Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5192-III, miércoles 9 de enero de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo del Senado a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado veinte cuatro de diciembre, después del mediodía, comenzó a difundirse en redes sociales el desplome de una aeronave en el estado de Puebla, conforme pasaron las horas fue tomando fuerza la versión de que en ella iba la gobernadora del estado Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle.
Las versiones empezaron a cobrar fuerza a raíz de un mensaje en la red social Twitter por parte del presidente de la República quien refirió que tenía información que estos dos funcionarios iban en la aeronave, fue entonces cuando se empezó a tomar con mayor seriedad la versión.
Según medios locales, el helicóptero había despegado diez minutos antes del helipuerto El Triángulo de las Ánimas, en Puebla, e iba con destino a la Ciudad de México.
Conforme fueron corriendo las horas, se fue teniendo más información sobre el hecho, y fue hasta que se dieron conferencias de prensa, casi al mismo tiempo, por parte de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno de la república, que la noticia fue confirmada.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, informó en rueda de prensa que el helicóptero era marca Agusta 109, con matrícula XEA BON. Confirmó que a bordo viajaban el capitán Roberto Coppel, el primer oficial Marco Antonio Talavera; la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; el senador Rafael Moreno Valle, y el asistente del senador Moreno Valle, Héctor Baltazar.
Las tareas de averiguación de lo ocurrido echaron a andar pocas horas después del accidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunciaron la apertura formal de una investigación para saber exactamente lo ocurrido, y el Ejecutivo federal prometió transparencia en cuanto se tuvieran suficientes elementos para determinar las causas del siniestro.
Desde ese día han corrido distintas versiones sobre los hechos y muchas especulaciones, las cuales provocan una gran incertidumbre en la población, además de generar especulaciones que dañan a las personas e instituciones.
Se ha anunciado que en las investigaciones estarán colaborando instituciones de carácter internacional, de hecho, el portavoz del Ejecutivo poblano, Maximiliano Cortázar Lara, así lo solicitó, además, el apoyo internacional para dar credibilidad a las investigaciones.
Aunado a las investigaciones, es de gran importancia que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones, por ello cabe destacar que deberá crearse una comisión especial plural del Senado de la República que acompañe la investigación, le de agilidad, garantice imparcialidad, transparencia y sobre todo tranquilidad a la población poblana que tanto lo necesita en estos momentos.
El marco jurídico del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (artículos 85 y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículos 119 a 121 del Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico. Añade el artículo 119 que las comisiones especiales se crean a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a crear una comisión especial para dar seguimiento y acompañar las investigaciones del trágico hecho que cobró la vida de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y del senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a dejar sin efectos las circulares números 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018 para que se respeten la libre competencia, la inclusión financiera y el desarrollo de las tecnologías financieras en las reglas del sistema de pagos electrónicos bancarios, suscrita por la senadora Indira Kempins Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Indira Kempis Martínez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó en el Senado la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), la cual posteriormente sería aprobada en la Cámara de Diputados y finalmente se promulgaría el 8 de marzo de 2018. Como se establece en el artículo 2, la Ley Fintech se creó basada “... en los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica”. Dichos principios se violan en las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018, emitidas por Banco de México.
II. La tecnología afectada por esta disposición unilateral emitida por Banco de México afecta a los más de 800 mil mexicanos que utilizan los activos virtuales como medio para realizar envíos de remesas a bajo costo, pagos digitales, o para tener acceso a la economía digital. Es decir, afectan a la población que ha sido ignorada por los instrumentos financieros tradicionales.
III. Banco de México participó en la elaboración de la Ley Fintech, y se encuentra supeditado a esta misma Ley de acuerdo con el artículo 2, el cual indica que “...dichos principios deben ser respetados por todos los sujetos obligados por esta Ley, respecto de su operación, así como las autoridades financieras al ejercer sus facultades.”
IV. Las medidas delineadas en las circulares anteriormente mencionadas atentan contra la inclusión financiera, al pedir que los usuarios de estas plataformas que realicen transacciones cuyo valor supere las 3 mil UDIS entreguen su firma electrónica avanzada o FIEL. Considerando que solo 10 millones de personas en el país cuentan con FIEL, esta es una medida prohibitiva. Por otro lado, al no existir antecedentes de que este requisito se le exija a alguna otra institución financiera en el país, resulta excesiva y anticompetitiva.
Nos encontramos en un punto en donde se requieren medidas inmediatas que permitan la libre competencia y el acceso al sistema financiero, como lo permite la ley citada. No dar marcha atrás a las reglas publicadas por el Banco de México nos pone en desventaja frente a otros países que buscan una sociedad incluyente, con mejores servicios y acceso al sistema financiero. Ya se tiene una ley y disposiciones secundarias, mismas que debemos observar para darle certidumbre al consumidor, no podemos permitir que el interés de unos cuantos afecte los intereses de un país.
Bajo este entendido, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a Banco de México a que realice los actos necesarios para que las reglas antes citadas se atengan a las disposiciones de prevención de lavado de dinero enmarcadas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Este marco regulatorio que permite y observa en principio el uso y trato de activos virtuales y la regulación de sociedades de fondos de pago electrónico que operarán o en su caso que ya operaban en términos del artículo octavo transitorio de la ley conocida como Fintech.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a apegarse a la legalidad y a los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia y protección al consumidor, y, por tanto, a declarar sin efectos las circulares 10/2018, 11/2018, 17/2018 y 18/2018.
Dado en la sede de la Comisión Permanente delCongreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una investigación exhaustiva sobre la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso Hidalgo y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Rafael Moreno Valle, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 24 de diciembre de 2018, pasadas las 16:30 horas, se dio a conocer a la opinión pública la información de que un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el exgobernador de la entidad y senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, se había desplomado a unos minutos de haber emprendido el vuelo.
El helicóptero despegó en la ciudad de Puebla rumbo a la Ciudad de México y cayó en Santa María Coronango, a las afueras de la Zona Metropolitana de Puebla minutos después. En él viajaban también los dos capitanes, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, así como el asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza, todos perdieron la vida.
Las causas de la caída del helicóptero aún son inciertas y hace necesario llevar a cabo una investigación profunda y exhaustiva para conocer los pormenores de lo ocurrido aquella tarde.
El Grupo Parlamentario del PAN lamenta el fallecimiento de los cinco tripulantes de la aeronave, en especial de la gobernadora Martha Érika Alonso y de nuestro compañero senador Rafael Moreno Valle. Nuestra máxima solidaridad y apoyo a sus familias en estos momentos de tanta tristeza.
Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle eran dos políticos con reconocimiento a nivel nacional. Su acción política trascendió en el bienestar y la mejora de la calidad de cientos de miles de personas y familias en Puebla.
Para Puebla y para el resto de México, el deceso de estos prominentes actores políticos representa una tragedia que no puede dejarse pasar por alto y sobre la que el gobierno federal tendrá que ofrecer mucha información y dar respuestas claras y veraces.
Su muerte se da en un contexto sumamente crítico en términos de certidumbre política; apenas unos días antes la gobernadora Alonso había rendido protesta a su cargo después de innumerables pugnas políticas y jurídicas ante los tribunales electorales locales y federales.
En el Grupo Parlamentario del PAN insistimos en que la pugna que se llevó a cabo a través de las instituciones democráticas del Estado, no da razón para desconocer al triunfador de una contienda, y mucho menos a insinuar la no colaboración entre órdenes de gobierno como lo manifestara el presidente López Obrador al referirse a la toma de protesta de Martha Erika Alonso como gobernadora.
Tampoco puede ser pretexto para que, en un momento en donde se espera la actuación institucional y republicana de un jefe de estado durante las exequias de la gobernadora Alonso y del senador Moreno Valle, no acuda a los funerales y mande a una representante de su gobierno. Lamentamos que el Presidente de la República no haya asistido a los funerales de Estado en memoria de la gobernadora de Puebla y del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores.
Se trata de una muestra clara de que el conflicto político en Puebla no está superado y que la ambición política se ha situado por encima de las razones de la República.
En próximos meses el estado de Puebla tendrá que entrar en un nuevo proceso electoral para designar un nuevo gobernador de la entidad. De antemano hacemos un llamado a todos los actores políticos para que dicho proceso se lleve a cabo con la mayor civilidad y a través de los cauces democráticos.
Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lamenta el sensible fallecimiento de la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Puebla, Martha Érika Alonso, y del ex gobernador de la entidad y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Rafael Moreno Valle.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a girar instrucciones para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y profunda sobre las causas que dieron origen al desplome de la aeronave en la que viajaban la gobernadora de Puebla y el coordinador del Grupo Parlamentario del Pan en la Cámara de Senadores, así como otros tres tripulantes.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a todo el gabinete presidencial, para abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de intervención en las próximas elecciones para la gubernatura del estado de Puebla.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a brindar todo su apoyo y las garantías necesarias para que el próximo proceso para la elección de gobernador en Puebla se lleve a cabo bajo los más altos estándares democráticos y se respeten los principios de equidad y certeza a lo largo de la contienda y durante el periodo postelectoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y Capufe a restaurar la modalidad de pago de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en las plazas de cobro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores y senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de diciembre de 2018, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) publicó a través de distintos medios un comunicado bajo el cual se informa que a partir del 1 de enero de 2019, el cobro de peaje será únicamente mediante pago en efectivo, cancelando la posibilidad de realizar el pago de este servicio mediante cualquier otro pago distinto a éste, salvo el cobro por TAG-IAVE.
Esta disposición afecta a los más de 1 millón 376 mil 204 vehículos que utilizan de forma diaria la infraestructura de autopistas y puentes de cuota a cargo, donde al menos 980 mil son automóviles, 64 mil son autobuses de pasajeros y poco más de 330 mil son vehículos de transporte comercial o mercantil.
En perspectiva, la operación, mantenimiento y operación de caminos y puentes de cuota a cargo de Capufe, representó 42 por ciento de la Red Nacional de Autopistas de Cuota y 65 por ciento de la Red Nacional de Puentes de Cuota, comprendiendo en sí, de 41 caminos que alcanzan poco más de 4 mil kilómetros de longitud, 32 puentes de los cuales 14 son internacionales.
Así, bajo esta dinámica, la red operada por Capufe alcanzó de septiembre de 2017 a junio de 2018, un total de 388 millones de cruces, que lograron recabar 25 mil 987 millones de pesos, lo cual implicó un incremento de 3.6 a 10.1 por ciento en cuanto a cruces e ingresos comparado con el mismo periodo de un año anterior.
Por otro lado, este tipo de decisiones frenan las acciones relativas a la inclusión financiera, bajo la cual se busca que millones de mexicanos tengan acceso a diferentes productos y servicios financieros que puedan satisfacer las necesidades de consumo de distintos segmentos de la población.
En este mismo sentido vale la pena señalar que en sexenios pasados se buscó fortalecer la infraestructura financiera, pues como referencia podemos señalar que del cuarto trimestre de 2010 al segundo trimestre de 2016, las terminales punto de venta (TPV) pasaron de 482 mil a 893 mil respectivamente, tan sólo de 2015 a 2016 hubo un incremento de 18.8 por ciento en TPV.
En otro contexto, como parte de las estrategias de inclusión financieras impulsadas en años anteriores, se ha logrado penetrar cerca de mil 700 municipios con TPV activas que aceptan esta forma de pago.
Asimismo, dentro de los resultados emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México de 2010 al 2016, las transacciones monetarias efectuadas a través de TPV incrementaron de 253 millones a 600 millones de operaciones de forma anual, ya sea con tarjeta de crédito o de débito.
Ahora bien, tomando en cuenta los datos anteriormente expuestos, vale la pena recalcar que nuestro país está sufriendo fuertes transformaciones en sus formas de consumo, pues cada vez son más las personas que prefieren realizar pagos de bienes y servicios a través de tarjetas bancarias.
En este punto particular, la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha señalado que la emisión de tarjetas bancarias en circulación ha aumentado de forma acelerada, siendo el caso de las tarjetas de débito, de 2010 a 2016 tuvo un crecimiento de 79 por ciento, es decir, existen más de 102 millones de tarjetas activas de débito, y para el caso de las tarjetas de crédito, la emisión de estos instrumentos ha sido más conservador, pues para el mismo periodo tuvo un crecimiento de tan solo 12 por ciento anual, es decir, se reportó un total de 26 millones de tarjetas en 2016 a comparación de las 23 millones que se contabilizaron en el año 2010.
De esta forma, la CNBV ha señalado que existe un mayor deseo de parte de la población de contar con un instrumento financiero a través de cuentas bancarias que a través del crédito.
En cualquiera de los dos casos, ya sea débito o crédito, contar con una tarjeta bancaria, permite que los usuarios tengan acceso a servicios eficientes de consumo, como es el caso del comercio electrónico.
No obstante, pese a los esfuerzos sin precedentes de administraciones pasadas por generar estrategias efectivas de inclusión financiera, México aún se encuentra ligeramente rezagado en este sentido.
Tomando en cuenta resultados del Banco de Pagos Internacionales, nuestro país presenta un promedio de dos tarjetas por adulto, mientras que países con ingresos similares cuentan con 4 o 5, como lo son China o Turquía.
Y por el lado del consumo, nuestro país presenta un total de 27 transacciones por adulto al año en TPV lo cual nos sitúa por encima de países como China e India, pero por debajo de países como Brasil o Turquía que realizan 76 y 65 transacciones anuales por adulto respectivamente.
En todo caso, nuestro país presenta un gran adelanto en materia de inclusión financiera, sin embargo, no es momento de reducir los incentivos para que cada vez más mexicanos cuenten con una herramienta básica financiera como lo es una tarjeta de débito, la cual opera de forma sencilla y se considera como el primer paso dentro de las estrategias de inclusión.
De igual forma, muchas instituciones de carácter internacional y nacional en la materia, han señalado que 2019 será un año de grandes retos para la economía mexicana, pues mucho de ello se deberá particularmente a los desequilibrios macro a los que se tendrá que enfrentar la nueva administración. Siendo uno de estos problemas el incremento de las tasas de interés que afectará las decisiones de consumo de las familias y las empresas mexicanas, además de ser un factor que afectará directamente la solicitud y emisión de nuevos créditos.
Por lo tanto, decisiones como la eliminación del cobro de peaje en las casetas de cobro, se traduce en un serio retroceso en el consumo de distintos sectores de la población que de forma diaria utilizan la infraestructura carretera y financiera para realizar sus actividades cotidianas.
De igual forma, empezar a impulsar este tipo de acciones que limitan el uso de instrumentos financieros como son las tarjetas de crédito o débito, generarán un desajuste agresivo al interior de la economía mexicana, pues las instituciones financieras en sus distintas constituciones como banca múltiple, banca de desarrollo, sociedades cooperativas de ahorro y préstamos o sociedades financieras populares, se consolidan como pilares de nuestra estructura financiera, pues en ellas recaen el patrimonio financiero de millones de familias e individuos de nuestra sociedad.
Por lo tanto, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, buscamos que nuestra población cuente con la mayor cantidad de opciones posibles que favorezca el consumo responsable, toda vez que creemos que la integración efectiva entre las instituciones financieras y la población será un factor determinante para dotar de estabilidad económica a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a restaurar el servicio de pago de peaje mediante tarjeta de débito o crédito en las plazas de cobro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a seguir aplicando los estímulos fiscales del IEPS decretados durante 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al acuerdo por el cual se actualizan las cuotas específicas en materia de ese gravamen, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y 2, fracciones IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Consumir gasolinas y diésel implica pagar diferentes cuotas de IEPS: una cuota federal, una cuota estatal y una cuota de carbono. Sin embargo, la SHCP ofrece un estímulo fiscal que tiene como objetivo disminuir el precio final de los combustibles, con el fin de que la carga sobre el ingreso de las familias y los consumidores no sea tan onerosa.
Durante los últimos seis años, en México los precios de las gasolinas se incrementaron en más de un 80 por ciento. Para los consumidores el costo de los combustibles prácticamente se duplicó, pues mientras en diciembre del 2012 por cada litro de gasolina Magna pagaban 10.81 pesos, ahora, en el mes de agosto del 2018 pagan 19.39 pesos, lo que representa un incremento de 79 por ciento. A su vez, la gasolina Premium pasó de 11.37 pesos por litro a 20.89, lo que representa un incremento de 84 por ciento, y el diésel pasó de 10.90 pesos a 20.09, aumentando también un 84 por ciento. Así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, en promedio el precio de las gasolinas en nuestro país aumentó un 82 por ciento.
Para contextualizar el impacto del aumento de las gasolinas en la economía cotidiana de las familias mexicanas, se ilustra cómo, mientras en diciembre de 2012, con el salario mínimo diario (62.33 pesos) se podían comprar 5.8 litros de gasolina magna, para agosto de 2018, con el salario mínimo de 88.36 pesos diarios, solo se compran 4.7 litros, es decir alcanza para menos combustible, un litro menos.
Este dato cobra relevancia al considerar que para la generalidad de las familias mexicanas los altos costos de transporte representan un importante porcentaje del gasto de sus ingresos como se constata en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 donde se muestra que en México, el gasto familiar que se destina a transporte y comunicaciones representa el 19.3 por ciento de sus ingresos totales, monto sólo superado por el gasto que las familias destinan para alimentación y bebidas, rubro que absorbe el 35.2 por ciento de sus ingresos, y mucho más alto que el tercer rubro al que las familias destinan sus ingresos: Educación y Esparcimiento, que representa el 12.4 por ciento, o el cuarto rubro de gastos de vivienda que representa 9.5 por ciento.1
En contraste, con base a datos compilados por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, el semanario británico The Economist elaboró una infografía que muestra cómo gastan los hogares de Australia, Canadá, los 28 países miembros de la Unión Europea, India, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur y Estados Unidos. De todos los países incluidos, México es el país donde las familias gastan más en transporte.2 En la siguiente tabla se puede observar el incremento de las gasolinas en México entre 2012 y 2018, así como su relación con el salario mínimo.
II. El artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece el monto de las cuotas gravables por litro a los combustibles automotrices, disponiendo lo siguiente:
“Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: ...
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: ...
D) Combustibles automotrices:
Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.
Las cantidades señaladas en el presente inciso se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año.”
El 27 de diciembre de 2016, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para establecer estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles, lo que se traduce en el cobro menor a la cuota establecida en el artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del IEPS, con la finalidad de reducir el precio de la gasolina.
El primer acuerdo por el que se dispuso la reducción de cuotas estuvo vigente del 1 de enero al 3 de febrero de 2017. A partir de entonces, y hasta la fecha, se han publicado sucesivamente decretos semanales, ajustando las cuotas considerando la fluctuación y la cotización del dólar como uno de los determinantes del precio de referencia internacional de las gasolinas, como se observa en los siguientes cuadros, que muestran el promedio de cuotas establecidas durante el presente ejercicio fiscal 2018 y su reducción porcentual y absoluta en pesos:
En este sentido, es importante señalar que el día 28 de diciembre de 2018 y con base Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el gobierno dispuso suprimir los estímulos y cobrarlo directamente a los mexicanos y donde se señalan en lo siguiente:
Con la primera actualización de cuotas para el IEPS, que será vigente del 1 al 11 de enero de este año, la SHCP no aplicará ningún estímulo fiscal para el consumidor final de este bien. Es decir, el ciudadano deberá pagar en su totalidad dicha cuota del IEPS, por lo que el incremento es términos generales un gasolinazo, ya que el con el acuerdo publicado tendrá que pagar 4.71 pesos por litro de IEPS para la gasolina Magna, es decir 22 centavos en comparación de las tablas explicativas del año 2018.
Para el caso de la gasolina Premium, se tendrá que pagar un impuesto de 4.06 pesos por litro, lo que significa 18 centavos comparando la cuota anterior, y en el Diésel de 5.28 pesos por litro, lo que equivale a 24 centavos más.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha referido a que la actualización de las cuotas se realizó con fundamento en el Decreto al que se hace mención y publicado el 27 de diciembre de 2016 tras la liberación de los combustibles. Sin embargo, este estímulo fiscal cambia cada semana acorde a movimientos del tipo de cambio y de los precios internacionales del petróleo y es publicado, semanalmente, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que este último Decreto es a todas luces un gasolinazo.
Este gobierno ha continuado con la política de sexenios anteriores, primero la de financiar del bolsillo de las y los mexicanos las cuentas que se hicieron al momento de la formulación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, además de que en la ruta de aprobación de la Ley de Ingresos se prometió no bajar dichos estímulos. En segunda, esta administración, que prometió que el costo de los combustibles bajaría apenas asumiera sus funciones, ha incumplido su promesa. No sólo fue algo que pregonaron durante la campaña electoral del año pasado, sino que en los Criterios Generales de Política Económica para el 2019 se estableció que se continuaría con una política de estímulos fiscales a las gasolinas, a fin de mantener sus precios constantes en términos reales.
Además de que dicha modificación y actualización del acuerdo generará un impacto negativo en el poder adquisitivo de las personas y que influirá en un alza de precio de los bienes, productos y servicios, por lo que exhortamos a la SHCP para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas, por lo que se somete a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sigan aplicando los estímulos fiscales del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios decretados durante el año 2018 a las gasolinas y que fueron eliminados conforme al Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 1 de enero de 2019.
Notas
1 Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Pág. 24. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
2 “How countries spend their money”, The Economist, Sep 14th 2015 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/ daily-chart-9
3 Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 2017. Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509505&fecha=29/12/2 017
4 Con base a los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por el que se dieron a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles, correspondientes a la primera semana de cada mes del presente ejercicio fiscal 2018. DOF 29-12-2017 Acuerdo 142/2017; DOF 02-02-2018 Acuerdo 12/2018; DOF 02-03-2018 Acuerdo 23/2018; DOF 23-03-2018 Acuerdo 31/2018; DOF 27-04-2018 Acuerdo 41/2018; DOF 01-06-2018 Acuerdo 55/2018; DOF 27-07/2018 Acuerdo 76/2018.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a disminuir la tasa general del IVA en la región fronteriza norte del país, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos en nombre propio y de los senadores de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que disminuya la tasa general del impuesto al valor agregado en las región fronteriza norte del país, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Marco Jurídico
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, son obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
b) Código Fiscal de la Federación
Que el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF), dispone que las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.
Asimismo, el artículo 39, fracción III, del CFF dispone que el Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá conceder subsidios o estímulos fiscales.
c) Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte
El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte” (en adelante, Decreto), el cual otorgaría estímulos fiscales a 43 municipios de las entidades federativas que se encuentran localizados en la franja fronteriza norte de 25 kilómetros.
Región Fronteriza Norte
Baja California
1. Ensenada
2. Playas de Rosarito
3. Tijuana
4. Tecate
5. Mexicali
Chihuahua
1. Janos
2. Ascensión
3. Juárez
4. Práxedis Guerrero.
5. Guerrero
6. Guadalupe
7. Coyame del Sotol
8. Ojinaga
9. Manuel Benavides
Coahuila de Zaragoza
1. Ocampo
2. Acuña
3. Zaragoza
4. Jiménez
5. Piedras Negras
6. Nava
7. Guerrero
8. Hidalgo
Nuevo León
1. Anáhuac
Sonora
1. San Luis Río Colorado
2. Puerto Peñasco
3. General Plutarco Elías Calles
4. Caborca
5. Altar
6. Sáric
7. Nogales
8. Santa Cruz Cananea
9. Naco
10. Agua Prieta
Tamaulipas
1. Nuevo Laredo
2. Guerrero
3. Mier
4. Miguel Alemán
5. Camargo
6. Gustavo Díaz Ordaz
7. Reynosa
8. Río Bravo
9. Valle Hermoso
10. Matamoros
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con el decreto, los estímulos se aplicarán en materia del impuesto al valor agregado (en adelante, IVA), al impuesto sobre la renta (en adelante, ISR), se homologarán los precios de los combustibles con los estados colindantes de la Unión Americana, y se duplicará el salario mínimo en esa región, a partir del día 1 de enero de 2019.
Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que el estímulo sobre el ISR consistirá en la aplicación de un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales y se aplicará contra el impuesto causado en el mismo ejercicio o en los pagos provisionales, según corresponda.
Los beneficiarios serán las personas morales del régimen general y que optaron por acumulación de ingresos, y las personas físicas con actividad profesional y empresarial.
II. Contribuyentes que llevan a cabo operaciones de magulla
De acuerdo con datos oficiales, la industria maquiladora genera aproximadamente 2.7 millones de empleos en todo el país, lo que se traduce en más del 17% del empleo formal ante Instituto Mexicano del Seguro Social y representa el 60% de las exportaciones totales de México.
Sin embargo, en el Decreto no se consideró otorgarle este beneficio, siendo que este sector representa una importante palanca de desarrollo, no solo en la frontera norte, sino de todo el país.
III. Disminución del Impuesto al Valor Agregado
En materia de IVA, el presidente de la República se comprometió que la tasa general de este impuesto disminuiría a la mitad, sin embargo, revisando el contenido del referido decreto, en Acción Nacional notamos que se trata de un engaño a la sociedad mexicana, debido a que el estímulo al IVA no consiste en una reducción de la tasa general del IVA en la zona fronteriza norte, sino un estímulo fiscal del crédito de 50 por ciento del IVA.
Lo anterior tiene implicaciones muy diferentes a las promesas del gobierno. Un crédito de 50 por ciento del IVA sólo actúa como una reducción en el pago de este impuesto que se encuentra a cargo de los contribuyentes quienes trasladan el impuesto a lo largo de la cadena de valor, y que al final deben declararlo y pagarlo al SAT, por lo que en términos prácticos los precios de los bienes y servicios ofrecidos en la frontera no necesariamente disminuirán en la proporción que se prometió.
Con este decreto, vemos con preocupación que lo que se promete no se cumple y que la confianza de más de 30 millones de mexicanos que lo respaldaron en las urnas una vez más queda defraudada.
En Acción Nacional nos pronunciamos por un manejo equilibrado en las finanzas públicas, disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, y la instrumentación de una estrategia de endeudamiento responsable.
Este gobierno continúa en hacer anuncios que sólo han generado desconcierto e incertidumbre en la sociedad mexicana y por ende han impactado en la confianza de los mercados y afectado los empleos.
Por lo anterior, el Partido Acción Nacional exige al titular del Ejecutivo federal que dé cumplimiento de sus compromisos y aplique un estímulo fiscal de 50 por ciento en la tasa general del IVA en la frontera norte del país para que efectivamente vaya dirigido al consumidor final. En materia de estímulo al ISR se incluya a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y se analicen los municipios del Estado de Baja California Sur, que podrían ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en las Reglas Generales que se deriven del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte se considere lo siguiente:
1. Una disminución de la tasa general del impuesto al valor agregado de 16 a 8 por ciento en beneficio de los consumidores finales;
2. Que se otorgue el estímulo del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, y
3. Que se incluyan a los municipios del estado de Baja California Sur, que podrán ser considerados dentro de la zona fronteriza norte.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a respetar y aplicar la legislación nacional en materia de controles de confianza, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 79, numeral 2, fracciones I y III, y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. El 1 de diciembre de 2018 rindió protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El presidente designó a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
III. Alfonso Durazo, como titular, ha nombrado a sus colaboradores, entre quienes se encuentran el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia.
IV. En la misma fecha fue designado Arturo Jiménez Martínez comisionado general de la Policía Federal.
V. El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la lera establece:
Artículo 13. El personal de confianza de las unidades administrativas del sistema, del secretariado ejecutivo, de los centros nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del consejo nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.
VI. Las evaluaciones de control de confianza contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normativa institucional, así como el personal de nuevo ingreso se ajuste a los principios institucionales de acuerdo con el perfil del puesto; derivado de ello, en su caso se emite la certificación correspondiente.
Al operar el proceso de evaluación de confianza se fortalecen la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad, conforme a la normativa, procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones.
Permite contar con instituciones de seguridad pública o privada que destaquen por servidores públicos competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales (Evaluaciones de control de confianza, disponible en http://ccc.edomex.gob.mx/evaluaciones_de_confianza).
VII. El discurso del presidente López Obrador ha señalado que atacaría y eliminaría la corrupción de las instituciones, además de contar con personal capacitado para las distintas tareas. Señaló en múltiples ocasiones que partiría “de abajo hacia arriba, como se limpian las escaleras”. Sin embargo, sus funcionarios no han demostrado acreditar las evaluaciones de control de confianza “de abajo hacia arriba”.
VIII. Hoy, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no ha respetado el ordenamiento nacional que dispone que todos los funcionarios deben acreditar las evaluaciones de control de confianza, hecho que resulta vital, pues se trata de los altos funcionarios quienes se encargaran de la seguridad de los mexicanos. Tampoco se han presentado los exámenes de control de confianza por el comisionado general de la Policía Federal ni del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otros.
IX. Es evidente que todos los sujetos encargados de la seguridad del país, incluida la Guardia Nacional, en caso de ser aprobada ésta por el Congreso de la Unión, deben acreditar las evaluaciones de control de confianza para poder ocupar dichos cargos. En caso contrario, deben ser reemplazados por quien sí cubra el perfil de dichos puestos. De no ser así, estaríamos violando el ordenamiento nacional, así como los funcionarios estarían actuando ilegítimamente, dado que carecen del reconocimiento y la confianza de la ciudadanía.
Con el presente punto de acuerdo se pretende hacer un llamado a respetar la Carta Magna, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las respectivas leyes orgánicas, a fin de tener certeza y legalidad, así como la confianza de todos los mexicanos.
Por lo expuesto se propone con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal que respete y aplique la legislación nacional en materia de aplicación de controles de confianza, a fin de que los funcionarios de la actual administración pública federal presenten y demuestren haber acreditado dichas evaluaciones para desempeñar los cargos que se les han conferido; y, en caso contrario, sean sustituidos por personal que sí acredite dichos controles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación respecto a las listas donde se revelan los nombres de las empresas fantasma o fachada, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la república e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la república y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
a) Marco Jurídico
El artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del fiscal general de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Al respecto, el artículo 21, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que corresponde conocer a la Salas de la SCJN cuando se ejerza la facultad de atracción anteriormente señalada.
La interpretación que la Primera Sala de la SCJN ha fijado respecto de la facultad de atracción es que su naturaleza jurídica es la de “...un medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia...” 1
Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 27/2008 anteriormente mencionada, se señaló cuáles son los requisitos que deben acreditarse en forma conjunta a fin de ejercer la facultad de atracción, siendo éstos:
i) Que a juicio del Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y
ii) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la SCJN.
