Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar estudios para declarar zona de restauración ecológica la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Conagua, a informar a esta legislatura sobre el desarrollo del proyecto de delimitación de zona federal de ese cuerpo de agua, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Esteban Barajas Barajas, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Comisión Nacional de Agua, informe a esta legislatura el desarrollo del proyecto de delimitación de la zona federal de lago de Cuitzeo.

Antecedentes

El 13 de abril de 2000, la diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora presentó ante el pleno de la asamblea una proposición con un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión haga un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que, con fundamento en el artículo 78 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, promueva ante el Ejecutivo federal la expedición de una declaratoria para el establecimiento de la Zona de Restauración Ecológica para el lago de Cuitzeo y sus zonas aledañas. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para su estudio y dictamen. El 28 de abril del 2000, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente presentó un punto de acuerdo en relación a las zonas de Lerma-Chapala, el lago de Cuitzeo y sus zonas aledañas.

Por su parte, con fecha de 17 de enero de 2018, la diputada Cecilia Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que expida la declaratoria para el establecimiento de la zona de restauración ecológica para la cuenca del lago de Cuitzeo y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar la delimitación de la zona federal de dicho lago.

Con fecha del 7 de noviembre de 2018, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, se llevó a cabo la reunión de trabajo: estrategias para la restauración de la cuenca del lago de Cuitzeo, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la problemática del lago de Cuitzeo, derivado de la aportación de grupos de migrantes de la zona, académicos, funcionarios e integrantes de la organización civil, se estableció la necesidad de solicitar a las autoridades competentes se expida la declaratoria para el establecimiento de la zona de restauración ecológica, ordenamiento ecológico territorial y delimitación de la zona federal.

Exposición de Motivos

La lucha por el rescate del lago de Cuitzeo ha sido abordado por varias legislaturas, como es el caso de la LVII y LXIII, 18 años han transcurridos desde que fue presentada la primera propuesta, sin embargo por diversos motivos se ha ignorado el problema de contaminación a uno de los lagos más importantes del país.

El lago de Cuitzeo es el segundo lago natural más grande de México con una extensión de 31,872.90 hectáreas y uno de los sistemas acuáticos más antiguos del territorio nacional. La cuenca del lago de Cuitzeo es una fuente de recursos naturales que incluye bosques, zonas de producción ganadera, áreas agrícolas y el lago como receptor final de los ríos tributarios Río Grande de Morelia, Queréndaro, Zinapécuaro y de un sinnúmero de pequeños afluentes que se originan tanto en la sierra sur de Morelia incluyendo Curimeo, Mil Cumbres y Azufres, como en la sierra de San Pablo en la parte norte de la cuenca.

El sistema hidrológico de la cuenca se encuentra actualmente en un estado de alta fragilidad ecológica y ambiental debido a la fuerte presión antropogénica, producto de la disminución de corrientes hacia el lago; menor recarga de acuíferos por daños a la vegetación de bosque y pastizal; sobreuso de mantos acuíferos que aunado a las descargas de aguas residuales procedentes de las actividades domésticas, industriales y agropecuarias que son vertidas al lago, propician cambios que impactan la calidad de agua, afectando a las especies acuáticas y propiciando una disminución en la captura de peces que afecta la economía de los pobladores locales.

En la última década la cuenca ha presentado un incremento considerable de su población de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2015, habitan alrededor de un millón 202 mil 896 personas, es decir un poco más de una cuarta parte de la población del estado de Michoacán; esto ha propiciado un creciente aumento en el consumo de los recursos naturales lo cual ha causado el deterioro de la cuenca y una producción de desechos orgánicos cada vez más altos, que son vertidos en los diferentes ecosistemas de la cuenca, en su mayoría sin recibir un tratamiento adecuado, lo que constituye un escenario que pone en peligro el equilibrio del ecosistema de la cuenca, disminuyendo además la calidad de vida de las comunidades por los impactos ambientales, económicos y de salud pública. Como es el caso de las tolvaneras, que causo uno de los principales problemas de la región, fundamentalmente durante los meses de sequía, formándose grandes cortinas de tierra, producto de la grave erosión en la parte occidental del lago, causando graves enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores, deteriorando su salud y bienestar.

El nivel del agua ha reducido drásticamente por efectos del desequilibrio entre los procesos de precipitación y evaporación así como el inmoderado uso del líquido vital en el riego agrícola, ocasionando una disminución del nivel del agua de 4 metros de profundidad reportados en 1946 disminuyó a 20 centímetros para 1981.

La pérdida y degradación del lago de Cuitzeo tienen como causas, entre las principales, la invasión de terrenos para cambio de uso de suelo, la contaminación urbana, aguas de retorno agrícola, acarreo de azolves, la sobreexplotación del agua subterránea, la construcción de obras civiles como la autopista México-Guadalajara y la introducción de viviendas en las orillas del lago, aunado a ello el azolve por la deforestación de la cuenca provoca la hipertroficación del lago, por otro lado la presencia proliferante de malezas acuáticas que actualmente cubren aproximadamente 13 mil hectáreas; lo cual impide la libre navegación y pesca, aunado a ello el lirio que frecuentemente destruye sus artes de captura (redes) el desequilibrio ecológico y la desecación por el ciclo de vida natural que presentan los lagos y periodos secos de precipitación.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudie la posibilidad de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica a la cuenca del lago de Cuitzeo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua informar a esta soberanía el estado que guarda, metodología utilizada y el avance preliminar del proyecto de delimitación de zona federal del lago de Cuitzeo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputado Esteban Barajas Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta desacuerdo con la reducción presupuestal que tuvieron diversos programas de salud, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la República a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta desacuerdo con la reducción presupuestal que tuvieron diversos programas en materia de salud afectando el desarrollo humano y exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que ya no realice adecuaciones presupuestales que sigan afectando los programas de atención a la salud de los mexicanos.

Consideraciones

En diciembre pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 312 votos, 154 en contra y cero abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, con monto a ejercer de 5 billones 838 mil 59.7 millones de pesos, un incremento al total original enviado por el Ejecutivo de 23 mil 768 millones.

El desarrollo humano entendiéndolo como salud, educación e ingreso debería ser prioritario, sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estuvo lleno “errores” como la disminución al presupuesto de las Universidades públicas; es un hecho que el gobierno federal tiene su propia visión del desarrollo humano ya que hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y lo que se destina de recursos para cumplirlo.

La salud es uno de los componentes del Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo con la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “el desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten”.

Llegamos a 2015 sin cumplir cabalmente los objetivos del milenio en materia de salud; los países diseñaron una nueva agenda para 2015-2030 en la cual la salud es la meta número 3 de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que buscan garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades.

De acuerdo a la página de transparencia presupuestal del gobierno mexicano la atención a este objetivo se realiza a través de 14 Ramos con un total de 123 vinculaciones.

Los ramos que concentran el mayor número de vinculaciones son el Ramo 12 Salud, el Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios con 38, 22 y 15, que en total concentran 61.0 por ciento de las vinculaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

Con respecto a la cobertura de los Programas Presupuestarios vinculados por Ramo, los Ramos 12 Salud y 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, son los que tienen los porcentajes más altos.

Veamos los montos asignados al Ramo 12 Salud en los últimos años:

Ejercicio Presupuestal Monto asignado 1

2017 121 mil 817 millones 532 mil 748

2018 122 mil 557 millones 337 mil 320

2019 123 mil 209 millones 415 mil 722

A pesar de haber un incremento en el Ramo 12 Salud y que el rubro “Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud” tuvo un aumento de 215 millones 687 mil 988 pesos se observan disminuciones en diversos programas, por ejemplo: el programa correspondiente a Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes sufriría una baja de 92 por ciento, al pasar de 453.5 millones de pesos en 2018 a solo 33 millones para 2019.2

Esto, a pesar de que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de obesidad, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que 72.5 por ciento de la población tiene obesidad o sobrepeso, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que más de 105 mil personas fallecieron en 2016 a causa de la diabetes mellitus.

Otro de los rubros que resultaron afectados fue el Centro Nacional de Trasplantes, con una disminución de 90 por ciento en su presupuesto para el próximo año, al pasar de 8.6 millones aprobados en 2018 a 878 mil 704 pesos para 2019.

La doctora Lucely Cetina, investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, expresó, mediante un comunicado, su preocupación por la desaparición del presupuesto para el Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado, programa que dirige.

“Las mujeres que actualmente reciben atención multidisciplinaria y tratamiento con medicamentos innovadores, a través del programa, no tendrán recursos para continuar ni completar sus esquemas establecidos para tratar su enfermedad a partir del 1 de enero”, dijo la especialista.3

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifiesta su inconformidad con las reducciones presupuestales en materia de salud y exhorta a través de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta desacuerdo con la reducción presupuestal que tuvieron diversos programas en materia de salud afectando el desarrollo humano y

Segundo. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que ya no realice adecuaciones presupuestales que sigan afectando los programas de atención a la salud de los mexicanos.

Notas

1 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paque te_Economico_y_Presupuesto

2 https://adnpolitico.com/mexico/2018/12/18/estos-son-los-rubros-afectado s-por-la-cirugia-al-presupuesto-del-sector-salud

3 https://www.sinembargo.mx/19-12-2018/3513089

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

Senadora Alejandra Noemi Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a fortalecer la protección de los migrantes en la temporada de fin de año, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el fortalecimiento de la protección de los migrantes en la temporada de fin de año, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante el periodo denominado de las fiestas decembrina es común observar el regreso a nuestro territorio a miles de connacionales que migraron hacia Estados Unidos de América, con la finalidad de festejar con sus familias y amistades las fiestas de fin de año.

En esta temporada es frecuente conocer ya sea a través de los diversos medios de comunicación o por denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes, que durante su traslado sufran violaciones tanto en su persona, acompañantes, como en sus pertenencias, como ejemplo tenemos que en ocasiones sufren asaltos en las carreteras a través de ataques, o falsos retenes. Por tal motivo, para salvaguardar su seguridad es trascendental implementar acciones encaminadas a reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales de nuestro país.

Como es recurrente cada año, la afluencia de los compatriotas que visitan México, se incrementa, ante este escenario de flujo masivo de compatriotas, es imperante fortalecer y enriquecer los instrumentos, elementos e instituciones que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes.

Fuente: Datos / data: www.migracionyremesas.org/tb/?a=EADF41 disponible

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/1707_Anu arioMigracionRemesas_2017.pdf

Fuente Datos / Data: www.migracionyremesas.org/tb/?a=0FC4CD y www.migracionyremesas.org/tb/?a=EAE034, disponible

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/1707_Anu arioMigracionRemesas_2017.pdf

La protección y salvaguarda de los derechos de los mexicanos que retornan a nuestro país para visitar a sus familias debe ser considerado como prioritario por la actual administración gubernamental, motivo por el cual, como legisladores debemos ponderar por la prevención y erradicación de los altos índices de extorsiones, abusos, y violencia ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades encargadas de la atención a los migrantes, así como en algunos supuestos por diversas autoridades con funciones de carácter policial.

Es oportuno expresar que el Programa Paisano,1 es un instrumento permanente del gobierno federal para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos órdenes de gobierno,2 como civiles, quienes aprovechan la ocasión para asaltarlos y extorsionarlos. Así mismo, la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura, implemento el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, con la finalidad de coadyuvar en la protección de los derechos de los migrantes que visitan nuestro país en esta temporada de fin de año, así como orientarlos e informales para evitar la vulneración de sus derechos dándoles certeza para un retorno seguro. De igual manera, era un mecanismo para supervisar el cumplimiento del Programa Paisano del gobierno federal y velar por el respeto cabal de los derechos de los connacionales.

Es significativo expresar que es trascendental diseñar conjuntamente políticas, a fin de proteger a los connacionales que emigraron en busca de mejores oportunidades de desarrollo y que retornan a su país, en razón a las múltiples quejas de los migrantes año tras año. Y ante la situación actual en materia de inseguridad, es fundamental que las autoridades garanticen y protejan a los connacionales durante su estancia y retorno a sus lugares de origen, así como, a aquellos migrantes que ingresan a nuestro territorio en su recorrido a sus ciudades de origen o de regreso a los Estados Unidos.

Nuestros compatriotas nos reclaman trabajar por su protección y seguridad, tarea que asumimos con responsabilidad.

Por lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como al Instituto Nacional de Migración en el ámbito de sus respectivas competencias, a reforzar los instrumentos, acciones y medidas de seguridad enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año, así como se refuercen las medidas de seguridad en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a agilizar los trámites y campañas de difusión para la presentación de denuncias.

Notas

1 El Programa Paisano nace en 1989 a partir de la propuesta ciudadana de organizaciones sociales, empresariales y religiosas, así como políticas de la comunidad mexicana y mexico-americana residentes en los Estados Unidos que realizaron al Gobierno de México, ante la necesidad de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país. Instituto Nacional de Migración, Programa Paisano, disponible https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm

2 El Programa Paisano, Invierno 2018, se suma al esfuerzo de la Misión Paisano, con el objetivo de que todos aquellos que visitan y residen en Estados Unidos o Canadá eviten cualquier abuso de parte de funcionarios públicos y se impidan extorsiones o actos de corrupción. Instituto Nacional de Migración, Programa Paisano, disponible en: https://www.gob.mx/inm/articulos/amiga-y-amigo-paisano-ahora-mas-que-nu nca-mexico-te-espera-con-los-brazos-abiertos?idiom=es

Ciudad de México, a 15 de enero de 2019.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y el gobierno del estado de México a llevar a cabo acciones a fin de dar respuesta a las solicitudes del permiso general para comprar, almacenar y vender o consumir artificios pirotécnicos remitidas por los comerciantes del tianguis de San Pablito, en Tultepec, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El uso de fuegos artificiales en las celebraciones nacionales forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Forman parte del conjunto de diversas artesanías que nos han legado prestigio y distinción dentro del contexto internacional, una de las más importantes tiene que ver con la pirotecnia, lo que representa la principal actividad económica y cultural del municipio de Tultepec, en el estado de México.

El arte pirotécnico es factor de comunión y unidad familiar que por generaciones se reproducen y en la actualidad este oficio es la única fuente de ingresos para gran parte de la población o el complemento al salario de otros tantos.

Lo anterior, nos constriñe en la obligación permanente de garantizar que las actividades relacionadas con dicho sector productivo se lleven a cabo con plena observancia y cumplimiento al marco normativo vigente en la materia.

El estado de México es una entidad federativa en la que se estima que en más de 72 municipios existe presencia de fabricantes de pirotecnia constante y 53 con actividad temporal. Cabe destacar que en el estado de México se produce el 60 por ciento de la pirotecnia a nivel nacional.1

En este orden de ideas, nos preocupa el caso particular del tradicional Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México, del cual dependen directamente 300 familias –y otros cientos más indirectamente– de la comercialización de fuegos artificiales, quienes ven mermadas sus opciones de sustento diario así como de desarrollo, al no contar con los permisos de funcionamiento toda vez que a la fecha cumplen cabalmente con los requisitos solicitados para el mismo.

En este sentido, a decir del director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Derek Isaac Cancino Aguilar se concluyó a mitad del año pasado con los procesos correspondientes para tramitar como si fuera la primera vez el permiso de funcionamiento.

Por otro lado, el propio funcionario calificó al Tianguis de la Pirotecnia de San Pablito como el “más importante” por la cantidad de producto que se comercializa, así como por su ubicación geográfica y una gran concentración de artesa nos.2

Para poner en relieve la magnitud del presente asunto, cabe mencionar que de acuerdo a cifras del Inegi, Tultepec tiene 150 mil 182 habitantes,3 de los cuales, más del 60 por ciento depende de la pirotecnia. En este orden de ideas, si tenemos en cuenta que el Tianguis de Pirotecnia San Pablito se constituye como el principal centro del desarrollo regional, las autoridades competentes estarían obligadas a potencializar –no limitar– su economía, con protocolos que garanticen la seguridad de las personas que allí se desenvuelven.4

En este orden de ideas, un aspecto medular alrededor de la pirotecnia en México y en entidades como el estado de México, es la prevención, elemento que a su vez tiene como base protocolos, medidas y recomendaciones de seguridad encaminadas a inhibir accidentes que deriven en menoscabo a la salud e integridad de la población, como es el caso de quemaduras (por cohetes, pólvora y fuegos artificiales) o bien, afectaciones ocasionadas por los altos índices de contaminación que pueden llegar a producir con un manejo y control inadecuado.

En el Partido del Trabajo, estamos a favor de preservar la pirotecnia nacional, porque además de ser el sustento de miles de familias, forma parte de nuestra identidad y riqueza cultural. Pero también estimamos de la máxima importancia garantizar condiciones de seguridad en la fabricación, uso, venta, traslado, almacenamiento, exhibición y por supuesto, quema de fuegos artificiales.

Para ponderar la pertinencia de las acciones planteadas en el presente asunto, es oportuno referir que las consecuencias por accidentes relacionados con el manejo inadecuado de la pirotecnia van desde quemaduras leves, hasta pérdida o daño permanente de extremidades, e incluso, en fallecimientos.

A través de la presente proposición con punto de acuerdo, se busca que en el marco de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de México resuelvan las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos por los comerciantes del mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estado de México, para que la economía de éstos no sea vulnerada.

Cabe recordar que es atribución exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgar permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos5 a través de la expedición del permiso general y/o el extraordinario.6

En el caso del estado de México, para la gestión de dichos permisos, se requiere presentar documentos emitidos por instancias municipales y estatales reguladas por el gobierno del estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

En este sentido, llama la atención que desde el año 2016 el gobierno del estado de México ha retrasado las acreditaciones y permisos necesarios para que la Sedena otorgue los permisos respectivos, impactando en las ventas de los productores y comerciantes de Tultepec, mismas que han sido afectadas hasta en un 80 por ciento, con pérdidas económicas de hasta 400 millones de pesos por cada año que ha transcurrido.

Ante ello, durante el mes de septiembre de 2018, los representantes de los productores y comerciantes consiguieron un acuerdo para poder comercializar sus productos durante las fechas patrias y en la temporada decembrina, fechas en las que se presentan la mayor demanda de estos productos.

No obstante, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo considera que la fuente de ingreso de las familias que dependen de la pirotecnia no debe estar sometida a negociaciones coyunturales, sobre todo si los productores y comerciantes cumplen y están en disposición de acatar las medidas que garanticen la seguridad. Esto ha causado un golpe muy fuerte para la economía del municipio donde tengo el honor y la responsabilidad de representar a una población de más de 150 mil habitantes7 (más de 90 mil personas dependen directa o indirectamente de la elaboración y venta de productos pirotécnicos).8

En Tultepec, el 47.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza9 Por si esto no fuera suficiente, con la falta de una política pública que brinde la oportunidad de incrementar su potencial económico por su perfil de gran productora artesanal de pirotecnia con reconocimiento a nivel mundial, no sólo se está cerrando la posibilidad de dar sustento y opciones de desarrollo a miles de familias y de seguir abonando a una de las principales atracciones turísticas que representa la pirotecnia de barrios y pueblos del país, sino que también se está dando pie a la consolidación del contrabando de pirotecnia proveniente de China.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT, hacemos el llamado a que el Congreso de la Unión contribuya a salvaguardar nuestras tradiciones, como lo es la pirotecnia, motor de la economía en el municipio de Tultepec, sin dejar de lado la salvaguarda de la integridad y vida de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno del estado de México para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le sean remitidos en el año 2019 por los comerciantes del Tianguis de Pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estado de México, en virtud de que el retraso en la entrega de estos permisos ha tenido como consecuencia graves afectaciones a la economía familiar de quienes se dedican a esta actividad productiva.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de México y el gremio de artesanos de productos pirotécnicos del municipio, fortalezcan los protocolos para garantizar la seguridad de los productores, comercializadores y consumidores de artesanías pirotécnicas, así como coadyuven al fortalecimiento de los protocolos de seguridad de los comerciantes del Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal de Protección Civil del estado de México, para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca las medidas y acciones en materia de prevención de accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales en el municipio de Tultepec, con énfasis en el Tianguis de Pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México, a fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Notas

1 Importancia Social y económica de la Pirotecnia en México, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269970/1_IMPORTANCIA_PIR OTECNIA_RODARTE.pdf Consultado el 8 de noviembre de 2018.

2 “Sin fecha de reapertura para tianguis de San Pablito”, https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sin-fecha-de-reapertura-p ara-tianguis-de-san-pablito, consultado el 21 de noviembre de 2018.

3 Inegi. Encuesta Intercensal 2015, en https://goo.gl/qUD6Xz, consultado el 7 de enero de 2019.

4 Programa anual de trabajo 2018-2019, de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, aprobado el 21 de noviembre de 2018.

5 En el párrafo segundo y tercero del artículo 37 de la Ley Federal de Armas y Explosivos se establece que:

El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades.

6 El artículo 42 de la Ley Federal de Armas y Explosivos señala lo siguiente:

Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta ley pueden ser:

I. Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se dediquen a estas actividades de manera permanente;

II. Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las negociaciones con permiso general vigente, y

III. Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este título se refiere.

7 Inegi, en:

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15 #tabMCcollapse-Indicadores

8 Tultepec y su explosiva industria de 300 millones de pesos, en: https://www.forbes.com.mx/tultepec-y-su-explosiva-industria-de-300-mill ones-de-pesos/

9 Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/42745/Mexico­_108.pdf, consultado el 14 de enero de 2019.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar acciones de coordinación a fin de prevenir, disuadir y combatir el robo de ganado en las carreteras federales y estatales de Veracruz, suscrita por el diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe Eduardo Ron Ramos, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Código Penal Federal define al delito de abigeato como aquel que consiste en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, por lo que atenta directamente al patrimonio de los productores ganaderos.

