Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5218-VI, jueves 14 de febrero de 2019
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, sobre la política del gobierno mexicano respecto a Venezuela, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El conflicto abierto entre numerosos Estados y la República Bolivariana de Venezuela ha cobrado en las recientes semanas una singular significación debido al reconocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa como presidente encargado de la República de parte de esos países.
Aunque ninguna de las organizaciones de Estados, la ONU y la OEA, ha asumido una posición oficial al respecto, existe una crisis en las relaciones internacionales, pues el gobierno venezolano en funciones prácticas ha sido desconocido por numerosos países, mientras el gobierno por estos mismos proclamado no ejerce funciones como tal dentro del país.
Esta crisis afecta a la comunidad internacional en la medida en que implica un enfrentamiento, aunque sólo de carácter diplomático, entre los Estados que proclaman la Presidencia de parte de quien no ejerce autoridad práctica y aquellos otros que han manifestado su apoyo a quien tiene a su cargo la administración pública y la jefatura de las fuerzas armadas de la República Bolivariana de Venezuela.
En este marco de fuerte contradicción internacional, el gobierno de México ha sostenido una posición acorde con los principios constitucionales de política exterior y con la muy larga tradición mexicana en materia de relaciones internacionales.
Según la doctrina, el gobierno de México no reconoce ni desconoce gobierno alguno, mantiene o no relaciones diplomáticas con otros Estados, pero sin pretender tener injerencia en las decisiones soberanas de otros países.
Esto no significa que a México le sea indiferente la situación de las demás naciones, sino que su manera de participar en el concierto internacional debe basarse en los principios de “autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, de conformidad con la fracción X del artículo 89 de la Constitución mexicana.
La gravedad de la crisis económica y política que sufre Venezuela es de por sí un acontecimiento que impacta las relaciones internacionales. Sin embargo, la superación de los graves problemas de ese país debe estar a cargo de los venezolanos y venezolanas, ya que se trata de una crisis interna, en especial porque no se han producido graves agresiones materiales hacia otros Estados procedentes del gobierno de Venezuela.
En específico, la interpretación del sistema político de la Constitución venezolana no corresponde más que a los venezolanos y venezolanas, es decir, es de la estricta competencia de los ciudadanos y ciudadanas de esa república.
En este marco, el gobierno de México ha asumido una actitud de no apoyar ni combatir a ninguna de las fuerzas políticas en conflicto, lo cual le permite poder recomendar el diálogo entre las mismas y ofrecer su concurso, en caso de que fuera viable, en la búsqueda de una solución incruenta al conflicto que vive Venezuela.
Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos
Acuerda
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresa su apoyo a la conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida por el gobierno de México frente al conflicto diplomático internacional surgido en relación con la situación interna de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo. La Cámara de Diputados se congratula por la disposición de los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de los países de la Comunidad del Caribe, para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela a través del diálogo para la negociación, en un marco de respeto al derecho internacional y los derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar por la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO y en colaboración con la Secretaría de Cultura el procedimiento y las acciones necesarios para reconocer en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios, en Puebla, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Consideraciones
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. México ingresó a esta organización en 1946.
Entre sus objetivos, se señalan promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad, por lo que el 16 de noviembre de 1972, fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenecen a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y como emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.
Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con mil 73 sitios inscritos, de los cuales: 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos; situados en 167 estados parte. Desde noviembre de 2016, 192 estados parte han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial.
Hasta el año 2018, México cuenta con 35 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 2 mixtos.
Por lo tanto, México es el país de América Latina con más reconocimientos en el listado y el séptimo país a nivel mundial, estando únicamente por detrás de Italia, España, China, Francia, India y Alemania. Además cuenta con nueve tradiciones y festejos considerados como bien inmaterial.
Cuando un sitio es nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, su conservación también pasa a ser de la responsabilidad de los 188 países que apoyan dicho ordenamiento internacional.
Asimismo, la Constitución de la UNESCO1 establece en su artículo VII que “cada estado miembro tomará las disposiciones adecuadas a su situación particular, con objeto de asociar a la organización a los principales grupos nacionales que se interesen por los problemas de la educación, la ciencia y la cultura, de preferencia constituyendo una comisión nacional en la que estén representados el gobierno y los referidos grupos”.
En este contexto, se creó la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO el 29 de abril de 1967.
Considerando que las funciones de la UNESCO se vinculan estrechamente con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Educación Pública se estimó preciso contar con una comisión interna, por lo que el 12 de noviembre de 1998 se establece la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, como una instancia de apoyo técnico, consulta y seguimiento de la ejecución de los programas que establece dicha organización.
Sus objetivos son:
• Organizar y coordinar la participación del sector educativo en los programas de la UNESCO.
• Fomentar la participación de los órganos, organismos e instituciones educativas, científicas y culturales en los mismos.
• Ser el principal interlocutor de la UNESCO para las acciones de planeación, ejecución y evaluación de sus programas.
La estructura de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (Conalmex) está sostenida por una presidencia a cargo de la Secretaría de Educación Pública, una secretaría general que asume la Dirección General de Relaciones Internacionales, una secretaría general adjunta que depende de la Dirección de Relaciones Multilaterales y la secretaría técnica representada por la Subdirección de Programas con la UNESCO.
Son parte también de esta comisión el Consejo Consultivo y el Comité Regional Sur-Sureste, que coordina a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La responsabilidad que México tiene con los programas, iniciativas y actividades de la UNESCO requiere necesariamente de la intervención de grupos de expertos que orienten y fundamenten la participación de nuestro país en el seguimiento y cumplimiento de los programas y compromisos internacionales. Por esta razón la comisión mexicana está integrada por comités y subcomités dentro de áreas especializadas como: educación, ciencias, información y comunicación, cultura, patrimonio mundial, memoria del mundo, programa del hombre y la biosfera y la comisión oceanográfica intergubernamental.
La dinámica que ha asumido la comisión mexicana para su actuación es la coordinación estrecha con las instancias que en el ámbito nacional e internacional son su contraparte y determinan el logro de las acciones planteadas.
Para tal efecto las relaciones que establece son, principalmente, con:
• La Dirección General del Sistema de Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
• La Delegación Permanente de México ante la UNESCO en París.
• La sede de la organización en París.
• La oficina de la UNESCO en México.
• El Consejo Consultivo de la Conalmex.
Consideraciones del caso específico
De conformidad con la información de la UNESCO, el proceso de selección y propuesta comienza cuando un país desarrolla un inventario con todos sus sitios con características naturales o culturales significativas para ser incluidos en la Lista Provisional, y es importante porque un país no puede nominar un sitio que no haya estado incluido en esta. A continuación, puede seleccionar un sitio de esta lista para ubicarla en un Expediente de Candidatura. El Centro del Patrimonio de la Humanidad ofrece ayuda en la confección de este expediente, el cual debe ser lo más completo posible.
Posteriormente el expediente es evaluado independientemente por dos organizaciones: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). Estas entidades elevan después sus recomendaciones al Comité del Patrimonio de la Humanidad. El comité se reúne una vez al año para determinar si incluir o no cada sitio candidato en la lista definitiva, y a veces aplaza su decisión para solicitar más información a los estados miembros. Hay diez criterios que un sitio debe cumplir, en uno o más puntos, para ser incluido en la lista.
Para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener un “valor universal excepcional” y debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios de selección:
Cultural
I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.
IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.
V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.
VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. (El comité considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios.)
Natural
VII. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética.
VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.
IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas.
X. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.
Desde 1992 la interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocido como paisaje cultural. Los sitios que son Patrimonio de la Humanidad pierden su designación cuando el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO determina que el lugar en cuestión no debe ser protegido. Primero, el comité añade el sitio en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de perder su designación, y comienza a negociar con las autoridades locales el remedio a la situación. Si esta negociación falla, el comité revoca la designación como Patrimonio Mundial de los sitios que arriesgan ser destruidos por conflictos armados, catástrofes naturales o la destrucción del medioambiente por los humanos, y específicamente el turismo masivo. La inclusión en la lista de patrimonio en peligro obliga al comité del Patrimonio de la Humanidad a desarrollar y adoptar, junto con el país concerniente, un programa de medidas correctoras y el consiguiente control del estado del sitio, encaminados a devolverlo a la lista ordinaria lo antes posible. En caso de no prosperar las negociaciones, el comité revoca la designación como Patrimonio Mundial.
El caso: Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios
De acuerdo a la Conferencia General de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su vigésima reunión celebrada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, en la que se hace la recomendación sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y en donde tiene cabida la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios, conforme a lo planteado en dicha reunión.
A efectos de dicha convención, se considera Patrimonio Cultural:
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupo de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los conjuntos: grupo de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Como se puede observar en el artículo primero de esta convención, se define a los monumentos, lugares y conjuntos que se consideran patrimonio cultural, por lo que la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios están dentro de esta definición, debido a esto, los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula, buscan que estos monumentos, conjuntos, sean considerados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por ser un bien cultural, arqueológico, histórico que ha forjado la cosmogonía y la cosmovisión de los habitantes que comparten y resguardan tan importante monumento arqueológico y religioso para los cholultecas, para México y el mundo.
Los cholultecas buscan conseguir esa declaratoria para contribuir a la conservación, rehabilitación, recuperación, restauración y preservación de las características de estos entornos y su valor universal excepcional.
Estamos conscientes que para poder inscribir a la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios en la Lista de Patrimonio Mundial, se deben cumplir criterios y características específicas.
De los criterios de inscripción a esta lista de Patrimonio Mundial, consideramos que la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios, cumple con los siguientes:
I. Representa una obra maestra del genio creativo humano.
II. Mostrar la importancia del intercambio de valores humanos en un lapso de tiempo o en un área cultural, sobre la evolución de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño del paisaje.
III. Aporta un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida.
IV. Ofrece un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto o paisaje arquitectónico o tecnológico que ilustre una etapa significativa en la historia humana.
Son diez los criterios para la inscripción de Patrimonio Mundial, pero consideramos que estos cuatro incisos corresponden a la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios por su legado histórico, arqueológico y arquitectónico, así como las tradiciones que aún permanecen y se llevan a cabo en torno a estos.
Para mayor abundamiento, se considera importante hacer mención algunos datos sobresalientes para hacer resaltar la valía de la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios:
A partir del siglo II d.C., las tradiciones artísticas, culturales, arquitectónicas y cerámicas de Cholula, muestran fuertes lazos con las de Teotihuacán, a lo largo del tiempo esas tradiciones adquirieron un característica propia y distintiva, lo que nos permite darnos cuenta que la ciudad mantuvo su independencia durante el periodo de ascenso teotihuacano y se convirtió un gran centro comercial, que mantenía estrecho contacto con los pueblos del Golfo, como centro religioso del Altiplano Central, ubicándose solo detrás de Teotihuacán, cabe mencionar que la Gran Pirámide de Cholula, en su último periodo, es de mayor tamaño en altura y cubre una mayor área que la misma Pirámide del Sol en Teotihuacán.
La organización social de la urbe estaba conformada por barrios o calpullis, quizás herencia de su magnificencia. Cada uno de estos barrios parece estar conformado, por miembros de un grupo étnico que controlaban su parte del territorio de la ciudad, además de la agricultura, desarrollaron oficios y comercio que hasta la época actual perdura buena parte de las tradiciones de Cholula en función a este modelo.
El dominio de los Toltecas no modificó, en lo esencial, la organización social establecida por los Olmecas Xicalancas, pero sí introdujeron la supremacía de Quetzalcoatl como dios tutelar de Cholula. Es por ello que esta ciudad se convirtiera nuevamente en uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica y sede de este culto a esta deidad.
En la época prehispánica Cholula era conocida como Tlachihuatépetl “cerro hecho a mano” o “montaña construida”, en referencia a la gran pirámide. En la historia Tolteca Chichimeca, el Tlachihuatépetl es representado como un cerro con un sapo, conforme a la leyenda sobre la fundación de Cholula.
El Santuario de los Remedios, hogar de la virgen de los Remedios, ocupa dentro de la cosmogonía de los cholultecas un lugar sin precedente, es símbolo de veneración, de fe, de identidad, de cultura, de tradición, de religión y política. En los recientes sucesos de privatización de la zona periférica de la gran pirámide, despertó las más fervientes tradiciones, lo que reunió a las Cholulas para proteger el entorno al santuario y la gran pirámide, por lo que ambos representan un patrimonio cultural de los cholultecas que estamos deseosos de que se convierta en un patrimonio mundial que deseamos compartir con el planeta y la humanidad.
Finalmente, la gran pirámide es producto de, por lo menos, cuatro fases constructivas a lo largo de casi 10 siglos (de 200 a.C. al 800 d.C.). Entre los edificios interiores, de diversos estilos y dimensiones, sobresalen: uno con pintura mural en los tableros, en la cual se representan insectos, cuyas caras asemejan a cráneos humanos; y otro construido alrededor del año 300 d. C., que probablemente sea la estructura más peculiar de Cholula ya que se encuentra escalonada por los cuatro lados, un rasgo poco común en la arquitectura mesoamericana.
No sería la primera vez en la historia legislativa en realizar este tipo de exhortos o puntos de acuerdo. Anteriormente se han presentado otros puntos de acuerdo2 , tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores para exhortar al gobierno federal para que a través de las debidas instituciones se realice el procedimiento para reconocer distintos recintos culturales y naturales como Patrimonio de la Humanidad. Por ello, consideramos viable que esta soberanía tome en cuenta el alto valor histórico de esta propuesta y que cumple a cabalidad los requisitos que la UNESCO pide para considerar un sitio histórico como patrimonio cultural de la humanidad.
Finalmente, cabe resaltar que, en concordancia con la constitución de la UNESCO en su artículo 4o. referente a la conferencia general, inciso D. Procedimiento, establece que:
a) La Conferencia General celebrará cada dos años una reunión ordinaria. Podrá celebrar reuniones extraordinarias, por propia iniciativa, por convocatoria del consejo ejecutivo o a petición de un tercio, al menos, de los estados miembros.
b) En cada reunión, la conferencia general fijará el lugar de la reunión ordinaria siguiente. El lugar de celebración de una reunión extraordinaria lo fijará la conferencia general si se debe a ella la iniciativa de esa reunión, y el consejo ejecutivo en los demás casos.
Por lo que es importante dar resolución con carácter de urgente al presente punto de acuerdo, ya que en la pasada 39 Conferencia General de la UNESCO se aprobó el plan de trabajo para las reuniones 40 y 41 de la Conferencia General (octubre-noviembre de 2019 y 2021). Resultando conveniente presentar la propuesta en la 40 Conferencia General, la cual está prevista a realizarse en octubre-noviembre del presente año 2019 , siendo un tema importante de atender y de beneficio, no sólo para la presente generación sino las futuras.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del honorable Congreso de la Unión la presente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, por conducto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, y en colaboración con la Secretaría de Cultura, realicen el procedimiento y las acciones necesarias para que se incluya y reconozca por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Gran Pirámide de Cholula y al Santuario de los Remedios, ubicados en los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula en el estado de Puebla.
Referencias
1. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?id=p::usmarcdef_0000 260889_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachmen t/attach_import_da73ba98-b55e-4d76-a712-e92df1405f5e%3F_%3D260889spa.pd f&locale=es&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000260889_spa/PDF /260889spa.pdf#page=26&zoom=auto,54,771
2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231663_spa
3. http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
4. https://es.unesco.org/
Notas
1 Consultada en:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
2 a. El 16 de agosto del año 2017 el Senador Zoé Robledo, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Turismo remita al Poder Legislativo un reporte de las acciones implementadas durante lo que va del sexenio para impulsar la infraestructura turística de Chiapa de Corzo como Patrimonio de la Humanidad.
b. El 12 de agosto de 2014 se presentó un exhorto para incluir a “La Guelaguetza” dentro del inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
c. El 28 de marzo de 2007, la Comisión de Cultura sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, presentó un dictamen con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para declarar la zona arqueológica de Tlatelolco como patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, entre otros ejemplos.
Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2019
Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a establecer un programa temporal de atención, orientación y ayuda a trabajadores beneficiarios con el salario mínimo de 176.72 pesos por jornada diaria en la zona libre de la frontera norte, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT
Que suscribe, diputado Armando Reyes Ledesma, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, aprobó por unanimidad una resolución que establece a partir del 1 de enero de este año, un incremento de los salarios mínimos en la República Mexicana en dos áreas geográficas, beneficiando con ello a la población trabajadora de carácter asalariado, es decir, que tiene una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa de trabajo y rige su relación laboral bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo.
En el área geográfica denominada Zona Libre de la Frontera Norte que en su totalidad se integra por 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas, el incremento es de cien por ciento, quedando el salario mínimo general en 176.72 pesos por jornada diaria de trabajo para los 59 oficios señalados en dicha resolución.
Y la otra área geográfica denominada Área de Salarios Mínimos Generales , que se integra por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México, dándose en esta área un incremento de 16.21 por ciento, quedando el salario mínimo general entre 103.65 y 128.45 pesos por jornada diaria de trabajo dependiendo del oficio, actividad especial o profesión.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que este incremento al salario mínimo esté llegando por primera vez a la línea del bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual estableció en octubre del año pasado, que el salario mínimo para que un trabajador pueda cubrir sus necesidades mínimas alimentarias debería de percibir 101 pesos por día de jornada laboral.
Sin embargo, también es importante decir que, de acuerdo a información publicada en los medios impresos y electrónicos, la Coparmex considera que el aumento al salario mínimo general a 176.72 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte del país, es una medida que debe cuestionarse por ser el resultado de un mero impulso del gobierno federal, nacido de una promesa de campaña del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, señaló la Coparmex que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos “abandonó la ruta para uniformar el país en una sola zona económica salarial”. Esta postura debe poner alerta a las autoridades federales para salvaguardar y garantizar la adecuada ministración del salario mínimo a los trabajadores beneficiados en la frontera norte del país.
Por ejemplo, en el estado de Baja California, en donde además de existir dudas entre los trabajadores en cuanto a la implementación de la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se han comenzado a dar casos de trabajadoras y trabajadores vendedores en piso, en el que el patrón, por un lado, acata la resolución de incrementar su salario a 176.72 pesos pero, por otro lado, les reduce o elimina el porcentaje de comisión por ventas al que tenían originalmente como prestación, por lo que es en esta parte donde se debe prestar mayor atención para salvaguardar los derechos adquiridos por el trabajador, asimismo, tener claro que esta problemática se puede acrecentar debido a que 57.8 por ciento de los asalariados de tiempo completo de un salario mínimo trabaja en micronegocios de 1 a 5 trabajadores.
Otra situación que está afectando a los trabajadores en la frontera norte del país, es la huelga que estalló hace unas semanas el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, toda vez que varias empresas del sector automotriz y electrónico no se han sujetado al aumento de cien por ciento del salario mínimo en dicha zona.
Por lo tanto, es importante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, proporcione ayuda a las trabajadoras y los trabajadores que están siendo afectados por medidas erróneas establecidas por diversas empresas, además, vigile la correcta aplicación del subsidio para el empleo en los términos obligatorios y directos vigentes a partir del 1 de enero de 2019, dicho subsidio incrementa el ingreso de las y los trabajadores, independientemente del aumento al doble de los salarios mínimos en la Zona Libre de la Frontera Norte del país y en el Área de Salarios Mínimos Generales .
Cabe decir que los trabajadores beneficiados de la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, son los que laboran en las 59 actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales señalados dicha resolución, por ejemplo, cocinero mayor en restaurantes y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos, chofer acomodador de automóviles en estacionamientos, técnicos en trabajo social, vendedores de piso de aparatos de uso doméstico, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, señalando que su urgencia de que sea discutida y, en su caso, aprobada en esta sesión, es evitar que se sigan dando casos como los aquí vertidos, se oriente y ayude a las trabajadoras y los trabajadores de la Zona Libre de la Frontera Norte y en el Área de Salarios Mínimos Generales , por lo tanto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján, a que establezca un programa temporal de atención, orientación y ayuda a trabajadores beneficiados de la resolución del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2018, en la que se fija a partir del 1 de enero del año en curso, el salario mínimo de 176.72 pesos por jornada diaria de trabajo en la Zona Libre de la Frontera Norte del país, y un incremento de 16.21 por ciento en el área geográfica denominada Área de Salarios Mínimos Generales, que se integran por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México, todo ello para que se respeten y no vayan en contra de los derechos laborales de los trabajadores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a abstenerse de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar el vigente respecto a carne de pollo, además de ordenar y vigilar la aplicación y el cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, en su calidad de secretario de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar la vigencia del cupo de importación de carne de pollo proveniente de terceros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), al tenor de los siguientes
Considerandos
Que el 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, mediante el cual dicha autoridad estableció el arancel-cupo aplicable a las mercancías que a continuación se indican, comprendidas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), siempre que el importador cumpla con los lineamientos que expida la Secretaría de Economía y cuente con un certificado de cupo expedido por la misma:
Con lo anterior, la autoridad exenta de impuestos las importaciones de carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, siempre que cuenten con el certificado de cupo expedido por la SE.
Para efectos de lo anterior, la SE argumentó que dicha exención tenía como objetivo resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que tenían producción significativa , (Guanajuato y Jalisco), provocando incrementos en los precios.
Que el 16 de mayo de 2013, la SE publicó en el DOF el “acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; en el que dicha autoridad reitera que desde mediados de 2012 se han presentado en el país contingencias sanitarias de influenza aviar de alta patogenicidad que han afectado los niveles de producción de huevo y pollo , provocado aumentos injustificados de precios.
Que, en razón de lo anterior, mediante dicho acuerdo la SE estableció un cupo agregado para importar en 2013, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel, siendo 300 mil toneladas; instaurando el mecanismo y criterio de asignación para el 50 por ciento de este cupo, señalando la necesidad de determinar el mecanismo de asignación para el resto del cupo. Tal acuerdo fue modificado mediante diverso publicado el 8 de agosto de 2013, para establecer el mecanismo de asignación para el resto del cupo.
Posteriormente, el 28 de febrero de 2014 la Secretaría de Economía publicó el “acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; el cual en sus considerandos establece que debido a que la producción nacional de carne de pollo aún no ha recuperado el ritmo de crecimiento que registró en los años previos a las contingencias sanitarias de influenza aviar, era necesario ampliar la vigencia del cupo a que se refiere el acuerdo; estableciendo así un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2015, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel.
Nuevamente el 20 de junio de 2014, la SE público en el DOF un acuerdo mediante el cual flexibiliza los criterios de asignación de cupo a efecto de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a más asignaciones de cupo. Asimismo, el 22 diciembre de 2015 la autoridad citada publicó el “acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; el cual establece un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2017, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel; argumentando nuevamente que esto debido a las contingencias sanitarias de influenza aviar en los Estados Unidos de América y México que puedan afectar la estabilidad del mercado interno y el poder de compra de los consumidores.
Que el 26 de diciembre de 2017, mediante acuerdo publicado en el DOF la SE, nuevamente amplió la vigencia del cupo, sosteniendo que deben mantenerse abiertas las opciones de proveeduría externa, como una medida que complemente la producción nacional, bajo la justificación de evitar un desabasto de este producto, dado que nuestro país no estuvo exento de brotes de influenza aviar durante el 2017; ampliando así la vigencia del cupo a la importación de carne de pollo, al 31 de diciembre de 2019.
Como se puede observar de lo anterior, en diversas ocasiones la Secretaría de Economía ha prorrogado la vigencia, bajo el argumento inicial de resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza aviar en el país.
No obstante, la situación bajo la cual se argumentó a favor de la publicación del cupo unilateral de carne de ave en el 2013 (brotes de influenza aviar altamente patógena), no prevalece al día de hoy.
Para efectos de comprobar lo anterior, es necesario comparar el escenario inicial del tema de Influenza Aviar A/H7N3 de alta patogenicidad en México con el panorama actual, el cual en su etapa inicial en 2012, de acuerdo al informe de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Agroalimentaria (Senasica) de fecha 18 de octubre de 2018, indica que en 2012, la mortandad de aves fue de 10millones 223 mil 633, la mayoría, gallina de postura comercial, siendo que los reportes hasta la fecha antes mencionada, señalan 4 mil 590 muertes, correspondientes a predios de traspatio; indicando también el Senasica en dicho informe que el último caso de influenza aviar A/H7N3 que presentó en granjas tecnificadas fue en abril de 2017 .
Aunado a lo anterior, la autoridad sanitaria antes señalada, mediante su página electrónica oficial el 26 de octubre del presente, reportó que emitió un comunicado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés) para informar el cierre de cuatro focos de influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3,reportados a ese organismo internacional en el primer semestre de 2018; lo anterior, al constatar que en un plazo mayor a tres meses no se han detectado problemas sanitarios asociados a la presencia de influenza aviar.
Lo antes señalado, es un indicativo muy importante del control que se tiene en el país de la enfermedad y de que la erradicación total de la influenza aviar está cada vez más cerca.
Por otra parte, es de señalarse la preocupación del caso de Brasil, dado que no se tiene un tratado de libre comercio, memorándum de entendimiento sanitario y se han dado deficiencias en sus sistemas de procesamiento y sacrificio; así como diversas inconsistencias entre la documentación y el contenido de los embarques importados.
En suma de lo anterior, es necesario señalar lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la posibilidad de que el Congreso de la Unión faculte al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción nacional.
Del citado artículo se observa que la disminución o supresión de las cuotas de exportación e importación, o restricción y para prohibición de las importaciones o las exportaciones, únicamente obedecen a las siguientes causas:
1. Urgencias;
2. Regular el comercio exterior;
3. Regular la economía nacional; o
4. Estabilizar la producción nacional.
De igual modo el artículo 5, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, faculta a la Secretaría de Economía a asignar cupos de exportación e importación; para tal efecto, el artículo 23 de citada Ley establece que para la determinación del volumen y valor de los cupos dicha autoridad deberá considerar las condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupo, además de escuchar la opinión de los integrantes de la cadena productiva.
En este contexto, como se puede observar de párrafos anteriores, en los diversos, publicados en el DOF por la Secretaría de Economía, el objeto del cupo establecido estuvo basado en todo momento en resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo en el territorio mexicano, ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que tenían producción significativa, a saber Guanajuato y de Jalisco, situación que provocaba de acuerdo a lo señalado por la citada autoridad un incrementos en los precios.
Así, como se puede corroborar en párrafos anteriores dicha situación no prevalece en la actualidad, por lo que no se actualiza ninguna de los supuestos previstos en el artículo 131 Constitucional, ya que no existe una situación urgente, o una necesidad de fijar un cupo para regular o mantener la economía del país, como lo argumento en su momento la autoridad competente, tan es así que el Senasica recientemente informo el cierre de 4 focos.
En este sentido, al no subsistir las causas que originaron el establecimiento de esta medida, no existe motivación, ni sustento legal, para continuar con la vigencia del cupo establecido para carne de pollo .
Problemática Resolución de UPCI - No aplicación de cuota compensatoria
El 6 de agosto de 2012, se publicó en el DOF la “resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Mediante dicha resolución, la Secretaría de Economía determinó la aplicación de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos de América.
En esa misma resolución, la SE determino no aplicar las cuotas compensatorias, a fin de no sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta en tanto se regularizara la situación derivada de la contingencia sobre el virus de la influenza aviar tipo A, subtipo H7N3.
El 25 de noviembre de 2016 se publicó en el DOF el aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias, en el que se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés jurídico, que las cuotas compensatorias definitivas impuestas (incluidas las de pierna y muslo originarias de Estados Unidos de América) se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señaló en el mismo para cada uno, salvo que un productor nacional manifestara por escrito su interés en que se iniciar.
Que en conforme a lo anterior, el 30 de junio de 2017 Bachoco manifestó su interés en que la Secretaría iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria.
El 2 de agosto de 2017, la SE publicó en el DOF la resolución que declaró el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos, fijando como periodo de examen el comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2017.
El 27 de agosto de 2018 se publicó en el DOF la “resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia”; resolviendo en la parte que nos ocupa, lo siguiente:
“368. Se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente resolución por cinco años más, contados a partir del 7 de agosto de 2017.
369. La cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente resolución, no se aplicará en virtud de lo dispuesto en el punto 365 de la presente resolución.”