No debe pasarse por alto que en la diversa Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 102/2011 la Primera Sala de la SCJN se señaló claramente que “...los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto, dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascedente para casos futuros...” 2
Lo anterior, pues en consideración del citado órgano jurisdiccional, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permita saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legitimación democrática.
b) Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Con el objeto de evitar el tráfico de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, en la reforma para el ejercicio fiscal de 2014 se incorporó la facultad de las autoridades fiscales de tener por inexistentes operaciones, cuando un contribuyente emita comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material necesaria para prestar servicios, producir, comercializar o entregar bienes que se amparen en los comprobantes emitidos, o en su caso, dichos contribuyentes estén ilocalizables.3
A decir del abogado Luis Manuel Pérez de Acha, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) vigente a partir de enero de 2014, establece el procedimiento para que el Servicio de Administración Tributaria investigue y sancione a los emisores de facturas falsas, puesto que éstas son el principal instrumento que utilizan las empresas fachada o fantasma.4
Cuando se trata de cometer actos de corrupción —continúa Pérez de Acha— el modo de operar de las empresas fachada es que las dependencias públicas simulen contratos de obra, adquisición de bienes o prestación de servicios sin que ninguno de ellos se ejecute pero que las dependencias sí paguen las contraprestaciones a las que se obligaron e incluso reciban a cambio comprobantes fiscales emitidos por las empresas fachada.
Además, los contribuyentes también utilizan los comprobantes fiscales que emiten las empresas fachada para obtener una serie de beneficios indebidos en claro perjuicio de la Hacienda Pública, pues deduce para efectos del Impuesto Sobre la Renta (en adelante, ISR) acredita para efectos del Impuesto al Valor Agregado (en adelante, IVA) compensa para efectos de ambos impuestos, solicita la devolución de dichas contribuciones, acredita pérdidas fiscales para ISR y disminuye la base de PTU para este mismo impuesto.5
El procedimiento aprobado por el Congreso de la Unión para combatir esta tipología de evasión fiscal fue, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 69-B del CFF, facultar al Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes que hayan sido emitidos sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Así, el SAT podrá emitir listados preliminares en los que publica el Registro Federal de Contribuyentes (en adelante, RFC) y los nombres de quienes presuntamente emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, otorgándoles la oportunidad de realizar manifestaciones de derecho y de aportar probanzas que les permitan desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal.
Una vez transcurridos los plazos y habiendo valorado la información, documentación y argumentos de defensa que fueron aportados por los contribuyentes, el SAT podrá publicar un listado definitivo de quienes no hubieran podido desvirtuar los hechos que les fueron imputados. Los efectos de la citada publicación será considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
En este sentido, el artículo en comento establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en forma definitiva en el listado señalado, podrán acreditar ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales o bien, procederán a corregir su situación fiscal.
A decir de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el procedimiento establecido en el artículo 69-B del CFF que ha sido resumido en los párrafos anteriores, conforme al cual el SAT publica las listas de las empresas fantasma, resulta fundamental para el combate a la corrupción. 6
Esta organización de la sociedad civil ha puntualizado que “...la lógica detrás de la actuación del SAT es que si una empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio que está facturando entonces se considera una operación simulada (es decir una empresa fantasma) y es un falso contribuyente que opera en la ilegalidad...”7 Además, es con base en el citado precepto legal cuando se determina que una persona o empresa facturó operaciones inexistentes que “...(i) se les determinarán los créditos fiscales y (ii) se considerará simulación de actos para efecto de tipificar el delito fiscal...”8
Sobre este mismo punto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “...la política de Estado para prevenir y combatir estos delitos se materializó en el artículo 69-8 del CFF, con base en el cual el SAT publica los nombres de las empresas fantasma. Estas listas tienen como propósito dejar sin efecto los comprobantes fiscales que ellas emiten, en tanto que respaldan operaciones inexistentes o simuladas...”9
A partir de la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF, la Segunda Sala de la SCIN resolvió cinco casos a través de los cuales sentó jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo en cita, i) no vulnera en perjuicio de los gobernados sus derechos fundamentales de audiencia, de irretroactividad de la ley, ni de libertad de trabajo; además de que también se determinó que ii) no se contravino el principio de presunción de inocencia; que iii) los datos de los contribuyentes son de carácter público y, por ende, pueden darse a conocer a terceros; y, finalmente, que iv) la presunción de operaciones inexistentes no constituye una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Carta Magna.
Se trata de los casos de los Amparos en Revisión 51/2015, 302/2015, 354/2015, 361/2015 y 424/2015 que dieron origen a las Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 132/2015,10 2a./J. 133/2015,11 2a./J. 134/2015, 12 2a./J. 135/2015,13 2a./J. 140/201514 y 2a./J. 161/2015.16
Sin embargo, en las citadas Tesis de Jurisprudencia, la Segunda Sala de la SCJN únicamente se pronunció respecto a la constitucionalidad de la facultad del SAT para emitir y publicar los listados preliminares, sin que se hubiese analizado ni la facultad de realizar los listados definitivos, ni tampoco la consecuencia jurídica de los mismos, es decir, que todas las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por los contribuyentes incluidos en los listados definitivos, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
El abogado Luis Manuel Pérez de Acha plantea que “...la constitucionalidad del artículo 69-8 del CFF por lo que hace a los listados definitivos, así como las consecuencias legales que a ellos son aplicables ya ha sido planteada ante la SCJN, sin que a la fecha se haya quedado resuelto...”16
Los temas17 que, en su momento, podría definir la SCJN serían los siguientes:
• La emisión de las listas que en definitiva señalan a los emisores de facturas falsas y la consecuencia de que todos sus comprobantes carecen de efectos fiscales.
• La situación en la que quedan los contribuyentes que utilizaron los comprobantes fiscales para efectos del ISR y del IVA.
• La determinación de créditos fiscales por parte del SAT.
• La comisión de delitos tanto por los emisores de facturas falsas como por los contribuyentes que las utilizaron.
Sobre este particular, cabe mencionar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción manifestó que “...el estado de derecho exige que la interpretación constitucional privilegie el fortalecimiento de las instituciones, la salvaguarda de la Hacienda Pública y los derechos de los mexicanos en general. Las empresas fantasma se contraponen a todo ello...”18
La nota publicada por el periódico El Economista el 25 de agosto de 2018, con el cabeceo “Empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos”19 cuantifica la importancia de este tema y pone en perspectiva el daño que se está causando a la Hacienda Pública.
“...El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en el país más de 8,000 empresas presuntamente, simulan operaciones, las cuales han facturado 2.04 billones de pesos a través de comprobantes apócrifos...” señala la nota, misma que refiere a la entrevista sostenida a Samuel Magaña, entonces administrador central de Planeación y Programación de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien comentó que “...en su totalidad, las 8,301 empresas han facturado 2.04 billones de pesos. Consideramos a todas las empresas publicadas porque, en general, muy pocas de éstas han logrado desvirtuar sus operaciones. Desde que entró en vigor este artículo, sólo 120 han logrado desvirtuar...”
Lo antes expuesto pone de manifiesto que el tema de las empresas fantasma o fachada que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es de gran interés, importancia y trascendencia para nuestro país, para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la estabilidad de las finanzas públicas.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión en que se ha señalado como acto reclamado la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que el Máximo Tribunal se pronuncie, resuelva y pueda emitir jurisprudencia por reiteración de criterios con relación a la constitucionalidad de los listados definitivos donde se revelan los datos fiscales de los contribuyentes que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como sobre las consecuencias legales derivadas de que dichos comprobantes no produzcan efecto fiscal alguno.
Notas
1 “Facultad de atracción. Requisitos para su ejercicio” Registro 169885. Tesis de Jurisprudencia 1a./.1. 27/2008. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 150
2 “Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales.” Registro 161080. Tesis de Jurisprudencia 1a./1. 102/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 489.
3 Turanzas, Bravo y Ambrosi. Actualización tributaria 2014.
4 Pérez de Acha, Luis Manuel, “Las empresas fachada y los cárteles de corrupción”, en Celorio Vela, Jesús Agustín y Carrasco Parrilla, Pedro José (Directores) Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Tomo III, México, 2018 páginas 51-60.
5 Celorio Vela, Jesús Agustín, El combate penal a la expedición de facturas falsas, en Seminario de Discusión Empresas fantasma, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción. 17 de octubre de 2018, México, Senado de la República.
6 https://contralacorrupcion.mx/articulo-69b/
7 Ídem.
8 Ídem.
9 http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Comunicado-empresas-fantas ma-VF.pdf
10 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el principio de irretroactividad de la ley”. Registro 2010275. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1740.
11 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el derecho de audiencia”. Registro 2010274. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1738.
12 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no viola el derecho a la libertad de trabajo”. Registro 2010277. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1743.
13 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no contraviene el principio de presunción de inocencia”. Registro 2010276. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1742.
14 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación son de carácter público y, por ende, pueden darse a conocer a terceros”. Registro 2010278. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1745.
15 “Procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Las publicaciones con los datos de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no constituyen una pena que deba respetar los derechos reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Registro 2010621. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 277.
16 Pérez de Acha, Luis Manuel, loc. cit. página 56.
17 Siguiendo la exposición contenida en ibídem.
18 https://www.animalpolitico.com/2018/01/sat-empresas-fantasma-comite-ant icortupcion/
19 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresas-fantasma-han-facturad o-2.04-billones-SAT-20180827-0125.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Indaabin a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado del campo militar número 1-F respecto a la posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar Número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal, conforme a los siguientes
Antecedentes
En el pasado julio del año anterior, el Campo Militar 1-F situado en Vasco de Quiroga número 1401, en Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón, fue considerado para su venta del terreno que ocupa dicho campo con el propósito de construir un desarrollo inmobiliario, no obstante se desistió de ello y confirmando que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a efecto de que se siga utilizando en actividades castrenses, ello señalado en el “Acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado “Campo Militar número 1-F”, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio del año pasado.
Asimismo, conforme al mencionado acuerdo se determina que la superficie de 199 mil 4 metros cuadrados, que forma parte del cauce del río Tacubaya y de la zona federal, por lo que al ser propiedad originaria de la nación, en términos del artículo 27 constitucional y encontrarse bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional tramitará ante dicha comisión los permisos, autorizaciones o demás acciones de regularización que correspondan.
En dicho acuerdo, también señala que sí la Secretaría de la Defensa Nacional diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por este Instituto. Y que en caso de que se tengan proyectadas obras de construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición en el inmueble destinado, previo a su realización, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá gestionar y obtener ante las autoridades locales y federales las autorizaciones correspondientes.
A pesar de lo mencionado anteriormente, de acuerdo con declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la presente administración pretende urbanizar el Campo Militar 1-F con el objetivo de financiar las instalaciones de la denominada Guardia Nacional en las distintas regiones del país. De acuerdo con lo dicho por el mandatario federal, se estima recaudar de 20 a 30 millones de pesos.
A pesar de ello, aún no se cuenta con proyecto alguno que detalle las obras de mitigación, estudio de impacto ambiental y el uso de suelo del predio donde se pretende realizar las obras de urbanización.
Cabe mencionar, que en meses pasados cuando se pretendía vender dicho terreno donde se sitúa el Campo Militar en la administración anterior, el entonces senador Mario Delgado, a través de un video publicado en twitter denunció su rechazó, señalando que “...este terreno un negocio con valor estimado en más de mil millones de dólares. Un desarrollo así colapsaría por completo el ya complicado tráfico de la zona, dejaría sin agua a todas las colonias de alrededor y terminaría con uno de los pocos pulmones que le que le quedan a la ciudad”. “Vamos a organizarnos. Primero para detener este mega desarrollo. Y segundo para pedirle al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad que conviertan en esta zona en un área de valor ambiental protegida con un gran parque que todos puedan disfrutar”.
En el mismo sentido se pronunció la entonces candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón, ahora alcaldesa, su negativa a la venta del Campo Militar 1-F.
Considerandos
I. Qué con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos parlamentaros presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativa de ley o decreto.
II. Que de acuerdo con acuerdo por el que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 1 millón 522 mil 140 metros cuadrados, denominado Campo Militar número 1-F, situado en avenida Vasco de Quiroga número 1401, colonia Pueblo Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, código postal 01210, Ciudad de México y se deja sin efectos el acuerdo publicado el 24 de enero de 2018, señala en el sexto acuerdo que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del dicho acuerdo.
Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Comisión Permanente con el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el Campo Militar número 1-F, respecto a su posible urbanización que pretende realizar el gobierno federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a manifestar mediante los conductos diplomáticos una condena por lo ocurrido el 1 de enero de 2019 en la frontera norte, donde agentes de la Patrulla Fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno de lado mexicano, cerca de la playa de Tijuana, a cargo de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado mes de octubre una caravana de migrantes hondureños salió de su país de origen con el propósito de encontrar refugio y mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos de América (EUA), durante su trayecto visitaron varias ciudades de nuestro país, por lo que autoridades de diferentes niveles de gobierno establecieron mecanismos de ayuda para que en su tránsito fueran, por las diferentes ciudades, respetados sus derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio, asimismo en cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en materia de migración.
En septiembre de 2016, México suscribió la resolución de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en donde se reconoce el creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, estableciendo que estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes. Más personas que nunca viven un país distinto de aquel dónde nacieron. En todos los países del mundo hay migrantes que, en su mayoría, se trasladan de un lugar a otro sin incidentes.
Ante este fenómeno y como medida de respuesta a la aplicación de diferentes marcos jurídicos, se instauró un régimen de protección y reconocimiento de los derechos de todas las personas en esta situación de vulnerabilidad, reconociendo que los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales.
Uno de los principales compromisos asumidos en dicha resolución establece que los estados parte de la misma deberán garantizar en lo posible que se adopten medidas para identificar como refugiados a las personas que necesitan protección internacional; ofrecer condiciones de recepción suficientes, seguras y dignas, prestando especial atención a las personas con necesidades específicas, las víctimas de la trata de personas, la protección de los niños, la unidad de la familia y la prevención de la violencia sexual y por razón de género y la respuesta ante ella; y respaldar la aportación fundamental de las comunidades y las sociedades receptoras a este respecto.1
En seguimiento a la Resolución de Nueva York, los pasados 11 y 12 de diciembre se realizó en Marruecos, la Conferencia Intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en la cual los jefes de estado y de gobierno y altos representantes, reafirmaron la Declaración para los Refugiados y los Migrantes y decididos a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones, hemos aprobado el siguiente Pacto Mundial.
Como parte final del recorrido de la Caravana Migrante en nuestro país llegaron a la ciudad fronteriza de Tijuana, estableciéndose en esta ciudad en lo que el gobierno de EUA determina un posible ingreso de migrantes a su país, por lo que el gobierno mexicano ha establecido campamentos y políticas públicas para la atención humanitaria de este grupo de migrante.
El pasado primero de enero, en el deseo de poder ingresar a EUA, un grupo de migrantes intentó cruzar la valla fronteriza, por lo que fueron repelidos por la patrulla fronteriza con gas lacrimógeno, varias de esas descargas de gas fueron lanzadas del lado mexicano. Lo anterior se suma a los hechos ocurridos el pasado mes de noviembre, en donde una concentración de migrantes en la garita de San Ysidro, que une a San Diego, EUA, y Tijuana, México, fue dispersada con la misma técnica, arrojando, la patrulla fronteriza, decenas de envases de gas lacrimógeno del lado mexicano.
Ante tales hechos el gobierno mexicano no se ha manifestado en torno a la defensa de la soberanía nacional, siendo omiso a una responsabilidad del Estado mexicano.
Lo anterior violentando los principios de respeto internacional; si bien es cierto que todos los países tienen derecho de controlar quién entra a su territorio, el hecho de arrojar gas lacrimógeno de nuestro lado de la frontera excede de ese derecho.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los conductos diplomáticos manifieste una enérgica condena a los hechos ocurridos el pasado 1 de enero de 2019, en la frontera norte, donde agentes de la patrulla fronteriza arrojaron descargas de gas lacrimógeno al lado mexicano de la frontera, cerca de la playa de Tijuana.
Nota
1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016. ONU. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Página 19
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral de Nuevo León con motivo de la elección extraordinaria para alcalde de Monterrey, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN
Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Senadores y de Diputados pertenecientes a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, con motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primero de julio de dos mil dieciocho tuvo verificativo la jornada electoral en la que se eligieron diversos cargos de elección popular a nivel federal y local.
En la elección de alcalde del municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, dentro del marco de un proceso electoral equitativo y de una jornada electoral en que el ejercicio de emisión del voto ciudadano se desarrolló en condiciones de libertad, el candidato del Partido Acción Nacional obtuvo la mayoría de los votos dando como consecuencia que la Comisión Municipal Electoral declarara la validez de la elección y entregara la constancia de mayoría al candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
Los ciudadanos del municipio de Monterrey ejercieron su derecho a elegir a sus autoridades a través del voto y optaron por las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional confiando en que las autoridades electorales se conducirían con respeto a esa decisión.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León emitió una resolución con argumentos y criterios excepcionales y distantes de la debida impartición de justicia electoral que tuvo como consecuencia la anulación de la elección de alcalde del municipio de Monterrey.
Esa resolución fue origen de diversos juicios en materia electoral que concluyeron con la nulidad de la elección decretada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la cual además ordenó la celebración de un proceso electoral extraordinario.
No obstante el perjuicio que se ocasionaba principalmente a los ciudadanos, así como al Partido Acción Nacional, este instituto político en todo momento fue respetuoso durante los procesos judiciales-electorales y de las decisiones emitidas por las autoridades electorales pero exigente para que se apegaran a los principios en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Para la celebración del proceso electoral extraordinario la autoridad correspondiente acordó que las campañas electorales se celebrarían del 5 al 19 de diciembre y la jornada electoral el 23 de diciembre, todo del dos mil dieciocho.
El Partido Acción Nacional durante el proceso electoral extraordinario señaló diversas irregularidades imputables al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato, Adrián Emilio de la Garza Santos, que impiden afirmar que dicho proceso se llevó a cabo con las exigencias requeridas para un proceso democrático y equitativo que conlleve el respeto de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos del municipio de Monterrey.
Esto es, se tiene plenamente documentado irregularidades que deben tener como consecuencia la nulidad de diversas casillas instaladas para el proceso electoral extraordinario como son casillas en donde el ciudadano que votó no se encontró en encarte, ni como elector de la sección donde se ubica la casilla; en donde funcionarios electorales fueron acreditados como representante de partido; en donde hay error aritmético; o con violación a la cadena de custodia.
Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Adrián Emilio de la Garza Santos incurrieron en violaciones claras en materia de propaganda electoral, en la entrega de beneficios a cambio de votos a través de la denominada “Tarjeta Regia” y en la violación de los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral.
Lo anterior, que causa perjuicio a nuestro sistema electoral y a los derechos políticos-electorales de los ciudadanos del municipio de Monterrey será del conocimiento de la autoridad jurisdiccional local en materia electoral a quien debe exigírsele se conduzca de manera objetiva y que su determinación se apegue a los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Es por ello que se realiza el siguiente exhorto al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León a través de la presente proposición con punto de acuerdo que además obedece al impulso que Acción Nacional ha llevado a cabo en su quehacer político para la división de poderes, el fortalecimiento de las instituciones así corno de nuestro sistema político-electoral.
Por lo anteriormente señalado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente, y dentro del marco de la división de poderes y respeto de las instituciones, exhorta al Tribunal Electoral del estado de Nuevo León para que la resolución que emita con motivo de la elección extraordinaria para elegir al alcalde de Monterrey, estado de Nuevo León, se apegue a los principios rectores en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a implantar acciones a fin de esclarecer el asesinato de la regidora electa de Mazatepec María Ascención Torres Cruz, a cargo de la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo quinto del acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del primer año de la LXIV Legislatura, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, donde se exhorta respetuosamente al gobernador de Morelos a implementar acciones a fin de esclarecer el asesinato de la regidora electa María Ascención Torres Cruz, del municipio de Mazatepec; y dar con los responsables de este lamentable hecho , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores, con profundo pesar nos enteramos que el pasado 30 de diciembre y a escasas 48 horas antes de que rindiera protesta como regidora del municipio de Mazatepec, Morelos, nuestra compañera de partido María Ascención Torres Cruz fue ejecutada, al recibir varios disparos por un sujeto.
Este terrible hecho no sólo afecta profundamente la vida de sus seres más queridos y cercanos, sino la vida pública del estado de Morelos y de la nación.
Por supuesto que condenamos este artero asesinato y exigimos al gobierno de Morelos una profunda investigación de los lamentables hechos, porque no puede quedar en la indignante lista de la impunidad.
Han pasado varios días sin que hasta la fecha se dé con él o los responsables de tan cobarde acto.
En medio del dolor que se vive en dicho municipio de Mazatepec, se ha especulado sobre el asesinato del que fue víctima María Ascención Torres Cruz; algunos medios de comunicación dicen que fue el crimen organizado quien la ejecutó por no aceptar supuestos actos de extorsión; y otros más aseguran que se trata de una revancha política.
Cualquiera que sea el móvil, es preocupante que se asesine con toda impunidad. Por ello hago un enérgico llamado al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al fiscal general de Morelos para que resuelvan de inmediato este asesinato, que va más allá de un feminicidio.
El clima de inseguridad que vive nuestro estado de Morelos ha llegado a niveles insospechables: se mata, se secuestra, se extorsiona y se roba, sin que las autoridades resuelvan este problema social que ya las ha rebasado.
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco debe dar la cara y responder por la ola de violencia que se ha desatado en mi querido estado de Morelos, porque Mazatepec no es el único municipio donde el clima de inseguridad ha empezado a desplazar a familias enteras de sus lugares de origen.
Por lo expuesto y fundado, solicito a la Comisión Permanente que someta a consideración, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el asesinato cometido contra la regidora electa del municipio de Mazatepec, Morelos, María Ascención Torres Cruz, y externa sus condolencias a familiares y amigos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al gobierno de Morelos a implementar acciones con el objeto de esclarecer el asesinato de la regidora electa del municipio de Mazatepec, Morelos, María Ascención Torres Cruz, a fin de dar con los responsables de este lamentable hecho y no haya lugar a la impunidad.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a implementar acciones a efecto de garantizar la seguridad pública en la citada entidad federativa.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, a cargo de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, en nombre propio y de los senadores de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, y empresas productivas del Estado, en los términos de la normatividad aplicable y estricto apego a la ley, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Marco Jurídico
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “...Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo...”.
b) Ley Federal del Trabajo
Que el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo dispone que: “...Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador...”.
Asimismo, el artículo 3o. dispone que: “...el trabajo es un derecho y un deber social...”.
II. Despidos de los servidores públicos de la Federación
a) Servicio de Administración Tributaria
Que el 21 de diciembre de 2018, diversos medios y comunicación, así como a través de las redes sociales, dieron a conocer despidos masivos de servidores públicos que laboraban en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) de todo el país, todos ellos cometidos bajo presuntas violaciones a sus derechos laborales.
Como respuesta a esta problemática, el SAT emitió un comunicado de prensa en el que precisó que: “...derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios...”
Sin embargo, no se detalló el número de plazas canceladas ni su nivel jerárquico.
Que, de acuerdo con datos del Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el SAT tenía autorizado 34 mil 56 plazas y el gasto en servicios personales era de 12 mil 353 millones de pesos.
Por otro lado, ante el reclamo y presiones de la sociedad, el Ejecutivo federal se comprometió a realizar una revisión caso por caso y respetar los derechos de los servidores públicos que han sido despedidos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer propuesta de solución a este conflicto.
b) Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Que en días recientes de 2019, el director del Instituto Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el despido de 3 mil trabajadores que se realizará en las áreas administrativas y médicas del personal que estaba contratado bajo el régimen de honorarios o eventuales.
Que, de acuerdo con datos del Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el ISSSTE tenía autorizadas 109 mil 426 plazas y el gasto en servicios personales era de 188 mil 138 millones de pesos.
En Acción Nacional apostamos por un sistema económico que genere igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos, en el que se incentive una mejora constante en el nivel de vida de las personas, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.
En el proyecto de nación que presentó el entonces candidato a la Presidencia de la República, hoy Ejecutivo federal, manifestó que: “...El nuevo gobierno democrático no será rehén del Poder Legislativo, el cual se ha convertido en un mercado de favores y chantajes...”.
Hoy nos preguntamos: ¿Quién se convirtió en rehén de quién?
Asimismo, manifiesta en este documento que: “...El nuevo gobierno democrático respetará siempre el estado de derecho...”.
Por esa razón, hacemos un exhorto al Ejecutivo federal a que respete los derechos laborales de los trabajadores y fomente la creación de empleos dignos.
En Acción Nacional daremos prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas, pues no se puede pretender aplicar una política disfrazada de austeridad presupuestal en perjuicio de sus conquistas laborales.
Parafraseando este proyecto de nación, coincidimos en que: “...En términos salariales, en México no hay nada bueno que contar...”.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a respetar los derechos laborales de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, en los términos de la normatividad aplicable y estricto apego a la ley.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que envíe a la brevedad, un informe detallado que contenga el número de servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado, por remuneración y nivel jerárquico, que hasta el momento han sido despedidos de la administración pública federal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP a fin de explicar los efectos y alcances del decreto, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el DOF, por el cual se establecen estímulos fiscales para la región fronteriza, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Miguel Ángel Osorio Chong y Vanessa Rubio Márquez senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establecen estímulos fiscales para la región fronteriza norte, el cual principalmente establece estímulos fiscales sobre el impuesto sobre la renta y el del valor agregado, y es emitido por el titular del Poder Ejecutivo.
El gobierno federal informó que el objetivo de dicho estímulo fiscal para la franja fronteriza norte es mejorar el bienestar de la población en esa región, a través de beneficios fiscales consistentes en proponer una tasa reducida del impuesto al valor agregado para reactivar los mercados y reducir una tasa del impuesto sobre la renta a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, para destinar mayores recursos a la inversión, generar empleos y aumentar su competitividad.
Para efectos del decreto, se considera como región fronteriza norte a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali, del estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, del estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, del estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, del estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, del estado de Tamaulipas.
Es importante señalar que el decreto señala que los contribuyentes que podrán aplicar a los estímulos fiscales son únicamente los que perciban ingresos en la región fronteriza en al menos 90 por ciento del total de sus ingresos en el ejercicio fiscal anterior; además, para efectos de control y revisión, se establecerá un “padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, administrado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual contendrá los datos de todos aquellos contribuyentes que opten por acogerse al estímulo.
Sobre el estímulo en materia del impuesto sobre la renta (ISR), el decreto contempla un crédito de una tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales. En este sentido, con la aplicación del estímulo anterior se permitirá que los contribuyentes, personas físicas y morales, que realicen actividades empresariales en la región fronteriza norte, paguen solamente las dos terceras partes del impuesto sobre la renta a su cargo, por los ingresos que por dichas actividades realicen en la región fronteriza norte del país.
Por su parte, el estímulo en materia del impuesto al valor agregado (IVA), el decreto establece que se otorga un estímulo fiscal consistente en un crédito equivalente al 50 por ciento de la tasa del impuesto al valor agregado (tasa del 8 por ciento), aplicable a las personas físicas o morales, que realicen actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte.
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el decreto emitido por el gobierno federal es totalmente discriminatorio, debido a que enlista a los municipios que por decreto los considera fronterizos, sin tomar en cuenta algún criterio justo y dejando fuera a otros municipios de la frontera que debieran de incluirse. Además, deja fuera de los beneficios estipulados en el decreto a municipios de la región fronteriza del sur, que son los que históricamente han padecido mayor rezago social.
Los beneficios que son otorgados parecieran ser sólo una simulación pues deja fuera de los beneficios del ISR a sectores prioritarios como lo son el sector primario (agrícola, ganadero, silvícolas, pesqueras); al régimen de incorporación fiscal (RIF); a las personas físicas que sus ingresos provengan de la prestación de servicios profesionales; y a las maquiladoras.
Asimismo, en el decreto se menciona que estas medidas solo estarán vigentes en 2019 y 2020, lo cual nunca fue mencionado por el presidente durante su campaña ni previo a la publicación del decreto. Esto, aunado a que se pide a las empresas una antigüedad de 18 meses para ingresar al padrón y que la inscripción al mismo será en marzo de cada año, elimina la posibilidad de que nuevas empresas se beneficien del estímulo. Todo ello, a pesar de que en los considerandos del decreto se dice que el estímulo es para incentivar la inversión, la generación de empleo y traer nuevas empresas.
El decreto también discrimina a empresas por buenas prácticas o por su contribución al desarrollo económico, ya que en el artículo tercero dice que se dará el estímulo de ISR a empresas siempre y cuando no gocen de otro estímulo fiscal (por ejemplo, los que da el SAT por contratar personas con discapacidad o adultos mayores; o los que se dan a empresas que realizan investigación y desarrollo).
Respecto del IVA, destaca que, contrario a prometido por el actual gobierno durante el proceso electoral, la reducción de la tasa de este impuesto no causará beneficio a los consumidores finales, sino que se orientará solamente a beneficiar a los intermediarios. Esto es precisamente lo que detonó la rehomologación del IVA en la administración pasada, ya que se comprobó que esta medida no provocó una reducción de precios y solo incrementó el margen de las empresas. Este problema será ahora, en lugar de una desviación del mercado, un garrafal error de diseño.
Pese a los estímulos presentados por el Ejecutivo federal, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su preocupación en que las medidas tomadas se hicieron mediante un decreto emitido y no mediante una decisión parlamentaria y democrática. Sin ninguna sensibilidad política, el gobierno federal no tomó en cuenta al Poder Legislativo para llevar a cabo dicha medida, aún y cuando hemos manifestado interés en el tema.
En el paquete económico presentado para el ejercicio fiscal 2019, no se ven reflejados los efectos de una reducción en del IVA en 8 puntos porcentuales y de una disminución del ISR en la zona fronteriza norte, lo que puede tener como consecuencia una merma en los ingresos de la federación que podrá resultar muy costoso para la población en general pues resultará en menos ingresos para programas sociales y otros, que pudieran ser prioritarios. Por ello, necesitamos que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, explique los alcances del decreto, así como la merma que esto pudiera causar en los ingresos de la federación y sus efectos en el corto y mediano plazo.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique de manera detallada los efectos y los alcances del decreto publicado el pasado 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación por el cual se establecen estímulos fiscales para la región fronteriza norte.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que de manera inmediata incorpore criterios justos e igualitarios al decreto publicado el 31 de diciembre a efecto de que haya una justa selección de los municipios beneficiados en la frontera norte y con ello no resulte discriminatorio.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores:Con punto de acuerdo, relativo a combatir el huachicoleo de cuello blanco, a cargo del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión Joel Padilla Peña, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investiguen las redes de corrupción que al interior de Pemex han hecho posible el masivo robo de combustibles que sufre el Estado mexicano, con la complicidad de algunos funcionarios de alto nivel; asimismo, para que se investiguen las redes de distribución y venta de gasolina y diésel robado a Pemex a nivel nacional; y se combata la venta de combustible robado dentro de la red de gasolineras del país. Al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días hemos observado en los medios de comunicación nacionales, noticias que señalan la existencia de desabasto de gasolina, desde el 31 de diciembre, en seis entidades: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, estado de México y Jalisco; en muchas de estas notas informativas se ha señalado que esto es el resultado de la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de cerrar por horas las terminales de almacenamiento y reparto disponibles, así como a cambios en la logística de entrega para evitar el robo de combustibles.
