazgo se lleva a cabo una muy notable trasformación de la organización a fin de combatir la corrupción que internamente existía y de ponderar los principios de austeridad republicana en la administración y optimización de los recursos públicos, de cara a los retos que en materia de comunicación social enfrenta la agencia noticiosa del Estado Mexicano, tomando en cuenta la considerable competencia que por mantener informada a los ciudadanía existe en los medios, tanto nacional como internacionalmente.
No son pocos los retos que la actual administración ha enfrentado para buscar la trasformación de la agencia noticiosa, en aras de erradicar vicios que laboralmente se venían arrastrando y que han constituido un obstáculo para poder prestar el servicio de manera oportuna, eficaz y profesional; retos que han sido librados de manera eficiente por el equipo que dirige la destacada periodista, para contar con una agencia de noticias que sirva de manera efectiva a los mexicanos.
Estamos conscientes del inalienable e imprescriptible derecho constitucional que tenemos los mexicanos a estar debidamente informados, en ello radica la importancia de contar con una agencia noticiosa que sirva a la sociedad mexicana mediante la generación de información veraz y objetiva, que atienda los requerimientos de comunicación social que demanda la sociedad mexicana, lo cual será posible mediante la modernización de sus tecnologías y de contar con una estructura profesional que atienda únicamente al interés nacional y nunca a los intereses particulares.
Notimex es la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, velar por su consolidación como entidad de interés público lleva implícito el derecho a estar informado y a la libertad de expresión que deben caracterizar a cualquier estado democrático.
En mérito de lo anterior es de considerarse que se reconozca ampliamente a la actual Administración de la Agencia Notimex, por los logros alcanzados en el proceso de transformación de la agencia de noticias de los mexicanos, a fin de que pueda competir de manera adecuada con las demás agencias noticiosas del mundo.
Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados reconoce ampliamente a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, por el desempeño de la actual administración en la que se busca consolidarle para atender oportunamente el derecho a la información de todos los mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2019.
Diputado Santiago González Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Veracruz a atender las irregularidades detectadas en la Asociación Veracruzana de Deportes sobre Sillas de Ruedas, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación (SEV) y al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) a atender las irregularidades detectadas en la Asociación Veracruzana de Deportes sobre Sillas de Ruedas (AVDSSR) en perjuicio de los atletas discapacitados del estado de Veracruz, con el objeto de atender y subsanar las denuncias presentadas, así como hacer del conocimiento público el informe de convenios asignados a dicha asociación y las funciones sustantivas que realiza y presentarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho fundamental al deporte es reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados, 2019); para alcanzar dicho derecho, intervienen una serie de actores, tales como; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las autoridades de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los sectores social y privado, esta colaboración de actores es señalada en los artículos 1o. y en la fracción IX del 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte (Cámara de Diputados, 2019), donde se incentiva la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las asociaciones deportivas nacionales.
Respecto a lo último, la participación de las asociaciones deportivas nacionales tienen como objeto generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.
La ley establece que las asociaciones deben estar registradas por la Conade como asociaciones deportivas, asociaciones recreativo-deportivas cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como sociedades recreativo-deportivas cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro.
De esta manera las asociaciones deportivas nacionales, estatales y municipales son sujetos de apoyo y estímulos federales.
Pero así como tienen derechos tienen obligaciones. Y es el artículo 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte que designa a la Conade, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, para llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos otorgados.
Aunado a lo anterior y en estricto apego a la ley, cualquier órgano, ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario, deberá presentar a la Conade un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estará sujeto a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma Conade determine.
En el mismo tenor de ideas, el Reglamento Interior de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los artículos 7, 12, 14, y la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los artículos 40, 41 46, definen al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está obligado a presentar al pleno del Consejo Estatal de Deporte el informe anual de las actividades que haya realizado instituto así como su estado financiero.
Dentro de estas actividades resalta la de suscribir todo tipo de instrumentos jurídicos que sean necesarios para las actividades propias del instituto, ya sean con órganos municipales, asociaciones deportivas estatales y organizaciones de la iniciativa privada, pero para el caso que nos atañe la principal actividad es la de establecer instrumentos que fomenten la realización de actividades físicas deportivas y recreativas para personas con algún tipo de discapacidad.
Por este motivo, la ministración de recursos, con base en los convenios de coordinación , colaboración y concertación que la Dirección General o subdirecciones realicen en específico con los órganos nacionales, municipales del deporte y con las organizaciones de la iniciativa privada procediendo a dar seguimiento en el ámbito de su competencia (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 2013) debe ser en estricto cumplimiento de reportes, informes financieros y presupuestales institucionales que se deben remitir a las instancias superiores.
Por otro lado, la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en su artículo 5, fracciones VII y X, establece como actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento la aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad y la promoción de deporte, también señala la celebración de convenios en la prestación de servicios públicos y proporcionar la información que le sea requerida por la autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban, este informe anual especialmente en el uso y resultados derivados de los apoyo y estímulos públicos contribuirá a mantener actualizado el sistema de información y garantizar así la transparencia de sus actividades (Cámara de Diputados, 2004).
Por este motivo, los convenios suscritos entre el Instituto Veracruzano del Deporte y las asociaciones civiles deben acatar lo anterior, y derivado de una serie de denuncias y peticiones ciudadanas contra la Asociación Veracruzana de Deportes sobre Sillas de Ruedas (AVDSSR) que cito a continuación, tales como; la renuncia de deportistas discapacitados, retiro de pago de becas, cobro indebido de cuotas por derecho deportivo a participar en eventos, carencia de material, opacidad en el pago de becas y salarios a entrenadores, no proporcionar a un acompañante para los atletas que lo requieran por su discapacidad aun cuando ya habían sido autorizados con antelación, así como la obligación de estar inscrito previo pago en el Sistema de Registro del Deporte Federado (SIRED), ya que es el único medio de validación y verificación de los miembros de las Federaciones y organismos afines a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme, AC), lo que lo convierte en un trámite burocrático que genera gastos, ya que el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) tiene la atribución de integrar la base de datos nacional, centralizada, confiable y actualizada (Vanguardia de Veracruz, 2019) (Pérez, 2019) (Avilés, 2019) (Ochoa, 2019).
Cabe destacar que los atletas con discapacidad de la zona norte de Veracruz son los que cuentan con el mayor número de preseas obtenidas representando al estado en diversos eventos. Como ejemplo, en la participación en la Paralimpiada Nacional 2019 que se llevó a cabo en Colima y Manzanillo del 14 al 25 de octubre, la delegación veracruzana se adjudicó 70 preseas en diferentes disciplinas, sin embargo, no se refleja en el apoyo que deberían obtener, ya que en varios casos ellos han tenido que sufragar gastos por que en el último momento se les retira el apoyo.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación (SEV) y al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) a atender las irregularidades detectadas en la Asociación Veracruzana de Deportes sobre Sillas de Ruedas (AVDSSR) en perjuicio de los atletas discapacitados del estado de Veracruz, con el objeto de atender y subsanar las denuncias presentadas, así como hacer del conocimiento público el informe de convenios asignados a dicha asociación y las funciones sustantivas que realiza y presentarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Referencias
Avilés, E. (30 de enero de 2019). Burocracía: Sired y Renade. El Universal.
Cámara de Diputados. (24 de febrero de 2004). Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas Por Organizaciones de la Sociedad Civil. México, México: Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión.
Cámara de Diputados. (23 de 10 de 2019). Cámara de Diputados LXIV Legislatura. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_190118.pdf
Cámara de Diputados. (2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados.
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. (18 de junio de 2013). Reglamento Interior del Instituto Veracruzano del Deporte. Veracruz, México: Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Ochoa, R. (2019). Abandona la 4T a los atletas paralímpicos. Proceso.
Pérez, C. (29 de octubre de 2019). Renuncian atletas y entrenadores al Instituto Veracruzano del Deporte. Vanguardia de Veracruz.
Vanguardia de Veracruz. (15 de octubre de 2019). Insensibilidad absoluta en e IVD.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez y Claudia Reyes Montiel.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a realizar gestiones para esclarecer el atentado contra el alcalde de Valle de Chalco, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia y la delincuencia en los últimos años se han convertido en una constante en la vida de las personas, por lo que se han visto en la necesidad de modificar sus hábitos sociales, familiares, laborales, etc., con la finalidad de garantizar su seguridad en ausencia de instituciones que sean efectivas en sus mecanismos de actuación, para inhibir y combatir de forma efectiva, diversos delitos y actos de violencia de los que son objeto.
Pareciera ser que en la actualidad ninguna persona se encuentra exenta de sufrir actos de violencia o ser víctimas de la delincuencia, por lo que se requiere de forma urgente que las autoridades en los tres órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia garanticen la seguridad y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las personas.
Un claro ejemplo de estos hechos, es el cobarde atentado que sufrió el 29 de octubre de este año el Alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. quien lamentablemente como consecuencia de ese ataque perdió la vida el día 2 de noviembre.
De acuerdo a lo que se señala en diversos medios de comunicación, el Alcalde de Valle de Chalco ya había sufrido amenazas de muerte como consecuencia de su gestión en el municipio, sin embargo, fue hasta el pasado martes 29 de octubre, que al término de un evento con la ciudadanía sufriría de tal artero crimen, siendo lo más sorprendente de todo que el presunto atacante es menor de edad, lo que evidencia la descomposición y la pérdida de valores que se presenta en nuestra sociedad.
“Tenorio Contreras se tomaba fotos con quien se lo pedía y andaba solo, pues consideraba que “no es muy cómodo tener escoltas”, pese a haber recibido amenazas se negaba a tener una guardia especial.
Tenorio y parte de su equipo comenzaron a recibir amenazas de muerte apenas un mes después de tomar posesión del cargo, el 1 de enero de 2019 y en el que estaría hasta el 2021.
“Venimos solos y así vamos a continuar”, declaró en conferencia en febrero pasado luego de recibir las primeras llamadas telefónicas.
El martes 29, el presidente municipal fue atacado por un hombre que le pidió un aventón en su camioneta, y una vez arriba, a unos metros de arrancar disparó contra Tenorio, su secretario particular y el chofer.”1
La muerte de Francisco Tenorio Contreras alcalde de Valle de Chalco, no es la primera en su tipo, en el país ya se han presentado con anterioridad cobardes atentados que han costado la vida a un sin número de munícipes, evidenciando en muchos de los casos que hay grupos de la delincuencia organizada atrás de estos actos, que quieren ejercer presión a los gobiernos municipales.
De acuerdo a una publicación del portal electrónico “Alcaldes de México”, sin tomar en cuenta la reciente muerte del Alcalde de Valle de Chalco, en lo que va del año en el país han sido asesinados 37 funcionarios y exfuncionarios a nivel municipal.
“De los 37 funcionarios asesinados, cinco eran alcaldes y 11 ex alcaldes (16 en total); 7 regidores, 7 directores de alguna dependencia municipal, dos síndicos y otros cinco funcionarios de diversas áreas”.2
La pérdida de una vida humana cuando se da por hechos de violencia cometidos por grupos de la delincuencia organizada son lamentables toda vez que, no les importa que sean personas inocentes si consideran que interfiere con sus intereses delincuenciales, y más aún si estos acontecimientos derivan del ejercicio de la función pública.
Estos cobardes actos deben ser investigados con el objetivo de detener y aplicar todo el peso de la ley, contra quienes cometieron el cobarde homicidio de Francisco Tenorio Contreras Alcalde de Valle de Chalco, y de cada alcalde que en el ejercicio de su encargo o de forma posterior al mismo, haya perdido la vida víctima de actos criminales de grupos de la delincuencia organizada.
Las autoridades competentes deben de agotar todas las líneas de investigación que se desprendan de este atentado, para garantizar que se hará justicia para la familia de la víctima y que este tipo de sucesos por ningún motivo quedará impune.
No se debe tolerar que, los grupos de la delincuencia organizada ejerzan presión en la toma de decisiones de ningún funcionario de gobierno, sin importar del orden del que se trate.
Hechos como estos significan una afrenta contra el Gobierno de nuestro país, toda vez que puede poner en tela de juicio su capacidad de garantizar a las y los mexicanos a una vida con paz y seguridad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que realice las gestiones necesarias que permitan esclarecer el atentado en contra de Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco que derivarían en su muerte, y llevar ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales del mismo.
Notas
1 Animal Político. (1 de noviembre de 2019). Declaran con muerte cerebral al alcalde de Valle de Chalco, tras atentado; donarán sus órganos. Obtenido de
https://www.animalpolitico.com/2019/11/muerte-cerebral-a lcalde-valle-chalco-francisco-tenorio/
2 Alcaldes de México. (29 de octubre de 2019). Van 5 alcaldes y 11 exalcaldes asesinados en el actual sexenio. Obtenido de https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/funcionarios-alcalde s-municipales-asesinados-en-gobierno-amlo/
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a efecto de que el atentado sufrido por la alianza Simona Robles, en Juchitán, Oaxaca, sea investigado y, en su caso, juzgado con pleno arreglo a los derechos humanos, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PES, PRI, PAN y PT, así como legisladores sin partido
Las que suscriben, diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Julieta Vences Valencia, Ana Lucía Riojas Martínez, Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Melba Nelia Farías Zambrano, Olga Sosa Ruiz, Katia Alejandra Castillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Beatriz Rojas Martínez, Mildred Concepción Ávila Vera, Ximena Puente de la Mora, Verónica María Sobrado Rodríguez, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Martha Huerta Hernández, Sandra Paola González Castañeda, integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de urgente u obvia resolución a todas las autoridades competentes a fin de que el atentado sufrido por la Alianza Simona Robles, en Juchitán, Oaxaca, sean investigados y, en su caso, juzgados con pleno apego a los derechos humanos transversalizando la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, tomando en cuenta la condición de sus integrantes, la mayoría mujeres, de origen indígena y con intensa actividad política y comunitaria a favor de Oaxaca, con base en las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de octubre la alianza regional Simona Robles sufrió un atentado dentro de sus instalaciones, en Juchitán, Oaxaca.
2. Los hechos se suscitaron alrededor de las 8:30 horas, cuando les informaron que había un incendio dentro de las instalaciones, donde se encontraban equipos de cómputo, impresoras, papelería, ventiladores, escritorios, archiveros, sillas, mesas y muebles como vitrinas, refrigeradores, cafetera, equipo de sonido y un sofá, así como documentación del área legal, de la Organización de Mototaxistas Simona Robles, Unión de Carretilleros de Mano independientes Simona Robles, Radio Cultural Stipa Gunaa y documentos de integrantes de la organización y demás proyectos que implementan.
3. Las acciones comunitarias y de labor social que efectúan, son en beneficio de 10 mil personas de manera directa o indirecta, perdiéndose todo, derivado del siniestro. Los daños materiales ocurridos en las instalaciones son irreparables e incalculables, razón por la cual consideramos sumamente graves los hechos ocurridos.
4. Que este atentado constituye un acto de violencia política en razón de género contra la vida e integridad de las mujeres políticas de Juchitán, Oaxaca, y marca una advertencia a las mujeres que deciden participar en los asuntos públicos, afectando sus derechos políticos y los de la comunidad.
5. Que acudieron ante la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Región del Istmo de Tehuantepec, para interponer la denuncia correspondiente para realizar la investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de daños por incendio la cual fue radicada bajo el número de Legajo de Investigación: 37671/FIST/JUCHITAN/2019.
6. Que la procuración de justicia con perspectiva de género sostiene la defensa y protección de todas las mujeres ante los problemas estructurales que les afectan de manera directa y transversal.
7. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 16 y 17 refieren como violencia en la comunidad a los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público a lo que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de distintas acciones.
8. Que el artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Para, del que México forma parte, refiere que “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos” y en su artículo 7 como estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la aprobación de los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el atentado de que fue objeto la alianza regional Simona Robles, el pasado 29 de octubre en Juchitán, Oaxaca, y en el que hubo pérdidas materiales importantes.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que lleve a cabo una pronta investigación para dar con los responsables del atentado.
Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, de manera respetuosa, a las autoridades locales en materia de seguridad pública, a reforzar la seguridad de todos y todas las integrantes de la alianza Simona Robles.
Cuarto. Asimismo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de la entidad, licenciado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que refuerce políticas públicas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, de manera inmediata.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputadas: Julieta Kristal Vences Valencia, Ana Lucía Riojas Martínez, Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Melba Nelia Farías Zambrano, Olga Patricia Sosa Ruiz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Beatriz Rojas Martínez, Mildred Concepción Ávila Vera, Ximena Puente de la Mora, Verónica María Sobrado Rodríguez, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Martha Huerta Hernández, Sandra Paola González Castañeda (rúbricas)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, para que redoblen esfuerzos en la implementación de capacitaciones, medios de comunicación eficientes y la disponibilidad de una base de datos de bienes culturales, necesarios para la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por su vastísima cantidad de recursos materiales e inmateriales, lo que lo ha vuelto un destino sumamente agradable para ser habitado o visitado. Pasando por una amplísima variedad de ecosistemas, una historia descomunal y una población de gran trato, los ojos del mundo siempre le han dedicado un tiempo a las creaciones que como nación hemos logrado producir. Sean edificaciones, obras de arte o grandes ideas, cada una de ellas se torna en un agregado a la imagen de nuestro país, siendo los bienes culturales aquellos bienes que muestran mayor flexibilidad para ser mostrados ante el mundo, donde el poder ubicarlos en nuevos lugares para su exposición se ha vuelto una práctica común entre países que desean entablar relaciones comerciales y académicas o mediante algún acuerdo con algún privado para su exposición.
Este alto nivel de cuidado para su exposición, control férreo sobre su propiedad y amplia vigilancia, simbólicamente, muestran el valor inconmensurable de muchos de los bienes culturales que se desean exponer y preservar. Debido a ello, la presencia de instituciones especializadas en la labor, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la existencia de cuerpos profesionales para la tarea, como aquellos graduados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (ENCRyM), muestran la relevancia de esta clase de objetos, donde organismos y profesionistas han realizado diversas actividades por décadas para poder cumplir con el objetivo de preservar el patrimonio nacional.
Por desgracia, debido a cuestiones temporales, algunos de estos objetos tienden a ser más difíciles de darles seguimiento y poder resguardarlos ante las autoridades pertinentes, lo que ha facilitado el tráfico ilegal de éstos bienes, especialmente de aquellas piezas que cuentan con mayor antigüedad, las cuales muchas veces provienen del saqueo de zonas arqueológicas protegidas, son extraídos de manera ilícita por parte de actores corruptos o han estado presentes en el mercado negro desde tiempos remotos, lo que las vuelve piezas un tanto “irrastreables” si se desconoce su existencia misma y las cuales solamente pueden ser identificadas al ser puestas a disposición de la demanda en el mercado negro.
En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicó el reporte llamado “La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales; La Convención De 1970: Pasado Y Futuro”1, en el cual se menciona que hasta el primer tercio de la presente década, el valor de las ventas de bienes culturales, legales e ilegales, alcanzaba una cantidad cercana a los 60,000 millones de dólares2, siendo uno de los mayores nichos comerciales sólo detrás del tráfico de drogas y de armas. Igualmente, el gobierno mexicano ha tenido detenciones significativas, al confiscar alrededor de 634 objetos entre 2008 y 20183. Esto, desgraciadamente, es sólo un fragmento de los bienes de origen nacional que se encuentran en el mercado negro. Ante el desconocimiento de los productos ofertados, la opacidad de los criterios de valuación y la secrecía que implica cualquier mercado negro, la presencia de cifras detalladas acerca de los bienes que se comercializan únicamente puede realizarse a partir de eventos post-hurto, como las confiscaciones, por lo que nuestro país no cuenta con estadísticas lo suficientemente actualizadas para dimensionar el problema en su totalidad.
Tomando en cuenta la relevancia de dichos bienes como catalizadores de la industria turística, al igual que el impacto simbólico que éstas tienen, la presencia de bienes de dudosa procedencia en la famosa subasta realizada en el Hotel Drouot en septiembre de 20194 se tornó en un fuerte golpe mediático para las autoridades involucradas en el control del flujo de bienes culturales, donde las vulnerabilidades del sector han quedado expuestas y pueden seguir incentivando un mercado que se ha expandido gracias a la impunidad y falta de interés de autoridades nacionales e internacionales.
Sobre esto, plantear una reconfiguración de los controles implementados, al igual que la capacitación sobre tráfico de bienes culturales para autoridades y agentes aduanales involucrados, resulta algo necesario si se pretende hacerle frente a la situación. Dejar de lado esta clase de labores únicamente tiene un impacto sobre el bienestar histórico y económico del país, ya que la existencia y preservación de dichos bienes sigue operando como un gran incentivo turístico para los visitantes extranjeros, como bien sostiene Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia5, lo que hoy en día representa cerca de 2,500 millones de dólares al año por concepto de visitas a museos o zonas arqueológicas6. Con esto, no garantizar la protección adecuada de bienes nacionales únicamente es contraproducente para nuestro país, por lo que garantizar una vigilancia pertinente y un manejo adecuado de ellos solamente tendrá rendimientos positivos para el desarrollo de nuestro país.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas; y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, para implementar cursos de capacitación sobre tráfico de bienes culturales para autoridades, agentes aduanales y miembros de la Guardia Nacional, con el propósito de facilitar la rápida detección, correcto manejo y la aplicación de medidas pertinentes, para un correcto control y protección de propiedad de la nación.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, para garantizar los medios de comunicación y la disponibilidad de una base de datos de bienes culturales, necesarios para la verificación y detección del origen de objetos que pretendan atravesar las aduanas nacionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a celebrar una sesión solemne con motivo de la conmemoración del primer centenario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Ricardo Aguilar Castillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En este año se conmemora el primer centenario del fallecimiento del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, quien fue fusilado el 26 de noviembre de 1919 en el estado de Chihuahua.1
Este personaje fue originario del municipio de Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, proviene de familia militar debido a que su padre fue un coronel que combatió contra la invasión de los Estados Unidos en el año de 1847. Por tal motivo, tuvo una gran influencia militar que lo llevaría a inscribirse en el Colegio Militar.
Por sus habilidades con las armas, rápidamente fue uno de los oficiales más destacados, lo que contribuyó a que se convirtiera en profesor del colegio, de la Escuela de Aspirantes, la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela de Tiro.
Al general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez se le reconoce su lucha por un México más justo y su lealtad al general Francisco I. Madero con quien luchó por la regeneración democrática de nuestro país, por medio del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos.
Por tal motivo, en el año de 1912, Francisco I. Madero lo nombró director del Colegio Militar y después lo ascendió a general brigadier encargado de combatir a los ejércitos de Orozco, en Sonora y los de Zapata, en Morelos.
Es importante destacar que la Revolución Mexicana representó el primer gran movimiento social del siglo XX que aportó al mundo el reconocimiento constitucional de derechos humanos primordiales, como los laborales, educativos y sociales. Para nuestro país, significó el nacimiento de la democracia y la vida institucional que comenzaron la edificación del México moderno en el que hoy habitamos.
No cabe duda de que es ejemplo de valentía y entrega en la pacificación de la región sur del país, después de la promulgación del Plan de Ayala por Emiliano Zapata. Es importante destacar que con el presidente Madero fue aprendido, sin embargo, por su prestigio militar no fue fusilado.
Después de triunfar el movimiento constitucionalista, se alistó con el general Villa y después de largas luchas fue capturado en el Chihuahua y después de un Consejo de Guerra, fue condenado a la pena capital.
Bajo estas consideraciones en el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que no sólo debemos celebrar cada año el aniversario del movimiento revolucionario, sino también rendir homenaje a las figuras más importantes que participaron en el mismo y que hicieron posible la transformación de nuestro país.
Entre las principales figuras de la Revolución Mexicana se encuentra el general Felipe Ángeles, conocido como “El mejor artillero de México” y quien se sumó a la causa constitucional del gobierno revolucionario de Francisco I. Madero y, posteriormente, del proyecto que enarbolaba Francisco Villa.
Con base en las anteriores consideraciones, la emisión de un billete de lotería, de un timbre postal y una moneda conmemorativa, así como la emisión de un libro bibliográfico a través del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, constituye un homenaje a la figura y memoria del general Felipe Ángeles con motivo del primer centenario de su muerte.
Con ello, se pretende difundir al aporte del militar humanista e intelectual mexicano, quien constituyó una figura clave del periodo post-revolucionario, una de las etapas históricas cruciales para la formación del México contemporáneo.
Sus últimas palabras, antes de ser fusilado en Chihuahua, han quedado en los anales de la historia de México: “Se que me van a matar, pero también sé que mi muerte hará más por la causa democrática, porque la sangre de los mártires fecundiza las grandes causas”.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se realice una sesión solemne el próximo 26 de noviembre de 2019, con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del general Felipe Ángeles.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que realice las gestiones pertinentes para la emisión de una moneda conmemorativa por el centésimo aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles.
Tercero. Se exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de Diputados a publicar un libro biográfico, con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del general Felipe Ángeles.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto, a fin de crear una estampilla conmemorativa con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del general Felipe Ángeles.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a considerar la emisión de un billete de lotería con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso del general Felipe Ángeles.
Nota
1 Secretaría de la Defensa Nacional. (2016). 26 de noviembre de 1919, aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles. 11 de noviembre de 2019, del gobierno de México sitio web:
https://www.gob.mx/sedena/documentos/26-de-noviembre-de- 1919-muere-el-general-felipe-angeles
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y el INAH a aplicar en el proceso de reconstrucción y conservación de los monumentos históricos nacionales las normas correspondientes y evitar cambios que afecten su valor histórico-arquitectónico, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal Santiago González Soto, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las relaciones originales de Chalco-Amaquemecan del cronista indígena Chimalpahin, refieren al año de 1554, como la fecha de conclusión del templo parroquial de la Asunción en la población de Amecameca, estado de México, en esta cabecera existen además dos conjuntos arquitectónicos y una capilla que datan del periodo colonial, que a saber son Santuario del Sacromonte, la Iglesia de Gualupita y, la capilla del Rosario.
Todos estos monumentos históricos resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se avocó a atender los templos de la Asunción y el Sacromonte, los cuales están nuevamente en funcionamiento al servicio de la comunidad, los otros aún no son atendidos y se encuentran impedidos de ser utilizados para el fin que tienen destino, que es el culto religioso.
Como es de apreciarse estos monumentos al tener el carácter de históricos forman parte del patrimonio artístico y cultural de la nación.
En el caso de la Parroquia de la Asunción, el cual puede considerarse el templo principal de la población, su restauración y mantenimiento se viene desarrollando desde la década de los setentas, si bien no ha sido permanente, temporalmente ha sido atendido por la comunidad en coordinación de la autoridades eclesiásticas del momento, siempre bajo la supervisión del INAH, atendiéndose los criterios que el propio instituto tiene contemplados en la restauración de estos bienes muebles, que como es de saberse se llevan a cabo atendiendo las técnicas de origen con las que fueron construidas, además de los criterios para su conservación y preservación.