(énfasis añadido)
De lo antes transcrito es de destacarse que la autoridad, determinó que el dumping continúa; resolviendo así, que debe prorrogarse la vigencia de la cuota compensatoria; no obstante, en contraposición a su determinación resuelve a su vez que no se aplicará la cuota, con objeto para prevenir un posible desabasto provocado por los casos de influenza aviar presentados en el país, hasta en tanto se regularice la situación.
Tales razones se expresan en los siguientes puntos de la resolución; mismos que resulta necesario resaltar, por lo a continuación se transcriben:
“349. La Secretaría observó que en las publicaciones del DOF que presentaron como prueba las contrapartes, se acuerdan cupos para importar carne de pollo ante nuevos brotes de influenza aviar que pudieran reducir inevitablemente la producción y el abasto de carne de pollo, con posibles afectaciones a la estabilidad del mercado interno.
350. Asimismo, observó que en los informes al OIE que presentaron como prueba se advierte que se detectaron, en acciones de vigilancia rutinaria de las autoridades sanitarias, varios casos en aves, con una susceptibilidad en más de 150 mil ejemplares, dentro de una granja en Jalisco, por lo que las autoridades procedieron al sacrificio de las aves en condiciones autorizadas, a la desinfección y a la delimitación de zonas de afectación, así como a la aplicación de acciones cuarentenarias para el control del foco infeccioso.
351. Por lo anterior, la Secretaría determinó que las condiciones que dieron origen a la no aplicación de las cuotas compensatorias determinadas en la Resolución Final, continuaron vigentes en el periodo analizado.
(...)
365. Considerando que aún no se han modificado las circunstancias por las cuales se determinó no aplicar la cuota compensatoria a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos, tal como se señaló en el punto 351 de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 9.1 del acuerdo antidumping, la Secretaría determina no aplicar la cuota compensatoria referida en el punto 4 de esta Resolución, con el fin de no sobredimensionar el efecto de ésta en el mercado, hasta en tanto se regularice la situación.”
Como se puede observar de los puntos anteriores, la determinación de la autoridad de no cobrar la cuota compensatoria se basa en posibles brotes de influenza aviar que pudieran reducir la producción y en consecuencia el abasto de carne de pollo.
En este orden de ideas, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, resolvió a favor de la industria avícola mexicana, en el sentido de que las exportaciones de EEUU hacia México, se realizan bajo prácticas desleales de comercio; no obstante, la misma autoridad dictamina que por razones sanitarias, no se cobrarán dichas cuotas , situación que deja en desventaja a la industria avícola nacional productora de carne de ave; sin sustento, dado que como ya se señaló en párrafos anteriores dicha situación sanitaria no subsiste en la actualidad.
Aunado a que las causas que motivaron a la autoridad a determinar la aplicación de la cuota no se encuentran vigentes; la multicitada resolución transgrede la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior, instauran lo siguiente:
“Artículo 89 F. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el inicio del examen de vigencia de cuota compensatoria y notificará a las partes de que tenga conocimiento, para que, en un plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su publicació n en dicho órgano informativo, manifiesten lo que a su derecho convenga.
...
IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual podrá:
a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento. En esta determinación la Secretaría podrá modificar el monto de la cuota compensatoria.
b. Eliminar la cuota compensatoria.
Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el pago de cuotas compensatorias.”
Del artículo anterior podemos observar que el examen de la vigencia de la cuota compensatoria, tiene por objeto:
1. Determinar la continuidad de la vigencia de dicha cuota; pudiendo modificar la cuota; y
2. Eliminar la cuota compensatoria.
Como se puede observar, la Ley de Comercio exterior no prevé la posibilidad de determinar el no cobro de la cuota compensatoria mediante esta resolución; además de que existe una contraposición de la autoridad al determinar por una pate que, persisten las causas y no se han modificado las circunstancias de prácticas desleales que causan daño a la producción nacional; y, por otra parte, establecer la no aplicación de dichas causas, pues de no aplicarse, se permite que se siga causando el daño a la producción nacional.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar la vigencia del cupo de importación de carne de pollo proveniente de terceros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a limpiar urgentemente los 4 mil 500 lugares contaminados por fugas de ductos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a limpiar urgentemente los 4 mil 500 lugares contaminados por fugas de sus ductos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha visto envuelto en muchas denuncias por el efecto de sus actividades en el ambiente. Sus actividades han dejado su mancha en suelo y mares, afectando diversas especies hasta a los ciudadanos mismos. ¿Pero que hace Pemex al respecto?
Pemex necesita de un verdadero plan de prevención y control de daños, aunque es conocido que la empresa petrolera cuenta con compromisos y se apoya de autoridades federales en caso de emergencias para el caso de derrames, no es asunto nuevo que debido a que sus infraestructuras en cuanto a ductos se encuentran en lugares en medio del campo, cerca de cultivos y canales de riego, en las playas; otros están tan cerca de zonas habitadas, que es casi inevitable que se afecte a familias y hogares.
Pese a ello, en abril de 2013, Pemex entregó un documento donde se señalaba como una empresa comprometida con la seguridad y protección ambiental, enmarcando el tema como de alta prioridad. Sin embargo, el resultado de la auditoría realizada a la empresa señala lo contrario.
La realidad de la constante contaminación por parte de Pemex es expuesta por denuncias ciudadanas y, en especial, por el trabajo de Greenpeace, ya que entre los accidentes se consideran derrames, fugas, explosiones en instalaciones, en ductos, afectación a especies y al mismo ser humano.
Como claro ejemplo mencionemos lo suscitado durante décadas en Salamanca, donde grupos ciudadanos se han quejado por la situación ambiental que allí prevalece. Es tal la cantidad de partículas que Salamanca es, según las autoridades federales del medio ambiente, la ciudad más contaminada de México.
El origen del principal problema que afecta a Salamanca es la refinería Antonio M. Amor, de Pemex, y la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que genera electricidad para la región de El Bajío. Ambas emiten bióxido de azufre y otros contaminantes. Inútiles han sido las numerosas denuncias ciudadanas que piden remediar esta irregular situación y Pemex por su parte sigue contaminando.
Así como el caso de Salamanca, Guanajuato, podemos encontrar miles en los cuales no hay respuesta por parte de la petrolera.
De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría de cumplimiento financiero número 2017-6- 90T9K-15-0494-2018 494-DE, Petróleos Mexicanos tiene un registro total de 5 mil 270 sitios contaminados por fugas o derrames de hidrocarburos, que acumulan mil 37 hectáreas.
Por ello, en el país hay más de 4 mil 500 sitios contaminados por fugas de gasolina o hidrocarburos en ductos de Pemex. Estos lugares representan un daño al medio ambiente y un riesgo a la salud pública, y deben ser limpiados a la brevedad sin embargo Pemex se niega a hacerlo argumentando que no es su responsabilidad ya que las fugas son producto de robos y actos vandálicos.
Como resultado de la investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación relativa al manejo que hace Pemex de los recursos que destina a los rubros de protección ambiental y remediación ecológica, y en donde la atención de sitios contaminados es una de las tareas fundamentales, se encontró que más del 80 por ciento de los puntos identificados siguen contaminados, y algunos de ellos tienen hasta 40 años de estarlo, sin que Pemex haga algo al respecto.
En dicho informe también se señala que incluso, desde 2016, Pemex suspendió cualquier trabajo relacionado con limpieza de puntos contaminados por hidrocarburos, tampoco realizó acciones de remediación de suelos y subsuelos que fueron contaminados por derrames, tampoco realizó el retiro de residuos peligrosos en los centros de trabajo, generando un alto riesgo de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el ambiente.
Al realizar la verificación de la atención a dichas zonas, los auditores encontraron que Pemex no realiza ningún trabajo en 4 mil 509 sitios, que equivalen a 85.5 por ciento del total. De ellos 2 mil 238 sitios son lugares que fueron contaminados entre diciembre de 1978 y abril de 2016, mientras que en 2 mil 271 lugares la contaminación ocurrió entre mayo de 2016 y diciembre de 2017.
Y ante el cuestionamiento del motivo por el cual la empresa no ha realizado las tareas de limpieza, la respuesta de la empresa estatal fue que la contaminación se debe a que son lugares contaminados por tomas clandestinas en sus ductos, y a que cuenta con un resolutivo de la Suprema Corte que la “excluye de la responsabilidad” de atender estos lugares contaminados.
Sin embargo, la propia auditoría considera que lo argumentado por Pemex no se sostiene. Primero porque el resolutivo de la Corte que Pemex usa de justificación atañe a un solo caso en Tamaulipas, sin que sea vinculante con los más de 4 mil restantes. Y en segundo lugar porque la empresa no presentó ninguna evidencia para sostener que, efectivamente, todos esos sitios fueron contaminados a causa de actos vandálicos o tomas clandestinas.
Pemex señaló que tiene un registro de 722 puntos contaminados por fugas de hidrocarburos los cuales están en el estatus de “concluido” o “remediado” tras haber sido limpiados. Pero los auditores no encontraron la documentación comprobatoria, ni el visto bueno de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, que ampare que esto es real, ya que de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, en las fracciones II y V del artículo 5o., entre sus funciones señala:
Artículo 5. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:
II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del sector;
V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de riesgo crítico o situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la coordinación de las autoridades competentes para su aplicación;
También de acuerdo con lo establecido en la fracción XI del artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos y que se refiere a que entre una de las funciones del Directo General están “dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables”.
Asimismo, en su informe de resultados los auditores advirtieron dudas respecto a pagos por poco más de mil 200 millones de pesos, que Pemex reportó como parte del presupuesto ejercido en materia de limpieza y atención de sitios contaminados, puesto que al realizar la revisión de las cuentas de donde fueron erogados dichos recursos, se detectaron que estas están relacionadas con rubros distintos, como por citar algunos ejemplos mantenimiento de edificios, servicios de consultoría, instalación de maquinaria, servicios legales, agua, entre otros.
El mayor riesgo lo corren las comunidades más cercanas a las fugas y derrames, pues los hidrocarburos involucrados son altamente inflamables, pues se trata de gasolinas, diésel e incluso crudo.
Por lo anterior reitero que es necesario evitar riesgos tanto para la salud, pero sobre todo en el ambiente de los lugares contaminados y que Pemex deje de continuar con sus prácticas recurrentes de no limpiar los lugares contaminados, los cuales no sólo representan pérdidas económicas para la empresa sino que provocan contaminación de hectáreas de tierras, arroyos y ríos.
Por ello someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y urgente exhorto a Petróleos Mexicanos, filial Pemex Logística, a limpiar y remediar los más de 4 mil 500 sitios contaminados que se registran en la auditoria de cumplimiento financiero número 017-6-90T9K-15-0494-DE y notifique a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente para su seguimiento e inspección según la normativa en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Petróleos Mexicanos, filial Pemex Logística, a acreditar caso por caso que los sitios contaminados provienen de tomas clandestinas y que cuenta para cada sitio con una resolución judicial de la Suprema Corte de la Nación que lo exime de su responsabilidad en materia ambiental.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley de Planeación a fin de que el PND y los programas derivados de él revistan el sustento jurídico marcado en la ley, a cargo del diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Fernando Galindo Favela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; 79, numeral 2; 106, numeral 1; 175, numeral 1, fracción III, inciso f); 180, numeral 2; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir el reglamento de la Ley de Planeación para que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas que deriven de él cuenten con el sustento jurídico que marca la ley, y que de manera posterior al reglamento se emitan las disposiciones para la realización de los foros de consulta que prevean la participación de los distintos grupos sociales, gobiernos locales, poderes de los tres órdenes de gobierno, incluyendo las legisladoras y los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Antecedentes y Consideraciones
El 16 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación (DOF, reforma de la Ley de Planeación, disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502&fecha=16/02/ 2018), el cual establece, entre otros aspectos:
1. Los plazos para la elaboración y aprobación del PND;
2. La consideración de los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la elaboración del PND;
3. La elaboración del PND y sus programas con enfoque a resultados;
4. La implantación de un sistema de transparencia y seguimiento en la ejecución del PND y sus programas; y
5. La obligación del Ejecutivo federal de emitir el Reglamento de la Ley de Planeación en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto en comento.
El objetivo de la Ley de Planeación es establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encausar, en función de ésta, las actividades de la administración pública federal (APF). Lo anterior, en concordancia con los fines de proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dicha ley.
Para que el proceso de elaboración e integración del PND y sus programas, en particular los que serán aplicables en la presente administración, así como todas aquellas disposiciones que establece la Ley en cuestión, cuenten con un marco jurídico adecuado, el legislador consideró necesario que el Ejecutivo Federal emitiera el reglamento de la ley en comento, en un plazo máximo a partir de la publicación de la reforma de dicha ley.
Una vez publicado dicho decreto, y de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio, se tenía hasta el 15 de agosto de 2018 como plazo máximo para la expedición del Reglamento de la Ley de Planeación. Hasta la fecha no se ha emitido éste.
Sin embargo, a la fecha de la presente proposición, no se ha emitido el reglamento por el Ejecutivo federal, dejando un vacío legal, por lo que en caso de no hacerlo el PND 2019-2024 carecerá del sustento jurídico para su elaboración, presentación, discusión, aprobación y ejecución. Misma situación se presentaría para los programas que deriven del PND 2019-2024, y en general para todas las acciones que derivan de las disposiciones que establece la Ley de Planeación, pues por carecer de reglamento no contarían con el sustento jurídico que el legislador previó para su ejecución.
La falta de emisión del reglamento abre la posibilidad de que los particulares puedan incluso presentar algún recurso jurídico en contra de la implementación, o carencia en la implantación, de algún programa, proyecto o acción que lleve a cabo el Ejecutivo federal en el marco de la planeación nacional.
De acuerdo con la Ley de Planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe coordinar las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo, así como elaborar y someter a consideración del Presidente de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Para ello debe tomar en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la APF, y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos de las entidades federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de participación social incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Dicha dependencia, de acuerdo a la propia Ley de Planeación, es la encargada de establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades de la APF para la elaboración de los programas derivados del plan que tengan a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; los ejercicios de participación social de los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Por lo anterior es importante contar con un marco jurídico sólido en materia de planeación nacional del desarrollo que permita prever e implementar los elementos estratégicos que orienten las actividades institucionales, para cumplir con la transparencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, por lo que es imprescindible que el Ejecutivo federal se haga responsable con estricto arreglo a la Ley de Planeación para que, sin dilación, expida su reglamento.
Es tiempo de que el gobierno de México se haga responsable de garantizar el estado de derecho, llevando al pie de la letra lo establecido en la Ley de Planeación, y de una vez, empiece a magnificar el gran peso que conlleva ser gobierno.
El “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación”, publicado en el DOF en febrero de 2018, establece en el artículo segundo transitorio que el Ejecutivo federal tendrá que enviar el PND para su aprobación a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de abril de 2019, y esta última, en periodo extraordinario de sesiones de ser necesario, tendrá un plazo de dos meses para su análisis y aprobación.
Es importante exhortar al Ejecutivo federal a escuchar e involucrar en la formación de la planeación nacional a distintos grupos sociales, poderes y órganos autónomos de los tres órdenes de gobierno y legisladores federales, a través del mecanismo o instrumento jurídico que considere pertinente, siempre y cuando se ajuste a la ley y el reglamento que emita.
El PND debe concentrar una visión referente a los objetivos y logros a alcanzar en el ámbito nacional considerando las dimensiones económica, social y ambiental planteadas para el desarrollo sostenible de México, por lo que escuchar a todos los invocados, abriría la posibilidad de cumplir las metas deseadas.
Como se ha hecho en semanas previas, la Cámara de Diputados ha convocado a audiencias públicas para tratar y analizar diversos temas de gran relevancia nacional, como la Guardia Nacional, o la reforma educativa planteada por el Ejecutivo federal, por lo que también el PND debe ser sujeto a revisión y análisis para su formación, garantizando la pluralidad y transparencia en el proceso, además de que tiene la obligación de ratificar la congruencia para escuchar a todas las voces en los temas de gran relevancia nacional.
Por lo anterior se pretende que la SHCP, una vez emitido el reglamento mencionado anteriormente, publique disposiciones para la participación de toda la ciudadanía, así como de los órganos y poderes de los tres órdenes de gobierno en la formación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y de los programas que de éste emanen.
Es tiempo de que el gobierno actual muestre congruencia de sus acciones, convocando de manera plural a todas las voces en los temas importantes para México.
Puntos de Acuerdo
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Primero. Exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley de Planeación para que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de él, aplicables a partir de la presente administración, cuenten con el sustento jurídico que marca la ley.
Segundo. Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir de manera posterior al reglamento las disposiciones para la realización de los foros de consulta que prevean la participación de los distintos grupos sociales, gobiernos locales, poderes de los tres órdenes de gobierno, incluyendo las legisladoras y los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Dando en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Fernando Galindo Favela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y Carreteras de Cuota-Puebla a revisar el desproporcionado aumento del peaje en las autopistas Virreyes-Teziutlán y Amozoc-Perote, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Claudia Báez Ruiz , diputada federal a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracción I, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Consideraciones
Las carreteras del país son ejes primordiales de desarrollo económico y social; son el medio principal de movilidad para las personas, mercancías e insumos, promueven la actividad productiva, los servicios y el turismo; fomentan la competencia, producción y desarrollo de los lugares que comunican y son clave para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.
El pasado 5 de febrero del presente año, sin previo aviso, sin fundamento y en contra del bienestar social, las compañías PINFRA y OHL incrementaron sus tarifas de peaje en las autopistas Virreyes-Teziutlán y Amozoc-Perote, tres veces más de acuerdo al índice inflacionario acumulado entre los años 2015 y 2017, los incrementos fueron de entre 7 y 21 pesos, esto quiere decir que representa un alza entre el 23 y 39 por ciento, dichos aumentos sin duda alguna, tendrán un efecto inflacionario en los productos y servicios que aprovechan estas autopistas como vías de comunicación.
La caseta de peaje que más encareció en el periodo 2015-2017 fue la de Cuapiaxtla de la carretera de Amozoc- Perote, reflejando un aumento del 39 por ciento, toda vez que el peaje en dicha caseta era de 54 pesos y fue ajustado por OHL a 75 pesos para automovilistas, siendo este el precio actualizado al mes de noviembre de 2018.
La caseta de Atempan, de la autopista Virreyes-Teziutlán, operada por la compañía PINFRA reflejo un incremento a sus tarifas de 39 pesos a 54 pesos para automovilistas, es decir un 38 por ciento.
Por último, se encuentran las casetas de Amozoc y Payuca, pertenecientes a las autopistas de Amozoc-Perote y Virreyes-Teziutlán, respectivamente, en ambas, el incremento fue de 17 pesos, quedando el peaje en 67 pesos para automovilistas y en un incremento del 34 por ciento.
De acuerdo con los lineamientos emitidos por Capufe,los ajustes al costo del peaje tienen que ser de acuerdo al índice inflacionario anual, el sumar los índices inflacionarios de los años 2015, 2016 y 2017 nos da como resultado una inflación del 12.26 por ciento, sin embargo los aumentos en los peajes realizados por OHL y PINFRA y permitidos por el organismo público descentralizado denominado Carretera de Cuota Puebla, se encuentran entre el 23 y 39 por ciento, es decir, casi el doble y triple de la proporción inflacionaria establecida.
Las razones que han llevado a estas empresas a realizar los aumentos son desconsideradas y sin fundamento, pues aprovechándose de una inexistente regulación, y un ente que funciona a favor de los intereses particulares de dichas empresas, se aprovechan y vulneran la economía de la población que utiliza las carreteras con distintos fines, tanto comerciales como particulares.
Es importante hacer mención que PINFRA opera la concesión desde el año 2012, y dicha concesión fue otorgada sin licitación alguna por el entonces gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a través de Carreteras de Cuota Puebla, hasta por un periodo de 30 años.
En cuanto a OHL se refiere, obtuvo su concesión en el año 2003, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicha concesión fue otorgada para la construcción, operación, mantenimiento, y explotación de la carretera Amozoc-Perote, con una vigencia de 30 años, cabe destacar que, en el 2016, la compañía, mediante un proceso jurídico contencioso, logró duplicar el periodo de concesión, de modo que sus operaciones estarán vigentes hasta el año 2063.
Además, se vieron afectadas la carretera México-Querétaro, el incremento fue de 12.16 por ciento por ciento hasta los 166 pesos desde los 148 previos; la Durango-Mazatlán aumentó un 1.5 por ciento hasta los 601 pesos; el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco se mantiene sin cambios en 530 pesos; la carretera Monterrey-Nuevo Laredo tendrá un alza de 4.1 por ciento a 253 pesos; la vía Córdoba-Veracruz subió 3.5 por ciento a 206 pesos; la carretera Reynosa-Matamoros tendrá un alza de 2.6 por ciento, con lo cual su precio será de 77 pesos.
No se puede seguir afectando la economía de los mexicanos con aumentos injustos, desproporcionados y sin fundamento, esto se traduce en incrementos en los precios de alimentos y productos de la canasta básica, afectando principalmente a los que menos ingresos tienen.
Es incongruente querer cobrar cuotas de peaje elevadas, cuando la realidad de dichas autopistas, es que se encuentran en mal estado, en reparaciones inconclusas y con un alto índice de inseguridad que afecta a los usuarios.
En Encuentro Social estamos convencidos de que las altas tarifas de peaje en las carreteras que comunican a los estados son graves obstáculos para el progreso del país, pedimos se reconsideren los ajustes tarifarios y se reduzca gradualmente el peaje en las ya mencionadas autopistas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones a revisar los procesos de autorización de incrementos en el pago de peaje en casetas de cuota en el país y de manera particular los efectuados en 2019 en el estado de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla y al organismo público descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, a que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, reconsideren el aumento desproporcionado al peaje en las autopistas locales de Virreyes-Teziutlán y Amozoc-Perote.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suscribir el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
Los que suscriben, Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, diputados a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
Todo hombre y toda mujer tienen derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, a contar con seguridad social y seguro social, a disfrutar de un nivel de vida que le permita alimentarse, vestirse y tener una vivienda adecuada para sí y su familia, a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, de acceder a la educación, de participar en la vida cultural de su país y a beneficiarse del progreso científico.1
Esta serie de derechos son conocidos y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); los cuales representan un conjunto de derechos humanos que están vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y estrechamente relacionados con la dignidad humana.
Por ello, en 1966, la Asamblea General de la ONU adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este Pacto, del cual México es adherente y que incluso, entró en vigor en nuestro país el 23 de junio de 1981,2 obliga a los Estados miembros a reconocer y aplicar progresivamente los Derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos laborales, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado de las personas.
Así el PIDESC impone a los Estados una serie de obligaciones, sin que se cuente, en dicho instrumento, con mecanismos de protección y garantía de los derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por lo anterior y después de 30 años de la entrada en vigor del PIDESC a nivel internacional y 25 años en México, fue que en 2006 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la tarea de negociar formalmente un Protocolo en el que se establecieran mecanismos de denuncia e investigación para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Así, las negociaciones se concluyeron en abril de 2008, y el Protocolo Facultativo resultante fue adoptado formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de ese mismo año, abriéndose para su ratificación el 24 de septiembre de 2009.
La entrada en vigor del Protocolo Facultativo permite a las personas que sufran violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, y que no cuenten con un recurso que los proteja ante tal violación, a que soliciten protección en el Sistema Universal de Naciones Unidas.
Así, el Protocolo Facultativo fue diseñado con dos grandes objetivos: en primera instancia el ayudar a mejorar y promover la creación de mecanismos de queja nacionales, generando así oportunidades para que las personas puedan exigir sus derechos dentro de sus propios países; y, en segundo término, motivar a los Estados a cumplir plenamente con las obligaciones impuestas por el Pacto, las cuales derivan de los derechos fundamentales.
En el Protocolo se establecen, para su operación, tres tipos de procedimientos:3
1. El procedimiento de comunicaciones permite a cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de un Estado Parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar este estado por la vulneración de cualquiera de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales enunciados en el Pacto.
2. El procedimiento de comunicaciones entre Estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto.
3. El procedimiento de investigación permite al Comité investigar sobre presuntas violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el territorio de cualquier Estado signatario, basándose en fuentes fidedignas y siempre con el consentimiento del Estado.
Así las cosas, por la naturaleza del Protocolo, la firma de este resulta fundamental para combatir el rezago social existente de manera globalizada, pues genera mecanismos con los que las personas pueden interponer quejas ante el Comité de la ONU en caso de que el Estado no cumpla con su obligación de mejorar la situación económica, cultural y social del quejoso.
Tal y como ya se ha referido, la importancia tanto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como del Protocolo Facultativo del Pacto consiste en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, así como en generar mecanismos que hagan efectivo el acceso a los mismos.
En el caso de nuestro país, algunos de estos derechos se encuentran incorporados en nuestra Constitución de forma expresa, mientras que de algunos otros su observancia y exigibilidad se desprende de tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.
No obstante lo anterior, y a pesar de haber firmado y ratificado el Pacto, es preocupante que un país como México no forme parte de tan importante esfuerzo por combatir de manera decidida, frontal y contundente la pobreza y el hambre de su población, sobre todo, cuando sexenio tras sexenio, las administraciones anteriores han prometido un cambio estructural en la política económica y social de nuestro país y realizaron, en múltiples ocasiones, el ofrecimiento de combatir frontalmente la pobreza y garantizar, por todos los medios, el reconocimiento y acceso a los derechos humanos.
Sin embargo, al rehusarse a suscribir el Protocolo, hizo que esas intenciones se quedaran en solo palabras. Sobre todo si tomamos en consideración que según datos arrojados por el informe “Panorama Social de América Latina 2018” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que más de 35 por ciento de su población está en pobreza y entre 10 por ciento y 15 por ciento en pobreza extrema. Incluso, señala que el 46 por ciento de la población en México no cuenta con una vivienda propia.4
Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su estudio denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Balance del Sexenio” señala que durante la gestión de Enrique Peña Nieto los indicadores que registraron menores avances fueron el combate al rezago educativo y el acceso a vivienda de calidad.4
En este sentido, retomo las palabras pronunciadas por el Presidente López Obrador durante su discurso de toma de protesta, en el sentido de que “... no hemos hecho todo este esfuerzo para meros cambios cosméticos, por encimita, y mucho menos para quedarnos con más de lo mismo”, y justamente por ello es que resulta de suma importancia y urgencia que México suscriba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a efecto de que la Cuarta Transformación de México de sentido y propósito a una de sus más sentidas banderas: reducir, hasta acabar, la pobreza y la desigualdad.
Si bien, tal y como lo señaló Arturo Ávila Salazar, encargado del departamento de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional (AI), capítulo México, “el Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven así y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas”.6
Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a la brevedad, suscriba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Notas
1 https://www.humanium.org/es/pacto-internacional-de-derechos-economicos- sociales-y-culturales-4/
2https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado _nva.sre?id_tratado=256&depositario=0
3 http://www2.ohchr.org/spanish/law/docs/A.RES.63.117_sp.pdf
4 https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-la tina-2018-documento-informativo
5 https://coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarr ollo-2013-2018-Balance-del-Sexenio.aspx
6http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130507_0 44123_1
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de implantar medidas para construir un puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la maquiladora Aptiv I, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Victoria, Tamaulipas, a implementar las acciones necesarias para la construcción de un puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la maquiladora “APTIV I”, para salvaguardar la integridad y la vida de los obreros y peatones que transitan en esa vialidad, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 4o. el derecho que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, mientras que el artículo 11o. prescribe la garantía de libre tránsito, por lo que ambas disposiciones jurídicas constituyen la base constitucional de los derechos del peatón y de la movilidad.
Secretaría
En consecuencia, el estado tiene la obligación de proporcionar a todos los mexicanos el goce del derecho al libre tránsito, propiciando que los medios de transporte, públicos o privados sean de calidad, eficientes, sustentables y con ello garantizar un lugar seguro para transitar y vivir con dignidad.
