Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5402-VII, martes 5 de noviembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el gobierno de Jalisco a emitir alerta epidemiológica para fortalecer la atención, el manejo y el control clínico del dengue, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputado Alberto Villa Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el párrafo tercero del artículo 4o. lo siguiente:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
En materia de protección a la salud de la población la Ley General de Salud refiere en sus artículos 1o., 4o., 6o., 110, 181 y 182, el artículo 32 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y lo describen los artículos 4.4, 7.5, 7.6, 8.1 y 13.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017, SSA-2, 1994 para la vigilancia epidemiológica. A nivel internacional lo referido en los artículos 2o. y 5o. del Reglamento Sanitario Internacional.
Por lo que, partiendo del antecedente de que el Estado mexicano y las autoridades estatales tienen como obligación brindar los servicios de salud a todos los mexicanos, se requiere contemplar estos servicios, no solo en las acciones para atacar la enfermedad, sino también para prevenirla y atender a los ya afectados.
Dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) está el poder detectar riesgos a la salud de la población, con el fin de generar información que sirva de sustento a los tomadores de decisiones y alertarlos sobre riesgos epidemiológicos, con el fin de contribuir a la vinculación interinstitucional en la prevención y control de problemas de la salud.
Tanto el dengue como el dengue hemorrágico son causados por uno de cuatro serotipos de virus estrechamente relacionados, pero antigénicamente distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), del género Flavivirus.
La infección por uno de estos serotipos crea inmunidad de por vida solamente contra ese serotipo, por lo cual las personas que viven en un área donde el dengue es endémico pueden contraer más de una infección por dengue en el transcurso de su vida.
El dengue y el dengue hemorrágico son enfermedades propias de áreas tropicales y subtropicales. Los cuatro serotipos diferentes de dengue permanecen en un ciclo en el cual también están los seres humanos y el mosquito Aedes . Sin embargo, el Aedes aegypti , un mosquito doméstico que pica de día y que prefiere alimentarse de sangre humana, es la especie de Aedes más común. Las infecciones provocan un espectro de afecciones clínicas que van desde un síndrome vírico no específico hasta una enfermedad hemorrágica grave que incluso puede ser mortal.
En el año 2005, el dengue fue la enfermedad vírica atribuida a un mosquito que más afectó a los seres humanos; su distribución global es comparable con la distribución del paludismo (o malaria). En nuestro país, esta enfermedad aparece entre los años de 1966 y 1967 y el primer caso reportado de dengue hemorrágico en México, ocurrió en el estado de Yucatán en el año de 1984.
En el campo de las enfermedades, es importante garantizar una vigilancia epidemiológica que proporcione alertas ante el surgimiento o resurgimiento de enfermedades transmisibles a través de las fronteras globales, en el contexto de los procesos migratorios y la rapidez de los medios de transporte en el mundo actual. Y una de las estrategias será fortalecer la posibilidad de detectar problemas “emergentes”, sea que hayan llegado en forma natural, accidental o intencionada y contribuya a reducir los riesgos en la población en general.
Actualmente, el término de “alerta en salud pública” es un término no precisado y empleado indistintamente para eventos aislados que no constituyen riesgos significativos a la población y que ocasionan grandes inquietudes y elevado dispendio de recursos hasta para aquellos con alta magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, que en muchas ocasiones pasan inadvertidos hasta que se tiene grandes afectaciones a la salud de la población y grandes costos económicos; es hasta entonces cuando se implementan de manera tardía acciones de control con elevados costos y en ocasiones cuestionable impacto de dichas acciones, o, en su caso, su impacto se ve a mediano o largo plazo, como ocurre frecuentemente con gran cantidad de brotes, como los de dengue, influenza, etcétera.
Las alertas forman parte de un sistema que incluye diversos estadios. Un primer estado es la “prealerta o aviso”, que comunica a los responsables del organismo sobre la posible ocurrencia de un evento adverso o desastre.
El segundo estado es el de “alerta”, que exige tomar las medidas y recursos necesarios. Y finalmente llega la “alarma”, que es el llamado a la acción de los sectores que tienen injerencia para el control del problema de salud.
El estado de Jalisco se encuentra en aviso epidemiológico nuevamente, ya que las Secretaria de Salud estatal manifestó el día 24 de octubre en un boletín de prensa que los casos de dengue han tenido una disminución, lo cual es una gran mentira ya que en la semana epidemiológica 42 se ha manifestado seis mil novecientos sesenta y dos casos y ha cobrado la vida de 20 personas por esta enfermedad.1
No obstante, los decesos generados por el virus podrían aumentar, pues aún están en análisis otros casos de muerte probablemente causado por este mosquito.
A nivel estatal, el mayor número de muertes por dengue se registró en el año 2009, con cuarenta y ocho fallecimientos. El año pasado hubo seis. Pero este año el estado de Jalisco es el primer lugar por muertes de dengue. También es el segundo lugar nacional en contagios y mantiene el liderato en enfermos con cuadros graves (674 en lo que va del año).2
El estado de Jalisco se encuentra rebasado en cuanto a la capacidad de atención a enfermos por esta epidemia; en los diversos nosocomios de la zona metropolitana están desbordados ya que hay pacientes que están siendo atendidos en el piso.
Además, el día 29 de octubre se pública una nota en el periódico Excélsior ,3 que menciona que el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, aceptó que se hizo uso de insecticida caduco contra el dengue, y que se encontraba en las bodegas de la dependencia. Jalisco es uno de los estados donde el problema del dengue se ha multiplicado, algo que no pasaba en otros años.
El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) se niega a emitir una alerta que le permitiría disponer de mayores recursos para atender la emergencia y establecer controles más rigurosos para evitar la propagación del dengue.
En este sentido, me permito proponer este punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a la Secretaría de Salud federal y al gobierno del estado de Jalisco para emitir una alerta epidemiológica con el fin de fortalecer la atención, manejo y control clínico del dengue.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, se declare una “alerta epidemiológica” con el fin de fortalecer la atención, manejo y control clínico del dengue en el estado de Jalisco.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Jalisco, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, a ampliar e implementar nuevas acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar el dengue.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503682/Pano_dengue_42_20 19.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503682/Pano_dengue_42_20 19.pdf
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/fumigan-en-jalisco-con-quimico-ca duco-dengue-sigue-desbordandose/1344575
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de noviembre de 2019.
Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a reforzar las medidas protectoras de la vaquita marina en el Mar de Cortés, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La región al noroeste conocida como el Alto Golfo de California está conformada por 9 áreas naturales protegidas, las cuales suman aproximadamente 93 mil hectáreas y son reconocidas a nivel mundial por su alto valor ambiental. El Golfo de California también conocido como Mar de Cortés, fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1985 como patrimonio de la humanidad por su ecosistema y abarca grandes extensiones de corales que actualmente se encuentran en riesgo.
Esta zona geográfica de nuestro país es un área donde es posible encontrar especies en peligro de extinción, muchas endémicas que utilizan el área como sitio de crianza o reproducción, entre las que encontramos a la vaquita marina y la totoaba.
Conocida como vaquita marina (Phocoena sinus ), se trata de un mamífero emparentado con las ballenas, pero de pequeño tamaño que fue descubierta en 1958 y que es originaria del Mar de Cortés. Generalmente de color gris con la parte inferior blanca y con manchas negras alrededor de los ojos, llegan a medir en promedio 1.55 metros y a pesar no más de 55 kilogramos (kg). Es considerado uno de los cetáceos más pequeños del mundo y en estos momentos se encuentra en inminente peligro de extinción.
Como características de este pequeño mamífero, podemos enumerar que son animales solitarios, ya que no suelen viajar en grupos de más de tres especímenes, por lo general viven alrededor de 20 años y sólo pueden tener una cría cada 2 años.
A mediados del siglo pasado fueron las redes para la pesca de camarón las que diezmaron a la especie, con el aumento de la actividad pesquera y el consumo de otras especies se ocasionó la disminución del número de vaquitas marinas.
Este pariente de la marsopa se unió a la lista de especies en peligro de extinción crítico desde 1966 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y hoy en día se encuentra en grave peligro ya que comúnmente queda atorada en las redes que los pescadores ponen para capturar la totoaba, las dos especies animales comparten el hábitat y la pesca de la totoaba diezma al mamífero en comento.
La totoaba, también conocida como “la cocaína del mar”, es un pez que tiene alta demanda en el mercado chino al ser considerada fuente de algunas propiedades medicinales no comprobables. La vejiga natatoria o buche de la totoaba pesa alrededor de 500 gramos (g) y es pagada a los pescadores hasta por 5 mil dólares, llegando a cotizarse en el país asiático hasta en 100 mil dólares. Esto hizo que la totoaba llamara la atención de las bandas del crimen organizado y que se empezara a traficar con ella.
En 1992 se prohibió el uso de redes agalleras para la pesca de la totoaba en México, pero no fue hasta 25 años después que se empezaron a generar los primeros programas de protección hacia la vaquita marina. En 2015, el gobierno federal decretó veda en el Mar de Cortés por dos años y ofreció compensación económica a los pescadores del lugar. Se prohibieron todas las redes de pesca en la región donde se sabe que es el área de subsistencia de la vaquita marina.1
También se implementaron acciones en el Golfo de California para proteger a las especies endémicas que se encuentran en peligro, así como ampliar la zona de protección de la vaquita marina. Rodrigo Medellín, investigador de la Universidad Autónoma de México, refirió que si bien “tenemos la última llamada”, debe quedar claro que este tipo de marsopas sí puede recuperarse.
“La vaquita nos ha demostrado que si nosotros le quitamos la presión de la pesca ilegal ésta se empieza a reproducir. Tan sólo en noviembre de 2018 se encontraron en el Alto Golfo de California, dos hembras con sus crías”.2 El bisonte, el cóndor de California y el lobo mexicano son otras de las especies que se han logrado reintroducir al territorio después de haber desaparecido, por eso se cree que la vaquita marina aún se puede salvar.
“La vaquita marina enriquece la biodiversidad del planeta y cumple con un rol indispensable en el ecosistema” asegura el biólogo y representante de Greenpeace, Miguel Rivas.3 Si la vaquita marina llegara a declararse como especie extinta, podría caer sobre México un embargo pesquero por parte de Estados Unidos de América (EUA) lo que generaría mucha pobreza en las costas. Esto impactaría al crecimiento del producto interno bruto (PIB), golpearía a las empresas del sector e implicaría menor recaudación para el gobierno federal.4
De acuerdo con el biólogo Miguel Rivas, estas repercusiones se verán cuando “muchos países cierren la puerta a los productos mexicanos, simplemente porque México no es capaz de conservar sus propios recursos naturales”.5
La vaquita marina forma parte de la biodiversidad, su desaparición tendrá consecuencias irreparables para la humanidad y en particular para México y los estados federales donde hoy habitan.
Otro punto a considerar es que sabemos poco sobre la interrelación de esta especie marina con otra clase de peces y cómo la extinción de la vaquita marina puede afectar a la cadena alimenticia y el hábitat marino de esta zona del Mar de Cortés.
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los estados de Baja California y Sonora para que en el ámbito de su competencia refuercen las medidas de protección a la vaquita marina en el Mar de Cortés, para así preservar su especie ya que se encuentra en peligro de extinción.
