Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5426-III, miércoles 18 de diciembre de 2019

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Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a atender las irregularidades presentadas en las ventanillas del Siniiga en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, suscrita por la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer ante la Comisión Permanente al subsecretario para América del Norte de la SRE a fin de que explique los detalles del proceso de negociación del protocolo modificatorio del T-MEC, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para solicitar a la SRE, la STPS y la SE informes sobre la designación de agregados laborales de EUA en el marco de la implantación del T-MEC y los procedimientos recíprocos que lleve a cabo México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea SEP como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de seguir impulsando la educación en esta modalidad, suscrita por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a promover políticas públicas con una planeación estratégica que permita optimizar los recursos autorizados en el PEF de 2020 para ciencia, tecnología e innovación, suscrita por la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la APF a cumplir el artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y contar con lugares adecuados e higiénicos para que las madres amamanten a sus bebés o se extraigan leche, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la CFE a emitir por escrito la negativa del cobro del derecho por infraestructura tecnológica de seguridad de Yucatán por no tener las facultades legales para ello, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, a fin de citar a los titulares de la SRE, la STPS y la Subsecretaría para América del Norte a efecto de que expliquen los contenidos de la adenda del T-MEC, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a considerar con el gobierno de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y el transporte la viabilidad de firmar un convenio para mejorar las rutas, los horarios y demás condiciones a que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, suscrita por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CEAV a proporcionar de manera ágil las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación requeridas por los hijos de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón para atender las circunstancias adversas derivadas de su asesinato, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a la instauración del protocolo modificatorio del T-MEC, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a reforzar la supervisión del funcionamiento de las casas de empeño durante el primer trimestre de 2020 para evitar abusos contra consumidores, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a iniciar de inmediato la demolición y construcción del hospital general regional número 25, Zaragoza, a cargo del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías o fiscalías generales de justicia locales a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia víctimas de desapariciones, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al subsecretario para América del Norte de la SRE a comparecer ante la Comisión Permanente con objeto de que explique los efectos de la legislación secundaria propuesta por EUA en la aplicación del T-MEC, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 órganos superiores de fiscalización locales a incorporar en sus auditorías anuales información relativa a los apoyos en efectivo o especie proporcionados por universidades públicas y gobiernos estatales y municipales a equipos profesionales de futbol, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y la SFP a analizar el caso del accidente de Pedro Alberto Lezama Hernández, sucedido en las labores no descritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el IMSS a remitir a esta asamblea el informe sobre el balance del programa piloto referente a los trabajadores del hogar, y reforzar la difusión de sus derechos laborales, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a enviar un informe sobre el destino de los recursos del Fortaseg, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a proporcionar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019, suscrita por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a reformar sus Constituciones y leyes en materia de seguridad pública a fin de establecer que los ayuntamientos tendrán la facultad de poseer centros de control de confianza para certificar a sus policías, suscrita por el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a realizar acciones coordinadas para publicar en el DOF la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, suscrita por los diputados Marco Antonio González Reyes, Juan Pablo Sánchez Rodríguez y Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y la CFE a abstenerse a llevar a cabo cualquier acción tendente a cobrar nuevos impuestos o derechos relacionados con el consumo de energía en Yucatán con motivo del paquete fiscal de 2020, suscrita por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Durango, la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a instruir a efecto de que se proporcionen recursos materiales y humanos para atender a los pacientes locales con trastorno afectivo estacional, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a fortalecer con sus homólogas locales los programas dirigidos a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en caminos y carreteras, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar con los gobiernos locales convenios de colaboración con las unidades de investigación de las universidades públicas y privadas del país para impulsar estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de la violencia, el machismo y la desintegración familiar, y su relación con la drogadicción y el alcoholismo, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, diversas secretarías de Estado y el Fonart a fortalecer el fomento y la difusión de las empresas o los artesanos productores, comercializadores y exportadores de juguetes, ante su relevancia en esta época decembrina, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la SSPC a reforzar las medidas de seguridad y servicios de urgencia en tramos carreteros de Michoacán, específicamente en la autopista Siglo XXI, suscrita por el senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Semarnat y la Profepa a remitir diversos informes relativos al tráfico ilegal de totoaba y la disminución de la población de la vaquita marina, suscrita por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con puntos de acuerdo, a fin de recibir la información que permita interpretar los alcances de las funciones de los agregados laborales para la implantación del T-Mec, a cargo de la senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de diciembre de 2019

Efemérides

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a atender las irregularidades presentadas en las ventanillas del Siniiga en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, suscrita por la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal por el estado de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Asamblea Legislativa Federal la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para resolver las diversas irregularidades que se están presentando en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, relacionadas con la venta, cobro indebido, registro incorrecto y mala distribución de los paquetes identificadores de ganado, conocidos como “Aretes Identificadores”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Crecimiento de la ganadería

El sector ganadero se ha transformado en las últimas décadas con un ritmo sin precedentes. Esta tendencia económica ha dado lugar a una creciente demanda de alimentos derivados de animales. En las economías más prósperas del mundo aumentó la producción ganadera significativamente con la ayuda de innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector.

La creciente demanda de alimentos derivados de animales, se ha satisfecho primordialmente con la producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, en zonas rurales, millones de personas aún siguen criando ganado recurriendo a sistemas tradicionales de producción en los que basan su subsistencia y seguridad alimentaria.

El ganado aporta un 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas. El sector ganadero es una de los que más rápido crecen.1

Es vertiginoso el crecimiento que ha experimentado la producción y el consumo de productos de origen animal en todo el mundo y se prevé que siga con tendencia a la alza. Los sistemas ganaderos tradicionales contribuyen aproximadamente en un 70 por ciento a la satisfacción de la demanda de la población rural pobre del mundo. Son las empresas modernas de producción a gran escala, que se caracterizan por usar tecnología avanzada y comerciar en el mercado internacional, las que incrementan cada vez en mayor medida la satisfacción de la demanda de carne, leche y huevo de los mercados internacionales y locales en rápido crecimiento. La producción ganadera requiere actualmente un tercio de las tierras de cultivo en todo el mundo y se les destina a la producción de piensos, por lo que compiten por el uso de la tierra, agua, recursos energéticos y la fuerza de trabajo. Este fenómeno económico y social se complica por presiones socioeconómicas mundiales y por lo factores ambientales condicionados principalmente por el cambio climático.2

Importancia de la ganadería en México

México no es la excepción. Su ubicación geográfica, así como sus características físicas, su biodiversidad y componentes climáticos propician un ambiente adecuado para el crecimiento de la ganadería.

De los 198 millones de hectáreas con las que cuenta el territorio nacional, 145 se emplean para actividad agropecuaria. De éstas últimas 30 millones de hectáreas se aprovechan en cultivos, 115 millones se emplean para agostadero y 45.5 siguen siendo bosques o selvas.

De los145 millones de hectáreas que se emplean para actividad agropecuaria, la ganadería bovina extensiva ocupa 19 y en ese espacio se crían para explotación 12 millones de cabezas de ganado bovino y representan en conjunto 40 por ciento del hato nacional además de ser responsables de producir 28 por ciento de la carne y 39 por ciento de la carne en el país.3

Como resultado de esta práctica, las superficies destinadas a la ganadería nacional actualmente representan 78 por ciento de la tierra agrícola.4

En los últimos años, el crecimiento del sector primario se ubicó por debajo del crecimiento del PIB nacional; aunque en este año aumentó 2.6 por ciento en el trimestre enero-marzo. Ha sido el sector agropecuario el que ha impedido que la caída de la economía sea más pronunciada.

La ganadería en nuestro país es una actividad fundamental en la economía. A pesar de que prevalece la producción ganadera de autoconsumo; la producción de carne es una de las actividades económicas más importantes y se ha encaminado a reducir la pobreza, así como garantizar la seguridad alimentaria a las comunidades rurales, porque un significativo porcentaje de la producción es objeto de venta, comercialización e incluso exportación.

Surgimiento del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

Para fortalecer el sector pecuario en nuestro país, el gobierno mexicano planteó la creación de un Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), que se implementó después de que el Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) conoció acerca de los sistemas de identificación individual para bovinos de países de Europa y Sudamérica y, a partir de esto, observaron los beneficios que el sistema podría brindar a la ganadería mexicana.

Es por ello que a finales de 2002 se planteó a la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa); establecer un sistema nacional de identificación para el ganado bovino; influida por el interés manifiesto de los productores organizados en México. La Sagarpa, a través de la Coordinación General de Ganadería (CGG), destinó recursos para iniciar los trabajos técnicos para el diseño del sistema.

El SINIIGA se crea y se fundamenta en la posibilidad de eventos zoosanitarios que representan riesgos reales a la salud pública. Por ejemplo, las catástrofes vividas en la década de los ochentas en Europa por la Encefalopatía Espongiforme Bovina llamada “Enfermedad de las vacas locas”, que ocasionó cuantiosas mermas económicas por la disminución del hato productor, el cierre de las fronteras a animales vivos y subproductos de países con EEB, fiebre aftosa y otras enfermedades emergentes.

La identificación individual de los animales desde su origen es una herramienta exigida por importantes países consumidores de carne de ganado bovino, para garantizar la inocuidad agroalimentaria de los productos consumidos en sus territorios; permite detectar rápidamente el lugar de origen de los animales, así como de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP), ubicar las rutas de movilización con la finalidad de establecer las medidas precautorias necesarias y fundamentar la toma de decisiones correctas en caso de presentarse alguna emergencia zoosanitaria.5

Importancia del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

EL Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) es un programa que responde a una política de Estado, con el propósito de identificar el animales de interés pecuario a nivel nacional, recabando, integrando y administrando la información desde su origen (nacimiento o importación) hasta su baja (muerte o exportación); estableciendo un Banco Central de Información para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo y la salud animal, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales a través de un trabajo responsable, confiable, honesto y con una permanente actitud de servicio. Con la finalidad de apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de la ganadería mexicana.

El SINIIGA es un sistema de identificación individual para las especies animales el cual especifica:

a) Una numeración única y exclusiva para cada animal en todo el país.

b) Un sistema generalizado para todas las especies mencionadas.

c) Una identificación permanente e irrepetible, durante toda la vida del animal o colmena.

d) Un paquete de identificación que emplea 2 pares de dispositivos plásticos con el mismo número, para que, en caso de extravío de alguno de ellos, otro permanezca. Los modelos de identificadores son diferentes para cada especie.

e) Banco Central de Información (BCI).6

Beneficios de la identificación:

• Unifica y estandariza la identificación animal en un sistema único donde todos los animales estén identificados de una misma manera y evita el gasto en la aplicación de otros esquemas o sistemas de identificación.

• Aumenta la eficiencia en el rastreo retrospectivo (rastreabilidad y trazabilidad) en caso de presentarse algún evento sanitario.

• Actualiza además de mejorar la calidad y exactitud de la información con la que cuenta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

• Precisa la información del hato ganadero nacional (número de cabezas, estructura del hato, razas, cruzas, edades, sexo y finalidad zootécnica). Para si poder permitir la implementación de medidas ante contingencias zoosanitarias.

• Promueve y fortalece la creación de mercados nacionales e internacionales.

• Coadyuva al aseguramiento de la inocuidad alimentaria de productos de origen animal.

• Eficienta el uso de los recursos con base a la información para la aplicación de las políticas de apoyo al sector.

Beneficios de la identificación para los productores

Contarán con una herramienta para mejores prácticas: gestión productiva y sanitaria dentro de su Unidad de Producción Pecuaria (UPP), conocerán la estructura de su hato (vientres, sementales, crías, etcétera).

• Diferenciarán a los animales individualmente.

• Aplicaran prácticas reproductivas, nutricionales, genéticas y sanitarias específicas a individuos o grupos de animales.

• Ingresarán a mercados regionales, nacionales e internacionales.

• Accederán a beneficios de programas de apoyo a nivel federal, estatal y municipal.

• Tendrán una herramienta que apoye a combatir el abigeato de ganado y de colmenas.

• Establecer un mercado diferenciado de alto poder adquisitivo en el que se incorpore a los productos y subproductos de origen animal con información certificada por un sistema oficial a nivel nacional y reconocido a nivel internacional.

• Dar certeza de origen del ganado o colmenas y de los productos derivados de ellos.

• Ofrecerá certeza al Fondo de Aseguramiento (FA) con el ganado identificado.

Problemática con el sistema de identificación

Sin embargo, actualmente este sistema de identificación ha padecido de un mal manejo; principalmente en la zona sureste de nuestro país. En los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en donde se han presentado diversas irregularidades en su funcionamiento:

1. Existe un mercado negro de aretes identificadores de SINIIGA. Esta inadecuada actividad facilita el que los animales sean comercializados con mayor facilidad y estimula el desarrollo de abigeato (robo de ganado), debido a que no existen medidas de seguridad que garanticen la comercialización y facilita el traslado de los animales a otras entidades federativas.

2. Los datos proporcionados al Banco Nacional de Información son modificados de forma maliciosa en algunos casos por el personal de SINIGA en otros por los técnicos identificadores autorizados o por los mismos productores; de tal forma que han sido detectados registros de vacas que tuvieron cien becerros en un año (hecho que es imposible porque el periodo de gestación de una vaca comprende un periodo entre 276 y 283 días). Actos que tienen su origen, principalmente, por la liberación de los aretes para que estos puedan ser vendidos en el mercado negro.

3. Los pequeños productores compran los aretes identificadores en el mercado negro en lugar de registrarse en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Debido a la corrupción que se existe últimamente en las ventanillas, lo tedioso que resulta ser para ellos los trámites burocráticos para la obtención de los aretes identificadores y para estar en posibilidad de vender su ganado.

4. Se han reportado problemas con la colocación de los aretes identificadores, ya sea por falta de capacitación del personal Técnico Identificador, impericia o incluso corrupción. Se realiza la colocación del arete de manera cruzada; es decir, los aretes de los becerros, se los colocan a las vacas y viceversa. Acto ocasiona problemas serios a los productores ganaderos al comercializar y movilizar los animales que producen. Porque al vender su ganado tienen que pasar forzosamente a la ganadera para obtener sus guías y la factura que les permita movilizar el ganado; pero indebidamente resulta que los aretes no están en la UPP que se les indica.7

5. No se ha podido identificar a todo el hato de las entidades Federativas, porque en las ventanillas autorizadas no se cuenta con los paquetes identificadores necesarios. En ocasiones los productores pagan el costo de los paquetes sin que éstos les sean entregados. Estos actos generan conflicto en el transporte y en el sacrificio de los animales en los rastros, ya que no se permite el proceso del animal si no porta Cédula de Identificación que acredita sanidad e inocuidad del animal. Además, evita que los productores puedan acceder a los diversos programas sociales que ofrece el gobierno.8 También propicia el que los productores tengan que disminuir los precios de venta al no contar con los aretes identificadores y da lugar a la proliferación de “coyotes” y “acaparadores” de sus ventas.9

6. Otra problemática que se ha presentado en relación a los paquetes identificadores de ganado en el sureste de nuestro país es que, por referencia de los Técnicos Operadores Autorizados: ocasionalmente en las ventanillas autorizadas y locales de SINIIGA, se aumentan el costo de los paquetes identificadores de ganado e incluso cobran un monto adicional por cada identificador colocado o por cada identificador que es devuelto; sin que el dinero cobrado para esos efectos sea reportado en la ventanilla porque se lo queda el personal de la misma Esta actividad beneficia indebidamente el bolsillo del personal corrupto y perjudica la economía tanto del técnico operador autorizado como del propietario o productor pecuario.

Consideraciones

I. Que como diputada federal representante del pueblo, secretaria de la Comisión de Ganadería de esta honorable Cámara de Diputados y participante de esta cuarta transformación política de México. Es de gran importancia apoyar y establecer acciones que permitan solucionar la problemática que aqueja al sector pecuario de nuestro país.

II. Que le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en materia de sanidad animal, fomentar los programas, elaborar normas oficiales en materia de sanidad, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia. Además de organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas. Todo ello por medio de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas sectoriales.

III. Que debido a la vertiginosa transformación del sector ganadero, el incremento en la demanda de alimentos y el acentuado intercambio comercial de productos de origen animal tanto a nivel local e internacional; ha llevado a que nuestro país se establezcan políticas diversas de protección alimentaria y de sanidad animal, mediante el establecimiento de un sistema de rastreabilidad, tanto de las unidades de producción, como de los animales y de sus productos.

IV. Que con la finalidad de fortalecer el sector pecuario de nuestro país en el 2002, la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con la Coordinación General de Ganadería (CGG); destinó recursos para la creación de un Sistema de Identificación Individual de Ganado) aún vigente.

V. Que el Sistema de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) fue creado con la finalidad de identificar a los animales de interés pecuario a nivel nacional, recabando, integrando y administrando la información desde su origen (nacimiento o importación) hasta su baja (muerte o exportación) en un Banco Central de Información, para apoyo de las actividades del sector pecuario en aspectos relacionados al manejo, la salud animal, rastreabilidad, comercio nacional e internacional, la generación de información estratégica y apoyo a la administración de programas gubernamentales; a través de un trabajo responsable, confiable, honesto y con una permanente actitud de servicio, logrando con esto apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de la Ganadería Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para resolver las diversas irregularidades que se están presentando en las ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de Identificación Individual del Ganado, de los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas relacionadas con la venta, cobro indebido, registro incorrecto y mala distribución de los paquetes identificadores de ganado, conocidos como “Aretes Identificadores”.

Notas

1 FAO. “El papel de la FAO en la producción animal”. Recuperado desde http://www.fao.org/animal-production/es/ el 5 de septiembre de 2019.

2 FAO. Departamento de agricultura y protección al consumidor. Producción y Sanidad Animal. “Ganado y Producción Animal” Recuperado el 5 de septiembre de 2019 desde

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/animal_productio n.html

3 Salazar Sánchez J. y Hernández Beltrán A. Situación, retos y tendencias para el desarrollo sustentable. La ganadería familiar en México. Un enfoque de sustentabilidad” Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados. Enero 2018. Recuperado el 7 de septiembre de 2019 desde http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-ganadern-a_familiar_en_mn-xico-n-_ un_enfoque_de_sustentabilidad.htm

4 Sánchez Salazar, M.T., J.M. Casado Izquierdo y G. Bocco Verdinelli (2013): La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro, México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Recuperado el 7 de septiembre de 2019 desde

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/699/polit ica.pdf

5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Preguntas y respuestas frecuentes, realizadas a SINIIGA-SINIIDA. 30 de noviembre de 2017. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde

https://www.siniiga.org.mx/docs/Banco_preguntasSINIIGA.p df

6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Manual de capacitación para técnicos identificadores autorizados. 27 de octubre de 2016. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde

https://www.siniiga.org.mx/docs/Manual_Tecnico.pdf

7 Márquez, A. (2 de mayo de 2019). Irregularidades de SINIIGA afecta a ganaderos veracruzanos. El Sol de Tampico. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/irregularidades- de-siniiga-afecta-a-ganaderos-veracruzanos-3449203.html

8 Amador, A. (29 de julio de 2014) Falta de registro SINIIGA complica transporte y matanza de ganado. NTR Periodismo Crítico .

Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde

http://ntrzacatecas.com/2014/07/29/falta-de-registro-sin iiga-complica-transporte-y-matanza-de-ganado/

9 Ontiveros, P. (16 de septiembre de 2019). Cae el precio del ganado. Suspenden entrega de aretes de registro. El Mañana. Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde

https://www.elmanana.com/
cae-el-precio-del-ganado-suspenden-entrega-de-aretes-de-registro-riberena-ganaderia-asociacion-ganadera-crisis/4918732

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer ante la Comisión Permanente al subsecretario para América del Norte de la SRE a fin de que explique los detalles del proceso de negociación del protocolo modificatorio del T-MEC, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se cita a comparecer, ante el pleno de esta Comisión Permanente, al ciudadano Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que explique detalles del proceso de negociación del Protocolo Modificatorio del T-MEC y lo relacionado con la legislación estadounidense de implementación del Tratado y sus impactos en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jueves pasado, durante la votación del Protocolo Modificatorio del T-MEC, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado dejó clara su posición: votar a favor del Protocolo no por estar de acuerdo con todos sus contenidos ni por estar satisfecho del proceso mismo de negociación. Votar a favor suponía respaldar una medida más positiva que negativa para la economía mexicana, contribuir a dejar atrás la incertidumbre sobre un acuerdo central para el bienestar de los tres países y dar un impulso importante a la institucionalización de la muy difícil relación entre México y Estados Unidos de los últimos meses.

Sin embargo, también el jueves pasado, se presentaron los argumentos para no hacerlo con el entusiasmo del gobierno mexicano. Se plantearon, por ejemplo, las dudas relativas a los mecanismos de solución de controversias y las insuficientes garantías presentes en el Tratado para evitar acciones unilaterales con efectos extraterritoriales por parte de Estados Unidos. Se comentó ampliamente sobre el impacto negativo que las disposiciones sobre reglas de origen del acero tendrán sobre la industria automotriz y se abundó en aspectos igualmente controversiales en lo relativo a los anexos en materia laboral. Pero sobre todo, advertimos que la aprobación se hacía sobre las rodillas, sin contar con un análisis profundo como el que necesitamos los senadores de la república para permitir un óptimo ejercicio de nuestra facultad constitucional. Se señaló la tardía recepción del documento en español y de la ausencia de los mecanismos de parlamento abierto a fin de hacer una amplia consulta con los sectores potencialmente afectados. Se subrayó la preocupante marginación del empresariado y, quizá, más preocupante aún, de la Secretaría de Economía en el cierre de las negociaciones. Una y otra vez señalamos nuestro rechazo ante lo que fueron graves omisiones en informar al Senado sobre la naturaleza de las concesiones para satisfacer las exigencias de demócratas y republicanos y en repetidas ocasiones enfatizamos lo decepcionante que resultó conocer de dos acuerdos paralelos al Protocolo de los que nadie había hablado previamente.

