Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5223-III, jueves 21 de febrero de 2019

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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a auditar los recursos del Fideicomiso 80724, Río Sonora, entregados y ejercidos por Nacional Financiera y, en caso de irregularidades, fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados, así como llevar a cabo estudios sobre la calidad del agua de dicho afluente, y asegurar y descartar riesgos a la población humana, animal y vegetal de la zona, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a ejecutar acciones para garantizar la conservación del ambiente y el cumplimiento de la normativa aplicable en el desarrollo del proyecto Tren Maya, suscrita por las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y se exhorta a la FGR a realizar una investigación para esclarecer los hechos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a proyectar un programa para prevenir la violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Capufe a eliminar la plaza de cobro 14, en Pánuco, Veracruz, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer pública la información de los programas y las estrategias previstos a fin de combatir la temporada de influenza estacional de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía de Tijuana, BC, a respetar los espacios públicos y abstenerse de impedir la difusión, implantación y ejecución de los programas sociales del gobierno federal, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a redoblar por el Inali y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna las acciones en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a implantar un proceso de armonización de su marco legal a lo dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas a incluir en los planes de estudio temas relativos a la igualdad de género y no violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a tomar medidas para que subsista y se incremente la salvaguardia en los productos de acero, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones tendentes a incrementar en todos los niveles educativos la matrícula para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y la FGR a coordinar estrategias y acciones para salvaguardar la integridad y los derechos de los migrantes mexicanos en Canadá, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar tanto a la SEP y sus homólogas locales como al INEE a suspender de inmediato la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente, en cuanto al proceso de ingreso en éste en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2019-2020, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a condenar por la cancillería las recurrentes expresiones xenófobas del presidente de EUA contra los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva a realizar gestiones para instalar un lactario, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos a establecer el segundo sábado de noviembre como Día Municipal del Libro, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a conducirse con responsabilidad y respeto cuando formule declaraciones atinentes a los órganos constitucionales autónomos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Conapo a dirigir por igual a hombres y mujeres las campañas preventivas del embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a dar seguimiento por la comisión correspondiente a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado mexicano, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a hacer público el alcance, los mecanismos, los criterios y las figuras jurídicas considerados para otorgar la libertad de los “presos políticos”, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, suscrita por los diputados Brenda Espinoza López e Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a informar a la opinión pública sobre las medidas arancelarias impuestas para prevenir el dumping de acero asiático, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a promover mayores niveles de inversión en los estados y los municipios con vocación minera, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a redoblar las acciones por realizar mediante la Profepa a efecto de cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implantación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a publicar por la SE y la SHCP en las páginas electrónicas la evolución de las importaciones de tractocamiones y vehículos pesados y especiales, nuevos o usados, provenientes de EUA, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a ejecutar un plan integral de seguridad y combate de la violencia contra las mujeres desde una visión de políticas públicas con perspectiva de género, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para incrementar el número de plazas otorgadas por las instituciones de salud a fin de realizar una especialidad médica y responder a la demanda actual de especialistas en diferentes áreas profesionales de la salud, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para implantar acciones que fomenten el uso de energías renovables, como los paneles solares, en NL, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y el gobierno de Veracruz a atender la seguridad en el estado, a cargo del diputado Edmundo Martínez Zaleta, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a actualizar cada año las guías de práctica clínica mexicanas conforme a las buenas prácticas internacionales, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a agilizar los pagos de becas a los alumnos en el extranjero y a escala nacional, a fin de que no pongan en riesgo la continuidad de sus estudios, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a establecer un plan de medidas urgentes para resolver la crisis de violencia e inseguridad profundizada en los últimos meses en la capital del país, a cargo de la diputada Cynthia Ileana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a iniciar los trámites para considerar la expedición de un decreto que permita la realización permanente del desfile cívico-militar del 2 de mayo, conmemorativo del rompimiento del sitio de Cuautla de mayo de 1812, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y las empresas productivas del Estado a presentar una estrategia que permita garantizar el abasto de gas natural, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la estrategia de sanidad animal y prevención de perros en situación de calle, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar por la SHCP máxima publicidad a los procedimientos de licitación y adjudicación relacionados con la adquisición de las pipas utilizadas para distribuir combustible en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala; y se exhorta a la FGR a atraer el caso y realizar las investigaciones correspondientes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a auditar los recursos del Fideicomiso 80724, Río Sonora, entregados y ejercidos por Nacional Financiera y, en caso de irregularidades, fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados, así como llevar a cabo estudios sobre la calidad del agua de dicho afluente, y asegurar y descartar riesgos a la población humana, animal y vegetal de la zona, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en uso de sus facultades y atribuciones realicen una auditoría de los recursos entregados y ejercidos a través de Nacional Financiera, SNC IBD, del fideicomiso 80724 denominado “Río Sonora”, así como estudios que logren descartar riesgos para número población de la región del río Sonora.

Consideraciones

Este año se cumplen cinco años del como el peor desastre ecológico de la historia de la minería en México1 , el derrame de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Para los habitantes de la región fue un día de infamia, cuando la inconsciencia y la impunidad se impusieron a la razón y a la justicia. Este hecho acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región, pues no solo provocó trastornos económicos, sino que obligó al cierre de escuelas y pozos y afectó la salud de cientos de personas, de acuerdo con informes de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Para resarcir los daños, el 15 de septiembre de 2014 se creó el Fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y se firmó con Grupo México contrato privado de 2 mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones, “como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación y como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame”2 .

A pesar de que el contrato que dio origen a dicho fideicomiso número 80724 sería financiado con fondos de las empresas privadas, se estableció como fiduciaria a una entidad pública Nacional Financiera, SNC IBD, y la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como integrante del Comité Técnico encargado de establecer los criterios de procedencia del Programa de Remediación con el fin de realizar las inversiones necesarias y los pagos a las personas afectadas por el derrame.

De acuerdo con el informe Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, “según las y los habitantes consultados, la distribución de los apoyos fue irregular y poco equitativa, pues no se realizaron estudios socioeconómicos para determinar cuánto debía recibir cada uno”3 .

Las testimoniales coinciden en que todos los hogares recibieron solo un primer apoyo consistente en “un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua”, pero nunca se atendió la urgente demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico, así como la concreción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, en su modalidad de clínica de atención médica especializada, equipada y bien atendida.

De acuerdo con el informe de la organización mencionada, de septiembre a diciembre de 2014 se ejercieron 805 millones de pesos para ayudar a poco más de 18 mil personas. En cambio, durante 2015 el gasto fue de 230 millones para beneficio de sólo 4 mil habitantes, y hasta julio de 2016 sólo se benefició a nueve personas con 547 mil pesos. Los ganaderos y agricultores fueron los más beneficiados, mientras que en cultivos, salud, jornaleros y pescadores se destinaron cantidades mucho menores.

La información pública del Fideicomiso Río Sonora dejó de actualizarse en 2015 y en julio de 2017 y en febrero de 2017, el Comité Técnico declaró la extinción del fideicomiso “al darse por cumplidos los objetivos del programa de remediación”4 . Dicha acción, además de irregular (pues de acuerdo a los reportes financiero del mencionado fideicomiso, solo se destinó el 60 por ciento de los 2 mil millones que se impusieron a Grupo México como monto para la remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame), también resultó insuficiente, pues no se cumplieron con los objetivos y aún no se tiene certeza de que las condiciones del vital líquido, base de la vida económica y social la región del río Sonora, sean las apropiadas para el consumo humano.

A lo anterior, se agrega que diversas testimoniales de habitantes de la región, pertenecientes a mi distrito, han asegurado públicamente que existen una serie de irregularidades, pues además de que los recursos no fueron suficientes, fueron manejados por las autoridades de los tres niveles de gobierno con opacidad y fines clientelares. Habitantes afectados aseguran no haber recibido apoyo porque alguien más cobró y firmó por ellos el apoyo, incluso testigos que aseguran que hubo ciudadanos que recibieron pagos en más de una ocasión. Además, recientemente se ha documentado que funcionarios de la Semarnat, de actual gobierno del estado y de la propia minera fueron beneficiados con importantes sumas del fideicomiso, en un claro conflicto de intereses5 .

Si bien es cierto, que el fideicomiso fue un instrumento de carácter privado, constituido por entidades y recursos privados y su funcionamiento está resguardado por la confidencialidad y el secreto fiduciario que otorgan las leyes en la materia, el fin social por el cual se constituyó consistente en remediar y reparar daños ambientales de gran impacto social y económico, aunado a que la entidad financiera encargada de administrar los recursos privados y el principal integrante del Comité Técnico son entidades públicas, es razón suficiente para terminar con la opacidad y establecer un mecanismo de rendición de cuentas por parte de las autoridades fiscalizadoras de la federación.

Por lo anterior es necesario que esta Soberanía asuma su función de velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos y procurar el bienestar económico y social de los habitantes de distintas comunidades de los municipios de Úres, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac, Hermosillo, San Felipe de Jesús y Cananea, quienes viven en el riesgo latente de sufrir daños severos en su salud.

Es necesario que las autoridades fiscalizadoras realicen un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada, tal como lo establece la normatividad vigente.

En Morena, luchamos por cambiar el régimen de corrupción e injusticia que ha llevado a México a la decadencia actual y somos partidarios de la defensa de los derechos de los mexicanos a un desarrollo económico sustentable que genere bienestar a las futuras generaciones, tal como lo establece nuestro Programa de Acción.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pública, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, realicen una auditoría de los recursos entregados y ejercidos a través de Nacional Financiera, SNC, IBD del fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora”, y en su caso se finquen las responsabilidades a los funcionarios involucrados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice un estudio la calidad del agua del río Sonora.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en uso de sus atribuciones, realice nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región del río Sonora.

Notas

1 Enciso, Angélica. (24 de agosto de 2014) “Semarnat: desastre ambiental en Sonora, el peor de la minería en el país.” La Jornada. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/

2 Fideicomiso Rio sonora. (2014). Contrato del Fideicomiso número 80724. Recuperado el 18 de diciembre de http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/

3 Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2018). Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público. Recuperado el 15 de diciembre de http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf

4 Fideicomiso Rio Sonora. (02 de febrero de 2017). Acta de la sexta sesión ordinaria del Comité Técnico. Recuperado el 17 de diciembre en http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/

5 Martínez, M. (30 de julio de 2018). Derrame minero en río Sonora generó ganancias millonarias a ex funcionario y primo de Larrea: Poder. Revista Proceso. Recuperado de

www.proceso.com.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a ejecutar acciones para garantizar la conservación del ambiente y el cumplimiento de la normativa aplicable en el desarrollo del proyecto Tren Maya, suscrita por las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón en nombre propio y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En repetidas ocasiones, el titular del Ejecutivo ha insistido en que durante su administración “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Es por ello que sorprenden las condiciones en las cuales el proyecto del Tren Maya está siendo integrado, incumpliendo con diversos requerimientos normativos nacionales, así como de instrumentos internacionales y comprometiendo el cuidado y conservación de una de las áreas naturales de mayor importancia en el país, por su riqueza y diversidad.

Los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por los cuales se prevé que la ruta del tren sea establecida, son hogar para miles de especies vegetales y animales, muchas de las cuales se encuentran clasificadas como especies protegidas o en riesgo de extinción.

En esa área de nuestro país están ubicadas zonas de conservación ambiental de trascendental importancia como lo son las reservas de la biosfera pantanos de Centla, Calakmul y Sian Ka’an, así como de áreas naturales protegidas y humedales de importancia internacional que, en conjunto, constituyen eslabones de una cadena de flora y fauna con un alto de grado de interconectividad entre sus ecosistemas y que son parte integrante del Corredor Biológico Mesoamericano.

El tapir centroamericano es una de las especies que habitan la zona, que está clasificado como especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010, principalmente como consecuencia de la pérdida de su hábitat y de la cacería sin control.

De acuerdo con el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, director del Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano”, se estima que, en los últimos 30 años, la población de esta especie se ha reducido a la mitad, quedando alrededor de cinco mil ejemplares de los cuales mil habitan en nuestro país.

La Sociedad Zoológica de Londres tiene identificadas a través de listados del programa EDGE (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered species), a grupos de especies en riesgo que, por sus singulares características, representan una parte irremplazable de la herencia natural del planeta.

Conforme a dicho listado, el tapir centroamericano está catalogado como el número 28 de 100 en la lista de mamíferos, en la cual además se señalan a las carreteras y vías de tren y las modificaciones al ecosistema entre las principales amenazas a las que se enfrenta esta frágil especie.

Señalamientos en el mismo sentido pueden ser encontrados en el Programa de Acción para la Conservación de la Especie, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2009, en el cual se hace énfasis en que:

Los efectos de la fragmentación y pérdida de los bosques tropicales sobre las poblaciones de tapires... consiste en que la densidad poblacional del tapir disminuye conforme su hábitat sufre un mayor grado de deforestación y fragmentación. Un claro ejemplo de este fenómeno se observa en la Selva Lacandona de Chiapas, donde los tapires son relativamente comunes dentro de las grandes áreas protegidas como la REBIMA y Lacantún. Sin embargo, estos mamíferos prácticamente han desaparecido en localidades a sólo unos pocos kilómetros de estas áreas, donde los bosques y la vegetación nativa ha sido severamente fragmentada.

El venado cola blanca es otra especie que encuentra en esta zona uno de sus hábitats y que podría resultar afectado en este proceso, pues además de enfrentarse a la cacería furtiva, el establecimiento de barreras físicas como lo son las vías de tren, constituye un obstáculo a los flujos naturales de paso y apareamiento de esta y otras especies.

El jaguar, también considerado especie en peligro de extinción de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, es otra de las especies que podrían resultar gravemente afectadas de no tomarse medidas específicas para su protección en el proyecto en cuestión. Este felino encuentra en las reservas de la biósfera Calakmul, en Campeche y Sian Ka’an, en Quintana Roo, dos de sus principales hábitats críticos, por lo que la conservación de las mismas resulta indispensable para evitar que la población de jaguar en nuestro país disminuya aún más.

El pavo ocelado y el pecarí de labios blancos son también especies en peligro de extinción cuyo hábitat se encuentra en la zona del corredor Calakmul-Sian Ka’an, junto con muchas otras especies de aves y mamíferos que ya de por si enfrentan entre sus principales amenazas el aumento del desarrollo turístico y urbano en esa región.

La conservación de los humedales costeros como ecosistema, así como de las especies de mangle que los constituyen, resulta también de enorme importancia ecológica por los servicios ambientales que brindan, pues además de ser zonas de alimentación y refugio para muchas especies, también actúan como sistemas naturales de control de inundaciones, barreras contra huracanes y erosión, filtros biológicos que mejoran la calidad del agua, entre otras.

De acuerdo con datos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, albergan 63.6 por ciento de la superficie de mangar en nuestro país, la mitad de lo cual se encuentra en Campeche. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha señalado que las actividades humanas constituyen la principal amenaza para los manglares.

Al respecto de los señalados riesgos ambientales, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como académicos de instituciones educativas, han manifestado su preocupación y la necesidad de tomar medidas para evitar que estos se materialicen.

El pasado 15 de noviembre un grupo de académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México hicieron pública una carta dirigida al entonces presidente electo, en la cual señalan la necesidad de realizar un “estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico” antes de emprender un proyecto de esta magnitud y naturaleza y nombran para ello a instituciones como Semarnat, Conabio, INAH, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Inígenas y la comunidad científica como los idóneos para llevar a cabo los análisis pertinentes.

Gustavo Alanís, director de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha señalado en diversas ocasiones los diversos requisitos normativos que el proyecto debería cumplir antes de realizar cualquier obra, entre los cuales se encuentran cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, una consulta pública conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizar los respectivos cambios de uso de suelo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como un programa integral de rescate y reubicación de las especies de flora y fauna que puedan resultar afectadas.

María Colín de Greenpeace México y Alejandro Olivera del Centro para la Diversidad Biológica de México también se han pronunciado por la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, ambientales e indígenas, así como de realizar consultas válidas en las que se ofrezca un proyecto ejecutivo y toda la información necesaria, conforme a los requerimientos internacionales.

Por otro lado, Emiliano Monroy Ríos, hidrogeólogo por la Northwestern University ha advertido que el trazo de vías presentado a pasar por el territorio de Quintana Roo, atraviesa justamente los sistemas de cenotes Sac Actun y Ox Bel Ha, que constituyen una red de mil 500 kilómetros de cuevas subterráneas sobre los cuales la construcción de una vía y las vibraciones constantes por el paso del tren, implican riesgos y características técnicas especiales por la posibilidad de que los techos de las cuevas colapsen bajo la infraestructura.

Aunado a lo anterior, existen también precedentes jurídicos a tomar en consideración como lo es la reciente resolución de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente por la que se determinó imponer medidas compensatorias y multas a la empresa que realizó el desmonte en el predio destinado para la construcción de la refinería Dos Bocas, por haber incumplido con los requisitos que la normatividad ambiental requería para ello, lo cual genera preocupación por la posibilidad de que estas circunstancias de incumplimiento se repliquen en el proyecto del Tren Maya, con consecuencias mucho más graves.

Resulta relevante el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos Relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, publicado en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se señalan como principales derechos humanos en riesgo en la realización de proyectos de esta naturaleza, el derecho al debido proceso, derecho a la información, derecho a la participación y la consulta, derechos a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la criminalización, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a una vivienda adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la salud, derechos culturales y derecho a un medio ambiente sano.

Es por lo que, ante la posibilidad de una nueva consulta, consideramos indispensable que se ofrezcan todos los elementos necesarios para no caer en un nuevo supuesto de invalidez del ejercicio por incumplir con los requisitos mínimos indispensables de una consulta previa, libre e informada, conforme lo requiere el Acuerdo 169 de la OIT.

Entre dichos elementos están un proyecto ejecutivo, la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto en su conjunto, informes traducidos en lenguas indígenas, audiencias públicas con la participación de expertos y académicos en cada área y un programa integral de manejo de las consecuencias ambientales.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

(de urgente u obvia resolución)

Primero. Se exhorta a Fonatur a presentar para conocimiento público el Proyecto Ejecutivo completo del Tren Maya.

Segundo. Se exhorta a Fonatur a realizar la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto del Tren Maya, conforme a la normatividad vigente.

Tercero. Se exhorta a Fonatur a llevar a cabo audiencias públicas con ambientalistas, académicos, biólogos, geólogos, organizaciones de la sociedad civil y demás expertos relacionados para tener una perspectiva amplia de todas las posibles consecuencias que pueda acarrear el proyecto del Tren Maya.

Cuarto. Se exhorta a Fonatur, Semarnat y Conabio a construir un programa integral de manejo ambiental, que contemple acciones para mitigar todas las posibles consecuencias a la flora, fauna y territorio que puedan resultar afectados por la construcción y funcionamiento del Tren Maya.

Quinto. Se exhorta a la Oficina de la Presidencia a proporcionar todos los elementos de validez necesarios en la realización de una consulta libre, previa e informada en relación al proyecto del Tren Maya, incluyendo informes traducidos a las lenguas de los habitantes originarios de las comunidades afectadas, antes de realizar una nueva consulta pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de febrero de 2019.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y se exhorta a la FGR a realizar una investigación para esclarecer los hechos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 10 de febrero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Proyecto Integral Morelos (PIM), en el que pretenden la construcción de dos plantas termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, a lo que miles de habitantes del estado se manifestaron en desacuerdo y anunciaron una defensa para evitar que se construya la termoeléctrica de Huexca, ya que consideran es un peligro para el ambiente del lugar donde viven.

El presidente anunció que se realizará una consulta popular los días 23 y 24 de febrero del año en curso, para determinar el futuro del proyecto y también comentó que, de acuerdo con información con que cuentan ellos, el proyecto no tiene mayor problema, declaración que hizo que arreciaran las quejas contra el mencionado proyecto, en especial el que ya se encuentra en construcción en el municipio de Huexca.

Sin embargo, el 20 de febrero del presente año por la mañana fue asesinado Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores del Proyecto Integral Morelos, perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua y el Aire del estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con información que se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, Samir se encontraba en su casa en el poblado de Amicilgo, municipio de Temoac, al oriente del estado de Morelos, cuando aproximadamente a las seis de la mañana llamaron a la puerta de su casa, él atendió y recibió cuatro balazos.

Samir iría esa mañana a participar en un programa de radio comunitaria en Amicilgo, para continuar con su labor de resistencia ante esta situación de la construcción de la termoeléctrica, pero ya no llegó.

De acuerdo con Jaime Domínguez, también perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el asesinato de su compañero está directamente ligado a su abierta oposición a la construcción de la termoeléctrica, a lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador que: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente de Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”, destacó el mandatario mexicano.

Sin embargo, los habitantes de la zona tienen claro que el crimen está relacionado con la actividad de Samir Flores, que a través de una radio comunitaria informaba a los pobladores de la zona sobre los riesgos de la construcción de la termoeléctrica.

Es necesario que tanto el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como el presidente de la República, coordinen esfuerzos para esclarecer este crimen que mancha lo anunciado por el gobierno federal y nos refiere al pasado priista en donde se hacía lo que el Estado determinara con total impunidad y sin importar las consecuencias que la decisión llevase.

Es claro que el pueblo de Morelos que está en contra de continuar con lo que ellos consideran un crimen contra la naturaleza de sus tierras, no va a ceder en su lucha contra el proyecto anunciado por Andrés Manuel López Obrador, se necesita otorgar garantías para que aquellos que disienten con esta iniciativa estén seguros de que no les pasará lo mismo que a su compañero Samir Flores Soberanes.

Urge que el Estado mexicano dé respuestas ante estos acontecimientos, para nosotros está claro que se ha fallado en varias decisiones, estamos claros que se ha estado gobernando con mucha improvisación y en ese sentido está en riesgo la estabilidad del país, por lo que desde este espacio que nos confirió el pueblo, hacemos un llamado a que el gobierno federal no solo tome cartas en el asunto, sino que reconsidere la aplicación del Proyecto Integral Morelos ya que está desestabilizando a los habitantes de la zona.

Apoyamos y nos sentimos identificados con la lucha que encabeza el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua y el Aire del estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y exigimos una pronta resolución para que este crimen no quede impune, al mismo tiempo que pedimos al presidente reconsidere su propuesta y analice, poniendo en el centro del debate a los habitantes de la zona, otras salidas para producir energía pero que no afecte de manera tan directa al pueblo.

Es momento que el Ejecutivo federal cumpla con su palabra y ponga por encima del interés de su proyecto el interés del pueblo, al que ha dicho tantas veces, “se debe totalmente”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y exhorta a la Fiscalía General de Justicia a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Dado en la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón. (Rúbrica)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a proyectar un programa para prevenir la violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, se han llevado a cabo distintos casos relacionados a la violencia de género contra la mujer, asimismo también la inseguridad, todo ello fue consecuencia de las anteriores administraciones, que dejaron en un estado deplorable y en condiciones donde se destacan la gran crisis de inseguridad y el enorme aumento de feminicidios en el país.

En distintos estados de la República aumentaron los feminicidios de una forma alarmante, todo ello por la falta de visión para el combate a la delincuencia en las administraciones pasadas, tan solo del 1 a 7 de enero del año en curso, ocurrieron 28 feminicidios en todo el país, los estados que registraron cifras altas son estado de México, Baja California, Nuevo León y Colima.

Por lo anteriormente expuesto, es importante comenzar a trabajar para disminuir las cifras de feminicidios en todo el país, hay que preservar la tranquilidad y la paz en la sociedad en donde toda mujer pueda caminar y salir libremente a las calles, sin miedo a sufrir un atentado a su integración física.

Las recientes estadísticas publicadas por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) contemplan una alarmante alza en feminicidios en el país, asimismo ha aumentado la violencia en los homicidios contra la mujer, los agresores han implementado metodologías que conllevan un mayor sufrimiento y sometimiento antes de cometer el acto ilícito.

Haciendo un comparativo del año 2014 a la actualidad, se nota que el incremento es alarmante, y que desafortunadamente en las administraciones pasadas no se hizo nada para combatir dicha crisis. De acuerdo con las estadísticas del Inegi, solo en el año 2016 ocurrieron dos mil ochocientos trece feminicidios en todo el país. Oaxaca en el año 2014 alcanzo su cifra más alta, llegando a 6.5 defunciones de mujeres por cada 100 mil. Si bien es cierto, en el año 2015 tuvo un índice bajo, en 2016 tuvo un aumento de 5.1 por cada 100 mil.

A nivel nacional en 2017, las defunciones de mujeres representan el 10.6 por ciento del total de los homicidios registrados, es decir de cada 10 homicidios, en promedio corresponden a hombres y 1 a mujeres. Sin embargo, en Coahuila, estado de México, Hidalgo, Querétaro y Yucatán el porcentaje es superior al 15 por ciento.

En algunas entidades, la brecha se acentúa hasta el 0 por ciento (en los tres estados en los que se ha referido que durante 2017 no se tipificó un solo feminicidio). En esta misma lógica se encuentran Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua, Colima, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo y Guerrero, que en comparación con las defunciones de mujeres por homicidio únicamente registraron el 10 por ciento como feminicidio.

Lamentablemente las malas noticias respecto la violencia feminicida en México no dejan de manifestarse. No obstante, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en doce estados de la República Mexicana, las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia.

En general la violencia hacia la mujer en México incrementa, incluso en los doce estados con declaratoria de AVGM. Solo cinco de ellos mostraron una disminución en el número de defunciones de mujeres por homicidio de 2016 a 2017 :

• Chiapas pasó de 80 casos en 2016 a 67 casos en 2017, lo que representa una reducción del 19 por ciento;

• Guerrero mostró un descenso de 248 casos en 2016 a 213 casos en 2017, disminuyendo un 16 por ciento;

• Morelos redujo el registro de muerte de mujeres por homicidio de 87 en 2016 a 69 en 2017, es decir, 26 por ciento;

• Nuevo León disminuyó de 82 en 2016 a 62 en 2017, lo que equivale a una reducción del 32 por ciento;

• Sinaloa mostró un descenso de 85 casos en 2016 a 83 en 2017, reduciendo los casos de feminicidios apenas un 2 por ciento.

El tema de violencia de género contra las mujeres requiere de intervención inmediata y de un programa para prevenir la violencia de género, dado los alcances que ha tenido durante los últimos años durante los gobiernos pasados.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que proyecte un programa tendente a la prevención de la violencia de género contra las mujeres, su posible implementación en todo el territorio nacional, particularmente en las regiones con altos índices de esta violencia, considerando los niveles insostenibles de violencia contra las mujeres que actualmente prevalecen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Capufe a eliminar la plaza de cobro 14, en Pánuco, Veracruz, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ricardo García Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, la libertad de tránsito es un derecho que está garantizado por nuestra Carta Magna, contemplado en el artículo 11, que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”

Sin embargo, por décadas los usuarios de las carreteras de cuota del país han sufrido abusos por parte del gobierno federal y de las empresas privadas concesionarios al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje.

El estado de Veracruz es una de las entidades que cuenta con mayores y diversos recursos naturales, climáticos, culturales y económicos por lo que significa una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

Los habitantes del municipio de Pánuco se ven afectados por el costo de peaje derivado de la caseta de cobro número 14, Puente Pánuco, caseta que se encuentra en operación por más de 30 años y que no ha beneficiado a los pobladores de dichas comunidades.

La productividad de miles de hectáreas ubicadas en la zona rural del municipio de Pánuco en dirección hacia el sur, tienen un gravamen el cual, constituye en un factor de división del municipio más grande del estado de Veracruz.

Organizaciones sociales, asociaciones civiles, productores y familias de las comunidades y municipios vecinos a Pánuco han mantenido desde hace tiempo su postura de eliminarla, ya que prefieren no acudir a la cabecera municipal en vehículo propio, ya que implica tener que pagar el peaje para entrar a su municipio, y los artículos o productos que pudieran comercializarse de ésta zona adquieren un costo extra por la misma causa.

Cabe señalar que dichos habitantes de los municipios aledaños se dedican principalmente al comercio y la agricultura, y el pago de dicha caseta impide el progreso y desarrollo de la región.

Las políticas del Estado sirven para acelerar, condensar y expandir el movimiento de las mercancías al interior de su territorio, con la finalidad de obtener mayor fuerza de trabajo y capital. Para acelerar éste proceso, es necesario crear las condiciones en las que el movimiento de mercancías, fuerza de trabajo y los capitales se desenvuelvan libremente.

Como ya se mencionó como anterioridad, en nuestra Constitución se contempla la necesidad de crear, mantener y administrar las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que teniendo una Constitución en la que se deposita el principio de soberanía, no se cumpla a la letra este mismo principio básico, por el uso de una infraestructura carretera, restringiendo el libre tránsito de habitantes y turistas dentro de la demarcación del municipio de Pánuco, en la cual se extiende explícita la facultad de recorrer el territorio nacional sin necesidad de permiso u otro documento específico, cuestionándose la constitucionalidad del cobro de peaje por el uso o traslado por las carreteras nacionales.

Las garantías individuales consagradas en nuestra constitución que implican el resguardo de las libertades no solamente se refieren a la obligación de salvaguardar el ejercicio de las mismas, sino la obligación de proveer los elementos necesarios que hagan posible su ejercicio. De tal suerte, la libertad de tránsito obligaría al Estado mexicano no solamente a proteger el libre desplazamiento de los individuos, sino las vías para hacerlo.

En este contexto, se considera que el derecho de libre tránsito se encuentra garantizado ante la existencia de carreteras federales exentas del cobro de peaje. No obstante, en caso de que no existan rutas alternas para el traslado de bienes y personas, el ejercicio de este derecho se hace nugatorio por lo que puede alegarse la violación de esta garantía.

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que regula la construcción, mantenimiento y operación de las carreteras federales, así como el otorgamiento de concesiones para su explotación, señala en su artículo 30:

“Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el gobierno federal. en este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje.

....”

De tal suerte, se considera que con fundamento en este dispositivo, la SCT y Capufe se encuentran compelidas para operar un mecanismo de exención o subvención del pago para los habitantes de las poblaciones aledañas a las carreteras de peaje, cuando no existan vías libres alternas, como en el caso de plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco.

Este ha sido un reclamo reiterado de los ciudadanos de la zona de Pánuco, que se lleve a cabo un reordenamiento en la administración de esa vía, que permita llevar a cabo una eficiente administración de la misma, un adecuado programa de conservación y modernización, así como la eliminación de ducha caseta de peaje.

El eliminar la caseta será fundamental, porque tendrá un efecto directo sobre el ingreso de los habitantes, mejorará las condiciones y volumen de los flujos comerciales, de pasajeros de estudiantes y de profesionistas que todos los días transitan por esa vía, además garantizará la seguridad para quienes viajan por esta región y denotará el desarrollo del estado de Veracruz.

Como representantes sociales debemos atender las demandas y reclamaciones de los ciudadanos.

Estoy seguro de que la atención a esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los veracruzanos, al tener un efecto directo sobre su ingreso disponible.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2019.