Notas
1 La última oportunidad de la vaquita. Cambio climático y medio ambiente. Noticias ONU.
https://news.un.org/es/story/2019/08/1460021
2 Extinción de vaquita marina, traería consecuencias graves. El Asertivo Información. http://www.elasertivo.com/nota-verde/extincion-de-vaquita-marina-traeri a-consecuencias-graves/
3 La austeridad de la 4T le arrebata 26% al plan que busca salvar a la vaquita marina de la extinción. Efrén Flores. SinEmbargo . https://www.sinembargo.mx/07-07-2019/3606433
4 Por qué la extinción de la vaquita nos puede costar millones. Carlos Loret de Mola. Opinión en El Universal . https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/por- que-la-extincion-de-la-vaquita-nos-puede-costar-millones
5 Austeridad golpea plan de protección de vaquita marina: le cortan 26% del presupuesto. Michel. 8 de julio de 2019. Plumas atómicas. https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/austeridad-proteccion-vaquit a-marina-extincion/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de los estados limítrofes con EUA a manifestar su postura sobre la propuesta de legalizar autos importados de allá sin regularizar aquí, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una cifra estimada, dispone que 18 millones de autos americanos o llamados chocolate, circulan por el país con más frecuencia en la zona norte fronteriza y limítrofe con Estados Unidos de América (EUA).
Estos vehículos son comprados por familias de escasos recursos económicos que obtienen en subastas o lotes de autos americanos en precio menor y tienen muchos años de poseerlos en territorio nacional.
Es una costumbre ver en la línea fronteriza autos con placas estadunidenses, tanto autos compactos o camionetas, que son destinadas para uso familiar; por ejemplo, en Agua Prieta y Naco, Sonora, no así en Hermosillo o ciudades sureñas del estado de Sonora.
Con lo anterior queda de manifiesto que el señalamiento de que regularizar los autos chocolate quebraría la industria automotriz, es totalmente una falacia; porque son autos que ya están en el país desde hace años y que los usan diariamente.
La Asociación Mexicana de Autos (AMDA) y de la Industria Automotriz (AMIA) han señalado que la importación de autos chocolate al país, representa entre 10 a 20 por ciento de las ventas de autos nuevos; sin embargo, es cierto que las familias de escasos recursos generalmente no tienen crédito o dinero para comprar autos de agencia.
De lo que se trata es de ofrecer soluciones al problema, los ciudadanos están esperando el pago de un impuesto preferencial que permita regularizar sus unidades; ello permitiría terminar con un sistema de corrupción que prevalece actualmente en el uso de autos chocolate.
No es dable compartir la posición empresarial que señala que el transitorio del Código Fiscal de la Federación 2020 que permite la regularización de los autos estadounidenses que no cumplen con la ley aduanera es un error.
Esta Cámara de Diputados ha sido responsable y aprobó dicho transitorio con anterioridad, en la colegisladora no se compartió la preocupación de la gente que vive en la frontera y se dispuso apoyar al sector automotriz, por lo que remitieron el cambio a la Cámara de Dipitados eliminando la disposición que ayudaría a las familias que tienen un coche no regularizado.
Debemos entender el contexto social y económico en que se sitúa un ciudadano que tiene auto americano no regularizado. La aprobación traería miles de millones de pesos en impuestos pagados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hoy, el Congreso de la Unión debe mostrar su lado humano, la representación social, porque no existen elementos para eliminar el apoyo, sobretodo, en la frontera que es el lugar donde circulan dichos autos.
Es urgente y necesario que la y los gobernadores se manifiesten en torno a las consecuencias y efectos que tendría la aprobación del transitorio décimo quinto del Código Fiscal de la Federación 2020, que permite la legalización de autos chocolates.
La decisión responsable está en el Senado de la República, el problema ha persistido por décadas sin que ninguna autoridad ofrezca resolver el conflicto; además, tampoco implica abrir la entrada permanente a vehículos siniestrados de EUA, que no cumplen con la Ley Aduanera, lo que sí impactaría negativamente el mercado automotriz nacional.
El llamado es a que los gobernadores se sumen a la exigencia de respuestas claras en torno al problema que persiste en la frontera, o damos solución, obteniendo recursos para la federación, estados y municipios o continuamos en la ilegalidad y falta de solución, que favorece la corrupción e incertidumbre.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de la zona norte del país, que son limítrofes con Estados Unidos de América, para que manifiesten sus posturas en torno a la propuesta de legalización de autos americanos importados que están sin regularizar en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SE a analizar y prorrogar indefinidamente la vigencia del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región y franja fronterizas norte, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2008, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Adriana Paulina Teissier Zavala, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de lo siguiente
1. Antecedentes
1. Que el 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, mismo que fue modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 31 de diciembre de 2012, el 26 de diciembre de 2013, el 29 de agosto y el 26 de diciembre ambos de 2014, y el 10 de mayo de 2016, mismo que previó un esquema de desgravación arancelaria gradual, aplicable a diversos sectores de la economía incluido el calzado, cuya última etapa inició el 31 de enero de 2019, respecto de las fracciones arancelarias establecidas en el artículo 7 Bis de dicho decreto.1
2. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece dentro de los objetivos nacionales, contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece dentro de los objetivos nacionales, contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales.2
3. Que a través de los decretos por los que se establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios, ubicados en la franja fronteriza norte del país, así como en la región fronteriza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993, y sus modificaciones, se implementó un esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, que permitió establecer condiciones de largo plazo para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitaron las operaciones de comercio exterior en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2002.3
4. Que para mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones, por lo que el 31 diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte”, con vigencia al 31 de diciembre de 2008.4
5. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de las metas nacionales, para alcanzar un México Próspero, promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.5
6. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en su meta nacional, detonar el crecimiento, mantener fianzas públicas sanas, no más incrementos impositivos, ahí está el decreto de ISR, a la frontera norte. Que el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que establece el impuesto general de importación para la región fronteriza norte y la región fronteriza al esquema general del país y facilitar la supervisión y operación de las importaciones, el cual permite establecer un marco normativo para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitan las operaciones de comercio exterior en dichas regiones, establecidas en este las fracciones arancelarias a las que se aplicaran diversos beneficio.
2. Consideraciones
Que el esquema arancelario para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, permite establecer un marco normativo para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitan las operaciones de comercio exterior en dichas regiones.
Que, con objeto de coadyuvar, en el marco de las políticas públicas, en forma progresiva y efectiva con el proceso de convergencia al esquema arancelario del país, mediante el decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, se amplió la vigencia del decreto al 31 de diciembre de 2016.
Que este instrumento de política pública estimula el comercio nacional y permite el desarrollo de las empresas que, por su ubicación geográfica, requieren mantener e incrementar su competitividad frente a mercados internacionales.
Que con objeto de fortalecer la competitividad de las actividades empresariales para concluir de forma progresiva y efectiva el proceso de convergencia al esquema arancelario del país, es necesario y urgente otorgar un plazo mayor, por lo que se estima conveniente ampliar la vigencia del decreto, y
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas a que se refiere el presente ordenamiento cuentan con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior.
La empresa comercial de la frontera comercial de la frontera nace de un decreto presidencial que se emitió con el fin de hacer más competitiva a las empresas de la región fronteriza en 2002, el cual se ha reformado en diversas ocasiones la última modificación al decreto fue el 10 de abril de 2019, en la cual se anexaron y eliminaron fracciones arancelarias, pero no se aumentó la vigencia de este. De conformidad con el artículo transitorio vence el 31 de diciembre de 2019.
Las empresas ubicadas en la región fronteriza compiten con las empresas de los países vecinos y en el caso de Cozumel nuestra competencia es con las demás islas del Caribe, la mayoría de los turistas llegan por crucero.
Existen diversos beneficios al ser empresa comercial de la frontera. Los principales son los aranceles reducidos que aplican a cualquier mercancía (sin importar el país de origen), el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de información comercial en las instalaciones de la empresa. La adquisición de mercancías para prestación de un servicio, como es el caso de los restaurantes y hoteles.
Comparativo de impuesto general de importación.
El impuesto general de importación es mayor en todos los casos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nos permite importar productos originarios de Estados Unidos de América (EUA), en el caso de los perfumes y maquillajes son de otros países (Europa, pero no podemos aplicar el euro pues lo venden distribuidores de EUA) por lo que aplicamos la tasa preferencial de comercializadora.
De acuerdo al anexo 2.4.1. de la Ley de Federal de Metrología y Normalización.
Numeral 10. Lo dispuesto en los numerales 5, 6 del presente anexo no se aplicará a los importadores de mercancías listadas en los numerales 1, 3 y 8 del presente ordenamiento, cuando se trate de: ...
XV. Tratándose de las normas oficiales mexicanas NOM-004-SCFI-2006, NOM-015-SCFI-2007, NOM-020-SCFI-1997, NOM-024-SCFI-2013, NOM-050-SCFI-2004, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, NOM-186-SSA1/SCFI-2013, NOM-189-SSA1/SCFI-2002 y NOM-141-SSA1/SCFI-2012, las mercancías destinadas a permanecer en las franjas y regiones fronterizas del país, importadas por personas físicas o morales ubicadas en dichas franjas y regiones fronterizas, que realicen actividades de comercialización, presten servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de carácter general y que cuenten con registro como empresas de la frontera en términos del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Estas normas oficiales mexicanas son de información comercial necesaria para el consumidor final. En el caso de las empresas comerciales de la frontera se comprometen a realizar el etiquetado correspondiente en sus bodegas antes de ponerlo a la venta al público en general, existe una modalidad entre empresas especializadas la cual aplica en algunos casos.
En el cuerpo del pedimento de importación se manifiesta a la autoridad la empresa que está haciendo uso de esta preferencia.
Anexo 22.
Anexo 22-2
Apéndice 2 Claves de pedimento C1 (Mercancías destinadas a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza por empresas autorizadas al amparo del “Decreto de la Franja o Región Fronteriza”)
Anexo 22-08
Apéndice 8 Identificadores
La empresa comercial de la frontera aplica el identificador CF en dos campos del pedimento.
A nivel general: para Identificar a la empresa que cuente con registro ante la SE de conformidad con el Decreto por el que se establece el IGI para la región y la franja fronteriza norte. Se deberá de anotar el número de registro y la clave de actividad económica.
A nivel partida para declarar tasas preferenciales conforme al decreto por el que se establece el IGI para la región y la franja fronteriza norte.
El decreto que establece el IGI para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, no aplica para las personas que tributen bajo los regímenes previstos en el título II, capítulos VII y VIII, y en el título IV, capítulo II, sección III de la LISR.
La intención de este punto de acuerdo, es para que el titular del Poder Ejecutivo analice la viabilidad de prorrogar por tiempo indefinido, el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y franja fronteriza norte, a fin de dar continuidad al proceso de convergencia en la franja fronteriza norte y región fronteriza al esquema general del país y facilitar la supervisión y operación de las importaciones, en beneficio de los importadores y exportadores de la región fronteriza y la franja fronteriza norte del país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
3. Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía a analizar y prorrogar indefinidamente la vigencia del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus posteriores modificaciones y el artículo 5, fracciones I, II y III y el transitorio primero del decreto, a fin de dar continuidad al proceso de convergencia en la franja fronteriza norte y región fronteriza al esquema general del país y facilitar la supervisión y operación de las importaciones, en beneficio de los importadores y exportadores de la región fronteriza y la franja fronteriza norte del país.
Notas
1https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2008&month=12 &day=24
2https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2008&month=12 &day=24
3 https://www.dof.gob.mx
4 https://www.dof.gob.mx
5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328038&fecha=26/12/ 2013
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la SRE a permitir y acompañar antes de finalizar el año la visita que la CIDH realiza para conocer la situación sobre derechos humanos en el tema de migración, suscrita por el diputado Raymundo García Gutiérrez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Raymundo García Gutiérrez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el ámbito de sus competencias, permitan y acompañen la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de que concluya 2019, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el pasado 7 de junio, los países de México y de Estados Unidos de América, alcanzaron un acuerdo migratorio, con ello se endurecieron las políticas migratorias nacionales con el objetivo de que no se impusieran aranceles a la importación de productos mexicanos.