En la actualidad transitar por las ciudades mexicanas puede considerarse un verdadero reto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 1.24 millones de fallecimientos por transito vial en el mundo, lo que hace de las lesiones de transito la octava causa de muerte a nivel mundial.1
En nuestro país, en el año 2017 se registraron 367,789 accidentes de tránsito en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),2 asimismo, la Secretaría de Salud en su estudio “Informe sobre la Seguridad Vial 2016” determinó que son los peatones quienes concentran el mayor número de fallecimientos, siendo la principal causa el atropellamiento, principalmente en niñas y niños menores de cinco años y en adultos mayores de 60 años.3
En el municipio de Victoria, Tamaulipas, desde hace más seis años, obreros de la maquiladora “APTIV I” (antes Delphi Ensambles de Cables y Componentes), han solicitado a las autoridades municipales la construcción de un puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos en donde se encuentra ubicada la planta maquiladora, debido a que los más de 2 mil 300 empleados que laboran en la misma, deben cruzar la vialidad a distintos horarios, arriesgando su integridad física y la vida, al no haber un puente que les permita realizarlo con seguridad.
El bulevar Adolfo López Mateos es una de las principales avenidas de en Victoria, Tamaulipas, y en donde se encuentran asentados diversos comercios, empresas y centros de trabajo, por lo que el flujo de vehículos a todas horas es constante y desde hace varios años, diversas crónicas periodísticas, han reportado que en el lugar se han registrado diversos accidentes de tránsito que en muchas ocasiones han cobrado la vida de personas, principalmente por atropellamiento.
En este sentido, propongo que esta soberanía exhorte a las autoridades competentes de Victoria a implementar las acciones necesarias que deriven en la construcción de un puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos a la altura de la maquiladora “APTV I”, para salvaguardar la integridad y la vida, no solo de los más de 2 mil 300 obreros que trabajan en la misma, sino de toda la población que transita en esa vialidad.
Por todo lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Victoria, Tamaulipas, a implementar las acciones necesarias para la construcción de un puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la maquiladora “APTIV I”, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de los obreros y peatones que transitan en esa vialidad.
Notas
1 https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/make_walking_safe_es.pdf?ua=1
2 Boletín del Inegi de fecha 15 de noviembre de 2018, puede consultarse en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/tr afico2018_Nal.pdf
3 Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2016, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica: https://drive.google.com/file/d/1VFwPRfgGiiBh1LGewyfsNliJHPkX9rkm/view
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Capufe a elaborar un programa anual de trabajo para dar a conocer los probables incrementos del peaje de las carreteras del país, el porcentaje previsto y las fechas tentativas de aplicación, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas , integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Caminos y Puentes Federales (Capufe) a elaborar un programa anual de trabajo en el cual dé a conocer los probables incrementos de cuotas de peaje de las carreteras del país, el porcentaje previsto y las fechas tentativas de aplicación de los mismos, sustentados en aspectos técnicos para su respaldo , con base en las siguientes:
Consideraciones
En años recientes, a lo largo de un periodo que se ha extendido por mucho tiempo, hemos observado un fenómeno que requiere ser analizado. Nos referimos a los constantes incrementos en el peaje de las carreteras existentes en el país.
En un mecanismo propio de la opacidad, ajeno a la rendición de cuentas que debiera prevalecer en todas las esferas del ámbito público, hemos asistido en innumerables ocasiones, a las medidas que da a conocer el organismo Caminos y Puentes Federales, en relación a incrementos que se aplicarán por transitar en las carreteras nacionales.
Recientemente se informó, a través de un comunicado de prensa, que en esta ocasión, a partir del día 1 de febrero de 2019, dicho incremento ascendería al 4.8 por ciento, sin mediar ninguna explicación, ya no digamos técnica, sino fundamentada en indicadores económicos que respaldaran dicha medida.
El tema se agrava debido a que los constantes incrementos a los que hemos hecho referencia, no se traducen en trabajos de mantenimiento que mejoren las condiciones de la mayor parte de las carreteras, como puede observarse al transitar por ellas.
De tal forma, es difícil de aceptar que los aumentos en los costos de peaje se orienten a objetivos fundamentales como la preservación y mejoramiento de la red carretera del país.
Por otra parte, y al no contar con información que permita formular una evaluación referente a las medidas de incrementos a las cuotas, aunado al aspecto de que, en el terreno de los hechos Capufe actúa de manera arbitraria para determinar dichos aumentos, la situación amenaza con convertirse en un ejercicio en el que la opinión pública sólo será informada, de manera limitada y parcial, de los aumentos que habrá en el costo de los peajes, sin considerar las repercusiones en la vida económica del país.
Este ejercicio debiera ser revisado por distintos mecanismos, donde participen diversas instancias, tanto las autoridades correspondientes, así como organismos responsables de una realizar una evaluación acerca de la factibilidad de llevar a cabo dichos incrementos, y los probables impactos económicos a todos los actores involucrados.
Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo, consistente en solicitar a Capufe, un programa anual de trabajo donde se den a conocer, de manera precisa los probables incrementos a las cuotas de peaje de las carreteras del país, derivados de trabajos de mantenimiento, así como las fechas en que se aplicarían, sustentados en evaluaciones técnicas que respalden dichas medidas, a efecto de que instancias como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, además de otras, emitan la opinión técnica correspondiente para su evaluación.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Caminos y Puentes Federales a elaborar un programa anual de trabajo en el cual dé a conocer los probables incrementos de cuotas de peaje de las carreteras del país, el porcentaje previsto y las fechas tentativas de aplicación de los mismos, sustentados en aspectos técnicos para su respaldo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional del Cáncer Infantil para crear conciencia sobre la enfermedad y la necesidad de que todos los niños con ella tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El objetivo de este día es concienciar sobre esta enfermedad y la necesidad de que todos los niños y adolescentes con cáncer tengan las mismas oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado.
En México, se estima que cada año se diagnostican más de 5 mil niños y la incidencia muestra tendencia al incremento.
Lamentablemente el 65 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, causando más de 2,300 muertes anuales.1
Si bien es una enfermedad que no puede prevenirse, la detección en etapas iniciales y el tratamiento oportuno y de calidad pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Desde 1978, un grupo de padres de familia pensaron en la necesidad de tener un símbolo universal para concienciar y movilizar más la atención con el fin de minimizar las muertes y discapacidades debidas al cáncer infantil.
Se consideraron varios colores y después de mucha reflexión y debate, eligieron el oro como una descripción y símbolo del cáncer infantil y el valor de los niños.
Eligieron el oro ya que es un metal muy preciado como lo son los niños. Además, el oro soporta un proceso en el que, mediante fuego, pasa a ser más fuerte y más resistente. Las niñas, niños y adolescentes con cáncer experimentan un proceso similar. Desarrollan resistencia al hacer frente a todos los retos difíciles y dolorosos del tratamiento del cáncer infantil.2
Desde entonces, el lazo dorado ha cruzado continentes y se ha utilizado en todo el mundo.
Diversas organizaciones, instituciones públicas y privadas, grupos de la sociedad civil y el mundo académico, han utilizado el símbolo del lazo color oro para expresar su apoyo y solidaridad a la lucha contra el cáncer infantil.
Este símbolo ha permitido construir una imagen conjunta de esta problemática, fortaleciendo así su visibilidad e incidencia social.
A través de su uso se recuerda a los miles de pacientes con cáncer en todo el mundo que están librando esta batalla y a la vez se sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de estar alerta sobre los signos iniciales de esta enfermedad mientras inspira esperanza a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias.
Durante el día internacional del cáncer se alienta a las personas y a las organizaciones a maximizar el uso del lazo dorado para mostrar su apoyo a la lucha contra el cáncer infantil.
En el Partido Verde Ecologista de México, consideramos importante mostrar nuestro apoyo y solidaridad de esta manera.
Por lo tanto, proponemos a todos los legisladores y trabajadores de esta cámara de Diputados, así como de la Cámara de Senadores, de los Congresos Locales, a todos los trabajadores de las organizaciones privadas e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil en general, a que en el marco de las actividades que envuelven el Día internacional del Cáncer Infantil, portemos un botón conmemorativo, alusivo al listón dorado durante la sesión del día 14 del mes de febrero.
Con el fin de honrar a nuestros héroes: las niñas, niños y adolescentes que con valentía y coraje combaten el cáncer; los supervivientes que lo vencieron, las familias que viven enfrentándose a esta situación día a día o que han sufrido la pérdida de un ser querido. Es a la vez, reconocer a los voluntarios, al personal sanitario y los médicos que con pasión sirven y dedican su tiempo a la comunidad del cáncer infantil.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los legisladores y a todo el personal de esta cámara, a la Cámara de Senadores, a los Congresos Locales, a todos los trabajadores de las organizaciones privadas e instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil en general, a que en el marco de las actividades que envuelven el Día Internacional del Cáncer Infantil, portemos un botón conmemorativo alusivo al listón dorado durante la sesión del día 14 del mes de febrero, con el objetivo de mostrar solidaridad a las niñas, niños y adolescentes que están librando esta batalla y crear conciencia sobre la importancia de los signos de alerta y la detección oportuna.
Notas
1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/conmemoracion-dia-interna cional-del-cancer-infantil
2 https://asociaciongalban.org/evento/septiembre-es-el-mes-de-sensibiliza cion-del-cancer-infantil/
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcántar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Nayeli Arlén Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Humberto Pedrero Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de integrar la comisión de concordia y pacificación, en términos de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Javier Manzano Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
1. A casi 23 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar para solucionar el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano, hoy nos unificamos en la pluralidad para hacer el llamamiento a reiniciar el diálogo suspendido. Nuestra convocatoria se justifica partiendo del planteamiento de la problemática y de los riesgos políticos futuros de no concretar el compromiso de la nueva mayoría legislativa por cambiar la relación Estado-pueblos indígenas basada en el reconocimiento de la histórica exclusión política y de la desigualdad social, no sólo en Chiapas, sino en todas las regiones indígenas de la República.
2. En los primeros días del conflicto la participación de los pueblos indígenas de México y de los liderazgos políticos comprometidos con la democracia detiene la decisión de aplastar la rebelión por medio de la fuerza, impulsando la mediación a través del diálogo entre las partes. La contribución del Poder Legislativo federal, con base en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se instrumenta a través de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a la que se le otorgan facultades reconocidas en su artículo 9, pero orientando sus tareas al objeto de la Ley definidas en el artículo 1. Su contenido es claro: establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación, a través de un acuerdo de concordia y pacificación. Su objetivo: alcanzar la solución justa, digna y duradera al conflicto armado.
3. Entre la suspensión del diálogo, la reforma constitucional de 2001 y el repliegue del EZLN, se abre una etapa de decisiones equivocadas y conductas públicas adversas, hecho que abre una nueva situación en todas las regiones indígenas, pero particularmente en de Chiapas en donde se combina la resistencia pacífica a través de novedosas figuras de participación, y al mismo tiempo el reforzamiento y camuflaje del combate encubierto en contra de los pueblos en rebeldía, e incluso contra los promotores de la mediación. El conflicto Estado-pueblos indígenas adquiere otras dimensiones en las regiones surgiendo resistencias ante la penetración de grandes intereses financieros que buscan explotar los territorios y los recursos naturales amparados en el no reconocimiento de los derechos colectivos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el blindaje legal de las disposiciones contenidas en las leyes reglamentarias y leyes federales, pero sobre todo por la falta de voluntad política de los poderes constituidos creando un escenario de conflicto desatendido por el Estado.
4. Si bien desde septiembre de 1998 el gobierno federal contaba con la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, la decisión unilateral de Estado de incumplir los aspectos centrales de los acuerdos de San Andrés coloca a dicho órgano sin interlocución con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De 2000 a 2012, al crecer el nivel de conflicto en las regiones indígenas por el aumento el número de concesiones que despojan los recursos naturales de los pueblos, el gobierno determina transformar a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas a Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, manteniendo su espíritu original, pero ampliando su campo de acción. El nuevo órgano se le encomienda asegurar el respeto a sus derechos humanos, atender sus necesidades y reforzar el derecho a su libre determinación y autonomía, al igual que para la conservación de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
5. Señalar el compromiso incumplido del Estado mexicano no solo proviene de la opinión nacional, sino también del sistema de Naciones Unidas. En este sentido, desde el año de 2003, el doctor Rodolfo Stavenhagen, entonces Relator de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su visita oficial a nuestro país recomendó: “Que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, con el objeto de establecer claramente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés”. En este año en el Informe de la Relatora Especial sobre su visita a México, que presenta el pasado 6 de octubre en la Cámara de Diputados, en el punto 96 recomienda “reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”. En el ámbito interno, en 2013, a propuesta de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la Secretaría de Gobernación propone incorporar los acuerdos de San Andrés Larráinzar al Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo la Dependencia responsable de integrarlo, la desecha, y en septiembre de 2014 en el marco de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU, el Ejecutivo Federal se compromete armonizar las leyes con el espíritu y letra de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desafortunadamente, sigue imperando la actitud del funcionariado colonialista: “Acátese, pero no se cumpla”. No deja de ser preocupante la observación de la Relatora Victoria Taurus Corpuz, al señalar en su Informe, la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales adquiridos por el país. Pone el dedo en la llaga al señalar el crecimiento de la brecha por la adopción del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética que impacta a los territorios indígenas.
6. Desconocimiento de derechos y despojo de territorios es la constante histórica vigente hasta hoy que se traduce en falta de representación política y el rostro imborrable de la pobreza. Desde la estampa colonial vista por el obispo Manuel Abad y Queipo a finales del siglo XVIII al distinguir la estructura de clase sociales: por un lado, los españoles, dueños de casi toda la propiedad y riquezas de la Nueva España; por el otro, los indios puros y las castas, siervos de los primeros. Los pocos, lo tenían todo; los muchos; no tenían nada. La justificación de Hidalgo en el movimiento de Independencia: recobrar derechos usurpados por los conquistadores a los pueblos originarios en “sus costumbres y propiedades”. Intransigente en la lucha emancipadora, Morelos pretende terminar con la injusticia histórica al proponer moderar la “opulencia” y la “indigencia”, resume su intensión al dictar la disposición de abril de 1811 de recuperar las “tierras de los pueblos”. A la Reforma, periodo de claroscuros en materia de propiedad, le sucede la instauración de la Dictadura, mediante la política de la conciliación delinea la regresión histórica creando una situación de desesperanza por la concentración de la riqueza en pocas manos, mientras la pobreza golpea a la mayoría, sobre todo a las regiones indígenas al surgir el fenómeno de la consolidación de las haciendas, que paulatinamente despojan a los pueblos de sus tierras. Francisco I. Madero, al transitar de su posición de demócrata a revolucionario, en el Plan de San Luis distingue esta injusticia: ”Abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los Tribunales de la República”. Se compromete a reparar estos despojos: “Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de que se les despojo de un modo tan inmoral, o sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagaran también una indemnización por los perjuicios sufridos”. Entre el movimiento de Independencia y la Revolución Mexicana es constante la demanda de la restitución de la tierra y cuando hablamos de tierra, hablamos de pueblos indígenas.
La nación vive un momento político de cambio, que por su naturaleza y desafío, puede ser histórico. De nuestros movimientos emancipadores, hay avances y retrocesos. En el mundo indígena se mantiene tercamente la constante histórica: pobreza, a causa del despojo de la tierra; exclusión política, por falta de participación y representación. En el mediano plazo, desmontar las bases de la apropiación de la riqueza abrogando mecanismos como legalizar a la minería como actividad preferente y el despojo por medio de la “ocupación temporal” de las tierras de los pueblos indígenas. En el aspecto político, seguir en la lucha por alcanzar la representación política de los pueblos indígenas.
Por encima de divergencias legítimas actualizar el análisis de la realidad indígena concreta, anticiparse a conflictos futuros en las regiones que por el carácter de los integrantes de nuestros pueblos puede desbordarse, como lo anticipa en su Testamento Político el General Lázaro Cárdenas: “No es exacto que el indígena sea refractario a su mejoramiento , ni indiferente al progreso. Si frecuentemente no exterioriza su alegría y ni pena, ocultando como esfinge el secreto de las emociones, es que está acostumbrado al olvido en que se le ha tenido. (...) Derroca dictaduras para que nuevos explotadores se sucedan y, como para el sólo es realidad la miseria y la opresión, asumen una actitud de aparente indiferencia y de justificada desconfianza”. Desde 1968 avizoraba: “La inquietud social es condición de la época y de aplazarse u omitirse por inercia la reivindicación de los indígenas, tarde o temprano éstos se harán eco del desasosiego que cunde también en nuestra América en razón, hay que decirlo con claridad, de la permanencia de sistemas anacrónicos de explotación social y opresión nacional que pesan, con especial rigor, sobre los más desamparados, en consecuencia los indígenas. Y entre más depauperados, segregados y distantes de los beneficios de la civilización, más violenta será su reacción contra el sometimiento en que se les mantiene o el paternalismo siempre humillante que sobre ellos se ejerce”.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno, el Exhorto como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Integrar la Comisión de Concordia y Pacificación, en términos de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Javier Manzano Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de declarar zona de reserva la cuenca del río Bravo y elaborar un programa adecuado de restauración y preservación para reducir la presión y el déficit de agua por sobrexplotación de cuerpos superficiales y acuíferos en Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
México cuenta con uno de los ríos más grandes a nivel mundial, abarcando varios estados de la Republica, entre ellos Tamaulipas , estado al cual represento. Es entonces que el río Bravo es el quinto más grande de Norteamérica y el vigésimo cuarto más grande del mundo; también es una frontera principal entre México y Estados Unidos, con una cuenca de 467 mil km cuadrados que se ensancha por cinco estados de México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango) y tres de los EU (Colorado, Nuevo México y Texas). Es considerado una de las regiones más diversas en términos de biodiversidad en el mundo.i
Respecto de la disponibilidad del recurso, reportes de la Organización de las Naciones Unidas identificaron la existencia de más de mil millones de personas que no cuentan con agua potable y unos 2 mil 500 millones que no tienen saneamientos adecuados; debido a ello mueren al día entre 10 mil y 20 mil niños por enfermedades evitables vinculadas al agua.ii
Las principales cuencas hidrológicas superficiales de la región, como se mencionó, son el río Bravo y el Colorado. La disponibilidad general de agua superficial y subterránea en la franja fronteriza es escasa, debido principalmente a la sobreexplotación, uso inadecuado, excesiva demanda y, entre otros, a los severos problemas de sequía, que con cierta frecuencia se presentan.iii
En consecuencia, el agua ha dejado de considerarse un elemento inagotable, al servicio incondicional de todos, para adquirir un valor económico de importancia significativa en los últimos años; especialmente, desde que su escasez es abordada como un problema de carácter mundial y actual, por lo que el acceso a este recurso se erige como un derecho humano fundamental, pues de las reservas de agua dulce —ríos, lagos, lagunas y acuíferos subterráneos— depende el derecho a la vida reconocido por el artículo 3o. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.iv
El marco jurídico aplicable a los cursos de agua superficiales compartidos por México y los Estados Unidos de América, el cual está integrado, fundamentalmente, por las Actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas; la Convención para la Distribución Equitativa de las Aguas del Río Bravo de 1906, y el Tratado para la Distribución de las Aguas de los Ríos Bravo, Tijuana y Colorado de 3 de febrero de 1944, aunque existen también otros esfuerzos internacionales binacionales, que involucran a estos cuerpos de agua.
En México, las bases legales para el aprovechamiento del agua provienen de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que decreta en su artículo 27 que son propiedad de la nación, entre otros, las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, los lagos interiores de formación natural, los manantiales y el subsuelo. Asimismo, la nación ejerce un dominio inalienable e imprescriptible sobre el agua y compete al Ejecutivo federal otorgar concesiones y asignaciones para su aprovechamiento. En lo referente al aspecto institucional, en 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA), como autoridad única en la materia.v
En este sentido, corresponde a la Comisión Nacional del Agua publicar en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad de las aguas nacionales, determinada con base en la norma oficial mexicana: NOM011-CNA-2000, Conservación del Recurso Agua.
Por tanto, el 31 de enero de 2003 fue publicada la disponibilidad de 188 acuíferos de los 654 identificados. De estos 188 acuíferos, 102 están en condiciones de sobreexplotación (la extracción es superior a la recarga al menos en un 10 por ciento) y los otros 47 se encuentran cerca de la condición de sobreexplotación. En el ámbito mundial, México ocupa el lugar 74 con 57.5 por ciento del índice de pobreza de agua (IPA).vi
Es entonces, que, para propósitos de administración de las aguas nacionales, la Conagua ha definido 731 cuencas hidrológicas, cuyas disponibilidades se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 Regiones Hidrológicas (RH) y a su vez, las regiones hidrológicas se agrupan en 13 Regiones Hidrológico– Administrativas (RHA).vii
De las 731 cuencas hidrológicas 104 muestran problemas de disponibilidad. Los problemas en materia hídrica se deben a una mala gestión de las aguas: sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación. Al momento 209 acuíferos nacionales se encuentran en condición de disponibilidad y 144 acuíferos sobreexplotados (DOF, 2018).viii
Asimismo, en los principales estados en los que se encuentran yacimientos son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Estados que, en el norte, tienen importantes problemas de escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos que puede competir con las necesidades de uso de agua público urbano y la agricultura, los que se verían agravados por el uso de la fractura hidráulica, la cual requiere el uso y contaminación de grandes volúmenes de agua, de nueve millones a 29 millones de litros por pozo, y una mezcla de hasta 750 químicos tóxicos. Mientras que más hacia el sur, esto amenaza con contaminar importantes ríos y acuíferos de los que dependen miles de personas. De esta manera, la explotación de hidrocarburos en estas zonas tendría un impacto en el derecho humano al agua y al saneamiento. Por otro lado, en muchas de estas regiones habitan pueblos indígenas. Es una técnica intensiva de perforación y fracturación de pozos cercanos entre sí.ix
Es por ello que la ausencia de mayor información al respecto ensombrece las acciones del Estado y contribuye a la falta de credibilidad, además de que se duda de la justicia social y realza la debilidad en la aplicación de las leyes y reglamentos por parte de las instancias gubernamentales.x
Además, el tema del agua es un tema complejo y de interés colectivo, principalmente cuando las fuentes de agua, como los ríos, lagos y acuíferos presentan condiciones preocupantes porque son sobreexplotados, actualmente como se mencionó son 144 la cifra de acuíferos sobreexplotados, que se están contaminando y son apropiados por intereses particulares en desventaja para poblaciones tradicionales asentadas en los territorios de interés económico. Además de que históricamente se identifica un aumento en los requerimientos de agua, en cantidad y calidad, por el crecimiento de la población para realizar las actividades humanas y procurar un medio ambiente sano para todos los seres vivos.xi
Asimismo, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del año 2011 y 2015, la disponibilidad de agua per cápita se reduce de manera drástica, al pasar de 18 mil 035 m3 /hab/año en el año 1950, a 7 mil 771 m3 /hab/año cincuenta años después y la cifra en el 2015 se estableció en 3 mil 338 m3 /hab/año. Estos datos históricos son alarmantes y representan un futuro no deseable, ante la tendencia negativa, si continúan las condiciones de sobreexplotación de acuíferos, y contaminación de ríos, lagos, presas, deterioro de los ecosistemas y una carente gestión sustentable del agua.xii
Por otro lado, entre las recomendaciones que hace al respecto las Naciones Unidas al gobierno mexicano a través del relator especial de Derecho Humano al Agua y Saneamiento (ONU, 2017) se tiene la siguiente:“...l) Llevar a cabo investigaciones independientes sobre los efectos en el medio ambiente y la salud de los proyectos de desarrollo, las actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas, haciendo hincapié en la contaminación o la sobreexplotación de las fuentes de agua ...”xiii
Por ello considero que es necesario que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asuman el compromiso de revisar y elaborar la reglamentación adecuada del recurso hidráulico en esa zona del norte del estado, con el objetivo de mejorar el uso de agua en esta zona, en donde cada año se corre el riesgo de no contar con el suficiente almacenamiento del vital líquido para el riego, con esta petición que la ciudadanía de Tamaulipas justamente les estamos demandando, para que se haga un uso más eficiente del agua y se evite la sobreexplotación.
Estas condiciones alertan a tomar decisiones asertivas hoy y diseñar fórmulas desde el Estado con participación social y bajo marcos de equidad y justicia social para plantear un escenario diferente a la población, que en el 2030 se espera que sea de 137.5 millones de habitantes y en el 2050 alcanzará la cifra de 150.8 millones de habitantes en el país.xiv
Es entonces que este exhorto se hace en respuesta a las miles de demandas de los habitantes de este Estado, que se ven afectados, ya que han manifestado su profundo descontento, ya que en las condiciones actuales de la cuenca (por sobreconcesionamiento ), no se puede cumplir el derecho humano al agua, con una distribución equitativa de volúmenes de agua privilegiando al uso público urbano de las ciudades para garantizar este derecho.
En este sentido, es importante también tener en cuenta y destacar que se debe desarrollar un modelo de reglamentación del agua para la cuenca del río Bravo, esto es para dar seguridad hídrica a la cuenca, ya que se deben implementar acciones a nivel nacional, que garanticen el abasto de agua, por eso el presente exhorto tiene como una de sus finalidades el que se ofrezca una posible solución al problema de sobreexplotación y sobreconcesionamiento de la cuenca del río Bravo de Tamaulipas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr se declare la cuenca del río Bravo como “Zona de Reserva” y elaborar un programa adecuado de restauración y preservación con la finalidad de reducir la presión y el déficit de agua por sobrexplotación en el estado de Tamaulipas, para garantizar el derecho humano al agua, por lo que me permito promover, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que, a través de los Organismos de Cuenca de la Región Hidrológico-Administrativa VI Río Bravo y IX Golfo Norte, y con la participación de los Consejos de Cuenca respectivos, se declare la cuenca del río Bravo como “Zona de Reserva”, y elaborar un programa adecuado de restauración y preservación con la finalidad de reducir la presión y el déficit de agua por sobrexplotación de cuerpos superficiales y acuíferos en el estado de Tamaulipas. Estas acciones deberán garantizar el derecho humano al agua que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplir con la legislación nacional y tratados internacionales en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe periódicamente a la opinión pública, el avance de la solicitud, así como las acciones y recursos que se destinen para el programa de restauración en la cuenca del río Bravo.
Notas
i Marco Regional para el Uso Sostenible del Río Bravo, Organización de los Estados Americanos, Departamento de Desarrollo Sostenible, Reunión de Coordinación del Proyecto Rio Bravo, México D.F, junio 14-15,
http://www.oas.org/dsd/waterresources/projects/riobravo_ esp.asp
ii Anglés Hernández, Marisol. Los cursos de agua compartidos entre México y los Estados Unidos de América y la variable medioambiental. Una aproximación. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, [S.l.], jan. 2006. ISSN 2448-7872. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/ article/view/151/239>. Fecha de acceso: 17 enero 2019, http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2006.6.151.
iii Ibídem.
iv Ibídem.
v Anglés Hernández, Marisol. Los cursos de agua compartidos entre México y los Estados Unidos de América y la variable medioambiental. Una aproximación. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, [S.l.], jan. 2006. ISSN 2448-7872. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/ article/view/151/239>. Fecha de acceso: 17 enero 2019, http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2006.6.151.
vi Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, 2018, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-UNAM, Síntesis ejecutiva, Mayo 2018,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /SINTESIS_ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf
vii Ibídem.
viii Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, 2018, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-UNAM, Síntesis ejecutiva, Mayo 2018,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /SINTESIS_ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf
ix Ibídem.
x Ibídem.
xi Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, 2018, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades-UNAM, Síntesis ejecutiva, Mayo 2018,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /SINTESIS_ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf
xii Ibídem.
xiii Ibídem.
xiv Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2019.
Diputada Nohemi Alemán Hernandez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a agilizar por la Sader la entrega de recursos financieros destinados a combatir la plaga de la mosca de la fruta y evitar la pérdida de la cosecha de cítricos en NL, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguia, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se agilice la entrega de recursos financieros para combatir la plaga de la mosca de la fruta y evitar la pérdida de la cosecha de cítricos en el estado de Nuevo León, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La participación de México en las exportaciones de cítricos en el mundo es de las más relevantes, siendo EEUU y Japón los principales compradores; la citricultura representa una derrama económica para nuestro país de alrededor de 10 mil millones de pesos.