En concreto, el Grupo Parlamentario del PAN, tanto en la discusión del pleno, como en la que se dio en el seno de las comisiones, señaló que había un problema con textos publicados en la página del Comité de Medios y Arbitrios, así como con el anuncio de una vacante para contratar a un “inspector” que vigilara la aplicación de la reforma laboral en México. En efecto, ambos indicios mostraban la firme voluntad de las autoridades de los Estados Unidos de, más allá de lo establecido en el Tratado, formular una política de directa supervisión, in situ, en territorio mexicano de los compromisos sindicales y laborales asumidos por nuestro país. Algunos de estos compromisos, por cierto, fueron asumidos mediante la oprobiosa carta del 14 de octubre pasado que el presidente López Obrador dirigió al presidente de ese Comité, tan merecedora como otras acciones de esta administración, de figurar en los anales del entreguismo nacional hacia el vecino del norte.

Contrario a la opinión y el criterio de algunos legisladores y expertos de esperar, con prudencia y un mínimo de cautela, a la presentación de la propuesta de Ley de Implementación del Tratado, antes de aprobar el Protocolo, la mayoría legislativa en el Senado aceleró el proceso, seguramente instigada para ello por el propio Ejecutivo federal. Dos semanas antes, el presidente de la República había informado que México había rechazado la supervisión de Estados Unidos y Canadá sobre la ley laboral y en el evento en Palacio Nacional del 11 de diciembre, el senador Ricardo Monreal se ufanó de que se hubiera evitado “el despliegue de inspectores norteamericanos en plantas y empresas del territorio nacional”, algo que en sus palabras era algo que “para el Senado, resultaba francamente inaceptable”.

Tanto en ese mismo evento como en las reuniones que se sostuvieron con él la semana pasada, el subsecretario Seade, en numerosas ocasiones, desmintió la intención de enviar inspectores a México para supervisar el cumplimiento de los compromisos laborales. Dijo literalmente que el tema de los inspectores era “el mayor horror de todos” y que, “sin duda ese fue un tema de la mayor intensidad” durante las negociaciones.

El sábado 14 de diciembre, sin embargo, apenas dos días después de la aprobación legislativa en el Senado, los medios dieron cuenta de la presentación de la iniciativa de implementación del Tratado en la Cámara Baja del Congreso. De acuerdo con la sección 271 de la iniciativa H.5.5430, presentada por la Casa Blanca, y que seguramente comenzará a discutirse esta semana en la Cámara de Representantes, la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos contratará hasta 5 funcionarios cuyas tareas incluirán, entre otras, el monitoreo y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales del Estado mexicano. Estos “agregados asistirían al Comité Laboral Interagencias, encabezado por el representante comercial de Estados Unidos e integrado por las dependencias federales que se consideren convenientes en el ejercicio de este monitoreo.

El propio subsecretario Jesús Seade reaccionó al anuncio rechazando la medida y advirtiendo que esta disposición es fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración Trump, subrayando que no fue consultada con México ni fue parte del protocolo suscrito. Igualmente, el subsecretario Seade afirmó que viajaría a Washington para reunirse, este fin de semana pasado, con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, a fin de encontrar vías para superar esta diferencia.

Al conocerse lo ocurrido, está claro que la actuación del gobierno federal en la negociación respectiva se desarrolló con dolo o bien con ineficacia. Bajo la primera hipótesis, el gobierno siempre supo que esa exigencia de los demócratas tenía que verse satisfecha puesto que de otra manera el Congreso de Estados Unidos no avalaría el instrumento bajo la segunda, el gobierno actuó con impericia e ingenuidad, exhibiendo una grave falta de capacidad al acudir el subsecretario Seade, prácticamente sólo, a la negociación respectiva y sin apoyarse del trabajo técnico indispensable tanto de negociadores experimentados de la cancillería como de los expertos de la Secretaría de Economía que fueron indebidamente marginados en este proceso.

Lo que sabemos es que el subsecretario Jesús Seade primero dijo que estos inspectores o agregados no existían, luego dijo que acababa de enterarse de su posible existencia y finalmente terminó prácticamente asumiendo que las “letras chiquitas” no se habían explorado lo suficiente. Sin importar que este contenido no estaba incluido en el protocolo, es necesario determinar si el subsecretario Seade mintió al Senado cuando hizo estas afirmaciones o bien si la inclusión de la sección 271 en la iniciativa de implementación fue producto de su impericia. En cualquiera de los casos, estamos en presencia de un grave acontecimiento que merma la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de relaciones internacionales y que tiene un impacto igualmente grave sobre sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Cabe señalar que el subsecretario ha asumido toda la responsabilidad de este hecho y que tanto el canciller como la secretaria de Economía han tenido por respuesta el silencio, lo cual abona a la legítima preocupación de los legisladores al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos, de urgente u obvia resolución, a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía, al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ciudadano Jesús Seade Kuri, para que explique los detalles del proceso de negociación del Protocolo Modificatorio del T-MEC y lo relacionado con la legislación estadounidense de implementación del Tratado y sus impactos en México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, a 18 de diciembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SRE, la STPS y la SE informes sobre la designación de agregados laborales de EUA en el marco de la implantación del T-MEC y los procedimientos recíprocos que lleve a cabo México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado originalmente en 1993 por los tres países socios, que entró en vigor el primero de enero de 1994, consignó en su decreto de promulgación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993 que los tres países socios estaban decididos a:

1) Reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones; 2) contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional; 3) crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios; 4) reducir las distorsiones en el comercio; 5) establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial ; 6) asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas y de la inversión; 7) desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación; 8) fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; 9) alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que están protegidos por derechos de propiedad intelectual; 9) crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios ; 10) emprender todo lo anterior de manera congruente con la protección y la conservación del ambiente; 11) preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público; 12) promover el desarrollo sostenible; 13) reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental y, 14) proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus trabajadores .

En la promulgación del TLCAN original se fijaron como objetivos: a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las partes; b) promover condiciones de competencia en la zona de libre comercio; c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes; e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias y; e) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Los beneficios del TLCAN

1) En la actualidad, el TLCAN comprende una enorme área de influencia al englobar a un total de 482 millones de personas de los tres países socios (7 por ciento de la población mundial), genera 29 por ciento del PIB mundial y realiza 16 por ciento del comercio global. De cada 100 dólares de intercambio comercial que México realiza con el mundo, 66 dólares son resultado del comercio que se efectúa en el marco del TLCAN.

2) El comercio bilateral entre México y Estados Unidos que se realiza en el marco del TLCAN, creció 455 por ciento entre 1994 y 2017 para sumar 557 miles de millones de dólares en el último año, lo que convierte a México en el tercer socio comercial para los Estados Unidos después de China y Canadá.

3) México es el país que más bienes importa desde Estados Unidos como porcentaje de su PIB (21.3 por ciento). Además, visto en términos per cápita, compra el doble de bienes y servicios de Estados Unidos que lo que los residentes de ese país gastan en bienes y servicios provenientes de México.

4) El tratado ha permitido a los tres países socios tener acceso a bienes y servicios a mejores precios, propiciar una mayor competencia entre las empresas y servir como estímulo a la productividad y desarrollo de las cadenas de valor incorporando mayor eficiencia a los procesos de producción en la región.

La renegociación

Sin embargo, 23 años más tarde en un proceso muy complejo se buscó una renegociación de este acuerdo.

Cabe destacar que, desde su inicio en 2017, el proceso de renegociación del TLCAN significó para México un proceso de difícil avance, ya que a pesar del probado profesionalismo de los negociadores de los tres países, todos experimentados especialistas en la parte técnica, la permanente cerrazón del Ejecutivo estadounidense a la permanencia en el Tratado de proyectos conjuntos de beneficios recíprocos para las partes, ha constituido un férreo obstáculo en todas las fases del proceso negociador.

Por otra parte, el gobierno mexicano, a partir de que tomó posesión la nueva administración en diciembre de 2018, ha mantenido un enorme sigilo y opacidad en las negociaciones, que han hecho pensar por ello y por algunos de sus resultados, que se han negociado rubros fundamentales sin consultar y de forma precipitada, con tal de lograr la firma del acuerdo y no siempre tomando en consideración sus alcances.

El pasado mes de octubre del presente año, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que se aprobara el Tratado y con ello, dejó abierto un flanco en las negociaciones, en donde los otros dos socios comerciales, principalmente Estados Unidos, analizaron la desesperada urgencia y posición del Gobierno mexicano por alcanzar un acuerdo, lo antes posible a costa de perjudicar los interés del país.

El Presidente López Obrador, que un día sí y otro también habla mal del neoliberalismo, no solo ha aceptado en casi todos los términos, un acuerdo que fue la columna vertebral de la política comercial y de inversiones del país en los últimos 25 años, la misma que califica de neoliberal, sino que ha tenido una actitud poco abierta frente a la sociedad mexicana para informar los verdaderos avances de la renegociación del Tratado.

Aunado a ello no ha tenido reparo en mostrar su desesperación por tener Acuerdo Trilateral como signo de certidumbre financiera y económica, ante sus equivocadas políticas, que tienen a nuestro país, en plena recesión económica.

Este es el verdadero contexto en el que vinieron los representantes comerciales de Canadá y Estados Unidos a Palacio Nacional el pasado 9 de diciembre, a realizar cambios de última hora y adendas al Acuerdo comercial y de los que apenas nos estamos enterando, por la prensa de otros países y por el inicio formal del proceso legislativo que se vive Estados Unidos, para aprobar los a cambios que vinieron a anunciarle, no a consultarle, al gobierno de la República.

Los cambios de última hora

Existe un viejo refrán mexicano que señala que en “En política no hay sorpresas. Hay sorprendidos”.

Y en el caso de la negociación del adendum entre México, Estados Unidos y Canadá al TMEC, no puede uno dejar de pensar, que tal sentencia aplica de manera cruda y descarnada, cuando el sábado pasado trascendió la noticia de que en el Congreso de Estados Unidos, se analizaba ya la legislación para la implementación del Tratado, la cual contemplaba la figura de “agregados” laborales, que Estados Unidos designará para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral mexicana, lo cual fue rechazado por el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería y único negociador de dicho acuerdo.

¿Qué es lo que dice al respecto el adendum firmado y ratificado por México?

1. Las visitas de verificación

El nuevo artículo 31-A.7 establece los llamados procesos de Verificación para cuando una de las partes, acuse a otra que dentro de su territorio existen una “Denegación de derechos”, es decir, una inaplicación de los derechos que otorgue la legislación laboral de ese país.

En la traducción que fue entregada a los Senadores de la República para su ratificación, el artículo 31-A 7, señala claramente que: podrá haber visitas de inspección para efectos de verificar la aplicación de las leyes laborales .

Dicho artículo agregado al Tratado señala en su párrafo 6 que la parte demandada podrá aceptar o no la verificación.

Pero los párrafos 9 y 10 abren una opción distinta y, por tanto, permiten la inspección y vigilancia directa a la anterior, al señalar que:

“... la Parte reclamante podrá solicitar que el panel determine sobre la existencia de una Denegación de Derechos .”

“Si la Parte demandada rechaza la solicitud para una verificación o no responde dentro del período dispuesto en el párrafo 6, la Parte reclamante podrá solicitar que el panel determine sobre la existencia de una Denegación de Derechos”

Y el panel, “... a su discreción, podrá solicitar una verificación si considera que una verificación es necesaria”.

Para ello, el Panel podrá hacer uso de los mecanismos de verificación contenidos en el mismo artículo, como el párrafo 7, que permite la participación de: “Observadores de ambas Partes podrán acompañar al panel en cualquier verificación in situ...”

Dicen textualmente los párrafos 5 a 10 del nuevo artículo del tratado ya referido en la traducción entregada a los Senadores y Senadoras:

5. La Parte demandada transmitirá una copia de la petición de la Parte reclamante al propietario de la Instalación Cubierta en cuestión.

6. La Parte demandada responderá en un plazo de 7 días hábiles si consiente la solicitud de verificación . Si la Parte demandada no responde dentro de ese plazo, se considerará que ha rechazado la solicitud.

7. Si la Parte demandada acepta la verificación, el panel realizará la verificación dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud por parte de la Parte demandada. Observadores de ambas Partes podrán acompañar al panel en cualquier verificación in situ si ambas Partes lo solicitan .

8. Si la Parte demandada acepta la verificación, pero hay interferencia con la verificación o el panel de otro modo no puede realizar la verificación de una manera que considere más apropiada para recopilar información relevante para el asunto, el panel podrá tener en cuenta la conducta de la Parte al realizar su determinación.

9. Si la Parte demandada rechaza la solicitud para una verificación o no responde dentro del período dispuesto en el párrafo 6, la Parte reclamante podrá solicitar que el panel determine sobre la existencia de una Denegación de Derechos .

10. Si la Parte reclamante presenta una petición conforme al Artículo 31-A.5.1 (b), el panel, a su discreción, podrá solicitar una verificación si considera que una verificación es necesaria para ayudarlos a tomar su determinación y seguir los procedimientos establecidos para una solicitud de verificación formulada de conformidad con este Artículo.

Dicho lo anterior, resulta claro y evidente de la interpretación gramatical directa de lo que se firmó y se ratificó que los Estados Unidos podrán solicitar a través de un panel de revisión las visitas de inspección que consideren necesarias para verificar el cumplimiento de la legislación laboral mexicana.

También es absolutamente cierto que un panel podrá acompañarse de observadores, figura que no está suficientemente claramente especificada en el adendum firmado –solo se menciona una vez– o en el acta de implementación del tratado en Estados Unidos, lo que representa una de las razones por las que las anunciadas designaciones que pretende hacer el gobierno norteamericano han generado preocupación.

Por eso, aquel viejo y sabio refrán mexicano: No hay sorpresas. Hay sorprendidos:

• Si México acepta la revisión esta se hace.

• Y si no la acepta, está también se hará.

Peor aún, rechazar la inspección equivale a que el Panel pueda resolver a su sólo criterio sobre el caso o casos que pretenda resolver, casos que tratándose de quejas que afecten el comercio exterior y los intereses de productores de Estados Unidos, ya podremos imaginar el alcance de los resultados.

2. El tema de los “agregados o adjuntos” laborales norteamericanos.

¿Qué dice a este respecto, el proyecto de Ley de Implementación presentado en el Congreso Norteamericano?

En la página 32 del Acta de Implementación del Tratado, se señala lo siguiente:

Sections 721 to 723 of the implementing bill direct the U.S. Department of Labor to hire and assign five Labor Attaches at the U.S. Embassy or a Consulate in Mexico, to monitor labor rights issues related to the USMCA Labor Chapter and Annex 23-A. The Labor Attaches will regularly report to the Labor Committee and support its monitoring activitie s.1

Las Secciones 721 a 723 del proyecto de ley establecen que el Departamento de Trabajo de los EE. UU. contrate y asigne cinco Adjuntos Laborales en la Embajada de los EE. UU. o a un Consulado en México, para monitorear los problemas de derechos laborales relacionados con el Capítulo Laboral de la USMCA y el Anexo 23-A. Los Adjuntos Laborales informarán periódicamente al Comité Laboral y apoyarán sus actividades de monitoreo.

En efecto, de la traducción directa de tal disposición en ninguna parte se señala que esos 5 “agregados” realizarán visitas de inspección.

Sin embargo, el Adendum firmado tampoco establece de manera clara y directa la prohibición de que estos “agregados” puedan ser LOS OBSERVADORES de los que podría hacerse acompañar un panel de revisión a empresas mexicanas a que se refiere el artículo 31 A.7 numeral 7 del Adendum.

De todo ello resulta que:

1. Sí habrá visitas de inspección a empresas mexicanas

2. Que, aun siendo rechazadas, estas visitas podrán llevarse a cabo a criterio del panel correspondiente.

3. Que en estas visitas podrán participar observadores, cuyo carácter y alcance no se define ni se aclara en ninguna parte del adendum.

Más aún, lo que si señala el texto del Acta de Implementación en el Congreso de Estados Unidos es que la Embajada de Estados Unidos o los consulados respectivos realizarán oficialmente labores de monitoreo y rendirán informes periódicos desde México al Comité Laboral del Congreso Norteamericano.

Sobre este punto es indispensable hacer notar que lo señalado por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado en el sentido de que la eventual presencia de estos agregados en la Embajada de Estados Unidos o sus consulados se podría contrarrestar con la aplicación del artículo 7 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, resulta por decir lo menos, inaplicable, puesto que tal artículo solo concede al estado receptor la posibilidad de revisar las designaciones de agregados militares, exclusivamente .

Tal artículo señala lo siguiente:

Artículo 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5. 8, 9 y 11, el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos , el Estado receptor podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobación.2

De todo ello surgen múltiples interrogantes que aún a pesar de que el adendum ya fue ratificado, deben aclararse para conocer si el T-MEC, en los términos actuales, no violenta nuestras leyes locales y no constituye un atentado a nuestra soberanía y contra nuestros intereses nacionales.

Legisladores y legisladoras

Es por demás evidente que el Senado de la República no recibió información clara y oportuna para tomar una determinación en un tema de tan gran relevancia y con la oportunidad para su real valoración.

Ratificado ya el tratado es indispensable que el Gobierno Mexicano inicie de inmediato la previsión de los mecanismos jurídicos con los que tendrá que atender y comparecer ante los paneles de revisión y los procedimientos con que se podrán llevar a cabo estas visitas de inspección, las que con toda seguridad ocurrirán en los próximas semanas o meses posteriores a que el Tratado sea ratificado en Estados Unidos y Canadá y que impactarán, también, con toda seguridad, en los sectores industriales en los que nuestro vecino del norte estime que hay elementos para presuponer cualquier tipo de incidencia negativa sobre sus ventajas comerciales.

Es positivo que el subsecretario para América del Norte de nuestro país, se reúna en Washington con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer y con legisladores estadounidenses para manifestar su rechazo a los agregados comerciales.

Pero también resulta fundamental que el Gobierno Federal transparente para conocimiento de todos los mexicanos sobre la totalidad de los acuerdos logrados en la negociación del TMEC y sobre los impactos reales del contenido en el adendum final.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar al Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente al ciudadano Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de dicha dependencia, a la ciudadana Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social y a la ciudadana Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, información por escrito respecto a la designación de agregados laborales norteamericanos en el marco de la implementación del TMEC y los procedimientos recíprocos que lleve a cabo México, respecto de las siguientes temas:

1. Se informe cuál es el carácter o la personalidad jurídica de los “observadores” a que se refiere el numeral 7 del nuevo artículo 31-A.7 del adendum ya ratificado, así como las restricciones que resultarían aplicables.

2. Cuáles son los sectores productivos previstos por el Gobierno Federal en donde podrían presentarse quejas laborales en el corto plazo que deban resolverse mediante los mecanismos del panel laboral.

3. Se informe a esta Soberanía sobre las medidas de preparación que se están llevando a cabo para anticipar las labores de monitoreo laboral que se realizarán desde la Embajada y Consulados del Gobierno de los Estados Unidos en México.

4. Se informe sobre qué restricciones diplomáticas se impondrían por parte del gobierno de México a los agregados o adjuntos laborales que serán designados por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos ante su Embajada o Consulados en México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal que la información solicitada en el presente Punto de Acuerdo se remita a esta Comisión Permanente en el plazo no mayor de 10 días hábiles, a efecto de que sea analizada por esta soberanía.

Notas

1 Statement Of Administrative Action For The United States-Mexico-Canada Agreement https://www.finance.senate.gov/legislation/details/the-united-states-me xico-canada-agreement

2 Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1687/4/
images/12_%20Convencion%20de%20Viena%20sobre%20Relaciones%20Diplomaticas.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 18 días del mes de diciembre de 2019

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea SEP como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de seguir impulsando la educación en esta modalidad, suscrita por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea SEP como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica, bajo las siguientes:

Consideraciones

El 24 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece el Plan de Estudios del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, el cual brinda la posibilidad de comenzar y concluir sus estudios de bachillerato a jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad, discapacitados y público en general.

La Prepa en Línea SEP, surge con el fin de garantizar el derecho a la educación, impulsando las fortalezas del estudiante, tomando en cuenta estrategias pedagógicas de vanguardia impartidas digitalmente mediante el uso de las tecnologías, con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo social, económico, cultural y profesional en los estudiantes que estén inscritos.

Este proyecto, que es impartido en todo el país, cuenta con validez oficial a través una modalidad no presencial para aquellas personas que, por alguna necesidad o impedimento de tipo social, laboral o económico, no puedan estudiar en un sistema presencial; ya que, Prepa en Línea es una plataforma disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para lograr una mejora en su formación , para ello, los estudiantes cuentan con instructores que tienen como finalidad dar seguimiento a su desarrollo educativo, utilizando las herramientas adecuadas para su conocimiento, asesorarlos, instruirlos y motivarlos para no desistir en su aprendizaje.

Esta modalidad educativa, cuentan con profesionales capacitados por el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (Profordems) que apoyan a aquellas personas que no tienen la facilidad ni los medios para presenciar una clase, esto, sin perder las virtudes y progresos que se adquieren en el modo presencial.

Asimismo, Prepa en Línea cuenta con “Alrededor de 147 mil 180 estudiantes activos en municipios del país, que están inscritas en alguno de los 23 módulos de Prepa en Línea–SEP, y jóvenes de entre 13 y 29 años de edad, representan 50 por ciento de la matrícula; el resto son adultos que desean concluir sus estudios de bachillerato.” 1

Gracias a esta modalidad de estudios, personas que se encontraban excluidas del sistema educativo hoy pueden concluir la educación media superior, lo que les permite tener mejores oportunidades laborales e incluso continuar con su preparación universitaria, para destacar los resultados de Prepa en Línea, basta señalar que:

“A través de esta modalidad, implementada por la Secretaría de Educación Pública, más de 16 mil 270 personas han obtenido su certificado de educación media superior. Prepa en Línea es un programa para quienes aspiran a estudiar su bachillerato en un sistema no escolarizado, que les permita atender otras actividades además de realizar sus estudios.” 2

Cabe mencionar que las personas inscritas en el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea-SEP, tiene la posibilidad de solicitar una beca, la cual consistía en un apoyo monetario por cada 12 créditos3 es decir un módulo acreditado, el cual se incrementará conforme al avance de créditos de los alumnos, expresado de la siguiente manera.