Diputado: Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer pública la información de los programas y las estrategias previstos a fin de combatir la temporada de influenza estacional de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por al menos tres tipos base de virus de influenza: A, B y C, que pertenecen a la familia Orthomixoviridae .

Los diferentes subtipos de virus de influenza se han generado por cambios en los antígenos proteicos de superficie, las proteínas hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). Los virus tipo A se clasifican en subtipos, en función de las diferentes combinaciones de las proteínas HA y NA. Entre los muchos subtipos de virus gripales A, en la actualidad están circulando con mayor incidencia en los humanos, virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). Los casos de influenza C son mucho menos frecuentes que los de influenza A o B, y es por ello que en las vacunas contra la gripe estacional, básicamente incluyen virus de los tipos A y B.1

El virus de la influenza generalmente entra al cuerpo por la nariz o la garganta, luego de lo cual la persona desarrollará síntomas entre uno y cuatro días después. El virus puede viajar hasta un metro de distancia a través de las gotas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, las cuales, al ser inhaladas, depositan un inóculo infeccioso en el epitelio de las vías respiratorias, o bien por contacto con manos o superficies contaminadas. En ciertas condiciones el virus sobrevive entre 48 y 72 horas. Es por ello, que el virus puede propagarse con relativa facilidad, lo cual no significa que ataque de forma grave a alguien, ello depende también de los sistemas inmunológicos prevalecientes y de su pronta atención, pero sí, en determinadas circunstancias puede extenderse con rapidez en escuelas, residencias comunitarias como asilos, internados, lugares de trabajo y ciudades.2

De esta manera el virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Los virus de la influenza circulan por todo el mundo, pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad y causan brotes estacionales que suelen repetirse anualmente, durante el otoño y el invierno en las regiones templadas.

En el hemisferio norte, el inicio y la duración de la temporada de influenza pueden variar año con año y aunque regularmente alcanza su pico máximo en los meses de enero y febrero, puede iniciarse desde finales de septiembre o principios de octubre y extenderse incluso hasta mayo.3

En México se presenta comúnmente en los meses de otoño e invierno, pero ya se han dado casos de incidencia mayor en otros meses, como fue el caso de 2009 con el predominio y alerta de del subtipo viral A (H1N1). Fue a partir de ese año que en el marco del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (Sisveflu), se ha contado con una plataforma informática que permite la concentración de la información de todo el país en tiempo real. 4

De acuerdo con la información registrada en el Sisveflu, se ha identificado que las temporadas de influenza registradas desde 2010 hasta 2017, tuvieron en lo general un comportamiento bianual. Es decir, en las temporadas 2010-2011, 2012- 2013, 2014-2015, y 2016-2017, el subtipo viral predominante en el territorio nacional fue A (H3N2); en tanto que, en las temporadas 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016, fue A (H1N1).5

Sin embargo, la temporada 2017-2018 volvió a contar con una mayor tendencia del predominio de subtipo viral A (H3N2), por lo que se había esperado que para la temporada 2018-2019, el subtipo viral predominante en el territorio nacional fuera A (H1N1).6

Hay que destacar que se ha observado que en las temporadas de influenza con predominio del subtipo viral A (H1N1) hay un mayor registro de casos confirmados de influenza y se presentan incrementos en el número de defunciones, respecto de las temporadas en las que existe un predominio del subtipo viral A (H3N2). 7

La tasa de ataque anual de la influenza en todo el mundo es del 5 al 10 por ciento en los adultos y del 20 al 30 por ciento en los niños. La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo: niños, ancianos y enfermos crónicos. Estos brotes anuales causan en todo el mundo unos tres a cinco millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes.8

En nuestro país se ha identificado que los grupos poblacionales con mayor riesgo de presentar manifestaciones graves de esta enfermedad son los niños menores de un año, las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los adultos jóvenes con morbilidad como diabetes, obesidad, cardiopatías, cáncer, asma o insuficiencia renal.

Ahora bien, según los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, un brote de influenza en México ha provocado que se dupliquen los casos en la temporada del invierno (boreal) en el país y que se cuadruplique la cifra de muertes .9

Hasta hace una semana, se contabilizaban mil 938 casos de influenza y 143 defunciones, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En lo que va de la temporada de influenza estacional 2018-2019, el mayor número de muertes corresponden a pacientes con el virus A (H1N1) con 126 casos. Las defunciones se debieron a que el 48 por ciento retrasó el inicio del tratamiento antiviral y otros optaron por automedicarse y hacer mal uso de antibióticos, lo que provocó que debieran ser hospitalizados. Uno de cada tres pacientes fallecidos sufrían diabetes y obesidad y uno de cada cuatro, hipertensión arterial.10

Algunos medios han reportado que se atribuye a la saturación de hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) a una mala distribución de la demanda de atención que ya se está atendiendo.11

Los fallecimientos se concentran en cinco estados: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Sonora, pero ya se han incrementado casos en San Luis Potosí, Guanajuato y la Ciudad de México.12

La salud de las y los mexicanos es demasiado importante para no hacer caso a cualquier indicador negativo y lo es más, de aquellos mexicanos que pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños menores de un año, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y todos aquellas personas con enfermedades crónicas como: diabetes, obesidad, cardiopatías, cáncer, asma o insuficiencia renal, por mencionar las más frecuentes.

Y también es muy importante que el gobierno de la república, y las autoridades sanitarias del país, puedan articular respuestas efectivas y sustentables para la población.

Por ello, es importante que el Sistema Nacional de Salud cuente con las estrategias, los programas, los medicamentos y la capacidad para atender a la población en nuestro país, respecto la temporada de influencia y al mismo tiempo continúe con sus informes semanales y permanentes con el propósito de que la población, tome en cuenta medidas necesarias; primero, para prevenir la enfermedad y su expansión y segundo, para que sepan y puedan acudir a todos los centros de salud, a tratarse de los padecimientos virales, cuando se requiera.

De igual forma, para las políticas de salubridad social es muy importante evitar información falsa, rumores, pánico y desinformación, así como el mal uso de medicamentos y su posible desabasto.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que haga pública la información de los programas y estrategias que tiene contemplados para combatir la temporada de influenza estacional 2019, respecto del incremento de casos reportados, y particularmente detallar si el Sistema Nacional de Salud cuenta con el abasto suficiente de medicamentos para combatir los diferentes virus de influenza que afecten a la población, durante la presente temporada 2019.

Fuentes Consultadas

1 Virología médica. Infecciones virales del aparato respiratorio. Estructura y clasificación de virus. www.camilachan.free.fr/medicina/descargas/Virolog%EDa%20M%.

2 Influenza. Signos y síntomas de la influenza. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. www.paho.org/arg/images/Gallery/gripe/ transmision_influenza.pdf?ua=1.

3 Gaceta Médica de México Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2017, análisis y prospectiva Cuitláhuac Ruiz-Matus*, Pablo Kuri-Morales y José Narro-Robles

Secretaría de Salud, Facultad de Medicina, UNAM,

www.anmm.org.mx/GMM/2017/n2/GMM_153_2017.

4 Ídem.

5 Ídem

6 Ídem

7 Reporte técnico de la Consulta con la Secretaría de Salud de México sobre los Elementos clave para la sostenibilidad para la producción de vacuna contra influenza en el país en el marco del Plan Mundial de Preparación ante una Pandemia,

www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=do wnload&alias=1126.

8 Virología médica. Infecciones virales del aparato respiratorio. Estructura y clasificación de virus. www.camilachan.free.fr/medicina/descargas/Virolog%EDa%20M%

9 Información relevante de influenza Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE). Informe semanal de la temporada de influenza estacional 2018-2019/Semana 52, www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413028/INFLUENZA_2018_SE52.pdf

10 Idem.

11 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2019/01/11/
se-dispara-la-influenza-en-mexico_b59c0372-9077-4e0a-8a46-192f3057efa4.html

12 www.elindependientedehidalgo.com.mx/triplica-temporada-invernal-casos-d e-influenza

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía de Tijuana, BC, a respetar los espacios públicos y abstenerse de impedir la difusión, implantación y ejecución de los programas sociales del gobierno federal, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

Los suscritos, diputados Martha Patricia Ramírez Lucero, Socorro Irma Andazola Gómez, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Jesús Salvador Minor Mora, Mario Ismael Moreno Gil, Armando Reyes Ledesma y Érik Isaac Morales Elvira , integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y los suscritos diputados Héctor René Cruz Aparicio y Javier Julián Castañeda Pomposo, integrantes del Grupo Parlamentario Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la atención de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 15 de febrero del año en curso, hemos sido enterados a través de diversos medios de comunicación que, de manera sorpresiva, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, salió de sus oficinas en palacio municipal e intento desalojar del parque Benito Juárez (que se encuentra fuera del edificio municipal), a los representantes del gobierno federal; quienes estaban levantando los censos del bienestar, ordenados por el Ejecutivo de la nación.

El munícipe se hizo acompañar de policías que se encargan de la vigilancia en el lugar, los cuales exigieron a los representantes federales la exhibición de los permisos correspondientes para mantenerse en ese sitio, no obstante la presencia de más de un centenar de interesados que hacían fila para su registro. Aunado a ello, mandó instalar en ese espacio; frente a donde se encontraban los representantes del gobierno federal, dos carpas gigantescas con las que tapan los servicios de apoyos ofrecidos a los mexicanos.

En estas carpas, el alcalde; quien busca su reelección en la próxima elección del 2 de junio del año en curso, instaló a personal municipal para promover los programas sociales de su gobierno; como si la conducción de la administración pública se tratara de una competencia, no obstante ello, es el único alcalde del estado de Baja California que no ha permitido que los módulos del gobierno federal se instalen dentro de palacio municipal, siendo un edificio público al cual tienen derecho al libre acceso todos los tijuanenses.

Es el caso que los módulos del gobierno federal, atendidos por los servidores de la nación; cuentan con una gran afluencia de ciudadanos que acuden de manera continua para poder registrarse y acceder a los programas federales de beneficios que ofrece la Secretaría de Bienestar, como son a personas mayores, becas a estudiantes y apoyos a personas con discapacidad entre otros.

Con esta conducta, el presidente municipal de Tijuana, como el órgano ejecutivo del ayuntamiento, contraviene lo estipulado por el Reglamento de la Administración Pública Municipal en su artículo 16, fracción II; que señala que como parte de sus atribuciones es la de conducir la administración pública y en ejercicio de esta atribución, entre otras; se encuentra el fomento de las actividades y programas en beneficio de la comunidad , a lo que él no alcanza a separar su afinidad política de sus funciones constitucionales; aunado a que no ha hecho nada en favor de los tijuanenses en lo que va de su gestión, por lo que; en consecuencia, se le pide deje hacer a quien verdaderamente tiene un compromiso con los más vulnerables.

De igual forma, es indignante su comportamiento y actitud cien por ciento partidista; toda vez que lo que debería ser preponderante para él es la situación de la inseguridad en la ciudad que está rebasada, la cifra de homicidios en 2018 en el municipio impuso récord en relación al 2017, superando la cantidad registrada por más de mil 815 muertes violentas; existe un problema grave de falta de alumbrado público en la ciudad, rehabilitación de vías públicas; entre otros muchos problemas sociales que viven los tijuanenses día con día. Sin embargo; sin importarle todo ello al Ejecutivo municipal, se da el lujo de interrumpir su agenda del día; para tomarse el tiempo de llevar a cabo actos de molestia en contra de las personas que están sirviendo a la nación realizando los censos del bienestar en la ciudad. Cabe mencionar que es de todos sabido el rechazo con el que cuenta su gobierno por parte de los ciudadanos.

No obstante ello, de igual forma puede atribuirse su comportamiento a impedir la difusión, implementación y ejecución de los programas federales que ofrece la Secretaría de Bienestar del gobierno de México, a que le entorpezca su mínima posibilidad de ser reelegido por la ciudadanía; ya que se encuentra registrado como candidato único por el Partido Acción Nacional para la reelección a presidente municipal; por lo que deja entre ver con ello los motivos de su comportamiento y por demás obvio la razón de su actitud prepotente en contra de las personas que difunden los programas del gobierno federal y los acercan a la ciudadanía.

Asimismo, hacemos de su conocimiento a esta soberanía que no es el primer hecho del alcalde de Tijuana; en el que demuestra actos arbitrarios; hay antecedentes de sus intolerancias cuando al principio de su administración ordenó bloquear el acceso a palacio a raíz de una manifestación por un gran número de tijuanenses que reclamaban que no tenían servicios públicos, gracias a su incapacidad de conducir la buena administración pública; por lo que ordenó colocar unas rejas de metal impidiendo la entrada al edificio público, las cuales tuvieron un gran costo pagadas con recursos del erario, como si fueran las instalaciones de un edificio propiedad de su negocio.

En razón de todo lo anterior, y en nuestros carácter de diputados federales por Baja California en esta honorable Cámara de Diputados, atendiendo a nuestra obligación de velar por los intereses de los ciudadanos de nuestra localidad, es motivo por el cual, tenemos a bien presentar el presente punto de acuerdo; ya que no se pueden permitir este tipo de actos de autoridad que vulneran los derechos de los ciudadanos, a todas luces cien por ciento partidistas, y que su motivo sea el impedir la difusión, implementación y ejecución de los programas federales del gobierno de México en beneficio de los residentes de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta al alcalde de Tijuana, Baja California, a respetar los espacios públicos y abstenerse de impedir la difusión, implementación y ejecución de los programas sociales del gobierno federal impulsados por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputados: Martha Patricia Ramírez Lucero, Socorro Irma Andazola Gómez, Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica), Héctor René Cruz Aparicio, Érik Isaac Morales Elvira, Jesús Salvador Minor Mora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Mario Ismael Moreno Gil y Armando Reyes Ledesma.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura a redoblar por el Inali y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna las acciones en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de febrero se conmemora una edición más del Día Internacional de la Lengua Materna, fecha que fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999 (30C/62) y ratificado por la Asamblea General por medio de su resolución A/RES/56/262 de 2002, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.1

Cabe destacar que la propuesta surgió en medio de un contexto en el que diversidad lingüística se encontraba ante mayores riesgos de amenaza, cuyos efectos serían diversos y de alto impacto dentro de la comunidad internacional.

Lo anterior, toda vez que tal y como lo refiere la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el idioma es esencial para todos los tipos de comunicación.2 Dicha afirmación no es exagerada ni mucho menos, basta señalar que este proceso hace asequible el intercambio de información, ideas y conocimientos, lo que a su vez se traduce en mayores posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Como lo indica la propia ONU, el uso o desuso de determinadas lenguas, se traduce en abrir o cerrar puertas para amplios sectores de distintas zonas del mundo.

En el caso de México, el día adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que según información vertida en diversos medios de comunicación, actualmente el 60 por ciento de las lenguas indígenas que se hablan en México se encuentran en peligro de extinción, recordando que en todo el territorio nacional se hablan al menos 68.3

Si bien es cierto que el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura ya ha anunciado actividades encaminadas a los fines del presente exhorto, también lo es que es vital seguir sumando esfuerzos en la materia. Reconocemos acciones como la campaña a nivel nacional por la Secretaría de Cultura, titulada “No hay lengua sin pueblos”, acompañada con los hashtags en redes sociales #NoHayLenguaSinPueblos y #NiUnHablanteMenos,4 pero estimamos fundamental coadyuvar a que el día vaya más allá de la fecha y se mantenga como una práctica cotidiana dentro de la sociedad mexicana.

Para ponderar la pertinencia de la proposición con punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, cabe mencionar que de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México más de 25 millones de personas se reconocen como indígenas. No obstante, apenas 7.4 millones (6.5 por ciento de la población total), hablan alguna lengua indígena.

Igual de importante es precisar que según cifras de la Secretaría de Cultura, las lenguas que más se hablan en México son el náhuatl (1 millón 725 mil hablantes), maya (más de 859 mil), tseltal (556 mil), mixteco (517 mil), tsotsil (487 mil), zapoteco (479 mil) y otomí (307 mil).5

En el marco de esta fecha, los integrantes del Grupo Parlamentario del Trabajo, estimamos que resulta de la máxima importancia que el Estado mexicano garantice una educación integral que brinde los elementos necesarios para que las niñas, niños adolescentes de nuestro país puedan desarrollarse plenamente. Asimismo, nos pronunciamos a favor de la preservación, protección y difusión de la cultura, vista desde todas sus aristas y expresiones.

En relación con esta última cuestión y en concordancia al día que nos convoca, es oportuno referir que las lenguas indígenas de nuestro país tienen gran relevancia al ser un medio de identidad, pero también de cultura -son un orgullo y distintivo en el mundo-. En ellas se encuentra plasmada parte importante de la historia nacional y por eso tenemos la responsabilidad de protegerlas, preservarlas y difundirlas.

En otras palabras, las lenguas indígenas de nuestro país son fiel reflejo de la diversidad que tenemos y son un patrimonio intangible invaluable que debe mantenerse vivo en las expresiones cotidianas, pero también en obras escritas que puedan ser consultadas, estudiadas y replicadas por toda la población.

El presente asunto busca contribuir a preservar parte esencial de la cultura e identidad que nos distingue ante el mundo. Asimismo, se suma a las celebraciones con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura para que, por medio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, elabore o, en su caso, redoble esfuerzos en las acciones en materia de fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y al de las 32 entidades federativas para que, en ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, diseñen e instrumenten políticas públicas dirigidas a promover, salvaguardar y desarrollar las lenguas originarias de nuestro país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe las acciones en materia de preservación, difusión y desarrollo de las lenguas originarias de nuestro país, a fin de que subsistan dentro del territorio nacional.

Notas

1 Asamblea General de la ONU. Resolución 256/262. Multilingüismo. (2002). Recuperado de
https://undocs.org/es/A/RES/56/262

2 ONU. Día Internacional de la Lengua Materna. Recuperado de http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/background.shtml

3 Notimex. (18 de febrero de 2019). 60% de las lenguas indígenas está en peligro de extinción . Milenio. Recuperado de

https://www.milenio.com/cultura/mayoria-lenguas-indigena s-mexico-riesgo-desaparecer

4 Secretaría de Cultura. (19/02/19). DGCPIU prepara grandes festejos por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Recuperado de https://www.gob.mx/cultura/prensa/dgcpiu-prepara-grandes-festejos-por-e l-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas?idiom=es

5 Secretaría de Cultura. (18/02/19). México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo . Recuperado de
https://www.gob.mx/cultura/prensa/mexico-es-uno-de-los-paises-con-mayor-diversidad-linguistica-en-el-mundo?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a implantar un proceso de armonización de su marco legal a lo dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadana de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente, con estricto respeto a su soberanía, a los congresos locales de las entidades federativas que aún no cuentan con una ley estatal en la materia a implementar un proceso de armonización de su marco legal a las disposiciones contenidas en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de junio de 2009 será recordado como un día luto nacional. En esa fecha, un incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tuvo como doloroso saldo el fallecimiento de 49 niñas y niños, así como de 75 lesionados1 . Dicha tragedia expuso a la luz pública toda una serie de señalamientos respecto a la carencia de mecanismos claros para garantizar condiciones óptimas de seguridad en centros de atención infantil a lo largo del país. A raíz de ello, y motivada por una amplia lucha ciudadana, fue materializada en octubre de 2011 la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La también nombrada Ley 5 de Junio establece, a lo largo de sus 75 artículos adjuntos en 15 capítulos, las medidas mínimas para garantizar a niñas y niños condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas en guarderías, estancias y cualquier otro centro de atención infantil, mismos que estarán sometidos a un esquema de concurrencia de responsabilidades de distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno respecto a su autorización, supervisión, asesoría y, en su caso, sanción.

Cabe señalar, que esta ley federal establece, en su artículo quinto transitorio, la obligación de las entidades federativas para expedir sus respectivas leyes en la materia a más tardar un año desde su entrada en vigor, un plazo que se cumplió el pasado 25 de octubre de 2012. A la fecha, sólo 25 estados disponen de una ley local acorde a la legislación federal, uno cuenta con una disposición en la materia pero que no ha sido armonizado y seis no tienen alguna regulación al respecto que vigilen el correcto funcionamiento de centros de servicio infantil que operan en sus demarcaciones territoriales.

Fuente: Elaboración propia con datos del portal de transparencia de los congresos locales.

En México, existen más de 10 mil 800 estancias infantiles2 operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o inscritas al esquema de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, por lo que habría al menos mil 800 centros de atención infantil que operan sin lineamientos estatales que permitan verificar su adecuado funcionamiento, lo que resulta un agravio a las disposiciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. A casi diez años de la tragedia de la Guardería ABC, resulta de urgente necesidad que las entidades federativas, a través de sus Congresos locales, armonicen su andamiaje jurídico con la Ley General para que cuenten con los mecanismos necesarios para proteger el bienestar de niñas y niños inscritos en estancias infantiles.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, con estricto respeto a su soberanía, a los congresos locales de las entidades federativas que aún no cuentan con una ley estatal en la materia a implementar un proceso de armonización de su marco legal a las disposiciones contenidas en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145079&fecha=03/06/2010

2 Guarderías/estancias infantiles en México, información estadística. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas a incluir en los planes de estudio temas relativos a la igualdad de género y no violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez , del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, fracción IV; 79, fracciones II y III, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Diariamente corroboramos la persistencia de la condición de vulnerabilidad de las mujeres en todos los ámbitos sociales.

Deconstruir una arraigada cultura que ha normalizado tal visión ha significado avanzar ya en aspectos legislativos orientados a propiciar situaciones de igualdad o a prevenir y castigar la violencia en todas sus formas

El avance en ese orden tampoco se ha traducido en una eficaz y eficiente acción del Estado para responder a los desafíos que encarna el ser parte de sendos instrumentos internacionales que tiene por objetivo velar por los derechos de las mujeres y el haberse concebido normativas en la materia.

Un doloroso ejemplo de ello lo constituye sin duda el que se haya tipificado el feminicidio en el Código Federal Penal y que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se haya dispuesto la creación de la alerta de género, cuando en los hechos los asesinatos de mujeres se agudizaron en los últimos lustros sin que la autoridad asuma cabalmente su responsabilidad.

Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente informe:1

“Este delito presenta un crecimiento constante desde 2015. De acuerdo con los datos oficiales actualizados, de enero a noviembre de 2018 se registraron 760 víctimas de feminicidio en el país (sin tomar en cuenta los casos que no fueron denunciados o contabilizados como tal y los que a la fecha se desconocen debido al tratamiento de la víctima como persona desaparecida); al comparar este número con el del año previo, 735 casos, se aprecia un aumento en el promedio mensual, pasando de 61.25 feminicidios mensuales en 2017 a 69.09 en 2018.

De enero a noviembre de 2018, las entidades federativas con mayor cantidad de feminicidios fueron el estado de México (94), Veracruz (85), Nuevo León (74), Chihuahua (48), Ciudad de México (38), Sinaloa (38) y Puebla (30). 4 Sin embargo, no debemos perder de vista la proporción de estos feminicidios con respecto de su propia población femenina (tasa), ya que los estados con las tasas más altas de feminicidios son Colima (con 3.11 por cada cien mil mujeres), Nuevo León (2.78), Chihuahua (2.47), Sinaloa (2.45), Zacatecas (2.41), Morelos (2.14) y Tabasco (2.08).”

Los casos de niñas y adolescentes acaecidos en los últimos meses dan cuenta de la necesidad de demandar de la autoridad de los tres órdenes de gobierno y del Poder Judicial mayor compromiso en la investigación y sanción de este flagelo que asuela el territorio nacional sin que se logre ponerle un coto.

Respecto a la igualdad, la CNDH asevera en el citado informe:

“La igualdad, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, constituyen una preocupación central en materia de derechos humanos de las mujeres, por lo que los estados se enfrentan al reto de procurar y hacer efectiva la igualdad como derecho. Para el caso mexicano, pese a los avances en la materia, existen todavía grandes pendientes para el logro de igualdad entre mujeres y hombres y la disminución de las brechas de género en el acceso y disfrute de los derechos humanos.”

Enseguida, el organismo discurre sobre distintos aspectos que la cuestionan:

“(...) la Encuesta Nacional en Vivienda 2017 sobre Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH dio a conocer que el ámbito político (27.6 por ciento) y el social (22.2 por ciento) son los que registran una mayor percepción de la desigualdad. Además, persiste la idea de que los hombres tienen mejores salarios en México, como lo refirió el 36.6 por ciento de las personas encuestadas.

En el ámbito laboral , sobresale que las mujeres trabajan menos que los hombres en empleos formales , pero más dentro de los hogares en las actividades domésticas. Además, existe una gran diferencia entre las condiciones laborales de los hombres y de las mujeres , situación que impide el acceso de las mujeres a un empleo en igualdad de condiciones.

Al respecto, el Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal (APF) 2017, elaborado por la CNDH, mostró que en las jefaturas de departamento hay un 46.8 por ciento de participación femenina, lo cual es indicativo de un incremento de la presencia de mujeres en puestos de mando medio. No obstante, en las subdirecciones y direcciones de área el porcentaje de mujeres se reduce a 37 por ciento, mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales solo alcanza 28.5 y 21.9 por ciento, respectivamente .”

La CNDH también informa que:

-El 26.6 por ciento de las mujeres que trabajan o han trabajado alguna vez fueron víctimas de violencia en el ámbito laboral.

-47.9 por ciento de las agresiones ejercidas en contra de mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 meses fueron de carácter sexual.

-El 59.3 por ciento de las personas considera que las discriminan por el hecho de ser mujer.

-Los segmentos poblacionales que se consideran más discriminados son las personas con alguna discapacidad (35.5 por ciento) y las mujeres (13.9 por ciento)

De igual manera, detalla el organismo nacional la prevalencia de la violencia contra niñas, niños y adolescentes:

“La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis) advierte que el 22.5 por ciento de niñas y niños entre nueve y 11 años y que el 36 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años consideran que en México sus derechos se respetan poco o nada. Respecto de la violencia en el hogar, el 14.4 por ciento de niñas y niños refirió que alguna vez le hicieron sentir miedo; al 13.2 por ciento los insultaron o se burlaron de ellas y ellos, un 11.3 por ciento se ha sentido menos o ha sido ignorado, al 10.5 por ciento lo jalonearon, empujaron o pegaron, un 10.1 por ciento sufrió amenazas de ser golpeada o golpeado, y al 9.2 por ciento le han hecho sentir avergonzada o avergonzado.”

Específicamente asevera que en los espacios educativos el acoso escolar afecta sensiblemente a la niñez y la adolescencia:

“La violencia en los planteles educativos ocupa un lugar importante en los problemas que enfrenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del Inegi reveló que 32.2 por ciento de las y los adolescentes de entre 12 y 18 años sufrieron acoso escolar. Tanto en educación básica, media básica o media superior, los conflictos y agresiones entre pares (bullying o ciberbullying), así como entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos, son ejemplos claros de cómo la conjunción de múltiples factores de vulnerabilidad que afectan en lo individual y lo colectivo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generan violaciones sistemáticas a sus derechos en un ámbito que debiera ser de los más seguros para su desenvolvimiento.”

En ese orden, se tiene presente que, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) , entre otras atribuciones:2

-Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos.

-Incorporar, con la opinión de la Secretaría de Cultura, en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres.

-Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, la autoridad educativa tiene la encomienda de observar en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos; crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos; diseñar y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, así como instruir al personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En ese tenor, y derivado de las facultades que se le otorgan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resulta factible exhortar a las autoridades educativas -en una óptica de prevención y atención de niñas, niños y adolescentes que se ven afectados en sus derechos-, a reforzar sus planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria y la secundaria, incluyendo asignaturas relativas a igualdad de género y la prevención de la violencia en todas sus formas.

Las situación actual obliga hoy más que nunca a una acción coordinada que atienda las causas y combata de manera efectiva toda gama de violencias que daña el tejido social al vulnerar directamente el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Por demás, es plausible también que en la próxima etapa programática de orden nacional y sectorial -de la administración actual-, se ponga especial énfasis en estos aspectos curriculares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas a incluir o reforzar en los planes de estudio asignaturas relativas a la igualdad de género y la prevención de la violencia en todas sus formas. Lo anterior, conforme a las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas

1 Informe de actividades 2018. CNDH.

2 Ver: artículo 45 de la LGAMVLV.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de febrero de 2019.

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a tomar medidas para que subsista y se incremente la salvaguardia en los productos de acero, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a tomar medidas a efecto de que subsista y se incremente la salvaguardia en los productos de acero, a fin de proteger la industria siderúrgica en México, conforme a las siguientes

Consideraciones

La salvaguardia es, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, una medida que un miembro de dicha organización puede adoptar a efecto de restringir temporalmente las importaciones de un producto debido al aumento de éstas.1 En México ha sido necesario adoptar dicha medida en la industria siderúrgica, con la finalidad de proteger la producción nacional ante el importante el incremento de las importaciones en esta rama.

El aumento de las importaciones de acero se debe a la existencia de una sobreproducción mundial, países como China, Rusia, India y Turquía2 han tenido un excedente de acero considerable, lo que los ha llevado a bajar sus precios y a emprender otras acciones con la finalidad de que su producto sea más atractivo en el mercado mundial.3

Ese escenario se traduce en una competencia desfavorecedora para las empresas mexicanas, ya que algunos países cuentan con subsidios directos e indirectos o con menores exigencias regulatorias que benefician su comercio y los vuelve más competitivos.

Derivado de esta competencia desigual, en México comenzó a importarse más acero: tan sólo en el periodo de enero a octubre de 2015 el país importó 9.4 millones de toneladas, 16.8 por ciento más que las importaciones registradas en el mismo periodo de 2014. Ése fue el volumen más alto registrado en 9 años. En 2015, ante la competencia desleal, la minera de ferroaleaciones Autlán suspendió de forma definitiva la operación de su planta de Gómez Palacio, Durango.4

En este escenario, miles de empleados fueron despedidos por la presión que provocaba la falta de competencia real de la industria siderúrgica mexicana.

En consecuencia, el gobierno mexicano decidió frenar esta situación y desde octubre de 2015, mediante decreto, implantó una salvaguardia que se había estado renovando cada seis meses para proteger la industria mexicana ante este aumento de importaciones, es decir, los países con los que México no tiene acuerdos comerciales y deseaban vender acero al nuestro, tenían que pagar un impuesto que correspondía a 15 por ciento.

De acuerdo con el director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), esta acción tuvo una serie de beneficios como la disminución de importaciones, una importante recaudación por parte del gobierno, crecimiento de la industria siderúrgica y se logró mantener el empleo.5

Sin embargo, dicha medida venció el 31 de enero pasado y el gobierno mexicano decidió no renovarla. El término de la salvaguardia es sumamente preocupante, ya que coloca a la industria siderúrgica mexicana en una situación de total desventaja debido a que los precios del acero de otros países son más atractivos para el mercado, esto provoca que se prefiera comprar el producto de otros países y la industria en México se debilite.