Cabe recordar que sin los recursos para sanidad e inocuidad del campo citrícola, la diversificación de exportaciones se detiene y atrasa las ventas de calidad.
El retraso de recursos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es sinónimo de falta de fertilizantes, fungicidas y herbicidas, elementos que la producción de cítricos no permite por ser fácilmente atacados por la plaga conocida como la mosca de la fruta “Dragón Amarillo”.
A manera de ejemplo del daño que ocasionaría la dilación de los recursos y su impacto en la diversificación de exportaciones, relata uno de los productores: “El precio más bajo en Estados Unidos ha llegado a 5 dólares y es cuando no es negocio ni para el productor ni para el exportador, pero caso en contrario, cuando Estados Unidos tiene escases de limones el precio ha llegado a pagarse hasta en 50 o 100 dólares por una caja”.
No podemos darnos el lujo de abandonar a los productores por cuestiones administrativas de las dependencias federales, es urgente que lleguen los recursos a tiempo a las huertas de Nuevo León que, en cuatro municipios concentran el 80 por ciento de la producción estatal anual.
La preocupación por los recursos para la fumigación aérea implica no cerrar las puertas a empleos e ingresos para el país, especialmente, en un momento en el que Brasil nos compite agresivamente con el 60 por ciento de las exportaciones a Europa frente a solo el 40 por ciento de México, en cuanto a la comercialización del limón.
Aunque Brasil haya mantenido su nivel de exportaciones a un crecimiento del uno por ciento, México se ha defendido con crecimientos constantes del 11 por ciento a Europa.
Desatender este tema no solo pone en riesgo la producción anual, sino su nivel de competitividad en el mundo, puesto que no podría no cumplirse con la meta de los 8.5 millones de toneladas en producción, en perjuicio de las exportaciones que rebasan los 840 millones de dólares.
La citricultura en la entidad es la cuarta más grande del país. Una de las entidades con más importantes niveles de producción es Nuevo León, con 306 mil 155 toneladas, cuyo valor asciende a 237 millones 979 mil 387 pesos, y con un aporte del 14 por ciento de la producción nacional.
La trascendencia de esta actividad es evidente, genera una derrama económica que trae consigo la comercialización de combustibles, lubricantes, transporte y mano de obra, principalmente en la cosecha, agroquímicos y fertilizantes, sistemas de riesgo, plásticos, cajas de cartón, entre otros, insumos y servicios incluyendo la industrialización y comercialización.
De acuerdo con el presidente del Comité de Sanidad Vegetal, los recursos del Fondo de Sanidad e Inocuidad son utilizados, entre otros aspectos, a labores de fumigación con el que es posible que los predios reciban una certificación y puedan exportar sus productos. De no contar con este documento que avala la sanidad de los productos, no se pueden vender en otros países.
Esta medida poco sensible con los productores de cítricos, llevada a cabo por el Gobierno Federal, tendrá graves repercusiones para las regiones dedicadas a esta actividad productiva.
Apremia fumigar los cultivos de municipios como Montemorelos, General Terán, Linares y Hualahuises, que albergan más de mil 554 huertos, que producen más del 80 por ciento de las 400 mil toneladas que se generan anualmente en la entidad, de no hacerlo se podría perder la cosecha de este año.1
Para dimensionar los impactos que puede generar, basta indicar que sólo la citricultura del estado de Nuevo León puede perder su estatus sanitario, lo que le impediría exportar estos productos a los mercados internaciones, entre ellos, el de Estados Unidos, el mayor comprador del mundo.
Otra afectación derivada de la entrega tardía de estos fondos, es que no se está contando con la capacidad de comercializarlos en los mercados nacionales, es decir, se está provocando pérdidas económicas a los comerciantes y trabajadores que se dedican a esta actividad.
Bajo estas consideraciones, es fundamental que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, agilicen la entrega de los recursos del Programa Especial Concurrente con el que se realizan diversas actividades, a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los cultivos cítricos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se agilice la entrega de recursos financieros para combatir la plaga de la mosca de la fruta y evitar la pérdida de la cosecha de cítricos en el estado de Nuevo León.
Nota
1 Moisés Ramírez. (2019). Atraso de apoyo a naranja de NL amenaza ventas. 13 de febrero de 2019, de El Norte Sitio web:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1607755&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1607755
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a llevar a cabo acciones a fin de agilizar, flexibilizar y simplificar los requisitos para que las personas adultas mayores tramiten con facilidad su pasaporte, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La solicitud del pasaporte en México corresponde en términos generales a un trámite que no presenta mayor complejidad. No obstante, en casos como los de las personas adultas mayores no siempre es así, toda vez que pueden enfrentar dificultades por cuestiones relacionadas con la documentación requerida, tales como el certificado de la primera acta de matrimonio de los padres, su propia acta de nacimiento o una credencial de elector vigente. Hasta cierto punto, son comunes aquellas situaciones en las cuales el interesado no cuenta con los documentos y tampoco con la posibilidad de obtenerlos.
Con el presente asunto se hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias para agilizar, flexibilizar y simplificar los requisitos para que las personas adultas mayores puedan tramitar con mayor facilidad su pasaporte. El asunto emana de la convicción de que es fundamental garantizar la inclusión de este grupo poblacional desde la modernidad e integridad de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional.
Estimamos que se trata de una solicitud pertinente y viable, toda vez que ante la imposibilidad o evidente dificultad de contar con los documentos que acrediten la nacionalidad y la identidad, siempre que haya forma de subsanarlos, se debe simplificar lo más posible –no sólo con descuentos en el pago de derechos.
Además de su importancia intrínseca, con el exhorto se busca combatir el panorama adverso que enfrentan. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en 2018 había casi 13 millones de personas mayores de 60 años en el territorio nacional, cifra que equivale a 10 por ciento de la población total. No obstante, con base en proyecciones del Consejo Nacional de Población, en 2030 dicho sector poblacional será superior a 20 millones 365 mil personas.1
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que para el segundo trimestre del año pasado, el porcentaje de población de 60 años o más económicamente activa ascendía a 34.1. Asimismo, menciona que prácticamente la mitad de la población ocupada de 60 años o más (49.6) trabaja por cuenta propia.2
En cuanto a su actividad de ocupación, el Inegi precisa que en este sector de la población, 21.3 por ciento se dedica a actividades elementales y de apoyo, 20.8 al desarrollo de trabajos agropecuarios y 15.2 se desempeña como comerciante, empleado y agente en ventas. En el país, 56.6 por ciento de la población de 15 años o más se ocupa en el sector informal, donde la población de 60 años o más es la que muestra el porcentaje más alto, con 74.2.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que el principal problema que enfrentan las personas de 65 años o más en México es la pobreza (casi la mitad vive en dicha situación). Lo anterior, dicen, obedece a la discriminación de la cual son objeto en el ámbito laboral, al tener mínimas o nulas posibilidades de incorporarse al sector productivo y cuando llegan a emplearse, generalmente lo hacen en condiciones de precariedad con salarios indignos y sin ningún tipo de prestación social.3
Casi la mitad de las personas que tienen discapacidad en el país (47.4 por ciento) tiene 65 años o más. Otro problema que enfrentan es el analfabetismo; basta mencionar que la población de 60 a 74 años en esta situación llega a 18.9 en las mujeres frente a 12 en los hombres; mientras, en la población de 75 años y más, la cifra aumenta a 32.2 en las mujeres frente a 23.9 en los hombres.
Aunado a lo anterior, con base en información de la última Encuesta Nacional de Envejecimiento, también son víctimas de prejuicios sociales, tales como la creencia de que se trata de personas dependientes, menos productivas e incapaces para resolver problemas, así como la percepción de tener menores resultados que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas conforme avanza su edad.
A partir de las consideraciones y cifras expuestas, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PT estimamos de suma importancia que haya mayores facilidades para las personas adultas mayores que deseen tramitar y adquirir su pasaporte, entendido como el documento oficial de viaje, probatorio de nacionalidad e identidad, que solicita a las autoridades extranjeras proporcionen ayuda y protección. Este tipo de medidas abona a la inclusión de las personas adultas mayores y a la erradicación de conductas discriminatorias en su contra.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el marco de sus funciones, lleve a cabo las acciones necesarias para agilizar, flexibilizar y simplificar los requisitos para que las personas adultas mayores puedan realizar con mayor facilidad la tramitación de su pasaporte, a fin de garantizar la inclusión de este grupo poblacional desde la modernidad e integridad de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional.
Notas
1 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, de la Secretaría de Gobernación, 12 de mayo de 2018), Conapo e Inapam, de la mano con la atención del envejecimiento . Recuperado de
https://www.gob.mx/inapam/prensa/conapo-e-inapam-de-la-m ano-en-la-atencion-del-envejecimiento-156950?idiom=es
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 27 de septiembre de 2018, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (Adultos Mayores) . Recuperado de
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2018/edad2018_Nal.pdf
3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ficha temática Personas mayores. Recuperado de
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.p df
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a efecto de que en las instituciones de preescolar y primaria, públicas y privadas, soliciten la cartilla original de vacunación con el esquema completo, según corresponda a la edad de los educandos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, para que en instituciones de preescolar y primaria, públicas y privadas, soliciten la cartilla original de vacunación con el esquema completo, según corresponda a cada edad del educando, con base en las siguientes
Consideraciones
A nivel internacional México es considerado un país pionero en la producción de vacunas1 e implementación de uno de los programas de vacunación más completos, ya que el esquema cuenta con 15 enfermedades prevenibles.
En 1991, nace el Programa de Vacunación Universal debido a que en nuestro país la historia es trágica respecto a las epidemias infecciosas que se han tenido que enfrentar, las cuales, por su frecuencia y extensa mortandad orillaron a los gobiernos a buscar alternativas para prevenir y más tarde erradicar el contagio masivo; y así también aumentar la esperanza de vida y disminuir la alta mortalidad infantil.2
La meta de erradicación había sido lograda casi en su totalidad para 2014, eliminando la poliomielitis, difteria, sarampión y tétanos neonatal, el control de la tos ferina y de formas graves de tuberculosis; esto es el resultado del trabajo del Consejo Nacional de Vacunación, que ha puesto atención especial en procurar que los infantes cuenten con el esquema completo de vacunación.3
Sin embargo, en los últimos años los movimientos anti-vacunas han cobrado mayor fuerza, potenciados por el vergonzosamente célebre artículo del médico Andrew Wakerfield, publicado en la revista The Lancent , en el que vinculaban las características del espectro autista con la vacuna Triple Viral. La afectación en la confianza hacia las vacunas, a pesar de que se demostraron las deficiencias metodológicas de las aseveraciones de Wakerfield; sus vínculos, previos al artículo, con despachos de abogados que demandaban a las farmacéuticas, y pese a que en 2004 se retractó, retiró sus dichos y fue desmentido, el daño ya estaba hecho.4
Hasta ahora la vacunación en niñas y niños menores de cinco años es el método más eficaz para la reducción de la mortalidad infantil, ya que se evitan aproximadamente 2.5 millones de muertes anualmente, además de prevenir, proteger y erradicar enfermedades5 . Sin embargo, la protección generalizada y en consecuencia la efectividad de las vacunas se fortalece en la medida en que disminuya la cantidad de exposición a las cepas que presentan quienes no están vacunados, por ello la importancia de las campañas.6
Hoy sabemos que las enfermedades prevenibles más comunes son la rubeola y el sarampión, llevaban años de sin contar con brotes en países desarrollados, pero a partir de la desconfianza y el movimiento anti vacunas, esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. Así, pasaron de ser enfermedades prevenibles a ser un problema, debido a que los movimientos que están en contra de la vacunación promueven que no se cumpla con la obligación de vacunar a los menores, lo cual pone en una situación vulnerable a las niñas y niños que quedan expuestos ante enfermedades previsibles que muchas veces pueden ser altamente mortales.
El tema de la vacunación no es una moda o algo que pueda considerarse opcional. La Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en su capítulo noveno, sobre el derecho a la protección de la Salud y la Seguridad Social, establece lo siguiente:
“Artículo 50 . Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud , así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. – VIII. ...
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica;
X. – XVIII. ...7
En consecuencia, la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homologas en las entidades federativas, periódicamente realizan campañas de vacunación completamente gratuitas. Estas campañas están diseñadas para llegar a todos los rincones de nuestro país para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso a las vacunas, sin que esto genere gastos adicionales a sus progenitores o tutores.
Por todo lo anterior resulta importante que las niñas y niños cuenten con una cartilla de vacunación que acredite que cuentan con el esquema completo de vacunación de acuerdo a su edad.
En este contexto, es pertinente recordar que al inscribir a un niño o niña en escuelas, tanto públicas como privadas, actualmente se solicita una copia de la cartilla de vacunación. Sin embargo, las autoridades escolares no se cercioran si cumplen con el esquema completo o si el documento es auténtico y en ocasiones, al tratarse copia de la cartilla, algunos padres y madres de familia de niñas o niños que no están vacunados, suelen buscar a personas que les faciliten una copia de la cartilla que sea del mismo mes y año de nacimiento de sus hijos. Ello, con la intención de poder presentarla en los colegios como correspondiente a la de sus hijos.
En el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se plantea la presentación de la cartilla de vacunación como opcional.8 Derivado de lo anterior, ha surgido un nuevo riesgo para los infantes que sí cuentan con el esquema completo y en completo estado de indefensión en caso de una infección de tipo previsible de los infantes no vacunados que emplean copias apócrifas o copias de cartillas que no les corresponden.
La salud de las niñas y niños de nuestro país no es juego y no debemos dejarla al azar o a la irresponsabilidad derivada de creencias y desinformación, ya que las consecuencias pueden ser lamentables.
Tan sólo en el continente americano, entre enero y noviembre de 2018, se identificaron 16 mil 39 casos confirmados de sarampión que derivaron en 86 defunciones. Asimismo, en los siguientes países se presentaron los casos que se relacionan a continuación: Antigua y Barbuda, 1 caso; Argentina, 14 casos; Brasil, 9 mil 898 casos, incluidas 13 defunciones; Canadá, 27 casos; Chile, 2 casos; Colombia, 171 casos; Ecuador, 19 casos; Estados Unidos de América, 220 casos; Guatemala, 1 caso; México, 5 casos; Perú, 38 casos, y la República Bolivariana de Venezuela, 5 mil 643 casos, incluidas 73 defunciones.9
Por lo que resulta de suma importancia no arriesgar a las niñas y niños a tener que estar expuestos a estas enfermedades, necesitamos crear conciencia y que se respete el interés superior de la niñez, y su derecho a gozar del más alto nivel de salud.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, para que en instituciones de preescolar y primaria, públicas y privadas, soliciten la cartilla original de vacunación con el esquema completo según corresponda a cada edad del educando. Ello con la finalidad de asegurarse que se cumpla con el derecho a la protección de la salud de las niñas y niños, consagrado en el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Notas
1 Desde 1804 el Dr. Francisco Balmis inicia la producción de vacunas en México con la vacuna antivarilosa. Ello, sólo a 8 años del surgimiento de la primera vacuna contra la viruela, creada en el Reino Unido en 1796 por el Dr. Eduard Jenner. Véase a Alma Bedea Ruelas y Carlos Enrique García Soto, “Vacunas: Tu derecho y obligación de estar sano”, revista PROFECO, 20 de octubre de 2014, disponible en: https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2014/bol292_vacunas.as p
2 Latest r. Historia y avances de la vacunación en México. Adaptado de Instituto Nacional de Salud Pública. ENSANUT 20126. En línea.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Va rios_-_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf
3 Latest r. Historia y avances de la vacunación en México. Adaptado de Instituto Nacional de Salud Pública. ENSANUT 20126. En línea.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/Va rios_-_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf
4 Zúñiga C. Iván; Caro L. Janett. (2018) Grupos antivacunas: el regreso global de las enfermedades prevenibles. Volumen 31, Número 1 • Enero-Marzo 2018 • pp. 17-21
5 Ídem.
6 “Existe una característica de las vacunas que se suele pasar por alto, esta es la inmunidad de grupo. Este concepto establece que las vacunas solo pueden proteger a la población de las enfermedades si la mayoría de la población está vacunada. Incluso, dependiendo del grado de contagio de la enfermedad, puede necesitarse hasta de 80 a 95 por ciento de vacunación entre la comunidad.” Véase http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/15935-vacunacion-bioeti ca-grupos-antivacunas
7 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_20061 8.pdf
8 http://calendariosep.mx/inscripcion-said-requisitos-para-preescolar-pri maria-y-secundaria/
9 Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2018
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Renapo a proyectar un programa y estrategia urgentes para la obtención de actas de nacimiento de ciudadanos que por vulnerabilidad no cuentan con ella ni con acceso a la educación y los programas sociales implantados en esta administración, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena
Alejandro Carvajal Hidalgo, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta al director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, maestro Jorge Leonel Wheatley Fernández, a fin de que a la brevedad posible proyecte un programa y estrategias emergentes para la obtención de actas de nacimiento, de los ciudadanos que por cuestión de vulnerabilidad no cuentan con ella, y por ende no pueden acceder a la educación ni a los programas sociales implementados en esta administración.
Exposición de Motivos
1. Unos de los temas prioritarios de esta administración es el acceso a la educación que permita generar las condiciones para obtener una mejor calidad de vida, pero sobre todo el abatir el rezago educativo de anteriores administraciones.
2. Actualmente, se encuentra ya en marcha el programa nacional Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores , así como los apoyos a los estudiantes de preparatoria y los menores de edad con discapacidad, a través del Censo del Bienestar implementado por más de 20 mil servidores de la nación encargados de realizarlo para la Secretaría de Bienestar, y que en muchos casos encuentran una problemática: la falta de identidad sobre todo en las personas más vulnerables.
3. En ese sentido, de acuerdo al comunicado de prensa número 16/19,1 de fecha 22 de enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), manifestó que el Instituto en colaboración con UNICEF México, presentó resultados del informe “Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México”.
Jorge Wheatley, director de Renapo, comentó que se trata de un análisis inédito que sirve como insumo para determinar los lugares donde será necesario instalar una oficina del registro civil, así como las regiones donde será más efectivo impulsar brigadas móviles permanentes para quienes se encuentran en las comunidades más alejadas y necesitadas del país y, con ello, garantizar el derecho a la identidad en México.
Por su parte, Julio A. Santaella, presidente del Inegi, dijo que la inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional al derecho a la identidad.
De la población total en México en 2015, el 0.8 por ciento no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a 1,003,702 personas, señalando como la primera causa del no registro a la dificultad para contar con los documentos necesarios para realizarlo (34.0 por ciento), le siguen el alto costo que implica el trámite (22.0 por ciento) y el tiempo que implica la realización del trámite (15.6 por ciento).
En el grupo de población de 3 a 17 años, al menos 59 mil no asisten a la escuela y además no cuentan con registro de nacimiento. El 4.8 por ciento del total de personas sin inscripción al registro civil se declararon hablantes de lengua indígena (poco más de 43 mil personas). Por otro lado, del total de personas que no cuentan con acta ni registro de nacimiento, el 22.7 por ciento se reconocen como indígenas. Nueve entidades concentran a casi 35 mil personas (80.1 por ciento) de población hablante indígena, no inscrita al registro civil. Chiapas tiene el mayor porcentaje con 23.2 por ciento (más de 10 mil personas), Oaxaca con 14.1 por ciento (alrededor de 6 mil) y Puebla con 12.3 por ciento (casi 5 mil casos). De los 31 municipios con más del 2.5 por ciento de población que no tiene acta de nacimiento y que se caracterizan por tener un grado de marginación “alto” y “muy alto”, destacan 11 ayuntamientos de Chiapas, 3 de Chihuahua y 10 de Oaxaca.
Considerandos
I. Como Diputado Federal considero de gran importancia el atender a los sectores desprotegidos, ese grupo de mexicanos que durante años han sido olvidados, y que hoy ante la implementación de nuevos programas que permiten acceder a mejores condiciones, ven rotas sus ilusiones al no contar con un requisito: el acta de nacimiento, que constituye el derecho a la identidad de todo ciudadano.
II. Dicha problemática se puede no solo constatar con las cifras duras que el propio Inegi ha proporcionado, la percibimos en el andar por las comunidades que visitamos para informar los avances de esta cuarta transformación, e inclusive por el dicho de los propios servidores de la nación que trabajan arduamente en los rincones más escondidos y olvidados de México,
III. Independientemente de lo anterior, el derecho a la identidad, es un derecho establecido inclusive a nivel internacional:
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos , que establece que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su identidad jurídica, y por ende el derecho a una nacionalidad.
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos , que establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al menos a uno de ellos, así como el derecho a una nacionalidad.
c) Convención sobre los Derechos del Niño , que establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad.
d) Programa Interamericano para el Registro Civil, Universal y Derecho a la Identidad , que señala que el asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, maestro Jorge Leonel Wheatley Fernández, para que a la brevedad posible proyecte un programa y estrategias emergentes para la obtención de actas de nacimiento, de los ciudadanos que por cuestión de vulnerabilidad no cuentan con ella, y por ende no pueden acceder a la educación ni a los programas sociales implementados en esta administración.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, maestro Jorge Leonel Wheatley Fernández, a fin de que a la brevedad posible proyecte un programa y estrategias emergentes para la obtención de actas de nacimiento, de los ciudadanos que por cuestión de vulnerabilidad no cuentan con ella, y por ende no pueden acceder a la educación ni a los programas sociales implementados en esta administración.
Nota
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSoci odemo/identidad2019.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado de convocar a elecciones, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la unión exhorta al presidente de la República a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado de convocar a elecciones en ese país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 10 de enero, el ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro consumó la usurpación del Poder Ejecutivo de ese país al rendir protesta como presidente de la República, muy a pesar de que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018, del que se proclamó ganador, no cumplió con las mínimas condiciones de participación, equidad y transparencia que corresponde en un régimen democrático.
Como consecuencia, y con arreglo estricto a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de ese país, el presidente de la Asamblea venezolana, Juan Guaidó, rindió protesta como “presidente encargado” a fin de subsanar la ausencia de un presidente de la República democráticamente electo y conducir un proceso político que devuelva a ese país a la situación de normalidad democrática, respeto al estado de derecho y constitucionalidad del que se apartó.
La vasta mayoría de las democracias del mundo, y señaladamente de nuestra región latinoamericana, actuaron en consecuencia y decidieron reconocer a Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano bajo los supuestos constitucionales de ausencia de un presidente electo y convocatoria a elecciones generales.
Prácticamente todos los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, México y Uruguay, se manifestaron a favor de esta postura. A ella, se han venido uniendo otras tanto del hemisferio como Estados Unidos y Canadá, como de otras latitudes como Australia, Israel, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca.
La Unión Europea, como bloque, incluso llegó a la determinación de anunciar que adoptará acciones relacionadas con el reconocimiento a Guaidó si no se convocan a elecciones en Venezuela en los próximos días.
En convergencia con estos acontecimientos, las calles de las principales ciudades venezolanas han sido el escenario de manifestaciones masivas a favor de Guaidó algunas de las cuales fueron fuertemente reprimidas por fuerzas policiacas. Conviene tener presente que entre integrantes de las fuerzas armadas venezolanas comienza a verificarse una división interna relevante estimulada por el anuncio de una amnistía a la que podrían acogerse sus miembros.
En este contexto, ha ocurrido uno de los retrocesos más relevantes de nuestra política exterior en los últimos años. Sin importar la gravedad de la crisis venezolana y su dimensión humanitaria. Sin menoscabo de una historia reciente de activismo mexicano a favor de la protección de los derechos humanos a nivel internacional y sin tomar en cuenta la necesidad de ejercer un liderazgo responsable en la región, el gobierno mexicano decidió escudarse una vez más en una supuesta aplicación rigurosa de los principios constitucionales del artículo 89, fracción X, especialmente los de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada –sobre el no reconocimiento de gobiernos– y una oferta abstracta e imprecisa de mediación que en principio diseñó con Uruguay para no hacer ningún planteamiento crítico sobre la situación venezolana, no pronunciarse más que en contra de participar en lo que llamó el “desconocimiento de un gobierno con el que mantenemos relaciones diplomáticas” y hacer un llamado al diálogo. Sin importar tampoco la puesta en marcha de un mecanismo transicional previsto en la Constitución de Venezuela, ni ocuparse de las implicaciones de un planteamiento falsamente equidistante del problema, México una vez más efectuó un pronunciamiento que no puede interpretarse de otra manera sino como un respaldo tácito al gobierno usurpador de Nicolás Maduro.
En lugar de respaldar las legítimas aspiraciones de la mayoría de la población venezolana y tomar con determinación la causa que corresponde a un gobierno emanado de un amplio proceso democrático en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador repite una y otra vez que es necesario no involucrarse en los problemas de los venezolanos a fin de que nadie se involucre en los problemas de los mexicanos.
Más allá de exhibir una supina ignorancia sobre los últimos desarrollos del derecho y la realidad internacionales y una buena dosis de cobardía, la posición del gobierno mexicano preocupa no sólo por la que será su comprensible marginación frente a la mayoría de los países latinoamericanos –en contra de su oferta de “acercarse a América Latina” sino por las implicaciones de política exterior y de política interna que tendrá regatearle el apoyo a la única esperanza de apertura democrática en Venezuela.
En consecuencia, y en función del compromiso que nuestro país debe seguir manteniendo con la protección de los derechos humanos en México y en el mundo, en función de nuestra vocación diplomática solidaria con las causas más nobles de la humanidad, la protección del refugio y el asilo y bajo la premisa de las obligaciones que nos corresponden como potencia media con grandes aportaciones en el ámbito humanitario, somos muchos quienes consideramos que el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad para rectificar.
Así como fuimos solidarios con pueblos hermanos oprimidos en el pasado, en España, Chile, Nicaragua o aún el Medio Oriente, nos corresponde actuar en consecuencia. Esto no significa cerrar del todo la posibilidad, aún remota, de favorecer el diálogo y la concertación entre las partes.
En cambio supone plantear que, en convergencia con la posición europea, la celebración de elecciones resulta un asunto central para dar vuelta a la página actual en el conflicto venezolano y que los principios humanitarios y de protección de los derechos esenciales son preeminentes y prioritarios en nuestra acción exterior.
Además, implica entender que la posición del país en el escenario internacional no puede construirse con evasivas y que la responsabilidad tanto del jefe de Estado como del canciller es dar respuestas directas a las preocupaciones más relevantes de la comunidad internacional con posicionamientos integrales alejados del simplismo, la ingenuidad y la indolencia.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la República a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado de encabezar el proceso político para el pleno restablecimiento de la democracia y el estado de derecho y, en consecuencia, de convocar a elecciones generales en ese país.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Relaciones Exteriores a retirar cualquier oferta de mediación o arbitraje de la crisis política venezolana mientras no se incorpore a la posición mexicana un contundente respaldo a las decisiones de la Asamblea Nacional venezolana y un enérgico pronunciamiento a favor de la pronta celebración de elecciones en el país sudamericano.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a diseñar y promover por la banca de desarrollo programas de crédito para los jóvenes, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de las instituciones que integran la banca de desarrollo, diseñe y promueva programas de crédito a los jóvenes de nuestro país, a efecto de impulsar su capacidad creativa y emprendedora para que creen sus propias empresas y negocios o que las amplíen los que ya los tienen.
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 [...] en el mundo existen actualmente, 1800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la historia, sin embargo, 1 de cada 10 vive en zonas de conflicto y 24 millones de ellos no asisten a la escuela. La inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral y el limitado espacio para la participación política y cívica han llevado al aislamiento de los jóvenes de las sociedades.
El Banco Mundial2 señala que [...] 20 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no estudian ni trabajan. Son los Ninis. Son jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Están presentes en toda América Latina.
Además, el fenómeno se ha mantenido, a pesar del fuerte desempeño económico de América Latina durante la última década – con un crecimiento económico vibrante y una reducción significativa en la pobreza y la desigualdad. La proporción de los “ninis” bajó apenas marginalmente, y su número global aumentó.
De acuerdo con este artículo [...] El perfil del nini mexicano y latinoamericano es un varón que tiene entre 19 y 24 años de edad, vive en las ciudades y no terminó el bachillerato. Normalmente el camino que lo lleva a esta condición, sobre todo entre hombres, es la deserción escolar temprana para empezar a trabajar, seguida del desempleo.