A partir de hace unos siete años aproximadamente, con la llegada de un nuevo párroco las obras llevadas a cabo en este monumento, dejaron de atender los criterios referidos, la cal y el alumbre y jabón que se utilizaban para impermeabilizar anualmente, se sustituyeron por modernos productos plásticos y químicos, los pisos de madera fueron sustituidos por mármol, la fachada cambio su pintura original por un diseño que en nada tiene que ver con las calas realizadas en el siglo pasado para dar con el original del templo, en fecha reciente se destrozó el altar mayor de estilo neoclásico por citar algunos de los muchos casos en los que se cambia el estado original del monumento sin que la autoridad del INAH haya hecho algo por detener esta barbarie contra el patrimonio artístico.
En las obras de remodelación de este monumento histórico pareciese que prevalece más el interés de atender el gusto de la actual autoridad eclesiástica en turno que en atender y cumplir con las normas de preservación existentes, así como aplicar las sanciones correspondientes cuando se incurra en algún hecho que lo amerite, el propio Instituto ha sido omiso en este caso en el cumplimiento de la ley.
Al respecto es conveniente recordar lo que señala La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su:
“Articulo 52. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.”1
Es conveniente determinar ¿porque los empleados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que autorizaron la ejecución de obras, consintieron en modificar en tal sentido las características de este monumento?, para que se evite incurrir en este tipo de actos que van en detrimento del patrimonio nacional.
Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las titulares de la Secretaría de Cultura Federal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en el proceso de reconstrucción y conservación de los monumentos históricos de la nación se apliquen las normas que al efecto existen, evitando cambios que afectan el valor arquitectónico e histórico de estos inmuebles, (caso Amecameca).
Nota
1 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfmzaah.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Santiago González Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la SSPC a llevar a cabo acciones urgentes para cesar la grave crisis de inseguridad del país, suscrita por el diputado Raymundo García Gutiérrez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Raymundo García Gutiérrez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para que, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y las Secretarias de Seguridad Pública de las entidades federativas, lleven a cabo acciones urgentes para cesar la grave crisis de inseguridad que vive el país, con el objetivo de garantizar lo establecido en el artículo 21 constitucional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.1
Con estas líneas inicia el denominado, plan nacional de paz y seguridad 2018-2024, del gobierno en turno.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, dicta:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
No obstante, lo anterior, el semáforo delictivo nacional, ha reportado que en lo que va del año 2019, nuestro país se encuentra en una situación vulnerable ante los indicadores de inseguridad al alza, ejemplo de lo anterior;
• En lo que corresponde al homicidio, tenemos una tasa 5 veces superior a la tasa mundial.
• La percepción de inseguridad en 15 Estados es superior a lo que debería ser la media nacional.
• Habitantes de 14 estados declararon que la inseguridad se incrementó.
• En 18 estados se incrementó el número de homicidios, al cierre del tercer trimestre de 2019.2
Con los datos anteriores se reafirma que no se ha garantizado la seguridad de los ciudadanos.
Asimismo, según el Centro de Estudios Sociales y Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados cita que:
“Cuando al interior de un municipio o estado comienzan a acumularse variables como pobreza, desigualdad, debilidad institucional, falta de oportunidades, presencia del crimen organizado nacional o trasnacional, entre muchas otras, se generan contextos propicios para que la violencia e inseguridad prosperen.”3
Con base en los dichos del ejecutivo y del secretario de seguridad ciudadana, se están viviendo secuelas de políticas de gobiernos anteriores, lo que denominan una guerra intestina y sin proyecto, que lo único que logró fue sembrar muerte y desolación en el país sin embargo esta situación no ha mejorado, se carece de proyecto, no existen acciones eficaces por parte del actual gobierno.
La estrategia en el plan de seguridad establece una perspectiva moralista a favor de los delincuentes, dicha estrategia contempla a la letra;
“¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona. En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social.”
En lo que se establece con claridad una estrategia adecuada, el país está sufriendo hechos que están marcando el inicio de un sexenio catastrófico, ejemplo de lo anterior:
– En Acatepec, Guerrero, el día 3 de febrero, 8 indígenas fueron asesinados.
– El 19 de abril en Minatitlán, un comando tomo la vida de 14 personas, incluido un menor de 1 año.
– El 8 de agosto en Uruapan fueron localizadas 19 personas sin vida.
– El 27 de agosto en el bar de nombre Caballo Blanco en el estado de Veracruz, se perpetro un crimen con resultado de 31 personas fallecidas.
– El 14 de octubre en Aguililla Michoacán, un comando armado disparo a policías estatales perdiendo en ese evento la vida de 13 policías.
– El 9 de marzo en salamanca Guanajuato, 15 personas fueron asesinadas
– Los sucesos que estuvieron por ensangrentar el país, derivado de una estrategia fallida, Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre.
– Los últimos sucesos que cimbraron al país son los ocurridos en Sonora límite con Chihuahua, donde tres mujeres y 14 menores fueron víctimas de la delincuencia.
Es urgente implementar acciones para atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país.
Lo anterior debe partir con base en reconocer que la violencia e inseguridad son fenómenos complejos y multidimensionales hecho que debe conducirnos a establecer estrategias de esas mismas dimensiones.4
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y a las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y, de manera coordinada, lleven a cabo acciones urgentes para cesar la grave crisis de inseguridad que vive el país con el objetivo de garantizar lo establecido en el artículo 21 constitucional.
Notas
1 https://lopezobrador.org.mx/
2 semaforo.mx/
3 http://www5.diputados.gob.mx/
4 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar una campaña nacional contra el analfabetismo, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito diputado Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
“No puede concebirse una revolución sin educación, no puede concebirse progreso sin educación, no puede concebirse un futuro esplendoroso para la nación... sin educación, no puede concebirse un mejoramiento en todos los órdenes de la vida sin educación”. Fidel Castro
El objetivo del presente punto de acuerdo es solicitarle al titular del Ejecutivo federal, emprenda una “campaña nacional contra el analfabetismo”.
El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado la imperiosa necesidad de transformar al Estado mexicano, eliminar la corrupción y generar un nuevo modelo de responsabilidad social que brinde mejores condiciones de vida y felicidad a todos los ciudadanos.
Para alcanzar estos objetivos, consideramos que la educación debe ser eje central, sin embargo, no se puede desarrollar sin cultura y educación en un país que presenta altos índices de analfabetismo.
Erradicar el analfabetismo sería un hito logrado por toda la nación mexicana, debe ser tarea de niños, jóvenes, adultos, de partidos políticos, de instituciones públicas y demás actores civiles. Sería congruente con los principios de la cuarta transformación un “México, territorio libre de analfabetismo”, esto daría paso a saldar una deuda social que se ha tenido con los ciudadanos desde tiempos de la revolución.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define analfabeta a “la persona de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir un recado”.1 De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 llevada por parte instituto ya mencionado, en México aproximadamente 4 millones 749 mil 57 personas no saben leer ni escribir, y esto representa que el 6.1 y 3.8 por ciento de mujeres y hombres respectivamente, son población analfabeta.
Cabe destacar que, en nuestro país, los estados con mayor porcentaje de población analfabeta son aquellos del sur-sureste: Chiapas, con un 14.8 por ciento; Guerrero, con 13.6 por ciento, y Oaxaca, con un 13.3 por ciento. Dichas entidades tienen un alto índice de población indígena y lo que respecta a esta población, en el año 2000, 33.4 por era analfabeta.2
El panorama actual también exige visibilizar a la población analfabeta funcional que, según la definición de Unesco, “es aquella persona que aun sabiendo leer y escribir frases simples no posee las habilidades para desenvolverse personal y profesionalmente”.
Al respecto, el Inegi asegura que el 2.8 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años en México son analfabetas funcionales, es decir, que un total de 10 millones de personas en nuestro país, se encuentran en esta condición.3
En México, desde 1981 se consolidó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el cual se coordina por medio de la Secretaría de Educación Pública; esta institución tiene como principal objetivo atender a personas mayores de 15 años que por algún motivo no tuvieron las herramientas para aprender a leer o escribir; sin embargo, a más de treinta y siete años dicho instituto no ha alcanzado su principal objetivo de erradicar el analfabetismo en jóvenes y adultos.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno mexicano en 2018 a promover la alfabetización digital, la cual es a través del uso de las tecnologías de la información y es que aproximadamente el 4.7 millones de personas no saben leer ni escribir.4 Sin embargo, es necesario resaltar que actualmente no toda la población cuenta con acceso a un equipo de cómputo y de internet, esta medida, aunque es una buena herramienta, no es útil para toda la población.
Es importante mencionar que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 , indicó que a pesar de que nuestro país ha tenido importantes y sostenidos avances en cuanto al analfabetismo, aún existen rezagos que urge atender, ya que “en 2016, el 19.8 por ciento de la población indígena entre los 30 y 64 años no sabía leer ni escribir, mientras que sólo 4.3 por ciento de la población no indígena se encontraba en la misma situación”.5
Este dato nos indica que el analfabetismo se agudiza en la población indígena, lo que los coloca en una escala mayor de condiciones de vulnerabilidad; motivo por el cual, el gobierno debe destinar mayores recursos para la atención de este sector que no cuenta acceso a servicios educativos y de conectividad.
Asimismo, los adultos mayores son un grupo propenso que está en mayor nivel de exclusión y de acuerdo a un estudio del Coneval en 2014, 60.7 por ciento tienen rezago educativo;6 lo cual nos indica una cifra alarmante que evidencia el abandono a las personas de la tercera edad.
Brindar educación básica a los adultos mayores posibilita una mejor política social hacia este grupo desprotegido, el cual es prioritario para la cuarta transformación.
El 17 de septiembre del año en curso el INEA señaló que se pretende alfabetizar a 140 mil personas, lo que representa una disminución del 0.2 por ciento de la tasa de analfabetismo en México. Esta meta es muy parca, en comparación de la gran meta de transformar al país. En consecuencia, la propuesta actual busca que el Ejecutivo federal emprenda acciones a fin de erradicar el analfabetismo y reducir su porcentaje a menos del uno por ciento.
En Latinoamérica contamos con ejemplos que nos indican que los grandes objetivos son posibles de alcanzar. La revolución cubana se materializó en 1959 y para 1962 ya se había erradicado el analfabetismo, debido a que este país hizo una movilización con diversos actores civiles y políticos que aportaron ayuda para que muchas personas aprendieran a leer y escribir. Y, en cambio, a poco más de cien años de la Revolución Mexicana, nuestra república sigue arrastrando problemas graves de injusticia social, uno de ellos es el flagelo del analfabetismo.
Cuba es el único país de la región de América Latina y el Caribe en cumplir con los objetivos globales de la educación para todos en el periodo de 2000-2015 establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),7 motivo de más por el cual México debe tomar el ejemplo y redoblar esfuerzos para cumplir con los objetivos que como nación nos hemos fijado ante la agenda de las naciones.
Debemos considerar la recomendación por Unesco en 2016, en donde indica que los países de América Latina deberían invertir en educación, al menos el 6 por ciento de su Producto Interno Bruto o bien, el 20 por ciento de su presupuesto público total.8
Al respecto, México se ha mantenido en niveles entre el 6.5 y 6.9 por ciento del PIB de 2009 hasta 2016, lo cual es menos de lo marcado por la Ley General de Educación en el artículo 25: “El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país.”
El crecimiento en materia de educación radica en visibilizar el presupuesto que se destina a ese sector como una inversión nacional que prometerá frutos a mediano y largo plazo, lo cual se traduce como el compromiso político hacia la formación integral de sus ciudadanos, a fin de contribuir al desarrollo social.
Si bien, existe un marco normativo que se sustenta en el artículo 3o. constitucional, el cual indica que “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios-, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” no resulta suficiente para garantizar el pleno ejercicio del derecho, lo cual está generando un importante rezago educativo en el país.
Además, en Asamblea General de la ONU en 1948, se considera que la adquisición de habilidades básicas como la lectura y la escritura son un derecho humano inalienable9 y que debe ser prioridad de todos los Estados Parte crear una campaña educativa para atender el problema y disminuir las cifras a nivel mundial;10 sin embargo, aún existe una gran brecha entre la realidad y el ejercicio pleno del derecho.
México, como parte de la Unesco, desde 1945 y como país miembro, debe comprometerse a dar cumplimiento a los proyectos en materia de educación que se han diseñado, como el Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos (2000) y el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012);11 en donde se tiene como objetivo disminuir los índices de analfabetización y garantizar el derecho a la educación, incluyendo a todos los sectores de la población.
Por lo que el presente punto de acuerdo reitera el compromiso que tiene el Estado mexicano hacia los ciudadanos, a fin de favorecer el pleno desarrollo de los individuos y su participación de la sociedad, eliminar la pobreza y marginación e incrementar las oportunidades de los ciudadanos.
La alfabetización es un pilar importante para toda sociedad avanzada, sobre todo para aquellos que son denominados “países desarrollados”; en contraparte, un alto índice de analfabetas tiene como consecuencia que el país se desarrolle de forma lenta. Por lo tanto, erradicar este problema es factor primordial para reducir los niveles de pobreza y a su vez acrecentar la economía, lo que se traducirá en mejores niveles de bienestar.
Debemos resaltar que existe una correlación directa entre el analfabetismo y la pobreza; ya que no saber leer ni escribir limita las oportunidades laborales de los ciudadanos y por lo tanto, sus ingresos, lo que repercute en la capacidad para obtener una canasta básica alimentaria, efectuar gastos necesarios en salud, educación, transporte, vestido y vivienda, a pesar de que la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.12
Una de las grandes consecuencias que tiene una persona analfabeta es que no puede comprender su realidad socio-política, es decir, no puede entender cuáles son sus derechos e incluso obligaciones como ciudadano, dicho de otra manera, esto imposibilita el desarrollo individual e incluso colectivo.
Una campaña nacional a favor de la alfabetización en México permite que haya participación de toda la población mexicana y así se pueda llegar a todas las zonas más remotas del país en donde existe mayor índice de rezago educativo y es que eliminar lo anterior es semejante a disminuir la desigualdad social.
En aras de la cuarta transformación se debe erradicar este mal que ha estado en nuestro país por tantos años y que por desgracia los gobiernos neoliberales no han querido eliminar con la finalidad de que las personas analfabetas sigan desinformadas. Ya que desde el punto de vista de la economía de mercado la educación es vista como un servicio al cual solo se puede acceder mediante capital y dependiendo del poder adquisitivo de las personas.
Uno de los objetivos principales de nuestro gobierno debe ser librar la batalla contra la ignorancia, esto se traduce en alfabetizar a la población, así se estaría coadyuvando a una verdadera transformación y logro del Estado mexicano. Además que representaría el verdadero trabajo que se está haciendo para cambiar al país después de años que el gobierno no ha tenido como objetivo las necesidades básicas de la población en peores condiciones de vulnerabilidad.
La cuarta transformación plantea un cambio en las conciencias de todos los ciudadanos hacia la transformación nacional, para ello, se debe empezar por las personas que no saben leer ni escribir, como una condición que los coloca en estado vulnerable. En consecuencia, proponemos implementar una campaña nacional que enfrente y ponga fin al analfabetismo en nuestro país, como un logro significativo de la evolución del Estado, que tendrá un beneficio directo a los ciudadanos y permitirá el goce de otros derechos humanos y el acceso a beneficios de desarrollo.
La creación de una campaña nacional contra el analfabetismo no significa un gasto, sino una inversión que tendrá impacto directo en el incremento de productividad de los ciudadanos y favorecerá la transformación del individuo, lo que le permitirá la liberación, autonomía y conciencia social, lo cual se traduce en una democracia participativa y un buen funcionamiento de la organización social y política del país.
Por último, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar e implementar una campaña nacional para abolir el analfabetismo, ya que, en el marco de la cuarta transformación, resulta sumamente importante disminuir la desigualdad de oportunidades que impera en el país.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar una “campaña nacional contra el analfabetismo”.
Notas
1 Analfabetismo. Inegi, Encuesta intercensal, 2015. Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
2 Analfabetismo. Inegi, Encuesta intercensal, 2015. Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
3 López, A. “¿Qué es el analfabetismo funcional y por qué la mitad de la población en México lo padece?” Cultura Colectiva, 2018
4 Dirección General de Comunicación. Demanda CNDH alfabetización digital inclusiva para 4.7 millones de personas que no saben leer y escribir, con acceso a las TIC’s para que puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, CNDH, septiembre 2018. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/comunicados/2018/Com_20 18_258.pdf
5 Redacción. Más del 70% de los indígenas, en situación de pobreza: Coneval, Aristegui noticias, agosto 2018.
6 Estudio Diagnóstico del derecho a la educación. Coneval, 2018. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/De rechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf
7 En América Latina y el Caribe sólo Cuba alcanzó los objetivos globales de la Educación para todos en el periodo 200-2015. Unesco. Disponible en:
https://es.unesco.org/news/
america-latina-y-caribe-solo-cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-periodo-2000-2015
8 Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. Coneval, noviembre 2018, pág. 52.
9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). “Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto” Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Chile, 2009
10 Redacción. Aprender a leer y escribir es un derecho fundamental. Educación Futura: Periodismo de Interés Público, 2018. Disponible en:
http://www.educacionfutura.org/aprender-a-leer-y-escribi r-es-un-derecho-fundamental/
11 Compromiso con el Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible: La Comunidad Mexicana en Acción por la Educación para la Sustentabilidad.
12 Ibid.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Ulises García Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para efectuar un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal en favor de la realización de ventas o subastas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a ?Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal en favor de la realización de ventas o subastas de bienes desincorporados, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda dependencia gubernamental cuenta con unas serie de actividades que se apegan a las necesidades de operación, organización o, simplemente, a los tiempos en los cuales se encuentran inmersas. Esta diversidad, en muchos casos, implica costos referidos a la adquisición de bienes que cuentan únicamente con propósitos específicos a tiempos y formas, es decir, son de un uso breve o único.
En el caso de las dependencias federales, situaciones de esta clase son comunes, ya que se tienen que apegar al calendario festivo, las variaciones de los programas federales implementados por las diferentes administraciones públicas o a la realización de eventos esporádicos o seriados, como foros, campañas informativas o eventos culturales. De ellos, una serie de bienes son obtenidos para su realización y, en muchos casos, son dejados en el olvido, donde se podría hablar de dos posibles escenarios en el futuro de dichos bienes: se relegan a bodegas propias o rentadas por parte de entidades gubernamentales, o “desaparecen” sin dejar mayor rastro que el registro de que fueron adquiridos.
Ambas situaciones tienen como consecuencia una pérdida en términos económicos para nuestro país. En el primer caso, el uso de espacios con un mayor potencial que el de ser meramente “garajes” públicos es un tema sumamente importante por considerar. La realización de eventos o la implementación de programas temporales han dejado en el olvido una parafernalia que podría encontrar una mejor utilidad en manos de la ciudadanía y los privados. Por otra parte, los costos espaciales y monetarios que implica el cuidado de bienes arrumbados es algo que la actual administración no debería tolerar en favor de una lógica de austeridad pública.
En el segundo caso, la falta de atención sobre bienes de este tipo deriva en situaciones donde hurtos de diversas magnitudes se realizan de manera común. La falta de atención derivada de la ausencia de relevancia que se les otorga, hace difícil que los chequeos se realicen de manera constante más allá de un primer vistazo. Este escenario está especialmente ligado a bienes y objetos que carecen de alta atención mediática.
Un caso excepcional es el de bienes como vehículos o inmuebles. Mientras el resto de productos tiende a ser poco o nulamente considerado por parte de medios de comunicación públicos o privados, las subastas y ventas que se realizan acerca de esta clase de objetos es de gran escala. Tan sólo recordar la reciente subasta de vehículos realizada a finales de febrero de 2019,1 y la cual generó cerca de 62 millones de pesos en ganancias,2 o los 61 millones de pesos obtenidos por la venta de 351 lotes de bienes muebles e inmuebles en Guadalajara en septiembre de 2019,3 son un claro ejemplo de que esta clase de prácticas son consideradas a partir del tipo de bienes que se comercializan y no necesariamente por el ejercicio general de esta práctica.
Esto, a nivel de transparencia, deja mucho que desear por parte de las autoridades mexicanas. Sin tomar en cuenta el impacto mediático que podría tener en medios nacionales e internacionales, la puesta en venta o subasta de productos arrumbados en bodegas es una forma de reducir costos. El portal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya expone una serie de productos a su venta o subasta de diferentes tipos, pero usualmente asociados a bienes confiscados.
En el caso de aquellos que han sido adquiridos por parte del propio gobierno y que no tienen la relevancia mediática como los bienes previamente mencionados, su aparición es bastante escasa para la magnitud de adquisiciones que las diferentes entidades han realizado mediante el ejercicio del presupuesto público. Su uso o reúso debe ser considerado para aminorar las cargas de gasto estatales y federales. Ya sea mediante el reciclaje, venta o subasta de dichos productos, encontrar una forma de obtener rendimientos y recuperar parte del gasto debe de ser prioridad en tiempos que solicitan prudencia en el gasto público e inversión en los diferentes sectores sociales que dependen de apoyos gubernamentales.
Sobre esto, exhortamos a que sin importar origen, monto o utilidad que tengan los diversos bienes almacenados en bodegas usadas por dependencias gubernamentales que carezcan de un propósito a corto, mediano y largo plazo, sean puestos a la venta o subasta para así aminorar los gastos y recuperar la inversión realizada por parte de las administraciones previas y actuales, en favor de usar las ganancias obtenidas en programas sociales de diferente índoles. Así, se pretende sentar bases para mantener una política que sea estricta respecto al tema de los gastos innecesarios que se han mantenido por los gobiernos. Mantener una administración pública eficiente es el criterio central para así dar paso al desarrollo y bienestar de nuestro país.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal que se encuentren en situación de desuso, deshecho o dados de baja.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, para la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias e instituciones gubernamentales, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para la actualización del portal de ventas y subastas del Servicio de Administración Pública, en favor de la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias, instituciones gubernamentales y entes del gobierno federal.
Notas
1 Ariadna Ortega. (2019) ¡Vendidos! 196 vehículos fifís de la presidencia en subasta de AMLO, 9 de septiembre de 2019, de ADN Político. Sitio web:
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/24/vendidos-196-v ehiculos-fifis-de-la-presidencia-en-subasta-de-amlo
2 Redacción Nación321. (2019) ¡Se rayó! Esto es lo que ganó el Gobierno de AMLO en la primera subasta de autos, 9 de septiembre de 2019, de Nación321. Sitio web:
https://www.nacion321.com/gobierno/se-rayo-esto-es-lo-qu e-gano-el-gobierno-de-amlo-en-la-primera-subasta-de-autos
3 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. (2019). Se obtienen 61 mdp en Subastas en Guadalajara. 21 de septiembre de 2019, de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Sitio web: https://www.gob.mx/sae/prensa/se-obtienen-61-mdp-en-subastas-en-guadala jara-218340
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar el libre tránsito por las casetas de peaje del país, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar el paso por las casetas de peaje del país, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El programa carretero nacional tuvo sus inicios en 1925, a la par se Constituye la Comisión Nacional de Caminos y se crea un impuesto, el cual consistía en que por cada litro de gasolina comprado se destinarían $0.03 para financiar el programa carretero, en caso de que este recurso se volviera insuficiente, se propuso recurrir a un financiamiento directo con base en la emisión de pagarés con cargo a la Tesorería General de la Federación y a favor de las compañías constructoras que tuvieran contratos por obras determinadas.
Para 1929 el impuesto cobrado por el litro de gasolina incremento de $0.03 a $0.04; para 1932 desaparece la Comisión Nacional de Caminos y retoma las funciones la Dirección General de Caminos adscrita a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.
La instrumentación de una política de tarifas para el cobro de cuota en las carreteras de altas especificaciones de nuestro país comenzó en 1949 por órdenes del presidente Miguel de la Madrid, esta acción fue tomada por el gobierno federal para modernizar la infraestructura carretera sin necesidad de acudir al endeudamiento público para este fin.
Para 1952 se crean los primeros tramos carreteros con peaje, fue la ruta corta que va de México a Acapulco, el segundo tramo fue de México a Cuernavaca, el tercer tramo fue hacia el bajío y Norte del país con la carretera México- Querétaro y el cuarto tramo fue la ruta México-Puebla.
Tiempo después, se crea el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994 con un sistema tripartita, el 50% era aportado por Banobras, un 25% por el Gobierno Federal y el otro 25% por empresas privadas.
La red nacional de autopistas de cuota se incluye también dentro de si los puentes carreteros, los cuales han sido ejes fundamentales en el desarrollo económico del país, ya que ha integrado y comunicado a diversas regiones del país, estas carreteras de cuota ofrecen ahorro de tiempo en los recorridos, ahorro de combustible y menos desgaste vehicular, esta red de autopistas está administrada actualmente por Caminos y Puentes Federales (Capufe), esta institución se encarga de la administración, mantenimiento y construcción de autopistas en México.
Actualmente la Red Nacional de Caminos (RNC), reporta una longitud total de 582,175 km, con las siguientes cifras:
• 171,347 km-carreteras pavimentadas
• 50,435 km-carreteras federales
• 101,460 km-carreteras estatales
• 19,452 km-otros (municipales, particulares)
• 10,557 km-carreteras de cuota
• 1,192 plazas de cobro
• 70,541 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace
• 340,287 km caminos no pavimentados
• 10,341 km de Veredas
De enero a mayo de 2019 se recaudó un total de 13 mil 872 millones de pesos por concepto de peaje en casetas, lo que presento un crecimiento mínimo de 1.9% con respecto a otros años, esto debido a grupos de personas que tomaron las casetas y permitieron el libre paso a los usuarios, solicitando una “cuota voluntaria de $50.00 pesos o más”, sin embargo, omitieron la importancia de este pago para algunos beneficiarios ya que este pago de casetas es deducible de impuestos, como comprobaciones de gastos y facturables, por lo que esta “cuota voluntaria” en lugar de ser un beneficio se vuelve una problemática tanto para los particulares como el Estado mexicano.
Además de que muchos usuarios cuentan con tarjetas de tele-peaje, que hacen uso de carriles específicos y los cuales al ser bloqueados se ven afectados si no portan efectivo para pagar la “cuota voluntaria”, tal es el caso de los camiones de carga y tráileres, esto, aparte de dañar el ingreso de presupuesto a la nación se daña la economía del país ya que el transporte de servicio público federal es el encargado de transportar productos entre los estados del país, y si los operadores de estas unidades llegan a pagar en efectivo, las empresas no se los reintegran por no tener como comprobar este gasto.
A continuación, se presenta una tabla con las casetas de peaje más afectadas del mes de enero a junio de 2019, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes:
Como podemos observar, un total de 3,499 bloqueos en casetas ubicadas en diversas autopistas del país, dieron como resultado la perdida de $1,823,454,752 (mil ochocientos veinticuatro millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos 00 M/N) que impactaron directamente en el presupuesto de ingresos de la federación de 2019.
Es sabido que muchas de estas casetas que son tomadas por manifestantes, sirven como bastión económico para algunos líderes de organizaciones sociales y políticas, que disfrazando estas tomas de caseta de cobro como protesta, obtienen jugosos recursos, tal es el caso de la Caseta de Huitzo de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, que se encuentra ubicada geográficamente dentro del tramo que la proponente recorre para visitar muchos de los municipios que represento, esto además de representar pérdidas de tiempo, en días pasados, fueron causales de fuertes accidentes de tránsito, dando como resultado la pérdida de vidas humanas, por ello, es necesario garantizar el paso por las casetas de peaje, ya que además de ayudar al ámbito económico apoya a los ingresos tributarios de nuestro país y se evitan catástrofes.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a garantizar el paso por las casetas de las autopistas a cargo de Capufe del país.