Los altos índices del delito registrados desde hace más de una década motivaron la reforma al Código Penal Federal en 2017; Pese a ello el delito de abigeato no ha disminuido, por el contrario la cifra sigue aumentando. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), los robos violentos de ganado aumentaron de 12 a 30 denuncias diarias, lo que significa 150 por ciento más que en el primer semestre de 2017.

El sábado pasado en la redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales circulo un video donde se pudo apreciar a un grupo de personas que estaba llevando a cabo robo de ganado a un tracto camión con una jaula remolque en el que su interior estaba cargada con especie Bovinas, de acuerdo a la .información que circula, el evento tuvo lugar en el kilómetro 103 de la autopista la Tinaja - Cosoleacaque, las decenas de personas llegaron a la zona del siniestro para apoderarse de alguno de los bovinos y, por si fuera poco, algunos incluso mataron y descuartizaron a los bovinos para poder transportarlos con mayor facilidad.

En el siniestro, una persona falleció y, de acuerdo con fuentes extraoficiales, se trataba de un migrante que viajaba en uno de los camiones junto con otros centroamericanos que huían para evitar ser detenidos por las autoridades1 .

En algunos videos que circulan en redes sociales, se ve a los habitantes tomar al ganado en lugar de ayudar a las personas que pudieron resultar lesionadas; además, se ve el momento en el que, sin pudor alguno, les quitan la vida a los animales y los cortan por partes. Lo más grave de ello que todo esto sucedió en presencia tanto de la autoridad policiaca federal y estatal por lo que se presentó una situación total de anarquía en lugar del siniestro.

Atendiendo a que es necesario erradicar este tipo de prácticas de abigeato y lo digo así porque el ganado fue sustraído de las jaulas que fueron forzadas, ya que en ningún momento fueron dañadas por el incidente vial que antecedió a dicho evento solicito su voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad Pública federal, doctor Alfonso Durazo Montaña así como al gobernador de Veracruz, maestro Cuitláhuac García Jiménez, a que en al ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones de coordinación necesarias para prevenir, disuadir y combatir el robo de ganado en las carreteras federales y estatales del estado de Veracruz.

Nota

1 https:j /www.diariodemexico.com/roban-ganado-de-trailer-accidentado-en-veracruz

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a considerar Puebla como zona industrial para aplicarle el salario de la zona libre de la frontera norte, suscrita por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Puebla cuenta con una superficie de 34 mil 306 kilómetros cuadrados. Se localiza al centrooriente del país. El clima es templado subhúmedo y cálido subhúmedo, principalmente, con una temperatura media anual de 17.5 grados centígrados, y una precipitación media anual de mil 270 mm.

La población total es de 6 millones 168 mil 883 personas. De ellas, 52.3 por ciento corresponde a mujeres y 47.7 a hombres, según la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).1

El producto interno bruto (PIB) de Puebla en 2016 representó 3.4 por ciento y ocupó el lugar 10 respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 3.1 por ciento.

Entre las principales actividades se encuentran servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (14.8 por ciento), fabricación de maquinaria y equipo (11.3), comercio al por menor (10.1), construcción (7.4) y comercio al por mayor (7.2). Juntas representan 50.8 por ciento del PIB estatal.

Los sectores estratégicos en el estado de Puebla son: automotriz y autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textil-confección e industria alimentaria.

El indicador trimestral de la actividad económica estatal ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para el tercer trimestre de 2017, Puebla registró un crecimiento en su índice de actividad económica de 8.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias, secundarias y terciarias registraron una variación anual positiva de 9.6, 17.5 y 3.3 por ciento, respectivamente. Las actividades secundarias contribuyeron más al desempeño económico de la entidad. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 304 mil 409 unidades económicas, lo que representa 6.0 por ciento del total en el país. Al cuarto trimestre de 2017, la población económicamente activa (PEA) ascendió a 2 millones 851 mil 683 personas, lo que representó 61.3 de la población en edad de trabajar. De la PEA, 97.5 por ciento está ocupado y 2.5 desocupado.

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 19 parques industriales o tecnológicos:

• Área industrial San Felipe Chachapa

• Parque industrial El Carmen

• Conjunto industrial Chachapa

• Parque industrial Esperanza

• Corredor Empresarial Cuautlancingo, AC

• Parque industrial Tehueya

• Fraccionamiento industrial Resurrección

• Parque industrial textil

• Parque industrial 5 de mayo

• Parque industrial Valle de Tehuacán

• Parque industrial Volkswagen, Fraccionadora Industrial del Norte, SA de CV (FINSA)

• FINSA, Puebla Industrial Park

• Parque industrial Puebla 2000

• Centro de Innovación y Tecnología del ITESM o Parque industrial San Miguel, corredor industrial Quetzalcóatl

• Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Ibero Puebla

• Área Uno corredor industrial Quetzalcóatl

• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

• Parque Industrial San José Chiapa, Audi

De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016, publicado por el Inegi, Puebla contaba en 2015 con una longitud carretera de 10 mil 319 kilómetros y mil 57.2 de vías férreas, 1 aeropuerto nacional y 1 internacional, y 5 aeródromos.

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica las economías por su facilidad para hacer negocios, Puebla ocupa el cuarto lugar en México, a diferencia del informe anterior, donde ocupó el undécimo.

Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Puebla ocupa el segundo lugar para apertura de una empresa, el cuarto respecto a la obtención de permisos de construcción, el tercero en registro de propiedades y el decimocuarto en cumplimiento de contratos.

De lo expuesto se desprende que Puebla es un estado industrial con grandes ventajas para la inversión y con la mayoría de su población económicamente activa.

En diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó el incremento de los salarios mínimos. La fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo disponen igualmente que los salarios mínimos deben ser fijados por la Conasami.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la comisión nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Con base en este precepto se solicita a la Conasami que se modifique la ubicación en el área geográfica de Puebla para que pase a ser de la frontera norte y se aplique el aumento de salario que se determinó para esa zona, como se expresa a continuación:

2

De acuerdo con la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional y en el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica propuso al Consejo de Representantes crear la zona libre de la frontera norte, la cual estará vigente a partir del 1 de enero de 2019 e integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de América: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en Tamaulipas.

Por lo anterior, para efecto de la aplicación del salario mínimo general y para los salarios mínimos profesionales, el país queda dividido en dos áreas geográficas, conformada por la Zona Libre de la Frontera Norte, integrado por los municipios anteriormente citados, y el resto de los municipios del país y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Fuente: salariominimo2018mexico.com/salario-minimo-2019-mexico/

Los incrementos realizados son el primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la Nueva Cultura Salarial.

Según la Coparmex a partir del 1 de enero de 2019 el nuevo gobierno habrá conseguido el primer objetivo de esta nueva política salarial, llegar al bienestar personal.

Los tres retos que faltan son

Que el SMG alcance el bienestar familiar.

Que los salarios mínimos sean comparables con los de latinoamericanos.

Que el salario mínimo recupere su nivel histórico más remunerativo en cuatro décadas.

Con la presente se propone que Puebla como estado industrial con un producto interno bruto en 2016 que representó 3.4 por ciento y ocupó el lugar 10, respecto al total nacional, tiene oportunidad de compartir el salario mínimo establecido para la frontera norte.

La zona libre de la frontera norte abarca 6 estados y 43 municipios, que dan cuenta de 7.5 por ciento del producto interno bruto del país, cuyo desempeño económico avanza más rápido que el resto de la economía, pues de 2013 a 2017 la región creció 3.1 por ciento en relación con el 2.6 alcanzado a escala nacional.3

De lo expuesto a lo largo de la presente proposición se observa que Puebla comparte una característica en común con los estados de la zona libre de la frontera norte, su desempeño económico avanza más rápido que el resto de la economía.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a cambiar de área geográfica a Puebla para que quede en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte con fundamento en el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que reconsidere que Puebla como estado industrial pueda ser incluido en el área geográfica de la zona libre de la frontera norte.

Notas

1 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/157940/puebla_2016_1024.pdf La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.

2 Fuente: salariominimo2018mexico.com/salario-minimo-2019-mexico/

3 manufactura.mx/industrias/2019/01/07/los-estimulos-fiscales-de-la-front era-norte-empujaran-a-la-industria

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones del artículo 134 constitucional y la Ley General de Comunicación Social, a cargo de los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas autoridades para rendir informes y, en su caso, proceder administrativa y penalmente ante las autoridades competentes por infracciones al artículo 134 constitucional y a la Ley General de Comunicación Social, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El 10 de enero de 2019, el Ejecutivo federal situó en todas sus páginas oficiales una imagen que hace referencia a la estrategia contra el huachicoleo, implementada en los últimos días por el gobierno federal en la que, a la letra, se leía: “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”. Esta imagen fue retirada días después sin ninguna explicación. Lo anterior, sin duda, violenta los principios constitucionales establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.

2. El 13 de enero de 2019, el Presidente de la República anunció el inicio del reparto de la Cartilla Moral que, según se lee en sus páginas, es una reedición del texto de Alfonso Reyes, publicada en 1944 y sacada de contexto. El titular del Ejecutivo federal señaló que “Es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México. Por eso va a empezar a distribuirse esta cartilla moral porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma”, haciendo una apología de la pobreza.

Si bien esta cartilla tiene un carácter histórico indudable, no puede ser aplicada en la época contemporánea debido a que violenta los derechos de las mujeres y de los distintos tipos de familias, ya que cuando fue escrito, ni las mujeres tenían derecho siquiera a votar –menos se hablaba de igualdad– ni estaban reconocidos los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI).

3. En ambos casos, el Ejecutivo federal transgrede lo establecido tanto en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional como en el artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social que, a la letra, establece:

Artículo 134. ...

...

...

...

...

...

...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (énfasis añadido).

Ley General de Comunicación Social:

Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar con los siguientes principios rectores:

a) La eficacia, en uso de los recursos públicos;

b) La eficiencia de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto de comunicación social;

c) La economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social;

d) La transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la comunicación social de los entes públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras disposiciones jurídicas aplicables;

e) La honradez que comprende el manejo de recursos públicos conforme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, que justifique la contratación sujetándose a criterios de calidad cumpliendo los propósitos de la comunicación social;

f) La objetividad e imparcialidad que implica que la comunicación social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos;

g) La institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social;

h) La necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o atención;

i) La congruencia entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo, y

j) La veracidad de la información que se difunde.

Adicionalmente, deberá atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento del acceso ciudadano a la información; y debe contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, respetará la diversidad social y cultural de la nación.

La secretaría administradora deberá contemplar en los lineamientos que emita, los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios previstos en el presente artículo.

4. En el propio ordenamiento se establece que toda la propaganda gubernamental deberá respetar los derechos constitucionalmente concedidos, situación que no se cumple dado el anacronismo que el texto de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes y la adaptación repartida por el actual gobierno.

5. La Ley General de Comunicación Social indica, en su artículo 25 que las dependencias y entidades de la administración pública deberán publicar, en los primeros 15 días del mes de enero, su estrategia de comunicación para el año en ejercicio. Asimismo, el artículo 33 indica que, en los primeros diez días de cada mes, las dependencias y entidades deberán entregar a la Secretaría de la Función Pública un informe relativo al ejercicio del gasto del mes anterior en materia de comunicación social y que la Auditoría Superior de la Federación deberá auditar, en tiempo real, el ejercicio de estos recursos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Oficina de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República informe relativo a los gastos generados por la campaña personalizada de apoyo al Presidente de la República por la estrategia antihuachicoleo, en los portales oficiales de todas las dependencias de la administración pública federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Oficina de la Presidencia información pormenorizada respecto a la estrategia de comunicación social del gobierno federal, en términos de lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación inicien las investigaciones correspondientes y, en su caso, finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, en términos de la legislación aplicable, por

a) La campaña personalizada de apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la estrategia antihuachicoleo.

b) El reparto de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, sin la especificación de que se trata de un documento histórico y que violenta los derechos constitucionales de las mujeres y la comunidad LGBTTTI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputados:

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conanp a elaborar estudios técnicos para decretar como área de proyección la superficie conocida como Mar de Cortés, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1 , describe al Mar de Cortés como sitio al noroeste de México que abarca 244 islas, islotes y zonas litorales del Golfo de California, que conforman el laboratorio natural para el estudio de las especies y el conocimiento de los procesos de evolución oceánicos y costeros, en donde habitan alrededor de 695 especies botánicas y 891 ictiológicas, de las cuales 90 son endémicas.

En esta zona se concentra 39 por ciento de mamíferos marinos y 33 por ciento de cetáceos del total mundial; así como el mayor número de especies vegetales registrados en los demás sitios insulares y marinos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

Geográficamente, el Golfo de California, también llamado Mar de Cortés y Mar Bermejo, es un estrecho cuerpo de agua situado entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa. Por su riqueza natural, las islas y áreas protegidas del Mar de Cortés fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 14 de julio de 2005.

Es un mar marginal del Océano Pacífico, en el noroeste de la costa mexicana. Cubre un área de aproximadamente 160,000 a 177,000 kilómetros cuadrados (km2); tiene un volumen de 145 mil kilómetros cúbicos (km3) y registra una longitud máxima de mil 126 kilómetros. En su parte más ancha tiene alrededor de 241 kilómetros, mientras que la zona más angosta mide unos 48 kilómetros. La parte norte es la menos profunda, pero en el sur se ha descubierto hondas depresiones que alcanzan más de 3 mil metros de profundidad. La profundidad media del mar es de unos 818 metros.2

Respecto a su biodiversidad, a pesar de su tamaño relativamente pequeño y que posee una única entrada de agua del océano, es uno de los mares más ricos en biodiversidad. En números aproximados, se estima que alberga cerca de entre 700 y 900 especies de peces, 90 de ellas endémicas, más de 170 especies de aves marinas y casi un tercio de las especies de mamíferos marinos del mundo.

En el Mar de Cortés es posible encontrar vaquitas marinas, tortugas laúd, tortugas verdes, peces conocidos como bonitos, tiburones ballena, sardinas, camarones, calamares gigantes, orcas, ballenas jorobadas, cachalotes, pulpos californianos de dos manchas, tortugas prietas, ranisapos, caballitos del Pacífico, totoabas, tortugas carey, tortugas oliváceas, gaviotas californianas y, entre muchas especies más, tortugas caguamas. En cuanto a flora, cuenta con arrecifes de coral, plancton y algas macroscópicas. Se calcula que alberga unas 62 especies de algas microscópicas y 626 tipos de macroalgas.3

Dada la concentración de su riqueza, el explorador y oceanógrafo Jacques Yves Cousteau le llamó el “acuario del mundo”, que entre sus nueve Áreas Naturales Protegidas integra a la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California, por constituir un sitio de excepcional belleza, gran diversidad biológica y hábitat de especies endémicas.4

Pese a su indudable importancia, hoy esta superficie se encuentra amenazada por diversos factores, entre los que destacan el turismo insostenible, el desarrollo costero mal planificado, así como la excesiva pesca comercial, la pesca deportiva y la pesca incidental, lo que sin duda pone en peligro de extinción a muchas especies.

Es precisamente la pesca la actividad en la que se centra la atención del presente documento; según investigaciones de la Coalición en Defensa de los Mares de México (Codemar), un alto porcentaje de las especies que habitan en la superficie del Mar de Cortés se encuentran colapsadas, lo que compromete seriamente su supervivencia.

En el caso particular del Mar de Cortés, es preocupante que a éste que debería ser un santuario llegan embarcaciones de los más diversos orígenes para extraer y exprimir la vasta riqueza causando daños que la naturaleza no está siendo capaz de compensar; siendo la captura de sardina uno de los principales atractivos para la industria pesquera de altura, la cual contradictoriamente se encuentra certificada como “sustentable” por el organismo internacional Marine Stewardship Council.5

De las razones que se señalan en ésta y diversas investigaciones, la sobreexplotación de la pesca y la pesca de arrastre son actividades que impactan de manera negativa en la conservación de las especies, ya que en búsqueda de una tonelada de camarón atrapan alrededor de 6 a 8 toneladas de otras diferentes, devolviéndose el restante sin vida al mar; siendo las más depredadoras, las dedicadas a la pesca de atún, camarón, tiburón y sardina.

Ante esta situación la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) visitó, junto con el Centro Mundial de la UNESCO, la zona del Golfo de Baja California, y recomendó varias medidas urgentes, entre las que destacan la prohibición permanente de tres actos: el uso de las llamadas redes de enmalle para la pesca, la pesca ilegal y el comercio de especies silvestres, aspectos que al parecer son los que más han afectado la intención de proteger a la biodiversidad, con especial enfoque en la vaquita marina.6

El gobierno federal de nuestro país no ha sido omiso a la emergente necesidad de establecer mecanismos de protección mucho más eficientes para proteger la zona y su biodiversidad, no obstante, a pesar de ello, es inminente la desaparición constante de diferentes especies derivado, principalmente, de la intervención negativa del hombre.

Sin duda existirán argumentos que intenten justificar la pesca como un factor que fortalece la economía de la zona; no se desconoce la realidad que indica que, por décadas, dicha actividad venía desarrollándose con fines de autoconsumo; sin embargo, con el paso de los años estas acciones se diversificaron llevándolo a la explotación insostenible, poniendo en riesgo millones de especies que son y siguen siendo pescadas con la ejecución de malas prácticas y que a falta de dichas especies, los servicios ambientales que dejan de brindar en los ecosistemas, provocan un desequilibrio ecológico que difícilmente se podrá recuperar si no se pone un alto de manera inmediata.

No existe argumento alguno que sea lo suficientemente sólido para permitir que se siga llevando a cabo la pesca desmedida en la zona del Mar de Cortés, existen alternativas que garantizan el crecimiento económico con una visión responsable y respetuosa con el medio ambiente; un claro ejemplo de ello es la transición hacia actividades ecoturísticas que han representado un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el estado de Baja California Sur, en donde Cabo Pulmo es punta de lanza de dicha transformación, impulsando el buceo y la observación de la fauna de manera organizada y sustentable; demostrando que las reservas marinas con zonas de no pesca son capaces de recuperar espectacularmente especies y ecosistemas, ser viveros, áreas de desove, crecimiento y reproducción, así como la derrama de peces comerciales a zonas adyacentes.7

Los propios pobladores de la zona refieren que sin duda reditúa más conservar la zona, que explotarla por remuneraciones en ocasiones insuficientes para vivir, a costa de la desaparición de la biodiversidad de uno de los mares más megadiversos a nivel mundial.

En dicho contexto, algunas asociaciones se han organizado para la creación de zonas de conservación para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; poniendo especial énfasis en preservar las especies en peligro de extinción, así como las amenazadas, endémicas, raras y las que se encuentren sujetas a protección especial.

Existen diversas propuestas para determinar la superficie que deber ser sujeta de protección y los objetivos de las mismas, ello en concordancia con los compromisos internacionales que son adoptados por nuestro país para lograr que, para 2020, 17 por ciento del territorio nacional sea Área Natural Protegida, en comparación con 13.76 por ciento actual.8

Coincidimos en la importancia de dar cumplimiento a dichos compromisos, sin embargo, consideramos que es más urgente poner un alto a las actividades que representan peligro para la subsistencia de los recursos naturales, las especies de flora y fauna y, en general, los ecosistemas con los que aún contamos y que hacen de nuestro país uno de los más ricos en materia de biodiversidad.

En virtud de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México ha sido enfático en su interés por proteger y preservar el medio ambiente, por lo que resulta indispensable solicitar la participación de las autoridades ambientales de nuestro país para que se decrete al Mar de Cortés como un área de protección en el que no se desarrollen actividades diferentes a las encaminadas a su conservación.

Por lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete como área de protección la superficie conocida como Mar de Cortés, decretando la exclusión pesquera total en la zona.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Islas y Áreas protegidas del Golfo de California. Disponible en: https://whc.unesco.org/es/list/1182

2 GeoEnciclopedia. Mar de Cortés. Disponible en:

https://www.geoenciclopedia.com/mar-de-cortes/

3 Ibídem.

4 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Mar de Cortés, el “acuario del mundo”. Área de importancia ecológica binacional que sobresale por su biodiversidad y su valor histórico-cultural. 09 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mar-de-cortes-el-acuario-del-mund o

5 Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR). ¿Por qué crear una Reserva de la Biosfera en el Mar de Cortés y el Pacífico Sudcalifornianos? Disponible en: http://www.endefensadelosmares.org/20181005_Equilibrio_ReservaDeLaBiosf era_MG.html

6 Judith Amador Tello. Revista Proceso. En riesgo, declaratoria de UNESCO a la zona del Golfo de California por la vaquita marina. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/490792/en-riesgo-declaratoria-unesco-a-la-zo na-del-golfo-california-la-vaquita-marina

7 Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR). Mar de Cortés: iniciativa de conservación y uso sustentable de los recursos marinos. Disponible en: http://www.endefensadelosmares.org/20180604_MarCortesIniciativaConserva cion%20.html

8 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). México, por un mundo más sustentable. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/prensa/mexico-por-un-mundo-mas-sustentable-87 350

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez, Jesús Carlos Vidal Peniche.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades locales y federales a implantar diversas acciones en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres, a cargo de la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas senadoras de la República, Minerva Citlalli Hernández Mora y Martha Lucía Micher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 , fracción II, 276, numeral 1, fracción I, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades locales y federales a fin de implementar diversas acciones en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el estado de Oaxaca se conjuntan dos tipos de sistemas electorales: el sistema de partidos políticos y los sistemas normativos internos (SNI), en razón de que existe una amplia composición étnica de su población y por las formas ancestrales de organización que las comunidades poseen. En la actualidad, 417 municipios se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (SNI) y 153 por partidos políticos. En ambos sistemas es fundamental la lucha por el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres.