“Al abandonar la escuela antes de terminar el bachillerato los jóvenes por lo general carecen de las habilidades necesarias para conseguir un trabajo en el sector formal, por lo que en la mayoría de los casos se conforman con empleos temporales e inestables en el sector informal. Una vez que pierden estos puestos de trabajo, nunca regresan a la escuela”, explica.
En este contexto, en 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.
En nuestro país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,3 considera que: [...] Esta conmemoración brinda la oportunidad de centrar la atención en los problemas que se relacionan con la población joven y su situación en el mercado laboral, las condiciones de su inserción, la calidad que mantienen en sus empleos, así como una descripción del nivel de ocupación, desocupación y subocupación para este grupo de la población.
En virtud de lo anterior el Inegi presenta información acerca de la población joven de 15 a 29 años de edad residente en el país y sus características generales en materia educativa y laboral.
Dicho instituto sostiene que: [...] La relevancia de la población joven dentro del contexto nacional radica no solamente en su importancia numérica, sino principalmente por el desafío que significa para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares.
De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, el monto de la población joven de 15 a 29 años de edad ascendió a 30.6 millones, que representan 25.7% de la población a nivel nacional, de la cual 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres.
En cuanto a su estructura por edad, 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad.
Con relación a las características educativas de la población joven, los datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que 66.8% de los jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la escuela
Esta variable presenta un comportamiento diferenciado según la edad, pues un gran porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela (62.4%), con respecto de los que no asisten (37.3 por ciento).
En contraste, la asistencia escolar en los jóvenes de 20 a 24 representa 25.5% del total y para el grupo de 25 a 29, asisten 7.1 por ciento.
Este comportamiento puede ser explicado como la prioridad de un joven en lograr una meta educativa o la incorporación al mercado laboral, inclusive la combinación de ambas condiciones.
Respecto al empleo, en México, resultados del primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que la tasa de desocupación de la PEA de 15 y más años, es de 3.2% a nivel nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales 60.8% son hombres y 39.2% son mujeres.
De acuerdo con el artículo 3o de la Ley de Instituciones de Crédito, la Banca de Desarrollo forma parte del Sistema Bancario Mexicano.
Por su parte, el artículo 30 establece que: [...] Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley.
En el mismo artículo se señala que [...] “Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que resulten excesivas. Las instituciones de banca de desarrollo podrán realizar funciones de banca social, conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas”.
El artículo 44 Bis 2 de la citada Ley establece que [...] Las instituciones de banca de desarrollo en cumplimiento de su objeto, podrán crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales, incluyendo en las instituciones que corresponda, a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a pequeños productores del campo, prestándoles servicios, ofreciendo productos, asistencia técnica y capacitación.”
Por otra parte, el artículo 44 Bis 4 de este mismo cuerpo normativo indica que [...] “Las instituciones de banca de desarrollo deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la inclusión financiera de niños y jóvenes, adoptando una perspectiva de género en sus productos y servicios.”
Las siguientes instituciones constituyen la Banca de Desarrollo de nuestro país:4
1. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). Trabaja para incrementar el financiamiento para cualquier actividad económica que se realice en poblaciones rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
2. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI).- Promueve el ahorro, la educación financiera, la inclusión financiera, la perspectiva de género, así como instrumentos y servicios financieros entre las personas que tienen acceso limitado a este tipo de productos.
3. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT).- Contribuye al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano.
4. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS).- Institución líder de banca de desarrollo en México que hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social.
5. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC.- Proporciona el servicio de banca y crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y también al público en general.
6. Nacional Financiera, SNC. Contribuye al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y proyectos de inversión, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial que permitan impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.
7. Sociedad Hipotecaria Federal, SNC. Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda (SHF).- Impulsa el desarrollo de los mercados en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda.
8. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.- Apoya y complementa la capacidad económica de los productores rurales y de sus organizaciones económicas, para fomentar el desarrollo y consolidación de empresas rurales y agroindustriales.
9. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.- Otorga crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica a los sectores agropecuario, rural y pesquero de México.
Como se observa en lo anteriormente expuesto, el sector de los jóvenes, es uno de los más vulnerables de nuestra sociedad, lo que ha contribuido a tener grandes estadísticas de jóvenes copados por el crimen organizado o que no estudian ni trabajan. Al inicio de este gobierno se ha anunciado un programa de capacitación para jóvenes en esta situación. Sin embargo, creemos que también se debe de impulsar la capacidad creativa y emprendedora de los jóvenes para que creen sus propias empresas y negocios o que amplíen los que ya los tienen.
En tal virtud, acudo a esta tribuna para presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instituciones que integran la Banca de Desarrollo diseñe y promueva programas de crédito a los jóvenes de nuestro país, a efecto de impulsar su capacidad creativa y emprendedora para que creen sus propias empresas y negocios o que las amplíen los que ya los tienen.
Notas
1 Organización de las Naciones Unidas, ONU; consultado en: http://www.un.org/es/events/youthday/.
2 Banco mundial, consultado en:
http://www.bancomundial.org/es/events/2016/01/07/out-of-school-and-out-of-work
3 Inegi, “Estadísticas a propósito del... Día Internacional de la Juventud (12 de agosto, 2018),” datos nacionales.
4 Consultado el 31 de enero de 2019 en: https://www.gob.mx/haciendaterespalda/articulos/estas-son-las-9-institu ciones-que
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de febrero de 2019.
Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO la inscripción del circo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El objetivo de ésta proposición con punto de acuerdo es exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura para que propongan ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la inscripción del circo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Para la exposición de motivos, dividiré el desarrollo de la argumentación en tres apartados: 1. Antecedentes del Circo, 2. Argumentación y, 3. Justificación legal.
1. Antecedentes del circo
El circo es el espectáculo más antiguo del mundo, algunas artes circenses se practicaban desde hace 3 mil años en China, Grecia, India y Egipto, lugares donde ya había malabaristas, contorsionistas y equilibristas, que en sus orígenes tenían una utilidad altamente relacionada con la preparación de guerreros, con los rituales religiosos y con las prácticas festivas; sin embargo, los historiadores dicen que la idea de circo como tal empezó a desarrollarse en la Edad Media, con los “saltimbanquis”, que andaban de pueblo en pueblo mostrando sus habilidades en los saltos y las acrobacias.
Los romanos dieron el nombre de “circo” a las actividades de entretenimiento o, mejor dicho, a los espectáculos públicos. A partir de ahí empezaron a surgir en toda Europa compañías de artistas que recorrían las ciudades con sus espectáculos,hasta que en 1768 nació en Londres, Inglaterra, el primer circo moderno, sobre un escenario circular al aire libre y rodeado de tribunas de madera, se llamaba “Circus Hippodrome”, y en él se llevaban a cabo carreras de caballos, obras de teatro, actos de acrobacia y equilibrismo.
De lugares distantes y de épocas relacionadas con la alta antigüedad, puede conocerse que el circo ya gozaba de algún prestigio; labor desempeñada por los conocidos volatineros , de cuya disciplina hay registros de origen egipcio, chino y griego. Registros plasmados en frescos y medallas evidencian cuán representativos eran los actos circenses en los pueblos antiguos. Las primeras maniobras ejercidas por los volatineros se relacionaban con saltos de espaldas, animales domesticados y elementales malabares.
La historia del circo moderno tiene su origen en la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el cual se puede afirmar que las actividades regulares y propias de la actividad circense contaron con un lugar que las recogía para brindar un espectáculo.
Fue en 1768, cuando Philip Astley, jinete de origen inglés, rentó en el barrio londinense de Lambeth, un terreno llamado Halfpenny Hatch, lugar en el cual presentó un espectáculo audaz en el que se volteaba sobre un par de bestias, del mismo modo daba muestras de hábiles maniobras con el sable montando caballos. Un par de años más tarde cuando su espectáculo ya gozaba de algún reconocimiento, trasladó su escena a un solar cercano, en el construyó una pista al aire libre con tribunas de madera, momento desde el que se puede afirmar nace el circo estable.
En 1779, once años más tarde del origen del circo estable, la pista, que primero figuró a cielo abierto, se convirtió en un anfiteatro cerrado denominado “Astley’s Royal Amphitheathre”. Su espectáculo que en principio se enfocó en tareas de jinetes, fue sumando atracciones, tales como: danzarines sobre cuerda, los Frezi y, acróbatas de gran habilidad. Poco a poco su espectáculo se convirtió en un referente de recreación dentro de la sociedad londinense y como tal nació la necesidad de dotar su puesta en escena de comedia, fue este el momento justo en el que los payasos entraron a formar parte del circo, como elemento que dotaba el espectáculo de distensión y enlace.
Los primeros artistas cómicos del circo moderno fueron Sanders y Fortinelli, quienes se ganaron un gran reconocimiento con su obra “Grotescos a caballo”, eran payasos y jinetes dentro del espectáculo de Astley. Tiempo más tarde haría la aparición el primer cómico a pie, Burt, reconocido payaso en la escena. Sin duda alguna es preciso considerar a Philip Astley como el padre del circo moderno, y uno de los más grandes precursores de la actividad circense, a quién muchas generaciones le deben ese desborde de diversión encerrados en 13 metros de diámetro, medida inicial de su pista y referente perenne de los amantes del circo.
El circo de Astley se había convertido en un espectáculo que no reconocía fronteras, por esta razón, Philip adquiría un terreno en “Faubourg du Temple” Francia, en 1782 y ahí se erguiría el primer circo parisino, el cual se destacó con un éxito notable. El circo parisino de Astley quedaría a cargo de Antonio Franconi, luego de que su creador retornara a Londres. Franconi, de origen veneciano, es considerado como un pionero del circo, dotando a sus espectáculos del circo pantomima, de gran tradición en Italia.
Por su parte, el circo nómada o circo ambulante tuvo su origen en los Estados Unidos, y son en la actualidad los espectáculos más adoptados dentro del mundo circense. Los primeros circos ambulantes aparecieron en 1826, estos se desplazaban a través de los ríos Ohio, Missouri y Mississippi. De esta época vale la pena destacar el “Floating Place” de Gilbert Spaulding; años más tarde su medio de transporte era el ferrocarril, siendo 1856 el año en el que por primera vez el medio férreo desplazaba un circo nómada. Así, Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un epicentro de espectáculos y entretenimiento; el circo como tal ha sido influido de forma considerable por la cultura norteamericana, tanto así que la historia moderna de la actividad circense se entreteje con la historia del circo americano, y sin lugar a dudas, Phineas Taylor Barnum es uno de sus más grandes pioneros. Phineas fue el padre del circo sensacionalista, sus espectáculos eran sumamente especulativos, alegóricos y exagerados, falaces por naturaleza, en los cuales se exhibían al hombre más fuerte, la mujer más vieja, el más enano, el más barbado, que lejos de descalificarlo en la percepción popular, posicionó y catapultó sus circos como sensacionales y rentables.
Según el diccionario de la lengua española, “el circo era el lugar reservado entre los romanos para algunos espectáculos, especialmente para las carreras de carros y caballos. Tenía comúnmente forma de paralelogramo prolongado, redondeado en uno de sus extremos, con gradas alrededor para los espectadores”.
Como se documenta, existe un gran legado cultural dejado por algunas de las civilizaciones más antiguas, desde el lejano oriente (China, Mongolia, India, etc.), hasta el occidente próximo (Grecia, Roma, Egipto, etc.) que es muestra clave de lo que hoy en día conocemos como circo.
La escuela rusa adjudica al circo ser el arte más antiguo de la humanidad. No podemos entender al circo sin teatro, sin danza y sin música.
Por su parte, la historia del circo mexicano tiene sus raíces en orígenes de nuestra cultura, pues desde mucho antes de la llegada de los españoles, se presentaban actos cómicos y acrobáticos, de los cuales dan testimonio numerosos códices, murales y estatuillas, como “El Acróbata”, encontrada en el entierro 154 de Tlatilco (1200-800 a.C.), en el estado de México y expuesta en el Museo Nacional de Antropología.
El ejemplo más conocido de acrobacia religiosa que aún sigue viva son los Voladores de Papantla, muestra conocida no sólo en México, si no en el extranjero; misma que fue inscrita en el 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Por otro lado, tenemos la maroma, expresión circense que es el resultado de un profundo mestizaje cultural y artístico, era muy popular en la época colonial en México (1521-1810). La maroma es una expresión espectacular, ritual y festiva practicada por colectivos de artistas campesinos indígenas y mestizos en las regiones rurales del sur de México.
El “espectáculo” incluye acróbatas, alambristas, payasos, trapecistas, músicos y se realiza en general en el marco de las fiestas patronales y comunitarias en los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz.
En nuestro país, es en el año de 1808 cuando arribó quien debemos considerar el padre del circo moderno, el inglés Philip Lailson, quien anunció por primera vez el “Real Circo de Equitación.”
Después, apareció en 1831 el Circo Ecuestre de Charles Green de EU, presentando las primeras pantomimas circenses.
El primer circo mexicano nació en 1841; como el “Circo Olímpico” de José Soledad Aycardo, cuyo entusiasmo alegró a nuestro pueblo durante 25 años.
En 1864, el circo italiano “Giuseppe Chiarini”, introdujo novedades artísticas de Europa y Estados Unidos, fue el primero en tener un circo-teatro fijo, alumbrado con gas, e incluyó montajes que causaron revuelo, como el baile del Can Can, así como otros adelantos que lo constituyeron como el favorito de la sociedad.
Tiempo después, en 1881, llegó el “Espectáculo de los Hermanos Orrin”, estadounidenses de fama internacional. Ellos fueron los segundos en construir un circo-teatro fijo y los primeros en usar alumbrado eléctrico, cuya elegancia y buena programación fue reconocida internacionalmente. Iniciaron los actos en barras y las pantomimas, aunque con escenografías de gran lujo. Es en este lugar donde crece la figura del gran “Crown” británico don Ricardo Bell, el payaso más famoso y respetado por la sociedad mexicana de todos los tiempos que montó novedosas pantomimas.
Cabe destacar que el investigador Julio Revolledo relata una anécdota de la época de la Revolución: “Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia, rentó en enero de 1910 las instalaciones del Circo Atayde Hermanos para la realización de su mitin político en el puerto de Mazatlán. Pagó 100 pesos por la renta del local; posteriormente la actitud de don Aurelio Atayde fue calificada por Madero como de gran valor cívico dadas las condiciones políticas de la época.”
Los mayores exponentes del circo en México son los representados por algunas familias que prestan su nombre a los mismos: Suárez, Fuentes Gasca, Atayde y Esqueda, quienes comparten la cultura mexicana en el extranjero con la presentación de su espectáculo.
Ahora bien, en nuestros días, la disciplina circense está en un proceso de transición en el país, posturas políticas y sociales le han quitado peso a una tradición de poco más de un siglo, abriendo paso a una nueva generación de artistas profesionales que explotan lo mejor del circo clásico, lo fusionan con el teatro y la danza, para crear una alternativa para el público conocida como el circo contemporáneo. No se emplean animales, participan acróbatas y artistas profesionales, se trata de una disciplina llevada al límite por amor al arte.
La nueva etapa del circo nace de las carpas, pero se fusiona con el teatro, la danza y la música para tomar forma en el presente, del circo contemporáneo. Es así que, el circo tradicional fundamentó su trabajo con payasos e incluyó en su estructura todas las artes escénicas.
Los inicios del llamado circo contemporáneo están a finales de los años setenta, cuando compañías como el “Big Apple Circus” de Nueva York y el “Circus Oz” australiano comenzaron a experimentar la combinación entre las técnicas tradicionales de malabarismo y acrobacia con la dramaturgia, vestuarios más adaptados al cuerpo humano, y no el empleo de animales como punto central de entretenimiento y arte, pero todo ello con una gran profesionalización que ejercen como una forma de vida elegida.
En suma, tras conocer los orígenes del circo, así como su desarrollo y evolución que ha tenido en diversas partes del mundo, hoy podemos visualizarlo como una manifestación cultural mundial, que con el paso del tiempo es testimonio fiel de la diversidad cultural y la creatividad humana.
2. Argumentación
Al pretender evocar el origen del circo es necesario remontarse al uso del cuerpo y la mente como instrumento de recreación para propios y extraños; de manera que puede inferirse que la historia del circo es tan antigua como la historia de la humanidad misma, ya que en todas las épocas han existido juglares y exhibidores dispuestos a recrear al público y a desafiar los límites de cuerpo y mente.
El circo en México, al igual que en el extranjero, es una tradición viviente que ha sido heredada generacionalmente a través de la difusión de prácticas, valores y memorias que, por su enfoque y desarrollo familiar, contribuye a generar cohesión social; incentiva las tradiciones culturales e incluso integra expresiones, rituales indígenas y autóctonas.
El circo tiene un público familiar, de todas las edades y es un espectáculo democrático porque pueden participar todos los sectores de la población y está al alcance del bolsillo de las mayorías. Perder estos espacios, sería perder el último espacio de diversión que queda a los sectores menos favorecidos de nuestra población, o por lo menos, a los de más bajos recursos, pero también es prohibir un espacio donde la familia se integra y se divierte de manera sana y colectiva; el circo va de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad.
Por lo anterior, es que presento este punto de acuerdo, teniendo como principal finalidad que la humanidad reconozca las tradiciones, expresiones, artes, usos, técnicas y rituales ancestrales que encierra la cultura circense y a sus integrantes.
El logro de un espectáculo circense es fruto de la honorable labor de muchas personas que históricamente se han preocupado por llevar a la población del mundo, todos los beneficios arriba mencionados. Además, es preciso que se muestre el sentido universal en el que se desarrolla ya que, debido a su carácter itinerante, sus tradiciones culturales se vislumbran hasta en la más recóndita población del mundo.
Los artistas del circo contribuyen en el desarrollo económico, cultural y social de las comunidades; promueven la identidad de los pueblos y la construcción de una nueva ciudadanía, generan principios axiológicos tales como la tolerancia y el respeto a las diferencias culturales, además de llevar por todo el mundo el arte de las naciones.
En conclusión y haciendo uso de una retórica poética, diré que: el circo es sinónimo de contemplación de una obra de arte producto de la genialidad y creatividad humana, que es la manifestación de varias expresiones artísticas del devenir histórico y que es el testimonio de una tradición cultural en las diversas etapas de la historia de la humanidad.
3. Justificación Legal
Fue en el año 2003 a partir de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuando se señaló que se entiende por “patrimonio inmaterial”: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Para los efectos de dicha Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
El “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y e) técnicas artesanales tradicionales.1
Dicha Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue ratificada por el gobierno mexicano en el año del 2005, lo que nos permite como país suscriptor proponer bienes en su territorio para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual tiene como finalidad dar a conocer de mejor forma el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural.
Existen dos tipos de listas de patrimonio cultural inmaterial, la primera contempla aquellos que requieren medidas urgentes de salvaguardia, en tanto que la segunda engloba la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la cual busca que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural.
Nuestro país cuenta con ocho expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: La charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional de México; el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta; la tradición gastronómica de Michoacán, (cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva); la pirekua, canto tradicional de los purépechas; los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; la ceremonia ritual de los Voladores; lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán; la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado y; las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Ello nos coloca en el primer lugar en América en bienes inscritos como patrimonio y el séptimo a nivel mundial.2
En síntesis, el circo es arte vivo que se transmite de generación en generación, infundiendo sentimiento de identidad y continuidad que día a día contribuye a promover la diversidad cultural y la creatividad humana, por lo tanto cumple con los criterios para ser incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, toda vez que es testimonio de un intercambio de valores reconocidos en varias áreas culturales en el mundo y de avalarse su inscripción contribuirá a darlo a conocer como patrimonio cultural inmaterial y con ello se lograría se tome conciencia de su importancia como muestra de cultura a escala mundial que da testimonio de la creatividad humana.
Lo que se pretende con la inscripción que se propone es potencializar la creatividad e innovación artística en las artes circenses, así como favorecer y consolidar la producción, distribución y exhibición nacional e internacional de los espectáculos circenses, pero sobre todo impulsar la protección, preservación y difusión del patrimonio circense. Asimismo se busca garantizar una mayor notoriedad del patrimonio cultural inmaterial en general, y más concretamente de los elementos propuestos como representativos de éste, y lograr que se tome mayor conciencia de su importancia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura a que realicen el procedimiento correspondiente, a efecto de que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción del circo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Notas
1 Artículo 2.1 de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
2 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-herit age/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de febrero de 2019.
Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a explicar a la opinión pública los motivos de la cancelación de la subasta de largo plazo 2018, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, María Marcela Torres Peimbert, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, 158, fracción VIII, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para que explique a la opinión pública los motivos de la cancelación de la Subasta de Largo Plazo 2018, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Gobernar un país del tamaño y la pluralidad de México no es tarea fácil, la cantidad de variables que se deben de considerar al tomar una decisión de cualquier orden, hacen que esta tarea sea sumamente compleja. Toda decisión gubernamental debe tener un alto nivel de análisis técnico-jurídico, así como de las implicaciones políticas y económicas que tendrá a corto, mediano y largo plazo.
En poco más de 70 días el actual gobierno ha tomado una serie de decisiones enfocadas en mantener la popularidad del presidente, pero que, al carecer de un verdadero análisis técnico, jurídico, político y económico, han tenido implicaciones indeseables. Como ejemplos tenemos: la venta del avión presidencial que, si bien es cierto, tuvo un alto grado de aprobación, nos generó pérdidas económicas, de igual manera la cancelación del NAIM, impactará negativamente la calificación soberana de México, implicará una importante pérdida económica, además puede ahuyentar las inversiones en nuestro país.
Otro nuevo caso de una decisión al vapor se gestó hace poco al interior de la Secretaría de Energía: la cancelación de la Subasta de Largo Plazo 2018, mejor conocida como subasta de energía limpia.
Según datos del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE), derivado de nuestra situación geográfica el mayor potencial para la generación de energía eléctrica en nuestro país está en la energía solar y eólica.
De acuerdo con la International Renewable Energy Agency (IRENA) tan solo el 25 por ciento de la energía consumida en México en 2015 provino de una fuente renovable, aunque suena como una cifra importante esto tan solo representa el 0.9 por ciento de la capacidad instalada de energía renovable en el mundo.
De seguir esta tendencia se espera que para 2021, el treinta por ciento de la energía que se produce en nuestro país sea limpia, aumentando un 35 por ciento en 2024, hasta llegar a un 50 por ciento para 2050.
Esta tendencia de consumir energías limpias se vio impulsada gracias a la reforma energética y el plan estratégico de la Secretaría de Energía, entre los cuales destacan proyectos de adquisición de energías limpias a través de licitaciones y subastas eléctricas, las cuales tienen dos objetivos fundamentales:
a) Triplicar la generación de electricidad a través de fuentes ecológicas;
b) Bajar los costos de la generación de energías limpias; y
c) Acelerar la transición energética a energías renovables.
En octubre de 2018 la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) e Iniciativa Climática de México publicaron su reporte “Energías Limpias en México 2018-2032” a través del cual informaron que era necesario aumentar por lo menos en 16 por ciento la generación de energía solar, así como 6 por ciento de energía eólica, esto para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país a través de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 y el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático.
Este aumento, señalan las organizaciones expertas en la materia, significa no solo un impacto ambiental positivo, sino también una gran oportunidad económica para la atracción de inversiones y generación de empleos. Se proyecta que el impacto en términos económicos sería hasta de 29 mil millones de dólares al PIB en 15 años y se generarían hasta doscientos mil nuevos empleos y con ello la consolidación de un mercado eléctrico renovable en nuestro país.
Entre los beneficios ambientales de aumentar la generación de energías limpias encontramos:
a) Reducir 54 millones de toneladas de dióxido de carbono; y
b) Alcanzar el 86 por ciento del compromiso que tiene México de aportar al sector eléctrico de conformidad con el Acuerdo de París.
El estudio de referencia señala que a efecto de lograr las metas de generación de energías limpias e incentivar la transición energética, resulta imperante que se realice una alianza entre el gobierno y el sector privado, así como la creación e implementación de políticas públicas encaminadas a:
a) Apoyar la industria eléctrica en el desarrollo de proyectos de energía limpia;
b) Ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución;
c) Fomentar los mercados de energía solar distribuida, certificados de energía limpia y vehículos eléctricos.
El Consejo Coordinador Empresarial, ha señalado que se espera que las energías limpias atraigan inversiones hasta por 60 mil millones de dólares para 2032, lo cual significa dos terceras partes de la l inversión total en generación en generación de electricidad.
El ente empresarial señaló con gran énfasis el “...gran potencial de crecimiento en energías renovables” que tiene México y como “debe aprovecharlo para alcanzar un desarrollo sostenible, con beneficios ambientales y económicos para toda la población”
No obstante lo anterior, el pasado 31 de enero del presente año, el Centro Nacional de Control de Energía informó a los Compradores Potenciales, Licitantes e interesados en el proceso, la cancelación de la Subasta de Largo Plazo 2018, señalando que dicha cancelación se realizó “conforme a la normatividad vigente”.
Dicho comunicado señala que “La SLP-1/2018 se encontraba suspendida desde el pasado 3 de diciembre de 2018 en tanto se revisaban sus objetivos y alcances por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la Sener y el Cenace.”
Dicho comunicado señala también de manera muy escueta y con ausencia de fundamentación y motivación que:
“De acuerdo con la Sener, que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Industria Eléctrica es la dependencia que entre sus atribuciones establece, conduce y coordina la política energética del país en materia de energía eléctrica, la necesidad de proceder a la cancelación de la SLP-1/2018 se realiza en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y planeación energética.
En caso de que los Compradores Potenciales, Licitantes e interesados no estén conformes con el acuerdo emitido por el Cenace podrán solicitarle la reconsideración prevista en el Capítulo 10, denominado “Solución de controversias” apartado 10.1 denominado “Disposiciones generales”, numeral 10.1.1. y apartado 10.2., denominado “De la reconsideración”, de las Bases de Licitación de la SLP-1/2018.”
A juicio de la proponente la cancelación implica una serie de impactos negativos en el medio ambiente, así como en el cumplimiento de las obligaciones a las que se constriñó nuestro país en los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 y el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático.
Respecto a dicha cancelación el Consejo Coordinador Empresarial hizo “(...) un enérgico llamado al Gobierno a continuar con las Subastas de energía limpia, que han generado beneficios ambientales, sociales y económicos para MÉXICO. Mantener el impulso a las energías limpias, permitirá contar con fuentes de energía de bajo costo y alto beneficio ambiental y con ellos reducir la dependencia de combustibles importados.”
Por otra parte, señaló:
“El mecanismo de subastas permite generar electricidad barata y limpia de fuentes renovables; de esta manera, empresas del sector privado contribuyen con proyectos que fortalecen al Sistema Eléctrico Nacional en el área de generación, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede utilizar sus recursos en invertir en la infraestructura de transmisión y distribución, activos estratégicos para la nación.
Las subastas permiten a la CFE y a otros participantes comprar electricidad a precios muy bajos; de hecho, se han obtenido los precios más bajos a nivel mundial en las primeras subastas y el esquema ha sido reconocido internacionalmente por su éxito y transparencia. En la última subasta el precio al que CFE adquirió electricidad fue 50 por ciento más bajo que su costo actual de generación, beneficiando así al público consumidor y a los hogares mexicanos.
Estas subastas de energía limpia contribuyen de manera significativa a disminuir las emisiones emitidas por el sector eléctrico, con los consecuentes beneficios a la salud de la población. Adicionalmente, permiten a México avanzar en las metas internacionales adquiridas de generación limpia –de 35 por ciento al 2024– y de mitigación de emisiones –en 22 por ciento al 2030.
Para el periodo 2015–2018 las subastas han traído 8,600 millones de dólares de inversión a México. El 65 por ciento de la capacidad comprometida en la primera subasta ya está en operación y de la segunda subasta el 18 por ciento, y actualmente se encuentran en construcción 65 plantas de generación limpia en 18 estados, las cuales están empleando a más de 30 mil mexicanos de forma directa.