Además del efecto en la economía de nuestro país, esta omisión del gobierno provoca un severo impacto en la economía de los trabajadores mexicanos y de sus familias. Al no existir este impuesto, las empresas mexicanas resultan ser menos competitivas, sus ventas y por lo tanto su producción se verían disminuidas y tendrían que implantar estrategias como recorte de personal y baja en los salarios para poder sostener la empresa, e incluso muchas otras podrían cerrar las puertas.

Actualmente, la industria siderúrgica genera 672 mil empleos directos e indirectos, que ya son afectados y se pondrían en riesgo en caso de que el gobierno federal no renueve la salvaguardia.6

La eliminación de la salvaguardia agudiza una problemática que nos hace estar cada vez en mayor desventaja en un mercado en el que México se enfrenta con países como Rusia, India y China, que buscan colocar su mercancía a precios más bajos.

Ante esta preocupante situación, secretarios de economía de las entidades federativas, empresarios y trabajadores han declarado estar en desacuerdo con esta omisión del gobierno y han hecho un llamado para que se renueve la salvaguardia lo antes posible.

La industria siderúrgica mexicana se encuentra en crisis, recordemos que en marzo del año pasado Estados Unidos, el mayor importador de acero en el mundo, impuso un arancel de 25 por ciento al acero, desde este momento el escenario de la industria siderúrgica mexicana ha sido complicado, pues solamente 6 meses después de la implantación de este impuesto, las exportaciones de acero a Estados Unidos cayeron más de 40 por ciento, de acuerdo con datos de la Canacero.7

El actual escenario mundial exige que, lejos de quitar impuestos, se refuerce la medida de salvaguardia que beneficie a la industria en México, sobre todo después del fuerte incremento de aranceles impuestos por parte de Estados Unidos y las respuestas obtenidas de países como Francia, Reino Unido, Japón, Argentina y Brasil, pues se espera que otros Estados implanten acciones como la que llevó a cabo el vecino del norte.

En México debería haber un incremento en el porcentaje de la salvaguardia de 15 a 20 por ciento, a fin de estar en igualdad de circunstancias en el mercado del acero y no por debajo

Resulta urgente implantar las medidas necesarias que eviten la disminución de la producción y venta de acero de la industria mexicana y todas las consecuencias económicas y sociales desfavorables que conllevaría.

Ante la ausencia de las condiciones necesarias para que México pueda realmente ser competitivo en esta rama, es necesario que se renueve la salvaguardia que proteja a la industria nacional, a la economía de nuestro país y a miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de ella.

Hablamos no sólo de cifras: favorecer la industria siderúrgica en México significa proteger a los trabajadores y el bienestar de sus familias.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a tomar medidas a efecto de que subsista la salvaguardia en los productos de acero; además, a considerar el incremento de dicha salvaguardia de 15 por ciento, como había sucedido desde 2015, a 20 por ciento, con la finalidad de proteger la industria siderúrgica en México ante el actual escenario mundial.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a programar una reunión de trabajo con los empresarios de la industria siderúrgica mexicana, a fin de entablar un diálogo que permita llegar a acuerdos en conjunto y en favor de la industria siderúrgica en México.

Notas

1 OMC, Las salvaguardias, consultado el 8 de febrero de 2019. Disponible en

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm

2 Coahuila Gob, Pide Coahuila proteger siempre a industria y trabajadores mexicanos del acero, consultado el 8 de febrero de 2019. Disponible en

https://coahuila.gob.mx/noticias/index/
pide-coahuila-proteger-siempre-a-industria-y-trabajadores-mexicanos-del-acero-07-02-19

3 El Economista, “Coahuila pide cuotas antiduping en acero”, consultado el 8 de febrero de 2019. Disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coahuila-pide-cu otas-antidumping-en-acero-20150507-0197.html

4 Acero bsv, “Crecen las importaciones de acero en México” consultado el 11 de febrero de 2019. Disponible en

https://acerobsv.com/blog/crecen-importaciones-acero-en- mexico.html

5 Ídem.

6 Canacero, consultado el 8 de febrero de 2019. Disponible en
http://www.canacero.org.mx/

7 El Sol de México, “Exportaciones de acero caen 40 por ciento por cobro de aranceles”, consultado el 9 de febrero de 2019. Disponible en

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/exportaciones- de-acero-caen-40-por-cobro-de-aranceles-1970503.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus homólogas locales a implantar acciones tendentes a incrementar en todos los niveles educativos la matrícula para personas con discapacidad, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas para que el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones necesaria para incrementar el número de matrículas para personas con algún tipo de discapacidad en todos los niveles educativos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La concepción de discapacidad ha sido un concepto que se ha venido transformándose en las últimas décadas, pues el mismo ha dejado el enfoque médico-existencial, en el que las enfermedades y/o deficiencias físicas representaron el papel central de su concepción, lográndose hoy en día una visión más integral, donde las discapacidades atienden a la interacción de múltiples factores de salud con el entorno que lo rodea.

La discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan aquellas barreras que la misma encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana.

La inclusión de las personas con discapacidad al ámbito educativo debe representar una prioridad para todo gobierno pues a través de acciones que permita garantizarles su derecho a la educación se les dotara de las herramientas necesarias para que puedan vivir una vida plena.

Cabe señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México, establece en su artículo 24 que “los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, así como los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad y sus aptitudes”.1

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 2, fracción XVI, qué se deberá entender por educación especial, la cual está destinada a individuos con discapacidad transitoria o definitiva, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Asimismo, establece en la fracción XVII del mismo artículo 2, que la educación inclusiva es aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.2

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Capítulo Décimo Primero, denominado Del Derecho a la Educación, establece en el artículo 57 que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que las autoridades en sus tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencia deberán garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales, técnicos y cuenten con personal docente capacitado.

De acuerdo con datos del diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México publicado en mayo de 2016 por la Secretaría de Desarrollo Social, existe carencia por rezago educativo cuando la población cumple cualquiera de los siguientes criterios:3

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa).

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

De acuerdo a cifras del Inegi, 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con discapacidad.

Tratándose de niños de 6 a 14 años la disparidad es aún mayor, pues mientras el 95 por ciento de niñas y niños sin discapacidad asisten a la escuela, sólo el 79 por ciento de menores de 14 años con discapacidad lo hacen.

En el tema del nivel de escolaridad, 26.3 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción alguna, cifra 3.5 veces más alta que la de las personas sin discapacidad.

En cuanto a educación media superior y superior, la proporción de personas sin discapacidad es 2.5 veces mayor.

De ahí es necesario que se implementen diversas acciones que llevan a garantizar que se cumplan sus derechos como personas y que tengan una plena inserción en la sociedad ya sea en términos de educación, trabajo, salud, accesibilidad, no discriminación.

Es por lo anteriormente expuesto, que sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas para que el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones necesarias para incrementar el número de matriculas para personas con algún tipo de discapacidad en todos los niveles educativos.

Notas

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponible en línea en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf

2 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

3 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México publicado en mayo de 2016 por la Secretaria de Desarrollo Social disponible en línea en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Di agn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_201 6.pdf

Dado en la Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE y la FGR a coordinar estrategias y acciones para salvaguardar la integridad y los derechos de los migrantes mexicanos en Canadá, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo a notas periodísticas de reciente publicación, 43 mexicanos fueron rescatados por la policía de Ontario y Barrie, en Canadá; señalándose que vivían en condiciones de esclavitud moderna, presuntamente eran obligados a hacer labores de limpieza en propiedades vacacionales; trabajo por el que solo recibían 50 dólares al mes, debiendo pagar de esta cantidad cuotas por alojamiento, comida y transporte.i

Las víctimas, en su mayoría hombres de entre 20 y 46 años, eran trasladados del lugar de alojamiento a los lugares en los que laboraban. En el reporte de la policía canadiense se menciona: “los mexicanos fueron traídos a Canadá a través de anuncios en redes sociales, con la idea de obtener un empleo legítimo, poder continuar sus estudios e incluso obtener una visa; sin embargo, para obligarlos a desempeñar las labores de limpieza eran encerrados.”ii

En la nota del diario La Razón se informa que existe una investigación que data de 2015, año en que la policía recibió reportes de una red criminal que explotaba a trabajadores mexicanos y al seguir esta pista se infiltraron comunicaciones, en una de ellas se escuchó a una organización hablando sobre una carga de migrantes.iii

Esta lamentable situación de nuestros connacionales nos mueve a exhortar al Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus competencias, procure salvaguardar su integridad y derechos humanos, mediante la coordinación intergubernamental que permita elaborar estrategias en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos.

En este sentido, resulta de la mayor relevancia que la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las atribuciones que le han sido establecidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Publica, tutele los derechos de los migrantes mexicanos que se encuentran en territorio canadiense.

Al respecto, el citado artículo en su fracción II le atribuye:

“Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos ; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero.”iv

En razón de que estos hechos constituyen la posible comisión de delitos, como pueden ser trata de personas y delincuencia organizada, entre otros, es conveniente su esclarecimiento, para combatir a la delincuencia y salvaguardar los derechos de los connacionales en el extranjero, mediante la coordinación intergubernamental en la que participe la Fiscalía General de la Republica, en razón de lo establecido en su ley Orgánica:

“Artículo 2. Fines institucionales La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.”v

Así, mediante la procuración e impartición de justicia, se estará garantizando la seguridad de los migrantes mexicanos en Canadá, quienes se trasladan aquel país para trabajar honradamente con el propósito de obtener ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la Republica para implementar acciones y estrategias que permitan salvaguardar la integridad y derechos, de los mexicanos en el Canadá.

Notas

i “Liberan a 43 mexicanos esclavizados en Canadá”, Excélsior , 12 de febrero de 2019.

ii “Iban por buen empleo esclavizados en Canadá”. La Razón. 12 de febrero de 2019.

iii Ibídem.

iv Ley Orgánica de la Administración Publica. En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf

v Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf. Consultado el 13 de febrero de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar tanto a la SEP y sus homólogas locales como al INEE a suspender de inmediato la aplicación de la Ley General de Servicio Profesional Docente, en cuanto al proceso de ingreso en éste en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2019-2020, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o. y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se encuentra en estos momentos en Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 31 y 73 constitucionales enviada por el Ejecutivo federal, dentro de la nueva práctica de parlamento abierto; esta legislatura ha escuchado las diversas voces de todos los sectores que se han acercado a que sus propuestas sean incluidas.

El lunes 18 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2019-2020 ; dentro de los considerandos se señala que conforme a las diversas leyes vigentes, el Instituto diseñará y expedirá los lineamientos en el marco del Servicio Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior que imparte el Estado, para llevar a cabo la evaluación respecto del ingreso al Servicio Profesional Docente, mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Considero importante señalar que dentro del proceso que el Constituyente Permanente ha iniciado y culminará con la reforma constitucional ya mencionada, los diversos grupos parlamentarios han coincidido en la injusta aplicación de la evaluación punitiva y es una realidad que se abrogará la ley General de Servicio Profesional Docente.

La iniciativa del Ejecutivo hace hincapié en cancelar la mal llamada “Reforma Educativa” por el perjuicio laboral y administrativo que causó al magisterio nacional.

La iniciativa que presenté con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 73 constitucionales afirmó que la reforma de 2013 es hoy el principal problema para avanzar hacía un verdadero nuevo modelo educativo, pues con sus prácticas neoliberales que hoy vuelven más precaria y vulnerable la vida social y económica de nuestro país, han generado una represión y agresión sistemática en contra de todos los derechos laborales de los trabajadores de la educación, es urgente plantear alternativas que impliquen la derogación de la reforma constitucional qué entró en vigor el 26 de febrero de 2013 y de sus leyes reglamentarias.

La iniciativa del diputado Irán Santiago Manuel también explica que las modificaciones no corresponden a una reforma educativa sino a una rectificación de la gobernabilidad del sistema educativo y, por lo tanto, un instrumento represor para castigar y despedir a los maestros que han dedicado toda su vida a esta noble actividad.

Por último, la iniciativa que presentó con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, menciona que el Estado mexicano garantizará la capacitación y desarrollo progresivo de los docentes.

Adicionalmente la Ley General del Servicio Profesional Docente establece en su artículo 21:

“Artículo 21. El ingreso al servicio en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, con sujeción a los términos y criterios siguientes:

...”

Por lo tanto, no hay una obligatoriedad para que se realice anualmente los concursos de oposición ya que la ley no lo establece así, permite que las autoridades lo hagan discrecionalmente. Si partimos de la premisa todos los efectos que tenga este proceso no tendrán efecto jurídico al ser abrogadas las leyes reglamentarias y todos los docentes cesados también serán reinstalados en su lugar, es imprudente e innecesario derrochar recursos materiales y humanos en llevar a cabo este proceso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Educación, a los secretarios de Educación de las entidades federativas y a la consejera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a suspender de manera inmediata la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en cuanto al proceso de ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2019-2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a condenar por la cancillería las recurrentes expresiones xenófobas del presidente de EUA contra los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Angélica Rojas Hernández , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Primera. Resulta un hecho conocido que uno de los temas sobre los que se ha basado la plataforma política del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, tanto en su campaña de dos mil dieciséis, como en su papel de jefe de Estado, ha sido la migración, vista como una permanente amenaza a la estabilidad de la sociedad estadounidense; de manera sistemática y reiterada este mandatario ha dado declaraciones que atentan contra la dignidad de los migrantes centroamericanos en general pero de manera frontal contra los migrantes provenientes de México.

Durante toda su gestión se ha dedicado a hacer una batalla mediática en contra de los mexicanos. A la fecha han sido numerosas las afirmaciones en las que el mandatario estadounidense, a través de su cuenta de Twitter o ante medios de comunicación, se ha referido al tema migratorio, descalificando y menospreciando al pueblo mexicano, generalizando que en México somos narcotraficantes, violadores, asesinos y traficantes de personas.

Segunda. El presidente estadounidense, en muchos de sus mensajes, ha declarado que la manera de detener la migración, a la que se refiere como “invasión”, es construir un muro fronterizo, el cual debe cubrir los 3 mil 200 kilómetros que dividen a ambos países, asimismo, ha dicho que si su gobierno no financia la construcción, quien lo debe de hacer son los propios mexicanos.

Tercera. Los mensajes de odio no han parado desde que este personaje se encuentra al frente de la Casa Blanca y lamentablemente no se ha oído ningún reclamo por los canales diplomáticos e institucionales del gobierno mexicano, tal es el caso que en fechas recientes es posible rescatar las siguientes declaraciones del mandatario estadounidense:

-El trece de diciembre de dos mil dieciocho, el presidente estadounidense declaró vía Twitter: “A menudo dije ‘de un modo y otro, México pagará por el muro’. Esto nunca ha cambiado... ¡México está pagando por el muro!”

-Días después, el diecinueve de diciembre del mismo año, se publicó lo siguiente en dicha red social: México está pagando (indirectamente) por el muro, a través del nuevo USMCA, mucho más dinero llegará a los EU.

-En fecha treinta y uno de enero del presente año, el mandatario estadounidense posteó: “Con los asesinatos en un 33 por ciento en México, un récord, ¿por qué una persona en su sano juicio no quiere construir un muro? La construcción del muro ha comenzado y no se detendrá hasta que esté terminada”.

Cuarta. El pasado cinco de febrero, en el marco de un evento tan solemne como lo es el discurso del Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos culpó directamente a México de ser quien traslada a los migrantes a los puntos más vulnerables de la frontera norte:

“Ciudades mexicanas, a fin de remover a los migrantes ilegales de sus comunidades, están consiguiendo camiones y autobuses para traerlos a nuestro país en áreas donde hay poca protección fronteriza.”

Quinta. Por si lo anterior no fuera suficiente, el quince de febrero del presente, este personaje declaró un estado de emergencia en la frontera con nuestro país, afirmando que “es momento de detener el flujo de drogas, violadores, asesinos y traficantes de personas”. Postura que busca generar el presupuesto suficiente para su delirante empresa de dividir con un muro a ambas naciones.

Sexta. Todas las declaraciones antes referidas, no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo federal y este escandaloso silencio, corre el riesgo de volverse cómplice de las denostaciones en contra de los mexicanos formuladas por Trump.

Urge un posicionamiento contundente del gobierno mexicano ya que en el ámbito internacional, México es reconocido por su talante diplomático pero siempre puntual, apegado a la defensa de los derechos humanos y el respeto entre los diferentes países del orbe.

Mantener la política del silencio ante las estridentes y obtusas declaraciones del mandatario estadounidense puede traer como consecuencia la pérdida del prestigio que como nación hemos mantenido a lo largo de décadas en las relaciones internacionales, además de menoscabar la dignidad de nuestro pueblo ante las posibles declaraciones de cualquier otra nación.

En mérito de lo expuesto, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Cancillería, a condenar las expresiones xenófobas que faltan a la verdad y a la dignidad de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, generando odio y discriminación hacia ellos en este país vecino;

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cancelar la cooperación en materia de seguridad, combate al terrorismo y migración con los Estados Unidos de América, en tanto el presidente Donald Trump no se exprese con respeto hacia México y los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de febrero de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva a realizar gestiones para instalar un lactario, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La nutrición y los cuidados durante los primeros años de vida son fundamentales para la salud y el bienestar, por ello la práctica de lactancia materna tiene beneficios directos en el desarrollo de los niños. Por un lado, proporciona nutrientes fundamentales para su desarrollo, por el otro, establece lazos efectivos con su madre.

La leche materna es el único alimento que aporta todos los nutrientes necesarios para el sano desarrollo de los recién nacidos porque contiene los anticuerpos que se requieren para protegerlo de las enfermedades comunes de la infancia. Este alimento es fundamental por reduce la mortalidad infantil, previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Es precisamente por ello que en varios países del mundo se promueve el consumo de la leche materna, su objetivo es consolidar una vida sana en las niñas y los niños. También, se ha comenzado a plantear incremento de la instalación de espacios laborales que faciliten a la mujer trabajadora proporcionar los alimentos requeridos para el pleno desarrollo del infante.

En México tenemos retos formidables al respecto, sólo el 50 por ciento de los recién nacidos reciben leche materna en su primera hora de vida y el 31 por ciento son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.1

El número de niños que muere en nuestro país podría ser hasta cinco veces menor si se amamanta con leche materna al recién nacido durante los primeros seis meses de vida y se complementa con otros alimentos hasta los dos años de edad.

Es importante advertir que México adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la Organización de la Salud, el cual busca contribuir al desarrollo de una nutrición segura para los lactantes, y de ahí que los centros de trabajo deban atender y promover la lactancia materna a través de la incorporación de los espacios físicos adecuados para ello.

Bajo el principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer políticas públicas centradas en velar el bienestar fundamental de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, los derechos de la maternidad se encuentran directamente relacionados con los del menor, tanto más, si hacemos referencia a la lactancia.

Todas las madres trabajadoras fuera del hogar tienen derecho a contar con un espacio digno, privado e higiénico para que puedan reservar leche que alimente a sus bebés durante el tiempo de su jornada laboral.

Esta acción, que abona a los esfuerzos diarios de las madres para conciliar su vida familiar con la laboral, no es un capricho, sino un derecho humano de ambos, madres e infantes. Son millones de mujeres las que requieren de un lactario para atender este aspecto del desarrollo óptimo de sus hijos, tan solo debe recordarse que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, reportó al primer trimestre de 2017 que del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo vivo, el 41.8 por ciento trabaja,2 la mayoría en el sector informal (31.2 por ciento) y más de 30 por ciento son jefas de hogar.

México debe comprometerse a impulsar que un mayor número de madres trabajadoras accedan a lactarios pues apenas el 14.4 por ciento3 de ellas acepta nutrir solamente con este alimento a su bebé frente al casi 38 por ciento de la región latinoamericana.

Las promesas han sido muchas pero los hechos pocos, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México prometió 98 lactarios en el 2018 de los cuales solo logró 28 al 2017, esto evidencia una falta de voluntad con el presupuesto asignado a estos espacios, por ello, Cámara de Diputados no puede quedarse en la retaguardia. Es pertinente convocar a su pronta instalación al igual que lo hizo el Senado.4

México es uno de los países más ampliamente comprometidos en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 y la lactancia materna5 es clave para reducir la pobreza y abonar a la salud, bienestar y nutrición de las niñas y niños.

Que sirva esta proposición para hacer un llamado también a las empresas para que emulen la iniciativa de empresas como Nestlé6 y su programa “Comienzo sano”, encaminado a atender el compromiso de impulsar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alimentar a los bebés de 0 a 6 meses exclusivamente con leche materna y, en consecuencia, adecuar sus instalaciones para contar con lactarios y fuentes accesibles de información sobre como alimentar de manera óptima a los infantes.

El Grupo Parlamentario del PRI comparte el llamado de la Academia Nacional de Medicina7 en el sentido de promover los lactarios laborales e institucionales porque han demostrado ser “...una intervención bioantropológica innovadora de fomento a la lactancia materna que conjuga la productividad y reproductividad de las mujeres.”

El propósito del presente punto de acuerdo es que la Cámara de Diputados se sume a los esfuerzos para lograr generaciones de niñas y niños más sanos y fuertes. El lactario es un espacio de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna, deberá ser privado y exclusivo para su fin. Asimismo, debe contarse con elementos mínimos tales como: mesas, sillas y/o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y conservación de la leche materna. También deberá contar con un refrigerador para la conservación de la leche materna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que realice las gestiones necesarias que permitan la instalación de un lactario, a fin de apoyar y garantizar que las madres en periodo de lactancia que visitan o trabajan en este recinto legislativo cuenten con un espacio digno y cómodo que les permita ejercer su derecho a la lactancia materna.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_38710.html

2 Inegi. Estadísticas, a propósito del Día de la Madre (10 de Mayo). Comunicado de prensa 201/2018.

Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ma dre2018_Nal.pdf

3 El Economista. Todos ganan con los lactarios en los centros de trabajo. Blanca Juárez. Publicado el 05-08-2018 en:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Todos-ganan-con-lactarios-en-los-centros-de-trabajo-20180805-0107.html

4 http://www.senado.gob.mx/comisiones/salud/reu/docs/boletin_270213.pdf

5 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. (INCAP) Los objetivos del Desarrollo Sostenible y la Lactancia Materna. Consultado en:

http://www.incap.int/index.php/es/noticias/1463-ods-y-la ctancia-materna

6 Consultado en: https://www.comienzosano.nestle.com.mx/

7 González de Cossío, Teresita. et. al. Academia Nacional de Medicina-Conacyt. Lactancia materna en México. 2016. Disponible en:

http://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicacion es/LACTANCIA_MATERNA.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos a establecer el segundo sábado de noviembre como Día Municipal del Libro, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Abelina López Rodríguez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es el arma más poderosa, para cambiar el mundo

Nelson Mandela

El problema educativo es tan grave en México que el promedio escolar de nuestros estudiantes es menor que el de algunos países que se encuentran en “bajo desarrollo”. Los mexicanos contamos con un nivel educativo deficiente, ya que el promedio que han estudiado las personas adultas es de 8.5 años, lo que significa que la mayoría de los mexicanos no terminaron la secundaria. Por otro lado, la expectativa de escolaridad, es decir, el tiempo que se estima que pasarán los alumnos en la escuela, antes de dejarla es de 12.8 años, lo que implica que la mayoría de nuestros niños sólo llegarán al final de la preparatoria.

¿Por qué Singapur tiene mejores estudiantes que México?

Conforme a la Revista Educación y Cultura, publicada el jueves 6 de diciembre de 2018, se constata que Singapur es una nación muy joven que inició su vida hace apenas 51 años como territorio independiente.

Cuando Singapur se independizó, la mayoría de su población no sabía leer ni escribir, pero en poco más de medio siglo sus eficaces reformas educativas lograron revertir este fenómeno, convirtiendo a sus estudiantes en los más preparados del planeta.

En contraste con el nivel educativo en México, que de acuerdo a las Pruebas PISA 2016 (Programa Internacional de Evaluación de Alumnos) que se realizan a nivel mundial, nos permite observar el alarmantemente rezago educativo que se tiene en nuestro país.

Mientras naciones jóvenes y tradicionalmente pobres de Asia destacan en los primeros lugares de dicha evaluación, México una nación con más de 200 años de historia y cuna de la primera universidad en América, cayó al lugar 58 del ranking mundial, muy por debajo de Chile y Uruguay, líderes en la región.

De acuerdo a una investigación de la BBC (en español Corporación de Radiodifusión Británica), la diferencia entre los estudiantes de Singapur y los mexicanos es un sistema educativo centralizado que permite que todos reciban el mismo tipo de educación.

En la nación asiática, los maestros de todo el país son entrenados en el Instituto Nacional de Educación.

Además, el nivel que se espera de cada educador es el más alto, pues los maestros en Singapur están considerados como parte fundamental del futuro de la nación.

En nuestro país, conforme a cifras arrojadas por Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), México tiene 30 millones de personas en rezago educativo, asimismo el estudio Panorama Educativo de México del INEE (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación), en el periodo de los ciclos escolares 2010-2011 al 2015-2016, los alumnos de educación básica y media superior presentaron los índices más altos en rezago educativo.

Esta institución INEE realiza este estudio anualmente desde el 2003, diseña, implementa y actualiza el sistema de indicadores educativos a nivel nacional y por estado, con el que contribuye a generar y difundir información relevante sobre el grado de cumplimiento del derecho humano a una educación obligatoria de calidad.

En su última edición presentada el 7 de diciembre 2018, señala que no basta con proporcionar a los alumnos instalaciones adecuadas para su formación, pues es fundamental que tengan las oportunidades necesarias para ingresar de manera oportuna a la escuela y seguir una trayectoria regular, “avanzar de manera ininterrumpida a lo largo de cada grado escolar”.

Un factor importante para combatir este rezago educativo es el papel de las bibliotecas.

Una biblioteca es el horizonte cotidiano de las prácticas lectoras y las vivencias de los estudiantes, genera respuestas, entretenimiento y habilidades de pensamiento. Por lo que resulta importante, que se designen recursos para bibliotecas públicas, para su operación y no se conviertan en letra muerta, sino más bien mejorar su servicio, mantener su acervo y calidad de sus instalaciones, ya que la mayoría se encuentra en el olvido y abandono, esperando ser rescatadas para el fomento a la lectura.

Estos espacios contribuyen en gran manera para abatir fenómenos como la exclusión, la reprobación y el abandono temporal o definitivo del sistema educativo, pues los factores contextuales, socioeconómicos y culturales, influyen en que la población infantil y juvenil no siga una trayectoria regular, lo que significa que hay alumnos que cuentan con una edad por abajo del nivel educativo que cursan y otros que la exceden.

Para combatir este fenómeno en México se celebra el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial en el 12 de noviembre de 1979, en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651), defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y al fervor por el saber.

El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún incluso con las nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. La lectura no sólo proporciona información sobre determinados tópicos, es un instrumento primordial del crecimiento y progreso de las poblaciones pues a través de ella se educa a los niños y jóvenes, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, se recrea, entretiene y se fomentan valores y principios.

El fomento a la lectura es una herramienta imprescindible para mejorar el nivel educativo en el país, y con esto dar cumplimiento pleno a lo establecido en el artículo 3o. constitucional, en donde se menciona que, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios (...)

Por ello resulta importante instituir el Día Municipal del Libro, y con esto se busque trasmitir la importancia de la lectura y el fácil acceso a los libros en beneficio de los estudiantes de nivel primaria y secundaria del país, en el que se organicen diversas actividades para acercar a los estudiantes, a la literatura en español, a la escritura de cuento, novela, poesía, novela histórica, a la oratoria y a la lectura de comprensión, además de brindar el espacio para conocer sus propuestas y aportaciones de tal manera que puedan participar en concursos sobre estos temas sin dejar a un lado la equidad, la inclusión y la transversalidad. Así pues, con la finalidad de premiar a los ganadores de estas competencias, se propone la implementación de estímulos académicos tanto al estudiante que obtenga los mejores resultados, como a su maestro, con la finalidad de premiar sus habilidades y fomentar la participación en estos concursos culturales.

Estas actividades contribuirían en los municipios a revertir el alto índice de violencia, de tal manera que contribuyan a ampliar las oportunidades de acceso a los sectores de población estudiantil más vulnerables y poder reducir las desigualdades educativas de los niños y jóvenes a través de la aplicación de proyectos como el “Bibliobús”.

Libros Viajeros es un proyecto de promoción de la lectura que acerca libros y actividades de promoción de la lectura a los habitantes de comunidades marginadas geográfica y socialmente. Esto lo hace con unidades móviles, conocidas como “Bibliobús” y un programa integral de servicios bibliotecarios y actividades en torno a los libros

Este programa ofrece a los habitantes de cada localidad a la que llega un bibliobús , actividades y servicios relacionados a los libros.

Los bibliobuses buscan acercar los libros y los recursos culturales que necesitan los niños y jóvenes que viven en zonas pobres y marginadas para tener ventanas a un mundo distinto al que viven todos los días en sus barrios y así de manera general se busque incentivar a los niños y adolescentes a través de entrega de estímulos y reconocimientos, para hacer de la lectura un día de fiesta en donde las niñas, los niños y jóvenes, junto con su familia o tutores, disfruten escribiendo cuentos, dramatizando, cantando, jugando, se tengan una convivencia afectiva y con esto hacer sentir que la lectura es un vínculo de recreación, superación y desarrollo, que es una herramienta fundamental para el aprendizaje y éxito en la vida.

Pero también no debemos de cerrar los ojos ante una realidad como es la globalización en donde las TIC (inteligencia digital), que no es más que la suma de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas esencial para vivir en el mundo digital, son también una herramienta más que necesarias para lidiar con los retos y requerimiento de la era digital y desarrollo profesional de los estudiantes, es por ello se debe de fomentar el buen uso de la tecnología digital desde la educación básica como un medio de investigación, de comunicación, en donde puedan realizar círculos sociales nacionales e internacionales.

Para que toda la comunidad estudiantil sin importar el estatus social pueda navegar en el mundo digital, se hace la propuesta a los ayuntamientos municipales de poder rehabilitar y acondicionar las bibliotecas públicas con una variedad de acervos impresos, pero también con la instalación de equipos de cómputo con internet, esto es con la finalidad de enriquecer la cultura de los estudiantes y la sociedad y así resarcir el rezago educativo en entidades federativas como los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca.

Nos queda claro que para lograr el cambio es muy importante la intervención de todos los actores educativos, municipio y sociedad, no tenemos la menor duda de que con el compromiso de cada uno de nosotros y el amor por México nos motivará a instrumentar políticas públicas en beneficio de nuestros niños y jóvenes y juntos haremos historia en esta cuarta transformación.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades municipales a establecer el segundo sábado de noviembre como el Día Municipal del Libro.

Notas

Revista Educación y Cultura (octubre 2017)

Pruebas PISA (diciembre 2016)

Investigación BBC (2017)

Panorama Educativo INNE (2017)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Abelina López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a conducirse con responsabilidad y respeto cuando formule declaraciones atinentes a los órganos constitucionales autónomos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, así como las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Primera. Como es sabido, el desarrollo democrático de México, a través de las últimas cuatro décadas, ha decantado en un proceso de liberalización política, en el que se ha transitado de un régimen de partido hegemónico en el que, desde la silla presidencial, se dictaban todas las decisiones sin importar la división de Poderes clásica, planteada por Montesquieu; hasta dar paso a la competencia multipartidista y gradualmente mayor control constitucional del ejercicio del poder, fruto de la lucha histórica de la sociedad mexicana.