Para el 22 de julio se cumplieron los primeros 45 días del acuerdo firmado, en esta primera etapa el gobierno mexicano se comprometió a frenar la migración, desplegar la Guardia Nacional en las fronteras y aceptar la devolución a México, de solicitantes de asilo en Estados Unidos.1
Los resultados de esa primera etapa, según lo dio a conocer la asociación Sin Fronteras, fue que solamente en junio se registraron 23 mil 917 eventos de detención, 150 por ciento más en comparación con junio de 2018, principalmente de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Se implementó un protocolo de despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército Nacional, Policía Federal y la Policía Estatal para alcanzar objetivos específicos de control migratorio.
Asimismo, a través del oficio numero oficio INM/DGJDHT/213/2019 del Instituto Nacional de Migración (INM), se dio a conocer la posibilidad de sancionar de manera económica y hasta con 16 años de prisión a empresas y concesionarios que transportarán a migrantes indocumentados.
La estación migratoria Siglo XXI de Tapachula registra los hechos más relevantes, como hacinamiento derivado a que la estación está rebasada en su capacidad en más del doble.
Para el día 6 de septiembre, plazo de los 90 días de acción del acuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se habían alcanzado los objetivos, sin ahondar en los resultados.
Se estima que el número de detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos bajó 29 por ciento: de 133 mil a 95 mil. Y las deportaciones realizadas por México se incrementaron en ese mismo periodo en un 50 por ciento: de 14 mil a 22 mil.
La organización Sin Fronteras dio a conocer algunas cifras como resultado de los 90 días del acuerdo binacional;
• Despliegue de 25 mil 441 agentes de la Guardia Nacional, en frontera sur, con un costo -sólo en salarios- de 483 millones 379 mil pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el alojamiento.
• Detención de más de 108 mil 503 personas, 32 mil 507 de ellas son menores.
• Estaciones migratorias en situación de hacinamiento.
• Violencia, agresiones y discurso de odio en contra de la población migrante.
• La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 48 mil 254 solitudes de asilo, 34 mil más en comparación con el año pasado en el cual fueron 14 mil 562 en el mismo periodo.
Los hechos anteriores suscitaron que un tribunal colegiado –Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México–, ordenará identificar a las niñas, niños y adolescentes detenidos en la estación migratoria de Ciudad de México e implementar un plan urgente de alternativas en libertad.
El fallo tiene como fin determinar el tiempo que lleven en ella y si han tenido acceso a asesoría y representación legal. Asimismo, que las autoridades contacten a sus consulados y embajadas, verificar su estatus legal, estado de salud, si se encuentran o no acompañados, y generar de forma urgente un plan que les permita salir del centro de detención y ubicarse en espacios abiertos.2
En fechas recientes, la organización de Médicos Sin Fronteras (MSF) han dado a conocer que MSF ha advertido que las políticas sistemáticas del gobierno mexicano basadas en la criminalización, persecución, detención y deportación en aras de contener los flujos migratorios hacia la frontera norte condenan a la población migrante a la clandestinidad y a tomar rutas cada vez más peligrosas.3
Un punto que no puede pasar inadvertido en la ampliación del programa Quédate en México, el cual duplicó en el número de personas migrantes en un mes, 5 mil 273 al 13 de a 10 mil 393 migrantes centroamericanos.4
Dicho programa ha sido pugnado en cortes estadunidenses por organizaciones pro migrantes que consideran que el hecho de que los peticionarios de asilo sean enviados al sur de la frontera los deja sin una adecuada defensa.
Existen denuncias de migrantes expulsados de EEUU bajo el programa Quédate en México, que suscriben que han sido víctimas de violación, secuestro y abuso sexual, por lo cual han solicitado la terminación de dicho programa.
Los hechos anteriores han resultado que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresará su preocupación por la situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos de América, México y Centroamérica, en especial por las recientes políticas y medidas adoptadas por los Estados en materia de migración.
La CIDH ha observado que, como respuesta a esta situación, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos han venido implementando políticas y prácticas de manera conjunta en materia de migración y asilo, las cuales están teniendo impactos directos en los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.5
Ante ello, la postura de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue negativa al argumentar que no se admitiría que se realice la visita extendida pues no debe considerarse al país como una zona aledaña.
Vale rescatar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, permitir la visita de este organismo abonaría a conocer un informe neutral, sobre la situación de los derechos humanos que se ha observado en nuestro país en los últimos meses, particularmente en el tema migratorio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, en el ámbito de sus competencias, se permita y acompañen la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de que concluya 2019, con la finalidad de conocer la situación de derechos humanos particularmente en el tema migratorio.
Notas
1 https://sinfronteras.org.mx/
2 http://cmdpdh.org/2019
3 https://www.msf.mx/
4 https://www.excelsior.com.mx/
5 https://www.oas.org/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de noviembre de 2019.
Diputados: Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla (rúbrica), María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades de Guerrero a cumplir la recomendación número 63/2019, de la CNDH, para la reparación integral del daño a Yndira Sandoval, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres es uno de los principales retos que la sociedad mexicana vive, de ella se derivan inequidades, agresiones y feminicidios, los cuales limitan el desarrollo del país; no solo en términos económicos, sino también en los indicadores de bienestar, asociados a la violencia misógina se encuentran otros fenómenos, como el embarazo adolescente, la penalización del aborto, la iniquidad y el acoso en el ámbito laboral, el nulo reconocimiento del trabajo no remunerado, entre otros sucesos sociales, que sitúan a las mujeres en un permanente estado de acoso e indefensión.
La violencia institucional es aquella que se ejerce de forma asimétrica entre quienes ostentan el cargo de autoridad y, por tanto, tienen en su poder el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, y las mujeres civiles. De acuerdo con estudios relacionados con el feminicidio; el simple hecho de que el sujeto activo del delito sea un agente de autoridad, debe considerar que se ha ejercido violencia por razón de género, dado que se ha usado la autoridad legítima, de forma arbitraria, en contra de las ciudadanas.
Más aún, en ciertas regiones del país la violencia contra las mujeres permea en el actuar cotidiano de las instituciones y agentes del Estado, donde, incluso, las autoridades encargadas de atender y sancionar los abusos en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, hacen caso omiso de las recomendaciones de los órganos defensores de derechos humanos.
Esta omisión es un tipo de violencia, que además de evitar una reparación del daño, victimiza nuevamente a las mujeres, sujetos pasivos de la agresión. De alguna manera, esta omisión consiente que el uso de la fuerza se utilice de esta forma, sin que medie sanción alguna, por lo que los servidores públicos, actúan deliberadamente, a sabiendas de la impunidad que los protege.
Algunos casos individuales en ocasiones hacen visibles las conductas de los servidores públicos; y, sin generalizar, dado que seguramente existen muchos agentes de la autoridad que ejercen su comisión con dignidad y decoro; nos permiten acceder a una realidad que permanece oculta en el territorio nacional; que incluso con mayor análisis y recopilación de datos, se podría dar información probabilística sobre el comportamiento de las instituciones y sus integrantes.
Un caso que el presente punto de acuerdo pretende hacer visible es el siguiente, el cual se reproduce en forma íntegra, para evitar sesgo y parcialidad en la información:
Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019.
A dos años de los actos de tortura, violencia sexual, privación ilegal de la libertad personal, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública cometidos en mi contra por elementos de seguridad pública municipal el 16 de septiembre de 2017 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, al día de hoy, la Fiscalía General del Estado no ha generado ningún avance en las investigaciones ni ha fincado responsabilidad alguna contra las y los funcionarios involucrados en los hechos ocurridos en La Montaña, Guerrero, pese a que existen las denuncias necesarias interpuestas ante la fiscalía general señalada desde el 17 de septiembre de 2017.
A dos años de las diversas violaciones graves de mis derechos humanos, del debido proceso y las debidas diligencias, con absoluta ausencia de perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y sin la implementación de los distintos protocolos de actuación aplicables en casos de tortura y violencia sexual, ha quedado de manifiesto la impunidad como la principal línea política e institucional por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, instancia responsable de la filtración a redes sociales y medios de comunicación de información sensible sobre mi denuncia, así como de videos que formaban parte de la cadena de custodia de prueba de mi carpeta de investigación, mismos que me colocaron como blanco de una desmedida y desproporcionada avalancha de actos de revictimización, estigmatización y criminalización hacia mi persona, mi nombre y mi honor teniendo como principales consecuencias el generarme una situación de riesgo inminente derivando en atentados graves como lo son el allanamiento a mi casa en la Ciudad de México y a mi auto particular, esto sin contar el sin número de amenazas recibidas de distinta índole, incluyendo las de muerte, orillándome a salir del país como si las víctimas tuviéramos que huir, avergonzarnos o escondernos ante hechos condenables como los que aquí narro, que no son más que delitos, por los que hasta el día de hoy no hay ninguna persona responsable ni sancionada por cometerlos.
Sin embargo y derivado de investigaciones, protocolos aplicables y diligencias realizadas en el ámbito de sus competencias la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo autónomo de promoción y protección de derechos humanos en el país en quien reconozco una institución sólida y ante quien interpuse una queja por las diversas violaciones graves a mis derechos humanos el 4 de octubre de 2017 (17 días después de las agresiones) emitió una recomendación sobre mi caso dirigida a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al gobierno municipal de Tlapa de Comonfort donde acredita la violación a mi derecho a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual, la violación a mi derecho a la justicia en la modalidad de procuración de justicia, la violación a mi derecho a la privacidad y violación a mi derecho como mujer a una vida libre de violencias, todo esto por parte de funcionarias y funcionarios públicos y en mi calidad de defensora de derechos humanos.
Donde emite una serie de recomendaciones basadas en los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de reconocimiento y protección de derechos humanos de las que haré mención haciendo alusión a mi caso a continuación:
Recomendaciones
Al fiscal general del estado de Guerrero
Primera. En coordinación con el presidente municipal de Tlapa de Comonfort, se me repare el daño de forma integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que incluya compensación, para lo cual se deberá inscribir a V en el Registro Estatal de Víctimas, y deberá enviar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten su cumplimiento.
Segunda. Se continúe la integración de la carpeta de investigación, la cual deberá ser tramitada con perspectiva de género y en contexto con los demás hechos que he denunciado, cometidos por servidores públicos, a fin de deslindar responsabilidades que correspondan. Debiendo remitir al organismo nacional las constancias con que acrediten su cumplimiento.
Garantizarme el acceso pleno a la justicia es una de las principales forma de reparar el daño cometido por acción y omisión por parte de las autoridades de Guerrero.
Tercera. En un plazo no mayor de dos meses a partir de la aceptación de la presente recomendación, se reasigne el desglose de la carpeta de investigación a una unidad de investigación distinta de la Agencia del Ministerio Público del fuero común en Tlapa de Comonfort, que cuente con personal especializado en violencia de género contra las mujeres y delitos cometidos por servidores públicos , y se evalúe su acumulación al expediente que le dio origen, enviando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten su cumplimiento.
Cuarta. Se colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la presentación y el seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía Estatal de la Fiscalía Estatal contra todas y todos los funcionarios públicos involucrados en los hechos de la presente recomendación, y se envíen a este debiendo enviar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten su cumplimiento.