Ante ello, Pemex ha comunicado que existen suficientes combustibles para asegurar que la demanda de la población sea cubierta. Las nuevas formas de reparto de combustibles que forman parte del plan conjunto del gobierno de la república para combatir el robo de hidrocarburos han privilegiado el uso de medios de transporte más seguros que contribuyen a hacer más eficiente el reparto del combustible.
El lunes 7 de enero de 2019, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés- Manuel López Obrador, señaló que existen “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Petróleos Mexicanos. En dicha conferencia se informó sobre la desintegración de una red de robo de combustible al interior de Pemex, indicando que se ha logrado disminuir considerablemente el monto robado.
Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, declaró que el punto clave de la red de robo de combustible se encontraba en Pemex Logística, área de la empresa que controla la operación de los ductos y es responsable de detectar la extracción ilegal de hidrocarburos1
Los sistemas de la paraestatal hacen posible detectar una baja en la presión del flujo de hidrocarburos, lo cual es alerta de un posible robo y los protocolos de Pemex indican que deben cerrarse las válvulas; sin embargo, funcionarios del área de monitoreo de Pemex Logística mantenían el flujo de combustible a pesar de la evidencia de un posible robo. Alejandro Gertz Manero señaló que la complicidad de los funcionarios de Pemex era una condición necesaria para la ordeña de los ductos de combustible.
El 6 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró que previo a su gobierno se robaban hasta mil cien pipas diarias; ahora bien, dado el gran volumen de combustible robado a Pemex, se conformó a lo largo de los años una estructura paralela de distribución y venta de la gasolina robada. Especialistas consultados por la BBC de Londres señalan que en esta cadena debieron participar propietarios de gasolineras y grandes empresas; ya que en México existe un mercado ilegal de consumo de gasolina robada y diésel de grandes consumidores como las industrias transportistas2
En su conferencia matutina, el 7 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador señaló: “Se creó con los años un sistema paralelo en Pemex, con distribución y venta de combustibles. Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con venta de combustible a particulares a través de distintos mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Es una red. En los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también invasión del derecho de vía de los ductos, construyeron bodegas y en esas bodegas se ordeñan ductos. Una estructura que se creó y pasó de noche”.
Andrés Manuel López Obrador expresó que este problema ha crecido en los últimos años, con el conocimiento de los gobiernos anteriores.
En el año 2016, el robo de hidrocarburos fue de 26 mil barriles por día, indicó el director de Pemex. Este año el promedio es de 58 mil barriles diariamente. Para el año 2000 las pérdidas económicas eran de aproximadamente 12 mil millones de pesos al año (US$1,200 millones, según la cotización de ese año); actualmente el robo de hidrocarburos representa al menos 66 mil 300 millones de pesos al año (US$3.300 millones, al valor actual del dólar)3
La nueva estrategia del gobierno de México, presentada por el presidente el 20 de diciembre de 2018, ha logrado reducir en 17 por ciento el volumen diario de robo de combustible en tan solo ocho días. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que se ha reforzado con marinos, soldados y policías federales la vigilancia de las instalaciones de Pemex, con el objetivo de verificar el monitoreo y comprobación de procedimientos de abastecimiento y reparto: controlar el acceso a las instalaciones, la entrada y salida de todos los vehículos, de todas las pipas, el cuarto de control de las respectivas instalaciones y los tanques verticales.
Pemex ha reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la revocación de 103 contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos, que presumiblemente se deben a la realización de actividades reguladas con hidrocarburos de procedencia ilícita.
En forma paralela a estas acciones, enumeran que se han remitido 70 expedientes integrados para dar inicio con las investigaciones y construir el caso contra los establecimientos donde se detectó la venta de combustibles robados.
De acuerdo con el reporte, este órgano regulador ha revocado los títulos de permiso de expedición de gasolina y diésel a 11 estaciones de servicio; asimismo, existen 5 que están en procedimientos administrativos de revocación.
De acuerdo con la información proporcionada, Puebla registra 17 gasolineras clausuradas por Pemex por vender el combustible obtenido por huachicol y Guanajuato con 11, en donde se encontraron establecimientos clausurados en Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, Guanajuato capital, León e Irapuato.
No obstante lo anterior, se hace necesario redoblar los esfuerzos para acabar con el saqueo de combustibles desde el interior de la paraestatal. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de la República para que realicen las denuncias y las investigaciones necesarias para identificar a los funcionarios corruptos, huachicoleros de cuello blanco, que permiten la ordeña de los ductos de Pemex; para que se identifique a las empresas inmiscuidas en las redes de distribución del combustible robado, así como a las empresas que han sido grandes consumidoras de este mercado negro; para que se identifique a los concesionarios de gasolineras en todo el país que, abusando de la confianza depositada por el Estado para el comercio de combustibles, vendieron de manera sistemática y con pleno conocimiento de su origen ilícito el combustible robado y les sean retiradas las concesiones para la venta de combustibles; para que se castigue a todos los culpables del saqueo de combustibles en nuestro país con todo el peso de la ley, para inhibir que estas conductas se repitan en el futuro, haciendo cumplir el estado de derecho y fomentando la conducta de la legalidad.
Notas
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46697816
2 https://www.forbes.com.mx/pemex-reconoce-mas-perdidas-por-huachicoleo-d urante-2018/
3 https://www.forbes.com.mx/pemex-reconoce-mas-perdidas-por-huachicoleo-d urante-2018/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Senador Joel Padilla Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, Pemex y la Sener a informar a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible, futuras acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles, suscrita por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía para que, en uso de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible, futuras acciones preventivas y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles.
Exposición de Motivos
I. Desde mediados del mes de diciembre de 2018, a lo largo de diferentes estados de la república comenzó a presentarse un desabasto progresivo de combustible. Para el 17 de diciembre, ciudades como León, Guanajuato, reportaron desabasto en gasolineras sin que sus empleados pudieran explicar las causas de éste, señalando que se había interrumpido el suministro rutinario del combustible en sus respectivas gasolineras.1
Para el viernes 4 de enero ya se reportaba desabasto en nueve estados, donde ciudades como Pachuca, Toluca, Morelia y Guanajuato se vieron afectadas por gasolineras que se quedaron sin combustible,2 y la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informaba que dado el desabasto debían considerar limitarse a vender solamente 10 litros por auto, dado a que no contaban con inventario y no estaban recibiendo combustible de las refinerías.3
En el estado de México, 25 municipios se veían afectados por el desabasto, decenas de gasolineras se mantenían cerradas, y más de doscientas llegaron a carecer de algún tipo de gasolina. De las que permanecieron abiertas ya varias están racionando la venta generando el malestar de los automovilistas y conductores, y resultando en pérdidas económicas millonarias.4
Además del estado de México, para este lunes, los estados de Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Coahuila y Querétaro aun denunciaban un incremento en el desabasto de gasolina. Y, en el caso de Jalisco, el 70 por ciento de las gasolineras están afrontando la posibilidad de cerrar dado el desabasto.5
II. El 5 de enero Pemex emitió un boletín por medio de su portal oficial donde manifestó lo siguiente: “como parte del Plan Conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de combustibles, se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. Esto ha ocasionado retraso, afectando mayormente a los estados de Hidalgo, estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro”.6
Adicionalmente, Pemex expresó que no existía escasez de producto ni especulación de precios, asegurando que existía suficiente inventario para satisfacer la demanda de la población, y que incrementarían la distribución en los estados afectados por medio de auto-tanques. Afirmó que dichas medidas se tomaron con el fin de evitar pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos.7 A pesar de esto, el desabasto ha continuado en varios estados del país.
En un comunicado por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con fecha 3 de enero del presente año, dicha institución gubernamental informó sobre los múltiples reportes referentes al desabasto de gasolina en estaciones del país, por lo que verificaron dicha situación con autoridades de Pemex. Según el comunicado por parte de la Profeco: “Pemex informó que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustible, que es una situación que se ha presentado solo en algunas regiones y que el abasto quedará regularizado en corto tiempo”. La Profeco se limitó a solicitar a la población que continuaran reportando el desabasto.8
Este lunes 7 de enero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció las fallas en la logística y estrategia de abasto de combustibles, agregando que el desabasto se presentó únicamente en la zona del Bajío.9 Sin embargo, estados como el de México y Coahuila también se han visto afectados.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa de este lunes, afirmó que no existía desabasto y que había suficiente reserva de combustible en el país, donde el desabasto en algunos puntos es dado a la distribución de los ductos.10
El presidente también admitió que, a pesar del cierre de ductos, este sigue siendo el método más económico para el traslado de combustible, expresando que “hay que tomar en consideración que la forma más barata de transportar los combustibles es a través de los ductos, es más barato, lo mismo que los buque-tanques, el ferrocarril y como en el cuarto, quinto lugar en costo, están las pipas”.11 Lo que significa que la nueva estrategia de traslado de combustible podría elevar los ya altos costos de los combustibles para la población.
Para el martes de la presente semana, medios de comunicación aún reportaban desabasto en al menos ocho entidades del país, además de largas filas y cierres de estaciones de servicio. Estados como Morelia y Michoacán cumplen 16 días con desabasto de combustible, esto a pesar de que Pemex ha comunicado que avanzan en el restablecimiento de combustible para los diferentes estados del país.12
En Movimiento Ciudadano consideramos que las estrategias y acciones implementadas por el nuevo gobierno deben ir más allá de la improvisación, en especial cuando se trata de sectores prioritarios que son de vital importancia para la población y para las industrias del país y donde decisiones equivocadas pueden generar un descontento generalizado de la población y pérdidas millonarias para su economía.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía para que, en uso de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las acciones que ocasionaron el reciente desbasto de combustible en diferentes estados de la República Mexicana, las acciones que se tomarán en el futuro para prevenir un desabasto similar y los costos de la nueva estrategia de transporte de combustibles.
Notas
1 “Desabasto de gasolina sorprende a despachadores”, El Universal , (17-12-2018), recuperado de:
https://www.eluniversal.com.mx/estados/desabasto-de-gaso lina-sorprende-despachadores
2 “Desabasto de gasolina ha pegado en 9 estados por estas razones”, Excélsior , (04-01-2019), recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/nacional/desabasto-de-gasolina-ha-pegado-e n-9-estados-por-estas-razones/1288316
3 “Desabasto de gasolina en estados podría limitar la venta a sólo 10 litros por auto”, El Financiero , (03-01-2019), recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/guadalajara-enfrenta-desabasto- de-gasolina-y-diesel
4 “Desabasto de gasolina afecta 25 municipios del Edomex”, El Universal , (07-01-2019), recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desabasto-de-gasolina-afe cta-25-municipios-del-edomex
5 “¿Qué estados denuncian desabasto de gasolina?”, Televisa News, (07-01-2019), recuperado de:
https://noticieros.televisa.com/historia/desabasto-gasol ina-estados-pemex-combustible/
6 “Pemex atiende retraso en la distribución de combustible”, Pemex, (05-01-2019), recuperado de: http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-001 -nacional.aspx
7 Ídem.
8 “Invita Profeco a identificar gasolineras con problemas de abasto”, Profeco, (03-01-2019), recuperado de:
https://www.gob.mx/profeco/prensa/invita-profeco-a-ident ificar-gasolineras-con-problemas-de-abasto
9 “Secretaria de Energía acepta error por desabasto de gasolina; ‘Le pedimos disculpas a la gente’”, Reporte Indigo , (07-01-2019), recuperado de: https://www.reporteindigo.com/reporte/secretaria-de-energia-acepta-erro r-por-desabasto-de-gasolina-le-pedimos-disculpas-a-la-gente/
10 “Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, AMLO, (07-01-2019), recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/secciones/boletines/
11 Ídem.
12 “Persiste el desabasto de gasolina en al menos ocho estados”, Notisistema, (08-01-2019), recuperado de: https://www.notisistema.com/noticias/persiste-el-desabasto-de-gasolina- en-al-menos-ocho-estados/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica) y diputada Julieta Macías Rábago.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a construir acciones por la vía diplomática para promover diversas alternativas con perspectivas de derechos humanos a favor de los migrantes centroamericanos, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el Ámbito de su Competencia Construya e Impulse Acciones Necesarias por la Vía Diplomática para Promover Diversas Alternativas con Perspectivas de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, con la Finalidad de que Nuestros Hermanos Centroamericanos puedan Quedarse en sus Países de Origen y Eviten Realizar Nuevas Caravanas de Migrantes con Destino a Nuestro País, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado mexicano como garante de los Derechos Humanos en favor de los migrantes firmó en 2016 el Primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, donde, reafirmó su compromiso con el multilateralismo y con la gobernanza efectiva de la migración internacional.
En marzo de 2018 el Representante en México del Alto Comisionado para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Manley señaló que en 2017 se incrementó en un 66% la migración de personas, familias y menores procedentes de Honduras, el Salvador y Venezuela con destino a México, esto ocasionado por la violencia y persecución que viven en sus países, por lo que, su principal objetivo fue solicitar refugio.
En octubre de 2018 el fenómeno migratorio tomó una fuerza que no se había visto en la frontera sur de nuestro país, donde caravanas provenientes de Honduras, el Salvador y Guatemala recorrieron aproximadamente 3,900 km desde Chiapas a Tijuana con la finalidad de cruzar la frontera norte de nuestro país para llegar a los Estados Unidos de América.
En diciembre de 2018 el Gobierno de México informó que actualmente hay alrededor de 5,500 migrantes centroamericanos y unos 500 más se encuentran dispersos en Tijuana, que llegaron desde el pasado 11 de noviembre.
Recientemente medios de comunicación hondureños y defensores de los derechos de los migrantes han mencionado que se podría estar conformando una nueva caravana de migrantes con alrededor de 15 mil personas para salir de la capital hondureña, o de San Pedro Sula con destino a México con la finalidad de trabajar para buscar asilo en los Estados Unidos.
Ante este escenario el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores debe emprender las acciones necesarias por la vía diplomática para construir alternativas con base en mecanismos legales, protocolos de actuación y programas con perspectivas de derechos humanos y ayuda humanitaria con la finalidad de que nuestros hermanos centroamericanos puedan quedarse en sus países de origen y eviten realizar nuevas caravanas de migrantes centroamericanos con destino a nuestro país.
Al respecto, el 2 de diciembre de 2018, considerando a la migración centroamericana como un tema prioritario, los Gobiernos de México, el Salvador, Guatemala y Honduras acordaron sentar las bases de entendimiento para construir bajo la perspectiva de los derechos humanos y humanitario un Plan de Desarrollo Integral que impulse las oportunidades y el progreso de la región, contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio atacando sus causas estructurales simultáneamente.
Bajo el mismo contexto, el 18 de diciembre de 2018, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer el Acuerdo entre Estados Unidos y México sobre el Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica (triángulo centroamericano: Salvador, Guatemala y Honduras) a fin de mitigar el fenómeno de la migración y crear una zona de prosperidad en los territorios mencionados.
Para Encuentro Social es fundamental construir mecanismos de prevención que coadyuven a garantizar la protección ordenada y eficiente de la migración centroamericana donde se debe privilegiar el diálogo, el respeto, el acompañamiento, la igualdad, la libertad, la seguridad y la salud de los migrantes.
Pero también, estamos a favor de coadyuvar para impulsar y apoyar la creación de Planes de Desarrollo con perspectivas de derechos humanos y derecho humanitario con la finalidad que los migrantes centroamericanos puedan quedarse en sus países de origen con la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida y así se evite la conformación de futuras caravanas migratorias centroamericanas con destino a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone ante esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se apruebe como Urgente y Obvia Resolución los siguientes:
Acuerdos
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de su competencia impulse a través de acciones diplomáticas y legales con perspectivas en derechos humanos y derecho humanitario la ejecución del Plan de Desarrollo Integral signado por los Gobiernos de México, el Salvador, Guatemala y Honduras, y el Acuerdo entre Estados Unidos y México sobre el Desarrollo para el Sur de nuestro país y Centroamérica, con la finalidad de que nuestros hermanos centroamericanos puedan quedarse en sus países de origen con mejores condiciones de vida, empleo y crecimiento económico y así eviten realizar nuevas caravanas de migrantes centroamericanos con destino a nuestro país.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades instruya a los embajadores de México en los Estados Unidos de América, el Salvador, Guatemala y Honduras para que realicen mesas de diálogo diplomático con las autoridades correspondientes de las Cancillerías particularmente de los tres países centroamericanos para coadyuvar en la construcción de alternativas, mecanismos legales, protocolos de actuación y programas con perspectivas en derechos humanos y derecho humanitario para generar soluciones, y evitar nuevas caravanas de migrantes con destino a nuestro país.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias colabore en la promoción del programa de visado humanitario que ofrece los Estados Unidos América a los países de el Salvador, Guatemala y Honduras para revisar la posible calificación de personas en su lugar de origen sin que se trasladen más de 4 mil km, bajo acuerdo con las propias autoridades norteamericanas, esto para evitar nuevas caravanas de migrantes con destino a nuestro país.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades revise con las autoridades correspondientes de las Cancillerías de los Estados Unidos de América, el Salvador, Guatemala y Honduras la viabilidad de instalar oficinas de las agencias internacionales en los tres países centroamericanos, para que, se establezcan mientras se regulariza el asilo político que soliciten a México o a los Estados Unidos de América, según corresponda el caso, para evitar nuevas caravanas de migrantes con destino a nuestro país.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 09 de enero de 2019.
Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a normalizar el suministro de gasolina y diésel en todos los estados afectados, a cargo de los legisladores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Verónica Beatriz Juárez Piña y Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la república, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción III, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y los demás relativos y aplicables, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la XIV Legislatura, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta al gobierno federal a normalizar el suministro de gasolina y diésel en todos los estados afectados, con base en las siguientes
Consideraciones
Autoridades y medios de comunicación han alertado en días pasados sobre el desabasto de combustibles en Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Queretaro y Estado de México. El desabasto se ha manifestado principalmente en ciudades grandes. Incluso munipicipios como Salamanca, que cuentan con una refinería, han enfrentado situación.
El desabasto proviene de una estrategia del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, comúnmente llamado huachicol. En Michoacán se reportan ya 17 días de desabasto. Se han reportado filas de hasta 2 horas y compras de pánico.
El gobierno federal ha insistido en que no hay escasez del combustible y que el desabasto es consecuencia de una estrategia de combate del huachicoleo. Sin embargo, se aprecian varias inconsistencias en la estrategia, así como un diagnóstico equivocado del fenómeno de robo de hidrocarburo.
Las afectaciones a las personas y su economía se han manejado como una consecuencia que debe interiorizarse, dada la estrategia de combate del mercado ilícito de combustible. Sin embargo, la instauración exhibe varias señales que permiten inferir un diagnósico erróneo y un diseño inadecuado de la misma.
En las gráficas que se muestran a continuación se observan las tomas clandestinas identificadas por entidad federativa en el periodo enero-octubre de 2018 y de 2017, respectivamente.
La primera señal de una estrategia errónea se advierte en los estados que han reportado un desabasto. En la lista de estos estados se encuentran algunos que han reportado más de mil tomas clandestinas en 2018.
La estrategia ignora una entidad que sería un foco claro de la estrategia, dado el número de tomas y el cambio porcentual de 2017 a 2018: Veracruz. Asimismo, el desabasto ha golpeado a dos estados que ni por el número de tomas ni por el porcentaje de cambio, debería considerarse: Michoacán y Querétaro.
Estos dos estados que se incluyeron de manera atípica en el conjunto de desabasto, son estados gobernados por los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. Por otro lado, Veracruz, que de manera clara debería estar incluido, no lo está. Lo gobierna Morena.
En la tabla que se muestra a continuación se observa que el número de tomas clandestianas de varios estados que han sido foco de la politica de desabasto presentan cifras de tomas clandestinas encontradas mayores a mil para 2018, mientras que Michoacán, que ha sufrido el impacto de la política del gobierno federal de manera muy fuerte, no supera 200 tomas.
El desabasto ha producido conflictos y riñas entre las personas que necesitan combustible para llevar a cabo sus actividades.
La segunda señal está relacionada con el mercado negro o ilícito de combustibles. Los mercados negros emergen cuándo se demanda un bien dado y la cantidad ofertada es insufieciente o el precio es demasiado alto, para saciar dicha demanda.
La situación de las tomas clandestinas refleja que, sin ambiguedad, existe una oferta ilegal de combustible, que seguramente responde a alguna demanda. La oferta ilegal es proveída por una colección de organizaciones delincuenciales con una infraestructura de almacenamiento y transporte superior a la de cualquier particular.
Esto quiere decir que los efectos de un desabasto golpean mucho más rápido a un ciudadano común, que a una organización delincuencial. Por tanto, el primer afectado de la medida no es el crimen organizado, que cuenta con bidones hasta de 20 mil litros, sino a los ciudadanos que llenan su tanque en ciclos de pocos días.
Un ejemplo claro es precisamente Michoacán, donde los oferentes de combustible ilegal venden el litro de gasolina hasta en 30 pesos, según lo reportado por los medios de comunicación.
La escacez de combustible aumenta la probabilidad de que las personas decidan obtener combustibles a través de la oferta ilegal, y permite a los proveedores ilegales vender a precios más altos. Sobre todo a personas que por la naturaleza de sus empleos, no puedan quedarse sin gasolina para sus actividades productivas, como por ejemplo un transportista de verduras quen vive al día.
Un tercer indicativo del mal diseño de la estrategia versa sobre el uso de pipas para llevar a cabo el suministro. El suministro por ductos, poco costoso en términos económicos y de impacto, se sustituye por un sistema de abasto que es más oneroso en términos de impacto ambiental. Se estima que el transporte por pipa puede costar entre 14 y 20 veces más que el transporte por ducto.
Por otro lado, las pipas que abastecen, consumen grandes cantidades de combustible y generan niveles muy altos de emisión de CO2 llevando a cabo una tarea que se llevaría a cabo de una manera más barata y sin una huella ambiental relevante.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a reestructurar su estrategia de combate del robo de hidrocarburos, ya que afecta a la ciudadanía.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a ordenar la apertura de los ductos que se cerraron de manera inmediata.
Tercero. Se exhorta al gobierno federal a reajustar su estrategia de resguardo de la red de ductos de Pemex en las zonas con mayor número de tomas clandestinas detectadas, ya que es una pieza de infraestructura clave para la estabilidad y el desarrollo del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica), diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), senador Omar Obed Maceda Luna
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos y los congresos locales a establecer acciones en favor de la protección de los animales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega y Rogelio Rayo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, de acuerdo con estudios recientes realizados por organizaciones de la sociedad civil, mueren cada año alrededor de 60 mil animales a causa de maltrato: un problema real que refleja la violencia que se ejerce contra los animales callejeros y domésticos.
De igual forma, según expertos, quienes abusan de los animales son hasta cinco veces más propensos de cometer crímenes violentos contra las personas.
Por lo anterior, grupos organizados de la sociedad civil y autoridades han promovido y en muchos casos logrado, que estos actos de crueldad sean tipificados como delitos con el fin de sancionar y aplicar multas en un intento de frenar lo que ocurre contra los animales.
Desafortunadamente, golpear, torturar o matar a un animal es tipificado como delito penal solamente en 15 de las 31 entidades federativas, más la Ciudad de México; mientras que Oaxaca es el único estado en el país que no cuenta con una ley de protección a los animales.
Esta reprobable práctica se considera en muchos casos falta administrativa, que generalmente es menos grave que el delito y en consecuencia se castiga con penas de arresto y en su defecto con multas.
El estado que con mayor dureza castiga el maltrato animal es Coahuila, con hasta nueve años de prisión. En tanto, Guanajuato lo sanciona con la menor severidad: la penalidad máxima es de 180 jornadas de trabajo comunitario y hasta 100 días de multa.
Para contribuir a que la incidencia de casos de maltrato animal deje de ser una constante, así como para reducir el número de casos de animales muertos por maltrato, es importante avanzar en que los congresos locales de todos los estados del país aseguren acciones para poder tipificarlo como delito e incluirlo en sus respectivos códigos penales.
De igual manera, resulta fundamental incrementar las penas y asegurar que los delitos cometidos sean castigados por las autoridades; de esta manera, y con casos ejemplares, podrá reducirse su incidencia.
Tristemente, de modo adicional a la existencia de un sinnúmero de casos a lo largo y ancho del territorio nacional, en el año que inicia ya hemos sido testigos de un caso alarmante que ha ocupado la atención no sólo de las redes sociales sino de los medios en general.
En redes sociales circula hoy un video de Piedras Negras, Coahuila, donde se ve a un hombre apuñalando brutalmente a un perro que luego presuntamente falleció.
Afortunadamente, las autoridades locales y la sociedad civil han reaccionado promoviendo seguir las vías formales que se requieren para investigar el caso y castigar al agresor según las leyes locales de protección animal.
Ya se ha realizado la denuncia correspondiente, y el alcalde ha dado instrucciones precisas para que de acuerdo con la ley que rige en Coahuila de Zaragoza en materia de protección animal se realicen las diligencias pertinentes en el caso.
Asignar pronta responsabilidad y castigo a quien resulte culpable, es indispensable para evitar una innecesaria cacería de brujas, y generar más violencia en el estado que tiene la mayor pena contra este tipo de delitos.
No sólo en el caso comentado, sino en todos los de violencia y maltrato animal que se presenten en territorio nacional, es fundamental garantizar el estado de derecho y hacer cumplir la ley para generar los incentivos que lleven a inhibir estas conductas.
Por lo anterior sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los congresos locales a legislar en favor de la protección de los animales, tipificar el maltrato, tortura y muerte animal por violencia en sus códigos penales y en su caso, incrementar las penas para castigar con mayor severidad a aquellos que incurran en dichos delitos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, así como autoridades en la materia, a castigar y hacer valer los ordenamientos locales y federales en favor de la protección de los animales para inhibir el maltrato, la tortura y la muerte por violencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a atender las recomendaciones derivadas de la evaluación estratégica del avance subnacional de la política nacional de cambio climático, suscrita por los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
Los senadores que suscriben, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, en relación con la atención de las recomendaciones derivadas de la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático.
En el marco de la presentación del segundo informe de evaluación de la política nacional de cambio climático ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, expuso los diversos avances, retos y recomendaciones que se identificaron en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)1 elaborada por la Coordinación de Evaluación.2
La Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático tiene como finalidad revisar las políticas, programas y acciones públicas que se han adoptado, tanto en el orden federal como en los ámbitos estatal y municipal. Esta evaluación se basó en la revisión de 18 municipios de seis distintas entidades federativas de México,3 en la que se analizaron temas claves de mitigación respecto a la generación de energía eléctrica, transporte y gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), mientras que en el tema de adaptación se analizó la capacidad de respuesta a la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático.
Asimismo, se analizó el diseño de los diversos instrumentos normativos, de planeación y programáticos, revisando la pertinencia de los objetivos establecidos en ellos. De igual manera, se analizaron los procesos de implementación para determinar su eficiencia y eficacia para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la PNCC, al análisis del diseño, los procesos y los resultados obtenidos. También se revisó en esta evaluación, en qué medida la implementación de los diversos instrumentos y procesos están produciendo los resultados esperados.
Entre los principales retos identificados en esta evaluación, está incluir la transversalidad del cambio climático en la política de los diferentes sectores, toda vez que de las diferentes acciones de gobierno que se identificaron en la evaluación se considera que no están dirigidas a lograr una política sistemática y consistente, acorde con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se sostiene que los mecanismos de planeación del sector de energía eléctrica carecen de convergencia con la política de mitigación de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GYCEI), toda vez que los documentos de planeación se refieren únicamente a la generación de energía eléctrica sin estimar adecuadamente la mitigación.
Por otro lado, esta evaluación sostiene que la relación entre el sector transporte y la política de cambio climático es prácticamente inexistente. En el orden federal, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes contempla como objetivos consolidar ciudades que faciliten la movilidad, pero ni el programa de transporte ni las acciones específicas consideran su incidencia en el fenómeno del cambio climático. En el orden estatal, ninguna de las entidades federativas consideradas en esta evaluación tiene un programa de transporte publicado. En los municipios considerados en esta evaluación, no se identificó ningún instrumento relacionado con el transporte.
En los Programas de Calidad del Aire (ProAire) hay una relación marginal o nula con la política de cambio climático, ya que las autoridades federales y estatales norman, fomentan, participan, implementan y dan seguimiento a los ProAire con perspectiva de calidad del aire, no como una acción de cambio climático.
La información sobre la generación de RSU en México no es confiable para una toma de decisiones eficaz y eficiente, toda vez que conforme a la información del Inegi, en el país se recogen en promedio 104’349,962 t/día en las 2,458 alcaldías y municipios del país. El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2017-2018, indica que se generan en el país 102’895,000 t/día de residuos. De la misma manera, se estima que las entidades federativas tienen información distinta de la que proveen las instancias federales.
La LGCC, en su artículo Tercero transitorio, fracción II, inciso b, menciona que para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera, sin que esta acción haya sido llevada a cabo por los entes a que dicho artículo hace referencia. Igualmente, existe evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, relacionadas con RSU, fueron canceladas, y el apoyo presupuestario de la federación se destinó a la adquisición de equipo y vehículos para la recolección de residuos. No aparecen acciones que lleven a disminuir, minimizar, reciclar, reutilizar o valorizar los residuos y, en general, no hay acciones vinculadas con la Política Nacional de Cambio Climático.
De lo anteriormente descrito se desprende que los instrumentos del Sistema de Planeación Democrática, establecido en el artículo 26 constitucional,4 no contemplan plenamente la transversalidad con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto cobra especial relevancia si se toma en consideración que, de conformidad con el párrafo primero del artículo 21 Bis de la Ley de Planeación, “El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales”, y que de dicho Plan se derivan todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de la Administración Pública Federal.
Conforme a lo anterior, la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático hace una serie de recomendaciones a fin de atender las diversas problemáticas identificados, entre las cuales se encuentran las siguientes:
1. Se recomienda a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Semarnat realizar las acciones de coordinación necesarias para que los próximos procesos de planeación nacional de desarrollo, así como de programación y presupuestación sectorial, vinculen las metas de energías limpias y de intensidad energética establecidas en el sector de energía de acuerdo con la Ley de Transición Energética; así como con los objetivos y metas de mitigación contenidas en la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) y en la LGCC, y en su caso, se incremente la ambición de las metas de reducción de CO2, considerando las contribuciones de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en el próximo ejercicio de definición de la CND conforme al Acuerdo de París y a la LGCC.
2. Se recomienda a los responsables del sector transporte en los tres órdenes de gobierno, que desarrollen las acciones de coordinación necesarias para que, en los próximos procesos de planeación nacional de desarrollo, y de programación y presupuestación sectorial, se vinculen las políticas, planes, programas y acciones de transporte con la mitigación y adaptación al cambio climático. Para lograr esto, además de promover la movilidad y el transporte sustentable, debe considerarse transparentar la información sobre la reducción de emisiones, así como su impacto en la calidad del aire y buscando la mejora de la calidad de vida de las personas.
Asimismo, se les recomienda establecer metas de movilidad y transporte sustentable y de reducción de emisiones de acuerdo con las metas establecidas en la CND de México, integradas en el Acuerdo de París y en la LGCC.