En la actualidad resulta difícil pensar que los Poderes tradicionales, como lo son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se encuentren subordinados unos a otros. Por el contrario, entran en una dinámica de coordinación, con pesos y contrapesos, que se perfecciona con la aparición de los Órganos Constitucionales Autónomos.

Segunda. La naturaleza jurídica de estos llamados Órganos Constitucionales Autónomos, emana de nuestra Carta Magna, la cual les refiere alguna responsabilidad especifica por parte del Estado que, a su vez, les impone en su quehacer permanente, funciones específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia, para atender eficazmente las demandas sociales; siendo entre sus características esenciales las siguientes: 1) Estar establecidos directamente por la Constitución federal; 2) Mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; 3) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y 4) Atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Tercera. Actualmente, nuestra Carta Magna contempla doce Órganos Constitucionales Autónomos, a saber:

1. Banco de México;

2. Comisión Federal de Competencia Económica;

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

5. Instituto Federal de Telecomunicaciones;

6. Instituto Nacional Electoral;

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

8. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

9. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

10. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

11. Tribunal Unitario Agrario y;

12 Tribunal Superior Agrario.

Como se advierte, cada uno de estos órganos tiene impreso en su actuar, el aura de la especialización en alguna función estatal, misma que permite el desarrollo de la disciplina sin que medie conflicto entre el exceso o la inactividad burocrática, siendo imprescindible para su integración observar que los integrantes de éstos muestren las suficientes cartas credenciales que los acrediten como expertos en la materia técnica que abordan.

Los Órganos Constitucionales Autónomos en nuestro marco jurídico nacional, representan un gran avance para la consolidación del Sistema Político Mexicano, ya que, con su creación se dota de nuevos equilibrios en el ejercicio del poder, acotando los riesgos de una presidencia imperial o la visión patrimonialista del Estado, misma que tuvo serias consecuencias en nuestro país durante los años setenta.

Cuarta. Pese a lo anterior, aún existen reminiscencias del viejo régimen, en el que inercias contrarias pugnan por restarle relevancia al actuar de estos órganos. Como ejemplo, se encuentran las temerarias y desafortunadas declaraciones del titular del Ejecutivo federal, en las que consta claramente la animadversión contra estos entes y de las que se mencionan tres para la presente consideración:

• El 7 de diciembre de 2018, en su ya conocida conferencia matutina, cuestionó los resultados que se han obtenido con la aparición de estos organismos:

“¿Qué hicieron durante todo este tiempo?

Agrandaron el gobierno, instituciones para todo, comisiones, supuestamente órganos autónomos, con muy buenos sueldos para los altos funcionarios públicos y mucho derroche.

Les voy a dar dos casos: el de la Transparencia, cuesta mil millones mantener ese organismo. Se creó y en qué ha contribuido para reducir la corrupción. Al contrario, la corrupción creció, como nunca, a la par de que se creó este organismo.

Los sueldos del instituto de la transparencia hasta de 300 mil pesos mensuales.

Otro instituto, el de la Evaluación Educativa, mil 500 millones de pesos, lo mismo, los altos funcionarios bien atendidos, bien servidos.

En el caso del Sector Energético, órganos reguladores como hongos después de la lluvia surgieron, aparecieron, organismos reguladores para el gas, para la electricidad, el petróleo, la energía. Los sueldos, también de 300 mil pesos”.

• El pasado 12 de febrero de 2019, señaló que estos organismos facilitaron el robo, poniendo en entredicho la actuación de sus titulares:

“Hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos. Toda una constelación de organismos, independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares.

Y, en todos esos organismos, la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados, y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente porque los del gobierno eran unos corruptos. Entonces se resolvía el problema creando estos organismos autónomos, también con características especiales.

Los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes, les decía yo que se les permitió tener derecho a fianza, a que las instituciones públicas les pagaran fianza hasta en el caso de que cometieran ilícitos, con dinero público se les pagaban las fianzas.

Conflictos de intereses en estas instancias, en estos organismos, sin duda, hasta financieros, en organismos reguladores.

Entonces, todo esto, se va a terminar. Afortunadamente, se vencieron plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos. Ahora, de acuerdo con la ley, nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos”.

• En fecha 14 de febrero de 2019, ante la pregunta de los medios de comunicación referente a si tiene pensada alguna reforma para desaparecer a los organismos autónomos, el titular del Ejecutivo federal respondió:

“No. Los impulsores del gobierno paralelo, de esta constelación de órganos autónomos que crearon en el periodo liberal para favorecer a las minorías, y para simular, ya lo vimos en el caso del Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos cuesta, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de minorías, pero así están todos, sobre todo esto que crearon de las comisiones, organismos reguladores en el sector energético, todo lo que produjo la llamada reforma energética.

Entonces no, no tengo pensado nada. Afortunadamente se les están venciendo los plazos”.

Quinta. Como se advierte, el titular del Ejecutivo federal ha promovido una campaña de difamación ante las instituciones que no responden a sus intereses, buscando el desprestigio de estos entes, denostándolos y restándoles importancia, con el pretexto maniqueo que en todos los gobiernos anteriores imperó la corrupción y la inoperancia de la administración pública; con todo lo anterior, se advierte claramente que el actual Presidente busca desacreditar, debilitar y dañar la imagen pública de las instituciones que no se subordinen a su mandato, buscando colonizar estos órganos con perfiles que hasta el momento han dejado mucho que desear por la falta de conocimientos técnicos especializados en las materias que pretenden regular; tal parece que el Presidente añora el estado autoritario donde la envestidura presidencial concentraba todo el poder y no existía ninguna institución que se resistiera a sus ocurrencias y caprichos del titular en turno.

En mérito de lo expuesto, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a conducirse con responsabilidad y respeto al emitir declaraciones que tengan que ver con los Órganos Constitucionales Autónomos, reconociendo su valía y gran aporte al sistema político democrático que sustenta al México del siglo XXI.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal que en la renovación escalonada de los Órganos Constitucionales Autónomos que corresponda durante su mandato y en los cuales tenga injerencia legal, proponga perfiles que acrediten la experiencia con sus respectivas cartas credenciales en la materia y se apeguen a los principios rectores propios de la naturaleza de cada ente público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a efecto de garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud señala que cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto; 99 por ciento corresponde a países en desarrollo y se presenta en mayor medida en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En 2015, aproximadamente 303 mil mujeres murieron a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En la mayoría de los casos se pudieron haber evitado.1

Cinco complicaciones directamente relacionadas son responsables de más de 70 por ciento de las muertes maternas: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y parto obstruido.2 Estas problemáticas aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer.

Las principales causantes de 75 por ciento de las muertes maternas en el mundo son las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las infecciones (generalmente tras el parto), la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto, y los abortos peligrosos.3

En México ocurren 62 muertes fetales cada día, mientras que más de dos millones de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida, lo que se conoce como muerte neonatal.4

De acuerdo con el informe Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos, se registraron 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años de edad en 2016.5

En promedio, cuando muere una mamá deja tres hijos huérfanos, con todas las carencias educativas, de formación, de cuidados y de atención, que puede tener consecuencias sociales desastrosas.

En la muerte perinatal, el fenómeno más frecuente es la muerte fetal, luego la neonatal y, por último, la muerte materna. Por un lado, cada día mueren alrededor de casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto; mientras, al día suceden 44 decesos neonatales.6

La mayor proporción de nacimientos entre mujeres adolescentes respecto al total de nacimientos en México ha llegado hasta 19.4 por ciento entre 2012 y 2014. Esto significa que una quinta parte de los nacimientos del país son de adolescentes embarazadas –el doble de la proporción mundial–. Los últimos datos muestran que, si bien esa proporción ha disminuido (17.8 por ciento o 74.4 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años), el cambio no ha sido significativo en términos de la magnitud que representa.

Entre 2016 y 2017, la razón de mortalidad materna presentó un descenso de 9.4 por ciento, con 32 defunciones maternas por cada mil nacidos vivos, del año pasado las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio fueron la sexta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años de edad.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señala que 40 por ciento de los casos de muerte materna que se reportaron en 2015, se debieron a malos diagnósticos médicos y, sobre todo, a que las mujeres no asisten a sus consultas programadas.7

Sin duda, la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

En muchas ocasiones, una inadecuada atención o seguimiento médico puede producir discapacidades permanentes en las mujeres: dolores crónicos, fistulas, inmovilidad, daños en el sistema reproductivo o infertilidad.

Es muy importante el cuidado de la madre y el recién nacido, puesto que el “periodo neonatal” que comprende de 28 días a partir del nacimiento es fundamental para saber si la vida del bebé será viable, tendrá alguna complicación durante su crecimiento o en dado caso fallecer.

Ante esta problemática mundial, se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible una nueva meta para reducir la mortalidad materna, la cual plantea reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos.8

De ahí la trascendencia del presente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención de la salud materna y perinatal en todo el país, en beneficio de la salud de este sector de la población.

Es fundamental garantizar a todas las mujeres el acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a efecto de garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

2 https://www.who.int/topics/maternal_health/es/

3 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

4 http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/21603-muerte-perinatal- mexico

5 https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/
Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20Me%CC%81xico,
%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20humanos.pdf

6 https://datos.gob.mx/busca/dataset/salud-sexual-y-reproductiva/resource /b3c0b959-8943-46af-8c1d-d9b763f3de0d

7 https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/salud-materna-y- perinatal

8 https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y el Conapo a dirigir por igual a hombres y mujeres las campañas preventivas del embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Nelly Minerva Carrasco Godínez, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados; presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria Salud y al Consejo Nacional de Población, a que las campañas de prevención del embarazo en adolescentes se dirijan por igual a hombres y mujeres, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El fenómeno de embarazos a temprana edad, se ha posicionado como un problema que afecta al sector juventud, pues datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),1 revelan que, de los países miembros, México se coloca como el país con el mayor índice de embarazos en adolescentes.

El embarazo, proviene de una relación hombre-mujer, sin embargo, la correlación de edades desfavorece a niñas y adolescentes; basta considerar los datos aportados por la organización Save The Children respecto al matrimonio infantil,2 de los que se desprende lo siguiente:

• Cada 7 segundos, se casa una niña menor de 15 años en el mundo;

• 98 por ciento de las personas menores de edad casadas en México, son mujeres;

• En México, una de cada cinco mujeres se casa antes de los 18 años de edad;

• En 2030, habrá en el mundo 9.7 millones de niñas y adolescentes casadas y sin poder lograr sus sueños (sic.)

Por otra parte, según datos aportados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) refiere que: en México, del total de mujeres de 15 años o más que han tenido una relación de pareja, 61.1 por ciento se encuentran casadas o unidas, de éstas 8.5 por ciento fue porque se embarazó y decidieron casarse o vivir juntos, mientras que, 3.5 por ciento fue porque quería irse o salirse de su casa, y 1.9 por ciento porque se embarazó y se vio obligada a unirse por distintas razones. El 93.0 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha tenido al menos una relación sexual; de estas, 40.1 por ciento tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años; del total de mujeres de 15 años y más, 43.9 por ciento ha tenido incidentes de violencia de pareja a lo largo de la relación. Entre las adolescentes y jóvenes (15 a 24 años), el porcentaje es de 40.3 por ciento, y en hablantes de lengua indígena el porcentaje aumenta a 46.1 por ciento.3

Un reporte en el diario Milenio ,4 revela que en los últimos años, “la tasa de embarazo entre jóvenes creció casi 100 por ciento. 400 mil consultas al año en el IMSS están relacionadas con embarazos entre adolescentes. Aproximadamente cada minuto una joven se convierte en mamá”; evidentemente, los programas de prevención, no han tenido un resultado significativo, por el contrario, las cifras revelan que va en aumento.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), implementado desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), es un valioso esfuerzo y ha sido una de las tantas respuestas a este fenómeno al igual que la campaña promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Es tú vida, Es tu futuro, Hazlo seguro”.5

Resulta interesante observar que, a pesar de las grandes aportaciones en distintos ámbitos para la disminución de embarazos no planificados, los mensajes, dípticos, posters y el general todo tipo de promocional, están dirigidos exclusivamente a mujeres, lo cual merma la efectividad de cualquier programa y campaña.

El IMSS, cuenta con un portal que si bien es cierto señala que el embarazo es responsabilidad de hombres y mujeres, también lo es que en el espacio de infografías, solo contiene un apartado relativo al embarazo (no de su prevención) y, por otra parte, existe un apartado relativo a la planificación familiar, pero en el mismo, no se desprende alguno dirigido a Niñas, niños y adolescentes sobre la prevención del embarazo.6

Lo anterior refleja la falta de inclusión en la propuesta, pareciera que, las instituciones de salud pública consideran el embarazo como “responsabilidad” que atañe sólo a las mujeres, inclusive desde la adolescencia.

Actualmente, en México viven 22.4 millones de adolescentes (entre 10 y 19 años de edad), y 1 de cada 5 embarazos anuales es en jóvenes menores de edad. Tal problemática pone en riesgo a la madre adolescente y la coloca en una posición de vulnerabilidad alta, ya que las probabilidades de morir durante el parto, se duplican por la corta edad y también coloca en riesgo al producto, pues puede nacer prematuro o de bajo peso.

Si retomamos las cifras reveladas por el Inegi en el 2014,7 en el ramo: defunciones a causa de alguna complicación en el embarazo o en el parto, podemos dar cuenta que se produjeron 148 muertes maternas en mujeres jóvenes de 15 y 19 años, y 168 en mujeres de 20 a 24 años respectivamente.

La Ley General de Salud establece en su artículo 67 que: “para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35”, es decir, la norma establece como obligación de estado, informar tanto a hombres como a mujeres sobre el riesgo del embarazo durante la adolescencia, sin embargo, en el campo de los hechos solo se dirige a las mujeres.

El embarazo a temprana edad es producto de una interrelación entre hombres y mujeres, y la idea de prevenirlo, debe ir dirigido para ambos sexos, generar campañas o promover soluciones para dicho problema orientados exclusivamente para mujeres genera irresponsabilidad en los hombres, se fomenta la misoginia, y lo peor no se logra atacar el problema de raíz.

Por lo anterior, se solicita la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Consejo Nacional de Población, a promover campañas de prevención del embarazo en adolescentes, dirigidas a mujeres y hombres.

Notas

1 Boletín UNAM-DGCS-457, Ciudad Universitaria, versión en línea: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_457.html

2 Save The Children, “5 Enemigos de la Infancia en México (Matrimonio Infantil)”, publicado en la página de internet en la dirección:

https://apoyo.savethechildren.mx/
futuro?gclid=CjwKCAiAwJTjBRBhEiwA56V7q_BXTnWYbt9eOqjZ9yfHnvX2644Ec1OOyhHvWkviUnRMM0osMZlLaRoChv8QAvD_BwE

Consultada el 14 de febrero de 2019.

3 Información Sociodemográfica de las Relaciones de Pareja en México, CONAPO, consultado el 15 de febrero en la dirección de internet https://www.gob.mx/conapo/articulos/informacion-sociodemografica-de-las -relaciones-de-pareja-en-mexico?idiom=es

4 PUIG Carlos, “Sexo, mucho más sexo”, Publicación 06 de septiembre del 2016, dirección electrónica:

http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Sexo-sexo_18_8 06499378.html

5 Es tú vida, Es tu futuro, Hazlo Seguro, portal del Gobierno Federal, sitio web: https://www.gob.mx/comolehago#

6 Datos que se pueden consultar en la página:
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo 2014, versión en línea: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.as p?proy=mort_mg

Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México a 21 de febrero de 2019.

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a dar seguimiento por la comisión correspondiente a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado mexicano, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a dar seguimiento a las observaciones del comité de los derechos del niño al Estado mexicano a través de la comisión correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al constituirse como una instancia fundamental del entramado institucional dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional de Protección Integral cuenta con la facultad de crear comisiones internas para atender temáticas afines a la materia, emitiendo para ello los acuerdos y las reglamentaciones que faciliten su integración y operación. Lo anterior, con base en el artículo 129 de la norma citada.

En ese orden, en la sesión de instalación de Sistema Nacional —diciembre de 2015— se acordó crear la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El Acuerdo 4/2015 en su primer punto estipuló que el objetivo que persigue es el que las instituciones que la integran, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen, promuevan, apliquen y den seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y a las obligaciones del Estado mexicano en el respeto, garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el segundo, se enlistan las instituciones que la integran: la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional; las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Desarrollo Social (Hoy Bienestar), de Salud, de Trabajo, y de Hacienda; el Sistema Nacional DIF vía la Procuraduría Federal de Protección Integral; la Comisión Nacional de Seguridad; la Procuraduría Federal de la República (Hoy Fiscalía); el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Igualmente, en numeral cuarto se asentó la necesidad de contar con programas de trabajo específicos.

En el programa de trabajo 2016-2017 de la Comisión de Seguimiento, se plasmó como objetivo general dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado mexicano sobre su 4o. y 5o. informe periódico consolidado –de junio de 2015–, a través de mecanismos interinstitucionales de coordinación, sistematización y monitoreo de los avances; el establecimiento de herramientas de trabajo y procesos de participación del sector público y privado, así como de niñas, niños y adolescentes.

Cabe destacar que en el párrafo 77 del documento Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México 2015 , se determinó la fecha del próximo informe que debe rendir nuestro país:

B. Próximo informe

77. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos sexto y séptimo consolidados a más tardar el 20 de octubre de 2020 y que incluya información sobre el seguimiento de las presentes observaciones finales (...)

Al respecto, de la Cuarta Sesión de trabajo1 de la Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, efectuada en octubre del año recién concluido, se desprende lo siguiente:

• Que durante la tercera sesión de trabajo de la Comisión se acordó elaborar un informe de término medio sobre 17 recomendaciones prioritarias.

Esto es, en el numeral 5.1, Lectura y votación de acuerdos , de la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2018, se enlistaron las recomendaciones de atención prioritaria citadas, considerando su relevancia temática, su viabilidad medible y su relación con los Objetivos Nacionales de Derechos de NNA “25 al 25”, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las respectivas estatales, siendo las siguientes:

• Programas de protección locales (estatales y municipales) y su implementación. Recomendación 10 a.

• Procuradurías de protección de orden federal y estatal, y su fortalecimiento. Recomendación 12 b.

• Indicadores para vigilar y evaluar eficazmente lo progresos logrados en la aplicación de la Convención y medir la repercusión de las políticas que afectan a niños. Recomendación 14.

• Ruta de acción para prevenir y eliminar la discriminación de facto contra la niñez en situación de vulnerabilidad, con recursos, cronograma y metas medibles.

• Eliminación de actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres (programas de educación y sensibilización)

• Inscripción universal de nacimientos mediante reformas legales, procedimientos estatales y municipales, y oficinas itinerantes. Recomendación 28.

• Prohibición del castigo corporal en todos los entornos y derogación del derecho a corregir. Recomendación 32 b.

• Edad mínima para contraer matrimonio sea 18 años en las leyes de todos los estados en implementar programas de sensibilización. Recomendación 38.

• Datos sobre acogimiento familiar y el internamiento en instituciones, revisión periódica, y control de la calidad del acogimiento. Recomendación 40 d.

• Prohibición y sanción de adopciones privadas en los códigos federal, y estatales, mediante aplicación efectiva de la LGDNNA. Recomendación 42.

• Mejora de condiciones de vida de niñas y niños que viven con sus madres en prisión. Recomendación 44.

• Reducción de mortalidad materno-infantil. Promoción de lactancia materna. Recomendación 48 b.

• Reducción de desnutrición, sobrepeso y obesidad entre niñas y niños mediante estrategia nacional. Recomendación 48 c.

• Ejecución efectiva de la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes. Recomendación 50 a.

• Fin de la detención administrativa de niñas y niños solicitantes de asilo y migrantes, colocación en centros de acogida de los no acompañados, e instalaciones adecuadas para la unificación familiar de los acompañados. Recomendaciones 58 b y 60 a.

• Armonización de la legislación de justicia para adolescentes en todos los estados, reducción de penas, promoción de medidas alternativas a la privación de la libertad. Recomendación 68 a.

• Aplicación efectiva de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Recomendación 70 c.

Estableciéndose como plazos para reportar las medidas tomadas y los avances alcanzados los días 27 de julio y 24 de septiembre de 2018. Acordándose también la elaboración del informe de medio término que recogiese los avances logrados entre junio de 2015 y septiembre de 2018, identificando los retos y espacios de oportunidad para cumplimentar totalmente las recomendaciones del Comité.

En consecuencia, durante la Cuarta Sesión de trabajo —última del año y de la Administración pasada— de la Comisión de Seguimiento se dio cuenta de predicho Informe, con carácter interno .

Informándose que habrían participado 23 instancias y autoridades federales, y 19 entidades federativas a través de las respectivas Secretarías Ejecutivas. Lo que denota un documento inacabado por faltar material informativo de trece estados.

De igual forma se reportó que de las 133 recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, 116 contaban con acciones reportadas —algunas de ellas con diversos grados de insuficiencia—, y que de 17 de ellas no se tenía información acerca de su cumplimentación.

En todo caso, se apuntó que el documento aludido permitiría dar a conocer a las nuevas autoridades los principales retos y acciones en la materia.

Es de subrayarse que las recomendaciones sin reporte alguno —17 de las 133, que representan 12.78 por ciento del total—, constituyen los apartados de mayor preocupación dada su temática, como lo manifestó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección. Siendo estas:

• Consideración del interés superior en inversiones o recortes al presupuesto. Recomendación 14 d.

• Tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los del crimen organizado, asegurando el acceso a la justicia cuando sean reclutados. Recomendación 30.

• Revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia. Recomendación 30.

• Investigación de miembros de comunidades de fe implicados en abuso o explotación sexual contra niñas y niños, y proveer los servicios necesarios para su recuperación física y mental. Recomendación 36.

• Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las instituciones de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas. Recomendación 40.

• Asegurar condiciones de vida dignas de niñas y niños que viven con sus madres en prisión. Recomendación 44.

• Responsabilidad legal de las empresas que participan en actividades que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Recomendación 52.

• Aplicación efectiva del programa nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida. Recomendación 64.

• Prevención de violencia contra las y los adolescentes en reclusión, Recomendación 68.

• Detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de venta de niñas y niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Recomendación 70.

• Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales. Recomendación 74.

En ese sentido, el presente exhorto pretende instar al Sistema Nacional de Protección Integral, a reactivar la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño; a emitir el Informe 2018 de la misma; a hacer público el Informe de término medio presentado internamente durante la Cuarta Sesión de Trabajo, de fecha 5 de octubre de 2018, de la Comisión para el Seguimiento, a fin de constatar el grado de avance; y finalmente, a que se otorgue atención especial a las recomendaciones que no tienen reporte, demandando de las autoridades responsables la información respectiva.

De ese modo, por añadidura, estaría en condiciones de diseñar, a la brevedad, su programa de trabajo 2109-2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Secretaría Ejecutiva a:

1. Reactivar la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

2. A emitir el informe de actividades 2018 de la Comisión para el Seguimiento.

3. A hacer público el Informe de término medio presentado internamente durante la Cuarta Sesión de Trabajo, del día 5 de octubre de 2018, de la Comisión para el Seguimiento.

4. A otorgar atención especial a las recomendaciones que a la fecha no tienen reporte, demandando de las autoridades responsables las acciones pertinentes y la información respectiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a hacer público el alcance, los mecanismos, los criterios y las figuras jurídicas considerados para otorgar la libertad de los “presos políticos”, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Consideraciones

En pasados días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en torno en el tema de “presos políticos”, detallando las siguientes acciones que ha realizado la presente administración federal:

Se creó una unidad especial para fortalecer los sistemas de justicia del país, dicha unidad está conformada por dos direcciones, una de ellas para analizar los casos de quienes han sido presos y no han recibido sentencia.

La titular de Gobernación señaló que durante diciembre han sido liberadas 16 personas y que muchas de ellas no han tenido una sentencia después de muchos años de estar privadas de su libertad. Explicó que gran cantidad de las personas presas no han recibido sentencia porque los jueces no tienen los elementos y evidencias para condenarlos.

Además, se están revisando 368 casos más de personas que podrían ser sujetos a este beneficio.

Dijo que durante la presente administración la creación de esta estructura será permanente, pues ha habido una falta de respuesta por parte del Estado, explicó que hay mucha gente humilde que no ha tenido derecho a un defensor público y que hay casos de indígenas que ni siquiera tuvieron acceso a un intérprete.1

Sobre este mismo tema, el Presidente de la República señaló que: “El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política. Que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios, como sucedía, no estoy inventando nada”.

El primer aspecto a considerar, es tratar de entender que es un “preso político”, de acuerdo a la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, nos aporta la siguiente definición:

Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas esta encarcelada.

Un preso, es un preso político cuando su encarcelamiento y condena vienen en contra de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y de las garantías fundamentales, en particular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación, cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito, cuando la duración del encarcelamiento o las condiciones carcelarias por razones políticas evidentemente no están proporcionadas al delito, si la persona está en prisión por razones políticas en forma discriminatoria en comparación con otras personas o si la detención es el resultado de procesos claramente injustos y parece estar relacionada con razones políticas del gobierno.

Las personas que utilizan la violencia o incitan a la violencia, no pueden atribuirse el mérito de ser “presos políticos”, aunque afirman haber actuado por razones “políticas”.2

Al analizar las declaraciones de la Titular de Gobernación y el concepto de “preso político”, podemos observar una confusión de conceptos e ideas entre las que se mueven las acciones del gobierno federal al respecto.

La secretaria de Gobernación nos habla de un rezago, en la resolución de diferentes casos de personas que continúan en la cárcel por no tener sentencia, sin puntualizar la razón en la que se basa su consideración de “presos políticos”. Creemos que, en todo caso, se está hablando de personas a las que sus derechos le han sido violentados, con fundamento en lo establecido en el artículo 20 Constitucional, apartado B en referencia a los derechos de las personas imputadas que se trascriben textual en las siguientes líneas:

VII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

IX. ...

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Más allá de ello, en realidad este es un problema de falta de justicia pronta y expedita, de ineficiencia procesal y procedimental, más no de encarcelamiento o alargamiento de la medida por cuestiones políticas.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos hemos asumido como legisladores garantes de los derechos que consideramos irreductibles, por lo que nos preocupa que desde el poder se esté encubriendo el verdadero propósito de estas liberaciones, que, sin lugar a dudas, es el cumplir con los compromisos adquiridos durante el proceso electoral con grupos políticos que apoyaron a Morena, para dejar en libertad a algunos de sus miembros en su actuar personal han infringido la ley, de liberar a delincuentes comprobados, sólo por el hecho de ser afines a su ideología partidista.

Un claro ejemplo de esto, se puede confirmar cuando el pasado mes de diciembre de 2018, la senadora Nestora Salgado se congratula y escribe en sus redes sociales: “Con esperanza y ánimo recibimos la noticia de la liberación de compañeros y compañeras de la CNTE, entre ellos Leonel Manzano, Sara Altamirano. Queremos un México sin presos políticos ni personas encarceladas injustamente”, publicó en Twitter.

Sobre este respecto la secretaria de Gobernación señalo lo siguiente: “son 16 los “presos políticos” que la actual administración ha liberado ya. La funcionaria agregó que revisan los casos de otras 368 personas en la misma situación, cuando le preguntaron cuántas mujeres y cuántos hombres estaban en esas listas, dijo no traer el dato. Lo que sí reconoció es que algunos de los liberados son de la CNTE.

Pero no ofreció detalle alguno, ni nombres ni circunstancia de los detenidos, nada. Argumentó que debían cuidar los riesgos que estas personas corrían”.3

En este mismo tema, el periodista Jorge Fernández Menéndez en un artículo titulado “Los presos políticos que secuestraban niños”, publicado en un periódico de circulación nacional, hace una narrativa escalofriante del grado de violencia con la que actuaban estos delincuentes; a continuación, algunos fragmentos:

El 13 de enero de ese año, fueron secuestrados, en Oaxaca, los niños Juan José y Alexa Álvarez Benfield, cuando se dirigían al colegio donde estudiaban la primaria. En su declaración ministerial los dos niños aseguran que, al momento de su intercepción, los secuestradores realizaron disparos a su vehículo y lograron volcarlo. Los secuestradores le dispararon al chofer en el rostro, matándolo, y sacaron a los menores de manera violenta, no se llevaron a otra hermana, Davia Álvarez Benfield, porque al verla cubierta de sangre pensaron que estaba muerta. Al niño Juan José le propinaron algunos golpes y un culatazo en la cabeza, para sacarlo del vehículo.

Durante su cautiverio, los menores fueron encerrados en una cisterna de dos metros de largo por dos metros de ancho, con un metro y medio de alto, donde, en todo momento, eran mantenidos sentados en el suelo con los ojos vendados, amarrados de pies y manos y encadenados, vigilados por un cuidador. Los cuidadores se alternaban cada dos horas. Los niños, para sus necesidades fisiológicas sólo tenían una cubeta cubierta con una bolsa de plástico negro, eran “aseados” cada cinco días a jicarazos, su comida consistía en guisados y té, y uno de los cuidadores se refería en sus pláticas constantemente a cuestiones sexuales, con el riesgo de algún tipo de agresión a la niña.

Vía intervenciones telefónicas, los secuestradores fueron detenidos el 17 de mayo en Oaxaca. Los secuestradores fueron reconocidos por las víctimas, por la persona que hacía de negociador y por las pruebas documentales levantadas por la PGR. Trece personas fueron detenidas por pertenecer a esta red. Están formalmente presos desde el 28 de mayo del 2013, y desde ese 6 de agosto, la Coordinadora y la Sección 22 están reclamando la libertad de estos “presos políticos”.

¿Por qué? Porque cinco de los detenidos son miembros de la Sección 22 y de la CNTE y tres son miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), que a su vez es parte de la APPO (y de grupos armados).

Como parte de las investigaciones también se demostró que la voz del negociador David Vargas Araujo coincidía con la que se tenía grabada en el caso de Calixto Saúl Bravo Martínez, quien había sido secuestrado en septiembre del 2012. Vargas Araujo, en su declaración, aceptó ser asesor de la diputada Rosario Merlín (en ese momento legisladora del PRD, actualmente en la LXIV Legislatura de Morena); reconoció haber organizado el secuestro de los niños junto con Luis Gutiérrez Saldívar.

La banda estaba relacionada con, por lo menos, cuatro secuestros y sus líderes son partes del FACMEO, de la Sección 22, y varios de ellos tienen relación con el EPR, aunque podrían haberse convertido en miembros de una fracción de ese grupo armado, denominada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), según comunicados de estas mismas organizaciones. Estos son los maestros secuestradores cuya libertad exigen la Coordinadora y la Sección 22 y que les fue concedida a fin de año como parte de la amnistía en marcha.4

¿Cuántas personas detenidas que están siendo considerados por el gobierno federal para ser liberados, son delincuentes y no presos por cuestiones políticas?