México ha mostrado avances en este sentido, como la reforma en materia político-electoral de 2014 en la que se elevó la paridad de género a rango constitucional, permitiendo que un mayor número de mujeres se incorpore a la vida política del país a través de la obtención de candidaturas a cargos de elección popular. Aunado a lo anterior, en el 2015 realizó una reforma al artículo 2o. de la Constitución federal, en la que se reconoce la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones en los sistemas normativos indígenas.

A raíz de lo anterior, en el año 2016 en Oaxaca la participación política de las mujeres aumentó a 18 las diputaciones locales, es decir 42.8 por ciento, y a 30 los ayuntamientos que son encabezados por una mujer, según datos obtenidos desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En la reciente elección del 1 de julio de 2018 del estado de Oaxaca, fueron electas 52 mujeres como presidentas municipales por partidos políticos y 24 por SNI, es decir, son 76 mujeres electas de un total de 570 municipios, así también fueron electas 566 mujeres como regidoras, cifra que resulta histórica en la participación política de las mujeres en el mencionado estado.

Sin embargo, las cifras de violencia política contra las mujeres han aumentado en mayor proporción que su participación política. En el 2017 se iniciaron cuatro expedientes en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) mientras que en el 2018 la cifra aumentó a 10 expedientes. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad en el 2017. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó 16 casos evidentes de funcionarias víctimas de violencia política en el año anterior, además señala que, en el 30 por ciento de estos casos las funcionarias se enfrentaron con dificultades para ejercer sus cargos hasta el último día de sus gestiones.

En menos de una semana se han presentado cuatro casos de violencia política contra las mujeres, lo que no sólo afecta la democracia sino los derechos humanos de las mujeres a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y contextos libres de violencia.

El día 1 de enero Anayeli Huerta tomó protesta como alcaldesa de Santiago Tamazola, del distrito de Silacayoápam, Oaxaca, y media hora después tanto ella como su suplente renunciaron a su encargo, por lo que el síndico Óscar Sánchez Ruiz, ex edil municipal de la administración saliente y conteniente de la misma platilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), ocupó el cargo.

Este no es el único de estos casos, puesto que el 2 de enero, a menos de 72 horas de haber asumido su cargo, Fidela Bernarda Cuenca Fermín y su suplente renunciaron a la presidencia municipal de San Miguel Ahuehuetilán, también del distrito de Silacayoápam, por supuestas amenazas a su persona, su familia y patrimonio; la función de edil las tomó el síndico Salvador Daniel Peral Bazán, también del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, el 4 de enero Tania Remedios Arias del Castillo, quien fuera electa presidenta municipal de San Juan Colorado, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRR) y el Movimiento Ciudadano (MC), debía rendir protesta, así como recibir el bastón de mando,1 en ceremonia encabezada por el consejo de ancianos. Pero éste consideró que no era propio que una mujer lo portara, por lo cual le fue negado, de esta manera, aunque la alcaldesa rindió protesta de su encargo, la falta de realización del ritual anteriormente señalado obstaculiza el ejercicio del cargo en plenitud, puesto que no cuenta con el respaldo de un grupo importante de la comunidad que representa. El bastón de mando le fue entregado a su esposo, Eliezer Alberto García Lorenzo, quien fuera electo como síndico municipal por la misma coalición que su esposa.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Tlacoatzintepec, Oaxaca, Martha Regules Mendoza, así como sus suplentes Raquiela Olivera Lozano y Delfina Regules Hernández, de la fórmula del partido Morena, renunciaron a su cargo el día 1 de enero del presente año, debido a presuntas amenazas, durante la sesión de cabildo en la que rendiría protesta. Debido a que se retiraron también el resto de quienes integraban el cabildo, Leocadio González Calleja, del partido Morena, fue designado como presidente municipal; Guillermo Régules Gutiérrez, ex candidato por el PRI, como síndico, y Eustacio García Hernández, ex candidato del Partido Nueva Alianza, rindió protesta como regidor de Hacienda.

Con base a lo anteriormente expuesto podemos observar que de los cuatro cargos2 a las presidencias municipales que fueron electas de manera histórica en municipios de Oaxaca terminaron siendo ocupados por hombres, lo que demuestra una simulación política de parte de los partidos políticos ante el principio de paridad, una evidente resistencia al ejercicio de la democracia y la violencia política hacia las mujeres.

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 412 Ter, contempla el delito de violencia política como:

“Violencia política es toda acción u omisión realizada por sí o a través de terceros que cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de cualquier miembro de su familia, para restringir, suspender, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad”.

Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en su artículo 9, define violencia política en razón de género como:

“La acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se puede manifestar en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.”

Así también considera que las acciones y omisiones que configuran violencia política de género son las siguientes:

I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades;

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;

III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;

IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual una persona ha sido nombrada o elegida;

V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; y

VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación yafiliación enlos partidos políticos en razón de género.

Así también, aunque la Ley Orgánica Municipal establece en el artículo 61 las causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del ayuntamiento, así como las disposiciones para la participación ciudadana, no contempla los principios de paridad de género, ni de violencia política.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a que tomen las medidas pertinentes para evitar actos de simulación del principio de paridad género por parte de los partidos políticos, así como cualquier otro acto de violencia política contra las mujeres, en particular, los que comprenden las mismas o similares características que los presentados en el estado de Oaxaca a principios de enero de 2019.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca a reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca a fin de que incluya la paridad como uno de sus principios rectores con el objetivo de generar las condiciones para que el derecho a la participación política de las mujeres sea ejercido en igualdad, libre de discriminación y de violencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos estatales a armonizar sus leyes orgánicas municipales a fin de que incluyan la paridad como uno de sus principios rectores con el objetivo de generar las condiciones para que el derecho a la participación política de las mujeres sea ejercido en igualdad, libre de discriminación y de violencia.

Notas

1 El bastón forma parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas y es el símbolo de respeto, poder y mando entre las autoridades municipales.

2 Lo anterior en razón de que, aunque el cargo del municipio de San Juan Colorado sigue siendo ocupado por Tania Remedios Arias del Castillo, ante la comunidad Indígena y el consejo de ancianos el cargo lo ocupa su marido Eliezer Alberto García Lorenzo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 15 días de enero de 2019.

Senadoras:

Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado del campo militar número 1-F, de Santa Fe, respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el campo militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, conforme a los siguientes

Antecedentes

En el mes de julio del 2018, el Campo Militar 1-F, ubicado en Vasco de Quiroga número 1401, en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, fue considerado para su venta como proyecto de la administración federal pasada, con el propósito de construir un desarrollo inmobiliario, no obstante se desistió de ello, confirmando que se destinaba a la Sedena a efecto de que se siga utilizando en actividades castrenses, ello señalado en el “acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1,522,140.00 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México, y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio del 2018.

Asimismo, conforme al mencionado acuerdo se menciona que la superficie de 199,004 metros cuadrados, que forma parte del cauce del río Tacubaya y de la zona federal, por lo que, al ser propiedad originaria de la nación, en términos del artículo 27 constitucional y encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás acciones de regularización que correspondan.

En dicho acuerdo, también señala que sí la Secretaría de la Defensa Nacional diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este instituto. Y que en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el inmueble destinado, previo a su realización, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.

En ese sentido, es pertinente señala que de acuerdo con declaraciones recientes del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presente administración federal pretende urbanizar el Campo Militar 1-F con el objetivo de financiar las instalaciones de la denominada Guardia Nacional en las distintas regiones del país. De acuerdo con lo dicho por el mandatario federal, se estima recaudar de 20 a 30 millones de pesos, con la construcción de departamentos de lujo.

A pesar de ello, aún no se cuenta con proyecto formal alguno que detalle las obras de mitigación, estudio de impacto ambiental y el uso de suelo del predio donde se pretende realizar las obras de urbanización.

Cabe mencionar que, en el año 2018, cuando se pretendía vender dicho terreno donde se ubica el Campo Militar en la administración federal pasada, el entonces senador Mario Delgado, a través de un video publicado en Twitter denunció su rechazó, señalando que “... este terreno un negocio con valor estimado en más de mil millones de dólares. Un desarrollo así colapsaría por completo el ya complicado tráfico de la zona, dejaría sin agua a todas las colonias de alrededor y terminaría con uno de los pocos pulmones que le que le quedan a la ciudad”. “Vamos a organizarnos. Primero para detener este mega desarrollo. Y segundo para pedirle al gobierno federal y al gobierno de la ciudad que conviertan en esta zona en un área de valor ambiental protegida con un gran parque que todos puedan disfrutar”.

En el mismo sentido se pronunció la entonces candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ahora alcaldesa, expresando su negativa a la venta del Campo Militar 1-F.

Pero lo más grave de dicha situación, es el gran descontento que existe por parte de los vecinos de la zona ante dicho proyecto de urbanización, ante ello se han unido vecinos y activistas a la denominada “Liga Ciudadana”, con el objetivo de hacer frente y defender la zona, a decir de Humberto Morgan, uno de los vecinos, señala que las colonias impactadas serán Santa Fe Casco (el pueblo originario), Pólvora, Zona Militar, La Estrella, tres unidades habitacionales de interés social, Real del Bosque, Boscoso, Zenón Delgado, Héroes de 1857 y El Capulín, de la parte de Álvaro Obregón, así como la parte alta de Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

Cabe mencionar que, en relación con lo anteriormente señalado, en el año 2017, el entonces gobernador de Puebla, Antonio Gali, entregó a la Sedena un inmueble de 600 hectáreas, denominado La Célula, en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla, que forma parte del plan de mudarse del Campo Militar 1-F en Santa Fe.

Así, en el mes de noviembre de 2018, se inauguraron dichas instalaciones, en su primer etapa, la obra incluye las fábricas de plásticos y de pinturas, una nave ensambladora militar, almacenes, alojamientos, 12 polvorines para la fábrica de carga y de cartuchos, comedor, barda perimetral con sistema de vigilancia, urbanización y vialidades, instalaciones para los servicios de seguridad, unidad habitacional militar (integrado por cinco edificios y espacios de esparcimiento) y una unidad médica de consulta externa.

No obstante, se tiene contemplado la construcción de una segunda fase que comprende un taller de mantenimiento de armamento, la fábrica de granadas calibre 40, construcción de un helipuerto, un segundo comedor, así como las plataformas y vialidades para las fábricas de armas, proyectiles y morteros.

Considerandos

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.

II. Que de acuerdo con acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1,522,140.00 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, ubicado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01210, Ciudad de México, y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, señala en el sexto acuerdo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente con el siguiente resolutivo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que informe el uso de suelo que tiene el Campo Militar número 1-F, ubicado en Santa Fe, debido a que el gobierno federal contempla construir edificios de lujo en dicho predio.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que remita un informe detallado acerca de los recursos que destinó en la construcción de las instalaciones de la industria militar en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla, asimismo, que informe el avance de la canalización de los recursos que se tienen contemplados para la construcción de la segunda fase.

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la promoción personalizada del presidente de la República con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cuidar la institucionalidad en cuanto al uso de propaganda gubernamental por parte del Ejecutivo federal y diferenciarlo claramente de la utilizada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resulta de vital importancia para no dañar a la democracia en nuestro país y mantener al gobierno de la Republica, como un ente imparcial e independiente para desempeñar sus funciones alejado de cualquier ideología de partido.

Afirmamos lo anterior en función de que el gobierno federal utiliza logos y colores para la comunicación social de la administración pública federal, que constituye el uso de propaganda gubernamental, y confunde los colores que identifican a dicho partido político, en franca violación a la ley.

A partir de esta aseveración, consideramos que existen elementos que permiten presumir una ilegalidad que debe ser observada por parte de las autoridades correspondientes, al tiempo de adoptar las medidas que se estimen conducentes para prevenir la afectación a los principios rectores en la materia electoral y proteger el derecho a la libertad de expresión, y el acceso a la información pública.

Los partidos políticos emiten y difunden propaganda electoral de carácter genérico a fin de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía, lo cual realizan en ejercicio de la libertad de expresión y de difusión de ideas con que cuentan, sin embargo, dichas prerrogativas no son absolutas y mucho menos deben ser utilizadas por autoridad alguna para su beneficio electoral.

En este sentido, la legislación mexicana establece ciertas reglas que rigen el contenido de la propaganda electoral y gubernamental, los cuales en esencia buscan que las contiendas electorales se desarrollen bajo condiciones de equidad y legalidad.

Los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, además de su ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental; el 41, base III, apartado A, de la Constitución, así como 25, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 159, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos brindan el marco legal para manifestarnos en contra de que esta práctica se siga dando por parte del Ejecutivo federal. El artículo 134 constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo, señala:

Artículo 134.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público... .”

En este sentido, podemos afirmar que el artículo 134 constitucional es muy claro cuando establece la prohibición de que: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”; asimismo, establece que la propaganda “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social...”. Igualmente, los servidores públicos se obligan a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Es por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos importante que la autoridad electoral actúe de manera inmediata en consecuencia, así como realizar un extrañamiento tanto al gobierno federal, como al partido Morena, para abandonar este tipo de prácticas que resultan perniciosas para la democracia y a los derechos de las y los mexicanos.

Lo anterior, en virtud de que durante las conocidas “conferencias mañaneras” convocadas por el propio titular del Ejecutivo federal, la propaganda gubernamental en contra del huachicoleo o el video para influir a la ciudadanía con respecto a la Guardia Nacional, utilizan con premeditación elementos coincidentes respecto a los colores utilizados por el partido Morena, así como la imagen del presidente de la República y de personajes de la historia de México a los que Andrés López Obrador hizo referencia durante la campaña para las elecciones presidenciales, con los que asegura que se identifica y que han influido en la construcción ideológica del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por lo que resulta razonable que de manera preventiva y tutelar, el Instituto Nacional Electoral (INE) adopte las medidas cautelares necesarias a fin de evitar un daño que ponga en riesgo la equidad de las próximas contiendas electorales y la libertad de expresión, que incluye la libertad de pensamiento y de acceso a la información pública como consecuencia de la sobreexposición indebida de la imagen del presidente de la República con los colores de su partido político a partir de una estrategia que se advierte premeditada, reiterada y permanente, como puede observarse:

Las imágenes anteriores, queda de manifiesto que el Gobierno de México utiliza los mismos colores que morena utiliza como base de la imagen de su contenido de difusión social y comunicación social, tal como se muestra a continuación:

Además, de acuerdo con lo que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios.

De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.1

En este sentido, los recientes desplegados del gobierno federal resultan contrarios a estos criterios reiterados al hacer mención directa de un funcionario público, utiliza los colores alusivos al partido Morena y contiene elementos de propaganda al emplear frases como “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador” y se utiliza su imagen para promocionar políticas públicas:

Esta proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo atajar esta situación, al tiempo de impulsar una acción preventiva que nos ayude a garantizar la certeza de los procesos electorales y la confianza en los mismos, y en las instituciones encargadas de realizarlos, a través de medidas que abonen al equilibrio democrático y preservar la voluntad del Poder Constituyente permanente y los objetivos y finalidades de la reforma electoral:

[...] impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales (Iniciativa 2007)

Para los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, resulta clara y evidente una estrategia de comunicación social por parte del gobierno federal y del partido Morena donde se aprecia una conculcación por parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a las reglas de propaganda gubernamental y a la prohibición de difundir promoción personalizada.

Lo anterior, en franca violación de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en el sentido de que la propaganda gubernamental no puede tener un contenido de carácter electoral y la Ley General de Comunicación Social, cuya principal finalidad es evitar esta clase de situaciones que permitan influir en las preferencias electorales, desmeritando el trabajo de servidores públicos comprometidos con el ejercicio de sus funciones y atentando directamente contra derechos humanos, cuya protección y vigencia es prioritaria , tan es así que la libertad de expresión no puede ser suspendida, aun en ante la declaración de un estado de excepción de acuerdo con lo dispuesto en la constitución y en los tratados internacionales en la materia.

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social define las Campañas de Comunicación Social, como aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público y establece límites claros y precisos a estas dentro de su artículo octavo, el cual establece que las Campañas de Comunicación Social, deberán:

-Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales;

-Promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras;

-Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos;

-Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable;

-Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como en materia de protección civil;

-Difundir las lenguas nacionales y el patrimonio histórico de la Nación;

-Comunicar programas y actuaciones públicas.

Además, dicha legislación establece que no se podrán difundir como contenido de comunicación social contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, o que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.

No obstante, el gobierno federal constantemente hace referencia a las frases empleadas en campaña como parte de su discurso institucional, emplea constantemente elementos que de forma directa o indirecta hacen referencia a Andrés Manuel López Obrador; emplea diseños y colores semejantes o iguales a los que usa Morena y convoca a la ciudadanía a participar en instituciones inexistentes, contraviniendo el principio de seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que expresamente la ley loa autorice para realizar.

Como puede advertirse, existen elementos suficientes que permiten justificar la intervención inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas cautelares para evitar que la propaganda gubernamental sea contraria a la normativa electoral y suspender patrones de sistematicidad que pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal que configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Y es por esto que las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que, con la adopción de las medidas cautelares como la solicitada en esta proposición con punto de acuerdo, sentará un precedente para evitar en el futuro infracciones a la normativa electoral por parte de cualquier autoridad o servidor público en beneficio de cualquier partido político y, con ello, lograremos preservar la equidad y la igualdad como piedra angular de nuestro sistema político, pues tal como menciona el presidente de la República, como parte de los Poderes de la Unión debemos dar ejemplo de imparcialidad en nuestras funciones técnicas.

En este sentido y con los objetivos anteriormente señalados es que las autoridades electorales están obligadas a ponderar el posible riesgo que representa la propaganda denunciada y, en su caso, ordenar el cese de su difusión con el propósito de evitar poner en riesgo futuras contiendas políticas, así como de los valores tutelados en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) a que adopte las medidas cautelares necesarias para ordenar la suspensión de la propaganda gubernamental del gobierno federal por el presunto uso de recursos públicos para la promoción personalizada del presidente de la República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, que pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal que configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales.

Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de comunicación social de su gobierno se cumpla estrictamente lo mandatado en el artículo 134 constitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal a que cumplan con lo dispuesto por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la prohibición de utilizar en la propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Nota

1 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-270/2017.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—19 de julio de 2017

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de enero de 2019.

Senadores:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover campañas de toma de conciencia sobre la miopía, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen aproximadamente mil 300 millones de personas con alguna deficiencia visual. Con respecto a la visión de lejos, 188.5 millones de personas tienen una deficiencia visual moderada, 217 millones tienen una deficiencia visual de moderada a grave y 36 millones son ciegas.1

La OMS establece que la miopía es un error de refracción una de las principales causas de una visión deficiente, como el glaucoma, cataratas, tracoma, opacidad de la córnea y más.

Los errores de refracción son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa discapacidad visual. Los tres errores de refracción más comunes son:

La miopía: dificultad para ver claramente los objetos distantes;

La hipermetropía: dificultad para ver claramente los objetos cercanos;

El astigmatismo: visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea, que es la superficie transparente que cubre el globo ocular.2

Estos errores de refracción que son comunes entre la población y que no se puede evitar, ya que según estudios son hereditarios, se puede prevenir su progresividad con un tratamiento oftalmológico.

Durante la infancia es la etapa recomendable para asistir con un especialista y asegurarse si se tiene alguna dificultad de la vista para que en un futuro no puedan surgir complicaciones como fatiga al estudio por no poder leer adecuadamente por la dificultad de ver con claridad.

En el mundo, cerca del 80 por ciento de los niños sufre algún tipo de error refractivo, como miopía (visión corta), hiperopía (hipermetropía), astigmatismo o presbicia. Además, se estima que para 2025 prácticamente 90 por ciento de la población joven que tiene actividades de visión cercana, así como niños, tendrán una de esas condiciones; de ese porcentaje, cerca del 70 por ciento tendrá miopía.3

De acuerdo con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, a través de su atlas sobre la prevención de la ceguera, establece que en 2015 nuestro país contaba con aproximadamente con más de dos millones de habitantes con alguna discapacidad visual moderada a grave.4

Dicho lo anterior es fundamental promover campañas de concientización para que la población esté informada sobre la miopía y las consecuencias visuales, físicas y psicológicas que puede conllevar no tratarse a tiempo. La prevención es una medida primordial para reducir el empeoramiento de la salud visual.

Por lo expuesto, me permito presentar ante este honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover campañas de concientización sobre la miopía.

Notas

1 OMS, Ceguera y discapacidad visual, 2018. https://www.who.intles/news-room/fact­sheets/detail/blindness-and-visua l-impairment

2 OMS, ¿Qué son los errores de refracción?, 2009.

https://www.who.intlfeatures/qa/45/es/

3 UNAM, 70 por ciento de la población joven desarrollaría miopía para 2025. http://www.unamglobal.unam.mxl?p=1757 4

4 IAPB, Atlas de la visión, 2015. http://atlas.iapb.org/gvd-maps/#AIIAges

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de enero de 2019.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y la SHCP a dispersar por la banca de desarrollo y otras instituciones públicas sin fines de lucro los recursos del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de los diputados Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Una vez levantado el Censo del Bienestar por la nueva administración federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las tarjetas para la dispersión de recursos ya se están distribuyendo para hacer llegar los apoyos económicos a los beneficiarios de los principales programas sociales a través del banco privado Banco Azteca .

2. De manera que será Banco Azteca la institución que va a manejar el fondo económico.

Ya está de hecho eso etiquetado. Ya sólo falta que Banco Azteca implemente la entrega de las tarjetas con los datos de todos los jóvenes y se les van a entregar.

Expresó que se eligió a Banco Azteca “porque es el que tiene más sucursales. En las colonias populares hay una tienda Elektra. Ningún otro banco tenía esas características. Por eso los eligieron”.