Mantener el esquema de subastas permitirá que las inversiones en los próximos 15 años en energías renovables generen más de 200 mil empleos directos e indirectos, e inversiones por 57.8 miles de millones de dólares. De esta manera, se contribuiría al incremento del PIB en 29 mil millones de dólares, y aumentaría la capacidad instalada de generación renovable en un 235 por ciento, respecto a la capacidad instalada en 2015.
En diciembre 2018, el Cenace suspendió esta subasta a fin de revisar sus objetivos y alcances. Esto ha generado preocupación e incertidumbre en los inversionistas del sector, ya que a la fecha ni el Cenace ni la Secretaría de Energía se han pronunciado sobre su continuidad.
Cancelar esta subasta implicará que se inhiban las futuras inversiones del sector privado en energías renovables, las cuales permitirán cubrir la demanda futura de electricidad de todos los mexicanos.
Las empresas del sector energético en el país reiteramos nuestro compromiso con la nación y nuestra disposición a colaborar con el gobierno, para que los mexicanos tengan la energía que necesitan, a precios accesibles y de manera sostenida, gracias a la modernización y a los avances tecnológicos que reducen el costo de generación respecto a otros combustibles altamente contaminantes.”
En 2016 tras la ratificación del Acuerdo de Paris, por parte del Senado de la Republica la Representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dolores Barrientos Alemán, reconoció no solo el liderazgo de México en el combate al cambio climático, sino que también señaló:
“Su gran reto será movilizar mayores recursos públicos e incentivar mayores inversiones privadas hacia la promoción de las energías renovables (...)”
Por otra parte, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU, México entre ellos, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de terminar con la pobreza, combatir la desigualdad, la injusticia, y enfrentarse al cambio climático.
El punto 7 de los antes referidos objetivos, señala las siguientes metas:
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y modernos.
7.2 Para 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
Lo anterior con el fin de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos:
• Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
• Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
• Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
• Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
• Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
A juicio de la proponente, parece muy grave que el nuevo gobierno intente, de manera caprichosa e injustificada, cancelar el avance de México en el cumplimiento a compromisos internacionales que conlleven a garantizar el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar como lo establece también el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo considerando que hace tan solo algunas semanas el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para crear el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde supuestamente dicho consejo coordinaría las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030.
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para que explique a la opinión pública de forma detallada los motivos técnicos, legales y ambientales de la cancelación de la Subasta de Largo Plazo 2018, así como las implicaciones que dicha decisión tendrá para nuestro país tanto en materia económica, como en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 14 días del mes de febrero de 2019.
Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a implantar un programa de apoyo permanente para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos y laborales de los compatriotas durante su estancia en Canadá, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Canadá es un socio esencial para México, no sólo por el intercambio comercial que ha pasado de los 28 mil millones de dólares en la década de los años 90 hasta los 114 mil millones de dólares en el periodo 2013-2018 –por cierto– la etapa con el registro más alto de exportaciones1 mexicanas a ese país, principalmente, en televisores, automóviles, camiones, tractores y partes para la industria aeronáutica. Las tasas de crecimiento de exportaciones anuales registradas en los últimos dieciocho años rebasaron el 10 por ciento.
Otro dato interesante es el rol de la industria agrícola entre ambas naciones, tan sólo en 2017 se reportaron ingresos por 2 mil 50 millones de dólares estadunidenses en exportaciones al país conocido como el Verdadero Norte (The True North ) y para no variar, los aguacates mexicanos están en la lista principal, nueve de cada diez son mexicanos; es explicable que Canadá haya sido el país invitado de honor en 2017 durante la Feria Comercial México Alimentaria Food Show .
Esta relación política y amistosa con más de setenta años ha logrado que se fortalezcan los programas de colaboración e intercambio cultural entre México y Canadá, en 2017 más de 20 mil estudiantes mexicanos realizaron sus estudios en esa nación, de acuerdo a Class Education .
Sin embargo, hay otras realidades menos positivas.
De acuerdo al reportaje “Mexicanos trabajadores en Canadá se dicen víctimas de abusos en el campo ”2 –publicado por CBS News– cada año se van por ocho meses a trabajar al campo miles de mexicanos, expuestos a pesticidas que les producen quemaduras, irritaciones en la piel y dolores de cabeza. Destaca el texto...
“...Leamington, Canadá es hogar temporal de muchos mexicanos por eso se abrieron oficinas consulares de México ahí y según registra cada año más de 3 mil 800 trabajadores temporales.
Desafortunadamente, muchos mexicanos no encuentran los apoyos necesarios en las oficinas consulares, es el caso de Alberto Bernal Acero, quien durante su estancia tuvo que ser operado por tener piedras en el riñón y se le recomendó una semana de reposo, sin embargo, sus patrones sólo aceptaron tres días –lo cual declinó– razón por la cual le compraron su boleto de regreso a México; mientras que las oficinas de la cancillería se limitaron a decirle que era derecho de sus patrones porque el contrato así lo establecía.
Los casos más graves de abusos contra trabajadores mexicanos del campo, son reportados al Ministerio del Trabajo de Canadá que, en una situación extrema, retira el derecho del patrón de la granja o del campo a contratar trabajadores extranjeros.
La Oficina de Desarrollo Social y Empleos de Canadá, responsable de los permisos temporales de trabajo, ha dicho que se toma muy en serio la salud y seguridad de los trabajadores extranjeros, pues gozan de los mismos derechos y protecciones que los canadienses.
Datos de la Asociación de Productores de Vegetales y Frutas de Ontario, Canadá, revelan ingresos anuales por 4.2 billones de dólares canadienses y acepta que contrata cada año a cerca de 30 mil trabajadores extranjeros para sus campos.”
Esta es la voz de un mexicano que denunció el nulo apoyo que recibió por parte de las autoridades mexicanas en aquel país para hacer valer sus derechos. Aunque podrían organizarse para crear una asociación civil que vele por sus derechos, es obvio que no cuentan con el tiempo para ello, la única salida es el efectivo apoyo de México.
Es loable reconocer que no todo son granjas canadienses, en 2017 la provincia de Quebec3 , invitó a mexicanos con oficio o estudios relacionados en: salud, nutrición, farmacéutica, tecnologías médicas, productos para el bienestar, entre otros. Los requisitos eran contar con pasaporte vigente, fotografía, hablar francés o inglés, mostrar invitación de la empresa contratante y pagar las tarifas requeridas para visa y tipo de estancia.
La historia de éxito no ha sido igual para los connacionales que viajan a Canadá en busca de un trabajo con ingresos dignos para sostener a sus familias, el pasado 11 de febrero se publicó en diversos noticieros el rescate de 43 mexicanos que vivían en condiciones de esclavitud, según informó la policía de Ontario, Canadá.
Esta investigación4 canadiense llevaba más de doce meses, hasta que lograron la autorización de un juez para realizar cateos y encontraron esta lacerante realidad de personas obligadas a trabajar en áreas de limpieza a las cuales sólo les quedaban –a veces– 50 dólares al mes. La oficial de policía Kimberly Greenwood5 se dijo satisfecha por ser la primera vez que logran hacer frente en su localidad a una organización de tráfico de personas con fines de explotación laboral de este tamaño, aseguró, que continuarán con la investigación hasta dar con los traficantes y las ganancias de cada dólar derivado de este delito.
Desafortunadamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores dilató más de 24 horas para emitir un comunicado6 que se limita a señalar la ubicación y datos de las oficinas consulares en Canadá junto con los teléfonos y horarios de atención.
Destaca el documento de prensa que las 43 personas afectadas ya cuentan con un permiso de trabajo temporal, un traductor designado y atención médica, sin embargo, no brinda datos la estrategia que llevará a cabo la cancillería para evitar que más mexicanos sean víctimas de estos delitos y abusos en aquella nación.
Lo que se advierte es una atención inoportuna, tardía, pues todas esas víctimas de trata laboral recibieron atenciones primero por autoridades extranjeras, lo establecido en los artículos 1 Bis y 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de oficinas consulares, para proteger los intereses de México y de los mexicanos en su circunscripción, se aplicó de manera inoportuna y tardía como evidencia la realidad.
Destaca la ley7 en cita que el Servicio Exterior debe poner énfasis en proteger la dignidad y derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer acciones encaminadas a satisfacer sus reclamos; en este sentido no se aprecia una estrategia integral de apoyo para crear asociaciones que protejan sus derechos laborales en ese país.
El área de comunicados del portal electrónico de la cancillería ofreció apenas un comunicado de respuesta morosa, pareciera que los trabajadores en el exterior son mexicanos de segunda que no merecen la misma atención y el apoyo que se da a los venezolanos. La pregunta es ¿Dónde estaba el canciller? ¿Los subsecretarios qué hacen? Parece que el turismo diplomático” está a toda marcha en Relaciones Exteriores, unas veces en Yogyakarta8 , Indonesia; otras en Dubai9 , Emiratos Árabes Unidos; otras de alfiles de la paz en Uruguay10 , Montevideo; y así una larga lista, pero nada de apoyo en Canadá.
¿Dónde quedó la nueva política exterior que apenas el 11 de enero de este año se alardeó durante la trigésima Reunión de Embajadores y Cónsules? Según se lee en el comunicado 008 de la Secretaría de Relaciones Exteriores...
“...el canciller, Marcelo Ebrard, los subsecretarios, embajadores y cónsules, trabajaron en la elaboración de la nueva política exterior cuyos contenidos esenciales defenderán eficazmente los derechos de México, sus intereses y sus aspiraciones en el mundo. Además, delinearon una política exterior con una profunda y muy vasta dimensión cultural, y acordaron hacerse cargo de una promoción y una presencia más insistente e incisiva para defender a las y los mexicanos donde se encuentren , especialmente en el norte de América...”11
El discurso se quedó en eso, sin acciones contundentes, así lo evidencia el caso de los mexicanos esclavizados en Canadá ¿Por qué la respuesta frágil y tardía?
En tal virtud y por la importancia de apoyar en su máxima eficacia a los connacionales en el exterior, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para implementar un programa de apoyo permanente que no se limite sólo a brindar información de la ubicación de las oficinas consulares a los trabajadores mexicanos en Canadá, sino diseñado para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y laborales de los compatriotas durante sus estancia en aquel país.
Notas
1 El Economista . Comercio de México con Canadá. Ana Karen García, publicado el 04-09-2018. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-de-Mexico-con-Canada- 20180904-0047.html
2 Disponible en: https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/mexican-workers-victims-abuse-ca nadian-farms-1.4820458
3 El Universal . Canada is looking for mexican workers: can take their families. Publicado el 26-07-2017.
Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/english/2017/07/26/canada-lookin g-mexicans-workers
4 El Economista . Policía de Canadá rescata 43 mexicanos en situación de esclavitud en Ontario, Canadá. 11-02-2019. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Policia-de-Canada-rescata-a-43-mexicanos-en-situacion-de-esclavitud-en-Ontario-20190211-0053.html
5 Toronto Sun. 43 modern slaves forced to clean Ontario resorts freed. Canadian press. 12-02-2019.
Consultado en: https://torontosun.com/news/provincial/43-modern-day-slaves-forced-to-c lean-ontario-resorts-freed
6 SRE. Comunicado 022. Consultado el 12-02-2019 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/situacion-de-las-43-victimas-de-trata-de-personas-liberadas-en-canada
7 Consultada en:
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Ley%20del%20Servicio%20Exterior%20Mexicano.pdf
8 SRE. Comunicado 019. Consultado el 11-02-2019 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-asume-la-coordinacion-de-mikta-en-2019?idiom=es
9 SRE. Comunicado 021. Consultado el 11-02-2019 en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-presente-en-la-cumbre-mundial-de-g obierno-en-dubai?idiom=es
10 SRE. Comunicado 018. Consultado el 11-02-2019 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/
mexico-uruguay-y-paises-de-la-comunidad-del-caribe-presentan-mecanismo-de-montevideo?idiom=es
11 Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-la-xxx-reunion-de-embajadores-y- consules?idiom=es
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a incrementar la seguridad en las inmediaciones de los proyectos HAWC y GTM Alfonso Serrano, en el volcán Sierra Negra, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es una de los principales países exponentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en astronomía nuestro país muestra avances relevantes es esta materia, desde 1942 cuando Luis Enrique Erro fundó el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla y, posteriormente, en 1971, se creó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Su objetivo es preparar investigadores; profesores especializados; expertos y técnicos en astrofísica, óptica y electrónica, procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos relacionados con las citadas disciplinas; orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de las condiciones y resolución de problemas del país; tiene la facultad de impartir cursos y otorgar grados de maestría y doctorado en las diversas disciplinas que en él se desarrollan.1
El INAOE ha obtenido gran reconocimiento en astrofísica, destacando a nivel internacional en todas sus áreas de investigación, mismas que incluyen la óptica, electrónica y ciencias computacionales.
Por ejemplo, de acuerdo con la información que proporciona el Conacyt, el INAOE fue la primera Institución científica fundada fuera de la Ciudad de México y es promotor de uno de los proyectos científicos mexicano-estadounidense más ambiciosos en la historia del país: el “GTM (Gran Telescopio Milimétrico) Alfonso Serrano”.2
También, este centro de estudios trabaja en proyectos importantes como HAWC, acrónimo de High Altitude Water Cherenkov, un observatorio de rayos gamma de grandes dimensiones construido en el volcán Sierra Negra, en las inmediaciones del Gran Telescopio Milimétrico.3
Este Instituto participa en el proyecto Gran Telescopio Canarias, es socio tecnológico de la Secretaría de Marina y sede del Programa Internacional de Astrofísica Avanzada Guillermo Haro del Observatorio Virtual Mexicano; del Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica del Centro de Desarrollo de MEMS (sistemas microelectromecánicos); y del Centro Regional de Enseñanza de la Ciencia y Tecnología Espaciales para América Latina y el Caribe, campus México, entre numerosos proyectos.4
De acuerdo con el artículo de la maestra Dalia Patiño González, quien profundiza sobre la indudable magnitud del “GTM Alfonso Serrano” y su valor sin precedentes en la historia tecnológica en esta materia, que sin duda segura siendo uno de los mejores proyectos en la materia a nivel internacional, al respecto expone;
“El GTM Alfonso Serrano es uno de los instrumentos científicos más avanzados y potentes en su tipo, en un trabajo de cooperación entre el INAOE y a Universidad de Massachusetts Amherst, se conectó durante la segunda semana de abril junto con los otros telescopios milimétricos para lograr conseguir la imagen de la sombra de un agujero u hoyo negro.”5
A manera de mayor entendimiento, el Instituto de Astronomía de la UNAM, explica que el HAWC es un observatorio de rayos gamma de gran apertura que monitorea el cielo y estudia los objetos astrofísicos del universo, así como también el origen de los rayos cósmicos de más alta energía.6
En INAOE, mediante el comunicado 01/2019 del 5 de febrero del presente año, en su sitio web y redes sociales, ha expuesto su preocupación por problemas de seguridad y la reducción de actividades que se citará a continuación:
Comunicado sobre el estado que guardan los observatorios GTM y HAWC
Con relación al estado que guardan los observatorios astronómicos que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) tiene funcionando en las inmediaciones del volcán Pico de Orizaba, deseamos hacer del conocimiento general lo siguiente:
1. El “Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano” y el observatorio de rayos gamma HAWC, ubicados ambos en el Volcán Sierra Negra en el estado de Puebla, han reducido sus actividades.
2. La situación de inseguridad que prevalece en la región es públicamente conocida. Ya hemos reportado oportunamente a las autoridades competentes los problemas de inseguridad que han notificado nuestros trabajadores y esperamos que la problemática se resuelva en el corto plazo.
3. En cuanto las autoridades nos indiquen la estrategia a seguir, se regularizará el trabajo científico en ambos observatorios. Estamos con toda la disposición para colaborar con la autoridad en la estrategia de seguridad que nos indique.7
Para dicha situación, es necesario citar el artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
Artículo 1o. :...
...
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.8
Respecto al tema de seguridad, es completamente importante deslindar responsabilidades que establece el artículo 21o.:
Artículo 21o .: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [...]
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.9
Por lo tanto y con fundamento en los artículos citados, las entidades federativas, así como sus municipios, tienen facultades para garantizar la seguridad y coordinarse entre sí para establecer un ambiente óptimo para que uno de los centros de estudios más importantes a nivel nacional e internacional pueda continuar con sus actividades de investigación científico-astronómicas relevantes para la desarrollo y comprensión del conocimiento.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Puebla, así como a las autoridades municipales aledañas a la ubicación de las instalaciones de los proyectos HAWC y GTM Alfonso Serrano, en el Volcán Sierra Negra, para que implementen y fortalezcan medidas de seguridad a fin de garantizar la seguridad en la zona.
Notas
1 “Historia” INAOE (2012), para más información visite
https://www.inaoep.mx/historia.php?movil=0
2 Susana Paz, “INAOE, un centro de investigación en México con reconocimiento internacional”, Conacyt (2014), disponible en http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/606-inaoe-un-cent ro-de-investigacion-en-mexico-con-reconocimiento-internacional
3 “HAWX” INAOE (2013), disponible en
http://astro.inaoep.mx/observatorios/hawc.php
4 Susana Paz, “INAOE, un centro de investigación en México con reconocimiento internacional”, Conacyt (2014), disponible en
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/
606-inaoe-un-centro-de-investigacion-en-mexico-con-reconocimiento-internacional
5 Dalia Patiño González, “El radiotelescopio más grande de la historia”, Conacyt (2017) disponible en
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/1 5071-radiotelescopio-mas-grande-historia
6 “Comienza operaciones el observatorio “HAWC” de rayos gamma en el Volcán Sierra Negra, Puebla”, Instituto de Astronomía UNAM, Boletín número 2013. Disponible en https://www.hawc-observatory.org/news/Press-release-spanish-v12.pdf
7 “Comunicado sobre el estado que guardan los observatorios GTM y HAWC” INAOE (2019) disponible en https://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=645&anio=2019
8 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 1o.
9 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 21o.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir en la zona libre frontera norte la región de los Cinco Manantiales, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera , integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la cámara de diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a incluir a la región de los Cinco Manantiales a la “Zona Libre Frontera Norte” propuesta por el mismo Presidente, a efecto de que los habitantes del lugar se vean beneficiados por las medidas que se están implementando , conforme a las siguientes:
Consideraciones
Actualmente la franja fronteriza Norte comprende el territorio existente entre la entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior.1
Los municipios que se encuentran dentro de ese territorio tienen acceso a diversos beneficios con el propósito de fortalecer y hacer más competitiva esta zona, ya que, por su cercanía con Estados Unidos de América, enfrentan grandes retos. Sin embargo, no solamente los municipios que forman parte de la franja fronteriza se encuentran en esta situación sino que, por su ubicación, toda la región fronteriza tiene retos importantes a los cuales hacer frente.
De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Región Fronteriza Norte de Coahuila está conformada por diez municipios: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza,2 de ellos, únicamente cinco municipios y una parte de un sexto forman la franja fronteriza y tienen acceso a los estímulos fiscales.
La dinámica comercial y social dentro de esta región fronteriza de Coahuila es muy estrecha. El municipio de Nava mantiene una relación cercana con Piedras Negras, dando origen a la Zona Metropolitana, y a su vez, esta zona tiene una fuerte relación con la región denominada Cinco Manantiales, que comprende los municipios de Allende, Zaragoza, Nava, Morelos y Villa Unión.
La región de los Cinco Manantiales se encuentra dentro de una distancia de 53 kilómetros de la frontera, es decir, rebasa los 20 kilómetros de la franja fronteriza, por lo que los municipios que la conforman no obtienen los beneficios referidos. Esta situación provoca que diariamente miles de habitantes se trasladen, principalmente a Piedras Negras, a desempeñar sus actividades cotidianas y así acceder a los beneficios con los que sí cuenta esta zona, provocando una importante dependencia económica de los Cinco Manantiales respecto de Piedras Negras.
En este contexto de desigualdad de oportunidades existente entre la franja fronteriza y los Cinco Manantiales, se han desatado diversos problemas que afectan directamente a los habitantes. Un claro ejemplo de ello es el precio de la gasolina, pues resulta ser mucho más elevado en la región de los Cinco Manantiales, ya que la franja fronteriza obtiene subsidios. Esta situación ha provocado que se desplomen las ventas hasta en un 90 por ciento en las gasolineras ubicadas en esta región, debido a que las personas prefieren trasladarse a la franja fronteriza o a Texas para comprarla a un menor costo, afectando en gran medida la economía regional.3
Además, debido a la cercanía de esta región con Estados Unidos de América, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y del Rio, Texas, se encuentra en gran desventaja, pues los municipios de los Cinco Manantiales están conectados con dichas ciudades a través de la carretera federal 57, siendo muy fácil trasladarse a ellas. Ante esta situación, gran parte de la población prefiere realizar actos de comercio en las referidas ciudades norteamericanas, pues les resulta mucho más económico. Esta situación evidentemente perjudica a la actividad comercial y productiva, pero ya no solamente a escala local, sino nos afecta como país.
La región de los Cinco Manantiales en su momento ya fue considerada parte de la franja fronteriza, esto se debió a que en 1994 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó instalar una garita en el kilómetro 53 de la carretera federal 57, sin embargo, dicha garita fue cerrada en 2014.
Existe otra razón muy importante por la cual consideramos que Cinco Manantiales debe contar con estímulos fiscales: Coahuila es el estado más endeudado de todo el país desde el 2016 de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,4 entonces resulta necesario que esta entidad reciba apoyos que ayuden a su liquidez para afrontar sus compromisos.
Los municipios que conforman Cinco Manantiales se encuentran en total desventaja a escala local al depender económicamente de Piedras Negras, pero también a una escala mayor, frente a las ciudades norteamericanas. Ante esta problemática se han presentado con anterioridad un gran número de peticiones por parte de diputados locales, diputados federales, alcaldes y demás organizaciones para que esta región sea incluida dentro de la franja fronteriza y así recibir los estímulos fiscales que implicaría, sin embargo, no se han tenido respuestas favorables.
Desde el primero de enero de este año se comenzaron a implementar las siguientes medidas para fortalecer la competitividad de la frontera norte a través de una Zona Libre:
-Disminución del IVA del 16 al 8 por ciento
-Disminución del ISR del 34 al 20 por ciento
-Homologación del costo de la gasolina con el de Estados Unidos de América
-Incremento en el salario mínimo del 100 por ciento
Compartimos la idea de que esta propuesta efectivamente ayudará al crecimiento y desarrollo de la frontera norte, la hará más competitiva y, además, ayudará a reducir el fenómeno migratorio. Precisamente en ese sentido hacemos esta petición, queremos que toda la región fronteriza de Coahuila obtenga los beneficios de formar parte de la Zona Libre y así lograr los objetivos planteados por el actual gobierno.
Al incluir a Cinco Manantiales dentro de la Zona Libre se beneficiarían 81 mil 560 personas de manera directa y muchas más de manera indirecta.
5
Incluir a Cinco Manantiales a la Zona Libre significaría progreso, desarrollo y crecimiento económico para Coahuila y para todo el país, al fortalecer esta zona podría ser atractiva para la instalación de nuevas fuentes de empleo que a su vez se traduciría a mejor calidad de vida de los coahuilenses y favorecería a las empresas mexicanas al tener mejores condiciones que le permitan ser realmente competitivos frente a comerciantes estadounidenses.
Fundamos esta petición en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales [...]”
En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la república a incluir a la región de los Cinco Manantiales en la “Zona Libre Frontera Norte” propuesta por el mismo Presidente, a efecto de que los habitantes del lugar se vean beneficiados por las medidas que se están implementando
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda incluir a la región de los Cinco Manantiales en el programa “Zona Libre Frontera Norte”, a efecto de que los habitantes de los municipios que conforman dicha región se vean beneficiados a través de las medidas que se están implementando.
Notas
1 SAT, Franja y Región Fronteriza, SHCP, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Franja_region_fronte riza.aspx
2 Gobierno del estado de Coahuila, Plan directos de desarrollo urbano del municipio de Nava, Coahuila, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en:
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila /regionalizacion.html
3 Super Channel, A la quiebra 10 gasolineras de 5 manantiales, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: http://superchannel12.com/a-la-quiebra-10-gasolineras-de-5-manantiales/
4SHCP, Sistema de Alertas, consultado el 18 de noviembre de 2019, disponible en:
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISC IPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018
5 INEGI, “Principales resultados de la encuesta Intercensal 2015 Coahuila de Zaragoza”, pág. 15, disponible en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2 015/702825079703.pdf, consultado el 21 de octubre de 2018
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a incluir en el PND estrategias y acciones para fortalecer la actividad pesquera y mejorar su aprovechamiento, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Ester Alonzo Morales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, estrategias y acciones que contribuyan a fortalecer la actividad pesquera y mejorar su aprovechamiento, así como fomentar el consumo de pescados y mariscos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pesca es una actividad prioritaria que ha contribuido a la alimentación de la población a nivel mundial, así como para la obtención de cientos de productos que son utilizados diariamente que van desde jabones de baño hasta objetos que son decorativos para los hogares.
De acuerdo con el documento El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción pesquera mundial alcanzó un máximo de aproximadamente 171 millones de toneladas en 2016, de las cuales la acuicultura representó 47 por ciento del total y 53 por ciento si se excluyen los usos no alimentarios (incluida la reducción para la preparación de harina y aceite de pescado).1
En 2017 se puso en marcha la primera versión operativa del Registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro (Registro mundial), una iniciativa conjunta y por etapas que procura facilitar datos certificados de buques provenientes de autoridades estatales.2
La mayoría de las estadísticas oficiales indican que 59.6 millones de personas participaban en el sector primario de la pesca de captura y la acuicultura en 2016: de ellos, 19.3 millones en la acuicultura y 40.3 millones en la pesca.
Asimismo, la proporción de personas que se dedicaban a la pesca de captura disminuyó de 83 por ciento en 1990 a 68 por ciento en 2016, mientras que la de las personas que se dedicaban a la acuicultura aumentó en consecuencia de 17 por ciento al 32 por ciento.
Se estima que 85 por ciento de la población mundial empleada en los sectores de la pesca y la acuicultura se encontraba en Asia, seguida de África (10 por ciento) y América Latina y el Caribe (4 por ciento). Las tendencias del número de personas empleadas en los sectores primarios de la pesca y la acuicultura varían en función de la región.
De igual forma, las mujeres representaron alrededor de 14 por ciento de todas las personas dedicadas directamente al sector primario de la pesca y la acuicultura, en comparación con 15.2 por ciento de media registrado en el período objeto de informes comprendido entre 2009 y 2016.
Cerca de 151 millones de toneladas de la producción pesquera total se utilizaron para consumo humano directo, alrededor de 20 millones se transformó en harina y aceite de pescado, mientras que el resto (5 millones de toneladas) se utilizó en su mayoría como materia prima para la alimentación directa en la acuicultura y la cría de ganado y animales de granjas de peletería, en cultivos, como cebo, en usos farmacéuticos y con fines ornamentales.
En México la situación pesquera ha sido positiva en los últimos 6 años ya que el consumo per cápita de pescados y mariscos aumentó de 8.9 a 13.2 kilogramos, según informes del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca).3
Nuestro país está rodeado de 11 mil 500 kilómetros de litoral, por lo tanto, dentro del territorio contamos con una enorme riqueza acuífera que es capaz de brindar un amplio catálogo de productos pesqueros. No obstante, falta mucho por crecer ya que Japón consume 40 kg y España 30 kilogramos.4
El valor de la producción pesquera en 2017, según Comepesca, llegó a 38 mil millones de pesos, y por volumen las especies más representativas fueron sardina, camarón, mojarra, túnidos (atún, bonito, barrilete). La acuacultura significó 393 mil toneladas.
En pesca, México tiene el escalón 17 del mundo, y en lo que hace a lo acuícola somos el número 24. Nuestra mejor posición por producto la da el pulpo con el tercer sitio, seguido del atún con el cuarto lugar. En camarón y sardina tenemos el séptimo escalón.