Si existieron violaciones a los derechos por parte de las autoridades que los detuvieron, (policías), de quien les inicio la averiguación previa (ministerio público), del Juez que conoció la causa, entonces se tendría que actuar contra estos funcionarios por delitos relacionados con la impartición de justicia, porque en este entendido; estaríamos hablando de que a las personas que estuvieron detenidas se les dejo en libertad por violaciones al debido proceso, y no porque fueran inocentes, y la cadena de impunidad se alarga, primero para los funcionarios que hicieron de manera deficiente su trabajo, y segundo para los delincuentes que no fueron castigados por los delitos cometidos.

Por otro lado, nadie ha planteado la atención a las víctimas de los delitos originalmente imputados a estas personas por que al no conocer los casos d ellos que se trata, las víctimas, de haberlas, tampoco han tenido el derecho de reclamar la atención de la autoridad para que sus denuncias formuladas sean debidamente atendidas.

La Ley General de Víctimas señala claramente en su artículo 1 párrafo tercero que:

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

Mientras no contemos con la información necesaria, que sustente el procedimiento y criterios que está considerando la Secretaria de Gobernación para coadyuvar a la liberación de esos que llaman “presos políticos”, las dudas seguirán creciendo y a primera instancia, por lo menos en el caso ejemplificado, están dejando libertad a delincuentes consumados, y dejando a un lado los derechos de las víctimas, que lo hace más dramático, que sean niños los que fueron víctimas de este delito tan atroz, como lo es el secuestro.

Todo lo anterior nos llevan a considerar -sobre todo por la falta de información- que estamos ante la amnistía que el entonces candidato y actual Presidente, prometió en compaña, un perdón para actos que se reconocen como delitos, pero como una acción de bondad y de justicia, el gobierno las olvide, porque la amnistía, eso significa, SIN MEMORIA, es la amnesia formalmente decretada sobre un hecho.

Sí, la amnistía es un paso reparador pero no suficiente para proclamarlo como un acto de justicia, porque para ello, como ya hemos mencionado, faltaría sancionar la responsabilidad de los funcionarios corruptos que ordenaron y llevaron a cabo los procedimientos para encarcelar a todos esos presos políticos, sin mencionar el daño irreparable a las víctimas.

Este procedimiento de la Amnistía, tenemos que dejarlo claro, es una facultad del Poder Legislativo, que está regulado en el artículo 73, fracción XXII que dice: “Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación”, y en la historia de México, existen antecedentes de este tipo ordenamientos que han sido adecuadamente procesados por el Legislativo, beneficiando a personas que estaban detenidas por diferentes causas.

Cosa que no ha sucedido, toda vez que de las primeras 16 personas que lograron su liberación, no pasaron por el procedimiento legislativo correspondiente en el congreso, además que se tiene que considerar siempre a la víctima, ya que tiene que prevalecer la obligación de la reparación del daño, cosa que tampoco se ha informado.

Por lo que ha expresado la secretaria de Gobernación, entraríamos al ámbito del indulto, el cual, de acuerdo a nuestra Constitución, es una facultad del Poder Ejecutivo, que en su artículo 89 fracción XIV refiere: “Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.

El indulto, por lo tanto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que presupone el perdón de una pena ya dictada, el preso sigue siendo responsable, pero se le perdona el cumplimiento de la pena, pero en el caso por lo menos de algunas de las personas liberadas el pasado mes de diciembre, y de acuerdo a lo expresado por la instancia federal, que estos presos no han sido sentenciados, no se cumple con los requisitos que marca la Constitución, que especifica que serán beneficiados del indulto reos sentenciados, por lo tanto no se da el supuesto para que se les otorgue este benéfico.

De acuerdo a lo anterior, estamos totalmente desinformados de los procedimientos que la Secretaría de Gobernación ha considerado para la liberación de 16 personas detenidas, y está en la deliberación de liberar a otros 368 reos.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que haga pública la siguiente información:

1) Qué criterios, argumentos y figuras jurídicas fueron considerados para resolver la liberación de estas 16 personas que se encontraban detenidas.

2) Cuáles son los criterios, argumentos y figuras jurídicas en los que se está basando la Dirección Especializada que creó ex profeso para el análisis de los 368 casos de personas que pudieran ser liberadas.

3) Qué criterios se han definido para dar seguimiento a la a tención de las víctimas de los delitos originalmente denunciados conforme a lo que señala la Ley General de Víctimas.

Fuentes consultadas

1. https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/sanchez-cordero-se-rev isan-368-casos-presos-politicos/

2. http://www.SIDDHH.com.derechos-humanos/ quien es un preso político-definición.

3. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/presos-politic os-la-opacidad-de-la-secretaria-cordero

4. https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/los-preso s-politicos-que-secuestraban-ninos/1289615

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, suscrita por los diputados Brenda Espinoza López e Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los diputados Brenda Espinoza López e Hirepan Maya Martínez integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Que la suscrita, con fecha de 11 septiembre de 2018 inscribí el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara a 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, que presentó el jueves 27 del mismo mes y año, al pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de que el honorable Congreso de la Unión declare a 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, así como qué a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda la correspondencia oficial del Estado mexicano tenga inserta al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

Seguidos los trámites parlamentarios, dicha iniciativa se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Población de la H. Cámara de Diputados, para su Dictamen, mismo, que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión en comento el día 12 de diciembre del año próximo pasado, siendo aprobado por el pleno de la Cámara de diputados el día 13 del mismo mes y año por unanimidad del plano de la Cámara de diputados, en consecuencia, con fecha 18 de diciembre de 2018, fue recibida la minuta respectiva por la colegisladora la cual con fecha 20 de diciembre de 2018, aprobó por unanimidad del pleno del Senado el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo que, con esa misma fecha se turnó al Ejecutivo Federal quien con fecha 13 de enero de 2019, publico en el Diario oficial de la Federación el decreto por el cual se declara el 2019. Como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, al tenor de los siguientes artículos:

“...Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara a 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

Artículo Segundo. Durante el año 2019, en toda la documentación oficial de la Federación se inscribirá la leyenda: “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

En estricto cumplimiento al principio de distribución de competencias, se invita a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse a la presente declaratoria.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial federales y los órganos públicos autónomos, establecerá un programa de actividades para conmemorar el centenario del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Luego entonces, en estricta concordancia con dicho decreto, y toda vez que no solo la colegisladora, sino el Poder Ejecutivo federal concuerdan, con el hecho de que efectivamente se reconozca al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, y que esto, tenga un impacto favorable en el contexto actual en que nos encontramos, haciendo posible el derecho no solo a la cultura, sino al conocimiento histórico de la vida de un luchador social, sencillo, humano, con una sola causa, la de los más de explotados y desvalidos.

Ahora bien, en estricto cumplimiento y a manera de ser incluyentes con los demás grupos parlamentarios, que también votaron a favor de dicha iniciativa, debemos dar cumplimiento al artículo tercero del citado decreto, por lo que se propone la creación de la comisión especial, que tendrá una vigencia del 1o. de enero de 2019 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año, para dar relevancia a la declaración decretada.

En ese orden de ideas, debemos recordar que el 10 de abril de 1919, en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, México, a los 39 años, fue cobardemente asesinado el caudillo del sur, general Emiliano Zapata Salazar.

No podemos dejar pasar por desapercibido qué del general Emiliano Zapata Salazar, mucho se ha dicho y se ha escrito a través de estos casi 100 años de su muerte, y si bien, la historia lo ha puesto en el lugar que merece, como a muchos otros próceres de las libertades que al día de hoy gozamos, sería un despropósito pensar que en unas cuantas líneas se puede hablar de sus logros y de su lucha.

Inspirador de la gente, líder natural, luchador social, con ideales bien plantados, sumó gente a su ejército en principio por el odio a los españoles, y por un ansia del pueblo de tierra, libertad y justicia.

El Plan de Ayala, proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año, escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911, expuso los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas: restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados, previa indemnización.

Denunció y desconoció al presidente Francisco I. Madero por su traición de los ideales revolucionarios, consagrados en el Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero, donde invocaba el levantamiento del pueblo contra la dictadura de Porfirio Díaz (porfiriato) y se comprometía a restituir las tierras a los campesinos.

También conocido como el caudillo del sur, fue uno de los líderes más importantes durante la Revolución Mexicana, estando al mando del Ejército Libertador del Sur, Zapata se convertiría en un símbolo de los campesinos desposeídos.

Zapata, durante su lucha, a través de los años acuño frases que al día de hoy encuentran vigencia en la lucha de los que menos tienen, como: “Libertad, Justicia y Ley”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, “La tierra es para quien la trabaja”, “Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno”, “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”, “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”, “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, “Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca”.

Debemos recordar a los hombres mujeres que han luchado por las libertades de las cuales gozamos al día de hoy, sería injusto no recordarlos, no rendirles tributo.

Es por todo ello que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de conmemorar y de exaltar a los cien años de la muerte del caudillo del sur. La creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar es indispensable para estar a la altura de las circunstancias y medianamente a la altura de la historia de tan gran ser humano y no solo de él, debemos recordar a las mujeres y a los hombres que junto con él se levantaron en armas, por las injusticias que en esa época laceraban a los ciudadanos del país, así como para dar cumplimiento al artículo tercero del decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de 2019, por el que se declara el 2019, como año del Caudillo del sur Emiliano Zapata.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Para dar cumplimiento al artículo tercero del decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de 2019, por el que se declara a 2019, como año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata, se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar.

Segundo. El objeto de la comisión especial será definir y organizar actividades como: ediciones especiales, foros, encuentros de historiadores e intelectuales, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas, y demás similares, en torno a la vida del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Tercero. La comisión especial estará integrada por ocho diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación y hasta el final de la legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputados:

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a informar a la opinión pública sobre las medidas arancelarias impuestas para prevenir el dumping de acero asiático, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para obtener de la Secretaría de Economía un informe detallado sobre las medidas arancelarias impuestas para la prevención de dumping de acero de origen chino ante el aumento de las importaciones de este material a pesar de la implementación de cuotas compensatorias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La implementación de cuotas arancelarias a la industria del acero por parte de nuestros aliados comerciales regionales es uno de los últimos grandes problemas diplomáticos que se nos ha presentado tan solo en el último año. Con la imposición de un impuesto del 25 por ciento, la exportación de acero nacional ha sufrido para posicionarse en el mercado estadounidense,1 su principal comprador, ante el aumento de sus costos. Esto ha provocado un efecto bidireccional como respuesta por parte de México, donde la implementación de aranceles al acero estadounidense ha golpeado a industrias como la automotriz y la manufacturera, aumentando costos y precios de los bienes de los cuales se hace uso directo en el proceso productivo.

Con ello y ante la búsqueda de los empresarios, emprendedores y consumidores por un menor costo en los procesos de producción de las mercancías, la implementación de una política nacionalista por parte de nuestros vecinos del norte ha perjudicado a la industria regional, ha facilitado e, igualmente, potenciado el acceso de la competencia al mercado de la zona, restándonos competitividad como nación productora en un mercado global.

Sobre ese escenario, un ejemplo actual de cómo ciertos mercados toman ventaja de esta situación es la práctica que comúnmente se conoce como dumping por parte de productores de acero asiáticos, especialmente los productores chinos y vietnamitas. Según la definición de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el dumping es entendido como la “exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción”.2 Estos precios, posibilitados por una política de subsidios a productores de estas mercancías por parte de los países de origen,3 han proliferado en el mercado mexicano, aumentando cada año su presencia (donde el último año hubo un aumento del 35.5 por ciento de las exportaciones totales de origen chino hacia México)4 y reforzando el primer sitio que ocupan los productores de acero chino en el mercado mundial.5 Según datos de la World Steel Association, el 49.2 por ciento de la producción mundial de acero en 2017 provenía de China,6 por lo que competir ante una potencia comercial de acero implica tomar decisiones eficaces, directas y bien informadas.

Como respuesta, el gobierno mexicano ha implementado una serie de medidas compensatorias para hacer frente al problema. Hoy por hoy se cuenta con 71 cuotas compensatorias vigentes, de las cuales 68 son por prácticas de dumping y de las cuales China es acreedora de 45 por ciento de ellas.7 Los productos principalmente involucrados son productos para el hogar, como clavos, fregaderos y tuberías, al igual que materias primas. Igualmente, ha realizado 36 investigaciones a productos de la industria siderúrgica durante la actual administración federal, evitando la llegada de cerca de 5 millones de toneladas de acero, donde había casos de un precio de 40 por ciento menos al valor estimado de mercado.8

A pesar de los esfuerzos, el superávit que mantiene la producción china de acero se ha visto insuficiente ante el aumento de la importación de estos productos. De 2010 para acá, el crecimiento promedio de las exportaciones hacia México es de 10.7 por ciento anual.9 Por otra parte, la porosidad de las aduanas y el uso de métodos ilegales, como la simulación de importaciones temporales, son otras formas en las cuales se siguen importando esta clase de mercancías.

La implementación de cuotas, aranceles y otros recursos para evitar la inundación del mercado nacional carecen de los elementos para justificarse como pertinentes, por lo que abrir la discusión y situar sobre la mesa nuevas ideas para darle solución al problema o aminorar su impacto resulta prioritario para una industria que representa 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 12. 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional.10

Para ello, es necesario que esta representación cuente con la información precisa de la Secretaría de Economía para que de manera conjunta autoridades responsables y poder legislativo procuremos el análisis y discusión sobre las prácticas de dumping de acero y cómo solucionarlas a nivel legislativo, reglamentario y de operación aduanera, para hacer frente a un problema que únicamente perjudica a la economía y el bienestar de nuestro país.

Por lo antes expuesto, ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, para que la dependencia a su cargo realice un reporte detallado e informe a la opinión pública en un plazo no mayor a 20 días naturales, sobre las medidas arancelarias impuestas para la prevención del dumping de acero de origen asiático, ante el aumento de las importaciones de este material a pesar de la implementación de cuotas compensatorias.

Notas

1 Reuters. (2018). México aplica aranceles al acero, productos agrícolas y whisky de Estados Unidos, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-aplica-aranceles-al-ace ro-productos-agricolas-y-whisky-de-Estados-Unidos—20180605-0044.html

2 Organización Mundial del Comercio. (2018). Glosario de Términos, de Organización Mundial del Comercio. Sitio web: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/dumping_s.htm

3 Agencia Reforma. (2018). Inmune China a aranceles mexicanos, de El Diario. Sitio web: https://diario.mx/Economia/2018-10-30_88ac8434/inmune-china-a-aranceles -mexicanos/

4 Ibídem

5 Agence France-Presse. (2018). Los datos que hacen de China líder mundial de acero, pero señalado por ‘dumping’, de Expansión Sitio web: https://expansion.mx/economia/2018/03/13/los-datos-que-hacen-de-china-l ider-mundial-de-acero-pero-senalado-por-dumping

6 Ibídem

7 Agencia Reforma. (2018). Inmune China a aranceles mexicanos, de El Diario. Sitio web: https://diario.mx/Economia/2018-10-30_88ac8434/inmune-china-a-aranceles -mexicanos/

8 Daniel Blanco. (2018). México evita entrada de 5 millones de toneladas de acero con dumping, de El Financiero. Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-evita-entrada-de-5-millo nes-de-toneladas-de-acero-con-dumping

9 Agencia Reforma. (2018). Inmune China a aranceles mexicanos, de El Diario. Sitio web: https://diario.mx/Economia/2018-10-30_88ac8434/inmune-china-a-aranceles -mexicanos/

10 Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero. (2018). México: Panorama Siderúrgico 2017, de Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero. Sitio web: http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_canacero_2018.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a promover mayores niveles de inversión en los estados y los municipios con vocación minera, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Pavón Campos, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que promueva mayores niveles de inversión en los estados y municipios con vocación minera; asimismo, para que abra un espacio de interlocución y diálogo con el gobierno de los estados y municipios beneficiados con el Fondo Minero, a fin de que los cambios en la asignación de recursos no impacten de manera negativa en el desarrollo de obras de infraestructura social, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Nación el dominio directo de los minerales, considerados como recursos naturales de vital importancia para el crecimiento y desarrollo del país.

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, ha señalado en diversas ocasiones, que nuestro país es uno de los principales productores de minerales metálicos, por lo que el sector minero-metalúrgico es estratégico, ya que aporta cada año un poco más del 4% al Producto Interno Bruto.1

Para contar con un panorama más general del sector, basta indicar que México se ubica en el primer lugar en producción de plata en el mundo; el primero en inversión en exploración minera de América Latina; y se encuentra entre los principales productores de minerales como plata, plomo, zinc, sal, barita, grafito, yeso y oro, principalmente.2

Los productos minerales son bienes no renovables, por lo tanto, resulta primordial optimizar los recursos que se encuentran en el subsuelo. Es preciso que los concesionarios que obtienen beneficios derivados de la actividad minera, como justa retribución, cubran un derecho en favor del Estado Mexicano, así como de las propias comunidades en donde se realizan actividades mineras, a través del pago de un porcentaje acorde con la utilidad neta obtenida.

En este sentido, el Ejecutivo Federal envió al Congreso, el 8 de septiembre del año 2013, una Iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, lo que derivó, tras su aprobación, en el establecimiento del pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario, por parte de las empresas mineras, así como la creación del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros”.3

El objeto general de dicho Fondo es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera, mediante tres actividades fundamentalmente:

1. Desarrollo social para mejorar la economía de los municipios mineros e incrementar el bienestar de sus ciudadanos;

2. Promover el desarrollo urbano, a través de planes de ordenamiento territorial y otros proyectos de infraestructura; e

3. Impulsar el desarrollo sustentable para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.

El Fondo inicialmente fue operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo las Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Estos comités operaban los recursos destinados a las obras de desarrollo y se integraban por el titular de la Sedatu; un representante de la entidad federativa, que sea beneficiaria del Fondo, designado por el Gobernador; un presidente municipal, representante de los municipios en donde se localicen las actividades mineras; un representante de las empresas mineras; un representante de las comunidades indígenas o núcleos agrarios en los casos en donde se realicen actividades de explotación y obtención de sustancias minerales; y un secretario de actas.4

A pesar de su importancia, el actual gobierno federal ha propuesto cambios sustantivos a la administración de este Fondo, entre los cuales se encuentra que será responsabilidad de la Secretaría de Economía, quien desde este año administrará sus recursos y además realizará una reasignación a los proyectos de desarrollo en las comunidades mineras y entidades con esta vocación productiva.

Se ha dado a conocer que, bajo este nuevo diseño, tal dependencia también desarrollará funciones de vinculación con los habitantes de las zonas de producción minera, con el objeto de que pueda identificar sus necesidades de inversión física y de capacidades.

Pero, lo más preocupante es la aprobación de la reducción a su presupuesto, que se traducirá en repercusiones sociales negativas, en detrimento de la economía y calidad de vida de las personas que viven en estas regiones mineras, ya que no contarán con los fondos necesarios para llevar obras de infraestructura básica como acciones de agua potable, drenaje y pavimentación.

En este sentido, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, ha dicho que los recursos del Fondo ahora se canalizarán de forma directa, sin intermediarios, y que el gobierno federal decidirá qué proyectos productivos se apoyarán. “Detectamos una mejor manera para que los recursos llegaran más directamente a las comunidades, no venimos a confrontar visiones sino a sumar voluntades.”5

Estos cambios a las reglas de operación del Fondo han sido poco transparentes, en virtud de que no se han dado a conocer los criterios, análisis técnicos y evaluaciones que lo sustentan.

Ante la nula transparencia, es de vital importancia sostener una reunión de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Economía para que se clarifiquen los criterios técnicos considerados, ya que repercutirán en las entidades federativas, en particular, las localidades con vocación minera.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que promueva mayores niveles de inversión en los estados y municipios con vocación minera; asimismo, para que abra un espacio de interlocución y diálogo con el gobierno de los estados y municipios beneficiados con el Fondo Minero, a fin de que los cambios en la asignación de recursos no impacten de manera negativa en el desarrollo de obras de infraestructura social.

Notas

1 Secretaría de Economía. (2018). El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. 13/02/2019, de Gobierno Federal Sitio web:

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

2 Ídem

3 Presidente de la República. (2013). Iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley Federal de Derechos. 13/02/2019, de Cámara de Diputados Sitio web:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/sep/20130908- E.pdf

4 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 13/02/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5490927&fe cha=20/07/2017

5 Héctor Briseño. (2019). Existe incertidumbre en el sector minero por el cambio de gobierno. 13/02/2019, de La Jornada Sitio web: https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/5 832-existe-incertidumbre-en-el-sector-minero-por-el-cambio-de-gobierno

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Diputado Carlos Pavón Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a redoblar las acciones por realizar mediante la Profepa a efecto de cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la implantación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Medel Palma , diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea para su discusión y aprobación, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En México se recolectan diariamente un promedio de 104 millones 734 mil toneladas de residuos sólidos y tan sólo en cinco entidades se recoge casi la mitad de los residuos del país; la Ciudad de México, por ejemplo, registra la mayor proporción con 19.7 por ciento del total nacional, siguiendo al estado de México con 9.6 por ciento, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con el Inegi, tan sólo el 11 por ciento de estos residuos, son adecuadamente separados.

Ahora bien, tomando en cuenta la amenaza que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, se realizó una clasificación, dentro de ésta se encuentran los residuos de manejo especial, los cuales, se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y son considerados como aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos.

Como parte de ellos, se encuentran los Residuos Peligrosos, los cuales y acorde a la NOM-052-ECOL-93, se les considera como:

“Aquél residuo generado por la actividad humana y procesos productivos que en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, y explosivas, tóxicas, inflamables, venenosas o biológico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico y la salud.”

Mismos que por sus características, requieren de especial atención por la autoridad.

Segunda. En 1994, el Instituto Nacional de Ecología realizó los primeros estudios para estimar el volumen de residuos peligrosos generados en el país, a partir de entonces, las cifras se han basado fundamentalmente en la información reportada por las empresas que generan este tipo de residuos y que se han registrado en el Padrón de Generadores de Residuos Peligrosos (PGRP) de la Semarnat, por lo que de acuerdo al registro en mención, para el periodo de 2004 -2015, había únicamente 97 mil 348 empresas registradas que generaron 2.22 millones de toneladas,1 situación que deja en incertidumbre respecto al monto real no cuantificado y no regulado por las empresas que aún no se encuentran en el padrón y que de igual manera generan residuos pero de los que se desconoce su destino final.

En el mismo sentido y con la información recabada en el padrón, se concluyó que una de las industrias generadoras de residuos peligrosos que mayores volúmenes produjeron entre 2004 y 2015, fue la química con 228 mil 021.28t, lo que equivale al 10.25 por ciento del total de residuos peligrosos.

Tercera. De lo anterior y examinando la generación en función a la categoría del generador (micro, pequeño y gran generador), por ejemplo, para el periodo de 2004- 2011 se concluyó que de las pocas empresas afiliadas, se produjo el mayor porcentaje de toneladas de residuos peligrosos. Y de esa manera en la actualidad, por lo que resulta imperante una adecuada supervisión de la ejecución y adhesión de los planes de manejo de todo el sector, pues únicamente de esa manera, se salvaguardará la salud y el medio ambiente.

Cuarta. La trascendencia de las externalidades negativas que los residuos peligrosos generan, en especial los de la industria química farmacéutica, toma su relevancia en el hecho de que en nuestro país la apertura comercial de los medicamentos ha incidido no solo en la cantidad de consumo y la apertura de un mayor mercado, sino los desechos se han incrementado, ya que de acuerdo con datos de la de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, anualmente se producen 3 mil 100 millones de unidades de medicamentos, de los cuales, el 9 por ciento de ellos representa un riesgo para la salud y el medio ambiente, pues el 3 por ciento de ellos están caducos y no son destruidos de manera correcta y el 6 por ciento restante se encuentran en el mercado ilegal e informal.

Situación que torna alarmante al considerar que muchas personas han encontrado su mina de oro al lucrar con la salud de miles de asistentes a estos concurridos tianguis, pues comercializan antibióticos de toda clase como patentes, similar y genéricos, medicamentos ya caducos y maltratados, pero a menor precio generando un gran problema de salud entre los consumidores, los cuales ven en este comercio un posible alivio a sus males y su bolsillo, sin pensar que están jugando con su vida.

Quinta. En cuanto al marco regulatorio de la materia, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, son las normas que regulan la materia.

Específicamente en el artículo 2o. de la ley, se establece la obligación de contar con un Plan de Manejo, por ser este el instrumento que minimiza la generación y verifica y comprueba el manejo integral de los residuos peligrosos, como a la letra lo indica:

“Artículo 2. En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

...

V. La responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible;”

“Artículo 5.

...

XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;”

Más adelante, en el cuerpo de la misma ley, se reitera la obligación de la Federación, por conducto de la Secretaría, de realizar los actos jurídicos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas a fin de llevar el control pormenorizado de los residuos peligrosos que estén sujetos a planes de manejo, así como la actualización de los registros y la imposición de las sanciones ante el incumplimiento, esto debido a la corresponsabilidad que debe haber en todos los niveles de gobierno para el tratamiento de los residuos y la observancia de la ley:

“Artículo 12. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir con los gobiernos de las entidades federativas convenios o acuerdos de coordinación, con el propósito de asumir las siguientes funciones, de conformidad con lo que se establece en esta Ley y con la legislación local aplicable:

...

II. El control de los residuos peligrosos que estén sujetos a los planes de manejo, de conformidad con lo previsto en la presente Ley;

III. El establecimiento y actualización de los registros que correspondan en los casos anteriores, y

IV. La imposición de las sanciones aplicables, relacionadas con los actos a los que se refiere este artículo.”

De igual manera, en el artículo 28 se establece quiénes serán los sujetos obligados a la formulación y ejecución de estos planes de manejo, reforzando el argumento con el artículo 31 de la ley, en el que se especifica que la industria química farmacéutica estará obligada a cumplir con el principio de responsabilidad compartida, al manejo integral para los residuos peligrosos derivados de sus actividades industriales, así como a la disposición final de los que desechan los consumidores:

“...Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;”

“...Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. ...VII.

VIII. Fármacos;

IX. ...XI...”

Cabe destacar que, en cuanto al Reglamento de la ley en comento, en el artículo 17 como el 20, se reafirman a los sujetos obligados la formulación y ejecución de los planes de manejo o, en su caso, a la adhesión a uno ya establecido, esto debido a la necesidad de que los sujetos inmersos en el tema tengan opciones para dar cabal cumplimiento a lo que enmarca la legislación y no se exponga a la sociedad y al medio ambiente por la peligrosidad que éstos representan.

“Artículo 17. Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo en los términos previstos en el presente reglamento o las norma oficiales mexicanas correspondientes, o bien adherirse a los planes de manejo establecidos.

La adhesión a un plan de manejo establecido se realizará de acuerdo a los mecanismos previstos en el propio Plan de Manejo siempre que los interesados asuman expresamente todas las obligaciones previstas en él.”

“Artículo 20. Los sujetos que, conforme a la Ley, estén obligados a la elaboración de planes de manejo podrán implementarlos mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos que estimen necesarios y adecuados para fijar sus responsabilidades. En este caso, sin perjuicio de lo pactado por las partes, dichos instrumentos podrán contener lo siguiente.

I. Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima manejar de cada uno de ellos;

II. La forma en que se realizará la minimización de la cantidad, valorización o aprovechamiento de los residuos;

III. Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo, y

IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo.”

Mientras, en el artículo 154 del mismo reglamento se faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por conducto de la Semarnat, para realizar los actos de inspección y vigilancia de dicha normatividad, como a continuación se establece:

“Artículo 154. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría, realizará los actos de inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 101 de la Ley, así como los relativos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y las que del mismo se deriven, e impondrá las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones que resulten procedentes.

La Procuraduría podrá realizar verificaciones documentales para confrontar la información contenida en los planes de manejo, las autorizaciones expedidas por la Secretaría y los informes anuales que rindan los generadores y los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos, para tal fin, revisará la información que obre en los archivos de la Secretaría.”

Como se puede ver, la legislación es muy clara en cuanto a distribución de facultades, pues en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también se establecen las facultades operativas de inspección y vigilancia de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de residuos peligrosos que tendrá la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

“Artículo 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un Procurador y tendrá las facultades siguientes:

I. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, bioseguridad de organismos genéticamente modificados, especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos , impacto ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables; así como establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto;”

Sexta. La problemática de la irregular inspección u omisión en la vigilancia en administraciones anteriores por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respecto el adecuado seguimiento a la ley, pero específicamente en cuando a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo, se vio reflejada en hechos como los que ocurrieron en el 2017 en Veracruz, en donde diversos medios de comunicación, como el periódico Excélsior, 2 informaron el descubrimiento de 11 toneladas de medicamentos caducos, así como 47 mil pruebas de VIH sin registro sanitario.

Además de otros casos como el de Oaxaca en agosto de 2014, que de acuerdo con los reportes de la Profepa, se dio a conocer la clausura temporal de un almacén de la Secretaría de Salud del estado, en el que se depositaron de manera inadecuada 10 toneladas de medicamentos caducos y material de curación.3

En ese incidente y de acuerdo a los informes de la delegación federal de la Profepa en la entidad, derivada de una visita de inspección en el Almacén General de Medicamentos y Materiales de Curación del Programa Seguro Popular, a cargo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), se encontraron enterrados medicamentos caducos como carbamazepina, ranitidina y cápsulas de amoxicilina en un área de 100 metros cuadrados, además de vendas, jeringas y soluciones para curación y algunos otros que se encontraron en cajas y bolsas depositados al interior del almacén que llevaban años en ese lugar y que jamás habían tenido un adecuado manejo y disposición final.

A consecuencia de ello fue que se ordenó la clausura del almacén y la orden de enviar a disposición final las 10 toneladas de medicamentos encontrados, sanción que sería levantada hasta que se hubieran dispuesto adecuadamente los residuos y se diera cumplimiento a la normatividad.

Los hechos de trascendencia en casos como éste o el suscitado en noviembre del 2017 donde autoridades de la delegación Iztapalapa retiraron 55 kilogramos de medicamento del tianguis ubicado en la avenida José Clemente Orozco, en la colonia San Lorenzo Tezonco, en donde el puesto de medicina exhibía para su venta medicamentos caducos, como jarabes, analgésicos, antibióticos, y suplementos alimenticios, además de muestras gratis en mal estado. Al final, el medicamento fue asegurado y resguardado en la bodega de la Coordinación de Mercados y Vía Pública de la demarcación, para su destrucción por la asociación civil Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (Singren).4

Como quedará expuesto, dichos acontecimientos derivaron de la falta de cumplimiento de la ley en la materia, en donde no sólo se puso en riesgo la salud de la población o se generaron externalidades negativas al medio ambiente, sino que, aunado a ello, se realizó la clausura de uno de los centros más importantes de abastecimiento de medicamentos en la zona, dejando en estado de indefensión a la población aledaña que requiere de esos productos.