3. Se recomienda que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, establezca metas de uso de energías renovables en sus actividades propias de generación de energía para contribuir al logro de objetivos de mitigación de la PNCC.
4. Se recomienda a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno que lleven a cabo la gestión integral de los RSU, incluyendo su disminución, minimización, reciclaje, reutilización y valorización, y vinculando de manera clara y transparente este tema con el cumplimiento de la meta de reducción del 28 por ciento establecida para este sector en la CND de México integradas en el Acuerdo de París y en la LGCC.
5. Se recomienda a la Sedesol (actualmente Secretaría de Bienestar Social)5 que realice los trabajos necesarios para vincular los programas de desarrollo social, para que consideren el cambio climático como factor que contribuye a exacerbar las carencias y necesidades sociales y para que a través de la aplicación de programas, apoyos y acciones de desarrollo social se contribuya a disminuir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
6. Se recomienda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, promover la creación y fomento del desarrollo de capacidades que permitan hacer frente al fenómeno del cambio climático. Esta situación llama a considerar las necesidades específicas de las entidades federativas y sus municipios, de manera acorde a sus niveles de desarrollo económico, social y ambiental, y de conformidad con su nivel de vulnerabilidad.
7. Se recomienda a los gobernadores de las entidades federativas y a los presidentes municipales, elaborar y publicar los atlas de riesgos que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura, y que las medidas y acciones consideradas en políticas y programas sean congruentes con el nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan los ecosistemas, la infraestructura y las comunidades afectadas.
8. Se recomienda a las autoridades ambientales y de protección civil de los tres órdenes de gobierno, coordinar sus actividades y asegurarse de que el alcance de los riesgos y efectos del cambio climático se conozca y difunda en las comunidades afectadas con un mayor grado de vulnerabilidad.
Ahora bien, como resultado de la presentación de esta evaluación, los senadores integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos necesario se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo las diversas recomendaciones que hizo la Coordinación de Evaluación, a fin de contribuir de manera eficaz y eficiente a la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los efectos adversos asociados al cambio climático.
Especialmente considerando que dicho plan actualmente está en proceso de elaboración y que deberá ser enviado por el presidente de la República a la Cámara de Diputados a más tardar el 28 de febrero de 2019, para su aprobación dentro de los dos meses siguientes.6 Por lo cual, los suscritos consideramos oportuno que se incluyan las distintas recomendaciones que se hicieron en esta Evaluación que resulten procedentes.
Los senadores suscritos consideramos fundamental que se atiendan estas observaciones y recomendaciones, especialmente porque muchas de éstas inciden en los diversos sectores en los que confluye el cambio climático como un tema transversal, y puede contribuir a lograr algunos de los objetivos de la planeación como lo son el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, y que deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la misma manera, es importante que los resultados de esta evaluación estratégica sean considerados en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados por las diversas dependencias, entidades y empresas productivas del Estado de la administración pública federal, tanto los relacionados con la materia de cambio climático, como energía, ambiental y de acceso a la información pública.
Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores que suscribimos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional Desarrollo, así como de los diversos programas y estrategias que derivan de éste, se consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se garantice que sus objetivos, estrategias y demás previsiones consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipales de todo el país, para que consideren las recomendaciones contenidas en la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, en la elaboración de los instrumentos de planeación de su competencia, siendo consistentes con los compromisos adquiridos por México tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Notas
1 INECC (2018). Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. 26 de noviembre de 2018. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418239/
EVALUACION_ESTRATEGICA_AVANCE_SUBNACIONAL_PNCC .pdf
2 La Coordinación de Evaluación se establece en la Ley General de Cambio Climático y está integrada por el titular del INECC y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático (Artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático).
3 Entre las entidades federativas y municipios que se incluyeron en esta evaluación están en el estado de México los municipios de Ecatepec, Toluca y Villa de Allende; en el estado de Jalisco los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Guadalajara y Puerto Vallarta; en el estado de Nuevo León los municipios de Galeana, Linares y Monterrey; en el estado de Sinaloa los municipios de Ahome, Culiacán y Sinaloa; en el estado de Veracruz los municipios de Atzalan, Coatzacoalcos y Veracruz; y en el estado de Yucatán los municipios de Chichimilá, Mérida y Tizimín.
4 “Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
...”
5 Cambio de denominación derivado del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.
6 Artículo 21 de la Ley de Planeación.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores: Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica), presidente; María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica), secretaria; Eva Eugenia Galaz Caletti (rúbrica), Angélica García Arrieta (rúbrica), Susana Harp Iturribarría (rúbrica), Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (rúbrica), Freyda Marybel Villegas Canché (rúbrica), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Carlos Humberto Aceves del Olmo, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Verónica Delgadillo García (rúbrica) Alejandra del Carmen León Gastélum (rúbrica) y Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrantes.
Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de Alejandro Aparicio y Perfecto Hernández, alcalde y síndico, respectivamente, de Tlaxiaco, Oaxaca, ocurrido el pasado 1 de enero; y se exhorta a la Fiscalía General de dicha entidad a realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial y expedita para su esclarecimiento, suscrita por las diputadas Beatriz Dominga Pérez López y Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Beatriz Dominga Pérez López y Silvia Lorena Villavicencio Ayala, en nuestra calidad de diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Primera. Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, alcalde y síndico, respectivamente, del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, fueron asesinados a balazos este 1 de enero, poco después de la toma de posesión del encargo.
La diligencia estatal de Morena condenó los hechos y exigió un alto a la violencia política.
Asimismo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a través de su cuenta de Twiter condenó los hechos y señaló:
“Condeno enérgicamente el ataque contra el presidente municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al fiscal general y éste me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco”.1
Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó, mediante un comunicado de prensa,2 que otros miembros del cabildo, entre ellos la regidora Cleotilde Santos, así como otras tres personas sin identificar, también resultaron lesionados, luego de que dos individuos atacaron a Aparicio cuando se dirigía a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxiaco (SAPAT), hora y media después de su toma de protesta.3
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca informó que en ingresó a cinco personas heridas por los hechos, cuatro de ellas de bala. El Instituto dio a conocer que Alejandro Aparicio Santiago murió por herida grave en el tórax tras recibir el impacto, mientras que las otras personas están siendo atendidas.
Antes del asesinato de Aparicio en Oaxaca, la consultora Etellekt reportó seis casos de autoridades electas el pasado 1 de julio, que se vieron impedidas de rendir protesta al perder la vida en atentados; cuatro pertenecían a Morena, una al PRD y otro más al Partido Verde Ecologista de México.
Asimismo, señaló que con el asesinato del alcalde de Tlaxiaco suman dos los presidentes municipales que han perdido la vida en atentados durante los primeros 32 días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.4
En tanto, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, pidió el esclarecimiento del caso y se pronunció por un alto a la violencia contra representantes populares de Morena.
Expuso que en los últimos cinco años fueron asesinados 37 integrantes de Morena, y solo en el primer semestre de 2018 fueron asesinados 14, siendo Oaxaca justamente la entidad de mayor violencia contra los integrantes del partido.
Segunda. De acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etellekt,5 entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, ocurrieron en todo el país al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados. Los altos niveles de violencia política han persistido de igual forma en el actual periodo de transición, posterior a los comicios del pasado 1 de julio. Desde el 2 de julio y hasta el 31 de agosto han ocurrido 63 ataques, de los cuales 21 fueron homicidios dolosos contra políticos; 4 de ellos eran representantes y autoridades recién electas.
A lo largo de esos 12 meses destaca, además, un dato esencial identificado por el Laboratorio de Casos de Etellekt, para entender las causas que han motivado los atentados contra políticos y candidatos en las elecciones concurrentes de 2018. De las 850 agresiones analizadas en este periodo, el 81 por ciento se han dirigido en contra de opositores a los partidos y coaliciones gobernantes en las 32 entidades de la república.
Lo anterior significa que la violencia política transita por una ruta distinta al actual clima de inseguridad y homicidios por rivalidad delincuencial.
En el Informe de Violencia Política se presentan tres nuevas variables contextuales para conocer su grado de correlación con el número de agresiones en contra de políticos y candidatos observadas en el pasado proceso electoral 2017-2018, el más violento de la historia moderna de México, el cual concluyó con un total de 48 candidatos y precandidatos asesinados.
Cada una de estas correlaciones permite reconocer el grado de influencia que ejercen los diversos contextos de seguridad (homicidios dolosos), competencia política y pobreza sobre los niveles de violencia política registrados en las 32 entidades del país y en el menos 440 municipios, durante todo el proceso electoral 2017-2018. El número de agresiones contra políticos en las 25 entidades donde se llevaron a cabo elecciones municipales, toda vez que el 75 por ciento de las agresiones contra políticos se concentró en este ámbito de gobierno, fueron correlacionadas con las siguientes variables:
1) Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.
2) Porcentaje de margen de votación entre primer y segundo lugar en elecciones municipales.
3) Porcentaje de población en situación de pobreza.
Estas variables fueron sometidas a correlaciones estadísticas lineales, encontrando una muy baja relevancia explicativa en la crisis de homicidios dolosos en México y en los márgenes cerrados de votación en las elecciones de carácter local.
La primera correlación arrojó un coeficiente muy débil de 0.0138, lo cual significa que las altas tasas de homicidios dolosos no inciden en el crecimiento de las agresiones contra políticos. Por ejemplo, existen entidades con tasas de homicidios muy elevadas como Baja California Sur, y casi nulos registros de violencia política.
Sin embargo, se pudo encontrar una relación más significativa entre las agresiones contra políticos y el porcentaje de población en pobreza en las 24 entidades donde se realizaron elecciones para renovar sus ayuntamientos, con un coeficiente de 0.5876.
Lo que significa que aquellas entidades con altos porcentajes de población en situación de pobreza experimentaron los mayores niveles de violencia contra políticos y candidatos. Estados en donde el acceso a cargos públicos representa una de las pocas opciones para acceder a escalar socialmente y acceder a salarios mejor remunerados.
Tercera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
...”
Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señala:
“Artículo 3. La Fiscalía General es la institución en la cual reside el Ministerio Público, dotada de autonomía constitucional, administrativa, presupuestal, financiera y operativa con personalidad jurídica y patrimonio propios, determinando sus prioridades de acuerdo con sus requerimientos y necesidades; ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público.
El Ministerio Público es el órgano público autónomo, único e indivisible, con independencia técnica, que ejerce sus atribuciones, facultades y funciones con pleno respeto a los derechos humanos y se rige por los principios de buena fe, autonomía, certeza, legalidad, objetividad, pluriculturalidad, imparcialidad, eficacia, honradez y profesionalismo; ejerce la dirección de la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y, para el efecto, solicitará medidas cautelares; buscará y presentará datos y elementos de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como delito; dirigirá las actuaciones de las policías; procurará que los juicios en materia penal se sigan con regularidad
Para la investigación de los delitos, competencia del Ministerio Público, las policías actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo su conducción y mando.
Artículo 5. Corresponde al Ministerio Público:
I. Iniciar la investigación que corresponda cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y recabar la denuncia, querella o requisito equivalente por cualquiera de las formas previstas por las disposiciones aplicables; ordenar la recolección de indicios y datos de prueba que sirvan para emitir las resoluciones correspondientes en la investigación o durante el proceso penal;
II. Investigar por sí, o a través de las instituciones policiales los hechos constitutivos de delito;
III. Informar a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución, los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, la Ley General de Víctimas y las demás disposiciones aplicables, dictando las medidas necesarias para que la víctima reciba atención integral;
IV. Ejercer la conducción y mando de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución federal;
V. Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;
VI. Aplicar los criterios de oportunidad, determinar el archivo temporal y la facultad de abstenerse a investigar y solicitar la suspensión condicional del proceso, la apertura del procedimiento abreviado, la reparación del daño, así como formular las demás acciones, determinaciones y resoluciones en los supuestos previstos por las disposiciones aplicables;
VII. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para la protección y atención de víctimas, ofendidos o testigos y en general de todas las personas que intervengan en el proceso penal;
VIII. Ordenar a la policía de investigación y demás corporaciones la realización de actos o técnicas de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo y analizar las que ya hubieren practicado; IX. Ordenar o supervisar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios conforme a los protocolos aplicables para su preservación y procesamiento;
IX. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas; Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;
X. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas;
XI. Solicitar informes o documentación a otras autoridades y a particulares, solicitar la práctica de peritajes y realizar las diligencias que considere pertinentes para la obtención de datos de prueba;
XII. Recabar los medios de prueba para acreditar, determinar y cuantificar los daños causados por el delito para efectos de su reparación;
XIII. ...”
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, presidente municipal y síndico, respectivamente, del municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, ocurrido el pasado 1 de enero de 2019, y se exhorta la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de su competencia realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, pronta y expedita para hacer el esclarecimiento de los homicidios.
Notas
1 https://twitter.com/alejandromurat/status/1080196648922275841?ref
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2 Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Comunicado de Prensa. 1 enero 2019. Se realizará una exhaustiva investigación del homicidio cometido contra el presidente municipal de #Tlaxiaco: @FISCALIA_GobOax. https://twitter.com/FISCALIA_GobOax/status/1080205348974280704/photo/1
31 enero 2019. Asesinan al alcalde y a síndico de Tlaxiaco, Oaxaca; hay cuatro personas heridas
https://www.animalpolitico.com/2019/01/asesinan-alcalde- tlaxiaco-oaxaca/
4 https://twitter.com/etellekt_/status/1080234334697738245/photo/
1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1080234334697738245&ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2019%2F01%2Fasesinan-alcalde-tlaxiaco-oaxaca%2F
5 Informe de Violencia Política en México, julio agosto 2018. http://www.etellekt.com/reporte/informe-de-violencia-politica-en-mexico -8.html
En el recinto de la Comisión Permanente, a los nueve días de enero de 2019.
Diputadas Beatriz Dominga Pérez López y Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para convocar a los titulares de la Sener y de Pemex a una reunión de trabajo sobre el desabasto de combustibles en diversos estados, suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , por el que se convoca a la titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos a reunión de trabajo en relación con el desabasto de combustibles en diversos estados del país, con base en los siguientes
Antecedentes
Diversos medios de comunicación nacionales han dado cuenta del desabasto de gasolina que desde principios de año está ocurriendo en diversas entidades federativas del país, situación que daña gravemente la economía de la población que habita en los estados de Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Puebla y Aguascalientes.
De acuerdo con datos que han sido dados a conocer, en el estado de México se presenta desabasto en 16 municipios, entre los que se encuentran Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Zinancatepec, Valle de Bravo, Tianguistenco, Tenango, y Tenancingo, en el Michoacán ha permanecido cerrado 40 por ciento de las gasolineras de Morelia, mientras que en Querétaro de las 296 gasolineras del estado, 50 se encuentran cerradas y 18 trabajan de manera parcial.
También integrantes de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) reportaron desde el 24 de diciembre del año pasado que el desabasto afectaba a algunas zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Durango, y otros empresarios han reportado faltantes de entre 10 y 20 por ciento en gasolineras en Monterrey y Saltillo.
Aunado al tema de falta de gasolina también ha sido reportada la falta de suministro y distribución de gas licuado del petróleo (gas LP) en algunas zonas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, situación que ha sido reconocida por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) al señalar que el fenómeno de desabasto de gas y de otros combustibles no sólo se ha registrado en la zona, sino también en otras áreas del país, lo cual se corrobora con datos que señalan que desde finales de 2018 se reportaron fallas en la distribución del combustible en Nayarit, Colima y Morelos.
La gravedad del desabasto de gasolina ha sido reconocida por el mismo titular de Petróleos Mexicanos, argumentando que el desabasto se debe a los cambios de logística de distribución para combatir el “huachicoleo” con lo cual se ha evitado el robo de 400 mil litros de combustible y que sus terminales cuentan con suficiente combustible para cubrir la demanda.
De tal manera, son ya varias las voces de gobernadores solicitando el restablecimiento del suministro, e incluso, el director de Pemex se ha comprometido con algunos de ellos, como en el caso de Querétaro, a hacer llegar a dicho estado 10 mil barriles de combustible para hacer frente al desabasto en la entidad.
Incluso algunos sectores de la iniciativa privada, como la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Valle de Toluca y la Cámara de Comercio del Estado de México, han señalado las acciones a las que han tenido que recurrir para abastecerse de combustible, lo cual incrementa hasta en 20 por ciento el costo del combustible, mismo que ellos están absorbiendo para que no repercuta en el precio al consumidor.
A través de su comunicado Pemex solicitó la comprensión y apoyo de la sociedad ante la situación, sin embargo, no se puede solicitar comprensión a una situación que trastorna las actividades comunes de todos y cada uno de las personas que habitamos el país.
Son varios los estragos que genera para las comunidades el no contar con el suministro suficiente que les permita realizar sus actividades cotidianas con libertad, como lo son el transportarse a sus áreas de trabajo, acudir a la escuela, realizar sus compras diarias y a las empresas realizar sus actividades económicas las cuales repercuten directamente en el desarrollo económico de los estados, pero que además, trastoca la seguridad y la tranquilidad en la convivencia diaria, ya que se están provocando compras de pánico y almacenamiento de combustible en sus viviendas, lo cual pone en riesgo su integridad física.
Aunado a lo anterior, ha estado circulando por algunos medios de comunicación un documento emitido por el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) en el cual se hace notar el desabasto de turbosina en esa terminal aérea, por lo que Aeropuertos y Servicios Auxiliares tuvo que aclarar que no existe desabasto, sino que se trató de un aviso que se emitió de manera preventiva al haberse detectado un nivel bajo en el almacenamiento del combustible. Tal situación es igualmente preocupante en virtud de lo que estamos observando con el desbasto de gasolina y de seguir con niveles bajos de turbosina, la situación afectaría las operaciones aéreas en este y otros aeropuertos y con ello la actividad económica.
De esta manera, y en el marco de colaboración entre poderes, y como representantes de la sociedad, las y los legisladores integrantes del Congreso de la Unión debemos conocer y obtener información directamente de las entidades involucradas, respecto de las causas y acciones que se están realizando desde el Poder Ejecutivo federal, para atender y resolver de manera pronta el desabasto de gasolina en el país y evitar la transgresión de los derechos y libertades de la población mexicana.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, y a la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García, a asistir a reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que den a conocer ante esta soberanía y a la sociedad las causas que han generado el desabasto de combustibles en diversos estados del país, así como las acciones que se están realizando para su debida atención y solución.
Fuentes consultadas
- Por desabasto de gasolina, gobernadores piden cambiar estrategia contra huachicoleo. El sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/gasolina-huachicoleo-c ombustible-amlo-2883881.html
- Pega desabasto de gasolina al menos a 6 Estados. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/pega-desabasto-de-gasolina-al-me nos-6-estados
- Suman 16 municipios del Valle de Toluca con desabasto de gasolina. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/suman-16-municipios-del -valle-de-toluca-con-desabasto-de-gasolina
- Sigue desabasto de gasolina en Michoacán: 40 por ciento de estaciones cerradas en Morelia. https://www.eluniversal.com.mx/estados/sigue-desabasto-de-gasolina-en-m ichoacan-40-de-estaciones-cerradas-en-morelia
- Reportan 6 estados desabasto de gasolina. https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1011214&v=3
- ¿Que estados son afectados por desabasto de gasolina? https://www.animalpolitico.com/2016/12/estados-afectados-desabasto-gaso lina/
- Ahora también escasea el gas en 3 estados. https://heraldodemexico.com.mx/estados/desabasto-alcanza-yaal-gas-lp/
- “Serénese”, la falta de gas LP durará solo un par de días más. https://vallartaindependiente.com/2018/12/21/serenese-la-falta-de-gas-l p-durara-solo-un-par-de-dias-mas/
- “La falta de gasolina podría afectar operaciones en el aeropuerto internacional de león”
https://umnoticias.com.mx/local/la-falta-de-gasolina-pod ria-afectar-operaciones-en-el-aeropuerto-internacional-de-leon/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los titulares de la Sener y de Pemex a fin de informar a esta soberanía sobre las causas de la crisis y escasez de hidrocarburos en diversas entidades federativas, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país se encuentra en una severa crisis en cuanto a la disposición y acceso de combustibles, muestra de ello es que en diversas entidades se ha documento escasez de gasolina, afectando así las actividades productivas y la economía familiar.
Este panorama se ha agravado debido al incremento en sus costos, situación que contradice los compromisos y declaraciones del Presidente de México, de la titular de la Secretaría de Energía (Sener) y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Este contexto poco alentador limita la competitividad del país y vulnera las actividades productivas de diversas regiones en sectores estratégicos como la agricultura, la industria y el turismo, pero, particularmente, trasgrede las acciones diarias de las familias mexicanas quienes no pueden trasladarse a los centros educativos, de salud y de trabajo.
Para contar con un panorama general de la situación que persiste en el país, basta indicar lo siguiente:
1. Desde hace unas semanas se ha presentado un desabasto de gasolinas. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, los estados más afectados son: Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, sin embargo, existen quejas de desabasto en otras entidades como Oaxaca, Puebla y Guerrero.
En particular, en Jalisco se han visto afectadas 500 de las 877 estaciones de servicio, en Guanajuato persisten limitaciones en los 11 municipios más poblados y en Querétaro 90 estaciones presentan serio desabasto. Aunado a ello, municipios como Pachuca, Tula, Ixmiquilpan y Actopan en Hidalgo existe gran incertidumbre sobre el abasto, lo mismo sucede en el Valle de Toluca en el estado de México.1
En Michoacán, 320 de las 441 estaciones disponibles presentan cierres totales o parciales, restringiendo su servicio a los habitantes de la entidad y en particular a los de la capital del estado.
Hasta el momento, los distribuidores no han recibido alguna explicación o notificación de los motivos que causaron este desabasto que ha derivado en que 9 de cada 10 gasolineras en la entidad no cuentan con combustibles suficiente.2
2. Diversas estaciones, se han visto obligadas al cierre parcial o total, y muchas otras, han tomado medidas drásticas como la venta máxima de 10 litros por automóvil.
3. Por su magnitud y temporalidad, este desabasto ya está vulnerando el ejercicio de los derechos humanos, prueba de ello es que miles de niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco no asistieron a sus centros educativos por falta de gasolina en los vehículos y las distancias que se tienen que recorrer. De no atender con prontitud esta situación, estará repercutiendo en la formación y educación de los infantes.3
4. Esta administración federal ha optado por transportar los hidrocarburos por medio de vehículos, sin embargo, esta medida ha demostrado ser errónea, ya que es costosa, tardía e insegura para la integridad de los operadores y los productos.
Cabe destacar que el trasporte por medio de ductos constituye el medio más eficiente, sobre todo en grandes distancias. Los costos asociados a este medio de transporte, pueden llegar a representar hasta seis veces menos que los incurridos por utilizar carrotanques y hasta 14 veces menores que los relacionados al uso de autotanques.
5. Desde el inicio de esta gestión han sido poco transparentes y coordinadas las medidas que se han llevado a cabo para combatir el robo de combustibles, peor aún, no se ha explicado las dependencias involucradas, los responsables y los recursos utilizados en el denominado Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles.
Para reducir el robo de combustible implica una estrategia integral que contemple medidas de inteligencia, coordinación con las instituciones de seguridad locales, atención de la violencia en las zonas de mayor conflicto, monitoreo permanente y acciones de mantenimiento.
Esta crisis afecta a todos los mexicanos y deja de manifiesto que el gobierno federal no cuenta con una estrategia integral y efectiva de distribución y almacenamiento de hidrocarburos, por el contrario, ha demostrado su ineficiencia con el cierre irresponsable y sin planeación de las terminales de almacenamiento y de los ductos de Pemex que han derivado en desabasto de gasolinas en gran parte del país.
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos deben instrumentar a la brevedad las acciones necesarias para atender esta crisis y garantizar el abasto de hidrocarburos, asimismo, prevenir que vuelvan a suceder, ya que los impactos económicos y sociales repercuten en el crecimiento del país.
De no atender con responsabilidad esta crisis continuarán las compras de pánico y la especulación en los precios de las gasolinas, afectando no sólo la economía familiar, sino también, los trabajos de agricultores, pequeños comerciantes y empresas que generan empleos directos e indirectos, es decir, este panorama limita el desarrollo de México.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a fin de que informen a esta soberanía sobre las causas que están generando la crisis y escasez de hidrocarburos en diversas entidades federativas, el impacto provocado por el incremento de sus costos, así como la estrategia que se prevé implementar para identificar, prevenir, combatir y sancionar el robo de combustibles en el país.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a dar una pronta solución al problema de desabasto de gasolina y diésel en diversos estados del país, que está afectando al sector productivo y el ingreso de miles de familias mexicanas.
Notas
1 Karol García. (2018). Seis entidades, en jaque por desabasto de gasolina. 07/01/2019, de El Economista . Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Seis-entidades-e n-jaque-por-desabasto-de-gasolina-20190107-0021.html
2 Carlos Arrieta. (2018). Suman una semana de desabasto de gasolina en Michoacán. 07/01/2019, de El Universal . Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/suma-una-semana-de-desabasto-de- gasolina-en-michoacan
3 Adriana Luna. (2018). Por falta de gasolina, en Jalisco no llevarán a niños a la escuela. 07/01/2019, de Excélsior . Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-falta-de-gasolina-en-jalisco-no-llevaran
-a-ninos-a-la-escuela/1288616#.XDLMt3lifZk.twitter
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a investigar el robo de hidrocarburos, promover las acciones penales correspondientes y sancionar a los responsables, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada federal Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo , bajo las siguientes
Consideraciones
La actividad petrolera es de gran relevancia para la actividad económica del país, por los ingresos que genera en virtud de las contribuciones que la empresa productora del Estado paga o los consumidores de diésel o gasolina.
Durante la gestión del presidente Felipe Calderón, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para adicionar una cuota al consumo de combustibles, esto fue conocido como “gasolinazos”.
Los consumidores hemos pagado precios cada vez más altos por los combustibles, Petróleos Mexicanos ha sido objeto de un saqueo sistemático en el que concurren autoridades y trabajadores de la empresa, a la par de los robos hormiga realizados por los llamados “huachicoleros”.
La autoridad de los municipios, estados y federación fueron omisas en la prevención del delito de robo de hidrocarburos y la entonces Procuraduría General de la República, mostró ineficacia en el combate a esas organizaciones delictivas.
En el nuevo gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, se ha dado a conocer el saqueo que el Estado mexicano ha padecido en la principal empresa pública del país, un robo de esta naturaleza no puede quedar impune, quienes lo han realizado deben ser enjuiciados y por el tipo de delito cometido ser sujetos de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes ilícitamente obtenidos pasen a ser propiedad del gobierno federal.
El robo de combustible se volvió la forma de vida en infinidad de poblaciones del país, generando una pérdida patrimonial al Estado por alrededor de 214 mil de millones de pesos durante en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ninguna economía de cualquier país resiste un saqueo de esta magnitud.
Por ello es importante que esta soberanía cumpla su función de representante de la sociedad para exhortar a la Fiscalía General de la República a que realice las investigaciones correspondientes y promueva la acción penal ante los Tribunales de la Federación, de igual forma resulta imprescindible que se apliquen las disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de privar a los delincuentes de los bienes ilícitamente obtenidos.
Por estas consideraciones, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que, en ejercicio de sus obligaciones constitucionales, investigue el robo de hidrocarburos que durante al menos 12 años han causado un enorme daño patrimonial al país, se promuevan los juicios penales que correspondan y que se sancione a los responsables.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a que promueva ante los órganos jurisdiccionales correspondientes las acciones de extinción de dominio en contra de quienes se han beneficiado económicamente con el saqueo de hidrocarburos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a nueve de enero de dos mil diecinueve.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer con el Poder Legislativo acciones de coordinación a fin de convocar y celebrar audiencias públicas y consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe sobre la construcción de megaproyectos en territorios con presencia de comunidades indígenas y que puedan afectar el ambiente, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Julieta Macías Rábago, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo de la Unión a establecer las acciones necesarias de coordinación con el Poder Legislativo federal a fin de convocar y celebrar audiencias públicas y consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe sobre la construcción de los megaproyectos a asentarse en territorios con presencia de comunidades indígenas y que puedan afectar negativamente el medio ambiente, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La relación de los pueblos originarios con la tierra es indisoluble y representa una más de las aristas de su pensamiento a largo plazo –y con la mira puesta en las próximas generaciones– de las que hoy día muchos de nosotros tenemos que tomar nota y aprender.
En la carta de 1855 del Jefe Seattle, de la tribu Suwamish, al presidente Franklin Pierce de los Estados Unidos, en respuesta a su oferta de comprar los territorios del noroeste que hoy forman el estado de Washington a cambio de crear una reservación para su pueblo, se destacan las siguientes líneas:
“(...) Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la Tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la Tierra, les ocurrirá a los hijos de la Tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos: la Tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la Tierra.
Esto es lo que sabemos: todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la Tierra recaerá sobre los hijos de la Tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. (...)”
Dentro de las páginas luminosas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes1 , de 27 de junio de 1989, ratificado por México el 5 de noviembre de 1990 y con entrada en vigor de 5 septiembre 1991.
Tal corpus normativo persigue la vivencia de los principios de identificación de los pueblos indígenas, no discriminación, combate a la situación de vulnerabilidad, así como los derechos al reconocimiento de su cultura, a decidir las prioridades para su desarrollo y a la consulta previa, libre e informada , sujetando al Estado a las siguientes obligaciones:
• Realizar la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente;
• Establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras;
• Efectuar consultas respeto de los principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas y,
• Adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente convenio.
A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas2 de 13 de septiembre de 2007, dispone en su artículo 32 que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su trigésimo noveno periodo de sesiones efectuado del 10 al 28 de septiembre de 2018, publicó el documento Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas .3
El nudo del documento se basa en el Derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas, lo que exige la observancia de sus derechos a ser consultados, a participar y a sus tierras, territorios y recursos.
Tal derecho se orienta a regresar a los pueblos indígenas el control sobre sus tierras y territorios, en función de salvaguardia de sus derechos colectivos. Del mismo modo, se trata que puedan incidir en el resultado de los procesos de toma de decisiones que les afecten y no simplemente el derecho de hacer oír sus opiniones.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en noviembre de 2018, un amparo en revisión relacionado con la impugnación al procedimiento de consulta a la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, sobre un proyecto eólico (que no eótico ), coinversión de Mitsubishi con el gobierno mexicano.
Con independencia del fondo del asunto, es rescatable el hecho que se bordó sobre los principios que debe tener la consulta, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Así las cosas, es deseable que, todos los megaproyectos (por hacerse –y que tuvieren algún resultado tangible– o por cancelarse –que representen un quebranto para los contribuyentes que tengan que pagar por la nada–) en que tenga intención de invertir recursos públicos el gobierno de México e interesen a los pueblos indígenas, deben pasar por consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.
Proyectos como el Tren Maya implican un serio riesgo de desaparecer hábitats críticos completos, ocasionando severas afectaciones, por el daño a tierras de cultivo, en comunidades aledañas a la obra y provocando la desaparición de especies en peligro de extinción, como diversas clases de aves; el tapir, el jaguar o el venado de cola blanca, debido a la existencia de una barrera física que habrá de alterar sus flujos de paso y apareamiento. La pérdida de dichos ecosistemas y de agua pone en grave riesgo la sustentabilidad ecológica de México.