Quinta. En un plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente recomendación, se imparta un curso de capacitación dirigido a todos los agentes del Ministerio Público adscritos a La Montaña, para la investigación de casos de violencia sexual contra las mujeres con perspectiva de género, que incluya el agotamiento de las diligencias contenidas en el Protocolo Estatal de Atención a Delitos Sexuales, e impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia, remitiendo al organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Sexta. En un plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente recomendación deberá emitir un protocolo sobre las medidas de seguridad en las Agencias del Ministerio Público, a fin de garantizar atención a las víctimas en un entorno seguro sin poner en riesgo la integridad ni seguridad del personal ministerial, el cual deberá incluir perspectiva de género y podrá realizarse con la ayuda de expertos en la materia, remitiendo al organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Séptima. Instruya a quien corresponda a efecto de que, en un plazo de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se realice un diagnóstico para evaluar las necesidades del personal ministerial y pericial y otros recursos en la Región de la Montaña , a fin de garantizar atención permanente y especializada a las mujeres que acudan a reclamar justicia, remitiendo al organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Octava. Una vez que se cuente con los resultados del diagnóstico señalado en el punto anterior, en un plazo de seis meses deberá realizar las gestiones tendentes a cubrir las necesidades observadas con los apoyos interinstitucionales que existen al respecto. Las constancias que acrediten su cumplimiento deberán ser remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Novena. Se designe al servidor público de alto nivel que fungirá? como enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá? notificarse oportunamente al organismo nacional.
Al presidente municipal de Tlapa de Comonfort
Primera. En coordinación con el fiscal general del estado de Guerrero, se me repare el daño, de manera integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que incluya compensación, para lo cual deberé ser inscrita en el Registro Estatal de Víctimas y deberá enviar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten su cumplimiento.
Segunda. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite del procedimiento que promueva ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para que investigue y en su caso determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir, distintos funcionarios y funcionarias públicos identificados así como demás elementos de la Policía Municipal en los hechos violatorios a derechos humanos acreditados en la presente recomendación, remitiendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las constancias que acrediten su cumplimiento.
Tercera. Se colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la presentación y el seguimiento de la denuncia que se presente ante la fiscalía estatal contra las integrantes de la Policía Municipal involucradas en los hechos de la presente recomendación, y se envíen al organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Cuarta. En un plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente recomendación, se imparta un curso de capacitación dirigido al personal de la Policía Municipal, incluyendo a su titular, sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, especialmente en cuanto a sus obligaciones de garantizar su derecho de acceso a la justicia y a la privacidad , con objeto de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente recomendación, el cual deberá impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia, remitiendo al organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Quinta. Se designe al servidor público de alto nivel con poder de decisión que fungirá como enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación y, en caso de ser sustituido, deberá? notificarse oportunamente a este organismo nacional.
En cuanto a la reparación del daño
La reparación integral debe generarse en sus cinco dimensiones:
Restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición acorde a las necesidades y méritos d mi caso como asegurar el acceso efectivo a la verdad, justicia y reparación.
Esto, como un inicio de la recomposición de la herida y agravios que las acciones y omisiones del Estado me han provocado y sólo desterrando sus efectos se teje el bienestar social, aseguramos de reconducir la política de estado y un nuevo pacto social que ponga en el centro los derechos humanos de las personas, principalmente cuando se trata de víctimas.
En términos de la recomendación que emite sobre mi caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cito: “Al evidenciarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública deberá incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”.
Como se ha dicho, la fiscalía estatal violó mi derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia; y la presidencia municipal vulneró mi derecho a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, la comisión nacional considera procedente la reparación del daño ocasionado, en los términos siguientes:
Medidas de rehabilitación
Medidas como la atención médica y psicológica, servicios sociales, servicios de asesoría jurídicos, programas de educación y capacitación laboral orientados a garantizar la plena realización de mi proyecto de vida.
En mi caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera procedente que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, deberá ofrecerme atención psicológica especializada, gratuita y continua, por personal profesional durante el tiempo que sea necesario, atendiendo los hechos que dieron motivo a la presente recomendación y tomando en consideración las recomendaciones establecidas en la opinión médico-psicológica especializada emitida por este organismo nacional y el dictamen psicológico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los que acreditan el daño emocional generado, así como los actos de tortura y violencia sexual.
Medidas de compensación
La compensación es una medida de reparación consistente en la erogación económica que tiene por objeto indemnizar el daño provocado a las víctimas. La compensación debe otorgarse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de derechos humanos sufrida por las víctimas, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta incluye los perjuicios, los sufrimientos y las pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos, como el daño moral, lucro cesante, la pérdida de oportunidades, los daños patrimoniales, tratamientos médicos o terapéuticos y demás gastos que hayan provenido de los hechos violatorios de derechos humanos, como en mi caso.
En mi presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera procedente que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas señale la compensación conducente por las violaciones de los derechos humanos acreditadas en la presente recomendación, en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Medidas de satisfacción
Acorde con lo dispuesto en los artículos 27, fracción IV, y 73, fracción V, de la Ley General de Víctimas, las medidas de satisfacción tienen la finalidad de reconocer la dignidad de las víctimas, mediante la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a las autoridades y los servidores públicos responsables de violaciones de derechos humanos.
En mi caso, la satisfacción comprende que las autoridades recomendadas deberán iniciar las investigaciones administrativas y penales respectivas, derivadas de las quejas y denuncias que presente este organismo nacional con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en mi agravio. Asimismo, que el personal ministerial de la fiscalía estatal agote la integración de la carpeta de investigación, practicando todas las diligencias con perspectiva de género, tendientes a lograr mi derecho pleno al acceso a la justicia de acuerdo con el Protocolo Estatal de Atención a Delitos Sexuales, agotando todas las diligencias pertinentes y, en su caso, incorporando los resultados de la investigación del desglose de la carpeta de investigación, la cual deberá ser tramitada por una unidad de investigación distinta de la Agencia del Ministerio Público del fuero común.
Sin embargo y aunque no se menciona puntualmente esta recomendación no restringe mi derecho de exigencia de una disculpa pública a mi persona por el gobernador de Guerrero, el fiscal general del estado y el presidente municipal de Tlapa de Comonfort, ya que ésta es una medida de satisfacción orientada a restituir la dignidad transgredida por la violación de mis derechos humanos, y la cual está reconocida en la Ley General de Víctimas, a la que se ajusta esta recomendación.
Medidas de no repetición
Las garantías de no repetición consisten en implantar las medidas que sean necesarias, a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención, por ello el Estado debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos de las personas.
Sobre el “deber de prevención”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que abarca todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.
La fiscalía estatal deberá, en un plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente recomendación, diseñar y llevar a cabo un curso de capacitación sobre integración diligente en casos de tortura y violencia sexual contra las mujeres , que incluya perspectiva de género, dirigido a los agentes del Ministerio Público, especialmente a los que se encuentran adscritos a La Montaña, que incluya el agotamiento de las diligencias contenidas en el Protocolo Estatal de Atención a Delitos Sexuales, con el objetivo de que las autoridades investigadoras cuenten con los elementos legales y técnicos, así como la sensibilización y perspectiva de género necesaria que les permita desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y eficiente, el cual deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente recomendación, e impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia.
Por otro lado, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es imprescindible que la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort capacite a todo el personal adscrito a la Policía Municipal sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia , especialmente en cuanto a sus derechos de acceso a la justicia y a la privacidad. Por lo anterior, en un plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la presente recomendación, deberá diseñar y llevar a cabo un curso de capacitación, dirigido al personal de la Policía Municipal, incluyendo a su titular, con objeto de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente recomendación, el cual deberá impartirse por personal calificado y con suficiente experiencia.
Igualmente, la fiscalía estatal deberá emitir un protocolo sobre las medidas de seguridad en las Agencias del Ministerio Público, a fin de garantizar atención a las víctimas en un entorno seguro sin poner en riesgo la integridad ni seguridad del personal ministerial, el cual deberá incluir perspectiva de género y podrá realizarse con la ayuda de expertos en la materia.
Asimismo, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es esencial que la fiscalía estatal cuente con recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia de las personas, particularmente de las mujeres. Para ello, deberá realizar un diagnóstico dentro del plazo de seis meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, para evaluar las necesidades de personal ministerial y pericial y otros recursos en La Montaña, a fin de garantizar atención permanente y especializada a las mujeres que acudan a reclamar justicia.
El diagnóstico reflejará la necesidad real de personal ministerial y pericial para que se cumpla con la debida diligencia prevista en el Protocolo Estatal de Atención a Delitos Sexuales. Una vez que se cuente con el diagnóstico, la fiscalía estatal deberá realizar las gestiones tendientes a cubrir las necesidades observadas con los apoyos interinstitucionales que existen al respecto. Las constancias que acrediten su cumplimiento se deberán remitir a este organismo nacional, en un plazo no mayor a seis meses posteriores a que se cuente con el diagnóstico de referencia.
Sin embargo, considero que las medidas de no repetición no solo deben ser sustantivas sino altamente significativas por lo que le solicito al gobierno de Guerrero y al municipio de Tlapa de Comonfort actuar a la altura de la circunstancia de lo que en materia de violación a derechos humanos y violencias contra las mujeres representa la región de la montaña, por lo que como en un acto de alto impacto simbólico y sustantivo ante la ciudadanía en favor de una sociedad más justa e igualitaria se abra una escuela popular y comunitaria de liderazgos políticos de las mujeres y promoción y defensa de los derechos humanos, a fin de reconstruir el tejido social fortaleciendo individual y colectivamente principalmente a las mujeres de la región y con ello se genere un compromiso real y una acción decidida en materia de prevención y como medidas de no repetición de actos violentos contra las mujeres así como políticas públicas integrales que promuevan la autonomía física, económica y política de las mujeres que hablen y transiten en La Montaña, Guerrero.
Exijo justicia y cumplimiento efectivo de la ley contra las y los funcionarios responsables de actos de tortura y violación sexual que se acreditan en dictamen de protocolo de Estambul que me fue practicado por CNDH, así como de toda la cadena de funcionarias y funcionarios involucrados en las distintas violaciones a mis derechos humanos, para que sean investigados y sancionados en términos de la ley.
Exijo la reparación integral del daño a mi persona principalmente la garantía de medidas de no repetición y de satisfacción, incluyendo la disculpa pública por el gobierno de Guerrero, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el gobierno municipal de Tlapa de Comonfort con base en la Ley General de Víctimas y de acuerdo con lo establecido en la recomendación 63/2019, emitida por la CNDH, así como la publicación de esta recomendación en diarios de circulación nacional y distintos medios de comunicación en el mismo nivel y trascendencia que tuvo la difusión de información sensible sobre mi caso que vulnero mi seguridad así como a mi persona y dignidad.
Reitero la importancia de creer siempre en la palabra de las víctimas pues ante actos tan atroces como lo es la tortura sexual, nuestra palabra, y en este caso mi palabra y mi dignidad es lo que con mayor valor poseo estando viva.
Consideraciones
Primera. De acuerdo con el artículo 1o. constitucional, parágrafo tercero, todas las autoridades tienen la responsabilidad de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y el bloque convencional reconocido por el Estado mexicano. Asimismo, se impone la responsabilidad de prevenir, investigar, reparar y sancionar todas las violaciones de los derechos humanos; ambas facultades son irrenunciables e indelegables.
Artículo 1o. ...
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segunda. A través de la supremacía legal que otorga el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen vigencia y, por tanto, obligatoriedad de cumplimento, por tanto se consideran integrantes del bloque convencional de los derechos humanos.
Dicho lo anterior, la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas como CEDAW, señala en el artículo 2, primer párrafo, e inciso c), la obligación del Estado para eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso a la justicia y que las mujeres reciban la más amplia protección por parte de los operadores judiciales.