Los recursos para la entrega de programas sociales se han entregado mediante diversas instituciones, como ha sido Bansefi, Telecomm e incluso la red de abasto rural de Diconsa, en programas de dimensiones nacionales, en comunidades apartadas, por lo que el argumento de que tienen una mayor cobertura un banco no son sostenibles.

3. El jueves, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó en Tlalnepantla las primeras 20 tarjetas a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes recibirán 3 mil 600 pesos mensuales por un año, a través de esas tarjetas bancarias, mientras reciben capacitación en las empresas inscritas en el programa.

4. De acuerdo a una entrevista con Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, publicada el jueves pasado por El Sol de México, la institución financiera es una de las elegidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dispersar los recursos de los programas sociales del Bienestar a unos 25 millones de mexicanos, pero precisó que las tarjetas aún no están listas.

5. En los lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se especifica de qué banco son las tarjetas, ni si se cobrará alguna comisión a los jóvenes a quienes se les entreguen.

6. En esos lineamientos sólo se señala que el apoyo económico será otorgado directamente al becario a través de una tarjeta bancaria, que se entregará en una sola ocasión de manera gratuita, por lo que las reposiciones tendrán el costo que establezca la institución encargada de la dispersión de los recursos económicos.

7. El programa para jóvenes arranca con más presupuesto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque aún se diseñan sus reglas de operación. El portal de noticias Animal Político buscó tanto a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, dependencia federal encargada de Jóvenes Construyendo el Futuro, como a Banco Azteca para conocer cuál fue el contrato o acuerdo que se firmó para manejar el fondo económico del recurso de Jóvenes Construyendo el Futuro, qué procedimiento se realizó para elegir a Banco Azteca como operador, cuáles fueron los criterios para la selección y si se cobrarán intereses a los jóvenes, pero no estuvieron disponibles para responder.

8. Banco Azteca pertenece a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre que un grupo de empresarios le propuso la creación de un consejo de asesores para trabajar en conjunto con el próximo gobierno y lograr que México duplique su crecimiento económico.

Otro nexo entre el empresario y el presidente es Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación Pública, quien hasta julio de 2018 presidió, por 17 años continuos, Fundación Azteca.

El PRD hace un llamado a actuar con apego a la normatividad y responsabilidad y no de manera clientelar y electoral.

Asimismo, el PRD alerta que dejar esta dispersión de recursos en manos de una institución con fines de lucro y sin licitación de por medio, le asegura atraer clientes cautivos, que eventualmente le facilitará suficientes abonos que le proveerán los jóvenes becarios, pues Electra, es para todos conocido, la desmesurada usura que aplica a su clientela.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, consideran que para la sociedad es importante saber: cuál fue el contrato o acuerdo que se firmó para manejar el fondo económico del recurso de este programa social; qué procedimiento se realizó para elegir a Banco Azteca como operador; cuáles fueron los criterios para la selección y si se cobrarán intereses a los jóvenes; entre otros.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dispersar los recursos del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro a través de la banca de desarrollo y otras instituciones públicas, sin fines de lucro.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el contrato o acuerdo que se firmó para manejar con Banco Azteca el fondo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; para aclarar cuál fue el procedimiento y los criterios de elección para designar a esa empresa como operadora de estos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputados:

Con punto de acuerdo, para realizar acciones y determinar si, de los pasivos ambientales generados por la empresa Química Central en Guanajuato, se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega y Beatriz Manrique Guevara, así como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Humberto Pedrero Moreno y Francisco Elizondo Garrido, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contaminación es un fenómeno multifactorial que se da en el planeta de forma creciente, principalmente por el desarrollo económico, el crecimiento demográfico, y la explotación desmedida de los ecosistemas.

El país ha sufrido desde hace décadas, los efectos negativos de la contaminación en el aire, agua y subsuelo; misma que ha buscado revertir mediante el diseño e implementación de leyes y políticas públicas que atiendan la problemática de forma preventiva y reactiva.

La contaminación que se presenta en México varía en cada región, pues depende de los usos y las costumbres de la población, las características de su sector económico, y de las acciones que realiza para atender y aminorar sus efectos.

Dada la desigual distribución geográfica de la industria y la dispar presencia de tipos de industrias en cada región, sus efectos ambientales difieren sustantivamente. Se puede distinguir estados con una alta intensidad de generación de contaminantes con relación a su producto, como parece ser el caso de Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Otros estados, en cambio, a pesar de su alta concentración de industrias, presentan una baja intensidad de contaminación por unidad de producto industrial, como es el caso del estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal.1

Las afectaciones que provoca la contaminación es diversa y va en detrimento del bienestar de la vida de las personas y su entorno físico, afectado la calidad del aire, agua, flora y fauna de la zona donde se manifiesta.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer que en 2017 se contabilizaron 623 sitios potencialmente contaminados y contaminados en las entidades federativas, lo que evidencia la gravedad de la situación, y alerta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para seguir implantando estrategias tendentes a revertir los efectos negativos que se generan.

De acuerdo con el total de sitios potencialmente contaminados y contaminados identificados en 2017, cabe resaltar que los cinco estados con mayor número son Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Colima.2

Guanajuato, de acuerdo con las cifras de la Semarnat, cuenta con 48 sitios potencialmente contaminados y contaminados, lo que hace urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen para atender la problemática ambiental que se presenta, y así garantizar la calidad de vida de la población.

Desafortunadamente, esa entidad federativa cuenta con casos emblemáticos en materia de contaminación ambiental, surgidos como consecuencia de la operación por décadas de empresas en diferentes ramas de la industria, sin los procedimientos adecuados dentro de su cadena productiva, lo que ha generado importantes pasivos ambientales que afectan el entorno físico de la región, contaminando el aire, agua, flora y fauna; y ocasionando diferentes problemas de salud pública.

Se registran 2 mil 349 empresas, que generan 60 mil 818.24 toneladas de residuos peligrosos, que representan 3.42 y 3.17 por ciento a escala nacional, respectivamente, por tipo de categoría los grandes generadores aportan 58 mil 193.27 toneladas, siendo el sector industrial de mayor generación el automotriz, con 19 mil 752.83 toneladas, y en cuanto a los tipos de corrientes la de mayor generación son los sólidos, con 30 mil 649.61 toneladas.3

Los casos de las empresas Tekchem y Química Central son particularmente relevantes en Guanajuato, en razón de que su operación durante décadas ha generado pasivos ambientales, como consecuencia de no realizar adecuados procesos y procedimientos en su cadena productiva, ocasionado en las regiones en donde tienen presencia, afectaciones al medioambiente y a la salud de la población.

Tekchem ha sido objeto de intervención por el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, a través Plan Salamanca 2016-2018, el cual tiene como finalidad atender los problemas en materia de contaminación provocados por algunas empresas en la región, a través de acciones específicas para cada caso concreto.4

De acuerdo con lo señalado en el Plan Salamanca, con relación a esta empresa, se identificaron algunos resultados de las acciones emprendidas para revertir las afectaciones causadas en materia de impacto ambiental en la región de Salamanca, sin embargo, los avances son lentos y la atención del problema durará varios años.

Como parte de las acciones implantadas para revertir las afectaciones en la salud de las personas que habitan en la región donde se encontraba Tekchem, se realizó por la Cofepris, tareas para identificar las mismas, con el objetivo de garantizar su adecuada y pronta atención, así como para descartar que los contaminantes siguieran provocando daños a la población.

De esa forma, se observa que pese a que el gobierno federal está interviniendo de forma integral para solucionar las afectaciones generadas por la multicitada empresa, aún queda pendiente establecer acciones para revertir las afectaciones generadas por Química Central en el Guanajuato, que no está siendo sujeta de intervención por las autoridades, para identificar y atender las posibles afectaciones a la salud que pudieran estarse presentando en la población.

La situación de Química Central es particular, pues sigue bajo procedimiento judicial y no se ha emitido una resolución al respecto, por la probable afectación del ambiente, derivado de un inadecuado manejo de sus residuos peligrosos, lo que presumiblemente ha ocasionado afectaciones en el agua de la región, y en la salud de los habitantes de San Francisco del Rincón, y de algunas zonas de León.5

No sólo en las instalaciones de Química Central se encuentran residuos tóxicos a su interior, prueba de ello es este cementerio en la comunidad Los Pedroza, sin embargo, se ha hablado que en algunos fraccionamientos de la periferia de León, casi colindantes con el municipio de San Francisco del Rincón, se han hecho reportes a Profepa, que cuando llueve, del suelo brota una salinidad color verde y amarilla, reacción muy similar que se encuentra en el cementerio toxico de la comunidad Los Pedroza.6

Los residuos peligrosos que generó la empresa, de acuerdo a lo que se identifica en diferentes notas de prensa, son principalmente cromo hexavalente, que de acuerdo a lo que se señala en la Norma Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2014,7 es potencialmente cancerígeno, lo que debe de encender los focos de alerta para que con la mayor brevedad se implanten acciones para conocer el estado de salud de la población, y en su caso continuar con las medidas para revertir los efectos negativos que ocasiona el mal confinamiento de los residuos peligrosos de la empresa, toda vez que contaminan el suelo y subsuelo, además de afectar los acuíferos y el ambiente.

De acuerdo con lo señalado en diversas notas de prensa, la empresa Química Central no manejó de forma adecuada sus residuos peligrosos, por lo cual los confinó en sitios no autorizados y a cielo abierto, afectando de forma directa el entorno, así como la salud de las personas.

El 26 abril de 2017, la Profepa fincó una multa económica de 33 millones 396 mil 247 pesos Química Central ubicada en San Francisco del Rincón, al ser una fuente generadora de los residuos peligrosos y responsable de su debido manejo, disposición final y/o tratamiento, derivado del inadecuado almacenamiento y depósito de los residuos peligrosos observados, entre ellos aproximadamente 196 mil toneladas de residuos con cromo hexavalente.8

Pese a la grave situación que se enfrenta en la región a causa de la empresa Química Central, a la fecha no se ha advertido que existan datos oficiales sobre el número de personas enfermas por causas relacionadas a los pasivos ambientales de dicha la empresa, por lo que es importante que tanto las autoridades federales como estatales, implementen medidas urgentes para conocer el número de personas con afectaciones en su salud, así como el tipo de padecimiento que presentan, con el objetivo de que se diseñen e implanten acciones precisas para revertir dichas afectaciones.

Derivado de lo aquí expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Cofepris, por conducto de la Secretaría de Salud federal, y a la Secretaría de Salud de Guanajuato a realizar las acciones pertinentes para determinar si derivado de los pasivos ambientales de la empresas Química Central se generaron riesgos a la salud de las poblaciones cercanas, y en consecuencia implantar las medidas necesarias para revertirlas y garantizar la salud de la población.

Notas

1 Véase Semarnat, 2010. Industria y medio ambiente. Recuperado el 7 de octubre de 2018, de

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?I BIF_ex=D2_R_INDUSTRIA01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ mce

2 Véase Semarnat, 2018. Sitios potencialmente contaminados y sitios contaminados registrados en el Sisco como pasivos ambientales. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_SITIO S03_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDA D=*

3 Véase Semarnat, 2012. Integración y actualización del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos. Recuperado el 1 de octubre de 2018, de http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CD0 01401.pdf

4 Véase Semarnat, 2018. Plan Salamanca 2016-2018. Recuperado el 6 de octubre de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389098/plan_salamanca_31 _agosto.pdf

5 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017. Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017. Recuperado el 1 de octubre de 2018, de

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Produ ctos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuari os_2017/702825092146.pdf

6 Véase Flores, P., 27 de abril de 2017. “Química Central tiene un depósito de residuos tóxicos”. Recuperado el 4 de octubre de 2018, de http://www.milenio.com/estados/quimica-central-tiene-un-deposito-de-res iduos-toxicos

7 Véase Secretaría de Economía, 2015. NMX-AA-044-SCFI-2014. Recuperado el 2 de octubre de 2018, de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166148/nm x-aa-044-scfi-2014.pdf

8 Véase Milenio Digital, 2018. “Retira Química Central residuos peligrosos de manera ilegal”. Recuperado el 5 de octubre de 2018, de http://www.milenio.com/politica/gobierno/retira-quimica-central-residuo s-peligrosos-ilegal

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Marco Antonio Gómez Alcantar (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez (rúbrica), Jesús Carlos Vidal Peniche (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Humberto Pedrero Moreno (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión y las Comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras a incluir la perspectiva de género para la integración y operación de la Guardia Nacional en el dictamen por discutirse próximamente, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, a las Comisiones de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; a incluir la perspectiva de género para la integración y operación de la Guardia Nacional, en el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las normativas que se deriven, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La creación de la Guardia Nacional responde a la impronta social de combatir principalmente al crimen organizado que ha desbordado prácticamente las instituciones del Estado nacional lesionando gravemente la gobernabilidad en importantes segmentos territoriales, a la par que vulneró gravemente el ejercicio pleno de los derechos que la Carta Magna consagra para los ciudadanos del país.

El combate frontal contra la criminalidad provocó el consumo de ingentes recursos económicos, que miles de personas perdieran la vida, fuesen desplazadas de las zonas que habitaban o desaparecieran.

No obstante el costo social, la operatividad de los grupos criminales no decreció sino se intensificó dramáticamente, permeando claramente las estructuras de los tres órdenes de gobierno.

De ahí que la nueva administración haya decidido dar paso a la Guardia Nacional con la cual —junto con otras dependencias y organismos de la administración pública federal— se busca socavar a la delincuencia desde las bases mismas que la soportan.

Ante este reto mayúsculo, la creación y operación de la Guardia Nacional —en virtud de las tareas que en materia de seguridad pública tendrá—, estamos ciertas debe conducirse por el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas y dentro del Sistema Interamericano.

Nos referimos en particular a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual es vinculante para el Estado mexicano, y donde se delinean los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa irreductible de prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer.

Al respecto, diversas son las obligaciones que proceden de la CEDAW, entre ellas las establecidas en sus artículos 2 y 3, que a la letra señalan:

Artículo 2

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Convención que el ámbito interno se tradujo en la formulación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007.

De ese modo, precisa la fracción novena de su artículo 5, que perspectiva de Género debe entenderse como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar todas las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.

Asimismo, que promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

En tanto que en el artículo 4 se asientan los principios rectores de las políticas nacional y locales—para garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia—, tales como la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres

Notoriamente, el artículo 38 del citado ordenamiento prevé que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, contenga diversas acciones con perspectiva de género, sobresaliendo las siguientes:

• Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.

•Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres;

Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad.

En lo tocante a las responsabilidades de las autoridades de seguridad pública, el vigente artículo 44 establece que:

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres ;

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres ;

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado ;

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan ;

VII. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres ;

VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres ;

IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Atribuciones que, apuntamos, deben ser retomadas al formularse en su momento la Ley Orgánica de la Guardia Nacional.

Por otro lado, en una visión normativa dinámica, el Poder Legislativo dispuso la expedición de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres , en 2006.

Dicha Ley dispone que perspectiva de género está referida a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género (artículo 5 fracción VI)

Mientras que en la subsiguiente fracción se define que transversalidad , es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

El citado dispositivo normativo establece en su artículo 33 que la política nacional para la igualdad económica tendrá como objetivos:

• Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos

• Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica

•Impulsar liderazgos igualitarios

Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres

En conclusión, el exhorto resulta oportuno y pertinente toda vez que inician ya las audiencias públicas1 —del 8 al 12 de enero del presente año, en las instalaciones de este recinto— con diversas temáticas como seguridad ciudadana en los estados; federalismo y guardia nacional; estrategias municipales para la seguridad; los municipios ante la problemática de la inseguridad; derechos humanos y guardia nacional; seguridad humana y guardia nacional; seguridad, construcción de la paz y guardia nacional; la seguridad y la guardia nacional y seguridad humana y guardia nacional.

A estas han sido convocadas todas las personas interesadas, senadores, gobiernos estatales y municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos; organismos de la sociedad civil, académicos, especialistas, servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Asimismo, el Congreso de la Unión realizará un periodo extraordinario2 de sesiones para analizar y en su caso aprobar, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en curso.

Más aún, previamente la Junta de Gobierno de la honorable Cámara de Diputados solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales coordinar los trabajos legislativos con su par de la Colegisladora a fin de avanzar en el dictamen3 final de la Iniciativa4 con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

En suma, una política nacional de seguridad pública habrá de considerar la transversalización de la perspectiva de género —dentro de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, en relación con la fracción VIII del artículo 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— con apego a los avances normativos en la materia reconocidos por las instancias internacionales que velan por el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . El pleno de esta honorable asamblea exhorta a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a incluir el principio de perspectiva de género para la integración y operación de la Guardia Nacional, en el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las normativas que se deriven.

Notas

1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencias-Publicas-sobre -la-Guardia-Nacional/Convocatoria

2 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencias-Publicas-sobre -la-Guardia-Nacional/Convocatoria

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencias-Publicas-sobre -la-Guardia-Nacional/Dictamen

4 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Audiencias-Publicas-sobre -la-Guardia-Nacional/Iniciativa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE y la SE a celebrar una reunión con la Segunda Comisión de la Permanente para explicar diversas publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales de las dependencias que nulifican la vida institucional y violan el artículo 134 constitucional, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace poco menos de un mes fue anunciado por el titular del Ejecutivo federal un plan para combatir el robo de combustible en nuestro país, durante este anuncio se dijo que el robo de combustible representaba una pérdida económica para Pemex en niveles de entre 60 y 80, mil millones de pesos al año.

Una vez iniciado el año se puso en marcha la estrategia anunciada que implico el cierre de ductos que abastecen del combustible en varias entidades federativas de la República. Tal situación provocó un desabasto de combustible en cientos de estaciones de servicio del país, por falta del suministro, aunado a una pésima planeación en la implementación de la estrategia, que no previno un mecanismo provisional de entrega de combustible, generando un amplio desabasto e implicaciones negativas es distintos aspectos, como el económico y social.

Las reacciones del gobierno federal fueron diversas, desde aclarar la política implementada, como efectuar alternativas de solución y hasta emprender una intensa campaña de comunicación que permitiera posicionar su visión de los hechos. El asunto fue tomando matices diferentes cuando una política de carácter económico-social empieza a generalizar la agenda de las diferentes dependencias y funcionarios del gobierno, aunque sus responsabilidades fueran muy distintas al tema, con ello sometiendo la institucionalidad que cada funcionario y dependencia deben guardar.

Muestra de lo anterior fueron las publicaciones que en redes sociales hicieron funcionarios y personajes vinculados al gobierno federal, pero retomadas y publicadas, el día once de enero, desde las cuentas oficiales de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores, identificada como @SRE_mx; así como de la Secretaría de Economía, identificada como @SE_mx. En cada una de las cuentas fue publicada la imagen del Gobierno de México con una fotografía de Lázaro Cárdenas y la leyenda que decía “Apoyemos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, No más huachicoleo, no más corrupción, Se trata de una molestia momentánea para un beneficio permanente”; además de la imagen la leyenda “Por el Bien de México #NoALHuachicoleo”, para el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como una bandera de México y la leyenda “Apoyemos al Presidente @lopezobrador_ #NoALHuachicoleo #NoMasCorrupción #HagamosloJuntos @GobiernoMX @Pemex” para el caso de la Secretaría de Economía.

Estos dos casos son muestra de una pésima estrategia de comunicación que en términos concretos reduce al mínimo la institucionalidad que debe garantizar cada una de las dependencias gubernamentales, independientemente de quien sea el que encabece la titularidad del Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, este hecho representa una clara violación al penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Es lamentable ver como los principios de institucionalidad, así como los ordenamientos constitucionales son violentados por quienes protestan guardar y hacer guardar su cumplimiento.

En el Grupo Parlamentario del Acción Nacional vemos con enorme preocupación estas muestras de desprecio a las leyes, más aún de aquellas instituciones que tienen por mandato legal responsabilidades muy distintas a las que el caso supone, como lo es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la responsable de la política exterior de México, así como de promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al director de Comunicación Social de la Secretaría de Economía a asistir a reunión de trabajo con la Segunda Comisión de la Comisión Permanente para explicar la razón de las publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales de las dependencias, que nulifica la vida institucional y violan el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 15 del mes de enero de 2019.

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Ssa un informe sobre el diagnóstico de impacto de la influenza estacional y las que se presenten en esta temporada invernal, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por al menos tres tipos base de virus de influenza: A, B y C, que pertenecen a la familia Orthomixoviridae . Los diferentes subtipos de virus de influenza se han generado por cambios en los antígenos proteicos de superficie, las proteínas hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). Los virus tipo A se clasifican en subtipos, en función de las diferentes combinaciones de las proteínas HA y NA. Entre los muchos subtipos de virus gripales A, en la actualidad están circulando con mayor incidencia en los humanos, virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2). Los casos de influenza C son mucho menos frecuentes que los de influenza A o B, y es por ello que en las vacunas contra la gripe estacional, básicamente incluyen virus de los tipos A y B.1

El virus de la influenza generalmente entra al cuerpo por la nariz o la garganta, luego de lo cual la persona desarrollará síntomas entre uno y cuatro días después. El virus puede viajar hasta un metro de distancia a través de las gotas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, las cuales, al ser inhaladas, depositan un inóculo infeccioso en el epitelio de las vías respiratorias, o bien por contacto con manos o superficies contaminadas. En ciertas condiciones el virus sobrevive entre 48 y 72 horas. Es por ello que el virus puede propagarse con relativa facilidad, lo cual no significa que ataque de forma grave a alguien, ello depende también de los sistemas inmunológicos prevalecientes y de su pronta atención, pero sí, en determinadas circunstancias puede extenderse con rapidez en escuelas, residencias comunitarias como asilos, internados, lugares de trabajo y ciudades.2

De esta manera el virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Los virus de la influenza circulan por todo el mundo, pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad y causan brotes estacionales que suelen repetirse anualmente, durante el otoño y el invierno en las regiones templadas.