Situación que reafirma la necesidad de una labor conjunta de todas las autoridades en este sentido y, a su vez, la necesidad de que, en este caso, se aplique el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y todas las disposiciones relacionadas que de manera clara y precisa establecen las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Séptima. Cabe destacar que los compromisos sobre la materia no se limitan a un ámbito nacional, pues México ha adoptado diversos instrumentos que refuerzan el deber por velar y promover el adecuado manejo de residuos peligrosos por las externalidades que éstos generan en la salud de la población y el medio ambiente, como lo es el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Informado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional que entró en vigor el 24 de febrero de 2004 y en el que el objetivo está:

“Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características y estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes...”

Situación que, como Estado mexicano, refrenda el compromiso sobre la puntual vigilancia en los productos químicos peligrosos, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, así como la salvaguarda de la salud humana y el medio ambiente frente a éstos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar las acciones a realizarse por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos respecto a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica.

Notas

1 Semarnat, Residuos Peligrosos. [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 15 de enero de 2019).

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/mater iales-y-actividades-riesgosas/residuos-peligrosos

2 Excélsio r. (24/01/2017). Hallan 11 toneladas de medicamentos caducos en Veracruz. . [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 7 de junio de 2017 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/24/1141963)

3 Profepa. Clausura Profepa almacén de Secretaría de Salud de Oaxaca pr disposición inadecuada de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 7 de junio de 2017

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6207/1/mx/claus ura_profepa_almacen_de_secretaria_de_salud_de_oaxaca_por_disposicion_in adecuada_de_residuos_peligrosos_biologico_infecciosos.html)

4 El Universal (9/11/2017), Aseguran 55 kilos de medicamento caduco en tianguis de Iztapalapa. [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 7 de junio de 2017)

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aseguran-5 5-kilos-de-medicamento-caduco-en-tianguis-de-iztapalapa.

Dado en la Cámara de Diputados, el día 21 de febrero del 2019.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a publicar por la SE y la SHCP en las páginas electrónicas la evolución de las importaciones de tractocamiones y vehículos pesados y especiales, nuevos o usados, provenientes de EUA, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El posicionamiento de México como potencia productiva y de elaboración de bienes es innegable. Con el octavo lugar mundial en la industria manufacturera,1 la producción en este rubro representa 20 por ciento del producto interno bruto2 nacional; ello demuestra su consolidación como la actividad productiva protagonista de México a partir de la crisis económica mundial de 2008.

Mediante la cristalización de las cadenas productivas y el establecimiento de rutas comerciales regionales, la competitividad de nuestro país tiene un techo potencial muy amplio ante la existencia de múltiples tratados de libre comercio con diversos países y regiones del mundo.

En el sector productivo, la industria automotriz se ubica como una de las primeras dos (en conjunto con la industria alimentaria) en el sector de exportaciones3 mexicanas. De enero a agosto de 2018, el sector automotriz tuvo un alza anual acumulada de 2.9 por ciento4 en su producción bruta, en contraste con el año anterior. Pese a una disminución de su crecimiento proporcional, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el cual fue un incremento de 10 por ciento, la balanza positiva se ha mantenido y se mantiene constante en su crecimiento ante las demandas del sector.

El caso específico de los autobuses, camiones de carga y las unidades especiales es de llamar la atención. Para 2017, México logró aumentar en 7.6 por ciento sus exportaciones globales de vehículos pesados5 (114 mil 251 unidades). Tan sólo con relación a Estados Unidos –socio regional–, México registra superávit de exportaciones (en 2017) de estas unidades por 29 mil 172 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, y de 26 mil 207 millones de dólares en autopartes.6

Desde un punto de vista histórico, la relación comercial en este sector con Estados Unidos ha sido bastante benéfica para esta nación. De 2008 a 2017, la venta de camiones, autobuses y vehículos estadounidense se incrementó en 261.7 por ciento, llegando a registrar beneficios por 30 mil 443 millones de dólares.7 Esto se refleja en el primer lugar que ocupa el país vecino respecto a estas exportaciones: ocupa el primer lugar en la importación de dichos bienes, donde recibe 90 por ciento de la producción que se exporta desde esta nación.8

Sobre estos datos, suponer la producción y venta interna de estas unidades a transportistas nacionales parecería ser una actividad próspera y cotidiana, pero la realidad apunta a un hecho que pareciera ser contradictorio, el cual opera y tiene incidencia en múltiples cauces.

Hasta julio de 2018, por cada 100 tractocamiones que se venden en el país, 38 son usados9 y de importación. De estos, las importaciones de vehículos pesados y refacciones promedian una antigüedad de 17 años en unidades y piezas10 traídas desde Estados Unidos.

Esta situación denota un problema entre la producción, el control de las importaciones y el consumo interno. A pesar de tener números productivos positivos, la incapacidad de situar la producción local en el mercado local implica que los costos para ello son inaccesibles o poco convenientes para la población consumidora en México.

La falta de incentivos y recursos para la adquisición de unidades nuevas ha orillado a los consumidores a buscar mejores opciones para realizar su labor diaria. Ante tal escenario, la importación ha ido en aumento, causando consecuencias no pensadas debido a la falta de un control aduanero con proyección hacia la innovación y el cuidado del ambiente.

Muchas de estas unidades, como tienen una antigüedad de casi dos décadas, estaban sujetas a estándares de calidad muy distintos de los actuales. Contaminantes y de mayor consumo en diésel, estas unidades operan con regularidad en caminos nacionales, provocando daños al ambiente, mayores consumos de energéticos y, por tanto, mayores costos para afrontar la coyuntura ambiental y la edificación de un mercado local, aspectos de importancia para el desarrollo y bienestar nacional e internacional.

Igualmente, en su uso, las unidades terrestres son sumamente relevantes. El transporte por camiones, tractocamiones y unidades especiales representa 60 por ciento de las importaciones en el país.11 Con la reconfiguración que presentarán las cadenas productivas con la firma del T-Mec, tener unidades de origen y uso nacional se empalma con la pretensión federal de establecer una red carretera de alta calidad para así poder conformar un sistema de transporte comercial que nos mantenga como un país competitivo y estar a la altura del reto para consolidar un mercado regional eficaz y sumamente productivo para todas las partes.

Por lo expuesto presentamos ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a publicar en sus páginas electrónicas la evolución de las importaciones de tractocamiones, vehículos pesados y especiales, nuevos o usados, provenientes de Estados Unidos de América, así como las disposiciones normativas que las regulan.

Notas

1 Alejandro Medina (2017). “México podría convertirse en potencia en manufactura en 2018”, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/mexico-convertirse-potencia-ma nufactura-2018/

2 Ibídem.

3 Rubén Migueles (2018). “Alimentos y transporte dan empuje a las manufacturas”, en El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alimentos-y-trans porte-dan-empuje-las-manufacturas

4 Ibídem.

5 Lilia González (2018). “Exportación de vehículos pesados creció 7.6 por ciento en 2017”, en El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportacion-de- vehiculos-pesados-crecio-7.6-en-2017-20180227-0068.html

6 Roberto Morales (2018). “Camiones, los más dinámicos en envíos automotores”, en El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Camiones-los-ma s-dinamicos-en-envios-automotores-20180208-0154.html

7 Ibídem.

8 Lilia González (2018). “Exportación de vehículos pesados creció 7.6 por ciento en 2017”, en El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportacion-de- vehiculos-pesados-crecio-7.6-en-2017-20180227-0068.html

9 Xanath Lastiri (2018). “‘Porosidad’ en aduanas aumenta importación de tractos usados”, en T21. Sitio web:

http://t21.com.mx/terrestre/2018/07/25/porosidad-aduanas -aumenta-importacion-tractos-usados usados

10 Miguel Elizalde (2014). “Caminos nuevos, camiones viejos”, en Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/caminos-nuevos-camiones-viejos /

11 Banco Nacional de Comercio Exterior (2016). Sectorial: Transporte y logística, de Banco Nacional de Comercio Exterior. Sitio web:

https://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2015/08/Log istica_1er_Informe_2015.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a ejecutar un plan integral de seguridad y combate de la violencia contra las mujeres desde una visión de políticas públicas con perspectiva de género, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado cuatro de febrero de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que —derivado del incremento de los delitos de feminicidio— se estaría presentando una estrategia de seguridad para combatir y prevenir este ilícito, así como un plan para atender toda agresión contra mujeres y niñas en el país.

Si bien se afirmó que este plan se haría público durante la semana del 11 al 15 de febrero del año en curso, a la fecha no sabemos cómo el gobierno federal pretende atender una de las problemáticas que más aquejan al país.

La representante de ONUMujeres en México declaró en día pasados que no es posible evaluar al nuevo gobierno porque no se conoce una sola acción específica tendiente a combatir el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Por esta razón el organismo internacional instó al gobierno federal a dar a conocer su plan estratégico a fin de combatir este problema.1

La situación de violencia contra la mujer constituye uno de los fenómenos más lesivos del país, fomenta la desigualdad y genera un estado de indefensión que vulnera todas las esferas sociales.

Es precisamente por tales motivos que la Sentencia Gonzales y otras vs Estado Mexicano (campo algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la obligación de las autoridades de proteger, promover y respetar los derechos de las mujeres, tal como lo establece el párrafo 243 de la sentencia:

“La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.”2

En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer medidas y acciones tendientes a garantizar los derechos humanos de las mujeres, a fin de consolidar un país libre de violencia contra las mujeres.

En este mismo sentido, se advierte que desde 1992, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw) refirió que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización.3

Así como bien lo advierte la referida sentencia:

“Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención.”

A pesar de las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, a casi tres meses de haber iniciado el nuevo gobierno, todavía no se conoce una estrategia de prevención y atención a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, por el contrario, se ha observado una tendencia a la alza en este tipo de violaciones.

Así, se destaca que último mes de enero se ha observado un fenómeno de secuestro y acoso de mujeres en el Sistema Colectivo Metro en la Ciudad de México.

Asimismo, de acuerdo con la Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2018 se registraron 834 feminicidios, 60 mil 551 mujeres víctimas de lesiones dolosas y más de 172 mil llamadas de emergencia por situaciones de violencia contra las mujeres.4

También, se advierte que las cifras de niñas menores de 17 años asesinadas en el país se han incrementado en un 72 por ciento al pasar de 50 casos a 86.5

Es importante destacar que en 2017, ONUMujeres realizó un estudio de prevención y atención del acoso sexual a mujeres y niñas, el cual reveló que en México el 96 por ciento de las mujeres encuestadas dijo haber sido objeto de violencia sexual en espacios públicos al menos una vez en su vida. Más preocupante es que el país se encuentra en la posición 23 de 112 países con mayor número de feminicidios al registrar tres por cada 100 mil habitantes.

Tomando en consideración que la violencia contra las mujeres constituye un grave fenómeno que lacera e inhibe el desarrollo de nuestro país, no puede minimizarse esta problemática, debe enfrentarse con acciones contundentes, desde el ámbito educativo, el trabajo, la familia, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, la sociedad y el gobierno. Es precisamente por tales motivos que resulta fundamental consolidar una estrategia transversal con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que ejecute un plan integral de seguridad y combate a la violencia contra las mujeres desde una visión de políticas públicas con perspectiva de género.

Notas

1 https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/17/la-onu-pide-a-mexico-una-estr ategia-muy-especifica-ante-la-violencia-de-genero

2 Corte Interamericana de Derechos humanos. Sentencia González y otras Vs Estado Mexicano.

3 Cedaw, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, 11 período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párr. 9.

4 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva

5 Excélsior .

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2019.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para incrementar el número de plazas otorgadas por las instituciones de salud a fin de realizar una especialidad médica y responder a la demanda actual de especialistas en diferentes áreas profesionales de la salud, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Medel Palma, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En México, la carrera de médico cirujano se ha considerado como una fase propedéutica para acceder a la especialización. Desde luego, la mayor parte de los egresados de la carrera de medicina aspiran a realizar cursos de posgrado.

En ese contexto, el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) se ha convertido, para los sustentantes, en un parteaguas en su preparación, pues además de constituir la primera etapa para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas, implica para ellos la posibilidad de ejercer la profesión de una manera digna y con una retribución en promedio buena o ejercerla en condiciones limitadas.

Es de esta manera que el ENARM funge como un instrumento de medición de conocimientos de medicina general que se construye con base en una metodología basada en evaluación educativa enfocada a la solución de problemas médicos.

Segunda. La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, es la encargada de establecer la coordinación entre el sector salud y el educativo para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la población, tal y como lo indica el reglamento.

Aunado a lo anterior y por Acuerdo Presidencial del 19 de octubre de 1983, se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), como organismo colegiado interinstitucional, de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, así como de otras dependencias e instituciones del sector público, social y privado, en asuntos de común interés en materia de formación de recursos humanos para la salud.

Es entonces, a través de la Comisión, que se intensifican las acciones para conciliar la cantidad de los recursos con la calidad, así como la matrícula con la capacidad del Sistema Nacional de Salud para la instrucción clínica y el mercado laboral.

De aquí que, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, además de tener a su cargo la elaboración y aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, constituya un factor importante para la formación del personal de salud.

Tercero. De acuerdo con cifras del Comité de Posgrado y Educación Continua de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, del ENARM aplicado entre el periodo de 2001 a 2016, 382 mil 186 aspirantes presentaron el examen y tan sólo 94 mil 336 fueron seleccionados1 , es decir, existe una gran disparidad entre los sustentantes y los seleccionados como se muestra en la siguiente tabla:

De manera más específica, en 2016 más de 36 mil médicos generales compitieron a través del ENARM por una de las, aproximadamente 8 mil 250 plazas ofertadas.2 Mientras que en la XLII edición del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, la del presente año y a pesar de que se presentó la mayor demanda en la historia de esta prueba con 46 mil 200 aspirantes registrados, la oferta académica siguió siendo de únicamente 8 mil plazas para médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros.3

De lo que se concluye que las plazas ofertadas por las distintas instituciones de salud para realizar una especialidad médica, son a todas luces insuficientes en relación con la demanda actual de profesionales de la salud en el país, pues de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, para México el indicador de médicos por cada mil habitantes está muy por debajo (1.4) de los indicadores internacionales, ya que en comparación con otros países de la región como Canadá, es de 2; en los Estados Unidos de 3.1; en la Comunidad Económica Europea destaca que España, Francia y Alemania tienen cifras similares con 3.5 médicos por cada mil habitantes y Cuba, el país que tiene un indicador más alto con 6.6 médicos por cada mil habitantes.4

Como parte complementaria, además de las pocas plazas ofertadas, la logística para su distribución no garantiza que los médicos laboren en las zonas del país en donde se tiene mayor demanda, ya que la mayor parte de ellas se concentra en la Ciudad de México cuando al interior de la República Mexicana existe mayor necesidad.

Cuarto. Si bien es cierto que la dificultad del examen es un factor determinante para aprobarlo o no, también destaca la poca transparencia, inequidad y dudosa objetividad en la calificación de los reactivos que en años pasados se ha hecho presente, toda vez que el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas se compone de 450 reactivos de opción múltiple y es aplicado en diferentes regiones del país en días consecutivos, por lo que, cada día se utilizan diferentes versiones que presumen contener las mismas características de dificultad.

En virtud de lo anterior y para la etapa de calificación, los puntajes se agrupan por especialidad. Seleccionando así a los sustentantes de acuerdo a su puntaje y hasta que se cumpla con un cupo, es decir, el criterio primario utilizado para seleccionar a los sustentantes es el porcentaje de respuestas correctas dividido entre los reactivos; pero en el dado caso que hubiese un empate, se consideran sucesivamente el puntaje en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía y finalmente, el grado de dificultad de los reactivos respondidos de forma correcta.5 Situación que genera incertidumbre en la objetividad de la calificación.

Quinto. Ahora bien, el recurso económico recaudado por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas es otro aspecto a destacar ya que tan sólo en 2016 fue de aproximadamente 108 millones de pesos por cuotas de inscripción.6 Cifra de la que año con año se desconoce su destino y que ha adicionado un argumento más en favor de que la elaboración y calificación del ENARM se esté desarrollando bajo los más altos estándares de calidad que en la actualidad siguen estando en duda.

Por lo anteriormente expuesto y considerando el déficit de profesionales de la salud por número de habitantes en el país, así como las vacantes ofertadas por las instituciones médicas para el acceso a una especialidad médica, además de las posibles jubilaciones y contrastándolo con el número actual de médicos existentes, aunado al ritmo actual de formación de los profesionales de la salud; sin dejar de lado la discrecionalidad de las administraciones pasadas en el manejo de los recursos recaudados por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para incrementar el número de plazas otorgadas por las diferentes instituciones de salud para realizar una especialidad médica y responder a la demanda actual de médicos especialistas en diferentes áreas profesionales de la salud que cubran las necesidades de atención a la salud de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer del dominio público el destino que se dará a los recursos recaudados por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas.

Notas

1 IMSS. El ENARM y las escuelas y facultades de medicina. Un análisis que no le va a gustar a nadie. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 19 de noviembre de 2018 http://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457751260014/html/index.html)

2 Barajas Ocha, Aldo. Equidad, validez y confiabilidad del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas: oportunidades para mejorar. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 20 de noviembre de 2018 de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/EXAMEN%20DE%20RESIDENCIA%202016%20(2 ).pdf)

3 IMSS, Op. cit.

4 Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud en las Américas. Panorama regional y perfiles por país. Edición 2012. Washington, EU: OPS/OMS; 2012. p. 14.

5 Barajas Ocha, Aldo. Equidad, validez y confiabilidad del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas: oportunidades para mejorar. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 20 de noviembre de 2018 de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/EXAMEN%20DE%20RESIDENCIA%202016%20(2 ).pdf)

6 Ibíd., p. 501

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para implantar acciones que fomenten el uso de energías renovables, como los paneles solares, en NL, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Manuel Pérez Díaz , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para fomentar el uso de energías renovables como los paneles solares en el estado de Nuevo León , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Actualmente existen diferentes tipos de energías renovables que no han sido aprovechados de manera eficiente, no solo son en algunos casos más económicos y de menor impacto ambiental, sino pueden ser utilizados para aquellos lugares en donde no se cuenta con la infraestructura para dotar del servicio de energía eléctrica.

Dentro de los objetivos de la Ley de Transición Energética se encuentra promover el aprovechamiento energético de recursos renovables cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes

Se consideran fuentes de energías renovables las que se enumeran a continuación:

a) El viento;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2;

d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal;

e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y

f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

De acuerdo al artículo 14, fracción XII, de la Ley anteriormente citada, corresponde a la Secretaría de Energía:

“XII. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, con el objeto de, en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) Establecer bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo Federal de conformidad con la legislación aplicable;

b) Promover acciones de apoyo al desarrollo de Cadenas de Valor en la Industria Eléctrica de las Energías Limpias, en condiciones de sustentabilidad económica;

c) Promover condiciones, en el ámbito de su competencia, para facilitar el acceso a aquellas zonas con alto potencial de fuentes de energías limpias para su aprovechamiento y la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;

d) Identificar y promover las mejores prácticas en políticas y programas para Eficiencia Energética;

e) Identificar y promover, con apoyo de la Conuee y empresas distribuidoras de energía, áreas de oportunidad y programas de eficiencia energética por sectores de uso final, y

f) Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías limpias. El grado de simplificación de dichos procedimientos y el impulso al desarrollo de energías limpias será monitoreado y calificado por la Secretaría, quien publicará anualmente un índice elaborado para tal fin de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia;”

Asimismo, el artículo 48 de la Ley de Transición Energética establece lo siguiente:

“Los fondos que la administración pública federal destine para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía tendrán por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos y privados, nacionales o internacionales, para instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento de la estrategia y apoyar programas y proyectos que diversifiquen y enriquezcan las opciones para el cumplimiento de las metas en materia de energías limpias y eficiencia energética así como los demás objetivos de la Ley y los objetivos específicos de los instrumentos de planeación.

El patrimonio de los fondos que se destinen a la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía deberá actualizarse anualmente por la variación estimada del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El monto del patrimonio de los fondos para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, podrá modificarse en función de la cartera de proyectos susceptibles de recibir apoyos de dichos fondos, que cumpla con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la eficiencia energética, las tecnologías limpias, la generación limpia distribuida y el aprovechamiento de las energías renovables.”

De esta manera el financiamiento para el aprovechamiento sustentable de la energía tiene por objeto contribuir a la sustitución de equipos y aparatos energéticamente ineficientes; la realización de mejoras a edificaciones en las que se realice el consumo energético para su acondicionamiento con el fin de que este sea más eficiente, y la instalación de equipos económicamente viables que permitan aprovechar a los hogares las fuentes de energía renovables para la satisfacción de sus necesidades

Por ello, de acuerdo a la legislación descrita, se cuentan con los mecanismos necesarios para establecer políticas públicas que contribuyan aprovechamiento energético de recursos renovables para beneficio de la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones necesarias para fomentar el uso de energías renovables como los paneles solares en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2018.

Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y el gobierno de Veracruz a atender la seguridad en el estado, a cargo del diputado Edmundo Martínez Zaleta, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Edmundo Martínez Zaleta, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y al gobierno del estado de Veracruz para que atiendan el problema de seguridad que prevalece en la entidad, e instrumenten una estrategia que permita inhibir y prevenir la comisión de hechos delictivos, salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los veracruzanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz se encuentra en una severa crisis de seguridad, ya que durante los primeros meses de la cual administración se han incrementado de manera exponencial los delitos tales como homicidios, secuestros, extorsiones y feminicidios, principalmente.

De acuerdo con el último informe de la Fiscalía General de la entidad, se han denunciado por lo menos 300 homicidios y el número de secuestros a unos meses de iniciada la presente gestión gubernamental local, ya representan más de la mitad de los hechos denunciados en todo el 2018.1

Aunado a ello, según estadísticas de la organización Alto al Secuestro, esta problemática ha crecido poca más de 49.6 por ciento, posicionando a la entidad en el primer lugar nacional. El mes de febrero fue el lapso de tiempo en el que se denunció el mayor número de acontecimientos.2

Uno de los sectores poblacionales más desprotegidos es el conformado por niñas y adolescentes, quienes se encuentran expuestas a violaciones, actos de discriminación y feminicidios, entre otros. Este delito se ha incrementado en más del 100 por ciento, manifestando así, la intervención coordinada de las autoridades estatales, municipales y federal.3

Entre los municipios afectados por esta problemática destaca Coatzacoalcos, demarcación que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública, está situado entre los más inseguros del país.

Durante la presente gestión estatal, particularmente han aumentado los delitos relativos a homicidios, levantones, balaceras, asaltos, robos, secuestros y cobro de piso, panorama que afecta no sólo a empresarios, pequeños comerciantes y amas de casa, sino también, a estudiantes y turistas.

Es tal la situación de inseguridad que impera en este municipio al sur de Veracruz, que los habitantes han optado por ya no asistir a los centros educativos, de trabajo y esparcimiento, peor aún no salen de sus casas.

Ante la falta de atención por parte de las corporaciones de seguridad pública y la nula instauración de acciones para identificar, prevenir y erradicar los crímenes, diversas agrupaciones empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han solicitado tanto la destitución del presidente municipal de Coatzacoalcos, así como del gobernador de la entidad.4

Para contar con un panorama general de la situación, es de vital importancia indicar lo siguiente:

Entre los casos más recientes se encuentra el secuestro y homicidio de una empresaria dedicada al ramo del aluminio. Esta persona fue raptada cuando salía de su domicilio a fin de recoger a su hija a casa de una amiga.

La banda delictiva que perpetró estos actos presuntamente solicitaba 4 millones de pesos y la asesinaron por falta del pago de rescate.5 No es el único caso, ya que en la autopista Cosoleacaque-Acayucan hombres armados asesinaron a un empresario relacionado con Petróleos Mexicanos cuando intentaron secuestrarlo.

En la capital del estado, una jovencita de 19 años fue localizada privada de la libertad con diversas puñaladas y el pasado 16 de febrero una persona perdió la vida a causa de disparos y con signos de tortura en el paraje llamado “El Manantial”.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han identificado entre las causantes de esta crisis de seguridad la pérdida de fuentes de empleo, vacío de poder gubernamental estatal y municipal, y particularmente, incapacidad para afrontar y desarticular a las organizaciones del crimen organizado.

Por su parte, pobladores y agrupaciones vecinales han llevado a cabo una serie de manifestaciones para evidenciar esta problemática y solicitar la intervención del gobierno municipal y estatal en la atención de este clima de inseguridad generalizado e impunidad con la que opera el crimen organizado.

Aunque se ha anunciado la implementación de una estrategia de seguridad por parte del titular del Ejecutivo estatal,6 ésta carece de transparencia ya que no se ha informado con precisión los elementos contemplados, los recursos públicos aprobados y los polígonos a atender. Tampoco se han hecho público las personas aprehendidas, las víctimas atendidas y el número de denuncias recibidas y sus mecanismos de protección.

Una estrategia integral en materia de seguridad, no sólo debe contemplar acrecentar el número de policías y rondines, también observar los detonadores de violencia, el acceso irrestricto a los mecanismos de impartición de justicia y la protección de las víctimas y sus familias.

El incremento en los índices delictivos y la operación de las bandas delictivas con total impunidad, manifiesta la poca efectividad de la estrategia hasta ahora llevada a cabo, por tanto, debe ser fortalecida a efecto de alcanzar sus objetivos, en particular, garantizar el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la integridad y la seguridad de los veracruzanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al gobierno del estado de Veracruz para que atiendan el problema de seguridad que prevalece en la entidad, e instrumenten una estrategia que permita inhibir y prevenir la comisión de hechos delictivos, salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los veracruzanos.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que dé a conocer las acciones, presupuestos aprobados, elementos adscritos y resultados alcanzados por la estrategia de seguridad, anunciada por el titular del gobierno de la entidad para salvaguardar la seguridad de la población.

Notas

1 Eirinet Gómez. (2019). Violencia azota Veracruz; suman 300 homicidios en casi dos meses. 20 de febrero de 2019, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/16/violencia-azota-veracruz- van-mas-300-homicidios-en-casi-dos-meses-3740.html

2 Manrique Gandaria. (2019). Secuestros aumentan 49.6% en enero; Veracruz, en el primer lugar. 20 de febrero de 2019, de El Sol de México Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/secuestros-aumentan-49 .6-en-enero-veracruz-en-el-primer-lugar-3079914.html

3 Sin Embargo. (2019). Los secuestros y feminicidios en Veracruz no bajan o, más bien, suben en 2 meses de Cuitláhuac. 20 de febrero de 2019, de p Sitio web: https://www.sinembargo.mx/17-02-2019/3537989

4 Jesús Ruiz. (2019). Luto en escuelas de Coatzacoalcos por asesinato de empresaria; piden destitución de alcalde. 20 de febrero de 2019, de El Heraldo Sitio web:

https://heraldodemexico.com.mx/estados/
luto-en-escuelas-de-coatzacoalcos-por-asesinato-de-empresaria-piden-destitucion-de-alcalde/

5 E-Consulta. (2019). Cártel se adjudica asesinato de empresaria de Coatzacoalcos. 20 de febrero de 2019, de p Sitio web: http://www.e-veracruz.mx/nota/2019-02-17/nacion/cartel-se-adjudica-ases inato-de-empresaria-de-coatzacoalcos

6 Ingrid Ruiz Rivera. (20 de febrero de 2019). Anuncia gobernador nueva estrategia de seguridad para Coatzacoalcos. 20/02/2019, de Diario de Xalapa Sitio web:

https://www.diariodexalapa.com.mx/incoming/
anuncia-gobernador-nueva-estrategia-de-seguridad-para-coatzacoalcos-3069468.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a actualizar cada año las guías de práctica clínica mexicanas conforme a las buenas prácticas internacionales, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Medel Palma, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la práctica clínica, la toma de decisiones es un proceso intelectual complejo y con interminables opciones diagnósticas, pronosticas y terapéuticas.

La experiencia clínica, lleva a su vez, un proceso de aprendizaje e integración del conocimiento que requiere tiempo y que va perfeccionándose hasta obtener las habilidades diagnósticas y terapéuticas para un mejor cuidado de los pacientes. Esta experiencia, se adquiere a través de los libros o la consulta con los pares, sin embargo, aunque muy valiosa, las revisiones descriptivas contenidas en el material bibliográfico, pueden contener sesgos importantes, como obstaculizar la incorporación de nuevas tecnologías en la práctica clínica cotidiana y con ello, ocasionar que las conclusiones a las que se lleguen, sean equivocadas.

Cada año se publican más de 30 mil estudios clínicos controlados en todo el mundo,1 lo que hace imposible para el médico, mantenerse actualizado día con día. Pues no sólo basta con tener acceso a este mundo de información científica, sino, llevar a cabo una lectura crítica de lo publicado, toda vez que no todos los comités editoriales de revistas consultadas, realizan una evaluación metodológica como para confiar en las conclusiones de éstos.

Por lo anterior se introdujo el concepto de la medicina basada en evidencia, la cual y de acuerdo con el profesor e investigador David Sackett, implica “el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones en el cuidado individual de los pacientes”. Es decir, la práctica de la medicina basada en evidencia, requiere la integración de la experiencia clínica individual con la mejor evidencia médica disponible obtenida de la investigación sistemática y de los valores y circunstancias del paciente.2

Al inicio de la década de 1990 se dio impulso a las guías de práctica clínica (GPC) como un instrumento clave de la medicina basada en evidencia. Siendo el Instituto de Medicina de Estados Unidos el primero en estandarizar su concepto y características.3

Segunda. En virtud de lo anterior, las GPC son un conjunto de recomendaciones basadas en evidencia científica, que ayudan a los profesionales de la salud y a los pacientes, en la toma de decisiones sobre la atención médica más apropiada, seleccionando las opiniones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un problema de salud o condición clínica específica.4

Éstas surgen de la necesidad de responder a los retos que enfrentan los servicios de salud, como son 1. Asegurar una mayor calidad al otorgar y recibir atención médica; 2. Homologar las frecuentes variaciones en la práctica entre médicos, clínicas y regiones geográficas con la consecuente sub y sobreutilización de recursos y tecnologías;5 y 3. Controlar los riesgos clínicos y legales, así como de costos y el uso inadecuado de los recursos.

Ahora bien, de manera general y para la elaboración de las guías de práctica clínica, se requiere que un grupo multidisciplinario y con profesionales de todos los niveles de atención realice la búsqueda sistemática, evaluación crítica y clasificación de la bibliografía científica, de acuerdo con los criterios de evidencia establecidos.