Artículo 2.
Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a...
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
Tercera. Con base en el primer parágrafo de la segunda consideración, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, señala con puntualidad en los artículos 3 y 4 el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como los derechos que se protegen a través de dicho instrumento internacional:
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
Cuarta. Con base en lo anterior se colige que las autoridades deben establecer los plazos y parámetros que los órganos de defensa de los derechos humanos, a favor de la quejosa, pero además desarrollar acciones para garantizar la no repetición de los hechos, es por ello que se funda el interés general sobre el privado.
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos citados en el proemio se presenta la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir los resolutivos expresados en la exposición de motivos, dado que son de su conocimiento. Dando plazos y parámetros para cumplir las mismas a favor de la quejosa en comento.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a cumplir los resolutivos expresados en la exposición de motivos, dado que son de su conocimiento. Dando plazos y parámetros para cumplir las mismas a favor de la quejosa en comento.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a desarrollar acciones que prevengan y erradiquen toda forma de violencia institucional que ejerzan los agentes de autoridad, comisionados por los dos niveles de gobierno de la entidad, a fin de evitar violaciones graves de los derechos humanos, tal como la que motiva el punto de acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Subsecretaría de Prevención de la Salud a cambiar el nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones por Comisión Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez para que se modifique el nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones quedando sólo en Comisión Nacional de Salud Mental, bajo las siguientes
Consideraciones
Señala el filósofo Byung-Chul Han que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas, en el siglo pasado vivimos bajo la época inmunológica, con agentes externos al cuerpo que combatimos por ejemplo, mediante los antibióticos. En nuestros días, las enfermedades emblemáticas son las neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah), el trastorno límite de la personalidad (tlp) o el síndrome de desgaste ocupacional (sdo),1 que son propias de las nuevas dinámicas de nuestro sistema social y económico.
En nuestro país, han habido algunos avances para detener estas enfermedades, por ejemplo con la reciente Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención, no obstante, son acciones que resultan insuficientes en un contexto en donde no existe una política pública integral que atienda el tema de salud mental en toda su complejidad.
Quisiéramos señalar, antes de continuar con esta exposición de motivos, que el tema de los derechos de las personas con discapacidad es importante entenderlo desde un modelo social y de derechos , no exclusivamente desde un modelo médico desde donde no se considera el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas con discapacidad.2
En este contexto no estamos hablando de un tema que exclusivamente pertenece a la psiquiatría o es exclusivo de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, sino un tema que es necesariamente multidisciplinario y que también abarca ejes temáticos de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, desde un enfoque de derechos. En el entendido de que también existen personas con discapacidades “invisibles”, con trastornos mentales o discapacidad psicosocial y que estos padecimientos no necesariamente provienen por problemas de adicciones, sino de la misma dinámica de nuestra vida social en pleno siglo XXI. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en su artículo 17 nos refiere a la integridad mental de las personas y esta comisión legislativa descrita obedece a estos postulados. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad fue ratificada por México en el año 2008 por lo que forma parte de los ordenamientos que se encuentran por encima de nuestras leyes generales y al nivel de nuestra Carta Magna.
Así como diversos trastornos mentales van en aumento, tenemos que un fenómeno de gravedad relacionado con estos y la necesidad de trabajar el tema de la salud mental, tiene que ver con el incremento de los suicidios. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los suicidios cobran un costo alto, en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos,3 con ello más de 800 mil personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse.4
La OMS define al suicidio como violencia autoinfligida o violencia dirigida contra uno mismo. Esta organización destaca que a nivel global el suicidio supera en número a los decesos por guerras y homicidios.
Para el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 32.5 por ciento de la población mayor de 12 años se ha sentido deprimido en algún momento de su vida;5 especialistas médicos han alertado que los suicidios han aumentado en 252 por ciento durante los últimos 23 años.6 De acuerdo al Inegi los estados con la tasa de suicidios más altas son Chihuahua (11.4), Yucatán (10.2), Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5).7
Asimismo, de conformidad con un estudio realizado por The American Association of Suicidology los suicidios entre adolescentes y adultos jóvenes van en aumento, destacando los trastornos de ansiedad, conducta, personalidad o el abuso de sustancias.8 El problema puede ser más grave, de acuerdo a la psicopedagoga Blanca Gil Corona, ya que existe en el país una cifra negra por casos no registrados como tal.9
Esto significa que hay un vacío en el tema de políticas públicas integrales que tengan por objetivo la salud mental de las y los mexicanos. Tan sólo el presupuesto, de acuerdo a la especialista Shoshana Berenzon, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el gobierno gasta al año poco más de un dólar per cápita en salud mental,10 esta cifra refiere que únicamente se utiliza el 2 por ciento del presupuesto federal destinado a salud para atender a pacientes con trastornos mentales, por lo que México se ubica por debajo del promedio de los países con el mismo nivel de ingreso. Por ejemplo, de Brasil y Costa Rica, quienes destinan entre 2.4 y 2.9 por ciento de su presupuesto a salud mental, respectivamente.11
Por ello, resulta relevante sumar esfuerzos preventivos con el objetivo de buscar mecanismos para “crear resiliencia mental desde edades tempranas con el fin de evitar la angustia y las enfermedades mentales entre los adolescentes y los adultos jóvenes, así como para tratar las enfermedades mentales y lograr la recuperación”.12
En este contexto, en consideración de las cifras descritas y en virtud de que –como señala la OMS– la mitad de las enfermedades y trastornos mentales se presentan antes de los 14 años de edad, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la más alta prioridad lograr una mayor participación de los sectores social, de salud, asimismo de padres de familia y profesores, que tengan por objetivo prevenir y tratar los trastornos mentales así como prevenir uno de los principales fenómenos que van ligados estos: los suicidios.
Este exhorto tiene como prioridad incidir por parte de esta soberanía en la responsabilidad de transformar esa alarmante realidad en virtud de que “el suicidio puede preverse, ya que existen ciertas conductas que surgen a partir de que una persona empieza a considerar la opción de su muerte”.13
En lo que corresponde al presupuesto asignado al tema de Salud Mental, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020 sólo tenemos a la Unidad Responsable 313 (Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental) con un monto de $101,938,209.00 , representando 0.1 por ciento del total para el sector:
Al revisar el Programa Presupuestario P018 Prevención y control de enfermedades, no se encontró nada que tenga que ver con salud mental en sus objetivos, indicadores y metas para resultados de los programas presupuestarios. Sólo se hace referencia al enfoque transversal combate a las adicciones , pero ha quedado claro que el tema de la salud mental va más allá y que las adicciones sólo son una rama de este árbol del problema . Asimismo, no se están cumpliendo los propósitos del marco normativo (Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) en la manera en que se está proponiendo implementar el Programa Presupuestario P018 del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.14
Por si esto no fuera suficiente, tampoco se encuentra en los objetivos, indicadores y metas para resultados del Programa Presupuestario P018 Prevención y control de enfermedades, el cumplimiento a las obligaciones de la unidad administrativa Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, organismo destinado a dictar el contenido de las políticas públicas y estrategias nacionales en materia de salud mental, así como llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios. Tales atribuciones se encuentran descritas en el:
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que señala:15
Artículo 35. Corresponde al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental:
I. Proponer a su superior jerárquico el contenido de la política y estrategias nacionales en materia de atención a los problemas de salud mental;
II. Elaborar y participar en la instrumentación de los programas específicos de prevención, atención y rehabilitación de los trastornos mentales;
III. Llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios de salud mental, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de organización y operación de servicios en los diferentes niveles de atención;
IV. Derogada.
V. Promover actividades de información, orientación y sensibilización, que coadyuven a la prevención de problemas de salud mental, en coordinación con las instituciones y organismos especializados en la materia;
VI. Impulsar, en forma conjunta con las dependencias y órganos competentes, el establecimiento de redes asistenciales y de apoyo comunitario, para la rehabilitación y reinserción social del usuario de los servicios de salud mental;
VII. Fijar criterios, promover y coordinar investigaciones y desarrollo tecnológico en relación con la salud mental en coordinación con las demás unidades administrativas competentes;
VIII. Promover y asesorar el desarrollo de investigaciones científicas y programas de enseñanza en materia de salud mental, en coordinación con las unidades administrativas competentes, con la finalidad de impulsar la formación, capacitación y actualización de personal de salud en general y especializado;
IX. Participar en la elaboración de propuestas para la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas en materia de salud mental;
X. Propiciar la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para impulsar su apoyo y participación en el desarrollo de las acciones en materia de salud mental;
XI. Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y contenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia, así como de los materiales didácticos y metodologías que se utilizan para la capacitación, actualización y desarrollo humano del personal que opera los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
XII. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil y, en lo general de la comunidad, así como de los sectores público y privado en las acciones en materia de salud mental;
XIII. Coadyuvar en la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en relación con la información de morbilidad y mortalidad vinculada con la materia de su competencia;
XIV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la instrumentación del Sistema de Protección Social en Salud, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
XV. Colaborar en la definición de los requerimientos para la acreditación de unidades prestadoras de servicios de salud mental inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;
XVI. Proponer los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, programación y presupuestación relacionados con los programas a su cargo;
XVII. Promover la certificación de las unidades de atención a la salud mental de los sectores público, social y privado del país;
XVIII. Establecer las especificaciones técnicas del equipo e insumos que se utilizan en los programas a su cargo;
XIX. Proponer o definir, según sea el caso, los mecanismos que permitan el control en el suministro y distribución oportuna, suficiente y de calidad de los insumos utilizados en los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
XX. Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas institucionales de información y de investigación en salud, relacionada con las actividades de los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
XXI. Supervisar el desempeño de las localidades, jurisdicciones sanitarias, entidades federativas, regiones, comunidades o establecimientos, según sea el caso, en relación con los programas del ámbito de su competencia, y
XXII. Ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 16 del presente reglamento, las demás que le señalen otras disposiciones aplicables, así como aquéllas que le encomiende su superior jerárquico.
Se deberá desarrollar un nuevo marco de Programa Presupuestario para que lo que corresponde a las medidas de prevención de enfermedades, prevención del suicidio y control de adicciones queden dentro de un nuevo eje central en materia de salud mental. Asimismo, se deberá atender mediante la política pública todo lo relativo a las enfermedades mentales de acuerdo a la Clasificación de trastornos mentales CIE 10,16 siempre desde un enfoque de derechos.
Asimismo, como parte de una política pública en materia de salud mental, se deberá contemplar todo lo que corresponda a atender y prevenir trastornos mentales, discapacidad psicosocial, así como trastornos producto de adicciones a los objetivos de un nuevo programa presupuestario que corresponde a las medidas de prevención de enfermedades, prevención del suicidio y control de adicciones queden dentro de un nuevo eje central en materia de salud mental.
El pasado 29 de octubre del presente, el Presidente de la República dio a conocer que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, se creará la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.17 De conformidad con lo descrito, consideramos importante este esfuerzo pero requerimos con urgencia que esta estrategia se entienda desde el diseño de la política pública, que el eje principal es la salud mental y debe ser entendida no sólo desde la psiquiatría, asimismo que el problema de las adicciones es sólo una ramificación del árbol del problema, así como el terrible fenómeno del suicidio y demás trastornos mentales que configuran a nuestra sociedad del siglo XXI. Por ello, el nombre de esta comisión debería ser Comisión Nacional de Salud Mental. Ya en sus ejes temáticos se podrá enfocar en los suicidios, trastornos mentales, las adicciones, en etcétera, teniendo en cuenta que el eje principal es la salud mental en toda su complejidad.