En el hemisferio norte, el inicio y la duración de la temporada de influenza pueden variar año con año y aunque regularmente alcanza su pico máximo en los meses de enero y febrero, puede iniciarse desde finales de septiembre o principios de octubre y extenderse incluso hasta mayo.3

En México se presenta comúnmente en los meses de otoño e invierno, pero ya se han dado casos de incidencia mayor en otros meses, como fue el caso de 2009 con el predominio y alerta del subtipo viral A (H1N1). Fue a partir de ese año que en el marco del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (Sisveflu), se ha contado con una plataforma informática que permite la concentración de la información de todo el país en tiempo real .4

De acuerdo a la información registrada en el Sisveflu, se ha identificado que las temporadas de influenza registradas desde 2010 hasta 2017, tuvieron en lo general un comportamiento bianual . Es decir, en las temporadas 2010-2011, 2012- 2013, 2014-2015, y 2016-2017, el subtipo viral predominante en el territorio nacional fue A (H3N2); en tanto que, en las temporadas 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016, fue A (H1N1).5

Sin embargo la temporada 2017-2018 volvió a contar con una mayor tendencia del predominio de subtipo viral A (H3N2), por lo que se había esperado que para la temporada 2018-2019, el subtipo viral predominante en el territorio nacional fuera A (H1N1).6

Hay que destacar que se ha observado, que en las temporadas de influenza con predominio del subtipo viral A (H1N1), hay un mayor registro de casos confirmados de influenza y se presentan incrementos en el número de defunciones, respecto de las temporadas en las que existe un predominio del subtipo viral A (H3N2). 7

La tasa de ataque anual de la influenza en todo el mundo es de 5 a 10 por ciento en los adultos y del 20 a 30 por ciento en los niños. La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, sobre todo en los grupos de alto riesgo: niños, ancianos y enfermos crónicos. Estos brotes anuales causan en todo el mundo unos tres a cinco millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes.8

En nuestro país se ha identificado que los grupos poblacionales con mayor riesgo de presentar manifestaciones graves de esta enfermedad son los niños menores de un año, las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los adultos jóvenes con morbilidad como diabetes, obesidad, cardiopatías, cáncer, asma o insuficiencia renal.

Ahora bien, según los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, un brote de influenza en México ha provocado que se dupliquen los casos en la temporada del invierno (boreal) en el país y que se cuadruplique la cifra de muertes. 9

Hasta hace una semana, se contabilizaban mil 938 casos de influenza y 143 defunciones, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En lo que va de la temporada de influenza estacional 2018-2019, el mayor número de muertes corresponden a pacientes con el virus A (H1N1) con 126 casos. Las defunciones se debieron a que 48 por ciento retrasó el inicio del tratamiento antiviral y otros optaron por automedicarse y hacer mal uso de antibióticos, lo que provocó que debieran ser hospitalizados. Uno de cada tres pacientes fallecidos sufrían diabetes y obesidad y uno de cada cuatro, hipertensión arterial.10

Algunos medios han reportado que se atribuye a la saturación de hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) a una mala distribución de la demanda de atención que ya se está atendiendo.11

Los fallecimientos se concentran en cinco estados de México: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Sonora, pero ya se han incrementado casos en San Luis Potosí, Guanajuato y Ciudad de México.12

La salud de las y los mexicanos es demasiado importante para no hacer caso a cualquier indicador negativo y lo es más, de aquellos mexicanos que pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños menores de un año, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y todos aquellas personas con enfermedades crónicas como: diabetes, obesidad, cardiopatías, cáncer, asma o insuficiencia renal, por mencionar las más frecuentes.

Y también es muy importante que el gobierno de la República, y las autoridades sanitarias del país, puedan articular respuestas efectivas y sustentables para la población.

Por ello, es importante que el Sistema Nacional de Salud cuente con las estrategias, los programas, los medicamentos y la capacidad para atender a la población en nuestro país, respecto la temporada de influencia y al mismo tiempo continúe con sus informes semanales y permanentes con el propósito de que la población, tome en cuenta medidas necesarias; primero, para prevenir la enfermedad y su expansión y segundo, para que sepan y puedan acudir a todos los centros de salud, a tratarse de los padecimientos virales, cuando se requiera.

De igual forma, para las políticas de salubridad social, es muy importante evitar información falsa, rumores, pánico y desinformación, así como el mal uso de medicamentos y su posible desabasto.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Salud del gobierno federal, informe a esta soberanía, respecto de los programas y estrategias que tiene contemplados para combatir la temporada de influenza estacional 2019, respecto del incremento de casos reportados y, asimismo, informe si el Sistema Nacional de Salud, cuenta con el abasto suficiente de medicamentos para combatir los diferentes virus de influenza que afecten a la población, durante la presente temporada 2019.

Notas

1 Virología médica. Infecciones virales del aparato respiratorio. Estructura y clasificación de virus. www.camilachan.free.fr/medicina/descargas/Virolog%EDa%20M%.

2 Influenza. Signos y síntomas de la influenza. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. www.paho.org/arg/images/Gallery/gripe/ transmision_influenza.pdf?ua=1.

3 Gaceta Médica de México Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2017, análisis y prospectiva Cuitláhuac Ruiz-Matus*, Pablo Kuri-Morales y José Narro-Robles

Secretaría de Salud, Facultad de Medicina, UNAM,

www.anmm.org.mx/GMM/2017/n2/GMM_153_2017.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Reporte técnico de la Consulta con la Secretaría de Salud de México sobre los Elementos clave para la sostenibilidad para la producción de vacuna contra influenza en el país en el marco del Plan Mundial de Preparación ante una Pandemia,

www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=do wnload&alias=1126.

8 Virología médica. Infecciones virales del aparato respiratorio. Estructura y clasificación de virus. www.camilachan.free.fr/medicina/descargas/Virolog%EDa%20M%

9 Información relevante de influenza Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE). Informe semanal de la temporada de influenza estacional 2018-2019/Semana 52, www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/413028/INFLUENZA_2018_SE52.pdf

10 Ídem.

11 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2019/01/11/
se-dispara-la-influenza-en-mexico_b59c0372-9077-4e0a-8a46-192f3057efa4.html

12 www.elindependientedehidalgo.com.mx/triplica-temporada-invernal-casos-d e-influenza

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a promover campañas de concienciación sobre los abortos espontáneos, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país está regulado no en su totalidad el aborto, ya que en varios estados de la República Mexicana está prohibido, por lo que se realizan miles de abortos clandestinos al año lo que pone en peligro la vida de la mujer.

Dicho lo anterior varias mujeres acompañadas por familiares o solitarias acuden a la Ciudad de México a realizarse una interrupción legal del embarazo, por lo que cifras del gobierno capitalino menciona que se han realizado más de doscientas mil interrupciones legales del embarazo.

Un estudio realizado por el Colegio de México y el Instituto Guttmacher, llamado “Embarazo no planeado y aborto inducido en México” que mencionan que hay más de un millón de abortos al año que se realizan en su mayoría de manera ilegal, porque más de la mitad del total de los embarazos son no planeados (es decir un millón 900 mil) de los cuales 54 por ciento terminan en un aborto inducido, 34 por ciento resultan en un nacimiento no planeado y 12 por ciento corresponde al aborto espontáneo.1

Materia de esta proposición es que el 12 por ciento que se establece que es aborto espontáneo, es decir de manera natural, que no fue con voluntad de su progenitora.

Un aborto espontáneo es cuando un embrión o feto muere antes de la semana 20 de embarazo. El aborto espontáneo generalmente ocurre temprano en tu embarazo entre 8 y 10 abortos espontáneos ocurren durante los primeros tres meses. Entre el 10 y el 20 por ciento de los embarazos terminan en abortos espontáneos. A pesar de ser común, el aborto espontáneo puede ser emocionalmente difícil. Es normal tener sentimientos de duelo y pérdida.2

Hoy en día la ciencia no tiene una explicación definitiva del por qué ocurren este tipo de anormalidades, lo que además de perjudicar la salud de la mujer, puede poner en peligro su vida. Aún muchas mujeres se culpan sobre su aborto espontáneo o son culpadas por su pareja, lo que puede generar violencia o incluso depresión.

Aunque no hay una cifra exacta de cuantos abortos espontáneos hayal año, es algo que se debe de concientizar en la población y más en las zonas donde la información sobre la medicina es escasa o errónea.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante este Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover campañas de concientización sobre los abortos espontáneos, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 Excélsior, En México hay más de un millón de abortos al año, 2013. https:///www.excelsior.com.mx/naciona 1/2013/11/05/926942

2 PlannedParenthood. ¿Qué es un aborto Espontáneo? https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/embarazo/aborto-esp ontaneo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de enero de 2019.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las medidas de prevención, protección y procuración de justicia a niños y adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez en el marco de los derechos humanos, suscrita por el diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Azael Santiago Chepi, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el acuerdo décimo quinto del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de los siguientes

Considerandos

1. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa 32.8 por ciento de la población total; de los cuales, el número de niñas y niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes entre 15 y 17 años.

2. La Red por los Derechos de la Infancia en México, publicó el 3 de enero de 2019 su Balance Anual 2018 1 sobre la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, estimando cifras alarmantes sobre la falta de garantías para la protección de este sector tan vulnerable de la población:

• De 2007 a 2017 se han acumulado 13 mil 217 asesinatos de niñas, niños y adolescentes , 55 por ciento de estos asesinatos ocurrieron durante el sexenio de 2006 a 2012, y 45 por ciento en el periodo 2012-2017, considerando que aún no se cuenta con el registro oficial de los homicidios ocurridos en 2018, prospectando una creciente escalada de violencia en cuanto homicidios contra este sector.

• En 2017, se registraron 31 mil 174 homicidios de la población total y una tasa de 25.2 defunciones por cada 100 mil habitantes. En 2012 se tuvieron mil 614 defunciones de la población infantil y adolescente , con una tasa de 4 por cada 100 mil; y en 2017 se sucedieron mil 468 homicidios y una tasa ligeramente menor a 2012 (3.7 por cada 100 mil), convirtiéndolos en los dos años con más altos índices de homicidios para este sector.

• Por entidad federativa se observa una reconfiguración de la violencia , pues en 2012 Guerrero y los estados fronterizos al norte del país reportaban los mayores índices de violencia; para 2017, este fenómeno se dispersa a otras entidades, repuntando los homicidios de una forma abrupta, como es el caso de Colima y Baja California Sur , con 12 y 10 defunciones contra niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil respectivamente.

• Se incrementaron las detenciones de adolescentes por delitos del orden federal: portación de armas de uso exclusivo, delitos contra la salud y secuestro, por probables reclutamientos de grupos criminales.

• Respecto de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatal (Inegi, 2015) se estima que de los delitos2 observados que podrían afectar de manera directa a niñas, niños y adolescentes, por cada 100 delitos denunciados e investigados por el Ministerio Público, en 2015, sólo 3 se registran en alguna sentencia condenatoria .

• En 2015 sólo 1 de cada 10 delitos en el país; respecto a los denunciados , 4 de estos no iniciaron una averiguación previa o carpeta de investigación; el motivo principal de no inicio de una averiguación previa fue por actitud hostil de la autoridad en 33.7 por ciento de los casos.3

Los delitos cometidos contra la infancia tienen menor denuncia debido al enfoque tutelar de sus derechos, concebido como sujeto de protección y no como sujeto de derecho.

• Los delitos contra la libertad y seguridad sexual constituyen la segunda causa de victimización en niñas y mujeres jóvenes (3 de cada 10 víctimas), en varones estos delitos son la quinta causa de mayor victimización con 6 de cada 100 víctimas.

• Los delitos contra la vida y la integridad corporal ocupan la segunda posición en afectaciones a los derechos de niños y adolescentes (17 de cada 100 víctimas) y, en tercer lugar, los delitos contra la libertad personal (8 de cada 100).

• Del total de delitos sexuales , 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres.

• A abril de 2018, 37 mil 437 personas en el país se encuentran en calidad de desaparecidas ; de estas 6 mil 614 son niñas, niños y adolescentes, representan 17.7 por ciento del total; 6 de cada 10 de estos casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban entre los 13 y 17 años.4 El número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos incrementó en términos absolutos en 284 casos respecto al reporte anterior (enero 2018).

El estado de México y Puebla son las entidades federativas que acumulan 40.5 por ciento de las desapariciones del país durante el último sexenio.

Desde el 1o de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018, continúan sin ser localizados 4 mil 980 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 3 mil 067 (61.6 por ciento) son mujeres.

3. El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos establece la supremacía del interés superior de la niñez:

“Artículo 4º. ...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez , garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez...”

4. Los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de la niñez que México reconoce son, la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Sus organismos específicos de control en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC); la relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y la Relatora especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños. En el ámbito regional americano es la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En estos instrumentos se establece como principios fundamentales: el interés superior de la niñez y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; haciendo a los niños sujetos de derechos, entre los cuales insta a los estados parte a garantizar, entre otros, el derecho a la protección contra el abuso, el descuido, la explotación sexual, la explotación laboral, la explotación en actividades delictivas, separación de sus padres, ser llevados al extranjero o la guerra.

5. En 2015 el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, entrego las Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el realiza las siguientes recomendaciones:

20. A la luz de su observación general número 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial , el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial.

21. El Comité está seriamente preocupado por el contexto de violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha resultado en numerosos asesinatos de niñas y niños...

22. El Comité insta al Estado parte a:

a) ...

b) Tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas , los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos, como lo son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la marginación.

c) Asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños para investigar las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones , que estos hechos sean investigados de manera expedita y exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean funcionarios públicos, como en el caso de Tlatlaya, y que a las familias de niñas y niños víctimas se les provea apoyo psicosocial y que sean compensadas de manera adecuada.

d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber , que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna;

e) Como fue recomendado por la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 19 (a)), el Estado parte debe garantizar que los feminicidios sean penalizados en los códigos de todos los estados, con base en elementos objetivos que permitan la tipificación adecuada de acuerdo con los estándares internacionales y que permita la homologación de los protocolos de investigación de la policía sobre feminicidios en todo el país...

f) Recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y los padres que han sido asesinados o desaparecidos y del número de hijas e hijos que han dejado.

29. El Comité está profundamente preocupado por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado. También le preocupan la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por grupos armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas.

30. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Tipifique de manera explícita el reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado;

b) Asegure que ninguna niña o ningún niño sean reclutados por grupos armados, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluyendo los grupos del crimen organizado;

c) Asegure el acceso a la justicia y a una compensación a niñas y niños que han sido reclutados ilegalmente;

d) Revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia, e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social.

32. A la luz de sus observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia , el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe:

a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados , de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia;

b) ...

c) Implementar de manera efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluya la ejecución de la totalidad del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, de acuerdo con la recomendación de la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 16 (a));

d) Asegurar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, incluyendo el establecimiento de servicios especializados dentro de las oficinas de la Procuraduría General de la República , facilitando mecanismos de denuncia confidenciales y amigables con niñas y niños en instituciones, escuelas, centros de detención, hospitales y otros lugares relevantes, proveyendo apoyo legal, enjuiciando a los presuntos autores y rehabilitando y compensando a niñas y niños víctimas;

e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten;

f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta , y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños;

g) ...

33. Aunque se destaca la adopción del Protocolo para atender a niñas y niños víctimas de abuso sexual, el Comité está preocupado por la alta prevalencia de violencia sexual contra la infancia , en particular contra las niñas. El Comité está seriamente preocupado por el hecho de que los autores de violación contra niñas puedan escapar del castigo si se casan con la víctima. Es también una preocupación, que la actual propuesta para reformar el Código Penal Federal en relación con delitos de abuso sexual contra niñas y niños, no proteja los derechos de la infancia en lo que respecta al plazo de su prescripción. También, existe la preocupación sobre los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas, así como por el aumento de casos de violencia sexual en centros de educación.

34. El Comité insta al Estado parte a:

a) Revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada en línea con los estándares internacionales y que sea removida cualquier previsión legal que permita a los autores de abuso sexual infantil ser excusados por sus crímenes;

b) Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista plazo de prescripción en cuanto a las sanciones como a la acción penal en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y niños , y que incluya tanto a los autores como a los cómplices. Las mismas previsiones deben ser tomadas en los códigos penales estatales;

c) Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar que se informen obligatoriamente los casos de abuso sexual y de explotación infantil , y asegurar la disponibilidad de mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños, en particular en las escuelas;

d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de abuso sexual contra niñas y niños, y castigar adecuadamente a los sentenciados;

e) Proveer capacitación a jueces, abogados, procuradores, a la policía y a otros actores relevantes sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de violencia sexual y sobre cómo los estereotipos de género presentes en el aparato judicial, afectan el derecho de las niñas a un juicio justo en casos de violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a juicios en los que niñas y niños estén involucrados;

f) Implementar efectivamente el Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual y asegurar servicios y recursos de calidad para protegerlos, para proveerlos de recuperación física y sicológica y reintegración a la sociedad, además de compensarlos;

g) Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil , para informar al público en general que el abuso sexual es un delito y, para atender la estigmatización de la víctima, sobre todo cuando los presuntos culpables son familiares.

6. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF 4 diciembre de 2014) reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos. Entre ellos destaca el derecho a la igualdad sustantiva: todas y todos deben gozar del mismo trato, derechos y oportunidades.

Respecto de la problemática detectada en las cifras mencionadas en el considerando segundo del presente, esta Ley prevé el Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo:

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Así como, el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, en donde establece las obligaciones de las autoridades federales, estatales y municipales a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar y erradicar los siguientes supuestos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, siempre con perspectiva de género y trato diferenciado:

Artículo 47 . ...

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, ...;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, ... y

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Asimismo, obliga a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.

El capítulo decimoctavo garantiza el Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, y demás disposiciones aplicables.

Fortalece a las instituciones del Estado mexicano para que estén en aptitud y en capacidad de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) , como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estará integrado por:

A. Poder Ejecutivo Federal:

VIII. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

IX. El Secretario de Gobernación;

X. El Secretario de Relaciones Exteriores;

XI. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

XII. El Secretario del Desarrollo Social;

XIII. El Secretario de Educación Pública;

XIV. El Secretario de Salud;

XV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y

XVI. El titular del Sistema Nacional DIF.

B. Entidades Federativas:

I. Los gobernadores de los estados, y

II. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

C. Organismos Públicos:

I. El Fiscal General de la República;

II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

III. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

D. Representantes de la sociedad civil

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, y representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz, pero sin voto.

Incorpora un capítulo específico que distribuye competencias entre la Federación, estados y municipios . En esta materia, se obliga a los tres órdenes de Gobierno a que incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos para dar cumplimiento a esta legislación, previendo un la creación e instalación de un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, establece las competencias y funciones del Sistema Nacional DIF para este ámbito, donde converge la creación a nivel federal y estatal de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que coordinarán el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, se regulan los Centros de Asistencia Social , con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de integridad, seguridad y bienestar para quienes ahí se atienden.

Igualmente obliga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones estatales a contar con áreas especializadas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

7. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (DOF 17 de noviembre de 2017).

Esta Ley establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Contempla en su capítulo segundo Disposiciones generales para personas desaparecidas menores de 18 años de edad. En donde dispone que las autoridades que administran las herramientas del Sistema Nacional deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación, todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda, garantizarán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.

Establece la coordinación de las autoridades de búsqueda e investigación con las Procuradurías de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos.

En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable.

Para el cumplimiento de esto, la Ley crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y las Comisiones nacional y locales de Búsqueda de Personas , esta última Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene como objetivo diseñar y evaluar los recursos del Estado para establecer las políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos vinculados; se integra por:

I. Titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Titular de la Procuraduría General de la República;

IV. Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva;

V. Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran;

VII. Titular de la Policía Federal;

VIII. Titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y

IX. La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos que los principales afectados por el contexto de violencia e inseguridad en el país son las niñas, niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones además de padecer vulneración a sus derechos por su condición de edad, género y desarrollo, son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos de los sistemas creados por el estado para garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos, para crear nuevas generaciones que impulsen un desarrollo económico, social y cultural de bienestar, paz y armonía nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los organismos públicos y de la Secretaría Ejecutiva que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), así como del Sistema Nacional DIF y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para que, en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las medidas para prevenir, investigar, atender, sancionar y erradicar cualquier conducta, acto o delito que pueda atentar en contra de los derechos fundamentales de la vida, la supervivencia, el desarrollo, el acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes; garantizando el acceso a su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, tomando en cuenta como consideración primordial, el interés superior de la niñez, asegurando la prioridad en el ejercicio de todos sus derechos con perspectiva de género y atención especializada y diferenciada.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los organismos públicos y de la Secretaría Ejecutiva que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), así como del Sistema Nacional DIF y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para que, en el ámbito de sus atribuciones, atiendan las recomendaciones 20; 22 incisos b, c, d y f; 30 incisos b, c y d; 32 incisos d, e y f; y 34 incisos c, d, e y f; que el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, entregó en 2015 al Estado mexicano sobre la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a realizar acciones adecuadas para combatir el fenómeno de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, llevando a cabo investigación y búsqueda especializada y diferenciada, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Notas

1 Disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Balance_Anual_2018_2.pdf

2 Código Penal Federal: “Tráfico de menores, retención o sustracción de menores incapaces, estupro, incesto, corrupción de menores incapaces, prostitución de menores incapaces, y pornografía infantil”.

3 Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2016. Presentación ejecutiva nacional.

4 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED-SEGOB. Bases de Datos Nacional, Información de las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación abiertas por delitos

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2019.

Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la SCT que explique de manera detallada el posible conflicto de interés por su participación en Grupo Idesa y su cargo de secretario de Estado, a cargo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jorge Carlos Ramírez Marín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de los recientes hechos relativos al desabasto de gasolinas y la supuesta nueva estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible, algunas empresas se han beneficiado por lo sucedido, pues la estrategia del gobierno consistió en cerrar los ductos de Petróleos Mexicanos que llevaban los combustibles a las terminales y comenzar hacer la distribución de los mismos con pipas.

Dichas acciones han retrasado la llegada de los combustibles a los puntos de venta, pues se requieren alrededor de 3 mil pipas para transportar los combustibles a las zonas afectadas y las pipas que al día de hoy tiene Petróleos Mexicanos son insuficientes, por lo que deben hacerlo también, a través de empresas privadas.

Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, en México hay más de 15 mil pipas privadas, de las cuales poco más de 4 mil se encuentran en las entidades más afectadas.

Entre las empresas beneficiadas, se encuentra Excellence Freights, que es subsidiaria de Grupo Idesa y que participa en la entrega de gasolinas a las estaciones de servicio.

Dicha subisdiaria está ligada a funcionarios del gobierno federal, particularmente al secretario de Comunicaciones y Transportes, pues, él forma parte del Consejo Administrativo y su esposa es accionista en Grupo Idesa.

Recordemos que, durante la pasada campaña presidencial se le exigió al entonces candidato de Morena, rendir cuentas ante la opinión pública por los negocios que realizó su colaborador Javier Jiménez Espriú con la empresa constructora brasileña Odebrecht. A lo que en su momento Jiménez Espriú señaló categóricamente que era una mentira, pero unas semanas después admitió la relación de su familia, como se había dicho, con una empresa asociada con una filial de Odebrecht.

Además, la participación en la empresa ha sido confirmado por el propio secretario Jiménez Espriú, quien hace unos días señaló que su esposa es propietaria del 5.92 por ciento de las acciones de la petroquímica Idesa.

En relación a las anteriores declaraciones, el secretario de Comunicaciones y Transportes se ha limitado a señalar que el tema de su presencia en Idesa, es que es miembro suplente del Consejo de Administración, nunca ha trabajo en la empresa, solo es consejero y que por lo tanto, no hay un conflicto de interés.

Es además importante señalar que en su declaración de situación patrimonial y de intereses que presentó recientemente, el Secretario Jiménez Espriú refirió “Sí estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”, por lo que en razón de ello y debido a los recientes hechos, el Grupo Parlamentario del PRI solicita que el secretario de Comunicaciones y Transportes explique a la opinión pública si tiene un conflicto de interés en sus funciones como secretario y su participación en Grupo Idesa.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que explique de manera detallada su posible conflicto de interés con su participación en Grupo Idesa y su cargo de secretario de Estado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 15 de enero de 2019.

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a promover y ejecutar estrategias y soluciones urgentes sobre el desabasto de gasolina en el país, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“En México, se llama huachicolero o guachicolero a la persona que se dedica a la actividad ilegal de robo y venta de combustible (gasolina o diésel) y bebidas alcohólicas adulteradas”1 .

Esta actividad empezó a tomar relevancia a partir de la liberación de precios del combustible, propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La palabra deriva de huachicol más el sufijo ero que, en sustantivos, indica oficio, ocupación, profesión o cargo. El huachicol es una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña y con otros compuestos y también sirve para nombrar el combustible robado, que puede estar adulterado.

Hoy en día, en ciertas zonas de México, la producción y comercialización de productos adulterados, piratas, clonados o robados se ha convertido en una actividad económica muy lucrativa y comúnmente propiciada y tolerada por los propios habitantes, ya sea por conveniencia o por miedo.

Esta actividad se desarrolla principalmente en Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Tamaulipas; algunos de los factores que la favorecen son la escasa infraestructura carretera y la cercanía a los duetos que comercializan combustible hacia el centro del país, es importante mencionar que la zona donde se adultera o se comercializa el combustible robado en México se le ha denominado el “triángulo rojo” o la “franja roja”.

Generalmente, el robo de combustible se realiza directamente de los duetos de Petróleos Mexicanos, de los cuales se extrae el combustible a través de perforaciones, a esta técnica se le conoce comúnmente como ordeña de duetos.

Después de detectar el dueto, los huachicoleros realizan un corte e instalan luego una llave improvisada para poder extraer el combustible, que se vende más tarde en tianguis cercanos o directamente a traileros que pasen por el poblado.

Por lo general, los huachicoleros venden más rápido y en cantidades más grandes, el diésel y la gasolina, su venta está entre 8 y 10 pesos el litro, ya que estos son los más comercializados y consumidos en México, aunque esta actividad es un delito federal.

Sin embargo, en mayo de 2017 no se había reportado sentencia alguna en contra de uno solo de los grupos delictivos que se dedican a la extracción ilegal de combustibles.

El gobierno federal puso en marcha el 20 de diciembre del 2018 el Plan Conjunto de Atención a las instalaciones de Pemex, que tiene como propósito evitar el robo de combustible y acabar con la corrupción que conlleva, el presidente López Obrador aseguró que, en sólo 5 días, este plan disminuyó 55 por ciento el robo de hidrocarburos.

A pesar de declaraciones que desmienten el desabasto de gasolina, en las primeras semanas de 2019 la población ha referido ausencia de gasolina así como gasolineras cerradas.

La problemática del desabasto de gasolina aunque el gobierno federal diga que no lo hay, en los estado del país ninguna gasolinera tiene combustible necesario para abastecer a la comunidad que se encuentra alrededor, sin embargo tienen que quedarse a dormir y hacer grandes y largas filas para que les vendan algunos litros, porque asimismo las mismas gasolineras no están permitiendo llenar los tanques de gasolina de los automóviles de las personas.

Exhorto al presidente de la Republica, a la Secretaría de Hacienda y al titular de Petróleos Mexicanos para que, realicen una estrategia y ejecuten soluciones para que la gasolina no este escaso en los estados, asimismo que agilicen los ductos de combustible.

Proposición de urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Petróleos Mexicanos, con el fin de que promueva y ejecute estrategias y soluciones urgentes sobre el problema existente de desabasto de gasolina dentro del país.

Nota

1 Huachicolero. https://es.wikipedia.org/wiki/Huachicolero

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de enero de 2019.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a prevenir y atender los casos de influenza en la entidad, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La influenza es “También conocida como la gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones”1 .

Su contagio es muy fácil, se transmite a través de gotitas expulsadas con la tos o estornudos, incluso al hablar.

Los síntomas de este virus son;

- Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos

- Tos

- Dolor de garganta

- Mucosidad nasal o nariz tapada

- Dolores musculares y corporales

- Dolores de cabeza

- Fatiga (cansancio)

- Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.

Los grupos etarios más vulnerables ante el virus son; de 1 a 9 años, seguido de 60 años y más, el tipo del virus más común es el A (H1N1) (84 por ciento), B (10 por ciento), influenza A (5 por ciento) y A (H3N2) (1 por ciento).

2

Este virus se presenta en todo el año, sin embargo, aumenta en los meses de invierno según información de la Secretaria de Salud la semana etimológica 40 inicio la temporada de influenza estacional 2018-2019, esta secretaria menciona que durante la temporada interestacional de 2018 se registraron 894 casos y 75 defunciones por influenza en todo el país.

El periodo comprendido de la semana epidemiológica 40 a la 20 del siguiente año se considera “Temporada de influenza estacional” en la cual existe una mayor circulación viral de influenza y otros virus respiratorios. Al corte de la semana 1 del 2019, se han confirmado 1,938 casos positivos a influenza: mil 621 de A (H1N1), 194 de B, 106 de influenza A y 17 de A (H3N2).

3

Proporción de casos positivos y defunciones por influenza en el estado de Puebla; Casos ETI/IRAG 677, casos positivos a influenza 97 y Defunciones 15, esto según los datos de la Secretaria de Salud.

Es posible prevenir la esta enfermedad y sus consecuencias graves, por medio de la vacunación y la atención pronta, la prevención es de suma importancia para evitar el contagio de la enfermedad, es por ello que intensificar las campañas informativas, utilizando todos los medios posibles, abonarían a bajar el índice de contagio y con ello las defunciones en la entidad.

Dado que el derecho a la salud es un derecho humano, garantizado en el artículo primero constitucional y en el artículo 7o. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, es necesario que el gobierno de esta entidad, prevenga y atienda los casos de influenza en la entidad.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla, a fortalecer las acciones para prevenir y atender el virus de influenza en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Puebla dar a conocer de manera pública, las acciones emprendidas para disminuir las defunciones por influenza en la entidad.

Notas

1 Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE). Informe semanal de la temporada de influenza estacional 2018-2019/Semana 1, consultar; https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425477/INFLUENZA_2018_SE 1.pdf

2 Más información, consultar en; https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilanc ia-epidemiologica-de-influenza-2019-186331

3 Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza 2019, consultar en; https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilanc ia-epidemiologica-de-influenza-2019-186331

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2019.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur y la SRE a fortalecer la campaña de fomento y promoción turística del municipio de Veracruz, en el marco de la conmemoración de los 500 años de su fundación, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Turismo, y de Relaciones Exteriores a fortalecer la campaña de fomento y promoción turística de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco de la conmemoración de los 500 años de su fundación, por celebrarse en 2019, así como a la instauración del municipio en México, con base en las siguientes

Consideraciones

El turismo en el país es hoy de suma importancia económica, social y cultural. El sector turístico genera enormes beneficios económicos y oportunidades para cada región, por lo cual, es fundamental posicionar al sector como motor de desarrollo, promover su desarrollo y consolidación de los diversos destinos y productos turísticos, esto con la finalidad de alcanzar a posicionar al municipio de Veracruz, a nivel internacional y nacional mediante una efectiva e innovadora promoción turística.

Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha caracterizado por biodiversidad y amplia cultura, empero, esto no es suficiente para posicionarlo con el objetivo de incrementar los índices de competitividad, para tal efecto es necesario consolidar el mercado local y asumir el compromiso de capturar más turistas extranjeros.

Debido a su amplia oferta turística y riqueza natural el municipio de Veracruz está al nivel de un destino turístico de talla mundial. El turismo internacional es cada vez más competitivo, por ello, el municipio de Veracruz, en el marco de sus celebraciones con motivo de los 500 años de su fundación, por celebrarse en 2019, es imperante asumir el reto de continuar mejorando su imagen al interior del país y sobre todo al resto del mundo, a fin de ser reconocido como uno de los destinos turísticos que más capta mercado turístico del mundo hacia el país.

Por ese motivo son necesarios el diseño y la incorporación de nuevos contenidos en las campañas de promoción turística nacional e internacional con el propósito de aumentar el número de turistas que viajen a Veracruz, para tal efecto, es imperioso desarrollar y dimensionar la imagen de ese municipio, elaborando planes y campañas que permitan propiciar la atracción de turistas, a fin de conocer su riqueza arqueológica, paisajes naturales, tradiciones milenarias, ecoturismo, gastronomía y folklore, así como las demás ofertas turísticas que tiene el municipio para mostrar a los millones de personas que deseen visitarlo.

Veracruz fue fundado el 22 de abril de 1519.1 El 21 de marzo de 1519 llegaron al río Grijalva, donde Cortés ganó el primer encuentro. Posteriormente prosiguieron la navegación y el 21 de abril de 1519, Jueves Santo, después de mediodía, fondearon junto a San Juan de Ulúa, con sus naves, pero inmediatamente dos piraguas dejaron la playa y sus oficiales mexicas, dirigiéndose a la nave entregaron a Cortes el saludo de Moctezuma, inquirieron sobre la identidad o propósitos de los hombres blancos, así como de las carencias para reanudar su marcha. El viernes 22 desembarcaron en la playa, donde hoy queda el Fuerte de Santiago, Fray Bartolomé de Olmedo dijo una misa de presantificados, en gracia del feliz arribo y de la Vera Cruz.2

Al desembarcar en Veracruz, la expedición de Cortés contaba con unos 600 hombres, entre ellos 109 marinos, 32 ballesteros, 13 escopeteros, equipados además con 10 tiros de bronce, 4 falconetes, 11 navíos, más un bergantín, 16 caballos, pólvora, balas, etcétera, pero ya tenían 35 muertos, faltaban víveres, y la tierra era tan fuerte como desconocida. Por eso, los partidarios de Velázquez exigieron el regreso, a lo cual accedió Cortés, confiado en la convenida oposición de sus adictos, que se levantaron contra lo capitulado con el gobernador de Cuba y nombrando a Cortés justicia mayor y capitán general, con derecho a quinto, fundaron teórica, pero legalistamente, la Villa Rica de la Vera Cruz, en cuyo ayuntamiento figuraron por alcaldes Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo; capitán para las entradas, Pedro de Alvarado: maestre de campo, Cristóbal de Olid; alguacil mayor, Juan de Escalante; tesorero, Gonzalo Mejía; contador, Alonso de Ávila; alférez, Hulano Corral; alguaciles, Ochoa Vizcaíno y Alonso Romero.3

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha manifestado que México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país el año pasado, con lo que supera a potencias como Reino Unido, Turquía y Alemania. De acuerdo con el documento Panorama OMT del turismo internacional 2018, respecto al rubro de las cifras de la posición mundial correspondientes a 2017 señalan que México, ascendió dos lugares en el ranking al pasar del octavo lugar en 2016, con 35.1 millones de turistas internacionales, al sexto sitio, con 39.3 en 2017, lo cual representa además un crecimiento de 12 por ciento en el flujo de viajeros.4

La Secretaría de Turismo expresó que durante 2017, que este sector transita por uno de los momentos más prolíficos en la historia de México, posicionando al país como una potencia indiscutible a nivel mundial, con 21 mil 333 millones de divisas captadas y 39.3 millones de turistas internacionales.5

Fuente: https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/
VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf

Fuente: https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobal TurismoAMexAbr2018.pdf

Con la fundación del municipio de Veracruz, en el país se instauró el “municipio”, como figura jurídica trascendental para la organización de régimen interior. Municipio proviene del latín manus, referido a las tareas u obligaciones; y de capere, que significa hacerse cargo de algo; de la unión de ambos vocablos se obtiene el término municipium, que aludía a las ciudades donde los ciudadanos tomaban las cargas patrimoniales y personales y atendían los servicios locales. En Roma nació el municipio así entendido, pues extendía su dominio territorial y su imperio.6

El municipio es una de las instituciones políticas asociativas más antiguas de la humanidad, sus orígenes deben rastrearse desde las grandes civilizaciones que generaron un elevado sentido de la concentración del poder político, configurando una extensa red de instituciones administrativas que controlaron la marcha de la vida social en todas sus esferas.

Durante su devenir la organización municipal ha evolucionado como entidad descentralizada que desde el punto de vista administrativo se ocupa de la prestación de servicios públicos, y desde el punto de vista político, agrupa y organiza a las familias en un determinado territorio, resolviendo las necesidades colectivas, funciones ambas del ayuntamiento, el cual, bajo un determinado régimen jurídico.

En la época prehispánica, la cultura mexica tenía el calpulli, organización con características semejantes al actual municipio.7 En el calpulli, las familias lo integraban y para procurar su subsistencia producían los bienes que eran necesarios para todos. En la etapa colonial, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento en el territorio conquistado el 22 de abril de 1519 en Villa Rica de la Vera Cruz. A partir de entonces, los pueblos tenían derecho a reunirse, y la organización llamada cabildo se dedicaba a examinar y resolver asuntos comunes y designaban a las autoridades.

Con la fundación del ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, se estableció por primera vez esta institución en la América continental.8 Con esta instauración, la organización administrativa del municipio fue representada a través de los ayuntamientos, donde el cabildo asumió sus funciones como representante del pueblo.

La actividad turística reviste suma trascendencia, es fuente de recursos económicos que ayudan a la macroeconomía generando beneficios a las regiones que son visitadas, así mismo, eleva la calidad y nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas. Debemos involucrar el sector turístico en la dinámica de recurrir a todas las herramientas tecnológicas y de comunicación para potencializar su marketing con el objetivo de atraer más turistas, a fin de que esta actividad sea detonadora del desarrollo regional.

A través del turismo, los visitantes tienen la posibilidad de conocer de cerca la cultura de México, así como experimentar lazos de amistad entre pueblos, tanto a nivel interno como internacional.

Por todo lo anterior presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo que planee, diseñe y coordine una campaña que enriquezca la imagen turística de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco de la conmemoración de sus 500 años de su fundación, por celebrarse en 2019.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que con la de Turismo entable pláticas diplomáticas con sus homólogos del gobierno de España a fin de fortalecer las campañas de fomento y promoción turística, así como de intercambio cultural entre ambas naciones, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación del municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, e instauración del municipio en México, por celebrarse en 2019.

Notas

1 La conquista española penetró en México por lo que hoy es Veracruz, arrebatando a los aztecas el señorío sobre los pueblos autóctonos veracruzanos y crearon su propio dominio. Las primeras incursiones españolas en territorio veracruzano fueron capitaneadas por Juan de Grijalva, Alonso Dávila, Pedro de Alvarado y Francisco de Montejo. Iniciándose la conquista de México con la expedición al mando de Hernán Cortés, quien desembarcó el 22 de abril en San Juan de Ulúa, nombre puesto por Juan de Grijalva a esa isla por haber tomado posesión de ella el 24 de junio y Ulúa por haber escuchado a un aborigen contestar “olúa”. Mientras tanto, Hernán Cortés se afirmaba más en la idea de convertirse de mercader de rescates en oro, en poderoso conquistador. El caso es al venir con poder de Velásquez, para éste sería el provecho, por lo que planeo fundar una ciudad, donde se le entregaría el mando militar al Ayuntamiento y se establecía el dominio real y desaparecía el del Gobernador de Cuba. En agosto de 1519 Cortés inició su marcha de conquista hacia Tenochtitlán. Inafed, Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, disponible

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz /index.html

2 Melgarejo Vivanco, José Luis, Breve historia de Veracruz, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 1960, páginas 50-51.

3 Melgarejo Vivanco, José Luis, Breve historia de Veracruz, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 1960, páginas 50-51.

4 World Tourism Organization, Panorama OMT del turismo internacional 2018, disponible en

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/97892844198900

5 Secretaría de Turismo, Visión global del turismo a México, disponible en

https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartid os/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf

6 Ochoa Campos, Moisés, El municipio y su evolución institucional, Banobras/Fomun, México, 1987, página 25.

7 El calpulli tenía su gobierno, formado por un consejo de ancianos; que designaban a los funcionarios del calpulli, cuyos cargos eran vitalicios. Sus atribuciones eran la administración de la localidad, organización del trabajo, distribución de los productos, administración del régimen comunal agrario, conservación del orden e impartición de justicia. Semo, Enrique, Historia del capitalismo en México, México, Era, 1979.

8 En las costas mexicanas se instauró el primer ayuntamiento continental por los expedicionarios españoles. Hernán Cortés lo instituyó en la Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de 1519. Moya Palencia, Mario, Temas constitucionales, UNAM, México, 1978, página 68.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2019.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a abstenerse de llevar a cabo acciones y hacer declaraciones sobre la posible descentralización de esa dependencia sin antes hacer públicos los estudios presupuestales, económicos, demográficos e inmobiliarios de factibilidad de tal medida y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 21 de octubre de 2017, el entonces presidente nacional de Morena, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una gira por Guanajuato, anunció que sometería a proceso a análisis un plan para descentralizar oficinas de las dependencias y entidades del gobierno federal.

Con el pretexto de que ya no consideraba recomendable que siguieran creciendo las ciudades poblacionalmente, por escasez de agua potable y los problemas de movilidad y contaminación ambiental, señaló que en la Ciudad de México podría permanecer las oficinas de la Presidencia de la Republica y las Secretarías de Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores, y enviar a otras entidades federativas, el resto de las dependencias del gobierno. Sostuvo que se tenía que promover un crecimiento “parejo” (sic) y apoyar a todas las regiones del país.

En tal acto se le ocurrió la conveniencia de instalar la Secretaría de Marina en Veracruz; la Defensa Nacional, en Jalisco; Energía, en Tabasco; Salud, en Guerrero; Educación Pública, en Puebla; Desarrollo Social, en Chiapas o Oaxaca; Economía, en Nuevo León; Agricultura, en Sonora; Comunicaciones y Transportes, en San Luis Potosí y Cultura en Tlaxcala, la Comisión Nacional del Agua en Veracruz; la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas, Pemex en Campeche; Nacional Financiera en Guanajuato; la Comisión de Pesca, en Mazatlán, Sinaloa; el Servicio de Administración Tributaria y la Administración de la Aduanas, en Tamaulipas; la Comisión Forestal, en Durango; así como Minería, en Chihuahua.1

La justificación inicial fue que con esta ocurrencia, habría un crecimiento más “parejo” de la economía y se combatiría la pobreza en las zonas más vulnerables del país y aclaró que, cuando presentara su proyecto alternativo de nación se precisarían otros detalles.