Bibliografía
-Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 1925
-Contreras Valdez, Mario. Los primeros cuatro tramos carreteros de cuota y la ciudad de México. Mitad del siglo XX (2012)
-Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Análisis de las tarifas fijas para el uso de carreteras de peaje (autopistas) en México (octubre 2004)
-Página oficial de la Red Nacional de Caminos; https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
-Valadez, Roberto. Tienen autopistas las ganancias más bajas en 4 años: Capufe (Milenio, 15 de julio de 2019)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2019.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de BC a hacer cumplir el principio constitucional de paridad de género en todos los niveles de gobierno, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Las suscritas, diputadas Martha Patricia Ramírez Lucero, Socorro Irma Andazola Gómez, Sandra Paola González Castañeda y los diputados Mario Ismael Moreno Gil y Javier Lamarque Cano, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
1. La reforma constitucional propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena, a cargo del Diputado Porfirio Muñoz Ledo, basa su argumentación en las exigencias históricas propias del momento que nos toca vivir, siendo la igualdad de género y el combate a las brechas de desigualdad una de las principales causas de la legislatura de la paridad y también, de nuestro partido.
2. La paridad de género, entendida como una cuota afirmativa de carácter temporal, debe interpretarse como una medida necesaria para lograr equilibrar la participación de mujeres y hombres en los asuntos públicos, no limitándose al legislativo sino propiamente, extendiéndose a todos los poderes, en todos los niveles.
3. Estando compuesto el Estado por los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el ejemplo de la inclusión de las mujeres siendo el primer presidente en la historia de México que nombra un gabinete en paridad. El ejemplo y mandato moral de la Cuarta Transformación debe entenderse como una máxima para los gobernadores electos, que en concordancia con los principios de justicia social, igualdad y paridad, busca colocar a las mujeres en el centro de la política, involucrando la experiencia y trayectoria en el reconocimiento para la conformación de toda la administración pública.
4. El fundamento de la democracia reside en la capacidad del Estado para generar las condiciones necesarias que logren la participación equitativa tanto de mujeres como de hombres. A pesar de los esfuerzos que se han realizado, las brechas de género en el ámbito público aún se hacen presente de forma muy constante en dos ámbitos: cargos y salarios.
5. Según el estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre igualdad,1 el porcentaje de mujeres en puestos medios y altos dentro de las Secretarías de Estado es menor, en todos los casos, al 46.8 por ciento que se alcanza en el espacio de “Jefatura de Departamento”. Lo anterior, manifiesta una dolorosa deuda pendiente que se tiene con las mujeres que durante años, han perfeccionado sus habilidades mediante la capacitación y el estudio, sin que su crecimiento en el ámbito académico sobre carreras de administración pública y especialización se logre reflejar en los puestos medios y altos de la Administración Pública.
6. Dentro de los resultados que muestra el Estudio, es necesario hacer un énfasis en la importancia de la voluntad política para lograr revertir la realidad que hasta el momento, aflige a nuestra sociedad. Recordemos que los mandos medios y altos dentro de la Administración Pública Federal son espacios que se alcanzan tras la valoración discrecional, unilateral y de confianza que conllevan una designación administrativa dentro de la estructura vertical del mandato constitucional para cada Secretaría e Institución. Para ejemplificar la amplia brecha de desigualdad, se cita la siguiente tabla del mismo estudio2 en la que “se observa la predominancia de hombres en cada nivel jerárquico, pero esto es mucho más evidente cuando sólo se grafica el porcentaje de mujeres en cada nivel. En los dos grupos representados se aprecia una estructura piramidal en la participación femenina, con mayor porcentaje de mujeres en los puestos de menor responsabilidad, el cual desciende conforme se avanza hacia la cúspide de toma de decisiones. En la gráfica que muestra la estructura en las Secretarías de Estado, sin considerar órganos desconcentrados, hay un 46.8% de participación femenina en las jefaturas de departamento; en las subdirecciones y direcciones de área el porcentaje de mujeres se reduce a 37%; mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales sólo alcanza 28.5% y 21.9% respectivamente, de tal forma que entre jefatura de departamento y dirección general el porcentaje de mujeres se reduce a la mitad. En los niveles superiores a Dirección General se observan menos variaciones, y el porcentaje de mujeres se mantiene más o menos alrededor de 20%. En estos grupos jerárquicos los porcentajes son muy sensibles a cambios debido a que participa sólo un pequeño número de personas.”
7. La brecha de género se manifiesta también en los sueldos dentro de la administración pública, los cuales, pueden ser asignados a partir del tabulador de nómina que cada institución y/o Secretaría determine. En ese sentido, las y los diputados proponentes de este punto de acuerdo urgen al Gobierno de Baja California a romper con este flagelo de injusticia económica no sólo mediante el cumplimiento del principio de paridad de género en todos los niveles, sino también, mediante la implementación de paridad salarial bajo el principio de “mismo pago ante misma actividad laboral”. Se ha demostrado que esta brecha está documentada en diversos estudios, citándose el más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de donde se desprende que las mujeres obtienen menores salarios que los hombres, señalando tales diferencias “dentro del rango de -2.5% (menos salario para las mujeres) a 1.9% (más salario para las mujeres) en el conjunto de las Secretarías”3
8. Cabe recalcar que la reforma en materia de paridad de género, mediante la cual se modifican los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución se aprobó por unanimidad en el Senado, en lo general y lo particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México. Con fecha de 14 de mayo, dicha aprobación remitió esta iniciativa a la Cámara de Diputados, logrando su aprobación por 445 votos, mandato que debe ser acatado.4
9. La reforma avalada con 120 votos consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes de la Unión.5
10. Esta reforma incluye el mismo esquema para los estados, así como para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y los municipios.6
11. Es así que las actuaciones por parte de los funcionarios designados por el Gobernador Bonilla no logran coincidir con tales principios, pues en días pasados se oficializó al licenciado abogado Juan Guillermo Ruiz Hernández como Fiscal General de Baja California, mejor conocido como el “Titi”, para asumir las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Quien, a su vez, omitió y excluyó a las mujeres en la integración de la institución que queda a su cargo.
12. El Fiscal General del Estado de Baja California, le tomó protesta a los principales colaboradores que integran la fiscalía, entre ellos a Hiram Sánchez Zamora como Fiscal Central de Estado, además le rindió protesta a Jorge Álvarez Mendoza como Fiscal Regional de Tijuana, a Pedro Ariel Mendivil García como Fiscal Regional de Mexicali, a Carlos Alberto Flores como Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, a José Ramírez Gómez como Oficial Mayor, a Cristian Colosio Lule como Fiscal de Contraloría y Visitaduría, a Fernando Sánchez González como director del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria, a David Fernando Rodríguez Robledo como coordinador del Centro Estatal de Inteligencia, a José Antonio Cruz Medina como coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad y como coordinador de la Agencia de Investigación a Luis Flores Fierros.7 Toda esta información proporcionada de la Página oficial de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
13. Teniendo grandes mujeres preparadas y altamente capacitadas para asumir cargos medios y altos dentro de la Fiscalía, es una exigencia justa que las mujeres sean tomadas en cuenta inclusive para la integración de los ayuntamientos, es decir, paridad en todos los niveles de gobierno tanto en entidades federativas como en los municipios, respetando el mismo pago por las mismas labores.8
14. Así, es de llamar la atención la ausencia de mujeres en los altos niveles de gobierno, cuestión que se hace evidente al publicar una foto donde aparecen solamente hombres en el acto donde se rinde protesta a los “principales” colaboradores de la Fiscalía.9 Las lamentables imágenes son un retroceso a la lucha histórica de las mujeres que han concentrado sus esfuerzos para alcanzar tales espacios.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de la importancia y urgencia por asegurar el principio de paridad de género e igualdad salarial entre mujeres y hombres, sometemos a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobernador electo del estado de Baja California, así como al Fiscal General nombrado en la entidad, a que en el ámbito de sus facultades y competencias hagan cumplir el principio constitucional de paridad de género en todos los niveles, así como el principio de igualdad salarial, mediante el nombramiento de las mujeres suficientes en todos los espacios y todos los niveles.
Notas
1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igual dad-20180206.pdf
2 ídem
3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-igual dad-20180206.pdf
4 Por unanimidad, el Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México.
La reforma avalada con 120 votos consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes de la Unión. https://morena.senado.gob.mx/2019/05/14/aprueban-por-unanimidad-paridad -sustantiva-en-todos-los-espacios-de-toma-de-decisiones-del-estado/
Incluye el mismo esquema para los estados, así como para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y los municipios.
5 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
al-grito-de-igualdad-diputados-aprueban-paridad-de-genero-3663389.html
6 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
al-grito-de-igualdad-diputados-aprueban-paridad-de-genero-3663389.html
7 https://www.pgjebc.gob.mx/blog/nombramientos/
8 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44832 -aprueban-por-unanimidad-paridad-sustantiva-en-todos-los-espacios-de-to ma-de-decisiones-del-estado.html
9 https://www.pgjebc.gob.mx/blog/nombramientos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019
Diputadas:Diputados:Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la SCT a implantar el uso general de pasos de fauna en las autopistas y carreteras federales que lo requieran, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar el uso general de pasos de fauna en todas las autopistas y carreteras federales que lo requieran, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo de infraestructura carretera es uno de los grandes logros del siglo pasado en términos de comunicaciones y transportes. La posibilidad de interconectar regiones distantes mediante la creación de pasos especializados para los vehículos de carga o de uso particular, pareciera una idea simple al asemejarse a los caminos, pero una que resulta altamente eficiente a partir de los materiales empleados.
Sin la reducción de estos tiempos, muchas de las cosas que hoy en día hacemos y consumimos no serían posibles. La comercialización, el turismo, la diplomacia, entre otras muy diversas actividades, dependen de esta clase de estructuras para poder cumplir con sus objetivos. Por tal motivo, considerar la relevancia de las carreteras resulta algo trivial. Su necesidad, de acorde a las posibilidades presentes de la tecnología a nuestra disposición, nos orilla a depender de ellas para así facilitar la vida de la ciudadanía.
A pesar de ello, nuestro conocimiento, como sociedad, se ha ampliado con el paso de las décadas y hemos aprendido el impacto ambiental que hoy en día la actividad humana tiene durante el famoso periodo del “antropoceno”.1 Mediante el incremento sostenido de la temperatura de las superficies por 1°C desde hace dos siglos, la reducción disminución y desaparición de glaciares,2 el aumento del nivel del mar, la intensificación de los desastres naturales, entre otras problemáticas, los efectos de la actividad humana arrojan resultados negativos derivado de un desconocimiento generalizado de las consecuencias de nuestros actos hasta mediados del siglo pasado.
Hoy en día, afortunadamente, las investigaciones académicas y gubernamentales han arrojado resultados contundentes para tomar cartas en el asunto, donde el Acuerdo de París es un ejemplo particular de ello. Por tal motivo y al seguir la historia diplomática nacional, nuestro país ha adquirido una serie de compromisos internacionales en materia ambiental, donde es evidente que la temática se le ha elevado a ser un tema para considerar por parte del Estado mexicano. Además, se ha encargado de elaborar una legislación pertinente para la problemática y la cual sigue trabajando debido a la relevancia que tiene hoy en día.
Sobre esto, problematizar el tema ambiental y su relación con la actividad humana requiere abordar desde los temas mayúsculos hasta aquellos que no tienen tanta atención mediática, pero los cuales siguen teniendo efectos reales sobre nuestras vidas. En este caso, se habla de los atropellamientos de fauna silvestre y sus posibles soluciones, donde los pasos de fauna resaltan por su incidencia positiva y bajo costo. De acorde a experiencias previas en otras naciones, como en Canadá, Holanda, Brasil o Kenia,3 y en nuestro país (con poblaciones de Jaguares en Quintana Roo)4 su efectividad ha sido bastante buena para la preservación de las especies, donde las necesidades civilizatorias comienzan a encontrar formas de conciliación con las demandas ambientales del presente. Con la construcción del Tren Maya, una de las grandes obras relacionadas con vías de comunicación del presente, la apuesta por los pasos de fauna ha estado en boca de especialistas como una forma de mitigar su impacto en las zonas protegidas las cuales pretende atravesar,5 donde se requerirán de 12 a 15 pasos de fauna6 para poder dar solución al tema. Teniendo en cuenta el contexto ambiental de la crisis climática, esta clase de acciones abonan mucho más de lo que usualmente suponemos.
Por otra parte, su beneficio no solamente se plasma en la preservación ambiental, sino que también tiene efectos sociales positivos. Con la reducción de atropellamientos, la reducción de incidentes carreteros ha sido resultado de la adopción de los pasos de fauna en otras naciones. De acorde a la experiencia estadounidense, los datos muestran que con la implementación de esta técnica, se puede reducir del 85 al 95 por ciento la incidencia de atropellamientos de fauna silvestre.7 Esto conlleva una reducción de los decesos y de los costos de dichos decesos, donde ambos objetivos son deseables si se pretende otorgarle una situación de bienestar a la ciudadanía.
Por lo tanto, considerar la infraestructura carretera no solamente por sus aspectos propios, sino también por su contexto, resulta indispensable. Con la expansión de las urbes y la infraestructura carretera pavimentada, la cual tenía una extensión de 171 mil 347 kilómetros hasta finales de 2018,8 considerar la adopción de pasos de fauna, en proyectos ya en función y futuros proyectos de infraestructura, resulta indispensable. Con esto, la incidencia puede tener efectos benéficos en múltiples frentes, donde lo ecológico, lo social y lo económico no son dejados de lado.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para realizar un estudio nacional sobre el impacto ambiental carretero y sobre los posibles efectos de la implementación de pasos de fauna en la actual y futura infraestructura carretera.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar el uso general de pasos de fauna en todas las autopistas y carreteras federales que lo requieran.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para volver obligatorio el uso general de pasos de fauna, respaldados por sus correspondientes estudios y de acorde a presupuestos, en todas las autopistas y carreteras federales que se construyan de ahora en adelante.
Notas
1 Liz-Rejane Issberner; Philippe Léna. (2018). Antropoceno: la problemática vital de un debate científico, 9 de septiembre de 2019, de UNESCO. Sitio web: https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-deb ate-cientifico
2 Se estima que de 1993 a 2016 la Antártida perdió un total de 119 mil millones de toneladas de hielo.
3 Starre Vartan. (2018). Wildlife bridges over highways make animals and people safer, 9 de septiembre de 2019, de National Geographic. Sitio web:
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/04/wildl ife-overpasses-underpasses-make-animals-people-safer/
4 Alberto González-Gallina; Mircea G. Hidalgo-Mihart; Víctor Castelazo-Calva. (2018). Conservation implications for jaguars and other neotropical mammals using highway underpasses, 9 de septiembre de 2019, de Plos One. Sitio web:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jou rnal.pone.0206614
5 MartinPixel. (2019). Los pasos de fauna podrían ser la solución para proteger a más de 2 mil jaguares en México por la construcción del Tren Maya, 9 de septiembre de 2019, de Xataka. Sitio web: https://www.xataka.com.mx/otros-1/pasos-fauna-podrian-ser-solucion-para -proteger-a-2-000-jaguares-mexico-construccion-tren-maya
6 Ídem.
7 Starre Vartan. (2018). Wildlife bridges over highways make animals and people safer, 9 de septiembre de 2019, de National Geographic. Sitio web:
https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/04/wildl ife-overpasses-underpasses-make-animals-people-safer/
8 Instituto Mexicano del Transporte. (2019). Red Nacional de Caminos, 9 de septiembre de 2019, de Instituto Mexicano del Transporte. Sitio web:
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional -de-caminos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco a establecer una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional; y a la Fiscalía General del estado, a investigar los hechos ocurridos el 17 de octubre contra integrantes de esa organización social, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV, con fundamento en lo que se establece en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la cámara de diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno del estado de Tabasco a establecer una mesa de dialogo con la organización CNPA MN Y a la fiscalía general de estado para realizar las investigaciones correspondientes en los hechos del 17 de octubre contra integrantes de la organización social Mocri-CNPA MN, bajo lo siguiente
Exposición de Motivos
Debido a las denuncias públicas por el excesivo uso de la fuerza y por extorción a comerciantes y población en general, de la policía municipal de Teapa los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri CNPA MN) acudieron 17 de octubre de 2019 a las oficinas para expresar su malestar y solicitar una audiencia con el secretario de seguridad pública municipal, en donde fueron recibidos con disparos al aire y posteriormente disparos en contra de los militantes del Mocri CNPA MN.
El uso desmedido de la fuerza fue evidente por parte de las autoridades, además que la ciudadana Tey Mollinedo presidenta municipal de Teapan, Tabasco, se negó al dialogo directo, por lo que los resultados fueron 8 personas heridas de bala, las cuales fueron atendidas en el Hospital General de Teapa Nicandro L. Melo.
Derivado de las agresiones por arma de fuego que se suscitó el pasado 17 de octubre de 2019 en la puerta de las instalaciones de la secretaria de seguridad pública municipal de Teapa Tabasco, donde fueron lesionados por arma de fuego los C. Sebastián Hernández Ruiz, Esteban Juárez Chávez, Nisandro Hernández Vázquez, Juan Arias Méndez, Roney López Damián, Emanuel Pérez Gómez Morelia, Lucy Villarreal Hernández y Timoteo Pérez Montejo, por parte de policías municipales mientras transitaban por este municipio y solicitaban una audiencia pública.
Por otro lado, la carpeta de investigación no tiene claridad, dado que las pruebas reportadas en el lugar de los hechos no figuran en el expediente, e incluso, es difuso y confuso. Además, a la familia de los lesionados se les fue informado verbalmente que las ojivas y esquirla no serían extraídas, basados en una instrucción de la Fiscalía General del Estado, evitando obtener las pruebas necesarias contra los problemas a los policías municipales. A la fecha, las 8 personas fueron dadas de alta, sin embargo 2 de ellas fueron trasladadas al Hospital Regional de alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez y una más en el Hospital General de Teapa Nicandro L. Melo, de Teapa Tabasco, donde no se les pudieron extraer las ojivas y que posteriormente fueron dándolas de alta.
En virtud de lo anterior expuesto y a fin de deslindar responsabilidades, establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas características, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de Estado de Tabasco a realizar las investigaciones correspondientes con objetividad, transparencia y efectividad a fin de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos del 17 de octubre de 2019, en la puerta de las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública municipal de Teapa Tabasco, contra los integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri CNPA MN).
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de Tabasco a establecer mesas de dialogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri CNPA MN), a fin de establecer una ruta que permita construir un proceso de atención y solución a las demandas planteadas, así mismo garantizar la debida atención y recuperación de los lesionados por arma de fuego de los C. Sebastián Hernández Ruiz, Esteban Juárez Chávez, Nisandro Hernández Vázquez, Juan Arias Méndez, Roney López Damián, Emanuel Pérez Gómez Morelia, Lucy Villarreal Hernández y Timoteo Pérez Montejo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2018.
Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implantar políticas públicas de control natal con la perspectiva de preservación ambiental, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Población y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar políticas públicas de control natal con la perspectiva de preservación del medio ambiente. A cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México se encuentra dentro de los primeros lugares más poblados del mundo, ocupa el décimo lugar con 130 mil habitantes, solo por detrás de Rusia, Bangladesh y Nigeria. La Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, arrojó datos importantes, uno de ellos es, que en ese año había 119 millones 530 mil 753 habitantes en México, que de 2010 a 2015, la población se incrementó en 7 millones de habitantes, lo que representa un crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento.1
El gobierno de la República en el año 2015 puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). El objetivo general es reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son:
a) Reducir el embarazo en adolescentes se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, y
b) Reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030.2
Datos de la Enapea, indican que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que, de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.3
El embarazo en las adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales, laborales especializadas y de calidad, así como el desarrollo humano.
Si bien es cierto que la Enapea es un programa que pretende atender los embarazos en adolescentes, también lo es que, no contempla a personas en edad reproductiva, por lo que hacen falta políticas públicas no solo en adolescentes, sino en la población en general encaminadas a fomentar la conciencia del control natal, en beneficio individual, social y del medio ambiente respetando los derechos humanos de cada individuo, en este sentido, se requiere hacer extensivo el control natal como política pública, haciendo énfasis en la preservación del medio ambiente.
Ahora bien, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, está conformada por un grupo Interinstitucional, integrado por el Consejo Nacional de Población entre otras instituciones, quien a su vez está conformado por 11 Secretaría de Estado, dentro de ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a quien le corresponde de acuerdo al artículo 1º, 3º fracción XXXV, y artículo 5º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la formulación y conducción de la política ambiental nacional, luego entonces, es lógico que la política medio ambiental incida o se enlace con una política de control natal.
Recordemos el cambio climático amenaza los medios de vida y el bienestar de todas las personas y sociedades. Sin embargo, los impactos del cambio climático probablemente serán peores para los que menos tienen, que han contribuido poco a las emisiones de gases de efecto invernadero pero que carecen de los recursos para adaptarse de manera efectiva a medida que las sequías, inundaciones y otras consecuencias surten efecto.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desempeña una función única dentro del sistema de las Naciones Unidas al encargarse de las cuestiones de población y desarrollo, haciendo hincapié en la salud reproductiva y la igualdad de género.4
El UNFPA está trabajando en una variedad de niveles para abordar el cambio climático y sus consecuencias. Con el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y Wolfram Research, ha desarrollado la Exploración Demográfica para la Adaptación al Clima (DECA), un sistema de análisis geográfico automatizado que combina datos de población, incluidos la ubicación, el género, la edad y la disponibilidad de servicios, con la geografía de peligros climáticos. DECA permite a los encargados de formular políticas ver, en un nivel detallado, dónde están las poblaciones vulnerables, qué peligros pueden enfrentar y qué recursos están disponibles para fomentar una mayor capacidad de recuperación. Esta información puede formar la base de políticas para planificar una infraestructura más sostenible y reducir los riesgos de desastres.
El trabajo del UNFPA en materia de salud sexual y reproductiva, educación y prevención de la violencia también ayuda a promover la resiliencia entre las poblaciones vulnerables. El acceso a la planificación familiar voluntaria, la atención de salud materna y la educación de calidad son formas clave de empoderar y a concientizar a las mujeres y los jóvenes vulnerables, capacitándolos mejor para prepararse y responder a crisis relacionadas con el clima.5 En sentido inverso estas medidas también pueden ayudar a la protección del medio ambiente.
En México como a nivel mundial es preocupante la situación por la que atraviesan los bosques, siendo éstos un pulmón para el medio ambiente, sin embargo, en nuestro país el huachicoleo forestal en su máximo esplendor, las explotaciones clandestinas, los aprovechamientos otorgados por la autoridad, el crecimiento de la población, los incendios, el turismo ecológico, la contaminación de los cuerpos de agua, entre otros, son apenas unas causas de la gravedad que se vive en los bosques y que afecta drásticamente el cambio climático. Es absolutamente necesario que el Consejo Nacional de Población y la Secretaría del Medio Ambiente realicen políticas públicas en control natal vistas desde la preservación del medio ambiente, porque sin duda, un crecimiento demográfico más lento mejorará la situación a largo plazo del cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62 numeral 3, 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Población y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar políticas públicas de control natal con la perspectiva de preservación del medio ambiente.
Notas
1 Inegi. Encuesta Intercensal 2015
2 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015- 2018
3 Ídem
4 Fondo de Población de las Naciones Unidas.
5 Ídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a implantar cursos de capacitación de los idiomas inglés y francés para agentes migratorios y de la SSPC e integrantes de la Guardia Nacional, dada la diversidad de nacionalidades entre los grupos de migrantes, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; a Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración; a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, para que implementen cursos de capacitación de los idiomas inglés y francés para agentes migratorios, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e integrantes de la Guardia Nacional, ante la presencia de una diversidad amplia de nacionalidades entre los grupos de migrantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las controversias derivadas de la potencial creación de la Guardia Nacional han sido el tema de interés en medios de comunicación en todo lo que va del 2019. La importancia del tipo de mando, las facultades de ella y su relación con la ciudadanía, han sido los puntos centrales que se han tratado en el entorno de la discusión. No es para menos, por lo tanto, considerar que cualquiera de los escenarios plantea una serie de retos que aún deben ser resueltos y los cuales siguen sucediendo en la vida cotidiana de los mexicanos. Anticiparnos, por lo tanto, a escenarios que requieran de acción inmediata es un punto de partida para una operatividad pertinente de las instituciones que se encarguen del futuro de la temática migratoria.
Con la aceptación de las iniciativas de leyes secundarias ligadas a la Ley General de la Guardia Nacional presentadas el 28 de mayo de 2019 en el Senado de la República y elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,1 corroborar que sus funciones cuenten con los mejores estándares operativos para las diferentes funciones que realizarán en términos de seguridad nacional es un tema prioritario de carácter organizacional. Su implementación y uso en la frontera y en labores migratorias requiere que los partícipes adquieran una especialización en el tema migratorio, al existir aspectos por considerar en su interacción con las problemáticas que se les presentarán y con las cuales no necesariamente están familiarizados, ya que la incidencia de problemática migratorias ha aumentado ante el incremento de los flujos migratorios en nuestra frontera sur.
La deportación de migrantes, debido a condiciones externas a nuestro país, se ha incrementado en los últimos tiempos, lo que ha ido acompañado de una variedad más amplia de nacionalidades entre los grupos de migrantes, especialmente africanos y caribeños. En el primer caso, el de los migrantes centroamericanos, sus cifras tuvieron un aumento en deportaciones de 26.14% de 2010 a 2015,2 al pasar de 62,788 deportados en el 2010 a 117,990 en el 2016,3 lo que muestra que el país ya presentaba síntomas de afrontar el mayor reto migratorio de nuestros tiempos. Continuando con las cifras, para 2018, se habían presentado ante el Instituto Nacional de Migración un total de 44,327 personas durante los primeros cuatro meses,4 terminando el año con un registro de 138,6125 personas. Para agosto de 2019, las cifras alcanzaron los 102,314 centroamericanos deportados, lo que representa un incremento en su afluencia del 63% con respecto al 2018.6 Por otra parte, la presencia de migrantes africanos y caribeños es un fenómeno mucho más reciente. El número de detenciones creció un 282% en contraste con el año 2018, donde se han presentado 3,712 casos,7 lo que representa una cifra inferior en cifras brutas, pero significativa en el incremento tan súbito en la presencia de migrantes africanos, especialmente la población camerunesa y congoleña. Por su parte, los migrantes haitianos, el grupo predominante entre los inmigrantes caribeños, tuvo un salto radical, al pasar de 33 migrantes detenidos en 2018 a 2,913 para 2019,8 lo que muestra que cada uno de estos grupos cuenta con mayor presencia en México.