El pescado tiene un valor nutritivo sumamente rico, ya que proporciona proteínas de gran calidad y una amplia variedad de vitaminas y minerales, como las vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio, y yodo en el caso del pescado de mar. Sus proteínas son de fácil digestión y complementan favorablemente las proteínas cotidianas aportadas por los cereales y las legumbres que se suelen consumir en muchos países en desarrollo.5
También, es importante destacar que las grasas de algunos pescados proporcionan mejor que ningún otro alimento el tipo de grasa vital para el desarrollo normal del cerebro en los niños por nacer y en los recién nacidos. Sin una cantidad adecuada de esos ácidos grasos, no se da un desarrollo normal del cerebro.
Se estima que el país cuenta con 21 mil 829 empresas pesqueras al tener 38 mil 316 metros de longitud de atraque en los 67 puertos pesqueros de desembarque, por otro lado, son cerca de 74 mil 100 embarcaciones menores para la pesca ribereña por lo que suman más de 272 mil 500 personas las vinculadas en el sector pesquero y acuícola.6
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y la Comisión Nacional de Pesca reportan que en el país se cuenta con nueve mil 230 granjas de producción acuícola, de las cuales cuatro mil 769 son para producción de tilapia y carpa, mil 834 para producción de trucha, mil 447 de camarón y otras mil 180 para diversos productos del mar.
Los mares, ríos y lagunas en el país son tan bastos para seguir impulsando la actividad pesquera y su consumo en la población, por lo que es de suma importancia que el gobierno federal siga destinando recursos y apoyos a este sector fundamentalmente de la economía, del cual depende el empleo, ingresos y alimentación de millones de familias, por lo que sería un grave error dejar que se demeriten los resultados de dicha actividad por la falta de acciones a cargo de la presente administración.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, como lo establece la Ley de Planeación.
En este sentido, es fundamental que dicho documento rector de planeación del desarrollo nacional, incorpore estrategias y acciones que permitan fortalecer la actividad pesquera y mejorar su aprovechamiento, así como promover el consumo de pescados y mariscos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, estrategias y acciones que contribuyan a fortalecer la actividad pesquera y mejorar su aprovechamiento, así como fomentar el consumo de pescados y mariscos.
Notas
1 http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/es/
2 http://www.fao.org/3/ca0191es/ca0191es.pdf
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumenta-consumo-de-pescados-y-mar iscos-en-mexico/1293807#view-1
4 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/
sube-consumo-per-capita-de-pescado-a-12-67-kg-produccion-record-y-comepesca-propuestas-a-candidatos/
5 http://www.fao.org/FOCUS/S/fisheries/nutr.htm
6 https://www.quadratin.com.mx/economia/cuenta-mexico-9-8-especies-peces- comerciales-del-mundo/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a esta soberanía a extender hasta las 19:00 el horario del Cendi Antonia Nava de Catalán, y modificar los artículos 15 y 24 de los lineamientos sobre su operación y funcionamiento, a fin de que los menores estén más tiempo en un lugar seguro, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano , diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorto a esta honorable Cámara de Diputados federal a que se extienda el horario del Cendi hasta las 7 pm, y se modifiquen los artículos 15 y 24 de los lineamientos para la operación y funcionamiento del centro de desarrollo infantil “Antonia Nava de Catalán” para que los hijos menores de los trabajadores estén en un lugar seguro por más tiempo, respetando el interés superior del menor, y su presencia en la institución no genere daños para su persona y/o los compañeros de trabajo , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En la actualidad hay grandes desventajas en el ámbito laboral, repercutiendo éste en el ámbito familiar, existiendo así una cadena causal que no permite coexistir uno sin el otro, debido a que a lo largo del desarrollo de las actividades laborales, tanto los patrones como los trabajadores, viven día con día con complicaciones cotidianas que hacen que las personas disminuyan su eficacia en ambos ámbitos, tal y como enunciaré a continuación:
A. Por motivos de tiempo
Es casi imposible que un padre o madre de familia pueda trabajar con la misma tranquilidad con la que trabaja un compañero que no tiene hijos, toda vez que normalmente. Bajo la premisa de que los trabajadores mexicanos, laboran en promedio 2 mil 236 horas al año, muy por lo lejos del promedio de nuestros vecinos como: Estados Unidos de América, quienes trabajan en promedio mil 783 al año; y, Canadá mil 703 al año, y que las escuelas públicas y privadas a nivel primaria tienen un horario de 8:00-12:30, y de 8:00-16:00 dando como resultado que los niños que van en éstos horarios pasan en promedio 832.5 horas y mil 400 horas al año respectivamente en la escuela, se dilucida que es imposible que un padre o madre trabajador o trabajadora pueda desarrollarse profesionalmente mientras tiene el cuidado de sus hijos. Para robustecer lo anterior, me permito citar lo siguiente:
“Pese a que algunas cifras de la OCDE aseguran que más horas trabajadas no son necesariamente sinónimo de mejores resultados, México es el país en el que las personas dedican más tiempo de su vida a su trabajo, la cifra más alta de las economías que integran la OCDE.”1
B. Desarrollo del menor
Como lo señalé al inicio del presente punto de acuerdo, no se pueden separar ni entender los problemas laborales de los familiares, ni viceversa, debido a que están intrínsecamente conectados. Ahora bien, como lo señalé en el inciso anterior, los tiempos en los que el padre o madre de familia pasan en la jornada laboral, y los tiempos en los que los niños pasan en la escuela, definitivamente no coinciden , motivo por el cual el padre o madre de familia no se pueden desempeñar eficazmente en el ámbito laboral, pero ahora abordaremos el ámbito familiar, debido a que esta ausencia del padre o madre con el menor, resulta perjudicial para éste, en virtud de que no logra proteger de manera adecuada a sus hijos, ni lograr que éstos se desarrollen ampliamente dentro del núcleo familiar, trayendo consigo inseguridades, angustias, malas calificaciones, y hasta depresión para el menor, lo cual, a la postre resultaría perjudicial tanto para la familia, como para la sociedad en general.
Asimismo, no pasa desapercibido que en innumerables ocasiones el padre o la madre trabajadores se ven la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de personas extrañas y estas pueden generar daños irreversibles para los menores, comúnmente, la violencia es entendida exclusivamente como daños físicos o intencionales, sin embargo, existen otro tipo de daños que tienen la misma importancia y repercusiones en la vida de los menores. Por ejemplo, en el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño,2 incluye todas las formas físicas y mentales de violencia, lesiones o abusos, negligencia o tratos negligentes, maltrato, explotación laboral o sexual.
De tal forma que dichos daños pueden causar una afectación el desarrollo psicológico, emocional o cognitivo, lo que los puede llevar a puedan desarrollar conductas antisociales y/o delictivas, llevando a nuestra sociedad a la formación de nuevos delincuentes, y que en el momento de su crecimiento sean violentados de alguna manera.
Dichos daños se ven reflejados por diversas encuestas o por información de instituciones que se encargan de velar por el interés superior del menor, mismas como las que más adelante expondré, las cuales dilucidarán la manera como se ven afectados los menores de edad en la actualidad, tal y como lo podrán observar en la siguiente tabla con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), del año 2018:
Prevalencia delictiva (tasa de víctimas) por cada cien habitantes para la población de 18 años
Actualmente existen varias instituciones preocupadas por la infancia de nuestro país, una de ellas es la United Nations International Children’s Emergency Fund , Unicef, el cual establece que cada 5 minutos muere un niño a consecuencia de un acto de violencia en contra de él, una mujer de cada diez en México ha sido víctima de abuso sexual en algún momento de su vida.3
Sin embargo, si bien los esfuerzos que se han realizado no son los suficientes para salvaguardar la integridad de los menores, el Estado mexicano se han dado a la tarea de crear establecimientos denominados Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), que se distinguen por la creciente incorporación del aspecto educativo, tendiente a fortalecer la intervención pedagógica, dirigida a promover las interacciones entre las niñas, niños y el medio ambiente natural y social, dándoles la oportunidad a los menores de encontrarse en un lugar seguro facultado para brindar seguridad tanto a las personas trabajadoras de que sus hijos se encuentran asistidos por personal capacitado para mantenerlos a salvo los peligros a los que se ven expuestos por su edad de primera infancia, y por otro lado les otorga seguridad a los menores de que se encuentran entre personas capacitadas para brindar apoyo necesario a sus necesidades.
Dichos centros son acordes con los artículos 1o.4 y 4o.5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 286 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y 11 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer:
“Artículo 11.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:
a) a f) ...
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) a b) ...
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
d)...
3)...
Ahora bien, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y con la obligatoriedad de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en éste acto se realiza un control de convencionalidad difuso, el cual se entiende como el mecanismo por el cual el Estado mexicano (o cualquier otro Estado que hubiese firmado un tratado internacional), hará valer o aplicará los tratados internacionales en materia de derechos humanos o cualquier tratado internacional que contenga algún derecho humano; para reforzar lo anterior, me permito citar la siguiente jurisprudencia emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Unión:
“Por otro lado, conforme al artículo 1o. constitucional, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano forman parte de un mismo catálogo que conforma el parámetro de control de regularidad del ordenamiento jurídico mexicano. En consecuencia, los criterios que emita la Corte Interamericana en sus resoluciones, como intérprete último de la Convención Americana en el ámbito internacional, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país.”7
Asimismo, refuerzo el extracto anterior con otro extracto correspondiente a la misma sentencia, es decir, a la Contradicción de Tesis 293/2011, la cual me permito citar:
“Época: Décima Época
Registro: 2006225
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)
Página: 204
Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona.
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”
De lo que se razona que todos los Estados que hayan ratificado dicho tratado tendrán la obligación de implementar las medidas necesarias para que todas las personas, en éste caso en concreto, los padres o madres de familia que trabajen tengan la seguridad de que sus hijos estarán bajo el cuidado de personal capacitado para su cuidado, por lo que a la luz del control de convencionalidad, el Estado mexicano se ve en la obligación de proveer dichas medidas que garanticen la prevalencia del interés superior menor y el libre plan de vida, respecto de los padres que decidan dedicarse a algo diferente que al hogar.
Ahora bien, por lo que hace al marco normativo de nuestro país, los artículos 3, fracción V, 4, párrafo 9, y 123 apartado B, fracción XI, inciso c), de nuestra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción III, inciso d), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado; 51, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados así como diversos programas de educación inicial y preescolar establecidos por la Secretaria de Educación Pública, prevén la regulación expresa respecto al Cendi; sin pasar desapercibido que las atribuciones del Cendi se encuentran previstas en los Lineamientos para la operación y funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, mismos que se encuentran vigentes, y que fueron publicados en el mes de junio de 2017, en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo.8
Por lo que se reconoce que nuestro Estado si bien, no ha alcanzado a instalar Cendi, en todas las dependencias en las que los padres de familia pasan la mayoría de su tiempo en jornadas laborales, en nuestra Cámara de Diputados ya lo hizo, con personal altamente capacitado para brindar la seguridad adecuada a todos los menores que se ven bajo su resguardo, tal como se pudo apreciar el pasado 10 de diciembre del 2018 en su Oficio número DGRS/629/18, expedido por la Secretaría General, Dirección General de Resguardo y Seguridad y la Dirección de Protección Civil, en el que muestra su preocupación por que en las instalaciones se aumentó el número de menores, debido a que hay un riesgo inminente por la interacción que hay entre ellos y la institución por materiales que no son aptos para menores, siendo esto preocupante para el personal que decidió tener hijos y brindarles un lugar seguro para que pasen el tiempo que ellos se ven inmersos en el cumplimento de sus funciones en esta honorable Cámara de Diputados, sirviendo con honor a nuestra nación, debido a que no pueden tener la certeza del lugar en donde estarán sus hijos. Por último, es mi deseo citar las palabras enunciadas por el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, el día 30 de Septiembre del año 1990:
“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana ”.
Por los argumentos antes expuestos, someto a consideración de soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Exhorto a esta honorable Cámara de Diputados federal a que se extienda el horario del Cendi hasta las 7 pm, y se modifiquen los artículos 15 y 24 de los lineamientos para la operación y funcionamiento del centro de desarrollo infantil “Antonia Nava de Catalán” para que los hijos menores de los trabajadores estén en un lugar seguro por más tiempo, respetando el interés superior del menor, y/o su presencia en la institución no genere daños para su persona.
Notas
1 https://www.dineroenimagen.com/horas-trabajo-mexico-alemania-comparativ a-ocde
2 Véase en: Convención Sobre los Derechos del Niño
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
3 Véase en: https://unicef.org.mx/ayuda-en-emergencias/violencia
4 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
...
...
5 ...
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...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
6 Véase en: Convención de Sobre los derechos del niño.
Artículo 28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) a e) ...
2 a 3. ...
7 Contradicción de Tesis: 293/2012, pág. 57, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8 Véase en: https://www.cendi-diputados.com/marco-normativo
Palacio legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2018.
Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener, la CRE, la Fiscalía General de Coahuila y el presidente del TSJ a verificar que se ajusten al marco de la legalidad los proyectos en materia de energía que se llevan a cabo en la entidad, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Fiscalía General del estado de Coahuila de Zaragoza y al presidente del Tribunal Superior de Justicia a que verifiquen que los proyectos en materia de energía que se están llevando a cabo en Coahuila de Zaragoza se desarrollen en el marco de la legalidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
Grupo Enel es una empresa italiana que trabaja en el desarrollo y gestión de actividades de generación de energía renovable a nivel internacional y tiene presencia en México a través de Enel Green Power México. Dicha empresa es encargada de llevar a cabo dos proyectos sumamente importantes en el estado de Coahuila de Zaragoza, se trata del Parque Solar Villanueva y del Parque Eólico Amistad, resultado de ganar las licitaciones correspondientes.
El 22 de marzo de 2018, Enel Green Power México inauguró la planta solar fotovoltaica Villanueva, en Viesca, la más grande del continente americano, sin embargo, no se han liquidado los pagos correspondientes a quienes hicieron posible su construcción. Para poder llevar a cabo esta obra, Enel contrató a la empresa española Prodiel-Novamper, que trabaja en México a través de Prodiel México, SA de CV, dicha empresa a su vez contrató a Codisa Corp Energy para realizar los trabajos necesarios.
Codisa Corp Energy cumplió con los trabajos solicitados, pero hasta la fecha no ha recibido el pago acordado. El director general de Codisa denunció que fue víctima de conductas delictivas e intimidatorias por parte de Prodiel-Novamper, como lo fueron el secuestro y daños de maquinaria que la compañía había rentado para llevar a cabo los trabajos, y que la empresa española ha ofrecido hacer el pago, pero muy por debajo de lo acordado en un inicio1 . Hoy Codisa pide el pago de los trabajos realizados por el monto inicial y la reparación de los daños que esta situación ha provocado.
La empresa Codisa Corp Energy ha formulado diversas denuncias ante la Fiscalía General del estado de Coahuila de Zaragoza por destrucción y retención indebida del equipo, entre otros delitos, pero la Fiscalía ha sido omisa, incluso entorpeció el procedimiento, haciendo necesario que los denunciantes recurrieran al juez de control.
El juez anuló la resolución y ordenó la reposición del procedimiento de investigación ante los hechos consumados por el ex titular agente del Ministerio Público de Matamoros, además de ordenar la apertura de la investigación por actos que podrían constituirse como hechos de delito en agravio de la empresa Codisa.
El proyecto Villanueva cuenta con el respaldo de un contrato que permite la venta de volúmenes de energía por 15 años y Certificados de Energía Limpia por 20 años a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que si bien no opera el proyecto, si debe asegurarse que los contratos que firme se den en el marco de la legalidad.
Por otra parte, en 2017 Enel Green Power México anunció la construcción del Parque Eólico Amistad, en Acuña2 , para llevar a cabo los trabajos necesarios de esta obra, la empresa italiana contrató los servicios de la empresa Met Newen, que a su vez contrató a Cisa Energía para la ejecución de una línea de transmisión de 230 kV entre la subestación de Amistad y la Subestación de los Novillos.
Debido a que la empresa Enel tuvo dificultades para obtener la autorización de impacto ambiental, Cisa Energía inició los trabajos de construcción con 4 meses después de lo programado, provocando daños por los tiempos muertos, ya que se contaba con el personal y equipo emplazados. Por otra parte, se presume que los trabajos de cimentación también iniciaron tardíamente debido a malos entendidos.
Met Newen solicitó la aceleración de trabajos y aceptó el costo extra que implicaba, sin embargo, no cumplió cabalmente con los pagos acordados. Adicional a ello, hubo problemas para realizar la obra como originalmente se planeó, debido a factores ajenos a Cisa, que Met Newen no había hecho de su conocimiento, por este motivo la empresa contratante pidió otra cotización para hacer el cruce necesario tomando en consideración el nuevo escenario.
El 3 de julio de 2017 se celebró una reunión en la que Enel entregó a Cisa, y en presencia de Met Newen, una nueva ruta con la que se tenía que realizar un nuevo diseño, lo que requirió hacer trabajos adicionales de ingeniería, y representó un aumento de material a utilizarse. El 6 de agosto Cisa envió a Met Newen la propuesta inicial del impacto que tuvo el cambio de ruta, a lo que tuvo como respuesta que era necesario hacer una comparación entre el diseño original y el nuevo. Fue así que Cisa envió una revisión final, pero la otra parte ya no respondió.
Durante el 2018, personal de Cisa se ha tenido que trasladar en diversas ocasiones desde Tijuana hasta la Ciudad de México para reunirse con personal de Met Newen, con la finalidad de aclarar los rubros y recibir el pago correspondiente. En estas reuniones se prometía realizar el pago a Cisa, pero nunca se efectuó pago alguno.
Al día de hoy Met Newen ha reconocido adeudar una cantidad menor a la que Cisa Energía declara ser acreedora, además, es importante mencionar que Cisa ha sufrido diversos daños resultado del desprestigio que le ha causado caer en mora antes diversos acreedores, también ha tenido que despedir personal y vender activos para cubrir sus gastos de operación comprometiendo la existencia misma de la empresa.
Otra empresa que están siendo afectadas por el incumplimiento del pago de las obras realizadas en favor de Enel Green Power México son:
• Maquinas Diésel S.A. de C.V. (Madisa CAT Coahuila.)
• Distribuidora de combustibles Laguna, SA de CV. (Suministro de diésel SIMSA Coahuila.)
• Segurindustria, SA de CV. (Equipo de Seguridad Integral Coahuila.)
• Energía y servicios coordinados, SA de CV. (Suministro de Gasolina SIMSA Coahuila.)
• Tiza protección industrial, SA de CV. (Equipo de Seguridad Integral Coahuila.)
• Sitral (Sindicato de Transportistas de Agua Coahuila.)
• CTM (Sindicato de Transportistas de Materiales Coahuila.)
• Rivero linda vista, SA de CV. (Arrendamiento de equipo de construcción Coahuila.)
• Víctor Manuel Gómez Zuleta (Servicios de sanitarios Coahuila.)
• Enrique Alfredo Aguilar Sánchez (Arrendamiento de Campers Coahuila.)
• Transportes Padilla e hijos, SA de CV. (Servicios de fletes de maquinaria pesada Coahuila.)
Preocupado por esta situación, el día 30 de octubre del 2018 año me reuní en las instalaciones de esta Cámara de Diputados con representantes de la empresa Enel Green Power México, en la reunión, dicha empresa se comprometió a tomar cartas en el asunto y realizar los pagos correspondientes a sus acreedores, sin embargo, no se ha cubierto el total de la deuda.
A pesar de las múltiples denuncias realizadas por las empresas mexicanas, el Centro Nacional de Control de Energía ha sido omiso de atender su obligación de restringir o suspender la participación en el mercado eléctrico mayorista de empresas que tiene prácticas indebidas de incumplimiento de sus obligaciones. Es necesario que se tomen cartas en el asunto, ya que se está poniendo en riesgo la operatividad de nuestro sistema energético, entendiendo el principio de responsabilidad de la administración pública que debe responder siempre y en la medida en que se produzca un daño.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a verificar que los contratos firmados para la construcción tanto del Parque Solar Villanueva como del Parque Eólico Amistad se encuentren en orden, y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los participantes respecto de sus contratistas y/o subcontratistas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Fiscal General del estado de Coahuila de Zaragoza y al presidente del Tribunal Superior de Justicia a hacer pública la información no reservada respecto del estado procesal que guardan los expedientes concernientes a la controversia suscitada entre la empresa Codisa Corp Energy y la empresa Prodiel-Novamper, a fin de que se garantice el debido proceso.
Notas
1 La Jornada, Enel Green Power México se lava las manos en conflicto entre contratistas, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en:
https://www.jornada.com.mx/2018/04/08/economia/019n1eco#
2 Vanguardia, Instalará Enel 3 parques eólicos en Coahuila, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en:
https://vanguardia.com.mx/articulo/instalara-enel-3-parq ues-eolicos-en-coahuila
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofece a realizar un estudio en materia de competencia y libre concurrencia sobre los procedimientos de contratación pública de las pipas para distribuir gasolina, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La corrupción representa uno de los problemas que más lacera a la sociedad en todos sus ámbitos y dimensiones, en la medida que impacta negativamente la economía nacional, social y familiar, y atenta contra aquellas políticas orientadas a combatir la pobreza y la desigualdad que padece un sector importante de la población mexicana.
De allí la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia, que constituyen componentes sustanciales en los que se funda un gobierno democrático. A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.
En este contexto, el combate a la corrupción y la transparencia han sido una de las principales banderas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso desde su campaña como candidato a la Presidencia de la República, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad,1 que comprenden medidas de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como eventuales reformas, algunas de las cuales ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión.
Pese a las buenas intenciones de esta administración en la materia, existen evidencias fehacientes de la falta de transparencia, sobre todo, en diferentes procesos de adquisiciones y obras, ya que no sólo se están tomando decisiones transgrediendo la ley, tampoco se aporta información técnica, legal, financiera necesaria para que los ciudadanos cuenten con datos que posibiliten evaluar su gestión. A esto se le llama falta de transparencia y rendición de cuentas.
Para muestra un botón. El compromiso 45 de los 50 del plan anticorrupción señala que “Los contratos de obra de gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Sin embargo, en la realidad se está dando precisamente lo contrario. Basta destacar los casos de la compra de pipas, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y la adjudicación directa de las tarjetas para la dispersión de los programas sociales del gobierno federal.
Estos casos tienen como común denominador que se llevaron a cabo a través de asignación directa, sin dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y sin dar explicación alguna, como lo expone Irene Levy en su artículo Comprar en la 4T , publicado en la revista Nexos el 1 de febrero pasado.2
Un primer aspecto a destacar es que Irene Levy, quien es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y como ciudadana, solicitó a través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiera incorporarse en calidad de observadora de manera inmediata a la comisión para la compra de pipas que él integró con las titulares de las Secretarías de la Función Pública y de Economía, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero, el Presidente negó su petición, argumentando que ya estaba la Comisión de la Función Pública y que, además, tenía la conciencia tranquila. ¿Dónde quedó la intención de transparentar las medidas de política que se están implementando? ¿Qué pasó con el compromiso de la participación ciudadana? Pues, simple y sencillamente, no se están cumpliendo.
Respecto al tema de la compra de pipas, cabe cuestionar ¿Por qué no se licitó y se hizo mediante adjudicación directa? El pasado 24 de enero, la oficial mayor de la SHCP, informó en una conferencia de prensa que se habían adquirido 671 carros tanque, por un monto superior a los 92 millones 189 mil 597 dólares y que su asignación fue por “adjudicación directa” la cual se justificaba por el “problema de abasto de combustible”.3
La adquisición de estas unidades que se asignarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dado bajo una serie de irregularidades como falta de transparencia, transgresiones a nuestro marco jurídico y nulas condiciones de competencia, calidad, financiamiento y oportunidad. Tales pipas se adjudicaron contraviniendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el caso de la construcción de refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la titular de la Secretaría de Energía, señaló que el gobierno mexicano convocará a una licitación restringida para la construcción de la séptima refinería, para evitar la participación de compañías con antecedentes de actos de corrupción.
La funcionaria comentó que el gobierno lanzará la licitación por conducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y reveló que la administración federal ha entrevistado a compañías “especialistas” en la construcción de refinerías. Sin embrago, no precisó los nombres de éstas.
Este año el gobierno federal dispondrá de 50 mil millones de pesos para los primeros pasos en la construcción de la refinería, cuyo costo se estima en 8 mil millones de dólares.4
Al respecto, también existe una normatividad aplicable a Pemex en materia de adquisiciones y contrataciones, se trata de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
Éstas establecen que el concurso abierto será la regla general para las contrataciones y que la invitación restringida, por ser una excepción, debe tener fundamento y motivación concreta en la Ley de Petróleos Mexicanos y, en todo caso, deberse a que el procedimiento de concurso abierto no resulte idóneo para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Pero el procedimiento de la asignación directa no se limita al asunto de las pipas y la refinería, sucedió algo similar con la adjudicación directa de tarjetas para la entrega de recursos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
Con ello se presume un daño potencial a la competencia en el mercado financiero por no abrir la contratación a concurso. Empero, a la fecha, no se ha hecho de la opinión pública la argumentación y documentación jurídica que justifique la excepción del concurso.
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecen que la regla general es la licitación pública, sólo por excepciones establecidas en la misma ley se pueden hacer adjudicaciones directas o invitación a tres personas.
De manera particular, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos señala a la letra que “Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas, o
III. Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.”5
Ahora bien, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia; así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.6
Resulta evidente, pues, que debido a la falta de experiencia y conocimiento de los integrantes del gabinete del gobierno federal, se ha transgredido la ley una y otra vez, lo cual genera incertidumbre, abunda a la opacidad y provoca un clima propicio para el desvío de recursos, el conflicto de interés y la comisión con total impunidad de actos de corrupción, justamente lo que pretende combatir.
Bajo esta óptica, la siguiente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a fin de que se pronuncie y realice un estudio en materia de competencia y libre concurrencia respecto a los procesos de adquisición y compras del gobierno federal de las pipas para la distribución de gasolina, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la adjudicación directa de las tarjetas de bienestar.
A dos meses y medio de iniciado el actual gobierno, las principales medidas de política instrumentadas permiten aseverar que la llamada Cuarta Transformación no es más que un conjunto de ocurrencias articuladas en torno a un discurso de doble moral. Dicen que van a atacar la corrupción, pero llevan a cabo licitaciones al margen de la ley; dicen que van a considerar la participación ciudadana, pero desdeñan los aportes de la sociedad civil, sólo por citar algunos ejemplos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que realice un estudio y/o investigación en materia de competencia y libre concurrencia sobre los procedimientos de contratación pública de las pipas para la distribución de gasolina, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y la adjudicación directa de las tarjetas para la dispersión de los programas sociales del gobierno federal.
Notas
1 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/
2 https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/comprar-en-la-4t/
3 Presidencial de México. (2019). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador 24 de enero de 2019. 24/01/2019, de Gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019
4 https://www.jornada.com.mx/2019/01/30/economia/019n3eco
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
6 https://www.cofece.mx/conocenos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la coordinación gubernamental para reactivar planes estratégicos de desarrollo de energías limpias en los estados, particularmente en BC, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena
La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada por el estado de Baja California, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La producción de energías limpias es imprescindible para lograr desarrollo sostenible, su generación no produce gases de efecto invernadero y las emisiones contaminantes son mínimas. Su desarrollo es necesario para combatir el cambio climático, aprovechar racionalmente los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las personas.
Se obtienen a partir de fuentes naturales, reducen la necesidad de importar combustibles de otras regiones, disminuyen los costos de reserva, generan competitividad económica y sus fuentes son inagotables.
Sin embargo, para su implementación y desarrollo son necesarios los avances tecnológicos, la planificación a corto, mediano y largo plazo y la voluntad y coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.
En los últimos años se implementó una política de desmantelamiento y privatización de las entidades paraestatales, mismas que posteriormente fueron convertidas en empresas productivas de la nación. De manera particular, he de señalar aquellas relacionadas al sector energético; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La inversión y mantenimiento de las mencionadas fue suspendida, se les cambió el régimen jurídico, sufrieron mala administración, saqueos, derroche, nepotismo y corrupción. En gran medida, se brindó preferencia a las empresas extranjeras orillándonos a incrementar la compra de energía eléctrica y a disminuir su producción al interior del país, de igual forma, las importaciones de gasolina han seguido en aumento incluso aunque México sea exportador de crudo.