El 20 de noviembre del mismo año, al presentar su proyecto alternativo de nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador estableció que con el propósito de “llevar a cabo la descentralización de las dependencias del gobierno federal, de acuerdo con la naturaleza de cada sector y/o características de su función; varias entidades de la República podrían contar con la presencia de una dependencia federal” Secretaría de Agricultura, Ciudad Obregón, Sonora; Secretaría de Economía, Monterrey, Nuevo León; Secretaría de Salud. Chilpancingo, Guerrero; Secretaría de Turismo Cancún, Quintana Roo; Secretaría de Energía Villahermosa, Tabasco; SEP Puebla, Puebla ; Secretaría de Cultura, Tlaxcala, Tlaxcala; CFE, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Sedesol, Oaxaca, Oaxaca; SCT, San Luis Potosí, San Luis Potosí; Secretaría de Pesca, Mazatlán, Sinaloa; Secretaría del Trabajo, León, Guanajuato; Secretaría de la Función Pública, Querétaro, Querétaro; Pemex, Ciudad del Carmen, Campeche; Sedatu, Pachuca, Hidalgo; SAT, Mexicali, Baja California; Aduanas, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Conagua, Alvarado, Veracruz; Comisión Forestal, Durango, Durango; Minería, Chihuahua, Chihuahua; Infonavit, Toluca, estado de México; IMSS, Morelia, Michoacán; ISSSTE, Colima, Colima; Inegi, Aguascalientes, Aguascalientes; Diconsa, Zacatecas, Zacatecas; Fonatur, Bahía de Banderas, Nayarit; Conacyt, La Paz, Baja California Sur; Nafinsa, Torreón, Coahuila.2

Dicho programa de descentralización de dependencias federales mantuvo en lo general lo declarado un mes antes por el presidente de Morena, sin mediar análisis o solicitud expresa alguna.

Pese a que el mencionado programa estableció que para su instrumentación se deberían “conocer las características de cada dependencia y su ámbito de competencia, a fin de que se tenga claro el mejor destino de su reubicación y emplazamiento, ya sea total o parcial y llevar a cabo los estudios de carácter social que permitan identificar la problemática de la burocracia federal y sus posibles posicionamientos en relación a su movilidad y traslado a otras ciudades”, a la fecha, no se han hecho públicos ningún estudio ni análisis que permita conocer cuál podría ser el destino más adecuado, eficaz y racional de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en caso de que se tuvieran que trasladar sus oficinas y funciones a las entidades federativas .

Aún más, algunos secretarios de despacho que han asumido su cargo el pasado 1 de diciembre, han realizado declaraciones respecto de cumplir con las ocurrencias arriba señaladas, careciendo de un estudio que demuestre la viabilidad y factibilidad de hacer la descentralización correspondiente.

Tal es el caso del titular de la Secretaría de Educación Pública que, antes de revisar la viabilidad de una propuesta carente de análisis, ha dicho y realizado actos que demuestran que ya está trabajando para llevar a cabo dicha la descentralización al estado de Puebla, que a todas luces carece de algún fundamento racional, jurídico, administrativo y que incumple con la política de administración de inmuebles del estado.

El pasado 9 de diciembre el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a través de su boletín no 5, dijo que la mudanza de Secretaría de Educación Pública, de la Ciudad de México a Puebla, iniciará en 2021.

Dijo que “se brindarán apoyos a las trabajadoras y los trabajadores que decidan trasladarse de manera voluntaria”. El secretario Moctezuma anunció esto durante la instalación del Consejo Consultivo Poblano para la descentralización de la SEP, donde reiteró que el proyecto de descentralización estará listo a mediados de 2019 para que, a más tardar, la dependencia comience a trasladarse a Puebla a finales de 2020 o principios de 2021. El titular de la SEP aseguró que el proceso para mudar la dependencia se realizará de manera “gradual, ordenada y planificada”.

Sin embargo, no se ha aclarado de ninguna manera, por qué el estado de Puebla tiene que ser la entidad federativa sede de la Secretaría de Educación Pública y cuáles son las necesidades de esa dependencia para cambiar su sede y los inmuebles cuyo dominio los hace exclusivos para el servicio público federal.

La Ley General de Bienes Nacionales establece en su artículo 9 que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, en los términos prescritos por esta ley, excepto aquellos inmuebles que la federación haya adquirido con posterioridad al 1 de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de algún estado, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de la legislatura local respectiva.

El decreto o acuerdo mediante el cual la federación adquiera, afecte o destine un inmueble para un servicio público o para el uso común, deberá comunicarse a la legislatura local correspondiente .

No debe pasarse por alto que para la administración pública centralizada y paraestatal, existe el Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal que se constituye por el conjunto de políticas, criterios y mecanismos de coordinación de acciones tendentes a:

1. Lograr la administración eficaz y el óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, en beneficio de los servicios públicos y funciones a cargo de la administración pública federal ;

2. Promover la seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, y

3. Coadyuvar a que los recursos presupuestarios destinados a la adquisición, administración, conservación y mantenimiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de la administración pública federal, sean aplicados con eficiencia y eficacia.

Asimismo y para la operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, existe un Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que se integrará con las dependencias administradoras de inmuebles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las cinco entidades que cuenten con mayor número de inmuebles dentro de su patrimonio (una de ellas es la Secretaría de Educación Pública).

Dicho Comité es presidido por la Secretaría de la Función Pública y opera de acuerdo con las normas que para su organización y funcionamiento emite.

El Comité debe ser el foro obligado para el análisis, discusión y adopción de criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr los fines del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, que tendrá por objeto :

I. Coadyuvar a la integración y actualización permanente del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal;

II. Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como proponer las medidas tendientes a solucionarla;

III. Analizar el marco jurídico aplicable al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así como cuando sea conveniente para alcanzar los objetivos del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal, promover la adopción de un programa de control y aprovechamiento inmobiliario federal, así como la expedición de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas conducentes, y

IV. Promover la adopción de criterios uniformes para la adquisición, uso, aprovechamiento, administración, conservación, mantenimiento, aseguramiento, control, vigilancia, valuación y, en su caso, recuperación y enajenación de los bienes integrantes del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.

Y también está establecido en la Ley de Bienes Nacionales (artículo 49), que para satisfacer las solicitudes de inmuebles federales de dependencias, de la Procuraduría General de la República, de las unidades administrativas de la Presidencia de la República y de las entidades, la Secretaría de la Función Pública debe :

I. Revisar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, para determinar la existencia de inmuebles federales disponibles parcial o totalmente ;

II. Difundir a las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades, la información relativa a los inmuebles federales que se encuentren disponibles;

III. Establecer el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades manifiesten por escrito, su interés a fin de que se les destine alguno de dichos bienes;

IV. Fijar el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades solicitantes de un inmueble federal disponible, justifiquen su necesidad y acrediten la viabilidad de su proyecto ;

V. Cuantificar y calificar las solicitudes, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a la localización pretendida;

VI. Verificar respecto de los inmuebles federales disponibles el cumplimiento de los aspectos legales,

Más importante aún, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley mencionada se establece que “la adquisición de derechos de dominio o de uso a título oneroso sobre inmuebles ubicados en territorio nacional para el servicio de las dependencias , la Procuraduría General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República, sólo procederá cuando no existan inmuebles federales disponibles o existiendo, éstos no fueran adecuados o convenientes para el fin que se requieran.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los responsables inmobiliarios de las dependencias, bajo su responsabilidad, harán constar que no existen inmuebles federales disponibles o que los existentes no son adecuados o convenientes para los fines requeridos , mediante consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.

Por tal motivo resulta impropio que, sin realizar ningún estudio de factibilidad ni de la viabilidad del estado de Puebla para ser sede de la Secretaría de Educación Pública y sin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, ni contar con ningún tipo de decreto de parte del Poder Ejecutivo federal ni de la legislatura del estado de Puebla, el secretario de Educación Pública haya instalado un consejo consultivo y lleve a cabo trabajos tendientes a abandonar los edificios de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Educación Pública a que se abstenga de realizar acciones y declaraciones en torno a la posible descentralización de esa dependencia sin antes hacer públicos los estudios presupuestales, económicos, demográficos e inmobiliarios de factibilidad y viabilidad que demuestren por qué la ciudad de Puebla podría ser la sede más adecuada para las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

Segundo . Se exhorta al secretario de Educación Pública a que haga públicos los estudios de carácter social que permitan identificar la problemática de la Secretaría de Educación Pública federal y sus posibles posicionamientos en relación a su movilidad y traslado a otras ciudades.

Tercero . Se exhorta al Secretario de Educación Pública a que demuestre mediante un análisis riguroso, que la medida descentralizadora anunciada específicamente en el estado de Puebla, se ajusta a la política obligatoria establecida en la Ley General de Bienes Nacionales, de asignar recursos presupuestarios destinados a la adquisición, administración, conservación y mantenimiento de los inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública Federal, con eficiencia y eficacia en beneficio de los servicios públicos.

Cuarto . Se exhorta al Secretario de Educación Pública a que haga públicos el total de inmuebles que tiene la Secretaría de Educación Pública Federal en la Ciudad de México, objeto del traslado y el uso propuesto, en caso de aprobarse dicha medida.

Quinto . Se exhorta al secretario de Educación Pública para que transparente, por unidad administrativa, la cantidad de servidores públicos sujetos del plan de traslado a la ciudad de Puebla.

Notas

1 www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/22/1196443

2 Proyecto Alternativo de Nación http://morena.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.p df

Boletín No. 5 Secretaría de Educación Pública, 9 de diciembre de 2018 www.gob.mx/sep/prensa/descentralizacion-de-sep-se-hara-de-manera-gradua l-y-ordenada-moctezuma-barragan

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en Veracruz, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, la educación es un tema de prioridad para la agenda legislativa, en razón de que en los últimos años México ha alcanzado grandes logros. El derecho de los niños, niñas y adolescentes, así como las personas adultas a una educación de calidad resulta un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país, además de que está plasmado en el artículo tercero constitucional, donde se garantiza por parte del Estado el derecho a recibir educación.1

Sin embargo, aún faltan acciones que implementar en materia educativa y retos para alcanzar la educación universal. En diversos foros se ha escuchado que la educación en México, vive todavía un déficit cuantitativo incomprensible para un país que es la undécima economía del mundo. Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) ha expresado que excepto en los niveles de primaria y secundaria se alcanza una cobertura de 97 y 93 por ciento, respectivamente, con respecto a los otros niveles educativos, se observa cifras deficitarias en preescolar 63 por ciento; media superior 73 por ciento, y superior 35 por ciento. Así mismo, manifestó que hay que agregar a cinco millones de personas al margen de las letras y el rezago educativo de 32 millones de mexicanos.2

De igual manera, hay personas que estudian a través de en línea, a fin de poder tener tiempo para trabajar y estudiar.3 Es indispensable promover la construcción de un acuerdo de política educativa que responda de manera más precisa e informada en torno a los profundos problemas estructurales y de coyuntura.4

Aunado a lo anteriormente manifestado, en nuestro país existe un grupo vulnerable que son los mexicanos que migran a los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de trabajar por un periodo determinado, en ese lapso deciden ocupar su tiempo libre para estudiar o recibir capacitación en determinada área profesional o técnica, sin embargo al concluir su labores y por consiguiente su permiso para trabajar en el país vecino, retornan a nuestro territorio nacional, en donde se enfrentan a la problemática de poder encontrar una institución educativa donde poder continuar sus estudios.

En este contexto, es preciso remarcar que a este grupo se le ha denominado Migrantes Temporales, debido a que cuentan con visas de trabajo H2A (trabajadores agrícolas) y H2B (trabajadores en la construcción, restaurantes, hoteles, etc.), existen alrededor de 250 000 trabajadores laborando anualmente en diferentes estados de nuestro país vecino, quienes son originarios de comunidades rurales en México.

Ante esta situación el gobierno norteamericano, implemento el Migrant Education Program,5 dicho programa brinda servicios educativos en cada uno de los estados en donde laboran los migrantes mexicanos temporales. El programa asegura que las niñas, niños y adolescentes migrantes no solo reciban servicios de educación que aborden sus necesidades especiales, sino que también reciban oportunidades completas y apropiadas para cumplir con los estándares académicos y de rendimiento académico. El objetivo del Programa de educación para migrantes es garantizar que los estudiantes migrantes se gradúen con un diploma de escuela secundaria que los prepare para la obtención de un empleo productivo.

A fin de dar seguimiento a los estudios de los migrantes temporales, el gobierno mexicano se sumó a la propuesta que actualmente plantea el Migrant Education Program,6 que se encarga de apoyar a estos grupos de personas, debido a ello, los alumnos aprenden inglés y computación, así mismo pueden iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel primaria, secundaria o bachillerato con el INEA y Prepa en línea de la Secretaria de Educación Pública, también capacitación para el Empleo con la Fundación Carlos Slim y clases de carpintería y mecánica con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial.

Es importante señalar que la matrícula y la cobertura de acceder a estudios en el estado de Veracruz, continúa creciendo, por ello, es imperante consolidar la oferta educativa, sin dejar de lado su calidad. Con el impulso, fomento y construcción de Escuelas para Migrantes en la entidad federativa, así como en todo el territorio nacional, se concebirán enormes expectativas, produciendo efectos observables y duraderos en el entorno económico y social de las diversas regiones del estado de Veracruz, con la formación de técnicos y profesionales cada vez más competentes, así mismo, se forjarán conocimientos encaminados a la incubación de innovaciones que a la larga beneficiaran a la sociedad veracruzana. Por tal motivo, debemos impulsar que en México se impulse y fomente la creación de este diseño de escuelas para migrantes, con la finalidad de poder apoyar a estos grupos vulnerables.

En este universo de migración, también se encuentran los mexicanos que emigran a la Unión Americana, en razón a su deseo y anhelo de proporcionar a sus familias una mejor calidad de vida, por ello, se ven obligados a buscar mecanismos para obtener mejor solvencia económica mediante la obtención de un trabajo, así como conseguir la oportunidad de continuar con sus estudios. Su aspiración de crecimiento los ayuda a conseguir su objetivo, empero por la falta de conocimiento sobre los trámites ya sea a través de los consulados o de las propias autoridades educativas ya sean estatales o federales desgraciadamente no efectúan la revalidación de estudios.

Para todo Estado, contar con una educación de calidad no sólo es una aspiración legítima, sino es y debe ser una condición fundamental para impulsar su desarrollo y mejorar su competitividad, además de lograr una inserción en la economía basada en el conocimiento.

Por último, es trascendental que, en nuestro país, las políticas educativas estén encaminadas a atender la necesidad de fortalecer y diversificar la educación enfatizando su contribución directa al desarrollo nacional. Así mismo, debe otorgar conocimientos pertinentes, eliminar toda forma de exclusión y desigualdad, fortaleciendo la competitividad y estimulando la participación de la sociedad.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a impulsar, diseñar, fomentar y fortalecer las Escuelas para Migrantes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo en todo el territorio nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen para diseñar una campaña de difusión enfocada a los mexicanos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica para que acudan a revalidar sus estudios ante las instancias correspondientes, así como para los estudiantes mexicanos que haya obtenido estudios en el extranjero.

Notas

1 Párrafos primero, segundo y tercero del artículo 3 constitucional: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

2 UNAM, Insuficiencias profundas de la educación en México, disponible, http://www.gaceta.unam.mx/20170502/insuficiencias-profundas-de-la-educa cion-en-mexico/

3 Fuente: https://www.merca20.com/mexico-y-la-educacion-en-linea/

4 Humberto Muñoz, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales y ex coordinador de Humanidades de la UNAM, señaló que México requiere una educación que sea útil para quienes la reciben, para que sirvan con compromiso a la sociedad. UNAM, Insuficiencias profundas de la educación en México, disponible, http://www.gaceta.unam.mx/20170502/insuficiencias-profundas-de-la-educa cion-en-mexico//

5 US, Department of Education, Education of Migrant Children in the United States, The National Clearinghouse For Bilingual Education, 1995, disponible

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED394305.pdf

6 U.S. Department of Education, Education of Migrant Children in the United States, The National Clearinghouse For Bilingual Education, 1995, disponible

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED394305.pdf

Ciudad de México, a 15 de enero de 2019.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a atender, ampliar y fortalecer por la SSPC y en coordinación con el gobierno de Tamaulipas sus acciones a fin de garantizar la integridad de la población ante la ola de violencia registrada recientemente en la entidad; y a la PGR, a dar celeridad y agotar las líneas de investigación sobre el homicidio de 24 personas en Miguel Alemán, suscrita por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el estado de Tamaulipas se ha denunciado no sólo la operación de diversas organizaciones del crimen organizado, sino también, sus constantes enfrentamientos para mantener el control sobre la comercialización, distribución y trasiego de enervantes.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, existen indicios de que en esta situación están coludidas autoridades, y por sus impactos, pone en severo riesgo la integridad y patrimonio de la población. Ello, genera un clima de inseguridad y sitúa a la entidad como una de las más peligrosas de todo el México.

Los múltiples altercados y sus víctimas, dejan de manifiesto la ineficiencia de la estrategia en materia de inseguridad emprendida por la actual administración federal, y su incapacidad para detener a los objetivos prioritarios y desarticular las bandas delictivas del crimen organizado.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando tres o más personas realicen de manera reiterada o permanente, conductas que tengan como fin o resultado delitos graves, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos los delitos contra la salud.1

Uno de los últimos acontecimientos dados a conocer, es el documentado el pasado 9 de enero en la comunidad de El Refugio Hinojosa, en el municipio de Miguel Alemán, en donde hasta el momento, se han localizado por lo menos 24 personas ejecutadas.

Inicialmente se reportó la aparición de 21 cuerpos apilados sin vida, de ellos, por lo menos 15 estaban calcinados; sin embargo, horas después se localizaron tres cuerpos más, asimismo, se encontraron cartuchos, uniformes tácticos parecidos a los que utilizan las fuerzas armadas y chalecos antibalas.2

Ante estos acontecimientos, el Presidente de México se comprometió a realizar una investigación exhaustiva y a “decir la verdad sobre lo que sucedió”, además que será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de dar a conocer los avances y conclusiones.

El vocero de Seguridad hizo público que estos hechos fueron resultado de una pelea de grupos antagónicos por el control de la región y que el gobierno de Tamaulipas sólo contribuyó con el personal de servicios periciales.3

Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que las primeras indagaciones arrojaron que estos hechos derivaron de un enfrentamiento entre grupos criminales,4 por lo que se dio vista a la Procuraduría General de la República para que se haga cargo de las investigaciones.5

Lamentablemente, estos sucesos en la entidad son constantes, prueba de ello es que el pasado 10 de enero un soldado resultó severamente herido y cinco presuntos delincuentes fueron abatidos durante un enfrentamiento en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero.

Este ataque derivó de un patrullaje a la altura del pozo El Jaujal, cuando los uniformados fueron atacados con armas de alto calibre por personas pertenecientes al crimen organizado, quienes se desplazan en al menos cinco camionetas tipo pickup.

En la zona conocida como Frontera Chica los elementos de seguridad son objeto de agresiones y amenazas, a pesar de ello no se han instrumentado las acciones necesarias para asegurar la seguridad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Para tener un panorama general de la situación imperante, cabe destacar que en esta región del país sólo el año pasado se aseguraron toneladas de marihuana y al menos 277 armas, 15 mil 421 cartuchos útiles y mil 203 cargadores, además de siete granadas.6

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad que se dé mayor atención por parte de las autoridades federales, así como la necesidad de que se fortalezcan las acciones para garantizar un clima de paz social y tranquilidad a la población ante la ola de violencia registrada recientemente.

De no atender con prontitud, efectividad y transparencia esta problemática, se vulnerará el Estado de Derecho y se inhibirá el desarrollo económico de la entidad, pero principalmente, se desatenderá el compromiso de desarticular al crimen organizado y de prevenir que las drogas lleguen a manos de los jóvenes y de las personas con consumo problemático en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, amplíe y fortalezca sus acciones en el estado de Tamaulipas, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la población, ante la ola de violencia generada por organizaciones del crimen organizado.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para dar celeridad y agotar las líneas de investigación sobre el homicidio de 24 personas en el municipio de Miguel Alemán.

Notas

1 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 07-04-2017). Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 14/01/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.p df

2 Excélsior. (2019). Hallan 21 cuerpos calcinados en Tamaulipas; ligan caso al narco. 14/01/2019. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-21-cuerpos-calcinados-en-t amaulipas-ligan-caso-al-narco/1289421

3 Sin Embargo. (2019). El enfrentamiento entre grupos criminales en Tamaulipas suma ya 24 muertos, dicen autoridades. 14/01/2019. Sitio web:

https://www.sinembargo.mx/10-01-2019/3521231

4 El Universal. (2019). Incrementan a 24 los cuerpos hallados en Tamaulipas. 14/01/2019. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/incrementan-24-lo s-cuerpos-hallados-en-tamaulipas

5 El Sol de Tampico. (2019). PGR asumirá investigación de matanza en Tamaulipas. 14/01/2019, de s Sitio web: https://www.elsoldetampico.com.mx/local/pgr-asumira-investigacion-de-ma tanza-en-tamaulipas-2903999.html

6 La Jornada. (2019). Sube a 24 cifra de cuerpos calcinados que halló el Ejército en rancho de Tamaulipas. 14/01/2019. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2019/01/11/politica/012n1pol

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de enero de 2019.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a respetar los derechos laborales y humanos de los servidores públicos y esclarecer los despidos masivos e injustificados en diversas instancias de la administración pública, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La llegada del nuevo gobierno federal ha significado para miles de mexicanos un cambio total de vida, pero no para bien, sino porque han sido despedidos de forma repentina de sus empleos en la administración pública federal.

Diversos medios de comunicación han dado cuenta de hechos donde, con el pretexto de acatar la llamada “política de austeridad republicana”, se ha despedido a miles de trabajadores, que desempeñaban, en algunos casos por años, labores importantes para la dotación de servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.

En lo que va del nuevo gobierno, el plan de austeridad ha provocado el despido de más de 12 mil 800 personas y el objetivo es prescindir de 222 mil 515 trabajadores en todo el sexenio, ya que se plantea una reducción de 70 por ciento de las 317 mil 979 plazas de confianza.1

El caso del Servicio de Administración Tributaria es un ejemplo particular de ello. Desde diciembre del año pasado, los medios de comunicación, y en las redes sociales, dieron a conocer y mostraron la manera en que cientos de trabajadores fueron despedidos, denunciando presiones, e inclusive, se habla de que fueron obligados a renunciar sin liquidación y sólo con un bono de ahorro.