Muestra de la urgencia de hacer las cosas bien es el hecho que para diciembre de 2018, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó a la opinión pública nacional que el desmonte de 230 hectáreas de manglar para la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, arrancó en septiembre ¡sin autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo!
En un clima de polarización social, prohijada por años con constancia y esmero, quienes integramos el Congreso de la Unión debemos mostrar un respeto mínimo y una vocación por honrar el principio de no discriminación, en tanto que hemos protestado guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes de ella emanadas, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
El contexto político que vivimos nos habla de un castigo presupuestal sin precedentes al sector medioambiente; una metodología de trabajo respecto a planes de seguridad, alrededor de los cuales primero hay uniformes, grabación de promocionales y convocatorias; posteriormente ejercicios de audiencias públicas para, finalmente, dar existencia jurídica, así como erráticas estrategias de mitigación del crimen organizado que desembocan en situaciones de desabasto, todas en entidades gobernadas por la oposición.
Por lo anterior, parece claro que, ocurrencias sin proyectos ejecutivos o manifestaciones de impacto ambiental como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, necesitarían más que ceremonias de monólogo y pantomima con la madre tierra o consultas sesgadas para alcanzar cierto grado, ya no de legitimidad, sino de racionalidad.
En tratándose de los pueblos originarios, la exigencia que plantea la presente proposición cobra sentido y vigencia, al rescatar y darle seriedad al término consulta así como recuperar la dignidad de las audiencias públicas, a fin de no ser espectáculos ex post facto .
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo de la Unión a establecer las acciones necesarias de coordinación con el Poder Legislativo Federal a fin de convocar y celebrar audiencias públicas y consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe sobre la construcción de los megaproyectos a asentarse en territorios con presencia de comunidades indígenas y que puedan afectar negativamente el medio ambiente.
Notas
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio No. 169. Sitio web:
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang—es/ index.htm
2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-declaracion -pueblos-indigenas.pdf
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/245/97/PDF/G1824597.p df?OpenElement
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a respetar los derechos laborales y humanos de servidores públicos de diversos organismos y dependencias de la APF, a cargo de los diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someten a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al gobierno federal a respetar los derechos humanos y laborales de servidores públicos de diversos organismos y dependencias de la administración pública federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La actual administración federal ha puesto como uno de sus objetivos primordiales un uso austero de los recursos públicos; ha establecido que con la Austeridad Republicana, se podrá hacer una redistribución del gasto público que priorice otros rubros del gasto social y el gasto en infraestructura, en vez de destinar los escasos recursos de la hacienda pública a pagar privilegios, prebendas o personal supuestamente improductivo.
Parte de esta política presupuestal es la reducción de los salarios y prestaciones de los servidores públicos que reciben mayores ingresos, aplicando los principios constitucionales previstos en el artículo 127 y su ley reglamentaria.
La austeridad y el combate a la corrupción permitirán al gobierno, en su narrativa, hacer llegar recursos a quienes en realidad los necesitan y financiar obras de infraestructura que se suponen prioritarias para el desarrollo nacional.
En ese sentido, las medidas de austeridad contemplan una reestructuración de los trabajadores al servicio del estado, en la cual sólo se afectarían los trabajadores de confianza, eventuales y prestadores de servicios profesionales.
No podemos oponernos a una política que busque racionalizar recursos públicos, ante una situación en que estos son escasos y buscan dirigirse a programas cuyos propósitos son de largo alcance y beneficien a grupos cuyas necesidades son de una gran magnitud. El rezago social no justifica el desperdicio de recursos públicos.
Sin embargo, por la información que se ha dado a conocer desde los primeros días de la administración actual, ha quedado de manifiesto que estos movimientos de personal han carecido de una observación estricta de los derechos laborales y humanos previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como los contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales.
Los despidos masivos y los actos de intimidación han sido sujetos del escrutinio público. En la segunda quincena de diciembre del año pasado, se conocieron testimonios de trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en entidades federativas que fueron sujetos a coacción e incluso a privación de su libertad para que firmaran renuncia a derechos adquiridos. A la fecha, el SAT no ha informado públicamente a cuántos trabajadores se les cesó, las causas y si se les cubrieron derechos adquiridos e indemnizaciones por tal situación.
A inicios de año, servidores públicos de la Presidencia de la República pertenecientes a diversas áreas como Secretaría Particular, Atención Ciudadana y Comunicación Social, no se les han asignado funciones, por lo que desconocen cuál será su destino o si esto se va a usar como un pretexto para darlos de baja injustificadamente.
El pasado viernes 11 de enero, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el cese de 3 mil trabajadores “como parte del plan de austeridad del gobierno”. Dijo que era personal temporal o de honorarios y que “algunos de los despedidos no iban a trabajar”.
Ha habido testimonios similares en las Secretarías de Gobernación; Agricultura y Desarrollo Rural; Economía; Comunicaciones y Transportes; Turismo; Trabajo y Previsión Social; Energía; Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo mismo se sabe de afectaciones en la Comisión Nacional del Agua, la Comisión para la Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros, la Comisión Reguladora de Energía, Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior y la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales.
El Presidente de la República ofreció que “en el caso que se haya cometido una injusticia, se va a reparar”. Sin embargo, a la fecha no hay información fidedigna relativa a estas medidas ni se sabe qué curso han tenido las quejas que han presentado los trabajadores afectados.
Hasta el momento se carece de una información pública y exhaustiva que justifique los ceses del personal en diversas dependencias, y cuando se ha pretendido dar explicaciones, en realidad se ha recurrido a vaguedades que no reflejan la compleja realidad laboral de los trabajadores en el sector público, en el cual las diversas formas de contratación llevan a verdaderas simulaciones que hacen poco creíble pensar en que de un día a otro los ceses masivos son exclusivamente de personas “que no trabajan”, “que son aviadores”, “que tenían altos salarios”.
Esto, y diversos actos de presión e intimidación, para obligar a trabajadores a renunciar a sus derechos y a una indemnización constitucional y legal, no representan la mejor manera de reorganizar a la fuerza laboral que debiera prestar un servicio público profesional y de calidad.
Quienes realizan un trabajo remunerado, con independencia de la denominación que tengan en sus contratos o nombramientos, son sujetos de derechos humanos laborales que son irrenunciables, que no pueden ser conculcados por un acto administrativo.
Son derechos que, por disposición constitucional, deben ser salvaguardados y promovidos por la autoridad. Por esa razón, desde el Grupo Parlamentario del PRD nos parece fundamental que prevalezca el respeto a los derechos humanos laborales; que por un principio de transparencia y rendición de cuentas debe hacerse del conocimiento general el proceso de reestructuración del servicio público, y el gobierno debe atender las quejas y demandas de quienes se han visto afectados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a respetar los derechos humanos y laborales de servidores públicos de diversos organismos y dependencia de la administración pública federal sobre los cuales se han instrumentado ceses injustificados, acciones de presión e intimidación.
Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que suspenda cualquier acción que implique vulnerar la integridad y dignidad de cualquier trabajador al servicio del Estado, sea cual sea el tipo de régimen laboral por el que se rija.
Tercero . Asimismo, solicita que se informe a esta Comisión Permanente las razones por las cuales han operado estos ceses y presuntas violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores que han sido afectados en esta administración.
Cuarto . Finalmente, exhorta al gobierno federal a que, en un marco de respeto y de diálogo social, con estricto apego a los derechos laborales y humanos, previstos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como los contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo y contratos individuales, atienda las demandas que los trabajadores que hasta la fecha han sufrido ceses y acciones de presión o intimidación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Diputados:
Con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República reconoce el aumento histórico del salario mínimo, a cargo del senador Pedro Miguel Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Pedro Miguel Haces Barba, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce el aumento histórico al salario mínimo , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido al salario mínimo como “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.1
Bajo esta tesitura, el objetivo del salario mínimo es proteger a los trabajadores en contra del pago de remuneraciones indebidamente bajas. Además, la existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución del progreso. Asimismo, los salarios mínimos son un elemento integrante de políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad.
En este sentido, la figura del salario mínimo en nuestro país se establece por primera vez con la promulgación de la Constitución federal de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI, que señala:
“Artículo 123. ...
...
VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia” ....
...
En virtud de lo anterior, el 6 de septiembre de 1929, durante la presidencia del licenciado Emilio Portes Gil, fue publicada en el Diario Oficial la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política, que le da facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de nuestra ley fundamental.
De este modo, en agosto de 1931, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, fue promulgada la Ley Federal del Trabajo. Dos años más tarde, en 1933, el presidente interino Abelardo L. Rodríguez, creó una comisión del salario mínimo para promover la aplicación de los preceptos legales, lo que favoreció la entrada en vigor del primer salario mínimo, el 1 de enero de 1934, de 0.0015 pesos.
De igual modo, en estrecha concordancia con lo anterior, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo define al salario mínimo como:
“Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Es importante mencionar que el salario mínimo se ha fijado cada dos años desde 1934; sin embargo, después de 1976 se ha fijado cada año, aunque pueden ser revisados y modificados en cualquier momento siempre que la situación económica lo justifique.
Ahora bien, en los últimos 80 años la evolución del incremento al salario mínimo en nuestro país ha tenido tres grandes facetas. En la primera etapa, que va desde la década de 1950 hasta la segunda mitad de la década de 1970, el salario mínimo se cuadruplicó a la vez que la economía mexicana vivió su época de oro.
En 1981-1982, la crisis detonada por el colapso de los mercados internacionales del petróleo y de la deuda, junto con las políticas de estabilización adoptadas internamente para enfrentarla, inauguraron una segunda fase del salario minino. Esta fase estuvo marcada por su aguda y persistente contracción; el debilitamiento sindical en un mercado laboral desfavorable ante la baja actividad económica y la preocupación del gobierno por corregir las finanzas públicas y abatir la inflación acentuaron la política gubernamental de rezagar al salario mínimo compensándolo de manera muy insuficiente ante el alza de precios al consumidor.
Hacia finales de la década de los ochenta del siglo pasado, la actividad productiva en el país comenzó a repuntar y la inflación a estabilizarse en un bajo nivel. Pero la política de salarios mínimos siguió virtualmente como un instrumento de la política antiinflacionaria, y traicionó su misión original en el campo laboral y de protección de los ingresos.
A partir de entonces se abre una tercera fase. En ella, el salario mínimo en términos reales sigue una pauta descendente, pero a un ritmo mucho menos agudo que en los anteriores.
Para ejemplificar lo anterior, la siguiente tabla comparativa muestra los incrementos al salario mínimo desde 1950 hasta el recientemente anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador:2
Con base en lo anterior, es claro que en nuestro país existe una preocupación natural por mejorar el bienestar de la población con ingresos más bajos y, en especial, de la que se ubica en niveles de pobreza.
Por ello, es razonable que el gobierno federal implemente medidas y programas que busquen aumentar los ingresos de la población más vulnerable y, de ese modo, abatir los niveles de pobreza.
Por ello, el 17 de diciembre del año pasado, el titular del Ejecutivo dio a conocer la Nueva Política de Salarios Mínimos, en la cual se estipula el aumento de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos a partir del primero de enero del presente año; esto, tras el voto unánime de los representantes del sector obrero, patronal y gobierno.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó crear una nueva Zona Económica Salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, donde el salario diario será de 176.72 pesos .
En este contexto, es importante mencionar que este aumento al salario mínimo es una decisión histórica, pues desde 1995 no se había alcanzado el estándar de bienestar determinado por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), además de ser un acto que fortalece al gobierno y a la sociedad, de madurez política y de conciliación, que da confianza para mejorar las condiciones económicas y laborales del país.
De esta manera, el incremento al salario mínimo beneficia directamente a los trabajadores que ganen uno o menos de dos salarios mínimos. Esto es, que alrededor de 8 millones de empleados verán reflejado el aumento en sus salarios.
No obstante, la pobreza extrema se ha combatido de manera poco exitosa, pues aún siguen existiendo altos niveles. El 70 por ciento de los mexicanos sufre esa condición y es drásticamente vulnerable.
El reducido salario mínimo que perduró durante décadas en nuestro país fue el obstáculo más grande para disminuir los niveles de pobreza. Sin embargo, el nuevo régimen político en materia de salario mínimo es esperanzador para resolver esa problemática, ya que, sin este cambio, no podríamos esperar nada alentador para el futuro de nuestro país.
La sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para con los que menos tienen quedó de manifiesto con este importante aumento. Un esfuerzo que es parte de una estrategia de crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Por ello, en virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente Congreso de la Unión, en el ámbito de sus facultades, reconoce el aumento histórico al salario mínimo anunciado por el Ejecutivo federal.
Notas
1 Esta información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica: https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang—e s/index.htm
2 Esta información puede ser consultada en la siguiente liga electrónica:
http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_Indic adores/Documents/salarios_minimos_historico.xls
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los nueve días de enero de 2019.
Senador Pedro Haces Barba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a retirar definitivamente a la embajadora de México ante la República Bolivariana de Venezuela por la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2019, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su artículo 89, fracción X, los principios que el titular del Poder Ejecutivo federal debe observar en la formulación y la ejecución de la política exterior del Estado mexicano. En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el presidente de México debe actuar observando el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, lo cual significa que México asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites, ni fronteras, y que es mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde quiera que ocurran. Retirar al representante de México, con base en nuestra tradición diplomática y la propia doctrina Estrada, tal cual fue formulada en 1930, significa protestar por la ruptura del orden constitucional como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia en los casos de España, Chile, Nicaragua y el Salvador.
Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, para acompañar los esfuerzos de diálogo y entendimiento y apoyar la solución a la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos y por la que miles salen huyendo a diario.
Lamentablemente, el nuevo gobierno mexicano ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer lugar, invitando a Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En segundo término, al no suscribir la declaración del Grupo de Lima y tercero, anunciando que mantendrán relaciones diplomáticas con este país y por tanto que la embajadora Eréndira Paz seguirá, en principio, al frente de la embajada de México en Caracas. Finalmente, y ante la ausencia de la propia embajadora Eréndira Paz quien se encuentra esta semana en la Ciudad de México participando de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, al informar que a la toma de protesta ilegal e ilegítima de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero de 2018 acudirá en representación del Estado mexicano, el encargado de negocios en la embajada de nuestro país en Venezuela, el ministro Juan Manuel Nungaray.
Esta regresión democrática se explica en el discurso presidencial anteponiendo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos por encima del respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, utiliza la no intervención como pretexto para no pronunciarse ni tomar ninguna determinación ante la violación de derechos humanos de los venezolanos ni frente a la evidente ruptura del orden constitucional y la instauración de la dictadura de Nicolás Maduro.
También es totalmente contradictorio lo que mencionó el Canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules “No intervención no significa pasividad, pero sí respeto a los países. Los derechos humanos nos preocupan esencialmente, este gobierno tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”.
Este gobierno margina deliberadamente a México dejando de lado el liderazgo reciente del país en los esfuerzos del Grupo de Lima por buscar una solución pacífica y negociada, pero sin concesiones a ninguna agenda autoritaria.
Quedará para la historia que este gobierno, el de la así llamada “cuarta transformación”, representa una regresión democrática porque ha decidido ser cómplice de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos al ponerse del lado de Nicolás Maduro y sus aliados, y dándole la espalda al pueblo venezolano.
Quien ha sido nombrado subsecretario para América Latina y el Caribe y aún no ratificado por el Senado de la República en el cargo, Maximiliano Reyes, leyó el posicionamiento del gobierno por el que señala que el Grupo de Lima debe colaborar con la mediación y el diálogo sin precisar que es justamente lo que han venido haciendo los 14 países incluído México durante los últimos 18 meses, al llamar al reestablecimiento del orden constitucional sin éxito.
El día de mañana todos seremos testigos de como se consuma la usurpación de la presidencia de Venezuela en manos de Nicolás Maduro.
La única institución democrática vigente en Venezuela –la Asamblea Nacional– hace apenas unos días, el sábado 5 de enero, declaró ilegítima la elección para un segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro y acusó que de protestar como Presidente, Maduro estará usurpando la presidencia de dicho país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró que el segundo mandato de Maduro representa en sí mismo una ruptura del orden constitucional y en nombre de los integrantes del órgano legislativo aseguró que Nicolás Maduro está por iniciar una dictadura.
Estos hechos no nos resultan ajenos a nuestra propia historia. Lo dicho por Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del senador Belisario Dominguez y del diputado Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a retirar definitivamente a la embajadora del Estado mexicano ante la República Bolivariana de Venezuela como medida de protesta por la ruptura del orden constitucional.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a abstenerse de participar en cualquier acto en el que se encuentre presente Nicolás Maduro.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a conducirse conforme al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a conducir una política exterior de Estado y no del gobierno en turno, especialmente en lo que se refiere al principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de México a apoyar la solicitud a la Corte Penal Internacional para que investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Quinto. La Comisión Permanente de la honorable Congreso de la Unión lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima sobre la crisis venezolana. En consecuencia, cita al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante esta soberanía a efecto de aclarar las razones de esta decisión y la estrategia a adoptar por parte del Estado mexicano frente a la crisis constitucional venezolana.
Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión resuelve enviar un mensaje de felicitación y respaldo a Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Séptimo. La Comisión Permanente de la honorable Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo venezolano y exige la liberación inmediata de los presos políticos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Las legisladoras y los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la Sener y de Pemex para informar sobre las razones del problema en la distribución de combustibles, suscrita por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cierre de las terminales de almacenamiento y reparto a través de los ductos de Pemex ha provocado un grave desabasto de gasolina en ocho entidades de la República Mexicana: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, estado de México y Jalisco, Puebla y Guerrero, desde el pasado 31 de diciembre.
El argumento que ha esgrimido el gobierno federal ha sido un cambio en la distribución del combustible para enfrentar el huachicoleo y, con ello, evitar pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos.
En este sentido, Petróleos Mexicanos (Pemex) limitó el abasto de la gasolina regular en las zonas de distribución y determinó cerrar las válvulas de los ductos principales que llevan la gasolina a las terminales de almacenamiento, con la idea de mermar el robo de gasolina por parte del crimen organizado que ha hecho de esta actividad una muy rentable para su causa.
Esta medida ha provocado retrasos en la distribución de combustible en la primera semana de enero de 2019, lo que ha afectado de manera muy importante a las estaciones de servicio, así como un gran malestar social entre los pobladores de las entidades federativas afectadas. La gasolina en México por primera vez se está racionalizando con la venta entre 10 y 20 litros por automóvil, tan solo comparable con las medidas que el gobierno venezolano ha realizado para fijar topes a la venta de gasolina desde 2017.
En este sentido, consideramos que es importante que Petróleos Mexicanos (Pemex) plantee y haga del conocimiento público la estrategia que seguirá en los próximos días para restablecer el suministro de combustible en los estados afectados lo más pronto posible para evitar una crisis social.
Si bien es cierto que el combate al robo de combustible es loable y digno de reconocimiento, también lo es que la medida para el evitar el desabasto de combustible no fue bien planeada y que este problema originado por el gobierno federal está ocasionando graves perjuicios a cientos de miles de ciudadanos en diferentes estados de la República Mexicana.
Resulta inconcebible que la falla en la logística para el abasto de gasolina, tras el cierre de ductos que transportaban el combustible, lo estén pagando los ciudadanos. La situación se agrava cuando escuchamos de parte del propio titular del Ejecutivo federal que el desabasto de combustibles continuará cuando se detecte baja presión en los ductos de suministro para combatir el robo de gasolinas y diésel, al tiempo de retar a los huachicoleros a “no jugar a las vencidas”.
De ahí nuestro llamado para que las autoridades competentes afinen la estrategia para lograr un adecuado suministro de combustibles dentro de su estrategia al robo de gasolinas, ya que de lo contrario la situación prevaleciente seguirá afectando la economía de la población y podría agravar las riñas entre la población, como la reportada el pasado 7 de enero en el estado de Michoacán.
Son muchos los llamados por parte de las autoridades locales ante la federación para que el abasto de gasolinas y diésel se regularicen a la brevedad. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos unimos a esas voces y solicitamos se expliquen las razones que provocaron el problema en la distribución de combustibles, así como la estrategia que se seguirá en los próximos días para restablecer su suministro en los estados afectados.
De igual forma, hacemos un llamado enérgico al gobierno federal para evitar un posible aumento en el precio de la gasolina originada por el desabasto o como consecuencia del traslado de combustibles vía terrestre a través de pipas, que pudiera derivar a su vez en la venta ilegal de combustibles en el “mercado negro”, así como en compras de pánico que generen un incremento en los precios de los productos de la canasta básica.
El actual gobierno no solo no cumplió con la promesa de bajar el precio de las gasolinas que sostuvo su candidato a lo largo de la campaña presidencial, sino que, por el contrario, ha tomado decisiones erráticas que alteran el abasto de combustibles en el mercado, lo que puede derivar en un alza generalizada de precios al consumidor afectando la economía familiar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Energía, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que informen de manera inmediata a esta soberanía las razones que provocaron el problema en la distribución de combustibles, así como la estrategia que se seguirá en los próximos días para restablecer su suministro en los estados afectados.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a evitar un posible aumento en el precio de la gasolina originada por el desabasto o el traslado vía terrestre a través de pipas que pudiera derivar en la venta ilegal de combustibles en el “mercado negro”, así como compras de pánico que generen un incremento en los precios de los productos de la canasta básica.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores:
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit y la Condusef a atender las presuntas irregularidades contra los derechohabientes de la unidad habitacional Tepozanes afectados por los sismos de septiembre de 2017, suscrita por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En septiembre de 2017, nuestro país sufrió los estragos de fuertes sismos que ocasionaron la lamentable pérdida de decenas de vidas y cuantiosos daños materiales.
Una vez más, como hace 33 años, la solidaridad y apoyo del pueblo de México se desbordó para auxiliar de manera inmediata a las miles de familias que resultaron afectadas. El mundo entero fue testigo de la grandeza de los mexicanos; las calles se llenaron de héroes anónimos, que dejaron todo para salir a apoyar a quienes más lo necesitaban.
Sin embargo, la respuesta del gobierno federal no estuvo a la altura que las circunstancias que dicha emergencia requería. En más de 16 meses, el gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto no fue capaz de brindar una respuesta oportuna a los damnificados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sólo levantó información en 50 por ciento de los municipios y delegaciones con declaratorias de desastre natural y emergencia extraordinaria.
Asimismo, en los municipios con declaratoria de emergencia sólo obtuvo información de 172 mil 26 de las 4 millones 654 mil 95 viviendas existentes y 4.2 por ciento de la población.1 Estos datos son preocupantes, porque los apoyos federales se entregaban sólo a los damnificados que se encontraban censados por la Sedatu.
En el Distrito 39 federal, al cual represento, la unidad habitacional Tepozanes, ubicada en avenida Siervo de la Nación, colonia Floresta, en el municipio La Paz, estado de México, en el que se encuentran edificados aproximadamente 1 mil 500 departamentos en seis secciones, fue uno de los inmuebles que sufrió mayores daños a consecuencia de los sismos.
Cabe destacar, que esta unidad habitacional fue edificada entre 1993 y 1994 sobre terrenos que presentaban fallas geológicas, aspecto que desconocían los vecinos al momento de adquirir su crédito hipotecario con el Infonavit.
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México e instituciones de Protección Civil del Estado de México analizaron la magnitud de los daños provocados por los sismos de septiembre de 2017 y declararon como pérdida total las edificaciones de la unidad habitacional Tepozanes.
Ante la falta de una respuesta oportuna de las autoridades del gobierno anterior, los vecinos se han manifestado en las oficinas del Infonavit para exigir una indemnización o reubicación debido a que su patrimonio resultó dañado por el sismo.2
En marzo de 2018, el Infonavit emitió las cartas de suspensión de pagos para los titulares con créditos vigentes. Asimismo, en el mes de agosto del mismo año, la aseguradora Atlas realizó los censos de los damnificados y entregó el documento que acredita la pérdida total, con ello, los beneficiarios podrían optar por la liquidación del crédito o la sustitución de la garantía con la adquisición de otra vivienda.
No obstante, en los hechos, la aseguradora Atlas y las entonces autoridades del Infonavit interpusieron diversos obstáculos para que los damnificados no pudieran optar por la sustitución de otra vivienda, lo cual resulta muy grave en virtud de que con la liquidación del crédito, el remanente no es suficiente para la adquisición de otro inmueble. Basta señalar que, la mayor la liquidación que han obtenido algunos damnificados ha sido de 280 mil pesos e incluso se han presentado casos en los que se les han entregado 10 mil pesos.
A los vecinos que no han aceptado la liquidación del crédito, se les sigue realizando la retención del pago de su crédito esto a pesar de contar con la carta de suspensión de pagos.
Por otra parte, los vecinos que ya han liquidado el crédito de sus vivienda y que ya no cuentan con un seguro, también necesitan apoyo por parte del Instituto, ya que como lo señalamos anteriormente, la unidad habitacional Tepozanes fue construida sobre terrenos con fallas geológicas, por los que adquirieron estos inmuebles desconocían dichos vicios ocultos.
Como legisladores, no podemos ser omisos ni indiferentes ante la situación por la que atraviesan los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. Es por ello, que resulta apremiante que se les brinde una solución a los habitantes de la unidad habitacional Tepozanes quienes en algunos casos han perdido el patrimonio producto de una vida de trabajo o que hoy se encuentran en riesgo ante el deterioro de sus departamentos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y, en su caso, dé respuesta a las presuntas irregularidades en las que incurrieron las autoridades del Instituto durante la administración anterior en contra de los derechohabientes de la unidad habitacional Tepozanes que resultaron afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que brinde el apoyo necesario a los derechohabientes de la unidad habitacional Tepozanes que resultaron afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 a fin de que la aseguradora Atlas otorgue a los damnificados que cuentan con su constancia de pérdida total la sustitución de la garantía con la adquisición de otra vivienda.
Notas
1 “Sedatu no censó todas las viviendas afectadas por los sismos de 2017”: Auditoría. El Universal, <
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
sedatu-no-censo-todas-las-viviendas-afectadas-por-sismos-de-2017-auditoria Consultado el 4 de enero de 2018.
2 “Damnificados exigen indemnización de sus viviendas frente al Infonavit”, Excélsior,
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/damnificados-exigen-indemnizacion-de-sus-viviendas
-frente-al-infonavit/1254777 Consultado el 4 de enero de 2018.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días de enero del 2019.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a revisar la logística del servicio de abastecimiento de gasolina, principalmente en Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, suscrita por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, así como a su Consejo de Administración para que revise la logística del servicio de abastecimiento de gasolina principalmente en los estados de Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes; así como verificar el abasto de gasolina en los demás estados de la federación, todo lo cual, en virtud de lo que se expresa en la siguiente la siguiente
Exposición de Motivos
1. La gasolina es un insumo estratégico y básico para la actividad de la vida de las personas, ya que con ella se llevan a cabo muchas de las actividades que en el mundo actual son importantes tanto para el desarrollo de la persona como para sus actividades productivas.
Es por esta situación que si el gobierno no asegura este insumo básico a los estados de la república y a sus regiones no estaría cumpliendo con su función prioritaria de asegurar los elementos mínimos que den la posibilidad de tener una igualdad en las personas y en las distintas zonas del país, con lo que la desigualdad económica, cultural y social entre zonas de la federación se puede hacer aún más grande.
2. En este sentido, les informo como buena parte de ustedes ya se han dado cuenta que, en los últimos días, en siete estados de la federación hay desabasto de gasolinas, lo que ha ocasionado un grave trastorno no solo para el día a día de sus habitantes, sino también en las actividades económicas y sociales, así como la afectación de los servicios públicos que requieren de este insumo.
3. Según argumenta el titular del Ejecutivo federal, la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos días ha cerrado los ductos por donde se trasportan las gasolinas como medida para evitar el robo de los combustibles –práctica conocida como huachicoleo.
A su vez, esta acción es el principal origen del desabasto de las gasolinas y, a su vez, ha provocado el fenómeno de las compras de pánico originando que se formen largas filas en las estaciones de servicio.
4. En este sentido, hubiera sido muy importante que se hubiera realizado un estudio serio de planeación y prospectiva para poder haber identificado este problema y con esto controlar los riesgos y los daños que hoy se están causando a la actividad económica y social en los estados señalados anteriormente.
5. Bajo esta perspectiva, quisiera poner a su consideración compañeros senadores, las obligaciones que al respecto la ley le impone a Petróleos Mexicanos tanto a sus directivos como a su Consejo de Administración:
Ley de Petróleos Mexicanos
Título Primero
De Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado
Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 25, Párrafo Cuarto, de la Constitución y del Transitorio Vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos
Artículo 5. Petróleos Mexicanos tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos, así? como su recolección, venta y comercialización.
Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes:
I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios relacionados con dichas actividades;
Artículo 13. El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:
XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos;
XIX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.
6. Como podemos observar, Petróleos Mexicanos no está cumpliendo con los estándares comerciales que le exige la ley a la empresa productiva del Estado, ante esta situación también exhortamos al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que intervenga en la solución en esta problemática que aqueja a los siete estados señalados previamente con los impactos sociales y económicos que esto ha generado como es el caos y la tensión social que empieza a ser cada vez más intensa en varias regiones del país.
7. En este contexto, hay que decir que el Consejo de Administración es el órgano supremo de administración de Pemex y una de sus funciones es evaluar y verificar el buen funcionamiento de la empresa, por esta razón le exhortamos a que ejerza sus funciones de revisión de la dirección general y de sus direcciones, así como de sus políticas y estrategias, principalmente la de logística y abastecimiento de gasolina que tiene importantes deficiencias como lo demuestran los últimos hechos verificados en la realidad nacional.
8. En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, así como a su Consejo de Administración, para que revise la logística del servicio de abastecimiento de gasolina, principalmente en los estados de Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, así como verificar el abasto de gasolina en los demás estados de la federación, ya que el desabasto actual ha ocasionado la paralización de las actividades de la población con importantes repercusiones económicas y sociales para el ciudadano.
Ciudad de México, a 9 de enero de 2019.
Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SHCP y la CRE a comparecer ante esta soberanía para explicar por qué los precios de la gasolina y el diésel no han descendido, a cargo de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD
La y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera Espinosa, José Ricardo Gallardo Cardona, Verónica Beatriz Juárez Piña y Omar Abed Maceda, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se cita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Urzúa Macias; así como al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, licenciado Guillermo García Alcocer, a comparecer ante esta soberanía, para explicar, las razones por las que los precios de la gasolina y del diésel, no han descendido, aun cuando el precio del barril de petróleo, elemento principal en la composición del precio de las gasolinas, cayó en diciembre, más de 15 dólares, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), que es aplicado a las gasolinas Magna y Premium, y al diésel, aumentará a partir del 1 de enero de 2019.