En este sentido, la administración federal, particularmente el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha tenido que recurrir primero a suspender y posteriormente cancelar de manera definitiva la Cuarta Subasta Eléctrica. En primer lugar, esta subasta permite a los inversionistas privados y a la CFE comprar electricidad mediante contratos de largo plazo. Fue suspendida para hacer una revisión de sus objetivos y alcances por parte de la CFE, la Secretaría de Energía (Sener) y el Cenace, y finalmente, fue cancelada en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y de planeación energética. Su cancelación definitiva se realizó de conformidad con el inciso c) del numeral 5.1.5 del Manual de Subastas de Largo Plazo y a través del Sistema de Administración de Subastas, tal y como lo marcan las Bases de Licitación de este proceso y haciéndose también, del conocimiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que ejecutaría el procedimiento.
Este tipo de licitaciones han sido generalmente asociadas a grandes conflictos de interés entre participantes y funcionarios, por ello, es de celebrarse la firme voluntad del Ejecutivo federal, la Sener y el Cenace en la revisión de los marcos jurídicos de las subastas, ya que en repetidas ocasiones los bienes de la nación han sido utilizados para favorecer intereses extranjeros por encima de la colectividad mexicana, afectando nuestro suelo, aguas, ríos, comunidades, flora, fauna y marcos de protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia reforzar la planeación de los programas de desarrollo para el sector energético no sólo a nivel nacional sino en las entidades federativas, de manera que se contemple la implementación y desarrollo de energías limpias y renovables.
En los últimos años se han instaurado direcciones, agencias o comisiones estatales de energía. La labor de estas entidades es y ha sido preponderante para el desarrollo productivo y energético del país, especialmente respecto a las políticas y programas que para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la utilización de las energías renovables.
En este orden de ideas y de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 suscrita por México en 2015, particularmente de acuerdo a su objetivo número 7, meta 7.2, nos comprometimos a “aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas”. De la misma manera, se destacan los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero en al menos 5 por ciento a alcanzarse entre 2008 y 2012 en comparación a las emisiones de 1990, y una vez finalizada su vigencia (2020) el Acuerdo de París pretende “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático”.
En el mismo sentido, la Ley General de Cambio Climático publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2012, asume en su artículo segundo transitorio la meta de reducir en 30 por ciento las emisiones de gases y compuestos efecto invernadero para 2020, además, establece una disminución de 50 por ciento de las emisiones a 2050 en relación a las emitidas en el año 2000. Finalmente, la misma ley enuncia en su artículo tercero transitorio el objetivo de generar 35 por ciento de energía eléctrica con fuentes limpias para 2024.
En relación al estado de Baja California, una región pionera en el uso de energías alternas, el 25 de julio de 2008 nació la Comisión Estatal de Energía por decreto del gobernador en funciones. La comisión pretendía aprovechar sustentablemente los energéticos de la región, impactar de manera positiva en la vida de los bajacalifornianos e impulsar la competitividad del estado. Particularmente, se fijó el objetivo de aprovechar la ubicación geográfica estratégica de Baja California, las temperaturas extremas y su proximidad con Estados Unidos de América (EUA) para favorecer el desarrollo de las energías limpias y renovables. Persiguiendo este objetivo, se diseñó el documento Perfil energético 2010-2020 , donde analizaron indicadores energéticos para el desarrollo de prospectivas estatales. Sin embargo, con el cambio de administración gubernamental en 2013, la planeación estratégica y el área de oportunidad fue abandonada y desatendida por el gobierno.
En este sentido, se destaca la importancia de que los gobiernos locales, particularmente Baja California, emprendan planes y programas encaminados a diversificar las fuentes de energía, esto de manera que sean aprovechadas sus condiciones climatológicas y geográficas y se reactive la implementación y desarrollo de las energías limpias y renovables. Todo con el objeto de lograr un desarrollo sostenible.
De conformidad con el artículo 32 Bis y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde se establecen los asuntos correspondientes al despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Energía, respectivamente, así como de conformidad con el artículo 49, fracción XXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por el que es facultad y obligación del gobernador: fomentar el turismo, el desarrollo industrial, agrícola, ganadero y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, se desprende la viabilidad de emprender acciones tendientes a reactivar los planes y programas para la implementación y desarrollo de energías limpias en el territorio de Baja California.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . A la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, promuevan la creación e implementación de programas estratégicos de desarrollo en materia de energía limpia en las entidades de la República.
Segundo. Al gobernador del estado de Baja California para que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico; la Secretaría de Protección al Ambiente y la Comisión Estatal de Energía, reactive la planeación de corto, mediano y largo plazo de estrategias orientadas a la implementación y desarrollo de energías limpias. Siempre en un marco que aproveche la ubicación estratégica del estado de manera responsable y con transparencia, sea benéfico para la población y se prioricen los intereses mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incluir el servicio social en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lanzado en esta administración, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se incluya el servicio social en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” lanzado en esta administración.
Consideraciones
En su concepción actual, el servicio social (SS) nace el 6 de marzo de 1934, en el Congreso Nacional de Profesionistas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), licenciado Enrique Gómez Morín, presentó una propuesta para la realización del servicio social en toda la república y fue presentada al presidente Cárdenas, quién la autorizó, dando instrucciones para que el Departamento de Salubridad Pública (DSP), hoy Secretaría de Salud, aportara el presupuesto necesario.
Actualmente, en México el 18.6 por ciento1 de la población son estudiantes universitarios y en su mayoría, son ellos mismos los responsables de solventar sus gastos por dichos estudios, no obstante, la obligación de presentar el servicio social (SS) genera un gasto extra en el núcleo familiar que repercute, en algunos casos, en la deserción por falta de posibilidades económicas, derivados del costo de transporte y gastos de alimentación mismos que, en muchos de los casos, llegan a ser mayores que el salario mínimo diario.
Por su parte, el Servicio Social es un deber ciudadano, pero también puede ser considerado como un nicho de oportunidad, ya que brinda expertise a los estudiantes técnicos y universitarios, sin embargo, los marcos jurídicos no contemplan una remuneración o apoyo económico que pueda coadyuvar con los estudiantes que han logrado alcanzar un nivel de estudios superiores, sino por el contrario, como se señaló con anterioridad genera un gasto que en ocasiones no puede ser erogado por el estudiante o sus familias, debido a la precaria situación económica que vive el país.
Este contexto, en algunas ocasiones genera deserción, simulación de actividades o falta de interés por parte de los estudiantes, así como de los jefes directos, que lejos de considerar que las prácticas profesionales son una plataforma de aprendizaje y de experiencia laboral, lo consideran una pérdida de tiempo y meros trámites burocráticos.
Con mucha frecuencia y por la facilidad que representa para algunos estudiantes el optar por pagar a empresas o instituciones para saltar los trámites burocráticos, simulando su asistencia para cumplir con la obligatoriedad, perdiendo la oportunidad de capacitarlos en el campo laboral y desvirtuando toda razón establecida en la normativa.
Un ejemplo de simulación se presenta en un artículo que se denuncia en el diario Milenio, en el cual se puede apreciar como una institución libera el servicio a estudiantes, sin presentarse:
“Maestros de la universidad ETAC2 denuncian de fraude a la fundación Cultura Comunicarte A.C., por vender cartas de servicio social firmadas por su presidenta, quién falleció en 2016”.3
En días pasados se dio a conocer que el gobierno federal lanzó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”4 el cual busca que 2.3 millones de jóvenes puedan capacitarse en el trabajo. En este sentido, el gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año.
Dentro de sus objetivos podemos encontrar:
1. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor.
2. Dar a jóvenes oportunidad de acceso a estudios universitarios.
3. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales.
4. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, en prevención de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo.
5. Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes.
El programa les brindará la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.
Sin embargo, bajo este esquema no se contempla a los estudiantes técnicos y universitarios que están por terminar sus carreras profesionales y que cumplen o deben cumplir con la obligación de prestar el Servicio Social, también conocidas como “prácticas profesionales” que inician cuando buscan una institución o empresa que les permita desarrollarse en el campo laboral.
Es por lo anterior que, el propósito de este exhorto es “incorporar al esquema del programa Jóvenes Construyendo el Futuro” a todos aquellos estudiantes que, cumplen o deben cumplir con lo establecido por ley que es el Servicio Social y apoyar económicamente a los estudiantes que están en la recta final de sus estudios profesionales o técnicos, mediante un estímulo que les permita solventar los gastos mínimos para su auto sustentabilidad.
Este estimulo permitiría que el estudiante compartiera los conocimientos adquiridos, ganaría experiencia laboral y no se convertiría en una carga económica para el núcleo familiar que pudiera obstaculizar, impedir o desmotivar a los jóvenes para concluir satisfactoriamente su preparación académica, sino por el contrario, lo podrán ver como un nicho de oportunidad, así como una motivación al esfuerzo que han realizado durante su formación académica para alcanzar sus objetivos profesionales.
Con estas acciones, se podría cumplir con el objetivo para el efecto que se diseñó la norma obligatoria del Servicio Social, y para la formación laboral de los estudiantes, que tomen experiencia de las actividades diarias que se realizan en las empresas e instituciones.
En los nuevos tiempos, la educación superior se podría considerar como un privilegio en nuestra sociedad, puesto que la enseñanza brinda las herramientas para enfrentarse de manera más efectiva al futuro. En México, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria solo 21 terminan la universidad, cuatro estudian una maestría y uno llegará a doctorado, de acuerdo con el estudio Panorama de la educación 2017, que elabora anualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los alumnos dejan inconclusa su vida académica por falta de recursos económicos para comprar útiles, pagar pasajes e inscripciones.5
Es por lo anterior, que esta propuesta busca incorporar a estudiantes universitarios y técnicos al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Pretende incrementar las filas de profesionistas en sus distintas ramas, en las empresas e instituciones y que con su preparación compartan los conocimientos obtenidos y adquieran experiencia en su campo laboral, y de este modo, obtengan mejores oportunidades y calidad de vida.
Otro objetivo, es tener mexicanos mejor preparados, con mayor nivel educativo y al mismo tiempo proporcionarles experiencias que les permitan alcanzar mejores condiciones de vida, apoyándolos económicamente y abriéndoles las puertas a las experiencias reales en el mercado laboral, permitiéndoles descubrir sus talentos y aptitudes que dé como resultado, por consiguiente, el mejoramiento del tejido social en nuestra sociedad.
El servicio social es una práctica que está contemplada en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México,6 asimismo, se establece también en la Ley General de Profesiones,7 en los artículos 18, inciso e, Articulo 32 y 59, en los cuales señala que debe presentarse de forma obligatoria para la obtención del título dependiente de la institución en la cual están realizando sus estudios.
Por su parte, el incentivo sugerido sería de acuerdo a las horas laborales cumplidas conforme a lo que la ley establezca, permitiendo al estudiante continuar con sus estudios de acuerdo a sus horarios y así obtener la liberación del Servicio con mayor compromiso en sus prácticas sin dejar sus estudios truncos por la falta de recursos económicos, y muy probablemente abrir una puerta para su futura vida laboral.
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se incluya a los estudiantes universitarios y técnicos que tienen que realizar el servicio social contemplado en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” aplicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/
2 https://www.etac.edu.mx/?utm_source=Internet&utm_medium=Organico
3 http://www.milenio.com/estados/falsifica-firma-lucrar-liberacion-servic io-social
4 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
5 http://www.milenio.com/negocios/solo-21-de-100-alumnos-terminan-la-univ ersidad
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208_190118.pdf
7 http://conapptel.org.mx/texto.php
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2019.
Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Segob a efecto de que sea de carácter nacional la consulta por realizar sobre la activación de la planta termoeléctrica de Yecapixtla, debido a sus implicaciones y efectos económicos, sociales y ambientales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación, para que la consulta que se pretende realizar sobre la activación de la planta termoeléctrica ubicada en el municipio de Yecapixtla del estado de Morelos, debido a sus implicaciones e impactos económicos, sociales y ambientales, sea de carácter nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el “proyecto integral Morelos” contemplaba, entre otros aspectos, al menos la construcción de una central de generación eléctrica de ciclo combinado y la adecuación de un ducto de gas natural, asimismo, la edificación de un acueducto y la instalación de una línea eléctrica de alrededor de 20 kilómetros a la subestación del municipio de Yautepec.1
Los trabajos de construcción de la termoeléctrica, culminaron en septiembre de 2017 con una inversión total de un poco más de 22 mil millones de pesos; sin embargo, no se puso en operación debido a la falta de conexión con la planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el municipio de Cuautla.
Ante estas circunstancias, el Presidente de México recientemente anunció que los días 23 y 24 de febrero se realizará una consulta pública para decidir la activación de las actividades en la planta termoeléctrica a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Además, se comprometió que el organismo de agua de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) será la que certificará la calidad de este vital líquido, el cual será tratado y reencausado hacia la afluente del Río Cuautla.
Aunado a lo anterior, también propuso que en los municipios en los que está el gasoducto y la planta termoeléctrica contarán con una tarifa eléctrica especial o más baja.2 Estas promesas, desde luego, las realiza para tratar de convencer a los pobladores de que de aprobar el proyecto contarán con múltiples beneficios.
Pese a ello, existen manifestaciones en contra, por ejemplo, el Consejo de Pueblos en Defensa del Aire, Tierra y Agua ha rechazado esta propuesta y en sesión general dieron a conocer que no aceptarán el funcionamiento de la central y el gasoducto por los riesgos que representan para la integridad y seguridad de la población.
En relación a la consulta, señalaron que se trata de un ejercicio a “modo” y que sus resultados no serán representativos del sentir de la sociedad.
Por su parte, diversos habitantes de la localidad de la “Huexca” han asegurado que cuentan con indicios de que la consulta será “amañada y a modo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, estas sospechas se generaron a consecuencia de que ninguna autoridad ha tenido algún tipo de acercamiento con las comunidades afectadas.3
Este gobierno federal ha demostrado ser intolerante con las opiniones expresadas por las personas, las organizaciones de la sociedad civil y órganos constitucionalmente autónomos, que manifiestan su desaprobación o postura en contra de las políticas públicas que pretende implementar.
En este caso, a esas organizaciones campesinas y ciudadanas las ha acusado de “izquierdas radicales y ultraconservadores”, por tal motivo, los pobladores han sostenido que “No quieren ese gasoducto, no quieren la termoeléctrica... México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros a apropiarse de los recursos”.
Asimismo, le han reprocharon al presidente: “dice usted que la democracia es que el pueblo decida, pero no es así, ya que ha aprovechado todo su poder de comunicación nacional que tiene para despotricar en contra de los opositores de su plan”.
Existen elementos suficientes para presumir que la planta termoeléctrica generará contaminación de mantos acuíferos y existirán de manera latente o permanente riesgos de explosión, debido a la actividad sísmica que se registra en la región; pero no sólo eso, habrá repercusiones al medio ambiente y afectaciones directas a los estilos de vida de las personas que radican no sólo en la entidad, sino también, en el país.
Otro elemento que hay que tomar en consideración es que se trata de un proyecto nacional, coordinado por una de las empresas productivas del Estado como es la Comisión Federal de Electricidad e impulsado por el gobierno federal, de ahí la importancia de que la consulta sea de carácter nacional.
Un elemento más es el uso de recursos públicos federales tanto en su planeación, diseño y construcción, por tanto, se trata de un asunto en la agenda pública federal, que le corresponde a los mexicanos en su conjunto tomar la decisión.
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que, debido a los impactos, dimensiones y relevancia del asunto, la consulta debe ser a nivel nacional. Ya lo dijo el Presidente de México “no se va a hacer nada sin consultarle a los ciudadanos”, no cumplir su compromiso representaría una falta grave para todos los mexicanos.
Lamentablemente, como en otros casos, existe nula transparencia sobre el procedimiento de la consulta y los instrumentados ejecutados para garantizar el uso o ejercicio adecuado de los recursos públicos. Hasta ahora, no se ha dado a conocer con precisión los municipios contemplados, las casillas a instalar y su ubicación. Tampoco, se ha informado los horarios de la consulta, los montos aprobados para su elaboración, y principalmente, las empresas beneficiadas.
Esta falta de transparencia pone en duda la certeza, certidumbre y los resultados de la consulta. Al pretender que sea un ejercicio local, no sólo limita una de las garantías más elementales como es el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, sino que restringen la participación ciudadana en los asuntos públicos con impacto nacional.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación, para que la consulta que se pretende realizar sobre la activación de la planta termoeléctrica, ubicada en el municipio de Yecapixtla del estado de Morelos, debido a sus implicaciones e impactos económicos, sociales y ambientales, sea de carácter nacional.
Notas
1 Comisión Federal de Electricidad. (2011). proyecto integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. 12/02/2019, de CFE Sitio web: http://em.fis.unam.mx/public/mochan/blog/20110803proyectoMorelos.pdf
2 Presidencia de México. (2019). Habitantes de Tlaxcala, Puebla y Morelos decidirán futuro de planta termoeléctrica de Yecapixtla, anuncia presidente López Obrador. 12/02/2019, de Gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/habitantes-de-tlaxcala-puebla-y-m orelos-decidiran-futuro-de-planta-termoelectrica-de-yecapixtla-anuncia- presidente-lopez-obrador?idiom=es
3 Rubicela Morelos Cruz. (2019). Activistas se oponen a consulta sobre termoeléctrica de Huexca. 12/02/2019, de La jornada . Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/08/activistas-se-oponen-a-co nsulta-sobre-el-proyecto-integral-morelos-813.html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a conducirse con honestidad y otorgar facilidades para vigilar a las autoridades encargadas de impartir justicia, a efecto de llevar a cabo la investigación sobre tres jóvenes desaparecidos en Ocuilán de Arteaga, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
David Orihuela Nava, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, somete a consideración de esta soberanía propuesta de punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México para que se conduzca con honestidad y otorgue las facilidades sin dilación alguna para que vigile a las autoridades encargadas de impartición de justicia a fin de llevar a cabo la investigación de tres jóvenes desaparecidos en el municipio de Ocuilán de Arteaga.
El suscito, diputado David Orihuela Nava, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado fin de semana se dio a conocer una noticia que sacudió al municipio de Ocuilán de Arteaga, en el estado de México.
El domingo 10 de febrero del año en curso, se dio a conocer en diferentes medios de comunicación locales y nacionales, un suceso que afectó la tranquilidad de las familias del municipio de Ocuilán de Arteaga.
Siendo aproximadamente las 6 de la mañana del domingo, tres jóvenes originarios de este municipio fueron secuestrados en plena carretera y, lo más grave, frente a sus compañeros cuando se dirigían todos a Cuernavaca, Morelos, a trabajar a un restaurante.
Las declaraciones desgarradoras de los padres de familia de los jóvenes secuestrados expresan la realidad que están viviendo, suplicando el regreso de sus seres queridos.
De acuerdo a las declaraciones del presidente municipal de Ocuilán, ante los medios de comunicación, se trató de delincuencia organizada, “el modo de operación fue de la siguiente manera:
Se realizó en el paraje El Fresno de la carretera Ocuilán–Cuernavaca, del estado de México y Morelos.
Estaban encapuchados, con armas largas, venían en dos camionetas, con una motocicleta, quienes los bajan de su vehículo y los introducen en las camionetas, y se van”.
Según declaraciones de testigos, los 8 jóvenes, 4 hombres y 4 mujeres se dirigían a trabajar a un restaurante en Cuernavaca, donde comercializan su producto (barbacoa), cuando fueron atacados por un comando armando, con armas largas.
De acuerdo a las declaraciones del doctor Félix Linares González, presidente municipal de Ocuilán, estado de México, señaló que el fin de semana viajan más de 500 personas por este rumbo para comercializar sus productos, al estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca.
Para reducir los índices de la delincuencia, los pobladores realizan caravanas vehiculares, ya que la presencia de policías locales y estatales es nula.
Uno de los padres de los jóvenes secuestrados hizo referencia que, al momento del levantón, venían más camionetas de paisanos por el rumbo, motivo por el cual los delincuentes huyeron.
Los secuestradores dejaron en libertad a las cuatro mujeres y aun hombre, privando de su libertad a Cristian Alejandro Vázquez Vergara, Emmanuel Perete Ferreira y Fredy Tony Casillas Vázquez.
Siendo sus compañeros quienes dieron aviso a los familiares y las autoridades.
Por declaraciones de las mismas autoridades de Seguridad Pública del municipio de Ocuilán, esto no es nuevo, se implementaron retenes militares y policías estatales.
La población es la que se da a la tarea de organizarse y buscar a los jóvenes secuestrados, con sus propios medios, siendo la policía ministerial la que debería de hacer estas funciones.
Hasta el día de hoy, señalan los padres de los jóvenes secuestrados, no se han comunicado con ninguno de ellos.
De acuerdo con la población, en el estado de México hacen falta acciones concretas para frenar la constante ola de inseguridad que crece día con día.
Hago un verdadero exhorto al gobernador del estado de México para que dirija su mirada al sureste del estado, donde su gobierno se ha destacado por su ausencia.
Familiares, amigos y vecinos han tomado carreteras principales de dicho municipio, como protesta por los actos de violencia que padecen los habitantes de este lugar y la falta de respaldo por parte de las autoridades estatales.
Esperamos que no sea un detonante de violencia para este tranquilo y próspero municipio del estado de México.
Y como pasa en el resto del estado, esto quede en el recuerdo sobre el olvido, de las autoridades de impartición de justicia.
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al gobernador del estado de México a que se conduzca con honestidad, y dé respuesta sin dilación alguna, a las diligencias y actuaciones de las autoridades encargadas de impartición de justicia, a fin de llevar a cabo las investigaciones de los tres jóvenes desaparecidos en el municipio de Ocuilán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.
Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 14 de febrero, Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, a cargo del Grupo Parlamentario del PT
En el Grupo Parlamentario del PT conmemoramos el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, fecha que es observada el 14 de febrero desde el año 1991. Se implementó con el objetivo de generar conciencia entre la población sobre la importancia de fomentar acciones en materia de prevención y diagnóstico oportuno sobre este tipo de padecimientos. Asimismo, se busca robustecer, o en su caso, construir e impulsar estrategias para proteger la salud de las y los infantes.
Se trata de un tema que muchas veces es desatendido o minimizado, pero que tiene gran impacto en el desarrollo de las niñas y niños de nuestro país. En el PT siempre nos hemos pronunciado en favor de la primera infancia, al ser una etapa crucial para el desarrollo, porque en ella se definen las interacciones sociales, emocionales y cognitivas del menor, así como el bienestar en las demás etapas de su vida, el proceso de aprendizaje y su interacción.
Sobre el particular, la Unesco refiere que esta etapa comprende del nacimiento a los ocho años de edad, y que constituye un momento decisivo del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Precisa que en esta etapa, las niñas y los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos.
Aunque las cardiopatías congénitas tienen repercusiones que pueden llegar a ser letales, generalmente no son conocidas, y en consecuencia, su prevención y detección oportuno se complica. Para ponderar la magnitud de este tipo de enfermedades, lo primero que debemos tener en cuenta es que son malformaciones del corazón o de los grandes vasos sanguíneos presentes en el feto y el recién nacido, según especialistas médicos.
Por lo que hace a los factores de riesgo, cabe destacar que se presentan en pacientes con arritmias, diabetes, hipertensión o historia familiar de fallas cardíacas. No obstante, la mayor parte de los casos de los que se tiene registro, las causas son desconocidas. Este último factor vuelve a dejar de manifiesto la pertinencia de que el Congreso de la Unión se refiera a la fecha.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que, en todo el mundo, este tipo de enfermedades afectan a 1 de cada 33 lactantes, provocando 3,2 millones de discapacidades y 270 mil decesos de infantes durante los primeros 28 días de vida. Las anomalías congénitas, son la cuarta causa de muerte neonatal.
A nivel nacional, con base en cifras del Inegi, 1 de cada 120 infantes nace con algún defecto cardíaco. Diversas organizaciones, tales como el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes , señalan que el 80 por ciento de las cardiopatías congénitas se detecta durante el embarazo y que son la segunda causa de mortalidad infantil.
Las cifras y consideraciones nos brindan elementos para adherirnos a los fines del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. En este orden de ideas, desde la fracción parlamentaria del PT, le reiteramos al pueblo de México: ¡No están solos, el PT está de su lado!
Bajo esta tesitura, hacemos el llamado a que la fecha sea el espacio idóneo para que la población mexicana y los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, concentren y coordinen esfuerzos para que este tipo de padecimientos sean prevenidos, o en su caso, atendidos con oportunidad mediante diagnósticos precisos e integrales que se traduzcan en mejores niveles de vida para los infantes que lleguen a padecerlas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de febrero del año dos mil diecinueve.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
La infancia es una etapa sumamente importante a la hora de desarrollarnos como personas, es donde construimos relaciones interpersonales generando vínculos y afectos principalmente con nuestros padres y otros niños. Las experiencias que se viven en la niñez son las que nos definen como adultos, por lo que un niño no debería tener otras preocupaciones más que cumplir con las tareas escolares, jugar y aprender del entorno donde se desenvuelve.
Desafortunadamente, miles de niños en el mundo se ven impedidos de disfrutar de una infancia normal debido al cáncer infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 18 años
Aunque se ha avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento, en los países desarrollados el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en los niños. En países de ingresos bajos y medios, entre 8 y 9 niños de cada 10, mueren por cáncer. Se estima que esta enfermedad es causante del 13 por ciento de todas las muertes a nivel mundial. En México es la segunda causa de mortalidad en niños.
El cáncer infantil se considera una enfermedad rara y se enfrenta a tres grandes problemas: el aislamiento social de los pacientes y sus familias, los insuficientes recursos económicos destinados a la investigación y la falta de especialización que hace que la oportunidad de acceder al conocimiento más avanzado no sea igual en todo el mundo.
Por lo general, el cáncer infantil no se puede prevenir, sin embargo, la mayoría de los tipos se puede curar si es detectado a tiempo, con medicamentos genéricos y con tratamientos de otros tipos, como cirugía y radioterapia.
Todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social. Un diagnóstico preciso y oportuno, así como la disponibilidad y acceso al tratamiento, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes, de ahí la importancia que tiene la concientización y magnitud del problema.
Con ese propósito, desde el 15 de febrero de 2001 se conmemora en diversos países el Día Internacional del Cáncer Infantil.
Este evento anual fue creado en Luxemburgo por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, una red formada por 177 organizaciones locales o nacionales de padres de niños con cáncer de 90 países en los cinco continentes.
Su objetivo es concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad para tratar de que todos los niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado, así como sensibilizar y crear estrategias que permitan brindar una mejor atención y calidad de vida a los menores de 18 años que lo padecen.
En México, la conmemoración del 15 de febrero fue impulsada en un inicio por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc), y fue posteriormente adoptada por diversas instancias que se han conformado en el país incluidas instituciones públicas y privadas.
Además de concientizar, pretende expresar el apoyo hacia las niñas, niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias.
Persigue que se valoren más y se entiendan mejor los temas que afectan los pacientes y los supervivientes, así como los desafíos que enfrentan.
En México, entre los objetivos específicos que se tienen para este día están:
-Difundir la importancia de la detección y diagnóstico oportunos de cáncer.
-Dar a conocer los signos y síntomas de sospecha del cáncer infantil.
-Informar sobre las acciones e importancia de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a apoyar a la infancia y adolescencia con cáncer.
En el marco de la conmemoración de este día se utiliza el lazo dorado como símbolo de apoyo y solidaridad.
El Partido Verde Ecologista de México se suma a la causa, buscando que esta fecha no pase desapercibida pues es relevante para sumar esfuerzos.
En el Partido Verde nos hemos comprometido a trabajar desde este recinto para hacer que los objetivos buscados por este día sean una realidad para todos los niños que padecen esta terrible enfermedad. Nuestra agenda legislativa está enfocada a la prevención oportuna y a garantizar el acceso a la atención medica integral y de calidad para todos y cada uno de los niños con cáncer.
Algunas de nuestras propuestas ya se encuentran en comisiones y buscaremos desde aquí el consenso de todas las bancadas para que éstas sean ley.
La detección oportuna del cáncer infantil puede salvar las vidas de nuestros niños.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 14 de febrero de 2019.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
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