Diferentes videos permiten observar cómo el personal de seguridad no permite la salida de los trabajadores de las instalaciones del SAT, condicionándolos a que firmen su renuncia.

Con la excusa de una reestructuración y supresión de plazas consideradas en el Presupuesto de 2019, en varios estados las oficinas del SAT comenzaron a notificar a los empleados sobre el término de la relación laboral.2

El recorte de plazas incluye todas las áreas del SAT, desde auditoría, comercio, aduanas e hidrocarburos hasta contribuyentes.

Pero éste no es el único caso: en áreas completas de la administración pública federal las nuevas autoridades gubernamentales están exigiendo la renuncia de personal de confianza de todos los niveles, siendo los más bajos los más afectados.

En un audio presentado por el periódico Excélsior en diciembre pasado se escucha cómo el coordinador de comunicación social del gobierno federal, Alejandro Álvarez, solicita la renuncia de 12 empleados argumentando que debía eliminar la nómina existente para que los puestos fueran ocupados por el equipo de confianza del nuevo Ejecutivo federal.3

Situaciones similares se han replicado en otras instituciones, como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Emprendedor y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Secretaría de la Función Pública.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el recorte fue de 500 empleados, quienes denuncian que les avisaron a través de una videoconferencia en la que sólo les dieron las gracias.

En ProMéxico fueron despedidos 300 de los 400 empleados. Sin embargo, los 100 restantes también serán despedidos, pues se trata de una institución que el nuevo gobierno ha decidido desaparecer.

En Tabasco se afectó a 500 trabajadores del Seguro Popular que fueron despedidos vía WhatsApp y sin algún documento formal de por medio.

En la Secretaría de Gobernación, el reajuste afectó a 665 empleados, mientras que en la Comisión Reguladora de Energía, el presupuesto asignado para este año provocará el despido de 367 trabajadores.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirmó recientemente el despido de 3 mil trabajadores, argumentando injustamente la existencia de mucho “personal ocioso”.4

Los despidos injustificados también han llegado al Centro Nacional de Metrología, donde fueron afectados 10 trabajadores que tenían más de 20 años laborando.5

El caso de la Función Pública resulta aún más lamentable si consideramos que es la institución que se encarga de profesionalizar el servicio público de carrera.

Los despidos están siendo masivos y se realizan informalmente y sin tener en consideración la antigüedad laboral, sus certificaciones o estatus jerárquico y en completa violación a sus derechos laborales y humanos.

De acuerdo con diversas fuentes, estas acciones se realizan como parte de las medidas emprendidas por el nuevo gobierno como parte de su política de austeridad, que ya se están llevando a cabo en distintas dependencias federales, en perjuicio de miles de empleados y sus familias.

Aunque pueda argumentarse que los despidos corresponden a la alternancia en el gobierno, esta es la primera vez que se ha realizado un despido masivo de personal de la administración pública. Durante los cambios de administración del PRI y PAN nunca se presentó un caso similar, se realizaban cambios en los mandos superiores, pero no se afectaba a quienes ocupaban las plazas más bajas, incluso hay personal que tenía trabajando hasta 20 y 30 años.

Las razones políticas de ninguna manera pueden excusar estas acciones, máxime cuando se trata de mejorar la calidad de servicio y profesionalizar la administración pública. Que sean personal temporal o de honorarios, tampoco significa que carezcan de derechos laborales.

En todas estas áreas, ciertos puestos exigen un alto nivel de especialización para su desempeño, por lo que despedir a este tipo de personal significa perder la experiencia que han generado durante años de trabajo.

Más aún, retener y obligar a funcionarios a firmar sus renuncias es ilegal, miles de familias quedan en la indefensión, no podemos permitir estos atropellos. No se puede iniciar un gobierno eficaz a costa de los trabajadores, es fundamental respetar sus derechos.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en la ley.

El primero que tiene que velar por el respeto de los derechos de los trabajadores es el propio gobierno. No es posible que sin evaluaciones concretas o sin un plan de reingeniería organizacional para hacer más eficientes a las instituciones públicas, se despidan a miles de trabajadores y se lesionen sus derechos humanos y laborales.

El gobierno federal no debe emprender una política de racionalización de recursos humanos, si no ha hecho los estudios pertinentes, las evaluaciones necesarias y los planes alternativos para solucionar la situación laboral de sus trabajadores. No puede llegarse a los centros de trabajo y obligar a los servidores públicos a firmar su renuncia de manera violenta y en contra de toda norma laboral.

La austeridad en el gobierno federal no puede ser excusa para violentar los derechos de los funcionarios públicos. Estamos a favor de la austeridad y de una gestión eficaz y eficiente, pero nunca apoyaremos el violentar los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

La administración anterior se caracterizó por la creación de más de 4 millones de empleos formales, mientras que el gobierno entrante, a menos de 50 días de haber iniciado, se ha caracterizado por ser promotor del desempleo y una verdadera “cacería de brujas”.

Exigimos al gobierno federal que garantice la protección de los derechos laborales de las personas que trabajan en las dependencias.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que respete los derechos laborales y humanos de los servidores Públicos; asimismo, para que esclarezca los casos de despidos masivos e injustificados en diversas instancias de la administración pública y la afectación que sufren miles de familias mexicanas por estos hechos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública a fin de que expliquen los casos de despidos masivos e injustificados y la eliminación de prestaciones sociales en diversas dependencias y entidades de la administración pública federal.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2019.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-38-dias-12-mil-817-trabajado res-despedidos-o-en-vias-de-serlo

2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-despidos-masivos-de-em pleados-del-sat-en-4-estados

3 Recortan vacantes federales: los citan a través de WhatsApp para pedirles su renuncia voluntaria, Huffingtonpost.

4 https://noticieros.televisa.com/videos/issste-confirma-despido-de-3-mil -personas/

5 https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/denuncian-10-despidos-injust ificados-en-el-cenam-2886794.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sener y Pemex a presentar un informe ante esta soberanía y hacer pública la información referente a los contratos asignados para transportar combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas y los costos por derivarse de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán, así como el efecto final del costo de producción de la gasolina, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El robo de combustible se ha convertido en uno de los delitos que más han afectado a la economía y la sociedad mexicana, de hecho, se calcula que es la segunda actividad ilícita más lucrativa para el crimen organizado, sólo después del narcotráfico. De acuerdo con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede), en sus periodos de mayor éxito, puede ser hasta más redituable que las drogas.1

En este escenario, no cabe duda de que el combate al “huachicol”, como también se le conoce a este delito, debe ser una prioridad, sin embargo, la estrategia no debe afectar el bienestar de la población ni poner en riesgo la estabilidad y las actividades económicas de nuestro país.

Pese a ello, el plan para combatir el robo de combustible, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, ya ha demostrado sus limitaciones. La estrategia de cerrar las válvulas de diversos ductos de Pemex y abastecer a las gasolineras a través de transporte de carga terrestre (pipas) ha ocasionado una fuerte crisis de desabasto de combustible en más de diez entidades del país.

Entre los estados más afectados por el desabasto de combustible se encuentran la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y el estado de México.

La escasez de combustible ha afectado la vida diaria de miles de mexicanos que utilizan sus vehículos para trasladarse a sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales y otros destinos. También ha afectado a los trabajadores del transporte, quienes han tenido que esperar durante varias horas en las estaciones de servicio para comprar gasolina.

Los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ya reportan que han comenzado las afectaciones a la industria y el sector empresarial por el desabasto de combustible. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, líderes empresariales han manifestado que el 90 por ciento de las empresas de la entidad se han visto afectadas por esta situación.2

De prolongarse esta situación se puede poner en riesgo a la planta productiva del país, el abasto de diversos productos, el sector de exportaciones, el comercio interno, la estabilidad macroeconómica e, incluso, la seguridad alimentaria del país.

Apenas hace unos días, el presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), Ramiro de Jesús Cavazos.

Aunado a las afectaciones y riesgos causados por el desabasto de combustibles, es preciso mencionar que en esta nueva estrategia, el gobierno federal ha actuado con opacidad en temas de gran relevancia, entre estos, lo concerniente a la nueva modalidad de transporte para el abastecimiento de las gasolineras.

De acuerdo con información oficial de Pemex, la empresa cuenta con 17 mil kilómetros de ductos y 74 terminales de almacenamiento y despacho, sin embargo, solamente cuenta con 520 carros tanque y mil 485 pipas para el reparto de combustibles vía terrestre.3

Basta señalar que, según el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, sólo en Guadalajara se necesitan 400 pipas diarias para la distribución de combustibles, pero Pemex sólo cuenta con 68 unidades para abastecer a 500 estaciones de servicio en todo el estado de Jalisco.4

Por su parte, el especialista del sector petrolero de Grupo Caravia y Asociados, Ramsés Pech, señaló que, con la capacidad de transporte terrestre de Pemex, se estaría cubriendo apenas el 12 por ciento de los petrolíferos trasladados.

Los contrastes y las estadísticas de distribución por cada entidad, muestran que la capacidad en medios de transporte de Pemex es insuficiente para cubrir las necesidades de distribución de combustibles, lo que hace evidente la necesidad de contratar empresas privadas para garantizar el abastecimiento.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha señalado que actualmente el gobierno federal está rentando unas 3 mil 400 pipas a empresas privadas para coadyuvar en el transporte y abasto de combustibles,5 sin embargo, no ha comentado qué empresas son las beneficiadas, así como bajo qué términos han sido contratadas.

Pemex y el gobierno federal tienen la obligación de dar a conocer cuáles son las empresas que resultarán beneficiadas de la nueva estrategia para el combate contra el robo de combustibles.

Nos preocupa la forma como se toman las decisiones y se difunden las estrategias, sobre todo, por las consecuencias que tienen en el sector productivo. La imprecisión y los vacíos de información que se han generado respecto al desabasto han provocado una gran incertidumbre entre la población.

Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señala que la distribución de combustible a través de pipas es 14 veces más caro que por medio de los ductos ya existentes.6

Lo que lleva a preguntarse, ¿a cuánto ascenderá el costo total de la nueva estrategia de combate al robo de combustible? Comenzando por los costos de traslado, el resguardo de los ductos, la vigilancia de las pipas durante su trayecto y los contratos a empresas privadas para el transporte de los combustibles.

Debido al incremento del costo de transporte y el arrendamiento de pipas ¿quién asumirá todos esos costos?

Exigimos una pronta solución al problema del desabasto de gasolina, no podemos permitir que una situación así se normalice y se extienda por más días, semanas o hasta meses. Lo que está en juego es el desarrollo y la economía nacional, así como el bienestar de todos los mexicanos.

No sólo exigimos al gobierno federal que se resuelva esta grave crisis sino también que se transparenten los contratos que se están asignando para el transporte y abastecimiento de combustibles, los beneficiarios, así como el costo total de esta nueva estrategia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que presenten un informe ante esta soberanía y hagan pública la información referente a los contratos asignados para el transporte de combustibles por vía terrestre, las empresas beneficiadas, así como los costos que se derivarán de esta nueva modalidad de transporte y la forma en que se pagarán.

Notas

1 https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article1487 73499.html

2https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enMX815MX815&ei=z9Y3XNqGPMq1tgXTy6DAAQ&q=
90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&oq=90%25+de+las+empresas+en+guanajuato+afectadas&gs_l=
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0i71j0i131j0j0i20i263j0i203j38j0i22i30j0i22i10i30j33i22i29i30j33i21j33i160.BDT5bABtW7k

3 http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Paginas/Default2.aspx#.X Df1dVVKiM-

4 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desabasto-durara-lo-que-sea-nec esario-nahle

6 https://www.dineroenimagen.com/economia/sale-mas-caro-transportar-el-co mbustible-en-pipas-que-por-ductos/105988

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al día 15 de enero del año 2019.

Diputado René Juárez Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la SE a instaurar con la mayor brevedad un programa de apoyo económico urgente a fin de evitar crisis en la planta productiva de los estados afectados por el desabasto de gasolina, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El 27 de diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo la presentación del Plan de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, con el objeto de combatir el robo de hidrocarburos.

Al respecto, señaló: “Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos”.1

La medida que está llevando a cabo el gobierno federal para combatir el robo de gasolina es el cierre de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual ha generado desabasto en 12 entidades federativas del país y con ello una serie de efectos colaterales, en donde la población es la principal afectada.

Los resultados de la estrategia se expresan en desabasto de combustibles en un número cada vez mayor de ciudades, compras de pánico, pérdidas millonarias de diferentes actividades y sectores productivos y afectaciones en las actividades cotidianas de las personas.

Actualmente, suman 12 las entidades federativas que padecen esta problemática, siendo las más afectadas Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Querétaro.2

Estamos a favor de combatir con firmeza el robo de gasolinas; sin embargo, la estrategia no fue bien planeada y arroja diferentes impactos negativos que es importante considerar.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el impacto económico por el desabasto de gasolina podría afectar una décima de punto porcentual del producto interno bruto (PIB).3 Ello equivaldría a poco más de 23 mil 400 millones de pesos, aproximadamente.4

Organismos empresariales y cámaras industriales han alertado que si la distribución de los combustibles no se normaliza, sectores como el del transporte, tiendas de autoservicio, pequeña y medianas empresas (Pymes) e integrantes de la cadena turística podrían ser los más afectados.5

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que las pérdidas económicas por el desabasto de gasolina ascienden a más de mil 250 millones de pesos en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Señala que en Guanajuato se reportan pérdidas diarias de 100 millones de pesos; en Querétaro hay 90 gasolineras cerradas y la pérdida para el gremio alcanzan los 175 millones de pesos; en Jalisco, el desabasto afecta a 40 por ciento de las gasolineras; y el desabasto podría causar el despido de 5 mil y 10 mil empleos en los estados afectados.6

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) indicó que el desabasto y cierre de gasolineras en el país, ya dejo pérdidas económicas por más de 10 mil millones de pesos. Tan sólo en Jalisco, considerado como uno de los mercados de gasolinas más grandes del país, la pérdida en los últimos 10 días ya es de 3 mil millones de pesos.7

En Hidalgo, los empresarios gasolineros han reportado pérdidas del 50 por ciento, mientras que en el estado de México ascenderían a 120 millones de pesos.8

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) señala pérdidas estimadas en 3 mil millones de pesos del sector comercio que se reflejan por menos ventas, falta de suministro y mercancías de perecederos en riesgo de descomposición, en los estados mayormente impactados que son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, y aún falta por agregar la afectación que presentó el turismo, los centros comerciales y el incremento de precios del uso de taxis durante este fin de semana.9

El transporte es una de las actividades más importantes dentro del sistema económico. Sin gasolina se pone en riesgo toda cadena productiva a nivel nacional. En este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial menciona que es muy importante que no haya desabasto porque se pararía la actividad del país. El transporte de las mercancías está empezando a ponerse en riesgo, la distribución de las mercancías y el abastecimiento de energía para las plantas industriales”.10

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que empresas ubicadas en el estado de México, Hidalgo, Michoacán y Querétaro, ya han reportado problemas para distribuir productos como lácteos, verduras y refresco.

Según la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), la prolongación del desabasto de gasolina en varias entidades del país pone en riesgo de descomposición al menos 90 mil toneladas de alimentos que se mantienen almacenadas en bodegas de Centrales de Abasto (Cedas), debido a que los clientes por falta de gasolina no han acudido a surtirse.11

Los principales productos en riesgo de descomposición son aguacates, papas, jitomates y hortalizas. Asimismo, advirtió que la reducción de la clientela en centrales de abasto en los últimos dos días va del 30 al 50 por ciento, siendo las más afectadas la de Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes.

Ante esta situación, diferentes sectores advierten sobre el riesgo de escasez y acaparamiento de productos, incremento de precios desencadenado y un efecto inflacionario, que indudablemente impactará en el costo de la canasta básica, en perjuicio del bolsillo y bienestar de millones de familias.

El mismo Banco de México ha apuntado los efectos por el lado de la actividad económica y de la inflación, lo cual va a depender de qué tan rápido pueda normalizarse la situación. Lo anterior, pese a que autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han señalado que no perciben riesgos inflacionarios por el desabasto de gasolinas, pero que de corregirse, no tendrá impactos negativos en la parte económica y debería tener impactos muy positivos en las finanzas de Pemex y públicas, como una señal clara para fortalecer el estado de derecho.12

El Consejo Coordinador Empresarial del estado de México dio a conocer que diferentes sectores productivos han registrado pérdidas económicas importantes que alcanzan los mil 502 millones de pesos, de los cuales son 769 millones de pesos en la región del valle de México, a tres días de la escasez de combustible, y 733 millones en el valle de Toluca, a siete días del problema.13

En Michoacán, poco más del 40 por ciento de las 6 mil unidades del servicio de transporte público dejaron de circular por no contar con combustible. Es importante señalar que el 60 por ciento de la población utiliza este servicio, lo que es solo un ejemplo de afectación que ha dejado la falta de gasolina.14

En Guanajuato, los empresarios señalan el cierre nocturno en algunas fábricas, afectaciones en el 80 por ciento de las empresas, la reducción del turismo y la advertencia de una grave problemática que puede derivar el desabasto de otros productos. Asimismo, se están reportando afectaciones en otros rubros, como empresas que se dedican al transporte de personal, al transporte de víveres, al abastecimiento de materia prima, cancelación de reservaciones, entre otros.

Los daños son incalculables, sin considerar las horas hombre de los ciudadanos que duran en promedio de dos a cuatro horas formados, a veces en la madrugada, tratando de obtener gasolina.15

El sector turismo en Guanajuato reporta pérdidas de alrededor de 54 millones de pesos, resultado de la crisis por la falta de combustible en la entidad. Apenas el 15 por ciento de las gasolineras de Guanajuato surten gasolina.16

El desabasto de gasolina en algunas zonas del país no sólo está afectando adversamente en las operaciones de diversas actividades económicas, como el transporte de carga de mercancías como alimentos perecederos e incluso medicinas, que no están llegando a sus lugares de origen; también, ha ocasionado ausentismo escolar y laboral, así como diversos problemas para que las personas puedan cumplir con sus actividades diarias.

Estos son algunos de los impactos negativos que está generando el desabasto de gasolina en diferentes estados del país. Si bien aún falta por cuantificar el costo total, lo cierto es que se está afectando negativamente la economía en su conjunto y vida cotidiana de millones de familias mexicanas.

Dichos resultados revelan la falta de análisis y de una planeación estratégica en la puesta en marcha del plan contra el robo de combustible, el cual demanda de una estrategia con visión integral y no de meras ocurrencias como lo está haciendo la actual administración.

El gobierno federal se ha limitado a plantear que no hay desabasto, sino problemas de distribución; sin embargo, la falta de información clara por parte de la Secretaría de Energía y de Pemex está provocando incertidumbre entre los sectores y la población en general.

Mientras no se resuelva el problema de desabasto se estarán afectando diversas actividades y sectores económicos, así como el bolsillo y la vida de millones de familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que instrumenten a la brevedad un programa de apoyo económico emergente para evitar una crisis en la planta productiva de las entidades federativas que han sido afectadas por el desabasto de gasolina, en perjuicio de la economía y bienestar de millones de familias mexicanas.

Notas

1 https://plumaslibres.com.mx/2018/12/27/pierde-pemex-60-mil-millones-al- ano-por-robo-de-combustibles-anuncia-amlo-en-la-presentacion-del-plan-d e-atencion-a-instalaciones-estrategicas/

2 https://noticieros.televisa.com/videos/estas-son-las-entidades-mas-afec tadas-por-lenta-distribucion-de-gasolina/

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desabasto-podria-impactar-una- decima-de-punto-porcentual-del-PIB-Sector-Privado—20190113-0020.html

4 Cálculo realizado con base en el PIB nominal registrado por el Inegi durante el primer trimestre de 2018 de 23.4 billones de pesos. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/ 2018/pib_precr/pib_precr2018_11.pdf

5 https://www.sinembargo.mx/10-01-2019/3520833

6 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/01/10/
perdidas-por-desabasto-de-gasolina-suman-mil-250-mdp-coparmex.html

7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/reportan-perdidas-por-10-mil-mdp- debido-a-desabasto-de-gasolina/1289294

8 https://www.sinembargo.mx/10-01-2019/3520833

9 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Comercios-perdieron-3000-mdp-por-desabasto-de-gasolina-20190113-0081.html

10 http://elfinanciero.com.mx/economia/distribucion-de-mercancias-esta-en- riesgo-por-desabasto-de-gasolina-castanon

11 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/
en-riesgo-de-descomponerse-90-mil-toneladas-de-alimentos-por-falta-de-gasolina

12 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/banxico-habra-inflacion-por-desab asto-de-gasolina

13 http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/estado-de-mexico-portada /panorama-general-edomex/item/40844-deja-desabasto-perdidas-millonarias -en-la-entidad-ccem.html

14 http://www.omnia.com.mx/noticia/93493

15 https://heraldodemexico.com.mx/estados/empresarios-de-guanajuato-advier ten-de-afectaciones-por-falta-de-gasolina/

16 https://www.am.com.mx/2019/01/10/local/
guanajuato-desabasto-escasez-gasolina-plan-anithuachicol-amlo-desrrama-economica-sector-turismo
-perdidas-economicas-reservaciones-afectaciones-diego-sinhue-rodriguez-vallejo-pemex-combustible-538364

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 15 de enero de 2019.

(Rúbrica)


Verónica Beatriz Juárez Piña, Ricardo Gallardo Cardona (rúbricas). Minerva Citlalli Hernández Mora (rúbrica) y Martha Lucía Micher Camarena. Sylvana Beltrones y Miguel Ángel Osorio Sánchez Chong (rúbricas). Verónica Beatriz Juárez Piña, Ricardo Gallardo Cardona (rúbricas).
Inklusion
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