Posteriormente, con base en la información seleccionada, la experiencia clínica de los expertos y tomando en cuenta los recursos de los servicios, se elaboran por consenso las recomendaciones en forma explícita en texto y algoritmo. La primera versión de las GPC es revisada por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo y posteriormente discutida en conjunto para preparar la segunda versión, que es revisada nuevamente por el grupo para su versión final. Esta última se someta a validación por un grupo externo de expertos del tema y de metodología que no hayan participado en el proceso de desarrollo inicial.6

Sin embargo, para que las guías sean confiables y se asegure un nivel adecuado de calidad, éstas deberán cumplir ciertas características en su desarrollo y el contenido de la versión final. Por ello, a nivel internacional se han realizado esfuerzos para garantizarlo; uno de los más difundidos fue la creación del AGREE (Apraissal of Guidelines Research and Evaluation for Europe) que tiene como objetivo evaluar la calidad de la información y recomendaciones en las GPC; o también está la del 2002, que dio origen a la Red Internacional de Guías de Práctica Clínica (Guidelines International Network) como una red de colaboración que actualmente comprende más de 100 organizaciones de 48 países que forman parte de la comunidad mundial para la mejor toma de decisiones a través del desarrollo, adaptación e implementación de GPC a escala global.

Tercera. En México, la regulación de las guías de práctica clínica corresponde a la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del sector salud, que por conducto del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica las difunde, implanta y evalúa, como se establece en el artículo 41 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud que a la letra dice:

Artículo 41. Corresponde al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

I. Difundir de forma sistemática y objetiva información sobre dispositivos médicos, telesalud, guías de práctica clínica y evaluación de tecnologías para la salud, con el fin de promover su uso apropiado, seguro y eficiente como instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la población y la excelencia en la práctica clínica;

Aunado a lo anterior, en 2008 se creó el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica que funge como el órgano asesor de la Secretaría de Salud y que tiene como finalidad la elaboración de las guías de práctica clínica por medio de una metodología estandarizada con la que se garantice la calidad y la viabilidad de éstas, como a la letra se señala:

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica

Artículo 1. Se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, como un órgano asesor de la Secretaría de Salud, que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, elaboración, actualización, integración, difusión y utilización de guías de práctica clínica y protocolos de atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para proponer los criterios necesarios para evaluar su aplicación.7

Es decir, para elaborar las GPC en el país se requiere un trabajo de colaboración entre ambas instituciones para posteriormente ser publicadas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica. Actualmente se cuenta con 439 guías de práctica clínica publicadas.

Cuarta. Sin embargo y a pesar de la importancia que las guías de práctica clínica representan para los profesionales de la salud, éstas presentan graves problemáticas que perjudican el desempeño de su profesión, como lo es la falta de actualización.

Para que las guías de práctica clínica sean útiles, necesitan ser actualizadas periódicamente, pues los cambios en la tecnología terapéutica y diagnóstica disponible, los recursos disponibles en el sistema de salud, así como la documentación de daños en terapias establecidas y que sólo se identifican a través del tiempo y la experiencia clínica, generan la necesidad de actualizarlas.

En términos generales, éstas deben ser revisadas mínimo cada tres años, aunque la necesidad de que sea en lapso de tiempo más corto acrecienta en temas donde hay avances científicos más rápidos.

Por ejemplo, la Guía de Práctica Clínica que enmarca el tratamiento para la taquicardia supraventricular, se propone que para pacientes sin cardiopatía estructural significativa, el tratamiento antiarrítmico inicial para fibrilación auricular o fluter auricular puede elegirse a partir de la flecainida y sotalol, medicamentos que, en la práctica, no se encuentran abastecidos en el país, o en el caso de la guía de práctica clínica de preeclampsia en donde se establece que se debe considerar el Labetalol como fármaco antihipertensivo, el cual no se encuentra disponible en el sector salud de México.

Y así como estos casos, muchos más que requieren ser revisados con atención por hacer referencia a medicamentos que o no son abastecidos en el país, otros que ya han sido superados o demostrados de las contraindicaciones en los pacientes u algunas otra más que indican tratamientos basados en medicamentos que ya no existen.

Quinta. Aunado a lo anterior, la importancia de las guías de práctica clínica, también radica en que éstas son de obligatoriedad de acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012 a través del modelo de evaluación del expediente clínico integrado, el cual puede representar un mecanismo de defensa jurídico para el médico.

Y en el caso de que haya alguna duda sobre la pertinencia del diagnóstico y el tratamiento implantado por algún profesional de la salud, lo primero que pueda ser demostrado sea su apego a las guías de práctica clínica y con ello, a un diagnóstico basado en la evidencia científica, así como a la decisión médica más apropiada para el caso. Evitando con ello demandas por “mala práctica”.

Tal es el caso de lo que enmarcado en la recomendación número 26/2017 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó sobre la violación de los derechos humanos la protección de la salud y a la vida en agravio de una embarazada en el centro de salud de San Miguel Coatlán, Oaxaca. En virtud de que la mujer se presentó el 6 de marzo del 2017 en el centro de salud en mención para dar a luz; horas después su esposo fue informado que la paciente se encontraba enferma y delicada, motivo por el cual, debía ser trasladada en ambulancia al hospital rural 24 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Una vez atendida, a las 6:00 horas del siguiente día, el esposo fue notificado del fallecimiento de la paciente, motivo por el cual se inició el expediente de queja por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se solicitó la información y copia de los expedientes clínicos respectivos al IMSS.

De ahí se concluyó que la paciente fue recibida por un pasante quien al no apegarse a lo establecido en las guías de práctica clínica, omitió una serie de estudios y tratamientos que descartaran patologías en el embarazo y corroboraran el bienestar materno fetal, así como las complicaciones posparto y que se evitase las complicaciones hemorrágicas que evitaran las complicaciones hemorrágicas, concluyendo que las recomendaciones no fueran tomadas en cuenta por el centro de salud, hecho que condicionó un mal pronóstico de vida, como a la letra se señala:

... En la nota suscrita a las 23:20 del 6 de marzo de 2016, SP1, SP2, SP3 y SP4 refirieron que V1 llego? al hospital rural en ambulancia comunitaria sin personal médico, y acompañada únicamente por V3. En ese sentido, la guía de práctica clínica “Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato” señala que en caso de sangrado activo se deberá enviar a la paciente en ambulancia de manera urgente, a una unidad médica especializada con canalización de vía venosa periférica y con un médico para su vigilancia en el traslado; sin embargo, tales recomendaciones no fueron tomadas por el centro de salud, lo que condicionó un mal pronóstico de vida... 8

Sexta. Finalmente y a pesar de que la importancia de las guías de práctica clínica está más que demostrada, en entrevista con algunos de los profesionales de la salud, se ha indicado que el principal motivo de la no utilización de las guías se debe, al “desconocimiento por parte del personal de salud”; mientras, también consideraron que lo que podría mejorar su utilización sería si primero se “capacitara al personal en la utilización de éstas, y se realizaran acciones que contribuyeran a su difusión y por otro lado, si el personal pudiera participar en alguna actividad de este tipo”.9

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que la nueva administración comparte la importancia de subsanar las deficiencias tenidas hasta hoy en el ramo de la salud, así como el hecho de que la vida de las guías de práctica clínica no termina en el desarrollo de ésta, sino que requieren constante actualización porque ésta es una importante herramienta que contribuye a cerrar la brecha entre el conocimiento científico que se genera continuamente y la toma de decisiones clínicas, además de generar una repercusión positiva en la calidad de la atención médica, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a actualizar cada año las guías de práctica clínica mexicanas y conforme a las buenas prácticas internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a promover acciones y estrategias que contribuyan a la difusión de las guías de práctica clínica de una manera sencilla, práctica y adaptada a las condiciones en las que se encuentran todos los prestadores de los servicios de salud en la República Mexicana.

Notas

1 D. J. Koehler, y N. Harvey (editores). Blackwell handbook of judgment and decision making, Blackwell Publishing, Malden, Massachusetts (2004), páginas 585-604.

2 D. L. Sackett, W. M. Rosenberg, J. A. Gray, R. B. Haynes, y W. S. Richardson Evidence based medicine: What it is and what it isn’t.

3 Field M. J., y Lohr M. J., editores. Guidelines for clinical practice. Washington, DC: National Academies Press, 1992,

https://doi.org/10.17226/1863

4 Cenetec. Guías de práctica clínica [electrónico].Recopilado de world wide web el 20 de octubre de 2018,

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/GUIAS_DE_P RACTICA_CLINICA.pdf

5 Woolf S., Grol R., Hutchinson A., Eccles M., y Grim-Shaw J. Clinical guidelines: potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ 1999; 318(7182):527-530.

6 National Institute for Health and Clinical Excellence. Guideline development methods [electrónico]. Recopilado de world wide web el 20 de octubre de 2018,

http://www.nice.org.uk/search/searchresults.jsp? keywords=Guideline+Develoment+Methods& searchType=all

7 Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica [electrónico]. Recopilado de world wide web el 20 de octubre de 2018,

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5044767&fe cha=13/06/2008

8 CNDH (2018). Recomendación número 26/2017 [electrónico]. Recopilado de world wide web el 20 de octubre de 2018,

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/201 7/Rec_2017_026.pdf

9 Salud Pública de México (2017). Calidad y cumplimiento de guías de práctica clínica de enfermedades crónicas no transmisibles en el primer nivel [electrónico]. Recopilado de world wide web el 20 de octubre de 2018,

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/8285

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a agilizar los pagos de becas a los alumnos en el extranjero y a escala nacional, a fin de que no pongan en riesgo la continuidad de sus estudios, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que agilice los pagos de becas a los alumnos en el extranjero y a nivel nacional, con el objeto de que no pongan en riesgo la continuidad de sus estudios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue creado por disposición del honorable Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa; tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.1

Este importante organismo formula y financia programas de becas y, en general, brinda apoyo para la formación de investigadores y científicos en sus diversas modalidades, así como también integra la información de los programas de becas que ofrezcan instituciones nacionales, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establece esquemas de coordinación, en los términos de las convocatorias que para el efecto se emitan.

En efecto, el Conacyt cuenta con el Programa de Becas para Estudios de Posgrado más importante de México, con más de 45 años de existencia; es conocido y reconocido a nivel nacional e internacional, este programa brinda acceso a la población para realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia, tanto en el país como en el extranjero. A través de las distintas modalidades del Programa, se otorgan becas para realizar estudios de posgrado a nivel de maestría, doctorado y posdoctorado, además de apoyar diversas especialidades técnicas y académicas.2

Pero estos apoyos fundamentales para el desarrollo profesional de los alumnos se están viendo afectados por el cambio en la dirección del organismo. Diversos medios periodísticos señalan que ello está trayendo problemas para los becarios en el extranjero, quienes han denunciado que desde el 1 de enero de este año se ha retrasado la entrega de las becas.

Se cita el caso de Patricia Santillán Carvantes, becaria Conacyt que actualmente está estudiando el doctorado en Recursos Naturales en la Universidad de Leuphana, en Alemania. Aunque su beca estipula que al mes debe recibir mil 362 euros (unos 29 mil 740 pesos) para su manutención básica, hasta el 15 de febrero seguía sin recibir el apoyo económico de los dos primeros meses de este año.3

Se trata sólo uno de los diferentes casos en los que los becarios se están viendo afectados por esta medida, argumentándose que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no liberaba el recurso, o que la persona encargada ya no trabajaba ahí. Independientemente de cuáles sean los motivos, es indudable que con la demora en la entrega de las becas, se corre el riesgo de que los alumnos vean afectados sus estudios.

Estas becas constituyen un valioso apoyo para el desarrollo profesional de las personas, de excelencia académica y la formación de investigadores de alto nivel en diferentes latitudes del mundo.

Para dimensionar la importancia de este asunto, basta señalar que al mes de junio de 2018 se otorgaron 60 mil 510 becas y otros apoyos. De éstas, 95.1 por ciento (575 mil 568) fueron para estudios de posgrado y 4.9 por ciento (2 mil 942) para becas específicas que tuvieron un incremento de 5.5 por ciento, respecto a junio de 2017.

De las becas de posgrado 91.1 por ciento (52 mil 434) fueron nacionales y 8.9 por ciento (5 mil 134) al extranjero. Por grado académico, 38.4 por ciento apoyaron estudios de doctorado, 56.6 por ciento de maestría, 3.7 por ciento especialidades y 1.3 por ciento estancias técnicas, posdoctorales y sabáticas, nacionales y al extranjero.

Se estima que de 2013 a 2018 el Conacyt concedió 55 mil 219 becas en promedio anual, 64.1 por ciento superior en relación al periodo entre 2007 y 2012 y 3.5 veces más que el promedio anual del lapso 2001 a 2006.4

Bajo esta óptica, resulta absurdo que por cuestiones meramente administrativas o con la intención de reducir los recursos al programa de becas, se ponga en riesgo la continuidad de los estudios de miles de becarios mexicanos en el mundo y a nivel nacional.

En tanto no se resuelva esta situación, los estudiantes, muchos de los cuales dependen de la totalidad de la beca otorgada por el Conacyt, están indefensos, en riesgo de abandonar sus estudios.

Ello demuestra la poca importancia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando a la educación, así como al desarrollo científico y tecnológico del país.

Dada la trascendencia de la formación de mexicanos para el desarrollo nacional, es prioritario fortalecer las acciones llevadas a cabo por el Conacyt, con el objeto de aumentar el número de becas de posgrado a través de la consolidación de los programas vigentes y la incorporación de nuevas modalidades educativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que agilice los pagos de becas en el extranjero y a nivel nacional, con el objeto de que no pongan en riesgo la continuidad de sus estudios.

Notas

1 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt

2 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/becarios-del-conacyt-s in-apoyos-para-este-ano-3074098.html

4 http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Leticia Díaz Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México viven 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 51.02 por ciento son hombres y 48.98 por ciento son mujeres. Es decir, en el país hay 20.54 millones de niños y hombres adolescentes, y 19.72 millones de niñas y mujeres adolescentes, de conformidad con el análisis realizado por Save the Children. 1

De acuerdo con diversos estudios, la violencia durante la infancia y adolescencia constituye un severo factor de riesgo, ya que puede dañar el desarrollo psicológico, emocional o cognitivo, es por ello que existen mayores posibilidades de sufrir otro tipo de violencia o presentar comportamientos antisociales y/o delictivos durante la etapa adulta.

Actualmente, en el Estado mexicano persiste la violencia en el ámbito público y privados contra niñas, niños y adolescentes, misma que se ha visibilizado en medios de comunicación y por la sociedad civil.

Algunos ejemplos de lo anterior, son los casos de (I) Lupita “Calcetitas Rojas”2 , niña que fue encontrada sin vida en el estado de México; (II) el niño Yahir3 que murió en Coahuila tras ingerir excremento dado que su padre lo obligaba; (III) las adopciones ilegales de 682 niños y niñas4 en Sonora; (IV) el abuso sexual de niños y niñas estudiantes del kínder Marcelino de Champangat5 en la Ciudad de México; y (V) los recientes intentos de secuestro a adolescentes en el Metro de la Ciudad de México6 , por sólo mencionar algunos casos que han sucedido en el país.

En la reunión de trabajo celebrada con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante SIPINNA, y la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de esta honorable Cámara de Diputados, se señaló que 63 por ciento de los niños mexicanos reportan vivir violencia psicológica, mientras 40 por ciento de ellos, aseguró que además es sometido a castigos físicos y maltrato, en la reunión se resaltó que SIPINNA cuenta con el registro de 20 mil casos de egresos de niños y adolescentes de los hospitales por lesiones causadas por violencia, como se señala en la siguiente tabla elaborada por SIPINNA:

Asimismo, señaló que otro de los retos para el Estado mexicano es el embarazo en niñas de entre 9 y 14 años que en 2016 sumaron 11 mil 160 menores, como se señala en la siguiente tabla, misma que fue elaborada por SIPINNA:

En torno a la explotación de niños y adolescentes con fines sexuales, la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas detectó 12 mil 300 cuentas personales de internet exhibiendo imágenes de explotación sexual de niñas y niños.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, examinó los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México en sus sesiones 1988 y 1990, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y aprobó en su 2024 sesión, el 5 de junio de 2015, las observaciones finales al Estado mexicano, entre las cuales se destaca en los párrafos 72 y 73 la recomendación para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, en adelante Protocolo Facultativo:

72. El Comité insta al estado parte a:

I. Ratificación del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones.

73. El Comité recomienda al estado parte que, para seguir fortaleciendo la efectividad de los derechos de la infancia, ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Es por ello que resulta de urgencia que el Estado mexicano suscriba el Protocolo Facultativo, derivado de la resolución 17/18 de 17 de junio de 2011; ya que las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos, viéndose imposibilitados para ser reparados integralmente, es importante contar con un recurso a nivel internacional para la efectividad de sus derechos.

Suscribir dicho Protocolo sólo abonaría al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y con ello cumplir con el principio de progresividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En el multicitado Protocolo Facultativo establece el reconocimiento de la competencia del Comité de los Derechos del Niño a conocer sobre: (I) violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; (II) comunicaciones individuales; (III) examen de las comunicaciones; (IV) comunicaciones entre estados; (V) el procedimiento de investigación; (VI) asistencia y cooperación internacional.

Actualmente 42 países han ratificado el Protocolo Facultativo, mismo que vendrá a reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños, niñas y adolescentes denunciar la vulneración de sus derechos.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que, en uso de su facultad constitucional, suscriba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Notas

1 Consultado en: https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24- b508abcbfeda.pdf, fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

2 Consultado en: https://www.proceso.com.mx/518017/calcetitas-rojas-se-llamaba-lupita-su s-padres-robaban-y-eran-adictos fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

3 Consultado en: https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20181029/nino-era-oblig ado-a-comer-excremento-por-su-padre-y-murio/ fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

4 Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/emiten-recomendacion-por- adopciones-ilegales-en-sonora fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

5 Consultado en: https://www.informador.mx/mexico/
Denuncian-abuso-sexual-de-37-ninos-en-kinder-de-CDMX-20181016-0152.html fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

6 Consultado en: https://www.la-prensa.com.mx/policia/387371-mujeres-difunden-intentos-d e-secuestro-dentro-del-metro-en-redes-sociales-autoridades-dicen-que-no -hay-denuncias-formales fecha de consulta 04 de febrero de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Leticia Díaz Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a establecer un plan de medidas urgentes para resolver la crisis de violencia e inseguridad profundizada en los últimos meses en la capital del país, a cargo de la diputada Cynthia Ileana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cynthia Ileana López Castro, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De haber sido una de las entidades más seguras del país, en los últimos meses la Ciudad de México se ha hundido en una espiral de violencia que amenaza con terminar con la tranquilidad de la ciudadanía.

Los homicidios van en aumento y las ejecuciones masivas son cada vez más constantes. En septiembre de 2018, se registró un tiroteo que terminó con la vida de seis personas y varios lesionados en inmediaciones de Garibaldi, tres meses después ejecutaron a uno de los sobrevivientes.

El pasado 17 de febrero, se registró otro tiroteo en contra de un grupo de jóvenes en la alcaldía de Iztapalapa, siete personas murieron y cuatro más resultaron heridas. Se ha develado que los probables responsables habían sido detenidos hace unas semanas por la policía capitalina por portación de armas largas, sin embargo, fueron puestos en libertad al poco tiempo.

Otros delitos como el robo en el transporte público, metro y metrobús, así como los robos con violencia a negocios también se han triplicado. En las últimas semanas, por ejemplo, se reportaron denuncias de intento de secuestro de mujeres de entre 18 y 25 años en estaciones de la red de transporte del Metro. Tan sólo entre el 30 de enero y el 11 de febrero, se tenían 48 investigaciones abiertas por estos casos y sin ningún detenido.2

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, al cierre de 2018, se registró un incremento de los delitos de narcomenudeo en 127 por ciento, violación en 129 por ciento y homicidio con 17 por ciento.2

El mes de enero pasado se convirtió en el más sangriento, ya que se asesinaron en promedio a seis personas diarias, una cifra que no se registraba en la Ciudad de México desde hace diez años. Tan sólo durante ese mes se abrieron 143 expedientes de homicidio doloso, cifra 79.2 por ciento que la de enero de 2018. Las carpetas iniciadas por narcomenudeo también crecieron de 755 a mil 282 casos respectivamente.3

En 15 de las 16 alcaldías se registró el aumento de la incidencia delictiva, las más afectadas fueron Iztacalco, con un incremento de 26 por ciento; Magdalena Contreras, con 23 por ciento; Álvaro Obregón, 18 por ciento; Iztapalapa, 15 por ciento y Tlalpan, 14 por ciento.4

El pasado 19 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, informó que se trabaja en un plan conjunto con las 16 alcaldías, a fin de realizar un registro de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, también llamadas “chelerías”, para cerrarlas definitivamente, argumentando que con ello se disminuirá la incidencia delictiva y la violencia.

Esta podría ser una acción necesaria, sin embargo, una verdadera estrategia para hacer frente al problema de la violencia y el delito no puede reducirse al cierre de este tipo de establecimientos. Es necesario implementar acciones encaminadas a aumentar la vigilancia de los diferentes cuadrantes de la ciudad, eliminar la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, la impunidad, así como para combatir el narcomenudeo y células del crimen organizado de todas las alcaldías.

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, es necesario que el gobierno de la Ciudad de México realice un análisis profundo de lo que sucede en la ciudad y plantear estrategias innovadoras utilizando la información estadística a detalle, la coordinación entre autoridades, la prevención social y la participación ciudadana para disminuir los focos rojos.5

No podemos continuar implementado medidas simplistas y carentes de fundamento para hacer frente a los problemas más apremiantes en materia de seguridad. Así como cerrar las llaves de los ductos de gasolina no termina con el robo de combustible, cerrar los bares y centros nocturnos no acaba con la violencia, los delitos y la venta de drogas.

Una verdadera estrategia de seguridad pública debe pasar por el trabajo coordinado de las diferentes instancias de la administración pública capitalina, organizaciones de la sociedad civil e incluso la ciudadanía. Este trabajo no se ha visto reflejado en los dos primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México, para que implementen un plan de medidas urgentes para resolver la crisis de violencia e inseguridad que se ha profundizado en los últimos meses en la capital del país.

Notas

1 Secuestros en el metro de CDMX: “Mi agresor dijo por teléfono que por mí le iban a dar un buen billete. Ahí supe que me querían llevar”, BBC, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47236730

2 Semáforo Delictivo: en: http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

3 Carpetas de investigación PGJ de la Ciudad de México, Datos Abiertos CDMX, en:

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-in vestigacion-pgj-cdmx/table/

4 Enero de 2019, el mes más sangriento en la CDMX, El Universal, en:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/enero-de-s heinbaum-el-mas-sangriento-de-los-ultimos-2-anos

5 Ejecuciones por narco en la CODMX aumentaron 146% en 2018: Semáforo Delictivo, Proceso, en:

https://www.proceso.com.mx/570561/ejecuciones-por-narco- en-la-cdmx-aumentaron-146-en-2018-semaforo-delictivo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a iniciar los trámites para considerar la expedición de un decreto que permita la realización permanente del desfile cívico-militar del 2 de mayo, conmemorativo del rompimiento del sitio de Cuautla de mayo de 1812, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que esta honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación, inicie los trámites a fin de que se considere la expedición de un decreto que permita la realización de manera permanente del desfile cívico-militar del 2 de mayo cuyo objeto es la conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla de mayo de 1812 y se pronuncia respecto del mismo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 17 de abril de 1869, bajo el gobierno de Benito Juárez, el Congreso General de la República expide un decreto erigiendo definitivamente como estado integrante de la federación el de Morelos, comprendido por los distritos de Cuautla, Cuernavaca, Jonacatepec, Tétela y Yautepec, que formaría por razones estratégicas durante la intervención francesa de 1862, al tercer distrito militar. Formando parte anteriormente del estado de México. El territorio que comprende el actual estado de Morelos fue habitado en la antigüedad por la cultura olmeca y fue influenciado por las culturas maya, teotihuacana y mixteco-zapoteca.

Época prehispánica

Del año 200 d.C. a 500 d.C., la cultura olmeca habitó el territorio hoy conocido como estado de Morelos. La gran influencia de esta cultura se dejó sentir en todo Mesoamérica.

Después de la decadencia de Teotihuacán cobró importancia la ciudad fortificada de Xochicalco, especialmente durante su apogeo del año 700 al 900 d.C. y se le considera como el centro más importante del periodo clásico tardío del altiplano central de México por su elevado desarrollo cultural.

En el siglo XIII, los xochimilcas fundaron Tepoztlán, Tétela del Volcán, Hueyacapan y Xumiltepec.

En el norte los tlahuicas fundaron Cuauhnahuac, actual Cuernavaca. Sin embargo con el florecimiento del imperio mexica, estos comenzaron a extender su dominio y el territorio comprendido por estas tribus fue sometido a tributación del gran imperio controlado por Tenochtitlán.

Durante la guerra de independencia, el estado fue testigo de uno de los hechos más memorables de la guerra en 1812 llamado el sitio de Cuautla en que José María Morelos logró vencer el cerco impuesto por el ejército realista durante 72 días.

La batalla denominada “Sitio de Cuautla” consistió en una de las acciones militares más importantes de la lucha por la independencia de México, emprendida entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, en la población de Cuautla, hoy estado de Morelos.

Dicha acción se dio cuando el ejército insurgente fue sitiado por las tropas españolas comandadas por Félix Calleja. Los insurgentes resistieron de manera heroica durante setenta y tres días el sitio impuesto por el ejército realista y en más de una ocasión se documentaron acciones que intentaron romper el cerco. La madrugada del 2 de mayo, el comandante insurgente José María Morelos y Pavón, así como sus lugartenientes, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, huyeron de Cuautla, finalizando así la acción militar.

El sitio tuvo gran importancia para los acontecimientos posteriores debido a que impactó la estructura política, militar y social del Virreinato de la Nueva España, gobernado desde 1810 por Francisco Xavier Venegas, de inicio, Félix Calleja fue destituido como jefe militar del centro del país y en su lugar se le designó comandante militar de la Ciudad de México, ya que se temía un posible ataque insurgente. Morelos, por su parte, logró reforzar a su ejército y durante todo el año de 1812 conquistó plazas clave para el gobierno virreinal, como fueron las de Oaxaca y Córdoba. Finalmente y con la llegada de Fernando VII al trono español, Venegas fue depuesto de su cargo en febrero de 1813.

El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas en el pueblo de Dolores, Guanajuato, dando inicio a la Guerra de Independencia de México. El 28 de septiembre, los insurgentes entraron en Guanajuato, el 17 de octubre, Valladolid cayó en sus manos y el 25 de octubre conquistaron Toluca. El 30 de octubre derrotaron a un regimiento realista en la Batalla del Monte de las Cruces, y dos días más tarde estuvieron a punto de entrar a la Ciudad de México, pero terminaron por retroceder al Bajío. Las tropas de Félix Calleja enfrentaron a los insurgentes en la Batalla de Aculco, donde por primera vez Hidalgo sufre una derrota, después de la cual los insurgentes se separan, y él se marcha a Valladolid, donde se cometieron saqueos y matanzas de españoles. El 19 de noviembre, Hidalgo entró en Guadalajara, que fue conquistada el mismo día de la derrota de Aculco por José Antonio Torres, apodado “El Amo”. Tras perder Guanajuato a manos de Calleja el 26 de noviembre, Ignacio Allende y Juan Aldama se retiraron a Guadalajara, donde se cometieron los mismos saqueos y matanzas que en Valladolid. El 17 de enero de 1811, Calleja derrotó a las fuerzas insurgentes en la Batalla de Puente de Calderón, después de la cual los insurgentes huyeron a Coahuila. El 21 de marzo, Ignacio Elizondo los capturó en Las Norias de Acatita de Baján. Tras un juicio sumario, Allende, Aldama y José Mariano Jiménez fueron fusilados el 26 de junio en Chihuahua.

El virrey Venegas había advertido la posibilidad de que Morelos atacara la Ciudad de México, por lo que ordenó a Félix Calleja trasladarse a Cuautla en 1812.

La madrugada del 10 de febrero de ese año, se supo de la llegada de Calleja a Cuautla, y Hermenegildo Galeana salió a fortificar la plaza y el convento de San Diego. Leonardo Bravo comandó las fuerzas de Santo Domingo, y Mariano Matamoros junto con Víctor Bravo, vigilaban las trincheras del punto sur. Morelos se dedicó a inspeccionar sus tropas, vigilar el punto norte de Cuautla y transportar a la ciudad todas las provisiones.

El 18 de febrero, Calleja inició el primer ataque a Cuautla, sus tropas sumaban 5 mil hombres, a las siete de la mañana del 19 de febrero, cuatro columnas de soldados realistas salieron del campamento del Calvario con dirección al Convento de San Diego abriendo fuego, con lo que comenzó el enfrentamiento.

Tras la batalla, Morelos acudió a cada una de las casas atacadas, a dar dinero y víveres a los afectados. Esta batalla le hizo ver a Morelos la posibilidad de derrotar al ejército realista, e incluso de llegar hasta la Ciudad de México.

Tras el fallido ataque a Cuautla, Calleja escribió a Venegas afirmando que en Cuautla se encontraban cerca de 12 mil insurgentes, y que si no era posible tomar la ciudad, pondría un sitio.

Una vez que Calleja reunió los batallones necesarios, comenzó a rodear Cuautla.

Tras varios meses de resistencia, Matamoros logró romper el cerco y huir a Toluca, donde López Rayón le esperaba para darle las provisiones que el ejército insurgente necesitaba, sin embargo, no consiguieron entregar a Morelos los alimentos y armas para seguir en pie.

A fines de abril la situación era insostenible y las riñas entre los altos comandantes del ejército realista impidieron que Calleja efectuara otro ataque a Cuautla. La madrugada del 2 de mayo se dio por vencido.

Morelos y el Ejército que comandaba, a pesar de estar en condiciones de inferioridad numérica jamás perdieron la fortaleza ni la convicción de que saldrían adelante en tan difícil momento.

El rompimiento del sitio de Cuautla fue uno de los hechos históricos que cambiaron el rumbo de nuestra Independencia, y que permitieron que continuaran y se hicieran fértiles los anhelos de libertad y de justicia de todo un pueblo.

A poco más de 200 años del rompimiento del sitio de Cuautla y del sueño de la generación de independentistas por tener una patria libre, con leyes justas y de amplias libertades, es indudable que México hoy es una República con instituciones fuertes y cada vez más eficaces.

En los últimos meses, hemos experimentado los inicios de una autentica transformación en nuestras instituciones democráticas que, también, han traído consigo mayores retos.

Hoy tenemos una ciudadanía, afortunadamente, más exigente, más crítica, más participativa, más demandante de resultados de cada uno de sus gobiernos.

Se han reformado y con ello, se han creado nuevas y mejoradas instituciones de seguridad y de justicia, con lo que se busca realizar importantes esfuerzos con los gobiernos locales para recuperar sus condiciones y sus capacidades institucionales en el cumplimiento de sus obligaciones.

Momentos y decisiones trascendentes que han marcado la historia son aquellos en los que México exige, en nosotros, que actuemos con decisión, sin titubeos, para fortalecer nuestras instituciones democráticas, con herramientas efectivas en la atención de las necesidades de todos los mexicanos.

La tarea del Estado es redoblar esfuerzos para cumplir con la ley, para salvaguardar las libertades y los derechos de todos para vivir y desarrollarse en tranquilidad y armonía, ejerciendo sus derechos de elegir, como lo marca nuestra Constitución.