La beca de Prepa en Línea tenía como finalidad apoyar a los alumnos que presentan mayor estado de vulnerabilidad económica, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia y madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

En 2018, gracias al programa de becas de Prepa en Línea SEP 2 mil 58 estudiantes con discapacidad, 919 madres menores de edad y 3 mil 364 hablantes de alguna lengua indígena han podido seguir con sus estudios de preparatoria.4

Para este año 2019, 4 por ciento del total de la matrícula de Prepa en Línea son estudiantes que presentan una discapacidad motriz, auditiva y visual, siendo esta población la más favorecida en la asignación de becas.

A pesar de que el programa de Preparatoria en línea ha transformado positivamente la educación de nuestro país, en los últimos tres años ha disminuido el número de convocatorias por año, en 2017 se presentaron 4 convocatorias, en 2018 tres y en lo que va del año solo se publicaron dos convocatorias.

Es la misma situación que presenta la publicación de convocatorias de becas de Prepa en Línea, ya que el Programa de Becas de Educación Media Superior publicaba dos convocatorias por año, la última registrada en el portal becasmediasuperior.sep.gob.mx tiene fecha de 28 de septiembre de 2018.5

En el año 2019, no se ha registrado en el portal la publicación de convocatorias para solicitar la beca de Prepa en Línea correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, dejando en un estado de indefensión a más de 140 mil estudiantes activos en la modalidad de educación en línea.

Durante la presente administración, el Ejecutivo federal implementó una política social dirigida a los sectores de la población más vulnerables, el apoyo a adultos mayores, el programa joven construyendo el futuro y el programa nacional de becas son ejemplo de ello.

La Beca Universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, es un programa que está dirigido a las alumnas y alumnos de instituciones públicas de educación media superior con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en dicho tipo educativo y los requisitos para acceder a este programa son los de:

• Ser alumna o alumno inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna institución pública de educación media superior del Sistema Educativo Nacional.

• Estar vigente en la matrícula de la institución de educación media superior.6

En este sentido, a través de mis redes sociales cientos de alumnos inscritos en la modalidad de Prepa en Línea, me han hecho llegar su legítima petición de ser considerados en este tipo de programas en virtud de que actualmente no son considerados para acceder a la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez a pesar de que cumplen con los requisitos que se solicitan para ser beneficiario.

Los alumnos que no cuentan con computadoras propias o que no tienen internet en sus domicilios, finalmente podrían comprarse su equipo o contratar el servicio de internet si contaran con este tipo de apoyo. En ello, radica la importancia y trascendencia y pertinencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca que los alumnos de Prepa en Línea no sean excluidos de las becas que brinda el gobierno federal.

En el Partido del Trabajo, no somos ajenos a las legítimas demandas de la Comunidad de Prepa en Línea, prueba de ello, es el trabajo que hemos venido realizando para que este programa continúe.

Cabe recordar que en la pasada discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso un aumento significativo al programa presupuestal U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” ya que presentaba una disminución de recurso asignado al programa.

La diferencia presupuestaria del 2019 en contraste con 2020 era de 267 millones 726 mil 985 pesos , equivalente a una reducción de 97.7 por ciento ; esto significa en cifras reales que, en el 2019 se aprobó un egreso de 274 millones 400 mil pesos , mientras que para el año 2020 tan sólo se habían asignado 6 millones 673 mil 15 pesos, lo que implicaba la inminente desaparición de Prepa en Línea al carecer de los recursos que le permitan satisfacer las estrategias y necesidades del proceso educativo y lo que todavía es más angustioso, sería poner en un riesgo irreversible el futuro profesional de los estudiantes, y por ende, el futuro de México.

El resultado de los esfuerzos por mantener vigente el Programa de Prepa en Línea SEP fue la reasignación del PEF 2020 en el cual se etiquetaron 570 millones de pesos al programa presupuestal U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, sin lugar a dudas el Partido del Trabajo concatenado con el pleno velamos porque los preceptos constitucionales del acceso a la educación sean cumplidos y atendidos de la forma más eficaz y eficiente posible.

Como integrante de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura y siguiendo la política social del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mi prioridad es que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación sobre una base de igualdad de condiciones.

En ese sentido, el artículo 46 de la Ley General de Educación establece a la letra que: “las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.”7

Por ello, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública para que el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea SEP como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica.

En el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo expresamos nuestro respaldo a toda la comunidad de Prepa en Línea SEP, estamos convencidos que la mejor manera de posicionar a nuestro país a nivel mundial es a través de la educación de los mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incorporar a los alumnos de Prepa en Línea SEP como beneficiarios de las becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de seguir impulsando la educación de los alumnos inscritos en esta modalidad y que se encuentran propensos a dejar sus estudios por su situación económica.

Notas

1 Gobierno de México, publicado en:

https://www.gob.mx/sep/es/prensa/comunicado-116-mas-de-1 28-mil-personas-de-mil-572-municipios-estudian-en-prepa-en-linea-sep?id iom=es, Consultado el 28 de noviembre de 2019

2 Gobierno de México, publicado en:

https://www.gob.mx/sep/es/prensa/comunicado-116-mas-de-1 28-mil-personas-de-mil-572-municipios-estudian-en-prepa-en-linea-sep?id iom=es

3 Beca Prepa en Línea SEP

https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/1819/convocato rias/Convocatoria_PEL_18_II.pdf, Consultado el 01 de diciembre de 2019.

4 Nemen 2018, http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/images/assets/Numeralia2018.pdf, Consultado el 01 de noviembre de 2019.

5 Becas Prepa en Línea SEP,

https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Beca_PEL_ll, Consultado el 01 de diciembre de 2019.

6 Preguntas Frecuentes. Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior, SEP, <https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/es/articulos/preguntas-frecuen tes-197722?idiom=es> Consultado el 2 de diciembre de 2019.

7 Ley General de Educación, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf, Consultado el 02 de diciembre de 2019

Palacio Legislativo de San lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a promover políticas públicas con una planeación estratégica que permita optimizar los recursos autorizados en el PEF de 2020 para ciencia, tecnología e innovación, suscrita por la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación científica aplicada son herramientas distintivas que se encuentran en una transición para volverse fundamentales en todos los sectores. A nivel global, estas materias se tornar en un diferenciador positivo para quienes las utilizan, generan competitividad en las unidades de producción, donde es claro que aquellas que cuentan con áreas dedicadas a innovar, desarrollar tecnología y que invierten en investigación, tienden a crecer de manera acelerada y superar distintos retos que tienen frente a la regulación excesiva o las barreras técnicas.

En el ámbito público la ciencia, la tecnología y la innovación hacen que el quehacer gubernamental atienda con eficiencia distintos requerimientos de la población y facilitan las tareas propias de la gobernanza democrática.

México es un país que de manera tímida ha ido adoptando prácticas relacionadas a estas materias, especialmente desde el espectro público o para el fomento hacia el sector privado; esto es lamentable dado que su bono demográfico se mantiene positivo.

Respecto a los retos que tenemos por delante, es importante observar el índice de complejidad económica de la Universidad de Harvard, donde México se coloca en el lugar 201. Este análisis permite observar cómo los países con mayor complejidad en su economía, es decir, los que tienen mayores formas de diversificar los sectores que participan en su economía tienen mayor crecimiento y agregan valor de manera plural; la ciencia, la tecnología y la innovación son sin duda elementos clave que aplicados de manera correcta permiten que la economía se complejice y pueda superar el gran reto de crecimiento económico que tenemos frente a nosotros.

Por lo anterior, resulta preocupante la forma en cómo se han establecido restricciones en la inversión pública que acotan los estímulos y recursos canalizados a proyectos que se desarrollan en la educación superior, la técnica y los centros de investigación de todo tipo.

Otro factor a considerar es el fenómeno salarial en las empresas dedicadas al campo de la tecnología, esas unidades económicas, en general pagan sueldos más competitivos a toda su planta laboral. Esto se basa en el mérito de sus trabajadores para ocupar puestos en su estructura donde es más complicado el ascenso basado en recomendaciones personales. La industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones es la que mayor valor agregado aporta actualmente.

En el ámbito normativo, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) define que la Junta de Gobierno de Conacyt se integra por las Secretarías de Economía, Educación Pública, Medio Ambiente, Hacienda, Energía, Agricultura y Salud, por lo tanto la Junta de Gobierno es el órgano colegiado encargado de aprobar las modalidades para aplicar los Fondos Conacyt que se establecen en la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de las reglas de operación y programas de los fondos institucionales. También, como tal, es quien aprueba las políticas a seguir por el Consejo sin necesidad de autorización posterior.

Es necesario que, frente a la redistribución del gasto público, las entidades y dependencias encargadas de la aplicación del presupuesto federal atiendan con oportunidad y rigor técnico, cuáles son las necesidades que tienen la comunidad científica, las empresas, los centros de educación técnica y superior, el propio gobierno, entre otros actores. De esa manera, podrá aminorarse el impacto que la austeridad en el gasto y el replanteamiento de algunos componentes que se encuentran en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

En razón de lo anterior, debe observarse que el Presupuesto de Egresos del próximo año prevé la desaparición de programas que impulsaban el desarrollo tecnológico y la innovación, así como su ejecución por parte de dependencias públicas pertenecientes a la Junta de Gobierno del Conacyt. Por tal motivo, es necesario que los recursos sean utilizados de una manera eficiente y su impacto sea directo hacia los sectores que lo implementen.

Por lo antes expuesto, propongo la discusión, y en su caso la aprobación de esta asamblea el siguiente proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las dependencias integrantes de la Junta de Gobierno del Conacyt para que desarrollen una planeación estratégica que permita optimizar los recursos autorizados para ciencia, tecnología e innovación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Referencias

• Harvard University. (2017). Atlas of Economic Complexity. Diciembre 2019, de Growth Lab at Harvard University Sitio web:

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings

• Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la APF a cumplir el artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y contar con lugares adecuados e higiénicos para que las madres amamanten a sus bebés o se extraigan leche, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no disminuyen, sino que en muchos países incluso han aumentado en la última década. En México, el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé es de 14.4 por ciento, lo que coloca al país en el último lugar de Latinoamérica en este rubro, junto con República Dominicana.1

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos, toda vez que contiene las cantidades exactas de grasa, proteínas, carbohidratos, agua, vitaminas y minerales. Sin embargo, en nuestro país sólo dos de cada diez mamás amamantan a sus bebés.2

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 mostró el deterioro de la práctica de la lactancia materna en el país, en el análisis de la alimentación infantil en menores de dos años se mostró que 38.3 por ciento de las niñas y los niños recién nacidos son puestos al seno materno en la primera hora de vida, la lactancia materna exclusiva descendió de 22.3 por ciento a 14.5 por ciento según las encuestas 2006 y 2012 y en el medio rural de 36.9 por ciento a 18.5 por ciento en el mismo periodo. Al año sólo la tercera parte de las niñas y niños recibe lactancia materna, y a los dos años tan sólo la séptima parte.

La reducción de la lactancia materna exclusiva a nivel nacional fue de 7.9 puntos porcentuales de 2006 a 2012, mientras que en el medio rural la diferencia fue de 18.4 puntos.

Los beneficios de la leche materna son múltiples, los bebés que se alimentan con leche materna tienen seis veces más probabilidades de sobrevivir; gozarán de mejor salud porque previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Además, la leche materna es más fácil de digerir que la fórmula artificial y ofrece la combinación ideal de nutrientes, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que necesita el bebé. Dar pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien desarrolla mayor seguridad, autoestima y altos niveles de inteligencia.

Los beneficios de amamantar para las mujeres también son muchos: se recuperan más rápido del parto, tienen menos riesgos de hemorragias y de depresión post parto, regresan al peso original en menor tiempo, reducen las probabilidades de enfermedades como diabetes tipo II, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardiacos. A pesar de todo esto, sólo 1 de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a sus bebes, el resto les dan formulas artificiales.

El consumo generalizado de la leche materna también apoya al presupuesto familiar porque es gratuita y ayuda substancialmente a reducir gastos en cuidados médicos y alimentos.

La leche materna se caracteriza por brindar el exacto equilibrio de macronutrientes, vitaminas, minerales y elementos, que se requieren para un adecuado desarrollo anatómico y funcional del niño. Por otra parte, en la leche materna se encuentran también anticuerpos protectores contra gran cantidad de infecciones virales y bacterianas. Dado que el sistema inmunológico de los recién nacidos sólo alcanza su madurez plena hacia los seis meses de vida, la lactancia actúa como una modalidad de inmunización pasiva semejante a ciertas vacunas, confiriendo así protección plena ante distintas enfermedades transmisibles.

La lactancia materna es una práctica en la cual la madre alimenta a su bebé y le aporta los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para su desarrollo inmediato y posterior. Se ha demostrado que la leche materna contiene anticuerpos que protegen frente a enfermedades como la diarrea y la neumonía, que son de las principales causas de morbimortalidad en la infancia; entre sus beneficios a largo plazo, destaca que quienes fueron amamantados sufren menos sobrepeso y obesidad y son menos propensos a padecer diabetes tipo 2; además, quienes fueron amamantados de 7 a 9 meses en promedio, tienen un coeficiente de inteligencia 6 puntos mayor al de quienes fueron amamantados por menos de un mes (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2015; Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2014).

Para que una madre trabajadora pueda ejercer su derecho a amantar a su bebé o a extraerse la leche las secretarías y dependencias de la administración pública federal se requiere cuenten con salas de lactancia o lactarios ya que son espacios privados, dignos, higiénicos y cálidos, ya que tienen por objeto garantizar que las madres en periodo de lactancia cuenten con un espacio adecuado que les permita amamantar, extraer su leche y conservarla. De esta forma se contribuye a que los niños accedan a la leche materna en forma exclusiva durante los primeros 6 meses para su óptimo desarrollo.

La sala de lactancia debe estar disponible y accesible en todo momento durante la jornada laboral, para que las trabajadoras en periodo de lactancia puedan hacer uso de la misma. Asimismo, la sala de lactancia debe ser privada para proteger la intimidad y tranquilidad de las madres que se están extrayendo la leche.

Lo anterior es necesario toda vez que nuestro marco jurídico así lo prevé tal y como se describe a continuación:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4o., párrafos tercero y cuarto:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Por su parte la Ley General de Salud en su artículo 64, fracción II, prevé: artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

“II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;”

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional en su artículo 28 señala:

“Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.”

En su caso la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 28, inciso C:

Artículo 28. Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A. ...

B. ...

C. Capacitar y fomentar la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone en su artículo 11:

“Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.”

Del anterior marco jurídico se desprende que las mujeres tienen salvaguardado su derecho a amantar a sus bebés, lo que se desconoce es si en las dependencias de la administración pública federal existen lactarios para que las mujeres puedan ejercer su derecho.

Por ello, proponemos exhortar respetuosamente a todas las secretarías y dependencias de la administración pública para que den cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y cuenten con lugar adecuado e higiénico que designe la institución para que las madres amamanten a sus bebés o se extraigan la leche.

Y se solicita a la Secretaría de Salud informe cuántas secretarías y dependencias de la administración pública federal cuentan con lactarios.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las secretarías y dependencias de la administración pública federal den cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y cuenten con lugar adecuado e higiénico que designe la institución para que las madres amamanten a sus bebés o se extraigan la leche materna.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que haga público cuántas secretarías y dependencias de la administración pública federal cuentan con lactarios.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm

2 https://www.gob.mx/conampros/articulos/lactarios-en-los-centros-de-trab ajo-stps

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la CFE a emitir por escrito la negativa del cobro del derecho por infraestructura tecnológica de seguridad de Yucatán por no tener las facultades legales para ello, a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a emitir por escrito, a la brevedad posible, la negativa del cobro del derecho por infraestructura tecnológica de seguridad del estado de Yucatán, por no tener las facultades legales y/o normativas para ello; así como al titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán a no cobrar el derecho por infraestructura tecnológica de seguridad que se encuentra en la Ley de Hacienda del estado, por ser una función que es constitucional propia del estado y por contar con un empréstito vigente del que se han ejecutado 600 millones, quedando 2000 por ejercer, con base en las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución mexicana, en su artículo 21, párrafo noveno, en el que se refiere a ésta como una función del Estado a cargo de la federación, las entidades y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; sin embargo, aun siendo una prioridad para el funcionamiento adecuado del país, en los últimos años la delincuencia ha ido en aumento generando un gran deterioro en las condiciones económicas, políticas y sociales en todo México, con excepción de algunos estados donde, a causa de las tradiciones, valores y costumbres aunadas a la implementación oportuna de diversas políticas públicas, esta problemática social se ha visto atendida y ha sido controlada.

Por ello, Yucatán se colocó este año como el estado más pacífico del país convirtiéndose en un referente en materia de seguridad pública a nivel nacional, al obtener una calificación de 0.066 de calificación en el Índice de Paz México 2019, cuyos criterios de evaluación son: las tasas de homicidios, de crímenes violentos, de crímenes con armas y de delincuencia organizada, así como encarcelamiento, donde el 1 representa la calificación más pacífica y el 5 la menos pacífica.

Con base en el resultado referido anteriormente, los actuales representantes populares han utilizado los recursos económicos estatales y federales con la excusa de mantener dichos valores positivos mediante la implementación de acciones que fortalezcan la seguridad pública del estado. Una de estas acciones fue la instalación de alrededor de 2 mil 200 cámaras de seguridad, cantidad que, pretende ampliarse a aproximadamente 5 mil 500 antes de que culmine el periodo de la actual administración estatal.

En este sentido, para el sustento y ampliación de las cámaras de video vigilancia, así como para su uso y funcionamiento, el 31 de julio de 2019, el Poder Ejecutivo del estado de Yucatán fue autorizado para que a partir del 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 contrate y ejerza uno o varios financiamientos con instituciones de crédito de nacionalidad mexicana hasta por la cantidad de $2,620,000,000.00 (dos mil seiscientos veinte millones de pesos 00/100 m.n.) argumentando que dichos financiamientos serían utilizados para la implementación del Sistema Integral de Seguridad Electrónica.

No obstante, en el paquete fiscal para el ejercicio de 2020, presentado por el licenciado Mauricio Vila Dosal y aprobado el 11 de diciembre del año en curso por el Congreso del Estado de Yucatán se establece la implementación de un nuevo cobro por el derecho al uso de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública que tiene por objeto el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán; sin embargo, la problemática radica en que el fin se encuentra viciado y viola el artículo constitucional anteriormente citado, en virtud de que se pretende establecer una cuota a expensas de las y los ciudadanos yucatecos a través de los recibos del servicio básico de luz eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que por este “derecho” corresponderá a aproximadamente 290 pesos para las personas que consuman un equivalente entre 201 y 7 mil 500 pesos, y para quienes rebasen la última cantidad citada podrá cobrarse hasta 8 por ciento sobre su consumo de energía. Por lo que resulta pertinente mencionar que el cobro de este derecho excede en proporción su finalidad con una base de recaudación de mil millones de pesos por año y que el déficit en el Fondo de Aportaciones en materia de Seguridad Pública para el año 2019 es de 163 millones de pesos y que del préstamo solicitado se han ejercido 600 millones de pesos, quedando disponibles 2 mil millones por utilizar, por lo que no existe la necesidad de transferir esta carga económica a los gobernados por lo que se exhorta al gobernador de Yucatán a no cobrar por una función que constitucionalmente es responsabilidad del Estado y por el que los ciudadanos pagan a través de sus impuestos incluyendo el préstamo vigente mencionado previamente.

Es importante recalcar que los derechos, de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Yucatán, son los ingresos por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público que perciba el Estado de las personas físicas o morales que reciben la prestación de servicios de derecho público; sin embargo, el derecho de uso de infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública grava el mantenimiento de ésta, por lo que no se actualiza la situación de hecho que dé paso a la situación de derecho, supuesto que contempla el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo que menciona que “Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran”, ya que el derecho en cuestión no grava la situación de acceso a las videograbaciones resultado de la infraestructura tecnológica, si no por el contrario, grava el mantenimiento de éstas, mismo que es obligación del Estado y no de las y los ciudadanos.

Asimismo, como ya se ha mencionado, el referido derecho pretende cobrarse a través de los recibos de electricidad mediante un convenio entre el gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad la cual, tal como lo marca la ley que la regula, es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal. Por otra parte, por la naturaleza de la empresa productiva, la CFE proporciona un servicio a los particulares, el servicio público de electricidad; por tanto, al tener la naturaleza de una empresa –del Estado– que presta un servicio a personas –población–, entonces lo que recibe por pago del servicio es una contraprestación, misma que se refleja en tarifas de electricidad y que no se encuentran conceptualizadas ni clasificadas en el Código Fiscal de la Federación y por ende, no se encuentra contemplada como contribución en materia fiscal.