En general, la tendencia en el aumento del flujo de estos grupos se ha mostrado ascendente, por lo que poner sobre la mesa el asunto es prioridad. Ya con la operación de la Guardia Nacional, el resto de instituciones y actores involucrados en la frontera sur del país, su acompañamiento en las labores migratorias se tornaría ineficiente en su forma de operar si no asumiéramos la responsabilidad de darles todas las herramientas para la realización de un correcto desempeño de sus labores, donde la presencia de hablantes de otros idiomas, como el inglés y francés, pude dificultar las labores de comunicación entre la autoridades y los grupos de migrantes, especialmente en situaciones sensibles como lo es una detención, donde las emociones están a tope y la necesidad de evitar malentendidos requiere de un piso base con el cual se pueda dejar en claro los procedimientos y los derechos con los cuales cuentan las personas detenidas por autoridades mexicanas.
Sobre esto, considerar la implementación de cursos de idiomas en inglés y francés puede ser una gran manera de incidir positivamente en la política migratoria y en el operar concreto de los integrantes de las diferentes instituciones involucradas en el tema migratorio en la frontera sur. Esta clase de mecanismos les permiten tener una cercanía con los migrantes, mediante una preparación básica en ambos idiomas, lo que facilita un total apego y respeto a los derechos humanos, ahondando en una política pública humanitaria con deseo de regularizar la entrada de migrantes en una forma que convenga a todas las partes.
El crecimiento económico y el desarrollo nos han situado como una nación en vías de desarrollo y con una buena proyección macroeconómica a futuro, pero con nuevas posibilidades existen mayores problemáticas, como lo es en este caso el otorgamiento de un trato digno a personas que quieren buscar un mejor futuro, sin importar que consideren su estancia o simplemente una zona de transición. Tenemos que estar a la altura del reto y garantizar un trato humano entre autoridades y personas migrantes, por lo que considerar una capacitación en idiomas es una forma de otorgar una manera sencilla pero eficiente para una operación satisfactoria de las autoridades en el tema migratorio, donde la formación y preparación también tendrían un efecto positivo para el fortalecimiento de nuestras instituciones y un mejoramiento de la preparación profesional de nuestra ciudadanía.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; a Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración; a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, para que implementen cursos de capacitación de los idiomas inglés y francés para agentes migratorios, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, e integrantes de la Guardia Nacional, ante la presencia de una diversidad amplia de nacionalidades entre los grupos de migrantes.
Notas
1 Notilegis. (2019). Leyes secundarias de la Guardia Nacional, en vigor a partir de hoy, 9 de septiembre de 2019, de Cámara de Diputados. Sitio web:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/
2019/Mayo/28/2236-Leyes-secundarias-de-la-Guardia-Nacional-en-vigor-a-partir-de-hoy
2 Diego Badillo. (2017). Suben las deportaciones de centroamericanos desde México, de El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Suben-las-deportaciones-de-centroamericanos-desde-Mexico-20170204-0009.html
3 Ídem
4 Luis Baylón. (2018). GRÁFICO: México y sus cifras de deportación a centroamericanos, 9 de septiembre de 2019, de Huffington Post. Sitio web:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/19/
grafico-mexico-y-sus-cifras-de-deportacion-a-centroamericanos_a_23463184/
5 Secretaría de Gobernación. (2019). Extranjeros presentados y devueltos: 2018, 9 de septiembre de 2019, de Secretaría de Gobernación. Sitio web:
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranj eros_presentados_y_devueltos
6 José Meléndez. (2019). México rompe récord de deportaciones, 9 de septiembre de 2019, de El Universal. Sitio web:
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-rompe-record -de-deportaciones
7 El Heraldo de México. (2019). Crece 282% detención de africanos. 9 de septiembre de 2019, de El Heraldo de México Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/estados/crece-282-detencion-de-africanos /
8 Ídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a difundir las principales causas de cáncer infantil y promover los diagnósticos oportunos para detectarlo de manera temprana, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, a difundir las principales causas de cáncer infantil y promover los diagnósticos oportunos para detectarlo de manera temprana, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el mundo, 1.1 por ciento de los casos nuevos por cáncer ocurren en niños y adolescentes.1 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en el mundo; cada año se diagnostica a unos 300 mil niños de entre 0 y 18 años.
En el caso de México el cáncer en la infancia es la primera causa de muerte por enfermedad en la población infantil mexicana. En promedio hay 2 mil defunciones al año por esta causa, con una tasa de mortalidad en niños de 5.3 por cada cien mil habitantes, y en adolescentes la cifra se eleva a 8.51.2
El cáncer infantil es un problema de salud pública, por ser una de las principales causas de morbimortalidad en niños y adolescentes, además del impacto físico, social, psicológico y económico para quienes lo padecen y sus familiares.
De acuerdo con el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), en México, las tasas de incidencia (por millón), en 2017 fueron 89.6 nacional, siendo 111.4 casos en niños (0 a 9 años) y 68.1 casos en adolescentes (10-19 años). La mayoría de los casos por cáncer son:
Principales tipos de cáncer infantil
Cáncer Porcentaje
Leucemias 48%
Linfomas 12%
Tumores del Sistema Nervioso Central 9%
Fuente: Dirección General de Epidemiología, Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.
El cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Comienza con cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. El problema es que el cáncer infantil en su gran mayoría no tiene una causa conocida, a diferencia del cáncer en adultos. Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida en los niños.
Debido a que resulta difícil prevenir el cáncer infantil, es realmente importante conocer los principales síntomas y realizar el diagnóstico temprano, para su tratamiento oportuno.
Según la Secretaria de Salud y la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud (2017), los principales síntomas del cáncer infantil son:
• Sangrado frecuente sudoración
• Puntos rojos y morados en la piel
• Crecimiento irregular en abdomen
• Moretones frecuentes
• Fatiga, cansancio o apatía sin causa aparente.
• Dolor de cabeza persistente
• Dolor de huesos y articulaciones
El cáncer infantil en nuestro país es considerado como un problema grave, por lo cual en enero de 2004 se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (Conacia) como un órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y concertación de las acciones de los sectores público, social y privado en materia de investigación, prevención, diagnóstico, y tratamiento integral del cáncer detectado entre la población menor de 18 años en la República Mexicana.3
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en nuestro país el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en la población infantil, por lo cual resulta sumamente importante que la Conacia refuerce las campañas de prevención para que la población pueda detectar signos de sospecha y accedan de manera oportuna a un tratamiento.
Pues, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer durante la infancia y la adolescencia puede curarse si se detecta a tiempo y se otorga un tratamiento adecuado. Debido a que cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana, existe una mayor probabilidad de que el paciente responda al tratamiento y aumente su posibilidad de curarse, además de que el tratamiento resulta menos agresivo para el paciente, por lo cual es sumamente importante un diagnóstico oportuno, pues este representa significativamente una diferencia.
Según la Secretaria de Salud un diagnóstico oportuno consta de tres componentes:
I. Concienciación en los ambientes familiar y escolar, y acceso a la atención sanitaria;
II. Evaluación clínica, diagnóstico y determinación del estadio (averiguar hasta qué punto se ha propagado el cáncer); y
III. Acceso al tratamiento.
En nuestro país actualmente gran porcentaje de los casos de cáncer infantil se puede curar con medicamentos y otros tratamientos como son la terapia, la radioterapia, trasplantes o cirugía, siempre y cuando el cáncer se detecte en una etapa temprana.
El grave problema es que en México, 75 por ciento de cáncer en menores de 18 años, se diagnostican en etapas avanzadas, lo que incrementa el lapso y costo del tratamiento, además de que de aumenta de manera considerablemente la posibilidad de que el paciente se cure.4
Es por ello que el presente punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (Conacia) a difundir las principales causas de cáncer infantil y promover los diagnósticos oportunos, para detectarlo en una etapa temprana y se puedan acceder de manera oportuna a un tratamiento, pues el detectarlo a tiempo representa una gran diferencia entre la vida y la muerte de nuestros niños con cáncer.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia a difundir las principales causas de cáncer Infantil y promover los diagnósticos oportunos para detectarlo de manera temprana.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (Conacia) a reforzar las campañas de prevención, para que la población pueda detectar signos de sospecha y accedan de manera oportuna a un tratamiento.
Notas
1. GLOBOCAN: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. Lyon, France: IARC; 2018
2. Informe sobre la salud de los mexicanos 2015. Diagnóstico General de la Salud Poblacional.
3. http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
consejo-nacional-para-la-prevencion-yel-tratamiento-del-cancer-en-la-infancia-y-la-adolescencia-conacia
4 Secretaria de Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 2017
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre 2019.
Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a colaborar en la implantación de campañas de desazolve de drenajes en zonas urbanas ante la temporada de lluvias, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua, a David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, a los 31 gobernadores de las entidades de la federación y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al igual que a sus correspondientes símiles involucradas en el manejo de sistemas de aguas, para que colaboren en el establecimiento de lineamientos generales para la implementación de campañas de desazolve de drenajes en zonas urbanas ante la temporada de lluvias y el incremento de su intensidad derivado de la crisis ambiental, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los efectos de la crisis ambiental comienzan a palparse en cada uno de los frentes previamente discutidos por parte de gobiernos, dependencias y especialistas, a lo largo y ancho de los estados que componen nuestro planeta. El aumento del nivel de los mares, el incremento de la temperatura media anual en diversos países, la crisis de abasto de agua potable, la extinción masiva de especies animales y vegetales, la contaminación de suelos, aguas y aires, al igual que la intensificación de los desastres naturales, son solo algunas de los eventos asociados a la actividad humana originados a partir de la forma de operar y producir desde la primera Revolución Industrial1 .
De esta manera, el panorama en relación con la toma de decisiones relacionadas a temáticas ambientales ha tomado muchísima relevancia en contraste con su posición en las prioridades de la administración pública del siglo pasado, donde no fue hasta finales del siglo XX que se comenzó a discutir intensamente acerca del peso de la política pública en relación con la mitigación de las consecuencias de la crisis ambiental. En los argumentos vertidos, una de las principales observaciones respecto a los cambios acontecidos es que muchos de los problemas planteados corresponden a una lógica “reactiva”, donde se espera un acontecimiento severo para poder justificar las acciones necesarias para afrontar el problema y, ante la necesidad de anticipar problemáticas presentes y futuras, era necesaria una aproximación de corte “preventiva”, la cual se caracteriza por promover proyectos o prácticas que pretenden hacer frente al problema “de raíz”, evitando el uso de tiempo y recursos de manera innecesaria.
A pesar de ello, hoy en día muchas de las prácticas o normatividades que siguen vigentes y tienen una incidencia en el funcionamiento del aparato estatal carecen de efectividad, donde la desactualización u omisión de las autoridades puede tener un efecto negativo en el bienestar de la ciudadanía, especialmente en los aspectos de seguridad, salud y economía, donde los desastres naturales adquieren un papel central, quienes siempre han sido fenómenos de alta atención mediática debido a los estragos que usualmente los acompañan y los cuales tienden a trastocar cada una de las tres variables aquí expuestas.
Esta clase de fenómenos, los cuales han tenido una tendencia ascendente respecto a su intensidad y estragos derivados de ellos, representaron 42 mil millones de dólares en gasto público a nivel mundial para mediados del 2019 (9 mil millones más que el año pasado), donde se registraron 370 desastres naturales para la realización del estudio por parte de la aseguradora alemana Munich Re2 . Esto, preocupante ante la puesta en riesgo de la vida de la ciudadanía y el impacto económico ante la destrucción que usualmente estos dejan, plantean un escenario en el cual el tema de los desastres naturales no puede ser dejado a la reacción y contingencia, especialmente con el surgimiento de evidencia sólida acerca de la conexión entre nuestra actividad civilizatoria y la intensidad de los desastres naturales.
En el caso concreto de México, los fenómenos de esta clase que encontramos con frecuencia son los huracanes, los terremotos, las explosiones volcánicas y, por supuesto, las inundaciones. De acorde a lo estipulado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez a principios de 2018, estos últimos son los desastres naturales que se reportan con mayor frecuencia en nuestro país3 . Tal aseveración coincide con la de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), quienes sostienen que huracanes e inundaciones representan 40 por ciento de los daños derivados por desastres naturales4 , los cuales representaron daños por alrededor de 4 mil 633 millones de pesos para las aseguradoras5 . Un par de ejemplos de ello son las recientes inundaciones acontecidas en Monterrey, Nuevo León6 , y en Zapopan, Jalisco7 , las cuales se han vuelto frecuentes en temporadas de lluvia y donde los factores que las originan son comunes para ambas comunidades.
Por otra parte, su presencia es alta debido a las condiciones climatológicas de diversas zonas del país, donde la vulnerabilidad que tenemos a fenómenos como huracanes se debe igualmente a nuestra amplia línea costera y nuestro posicionamiento geográfico. Por tal razón, ciertas regiones del país presentan mayor vulnerabilidad a esta clase de fenómenos, donde las costas sufren debido al impacto de huracanes e inundaciones, y los estados aledaños (y sin costa) enfrentan problemas con las inundaciones, espacialmente los estados del centro del país. Esto último es relevante, ya que se prevé que en este año varios de ellos presenten precipitaciones mayores a la media de años anteriores8
Las razones para que una inundación se origine son bastante variadas, pero hay una en particular que corresponde a los diferentes tipos de zonas e inundaciones: el atascamiento del drenaje por culpa de la basura que termina en la vía pública. Esta razón, relacionada de forma íntima con la cultura ciudadana de las diversas poblaciones afectadas, tiende a ser uno de los principales problemas en los cuales tenemos un control amplio, pero que no hemos podido encaminar por el camino deseado. Sobre este escenario, la medida que con normalidad es adoptada es la del desazolve de drenajes, la cual requiere de ciertos materiales y conocimiento técnico para ser desarrollada. A pesar de ello, cada administración local decide qué y cómo implementar sus correspondientes programas enfocados al desazolve, lo que vuelve contingente el procedimiento de acorde al lugar y la administración en curso, lo que implica una inversión de tiempo y recursos la cual pareciera es injustificada.
Sobre esto, sostener que las problemáticas comunes como esta deben contar con protocolos generales, resulta necesario. La carencia de un programa general conlleva un mayor gasto de recursos y esfuerzos por parte de cada administración, donde las experiencias comunes podrían contribuir en la consolidación de un plan general para todas las entidades, contribuyendo en aspectos como la capacitación y procedimientos, consolidando los cuadros de técnicos y especialistas que sean indispensables para garantizar el buen estado de nuestros drenajes, estableciendo prácticas que abonen a una lógica preventiva en contra de potenciales desastres naturales y colaborando en la creación de un bienestar duradero para la ciudadanía.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua, a David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, a los 31 gobernadores de las entidades de la federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al igual que a sus correspondientes símiles involucradas en el manejo de sistemas de aguas, para que colaboren en el establecimiento de lineamientos generales para la implementación de campañas de desazolve de drenajes en zonas urbanas ante la temporada de lluvias y el incremento de su intensidad derivado de la crisis ambiental.
Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua, a David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, a los 31 gobernadores de las entidades de la federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al igual que a sus correspondientes símiles involucradas en el manejo de sistemas de aguas, para solicitar y verificar la existencia o actualización de mapas de riesgo de inundaciones en los municipios y entidades con mayor incidencia de este fenómeno, ante la necesidad de contar con información concisa para mitigar los efectos de desastres naturales de esta clase.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua, a David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, a los 31 gobernadores de las entidades de la federación y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al igual que a sus correspondientes símiles involucradas en el manejo de sistemas de aguas, para realizar campañas de desazolve de drenajes en zonas urbanas durante todo el año, ante la temporada de lluvias, el incremento de su intensidad derivado de la crisis ambiental y la necesidad de realizar medidas preventivas al respecto.
Notas
1 NASA. (2019). The Causes of Climate Change, 9 de septiembre de 2019, de NASA. Sitio web: https://climate.nasa.gov/causes/
2 El Heraldo de México. (2019). 42 mmdd, golpe por catástrofes, 9 de septiembre de 2019, de El Heraldo de México. Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/orbe/42-mmdd-golpe-por-catastrofes/
3 Senado de la República. (2018). Inundaciones, desastre natural más frecuente en México, señala el IBD, 9 de septiembre de 2019, de Senado de la República. Sitio web: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870 -inundaciones-desastre-natural-mas-frecuente-en-mexico-senala-el-ibd.ht ml
4 Notimex. (2019). Huracanes e inundaciones causan 40 por ciento de daños por desastres en México: AMIS, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Huracanes-e-inundaciones-causan-el-40-de-danos-por-desastres-en-Mexico-AMIS-20190617-0055.html
5 Ídem
6 Redacción. (2019). “Fernand” deja severas inundaciones en Monterrey, 9 de septiembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/fernand-deja-trombas-marinas-e-i nundaciones-en-colima-y-monterrey
7 Román Ortega. (2019). Lluvia deja inundaciones y árboles caídos en Zapopan y Guadalajara, 9 de septiembre de 2019, de El Occidental. Sitio web:
https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/
lluvia-deja-inundaciones-y-arboles-caidos-en-zapopan-y-guadalajara-4093898.html
8 Karla Almaraz. (2019) ¡Ahí va el agua! En junio lloverá 60 por ciento más de lo normal, 9 de septiembre de 2019, de Chilango. Sitio web: https://www.chilango.com/noticias/temporada-de-lluvias-2019-en-cdmx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Secretaría de Cultura a implantar e impulsar campañas de toma de conciencia para fortalecer los hábitos de lectura entre la población, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, a cargo del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Cultura para que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implanten e impulsen campañas de creación y desarrollo de la conciencia para fortalecer los hábitos de lectura entre la población mexicana , bajo las siguientes
Consideraciones
Por decreto presidencial el 6 de noviembre de 1979, el 12 de noviembre se declaró el día nacional del libro con la premisa de que “la educación dentro del desarrollo del país es prioritaria” en ese sentido, cada año la Secretaría de Educación Pública (SEP), diversas instituciones educativas estatales y municipales, así como editoriales y organismos no gubernamentales concentran esfuerzos para promover el hábito de la lectura en la población mexicana.
Cabe destacar, que año con año se celebra el Día Nacional del Libro en México, el 12 de noviembre, en conmemoración al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz en 1651 una de las promotoras del derecho a la lectura, dedicada al estudio y al fervor del saber en nuestro país.
La lectura es considerada como un proceso indispensable para el ser humano en el desarrollo del aprendizaje, asimismo se considera que quien lee más, tiene más éxito en diversas ámbitos de su vida, por ello, los libros son el conducto de valores y conocimientos; en ellos se plasma el patrimonio inmaterial; son acceso a la cultura y de fuente de ingresos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México ha disminuido el hábito de la lectura por lo menos 10 puntos en 5 años, de pasar de 84.2 por ciento en 2015 a 74 .8 por ciento en 2019, cifras que muestran el poco interés de la población mexicana en leer libros, revistas, historietas o bien páginas de internet.
El Inegi señala que, en México leemos en promedio 3.3 libros al año cifra que va en detrimento en comparación con el 2015 ya que en dicho año se leían 5.3 libros, los datos son poco alentadores ya que solo 4 de cada 10 personas comentó haber leído un libro al año.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera preocupante la situación del hábito de lectura en la población mexicana, por ello, consideramos de suma importancia despertar la motivación lectora en la población joven; reforzar el hábito en estudiantes así como promover la importancia de la lectura para el desarrollo de las personas en la vida cotidiana.
Los legisladores del PT vemos positivo que las personas se interesen por leer novelas con 42 por ciento de los consultados, seguido por libros de texto o materiales de estudio con 34.1 por ciento, sin embargo es preocupante que el 48 por ciento de la población mexicana comentó que no tiene tiempo para leer un libro, o bien simplemente no le interesa (21 por ciento).
A pesar de que nuestro país cuenta con una vasta red de bibliotecas públicas, con 7 mil 388 bibliotecas que cubren cerca de 94 por ciento de los municipios del país, 11 por ciento de la población registró la asistencia a una biblioteca siendo el porcentaje más bajo que obtuvieron los lectores.
En palabras de Beatriz Gutiérrez Müller presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México “los libros son amigos nuestros, los libros son compañeros, no son objetos, son compañeros en la soledad, en las alegrías, en las penas. Y también escribirlos es un acto de liberación.” En este sentido, coincido con esta visión y por ello, refrendo mi compromiso para impulsar acciones legislativas que fomenten el hábito de la lectura entre la población mexicana.
Como profesor jubilado y como integrante de la Comisión de Educación considero de vital importancia que se establezcan campañas de concientización sobre los beneficios de la lectura, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes ya que ellos heredarán las prácticas lectoras a las generaciones venideras.
La cuarta transformación de nuestro país reclama un cambio social y el fomento a la lectura es un elemento esencial para ello, porque permite romper con los atavismos que imposibilitan la configuración de una sociedad participativa, democrática y libre.
En el Grupo Parlamentario del PT celebramos el énfasis que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha puesto en promover el hábito de la lectura a través de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, la cual tiene como objetivo convertir la actividad lectora en un placer y no en un acto obligatorio.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Cultura para que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen e impulsen campañas de concientización para fortalecer los hábitos de lectura entre la población mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de Chiapas a garantizar plenamente los derechos fundamentales de niños y adolescentes que trabajan en las calles de San Cristóbal de las Casas, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas, a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas, y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de San Cristóbal de las Casas; a que cumplan cabalmente con sus obligaciones y atribuciones relativas a garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en las calles de San Cristóbal de las Casas, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cada vez toma más fuerza el fenómeno de niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles, en horarios y actividades incompatibles con su derecho a la educación, que ponen en riesgo su integridad y los exponen al peligro de ser integrados a redes criminales. Desde luego, la inmensa mayoría de estos casos, se trata de trabajo informal, lo cual implica todavía más adversidades para la niñez y adolescencia de esta ciudad.
2. Es pertinente considerar que el trabajo infantil debe cumplir ciertas condiciones para ser avalado por las leyes nacionales y los instrumentos internacionales. Por ello, es importante decir que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece al respecto. Para la OIT:
“No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta.”1
3. En el mismo orden de ideas, la OIT aclara que el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, y que provoca los siguientes daños:
• Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño.
• Interfiere con su escolarización.
• Les priva de la posibilidad de asistir a clases.
• Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura.
• Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que requiere mucho tiempo.
Para la OIT, las formas más extremas de trabajo infantil, son aquellas donde los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades, con frecuencia a una edad muy temprana.
4. En un estudio realizado por Jesús Rubio Campos, en coordinación con la Asociación Civil Melel Xojobal, especializada en trabajo infantil en San Cristóbal de las Casas, se establece que, en Chiapas, alrededor de 13.3 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajan. Esto quiere decir que son aproximadamente 191 mil 520 personas las que experimentan esta situación. La tasa de ocupación en el trabajo infantil en Chiapas, se encuentra por encima del promedio nacional. Para contextualizar, podemos señalar que la menor tasa de trabajo infantil se da en Chihuahua, con 4 por ciento. En San Cristóbal de las Casas, ciudad ubicada en los Altos de Chiapas, las incidencias de trabajo infantil se agudizan.2
5. Desde luego, el trabajo infantil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es en su inmensa mayoría de carácter informal, como se apunta en el estudio antes referido:
“San Cristóbal de las Casas se encuentra a 83 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas y tiene una población de 185 mil 917 habitantes. El porcentaje de población mayor de 15 años analfabeta es de 13.18 por ciento y su grado de marginación es medio, con 8.9 por ciento de las viviendas sin agua entubada, 8.98 por ciento no cuenta con drenaje y 0.9 por ciento no cuenta con electricidad. 18.6 por ciento tiene piso de tierra. 33.5 por ciento de la población habla alguna lengua indígena, sobre todo tzeltal y tzotzil (PMD, 2012-2015).
En San Cristóbal de las Casas se tiene una gran presencia de trabajo infantil en el sector informal. Es notoria una división sexual del trabajo, en la que las niñas se dedican a la venta ambulante de diversos productos, como artesanías, dulces, muñecos, juguetes, chales, pulseras, etc., mientras que los niños se dedican al aseo de calzado en la vía pública, es decir, son boleros.”
6. En el marco de estas condiciones económicas, sociales y culturales, mi equipo de trabajo realizó una investigación directa, para contar con mayores elementos de análisis sobre la realidad de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles de San Cristóbal de las Casas. La sola observación cotidiana de las calles, plazas y andadores turísticos de esta ciudad, nos permiten constatar que, en los últimos años el número de niñas, niños ya adolescentes que trabajan en las calles se ha incrementado sensiblemente.
A partir de esta realidad que nos muestra a cientos de niños y adolescentes, mayoritariamente indígenas, realizando trabajos principalmente en el comercio informal de una enorme variedad de mercancías, pero también limpiando parabrisas en las esquinas, zapatos en las plazas, entre muchas otras modalidades; a partir de ello, decidimos llevar a cabo nuestra propia indagatoria, a efecto de reconocer el fenómeno que, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se plantea la necesidad de resolver.
Los hallazgos obtenidos, se observó que una gran cantidad de niños y adolescentes trabajan cotidianamente en las calles, a diversas horas del día, e incluso un buen número de ellos trabaja hasta la madrugada en las afueras de bares y centros nocturnos.
Del mismo modo, también cabe señalar que, a partir de nuestra investigación, se detectó la versión de que algunos niños y adolescentes que trabajan en cruceros, en los andadores turísticos o en las afueras de bares y centros nocturnos, podrían estar siendo objeto de prácticas ilícitas por parte de personas y grupos en temas como narcomenudeo, robo, etcétera. Desde luego, es necesario realizar una investigación multidisciplinaria para documentar fehacientemente esto último relativo a las prácticas ilícitas, sin embargo, es un hecho que existen indicios y narrativas que apuntan a ese hecho.
El siguiente cuadro, ilustra algunas características de nuestra investigación:
7. El fenómeno antes descrito configura una situación en la que niñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, viven en condiciones de alta vulnerabilidad respecto a sus derechos fundamentales. A lo anterior hay que agregar que la mayoría de los niños y adolescentes son indígenas, quienes por ese sólo hecho padecen pobreza y marginación en mayores magnitudes respecto a las personas no indígenas.
En concreto, el trabajo infantil que realizan en las calles de esta ciudad una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes, vulnera gravemente derechos fundamentales como:
• El derecho a la educación, ya que, de acuerdo con el estudio antes citado, 51.3 por ciento de las niñas y niños que trabajan en Chiapas no asisten a la escuela, por encima del 39.1 por ciento del promedio nacional.
• El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, porque su actividad en las calles los expone a una gran cantidad de riesgos.
• El derecho a vivir en familia, ya ser protegidos por ésta, ya que en muchos casos son los propios familiares los que obligan a niños y adolescente a trabajar.
• El derecho a vivir en condiciones de bienestar.
• El derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
• El derecho al descanso y al esparcimiento, por obvias razones, ya que el trabajo realizado incluye largas jornadas a la intemperie y por lo general niños y adolescentes terminan exhaustos, sin oportunidad para esparcimiento alguno.
• Derecho a la intimidad, la participación, la seguridad jurídica, entre otros.
8. En función de lo anterior, es indispensable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno intervengan de forma inmediata, integral y coordinada en San Cristóbal de las Casas, para diagnosticar la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de esta ciudad, e implementar una estrategia con acciones adicionales a los programas existentes en la materia, a fin de garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de las Casas.