Para los diputados federales, el rompimiento del sitio de Cuautla es un ejemplo del carácter con el que tenemos que seguir luchando hasta alcanzar una seguridad auténtica y duradera para todos los mexicanos, aunado a que debemos de honrar el testimonio y la lucha que en su momento sembraron esos mexicanos de los que la historia da cuenta, a fin de que nuestro país sea el lugar seguro, libre y justo que merecen nuestros hijos y que lucharon los independientes y los cuautlenses por él.

Una de las más importantes conmemoraciones es precisamente la celebración del desfile cívico militar en conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812 en Morelos, mismo que se ha posicionado como uno de los más relevantes a nivel nacional, gracias a la participación del Ejército y Marina.

El desfile incluye la parada cívico-militar de la que dan testimonio el secretario de la Defensa Nacional, el de Marina, así como los representantes del Poder Ejecutivo estatal y municipal, en el que se reporta la participación de casi 5 mil personas.

Este desfile cívico militar se ha conmemorado de esta forma a partir del año 2012 se con la presencia de las fuerzas armadas de México, lo que ha establecido un precedente dentro de los desfiles militares más importantes del país.

Oficiales y elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciaron el llamativo desfile, y durante el desarrollo de la parada, en varias ocasiones, surcaron el cielo de la heroica los aviones y helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Mexicana.

Fomentar la cultura, la preservación y conmemoración de los hechos históricos que enriquecen a nuestra historia es parte de la responsabilidad de las y los legisladores, la preservación del legado de ilustres hombres y mujeres transita por rendir los honores que merecen, por ello y en su momento, el Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla (CPHC) gestionó ante el gobierno federal que dicho desfile se institucionalice toda vez que se ha posicionado como uno de los más importantes a nivel nacional, y que conmemora una de las batallas determinantes de la independencia del país.

Se realiza el desfile militar en el municipio de Cuautla, cuya relevancia se suma a la del 16 de septiembre, en la Ciudad de México; del 5 de mayo, en Puebla, y del 30 de septiembre, en Morelia.

Sin embargo, dicha conmemoración debe ser permanente, por lo que esta honorable Cámara de Diputados hace suyo el clamor social y se inicien los trámites correspondientes a fin de que se le declare a dicho desfile, con el carácter de celebración oficial, con objeto de que su realización se haga ininterrumpidamente y por medio del soporte legal correspondiente en un decreto.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo siguiente:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXII. ...

XXIII. Fijar el calendario oficial, y

XXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Por lo que esta honorable Cámara de Diputados considera que, el establecer esta emblemática fecha en el calendario oficial, es el primer paso para que se emita el subsecuente decreto que permita que el desfile cívico militar se realice cada año, de manera permanente y de relevancia nacional, dando a esta trascendente fecha el marco de conmemoración que merece, como uno de los momentos más relevantes de la historia de nuestro México independiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación, en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, inicie los trámites, a fin de que al desfile cívico militar del 2 de mayo cuyo objeto es la conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla de mayo de 1812 se considere como celebración de carácter oficial establecida en el calendario cívico y se considere realizar las gestiones correspondientes a fin de que se la realización del mismo se haga de manera permanente.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados reconoce como uno de los episodios más gloriosos de la historia de nuestro país, al periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, lapso en el que se dieron los acontecimientos del sitio de Cuautla y que fueron clave en la lucha por la independencia.

Tercero. Esta honorable Cámara de Diputados hace una invitación a los Poderes locales del estado de Morelos y de manera especial, al Poder Legislativo del estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones, solicite con carácter de permanente, el desfile cívico militar, con la participación de las fuerzas armadas del país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y las empresas productivas del Estado a presentar una estrategia que permita garantizar el abasto de gas natural, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Consideraciones

Durante los últimos años ha aumentado de manera progresiva el consumo del gas natural en el país, principalmente para la generación de energía eléctrica, aunque también es utilizado en otras industrias, como la de alimentos, producción de petroquímicos, fundición de metales, entre otras.

Las ventajas en la utilización de este energético son diversas: tiene una combustión muy limpia, por lo que es más sustentable, ya que genera una menor cantidad de emisiones de contaminantes a la atmósfera en comparación con otros combustibles como el carbón y el combustóleo; es más seguro y barato para transportar; es más eficiente para la generación y cogeneración de energía y aproximadamente cuatro veces más barato que el combustóleo y el gas LP.1

Otra ventaja importante es que México es una nación que cuenta con importantes reservas de gas natural, cerca de 12.3 billones de pies cúbicos.2

La reforma energética desarrollada en el sexenio pasado impulsó la modernización de la industria de hidrocarburos y de todas las actividades que forman parte de la cadena de valor del sector, el gas natural fue precisamente uno de los recursos que más se impulsaron dadas sus características económicas y prácticas. Incluso, la diversificación de los yacimientos de gas ha impulsado mercados regionales más equilibrados que en el caso del petróleo crudo.

En julio de 2016 la Secretaría de Energía (Sener) publicó la “Política pública para la implementación del mercado de gas natural”, la cual sentó las bases para crear un mercado de gas natural eficiente y competitivo que promueva las inversiones y la entrada de nuevos participantes, promoviendo el acceso a la información sobre las transacciones diarias de gas natural que realicen los comercializadores.3

En México, gracias a la apertura hacia el sector privado, la competencia en el mercado de gas natural ha incrementado, así como la expansión de la infraestructura para el transporte mediante la red de ductos hacia los principales centros de consumo del país. De los 24 gasoductos que se promovieron construir en la administración anterior por parte de empresas privadas, 17 ya están operando.

De acuerdo con Sener, en la última década, la demanda nacional de gas natural ha incrementado en más de 34 por ciento.4

Los sectores petrolero e industrial participan con un considerable porcentaje en la demanda de este recurso, por lo que su abastecimiento es fundamental para el crecimiento, productividad y desarrollo del país. No obstante, los sectores residencial, de servicios y de autotransporte también han incrementado su demanda de forma gradual y en sincronía con el desarrollo de la infraestructura nacional de este combustible.

En los últimos diez años, es el sector eléctrico el que más ha aumentado su demanda de gas natural con un 62.3 por ciento, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado una estrategia de reducción de combustibles caros y excesivamente contaminantes por otros de menor costo y más sustentables, para la generación de energía eléctrica.

Por sí solo, México no cuenta con la capacidad en infraestructura para ser autosuficiente en gas natural, por lo que la apertura al sector privado ha sido de gran utilidad para satisfacer la demanda nacional, la cual, tan solo en 2016, aumentó en 1.5 por ciento respecto del año anterior, siendo el sector eléctrico el mayor consumidor en el país con una participación del 50.9 por ciento.5 Basta señalar que Estados Unidos es el principal abastecedor de gas natural a nuestro país, con aproximadamente 66 por ciento del total.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, la producción de gas natural promedió 4 mil 761.8 millones de pies cúbicos diarios, 11.8 por ciento menor al obtenido en el mismo periodo de los años precedentes.6 Más aún, se espera que las importaciones aumenten de 4 mil 700 millones de pies cúbicos diarios en 2018, a 5 mil 700 millones en 2019, según estimaciones de la consultora S&P Global Platts.7

Se estima que en 2032, la demanda de gas natural sea de 9 mil 920.5 mmpcd, lo que representará un incremento de 30.3 por ciento con respecto a 2017, el sector eléctrico consumirá poco más de la mitad (53.3 por ciento).

En este sentido, las licitaciones para la adjudicación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos (Rondas México) tienen el objetivo de incrementar la producción de gas natural, aumentar las reservas del país al acceder a yacimientos no convencionales y reducir la fuerte dependencia respecto de Estados Unidos.

Si tomamos en cuenta que hay cada vez más demanda de gas natural y menos producción del mismo en el país, esta situación puede representar una crisis en cierne que podría derivarse en apagones en todo el país, graves afectaciones a los sectores productivos, a la industria y a la economía nacional.

Este tema cobra relevancia en estos momentos en los que el nuevo gobierno ha prometido disminuir la dependencia de gas natural desde Estados Unidos y alcanzar la autosuficiencia en México. Asimismo, el gobierno ha abierto un nuevo frente de lucha en el que ha advertido que revisará los contratos de ductos para electricidad en México, lo cual puede ahuyentar la inversión privada y frenar la construcción de proyectos de gasoductos en ciernes.

Las cifras nos dicen que esta situación puede desatar una crisis de enormes proporciones que afectaría gravemente a la economía y el desarrollo nacional, así como la vida diaria de millones de mexicanos.

Especialistas del sector energético, advierten que la cancelación de la cuarta subasta eléctrica de largo plazo y de las líneas de transmisión en el sureste del país pone en alerta la generación de energía a partir de 2021.8

Asimismo, la calificadora Moody’s señaló que la cancelación es un hecho negativo para el perfil crediticio del sector y genera dudas sobre el compromiso del nuevo gobierno sobre facilitar inversiones privadas en los proyectos energéticos.9

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a las Empresas Productivas del Estado para que den a conocer los proyectos de inversión y las acciones que van a instrumentar para garantizar el abasto de gas natural y prevenir afectaciones al sistema eléctrico nacional, principalmente en el sureste del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía, como instancia coordinadora del sector energético, para que presente los estudios técnicos y financieros que tomaron como base para cancelar la cuarta subasta de energía eléctrica de largo plazo.

Notas

1 Ventajas del gas natural, Pemex, en:
http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+natural/SGN_Que_ventajas_tiene.htm

2 Gas natural, Sener, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166646/Gas_Natural.pdf

3 Prospectiva de Gas Natural, Sener, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286233/Prospectiva_de_Gas_Natural_2017.pdf

4 Ibidem

5 Ibidem

6 Sexto Informe de Gobierno, en:
http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/

7 México dependerá todavía más del gas natural de Estados Unidos en 2019, Expansión , en:

https://expansion.mx/empresas/2018/12/28/mexico-depender a-mas-del-gas-natural-estados-unidos-en-2019

8 https://lasillarota.com/nacion/desabasto-y-apagones-ante-falta-de-subas ta-electrica-cfe-subasta/271817

9 http://energiahoy.com/2019/02/11/cancelacion-de-la-cuarta-subasta-elect rica-afectara-a-la-red-y-cfe-moodys/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la estrategia de sanidad animal y prevención de perros en situación de calle, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer pública la estrategia de sanidad animal y prevención de situación de calle de los millones de perros habitantes de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con los antecedentes descritos en la antigua Norma1 Oficial Mexicana (NOM-042-SSA2-2006) Prevención y Control de Enfermedades: especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, desde 1883 se presentó la primer propuesta para regular los establecimientos para confinar y eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública de manera corresponsable con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Desde aquel entonces, la visión respecto al cuidado y respeto de los animales de compañía ha cambiado, afortunadamente se abandonaron conceptos como las perreras municipales y los centros antirrábicos con procedimientos de eutanasia terribles como la electrocución.2 Ahora predominan los hospitales y albergues de rescate, para una adopción responsable.

Es oportuno recordar que, en virtud de los avances médicos y de control de zoonosis recientes en el país, se sometió a consulta un nuevo proyecto de Norma3 Oficial Mexicana (PROY-NOM-042-SSA2-2017, Prevención y Control de Enfermedades. Especificaciones Sanitarias para los Centros de Prevención y Control de Zoonosis relativa a Perros y Gatos) con la cual se lograron nuevas reglas.

Estas contemplan obligaciones básicas que deberán tener estos centros de control canino referentes a: infraestructura mobiliaria adecuada; vestimenta y equipo de protección; material para las actividades sanitarias; plan de trabajo; sistema de información; bitácoras diarias de actividades; informes diarios de vacunación y esterilización; así como hojas clínicas de los animales ingresados.

Ante una visión más humana en este rubro del cuidado de las personas hacia los animales de compañía “domésticos” y cuya posesión sea ilegal, se ha modificado la postura de las autoridades para atender esta compleja circunstancia de la Ciudad de México, dada la cantidad de perros que existen en situación de calle y al interior de propiedades de diversas características, sin ningún control o cuidado.

Como se ha reconocido en otras ocasiones, no existen cifras oficiales del número de perros en la capital del país, algunas cifras de organizaciones protectoras estiman hasta tres millones de estos animales en esta zona. El entonces secretario de Salud de la Ciudad de México señaló en 2015 que existían cerca de un millón doscientos mil caninos, pero datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016 reportaban 18 millones4 de perros a nivel nacional, según la entrevista del portal electrónico Animal Político.

La vulnerabilidad en la que se han encontrado lo que algunos llaman “mascotas” o “elementos de trabajo” es tremenda, todos los días enfrentan golpes, abandono, hambre, enfermedades, ataques físicos, exposición a temperaturas extremas, lesiones por atropellamiento, reproducción irresponsable, venta ilegal y en general, un panorama de abusos interminables, por carecer del marco jurídico y cultura de protección a la dignidad de estos animales de compañía, materia del presente punto de acuerdo.

En tal virtud, algunas asociaciones protectoras han planteado incansablemente la necesidad de trabajar en medidas como:

“Prohibir5 la venta de animales; exigir, en caso de la regulación, que sean esterilizados; cobrar un impuesto a la posesión; sustituir los centros antirrábicos por hospitales veterinarios públicos, e impulsar políticas públicas para castigar a quien los abandone. Y en general, que el maltrato animal sea castigado como un delito...”

Los avances en hacer visible este fenómeno de maltrato animal e intentar acciones en pro de su dignidad han sido muchos; sin embargo, su control, seguimiento y publicación de resultados ha sido opaco o nulo. Aunque desde el 2017 el gobierno de Ciudad de México creó la Agencia de Atención Animal (Agatan),6 para la coordinación entre los sectores público y privado para crear líneas de acción y vigilancia en contra del maltrato animal y el estricto cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía tiene un trayecto largo por avanzar.

La Agencia tiene en su portal electrónico un espacio para que juntos, sociedad y gobierno, logren crear un primer dato oficial de estos animales; la lógica es inscribir a la mascota en el Registro7 Único de Animales de Compañía (RUAC), con el cual se logrará tener un primer panorama fidedigno de las condiciones en que se encuentran -con o sin dueños- y aunado a las cifras que recaben los centros antirrábicos de las alcaldías, permitirán crear mejores estrategias para el pleno respeto a su dignidad, a través de la posesión responsable.

Trabajar de manera unida por el bienestar animal es más que una moda o una conducta asociada a un estatus social, son vidas que sienten al igual que otro ser vivo, por ello, debe ponerse especial atención en la satisfacción de sus necesidades de salud, de conducta, fisiológicas y etológicas, que pueden ser alteradas por factores naturales o por los seres humanos.

Esta materia es de atención inaplazable para las diferentes autoridades en los tres órdenes de gobierno, pues es indiscutible el aumento de los animales de compañía en los últimos años -muchos modelos de familia diferentes, los contemplan como un miembro más-, de ahí que el mercado de bienes y servicios en este ramo haya alcanzado cifras exorbitantes -cerca de 2 mil 300 millones8 de pesos al año-, lo cual fue observado desde 2014 por las autoridades hacendarias en México y se tasaron los productos y servicios de este ramo con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 16 por ciento, siendo un golpe a los bolsillos de los dueños que destinan gastos mensuales para alimentos, peluquería y medicina veterinaria.

Desafortunadamente, aunque se obtienen múltiples ingresos asociados a la posesión y cuidado de estos animales de compañía, su condición de dignidad y respeto no es mejor, ni siquiera en el gobierno de la Ciudad de México, autodenominado hoy como la “Ciudad Innovadora y de Derechos”.

Apenas el pasado 11 de febrero se dio cuenta que el Hospital9 Veterinario de Especialidades de la Ciudad de México carece de presupuesto para realizar consultas de especialidades, cirugías de alto riesgo, estudios pre y post operatorios como pruebas de sangre completas, estudios radiológicos seguros, farmacia especializada con medicamentos controlados, materiales básicos para cirugía como anestesia, estudios ecográficos y así una larga lista.

Desde luego, esto representa un costo importante, una consulta de especialidad para cualquier mascota en promedio en los hospitales privados especializados reportan un costo promedio de entre 800 y mil 500 pesos, sin contar los estudios ni los medicamentos, lo que implica una erogación para los dueños de las mascotas de entre 3 mil y 5 mil pesos por evento.

El mercado es tan grande que cada vez existen más seguros de gastos médicos mayores para mascotas, entre ellos10 Seguros Mapfre, Medipet, Royal Sun Alliance, GMX Seguros y S Seguros, por citar algunos casos, en promedio ofrecen pólizas que cubren gastos médicos por hasta 25 mil pesos anuales y hasta 150 mil pesos por responsabilidad civil. Generar conciencia de que existen estos instrumentos financieros es una acción que debe impulsarse por todo gobierno responsable en sinergia con la sociedad civil.

Es innegable que estos animales cada vez están más presentes en la vida de las personas, encontramos restaurantes, cines, aviones, barcos, hoteles, guarderías y hasta gimnasios que son establecimientos Pet Friendly (amigables con las mascotas) muchos de ellos cobran tarifas adicionales por permitir la compañía de nuestros animales, la pregunta es ¿Por qué destinamos un presupuesto considerable al cuidado y esparcimiento de nuestras mascotas y no invertimos tiempo y dinero para exigir y crear una cultura de respeto a su dignidad?

Debe tenerse presente que el maltrato a los animales es una agresión en contra de la sociedad misma, es un retrato de los valores que prevalecen en determinada nación. Ya que una gran cantidad de mexicanos cuentan con mascota -se estima que de cada diez habitantes, seis tienen una- es tiempo de poner manos a la obra,11 pues los riesgos que enfrentan cada vez crecen, un ejemplo, son los “paseadores de perros” que lejos de esparcir al perro lo llevan a sufrir largas caminatas en grupos muy grandes de 10 o 15 animales de razas distintas, sin importar que camine a ritmo diferente un labrador que un poodle.

Por lo a anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a la Secretaría de Salud y a la titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a revelar públicamente el plan de acción y las estrategias de sanidad animal y prevención de perros en situación de calle que implementarán en su administración.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que solicite a la Auditoría de la Ciudad de México llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Hospital Veterinario de Especialidades de la Ciudad de México desde su creación en el 2016 a la fecha y publique sus resultados.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a la Secretaría de Salud y a la titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a llevar a cabo lo antes posible el conteo oficial del número de perros en situación de calle y en posesión de particulares, a fin de que el Congreso de la Ciudad de México cuente con datos fidedignos y -pueda en caso de que así lo acuerde- emitir nueva legislación acorde a las circunstancias.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los 31 congresos estatales para que consideren en sus agendas de trabajo el estudio y actualización de la legislación que proteja la dignidad de los animales de compañía y promueva su bienestar.

Notas

1 Consultado en:
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm

2 Animal Político. Por fin: electrocutar perros para asesinarlos queda prohibido en México. 06-10-2015. Señala el artículo que con la modificación a la NOM 033 después de 20 años se permitirá únicamente la sobredosis de anestésicos para realizar eutanasias.

Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2015/10/electrocutar-perros-para-sacrifi carlos-queda-prohibido-en-mexico/

3 Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496347&fecha=06/09/2017&print=true

4 Animal Político. Diciembre, la época en la que más perritos son abandonados; la realidad de los canes callejeros en CDMX. Diciembre 25 de 2018. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2018/12/perros-callejeros -abandonados-cdmx-diciembre/

5 Planteado por la asociación civil Mundo Patitas en entrevista al portal Animal Político. (2018) Ídem.

6 Consultado en: http://agatan.cdmx.gob.mx/

7 Disponible en: http://www.ruac.cdmx.gob.mx/

8 Milenio Diario. Mercado de mascotas vale más de 2300 mdp al año. Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombres-nombres-nombres /mercado-mascotas-vale-2-300-mdp-ano-74-alimentos-futuro-crecer

9 El Universal. Agoniza Hospital Veterinario de la CDMX por falta de recursos.

Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/agoniza-hospital-veterinario-d e-cdmx-por-falta-de-recursos

10 El financiero. Si adoras a tu perro...conoce los seguros para él. 09-02-2015. Consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/si-adoras-a -tu-perro-conoce-los-seguros-para-el

11 En la actual LXIV Legislatura ya hay pendientes en comisión para su dictamen, tres iniciativas en materia de bienestar animal (dos en la Cámara de diputados y una en el Senado) de estas una fue presentada por la Dip. Verónica Martínez García del GP-PRI, otra más por Movimiento Ciudadano y otra por la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional. En el Senado se impulsó un Punto de Acuerdo el 29-11-2018 para que la Cámara de Diputados considerara una ampliación al presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) en materia de esterilización canina y felina, con el objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. Fuente: Segob. Sistema de Información Legislativa.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días febrero del 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar por la SHCP máxima publicidad a los procedimientos de licitación y adjudicación relacionados con la adquisición de las pipas utilizadas para distribuir combustible en el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé máxima publicidad a los procedimientos de licitación y adjudicación relacionadas con la adquisición de las pipas utilizadas para la distribución de combustible en el país, como parte de la estrategia de combate al robo de gasolina, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El combate a la corrupción y la transparencia constituyen una de las principales banderas del Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del Plan Anticorrupción y de Austeridad.1

Sin embargo, a sólo dos meses y medio de la actual administración, es palpable la inconsistencia del discurso con la realidad. Pese a las buenas intenciones del gobierno federal, hay evidencias de la falta de transparencia, ante todo, en diferentes procesos de adquisiciones y obras, toda vez que no únicamente se está infringiendo la ley, sino que además no se proporciona la información técnica, legal y financiera necesaria para que la sociedad cuente con elementos y datos oficiales que posibiliten dar seguimiento a la eficacia y eficiencia de las políticas instrumentadas. Esto es simple y llanamente falta de transparencia y rendición de cuentas.

Es importante recordar que en diciembre pasado el gobierno federal implementó una estrategia de combate al robo de combustibles que incluye, entre otras líneas de acción, cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el sistema de ductos.

Para no comprometer el abasto de combustibles, se planteó la necesidad de completar el transporte de gasolinas mediante vehículos autotanque, mejor conocidos como pipas.

Para tal efecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó una comisión intersecretarial para el proceso de compra de pipas, integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, las secretarias de Economía y de la Función Pública, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes acudieron a la ciudad de Nueva York para efectuar la compra.

Tal comisión determinó “llevar a cabo el proceso de adjudicaciones competitiva mediante una convocatoria a fabricantes nacionales y extranjeros de tanques y tractocamiones y así lograr la participación de una mayor cantidad de empresas.”

A decir de la versión oficial, se pusieron en contacto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones Nacionales y con la Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados Unidos y –se dice– invitó vía remota a la participación de otros países. ¿Por qué únicamente a esas dos empresas? ¿Cuáles otras empresas se invitaron? ¿De qué otros países? ¿Por qué no asistieron?2 A la fecha, no se ha informado nada sobre este importante tema para México y los mexicanos.

Lo que es del conocimiento público es el objeto y alcance de la adquisición, así como el mecanismo de selección. Se han suscrito cinco memoranda de entendimiento entre I.I.I. Servicios SA de CV, empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los fabricantes, para contar con 671 autotanques con una capacidad equivalente a 140 mil barriles diarios. El monto total es de 92 millones de dólares.3

En este mismo sentido se informó que los primeros autotanques llegarán el 1 de febrero, son 50; el 8 de febrero, otros 50, y progresivamente el resto de los autotanques.4

Ahora bien, respecto al mecanismo de selección, se señala que se llevó a cabo mediante el proceso de adjudicación competitiva. ¿Qué entienden por esto? La ley no contempla un procedimiento con este nombre.

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos señala a la letra que “Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.”5

Conforme a especialistas, si esta no fue una licitación pública, puede parecer por la cantidad de participantes, una invitación a cuando menos tres personas. Pero no se trató de eso, porque de lo contrario la ley hubiera requerido también la publicación y difución de la invitación a través de CompraNet. Una vez más, quienes estaban en esa reunión llegaron ahí porque fueron invitados directamente. De hecho, un grupo de 30 empresas mexicanas que aseguran tener la capacidad de proveer las pipas declararon con sorpresa que nadie les pidió ni siquiera una cotización y, mucho menos, fueron invitadas a la reunión de Nueva York.6

Parece, pues, que la adjudicación fue directa, pero si fuera el caso, la ley requiere también la emisión de un dictamen que justifique, funde y motive por qué se asignó directamente el contrato a alguien –documento que hasta el momento parece no existir.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se obtuvieron ahorros significativos y más competitivos. En virtud de que no se realizó una licitación nacional, no conocemos si en México hubiera podido ofrecerse un mejor precio. Como tampoco se hizo un proceso público, no sabemos si quienes no fueron invitados hubieran podido ofrecer mejores condiciones y, finalmente, no sabemos por qué a cada empresa se le pagaron diferentes cantidades por unidad.

El artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo”.7

De acuerdo con el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el monto máximo total que una operación puede tener en una adjudicación directa es, sin considerar el IVA, de 528 mil pesos.

Como se apuntó líneas atrás, los funcionarios mexicanos se gastaron 92 millones de dólares, es decir, alrededor de mil 765 millones de pesos, para poner dicha cifra en perspectiva, basta señalar que es similar al presupuesto destinado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para este año, sólo por mencionar un ejemplo.

Estamos hablando de recursos públicos que pagamos todos los ciudadanos, por lo que preciso preguntar ¿de dónde salieron los recursos para realizar la compra de las pipas? El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que la compra va a estar a disposición de la Secretaría de la Defensa. En este sentido, cabe preguntar ¿por qué no hicieron ellos la adquisión? ¿por qué ni siquiera acudieron a la compra?

El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por su parte, el tercer párrafo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

En síntesis, la llamada “adjudicación competitiva” no corresponde a ninguna de las formas legales establecidas para contratar. Realmente, no fue una licitación abierta; se dice adjudicación, pero se efectúo con un extraño procedimiento al margen de la ley.

La rendición de cuentas y la transparencia constituyen elementos sustanciales en los que se funda un gobierno democrático. A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé máxima publicidad a los procedimientos de licitación y adjudicación relacionadas con la adquisición de las pipas utilizadas para la distribución de combustible en el país, como parte de la estrategia de combate al robo de gasolina.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos para que dé a conocer el impacto económico en las finanzas públicas de la empresa, así como en el precio de venta de la gasolina y diésel ante el incremento del uso de autotanques en la distribución de combustibles.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

2 http://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/licitame-la-pipa/

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/431424/Comunicado_SHCP_0 08_2019.pdf

4 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019?idiom=es

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

6 file:///G:/f4i74Xi-7—2682_XF-d7p_5vl/Lic%EDtame%20la%20pipa%20_%20Desar mar%20la%20Corrupci%F3n.html

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala; y se exhorta a la FGR a atraer el caso y realizar las investigaciones correspondientes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, asimismo, expresa las condolencias a sus familiares y exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y se realicen las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A tan sólo unos días de que se realice la consulta pública sobre la operatividad de la termoeléctrica en Huexca, en el estado de Morelos, el activista Samir Flores Soberanes, quien fue uno de los principales opositores de este proyecto fue asesinado.1

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las cinco treinta de la mañana, el activista fue atacado afuera de su domicilio ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos,2 razón por la cual fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec donde perdió la vida a causa de los dos disparos de bala. Testigos de este acontecimiento aseguran que los agresores huyeron en dos automóviles hacia rumbo desconocido, pero que el ataque fue en específico hacia el activista.3

Samir Flores se destacó por ser uno de los líderes opositores del Proyecto Integral Morelos, que contemplaba la operación de un gasoducto, un acueducto y la operación de dos plantas termoeléctricas.4

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire señalan que la puesta en este proyecto generará contaminación en los mantos acuíferos y riesgos de explosión, debido a la actividad sísmica que en los últimos años se ha registrado en la zona; pero no sólo eso, habrá repercusiones al medio ambiente y afectaciones directas a los estilos de vida de las personas que radican en la entidad.

En este marco, múltiples organizaciones han mostrado su informidad con el proyecto y la consulta que pretende realizar el gobierno federal, principalmente porque existen elementos de que se tratará de un ejercicio a “modo” y en favor de la Comisión Federal de Electricidad.

En una carta publicada el 11 de febrero de 2019,5 el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador posponer y redefinir la consulta respecto a la termoeléctrica en Huexca.

Pidieron al presidente de la República que fuera consciente de sus declaraciones y lo corresponsabilizaron de las posibles consecuencias de ello, pues aseguran que “puede empoderar a sujetos que han estado atacando al pueblo de Huexca y que pueden provocar un crimen o una desaparición forzada de la cual usted sería en parte responsable, porque derivaría de las causas del proyecto que usted está impulsando, omitiendo ver los problemas sociales que existen al respecto. Por eso antes de opinar a favor del proyecto y con descalificativos a los opositores, debe observar también que los impactos sociales que se han generado en los pueblos se encuentran en situaciones delicadas, donde es irresponsable hablar como usted habló de Huexca ayer, porque Huexca estuvo ahí y no la escucho, la ofendió.”

En dicho documento, el Frente solicitó que considerara la posibilidad de dialogar con los activistas a fin de conocer el clima de hostilidad que el Proyecto Integral de Morelos estaba generando en el estado. Sin embargo, el presidente no sólo no atendió a la solicitud, sino que uno de los principales opositores resultó asesinado.

El gobierno federal ha mostrado poca tolerancia ante las opiniones o manifestaciones de personas que muestran la desaprobación o postura contraria a sus proyectos, llamándoles “izquierdas radicales y ultraconservadores”.

Es precisamente por lo anterior que en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual establece la posibilidad de atraer casos relacionados con delitos en contra de la libertad de expresión exhortamos para que la Fiscalía atraiga la investigación del caso, a fin de deslindar responsabilidades y generar una justicia eficaz y eficiente.

En Morelos han sido poco efectivas las acciones de seguridad que ha implementado el gobierno de la entidad y a la fecha no han podido contener y prevenir la comisión de delitos, situación que vulnera la seguridad, integridad y patrimonio de los habitantes del estado.

Por lo anteriormente referido se pone a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y se realice las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y del estado de Morelos para que garanticen la seguridad de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como de todos los activistas de la entidad y garantice la libertad de expresión.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2019/02/asesinan-balazos-samir-flores-ac tivista-opositor-termoelectrica/

2 https://www.animalpolitico.com/2019/02/asesinan-balazos-samir-flores-ac tivista-opositor-termoelectrica/

3 https://www.animalpolitico.com/2019/02/asesinan-balazos-samir-flores-ac tivista-opositor-termoelectrica/

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Asesinan-con-disparos-en-la-ca beza-a-lider-de-opositores-a-la-termoelectrica-de-Huexca-20190220-0056. html

5 hhttp://www.libre-opinion.org/
?p=40163&fbclid=IwAR3ECn8StnqmPQdOh3wWHWPfEFKOJgqHLF1nsmaTY6RNhjyq8I2qJ3OOcFs

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Brenda Espinoza López y Hirepan Maya Martínez (rúbricas)