Por lo anterior, la referida contraprestación nace de un contrato de suministro de electricidad por parte de la empresa de electricidad, por medio de la cual se establece una tarifa por el servicio y se cobra una contraprestación –tarifa– proporcional al uso del servicio y capacidad económica de los usuarios; por lo manifestado, la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en la ley que regula la empresa y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no se encuentra facultada para el cobro de contribuciones en materia fiscal por lo que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía (Sener) y al titular de la CFE a emitir por escrito la negativa sobre la pretensión de que sea la CFE quien recaude dicho derecho ya que el responsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos en la División Comercial Peninsular, licenciado en administración financiera José Antonio Aguirre Leyva, declaró a través del oficio SSB/DW01/03352019 de fecha 5 de noviembre, todo esto, en el entendido de que el referido oficio no se encuentra debidamente fundado, únicamente motivado, de manera que no cumple con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio constitucional que menciona que todo acto de autoridad se debe encontrar debidamente fundado y motivado, de tal suerte que al carecer de dicho elemento básico de fundamentación legal y por tanto no cumplir con los requisitos, el referido oficio no tiene validez legal y que, de hecho, la Secretaría de Energía ya se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter confirmando que la pretensión de utilizar a la CFE como un organismo recaudador carece de fundamento legal y resulta en un acto inconstitucional; en este sentido cabe destacar de que además de que por la ausencia de fundamentación el oficio es legalmente inválido, el licenciado José Antonio Aguirre Leyva, en el oficio que el referido signó y que acompañó la línea argumentativa del Ejecutivo estatal, al suscribir el mismo se encuentra contradiciendo lo manifestado por la Secretaría de Energía federal en su cuenta de Twitter el 14 de diciembre del presente año, de manera que se encuentra en evidente desacato de las instrucciones de la secretaría federal a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y por tanto, invadiendo funciones –y competencia– que no le corresponde a un funcionario público regional con relación a lo que instruyó una secretaría de estado federal.

Actualmente, en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, presentado por el gobernador del estado de Yucatán, señala en el objetivo 8.4.1 “Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, en la estrategia 8.4.1.1 “Fortalecer las capacidades de recaudación del gobierno del estado”, establece líneas de acción referentes a la consolidación de la base tributaria en el estado y los municipios; el establecimiento de mecanismos de simplificación de pago de obligaciones fiscales estatales, así como de productos, derechos y aprovechamientos, tomando como base las Tecnologías de la Información y la Comunicación; el establecimiento de esquemas que permitan vincular determinados ingresos estatales hacia la ejecución de proyectos con alto impacto económico y social así como desarrollar nuevos esquemas de recaudación fiscal, de tal manera que refuerzan el carácter impositivo de la facultad hacendaria sin considerar la capacidad económica en Mérida y el interior del estado.

Finalmente, es importante recalcar que no existe en ningún otro estado del país referencia a este derecho, así como tampoco criterios al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo cual evidencia también el interés concreto de que Yucatán sea el único estado de la República Mexicana en el cual sus ciudadanas y ciudadanos paguen por su mantenimiento.

Derivado de lo anterior, es posible apreciar la incorrecta planeación y presupuestación de los programas de video vigilancia que fueron ofertados e implementados como un beneficio a la ciudadanía a favor de su seguridad y protección para que, finalmente, al día de hoy, se convierta en una lesión directa a la economía familiar al transferir una obligación del Estado a los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a emitir por escrito, a la brevedad posible, la negativa del Cobro del Derecho por Infraestructura Tecnológica del Estado por no contar facultades legales y/o normativas para ello, como ha sido expresado la titular de la Secretaría de Energía en redes sociales.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a no cobrar el Derecho por Infraestructura Tecnológica de Seguridad que se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado, por ser una función que es constitucionalmente responsabilidad del Estado y por contar con un empréstito vigente del que se han ejecutado 600 millones quedando 2 mil millones de pesos por ejercer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a los titulares de la SRE, la STPS y la Subsecretaría para América del Norte a efecto de que expliquen los contenidos de la adenda del T-MEC, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La firma del T-MEC, el nuevo pacto comercial trilateral que llevará por nombre Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC; o USMCA, por sus siglas en inglés), tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en Argentina y, para su entrada en vigor, requería ser ratificado por los respectivos Congresos.

2. No obstante, ante desacuerdos particularmente, en materia laboral con México, por parte del grupo mayoritario demócrata, comandado por la lideresa demócrata (y presidenta de la Cámara de Representantes –Diputados–, Nancy Pelossi), obligó al presidente Donald Trump a reabrir la negociación e incorporar un addendum de los temas del grupo legislativo demócrata, ante el riesgo de que no se aprobara el T-MEC antes de 2019.

3. Superados los diferendos en los días previos al 10 de diciembre, que culminó con la reunión cumbre, en el Palacio Nacional, entre la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Christya Freelannd; el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con objeto de emitir el anuncio de la firma del acuerdo de modificaciones del T-MEC (addendum), teniendo como testigo de honor al presidente Andrés Manuel López Obrador.

4. Todo caminaba sobre ruedas, hasta que comenzó a salir información de que el mismo martes 10 de diciembre, horas antes que se firmaran los protocolos en el Palacio Nacional, el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de Diputados, por donde pasan las legislaciones para implantar el acuerdo en Estados Unidos, dio a conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre México, decía textualmente: “Los attachés (agregados) laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en México”.

5. Si Seade no entendió ni explicó, por lo que ahora el gobierno se dice sorprendido, también hay responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todos quienes, por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas anunciadas en Washington.

6. En una etapa legislativa en forma meteórica, con 107 votos en favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó el Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , suscrito por las tres naciones el pasado 10 de diciembre en la Ciudad de México.

7. Asimismo, ratificó dos acuerdos paralelos: uno en materia de cooperación ambiental y verificación aduanera, firmado por México y la Unión Americana, y otro sobre el Capítulo de Medioambiente del Tratado, suscrito entre nuestro país y Canadá.

8. Los documentos aprobados por la Cámara de Senadores fueron enviados al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Si bien conseguir la ratificación da una bocanada de aire a la economía nacional, pues tendremos una condición mucho más favorable para atraer inversión en 2020, ya que este rubro virtualmente se encuentra en el desamparo: el Inegi indicó que a julio la inversión había retrocedido 9.1 por ciento.1

Pues ante la ausencia de políticas públicas que alienten el crecimiento y la diversificación de la economía nacional, el T-MEC, seguirá siendo crucial para crecimiento económico y estabilidad macroeconómica en los próximos años de México, pues representa una derrama económica para México 2 superior a 500 mil millones de pesos.

9. Admitir a los “agregados laborales”, que si bien no van a actuar aquí, sí van a remitir información tanto de las empresas como del gobierno mexicano a dos instancias que si están mencionadas en el T-MEC: el Comité de Interagencias en Materia Laboral y, por el otro lado, el Consejo Independiente de Expertos Laborales que si tienen facultades para iniciar demandas y quejas en contra de empresas mexicanas que violen la las leyes laborales o las leyes sindicales, lo cual vulneraría la soberanía nacional, al trastocar aspectos internos que atañen a la política pública de la administración pública de la vida nacional.

Conscientes de lo anterior, de la trascendencia en materia económica, de la inversión productiva, así como por el volumen de comercio entre ambas naciones, entre otras cuestiones, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD consideran inaplazable y vital que los funcionarios aclaren puntualmente estas inquietudes y preocupaciones.

Por lo expuesto y legalmente fundado solicito de manera atenta que se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social, así como al subsecretario de América del Norte y jefe negociador del T-MEC a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen los contenidos del addendum del T-MEC, particularmente lo relativo al polémico asunto de los “agregados laborales”.

Notas

1 En julio de 2019, la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, cayó 9.1 por ciento en términos reales respecto a igual mes del año pasado, reportó el Inegi.

2 https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/la-gran-relaci on-comercial-mexico-eua.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a considerar con el gobierno de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y el transporte la viabilidad de firmar un convenio para mejorar las rutas, los horarios y demás condiciones a que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, suscrita por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el gobierno del estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y del transporte, se considere la viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo con el marco jurídico vigente, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El transporte público de pasajeros es un elemento fundamental para una sociedad incluyente, en la medida en que este servicio es digno, de calidad y asequible las personas pueden desarrollar de mejor manera sus actividades diarias lo que fomenta, además, actividad económica.

Por ello, es preocupante constatar que los problemas del transporte urbano en nuestras ciudades se han agudizado, especialmente en las zonas conurbadas o áreas metropolitanas, sobre todo por un crecimiento urbano desorganizado, escasas vías de comunicación y estrechez de estas.

En el estado de Campeche, diversas agrupaciones de transportistas de concesionados en las modalidades de Transporte Urbano, Taxi, Colectivo Local y Foráneo, han manifestado que enfrentan complicaciones en relación con los procedimientos de emplacamiento y de distintos trámites en materia de control vehicular que les generan el riesgo de brindar los servicios correspondientes y obtener los recursos necesarios que garanticen un sustento para sus hogares.

De acuerdo con información de diversas agrupaciones de transportistas del estado de Campeche, los últimos años se han presentado diversas situaciones que vulneran la prestación del servicio, como la competencia desleal ya que demandan la existencia de rutas no concesionadas por el Instituto Estatal del Transporte (IET), circulación de transportistas sin seguro, sin contar con la certificación correspondiente y sin cubrir los requisitos de antidoping, entre otros.

Sin embargo, señalan los transportistas que uno de los problemas que más los aqueja es el tránsito por tramos de carreteras federales, señalando que en repetidas ocasiones han acudido ante las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado para tratar de obtener un permiso provisional para poder transitar en carretera federal dentro de los 30 kilómetros que señala el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y han obtenido una negativa ya que les refieren que no se están autorizando permisos por el momento.

Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,1 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche2 y de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche,3 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las autoridades estatales y municipales podrán celebrar convenios en materia de tránsito y control vehicular; con ello se podrá brindar facilidades para garantizar un servicio de calidad y los usuarios tengan mayor accesibilidad.

La red carretera del estado de Campeche está conformada por alrededor de 5029 km de carreteras urbanas y rurales, además de los caminos de brechas y terracerías, esta red carretera muchas veces no conecta con los destinos de los usuarios, por lo tanto, el transporte público se ve obligado a cruzar por las carreteras federales.

Ante esta situación que viven los transportistas en Campeche, al mantenerse detenidos los trámites en la SCT del Estado, no cuentan con los permisos correspondientes para poder transitar en vías federales y son sorprendidos con la implementación de retenes o filtros carreteros en las vías que saben que de manera forzosa tienen que utilizar porque no se cuenta con la infraestructura para poder transitar por las zonas urbanas y son acreedores al pago de multas que van de los $40,000.00 hasta los $60,000.00 (como se muestra en los siguientes ejemplos, que, por cuestiones de protección de datos personales, no se muestran la información completa, pero se verifica las sanciones a las que están siendo sujetos).

Los transportistas se han visto afectados por los constantes operativos de la Policía Federal, además de que se les presiona para acudir a reuniones que mensualmente organiza con la finalidad de regular el transporte, pues consideran que su concesión no tiene validez alguna, esto en franca violación a la soberanía del Estado, ya que cuentan con los permisos del Instituto Estatal del Transporte.

Destacan los transportistas, que la intención de la Policía Federal es que como transportistas concesionados puedan ceder ante las agrupaciones como “Untrac”, “Utracmos”, “Amotac” y otras que no se encuentran concesionadas ni por la federación y en algunos casos se trata de concesionarios bajo la figura o modalidad de transporte con fines turísticos, los que deberían circular de un punto de origen a otro de destino sin efectuar paradas intermedias y trasladando grupos de personas (que vienen a efectuar actividades turísticas), sin embargo, las agrupaciones antes aludidas se dedican a efectuar servicios de traslado en la modalidad de colectivo, es decir recorren una ruta diaria y van recogiendo pasaje a lo largo de la carretera federal ante el pleno consentimiento de las autoridades de la Policía Federal, manifiestan las agrupaciones que incluso se ven obligados a entregar cantidades diversas a manera de dadiva para que de esta manera no sean afectados con la detención de nuestras unidades.

Es importante destacar que el crecimiento demográfico que impacta a los centros de población en donde atraviesan o bien interactúan varias vías generales de comunicación estas, en casos particulares han sido absorbidas por este fenómeno quedando inmersas dentro de zonas urbanizadas, haciendo indispensable establecer puntos ingreso, ascenso y descenso de pasaje en esas áreas con la finalidad de garantizar a los usuarios una movilidad que permita el desplazamiento de las personas en esos puntos sin que los vehículos que prestan el servicio de transporte incurran en una infracción administrativa al realizarlos en tramos carreteros federales.

En virtud de lo anterior, es importante considerar dentro de la normatividad y coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Campeche para que a través de las dependencias encargadas de la movilidad y el transporte, se puede obtener un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo al Marco Jurídico vigente.

De la misma manera, se propone emitir un exhorto a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través del Titular de la Comandancia y/o Comisaría de la Policía Federal en el Estado de Campeche informe a esta Soberanía sobre los operativos implementados para los transportistas de servicio público y de turismo en caminos de jurisdicción federal en dicho estado; así mismo, se solicita se refuercen las medidas necesarias para garantizar su derecho humano de Libertad de Tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el gobierno del estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y del transporte se considere la viabilidad de la celebración de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través del Titular de la Comandancia y/o Comisaría de la Policía Federal en el estado de Campeche informe a esta Soberanía sobre los operativos implementados para los transportistas de servicio público y de turismo en caminos de jurisdicción federal en dicho estado; así mismo, se solicita se refuercen las medidas necesarias para garantizar la prestación de sus servicios y no se vean afectados sus ingresos con el pago de multas.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf

2 http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/322 -ley-de-transporte-del-estado-de-campeche-1

3http://congresocam.gob.mx/docs/ley_de_vialidad_transito _y_control_vehicular_del_estado.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CEAV a proporcionar de manera ágil las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación requeridas por los hijos de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón para atender las circunstancias adversas derivadas de su asesinato, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 10 de diciembre de 2019 circuló en los principales medios de comunicación la noticia relacionada con el caso de la madre de familia y regiomontana Abril Pérez Sagaón en la que se da a conocer que el magistrado Héctor Jiménez López, encargado de ordenar la modificación de la medida cautelar contra Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Sagaón, y de negar la reclasificación de delitos menores como la violencia doméstica, por el de intento de feminicidio.

2. El 29 de noviembre del presente año, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México informó de la suspensión e investigación de Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, jueces relacionados con el caso de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada, el 25 de noviembre de 2019. Sin que la medida de suspensión procediera en contra del citado magistrado Héctor Jiménez López, lo que motivó que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del gobierno de la Ciudad de México, se pronunciara en el sentido de no estar de acuerdo con la medida impuesta por el Consejo de la Judicatura y declarara: Me parece que también hay responsabilidad en el Magistrado y creo que debería de ser revisado por el tribunal y la judicatura, https://www.milenio.com/politica/comunidad/caso-abril-perez-magistrado- responsabilidad-sheinbaum

3. En el mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para solicitar del Poder Judicial la revisión de su decisión de dejar sin castigo al magistrado Héctor Jiménez López, quien modificó la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex esposo de Abril Pérez Sagaón tras su intento de feminicidio, https://www.animalpolitico.com/2019/12/magistrado-caso-abril-amlo-poder -judicial/

4. El 3 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó con 414 votos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realicen las investigaciones que correspondan y en su caso, se sancione, inhabilite y destituya del cargo al ciudadano Federico Mosco González, juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al magistrado Héctor Jiménez López, por las posibles irregularidades cometidas en el expediente U12/1504/2019 de la ciudadana Abril Pérez Sagaón.

5. Después de 15 días del artero crimen de la ciudadana originaria de Monterrey Nuevo León Abril Pérez Sagaón, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el 10 de diciembre de 2019:

Que al tiempo que Juan Carlos “N”, ex esposo de Abril Cecilia, cuenta con una orden de aprehensión por incumplir las medidas cautelares a las que fue sometido por un juez, se solicitó la llamada “ficha roja” a la Interpol para evitar que el imputado salga del país.

En este sentido, se dio a conocer que de momento los policías de Investigación que lo buscan han revisado dos viviendas en la Ciudad de México, un domicilio más en el estado de México y una casa más en Querétaro de sus familiares, pero hasta el momento no se ha logrado su detención.

De igual manera, la recién nombrada fiscal Ernestina Godoy anunció que ya se tiene plenamente identificada la motocicleta que se usó en el homicidio de Abril Cecilia,

https://www.informador.mx/mexico/
Solicitan-a-la-Interpol-ficha-roja-contra-el-ex-esposo-de-Abril-20191210-0135.html

5. Ante la grave situación que enfrentan no sólo los familiares sino de manera directa los tres hijos de la ciudadana regiomontana Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre de 2019, debido a la falta de esclarecimiento del crimen así como de las pruebas que confirmen el móvil y la detención de los responsables; en el marco de la designación de la doctora Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aprobado por el Senado de la República con 74 votos, en la sesión ordinaria del martes 10 de diciembre de 2019, es urgente que esta instancia garantice de manera ágil el otorgamiento de medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los hijos de la víctima mencionada.

Por lo expuesto se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones, revise de manera objetiva la actuación del magistrado Héctor Jiménez López, como encargado de la revisión de las apelaciones del Ministerio Público en el caso de la ciudadana regiomontana Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el 25 de noviembre de 2019.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que en el ámbito de sus atribuciones, otorgue medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los hijos de la ciudadana Abril Pérez Sagaón para atender las circunstancias adversas derivadas de su asesinato.

Tercero. Se exhorta a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, revise y evalúe la actuación de los ministerios públicos en la denuncia de la violencia ejercida contra la ciudadana regiomontana Abril Cecilia Pérez Sagaón y las medidas cautelares adoptadas para su seguridad y acceso a la justicia.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración del protocolo modificatorio del T-MEC, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, reiteramos nuestro compromiso de velar en todo momento por los intereses y demandas de los mexicanos. En ese sentido, hemos actuado de manera firme y responsable como grupo opositor al interior de la Cámara alta, apoyando en todo momento las reformas constitucionales y legales que beneficien a la población, así como los instrumentos y tratados internacionales que propicien mejores alternativas de vida y condiciones de libre comercio que generen un crecimiento económico sostenido y con equidad social para el bienestar de los habitantes.

Estos temas quedan de manifiesto en la Declaración de Principios de nuestro partido, al referirse al entorno mundial, en donde el PRI deberá promover la participación del país en el proceso de globalización, así como la equidad y reciprocidad en el comercio de bienes y servicios; y buscará la equidad en los mercados internacionales y el equilibrio en los tratados de libre comercio como medios para el fortalecimiento del país y de sus capacidades productivas. Cabe señalar que dichos postulados han acompañado al PRI por décadas.

Así lo hicimos hace 25 años cuando el PRI en el Senado de la República apoyó la aprobación del TLCAN; tratado internacional que generó múltiples beneficios en el comercio entre los países de América del Norte, propiciando mayor competitividad y bienestar para los ciudadanos; y en donde México fue un referente en el que recibió mayor inversión extranjera, pero sobre todo, contribuyó a que más mexicanos tuvieran acceso a servicios básicos como salud, drenaje, agua y electricidad.

Y así lo hicimos en junio de 2019, cuando el PRI en el Senado apoyó la aprobación del Protocolo por el que se sustituyó el TLCAN por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, que fuera firmado el 30 de noviembre de 2018 por los tres países, en el marco de la Cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cabe señalar que dicho Protocolo fue negociado en una primera instancia por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que, acertadamente, la administración del Ejecutivo federal en turno continuó con el proceso de negociación y modificación.

No obstante que el Senado mexicano ratificó el Tratado en junio de 2019, el proceso de ratificación por el Congreso de Estados Unidos de América no corrió con la misma suerte, toda vez que en ese país el Tratado estuvo marcado por un conflicto político de carácter interno entre el Ejecutivo y Legislativo, y en el que los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes manifestaron su preocupación en algunos temas como el medio ambiental y el laboral, proponiendo diversos cambios al mismo.

Sobre el punto en particular, tras un nuevo proceso de negociación y de entendimientos entre las partes, el pasado 10 de diciembre se firmó en la Ciudad de México por los representantes de los tres países, el Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá. El 11 de diciembre, el titular del Ejecutivo federal remitió al Senado de la República el Protocolo Modificatorio, así como dos acuerdos paralelos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, en la misma fecha.

Si bien es cierto que el 8 de diciembre, el domingo previo a la aprobación del Protocolo Modificatorio, diversos senadores de la república sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, así como con el Subsecretario para América del Norte y negociador del T-MEC por parte de México, Jesús Seade, para dialogar sobre las propuestas de modificación que proponían los congresistas de Estados Unidos de América, en materia laboral, medio ambiente, aluminio y acero, principalmente; también lo es, que en la reunión se habló de las generalidades de los cambios, sin que los integrantes del gabinete ampliaran la información o se refirieran a las particularidades de los cambios.

Ante el inminente cierre del periodo ordinario, el grupo parlamentario mayoritario en el Senado de la República y sus aliados mostraron su interés por dar celeridad a su aprobación; no obstante de que el instrumento internacional se había recibido formalmente en la Cámara a solo un día de que concluyera el periodo de sesiones.

Ahora bien, a través de diversos medios de comunicación, se pudo corroborar que el pasado viernes 13 de diciembre, la Casa Blanca envió al Congreso estadounidense el texto de implementación (HR 54-30) en el que se establece que habrá cinco representantes de aquel país que trabajarán en la embajada de Estados Unidos en México, que se encargarán de ver que se cumplan con los acuerdos laborales.

Dicho proyecto alertó al gobierno mexicano, quien a través del subsecretario para América del Norte hizo saber al gobierno estadounidense el rechazo del nombramiento de los agregados laborales en México, argumentando que el texto presentado no era parte de la negociación. El mismo presidente de la República repudió la inclusión de esos inspectores laborales, señalando que habían salido de manera clandestina.

Posteriormente, el gobierno de la república dio a conocer la respuesta de Estados Unidos, en el que se informa que los agregados no serán inspectores y que las cinco personas que llegarían al país brindarán asistencia técnica y coordinarán la entrega de recursos de cooperación; que las verificaciones se realizarán por panelistas independientes, tal como fuera acordado en el Protocolo Modificatorio.

Ante este escenario de total incertidumbre y zozobra, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República mantiene su compromiso de velar por los intereses y derechos de los trabajadores mexicanos; por lo que exigimos al Ejecutivo federal a mantenerse firme y no permitir cualquier acto que vaya en perjuicio de los mexicanos; asimismo, para que instrumente de la mejor manera y con los recursos necesarios el Tratado recientemente ratificado, en un ambiente de cooperación y de buena relación entre los países firmantes.