9. Si bien este fenómeno requiere la atención de los tres órdenes de gobierno, se considera que, para afrontar de forma inmediata y urgente, en una primera etapa deben intervenir las autoridades locales del estado de Chiapas, desde luego en coordinación con las autoridades federales correspondientes.
En particular, deben actuar el gobierno del estado de Chiapas y el gobierno del municipio de San Cristóbal de las Casas, así como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de San Cristóbal de las Casas. Estas autoridades deben actuar de inmediato para salvaguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de las Casas.
Para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, es importante señalar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece claramente la obligación de las autoridades locales y federales al respecto:
Artículo 13. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;
II. Derecho de prioridad;
III. Derecho a la identidad;
IV. Derecho a vivir en familia;
V. Derecho a la igualdad sustantiva;
VI. Derecho a no ser discriminado;
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
XI. Derecho a la educación;
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
XV. Derecho de participación;
XVI. Derecho de asociación y reunión;
XVII. Derecho a la intimidad;
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas, a la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas, y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de San Cristóbal de las Casas, a que cumplan cabalmente con sus obligaciones y atribuciones relativas a proteger, garantizar y restituir los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en las calles de San Cristóbal de las Casas, atendiendo al principio del Interés Superior de la Niñez para frenar y solucionar de manera urgente este fenómeno que pone en alto riesgo su integridad y su seguridad, y vulnera gravemente sus derechos a la educación, a la salud, al bienestar, al descanso, al esparcimiento, entre otros.
Notas
1 ¿Qué se entiende por trabajo infantil?, Disponible en: https://www.ilo.org/ipec/facts/lang—es/index.htm
2 Rubio-Campos, Jesús, Trabajo infantil en San Cristóbal de las Casas: el caso de los niños boleros chamulas, Ra Ximhai, vol. 10, núm. 6, julio-diciembre, 2014, pp. 55-63, Universidad Autónoma Indígena de México El Fuerte, México. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132135005
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a reforzar las políticas de actualización aduanera, mediante el diseño de una estrategia con el sector privado, la industria del comercio exterior, y sus respectivas cámaras y confederaciones, y el resto de asociaciones del ramo, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, y a Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, a reforzar las políticas de actualización aduanera mediante el diseño de una estrategia elaborada en colaboración con el sector privado y con la industria del comercio exterior, sus respectivas Cámaras y confederaciones, al igual que el resto de asociaciones involucradas en este ramo, en favor de reconocer cuál es el estado operativo de las aduanas y compaginarlas con las necesidades de los actores cotidianos del comercio exterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El trabajo aduanero en México se encuentra en una situación preocupante ante la incapacidad de reducir los riesgos que implica el crecimiento del comercio exterior en últimas décadas. La relevancia de la actividad, atrayendo la atención de personas ajenas al respeto de la ley, es un problema común que afronta el trabajo aduanero alrededor del mundo, pero en el caso mexicano cuenta con una característica que lo torna en un objetivo atractivo: tiene algunos de los principales accesos aduaneros del comercio internacional, donde la relación mercantil con los Estados Unidos genera una gran actividad de intercambio económico, político y cultural. Yendo a los datos y en el plano de la recaudación fiscal, este paso genera un total de 845 mil millones de pesos solamente por pago de derecho e impuesto al valor agregado,1 lo que lo vuelve uno de los principales polos de recaudación tributaria. Los estados con mayor recaudación por IVA en aduanas son Tamaulipas, Veracruz, Colima, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Baja California, y Chihuahua,2 realzando la importancia que tiene para nuestro país, el papel en los estados con mayor actividad comercial y la producción de empleos derivada de la existencia de este sector.
Los delitos, por desgracia, tienden a presentarse en lugares como estos debido a la valía comercial que se transporta al interior de las aduanas. La actividad se desarrolla de manera tan usual, que datos de la OCDE apuntan a que cada integrante de la organización pierde alrededor de 2 mil millones de dólares debido a actos de corrupción en sus respectivas aduanas.3 Esto, en el caso mexicano, tiende a tener repercusiones de gran impacto en cuestiones de seguridad nacional. La facilitación para el tráfico de mercancías ilegales, como armas por parte de actores corruptos,4 tiene costos en forma de vidas ante el uso nocivo que hacen de estas los partícipes del crimen organizado. Por otro lado, actos de evasión fiscal, sin importar montos, merman las arcas de la nación y reducen el potencial financiamiento de las diversas labores del estado. Evitar poner en peligro la capacidad de acción y la salvaguarda de los ciudadanos es contraproducente a mediano y largo plazo, especialmente en el plano de la financiación de las políticas públicas.
Para hacer frente a esta problemática, la actual administración ha explicitado un deseo de transformación del trabajo y organización aduanero. Dicho esfuerzo, pienso, debe de ser respaldado por nosotros los legisladores y el resto de representantes públicos, pero aclarando que la única manera de desarrollar una estrategia pertinente y eficaz es por medio de apertura, discusión e integración de los diversos actores partícipes del comercio exterior y con una relación estrecha con las operaciones aduaneras.
Por ello, recalco la inclusión del sector privado, el cual se muestra dispuesto a colaborar y hacer explícitas las necesidades del sector para orientar la implementación de ideas, métodos y tecnologías pertinentes para las exigencias actuales de la labor aduanera internacional. Sobre esto, la estrategia debe contemplar la relevancia de un criterio como la eficiencia. La falta de apego a normatividades internacionales homologadas, como el Convenio de Kyoto, han llevado a la Administración General de Aduanas a exhortar la adhesión de México a esta clase de convenios como uno de los propósitos urgentes en esta materia. Esto último, claramente, complementa, mediante la guía, los requisitos para poder impulsar un correcto trabajo en las aduanas nacionales, las cuales requieren operar de manera óptima de acorde a las exigencias del ramo.
Actualizar las normatividades, dotar de las herramientas tecnológicas y laborales necesarias para el trabajo y orientar la implementación de ambas a las necesidades de los actores involucrados en el comercio exterior, es la perspectiva integral que sentará las bases para el éxito de políticas públicas enfocadas a este rubro.
La voluntad por parte de las autoridades, como ya he explicitado, no pareciera faltar. Los episodios de corrupción reportados, como los 7 divulgados por parte del administrador general de Aduanas,5 en enero de 2019, el exhorto al apego de normatividades internacionales, al igual que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de septiembre de 2019 en favor de erradicar las actividades de corrupción en las aduanas,6 muestran que hay una disposición por mejorar la labor realizada en estos espacios, por lo que plantear posteriores esfuerzos para acoplar la norma a la realidad cotidiana serán necesarios si se pretende una política pública eficiente y comprometida con el respeto a los aspectos éticos, operativos y de calidad que la labor aduanera conlleva.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para reforzar las políticas de actualización aduanera mediante el diseño de una estrategia elaborada en colaboración con el sector privado y con la industria del comercio exterior, sus respectivas cámaras y confederaciones, al igual que el resto de asociaciones involucradas en este ramo, en favor de reconocer cuál es el estado operativo de las aduanas y compaginarlas con las necesidades de los actores cotidianos del comercio exterior.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar un foro de discusión público sobre las necesidades contemporáneas del sector aduanero, el papel de los agentes particulares y su posición al interior del mercado global.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar campañas informativas correspondientes con la actualización de servicios aduaneros, al igual que la difusión de los mecanismos indispensables para acceder a la participación en este sector.
Notas
1 Dennis A. García. (2018). Aduanas, “catedrales de la corrupción”; pero se les acabó el negocio: Ricardo Peralta, 9 de septiembre de 2019, de La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/2018/12/24/politica/009n1pol
2 Gabriela Martínez. (2019). Impulso al mercado externo IP proyecta fortalecer aduanas, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/IP-proyecta-fortalecer-aduanas- 20190215-0004.html
3 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su cuarta transformación, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web: https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739
4 Notimex. (2019). Aduanas permitieron tráfico de armas, cartuchos y dinero; SAT inicia limpia, 9 de septiembre de 2019, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aduanas-permitieron-trafico-d e-armas-cartuchos-y-dinero-sat-inicia-limpia-2968578.html
5 XEU Noticias. (2019). SAT detecta casos de corrupción en tres aduanas de la frontera norte, 9 de septiembre de 2019, de XEU Noticias. Sitio web: https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1012544
6 López-Dóriga Digital Redacción. (2019). Se está limpiando el manejo de las aduanas: López Obrador, 9 de septiembre de 2019, de López-Dóriga Digital. Sitio web: https://lopezdoriga.com/nacional/se-esta-limpiando-el-manejo-de-las-adu anas-lopez-obrador/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a realizar estudios para culminar y poner en funcionamiento las obras relacionadas con el Libramiento Ferroférico de Celaya, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante la campaña electoral de 2006, el candidato Felipe Calderón prometió consentir a Celaya y dos años después, ya como mandatario, retomó la obra que su antecesor Vicente Fox no logró culminar, conocida como el Ferroférico.
En su primera visita como presidente, el 24 de febrero de 2009 presentó el proyecto del Libramiento Ferroviario con una inversión inicial de 4 mil millones de pesos. La construcción comenzaría en el primer semestre de 2010 sin embargo demoró dos años y diez meses por los problemas del gobierno en ese entonces para la liberación de los terrenos necesarios.
Tan sólo durante 2009, el gobierno federal prometió invertir 600 millones de pesos para el comienzo de la obra, pero solo 36.2 millones fueron aplicados y el resto se destinó para otros proyectos ferroviarios del país1 .
Lo que se anunció como el proyecto del Libramiento Ferroviario de Celaya, que no solo sacaría las vías de la mancha urbana, sino que también convertiría la región en el punto logístico más importante del país, está a punto de cumplir 10 años sin que haya sido fijada siquiera todavía una fecha para terminar la obra.
Respecto a la fecha de conclusión de la obra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato informó que está “sujeto principalmente a los temas sociales que se han presentado en el desarrollo de la obra”. Uno de ellos es concretar el convenio con la empresa Kansas City Southern para la rehabilitación y construcción de 21 kilómetros de vía férrea y 9.4 de vías de intercambio.
La importancia de este tema radica en los problemas que dicha obra está provocando en la población guanajuatense, así como a la iniciativa privada, la cual está invirtiendo y generando empleos en el estado.
La urgencia la ponen las plantas automotrices. El Ferroférico de Celaya urge para agilizar el traslado de vehículos y para evitar el robo de materiales en Celaya y Salamanca ya que al menos hay 500 vagones todos los días y eso es un problema, debido a que los trenes tienen que formarse.
Las colonias asentadas a la orilla de las vías que cruzan por Celaya se han convertido en un sitio sin ley y un paraíso para quienes se dedican al saqueo de ferrocarriles donde hombres, jóvenes, mujeres y niños por igual, son cómplices y participan de manera activa en actividades ilícitas2 .
Un ferrocarril puede durar hasta 24 horas parado, mientras espera su turno para salir o entrar. Eso significa que los trenes se quedan a merced de la delincuencia organizada. Esta obra es crucial para Guanajuato y por ende debe ser concluida en una labor conjunta de las dependencias encargadas, así como estando apoyadas tanto por autoridades federales.
Durante años, los celayenses han lidiado con el paso del tren en 15 cruces de la ciudad, donde sufren congestionamientos viales, accidentes y pierden mucho tiempo, en un problema que bien podría ser erradicado.
No debemos olvidar que la ubicación de Celaya es envidiable para el movimiento de mercancías del país, en la ciudad confluyen rutas que representan aproximadamente 45 por ciento del volumen total de la carga nacional, dicha ventaja mercantil debe ser aprovechada y no entorpecida como hoy día estamos viendo.
No debemos ser indiferentes ante problemas que aquejan a la sociedad, lo que en su momento se prometió como el proyecto cúspide, quedando solo en promesas para la población de Celaya, en esta administración puede concluirse de una vez por todas y facilitar la vida de muchas personas en la región.
Los problemas con el insoportable e innecesario tráfico, la delincuencia y el robo a los vagones, así como entre otras atenuantes que llevan años padeciendo la población guanajuatense puede ser resuelta de un tajo con la conclusión y entrega de dicho proyecto.
Por lo tanto, en un trabajo conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con el gobierno de Guanajuato podrían dar una contundente solución a la población de una larga lista de cosas por arreglar en el país y que poco a poco podemos ir componiendo, tal puede ser el caso del Ferroférico.
Por los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en Guanajuato realice los informes necesarios en donde se especifiquen las principales problemáticas a resolver para culminar de una vez por todas la obra conocida como el Libramiento Ferroférico de Celaya.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Guanajuato a tomar cartas en el asunto para resolver las problemáticas generadas por las obras inconclusas del Ferroférico prometidas por parte de las anteriores administraciones con base en los informes emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del mismo estado.
Notas
1 AM Noticias: “Obra sin fin: A 10 años, Libramiento Ferroférico sigue sin terminarse” Disponible en:
https://www.am.com.mx/noticias/Obra-sin-fin-A-10-anos-Libramiento-Ferroferico-sigue-sin-terminarse-20190209-0069.html
2 Estudio inmobiliario sobre el libramiento ferroviario de Celaya. Disponible en: http://ampres.com.mx/assets/18-estudio-inmobiliario-libramiento-ferrovi ario-celaya_rivera.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2019.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR, la SHCP, la Administración General de Aduanas y la Guardia Nacional a realizar labores conjuntas para el seguimiento y la sanción en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, y a Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, para realizar labores conjuntas para el seguimiento y sanción en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La historia reciente del trabajo aduanero en México se ha visto manchada por casos de corrupción que han encontrado resonancia en medios nacionales e internacionales. En este año, los titulares expusieron las declaraciones del anterior Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, donde se reportaron 7 casos de corrupción al interior de las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
En uno de los casos reportados de la aduana de Reynosa, se confiscaron cerca de mil 400 cargadores de “cuerno de chivo”.1 Estas acciones, más comunes de las que se reportan, son solo una pequeña muestra del tipo de situaciones con las cuales se enfrentará en el día a día la actual administración. Sus consecuencias, irreversibles en muchos casos, tienen impacto diverso en diferentes rubros de la vida social del país, especialmente en temas económicos y de seguridad.
Este año, la OCDE publicó que se pierden cerca de 2 mil millones de dólares por país derivado de la corrupción en sus respectivas aduanas.2 Esto, sumado al peso que el tráfico de armas y otras herramientas útiles para el crimen organizado muestran que el tema debe ser encarado de forma prioritaria por las autoridades correspondientes.
Lo preocupante, en este caso, pasa por el conjunto de posibles mercancías traficables y la impunidad que rodea a esta actividad, ya que los hechos muestran que no se cuenta con una estrategia eficiente para afrontar la problemática. Viéndolo en retrospectiva, existe una serie de crímenes que no han sido sancionados y que deben ser efectivos en favor de los intereses de seguridad nacional y protección a la propiedad intelectual. El control estatal a la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe ser considerado en sus momentos pasados, presentes y futuros, debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de un mercado y sociedad sanos.
Un flujo sin restricciones deriva en escenarios sumamente negativos para las expectativas de desarrollo nacionales y el crecimiento de los individuos que componen a nuestra sociedad. La continuidad únicamente vaticina una serie de relaciones complejas que apuntan a detonar en un escenario mucho más recrudecido en relación con la inseguridad que atraviesa actualmente el país. En una nación donde hasta enero de 2019 se mantuvo un promedio de 79.7 homicidios al día,3 el hecho de que muchas de las herramientas que se emplean para la realización de actos delictivos pasen por las aduanas y que en estas los mecanismos empleados y los actores involucrados son incapaces de detenerlas o, en el peor de los casos, colaboran para el tráfico de dichas mercancías, muestra que es necesario un ejercicio real de la ley e instituciones existentes para prevenir esta clase de situaciones.
En sintonía con la implementación del Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación, el cual fue presentado el día 18 de marzo de 2019,4 exhortar a un trabajo colaborativo que se dedique a dar un seguimiento retroactivo a los casos de corrupción registrados en el pasado en las aduanas, al igual que una implementación presente y futura de mecanismos de control, en conjunto con normatividades contemporáneas (siempre sujetas a mejoramiento), trabajo de investigación y la emisión de sus correspondientes sanciones, es el punto de partida que debe orientar la labor de seguridad en relación con el comercio aduanero.
Sobre este escenario, considerar que la Fiscalía General de la República atraiga los casos pasados, presentes y futuros de manera prioritaria, abona a una serie de políticas preventivas en contacto con el problema de la inseguridad y la corrupción, especialmente con la introducción de la Guardia Nacional en la actividad aduanera.5
Consolidar una relación orgánica entre todas las instancias, donde exista una comunicación constante y una colaboración en trabajos de investigación, al igual que la facilidad en el acceso a los recintos e información relacionada con la forma de operar de las aduanas y las mercancías que en ellas circulan, son potenciales formas de encarar la problemática mediante la implementación de métodos y herramientas con las cuales ya se cuenta hoy en día, para posteriormente ser reemplazadas por formas más trabajadas y pulidas de acorde a un diagnóstico concreto acerca del cómo están operando el delito aduanero y cómo podemos prevenir que se siga cometiendo con la frecuencia que tiene hoy en día.
Considero que las aduanas cuentan con el potencial y algunas herramientas para hacer frente al problema, pero la implementación de diversos métodos y herramientas es insuficiente si no se dispone de voluntad política y moral para volver efectivas las normatividades para las que se emplean dichas herramientas.
Por ello, considero que la Fiscalía y la Guardia Nacional deben contar con la disposición y los canales suficientes para afrontar la diversidad de delitos que pueden ser realizados al interior de las aduanas.
En la administración pasada, la labor realizada por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales y Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia,6 unidades de la ya extinta Procuraduría General de la República,7 son solo algunas de las instancias involucradas con esta clase de actividades delictivas y que demuestran la complejidad de la temática.
Atraer dichas labores al interior de la Fiscalía y situarlas en una categoría propia para los delitos aduaneros permitirá concatenar a cada una de estas instancias sin atentar contra sus funciones más generales.
Todo esto en favor de mantener altos estándares en términos de la seguridad aduanera y la protección de la propiedad intelectual, que tendrá efectos positivos para el desarrollo y mejoría del bienestar en México, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Rodríguez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias a Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar un reporte pormenorizado a la opinión pública sobre los delitos registrados en las aduanas y recintos fiscales donde se tipifiquen aspectos detallados como mercancías específicas, montos y actores involucrados.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias a las instancias, dependencias y actores involucrados directamente con los delitos cometidos en las aduanas y recintos fiscales, para realizar las investigaciones y aplicación de sanciones correspondientes en casos de extracción y contrabando de mercancías confiscadas en recintos aduaneros.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias a las instancias, dependencias y actores involucrados directamente con los delitos cometidos en las aduanas y recintos fiscales, para realizar una estrategia integral que abarque las diferentes variables por considerar de acorde a la diversidad de mercancías traficadas de manera ilegal en recintos aduaneros y los aspectos operativos para la derivación de los casos de manera automática a las autoridades correspondientes.
Notas
1 Frida Andrade. (2019). Detectan 7 casos de corrupción en aduanas, 9 de septiembre de 2019, de Reforma. Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=1592566&md5=0997fb8bb5397f05f2d3c178ce2a0540&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
2 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web: https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739
3 Andrés Mendoza. (2019). Inseguridad, el mayor reto; crimen no da tregua, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inseguridad-el-may or-reto-crimen-no-da-tregua/1299924
4 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación’, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/
el-18-de-marzo-se-presentara-el-plan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031
5 Notimex. (2019). Aduanas no se van a militarizar, asegura Ahued Bardahuil, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aduanas-no-se-van-a-militariza r-asegura-Ahued-Bardahuil-20190714-0025.html
6 Procuraduría General de la República. (2017). Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, 9 de septiembre de 2019, de Procuraduría General de la República. Sitio web: https://www.gob.mx/pgr/articulos/subprocuraduria-especializada-en-inves tigacion-de-delitos-federales-130534
7 Arturo Ángel. (2018). PGR hereda a la nueva Fiscalía recortes, rezago de averiguaciones y casos clave sin resolver, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/12/pgr-fiscalia-general-rezago/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al FCE a crear un programa tendente a promover la lectura mediante audiolibros para la población analfabeta, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe diputado Jorge Luis Montes Nieves, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
“De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro; todo los demás son extensiones de su cuerpo... Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”.
Jorge Luis Borges
En el marco del Día Internacional del Libro a celebrarse el 12 de noviembre debemos reflexionar que la lectura es una de las actividades más reconfortantes para el ser humano, al traer consigo diversos beneficios para la salud mental favoreciendo la concentración, la inteligencia, la empatía, el intercambio de información y por ende el desarrollo neuronal.
Lamentablemente no toda la población tiene acceso a las bondades de la lectura en razón debido a diversas variables, una de ellas y quizás la más aguda es el analfabetismo; actualmente en nuestro país prevalece una población que ronda en los 5.4 millones que no saben leer ni escribir.
Sumados a los datos anteriores, debemos considerar que aproximadamente 3.4 millones de mexicanos sólo cursaron el segundo grado de primaria, cuestión que agrava la situación.
Ahora bien, el hecho de que el resto de la población nacional sepa leer y escribir no significa que estamos ante una población lectora, todo lo contrario, las estadísticas nos indican poco hábito de lectura en México.
Es de reconocer que se han hecho intentos para revertir esta situación, para lo cual se han creado a nivel federal como estatal varios programas para incentivar la lectura, por ejemplo: las denominadas “Salas de lectura”, “Olimpiadas de lectura”, “El rincón del libro”, “Para leer en libertad”, entre otros.
Como se advierte al principio del presente punto de acuerdo, son varios los factores que impiden hacer de la lectura algo cotidiano, entre otras causas podemos señalar, además del alto índice de analfabetismo, cuestiones económicas, culturales o sociales.
El gobierno de la cuarta transformación no ha sido ajeno a este problema, por el contrario, en aras de revertir esta realidad desalentadora, ha echado a andar a través del Fondo de Cultura Económica la Estrategia Nacional de Lectura que tiene por objeto fomentar la cultura de lectura a través de tres ejes: el carácter formativo, el carácter sociocultural y el carácter informativo.
Este plan tiene dos vertientes, el primero que pretende fortalecer la lectura para los que ya son lectores y el segundo es con miras a inspirar a los no lectores a adoptar la lectura para fortalecer los valores culturales, morales y espirituales del individuo.
El presente punto de acuerdo reconoce el esfuerzo del actual gobierno mexicano por incentivar la lectura, sin embargo, a consideración del suscrito, habría que incluir en los alcances de la Estrategia Nacional de Lectura a los mexicanos que no saben leer y escribir mediante el uso de las herramientas tecnológicas, como los audio libros.
De tal manera que dicha población se interese en el aprendizaje de la lectoescritura, mediante el acercamiento del mundo mágico de la lectura a través de audiolibros haciendo de dicha estrategia un auténtico mecanismo de inclusión de todas y todos los mexicanos.
Que el analfabetismo no sea pretexto para excluir a un sector de la población de gozar del placer que da la lectura.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Fondo de Cultura Económica a crear un programa tendente a promover la lectura mediante audiolibros para la población que no sabe leer ni escribir.
Bibliografía
https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-34-anos-de-cele brar-el-dia-nacional-del-libro?state=published
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf
https://www.letraslibres.com/mexico/literatura/contra-la -arrogancia-los-que-leen
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf
https://www.inegi.org.mx/rde/RDE_07/Doctos/RDE_07_Art1.p df
Dado en el Palacio de San Lázaro a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar acciones concretas respecto al manejo de datos privados y el uso de la información personal por la industria digital y el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y al secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, en el uso de sus facultades a dictar las instrucciones necesarias a la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, y al coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en coordinación con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, se tomen acciones concretas respecto al manejo de datos privados y el uso de la información personal por parte de la industria digital y el gobierno mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hay actualmente un gran dilema respecto a los efectos que la digitalización está generando en diversos ámbitos de la vida pública y privada. Las ventajas que otorgan, especialmente la reducción de tiempos y la centralización de diversas actividades, conllevan ciertos riesgos en torno a aspectos sensibles derivados del uso de estas tecnologías. Tal es el caso de la información personal, su uso por ciertas corporaciones y hacia donde se orientan las aplicaciones de dicha información.
La posibilidad de generar un registro de actividades y de informaciones sensibles de carácter personal, es útil al facilitar muchas actividades de la vida diaria, pero que nos sitúa en una situación de vulnerabilidad ante el fácil acceso que se puede tener a ella. El registro de la actividad en línea puede ser, enfocada a aspectos positivos, de mucho interés para el Estado y la academia para la implementación de programas sociales o la generación de conocimiento útil acerca de la conducta de las comunidades. Su característica como información, es decir, como fundamento del conocimiento, convierte a esta fuente en algo de valor para las actividades empresariales o intereses de otra clase, como actividades criminales. En estas dos últimas, especialmente en la segunda de ellas, los aspectos éticos sobre el uso de la información tienden a ser vulnerados, por desgracia, con bastante cotidianidad, donde los intereses de otra clase suelen priorizarse y, ante la falta de respuesta debido a incapacidad, ignorancia u omisión, se han vuelto una práctica perpetua por parte de los partícipes de esta industria.
El caso más significativo a escala mundial de los últimos años fue el de Cambridge Analytica y las elecciones de 2016 en Estados Unidos de América,1 donde quedó expuesta la manera en la cual las grandes empresas lucran con los datos de la ciudadanía, sin importar fronteras o legislaciones. Mediante la malversación y complicidad por parte de corporaciones como Facebook, las cuales proveen y almacenan grandes cantidades de información personal de sus usuarios, esta agencia se enfocó en perfilar de manera individualizada a cada uno de los segmentos de la comunidad de usuarios de la plataforma, los cuales proveían información “a modo” para el mejor postor, con el objetivo de incidir en la percepción acerca de ciertas noticias y la toma de decisiones del público objetivo.
El intento de manipulación mediática tuvo como consecuencia que hoy la discusión pública haya considerado el problema suficientemente relevante para que los medios les dediquen notas y portadas continuamente ante los catastróficos alcances que las actividades digitales puedan tener en nuestra vida diaria. La capacidad de estructurar la información para dar forma a una percepción acerca de la realidad de los hechos que acontecen en el día a día nunca había tenido tantas herramientas para poder llevarse a cabo y poder ejercer esa clase de control. A pesar de que la desinformación siempre ha sido una herramienta empleada desde hace siglos en el mundo de la política, nunca había existido una herramienta propensa a poder modificarla, personalizando el mensaje por medio del perfilamiento a partir de la individualidad de los datos generados por múltiples usuarios a lo largo del mundo.
Por tanto, el papel del Estado es vital para evitar que casos como el de Cambridge Analytica se reproduzca por cientos o miles, donde la pretensión de maximizar la ganancia pase por encima de los derechos de las personas, ya sea por actividades particulares o por parte del propio gobierno. Y es que, de acorde a lo que la historia reciente nos ha mostrado, la desinformación es sólo uno de los primero ejemplos acerca del cómo la información que introducimos en Internet o que otorgamos a instituciones públicas o privadas, puede ser abusada por parte de ellos mismos o terceros, donde uno de los casos polémicos más recientes es el del reconocimiento facial. Sin entrar en la discusión acerca del sesgo de los algoritmos empleados para su desarrollo (los cuales tienden a ser menos eficaces en grupos étnicos fenotípicamente blancos), ésta clase de tecnologías se ha justificado a partir de sus beneficios comerciales o su impacto sobre la seguridad, lo que ha levantado dudas en las comunidades de especialistas.