Lo anterior, de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF): “Las cuotas aplicables a los combustibles automotrices, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entregarán en vigor a partir del 1 de enero de este año”.
2. Este hecho no es novedad, pues desde el 27 de diciembre de 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se estableció que cada fin de año se debería actualizar el monto del IEPS, así como los estímulos fiscales para esta materia. Aunque lo que es novedad es que ahora se refrende sin ninguna ambages.
3. Conviene recordar, asimismo que, a una semana de asumir la titularidad de la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminó el subsidio al impuesto especial sobre productos y servicios a gasolinas, que se venía aplicando en todo el territorio nacional.
4. Y para el arranque de 2019, decretó el aumento inflacionario en gasolinas y diésel, el cual, hay que dejarlo en claro, elimina los subsidios a las gasolinas y el diésel, por lo que el consumidor asumirá el costo total del IEPS. Es decir el “ganso-linazo”.
5. Lo controversial, más allá de la mera critica a sus promesas de campaña de eliminar los gasolinazos, -por su inoperancia-, radica en que el precio del barril de petróleo no ha frenado su racha a la baja durante todo diciembre, incluso, durante todo el año. Por ejemplo, el pasado viernes (28-12-2018), el barril de petróleo mexicano, cerró a 44.69 dólares por barril de petróleo (dbp), más 15 dólares por debajo del promedio de noviembre 60.69 dbp, según cifras de Pemex. En este sentido, otros referentes de precios son los de los tipos WTI y Brent que a lo largo de 2018, en promedio, retrocedieron 25.1 por ciento y cerraron el año en 45.29 y 51.57 dólares por barril respectivamente (ver Gráfica 1).
Gráfica 1. Precio spot del WTI y del Brent de diciembre de 2017 a diciembre de 2018(Dólares por barril)
Fuente: Elaboración propia con información de la Energy Information Administración (EIA). Disponible en
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_w.htm. Consultado el 7 de enero de 2019.
6. Frente a esta evidencia, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, alertamos ante una caída generalizada del precio del petróleo y la liberación de los precios de la gasolina y el diésel, promulgada en la reforma energética de 2014 –y ahora, validada y refrendada por la actual administración gubernamental– los precios de los combustibles automotrices no han tenido un comportamiento similar, hacia la baja.
Así pues, éstos debieron haber disminuido pues su costo, es decir, el precio de importación, se contrajo, todo el mes de diciembre, como reflejo, igualmente de la tendencia declinante de la cotización del precio internacional, que en términos porcentuales, retrocedió, el último mes de 2019, más de 25 por ciento.
7. Sin embargo, no sólo no descenderá en 2019, sino que, por el contrario, al aplicar Hacienda, eso sí, el ajuste inflacionario a las cuotas respectivas relativas vigentes, a las gasolinas y el diésel, estipuladas en la Ley del Impuestos Especial sobre Productos y Servicios, a las gasolinas y diésel, éstas, se incrementarán.
8. Así, con este mecanismo, las cuotas reflejaran las siguientes alzas:
a. La cuota para la gasolina Magna pasa de 4.590 pesos por litro a 4.810 pesos, que se deberá pagar a partir del 1 de enero y hasta el 11 de enero de 2019.
b. La Premium tendrá una cuota por el impuesto de 4.060 pesos por litro, que es mayor a los 3 mil 880 pesos que están pagando todavía la semana anterior.
c. Al diésel la cuota del IEPS determinada para los primeros 11 días del año nuevo será de 5.280 pesos por cada litro.
9. Estas acciones son preocupantes, en la medida, en que la instrumentación de la política hacendaria, por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaria de Hacienda, está aplicando abiertamente una política con fines recaudatorios, en lo que se refiere al IEPS a gasolinas y diésel, lo cual impacta negativamente en forma generalizada en detrimento de los bolsillos de todos los consumidores.
Lo anterior, vale resaltar, totalmente contrario , a lo que en su campaña, el presidente Obrador, prometió eliminar, conjuntamente con los candidatos de Morena.
10. De acuerdo con cifras del Informe de las Finanzas Públicas y Deuda para noviembre de 2018, se advierte, que, de octubre a noviembre, cuando se eliminó el subsidio (estímulo fiscal) del 24 al 31 de noviembre de 2018, la caída de la recaudación de este impuesto se detuvo y revirtió su trayectoria, al pasar de -23 a -20 por ciento. Lo que, en términos absolutos, significo, mejorar favorablemente, en mil quinientos millones respecto al mes anterior (octubre, al pasar de una pérdida de 34 mil novecientos millones de pesos a 33 mil 400 millones de pesos.
Por lo expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Urzúa Macías; así como al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, licenciado Guillermo García Alcocer, a comparecer ante esta soberanía, para explicar, por qué los precios de la gasolina y el diésel, no han descendido cuando el principal factor para la determinación del precio de las gasolinas, ha caído en diciembre, más de 15 dólares por barril de petróleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Senadores:Diputados:Con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a implantar acciones para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los delitos, suscrita por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, a que a la brevedad, implementen las acciones que resulten eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos y de la violencia que actualmente imperan en dicha entidad federativa, para el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas, de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
Diversos sectores de la sociedad mexicana percibieron que la administración pública federal del anterior gobierno se caracterizó por la debilidad institucional, situación que afectó y sigue afectando la vida de las y los mexicanos.
Esta debilidad institucional se apreció con más fuerza en el aumento de la inseguridad y de la criminalidad que impera en la mayoría de las entidades federativas de la república mexicana.
De acuerdo con el índice de Paz México 2018, el 2017 había sido el año más violento del que se haya tenido registro, toda vez que ocurrieron 29 mil asesinatos, lo que implica un aumento de 25 por ciento respecto a 2016, pero derivado de diversas notas periodísticas, todo indica a que 2018 fue el más violento.
El índice Global de Paz de 2018, colocó a México en la posición 140 de 163 países, esto deja en claro que la estrategia implementada en nuestro país por los gobiernos federales anteriores que consistió en supuestamente perseguir y poner en prisión a las cabezas de las organizaciones criminales, sólo generó que muchos de sus integrantes asumieran el liderazgo de dichos grupos o que los mismos se escindieran, conformando más grupos delincuenciales.
Esta errada estrategia disparó los niveles de violencia en todos los ámbitos y en las distintas regiones del país, lo que afectó negativamente a la inversión y al desarrollo nacional, los efectos de la violencia han generado grandes pérdidas económicas a nuestra nación por aproximadamente 4.72 billones de pesos, es decir el 21 por ciento del producto interno bruto, cifra que es 8 veces mayor a la invertida para el funcionamiento del sector salud, lo que representa un deterioro en la paz y tranquilidad de nuestra nación.
Los hechos violentos y sobre todo, la falta de efectividad en su disminución, nos dejan ver que los miembros de los grupos delincuenciales se aprovecharon de la debilidad de las instituciones de procuración de justicia federal y de las entidades federativas, lo que se refleja en los altos niveles de impunidad que se han registrado año con año.
La violencia va en aumento no sólo en las calles, sino también se percibe en distintos ámbitos de la vida social, ejemplo de esto, es la proliferación de la violencia intrafamiliar, del bullying escolar, así como de diversas conductas antisociales materializadas no sólo por adultos, sino que replicadas por los infantes y adolescentes.
Derivado de la incapacidad de las anteriores administraciones por mantener el “estado de derecho”, la sociedad mexicana se siente acorralada, mantiene un sentimiento de inseguridad y de temor por el aumento de la criminalidad desmedida, así como la impunidad para castigar a los responsables de los delitos.
Si bien el aumento de la violencia y de la criminalidad no se da en la misma medida en todas las entidades federativas que integran nuestro país, si se ha podido establecer que en estados de la república que se consideraban tranquilos la situación ha cambiado dramáticamente en los últimos 12 años.
Este cáncer que representan los altos niveles de violencia y del aumento de la criminalidad también ha contagiado a diversas entidades federativas, entre las que se encuentra el estado de Oaxaca, que pese a ser un estado que cuenta con una pluralidad de culturas, tradiciones, costumbres y gastronomía sumamente enriquecedora, en 2016 comenzó a registrar más de mil homicidios dolosos en ese año, de acuerdo a registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el mes de septiembre del presente año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, elaborada por el Inegi, mostró que 76.6 por ciento de la población oaxaqueña de 18 años o más, consideró que Oaxaca se había convertido en una entidad insegura por las conductas delictivas o antisociales como el aumento del consumo de alcohol y drogas, robos, pandillerismo, aumento en la generación de bandas delincuenciales, en la venta de narcóticos, entre otros delitos.
En Oaxaca, 91.3 por ciento de los delitos cometidos no son denunciados, pese a que en 2017 se estima que hubo al menos 17 mil 735 víctimas por cada 100 mil habitantes, siendo una de las motivaciones para no denunciar, la desconfianza que sienten las víctimas hacia la autoridad.
Pareciera que este aumento de la criminalidad y de la inseguridad en Oaxaca no es reportada debidamente por el gabinete de seguridad al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ya que en su segundo Informe de Gobierno no hizo notar el aumento de la violencia en diversos municipios de la entidad.
En dicho Informe de Gobierno se pasó por alto mencionar que en Oaxaca se registran 128 delitos diariamente y en promedio 4 asesinatos cada 24 horas, lo que genera que la mayoría de la población de la entidad viva en zozobra y con miedo de ser víctima de la delincuencia que se ha dejado sentir con más fuerza en los últimos tres años.
A todas y todos los oaxaqueños nos preocupa que las ejecuciones se disparen cada día que pasa, nos resulta alarmante ver que se registren ejecuciones en diversos municipios como los del istmo, ejemplo de esto es Juchitán, o en la cuenca del Papaloapan, como Tuxtepec, municipio que hasta hace unos años se había distinguido por ser apacible, otro ejemplo del aumento de la criminalidad y de los hechos de sangre en la entidad, fue el ataque que sufrieron el primero de enero de este año el presidente municipal y un síndico procurador del ayuntamiento de Tlaxiaco, de nombres Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, que a causa de las heridas por arma de fuego que recibieron perdieron la vida dichos servidores públicos municipales, hecho en el que también resultaron más personas heridas.
Resulta sumamente preocupante e indignante que Alejandro Aparicio Santiago, momentos después de haber rendido su protesta como presidente municipal de Tlaxiaco y al dirigirse a una reunión de trabajo en las oficinas del ayuntamiento de dicho municipio, haya sido atacado y herido de gravedad con armas de fuego, para fallecer minutos después en un hospital de dicha localidad, mientras que el síndico Perfecto Hernández Gutiérrez falleció al día siguiente por la gravedad de sus heridas, situación que genera gran pesar e indignación a todos los militantes de Morena en la entidad y a nivel nacional ante la falta de respuesta efectiva por las autoridades.
Los oaxaqueños sentimos que nuestras autoridades encargadas de la seguridad pública estatal y municipal han demostrado incapacidad e indolencia ante el aumento de los homicidios y otros delitos, como lo demuestran las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de enero a octubre del 2018, señalan que por lo menos unas 992 personas han sido víctimas de homicidio doloso en la entidad y se estima que 60 por cierto de estos homicidios son cometidos por la delincuencia organizada, como lo ha mencionado la organización Semáforo Delictivo, que señala que la incidencia delictiva ha aumentado en los 11 meses del presente año, aumentando la comisión de homicidios en 28 por ciento, ya que actualmente se comenten diariamente 4 de estos crímenes.
El aumento de la criminalidad muestra la existencia de fallas graves en la seguridad pública de Oaxaca que en el primer semestre de 2018 dejaron registros de la comisión de 21 mil 159 delitos del fuero común, y en los últimos dos años se han registrado casi 232 feminicidios, por lo que se implementó la alerta de género en la entidad, sin que la Fiscalía General del estado reconozca este repunte.
De igual manera resulta tardía la reacción de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que pasa por alto su función preventiva del delito e implementa operativos hasta después de que se llevan a cabo ejecuciones en la cuenca del Papaloapan y en el istmo, regiones que registran altos niveles de incidencia delictiva, lo que requiere una implementación inmediata de acciones para frenar el aumento de violencia y criminalidad que está enfrentando Oaxaca.
Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y de los tres niveles de gobierno, exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, a que a la brevedad, implementen las acciones que resulten eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar el aumento de los hechos delictivos y de la violencia que actualmente imperan en dicha entidad federativa, para el restablecimiento de la paz y la seguridad públicas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y de los tres niveles de gobierno, exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca y a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho estado, para que en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, formulen y ejecuten las acciones necesarias para revertir el aumento de los delitos y de la violencia que se están registrando en el estado de Oaxaca.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que instruya a las autoridades de Procuración y Administración de Justicia de dicha entidad para que a la brevedad realicen las investigaciones que resulten conducentes para esclarecer los hechos y sancionar al responsable o responsables del homicidio de los ciudadanos Alejandro Aparicio Santiago y Perfecto Hernández Gutiérrez, quienes fueron atacados y heridos de gravedad el primero de enero de 2019, momentos después de que el primero de los mencionados había rendido su protesta como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca.
Dado en el salón de la Comisión Permanente, el nueve de enero de dos mil diecinueve.
Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE a efecto de que por los conductos diplomáticos, México ajuste su actuar al cumplimiento de los derechos humanos y el ejercicio del estado de derecho en la crisis que agobia a los nicaragüenses, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 27 de diciembre de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio de procedimiento de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que establece en su artículo 21 que cuando la Asamblea General constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros.
El secretario general de la OEA argumentó que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha provocado “una alteración del orden constitucional”, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por crímenes “de lesa humanidad” contra la población nicaragüense desde el estallido social de abril pasado.
En abril de 2018 iniciaron una serie de protestas en Nicaragua con motivo de un incendio en una reserva natural, conocida como de Indio-Maíz, dicho incendio ocurrió en una de las más grandes reservas de aquel país, sin ser sofocado debidamente. Tras ese incendio y con varias protestas en marcha, el gobierno publicó en el diario oficial, una reforma en materia de seguridad social que incrementaba las aportaciones de los trabajadores y empleadores, además de establecer una retención de 5 por ciento de la pensión de las personas jubiladas; produciendo protestas pacíficas convocadas por estudiantes universitarios y personas mayores.
Después de una irrupción policial a la Universidad Centroamericana en Managua, las protestas en Nicaragua se extendieron a diversas localidades del país como León, Masaya, Granada, Matagalpa, Estelí, Carazo, Rivas, Bluefields, Ocotal y Camoapa y a otras ciudades. En Managua, las protestas se ampliaron en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo con el informe Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada. Asimismo, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.
Ante tales hechos, el pasado 16 de julio los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración especial ante la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua y condenaron los hechos de violencia que han provocado la pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, así como la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil. Dicha propuesta fue presentada por nuestro país ante la asamblea de la OEA, aprobándose en sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
Las represiones de las protestas ciudadanas fueron creciendo a lo largo de los meses, razón que obligo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertara sobre el nulo avance sobre la mejora y protección de los derechos humanos en Nicaragua.
En el informe presentado sobre el análisis de los derechos humanos en Nicaragua manifiestan lo siguiente: “La OACNUDH sigue profundamente preocupada por las restricciones persistentes e ilegítimas de los derechos humanos y las libertades, la continua reducción del espacio democrático y la falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”.
El Estado mexicano no puede permanecer omiso ante tales violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ni en cualquier otra parte del mundo, tampoco debe de estar ausente de las opiniones de países hermanos que se manifiestan al respecto.
El Partido Acción Nacional manifiesta su respaldo a la solicitud del secretario general de la OEA para que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a la República de Nicaragua a causa de la grave y sistemática violación de derechos humanos en aquel país centroamericano.
En el mismo sentido, expresa su extrañamiento por la postura del Gobierno de México en la última reunión del Grupo de Lima la cual lejos de abonar a una salida democrática y constitucional a la crisis humanitaria que vive la República Bolivariana de Venezuela, representa un reconocimiento de facto al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Finalmente, el Partido Acción Nacional expresa su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos a nivel regional como el único medio para alcanzar el desarrollo y prosperidad de todos los pueblos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los conductos diplomáticos México actúe ajustado al cumplimiento de los derechos humanos y al ejercicio del estado de derecho sobre la crisis que agobia a los nicaragüenses.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y la Cofepris a intervenir en la atención médica de los bebés contagiados por la bacteria Klebsiella en el área de cuneros patológicos del hospital general de zona 72 del IMSS, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Diversos medios han documentado que ocho menores recién nacidos resultaron contagiados por la bacteria Klebsiella en el área de cuneros patológicos del Hospital General de Zona 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, estado de México.1
De acuerdo con los especialistas, esta batería provoca fiebres, hemorragias internas, baja de plaquetas, anemias y hasta la muerte.2
El brote de dicha bacteria ha dejado hasta el momento dos bebés muertos. Uno falleció en el área de cuneros del hospital mencionado, de donde se gestó el brote, y el otro murió luego de ser trasladado a un nosocomio de La Raza.3
Se trata de una situación lamentable que demanda una investigación por parte de las autoridades correspondientes, con la finalidad de sancionar a las personas que por acción u omisión resulten responsables.
Al respecto, se señala que personal médico informó a los padres de familia del contagio de los ocho menores y que requerían de donadores de plaquetas, plasma y sangre, toda vez que el nosocomio no cuenta con banco de sangre. Además, se necesitaba un medicamento denominado colistina meropenem, el cual, según el personal directivo de dicho hospital, no está disponible en México y que prácticamente es imposible conseguirlo.4
Ante esta grave situación, y debido a que los bebés llevan infectados más de un mes, los padres se dieron a la tarea de buscar el medicamento, el cual fue encontrado el jueves pasado.
Las afirmaciones de las autoridades del IMSS han sido contradictorias, lo que resulta sumamente grave cuando se trata de la salud y la vida de las personas.
Apenas la noche del domingo 6 de enero, el coordinador de comunicación social del IMSS dio a conocer que “con apego a protocolo clínico se atiende el brote infeccioso en el cunero” y que “mantienen contacto permanente con los padres, a quienes se les ha informado que existe medicamento suficiente para el tratamiento y se implementan estrategias para restableceré a la brevedad la salud de los infantes”.5
Los padres de familia afectados y la sociedad mexicana merecen una explicación de parte de las autoridades correspondientes sobre estos lamentables hechos, los cuales no pueden seguir ocurriendo en ningún centro de salud del país.
En este contexto, resulta necesario y urgente que los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios intervengan en la atención médica de los bebes contagiados, así como hacer una investigación sobre los hechos, con el objeto de sancionar a los responsables por acciones u omisiones, ya que se presume de negligencia médica.
Históricamente, el IMSS ha constituido una institución de la mayor trascendencia y presencia en la atención a la salud y en la protección social de las familias mexicanas, por lo que no podemos permitir que situaciones de negligencia médica –como se presume en este caso- desprestigien su importante labor.
En tal virtud, es necesario fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y protección a la salud, así como de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, con el objeto de garantizar el acceso a este derecho fundamental a todas y todos los mexicanos, como lo establece nuestra Constitución Política.
Según el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cocepris), este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud tiene como principales atribuciones las siguientes: Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables; elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los casos que proceda, las normas oficiales mexicanas; conducir el sistema federal sanitario; identificar, analizar evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios; expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, entre otras.6
La salud es un derecho humano universal de los individuos, el cual permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, que contribuyen al mejoramiento de su bienestar y calidad de vida.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que intervengan en la atención médica de los bebes contagiados por la bacteria Klebsiella en el área de cuneros patológicos del Hospital General de Zona 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, para que se realice una investigación respecto a este hecho y se sancione a los responsables por acciones u omisiones.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que fortalezca las acciones en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en el país.
Notas
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/05/muere-un-bebe-y-7-mas-se- contagian-en-cunero-del-imss-en-edomex-9755.html
2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/06/imss-confirma-contagio-in feccioso-en-7-bebes-de-uno-de-sus-cuneros-1721.html
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/deja-dos-bebes-muertos-brote-d e-bacteria-en-hospital-del-imss
4 http://escuadrontv.com/2019/01/03/recien-nacidos-en-peligro-de-muerte-e n-clinica-72-del-imss/
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/06/imss-confirma-contagio-in feccioso-en-7-bebes-de-uno-de-sus-cuneros-1721.html
6http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/r130404. html
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir por la Coordinación Nacional de Protección Civil la declaratoria de emergencia en apoyo de los productores agrícolas, suscrita por la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Hildelisa González Morales, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Los últimos días de diciembre del 2018 y los primeros días de enero de 2019 se presentaron heladas atípicas en el estado de Sonora, que causaron afectaciones a personas individualmente consideradas, pero también a los productores agrícolas que en muchos de los casos perdieron sus cosechas.
Los distritos de riego donde los productores agrícolas resultaron afectados son Rio Mayo y Fuerte Mayo.
El estado de Sonora es una zona en la que sus productos generan un fuerte ingreso al país por la exportación de sus productos y que surten también al mercado nacional.
Las heladas afectaron a los productores y ahora se tendrán que importar productos equivalentes para compensar las pérdidas producidas, sin embargo, el Estado mexicano tiene que ser solidario con los afectados y la Coordinación Nacional de Protección Civil debe emitir la declaratoria de emergencia a efecto que el fondo para la atención de emergencias libere los recursos que sean necesarios en apoyo de los afectados.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Gobernación para que, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la declaratoria de emergencia en apoyo a los productores agrícolas, y que el Fondo para la Atención de Emergencias liberé los recursos necesarios para los distritos de riego Rio Mayo y Fuerte Mayo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Diputada Hildelisa González Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Oaxaca de Juárez a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, suscrita por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), el año 2018 cerró con 32 expedientes de mujeres víctimas de violencia política de género en administraciones municipales.
En diez casos se trató de regidoras, en nueve de síndicas, cuatro fueron candidatas, una presidenta municipal, una agente municipal, una edil electa, una suplente de regidora y cinco ciudadanas aspirantes. De esos 32 expedientes se iniciaron 28 procesos judiciales, pues algunas mujeres presentaron recursos de manera conjunta.1
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) señaló que 30 por ciento de estas funcionarias enfrentaron violencia y dificultades para ejercer sus cargos hasta el último día de sus gestiones.
La presidenta de la Comisión de Género del IEEPCO, Rita Bell López Vences, señaló que Oaxaca es una de las principales entidades a nivel nacional con mayor número de casos de violencia política por razones de género, por lo que es fundamental que las autoridades contribuyan a garantizar el ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.
Las instituciones de gobierno deben reforzar las estrategias para proteger y garantizar el ejercicio político de las funcionarias oaxaqueñas; advirtió que para el trienio 2019-2021, de los 566 cargos públicos, 52 mujeres encabezarán administraciones en municipios regidos por partidos políticos y una por Sistemas Normativos Internos.
Sin embargo, la violencia política por razones de género ha marcado la vida política del estado en los últimos años. Las mujeres deben enfrentar obstáculos antes, durante y en el ejercicio del cargo.
A unos días de tomar protesta la presidenta municipal de Santa María Teopoxco, Susana Alvarado Lozano, sufrió hostigamiento por parte de Carlos Quevedo, integrante del cabildo en segunda posición, para obligarla a renunciar.
Ante la situación de violencia que enfrentan las funcionarias municipales, el Consejo General del IEEPCO recientemente aprobó un exhorto a las instituciones del estado y a los partidos políticos, a fin de garantizar el libre ejercicio del cargo de las mujeres electas, así como prevenir la violencia política de género.
La consejera Rita Bell López Vences subrayó que es indispensable que se investigue y, en su caso, sancione y condene la violencia política ejercida en contra de las mujeres que integran los ayuntamientos y el Congreso local, a fin de reducir los casos y consolidar así la paridad de género en la política que se garantiza en las leyes nacionales y locales.2
En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la Colectiva Ciudad y Género, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, el Círculo de Mujeres Mixtecas, Regidoras de Ahuehuetitlán, Tamazola y ciudadanas de San Juan Colorado, quienes promueven los derechos políticos de las mujeres, han denunciado la simulación por parte de los partidos políticos y la violación a los derechos político electorales de las mujeres.
El primer caso fue el de Anayeli Angélica Huerta Atristain, presidenta municipal emanada del PRI, en Santiago Tamazola, región de la Mixteca, quien, junto con su suplente, renunció media hora después de tomar el cargo. Le siguieron los casos de Fidelia Bernarda Cuenca Fermín, también del PRI, en San Miguel Ahuehuetitlán, y de la suplente Emilio Blandina Galindo, quienes renunciaron por supuestas amenazas hacia sus personas. En ambos casos se pretende que sean hombres quienes las releven.
Un caso más es el de Martha Regules Mendoza, presidenta municipal de Tlacoatzintepec, que en el acto solemne de sesión de cabildo, mediante un video en chinanteco renunció oficialmente a su cargo frente al pueblo; también su suplente, Raquel Olivera Lozano. También renunciaron la síndica hacendaria y la procuradora, todas ellas de Morena; señalan que recibieron amenazas por integrantes de su partido.3
En San Juan Colorado, el PRD registró formalmente a una mujer, Tania Remedios Arias, mientras toda la campaña fue encabezada por su esposo, Eliezer Alberto Gorda Lorenzo, quien estaba registrado en el segundo lugar de la planilla ganadora y fue quien recibió el bastón de mando.4
Cabe recordar que en San Juan Colorado, perteneciente al distrito de Jamiltepec, existe un antecedente de violencia política de género. Durante la pasada administración, el entonces edil Juan Gorda Arias, obstaculizó las funciones de la síndica Herminia Quiroz Alavés, cuyo caso quedó asentado en el expediente JDC /85/2017.5
En todos estos casos la simulación de los partidos políticos es evidente. A este hecho se le suma que responsabilizan a las mujeres que, aparentemente de forma voluntaria, renuncian a los cargos para los que fueron electas, para poder evadir la ley y que sus actos no se configuren como delitos de violencia política por razón de género.6
La ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca define, en el artículo 2, fracción XXXI, la violencia política en razón de género:
“La acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público ;”
Por su parte, el artículo 9, numeral 4, de dicha ley expresa lo siguiente:
“Se entiende por violencia política en razón de género, la acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se puede manifestar en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.”
Constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género las siguientes:
I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades;
II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;
III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;
IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para la cual una persona ha sido nombrada o elegida;
V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; e
VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos por razones de género.
La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 61, establece que: son causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del ayuntamiento:
I. La incapacidad física o legal permanente;
II. El haberse dictado en su contra sentencia condenatoria, como plenamente responsable en la comisión de un delito intencional;
III. La inasistencia a tres sesiones del ayuntamiento en forma consecutiva y sin causa justificada;
IV. El realizar en lo individual, cualquiera de los actos que dan origen a la desaparición de un ayuntamiento;
V. La realización reiterada de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones;
VI. El causar conflictos reiterados en contra de la mayoría o totalidad de los integrantes de un ayuntamiento, o a la comunidad, y que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento;
VII. Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de fiscalización Superior del Estado.
VIII. La inejecución de sentencia en materia electoral.
De acuerdo con el marco legal del estado y a la experiencia en acompañamiento y seguimiento de este tipo de casos, la posibilidad de encontrar indicios de violencia política en estas renuncias es muy elevada. Por ello es fundamental que se investiguen y se sancionen, pues de no hacerlo, se envía un mensaje institucional de omisión, inoperancia e impunidad ante dichas conductas.
Reconocemos el papel de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, el licenciado Anuar Mafud Mafud, informó que están “tratando que en municipios donde ganaron mujeres, sean éstas las que se acrediten. Y si piden su renuncia, le toca a la suplente; si también renuncia y buscan que un hombre asuma la titularidad, no estamos dando acreditaciones. El Congreso deberá resolver”.
Precisó que la 64 Legislatura local es la que tiene que tomar una decisión respecto a las propuestas que puedan hacer los propios cabildos y garantizar que se cumpla con la paridad y buscar que sean mujeres las que asuman las presidencias municipales si es que están justificadas las renuncias de propietarias y suplentes.7
No obstante, este primer paso debe estar acompañado de acciones concretas de todas las dependencias de gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres oaxaqueñas.
Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado que seguirán vigilantes del proceso que sigan estos casos para exigir a todos los partidos políticos dejar de lado actos de simulación, sólo para dar cumplimiento administrativo a las reglas que exige el principio constitucional de la paridad, cuando de facto se origina violencia política y se trata de una perpetuación de cacicazgos políticos, en detrimento del desarrollo de la vida política del estado y del país.
Por lo anteriormente expuesto se someten a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Oaxaca de Juárez, maestro Alejandro Murat Hinojosa, a asumir su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres oaxaqueñas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reconoce el actuar de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca en favor del cumplimiento del principio constitucional de la paridad y la exhorta a que, en el ámbito de sus facultades, dé seguimiento puntual a los casos de renuncias de alcaldesas, regidoras y síndicas en diferentes municipios del estado.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Oaxaca a que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva los casos de renuncias de alcaldesas, regidoras y síndicas en comento, velando siempre por el cumplimiento del principio constitucional de la paridad y garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres oaxaqueñas.
Notas
1 “2018 cerró con 32 casos de violencia política de género en Oaxaca”, El Universal , fecha de consulta: 07 de enero de 2019. En URL: http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/07-O 1-20 19/20 18-cerro-con-32casos-de-víolencía-política-de-genero-en-oaxaca
2 “Histórica representación de mujeres en gobiernos municipales de Oaxaca”, MVS Noticias , fecha de consulta, 07 de enero de 2019. En URL: https://nwsnoticias.com/noticias/estados/historicarepresentacion-de-muj eres-en-gobiernos-municipales-de-oaxaca/
3 “Presionan a presidenta municipal para ‘ceder’ su cargo a un varón”. SEM Mexico, Fecha de consulta: 07 de enero de 2019. En URL: http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6779
4 “Niegan bastón de mando a presidenta de San Juan Colorado”, CIMAC, fecha de consulta, 07 de enero de 2019. En URL: https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/niegan-bast-n-de-mandopresiden ta-de-san-juan-colorado
5 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura de Gorda Arias, quien pretendía reelegirse, al considerar que era inelegible porque no tenía un modo honesto de vivir, requisito indispensable para aspirar a una candidatura.
6 “Partidos simulan cumplimiento de paridad y generan violencia política”, 7/1/2019, Enfoque Oaxaca. En URL: http://enfoqueoaxaca.com/aqui-y-ahora/partidos-simulan-cumplimiento-de- paridad-ygeneran-violencia-politica/
7 “Cámara de Diputados deberá resolver municipios donde mujeres renunciaron a presidencias municipales”, Primera Línea , fecha de consulta: 7 de enero de 2019_ En -URL: http://www.primeralinea.mx/camara-de-díputados-debera-resolver-municipi os-donde-mujeres-renunciaron-a-presidencias-municipales-segego/
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de enero de 2019.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Oaxaca a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, 2018 cerró con 32 expedientes de mujeres víctimas de violencia política de género en administraciones municipales.