Lo anterior, es importante especificarlo, asimismo que el Presidente de la República tenga en contexto que hasta hoy en día ha sido vigente un sistema de salud psiquiátrica con prácticas precarias y violentas que vulneran los derechos humanos y la dignidad de las personas.18
Finalmente, en días pasados nos enteramos de que aún persiste discriminación y estigmatización hacia las personas con discapacidad, pues el pasado 27 de octubre el alcalde de la demarcación territorial Cuajimalpa, en la Ciudad de México, anunció en redes sociales que dentro del marco de los festejos tradicionales del Día de Muertos, Todos Santos, se instalaría la “Clínica del Miedo” o “Clínica Psiquiátrica” en la explanada de Cuajimalpa.19 Diversas voces de la sociedad civil se pronunciaron en contra de estas acciones gubernamentales que discriminan, estigmatizan y violentan a las personas usuarias de servicios de salud mental y con discapacidad psicosocial, entre las que se encuentran Sin Colectivo y Documenta, AC así como el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de las Personas con Discapacidad.
Así como las nuevas enfermedades neuronales, la discapacidad psicosocial en México está prácticamente invisibilizada. En este oscurantismo relativo al tema, conlleva a que se reproduzcan estereotipos y se aísle a estas personas en perjuicio de su bienestar emocional y calidad de vida. En este sentido, esta soberanía no deberá ser ajena a este rechazo público y pronunciarse en exhortar a que no se repitan acciones como las descritas, por parte de las autoridades gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que se modifique el nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones quedando sólo en Comisión Nacional de Salud Mental .
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, para que se evite la difusión de estereotipos y acciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad psicosocial, asimismo que, en el marco de sus atribuciones, promueva la capacitación de las y los servidores públicos de la alcaldía a su cargo, sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Notas
1 Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio: Segunda edición ampliada (Pensamiento Herder) (Spanish Edition). Herder Editorial, 2017.
2 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf, consultado el 04 de noviembre de 2019
3 https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-person-d ies-every-40-seconds, consultado el 03 de noviembre de 2019
4 http://bit.ly/2kAVqg0, consultado el 9 de septiembre de 2019
5 https://www.inegi.org.mx/temas/salud/, consultado el 28 de octubre de 2019
6 http://bit.ly/2lKEROM, consultado el 9 de septiembre de 2019
7 http://bit.ly/2k7QfUx, consultado el 9 de septiembre de 2019
8 Aumenta el suicidio en menores de edad, en: https://www.eloccidental.com.mx/local/aumenta-el-suicidio-en-menores-de -edad-1980767.html, consultado el 9 de septiembre de 2019
9 En México se consuma uno de cada ocho intentos de suicidio, en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-se-consuman-uno-de-cada -ocho-intentos-de-suicidio/1262130, consultado el 9 de septiembre de 2019
10 http://bit.ly/2kAitYc, consultado el 9 de septiembre de 2019
11 http://bit.ly/2kqGRM6, consultado el 9 de septiembre de 2019
12 Día Mundial de la Salud Mental 2018, en:
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day /2018/es/, consultado el 9 de septiembre de 2019
13 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/09/Salud-en-la-Pr ensa-Digital-del-11-de-septiembre-de-2018.pdf, consultado el 9 de septiembre de 2019
14 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2020/tomoIII, consultado el 04 de noviembre de 2019
15 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
16 http://ais.paho.org/classifications/Chapters/pdf/Volume1.pdf, consultado el 04 de noviembre de 2019
17https://open.spotify.com/episode/2oSHH3uaZQEi5zZRKDUzy y?si=b0IAHX5lTa6SNcOyWty_ig, consultado el 04 de noviembre de 2019
18 “Informe alternativo ante el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad 2014 – 2019”. Por Disability Rights International.
19https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2369291579 836399&id=264390613659850, consultado el 4 de noviembre de 2019
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a revisar sus procedimientos por el rezago administrativo nacional, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
1. La violación de garantías individuales y estado de derecho mexicano.
2. Un sistema de Conagua Digital que no trajo beneficios, sino todo lo contrario.
3. Rezago administrativo a nivel nacional.
4. Carencia de atención a los usuarios.
5. Falsedad en declaraciones judiciales por parte de la subgerencia jurídica.
6. Contratación de delegados federales, sin conocimiento en la materia y operación de las delegaciones.
7. Falta de personal administrativo y operativo en las delegaciones federales.
8. No atención a las quejas hechas por los usuarios en el Departamento de Función Pública dentro del organismo.
9. Mal manejo de la administración de bancos del agua.
10. Mal manejo del registro público del agua e implementación del sistema operativo nuevo, el cual tiene más de doce meses sin funcionar y atención prepotente y arrogante de Repda.
11. Se exhorta a la Conagua que revise sus procedimientos, ya que tiene un rezago administrativo a nivel nacional.
Consideraciones
El desarrollo de un país se refleja directamente en la calidad de su inversión que el Estado realiza para incrementar el nivel de la sociedad, con la finalidad de contar con profesionistas mejor preparados, calificados y con mayores habilidades para enfrentar un panorama cada vez más global y una nueva economía mucho más exigente.
Entre otras tareas que tenemos como representantes populares, está el compromiso con los mexicanos.
Por ello, como promovente del presente punto de acuerdo, se exhorta respetuosamente a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua para que se implemente un programa para beneficio de los mexicanos.
Asimismo, acorde con esta nueva manera de conformar un gobierno, por parte de los que conformamos esta cuarta transformación democrática, pacífica y dentro del marco normativo, es que creo firmemente que es el momento procesal oportuno para que la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua incorporé nuevos métodos a los mexicanos.
Por ende, no sólo se trata de destinar recursos; sino de ir adecuando e incorporando gradualmente a los planes y programas de la Comisión para que cada vez sea ex profesamente la impartición de más actividades.
Es así que, si realmente queremos un cambio y una transformación social, conscientes de los nuevos retos y desafíos que tenemos como mexicanos para sacar adelante a nuestro país, resulta prioritario lograr una mejor formación integral.
Por lo anterior expuesto, en Encuentro Social reiteramos nuestro compromiso por el impulso de una mejor planeación para la Comisión General Nacional del Agua.
En consecuencia, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete a su consideración:
Puntos de Acuerdos
1. Exhorto así a la Comisión General Nacional del Agua a que se apeguen a derecho a las sentencias definitivas del Poder Judicial Federal.
2. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que deje de utilizar el sistema de Conagua Digital, regresando al sistema anterior.
3. Se le dé celeridad al rezago existente en todas las direcciones locales.
4. Mejorar plenamente la calidad de atención a usuarios.
5. Sancionar a aquellos funcionarios que incurran con falsedad ante los tribunales jurisdiccionales.
6. Exhortando a dicha institución a elegir mediante examen teórico práctico a todo aquel que vaya a desempeñar la función como delegado federal, con el fin de tener el conocimiento de la problemática existente en cada entidad.
7. Gestionar los recursos necesarios para tener el personal administrativo suficiente para desempeñar las exigencias y cumplir a cabalidad todos los objetivos implementados por la administración general de esta institución.
8. La creación de una comisión encargada de atender todas las quejas presentadas por los usuarios con el fin de tener una administración pública gubernamental sana.
9. La realización de un estudio anual para saber en qué condiciones se encuentran nuestros bancos de agua.
10. Se solicita sean removidos de sus cargos el gerente del Registro Público del Agua, Luis Vidal Guerrero Díaz, y la coordinadora general de Recaudación y Fiscalización, Yuleth Karime Orozco Acosta
11. El análisis para la implementación de algún otro sistema para la atención al público o la permanencia del sistema anterior a Conagua Digital.
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua a que revise sus procedimientos, ya que tiene un rezago administrativo a nivel nacional.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.
Diputados: Jorge Arturo Argüelles Victorero, Miguel Acundo González, Claudia Báez Ruiz, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, María del Carmen Cabrera Lagunas, Héctor René Cruz Aparicio, Ricardo de la Peña Marshall, Carolina García Aguilar, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, Armando González Escoto, Édgar Guzmán Valdez, Adriana Lozano Rodríguez, Eudoxio Morales Flores, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, José Ángel Pérez Hernández, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Francisco Javier Saldívar Camacho, Nayeli Salvatori Bojalil, Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Paulina Teissier Zavala, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Vargas Contreras y Héctor Joel Villegas González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a revisar las condiciones del contrato de trabajo mediante las cuales se fija el cambio de residencia de personal de un centro a otro, a fin de garantizar su estabilidad económica y familiar, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. México tiene un sector energético que representa un eje transversal para las actividades económicas y es el sustento que genera el crecimiento económico.
Pemex ha dado trabajo a miles de personas, en 2018 contaba con un total de 128 mil trabajadores distribuidos en las diversas sedes de la República Mexicana,1 a la par, en sus registros aparecen 105 mil jubilados.2
En palabras del actual presidente de la República, de diversos negocios escandalosos, el sector energético, es el más corrupto,3 y pese a ello, se sostiene por el empeño de sus trabajadores; los avances tecnológicos e innovaciones que demanda el siglo XXI no están divorciados de la responsabilidad social hacia los trabajadores y eso es núcleo de la nueva política energética. De la visión de Lázaro Cárdenas, “ni un paso atrás”, a la política neoliberal que gobernó por espacio de tres décadas hay una diferencia que atañe a la construcción del Estado.
Sobre todo, un gobierno social, democrático y progresista no puede escatimar en el apoyo a los que hacen grande a Pemex, la planta trabajadora.
La cancelación de lujos y privilegios permiten cerrar brechas de amplia desigualdad al interior de la empresa pero no construyen pisos de bienestar para que el entorno y desarrollo de las personas sea el adecuado. La situación laboral es un tema que atraviesa múltiples factores y que, en su grado de complejidad, también significa cumplir con el principio básico de dar a lo que a cada quien le toca.
Segunda. En diversos casos, los trabajadores para atender las necesidades indispensables y operativas de la empresa, cambian de residencia debido a las exigencias de las condiciones del trabajo. El cambio de residencia implica para el trabajador un cambio radical de vida, de tal manera que modifica su entorno económico, familiar, social, político y cultural.
Esta situación pone en riesgo la estabilidad de su familia en razón de que en algunos casos es necesario que ésta siga los pasos del trabajador, o bien, deba desplazarse a los centros de trabajo entre semana, ocasionando lejanía con sus seres más cercanos.
Tercera. En algunos casos, Pemex arrenda inmuebles para habitación de su trabajador en los lugares donde residirá, a efecto de que pueda desempeñar las labores encomendadas; en algunos puestos de medio y alto rango, el trabajo puede acompañarse por su familias. Es decir, en algunos casos los trabajadores y sus familias residen en una vivienda rentada por Petróleos Mexicanos.
Por otra parte, se han dado casos en los cuales el trabajador es cambiado de residencia a otro lugar, sin contar con un arrendamiento en la nueva sede, de esta acción se ha derivado que la familia se quede en el primer domicilio, en cuyo caso Pemex ha dejado de pagar la renta y se le cobra al trabajador. Esta acción es una injusticia que ocasiona inestabilidad económica, y deja en estado de vulnerabilidad al trabajador.
Cuarta. Bajo ese tenor, y debido a las implicaciones que representa para los trabajadores cambiar de residencia, es necesario promover acciones que garanticen la protección de los derechos laborales y de solución de conflictos, a efecto de que el trabajador tenga un mejor desempeño en las actividades que se le encomiendan y de igual manera, salvaguardar a la familia cuando por necesidad tenga que cambiar de residencia con el trabajador.
La protección social está considerada por la CEPAL4 abarca políticas y acciones en diversos ámbitos como la alimentación, la salud, las pensiones y el salario digno. El apoyo a los trabajadores es parte sustantiva del funcionamiento de las empresas.