Por ello, un grupo de 85 asociaciones activistas envió al gobierno de Estados Unidos2 una carta donde pedía un veto al uso de esta clase de software por diversas instituciones gubernamentales. En ella se argumenta que estas herramientas pueden ser usadas para ejercer vigilancia y control sobre la población con el potencial de ser usada para erradicar la oposición.3 Esto último ha llevado a considerar su regulación por gobiernos de diferentes partes del mundo, donde el primer caso satisfactorio de regulación ha sido protagonizado por el gobierno de San Francisco,4 al considerar la prohibición del uso de estas herramientas como una forma de hacer valer los derechos relacionados con seguridad y privacidad de los receptores: los ciudadanos.5
Su uso, centrado en aspectos médicos y de organización empresarial, tiene una connotación positiva, pero si la regulación no es elaborada con detalle, las implicaciones pueden ser catastróficas para una nación democrática. Igualmente, situar información tan delicada en servidores del gobierno las vuelve objetivo de organizaciones criminales digitales, lo que implica la generación de un marco normativo y la existencia de una fuerza especializada para mantener segura dicha información. Su relevancia, tanto para efectos positivos como negativos, requiere que el Estado mexicano asuma las responsabilidades de permitir la operación de instituciones públicas o privadas con acceso a dicha información, garantizar su preservación en su uso por el Estado y mantener a raya a los representantes públicos, a los privados o a los criminales que busquen abusar de ella.
Para obtener este objetivo, concientizar a la ciudadanía mediante campañas de información acerca de lo que es, qué implica y para qué se usa esa clase de información es un buen comienzo para sentar las bases de una política pública mucho más ajustada a los principios que permitan la preservación y el respeto de la privacidad. Esto debe ir acompañado de la operación institucional, donde debe haber lineamientos éticos que orienten las actividades gubernamentales que hagan uso o estén relacionadas con la información privada de la ciudadanía, desde el establecimiento de protocolos para su manejo y objetivos los cuales deban ser respetados en favor del bienestar general de la ciudadanía.
Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; a la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón; y al coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en coordinación con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, se realicen campañas informativas para la ciudadanía en general sobre un correcto manejo y cuidado de datos privados ante el surgimiento de nuevos peligros relacionados con el incremento de actividades de ciberdelincuencia (venta de bases de datos sin autorización, robo de identidad, clonación de tarjeta, extorsiones digitales, secuestro de información personal y equipos de cómputo, etcétera).
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; a la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón; y al coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en colaboración con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, se elabore un protocolo ético para el uso de esta clase de tecnologías que sirva como referente para el diseño de próximas reglas de operación en las secretarías y dependencias federales.
Notas
1 Redacción BBC Mundo (2018). “5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera US$37.000 millones en un día”, 9 de septiembre de 2019, de BBC. Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797
2 País, junto con China, donde se desarrolla la mayoría de este software, vendido a privados y Estados de todo el mundo.
3 Danielle Abril (2019). “Coalition pressures Amazon, Microsoft, and Google to keep facial recognition surveillance away from government”, 9 de septiembre de 2019, de Fortune. Sitio web:
http://fortune.com/2019/01/15/coalition-pressures-amazon -microsoft-google-facial-recognition-surveillance-government/
4 Kate Conger, Richard Fausset y Serge F. Kovaleski (2019). “San Francisco bans facial recognition technology”, 9 de septiembre de 2019, de The New York Times. Sitio web:
https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition -ban-san-francisco.html
5 Aaron Mak (2019). “Face-off”, 9 de septiembre de 2019, de Slate. Sitio web: https://slate.com/technology/2019/02/san-francisco-facial-recognition-t echnology-bill-ban.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y todas las dependencias estatales con funciones ligadas a la preservación ambiental a colaborar en la implantación de jardines verticales en las ciudades que lo requieran, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a todas las dependencias estatales con funciones ligadas a la preservación ambiental, para que colaboren en la implementación de jardines verticales en las ciudades del país que lo requieran, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La composición demográfica de las poblaciones y asentamientos humanos siempre va de la mano con la forma de lidiar con la magnitud de cada uno de estos lugares. Cada espacio, debido a las necesidades de transporte, trabajo y habitabilidad, ha tenido que encontrar las maneras adecuadas para organizar acorde a condicionantes como la cantidad de personas, sus correspondientes presupuestos limitados y ante un escenario que plantea demandas comunitarias e individuales, donde el espacio público realza sus características como medio.
Dicha problemática, ante la tendencia sostenida del crecimiento poblacional en las principales poblaciones del país durante el siglo XX, los asentamientos tuvieron que comenzar a desarrollar nuevas formas de organizar sus correspondientes espacios de convivencia, la ubicación de los hogares y la necesidad de caminos pertinentes para conectar cada parte de los asentamientos en favor de una dinámica organizada, ambiente donde las ciudades han proliferado y han regido las formas en las cuales organizamos a poblaciones de vastas cantidades.
Así, las formas de operar las ciudades nos han dado soluciones inmediatas a problemas que se habían vuelto cotidianos, pero actividades las que no necesariamente nos han otorgado resultados positivos, de manera general, en relación con la experiencia que hemos acumulado en últimas décadas. Ante un contexto de crisis climática y volatilidad económica, los cuestionamientos acerca de los beneficios de esta clase de espacios hicieron que los especialistas se plantearan diversas problemáticas que derivan del operar de las urbes, más allá de las intenciones, buenas o malas, de las cuales se sustraiga la justificación de la manera de funcionar de estas.
Hoy en día, sabemos que la explotación excesiva y la contaminación de los mantos acuíferos,1 las emisiones de CO2 derivadas del tráfico,2 el complicado manejo y correcta separación de residuos,3 al igual que la falta de áreas verdes al interior de las urbes, son algunas de las principales problemáticas que ciudades de nuestro país han atravesado, están atravesando o atravesarán durante su formación y consolidación como ciudades. Sumado a esto y acotado al plano social, el actual marco jurídico, las políticas públicas implementadas y el quehacer de nuestros representantes, ha quedado a deber en materia ambiental. Esto ha generado el aumento de la temperatura promedio anual en .85 grados centígrados (° C) acorde a cifras de 2018, la cantidad de días frescos ha ido en decrecimiento en relación con las de los años sesenta y la intensidad de los desastres naturales ha ido en aumento, especialmente en el noroeste del Pacífico y en el Atlántico Norte.4
Por tales motivos, considerar la incursión de nuevas soluciones o el retorno de algunas otras (eficaces, pero sin difusión) resulta indispensable para poder comenzar a mitigar el problema. Una de estas respuestas, la cual ha mostrado su eficiencia en distintas urbes y la infraestructura urbana alrededor del globo, es la de los jardines verticales,5 que se han vuelto de conocimiento público, pero los cuales pocas veces hemos visto que se empleen de manera masiva en diferentes partes de nuestro país.
Sea por cuestiones de presupuesto, decisión personal o simple omisión, esta clase de tecnologías ha encontrado un eco persistente hasta tiempos recientes, especialmente con el éxito internacional y mediático de su adopción en el Periférico de la Ciudad de México en 2018,6 proyecto que corrió a cargo del proyecto Víaverde,7 iniciativa la cual ha sido respaldada y buscada por actores extranjeros para su adopción en las políticas públicas internacionales, con el objetivo de contribuir al frente global en favor de mitigar los efectos de la crisis climática.
En su impacto, el primer efecto directo recae sobre el mejoramiento de la calidad del aire, donde se estima que cada año los jardines verticales empleados en la Ciudad de México producen oxígeno para cerca de 25 mil personas, reduciendo en 27 mil toneladas la presencia de gases dañinos para el ambiente y capturando cerca de 4 mil 489 kilogramos (kg) de polvo.8 Igualmente, su impacto en términos de bienestar no sólo pasa por una cuestión práctica, sino también por una cuestión estética. La presencia de esta clase de infraestructura tiende a ser vista de manera positiva a partir de la contribución estética que realiza, especialmente en vía de comunicación como vías de alta velocidad, donde el color gris queda borrado por la variabilidad cromática de las especies vegetales que se emplean en jardines verticales, lo que contribuye a su adopción al resultar atractivos para las colonias y ciudades las cuales deseen implementarlos.
A pesar de ello, uno de los principales problemas para su difusión usualmente va asociada a los costos. Sean éstos financiados por el sector público o privado, la necesidad de colaboración es indispensable ante el carácter público de muchos de estos espacios. Para las primeras mil columnas instaladas en la Ciudad de México, se requirió una inversión que rondaba los 360 millones de pesos,9 costo de principio llamativo, pero el cual va enfocado a subsanar un estado de cosas tan alarmante como lo sería una crisis irreversible de carácter ambiental.
Por esto mismo, considerar su implementación se torna una cuestión no negociable ante la flexibilidad del método respecto a la infraestructura urbana de cada entidad, donde esto únicamente puede ser posible mediante el apoyo de las autoridades, la implementación de los correspondientes estudios y el ajuste de éstos de acorde al presupuesto disponible, el cual idealmente debería de contar con su respectivo gasto ambiental y las formas eficientes de generar un alto impacto en el uso de esos fondos, donde los jardines verticales se vuelven una opción atractiva en su carácter funcional y estético para ciudades consolidadas o en ascenso.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las correspondientes dependencias estatales en materia ambiental de toda la federación, para que colaboren en la elaboración de estudios relacionados con la viabilidad del uso de jardines verticales en las ciudades del país que lo requieran debido a la crisis ambiental global que hoy en día atravesamos.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las correspondientes dependencias estatales en materia ambiental de toda la federación, para que colaboren en el diseño de una campaña nacional de creación de jardines verticales en las ciudades del país que lo requieran debido a la crisis ambiental global que hoy en día atravesamos.
Notas
1 Comité Científico de Reconstrucción y Futuro de la CDMX. (2018). Estudio sobre el estado actual de mantos acuíferos, la explotación de pozos, el abasto real y la demanda actual y potencial del líquido en la Ciudad de México, 9 de septiembre de 2019, de Comité Científico de Reconstrucción y Futuro de la CDMX. Sitio web:
https://ces.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ESTUDIO%20MANT OS%20ACUIFEROS.pdf
2 United Kingdom Environmental Law Association. (2017). Road Traffic, 9 de septiembre de 2019, de United Kingdom Environmental Law Association. Sitio web:
http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=38
3 El Banco Mundial. (2019). Solid Waste Management, 9 de septiembre de 2019, de El Banco Mundial. Sitio web: http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=38
4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2018). Efectos del cambio climático, 9 de septiem-bre de 2019, de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sitio web: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climat ico
5 The Boss Magazine. (2018). The Growing Popularity of Vertical Gardens, 9 de septiembre de 2019, de The Boss Magazine. Sitio web: https://thebossmagazine.com/vertical-gardens/
6 Lisa Martine Jenkins. (2018). Mexico City’s vertical gardens: seeds of change or cynical greenwash-ing?, 9 de septiembre de 2019, de The Guardian. Sitio web: https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/30/mexico-city-via-verde-ve rtical-gardens-pollution-climate-change
7 Gabriela Chávez. (2019). La tecnología que hizo verde al Periférico y fue premiada por el WEF, 9 de septiembre de 2019, de Obras Web. Sitio web:
https://obrasweb.mx/infraestructura/2019/07/08/la-tecnol ogia-que-hizo-verde-al-periferico-y-fue-premiada-por-el-wef
8 Cheyenne Kabil. (2019). The Bloom of Vertical Gardens, 9 de septiembre de 2019, de Medium. Sitio web:
https://medium.com/cleantech-rising/the-bloom-of-vertica l-gardens-a4c286e9b865
9 Cristina Ochoa. (2019). El jardín vertical de México crece y se internacionaliza, 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/negocios/el-jardin-vertical-de-mexico-crece-y-s e-internacionaliza
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar un sistema de licencias de conducir federales con validez como identificación oficial en el extranjero, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a girar las instrucciones necesarias a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar un sistema de licencias de conducir federales, con validez como identificación oficial en el extranjero, que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El bienestar, como aspiración, siempre se mantiene en la mente de cualquier ciudadano ante la búsqueda de una estabilidad que le permita afrontar las problemáticas del día a día. Ante su ausencia, las reacciones tienden a ser variadas, donde la constante se materializa en el esfuerzo y el optimismo para poder llegar a un estado de cosas que se pudiera definir como el bienestar. El emprendedurismo, la educación o la migración, son ejemplos claros de cómo la definición, la cual varía de persona a persona, siempre tiene presente un aspecto cultural donde el trabajo y la pasión son el camino que necesariamente uno debe recorrer para alcanzar aquello que se anhela.
Por lo tanto, la búsqueda de una buena vida es un sentimiento que cualquiera de los aquí presentes coincidimos como una de nuestras principales aspiraciones. Igualmente, supongo, coincidimos que la única manera de darle el valor justo a ese anhelo es por medio del esfuerzo, es decir, nuestro trabajo apegado a una disciplina y una pasión que busca cambiar una realidad para adecuarla a nuestras necesidades.
En esta situación y retomando el ejemplo migratorio, el deseo de movilidad, en gran parte de los casos, corresponde a una búsqueda de bienestar en un lugar diferente ante la ausencia de condiciones necesarias para desarrollarla en el lugar de origen. Centrándome en el estado de cosas concreto de nuestros connacionales, el destino más usual para intentar materializar dicha aspiración es Estados Unidos de América (EUA). Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2017 había cerca de 11 millones 517 mil 375 mexicanos residentes en EUA y nacidos en México,1 siendo cerca de una tercera parte de mexicanos residentes en EUA, grupo compuesto por cerca de 36 millones 255 mil 589 connacionales.2 Proporcionalmente, de los migrantes mexicanos en todo el mundo, los residentes en EUA representan 97.21 por ciento del total de mexicanos fuera del país.3
Igualmente, su influencia en las dinámicas de los mexicanos residentes en México es sumamente relevante en el plano de lo económico. Las remesas han acumulado un impresionante crecimiento en tiempos recientes, donde en enero de 2019 lograron enlazar 34 meses consecutivos al alza, donde ingresaron 2 mil 415 millones de dólares a la economía nacional.4 El peso que este influjo de dinero tiene en la vida cotidiana de la ciudadanía es casi inconmensurable, al dotar de los fondos necesarios a las personas para desarrollarse, permite el ahorro y aumenta los flujos de dinero que benefician a la red de comerciantes de cada comunidad.
Una cifra tan relevante no puede pasar desapercibida para la aplicación de medidas que beneficien a los mexicanos. La vastísima cantidad que reside en EUA nos orilla a reflexionar acerca de lo que implican los movimientos migratorios en la vida cotidiana de nuestros connacionales. Se estima que para 2016 había cerca de 5 millones 400 mil mexicanos indocumentados en territorio estadounidense,5 lo que es un número sumamente cercano a la mitad de mexicanos que el IME reporta como residentes en EUA. La mitad de los mexicanos en EUA, sobre esto, se encuentra con un estado migratorio vulnerable y en el cual existen una serie de riesgos que atentan contra su bienestar físico, emocional y social.
Acotando el caso, la “identidad” de los mexicanos, la cual se ve amenazada ante un escenario que requiere “ocultarse” para evitar consecuencias graves, como la deportación, es el centro de atención en esta exposición. Debido al entorno, la falta de documentación personal es un problema usual que encuentran los migrantes mexicanos en un escenario de deportación. Al no existir un referente de identidad y ante el conocimiento del trato que se le da a nuestros connacionales en los procesos de deportación,6 el proceso atenta contra el bienestar de los mexicanos. La falta de un enlace rápido al origen nacional de los migrantes es un riesgo para garantizar un proceso de deportación con total apego a los derechos humanos y los convenios internacionales, al igual que evita la toma de acciones por parte de los representantes mexicanos en el extranjero.
Por ello, pensando en una forma de compaginar la necesidad de una identificación eficiente, con la versatilidad de poder ser presentada en cualquier momento y un uso práctico para garantizar su presencia en cualquier situación, propongo la creación de una licencia de conducir con validez como identificación oficial para mexicanos residentes en el extranjero. El sentido de ello se fundamenta en dos aspectos interrelacionados: su utilidad como un referente para validar la capacidad laboral y su validez como identificación personal, objeto útil para identificarse en caso de situaciones de deportación.
Su portabilidad, su utilidad laboral y su función como identificación, tornan a un documento como la licencia en una herramienta con muchísimo potencial para poder garantizar un proceso de identificación que pueda asegurar un trato digno para nuestros connacionales en casos de detención o deportación. Facilitar un enlace directo con autoridades mexicanas denota voluntad para obtener el objetivo, que es conseguir el mejor trato para los ciudadanos mexicanos.
Por otra parte, pensando en la aceptación de la medida y la necesidad de enlaces institucionales que lleven a cabo el proceso operativo de la emisión de las licencias, pensamos que el modelo debe mantenerse apegado a la forma en la cual opera la expedición actual de otras licencias de manejo al interior de nuestro territorio. Pensando en los mexicanos en el extranjero, consideramos que los consulados y embajadas deberían contar con las facultades para garantizar el servicio de expedición del documento. Para ello, requerimos la participación de las secretarías aquí exhortadas y las dependencias a las cuales les competería una tarea de esta clase. Volver esta medida operativa requiere de prontitud para así poder garantizar el respeto a un trato digno de nuestra ciudadanía mediante la identificación y enlace con autoridades nacionales. Mientras más prolongada sea la espera, mayor cantidad de potenciales situaciones de abusos a los derechos humanos podrían vivir nuestros connacionales.
Con el propósito de garantizar una identidad que permita un enlace rápido con autoridades mexicanas, mediante una manera versátil de ser portada y con una función práctica de carácter laboral, propongo la creación de un sistema de licencias de conducir con validez como identificación oficial en el extranjero que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a girar las instrucciones necesarias a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar un sistema de licencias de conducir federales con validez como identificación oficial en el extranjero, que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para colaborar, mediante los recursos y actores necesarios, en la elaboración y adecuación del marco regulatorio que faculte a las dependencias competentes para la implementación de un sistema de licencias de conducir federales con validez como identificación oficial en el extranjero, que se expida en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para tomar las medidas necesarias para garantizar una inclusión de la nueva licencia de autotransporte federal con validez como identificación oficial en el extranjero, a los reglamentos y normatividades que involucra el proceso de expedición actual de las licencias existentes.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar el servicio de expedición de licencias de conducir federales con validez como identificación oficial en el extranjero, en embajadas y consulados de México en el extranjero.
Notas
1 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (2018). Mexicanos residentes en Estados Unidos, 9 de septiembre de 2019, de Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sitio web:
http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/continente/amer ica/estados_unidos_2017.pdf
2 Ídem
3 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (2017). Población mexicana en el mundo: Estadística de la Población Mexicana en el Mundo 2017, 9 de septiembre de 2019, de Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sitio web: http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/continente/america/estados_uni dos_2017.pdf
4 Juan Carlos Cruz Vargas. (2019). Se incrementan en 6.5% remesas en enero, informa Banxico, 9 de septiembre de 2019, de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/573798/se-incrementan-en-6-5-remesas-en-ener o-informa-banxico
5 Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn. (2018). 5 facts about illegal immigration in the U.S., 9 de septiembre de 2019, de Pew Research Center. Sitio web: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/28/5-facts-about-illegal-i mmigration-in-the-u-s/
6 Médicos Sin Fronteras. (2019). Radiografía de una deportación, 9 de septiembre de 2019, de Médicos Sin Fronteras. Sitio web: https://www.msf.mx/article/radiografia-de-una-deportacion
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Tamaulipas a realizar un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, y a Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal en favor de la realización de ventas o subastas de bienes desincorporados los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda dependencia gubernamental cuenta con unas serie de actividades, las cuales se apegan a necesidades de operación, organización o, simplemente, a los tiempos en los cuales se encuentran inmersas. Esta diversidad, en muchos casos, implica costos referidos a la adquisición de bienes los cuales únicamente cuentan con propósitos específicos a tiempos y formas, es decir, son de un uso breve o único.
En el caso de las dependencias estatales, situaciones de esta clase son comunes, ya que se tienen que apegar al calendario festivo, las variaciones de los programas estatales implementados por las diferentes administraciones públicas o a la realización de eventos esporádicos o seriados, como foros, campañas informativas o eventos culturales. De ellos, una serie de bienes son obtenidos para su realización y, en muchos casos, son dejados en el olvido, donde se podría hablar de dos posibles escenarios en el futuro de dichos bienes: se relegan a bodegas propias o rentadas por parte de entidades gubernamentales, o “desaparecen” sin dejar mayor rastro que el registro de que fueron adquiridos. Ambas situaciones tienen como consecuencia una pérdida en términos económicos para el estado de Tamaulipas.
En el primer caso, el uso de espacios con un mayor potencial que el de ser meramente “garajes” públicos es un tema sumamente importante por considerar. La realización de eventos o la implementación de programas temporales han dejado en el olvido una parafernalia que podría encontrar una mejor utilidad en manos de la ciudadanía y los privados. Por otra parte, los costos espaciales y monetarios que implica el cuidado de bienes arrumbados es algo que la actual administración no debería tolerar en favor de una lógica de austeridad pública.
En el segundo caso, la falta de atención sobre bienes de este tipo deriva en situaciones donde hurtos de diversas magnitudes se realizan de manera común. La falta de atención derivada de la ausencia de relevancia que se les otorga, hace difícil que los chequeos se realicen de manera constante más allá de un primer vistazo. Este escenario está especialmente ligado a bienes y objetos que carecen de alta atención mediática.
Un caso excepcional es el de bienes como vehículos o inmuebles. Mientras el resto de productos tiende a ser poco o nulamente considerado por parte de medios de comunicación públicos o privados, las subastas y ventas que se realizan acerca de esta clase de objetos es de gran escala.
Tan sólo recordar la reciente subasta de vehículos realizada a finales de febrero de 20191 por parte de la administración federal, y la cual generó cerca de 62 millones de pesos en ganancias,2 o los 61 millones de pesos obtenidos por la venta de 351 lotes de bienes muebles e inmuebles en Guadalajara en septiembre de 2019,3 son un claro ejemplo de que esta clase de prácticas son consideradas a partir del tipo de bienes que se comercializan y no necesariamente por el ejercicio general de esta práctica.
A pesar de ello, tomar en cuenta la derrama generada por esta clase de actividades es el punto positivo que arroja. A nivel estatal, pensar en la subvención de programas sociales mediante el ejercicio de recursos obtenidos por subastas y ventas es una forma explícita de compromiso con una postura de hacer política austera y pertinente para las demandas contemporáneas.
Igualmente, el propósito de esto es una muestra del cómo se ha hecho el ejercicio de los recursos públicos en tiempos pasados. A nivel de transparencia, la manera en la cual se ha tratado el tema deja mucho que desear por parte de las autoridades mexicanas. Sin tomar en cuenta el impacto mediático que podría tener en medios nacionales e internacionales, la puesta en venta o subasta cualquier clase de productos arrumbados en bodegas es una forma de reducir costos. El portal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya expone una serie de productos a su venta o subasta de diferentes tipos, pero usualmente asociados a bienes confiscados. Esto, complementado con cualquier bien y con su depuración, tiene el potencial de otorgar buenos dividendos.
Su uso o reúso debe ser considerado para aminorar las cargas de gasto estatales. Ya sea mediante el reciclaje, venta o subasta de dichos productos, encontrar una forma de obtener rendimientos y recuperar parte del gasto debe de ser prioridad en tiempos que solicitan prudencia en el gasto público e inversión en los diferentes sectores sociales que dependen de apoyos gubernamentales.
Sobre esto, exhortamos a que sin importar origen, monto o utilidad que tengan los diversos bienes almacenados en bodegas usadas por dependencias gubernamentales estatales que carezcan de un propósito a corto, mediano y largo plazo, sean puestos a la venta o subasta para así aminorar los gastos y recuperar la inversión realizada por parte de las administraciones previas y actuales, en favor de usar las ganancias obtenidas en programas sociales de diferente índoles.
Así, se pretende sentar bases para mantener una política que sea estricta respecto al tema de los gastos innecesarios que se han mantenido por gobiernos pasados. Mantener una administración pública eficiente es el criterio central para así dar paso al desarrollo y bienestar de nuestra entidad.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, y a Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno estatal que se encuentren en situación de desuso, deshecho o dados de baja, y, en dado caso de no estar desincorporados, realizar los procesos necesarios para cambiar su estatus.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, y a Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias a las instancias estatales correspondientes para la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias e instituciones gubernamentales, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a María de Lourdes Arteaga Reyna, titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas, y a Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias para coordinarse para la implementación de un portal con acceso estatal y nacional a los diferentes bienes que ofrezca el estado de Tamaulipas en favor de la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias, instituciones gubernamentales y entes del gobierno estatal.
Notas
1 Ariadna Ortega. (2019) ¡Vendidos! 196 vehículos fifís de la presidencia en subasta de AMLO, 9 de septiembre de 2019, de ADN Político. Sitio web:
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/24/vendidos-196-v ehiculos-fifis-de-la-presidencia-en-subasta-de-amlo
2 Redacción Nación 321. (2019) ¡Se rayó! Esto es lo que ganó el Gobierno de AMLO en la primera subasta de autos, 9 de septiembre de 2019, de Nación 321. Sitio web:
https://www.nacion321.com/gobierno/se-rayo-esto-es-lo-qu e-gano-el-gobierno-de-amlo-en-la-primera-subasta-de-autos
3 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. (2019). Se obtienen 61 mdp en Subastas en Guadalajara. 21 de septiembre de 2019, de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Sitio web: https://www.gob.mx/sae/prensa/se-obtienen-61-mdp-en-subastas-en-guadala jara-218340
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una campaña de adscripción voluntaria a los servicios de salud públicos, universales y gratuitos, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a Zoé Alejandro Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para realizar una campaña de adscripción voluntaria a los servicios de salud públicos, universales y gratuitos, provistos por el gobierno federal, al igual que proporcionar la asesoría legal pertinente, para trabajadores de la industria de repartidores a domicilio de las principales plataformas digitales que operan en nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presente laboral nos ha puesto en una nueva encrucijada respecto al trato que pretendemos darle al trabajo en pleno siglo XXI. Con una serie de movimientos migratorios masificados, la digitalización de las relaciones sociales y la caída del poder adquisitivo, mucha de la ciudadanía de nuestro país ha tenido que buscar nuevas formas de trabajo que las innovaciones y las condiciones sociales han originado. Sea por medio de trabajos temporales u oportunidades laborales “flexibles”, como las actividades originadas por aplicaciones, el trabajo se ha trasladado más allá de las formas convencionales, donde los elementos legales, políticos y sociales se hacen presentes, generando consecuencias que antes no teníamos previstas y para las cuales no hemos estado listos, especialmente los derivados de la “gig economy”, donde los horarios de trabajo no son fijos y el empleado “acomoda” su horario laboral de acorde a sus posibilidades.