En 10 casos se trató de regidoras, en nueve de síndicas, cuatro fueron candidatas, una presidenta municipal, una agente municipal, una edil electa, una suplente de regidora y cinco ciudadanas aspirantes, de esos 32 expedientes se iniciaron 28 procesos judiciales, pues algunas mujeres presentaron recursos de manera conjunta.1
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) señaló que 30 por ciento de estas funcionarias enfrentó violencia y dificultades para ejercer su encargo hasta el último día de su gestión.
La presidenta de la Comisión de Género del IEEPCO, Rita Bell López Vences, señaló que Oaxaca, es una de las principales entidades a nivel nacional con mayor número de casos de casos de violencia política por razones de género, por lo que es fundamental que las autoridades contribuyan a garantizar el ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.
Las instituciones de gobierno deben reforzar las estrategias para proteger y garantizar el ejercicio político de las funcionarias oaxaqueñas, advirtió que para el trienio 2019-2021 de los 566 cargos públicos 52 mujeres encabezarán administraciones en municipios regidos por partidos políticos y una por sistemas normativos internos.
Sin embargo, la violencia política por razones de género ha marcado la vida política del estado en los últimos años, las mujeres deben enfrentar obstáculos antes durante y en el ejercicio del cargo, a unos días de tomar protesta la presidenta municipal de Santa María Teopoxco, Susana Alvarado Lozano, sufrió hostigamiento por Carlos Quevedo, integrante del cabildo en segunda posición, para obligarla a renunciar.
Ante la situación de violencia que enfrentan las funcionarias municipales, el Consejo General del IEEPCO, recientemente aprobó un exhorto a las instituciones del estado y a los partidos políticos a fin de garantizar el libre ejercicio del cargo de las mujeres electas, así como prevenir la violencia política de género.
La consejera Rita Bell López Vences subrayó que es indispensable que se investiguen y en su caso, sancionen y condenen la violencia política ejercida contra las mujeres que integran los ayuntamientos y el Congreso local, a fin de reducir los casos y consolidar así la paridad de género en la política que se garantiza en las leyes nacionales y locales.2
Organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la Colectiva Ciudad y Género, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, el Círculo de Mujeres Mixtecas, Regidoras de Ahuehuetitlán, Tamazola y ciudadanas de San Juan Colorado, quienes promueven los derechos políticos de las mujeres, han denunciado la simulación por parte de los partidos políticos y la violación de los derechos político-electorales de las mujeres.
El primer caso fue el de Anayeli Angélica Huerta Atristain, presidenta municipal emanada del PRI, en Santiago Tamazola, región de la Mixteca, quien con su suplente renunció media hora después de tomar el cargo. Le siguieron los de Fidelia Bernarda Cuenca Fermín, también del PRI, en San Miguel Ahuehuetitlán, y la suplente Emilia Blandina Galindo, quienes renunciaron por supuestas amenazas hacia su persona.
En ambos casos se pretende que un hombre las releve.
Un caso más es el de Martha Regules Mendoza, presidenta municipal de Tlacoatzintepec que en el acto solemne de sesión de cabildo, mediante un video en chinanteco renunció oficialmente a su cargo frente al pueblo y también su suplente, Raquel Olivera Lozano, también renunciaron la síndica hacendaria y la procuradora, todas ellas de Morena, señalan que recibieron amenazas por integrantes de su partido.3
En San Juan Colorado, el PRD registró formalmente a una mujer, Tania Remedios Arias, mientras toda la campaña fue encabezada por su esposo, Eliezer Alberto García Lorenzo, quien estaba registrado en el segundo lugar de la planilla ganadora y recibió el bastón de mando.4
Ahí, en San Juan Colorado, perteneciente al distrito de Jamiltepec, hay un antecedente de violencia política de género. Durante la pasada administración, el entonces edil Juan García Arias, obstaculizó las funciones de la síndica, Herminia Quiroz Alavés, cuyo caso quedó asentado en el expediente número JDC /85/2017.5
En todos estos casos, la simulación de los partidos políticos es evidente a este hecho se le suma el hecho de que responsabilizan a las mujeres, que aparentemente de forma voluntaria, renuncian a los cargos para los que fueron elegidas, para poder evadir la ley y que sus actos no se configuren como delitos de violencia política por razón de género.6
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca define en el artículo 2, fracción XXXI, la violencia política en razón de género:
La acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público;
El artículo 9, numeral 4, de dicha ley expresa:
Se entiende por violencia política en razón de género la acción u omisión que realiza una o más personas, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se puede manifestar en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
Constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género las siguientes:
I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades;
II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;
III. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades;
IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual una persona ha sido nombrada o elegida;
V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables; y
VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género.
La Ley Orgánica Municipal establece en el artículo 61 que son
Causas graves para la revocación del mandato de algún miembro del ayuntamiento
I. La incapacidad física o legal permanente;
II. El haberse dictado en su contra sentencia condenatoria, como plenamente responsable en la comisión de un delito intencional;
III. La inasistencia a tres sesiones del Ayuntamiento en forma consecutiva y sin causa justificada;
IV. El realizar en lo individual, cualquiera de los actos que dan origen a la desaparición de un ayuntamiento;
V. La realización reiterada de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones;
VI. El causar conflictos reiterados en contra de la mayoría o totalidad de los integrantes de un ayuntamiento, o a la comunidad, y que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento;
VII. Cuando así lo disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
VIII. La inejecución de sentencia en materia electoral.
De acuerdo con el marco legal del estado y a la experiencia en acompañamiento y seguimiento de este tipo de casos, la posibilidad de encontrar indicios de violencia política en estas renuncias; es muy elevada, por ello es fundamental que se investiguen y se sancionen, pues de no hacerlo, se envía un mensaje institucional de omisión, inoperancia e impunidad ante dichas conductas.
Reconocemos el papel de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, el licenciado Anuar Mafud Mafud, informó que están “tratando de que en municipios donde ganaron mujeres, sean éstas las que se acrediten y si piden su renuncia le toca a la suplente, si también renuncia y buscan que un hombre asuma la titularidad, no estamos dando acreditaciones, el congreso deberá resolver”.
Precisó que la 64 Legislatura local es la que tiene que tomar una decisión respecto a las propuestas que puedan hacer los propios cabildos y garantizar que se cumpla con la paridad y buscar que sean mujeres las que asuman las presidencias municipales si es que están justificadas las renuncias de propietarias y suplentes.7
No obstante, este primer paso debe estar acompañado de acciones concretas de todas las dependencias de gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres oaxaqueñas.
Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado que seguirán vigilantes del proceso que sigan estos casos para exigir a todos los partidos políticos, dejar de lado actos de simulación, sólo para dar cumplimiento administrativo a las reglas que exige el principio constitucional de la paridad, cuando de facto se origina violencia política y se trata de una perpetuación de cacicazgos políticos, en detrimento del desarrollo de la vida política del estado y del país.
Por lo expuesto se someten a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Oaxaca de Juárez, maestro Alejandro Murat Hinojosa, a asumir su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las oaxaqueñas.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce el actuar de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca en favor del cumplimiento del principio constitucional de la paridad y la exhorta a que en el ámbito de sus facultades dé seguimiento puntual a los casos de renuncias de alcaldesas en diferentes municipios del estado.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Oaxaca a que en el ámbito de sus atribuciones resuelva los casos de renuncias de alcaldesas en comento, velando siempre por el cumplimiento del principio constitucional de la paridad y garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las oaxaqueñas.
Notas
1 “2018 cerró con 32 casos de violencia política de género en Oaxaca”, en El Universal. Fecha de consulta: 7 de enero de 2019, en URL
http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/07-01-2019/2018 -cerro-con-32-casos-de-violencia-politica-de-genero-en-oaxaca
2 “Histórica representación de mujeres en gobiernos municipales de Oaxaca”, MVS Noticias. Fecha de consulta: 7 de enero de 2019, en URL
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/historica-repre sentacion-de-mujeres-en-gobiernos-municipales-de-oaxaca/
3 “Presionan a presidenta municipal para ‘ceder’ su cargo a un varón”, en SEM México. Fecha de consulta: 7 de enero de 2019, en URL http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=6779
4 “Niegan bastón de mando a presidenta de San Juan Colorado”, CIMAC. Fecha de consulta: 7 de enero de 2019, en URL
https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/niegan-bast-n-d e-mando-presidenta-de-san-juan-colorado
5 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura de García Arias, quien pretendía reelegirse, pues consideraba que era inelegible porque no tenía un modo honesto de vivir, requisito indispensable para aspirar a una candidatura.
6 “Partidos simulan cumplimiento de paridad y generan violencia política”, 7 de enero de 2019, Enfoque Oaxaca, en URL http://enfoqueoaxaca.com/aqui-y-ahora/partidos-simulan-cumplimiento-de- paridad-y-generan-violencia-politica/
7 “Cámara de Diputados deberá resolver municipios donde mujeres renunciaron a presidencias municipales”, Primera Línea. Fecha de consulta: 7 de enero de 2019, en URL
http://www.primeralinea.mx/camara-de-diputados-debera-re solver-municipios-donde-mujeres-renunciaron-a-presidencias-municipales- segego/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión de legisladores para interceder y facilitar el diálogo con representantes del EZLN y las comunidades indígenas relacionados con la ejecución del proyecto Tren Maya, suscrita por el senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La ejecución de proyectos de inversión en infraestructura son sin duda un motor que impulsa el desarrollo de nuestro país y de las regiones en donde se ejecutan tales proyectos, al permitir una mayor conectividad, creación de fuentes de empleo y una mejor calidad de vida para los habitantes de esas regiones.
En este sentido, la ruta transpeninsular por donde transitará el denominado Tren Maya, propuesta por el presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es un proyecto que contempla construir mil 500 kilómetros de vías que recorrían los puntos más importantes de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco.
En la realización de estas obras se aprovechará 554 kilómetros de una vía férrea que, en la actualidad, cruza esos estados y el presidente ha asegurado que su construcción no representa ningún riesgo para el ambiente ni provocará el desplazamiento de ninguna comunidad.
Coincido con el planteamiento de que es necesario reducir la brecha y los desequilibrios de desarrollo entre las diversas regiones del país y en que la ejecución de proyectos de infraestructura es una vía para lograr este objetivo, al impulsar el crecimiento económico.
A todos nos conviene que no se profundicen los desequilibrios entre las regiones y que se ofrezcan oportunidades reales los habitantes para mejorar su calidad de vida; por eso, celebramos que el presidente constitucional dirija su atención a las comunidades del sur, que sufren un rezago ancestral, y que mediante la ejecución de estos proyectos se les ofrece la construcción de un México más equitativo.
Sin embargo, reconocemos entre las diversas comunidades tienen dudas sobre los beneficios y el impacto que podrá traerles la ejecución de ese proyecto, reconocemos que requieren estar mejor informadas y que necesitan que se les garantice que sus derechos serán respetados. Esas dudas han sido puestas de manifiesto por representantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y por representantes de las comunidades indígenas.
Tenemos que reconocer que fue hasta después de 1994, con el alzamiento zapatista, que los pueblos indígenas, durante décadas ignorados y olvidados, tuvieron la atención de todo el país, pero también que fue el dialogo lo que llevo a que depusieran las armas.
Ante esta situación, es necesario que aprendamos del pasado y que aprovechemos la experiencia para construir consensos que tienen esos representantes. Desde su surgimiento, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ha demostrado su disposición al dialogo, y esta fue la vía para lograr que las comunidades indígenas fueran visibles a nivel nacional e internacional; para lograr que su derechos fueran plasmados a nivel constitucional, para hacer que se respetara su libre autodeterminación, sus usos y sus costumbres.
Nadie duda de la capacidad de convocatoria y de su representatividad respecto a los pueblos originarios, pero tampoco dudamos que existe deseo de dialogar, de que se construyan compromisos y surjan acuerdos que beneficien a todas las partes, de que la Palabra se cumpla.
El Congreso de la Unión, es una institución donde el dialogo es la primacía, donde los consensos son la base de su actuar y, por ello mismo, representa una instancia, un canal de interlocución donde, a partir del acuerdo, se pueda alcanzar beneficios para todas las partes, resolver dudas, hacer recomendaciones, realizar gestiones y hacer que la palabra se cumpla.
La concordia y no la polarización es lo que puede permitir a México una mayor equidad; la unidad y no la ruptura es lo que nos lleva al bienestar general.
Por eso es que someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea una comisión integrada de manera plural por diputados federales y senadores de la República de las distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, cuyo objeto será promover el dialogo con los representantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y los representantes de las comunidades indígenas que se verán impactadas por la ejecución del proyecto ferroviario denominado, Tren Maya.
Segundo. La comisión se integrará conforme a la representatividad de cada una de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y podrá, en el ámbito de sus facultades, realizar gestiones sobre los planteamientos que se le presente, darles seguimiento, así como analizar alternativas y proponer recomendaciones que beneficien al interés nacional y a las comunidades indígenas.
Tercero. La comisión tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto.
Ciudad de México, Palacio de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Senador Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al almacenaje, la distribución y el uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la coordinación nacional de protección civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, pueda elaborar, identificar y dar seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el almacenaje, distribución y uso de juegos pirotécnicos a nivel nacional.
Consideraciones
Primera. Lamentablemente, en la madrugada del pasado 11 de diciembre, en la comunidad de Fuentezuelas, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, sucedió una tragedia ocasionada por la explosión de cohetes pirotécnicos en la iglesia del lugar, cuando se desarrollaba la festividad religiosa en honor a la virgen de Guadalupe, que dejó ocho personas muertas y, por lo menos, 55 heridas.
Segunda. Así como sucedió esta tragedia en Fuentezuelas, desafortunadamente se han presentado gran cantidad de accidentes trágicos en diferentes lugares del país de manera habitual por el mal uso de la pirotecnia en festejos y celebraciones religiosas, culturales y cívicas.
Tercera. Estos eventos suceden porque en la pirotecnia se usan sustancias químicas y materiales peligrosos con características explosivas, inflamables y tóxicas, siendo una actividad económica de alto riesgo y que por lo mismo las personas que las manipulan deben tener la preparación suficiente, un cuidado extremo y seguir protocolos claros con las medidas de seguridad más exigentes en su uso para prevenir accidentes fatales.
Cuarta. Si bien es cierto que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula la actividad pirotécnica y que la Secretaría de la Defensa Nacional es la autoridad responsable de aplicarla, es evidente que faltan establecerse protocolos de seguridad para el resguardo temporal del material y el uso de los fuegos artificiales en las múltiples celebraciones y festejos que se tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Quinta. En esta temporada de fiestas navideñas y de fin de año se incrementaron considerablemente las conmemoraciones y lisonjas en los que se usaron en forma desmedida los fuegos artificiales, lo cual provocó en algunas zonas metropolitanas del país, como las de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, una muy mala calidad del aire a principios de este 2019.
Por eso consideramos urgente exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en combinación con sus homologas en los estados, se homologuen criterios de seguridad en el manejo, almacenamiento y uso de pirotecnia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, elabore, identifique y dé seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el almacenaje, distribución y uso de juegos pirotécnicos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implemente, masifique y fortalezca campañas de divulgación con las mejores recomendaciones y las medidas de seguridad para todas las personas que participan y observan las celebraciones en las cuales se utilizan fuegos artificiales.
Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2019.
Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a propiciar el involucramiento de organismos multilaterales para encontrar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional prevaleciente en Venezuela, suscrita por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio Márquez y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio Márquez y Manuel Añorve Baños senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante el deterioro de las condiciones políticas en Venezuela, México ha observado los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana en la que se estipula:
“Que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
Que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de la Américas.
Que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
Que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética, y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respetivo orden constitucional.”
Asimismo, México ha rechazado cualquier insinuación que implique el uso de la fuerza, interna o externa, para la solución del conflicto venezolano, y en cambio ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo irrestricto a la solución pacífica de las controversias.
Es en este contexto que nuestro país ha participado activa y propositivamente en el llamado Grupo de Lima, mismo que fue establecido en agosto de 2017 por doce gobiernos del hemisferio, animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias.
Cabe destacar que los países que integran el Grupo de Lima han expresado su voluntad de contribuir a crear, en coordinación con organismos internacionales y otros países, un canal de ayuda para atender la crisis humanitaria que aqueja a Venezuela.
Convencidos de la importancia del multilateralismo, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pensamos que México no sólo debe continuar, sino además reforzar, su papel como un líder hemisférico en los espacios multilaterales y como un promotor del orden democrático.
Tomando en consideración que la composición del Grupo de Lima se ha transformado cualitativamente por la participación de nuevos liderazgos en Brasil y Colombia, estimamos que la experiencia y tradición diplomática de nuestro país puede abonar para generar condiciones en las que el pueblo venezolano rencuentre el camino hacia la paz, la democracia, la estabilidad económica y la seguridad.
No debemos confundir el establecimiento de una política exterior de no intervención, con el consentimiento implícito de un régimen autoritario que ha dejado de cumplir con las reglas mínimas que exigen las democracias. Nuestro país debe expresar su oposición a la alteración del orden democrático y la violación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela. Debemos ser coadyuvantes en el restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos, con garantías y libertades cívicas y políticas, que generen condiciones de equidad para los venezolanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propiciar el involucramiento de organismos multilaterales para encontrar una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis multidimensional prevaleciente en Venezuela.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover el liderazgo de México en esfuerzos diplomáticos que renueven los anteriores a fin de alcanzar, con base en los principios de auto determinación de los pueblos, solución pacífica de controversias, y protección y promoción de los derechos humanos, un acuerdo político que permita al pueblo venezolano retomar el camino de la institucionalidad democrática, la estabilidad y el desarrollo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores:
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a asignar recursos extraordinarios a la Fiscalía General de la República, a cargo de los legisladores Omar Obed Maceda Luna, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Senador Omar Obed Maceda Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día 2 de enero, se conmemoró el Día Internacional del Policía, el antecedente inmediato data en nuestro país del año de 1927, siendo motivo de orgullo para todos los cuerpos policiales del mundo.
Lo anterior en memoria de la pérdida de vidas de elementos de seguridad en un motín de reos del Penal de Andónegui en Tampico, Tamaulipas.
Tragedia que no debemos pasar por alto, sobre todo en fechas recientes cuando desde hace tres sexenios nos aquejan las cifras en temas relacionados con seguridad pública, donde la investigación y litigación de conductas ilícitas del orden federal juega un papel esencial y poco considerado que se debe, en gran medida, al poco personal dedicado a la procuración de justicia, lo cual resulta en un cuello de botella.
Recientemente, con la presentación de la convocatoria del plan de incorporación a la Guardia Nacional, el gobierno federal pretende sumar miles de jóvenes a las tareas de seguridad pública.
Su objetivo, según la convocatoria, será prevenir el delito, preservar la seguridad y enfrentar a la delincuencia respetando siempre los derechos humanos de las y los mexicanos.
Por ello debe tenerse presente que la nueva estrategia planteada al contar con mayores elementos aprehensores generará una mayor cantidad de personas procesadas o enjuiciadas, lo cual a la fecha, es tarea de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de los agentes del Ministerio Público Federal.
No debemos pasar por alto tampoco, que el debido proceso es el derecho humano que obliga a las autoridades a ajustarse a una serie de reglas preestablecidas en las leyes, con el objetivo de llevar a cabo la investigación y litigación de una conducta considerada delictuosa, respetando los derechos humanos, es decir, la tarea más delicada del combate al crimen recordando que la delincuencia no es la captura o aprehensión de los responsables sino la imputación de una conducta al momento de solicitar su judicialización ante el órgano de justicia.
Para ello, deben crecer de manera proporcional y paralela al número de elementos aprehensores los operadores de la institución de procuración de justicia; para hacer posible la debida aplicación de protocolos y lineamientos que guíen sus actuaciones.
La falta de reorganización institucional puede ser obstáculo para un desempeño eficiente ante la excesiva carga de trabajo para los operadores; incurriendo en consecuencia en malas prácticas de manera involuntaria, pero que repercutirán forzosamente en la eficiencia del órgano jurisdiccional para emitir un fallo, al llevar a cabo de manera incorrecta la investigación en carpetas y la litigación de los procesos penales.
Por ello, debe replantearse la exigencia de un presupuesto acorde a las necesidades que el país necesita, no sólo necesitamos más policías en las calles, sino también más agentes del Ministerio Público para que sean capaces de cumplir con el mandato del artículo 20 constitucional y puedan llevar a cabo investigaciones científicas.
Para garantizar una procuración de justicia eficaz y de calidad se debe tener un respeto estricto del debido proceso. Esto no se logrará únicamente con más cursos de capacitación sino por medio de un rediseño de fondo de las anquilosadas instituciones del sistema de justicia, dotándolas de más personal.
El debido proceso es uno de los ejes fundamentales de un estado democrático y por ello resulta esencial. La solución a la impunidad vigente no consiste en sólo poner más policías en la calle ni aumentar las penas a ciertas conductas ilícitas sino en mayores operadores en la procuración de justicia.
Esto último sólo se logrará si fortalecemos a la Fiscalía con la construcción de capacidades reales y la operación de mecanismos efectivos.
Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año 2019, se proyectó una disminución al presupuesto de la aún Procuraduría General de la República.
Así a la hoy FGR se le destinaron tan sólo 15 mil 328 millones de pesos para este 2019 comparado con el asignado en 2018 con 16 mil doscientos millones de pesos, es decir, hoy la institución tiene una reducción equivalente a más de 6 por ciento.
No obstante que el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General establece: “La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la planeación estratégica de transición”, resulta que el índice delictivo avanza día con día y no espera si se asigna mayor presupuesto o elementos a las tareas diseñadas para reducir este mal que nos aqueja de manera exponencial insisto desde hace tres sexenios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar recursos extraordinarios para la Fiscalía General de la República, generando en función de su presupuesto, acciones específicas que contengan mecanismos financieros viables, para el mejoramiento de la eficaz procuración de justicia federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores Omar Obed Maceda Luna, Miguel Ángel Mancera Espinoza (rúbricas)
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales, suscrita por el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Luis Fernando Salazar Fernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado domingo 6 de enero, mediante un video publicado a través de redes sociales y medios de comunicación, tuvimos conocimiento de un nuevo caso de maltrato animal en nuestro país.
El video muestra cómo un hombre que radica en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, de manera consciente e intencional, agrede a un perro con un objeto punzo cortante, para posteriormente burlarse de su acción.
Tras la difusión de estos hechos, representantes de asociaciones protectoras de animales en Coahuila han presentado las denuncias correspondientes, a efecto de que las autoridades puedan proceder conforme lo señala la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el estado de Coahuila de Zaragoza.
Al respecto, la autoridad municipal informó que ha dado instrucciones precisas para que se realicen las diligencias pertinentes a fin de investigar y sancionar estos actos.
Actualmente, el Código Penal de Coahuila tipifica este tipo de conductas, contemplando una pena de seis meses a dos años de prisión y de cien a quinientos días de multa a quien golpee a un animal, por odio o diversión. Asimismo, prevé el aumento en una mitad de la pena, cuando el animal muera a consecuencia de los actos de crueldad de que fue objeto.1
Desafortunadamente, estos lamentables hechos ocurren tan sólo unos días después de la indignación causada en otro estado de la República, donde también un perro fue víctima de artefactos pirotécnicos que unos sujetos activarían con el fin de dañar de manera irreparable a dicho animal.
La proliferación de estos actos de violencia y de crueldad en contra de estos seres vivos, deben ser objeto de indignación y rechazo, pero también nos deben obligar como Estado y como sociedad a fortalecer las acciones para combatir y prevenir esta problemática que aqueja a seres indefensos ante la obra y también, en muchas ocasiones, ante la indiferencia de los seres humanos.
Las distintas regulaciones, tanto a nivel federal como local, prevén la obligación de dar un trato digno y respetuoso a los animales. Esto implica brindar un trato y condiciones que procuren su cuidado; permitirles la expresión de su comportamiento natural; suministrarles agua y alimento suficientes; proporcionarles un ambiente adecuado para su movimiento y descanso; así como, en su caso, proveerles la atención médica correspondiente.2
No obstante, el aumento de denuncias relacionadas con maltrato animal alrededor de todos los estados del país, y la difusión cada vez más frecuente de casos de especies lesionadas a consecuencia de actos humanos, hacen evidente que como sociedad mexicana tenemos mucho por hacer para atender los múltiples factores que dan lugar a estos actos.
La falta de educación, de sensibilización en torno al cuidado que requieren, pero sobretodo la carencia de sanciones reales que castiguen estas prácticas inhumanas, deben preocuparnos por las implicaciones que conlleva este tipo de violencia en contra de otras formas de vida.
En un país en el que constantemente nos vemos sacudidos por hechos de violencia social, resulta fundamental advertir lo que muchos especialistas han anotado, respecto a la predisposición a este tipo de violencia cuando una persona incurre en actos de maltrato animal. Por tanto, resulta necesario entender y poner en su justa dimensión, la estrecha relación entre la crueldad, el maltrato animal y las acciones violentas que con mayor frecuencia se presentan entre nosotros como seres humanos.
La relación de violencia está tan probada que, por ejemplo, el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) considera la crueldad hacia los animales dentro de su “Catálogo de Crímenes contra la Sociedad”, a partir del cual genera un registro de agresores con el objeto de mantener una vigilancia estrecha sobre estas personas, al considerarlas potencialmente peligrosas.3
Durante años se ha hablado de cómo la violencia hacia los animales escala, pero es justo en esta conceptualización donde podemos estar errados al aceptar que la violencia hacia los animales es, por definición, menos grave que la violencia ejercida hacia los seres humanos. Si bien, nuestro natural instinto de protección y solidaridad a la propia especie nos lleva a pensar en este sentido, la realidad es que la violencia no escala, la violencia solo se reproduce, independientemente de qué especie sea la víctima.4
Quizás ello explica por qué en estados como Coahuila, las propias autoridades han señalado la falta que hace avanzar también en la cultura de la denuncia contra este tipo de delitos. En dicha entidad, durante 2018, la Fiscalía General del Estado recibió 31 denuncias por maltrato animal. No obstante, Agentes del Ministerio Público en la Región Norte, han advertido que se reciben pocas denuncias en virtud de la indiferencia que, en ocasiones, existe respecto a situaciones de maltrato animal.
En el caso particular, la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el estado de Coahuila de Zaragoza prevé la importancia de promover mediante programas y campañas de difusión la cultura de protección a los animales.
Asimismo, se establecen las atribuciones que ayuntamientos, Secretaría de Medio Ambiente del estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente local tienen en materia de protección, imposición de sanciones por infracciones cometidas, así como la promoción de una cultura cívica de responsabilidad y trato digno a estos seres vivos.
Sin embargo, los actos cometidos tan sólo hace algunos días hacen necesario hacer un llamado a las autoridades de Coahuila a reforzar las acciones que permitan, en primer lugar, sancionar a quienes incurran en actos de violencia de esta naturaleza; pero también, a fortalecer los mecanismos que permitan prevenir que más seres indefensos sean lesionados a causa de actos humanos.
De igual forma, al no ser este un fenómeno exclusivo de una entidad federativa se considera necesario hacer un exhorto a los distintos órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan impulsar las acciones que sean necesaria para garantizar que exista el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales.
Desgraciadamente, la violencia en todas sus manifestaciones ha encontrado en México tierra fértil para crecer.
A pesar de que existe legislación en casi todo el territorio que sanciona la crueldad hacia los animales, desafortunadamente la corrupción, el nivel de impunidad, pero sobre todo la falta de entendimiento de las autoridades y la sociedad sobre el maltrato animal y su repercusión sobre la violencia social ha complicado el camino hacia políticas públicas que intenten detener o al menos mitigar el daño social que esto causa, por ello hoy resulta fundamental comprender que un país mejor para todos requiere de la convicción de que una sociedad libre de violencia comienza por respetar y proteger a sus animales.
Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sean aprobado los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a las autoridades municipales y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado a reforzar las acciones para prevenir y sancionar actos de crueldad y violencia contra los animales en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila y a los ayuntamientos de dicha entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan, mediante programas y campañas de difusión, la cultura de protección a los animales y denuncia de todo hecho, acto u omisión que cause daño a un animal; así como a que implementen proyectos y programas destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los animales.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones necesarias para garantizar el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales, asi como a prevenir y sancionar actos de maltrato y violencia en contra de animales.
Notas
1 Artículo 261 del Código Penal de Coahuila. Página de consulta:
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Co ahuila/coa08_Nuevo_Codigo.pdf. Fecha de consulta: 07 de enero de 2019.
2 Artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecolo?gico y la Protección al Ambiente. Página de consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf. Fecha de consulta: 07 de enero de 2019.
3 Tracking Animal Cruelty. FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. Febrero 2016. Página de consulta:
https://www.fbi.gov/services/cjis/ucr
4 Pedraza, E. La crueldad y el maltrato animal síntomas preocupantes de violencia social. Agosto 2018. Página de consulta:
http://www.defensoriaanimal.org/newblog/la-crueldad-y-el -maltrato-animal-sintomas-preocupantes-de-violencia-social/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero de 2019.
Diputado Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración adoptada por el resto de los miembros respecto a la crisis política y constitucional en Venezuela, suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Relaciones Exteriores de México a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la declaración adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política y constitucional en Venezuela y a informar oportunamente sobre las acciones que la cancillería mexicana se propone ejecutar, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, a fin de dar respuesta a la situación originada por la usurpación ilegal del poder presidencial de Nicolás Maduro en un nuevo e ilegítimo mandato en el periodo 2019-2025 en ese país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante su conferencia de prensa matutina del pasado 7 de enero del presente año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia al caso, ampliamente difundido el pasado fin de semana en medios de comunicación nacionales e internacionales, del rechazo mexicano a suscribir la declaración que sobre la delicada situación política venezolana el Grupo de Lima adoptó en su pasada reunión del 4 de enero en Perú. El presidente de la República recordó que era su facultad constitucional, en virtud del artículo 89, fracción X, dirigir la política exterior conforme a los principios ahí enunciados y señaló que el gobierno mexicano no se “inmiscuiría en los asuntos internos” de otros países fundamentalmente para impedir que “otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”. Defendió también, en esa ocasión, la apuesta por el diálogo y la necesidad de respetar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos en la actuación internacional del Estado mexicano, tal cual en su momento hiciera durante la reunión en Perú el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Sin duda, lo que ocurrió la semana pasada en Perú supone un cambio radical frente a la política de apertura al escrutinio internacional, compromiso con la defensa universal de los derechos humanos y la democracia y de construcción de alianzas estratégicas en defensa de estas premisas en nuestra política exterior de las últimas décadas.