Cabe señalar que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado manifestó su preocupación por la aprobación “fast track” del instrumento internacional, señalando en la reunión de comisiones y, posteriormente, en el pleno del Senado, la importancia de revisar a detalle los cambios generados, como fueron los compromisos laborales adquiridos.

Desde ese momento advertimos nuestra preocupación de la figura de los panelistas laborales y su facultad de revisión en nuestro país, de cómo el panelista internacional acabaría siendo un ciudadano de nuestro socio comercial con facultades de revisión en México. Asimismo, que en la práctica se vigilaría desde otro país el cumplimiento de nuestras leyes laborales, aunque no estuvieran vinculadas a los temas del Tratado.

En su momento se hizo el extrañamiento al grupo mayoritario y sus aliados, de que un tema de mayor relevancia como es la aprobación de un Tratado comercial, tuvo que haber sido socializado y analizado con la debida oportunidad en el Senado. La intención de nuestro grupo parlamentario era haber sido informado que se estaba en curso un nuevo modelo de negociación y, desde luego, haber contado con el texto al mismo tiempo que los Congresos de Estados Unidos de América y Canadá, evitando haber sido informados con tanta premura, con tan solo unas horas, de que además del Protocolo Modificatorio se habían negociado dos acuerdos paralelos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone hacer un exhorto al Ejecutivo federal, para que en el marco de la instrumentación del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, vigile que no se menoscabe nuestra soberanía y mucho menos los derechos de los mexicanos.

Asimismo, se propone crear una comisión especial al interior del Senado de la República encargada de dar seguimiento a la instrumentación del T-MEC, con objeto de salvaguardar los derechos laborales de los mexicanos, así como proteger la competitividad de las micro, pequeñas y grandes empresas de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las suscritas y los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que en el marco de la instrumentación del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, ratificado por el Senado de la República el 12 de diciembre de 2019, garantice que no se afecten o menoscaben los derechos de los mexicanos y que se propicien las mejores condiciones de libre comercio que generen un crecimiento económico sostenido y con equidad social para el bienestar de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Ejecutivo federal por la incertidumbre generada con los cambios aprobados al Protocolo Modificatorio en materia laboral, principalmente, y lo responsabiliza ante la población mexicana de lo que la implementación conlleve.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal un informe sobre los alcances de lo negociado en el Protocolo Modificatorio en materia laboral, los compromisos asumidos y, en su caso, las normas legales que a juicio del Ejecutivo federal tendrían que modificarse.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a reforzar la supervisión del funcionamiento de las casas de empeño durante el primer trimestre de 2020 para evitar abusos contra consumidores, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Ricardo Sheffield Padilla, a reforzar los mecanismos de supervisión sobre el funcionamiento de las casas de empeño durante el primer trimestre del año 2020, con el objetivo de evitar abusos a los consumidores; así como informar a esta soberanía de las acciones realizadas.

Consideraciones

Ante la ocurrencia de un apuro económico y la falta de alternativas de financiamiento formal como un crédito bancario, una alternativa que está a la mano de la población consumidora de nuestro país es el crédito prendario ofrecido a través de las instituciones que comúnmente se conocen como casas de empeño.

Una casa de empeño es el proveedor, persona física o sociedad mercantil no regulada por leyes y autoridades financieras que de forma habitual o profesional realiza u oferta al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. En el mercado mexicano, se encuentran diversas opciones, casas de empeño nacionales, extranjeras e instituciones de asistencia privada (IAP) las cuales son instituciones con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro.

Las casas de empeño son instituciones o establecimientos que prestan un determinado monto de dinero a cambio de un bien o prenda dejado como garantía y con un cobro de intereses.

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de nueve mil montepíos y casas de empeño en todo el país.

La Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace) explica que en México un alto porcentaje de la población económicamente activa (PEA) no tiene acceso a créditos bancarios, pero sí tiene necesidades concretas de financiamiento, de ahí que el crédito prendario se convierta en una opción más en el mercado financiero.

En el marco del inicio de año 2020, y considerando que, una vez concluidas las fiestas decembrinas, miles de familias mexicanas se enfrentan a condiciones difíciles en cuanto a su economía, y derivado de ello recurren a préstamos prendarios en las instituciones de asistencia privada conocidas comúnmente como “casas de empeño”; el papel del gobierno federal es la de velar por los intereses de la población consumidora. Y esta obligación recae en la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo encargado de velar por el respeto a los principios básicos de las relaciones de consumo, mismos que han sido consagrados en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; y que el gobierno debe velar por la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. Asimismo, es una actividad fundamental del gobierno, que realiza a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es el otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos; la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales; así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

La Profeco debe proveer una real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; debe también velar por el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

El gobierno de México, a través de la Profeco tiene la obligación de fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquél que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Y para dicho propósito debe elaborar contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos.

Asimismo, considerando que su función principal es velar por el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores y evitar los abusos por parte de proveedores; se hace necesario implementar acciones de supervisión y control, tales como los operativos que se realizan para verificar las condiciones en que operan y la forma en que prestan servicios al publico consumidor, las instituciones que brindan préstamos prendarios, comúnmente conocidas como “casas de empeño”.

Por ello es necesario conocer de las acciones, materiales y contenidos que ha puesto a disposición de los ciudadanos con el objetivo de fomentar el consumo responsable; así como conocer el balance de las acciones y operativos que realice durante el inicio del año 2020 para velar por el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores, y prevenir abusos por parte de instituciones de asistencia privada que otorguen préstamos prendarios, las cuales comúnmente se conocen como “casas de empeño”; así como para intervenir en favor de la preservación de la economía familiar.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, fomente e implemente los programas necesarios para concientizar y educar a los consumidores sobre la importancia del consumo responsable durante el año 2020. Así como de los derechos que les asisten como consumidores al entablar una relación contractual derivada de un préstamo prendario.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que redoble las acciones de supervisión y control sobre las casas de empeño en la República Mexicana, con el objetivo de evitar abusos sobre los consumidores en este inicio de año 2020.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que presente un informe de las acciones realizadas durante el primer trimestre de 2020 en materia de supervisión y control sobre las casas de empeño durante el primer trimestre del año 2020, con el objetivo de evitar abusos a los consumidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senadores:

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a iniciar de inmediato la demolición y construcción del hospital general regional número 25, Zaragoza, a cargo del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Consideraciones

Las pérdidas y daños que ocasionaron los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 son difíciles de contar. Sin embargo, los pendientes institucionales que dejaron son visibles y medibles; pero, sobre todo, siguen manteniendo una deuda económica, política y social colectiva e individual con las personas damnificadas de dichos eventos.

Uno de estos grandes pendientes es, sin lugar a dudas, la llamada Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la avenida Ignacio Zaragoza en los límites entre Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México.

El caso del Hospital General Regional número 25 Zaragoza, que atendía a más de 200 mil pacientes, es paradigmático. Tras el sismo, “continúo operando en su planta baja y en el área de urgencias, de reciente construcción. Fue hasta octubre de 2018 que la Clínica 25 dejó de brindar servicio a sus 491 mil derechohabientes”.1

De acuerdo con fuentes oficiales, los “Hospitales generales de zona cerrados por afectaciones producto del sismo de septiembre de 2017 [fueron] los 21, 26, 25 y 32, cuyos derechohabientes [han sido] remitidos a distintos hospitales como el de Troncoso, Los Venados (ambos en la Ciudad de México) y al 53 en Los Reyes (estado de México)”,2 lo que ha generado sobrepoblación, hacinamiento y desabasto entre otros problemas para los derechohabientes.

Para el caso de la Clínica 25, los pacientes han sido obligados a recurrir a médicos particulares o a trasladarse hasta Texcoco en donde el Hospital General de Zona 197 atiende urgencias, o al Hospital de Zona 29 en San Juan de Aragón. Trayectos que llegan a implicar dos horas para atender una urgencia.

De acuerdo a fuentes hemerográficas, la Clínica 25 atendía a más de 217 mil derechohabientes, con un promedio de más de 11 mil consultas mensuales de especialidades y más de 8 mil urgencias.3

A más de un año de su cierre definitivo y más de dos años del sismo, el inmueble abandonado no ha sido demolido ni sus derechohabientes han recibido una solución para su atención médica.

Aunado a esto, el pasado 10 de noviembre el IMSS en un comunicado informó que después de una serie de estudios y análisis que realizó el Colegio de Ingenieros Militares, trabajará de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para demoler el Hospital General Regional número 25 Zaragoza. El comunicado agrega que esta decisión surge “luego de un proceso de licitación pública que se declaró desierto y ante la necesidad de iniciar los trabajos de demolición”.4

Las tareas de demolición durarán de seis a siete meses, a lo que deberá sumarse que la obra estará terminada en un lapso, supuestamente, de 18 a 24 meses y la empresa encargada de la construcción se determinará a través de la licitación pública que se llevará a cabo en los próximos 6 meses. Es decir que faltan tres años, si las autoridades cumplen con las fechas expuestas, para que los derechohabientes de la Clínica 25 puedan recuperar su centro médico.

Los daños al sector salud ocasionados por los sismos de 2017 y que aún persisten, ya no son otra cosa más que omisión e indiferencia institucional que afectan a la ciudadanía, la cual seguirá siendo afectada. Resulta indefendible que la sociedad mexicana tenga que esperar cinco años una respuesta gubernamental para atender un derecho humano como el de la salud.

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión urge al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciar de manera inmediata las tareas de demolición y construcción del Hospital General Regional número 25 Zaragoza, y a transparentar toda la información sobre la licitación que se llevará a cabo para realizar la construcción de dicho hospital.

Notas

1 Nicolás, A. “Sigue a la espera de ser demolida la Clínica 25 del IMSS en la CDMX”. Consultado en línea en:

https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/
detalle/sigue-a-la-espera-de-ser-demolida-la-clinica-25-del-imss-en-la-cdmx-896593/

2 Martínez, D. “Hospitales saturados por reconstrucción del 19-S”. Consultado en línea en:

https://www.reporteindigo.com/reporte/hospitales-saturad os-por-reconstruccion-del-19-s-atencion-medicinas-salud/

3 IMSS. “COM. 485 IMSS y Sedena trabajarán de manera conjunta en la demolición del HGR No. 25 “Zaragoza” Consultado en línea en: https://www.gob.mx/imss/prensa/com-485-bajaran-de-manera-conjunta-en-la -demolicion-del-hgr-no-25-zaragoza?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senador Juan Zepeda Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las procuradurías o fiscalías generales de justicia locales a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia víctimas de desapariciones, suscrita por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reportó que se tienen registrados casi 7 mil niños y adolescentes desaparecidos en el País.1

Actualmente México carece de políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición. Existen deficiencias en la aplicación de los programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba.

La obligatoriedad de activar en Ciudad de México la Alerta Amber sin esperar las 72 horas legales ha evidenciado, que tres de cada 10 niños son víctimas de delincuentes que se dedican a la explotación sexual, laboral y comercial humana, según Guillermo Donaldo Gutiérrez Martínez, abogado y director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos.

Los bebés y los primeros infantes, cuyas edades oscilan entre cero y cinco años suelen ser robados con violencia en lugares públicos, aunque también se han documentado casos de sustracción en hospitales o en el propio hogar para darlos en adopciones ilegales o venderlos con fines de pornografía y prostitución infantil.

Niños de 10 a 16 años por lo regular son enganchados a través de las redes sociales, donde los delincuentes utilizan la seducción, aprovechan los pleitos familiares, ofrecen trabajos bien remunerados o bien “intercambian” ciertos artículos de moda, como videojuegos, para atraerlos.

En este tema tan grave, una de las aristas que más preocupa es el destino de los menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, incluida la pornografía infantil; y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado negro de órganos humanos, ampliamente impune.

Según el propio gobierno federal, 8 mil 360 personas de entre 0 y 19 años de edad desaparecieron en México, entre enero de 2007 y abril de 2018. De estos casos, 8 mil 195 son del fuero común, y 165 del fuero federal, refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De estas centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de la delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes criminales.2

Así se explican los pocos resultados en el combate a estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos casos.

En un plano internacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, obliga a México a salvaguardar a esta población altamente vulnerable.

Desde 2016 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó sobre el hecho de que México enfrenta una epidemia de desapariciones de niños y niñas sin precedentes.

Las organizaciones que conforman la Red han advertido que el periodo en el que ha desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PES, creemos que se deben fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia víctima de desapariciones y fortalecer con recursos y personal a las Procuradurías de Protección a la Niñez.

Las Procuradurías de Protección de la Niñez, establecidas por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son las instituciones responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

Para ello, las Procuradurías gestionan y articulan los servicios especializados entre las instancias competentes para que cada caso sea atendido de manera individual y se tomen las acciones necesarias para atender a un niño o niña al que se le hayan vulnerado sus derechos (por ejemplo: discriminación, violencia o maltrato infantil, entre otros casos); en ese sentido, las Procuradurías también fungen como representantes de los intereses de los niños, niñas y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

Las Procuradurías de Protección son unidades administrativas del Sistema DIF Nacional y los sistemas DIF estatales.

Este problema también ocurre a nivel internacional, recientemente se presentó el caso del mexicano Eduardo López Bernal, de 22 años, que estudiaba inglés en Suiza, está desaparecido, según información de su mamá María de los Ángeles Bernal Hernández. La policía de ese país informó que desde principios de noviembre el turista mexicano está desaparecido. A pesar de una extensa investigación, su paradero no se ha podido aclarar hasta ahora, por lo que su mamá pidió la ayuda de la población. La madre del joven pidió al gobierno estatal y federal ayuda para trasladarse a buscar a su hijo, ya que las autoridades de la embajada mexicana en ese país no le proporcionan información.3

Ante la insensibilidad del personal de embajadas urge exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezcan las medidas de atención a la población mexicana para el caso de desapariciones de mexicanos en territorio extranjero.

Por otro lado, los niños y adolescentes no pueden seguir desapareciendo sin consecuencias legales, es necesario poner un alto y velar por su seguridad por ello con la presente proposición propongo también exhortar a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia víctima de desapariciones, a su vez exhortamos al Sistema DIF Nacional y los sistemas DIF estatales a fortalecer con recursos y personal a las Procuradurías de Protección a la Niñez.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Fiscalía Generales de Justicia y/o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a fortalecer los mecanismos de investigación y protección de la niñez y la adolescencia víctima de desapariciones.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema DIF Nacional y los sistemas DIF estatales a fortalecer con recursos y personal a las Procuradurías de Protección a la Niñez.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las Embajadas y Consulados mexicanos en el extranjero, adopten todas las medidas que sean necesarias para apoyar a los familiares de los mexicanos desaparecidos en el extranjero.

Notas

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php

2 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/04/
masivo-el-robo-de-menores-en-mexico-para-explotacion-sexual-y-trafico-de-organos/

3 Reportan desaparición de estudiante mexicano en Suiza, Milenio, 7 de diciembre de 2019, disponible en web:

https://www.milenio.com/estados/en-acapulco-reportan-des aparicion-de-mexicano-en-suiza

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al subsecretario para América del Norte de la SRE a comparecer ante la Comisión Permanente con objeto de que explique los efectos de la legislación secundaria propuesta por EUA en la aplicación del T-MEC, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral I, del Reglamento del Senado de la República; somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante la Comisión Permanente, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El tratado de libre comercio conocido como T-MEC (Usmca, en Estados Unidos) fue ratificado por el Senado de la República el 19 de junio de 2019.

Segunda. El gobierno de Estados Unidos solicitó que se hicieran modificaciones al texto del tratado como condición para que éste fuera ratificado por el Congreso de dicho país. Las modificaciones se centraron principalmente en tres temas: 1. Solución de controversias en materia laboral; 2. En los contenidos mínimos de acero y aluminio de origen; y 3. En la adecuación del texto para respetar los principales acuerdos internacionales en materia ambiental.

En la cuestión laboral, principalmente, se requería la creación de inspectores por el gobierno de Estados Unidos para dar cuenta de la instauración de las reformas laborales acordadas por México con Estados Unidos, sobre todo en cuanto a la democracia y justicia sindical.

Tercera. Producto de la negociación entre autoridades mexicanas, encabezadas por el subsecretario para América del Norte, se logró llegar a diversos acuerdos sobre las peticiones del gobierno de Estados Unidos y los representantes demócratas.

En una sesión de comisiones unidas en el Senado de la República, con objeto de analizar y dictaminar el protocolo modificatorio para el tratado, el subsecretario Jesús Seade asistió a esta soberanía para responder las preguntas e inquietudes de las y los senadores respecto a los cambios.

Así, refirió que tras la negociación se llegó al acuerdo de contar con paneles para la solución de controversias en los casos en que hubiera violaciones en las elecciones de sindicatos en las empresas que estuvieran ligadas al comercio.

Sin embargo, de nuestra parte quedaban dudas sobre la aplicación, toda vez que el secretario refirió que había una tarea adicional para complementar el tratado con el fin de llegar a las directrices y protocolos para su instauración. En respuesta de lo anterior, comentó que previamente “a la entrada en vigor, se pasarán una serie de reglas de procedimiento”.

Cuarta. Se presentó una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para la aplicación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, integrado como un anexo al texto del tratado.

En dicha iniciativa, en el título VII, “Labor monitoring and enforcement” (“Monitoreo del trabajo y aplicaciones”), en el subtítulo B se hace referencia a los attachés, agregados del gobierno de Estados Unidos que tendrán la función de revisar que México cumpla los compromisos acordados para el sector laboral.

Según se desprende de este subtítulo, el secretario del Trabajo de Estados Unidos nombrará a cinco agregados que se asignarán a la Embajada o a los consulados de ese país en México para llevar a cabo las tareas que se les asignan en la sección 722 de la iniciativa.

Esta sección describe que los agregados tendrán la obligación asistir al Comité Laboral Interagencial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México y “presentar al Comité Interinstitucional del Trabajo informes trimestrales sobre los esfuerzos realizados por México para cumplir sus obligaciones laborales”. Estos agregados serán considerados funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, en el subtítulo A, donde aparecen las tareas del Comité Laboral Interagencial, está la de coordinar actividades para implantar las obligaciones laborales, entre las que se encuentran visitas según sea necesario para evaluar la implantación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales, así como recibir y revisar “las evaluaciones trimestrales de los agregados laborales respecto a la implantación y el cumplimiento” de tal reforma.

También se nombra a un “consejo independiente mexicano”, que será constituido por 12 miembros nombrado por autoridades estadounidenses, que tras seis años de la entrada en vigor de la ley, reportarán sobre los esfuerzos de México para implantar la reforma, la manera y extensión de las medidas que nuestro país ha tomado para aplicar la reforma y, en dado caso, incluir la determinación de que México no ha cumplido sus obligaciones laborales.

Por tanto, se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que explique los efectos de la legislacion secundaria propuesta por Estados Unidos para la aplicación del T-MEC, así como para comentar las medidas que tomará el gobierno de México si éstas son aprobadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 órganos superiores de fiscalización locales a incorporar en sus auditorías anuales información relativa a los apoyos en efectivo o especie proporcionados por universidades públicas y gobiernos estatales y municipales a equipos profesionales de futbol, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero . En fechas recientes, diversos medios de comunicación han afirmado que el equipo de fútbol soccer profesional de la Liga Mx Club Universidad Nacional Asociación Civil, recibe cada año millones de pesos del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del uso de las instalaciones universitarias como es el estadio y los campos de entrenamiento de la cantera oriente, sin ninguna contraprestación ni el pago correspondiente del mantenimiento de las instalaciones ni pago de servicios como protección civil, energía eléctrica y agua, a cambio la UNAM no recibe ninguna contraprestación; no obstante la Universidad si debe pagar por el uso de la pantalla que se encuentra instalada en el estadio, la cual es propiedad de la asociación civil.

Por ello, es preciso conocer, en su caso, los montos de los subsidios en numerario o especie que la Universidad le destina al club de fútbol, ya que, según los informes periodísticos obtenidos de la Dirección General de Finanzas de la UNAM, se estima que de 2014 al primer semestre de 2019 se le ha entregado aproximadamente 338 millones 908 mil 980 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Aparte de los servicios que no paga la asociación civil a la Universidad por el uso de las instalaciones se suma la entrega de recursos del presupuesto universitario a través de un mecanismo de compra de boletos que se obsequia al personal académico y trabajadores sindicalizados.

En septiembre de este año solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación la incorporación al programa anual de auditorías de estos hechos para que realice las indagatorias correspondientes, las cuales están en curso.

Pero no solo la Universidad Nacional Autónoma de México es la única que cuenta con equipo de fútbol profesional, existen otras universidades públicas locales además de gobiernos estatales y municipales que apoyan a estas entidades privadas como las que se menciona a continuación:

Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es a la fecha un equipo muy poderoso, vinculado a la cementera Cemex, el cual juega en representación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su casa es el Estadio Universitario con capacidad de 42 mil asistentes. Este equipo también tiene una filial en tercera división.

Lobos BUAP, representan a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con filial en tercera división. Juega en el Estadio Olímpico de la BUAP, con una capacidad de 21 mil 750 asistentes.

El equipo Potros UAEM, corresponde a la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una filial de tercera división. Juega en el Alberto “Chivo” Córdoba el cual tiene una capacidad de 32 mil 603 aficionados.

El equipo Leones Negros UDG, el cual cuenta con dos filiales, en la liga Premier y en la tercera división. Representa a la máxima casa de estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara. Juegan en el estadio Jalisco, con una capacidad de 55 mil 20 espectadores.

Correcaminos UAT, representa a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, juegan en el Marte R. Gómez que recibe hasta 10 mil 520 seguidores.

El equipo Tecos también tiene su filiar en la tercera división, defienden a la Universidad Autónoma de Guadalajara, su estadio es el Tres de Marzo con una capacidad de 30 mil fans.