Con la adopción masificada de estas formas de empleos, muchos de ellos cayeron en vacíos legales ante la novedad de la actividad, lo que ha derivado en abusos y potenciales abusos por parte de los empleadores respecto a la expectativa de un trabajo digno. Ante una carencia de seguridad social y las garantías del salario mínimo estipulado en la ley, muchos de los trabajadores se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente el ramo de trabajadores dedicados a la repartición de paquetes y alimentos, donde su margen de acción se ve sumamente limitado ante las necesidades inmediatas que los orillan a tomar esta clase de empleos.
Derivado de la situación, la incidencia de las quejas por parte de la base laboral y de la clientela ha sido ínfima y poco mediática en comparación con la presencia de la actividad, donde su manifestación más reciente se efectuó en noviembre de 2018 ante la muerte de repartidores y la ausencia de apoyos por parte de los empleadores y las propias autoridade1 .
Hoy en día y a excepción de las declaraciones del Servicio de Administración Tributaria acerca de aplicar impuestos a la economía digital (a través del Programa de Colaboración para la Simplificación del Cumplimiento Tributario2 ) y una supuesta afiliación al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), la actividad sigue operando de manera fáctica en favor de los empleadores, exceptuándolos de sus responsabilidades. Tan sólo en los primeros seis meses de este año, cinco repartidores de la compañía Uber Eats han perdido la vida realizando la labor3 , donde las familias seguían a la espera de ser indemnizados ante la supuesta cláusula que asegura a los empleados de la plataforma. Igualmente, muchos de los repartidores han sufrido accidentes que por mucho exceden las capacidades salariales de estos, donde las empresas se han caracterizado por hacer caso omiso de esto, orillando a los trabajadores a endeudarse para cubrir los estragos de un trabajo el cual, de principio, fue considerado para evitar precisamente esta situación, el de la deuda y la precariedad. Al intentar pasar al plano legal para pedir alguna indemnización, el poder económico y político de esta clase de empresas supera con creces al de la ciudadanía afectada, la cual no cuenta con los medios necesarios para poder efectuar una demanda satisfactoria, pudiendo durar un tiempo indefinido y la que, según los términos y condiciones “contractuales”, se llevaría a cabo en Amsterdam, en los Países Bajos4 . Ambas exigencias, de acorde a las posibilidades económicas de la mayoría de los repartidores, los excede en demasía, donde la respuesta legal no se vuelve una respuesta posible ante esta clase de abusos.
Por tal motivo, tomar cartas en el asunto resulta indispensable si se pretende respetar el trasfondo ético y social que la normatividad tiene respecto a las condiciones laborales mínimas que se exigen a otra clase de empleos, donde estos no tendrían por qué ser un caso especial al seguir siendo un trabajo y el cual, de acorde a las cifras, es de alto riesgo. En el presente, en México hay en promedio 13.1 muertes por accidentes de tráfico por cada 100 mil personas5 , cifra más elevada que en países como Estados Unidos (13.1) y Canadá (5.8)6 . Esto, aunado al margen de ganancia de los repartidores de aplicaciones (donde la ganancia por envío oscila entre los 30 y 60 pesos7 ), muestra que las respuestas ante un accidente resultan ser mucho más costosas que el salario por el cual uno se arriesga a dichas consecuencias.
Debido al proceso burocrático de las legislaciones, el periodo de tiempo que implica la modificación y la creación de leyes pertinentes para el tema resultan un tanto insatisfactorias ante el riesgo que corren estos trabajadores, donde todos los días algún empleado resulta herido o lastimado, dejándolo en una situación de vulnerabilidad.
Ante ello, considerar la implementación de campañas de comunicación enfocadas a la adscripción de lo que sería el equivalente del ahora extinto Seguro Popular y el cual está en transición con la creación del próximo Instituto de Salud para el Bienestar, es algo que se requiere de forma inmediata y resulta indispensable como antecedente para la consolidación de una legislación que obligue a las empresas digitales a darle un trabajo digno a sus empleados. A la espera de que la legislación pertinente se realice para esta clase de empleos y la creación del Instituto, la urgencia inmediata requiere de adscribir a los repartidores dentro de la estructura de seguridad social pública vigente, siendo una medida temporal y la cual puede colaborar en preservar un poco del bienestar de la ciudadanía implicada ante eventos fatídicos como lo son los accidentes viales. Igualmente, ante la carencia de este sector por contar con asesoría legal pertinente, debido a la temática, las posibilidades económicas y el marco legal, el gobierno mexicano debería otorgar servicios de asesoría legislativa que fueran de conocimiento público y masificado para evitar pérdidas de tiempo o información falsa acerca de cuáles son las medidas a seguir ante un posible accidente acompañado de la ausencia de respuesta por parte de los empleadores, todo esto en favor de evitar abusos y poder colaborar en el proceso de transición hacia una “gig economy” mediada, donde la garantía de los derechos humanos y laborales pueda darse.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a Zoé Alejandro Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, para realizar una campaña de adscripción voluntaria a los servicios de salud públicos, universales y gratuitos, provistos por el gobierno federal, para trabajadores y empleadores de la industria de repartidores a domicilio de las principales plataformas digitales, que operan en nuestro país.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para conformar un cuerpo de asesores legales públicos y gratuitos, provistos por el gobierno federal, para trabajadores de la industria de repartidores a domicilio de las principales plataformas digitales que operan en nuestro país, ante los accidentes viales que estos sufren y los abusos que cometen las empresas del rubro.
Notas
1 Jorge Becerril. (2018). Ciclistas repartidores exigen mejores condiciones laborales, 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/comunidad/ciclistas-repartidores-prote stan-en-insurgentes
2 Elizabeth Albarrán; Belén Saldívar. (2019). Conductores de Uber y repartidores de Rappi pagarán impuestos; tendrán seguro social: SAT, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Conductores-de-Uber-y-repartidores-de-Rappi-pagaran-impuestos-tendran-seguro-social-SAT-20190520-0035.html
3 Redacción. (2019). Uber Eats responde a reportaje sobre seguridad de repartidores, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/uber-eats-responde-a-reportaje-so bre-seguridad-de-repartidores/1322390
4 Uber. (2019). Términos y condiciones, 9 de septiembre de 2019, de Uber. Sitio web:
https://www.uber.com/legal/terms/mx/
?irgwc=1&utm_term=zVQXvrTuCxyJTIBwUx0Mo3cwUklV0lRCRW5iwU0&adg_id=284979&cid=10078&utm_content=&utm_campaign=
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5 Martha Pskowski. (2019). Deaths and injuries don’t slow Uber Eats’ rapid expansion in Mexico, 9 de septiembre de 2019, de The Verge. Sitio web:
https://www.theverge.com/2019/7/3/20679004/uber-eats-mex ico-delivery-courier-death-injury-insurance-expansion
6 Ídem.
7 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la STPS a incentivar la creación, comercialización y distribución de herramientas y maquinaria nacionales destinadas a la eficiencia y mejora del sector manufacturero, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Economía, y a la Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para incentivar la creación, comercialización y distribución de herramientas y maquinaria nacional destinadas a la eficiencia y mejora del sector manufacturero, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gran motor de la industria nacional se ha mantenido en la manufactura a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del siglo XXI en nuestro país. Su amplia denominación, encuentra resonancia en la producción de máquinas, aparatos, plásticos, metales, minerales, textiles, papel, madera, etc... En pocas palabras, cualquier producción que implique la transformación de la materia prima tiene el potencial de considerarse parte de la industria manufacturera. Esta amplia gama, de principio, denota que ante un espectro tan diverso, las dificultades que tienen que atravesar las administraciones locales y federales pasa por la necesidad de satisfacer las necesidades de la población dedicada a cada uno de dichos sectores en los cuales su correspondiente población se desempeñe, donde los recursos son limitados y las posibilidades para todas las partes corresponden a especificidades que no necesariamente pueden ser cumplidas de forma general por sus representantes. Tal motivo, ha llevado a cuestionarse de cuáles son las actividades prioritarias para cada región en el mundo, donde las condicionantes para cada nación implican una serie de factores diversos y, por lo tanto, una distribución de los puntos “fuertes” de cada país.
Esto último, se relaciona con la existencia interna de una industria que no tiene rendimientos simétricos entre los diferentes sectores, en México, la industria automotriz, metalúrgica y petrolera han adquirido protagonismo, esto debido especialmente a nuestro posicionamiento geopolítico, a las facilidades económicas para el desarrollo industrial en territorio nacional y el acceso a recursos materiales diversos. A pesar de ello, el panorama no es tan alentador, donde pareciera que una lógica de restricción mercantil se ha situado como ideal de fortalecimiento.
Por otra parte, la industria nacional, es considerado el sector más prolífero del país y se ha mantenido a flote, dejando dividendos positivos en los últimos dos años, pero ha visto afectados sus potenciales rendimientos a partir de los conflictos arancelarios que hemos afrontado con los Estados Unidos y los cambios en la forma de operar por parte del mercado internacional, donde la imposición de aranceles se ha vuelto una práctica común en el panorama del comercio internacional. Ante la promesa de un libre mercado global a partir de los años noventa, las políticas proteccionistas han encontrado una sorpresiva serie de respaldos por parte de países que previamente habían sido aliados del libre comercio exterior como los Estados Unidos, lo que ha provocado un cambio notorio en el mercado, en el ejercicio de poder en el juego geopolítico y la apertura de cuestionamientos que abrirán nuevos horizontes mercantiles. Este proceso de reajuste ha afectado las cadenas comerciales existentes, donde cientos de mercancías reconfigurarán su valía y a sus correspondientes productores ante la necesidad de satisfacer la demanda de las naciones receptoras, donde no importa el origen, sino los costos y la existencia de las mercancías.
Por tal motivo, al observar cuáles son las áreas de oportunidad para las condiciones actuales del mercado global, el tema del desarrollo tecnológico sale a relucir en una época dominada por la transición hacia un mundo digital. Sobre esto, considerar que China y los Estados Unidos han mantenido una relación y competencia constante por esta industria es relevante debido a nuestro papel en la región, siendo China una industria manufacturera fuerte, similar al caso mexicano, y en el cual, el conflicto con los Estados Unidos también ha mermado a uno de los principales proveedores de nuestro país del norte, el cual tiene una fuerte demanda de productos tecnológicos provenientes del país asiático, lo que sitúa a México en una posición privilegiada para consolidar una industria de manufactura tecnológica fuerte.
Esto último, abre un campo de potencial en producción manufacturera en el cual también el mercado mexicano se ha desempeñado en las últimas décadas. Este proceso, el cual comienza a tener relevancia, implica un problema más marcado de fondo, que es el de la adecuación de la maquila a las tecnologías contemporáneas, no sólo como productor de ellas, sino también como consumidor. Con la transición laboral de la denominada “Industria 4.0” o “Cuarta Revolución Industrial”, la necesidad de contar con tecnologías de punta para implementarlas a uno de nuestros principales sectores productivos se torna un tema necesario. Teniendo en cuenta que este año hubo una reducción del gasto en tecnología por parte del sector privado, originada por la incertidumbre económica. Derivado de esto, la inversión promedio de las empresas se redujo a un rango del 0% al 10% de los ingresos a inversiones en temas digitales, cuando en años anteriores había sido mucho más alto. Esto va acompañado por la necesidad de importar las tecnologías necesarias para adoptar estas medidas, donde la innovación pareciera ocupar un segundo plano al no entrar la autonomía tecnológica como prioridad para ambos sectores.
Considero que el poner de lado la inversión tecnológica, es un error muy grave, sin importar el tipo de empresa que se maneje. La coyuntura tecnológica y la posibilidad de desarrollo de maquila orientada a productos electrónicos y de cómputo, la cual, nos plantea una especie de ejercicio recursivo como oportunidad, es decir, nos deja un escenario en el cual una inversión en maquila tecnológica, puede ser una inversión en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la propia maquila, donde el escenario de “autosuficiencia” tecnológica se puede volver un punto importante, mediante la producción para el mercado interno y el mercado externo. La necesidad de maquila tecnológica que los Estados Unidos tiene, (el cual es nuestro principal comprador), es de gran relevancia, como epicentro del desarrollo de tecnologías digitales, cuenta con la necesidad de los componentes indispensables para su desarrollo de ideas y los cuales venían predominantemente de China. Si el conflicto tecnológico continúa, la oportunidad de México debe de ir orientada en ambos sentidos, ya que el escenario para crear nuestra propia tecnología para producir cualquier mercancía, nos da una posición ventajosa en la reconfiguración del mundo, las relaciones comerciales y la digitalización de la vida cotidiana.
Sobre esto, se debe considerar que la importancia de la inversión en desarrollo tecnológico aplicado a la industria maquiladora es de recalcar. La necesidad de contar con nuestras propias creaciones en uno de los principales actores comerciales nacionales y requiere de un apoyo total por parte del Estado mexicano y de los actores involucrados. Sacar provecho de la situación y reforzar la consolidación de la región nos otorgarán rendimientos políticos y económicos con un grandísimo potencial para el futuro de México, mejorando así nuestra economía y el bienestar general de la ciudadanía.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, y a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para desarrollar programas de capacitación técnica y campañas informativas acerca de los beneficios de ser partícipe de la industria tecnológica enfocada en la elaboración de herramientas y maquinaria empleada en la producción manufacturera, buscando incentivar la inversión por parte de pequeños, medianos y grandes empresarios.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, y a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para elaborar una estrategia de inversión regional para el desarrollo de tecnologías de punta, como herramientas y maquinaria, enfocadas al sector manufacturero en zonas de baja productividad que cuenten con las condiciones indispensables para el desarrollo de esta industria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a reforzar las medidas de clasificación, seguimiento y seguridad de las mercancías confiscadas en el Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación, a fin de evitar su circulación en el mercado negro, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y a Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para reforzar las medidas de clasificación, seguimiento y seguridad de las mercancías confiscadas en el Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación, con el fin de evitar su circulación en el mercado negro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El papel que juegan las aduanas en México y en cualquier país del mundo nunca debe ser tratado a la ligera. El peso que tiene el control estatal a la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe ser considerado debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de un mercado sano, la seguridad nacional y la protección de la propiedad intelectual. Un flujo sin restricciones únicamente deriva en escenarios catastróficos, en los planos de lo económico, político y cultural.
Por ello, el cometimiento de delitos aduaneros es sumamente peligroso para el desarrollo cotidiano de la vida en nuestro país. Sin mecanismos pertinentes y eficientes para el control de las mercancías, la actividad puede producir desajustes con impactos económicos incalculados, dar paso a mercancías dañinas para la salud de la población o para efectos nocivos que pudieran atentar contra el equilibrio del medio ambiente.
En sus consecuencias, muy reales para las diferentes dimensiones de la vida, el problema de la corrupción pareciera potenciarse ante los múltiples escenarios que pueden derivar de un mal manejo en el control y seguimiento de las mercancías confiscadas. El problema se agrava cuando actividades como esta se desarrollan de manera regular. La OCDE publicó que se pierden cerca de 2,000 millones de dólares por país derivado de la corrupción en sus respectivas aduanas.1 Esto, sumado al tema del impacto socioambiental y la seguridad nacional, fomenta el hecho de sentarnos a discutir acerca del tema y qué estamos haciendo para afrontarlo.
Por ello, en sintonía con nuestra postura respecto al planteamiento del problema, el actual gobierno ha decidido reconfigurar la política organizacional y normativa de las aduanas mediante la implementación del “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, el cual fue presentado en marzo de 2019,2 donde las acciones concretas van orientadas a una reconfiguración tecnológica, jurídica y operativa para la reestructuración de las aduanas.3
Ante esta situación y respecto a la actualización del control, seguimiento y seguridad de las mercancías confiscadas en aduanas, nuestra preocupación se centra en el problema del tráfico de éstas, las cuales son sacadas de los recintos aduaneros y puestas a la venta al mejor postor al interior del mercado negro.4 En sus efectos, ya comentados en esta exposición, los resultados tienden a mostrar escenarios negativos. Actividades como el dumping, el tráfico de armas5 y la piratería, encuentran un paraíso ante los problemas que existen en México con relación al uso de medidas desleales en la competencia, la presencia del crimen organizado y la proliferación de la venta de productos pirata en las calles de las principales urbes de nuestro país.
Sobre este escenario, considerar que el rubro de las formas de registro, clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas requiere una normatividad no solamente pertinente, sino eficiente y éticamente sólida. Consideramos que las aduanas hoy en día cuentan con algunas herramientas para hacer frente al problema, pero la implementación de nuevas tecnologías para hacerle frente es insuficiente si no se dispone de voluntad política y moral para volver efectivas las normatividades para las que se emplean dichas herramientas.
Como expectativas en los aspectos funcionales y técnicos, contar con alguna forma de centralización de la información y con un rápido acceso para las dependencias encargadas de verificar la existencia de productos ilegales en el mercado mexicano, tiene que ser prioridad para eficientar la labor de control en territorio nacional. Igualmente, considerar estrategias de transparencia y comunicación de los efectos de la adquisición de mercancías piratas o nocivas para el bienestar del país, con la población involucrada en la importación de mercancías, es prioridad para evitar una demanda grande por esta clase de productos.
En este caso, se debe diseñar una perspectiva general con un trasfondo de carácter preventivo y no meramente reactivo. Un control eficiente requiere una clasificación clara, un registro supervisado y un almacenamiento vigilado, al igual que buscar reducir la demanda mediante una muestra clara de las consecuencias negativas de esta clase de actividades ilícitas, donde los beneficios a mediano y largo plazo se muestren mucho más atractivos que la ganancia inmediata.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, en el uso de sus facultades para reforzar las medidas de clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas en el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación” con el fin de evitar su circulación en el mercado negro.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, en el uso de sus facultades para crear campañas informativas dirigidas a los pequeños, medianos y grandes empresarios, acerca de las consecuencias económicas y culturales de la adquisición de bienes ilegales en el mercado negro.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Administración General de Aduanas, para implementar medidas más eficientes de seguridad en los recintos aduaneros para evitar la sustracción de mercancías confiscadas en el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación” con el fin de evitar su circulación en el mercado negro.
Notas
1 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web: https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739
2 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación’, 9 de septiembre de 2019, de Excélsior. Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/
el-18-de-marzo-se-presentara-el-plan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031
3 Estrategia Aduanera. (2019). Así se vive la cuarta transformación en Aduanas México, 9 de septiembre, de Estrategia Aduanera. Sitio web: https://www.estrategiaaduanera.mx/asi-se-vive-la-cuarta-transformacion- en-aduanas-mexico/
4 Editoriales Milenio. (2019). Trascendió, 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web:
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-n acional/trascendio_339
5 Notimex. (2019). Aduanas permitieron tráfico de armas, cartuchos y dinero; SAT inicia limpia, 9 de septiembre de 2019, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aduanas-permitieron-trafico-d e-armas-cartuchos-y-dinero-sat-inicia-limpia-2968578.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco, la SHCP y la Ssa a regular en materia de transacciones de contenido digital descargable, ante abusos de la industria de los videojuegos y los problemas de salud ligados a esas prácticas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a ?Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a los presidentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión de Salud, para que colaboren en la elaboración de las correspondientes regulaciones en materia de transacciones de contenido digital descargable, ante el abuso realizado por parte de la industria de los videojuegos y los problemas de salud ligados a estas prácticas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda gran revolución tecnológica conlleva un gran cambio en las formas de organizarnos, convivir y comerciar. Con el surgimiento de la Internet, la practicidad se volvió una cosa del presente y al alcance de una parte importante de la población mundial. La posibilidad de mantenernos conectados a pesar de la distancia, en tiempo real y con la posibilidad de manipular diferentes formatos, como texto, imagen y video, ha hecho que estos medios se hayan vuelto un nicho de negocios no solamente por su utilidad, sino también por sus capacidades por satisfacer las necesidades de entretenimiento, la que ha consolidado una industria multimillonaria, donde las plataformas de streaming y las redes sociales son sus principales ejemplos.
De ellas, hoy en día existe una con una relevancia tal que, debido a su alta presencia, ya hemos logrado normalizar como parte del mercado del entretenimiento desde hace décadas, pero la cual ha cambiado drásticamente durante el presente siglo: la industria de los videojuegos. Iniciando con la creación del “Pong” a finales de los años cincuenta1 (el cual se considera el “primer videojuego”), su presencia ha ido en aumento con el paso de nuevas generaciones, las cuales la han aceptado gustosas como una forma de entretenimiento asequible, práctico e interesante.
En sus orígenes, mediante el uso de pequeños periféricos y siempre sujetos a la tecnología de su época, los videojuegos, como forma de emplear el tiempo de ocio, han mantenido un público cautivo y devoto al poder otorgarles entretenimiento desde la comodidad de su hogar o en dispositivos móviles, donde la característica general de sus usuarios es que se componen por una muy amplia gama de edades y gustos. Esto ha dado paso a una multiplicidad de géneros y temáticas, las cuales van diseñadas de acorde al “target”, donde la regulación internacional conlleva un trasfondo ideológico el cual pugna por evitar exponer a la juventud a contenido los cuales pueden ser perjudiciales para su desarrollo.
Y es que no es para menos. Esto ha dado paso a un negocio multimillonario, donde sus antecedentes nos recuerdan mucho al ascenso de la industria de los deportes o la televisión. Generando ingresos por cerca de 43.8 billones de dólares a nivel global (teniendo un crecimiento del 18 por ciento en contraste con el año pasado y superando por 2.1 billones a la industria del cine)2 en 2018,3 se ha logrado consolidar un mercado de características globales, con alta presencia en medios y con una base de consumo en ascenso. Esto ha dado paso no solamente a su venta como ocio, sino que ha originado una profesionalización de la actividad y la creación de los llamados “deportes electrónicos”. Estos, se estima llegarán a una ganancia que ronda los 1.1 billones de dólares para finales de este año,4 han comenzado a construir sus figuras mediáticas, donde el gusto por “jugar” videojuegos conlleva equipos de trabajo amplísimos, la construcción mediática de “figuras públicas” con potencial influencia en sus seguidores y la creación de nuevas necesidades, las cuales deben ser resueltas por parte de nosotros como legisladores y por parte de las autoridades correspondientes.
Por desgracia, no todo lo que acontece es parte de una historia de éxito, donde el desarrollo de una industria “sana” en su relación con el consumidor pareciera más lejana que en principio. Debido a la expectativa de aumentar la ganancia y las oportunidades que este gran nicho ha mostrado con el paso de los años, las prácticas de venta de videojuegos y sus pertinentes contenidos han sufrido transformaciones que han ido de la mano con la evolución de las industrias digitales, especialmente en el inicio del presente siglo. Lo que comenzó como la venta de un producto terminado y el cual se consideraba propiedad del comprador, ahora es considerado como un “servicio”, donde la innovación fugaz y en tiempos cortos se ha vuelto el canon de la industria.
De inicio y ante la necesidad de innovar, los llamados “contenidos descargables” (DLC por sus siglas en inglés) fueron un primer experimento implementado a principios de siglo, los cuales buscaban mantener “fresco” el producto al introducir nuevas cosas en los juegos que habían sido vendidos previamente. Hoy en día, esta clase de mercancías han permutado en sus ideales detrás y en su diseño como producto, donde se considera que los juegos deben adoptar una lógica de “servicio”, que se traduce en la introducción de nuevos “bienes digitales” en periodos de tiempo cortos (de 2 a 4 meses aproximadamente) y donde algunos corresponden a la lógica de los “coleccionables”, los cuales cuentan con un tiempo o cantidad limitados para poder ser adquiridos.
Todo esto correspondería a una industria con ciertas formas de operar conocidas, pero carentes de una problemática sustancial si no fuera por el modelo que se ha adoptado. Dichos objetos o bienes digitales, sean meramente estéticos o con una incidencia directa en la jugabilidad, no suelen ser puestos a la venta como en otros medios, donde uno encuentra alguna especie de “catálogo” del cual dispone y, si cuenta con los recursos, puede adquirir alguno de los bienes o servicios que se ofrecen. Por el contrario, la industria de los videojuegos ha decidido implementar el “azar” como una forma “entretenida” de adquirir los productos por medio de las llamadas “loot boxes” (“cajas de botín” en español).
Estas “mecánicas sorpresa”,5 en palabras de Kerry Hopkins, representante de la empresa productora de videojuegos Electronic Arts y la cuales fueron dichas en junio de 2019 ante el parlamento británico en una comparecencia acerca del dilema legal y ético del uso de estas “mecánicas”,6 suelen funcionar de la siguiente manera: implementando una especie de “divisa digital” (la cual únicamente puede ser obtenida en su respectiva plataforma, con montos fijos de los mínimos y máximos de compra, al igual que no puede ser vendida o intercambiada), o mediante un pago por tarjeta de prepago o tarjeta de débito/crédito, uno ya no compra el producto que desea, sino que tiene la “oportunidad” de obtener el objeto digital que busca mediante la adquisición de estas cajas, las cuales cuentan con bienes otorgados de manera azarosa y diferenciados por su “rareza” (frecuencia con la cual “aparecen” al interior de aquello que se compra), donde cada caja cuenta con un número limitado de objetos posibles de “desbloquearse” y poder utilizarse, similar al cómo han operado la industria de coleccionables como los son los álbumes de “stickers” mundialistas.
A pesar de ello, la diferencia es notoria, ya que la incapacidad de poder “extraer” los bienes digitales de la plataforma anula cualquier posibilidad de reventa y la existencia de un mercado secundario, donde aquello pasa más a asemejarse a un “servicio premium” y no a la adquisición de un bien. Igualmente, la incapacidad de saber “qué es lo que uno está comprando” es una forma de tomar ventaja sobre el consumidor, donde los porcentajes estimados de la frecuencia de ciertos productos y el cómo operan sus correspondientes algoritmos es de desconocimiento público, los cuales son escudados detrás del discurso de la propiedad intelectual.
Aunado a esto, el mayor problema no se encuentra ligado a la práctica por sí misma, sino a su relación con el consumidor en el plano de la salud mental. El gran debate legal y ético que se ha elaborado en países de la Unión Europea (como Inglaterra o Bélgica, la cual ha prohibido esta clase de prácticas),7 en Canadá y los Estados Unidos está íntimamente ligado al debate acerca de las apuestas y la adicción a los juegos de esta clase. Muchos de estos gobiernos se han problematizado si estas prácticas encajan en los términos de sus correspondientes regulaciones a las apuestas y los casinos,8 los cuales generan un efecto similar en sus consumidores por medio de juegos como las máquinas tragamonedas, lo que ha logrado que se denuncie a estas “prácticas predadoras” como nichos de explotación y abuso.9
Dichos espacios digitales, repletos de personas de todas las edades, encuentran sus principales víctimas en las poblaciones de niños y adolescentes, quienes son vulnerables de caer en la adicción de adquirir de manera compulsiva esta clase de productos ante el efecto satisfactorio que les da “pagar menos por más”, aunque en la realidad sabemos que eso no es así, al igual que la poca atención que los padres de familia han puesto en el asunto ante la suposición de que es una industria “principalmente infantil”. Lo que pasa en realidad, es que la adicción al juego de video, incluido como trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades10 en 2017, no ha sido mediada de manera oportuna ante el desconocimiento derivado de la inexperiencia en el tópico. Esto, en conjunto con prácticas de negocio de dudosa validez ética y la carencia de un marco legal pertinente para ello, dan paso a un “coctel” con implicaciones catastróficas para el bienestar del público consumidor, de sus respectivas familias y para el Estado ante la necesidad de tratar a personas que pudieran caer en un problema de consumo.