Más aún, el planteamiento que hizo el subsecretario Reyes evadió toda referencia explícita a la grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela, a la situación de ruptura del orden constitucional y del estado de derecho así como de involución democrática a partir de la toma de protesta ilegal e ilegítima de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero para un nuevo periodo presidencial, y no hizo pronunciamiento alguno sobre los temas centrales de la declaración como, por ejemplo, el proceso electoral del pasado 20 de mayo de 2018, el tema de la cooperación militar con el régimen de Maduro, el tema de los prisioneros políticos, la solicitud de investigación a la Corte Penal Internacional sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la cooperación financiera y el otorgamiento de empréstitos al gobierno de Maduro, la necesaria invocación y aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y el restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La posición mexicana se redujo, por lo tanto, a manifestar una preocupación por la “dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano”, tomar nota de la “situación en torno al respeto de los derechos humanos” y dejar constancia de las “vulnerabilidades en los ámbitos económico y social” para luego señalar que el gobierno de México buscaría apoyar iniciativas de diálogo para la solución de las diferencias entre las partes en conflicto, fomentar condiciones para el acercamiento, diálogo y construcción de acuerdos en ese país y rechazar toda “injerencia en asuntos internos” que “lejos de resolver la situación, abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos”. En consecuencia, hizo un llamado a no romper ni reducir el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela dado que eso podría provocar un aislamiento indeseable de ese país y la “autoexclusión” de los países miembros del grupo de procesos fundamentales para los intereses de la región.
Finalmente, y aunque manifestó que México continuaría siendo miembro activo del Grupo de Lima, señaló que no suscribiría la declaración fundamentalmente porque el gobierno actual “se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano” en supuesto seguimiento a los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.
Como era de suponerse, la posición mexicana generó un conjunto de inconformidades e interrogantes derivadas de un planteamiento poco claro, insuficiente y sorpresivo por sus contenidos e implicaciones. En primer lugar sorprendió que, a pesar de no firmar la declaración y de manifestar un planteamiento y una supuesta ruta de acción fundamentalmente antagónicos con los de los otros trece miembros del grupo, el gobierno de México manifestara que continuaría siendo miembro del mecanismo.
En segundo lugar, el cuidado puesto en el lenguaje para no condenar explícitamente al gobierno venezolano ni tomar una posición crítica frente a la usurpación que Maduro se apresta a efectuar de la Presidencia venezolana o bien sobre la severa profundización de la crisis política, constitucional, institucional, económica y humanitaria del país, favoreció la idea de que México se alineaba con los intereses del gobierno venezolano en detrimento de una posición equilibrada y solidaria con la oposición, como corresponde a las democracias que algún aprecio mantienen a los contrapesos institucionales, la pluralidad, la tolerancia y los derechos humanos. Peor aún, alejó al gobierno de la posición equidistante que se supone le permitiría convertirse en un interlocutor confiable, frente al gobierno, pero también frente a la oposición y la población en general.
En tercer término, la posición mexicana abrió la puerta a una ambigüedad a la que algunos analistas han hecho ya referencia al señalar como razones de la misma, o bien la necesidad de respetar la doctrina Estrada para abstenerse de reconocer gobiernos extranjeros, la de implementar el principio de no intervención dada la caracterización de la crisis como limitada a “asuntos internos” o la de permitir una interlocución con todos los actores con la perspectiva de lograr un diálogo y eventualmente una mediación.
En cualquier caso, resulta evidente que este cambio de orientación en materia de política exterior exige una explicación amplia y suficiente sobre su fundamento e implicaciones. Por un lado, si bien es facultad del Ejecutivo dirigir la política exterior, nuestro orden constitucional le otorga al Congreso en general, y al Senado en particular, facultades de escrutinio, control y análisis que deben ejercerse en circunstancias como las actuales. Por el otro, es claro que la cuestión de la aplicación de las doctrinas y principios de política exterior supone un ejercicio interpretativo, cambiante y dinámico en función de la coyuntura y los intereses de México en el exterior.
Muchos consideramos, por lo tanto, que no existe ninguna razón para concebir nada de lo que ocurre en Venezuela como un “asunto interno” y que cuestiones fundamentales como la protección de los derechos humanos, la preservación de la institucionalidad democrática y el estado derecho, las libertades civiles y el respeto al derecho internacional humanitario exigen una jurisdicción universal y una apertura al escrutinio de la comunidad internacional a través de los organismos internacionales con que contamos.
De ahí surgen un grupo importante de preguntas que conviene formularnos a saber: ¿qué asuntos, de acuerdo con el gobierno mexicano, son de carácter interno y cuáles no en la actual agenda global?, ¿qué tratamiento le dará el gobierno mexicano a los temas que compartimos en la agenda bilateral con Estados Unidos?, ¿cuáles son nuestros intereses nacionales en el caso venezolano y cómo los defenderemos?, ¿será una posición semejante a la pronunciada frente a Venezuela la que adoptarán respecto del caso de Nicaragua a revisarse durante esta misma semana en el seno de la Organización de los Estados Americanos?, ¿nos pronunciaremos acaso sobre temas semejantes en el seno de la Organización de las Naciones Unidas o cómo haremos ahí la defensa de nuestros principios constitucionales y de la doctrina Estrada?
En este mismo sentido, resulta evidente que la nueva posición del gobierno mexicano adolece de un problema fundamental. No muestra con precisión cuáles serán los pasos siguientes para lograr ese diálogo y esa mediación para la reconciliación. ¿Tenemos evidencia de la voluntad de las partes para dialogar y negociar?, ¿sabemos que el pronunciamiento ha sido bien recibido por todas las partes involucradas?, ¿contamos con otros actores regionales o hemisféricos para promover esa idea alternativa a la del Grupo de Lima?, ¿por qué el gobierno buscará mantenerse en ese grupo si su posición cambió de manera tan radical al respecto? y, concretamente, ¿cuáles son las acciones diplomáticas que estarán estableciéndose?, ¿cómo buscaremos las “condiciones para el desarrollo del pueblo venezolano, en un marco de paz, democracia y seguridad”?, ¿qué tipo de cooperación internacional estará tratando de instrumentarse con los actores en el conflicto venezolano?
Desde luego, nadie en su sano juicio apuesta por una salida violenta al conflicto ni a que México adopte una posición ajena a sus intereses o principios. Pero conviene repetirlo las veces que sean necesarias. Dejar de levantar la voz frente a un régimen que ha pasado por encima de sus propias leyes y ha atropellado instituciones; que ha hecho de la persecución, el encarcelamiento y la tortura su método para tratar a los opositores; y que ha generado una de las mayores crisis humanitarias jamás vistas en la región, no es neutralidad sino una alineación con la dictadura.
No hace falta recordar cuantas veces en la historia moderna de México, nuestro país ha defendido a la población civil frente a los abusos de la dictadura y el totalitarismo. No se entiende por qué debería ser de otra manera en este caso. Y menos se entiende si no se está dispuesto a ventilar los motivos, las consideraciones estratégicas y coyunturales, la agenda de acciones y la prospectiva que se tiene respecto del papel que México debe jugar frente a la crisis venezolana y eventualmente frente a otros conflictos regionales como el nicaragüense.
La respuesta a tan difícil circunstancia no puede verbalizarse bajo la enunciación de un principio constitucional. Si se está a favor del diálogo para resolver conflictos de esta magnitud en el escenario regional, debería estarse también a favor de un diálogo nacional, que incluya al Legislativo, y eventualmente a otros actores de la sociedad civil, la diplomacia y la academia, para decidir el mejor curso de acción y generar posicionamientos de Estado. No estamos en presencia de un conflicto interno cualquiera, sino seguramente de uno de los más complejos, divisivos y peligrosos que se hayan presentado en las últimas décadas para la estabilidad regional.
Durante la inauguración de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules que está teniendo lugar esta semana en la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard subrayó la manera en que la autoridad moral de México devendrá de su “legitimidad democrática y defensa eficaz de los derechos humanos”. Pues bien, el caso de Venezuela, que carece de ambos, ofrece la oportunidad de ejercer este liderazgo. Más aún, ofrece la oportunidad de dotar de contenido específico y de compromisos concretos hacia el éxodo venezolano, al planteamiento de que México, según señaló el subsecretario para América Latina y el Caribe, ha cambiado su paradigma migratorio considerando a la migración como fuente de prosperidad, desarrollo económico y riqueza cultural.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Relaciones Exteriores de México, a explicar las razones por las cuales el representante mexicano durante la pasada reunión ministerial del Grupo de Lima no suscribió la Declaración adoptada por el resto de los miembros del grupo respecto de la crisis política y constitucional en Venezuela y a informar oportunamente sobre las acciones que la cancillería mexicana se propone ejecutar, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, a fin de dar respuesta a la situación originada por la usurpación ilegal del poder presidencial de Nicolás Maduro en un nuevo e ilegítimo mandato en el periodo 2019-2025 en ese país.
Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Relaciones Exteriores a organizar un diálogo nacional sobre la política exterior de México, en el contexto del rediseño de la misma que se ofreció esta misma semana durante la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, a fin de generar posiciones de Estado, no ideológicas ni exclusivas del grupo en el poder, que cuenten con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país.
Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Relaciones Exteriores a honrar el principio constitucional del respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y, por tanto, a efectuar, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, la necesaria y enérgica protesta del gobierno mexicano por su violación sistemática en Venezuela y Nicaragua, y a efectuar un posicionamiento sobre el quebrantamiento del orden constitucional y del estado de derecho en ambos países.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a conducirse en apego a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y, en consecuencia, a no acreditar a ningún representante mexicano durante la ceremonia de toma de posesión, ilegal y abiertamente ilegítima por emanar de un proceso electoral simulado, en donde Nicolás Maduro se eternizará como presidente de la República Bolivariana de Venezuela este próximo 10 de enero.
Quinto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación a informar a esta soberanía de las acciones a instrumentarse para, desde México y en convergencia con la nueva política migratoria que se ha anunciado, ofrecer una solución integral al problema de la migración venezolana a nuestro país como resultado del éxodo de miles de nacionales del país sudamericano a partir del agravamiento continuo de la crisis política, económica y humanitaria.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el gobierno del estado de México a elaborar estrategias, acciones y políticas públicas que erradiquen la violencia feminicida contra las mexiquenses, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Este inicio de año lamentablemente fue inaugurado con un lamentable hecho: el feminicidio de una pequeña de nueve años en la colonia Poder Popular, en Valle de Chalco, del municipio de Chalco, estado de México.
De nada ha valido la implementación de la Alerta de Violencia de Género establecida en los 11 municipios más poblados del estado de México, como son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad y Cuautitlán Izcalli. Sigue la creciente desaparición y muerte de mujeres.
En el caso de esta menor de edad, fueron suficientes unos segundos para que un vecino, quien debía vigilar la colonia, abusara de ella y la asesinara.
La pequeña salió de su casa a tronar algunos cohetes; después, al no volver a su casa y tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el domicilio donde vivía el supuesto vigilante. El enojo de los vecinos y habitantes de la zona en la búsqueda del culpable requirió de la intervención de la fuerza pública e incluso del Ejército.
En casa de esta niña hoy hay dolor, desesperación e indignación, pues se ha cortado la vida de una pequeña que apenas empezaba a vivir y que quizá tendría un futuro prometedor.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que en términos relativos representan 32.8 por ciento de la población total.
La misma fuente indica que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones; 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años, los cuales requieren de una atención integral en materia de educación, salud, seguridad e integración social de este grupo.1
Sin embargo, a la fecha, el nuevo gobierno no se ha manifestado para hacer realidad el cumplimiento de este relevante grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes.
Nuestro país se enfrenta a un repunte de la violencia que ha situado al año 2017 como uno de los años más sangrientos en la historia reciente del país, siendo que hasta el 31 de octubre se registraron 23 mil 968 asesinatos, donde se incluyen un gran número de feminicidios que han conmocionado al país y que corresponden a niñas.2
Sin duda, los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.
Sabemos que la violencia ejercida contra las niñas y mujeres es la más antigua, la más fuerte, variada y la más extendida en todo el planeta. Así entonces, la violencia contra ellas representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.
El feminicidio es un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad; el hecho de ser crímenes sexistas y de odio al género. Los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.
Por ello es necesario garantizar a las niñas y mujeres su seguridad y su derecho a la vida; por ello es fundamental seguir avanzando en el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) como mecanismo de coordinación de las acciones públicas que tienen injerencia sobre el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Por lo que es importante el que se reúna para coordinar acciones de solución para este terrible flagelo social.
La nula reacción de las autoridades federales y estatales ante la desaparición o muerte de niñas, la forma en la que se investigan los feminicidios y los insuficientes programas de protección para prevenirlos, exhiben un trato discriminatorio para este grupo poblacional y que poco caso se hace a las recomendaciones y los llamados que organismos internacionales o regionales hagan sobre el tema y la necesidad de que actúen con premura.
Por ello estamos obligadas y obligados a eliminar este terrible destino manifiesto tan desigual y violento para las niñas, así como anular la discriminación de la que son objeto por su sexo, edad y condición de pobreza, desvalorizadas y obligadas a abandonar sus sueños y en muchos casos su propia vida.
Hagamos el compromiso de lograr que las niñas de nuestro país sean poseedoras de paz, seguridad y amor, y, sobre todo, que gocen plenamente de sus derechos para que tengan garantizado su futuro como mujeres.
Por lo tanto, el gobierno del estado de México debe garantizar seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población en su conjunto y particularmente de las niñas y mujeres. Pues es lamentable y preocupante el índice de desapariciones y muerte que sobre ellas se han generado en el estado de México.
Por lo anteriormente expuesto es necesario que la titular de la Secretaría de Gobernación y el gobernador del estado de México elaboren las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar este lacerante problema que enfrentan las niñas y mujeres de nuestro país y particularmente las mexiquenses; para ello, se requiere de toda la sensibilidad y el compromiso para lograr superar este gran reto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de México para que, en el marco de sus atribuciones y facultades, elaboren las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las niñas y mujeres mexiquenses.
Notas
1 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Del Niño (30 de abril)”, datos nacionales, México abril, 2018.
2 En https://elpais.com/internacional/2016/11/01/mexico/1478023188_800758.ht ml, Un hombre viola a tres niñas y mata a una de ellas en Ciudad Juárez, México, noviembre 27, 2017.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2019.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo por el que exhorta al Senado de la República, para que lleve a cabo el análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera.- Con fecha 11 de octubre de 2018, la Senadoras de la república Kenia López Rabadán, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Bertha Xochitl Gálvez Ruiz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Indira De Jesús Rosales San Román, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Revnoso Sánchez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Gloria Ellzabeth Núnez Sánchez y Nadia Navarro Acevedo, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección.
Segunda.- La exposición de motivos de la iniciativa señala que las mujeres hoy enfrentamos un nuevo tipo de violencia, la cual se trata de la violencia política en razón de género.
Por otra parte, precisa que la Convención de Belém do Pará, considera como violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta, basada en su género, que produzca una afectación psicológica a la mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y también aquellas conductas tendientes a incitar que se produzca una afectación a las mujeres.
Asimismo, destaca que de conformidad con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, en razón de género, realizado el 2016 y actualizado en 2017 para atender el proceso electoral de ese año, define la violencia política contra las mujeres, como todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer, por el hecho de ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas, o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Expone como un ejemplo claro de violencia política de género los hechos que se suscitaron en 2009, cuando se registraron fórmulas con mujeres titulares y hombres suplentes, para competir por una diputación, ya fuera de mayoría o de representación proporcional, y posterior a la toma de posesión, las mujeres eran obligadas a pedir licencia al cargo, para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus suplentes hombres.
Tercera.- Las Senadoras proponentes señalan que las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos políticos-electorales de las mujeres y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos, tal y como se determina en la Jurisprudencia 48/2016 VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.
Las diputadas de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión compartimos cabalmente la propuesta de nuestras compañeras legisladoras, con el objeto de que se incluya como causal de nulidad de una elección el ejercer violencia política por razones de género contra candidatas, así como se tipifique como conducta delictiva.
Coincidimos que la violencia política por razones de género es una conducta reprochable y contraria al orden social, la cual se debe evitar y erradicar y es necesario establecer un marco jurídico eficaz que inhiba esta práctica.
Estas adecuaciones al marco legal tendrán un importante impacto en el combate de esta práctica y dará más instrumentos al l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien derivado del proceso electoral de 2017-2018, emitió 93 sentencias relativas a violencia política en razón de género.
Cuarta.- Es de gran relevancia contar con las adecuaciones normativas lo antes posible, para el efecto de que en los próximos procesos electorales, se tengan los instrumentos normativos actualizados y se puedan combatir esta práctica de ejercer violencia política por razones de género
Conforme a lo anterior, someto a consideración del este Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Senado de la República para que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que realicen a la brevedad el análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un inciso d) a la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la violencia política en razón de género como causa de nulidad de una elección, y sea puesto a consideración del Pleno de esa Honorable Cámara de Senadores para su discusión y aprobación.
Ciudad de México a 9 de enero de 2019
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Congreso de Puebla a designar un gobernador interino ciudadano que concilie las divisiones políticas de la entidad a través de un proceso transparente garante de estabilidad, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, José Ricardo Gallardo Cardona, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Puebla vive una situación compleja como consecuencia del deceso de la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo. El ambiente político en la entidad es de inestabilidad e incertidumbre, lo que ha generado fracturas entre las distintas fuerzas políticas que hoy tienen la responsabilidad de incidir en el nombramiento del gobernador interino.
La ciudadanía tampoco está exenta de esta fractura, y la realidad es que la sociedad poblana ha quedado polarizada. Este ambiente, está claro, no abona en absoluto al desarrollo democrático de la entidad; por el contrario, debilita las instituciones, y ello genera un panorama de ingobernabilidad.
Por ello es necesario que el Congreso de Puebla, con la facultad que le confiere la Constitución Política local en el artículo 57, fracción XVII, de nombrar al gobernador interino, designe a una persona que subsane la polarización que se vive en la entidad y busque la reconciliación a través del diálogo entre las fuerzas políticas.
En una etapa histórica, no sólo para el país sino para Puebla, en los diputados de la legislatura actual debe caber la prudencia de resolver bajo un amplio consenso el reto político de nombrar un gobernador interino a través de un proceso transparente, conciliador y que genere certidumbre en las instituciones.
Consideramos que el gobernador interino debe ser una persona con credibilidad social capaz de llevar a cabo una política de reconciliación democrática. Debe promover la mutua confianza, el respeto de las leyes, las instituciones democráticas y buscar el diálogo plural, incluyente, sincero y constructivo para solucionar los retos señalados por encima de los intereses partidistas.
Una vía efectiva para combatir la polarización es que el gobierno interino constituya un gobierno de coalición, que permita la incorporación de distintos puntos de vista, ideologías y expresiones de la sociedad, para conciliar los intereses de todos los grupos políticos y buscar así el desarrollo democrático de la entidad en beneficio de todos los poblanos.
El nombramiento del gobernador interino, no obstante, no se agota en su designación sino en la sensatez de nombrar a una persona capaz de cimentar el camino que permita llevar cabo una elección extraordinaria transparente, donde exista piso parejo para todos, que no se ocupe el interinato para construir candidaturas donde se elija al gobernador o gobernadora en un proceso electoral que garantice la participación de la ciudadanía y de los partidos.
Por lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta soberanía la presente proposición
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Puebla a impulsar con todas las fuerzas políticas un gobernador interino de perfil ciudadano con vocación democrática que concilie las divisiones políticas de la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación federal a establecer una mesa de diálogo con todos los actores políticos de la entidad para preservar la estabilidad y la gobernabilidad en el estado ante el nombramiento del gobernador interino.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Puebla a incorporar en la toma de decisiones la expresión de todos los partidos políticos para fortalecer las instituciones y que pueda implantarse un gobierno de coalición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2019.
Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado a solicitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos que dictaminen con la mayor brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, enviada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, suscrita por el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen, a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, con base en las siguientes
Consideraciones
El 24 de noviembre de 2016, es decir hace más de dos años, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, por considerar imperioso regular dicha rama de la medicina que actualmente no se menciona en la Ley General de Salud que data de 1984.
Si bien es cierto que dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, prevención de trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, hasta sanidad internacional, no contempla la regulación de la medicina estética.
Ante la necesidad de actualizar la Ley General de Salud para incluir mejores mecanismos de protección a la salud de las personas, es que el pleno de la Cámara de Diputados consideró necesario incluir en dicha legislación diversas exigencias para que las personas que ejerzan, realicen actos, tratamientos, técnicas y apliquen productos relacionados con la medicina estética, así como aquellas que realicen actos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de cirugía estética, se les requiera que cuenten con los títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, incluyéndose dichas prácticas de la medicina al listado de actividades profesionales a que se refiere el artículo 79 de la mencionada ley.
De igual manera, se consideró necesario para fortalecer este mecanismo de protección para las personas que desean sujetarse a tratamientos y productos de medicina estética y de actos quirúrgicos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de Cirugía Estética, que quienes ejerzan dichos actos médicos no puedan publicitarse bajo la leyenda de “registro en trámite” o cualquier otra leyenda similar, y en los establecimientos en donde se realicen estos actos, cuenten con personal profesional a cargo que tenga títulos profesionales o diplomas de especialización en dichas ramas de la medicina y en caso de que no cumplan con dichas obligaciones se les aplicarán sanciones como la clausura del establecimiento, ya que con dichas medidas se evita que personas que no sean médicos con los estudios necesarios puedan realizar actos relacionados con dichas ramas de la medicina.
La necesidad de que se integren en la ley los mecanismos de protección que han quedado mencionados, es urgente, toda vez que de no hacerlo, más personas sin escrúpulos, charlatanes y sobre todo, sin la preparación médica en dicha rama de la medicina, seguirán aprovechándose de este vació legislativo para ejercer actos de medicina estética, sin que tengan los conocimientos y pericia necesarios, lo que sin duda pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas que recurren a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia.
Sin duda, todos nos hemos enterado de miles de casos de personas que se han sujetado a tratamientos de medicina estética que han sufrido lesiones, reacciones alérgicas, infecciones y hasta han perdido la vida, porque les practicaron dichos actos personas que la mayoría de las veces no son médicos o si lo son, no tienen la suficiente preparación en dichas ramas de la medicina o porque hubo complicaciones y en los establecimientos en donde se los realizaron no contaban con la infraestructura, aditamentos, aparatos e instrumental necesarios para realizar de manera correcta dichos tratamientos que sólo deben realizar médicos capacitados.
Por información contenida en registros de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se puede afirmar que la medicina estética en México existe en programas de estudio que cuentan con reconocimiento de validez oficial por autoridades educativas y en la formación, capacitación de recursos humanos de salud, desde el 2006, y el requisito para que las personas pueden cursarla es que sean médicos, por lo menos en los posgrados con grado de maestría y de especialidad que la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, expide cedulas profesionales con efectos de patente, es decir que desde hace más de diez años, en México ya hay médicos con conocimientos específicos en medicina estética que la ejercen y dicho ejercicio se ve afectado por aquellas personas que ejercen dicha medicina sin ser médicos y sin tener la preparación y conocimientos necesarios que son los que provocan las lesiones, que ponen en peligro la vida y salud de las personas que recurren a tratamientos estéticos y que son un riesgo sanitario latente.
Por ello, no hay razón para que este importante proyecto de reforma no sea aprobada, a la brevedad, en el Senado de la República, pero también es preocupante que hemos detectado que hay algunas personas que han pedido el apoyo de algunos legisladores, porque se oponen a que se incluyan en la ley, las medidas de protección anteriormente descritas, para seguir tolerando y protegiendo a todas aquellas personas sin escrúpulos y sin conocimientos médicos necesarios, en pocas palabras, a los “charlatanes” que aprovechando que actualmente la Ley General de Salud no regula la medicina estética, realizan tratamientos y aplican productos relacionados con dicha rama de la medicina y ganan millones de pesos poniendo a diario en riesgo la vida, integridad y salud de las personas que recurren a estos tratamientos, por ello, es que se solicita a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos del Senado de la República que, a la brevedad, aprueben la minuta que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, lo que sin duda generará una mejor práctica en los tratamientos y ejercicio relacionado con la medicina estética.
Ante los argumentos expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos de dicha Cámara, que dictaminen, a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, por incluir importantes mecanismos que protegen la salud y la vida de las personas que recurren a tratamientos de esta rama de la medicina.
Dado en el salón de la Comisión Permanente, a nueve de enero de dos mil diecinueve.
Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 104 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, suscrita por los senadores Mario Zamora Gastélum, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Para servir a la patria nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va”
Venustiano Carranza
Introducción
La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura, y se desarrolló durante una guerra civil. El Plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912 algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico: la Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano.
Antecedentes
El despojo de terrenos, causado principalmente por las lagunas jurídicas del artículo 27 de la Constitución de 1857, trajo como consecuencia que los campesinos perdieran los medios indispensables para subsistir, cayendo en una especie de esclavitud, lo que motivó un descontento generalizado.
En 1915, tras vivir los momentos más álgidos de la Revolución, Venustiano Carranza, entonces presidente de la República, decidió realizar una serie de propuestas de orden legal que significaran la reorganización política y económica del país; tomó medidas encaminadas a satisfacer los principales reclamos de la nación, y el 6 de enero, en la ciudad de Veracruz, emitió la Ley Agraria, con el principal objetivo de restituir sus tierras a quienes habían sido despojados de ellas.
La Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera, entonces secretario de Hacienda, decretó puntos principales que fueron la repartición y la distribución de propiedades, mediante el expolio de haciendas; con esa ley se logró restituir gran parte de las tierras arrebatadas a sus verdaderos dueños por una errada interpretación legislativa en la materia, así como impulsar la Comisión Nacional Agraria (CNA), entre otras disposiciones, la nulidad de todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades; y estableció que el gobierno podía recurrir a la expropiación de terrenos para dotar a las comunidades que, ya fuera por falta de títulos o porque sus ejidos habían sido enajenados legalmente, no se hicieran acreedoras a la restitución.
Carranza consideró que devolver a los pueblos sus terrenos, era un acto de elemental justicia, y la única forma efectiva de asegurar la paz y promover el bienestar.
Otro de los objetivos alcanzados fue la creación de comisiones locales agrarias y de comités particulares ejecutivos que, suscritos a la CNA, se encargaron de conducir los trámites iniciados en las diversas localidades.
La Ley Agraria, uno de los documentos fundamentales redactados durante la Revolución, representó la consigna de las demandas revolucionarias; fue la primera disposición jurídica en torno a la cuestión agraria, y el precedente de las instituciones de este carácter; además de ser uno de los referentes principales para la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917, que más tarde permitiría realizar el reparto agrario por el cual habían peleado los revolucionarios.
Notas
https://www.inah.gob.mx/boletines/1449-en-1915-venustian o-carranza-expidio-la-ley-agraria
https://www.cultura.gob.mx/efemerides-del-dia/?numero=30 9#.XDTLcdtKiM9
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Senadores:
Con motivo del 103 aniversario del Primer Congreso Feminista de Yucatán, realizado del 13 al 16 de enero de 1916, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
Hace 103 años, en el estado de Yucatán, se reunieron alrededor de seiscientas veinte mujeres, del 13 al 16 de enero en 1916 y durante tres días reflexionaron y debatieron, respecto a la condición social de las mexicanas. Eran las liberales de la época.
Si bien había un precedente de 1915 en el estado de Tabasco, el general Salvador Alvarado, desde octubre de 1915, hizo la convocatoria para este primer Congreso Feminista . En dicha convocatoria, emitida por el gobierno del estado, se menciona que a la mujer se le “está educando para una sociedad que ya no existe”, que es necesario que tenga una “educación que le permita vivir con independencia”, y de que “pida su injerencia en el Estado”. Sin cortapisas se externaba:
“Para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca”.
Aun cuando el país estaba en plena Revolución, en el ambiente de la época, ideales positivistas, socialistas y revolucionarios convivieron con conceptos conservadores y decimonónicos y el intercambio de opiniones y de visiones, muchas veces opuestas, sembró de vanguardia la discusión y perfiló el duro camino para la lucha de las mujeres por la igualdad.
Es importante recordar que la comisión organizadora fue integrada, entre otras, por Consuelo Zavala Castilla, como presidenta; Dominga Canto P., vicepresidenta; Adriana Vadillo y Rosina Magaña, secretarias. Y con el apoyo del gobierno, reunieron a mujeres de todo el estado, en su mayoría maestras, ya que la enseñanza era el único estudio legítimo al que tenían acceso las mujeres y, por lo tanto, casi el único trabajo remunerado que permitía la sociedad.
Qué fue de lo que hablaron estas mujeres visionarias, precursoras y muy valientes. Cuatro temas fueron discutidos en el hermoso teatro José Peón Contreras:
1) Los medios sociales para liberar a las mujeres del “yugo de las tradiciones”;
2) El papel de la escuela primaria “en la reivindicación femenina”;
3) Las “artes y ocupaciones” para preparar a la mujer para el progreso; y
4) Las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad.
Acotados por la época, es importante subrayar que algunos conceptos aún pueden ser vigentes, y por ello es que vale la pena no olvidar la fecha, ni el valor de su atrevimiento.
Por ejemplo, la presentación del texto La mujer en el porvenir de Hermila Galindo , donde la autora habla de la sexualidad femenina, declara que en las escuelas de enseñanza secundaria debería impartirse clases de anatomía y fisiología... “que las mujeres deberían ser educadas en el conocimiento de su cuerpo y que debía regir una sola moral para ambos sexos”.
Por su parte Francisca Ascanio presentó un texto sobre la educación que se titula El feminismo en acción . A decir de Martha Eva Rocha, los planteamientos de este documento contienen elementos que son herencia de las feministas del siglo XIX, que debatieron sobre la dignificación de la mujer y la necesidad de instruirla. Pero también están presentes ideas innovadoras como la coeducación.
No hubo el consenso que se hubiera querido, ni pudieron ser todas las deliberaciones convertidas en leyes como aspiraba el Congreso, pero las conclusiones a que llegaron las mujeres en Mérida, mostraron el espíritu progresista que predominaba en los sectores revolucionarios de aquella entidad y marcaron una senda que, con demasiados tropiezos, siempre pudo volver a este origen.
Yucatán fue sin disputa el estado más avanzado de la República en materia social. En esta entidad también fueron electas las primeras tres mujeres diputadas locales en nuestro país: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dzib Cícero.
Sin embargo, aún hay lugares y prácticas políticas que parecen vivir en un siglo de atraso, sociedades como diría el general Alvarado “que ya no deberían existir”, en donde no se les da a las mujeres el “estado jurídico que les pertenece y les corresponde”. En el estado de Oaxaca como una muestra más de las enormes resistencias contra las que hay que luchar, debemos denunciar, que al menos dos presidentas municipales electas: en San Miguel Ahuehuetitlán y Santiago Tamazola, han sido “obligadas” a renunciar, instantes inmediatos a su toma de protesta, para que varones suplentes, asuman los cargos que ellas ganaron legítima y legalmente. No es posible que en los albores de este siglo la participación política y el empoderamiento de las mujeres se haga bajo una simulación. Debemos estar atentos y denunciarlo, no importa de qué fuerza política o grupo se trate.
Es por todo ello, por lo que en esta LXIV Legislatura, histórica por la paridad de género; no debemos olvidar a nuestras precursoras y los planteamientos de vanguardia y el espíritu de diálogo que mostraron en momentos de gran transformación para el país; pues las grandes revoluciones inician por las ideas y por el valor de exponerlas y sostenerlas, aun a contracorriente de la sociedad y de su clase política dominante.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)
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