Dorados de la UACH, los cuales representan a la Universidad Autónoma de Chihuahua, los partidos se realizan en el Estadio Olímpico que alberga a 22 mil.

Tuzos de la UAZ, representa a la Universidad Autónoma de Zacatecas y juegan en el estadio Francisco Villa, el cual tiene una capacidad de 13 mil 280 espectadores.

Loros de Colima, representa a la Universidad de Colima, realizando sus juegos en el Estadio Universitario de Colima.

Ocelotes de la UNACH es el equipo local de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realiza sus juegos en el estadio municipal de la comunidad con una capacidad de 4 mil personas.

Águilas UAGro, es el equipo representativo de la Universidad Autónoma de Guerrero, este equipo juega en el estadio Andrés Figueroa, en la Ciudad Universitaria de Chilpancingo.

Delfines UGM, son los representantes de la Universidad del Golfo de México y juegan en el estadio UGM Nogales que cuenta con una capacidad de mil 500 personas.

Troyanos UDEM, representa a la Universidad de Monterrey, así como Águilas de la UAS que representan a la Universidad de Sinaloa y juegan en la cancha 1 de Ciudad Universitaria.

Además, gobiernos estatales y municipales apoyan a otros equipos profesionales sin que haya claridad sobre los apoyos entregados, tales como los equipos de fútbol profesional Tiburones de Veracruz, Tuzos del Pachuca, Puebla, San Luis, Necaxa de Aguascalientes, entre otros.

Segundo. A principios de diciembre de 2019, el equipo de futbol soccer profesional Veracruz, fue desafiliado de la Liga MX, y con ello se dio a conocer que la asociación civil de Fidel Kuri Grajales, propietario y ex diputado federal, recibió a través de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba (razón social del equipo) del gobierno del estado, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, alrededor de 66 millones de pesos, sin que exista una justificación para la entrega de dichos apoyos.

Tercero. Por ello solicitamos a los órganos superiores de fiscalización de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana incorporen en sus programas de auditorías la información relativa a la entrega de apoyos en efectivo o especie que las universidades públicas, los gobiernos locales y municipales realizan a equipos profesionales de fútbol soccer y en su caso iniciar los procesos de responsabilidades que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a los órganos superiores de fiscalización de las 32 entidades federativas de la República Mexicana a incorporar en sus auditorías anuales información relativa a la entrega de apoyos en efectivo o especie que las universidades públicas, los gobiernos locales y municipales realizan a equipos profesionales de fútbol soccer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y la SFP a analizar el caso del accidente de Pedro Alberto Lezama Hernández, sucedido en las labores no descritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Gloria Romero León, Jorge Arturo Espadas Galván, Josefina Salazar Baez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Sarai Núñez Cerón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Marcelino Rivera Hernández, Xavier Azuara Zúñiga, Martha Estela Romo Cuéllar, Ricardo Flores Suárez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Víctor Manuel Pérez Díaz, José Martín López Cisneros, Guadalupe Romo Romo, Sonia Rocha Acosta, Patricia Terrazas Baca, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de la Función Pública a analizar el caso del accidente de Pedro Alberto Lezama Hernández, el cual sucedió en las labores no descritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional han exhortado en diversas ocasiones al gobierno federal a conducirse con transparencia y reglas de operación en los programas sociales, especialmente en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ya diversos medios de comunicación han demostrado la inexistencia de muchos centros de trabajo del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; la falta de controles y de garantías para los jóvenes que acceden al programa. La falta de cuidado en la operación del programa, que tanto se ha advertido ya ha tenido consecuencias, no sólo las económicas por su falta de control; ha cobrado la salud y el futuro de un joven en Oaxaca, Pedro Alberto Lezama Hernández.

¿Qué garantías tenemos sobre este programa?

Pedro Alberto Lezama Hernández tiene 24 años, es licenciado en pedagogía, ante la falta de oportunidades en Oaxaca se inscribió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para tener experiencia en el campo laboral, ingresó a prestar su servicio en el ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec.

El pasado 19 de noviembre 2019, fue enviado a realizar actividades fuera del área de trabajo; fue enviado a cargar láminas a un volteo y llevarlas a diferentes colonias a repartirlas, éstas no venían amarradas ni sujetas, en el camino al pasar un tope el joven queda prensado entre cientos de láminas; lo que le causo un grave daño a su salud, arterias, páncreas y hoy, necesita un trasplante de intestino delgado.

En el Convenio marco se lee lo siguiente:

Supervisar que “el ente público tutor” capacite a los “becarios” según el plan de capacitación acordado, realizando de acuerdo con sus atribuciones, disponibilidad presupuestal y a través de personal autorizado, la supervisión mediante visitas al inmueble en donde se localiza el centro de trabajo que otorga la capacitación, con el objeto de verificar que se brinda la capacitación ofrecida y se cumpla con los lineamientos del “programa”

Primera. – “LA STPS” se compromete durante la vigencia del presente convenio a:

“Supervisar que “el ente público tutor” capacite a los “becarios” según el plan de capacitación acordado, realizando de acuerdo con sus atribuciones, disponibilidad presupuestal y a través de personal autorizado, la supervisión mediante visitas al inmueble en donde se localiza el centro de trabajo que otorga la capacitación, con objeto de verificar que se brinda la capacitación ofrecida y se cumpla con los lineamientos del “programa”.

Dar seguimiento en conjunto con “el ente público tutor”, a la evaluación mensual mutua que lleven a cabo tutores y “becarios”, para monitorear la capacitación.

Los errores y las consecuencias son costosos. Hoy el gobierno federal considera un gran acierto la atención del muchacho por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, esto no debía pasar.

Los aprendices no deben llegar al Seguro Social y ser “atendidos correctamente” porque los trabajos ofrecidos deben garantizar el ser seguros. La Secretaría del Trabajo debe garantizar un mecanismo de control por parte de la Institución en el que pueda verificar por lo menos un porcentaje representativo.

Hoy el gobierno federal insiste en que la atención fue la adecuada conforme a los protocolos, pero lo que no se dice es que las probabilidades de que ese joven continúe su vida como antes del evento tiene una probabilidad de 0 por ciento; ello sin contar de los problemas a los que se enfrentará inmediatamente, como consecuencia del trasplante, como es un daño hepático irreversible. Su vida nunca volverá a ser la misma.

En su caso, el suspender la participación del municipio del programa no es suficiente. Es necesario saber quién ha sido responsable, quién ordenó que ese joven realizara esas actividades sin los mecanismos de seguridad correspondientes, por qué se repartían láminas cuando ellos no es facultad del municipio. Pero lo más importante, cómo se va a reparar el daño realizado al joven, no sólo se habla de su salud, sino del futuro que le ha sido arrebatado.

En efecto, la Ley del Seguro Social establece que “riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”. Por otra parte, en el artículo 58 establece “Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta ley”.

Suponiendo que como excepción se considerara aplicar ese artículo, ¿quién puede vivir con una secuela de un trasplante de intestino y con 2 mil 160 pesos al mes? En principio, el seguro que se otorga a estos jóvenes no los considera empleados y, como tal, sólo les otorga atención médica. ¿Qué va a pasar con ese joven? ¿Qué va a pasar con su futuro? La responsabilidad de todo lo que pase con ese joven es del municipio y del estado.

El Código Penal Federal establece:

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicié daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.

En el caso, la omisión de cuidado y el mandato a realizar actividades sin seguridad por parte del o los servidores públicos responsables del programa, han cobrado la salud y el futuro de un joven oaxaqueño.

Pedro Alberto Lezama Hernández y su familia son víctimas del Estado; por lo que debe garantizarles no sólo la atención médica, sino ayuda y el pago del daño que se les ha hecho. Lo que debería implicar la reparación integral del daño ocasionado; ser considerado víctima con base en lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas.1

Finalmente, es de considerar que el ejercicio de los recursos es federal, por lo que podrán ser fiscalizado por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo.

Con base en lo antes expuesto, los que suscribimos, presentamos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría del Trabajo para que informe los resultados de la investigación realizada a cabo en relación con el caso de Pedro Alberto Lezama Hernández, así como los medios de control implementados por dicha Secretaría para que sucesos como el acontecido no vuelvan a transcurrir.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública federal a que investigue lo sucedido con Pedro Alberto Lezama Hernández; realice la denuncia correspondiente por los posibles ilícitos que pudieran haberse cometido en el caso en materia penal e informe a esta Cámara.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República a que investigue lo sucedido con Pedro Alberto Lezama Hernández por la posible comisión del delito de ejercicio ilícito de servicio público.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que considere a Pedro Alberto Lezama Hernández con ese carácter y le brinde una reparación integral.

Notas

1 Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Diputados: Dulce Alejandra García Morlan, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Saraí Núñez Cerón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Gloria Romero León, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Jorge Arturo Espadas Galván, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Marcelino Rivera Hernández, Xavier Azuara Zúñiga, Martha Estela Romo Cuéllar, Ricardo Flores Suárez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Víctor Manuel Pérez Díaz, José Martín López Cisneros, Guadalupe Romo Romo, Sonia Rocha Acosta, Patricia Terrazas Baca, Marcela Torres Peimbert; Josefina Salazar Báez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el IMSS a remitir a esta asamblea el informe sobre el balance del programa piloto referente a los trabajadores del hogar, y reforzar la difusión de sus derechos laborales, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a remitir el informe que contiene el balance del programa piloto relativo a los trabajadores del hogar, así como a reforzar las campañas de difusión de dicho programa y de los derechos laborales de este sector, con base en las siguientes

Consideraciones

El trabajo doméstico en nuestro país es uno de los más invisibilizados, desprotegidos y con mayor violación a sus derechos laborales. El trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas todos sabemos que es un derecho humano que debe ser respetado y promovido, garantizado a través de la implementación de políticas públicas y programas sociales que permitan reconocer como tal, tanto a trabajadoras y trabajadores como a personas empleadoras.

El reconocimiento legal del trabajo del hogar, que recientemente aprobó el Congreso de la Unión, garantiza el goce de sus derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, otorgando la garantía de que el trabajo realizado tiene una contribución.

A un año del histórico fallo del 5 de diciembre de 2018, emitido por la Segunda Sala de la SCJN, en donde se determinó que excluir a las trabajadoras remuneradas del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) va contra la norma constitucional, señalando como inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

El máximo tribunal de la nación precisó que la legislación provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras, al dejarlas fuera del régimen obligatorio del IMSS, afectando de manera desproporcionada a la mujer, ya que las estadísticas muestran que esta labor, es realizada preponderantemente por ellas. En dicha resolución, se estableció que el IMSS debería implementar un “programa piloto”, en donde se diseñe y ejecute un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, el cual, debe resultar de fácil implementación para los patrones, de carácter obligatorio, y facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, sin necesidad de que los patrones estén inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).1

En días pasados el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un balance, en el marco de haberse cumplido un año de tan importante sentencia que dictó la Suprema Corte, señalando que, hasta el mes de noviembre del presente año, se habían afiliado a dicha institución 11 mil 947 trabajadoras del hogar, al programa piloto implementado. Asimismo, mencionó que alrededor de 76 por ciento de los afiliados son mujeres y las trabajadoras del hogar perciben aproximadamente 5 mil pesos mensuales.2

La incorporación de las mujeres al mercado laboral genera diferentes condiciones para el desarrollo del hogar y la familia, por ello, aplaudimos que se haya remitido al Senado de la Republica, para su aprobación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.3

Al adoptar este instrumento internacional por parte del Estado mexicano, se convertirá en un avance decisivo para la agenda de desarrollo y trabajo decente, constituirá un reconocimiento al largo proceso de lucha de las trabajadoras domésticas y sus organizaciones. La aprobación por parte del Senado a este convenio, tendrá como finalidad la obligación de respetar y garantizar en la legislación laboral y de seguridad social, los principios y derechos fundamentales del trabajo del hogar.

Por tal motivo, es de suma trascendencia, que como legisladores conozcamos los avances de tan importante programa, con la finalidad de contar con la información suficiente, veraz y oportuna, para la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, para impulsar y sensibilizar su pleno cumplimiento, así mismo, continuar con la tarea de visibilizar a uno de los sectores más invisibles e ignorados, como son las trabajadoras y trabajadores del hogar, con el objetivo de que tengan acceso a todas las prestaciones que ofrece el Seguro Social.

Es sabido por todos, que el programa está encaminado al reconocimiento de este trabajo, a alcanzar a romper ciertos patrones de conducta que promueven la discriminación por edad, sexo, nacionalidad, identidad cultural, así como la violencia en contra de las personas trabajadoras. Por ello, resulta importante promover una cultura permanente de respeto a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores del hogar, debido a que es una de las actividades laborales con menor reconocimiento social y económico.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, respetuosamente exhorta a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a remitir el informe que contiene el balance del programa piloto relativo a los trabajadores del hogar, así como a reforzar las campañas de difusión de dicho programa y de los derechos laborales de este sector.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto los principios de división de poderes y de soberanía, respetuosamente exhorta a que la Secretaría del Trabajo para que en coordinación con sus homologas en las entidades federativas, refuercen sus campañas de sensibilización sobre la importancia de la inscripción al Seguro Social por parte de los patrones de las personas trabajadoras remuneradas del hogar, así como los pasos a seguir para tal efecto.

Notas

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN declara discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS, Comunicado de prensa número 161/2018, 5 de diciembre de 2018, disponible en

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notici a.asp?id=5806

2 Uno TV, Alrededor de 12 mil trabajadoras del hogar han sido afiliadas al IMSS, 5 de diciembre, disponible en

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/
alrededor-12-mil-trabajadoras-hogar-han-sido-afiliadas-imss-721017/

3 Senado de la Republica, Oficio Secretaría de Gobernación, Gaceta Parlamentaria 10 de diciembre de 2019, disponible en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-10-1/assets/docu mentos/EF_Convenio_189.pdf

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a enviar un informe sobre el destino de los recursos del Fortaseg, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el destino de los recursos etiquetados para el Fortaseg, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, cuando se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública ya que antes llevaba el nombre de Secretaria de Seguridad Pública, esta reestructuración se hace principalmente para diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas gubernamentales en materia de seguridad pública.

Con este nuevo proyecto se crea la Guardia Nacional por medio de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo del 2019, en donde se establece que será un órgano desconcentrado de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana, será de carácter civil, disciplinado y profesional, tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

En la Guardia Nacional ocupa el mando como comandante operativo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la finalidad de esta institución es descrita en el artículo 6° de la Ley de la Guardia Nacional, que a la letra dice:

“Artículo 6. Son fines de la Guardia Nacional:

I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades;

II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;

III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y

IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.”

Para apoyar a cumplir las finalidades de la Guardia Nacional se etiquetaron recursos de $4,009,124,098, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, para el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, (Fortaseg), (antes Subsidio para la Seguridad en los Municipios, Subsemun) especificados en artículo 8:

“Artículo 8. El presente Presupuesto de Egresos incluye la cantidad de $4,009,124,098, para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función.

Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados para los conceptos y conforme a los lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con los programas con prioridad nacional definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

A más tardar el 15 de febrero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, los cuales incluirán lo siguiente:

I. Los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos, mismos que establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los beneficiarios como aportación;

II. La fórmula de elegibilidad y distribución de recursos.

En dicha fórmula deberá tomarse en consideración, entre otros, el número de habitantes; el estado de fuerza de los elementos policiales; la eficiencia en el combate a la delincuencia; la incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales y las características asociadas a los mismos, como son: destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva, y

III. La lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá suscribir los convenios específicos de adhesión y sus anexos técnicos, con las entidades federativas y con los beneficiarios del subsidio, a más tardar el 15 de marzo de 2019.

En dichos convenios deberán preverse los términos de la administración de los recursos del subsidio con base en las siguientes modalidades:

a) Ejercicio directo de la función de seguridad pública en el municipio o demarcación territorial por la entidad federativa;

b) Ejercicio directo de la función de seguridad pública por el municipio, o

c) Ejercicio coordinado de la función de seguridad pública entre ambos.

En los casos de los incisos b) y c) deberá estipularse el compromiso de las entidades federativas de entregar el monto correspondiente de los recursos a los municipios o demarcaciones territoriales, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que aquéllas reciban los recursos de la Federación.

En los convenios se podrá establecer la posibilidad de realizar compras en forma consolidada y la transferencia de recursos en especie por parte de la Federación a los beneficiarios, así como otros mecanismos que faciliten el ejercicio de los subsidios.

Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 7 de este Decreto.”

Este subsidio cubre aspectos de evaluación de control de confianza, capacitación, recursos de homologación policial, mejora de condiciones laborales para los policías, como equipamiento, infraestructura, conformación de bases de datos, centros telefónicos, profesionalización y certificación de los elementos de seguridad, también apoyo al fortalecimiento tecnológico, de equipo, infraestructura de las instituciones de seguridad, prevención social de la violencia, de la delincuencia, capacitación en derechos humanos e igualdad de género.

Sin embargo, a pesar de este recurso existieron varias quejas y reclamos en lo que va el año por parte de policías municipales y estatales en varios Estados del país por falta de equipamiento, infraestructura e insumos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a enviar un informe detallado sobre el destino de los recursos etiquetados al Fortaseg en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Bibliografía

-Página oficial de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. https://www.gob.mx/sspc/que-hacemos

-Página oficial de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa- de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg

-Diario Oficial de la Federación del día 26 de marzo de 2019

-Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de diciembre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a proporcionar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019, suscrita por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La siguiente exposición de motivos se encuentra en un punto de acuerdo con el mismo contenido y exhorto, el cual presenté el 19 de septiembre del año en curso. Aquel documento no fue dictaminado por la comisión correspondiente y, dado el reglamento de la Cámara de Diputados, precluyó al finalizar el primer periodo ordinario del segundo año de la LXIV Legislatura. El problema que abordo, sin embargo, continúa vigente, motivo por el cual, a continuación, presento lo consecuente.

La Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 36, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, como un “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt [...]”.1 Su objeto, de acuerdo al mismo artículo, es “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.2 En otras palabras, el foro se constituye como un espacio intermedio entre la comunidad académica e industrial, y el Consejo Nacional como la institución responsable del sector.

La existencia del Foro Consultivo es relativamente reciente, remontándose a la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en 2002. Sin embargo, su creación debe de caracterizarse como uno de los esfuerzos gubernamentales más significativos en la labor de actualización de nuestro Sistema Nacional de Innovación.

En un contexto de mejores prácticas gubernamentales, la creación del Foro Consultivo respondió a la necesidad por crear nuevos espacios de encuentro para los diversos actores que influyen sobre el desarrollo científico y tecnológico del país. Lejos de ser materia exclusiva de la esfera pública, la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías también competen al sector patronal e industrial, a las asociaciones civiles, a las universidades y a los trabajadores.3 El éxito de nuestro Sistema Nacional de Innovación depende directamente de la capacidad del Estado para coordinar a todos estos actores e incluirlos en líneas de acción comunes, contribuyendo a la construcción de políticas de CTI regionales y de una política nacional congruente e inclusiva.

En una manifestación explicita de este cometido, el Foro Consultivo es presidido por una Mesa Directiva integrada por representantes de las más diversas vocaciones, siendo uno de los espacios con mayor pluralidad en el contexto gubernamental mexicano. De acuerdo con la ley, la integran los titulares de las siguientes organizaciones, así como tres investigadores representantes de disciplina:4

• Academia Mexicana de Ciencias

• Academia Mexicana de Ingeniería

• Academia Nacional de Medicina

• Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

• Confederación Nacional de Cámaras Industriales

• Consejo Nacional Agropecuario

• Confederación Patronal de la República Mexicana

• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

• Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología

• Universidad Nacional Autónoma de México

• Instituto Politécnico Nacional

• Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

• Academia Mexicana de la Lengua

• Academia Mexicana de Historia

• Sistema de Centros Públicos de Investigación

• Consejo Mexicano de Ciencias Sociales

• Investigador representante de las Ciencias Naturales o Exactas.

• Investigador representante de las Ciencias Sociales y Humanidades.

• Investigador representante de la Ingeniería y la Tecnología.

Esta diversidad de voces fortalece al Foro Consultivo, otorgando legitimidad a sus resoluciones y fomentando una deliberación amplia y plural en las materias que le competen. Dar por sentado este esquema de cooperación puede ser altamente costoso para el sector, pues la pluralidad y tamaño de esta comunidad frecuentemente impiden la creación de canales formales de coordinación como el aquí expuesto. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede permitir, por lo tanto, el debilitamiento de esta fundamental institución.

En el marco de la presente administración, diversos conflictos se han suscitado entre las autoridades representativas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la dirección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El pasado 30 de julio el Consejo Nacional emitió un comunicado oficial en donde señalaba que, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de la Función Pública, no estaba obligado a financiar las actividades del Foro Consultivo, argumentando que este organismo es una asociación civil y no un órgano autónomo del propio Consejo.5 Señalando una mala aplicación del gasto, el Consejo Nacional informó que no daría continuidad a sus transferencias destinadas al Foro Consultivo, exhortando a éste a buscar sus propias fuentes de financiamiento.

A manera de respuesta, las autoridades directivas del Foro Consultivo organizaron una conferencia de prensa el mismo día 30 de julio, respondiendo tanto al comunicado antes señalado, como a otras aseveraciones que diversos funcionarios del Consejo realizaron en días previos. En el marco de la conferencia, los directivos del Foro Consultivo aclararon que dicha institución es un organismo autónomo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, no un ente privado como el Consejo Nacional había señalado previamente. Adicionalmente, se demostró que las funciones del Foro Consultivo no duplican aquellas del Consejo Nacional en forma alguna, pues las mismas también están establecidas puntualmente en la normatividad del sector. Finalmente, se mostraron las cifras del desempeño financiero y del gasto que ha tenido el Foro Consultivo desde su creación en 2003, aclarando que no existían las deficiencias señaladas por el Consejo Nacional y que toda la información utilizada era accesible al público en general a través de la plataforma de transparencia del gobierno federal.6 Desde este fecha, no ha existido una réplica institucional por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a las aclaraciones hechas por la dirección del Foro Consultivo.7

Lo que sí ha sido posible constatar, sin embargo, son las expresiones en apoyo8 del Foro Consultivo por parte de amplios segmentos de la comunidad académica.9 En un importante número de artículos,10 investigadores pertenecientes a distintas disciplinas científicas e instituciones académicas mostraron su apoyo al Foro Consultivo frente a las declaraciones realizadas por el Consejo Nacional. Lejos de observar la duplicidad de funciones que argumentó el Consejo, las y los investigadores encontraron en el Foro un espacio necesario de consulta y de vinculación con la industria y con la comunidad académica. Su papel consultivo es señalado como fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Innovación, pues observan como inconveniente que el poder de tomar decisiones de política científica sea concentrado únicamente en la institución cabeza del sector.