Sobre esto, considerar una evaluación y discusión por parte de las autoridades pertinentes resulta indispensable si se busca evitar que un espacio aparentemente seguro para los jóvenes se torne en un espacio de explotación psicológica. Ya sea por medio de su regulación o total prohibición, esta clase de prácticas deben de servir para dejar un antecedente ante cualquier forma nueva de negocio que pueda conllevar el desarrollo de nuevas tecnologías con potenciales efectos dañinos sobre su público objetivo.
Dejar a la merced de compañías trasnacionales el uso del tiempo de ocio y el desarrollo de espacios de convivencia para jóvenes y adultos es peligroso si no se emplean las medidas necesarias para mitigar potenciales abusos, lo cual únicamente se puede lograr mediante la intervención estatal. En este caso, el uso de “loot boxes” o cualquier otra forma de “mecánicas sorpresa” es abusivo, donde la búsqueda por la ganancia ha establecido una forma deshonesta de operar por parte de estas compañías, las cuales se justifican a partir del “azar” para condicionar la manera de consumir de sus usuarios.
Sobre esto, sostengo que la capitalización de una industria así no debe continuar con formas de operar ventajosas, ya que estas prácticas atentan contra el bienestar de la ciudadanía e implican costos para el Estado en materia de salud. Por lo tanto, realizar los correspondientes estudios o diálogos con especialistas, la emisión de las regulaciones pertinentes y el desarrollo de campañas de prevención, es un primer paso para ahondar en la temática y así poder emitir las conclusiones correspondientes, todo esto en favor de poder mitigar el problema y tomar las acciones de acorde a las exigencias de la problemática.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, y a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, y a los presidentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión de Salud, para que colaboren en la elaboración de los estudios o foros de discusión correspondientes para la emisión de conclusiones acerca de la regulación en materia de transacciones de contenido digital descargable, ante el abuso realizado por parte de la industria de los videojuegos y los problemas de salud ligados a estas prácticas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para que colaboren en la elaboración de las correspondientes regulaciones, normatividad y leyes en materia de transacciones de contenido digital descargable, ante el abuso realizado por parte de la industria de los videojuegos y los problemas de salud ligados a estas prácticas.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para elaborar campañas de prevención de adicción a los videojuegos, derivado de los problemas de salud ligados a prácticas predatorias por parte de la industria de los videojuegos.
Cuarto. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para considerar la aplicación de un gravamen aplicado a las transacciones de contenido digital descargable, ante el abuso realizado por parte de la industria de los videojuegos y los problemas de salud ligados a estas prácticas.
Notas
1 APS Physics. (2008). October 1958: Physicist Invents First Videogame, 9 de septiembre de 2019, de APS News. Sitio web: https://www.aps.org/publications/apsnews/200810/physicshistory.cfm
2 Jonathan Shieber. (2019). Videogame revenue tops $43 billion in 2018, and 18% jump from 2017, 9 de septiembre de 2019, de Tech Crunch. Sitio web: https://techcrunch.com/2019/01/22/video-game-revenue-tops-43-billion-in -2018-an-18-jump-from-2017/
3 Ídem.
4 Hilary Russ. (2019). Global esports revenues to top $1 billion in 2019: report, 9 de septiembre de 2019, de Reuters. Sitio web: https://www.reuters.com/article/us-videogames-outlook/global-esports-re venues-to-top-1-billion-in-2019-report-idUSKCN1Q11XY
5 Ana Díaz. (2019). EA calls its loot boxes ‘surprise mechanics’, says they’re used ethically, 9 de septiembre de 2019, de Polygon. Sitio web: https://www.polygon.com/2019/6/21/18691760/ea-vp-loot-boxes-surprise-me chanics-ethical-enjoyable
6 Ídem.
7 Makena Kelly. (2019). How loot boxes hooked gamers and left regulators spinning, 9 de septiembre de 2019, de The Verge. Sitio web: https://www.theverge.com/2019/2/19/18226852/loot-boxes-gaming-regulatio n-gambling-free-to-play
8 Ídem.
9 Gabriel A. Brooks; Luke Clark. (2019). Associations between loot box use, problematic gaming and gambling, and gambling-related cognitions, 9 de septiembre de 2019, de Science Direct. Sitio web:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0 306460318315077?dgcid=author
10 Javier Salas. (2017). La OMS reconoce el trastorno por videojuegos como problema mental, 9 de septiembre de 2019, de El País. Sitio web:
https://elpais.com/elpais/2017/12/21/ciencia/1513852127_ 232573.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a crear infraestructura para establecer una zona económica integral en la frontera sur del país, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, para colaborar en la creación de la infraestructura necesaria para el establecimiento de una zona económica integral en la frontera sur de nuestro país, la cual esté enfocada a la producción y comercialización de mercancías de acorde a las fortalezas de la región, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La necesidad que nuestro país tiene por la ampliación de nuevas oportunidades comerciales se ha vuelto una especie de consenso entre políticos y especialistas. Ante la turbulencia actual del mercado internacional, la creación de nuevos lazos comerciales y la explotación de nuevas oportunidades productivas, explorar los nuevos nichos económicos que se han abierto debe ser prioritario si se pretende abordar el futuro con medidas preventivas y no reactivas. Y es que, de acorde a los eventos desarrollados en los últimos años, el panorama resulta sumamente diferente a lo que el final del siglo pasado había “puesto sobre la mesa”.
Con el crecimiento de los movimientos migratorios forzados, la crisis ecológica, la adopción de la cuarta revolución industrial y la reconfiguración de la geopolítica internacional (que ha dejado obsoletas algunas de las concepciones previas que teníamos sobre las regiones políticas y comerciales), el panorama se ha vuelto de alta exigencia para el quehacer político en cualquier parte del mundo y para el cual tenemos que estar preparados ante eventuales situaciones como conflictos comerciales o potenciales crisis económicas.
Hoy en día, algunos de los grandes fuertes productivos de nuestro país, como son la maquila y la industria automotriz, se han consolidado a partir de las relaciones comerciales internacionales que se han gestado en últimas décadas.
Mediante la colaboración de los sectores público y privado, nacional e internacional, la proliferación de estas industrias ha dejado una derrama económica vital para la economía del país, especialmente en las zonas norte y centro del país, las cuales han logrado capitalizar sus fortalezas mediante políticas administrativas y fiscales atractivas para las exigencias de los sectores comerciales a los que se ha buscado atraer.
Esto ha dado paso a la formación de zonas comerciales de mucha relevancia, especialmente en la frontera norte, la cual es la más prolífera del país al mantener un crecimiento del 1.8 por ciento hasta el primer trimestre de 2019,1 el primero de la actual administración federal. Con la ratificación y puesta en marcha de las zonas económicas especiales en el norte,2 la desaparición de ellas en el sureste3 y la gestación del Corredor Transístmico (el cual se cree elevará el transporte de carga, en un 11.6 veces),4 el panorama del desarrollo a mediano plazo pareciera haber quedado cubierto si los proyectos cumplen con las expectativas de cada uno.
En sintonía con ello, el interés sobre la región del sur y sureste del país se mantiene vigente. Ante un decrecimiento de su productividad en el primer trimestre de este año, la cual se estima fue de una pérdida del 0.7 por ciento,5 la toma de decisiones enfocadas al mediano y largo plazo han sacrificado la necesidad en el corto plazo, el cual se ve frágil a partir de la tambaleante economía mundial y el rezago que la región ha sostenido en el presente siglo.
Por tal razón, la necesidad de tener un proyecto de desarrollo de infraestructura en la inmediatez es una de las principales condicionantes para que las expectativas puedan ser satisfechas,6 debido a que si se pretende desarrollar económicamente a la región, mediante inversión local y foránea, deben existir las vías necesarias para que la industria pueda realizar sus operaciones con la mayor practicidad y eficiencia posible.
A pesar de esto, dicho desarrollo se ha enfocado en ciertas partes como el Corredor Transístmico, pero no se ha planteado de manera mediática el desarrollo específico de la frontera sur en, justamente, su propia frontera. Siendo una frontera de mil 149 kilómetros de extensión, la cual colinda con Guatemala y Belice (antiguamente un protectorado inglés), su relevancia ha sido mayormente asociada con su basta cantidad de recursos materiales y su interés como destino turístico. Ante la crisis migratoria internacional y el desaceleramiento de la economía, esta ha tomado mucha presencia en la discusión en medios de comunicación masiva, especialmente a partir de la inversión que el gobierno mexicano ha comenzado a realizar en países centroamericanos, en los cuales se pretende invertir cerca de 100 millones de dólares en tres países de la región: Honduras, Guatemala y El Salvador.7
Ante un escenario de grandes movilizaciones migratorias y la necesidad de tomar liderazgo en la región de Centro y Norteamérica, el interés debe comenzar a plantearse de manera integral. Teniendo en cuenta las condicionantes ecológicas para la creación de infraestructura, al igual que la disposición de recursos y la consolidación de lazos comerciales mucho más íntimos con nuestros vecinos del sur, comenzar a enfocar los esfuerzos gubernamentales en el desarrollo de una estrategia de especialización productiva regional no parece una idea descabellada, especialmente con el ejemplo del norte del país, donde los Estados Unidos ejercen un papel similar al que nosotros tenemos con los países centroamericanos.
La alta presencia migratoria, al igual que la necesidad de desarrollar la zona sur del país, abre una posibilidad para poder darle la vuelta al historial reciente de esta región.
Por consiguiente, la necesidad de observar las potenciales ventajas productivas de la región debe de ir acompañada del desarrollo y preservación de las condiciones necesarias para poder llevarlo a cabo, como lo es la infraestructura carretera, eléctrica y la normatividad fiscal pertinente.
Mediante la mejora de las relaciones comerciales con los países centroamericanos, el establecimiento de una industria que produzca beneficios para todas las partes en la frontera sur únicamente puede ser posible mediante una planificación pertinente, donde el Estado juega un papel central en su respectiva coordinación. Con el establecimiento de un plan de producción y comercialización especializado, en conjunto con las relaciones comerciales que puedan derivar de los nexos con las naciones centroamericanas, resulta viable si se realiza de manera profesional y con la disposición de recursos necesarios.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, para colaborar en la elaboración de los estudios necesarios para determinar las potenciales industrias que podrían desarrollarse de acorde a las condiciones políticas, económicas y ecológicas en la frontera sur de nuestro país.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, para colaborar en la elaboración del presupuesto y la creación de la infraestructura necesaria para el establecimiento de una zona económica integral en la frontera sur de nuestra país, la cual esté enfocada a la producción y comercialización de mercancías de acorde a las fortalezas de la región.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a los gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, para que en un plazo no mayor a un año, colaboren en el establecimiento de un plan de trabajo enfocado a la creación de una zona económica integral en la frontera sur de nuestra país, la cual esté enfocada a la producción y comercialización de mercancías de acorde a las fortalezas de la región.
Notas
1 Camila Ayala Espinosa. (2019). Frontera norte, la economía más dinámica del país al inicio del 2019, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Frontera-norte-la-economia-mas- dinamica-del-pais-al-inicio-del-2019-20190731-0033.html
2 Ídem
3 Leopoldo Hernández. (2019). AMLO pone fin a Zonas Económicas Especiales, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/AMLO-pone-fin-a-Zonas-Economica s-Especiales-20190426-0026.html
4 Aldo Munguía; Pamela Ventura. (2019). Corredor Transístmico elevará 11 veces el transporte de carga en la región, 9 de septiembre de 2019, de El Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/corredor-transistmico-elevara- 11-veces-el-transporte-de-carga-en-la-region
5 Camila Ayala Espinosa. (2019). Frontera norte, la economía más dinámica del país al inicio del 2019, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Frontera-norte-la-economia-mas- dinamica-del-pais-al-inicio-del-2019-20190731-0033.html
6 Jesús Vázquez. (2019). Región sur-sureste enfrenta retos en infraestructura, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Region-sur-sureste-enfrenta-retos-en-infraestructura-20190308-0016.html
7 Redacción. (2019). México invertirá 100 millones de dólares en Centroamérica como parte del Plan de Desarrollo . 9 de septiembre de 2019, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-invertira-100-millones- de-dolares-en-centroamerica-por-plan-de-desarrollo
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, el INM y la Comar a garantizar la asignación eficiente de recursos, personal capacitado y tecnologías pertinentes para el procesamiento de solicitudes de asilo, dado el crecimiento desmedido de ellas en fechas recientes, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Marcelo Ebrard Casaubón titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración y a Andrés Martínez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que se garantice la asignación eficiente de recursos, personal capacitado y el uso de tecnologías, pertinentes para el procesamiento de solicitudes de asilo ante el crecimiento desmedido de ellas en fechas recientes y su crecimiento exponencial a futuro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La problemática migratoria que atravesamos en nuestro país no es un hecho aislado, sino que corresponde a la situación global que hoy en día enfrentan diversos países alrededor del mundo, especialmente las naciones desarrolladas o aquellas en vías de desarrollo. Con el crecimiento de los conflictos y problemáticas en diversas naciones, la imposibilidad de poder llevar a cabo una vida digna ha orillado a millones de personas a buscar un nuevo lugar donde puedan llevar a cabo una buena vida y gozar de bienestar. Por desgracia, la concentración de la riqueza en pocos países ha provocado movimientos enfocados específicamente a estas naciones, los cuales en muchos casos cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente a la problemática, pero no con la experiencia y estrategias necesarias para estar a la altura del problema.
Las razones, variadas en su origen, pero comunes en su presencia, se han enfocado principalmente en movilizaciones masivas debido a conflictos armados o regímenes totalitarios, donde la constante es la puesta en riesgo de la vida de los miembros de las comunidades afectadas. Se estima que hay cerca de 68 millones de desplazados forzados1 , de acorde a cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De ellos, son 25.4 millones de ciudadanos los que se encuentran en condición de refugiados en otros países2 . Esto ha derivado en una serie de “éxodos” que se han extendido a lo largo y ancho de nuestro planeta, especialmente en países como Sudán, Yemen, Somalia, Myanmar, Siria, Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití.
Estos últimos, los desplazados centroamericanos y del caribe han sido los principales protagonistas de los flujos migratorios de entrada a nuestro país, quienes componen 64 mil 514 y 6 mil 294, respectivamente, de los 76 mil 944 casos de extranjeros presentados ante autoridades migratorias3 . Su incremento en presencia y, por lo tanto, la discusión derivada de ello en medios masivos, columnas de periódicos y otras plataformas de medios, ha logrado poner en el centro del debate la temática. De ello ha surgido una serie de opiniones polarizadas al interior de la población mexicana, la cual se ha visto mucho más reacia a aceptar la presencia de migrantes con el paso de los días. Pasando de 59 por ciento de aprobación, durante el inicio del presente sexenio, a 41 por ciento, a julio de 2019, en menos de un año4 se ha degradado la aceptación pública de una política migratoria abierta. Dicha aprobación del ejercicio de apoyos a migrantes ha tenido un decrecimiento notorio, el cual denota que la mayoría de los mexicanos están dispuestos a un cierre de fronteras antes que seguir aceptando los flujos migratorios actuales.
Dicha situación es lamentable, ya que pareciera que, en muchos casos, lo motivos para tal “exclusión” tienen un origen en un discurso xenófobo y carente de referentes profesionales para la elaboración de las opiniones que circulan en redes y otros medios. La imputación causal de los movimientos migratorios como los causantes de los problemas de seguridad física y económica nacionales, son comentarios carentes de fundamento y que en muchos casos corresponden al miedo originado por la incertidumbre ante un escenario voluble de la economía familiar mexicana, la cual se ha caracterizado en las últimas décadas por su crecimiento económico a la par del crecimiento de la desigualdad. Aunado a esto, el decrecimiento del poder adquisitivo de la clase media se ha consolidado como hecho5 , donde el temor por seguir cayendo en el “escalafón social” se ha consolidado en el imaginario social y se encuentra íntimamente correlacionado con el temor al “otro”, el cual podría atentar contra su posición y “reemplazarlos”. Esta experiencia es sumamente similar a la de la clase media estadounidense, la cual es alimentada con discursos de odio y xenofobia por medios de comunicación y actores políticos que buscan sacar provecho de un problema real mediante justificaciones apócrifas o con intereses que no pretenden dar una explicación real de lo que acontece.
Por tal motivo, aplaudir una política migratoria represiva y expulsora pareciera más un ejercicio de clamor popular que un ejercicio de la razón. Las motivaciones para la realización de desplazamientos migratorios tan extensos van más allá de la voluntad de las personas desplazadas y en situación de refugiados, ya que corresponden a factores externos, lo que los obliga a abandonar sus respectivos hogares. Así, la vida de millones de personas está en juego si las normatividades, reglamentos y leyes no se apegan a las demandadas actuales para darles trato a personas en situaciones tan vulnerables. Dichas necesidades, explicitadas de manera nítida en tratados internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951 o La Convención de los Apátridas de 19546 , recalcan el trato digno a los migrantes forzados y a las solicitudes de asilo.
Hoy en día se puede decir que, en ese rubro, México ha quedado a deber ante la falta de infraestructura y personal preparado para darle solución a la situación, la cual ha rebasado las capacidades de nuestro país, especialmente en el plano de las solicitudes de refugio. Para 2017 hubo un total de 14 mil 596 solicitudes de asilo en México, donde solamente 2 mil 825 fueron aceptadas7 , lo que representa una quinta parte de ellas. Igualmente, para 2018, según información de medios nacionales, se registraron 26 mil 566 solicitudes de refugio8 , donde había un rezago de 80 por ciento para la emisión de las resoluciones a dichas peticiones para finales de enero de 20199 . En este mismo año se han obtenido 31 mil 355 solicitudes hasta mediados de julio, donde se estima que pueden llegar a ser hasta 90 mil para finales de año10 . Aunado a esto, los Estados Unidos, principal receptor de migrantes en la región, ha adoptado una nueva exigencia para solicitar refugio en su país, donde debe haber una solicitud previa en países en los que previamente se ha pasado, requisito para poder obtener la oportunidad de “aplicar” para dicho país, lo que pone en una situación gravísima a nuestro país al ser el único con el que los Estados Unidos colinda en su frontera sur.
Así, el colapso de nuestro sistema de recopilación y procesamiento de solicitudes parece inminente si no se toman las medidas necesarias para fortalecerlo. Ante un panorama de austeridad, solicitar un uso eficiente y bien planificado es el requisito mínimo para respaldar esta clase de medidas. Ya sea por medio de automatización digital, el reclutamiento de voluntarios u otras formas, darle un apoyo total a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resulta indispensable si se pretende dar solución a la problemática desde todos sus frentes. Aceptados o no, los solicitantes ameritan tener una pronta respuesta para poder tomar decisiones certeras para su futuro, especialmente por su situación de población vulnerable y la cual se encuentra en un momento límite que la ha orillado a abandonar todo lo que conoce por el simple motivo, compartido por todos los aquí presentes, de poder buscar una vida mejor para sí mismo y todos aquellos a los que ama.
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración y a Andrés Martínez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que se garantice la asignación eficiente de recursos, personal capacitado y el uso de tecnologías, pertinentes para el procesamiento de solicitudes de asilo ante el crecimiento desmedido de ellas en fechas recientes y su crecimiento exponencial a futuro.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración y a Andrés Martínez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para reducir los tiempos y operaciones necesarias en la resolución de peticiones de asilo.
Notas
1 Adrian Edwards. (2018). Desplazamiento forzado alcanza el récord de 68.5 millones, de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sitio web: https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/6/5b2922254/desplazamiento- forzado-alcanza-el-record-de-685-millones.html
2 Ídem.
3 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. (2019). Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias. Síntesis 2019, 9 de septiembre de 2019, de Secretaría de Gobernación. Sitio web: http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM /Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2019/Boletin_2019.pdf
4 Alejandro Moreno. (2019). Migrantes. 9 de septiembre de 2019, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/migrantes
5 EFE. (2019). Nivel de vida de clase media cae o se estanca: OCDE, 9 de septiembre de 2019, de Informador. Sitio web:
https://www.informador.mx/economia/Nivel-de-vida-de-clas e-media-cae-o-se-estanca-OCDE-20190411-0007.html
6 Organización de las Naciones Unidas. (2018). Derecho de los refugiados, de Organización de las Naciones Unidas. Sitio web: https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/international-law-courts -tribunals/refugee-law/
7 Emir Olivares Alonso. (2018). Solicitudes de asilo a México aumentaron más de mil por ciento en los últimos 5 años, de La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/19/solicitude s-de-asilo-a-mexico-aumentaron-mas-de-mil-por-ciento-en-los-ultimos-5-a nos-5644.html
8 Manu Ureste. (2018). México bate récord de solicitudes de asilo, pero recortan presupuesto para Comisión de Refugiados, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web:
https://www.animalpolitico.com/2018/12/solicitudes-asilo -mexico-aumentan-recortan-presupuesto-refugiados/
9 Manu Ureste. (2019). 80 por ciento de los solicitantes de refugio en 2018 aún esperan respuesta del gobierno mexicano, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/01/migrantes-refugio-espera-mexico/
10 Alberto Padilla. (2019). Comisión de Ayuda al Refugiado, colapsada: 50 mil peticiones de asilo aún esperan respuesta, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web:
https://www.animalpolitico.com/2019/07/asilo-peticiones- ayuda-refugiado-migrantes/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 14 de noviembre, fecha en que la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
El 14 de noviembre de 1974 la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer, antes de este hecho e incluso previamente a la promulgación de la Constitución de 1917, en 1906 existía una organización denominada “Las admiradoras de Juárez”, creada por María Zandoval de Zarco (primera mujer abogada de México), quienes exigieron el reconocimiento de su derecho a votar, aunque en la Constitución se estableció que: “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución...”, en la práctica eso no incluyó a las mujeres, reconociéndoles solamente algunos derechos y libertades.
A pesar de que en el Congreso constituyente de 1917 se discutió si debía incluirse el derecho al voto de las mujeres, se decidió no hacerlo por los siguientes argumentos: “en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico”, se señaló adicionalmente: “las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido, solamente algunas mujeres excepcionales podrían estar interesadas y como no era posible distinguirlas lo más adecuado era excluirlas a todas.”
En 1922 la Constitución del estado de Yucatán reconoció el derecho a votar de la mujer en las elecciones municipales, un año después lo reconoce el Estado de San Luis de Potosí, y en 1925 Chiapas, para 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa que reforma el artículo 34 para reconocer el derecho al voto de las mujeres, a pesar de que fue aprobada por el Congreso de la Unión, la declaratoria para su vigencia nunca se llevó a cabo con el argumento de que el voto de las mujeres “podría verse influenciado por los curas.”
En el año de 1947 se promulgó a través de la reforma al artículo 115 constitucional, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en los procesos de elección municipales, finalmente en 1953 se decide dar plenitud a los derechos políticos de las mujeres al establecer la calidad de ciudadanía a las y los mexicanos sin importar su sexo, lo que significó el derecho a votar y ser votadas en el ámbito Estatal y Federal, a través de la reforma al artículo 34 de la Carta Magna.
“El 27 de diciembre de 1974, cuatro días antes de que comenzara el Año internacional de la Mujer, el honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expidió dos decretos relativos a la igualdad jurídica de la mujer, que reformaron y adicionaron tres códigos, cuatro leyes y la propia Constitución de la República. Los decretos entraron en vigor el último día del año. De esta manera México se ponía “en situación” para ser la ciudad sede de la primer Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.”
Desde entonces se estableció en los artículos constitucionales lo siguiente:
Artículo 4: Incorporó la igualdad jurídica entre mujeres y hombres; además reconoció el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos.
Artículo 5: Estableció la libertad de todas “las personas” a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que decida.
Artículo 30: Permite que las mujeres puedan transmitir el derecho de la nacionalidad mexicana a sus descendientes cuando contraigan matrimonio con extranjeros.
Artículo 123: Estableció la igualdad entre la mujer y el hombre, al eliminar restricciones que limitaba a las mujeres a desarrollar algunos trabajos, además se estableció la protección de la mujer durante el embarazo, el derecho a los descansos para maternidad y lactancia.
Para 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo autónomo para promover y difundir la igualdad de oportunidades para las mujeres desde el sector público.
En 2002 se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, obligando a los partidos políticos a inscribir por lo menos al 30 por ciento de las candidaturas femeninas en las listas a cargos de elección popular en calidad de propietarias; además de asegurar en las listas plurinominales, una mujer por cada tres hombres.
Así, en 2006 se publica la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres con la que por primera vez se sientan las bases de cooperación entre los 3 poderes para garantizar la igualdad sustantiva.
Un año después, durante la LX legislatura, se logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que estableció por primera vez la coordinación institucional para prevenir, proteger y erradicar la violencia, además de contar con un presupuesto para asegurar su implementación.
45 años después, en esta la LXIV Legislatura es reconocida como la “legislatura de la paridad”, debido a que existe el mismo número de mujeres que de varones, lo mismo podemos decir y resaltar del gabinete de nuestro presidente de la República, quien, por primera vez en la historia de México, tiene un gabinete integrado por tantas mujeres.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con motivo del 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
En 1999 se celebró en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. Durante la conferencia general de la UNESCO se decidió proclamar el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.1
La UNESCO ha puesto especial interés en utilizar la ciencia para erradicar la pobreza y en pro de la seguridad humana. Por lo que el objetivo de la conmemoración en este día, es la de renovar el compromiso en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades. Además, de promover que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos.
La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Nos permite vivir más tiempo y mejor, cuida de nuestra salud. Nos ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad.2
Nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas –incluida la comida–, suministra energía y nos hace la vida más agradable, pues puede desempeñar un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías en comunicaciones.
Los gobiernos deben basar sus políticas –sanitarias, agrícolas, energéticas, de comunicaciones, de transportes etcétera.– en información científica de calidad para comprender los aspectos científicos de grandes desafíos mundiales como el cambio climático, la salud del océano, la pérdida de biodiversidad y la seguridad del agua dulce.
Para afrontar esos desafíos gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Asimismo, los científicos han de comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles para los gobiernos y la sociedad en general.
Además, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un papel en la construcción de la paz: fomentan la cooperación internacional para conducirnos hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.
En la actualidad, pese a los progresos conseguidos en los últimos años, persisten grandes disparidades entre y dentro de las diferentes regiones y los diferentes países cuando hablamos de acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación y del disfrute de sus beneficios.
La ciencia abierta es un movimiento que fomenta que las investigaciones científicas, metodologías y datos obtenidos a partir de ellas puedan ser distribuidas, reutilizadas y accesibles por todos los niveles de la sociedad de forma gratuita y libre.
Es decir, se debe apostar a la “ciencia abierta” como un paso fundamental para abordar las disparidades y cerrar las brechas existentes de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los países.
Por lo anterior, hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, hago un llamado para que la ciencia abierta sea una realidad en nuestro país, que se convierta en la herramienta que haga que la ciencia sea más accesible, el proceso científico más inclusivo y los resultados científicos más cercanos y disponibles para todos.
Notas
1 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/
10-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ciencia-para-la-paz-y-el-desarrollo-2_9874
2 https://www.un.org/es/events/scienceday/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rúbrica)
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