Quinta. Se deben de impulsar mecanismos para promover y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, con el fin de resguardar la estabilidad económica, familiar, social y cultural de quienes se encuentran bajo una situación de cambio de residencia por cuestiones laborales con el objeto de lograr una armonía entre trabajador, familia y la propia empresa productora.
Se deben implementar mecanismos de solución de conflictos entre trabajadores y Petróleos Mexicanos para resolver las controversias que se susciten de una manera pacífica y que beneficie a las dos partes.
Sexto. La Ley de Petróleos Mexicanos establece que el director general tiene la función de convenir contratos que regula las relaciones laborales, y en estricto sentido es el medio adecuado por el cual se pueden atender esta clase situaciones.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosamente a Petróleos Mexicanos empresa productora del Estado, a efecto de revisar las condiciones establecidas en el contrato de trabajo mediante las cuales se estipula el cambio de residencia de los trabajadores de un centro a otro, a fin de garantizar su estabilidad económica y familiar.
Notas
1 “Pemex alistan recorte hasta de 16 mil trabajadores” en El Universal, 28 de marzo de 2019; disponible en https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-alista-recorte-hasta-de-16 -mil-trabajadores
2 “Planta laboral de Pemex equipará a sus trabajadores jubilados” en Redes Poder, 8 de agosto de 2019
http://www.redespoder.com/politica/planta-laboral-de-pem ex-equipara-a-sus-trabajadores-jubilados/
3 López Obrador, Andrés Manuel, La salida, Planeta, 2018, página 26.
4 “Protección social” en Cepal
https://www.cepal.org/es/temas/proteccion-social
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a considerar la aprobación de la minuta en materia de paridad de género y la armonización de su normativa, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes
Consideraciones
“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie.”
Emily Dickinson
El camino que han atravesado las mujeres durante las últimas décadas en México para el debido reconocimiento y garantía de sus derechos políticos y sociales, no ha sido nada fácil y aun así hoy presenciamos importantes mejoras en distintos ámbitos en los cuales se ha logrado la inclusión de las mujeres en puestos de toma de decisiones, en liderazgos o en puestos directivos.
Las mujeres estamos en posibilidad de gobernar con valor y valores. Las mujeres tenemos y estamos viviendo nuevos tiempos, estamos construidas en la brega continua, en la lucha no solo por los espacios y el voto, sino por el debido reconocimiento de sus capacidades y posibilidades de igualdad en oportunidades, derechos y gobernanza.1
Esto se ha reflejado en la institucionalización de la perspectiva de género, tanto en la agenda pública, como en el ámbito privado, lo cual ha permitido la constante aplicación de términos que se encuentran ligados a esta lucha por el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres mexicanas.
En el caso del término paridad de género este ha sido utilizado y desarrollado en los últimos años principalmente en el ámbito político-electoral, excluyendo hasta hace algunos meses, otros ámbitos del sector público, como son los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Este principio hace referencia a una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, lo que se traduce, en la apertura de mayores espacios de participación para las mujeres.
El incremento del acceso de las mujeres a distintos puestos, por parte de la implementación de cuotas de participación, tiene como resultado que ambos géneros puedan contar con representatividad paritaria, similar al porcentaje de población al que representan.2
La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades.3
La implantación de acciones afirmativas como es el caso de la cuotas de género o políticas paritarias son de carácter transitorio, puesto que son mecanismos que intentan revertir una discriminación existente en algún área, política o procedimiento organizacional, imponiendo limitaciones y reservando espacios de acción para personas de algún sexo en específico o característica particular.4
Como se ha mencionado, en el ámbito político-electoral, a partir de 2014, las acciones afirmativas han sido parte fundamental de las reformas electorales, puesto que con esta reforma se exigió a los partidos políticos la implantación del instrumento de paridad de género en el caso de las candidaturas a cargos legislativos locales y federales.5
Como consecuencia de dichas reformas, en el ejercicio de participación política llevado a cabo en julio 2018, se obtuvieron resultados sumamente favorables en el Congreso de la Unión, en cuestión de paridad y representación de las mujeres.
En el caso de la Cámara de Diputados, los resultados fueron de 243 mujeres; es decir, 48.6 por ciento de las curules y 256 hombres: 51.4 por ciento de los espacios de representación. En el Senado, los resultados fueron de 63 mujeres, que representan 49.22 por ciento de los espacios y 65 hombres, es decir, 50.78 por ciento.6
El hecho de que en un país haya una gran proporción de mujeres empleadas en cuerpos legislativos, como personal directo de la administración pública o en cargos de dirección significa que existen trabajos medios y superiores a los que las mujeres pueden acceder. Aunque en todo el mundo, la participación de las mujeres sigue siendo minoritaria en dichos puestos, el progreso que han realizado en los últimos años es alentador.7
En este sentido, en mayo del presente año, en el Congreso de la Unión se aprobó la reforma constitucional, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del mismo año, esta reforma se pretende establecer la paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas representa el mayor consenso político en el reconocimiento del liderazgo, el talento y los derechos ciudadanos y políticos de las mexicanas.8
Estas reformas significaron un momento histórico, no solo para las mujeres, sino para todo México, porque con ellas se contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres.9
Esta reforma al ser de carácter constitucional, fue enviada a las Legislaturas Estatales el 23 de mayo de 2019, desde la Cámara de Diputados, para su debida aprobación, hasta el mes de octubre únicamente 28 legislaturas estatales la han aprobado.
Votos aprobatorios por estado10 :
Debido a relevancia de esta reforma para la vida política y social del país, el cuarto transitorio establece que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional.
En este sentido, es necesario mencionar que las elecciones en Tamaulipas de 2018 tuvieron como resultado en el Congreso del estado la participación un total de 19 mujeres, es decir 53 por ciento de los curules del órgano legislativo, frente a un 47 por ciento de la representación masculina.
Esto refleja claramente la efectividad de las medidas en favor de la participación de las mujeres en el acceso a puestos públicos y de participación política.
Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a que considere la aprobación de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, así como la armonización de su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional, según lo establece el artículo 4o. transitorio de la reforma.
Notas
1 La Participación Política de las Mujeres en los Comicios de 2018, CELIG, 2018, fecha de consulta: 26 de octubre de 2019, p. 10.
2 Glosario de género, Instituto Nacional de las Mujeres, 2007. Fecha de consulta: 26 octubre de 2019. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904 .pdf
3 R. Cobo, “Democracia paritaria y radicalización de la igualdad”, en el seminario Balance y perspectivas de los estudios de las mujeres y del género, 2003, España: Instituto de la Mujer. Fecha de consulta: 26 de octubre de 2019.
4 Luis Antonio Corona Macías, La paridad de género: un derecho fundamental, CEDHJ.
5 Paridad de género: evolución, logros y realidades, Instituto Nacional Electoral, sin fecha. Fecha de consulta: 26 de octubre de 2019. Disponible en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v 2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct. pdf
6 “Por primera vez en la historia de México, el Congreso tendrá paridad de género”, en Animal Político, 3 de julio de 2018. Fecha de consulta: 26 de octubre de 2019. Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2018/07/congreso-paridad- de-genero/
7 Informe global con arreglo al seguimiento de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
8 Paridad en todo: 50% mujeres y 50% hombres en la toma de decisiones, Inmujeres, 2019, fecha de consulta: 26 de octubre de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50- hombrees-en-la-toma-de-decisiones
9 Ibídem, Paridad en todo: 50% mujeres y 50% hombres en la toma de decisiones, Inmujeres.
10 Reformas constitucionales, Cámara de Diputados, fecha: 2019, fecha de consulta: 28 de octubre de 2019, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20190523_paridad.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a promover acciones para reducir el uso de vasos de vidrio en bares, discotecas y centros nocturnos del estado, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. De manera reiterada, los fines de semana, en los bares, discotecas y centros nocturnos de las distintas ciudades y metrópolis de la República Mexicana1 se dan situaciones de violencia entre los asistentes, principalmente, entre los jóvenes, cuya raíz está asociada al consumo excesivo de alcohol.
La primer iniciativa contemporánea, referente a regular y gravar la incitación, provocación o participación en riñas a causa del alcohol en lugares cerrados, lo mismo que a la luz de las calles y caminos de la vía pública, se presentó en el año 2014 en Ciudad de México.2
En la ciudad, hay un manto de preocupación por las peleas al interior y exterior de los bares,3 sobre todo porque una parte importante refieren a acumulación de condiciones de estrés laboral, pleitos por relaciones personales e interpersonales con antecedentes directos y de manera reactiva ante situaciones inmediatas.
La gravedad de los pleitos todavía es mayor cuando se usan materiales que se encuentran al alcance de la mano y que causan un daño a la condición física de las personas; en los bares y restaurantes los principales productos que se coloca en las mesas son vasos y copas, es decir, cristalería, de distintas calidad y, por tanto, distinto grosor.
Cuando se unen distintas variables hacia fines de violencia a mano limpia o instrumental, el daño en no esporádicas ocasiones ha derivado en la perdida de la vida humana4 y ésta no es una acción que deba ser aplaudida.
Estas acciones resultan injustificables a ojos de la sociedad, por lo que, las autoridades de las distintas órdenes de gobierno deben tomar medidas puntuales para garantizar la seguridad en los bares y restaurantes que sirven bebidas alcohólicas.5
En el caso de Tamaulipas, la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas no registra dentro del capítulo IX Restricciones, disposición alguna sobre los usos de materiales para servicios al interior de los bares y restaurantes. Las disposiciones generales al interior de la Ley atienden criterios de seguridad y de ordenamiento para la distribución y acceso al espacio.
En dicho estado de la república, la convivencia sana y la unidad social está trastocada por la alta presencia en la incidencia del delito; Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y Reynosa son municipios de complicado entramado de violencia y daño a la paz pública que data de al menos 10 años.
Los bares son centros de confluencia para reunirse con amigos, socializar con distintas personas, vivir experiencias personales y grupales dentro de un marco de sana convivencia.
En lo referente a los grupos de edad, las personas que con mayor afluencia asisten a los establecimientos están ubicados en edades inferiores a los 29 años;6 si segmentamos en dos grupos, el rango de edad de 18 a 24 años hay más asistentes varones, y de 25 a 29, es más frecuente, el grupo de mujeres.
A continuación se presenta la gráfica que da cuenta de dichas aseveraciones:
Estudios especializados señalan que los jóvenes son quienes más consumen alcohol. Datos del Centro de Ayuda del Alcohólico y sus Familiares (CAAF), unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz , de la Secretaría de Salud, indican que el 63 por ciento de la población consumidora de alcohol corresponde a la franja de edad entre 12 y 24 años.7
El alcohol, desde el punto de vista psicológico, causa daños entre los adolescentes que afectan la integridad de las personas y causas alteraciones en la concentración.8
Lamentablemente, la falta de información sobre las consecuencias por el consumo de dosis excesivas de alcohol, ocasiona acciones ajenas a los principios de racionalidad, justicia y reciprocidad propia de una civilización.
El alcohol provoca la “desinhibición de la conducta y las emociones; cambios bruscos de humor e irritabilidad; pérdida de la capacidad de autocontrol que puede llevar a conductas agresivas; deterioro de la atención, la memoria y la concentración, y también del juicio para percibir el riesgo”,9
Segunda. Bajo estas circunstancias, dado el ambiente de inseguridad y violencia que vive el estado de Tamaulipas, resulta necesaria la implementación de medidas de seguridad a nivel local que promuevan el uso de utensilios de plástico, que no pongan en riesgo, en casos extraordinarios, a quienes frecuentan bares y antros donde se expide alcohol hasta altas horas de la noche.