A la luz de los anteriores acontecimientos, consideramos que es fundamental que todas y todos los servidores públicos se sujeten a la normatividad vigente en su toma de decisiones. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede dar retención a los recursos de una institución autónoma a través de una interpretación personal de la Ley de Ciencia y Tecnología. Si bien es cierto que autoridades de la Función Pública han determinado que las instituciones públicas no tienen la obligación de transferir recursos a organizaciones de carácter privado sin consideraciones específicas de por medio, lo cierto es que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no puede ser tratado dentro de dicha lógica.

Al no dar continuidad a la transferencia de los recursos correspondientes al segundo semestre del presente ejercicio fiscal, el Consejo Nacional pone en riesgo la operatividad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y vulnera los derechos laborales de las y los servidores públicos que operan en su interior.

Tomando estas consideraciones, propongo se exhorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019, buscando garantizar el debido respeto al estado de derecho y tendiendo a salvaguardar la integridad institucional del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Considerandos

Sobre la responsabilidad presupuestaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece, en su artículo 74, que “los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables”.11

Sobre el incumplimiento de las disposiciones anteriores, el mismo artículo establece que “la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes”.12 En caso de continuar incurriendo en la retención de los recursos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está expuesto a sufrir una reducción o suspensión presupuestal.

Sobre la autonomía del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Ley de Ciencia y Tecnología establece, en su artículo 36, que “se constituye [...] como órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt [...]”.13 Adicionalmente, el articulado define que tendrá por objeto el “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.14 El Foro Consultivo es, por lo tanto, una institución pública sujeto de derechos y obligaciones. Dentro del marco normativo vigente, el Foro no es la asociación civil de carácter privado a la que el Consejo Nacional ha hecho referencia en reiteradas ocasiones.

Sobre las funciones del Foro Consultivo, la ley establece las siguientes de forma precisa:

“I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y especiales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;

III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta misma ley y otros ordenamientos establecen;

V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del programa especial y los programas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular propuestas para su mejor cumplimiento, y

VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Ejecutivo federal o el Consejo General”.15

En el marco presente de la ley, es evidente que el Foro Consultivo cuenta con funciones bien definidas y de carácter consultivo para con la comunidad académica y el sector productivo. Lejos de duplicar funciones con el Consejo Nacional, se erige como un órgano permanente de consulta y de asesoría para la toma de decisiones en materia de políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Finalmente, es importante mencionar las disposiciones establecidas en el Artículo 38 de la Ley, pues en este se esclarece la relación presupuestal que debe de existir entre el Consejo Nacional y el Foro Consultivo.

Para tal efecto, la normatividad vigente establece que “el Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.16

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a habilitar al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los recursos correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2019.

Notas

1 Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 36. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

2 LCT. Artículo 36. Fracción I. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

3 Edler, Jakob; Fagerberg, Jan. “Innovation Policy: What, Why and How”. En Oxford Review of Economic Policy. Volumen 33. Número 1. Londres. Oxford University Press. 2017. Páginas 8-10.

4 LCT. Artículo 36. Fracción V. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Conacyt debe priorizar el interés público por encima del financiamiento a asociaciones de carácter privado. Comunicado 51/19. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados/1086-co m-51-30-07.

6 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene definidas sus atribuciones en la Ley de Ciencia y Tecnología; entre ellas destacan las que versan sobre la interacción entre el foro y la comunidad científica, académica, tecnológica y empresarial. Comunicado número 158. México. FCCyT, AC. 2019. Consultado en:

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-pre nsa/aclara-foro-consultivo-comunicado-de-conacyt-4819.

7 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comunicados. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicados.

8 Domínguez, Leonardo. Científicos defienden al Foro tras acusaciones. México. El Universal. 2019. Consultado en

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientific os-defienden-al-foro-consultivo-tras-acusaciones.

9 De la Peña, José Antonio; Dutrénit, Gabriela; Fernández Zayas, José Luis; Franco, José; Laclette, Juan Pedro; Camhaji Samra, Alfredo; Morales Escobar, Alfonso. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico: Un espacio necesario para el diálogo. México. Nexos. 2019. Consultado en

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1862.

10 Espíndola, José Pablo; Muñoz, Fernanda. En defensa del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. México. Reporte Índigo. 2019. Consultado en

https://www.reporteindigo.com/reporte/en-defensa-del-for o-consultivo-cientifico-tecnologico-presupuesto-conacyt/.

11 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 74. Párrafo Segundo. (Última Reforma: DOF 30-12-2015)

12 LFPRH. Artículo 74. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 30-12-2015)

13 Ley de Ciencia y Tecnología. Artículo 36. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

14 LCT. Artículo 36. Fracción I. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

15 LCT. Artículo 37. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

16 LCT. Artículo 38. (Última Reforma: DOF 08-12-2015)

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a reformar sus Constituciones y leyes en materia de seguridad pública a fin de establecer que los ayuntamientos tendrán la facultad de poseer centros de control de confianza para certificar a sus policías, suscrita por el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado losé Ángel Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas. de las entidades federativas a reformar sus constituciones y leyes en materia de seguridad pública para establecer que los municipios y las alcaldías tendrán la facultad de contar con centros de control de confianza para certificar a sus policías, con base en las siguientes

Consideraciones

La depuración de las policías estatales y municipales es fundamental para la disminución de la corrupción y de la incidencia delictiva. Mediante la evaluación y control de confianza de los cuerpos policíacos se evalúa la confiabilidad de quienes son sometidos al proceso, debido principalmente al hecho que se miden factores como la integridad y probidad personal; la veracidad y honestidad de las declaraciones, la moralidad en el ejercicio, así como la lealtad y la incorruptibilidad.

De acuerdo con el sitio web del Centro de Control de Confianza del Estado de México, el examen de control de confianza se compone de cinco evaluaciones, las cuales contribuyen a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional, así como el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo al perfil de puesto; derivado de ello en su caso se emite la certificación correspondiente.

Expresa el sitio en comento que, al operar el proceso de evaluación de confianza se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las instituciones de seguridad, de conformidad con la normatividad, procedimientos, objetivos y funciones aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos de profesionalización en el desempeño de sus funciones.

De lo anterior se desprende que tal proceso permite contar con instituciones de seguridad pública y/o privada que destaquen por servidores públicos competentes, confiables, alejados de la corrupción, con una visión de servicio y cuyo perfil corresponda a los requerimientos del puesto y valores institucionales.

Ante el crecimiento de los índices de corrupción e impunidad, la falta de entendimiento entre las autoridades, así como del ambiente de inseguridad y violencia que por años se ha vivido en el país, a iniciativa de diversos gobiernos locales se han adoptado diversas medidas para combatir la delincuencia en permanente coordinación entre órdenes de gobierno.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es la instancia que sienta las-bases de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

De este modo, las policías, los ministerios públicos, las autoridades penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y municipal, trabajan de manera conjunta, lo que permite que el sistema refuerce y consolide la estrategia de seguridad del Estado.

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del SNSP y es presidido por el Presidente de la República e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el Secretario Ejecutivo del SNSP.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a su vez; con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del CNSP, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública, es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.

Del SENSP depende la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación (CPCA), que tiene por objetivo apoyar en el análisis e instrumentación de las políticas, lineamientos, programas y acciones en materia de certificación, acreditación, evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, realizar, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, acciones de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables y sus acuerdos, ratificados por el CNSP en la materia, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Ante la necesidad de fortalecer los niveles seguridad en el país, en el marco de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instruye la creación del Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) como instancia normativa, reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC), lo que implica homologar la operación, formación del personal y aplicación de los procesos de evaluación a cargo de los Centros de Evaluación; verificar el apego de la aplicación de los procesos de evaluación al modelo nacional y normativa emitida por el propio Centro, así como dar seguimiento a los programas de evaluación y acciones orientadas al fortalecimiento de los Centros de mérito.

En la XXXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de 20 de diciembre de 2013, se ratificó el Acuerdo 01/VIII/2013 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, que dispone:

La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación acuerda que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en la normatividad que emita a partir de la fecha, determine que los Centros de Evaluación consideren para las evaluaciones de control de confianza y la emisión del certificado correspondiente, al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública, es decir, a policías, ministerios públicos y peritos, así como altos mandos de las mismas; y conforme a las capacidades de los Centros, sigan aplicando evaluaciones a los servidores públicos ajenos a dicho servicio, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos correspondientes. Por su parte el Centro Nacional establecerá los lineamientos específicos para el personal administrativo que deberá ser considerado en las evaluaciones, atendiendo a su nivel jerárquico, acceso a información sensible o nivel de mando y decisión, o en su caso, evaluación específica que lo amerite.

Desde el ejercicio 2014, el seguimiento de avances en evaluación que el SENSP emite mensualmente, se centra en el personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y sus altos mandos, y excluye al personal administrativo y la policía complementaria u homóloga. Baste recordar que, el artículo 14, fracción II, del Reglamento del SESNSP, establece que la vigencia· para la acreditación de los CECC es de dos años.

Dispone a su vez el artículo 39, apartado B, fracción X de la Ley General del SNSP9 que corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable.

Por desgracia y, a pesar del entramado normativo e institucional, de gran calado y profunda cabalidad que se ha dispuesto en el orden federal, en lo local y municipal la realidad es otra. De un análisis a las constituciones locales de las 32 entidades federativas, se desprende que sólo Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza prevén el control de confianza. A manera de ejemplo, el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone que para el cumplimiento de la función de seguridad pública la ley conformará el Sistema Estatal de Seguridad Pública, como instancia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con amplia participación social.

Adelante señala el mismo artículo que el Sistema Estatal de Seguridad Pública normará el sistema de desarrollo policial del estado y los municipios, mediante el servicio profesional de carrera, la certificación y el régimen disciplinario.

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública de la misma entidad, dedica el título primero del libro tercero al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; su artículo 186 lo define como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, responsable de dirigir, coordinar, operar y calificar los procesos de evaluación de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como comprobar el cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos, socioeconómicos, de personalidad y demás que establezcan las disposiciones legales aplicables emitiendo, en su caso, los certificados correspondientes.

Si la norma secundaria descrita prescribe que el control de confianza depende de un organismo estatal, la facultad de los municipios se vuelve letra muerta y existen antinomias que dejan a las personas en la indefensión ante la flaqueza de los servicios públicos de seguridad ciudadana.

Por lo demás, del mismo modo que ocurre en Coahuila, en la mayoría de las entidades federativas los CECC son organismos descentralizados, los cuales son encabezados por titulares designados por el Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, lo que mina su independencia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, por nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 88.2 por ciento de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo, seguida del Ejército con 84.2 por ciento.

Prosigue el Inegi: Sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades, 77.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 69.1 por ciento (el subrayado es nuestro).

Durante años hemos sostenido, quienes hemos transitado la cotidianeidad de la vida municipal, que la certificación y desarrollo de las capacidades policiales, desde las calles, barrios, pueblos y regiones, es una respuesta complementaria respecto de los otros niveles de gobierno.

Con información al corte del 31 de octubre de 2019, el documento Seguimiento a la evaluación en control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública, el avance global de evaluaciones estatal y municipal por cuanto al Estado de Coahuila de Zaragoza se reportaba un progreso total del 84 por ciento como sigue:

Como puede observarse, ese 16 por ciento nos sigue hablando de una debilidad institucional de alto impacto. El criterio antes mencionado de 2014 a la fecha reduce en una proporción importante el universo evaluable.

El 30 de noviembre de 2019, en el marco del informe de su segundo año de gobierno, el gobernador de Coahuila habría mencionado que se inició el proceso de acreditación internacional de la Policía Estatal por parte de la Comisión Norteamericana de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley, y este año recibimos la reacreditación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que certifica nuestro trabajo con apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.

Lo anterior retrata de cuerpo entero la fragilidad que existe, en los hechos, para el nivel municipal de gobierno en materia de control de confianza de las policías municipales, así en Coahuila como en toda la República. Respetuosos del pacto federal, pero sin perder de vista el contexto más inmediato de vida y convivencia social, es oportuno que, desde el Congreso de la Unión, se alce la voz para mejorar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a reformar sus constituciones y leyes en materia de seguridad pública para establecer que los municipios y las alcaldías tendrán la facultad de contar con centros de control de confianza para certificar a sus policías.

Salón Legisladores de la República, del recinto legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.

Diputado José Ángel Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a realizar acciones coordinadas para publicar en el DOF la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, suscrita por los diputados Marco Antonio González Reyes, Juan Pablo Sánchez Rodríguez y Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputados Marco Antonio González Reyes, Rosalba Valencia Cruz, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para el Estado mexicano, lo que se ha traducido en el reconocimiento y ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) incorpora el derecho que tiene la infancia, de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A efecto de garantizar lo anterior, a través de la reforma al artículo 4o. constitucional, publicada el 7 de abril del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares a fin de coadyuvar al cumplimiento de los derechos de las niñas y niños.

Tal disposición permitió que el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se busca asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y socialmente, en condiciones de equidad.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una, al artículo 4o. que adicionó el principio del interés superior de la niñez y, la segunda, al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes en la materia. Esas reformas constituyeron un avance importante en el reconocimiento y abordaje de los temas de niñez y adolescencia, al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo de acuerdo a su artículo 1o. es:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Como es posible advertir, el Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su pleno desarrollo, creando un marco jurídico y un andamiaje institucional, como lo es el propio Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene por objetivo el diseño e instrumentación de políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de que todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ello impulsó sin lugar a dudas, un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.

Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente el pleno ejercicio de sus derechos, para ilustrar lo anterior basta mencionar que:

Con base en la medición realizada por Coneval (2018), 52.4 millones de personas viven en condición de pobreza, es decir, el 41.9 por ciento de la población. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes enfrentan condiciones aún más adversas. Del año 2012 al año 2018 las niñas, niños y adolescentes han sido 30 por ciento más pobres que la población de 18 años o más. Las niñas y niños menores de 6 años son más vulnerables a encontrarse en situación de pobreza. Además de que las niñas, niños y adolescentes indígenas (hogares indígenas) fueron 83.8 por ciento más pobres que el total de la población

En este sentido, se reconoce la necesidad de que la atención a la primera infancia demanda un trabajo intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articule el desarrollo de planes, programas y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y niño, de acuerdo a su edad, contexto y condición.

Es por ello, que en la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, entre sus diversos contenidos incorporó a la educación inicial como derecho de la primera infancia y encomendó al Ejecutivo federal integrar una Estrategia Nacional para la Atención de la Primera Infancia. En el artículo transitorio décimo segundo de dicha reforma se establece que:

“Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia , en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento.”

En esta tesitura, después de un arduo trabajo de colaboración y coordinación entre diversas dependencias de la administración pública y con la valiosa experiencia y aportaciones de diversos sectores, el pasado 13 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que fue mandatada por la reforma constitucional referida, la cual representa el punto de partida para el diseño, ejecución y seguimiento de diversas políticas públicas que el Estado mexicano deberá implementar para atender las realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y niños desde los cero a los seis años. Su objetivo es

“Garantizar a niñas y niños de menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia; atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, etnias y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.”

Esta Estrategia Nacional recoge los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) respecto a la expedición de una Política Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia. El documento reconoce a la primera infancia como “un asunto de Estado”, lo cual implica el “cambio de rumbo en las políticas” actuales para lograr la integralidad y la atención multisectorial.

Desde este enfoque, establece las bases para las siguientes políticas sectoriales que se tendrán que expedir a partir de esta estrategia “bajo una lógica colaborativa” entre la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar, ya que se tienen que cubrir 4 ejes estratégicos:

I. Salud y nutrición;

II. Educación y cuidados;

III. Protección; y

IV. Bienestar.

Desde luego sin prescindir de un elemento fundamental: la corresponsabilidad de madres, padres, tutores y cuidadores ya que el Estado mexicano se ha comprometido tanto interna como externamente a proteger a la niñez de aquellas prácticas que atentan en contra de su dignidad y su desarrollo.

Es de destacarse un elemento novedoso de la estrategia, que le imprime un sello particular y distintivo de otros esfuerzos gubernamentales, y es el reconocimiento a la importancia de la territorialidad, es decir a la articulación para la implementación en el territorio de las políticas, programas y servicios tanto nacionales como locales, mediante la participación y contribución proactiva de actores locales. Es decir, se trata de garantizar que, en cada colonia, comunidad y poblado del país, por remoto que se encuentre, se garanticen las atenciones integrales a la población de primera infancia que ahí habita.

Por lo anterior, el Congreso reconoce los esfuerzos de todos los actores que participaron en la construcción de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), pues sin lugar a dudas representa una oportunidad sin precedentes para contar con una verdadera Política de Estado para la atención a la primera infancia que materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de niñas y niños en esta etapa tan importante de su vida para su desarrollo.

A fin de consolidar estos avances y abordar de manera integral los retos que enfrenta la primera infancia en México, es importante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (quien coordina la Comisión para la Primera Infancia), realicen las gestiones administrativas conducentes para que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) sea publicada a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para impulsar no sólo su máxima difusión entre los diversos actores de los sectores público, privado y social que intervienen en su implementación, seguimiento y evaluación a nivel federal, estatal y municipal; sino facilitar y consolidar los mecanismos de coordinación entre ellos a partir del reconocimiento puntual de las responsabilidades y compromisos para el cumplimiento de los ejes rectores, líneas de acción y resultados prioritarios, con el objetivo fundamental de avanzar en la intervención puntual por parte del Estado en su conjunto con la firme colaboración de la sociedad, para resolver los problemas que aquejan a la primera infancia a partir de un enfoque integral que tome en cuenta los derechos y el desarrollo pleno de las niñas y niños del país.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (coordinadora de la Comisión para la Primera Infancia), para que de manera coordinada realicen las acciones administrativas conducentes, para la pronta publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de fortalecer la obligatoriedad y responsabilidad de las dependencias que participan en ella, que asegure su implementación en todo el territorio del país favor de los derechos de niñas y niños de primera infancia de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2019

Diputados:

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y la CFE a abstenerse a llevar a cabo cualquier acción tendente a cobrar nuevos impuestos o derechos relacionados con el consumo de energía en Yucatán con motivo del paquete fiscal de 2020, suscrita por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La iniciativa para modificar la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán para el ejercicio del año 2020, aprobada el 11 de diciembre de 2019, con veintidós votos a favor y tres en contra, contiene elementos que afectan la economía de los yucatecos.

La propuesta fue discutida y aprobada en la Comisión de Presupuesto el pasado 9 de diciembre y posteriormente tuvo el visto bueno del pleno de la Cámara de Diputados de Yucatán días después. En ésta se agrega, entre otro, un capítulo XXVIII a la Ley para realizar el cobro de derechos por “el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública” (artículo 85 AD), que puede traducirse en cámaras de vigilancia. Este capítulo reza lo siguiente:

Capítulo XXVIII
De los derechos por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública

“Artículo 85 AD. Son sujetos del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública los propietarios o poseedores de predios ubicados en el estado de Yucatán.

Es objeto de este derecho, el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán.

Para efectos de este capítulo se entiende por infraestructura tecnológica, todos los bienes tecnológicos que el Estado emplea, adicionalmente, para el mejoramiento de la seguridad pública de la comunidad, en lugares de uso común.”

“Artículo 85AE. La cuota mensual por el derecho previsto en este artículo será de 2.72 UMA. Dicha cuota no podrá ser mayor que la cantidad que resulte de aplicar el 8 por ciento a las cantidades que el contribuyente deba pagar en particular, por su consumo al suministrador de servicios básicos.

El derecho se causará mensualmente y el pago se hará dentro de los sesenta días posteriores al mes en que se cause, dicho pago deberá realizarse en las oficinas o medios autorizados por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.”

“Artículo 85 AF. Para efectos del cobro de este derecho el Estado podrá celebrar convenios, en estos casos se deberá incluir el importe de este derecho en el documento que para tal efecto expida el organismo, entidad o empresa, debiéndose pagar en el plazo y en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Derivado de los convenios que el estado celebre, los plazos de pago a que se refiere el artículo anterior podrán ajustarse para coincidir con el periodo de pago establecido con el servicio de cobro convenido.”

El capítulo en cuestión tiene como motivación, lo siguiente:

“Finalmente, tomando en consideración que nuestro estado es referente nacional debido a sus altos niveles de seguridad y a fin de mantener a nuestra entidad como uno de los últimos bastiones seguros del país, y ya que esta administración ha puesto en marcha el programa Yucatán Seguro, se vuelve imperativa la creación de un derecho que garantice la mejora y continua actualización de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, para esto último se propone la adición del capítulo XXVIII al título tercero de la ley en comento, denominado De los Derechos por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública.1

Como se manifiesta en el documento, se deja abierta la posibilidad para que, en el ámbito de sus facultades el gobierno estado de Yucatán pueda celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de derechos sobre el consumo de energía eléctrica para satisfacer el servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la entidad; es decir, la posibilidad de que a través del cobro por el consumo de energía eléctrica de Yucatán se garantice la mejora y continua actualización de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, lo cual resulta indebido, ilegal, desproporcional e inequitativo para los ciudadanos del Estado.