Datos del Inegi 2016 refieren un total de 26 centros nocturnos, discotecas y similares; mientras que en bares, cantinas y similares, hay un registro de 398 en el estado de Tamaulipas. Por 3.4 millones de ciudadanas y ciudadanos, compuesto por 1.7 millones de mujeres y 1.6 millones de varones10 organizados en pirámide de ensanchamiento en edades inferiores a los 20 años.
Tercera. El fomentar y promover acciones a fin de reducir la utilización de vasos de vidrio en bares o antros pretende resguardar la seguridad de quienes frecuentan esos lugares, debido a que los objetos de vidrio en circunstancias extraordinarias representan un peligro a la integridad física de las personas.
Cuarto. Resulta importante señalar que, a efecto de evitar perjuicio en la integridad física de las personas en acontecimientos violentos, existen alternativas para evitar tales circunstancias, como utilizar vasos de plástico duro, amigables con el medio ambiente, aclarando, que no sean desechables.
Quinta. Es necesario señalar que la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas del Estado de Tamaulipas señala que el gobernador, por conducto de la Secretaría de Finanzas del estado, podrá celebrar convenios de coordinación con los ayuntamientos, delegando a éstos el ejercicio de las atribuciones que la citada Ley señala, por lo que las acciones que se piden al gobierno del estado se sugiere aplicar a los ayuntamientos que lo integran.
Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Tamaulipas a que, a través de las instancias legalmente facultadas, fomente y promueva acciones tendientes a reducir la utilización de vasos de vidrio, en bares, discotecas y centros nocturnos del estado.
Notas
1 “Se registra brutal pelea en Bar de Nuevo León” en Publimetro, 11,04,2019:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/04/11/se- registra-brutal-pelea-bar-nuevo-leon.html ; cabe señalar, que por búsquedas en Google, hay un número elevado de videos que registran dichas riñas locales.
2 “Al torito, los que peleen en bares o en la calle” en Animal Político, 27, 08, 2014: https://www.animalpolitico.com/2014/08/pelea-en-el-bar-hay-torito/
3 “Bares de zona rosa operan sin regulación” en Excelsior, 13,10,2019:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/bares-de-zona-ros a-operan-sin-regulacion/1341569
4 “Asesinan a cinco en bar de San Luis Potosí; dos eran mujeres” en Proceso, 22, 07, 2011:
https://www.proceso.com.mx/276665/asesinan-a-cinco-en-ba r-de-san-luis-potosi-dos-eran-menores
5 Un ejemplo, ante la suma de irregularidades, en zonas de conflicto, puede vislumbrarse un caso emblemático en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México: “Suman 125 bares clausurados durante operativo Nezahualcóyotl”, en Sin embargo, 11, 10, 2012 : https://www.sinembargo.mx/11-10-2012/395575
6 “Estudio de mercado sobre preferencias de consumo en bares” en Mercawise:
https://www.mercawise.com/estudios-de-mercado-en-mexico/ estudio-de-mercado-sobre-preferencias-de-consumo-en-bares
7 “Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes” en Gobierno de México: https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre- jovenes
8 “El alcohol retrasa el desarrollo psicológico de los adolescentes” en ABC, 17, 11, 2016: https://www.abc.es/sociedad/abci-alcohol-retrasa-desarrollo-psicologico -adolescentes-201611152059_noticia.html
9 “El alcohol retrasa el desarrollo psicológico de los adolescentes” en ABC, 17, 11, 2016: https://www.abc.es/sociedad/abci-alcohol-retrasa-desarrollo-psicologico -adolescentes-201611152059_noticia.html
10 Inegi:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam /poblacion/default.aspx?tema
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 5 de noviembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir el cáncer de mama como padecimiento de atención prioritaria en el Programa Sectorial de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En enero de 2019, el Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario, conformado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SS), diversos institutos de cancerología estatales, hospitales privados y fundaciones, llevaron a cabo la octava revisión de los avances en el campo de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer mamario.1
En este estudio se recopilan las conclusiones obtenidas por los expertos en la materia y reconocen el ca?ncer de mama como un tumor maligno con una presencia ma?s frecuente en las mujeres de todo el mundo y la primera causa de muerte por ca?ncer. Estiman que alrededor de 1.7 millones de casos detectados cada año y fallecen 522 mil mujeres por esa enfermedad. 2
El 55 por ciento del total de muertes por ca?ncer de mama ocurren en países (287 mil 100) de bajos o medianos recursos,3 en donde existe una presencia del 45 por ciento de los casos de este tipo de cáncer.
Específicamente en Ame?rica Latina, este cáncer es uno de los ma?s frecuentes con 152 mil 59 casos diagnosticados anualmente, lo que representa una cuarta parte (24.9 por ciento) de los casos de cáncer en mujeres.4
En la región, 90 por ciento de las mujeres que padecen cáncer tienen una tasa de supervivencia 5 años, el 83 por ciento tiene una tasa de supervivencia promedio de 10 años. únicamente alrededor del 5 por ciento de las mujeres tienen cáncer metastásico cuando se les diagnostica cáncer de mama por primera vez.5
En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como mortalidad en las últimas tres décadas. De acuerdo con el reporte emitido por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incremento? entre 2000 y 2013 llegando de 10.76 casos por 100 mil habitantes a 26.1 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, estimando 23 mil 873 nuevos casos en 2013.6
A partir del año 2006, el cáncer de mama desplazó al cáncer cérvico uterino para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer; en ese momento para el 2018 se proyectaron 27 mil 283 casos nuevos en mujeres, con una prevalencia a los 5 años de 83 mil 287 casos. El cáncer de mama masculino solo representa el 1 por ciento de las detecciones en el país.7
Actualmente, el cáncer de mama es un padecimiento estudiado y sus causas son multifactoriales, entre las cuales destacan los factores reproductivos como la edad de la menarquía (primera menstruación), de la menopausia, el primer parto, y el tiempo de lactancia; también son importantes la exposición a terapia hormonal sustitutiva, la obesidad posmenopáusica y la ingesta de alcohol. De igual manera resulta importante destacar que únicamente 10 por ciento de los casos pueden ser explicados por mutaciones hereditarias.8
Algunos de los factores que también han influido en el aumento de casos de este padecimiento son: i) el envejecimiento poblacional, ii) la “occidentalización” del estilo de vida, iii) la educación e información deficientes relativas a la enfermedad, iv) la carencia de un programa nacional de detección oportuna, v) la dilación en la atención en las instituciones públicas, vi) la insuficiencia de recursos humanos, vii) materiales y técnicos para el tratamiento, y viii) la carencia de unidades mamarias especializadas.9
El cáncer de mama en México se diagnostica a una media de edad de 52.5 años, una década inferior a la población de América del Norte y Europa occidental, la incidencia aumenta proporcionalmente al incremento en la edad, lo que nos hace prever que solamente por el envejecimiento de la población, habrá también un aumento sustancial en el número de casos de cáncer de mama en los próximos años. 10
Respecto a este padecimiento es posible identificar que el sector poblacional más afectado son las mujeres y, peor aún, aquellas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica y social, en este caso no estamos hablando de una enfermedad nueva pero si de una que se agravada con el pasar de lo años.
Por lo tanto, resulta necesario que no se convierta en una cuestión o trabajo del 19 de octubre de cada año, sino que conforme los programas sectoriales de los servicios de salud pública que brinda el Estado. Así como la consideración por parte de la Secretaría de Salud para la creación de mesas de trabajo para la integración del Programa de Acción Específico en el cual se contemple la atención integral de cáncer de mama.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en la elaboración del Programa Sectorial de Salud se incluya la atención integral del cáncer de mama como un padecimiento de atención prioritaria donde se incluya a la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.
Segundo. Se exhorta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a llevar a cabo mesas de trabajo para la integración del Programa de Acción Específico que contemple la atención integral de cáncer de mama.
Notas
1 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario , fecha: 2019, fecha de consulta: 21 de octubre de 2019.
2 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario , página 6.
3 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario , página 6.
4 Cáncer de mama y reconstrucción mamaria en México , Cotrema, fecha: 15 de octubre de 2018, fecha de consulta: 21 de octubre de 2019.
5 Cáncer de mama y reconstrucción mamaria en México , Cotrema.
6 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario , página 6.
7 Cáncer de mama y reconstrucción mamaria en México , Cotrema.
8 Cáncer de mama y reconstrucción mamaria en México, Cotrema.
9 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario, página 6.
10 Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario, página 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 5 de noviembre, Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
En Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se aprueba esta resolución, tomándola de la Declaración y el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres de 2015-2030, como parte de acciones prioritarias para comprender el riesgo de desastres para prevención y mitigación, elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación para lograr el desarrollo sostenible.
El origen de proponer esta fecha deriva de que un 5 de noviembre de 1854 un aldeano incendió sus gavillas de arroz para alertar sobre un tsunami, lo que permitió la evacuación de toda la aldea, salvando la vida de los habitantes, quienes perdieron sus bienes y, posteriormente, se esforzaron por reconstruir mejor.
Un tsunami es una serie de olas que se generan en un océano u otros cuerpos de agua, a causa de terremoto, deslizamientos de tierra, erupción volcánica o impacto de meteoritos. Los tsunamis generan grandes daños cuando chocan contra las costas. Tiene dos características importantes de los tsunamis son su rapidez y su amplitud. La rapidez depende de la profundidad del agua: cuanto más profundo esté el fondo del cuerpo de agua, más rápido viajará el tsunami, en mar profundo pueden alcanzar hasta 900 km/h, y en la costa, 40 km/h, lo que ya es una rapidez muy elevada. La amplitud de los tsunamis es variable, los últimos grandes tsunamis han tenido ondas con altura superior a los 40 metros y algunos han dejado marcas arriba de los 500 metros.
El apoyo para la promulgación del Día Mundial del Tsunami fue expresado en la declaración de la reunión de líderes en Japón e Islas del Pacifico, en mayo de 2015, en donde se invitó a hacer conciencia sobre los desastres que causan los tsunamis, y la gran cantidad de vidas que ha cobrado. Este fenómeno es un problema común para muchos países, sin embargo han causado grandes desastres como en Chile en 1960, Filipinas en 1976, Papua Nueva Guinea en 1998, Turquía en 1999, Perú en 2001, costas del Océano Índico en 2004, Samoa y Tonga en 2009, y Japón en 2011.
Se reconoce la importancia de la preparación y la difusión de información mediante sistemas de alerta temprana, con conocimiento de las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, protegiendo la vida de las personas y previendo los daños causados por este fenómeno natural.
Este día se debe de hacer conciencia por parte de la población, de conformidad con las prioridades nacionales e internacionales, nos debemos apoyar y realizar las actividades derivadas del cumplimiento de la resolución de la ONU.
En el caso de México, tenemos un total de 60 tsunamis en los últimos 250 años, con olas que van desde 5 metros y hasta10 metros de altura, se han perdido vidas y se han visto afectadas muchas comunidades, por lo que tenemos que nos corresponde hacer conciencia también de este fenómeno natural y prevenir desastres mayores ya que por el cambio climático no estamos exentos de tsunamis tan destructivos como se han presentado en otros países.
Tenemos medidas precautorias en sismos, incendios, contingencias volcánicas, amenazas de bomba, huracanes, lluvias torrenciales, e inundaciones, pero nos hace falta dar a conocer al público el protocolo en caso de tsunamis principalmente para los estados de las costas del Océano Pacífico, por lo que los invito legisladoras y legisladores a que trabajemos en este tema de gran importancia nacional, ya que se trata de la vida de los habitantes de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2019.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
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