Máxime que el cobro excesivo de las altas tarifas eléctricas en dicha entidad es un problema que recurrentemente ha afectado la economía de los ciudadanos y, por ello, reiteradamente desde el Senado de la República los senadores hemos venido denunciando dicho cobro excesivo ante las autoridades competentes, como son la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.

En lo particular, el que suscribe, ha estado vigilante del cobro excesivo de tarifas eléctricas a los ciudadanos yucatecos, por lo que se han presentado diversos puntos de acuerdo para atender dicho problema, además de que he participado para su resolución favorable en la Comisión de Energía en el Senado de la República.

Respecto del caso que nos atañe, es indudable que se podría afectar aún más la economía de los ciudadanos yucatecos, por lo que el que suscribe sostuvo conversaciones con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, el pasado 14 de diciembre, quien me manifestó que el recibo de electricidad es un documento oficial federal y se administra con total responsabilidad para los usuarios en México y no está a disposición para manejos externos, implicando que no es posible realizar el cobro de derechos por tal vía.

Aunado a las afirmaciones de la funcionaria, es necesario y oportuno que esta soberanía exhorte respetuosamente a dicha dependencia y a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva del estado, para que se abstengan de realizar acciones tendentes al cobro del citado derecho que es, a todas luces, ilegal en la medida que sólo mediante la ley puede destinarse una contribución a un gasto público específico, siendo que en el caso concreto se deja abierta la posibilidad para satisfacer unas necesidades del servicio público de seguridad a través del pago de una contribución que tiene que ver con un servicio público diverso, como lo es la prestación del servicio de electricidad.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción tendente para el cobro de nuevos impuestos o derechos relacionados con el consumo de energía en el estado de Yucatán con motivo del paquete fiscal 2020.

Nota

1 “Iniciativa para modificar la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán”, Paquete Fiscal 2020, Congreso del Estado de Yucatán. Disponible en línea:

http://www.congresoyucatan.gob.mx/vistas/paqueteFiscal20 19/index.php?page=aW5pRXNOYXRhbDIwMjA=

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Durango, la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a instruir a efecto de que se proporcionen recursos materiales y humanos para atender a los pacientes locales con trastorno afectivo estacional, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo de Durango, doctor José Rosas Aispuro Torres, y a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, ambos de Durango, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones dicten sus instrucciones a fin de otorgar todos los recursos materiales y humanos necesarios para brindar la correcta y digna atención a los pacientes que padecen trastorno afectivo estacional en Durango, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Salud identifica la depresión como una alteración en la función cerebral. Ésta se puede presentar a cualquier edad, pero es más común en los adultos mayores y en las mujeres. Pese a que la estadística no es baja, no necesariamente deja ver la magnitud total del problema pues, según estudios recientes, menos de 20 por ciento de los enfermos acuden con algún especialista.

Hay quienes cuando por fin se deciden a buscar ayuda, han pasado hasta 14 años desde que tuvieron las primeras señales de alerta. Pacientes diagnosticados con enfermedades graves son más propensos a padecer depresión.

El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión relacionado con los cambios de estación; comienza y finaliza aproximadamente en la misma época de cada año. Los síntomas de las personas que tienen trastorno afectivo estacional comienzan en otoño y continúan durante los meses de invierno, reduciendo su energía y haciéndoles sentir de mal humor. Con menor frecuencia, el trastorno afectivo estacional causa depresión en la primavera o en el comienzo del verano.

El tratamiento del trastorno afectivo estacional puede comprender fototerapia, medicamentos y psicoterapia. En la mayoría de los casos, los síntomas del trastorno afectivo estacional aparecen a fines de otoño o a principios del invierno y desaparecen durante los días más soleados de primavera y verano. Con menor frecuencia, las personas que muestran el patrón opuesto tienen síntomas que empiezan en la primavera o el verano. En cualquiera de los casos, los síntomas pueden ser leves al principio y agravarse a medida que avanza la estación.

Los signos y síntomas del trastorno afectivo estacional pueden comprender los siguientes:

• Sentirse deprimido gran parte del día, casi todos los días;

• Perder el interés en actividades que alguna vez disfrutó;

• Tener poca energía;

• Tener dificultades para conciliar el sueño;

• Presentar cambios de peso o apetito;

• Sentirse perezoso o inquieto;

• Tener dificultad para concentrarse;

• Sentirse desesperanzado, inútil o tener sentimientos de culpa; y

• Tener pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Los síntomas específicos del trastorno afectivo estacional que aparece en invierno, a veces llamado depresión de invierno, comprenden exceso de sueño, cambios en el apetito, en especial, compulsión por alimentos ricos en hidratos de carbono; aumento de peso; y cansancio o falta de energía.

También existe el trastorno afectivo estacional de primavera y verano, cuyos síntomas específicos aparecen en verano, a veces llamado “depresión de verano”, y que consisten en trastornos del sueño (insomnio); falta de apetito; adelgazamiento; y nerviosismo o ansiedad. Sin embargo, es durante el invierno cuando las condiciones climatológicas hacen más propensas a algunas personas a padecer de depresión.

Además de ello, en algunas personas con trastorno bipolar, la primavera y el verano pueden provocar síntomas de manía o una forma menos intensa de manía (hipomanía); las temporadas de otoño y el invierno pueden ser una época de depresión.

En el caso de Durango, la situación es compleja, los casos de depresión atendidos en lo que va de 2019 en Durango se han incrementado en 10.5 por ciento con relación con el mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Salud. La información correspondiente al periodo de enero-agosto del año en curso refiere que en la entidad han sido atendidas 3 mil 142 personas por depresión, lo cual indica que hay 331 casos más que los que se tuvieron en el mismo periodo de 2018, cuando fueron atendidas 2 mil 811 personas por esta causa

(https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1617100.en-aumento-caso s-de-depresion-en-durango.html).

La información de la Secretaría de Salud también expone un hecho alarmante, ya que de las personas atendidas, 706 varones y 2 mil 436 mujeres los atendidos por dicho trastorno en el estado del ánimo, esto significa que 77.5 por ciento de las personas atendidas en Durango por este padecimiento corresponde al sexo femenino.

En el ámbito nacional son 80 mil 347 los casos de depresión atendidos, es decir, 4.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. Son 3 mil 854 casos más que los que se tuvieron en el mismo periodo de 2018, cuando se atendió a 76 mil 493 personas por esta enfermedad. La Secretaría de Salud expone que son 20 mil 729 varones y 59 mil 618 mujeres los atendidos por dicho trastorno. Esto quiere decir que 74.2 por ciento de las personas atendidas en el país por este padecimiento es de sexo femenino.

Por ello, atendiendo a las duras condiciones climáticas que caracterizan la época invernal en Durango, que hacen más propensas a ciertas personas de padecer algún tipo de trastorno depresivo, al incremento de casos de depresión tratados durante 2019, y a la alarmante estadística que indica que la mayoría de estos casos se presentan en mujeres. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, preocupado por la situación de los servicios de salud mental que se otorgan a los duranguenses para prevenir los padecimientos y trastornos asociados con la depresión, incluido el trastorno afectivo estacional, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de Durango, doctor José Rosas Aispuro Torres, para que brinde todos los recursos materiales y humanos necesarios para ofrecer la correcta y digna atención a los pacientes que padecen distintos tipos de trastornos asociados con la depresión, incluyendo el Trastorno afectivo estacional en el estado de Durango;

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dicten instrucciones a fin de otorgar todos los recursos materiales y humanos necesarios para brindar la correcta y digna atención a los pacientes con distintos tipos de padecimientos y trastornos asociados con la depresión, incluido el trastorno afectivo estacional en Durango.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a 18 de diciembre de 2019.

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a fortalecer con sus homólogas locales los programas dirigidos a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en caminos y carreteras, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Año tras año, el consumo de bebidas alcohólicas incrementa durante diciembre. En los tres últimos periodos,1, 2, 3 distintas organizaciones han reportado que en este mes, la ingesta por persona se puede duplicar, influyendo sobre las funciones psicológicas, como incoordinación motora fina y gruesa, total incapacidad de cálculo, concentración, atención, juicio, razonamiento y análisis crítico, así como alteraciones en la memoria y atención dividida.

La Organización Panamericana de la Salud señala que la ingesta de bebidas alcohólicas disminuye la capacidad de discernimiento, lo que es asociado a otros comportamientos de riesgo, como el exceso de velocidad en la conducción de automóviles y el incumplimiento de las normas de protección en los mismos, como el uso del cinturón de seguridad y el casco, en casos de motocicletas.4 Incluso, su consumo en cantidades relativamente pequeñas aumenta el riesgo de verse involucrado en siniestros viales.

Conducir bajo los efectos del alcohol tiene consecuencias no sólo para el conductor sino, también, para los acompañantes o los pasajeros de otros vehículos, además de otros usuarios de las vías como los peatones, ciclistas y motociclistas. Se estima que el riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para una persona que conduce bajo los efectos del alcohol que para un sobrio, pues a mayor nivel de grados de alcohol en la sangre, mayores son los efectos en el organismo, como el deterioro del equilibrio, del movimiento y de algunas funciones visuales.

Derivado de estos riesgos, los accidentes automovilísticos se han convertido en un problema de salud pública para muchos gobiernos, cuyas principales causas están relacionadas con el exceso de velocidad, manipular aparatos electrónicos mientras se conduce o por el influjo de alguna droga como el alcohol, entre otras.

Para poner este problema en su justa dimensión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales por los percances. Asimismo, son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.5

La OMS indica que a medida que aumenta en 1 kilómetro por hora la velocidad media de un vehículo, también crece en 3 por ciento la incidencia de accidentes que produce traumatismos, y de 4 a 5 por ciento en la incidencia de accidentes mortales.6

Conducir bajo los efectos del alcohol con una concentración en la sangre superior a 0.05 g/dl aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, por lo que se recomienda un límite igual o inferior a 0.02 g/dl para los conductores. Sólo 34 países tienen leyes nacionales sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

Actualmente, sólo 47 países, que representan 13 por ciento de la población mundial, cuentan con leyes que contribuyen con mejores prácticas sobre la velocidad en zonas urbanas. Para ello, la OMS recomienda que en estos países se establezca un límite de velocidad máximo en zonas urbanas no superior a 50 kilómetros por hora, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la población.

La OMS también indica que, en la región de las Américas, las lesiones por el tránsito constituyen la causa de 154 mil 89 muertes cada año, lo que representa 12 por ciento de las muertes en el tránsito a escala mundial (Informe sobre la situación de la seguridad Vial 2015). 7 De igual forma, usar el cinturón de seguridad ayuda a reducir de 45 a 50 por ciento el número de traumatismos mortales y no mortales entre los ocupantes de los asientos delanteros, y de 25 a 75 entre los ocupantes de los asientos traseros.

Entre los principales factores que causan accidentes carreteros, los humanos representan el mayor porcentaje, debido a que conducen bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes; realizan maniobras imprudentes y hacen caso omiso a los señalamientos por parte del conductor; conducen a exceso de velocidad; la salud física del conductor; así como conducir con fatiga, cansancio o con sueño.

El Instituto Nacional de Salud Pública establece que el país ocupa el séptimo sitio mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.

La Comisión Nacional de Seguridad indica que de los accidentes en las carreteras federales, alrededor de 80 por ciento se deben al conductor, 7 al vehículo, 9 a los agentes naturales y sólo 4 por ciento al camino.8

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2018, se reportaron que los accidentes de autos se elevaron aproximadamente entre 20 y 40 por ciento en diciembre, posicionándose como el más peligroso para manejar en todo el año.9

En este orden de ideas, se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca los programa que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en los caminos y las carreteras del país en la presente temporada navideña, en favor de la protección de los miles de familias y de los turistas que visitan el país durante la época.

En el Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro legítimo interés en que la evidencia y experiencia de los organismos nacionales e internacionales, coadyuven en la planeación y diseño de políticas integrales para mejorar y salvaguardar la vida de miles de mexicanas y mexicanos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezca los programas que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en los caminos y carreteras del país.

Notas

1 Disponible en https://www.gob.mx/salud/articulos/llama-conadic-a-moderar-consumo-de-a lcohol-en-fiestas-decembrinas

2 Consultado en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/fin-de-ano-eleva-riesgos -por-alcohol

Disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/15/1213875

4 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=hojas
-informativas-5231&alias=41188-hoja-informativa-beber-conducir-188&Itemid=270&lang=es

5 http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/

6 Ibídem.

7 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html

8 http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/de sk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id= 830068&folderNode=830052&folderNode1=810277

9 https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/por-que-aumentan-los-accident es-de-autos-en-diciembre

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar con los gobiernos locales convenios de colaboración con las unidades de investigación de las universidades públicas y privadas del país para impulsar estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de la violencia, el machismo y la desintegración familiar, y su relación con la drogadicción y el alcoholismo, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus secretarías de estado, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, realice convenios de colaboración con las unidades de investigación de las universidades públicas y privadas del país para impulsar los estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de las violencias, del machismo, de la desintegración familiar, así como la correlación de los índices de drogadicción, de alcoholismo, de los trastornos mentales con la violencia en contra de las mujeres y las niñas sin dejar de visibilizar la violencia ejercida en contra de los hombres y los niños, bajo las siguientes

Consideraciones

La violencia en contra de las mujeres y las niñas aumenta desmedidamente a nivel mundial. El año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registró que 3 mil 529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe.1 Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que estas cifras podrían ser más altas debido a la metodología en la que se registran estas muertes.

En lo que corresponde al terrible fenómeno del feminicidio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer”.2 Asimismo, las violencia por razones de género en sus todas sus modalidades, están establecidas por el catálogo de ONU Mujeres3 : íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico, sexual sistémico desorganizado, sexual sistémico organizado, por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista, entre otras modalidades delictivas que transgreden la vida digna de las mujeres y las niñas.

En México, hay un incremento progresivo de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019, de las 278 mil 232 víctimas por los principales delitos entre los que destacan homicidios (dolosos y culposos) feminicidios, extorsión, lesiones, raptos, tráfico de menores, trata de personas, corrupción de menores, así como otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, y otros delitos que atentan contra la libertad personal; y otros delitos contra la sociedad, 56.6 por ciento son hombres y 33.7 por ciento son mujeres. El delito de feminicidio representa el 0.89 por ciento en la incidencia delictiva total en enero octubre de 2019. En este mismo periodo de 2019, 83 niñas fueron víctimas de feminicidio, un incremento de 40 por ciento con respecto a las ocurridas en todo 2015.4

Cabe destacar que de acuerdo al Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los últimos años se han incrementado estos delitos de feminicidio en una tendencia al doble con respecto a 5 años previos a 2019. En México se tuvieron en 2015, 411 casos; en 2016, 602; en 2017, 741; en 2018, 891; en 2019, 809 casos. Estos delitos se han venido cometiendo en el año 2019 en 365 municipios de los 2 mil 463 del país. Siendo las entidades con más feminicidios Veracruz (141), estado de México (95), Nuevo León (58), Ciudad de México (50) y Puebla (50). Asimismo, las mujeres víctimas de homicidio doloso han incrementado pasando de mil 735 en 2015 a 2 mil 309 en 2019 en el reporte que va de enero a octubre. En cuanto a las lesiones culposas el mes de octubre de 2019 registró la histórica y más alta cifra de mil 668 delitos de este tipo registrado en 5 años.5

Dentro de las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en contra de mujeres en 2016 se tuvo un registro de 92 mil 604. Cuatro años después, de enero a octubre de 2019, se llevan contabilizadas 158 mil 425, es decir, un incremento de 42 por ciento. Las llamadas relacionadas con abuso sexual han obtenido un incremento de 14 por ciento al pasar de 3 mil 925 en 2016 a 4 mil 543 casos en 2019. Las llamadas relacionadas con acoso u hostigamiento sexual tienen un incremento de 50 por ciento al pasar de 3 mil 179 casos en 2016 a 6 mil 362 en el corte de enero a octubre de 2019. Las llamadas relacionadas con los incidentes de violencia de pareja tienen un incremento de 32 por ciento con respecto a cuatro años previos a 2019.6

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) describe en su informe al 16 de diciembre de 2019 que entre las diez entidades con mayores casos se encuentran el estado de México, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Yucatán (Tabla 1 .):

Tabla 1. Casos de Violencia en contra de Mujeres en México 7

Cabe destacar, que de acuerdo este Banco Nacional de Datos, la mayoría de estos casos de violencia en contra de mujeres se dan en el tipo de violencia física y psicológica en el ámbito familiar.

Al respecto, México ha contraído diversos compromisos y participado en instrumentos a nivel internacional. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) surgido en 1979; en este instrumento se estableció el concepto de “discriminación contra la mujer” y se señaló el compromiso de los estados participantes de adoptar diversas medidas de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.9

En 1994 se publicó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém Do Pará . En este instrumento se considera que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita, total o parcialmente, a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.10

En 2015, todos los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. Incluyen en el Objetivo 5 la igualdad de género. Este tiene por finalidad lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. En una de las metas se suscribe:

“Meta 5.2. Erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual, así como otros tipos de explotación.”11

En México en 2001 se incluyó el concepto de género en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese mismo año se crea el Instituto Nacional de las Mujeres.12 Durante los últimos años se han aprobado, a nivel federal, diversos instrumentos legales creados para promover la igualdad entre mujeres y hombres así como para erradicar la violencia que sufren las mujeres y las niñas.

En México celebramos que desde la Cámara de Diputados, en esta Legislatura de la Paridad de Género, recientemente logramos aprobar que la mitad de los cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos autónomos serán para mujeres con los recientes cambios a diversas leyes así como cimentar el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito electoral, laboral y social.

En materia de presupuesto, diversas políticas públicas han sido alimentadas con incrementos presupuestales con perspectiva de género en tasas de crecimiento medio anual superiores a 17 por ciento (Tabla 2.):

Tabla 2

De manera paralela a estos compromisos normativos y a los incrementos de los presupuestos y políticas públicas con perspectivas de género también movimientos sociales que denuncian la violencia de género hacia las mujeres y las niñas se han incrementado a nivel mundial. El performance y las letras de Un violador en tu camino y La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo me vestía , que fue lanzado a finales de noviembre de 2019 en Valparaíso, Chile, recorren hoy el mundo.

A la par de los logros normativos descritos, de incrementos presupuestales y políticas públicas con perspectivas de género y de mayor fuerza en los movimientos de mujeres que enarbolan la lucha contra la violencia en contra de las mujeres y las niñas, tanto en México como a nivel mundial las mujeres y las niñas aún somos presas de la discriminación, la desigualdad y la violencia. Tenemos que reconocerlo: las autoridades siguen rebasadas y ni la ideología de género que se manifiesta también a veces con violencia, ha podido contribuir a reducir en nuestro país los índices de violencia hacia las mujeres y las niñas.

Por si esto no fuera suficiente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus estadísticas sobre defunciones por homicidios, se señala que en México, desde hace más de 28 años el promedio de defunciones por homicidios en hombres es de 89 por ciento y de 11 por ciento el de mujeres.13 Al respecto hay un silencio. La violencia no sólo afecta a mujeres y niñas sino también de manera descomunal a hombres y a niños. Por si esto no fuera suficiente, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un tercio de las víctimas de homicidios cometidos en el ámbito familiar son hombres .14

El discurso de género, por sí mismo, como se ha venido desarrollando no aporta nada para solucionar esta violencia, al contrario, en ocasiones pareciera que nos estamos orillando a una guerra entre sexos, así lo hemos atestiguado lamentablemente recientemente en redes sociales. No estamos agarrando al toro por los cuernos.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que debemos poner todo nuestro empeño para incidir en que se estudien los verdaderos orígenes de estas violencias. Impulsar los estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas, del machismo, de la desintegración familiar, así como la correlación de los índices de drogadicción, del alcoholismo, de los trastornos mentales con estas violencias en contra de las mujeres y las niñas, sin dejar de visibilizar la violencia ejercida en contra de los hombres y los niños. Que estos estudios sean el fundamento de las reformas legislativas y de las políticas públicas para erradicar estos males y no las apreciaciones sin sustento, ni los discursos que generan más odio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus secretarías de estado, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, realice convenios de colaboración con las unidades de investigación de las universidades públicas y privadas del país para impulsar los estudios científicos y sociológicos de las verdaderas causas de las violencias, del machismo, de la desintegración familiar, así como la correlación de los índices de drogadicción, del alcoholismo, de los trastornos mentales con la violencia en contra de las mujeres y las niñas, sin dejar de visibilizar la violencia ejercida en contra de los hombres y los niños.

Notas

1 Cepal, Sólo en 2018 al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de América Latina y el Caribe, Disponible en: http://bit.ly/36IwAgM, Consultado el 15 de diciembre de 2019

2 OMS, “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”, disponible en: http://bit.ly/2PrBSHo, Consultado el 16 de diciembre de 2019

3 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas

de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ONU Mujeres, OACNUDH, Panamá

4 SESNSP, Información sobre violencia contra las mujeres, Información con corte al 31 de octubre de 2019, Disponible en:

http://bit.ly/38Uwa8W, Consultado el 16 de diciembre de 2019

5 Ibídem.

6 Ibíd.

7 Elaboración Propia con datos del Banavim, Disponible en: http://bit.ly/35uW40C, Consultado el 16 de diciembre de 2019.

8 Es la cifra que arroja el Banavim. Cabe destacar que no coincide con la suma por estados.

9 CEFP, “Presupuesto Público con Perspectiva de Género vs. Recursos Federales Etiquetados en México para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2008-2019”, Disponible en:

http://bit.ly/2rVrVsX, Consultado el 16 de diciembre de 2019

10 Ibídem.

11 ONU Mujeres México, “Presupuestos Públicos con enfoque de género en México”, disponible en: http://bit.ly/2Q13naa, Consultado el 16 de diciembre de 2019

12 CEFP, “Presupuesto Público con Perspectiva de Género vs. Recursos Federales Etiquetados en México para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2008-2019”, Disponible en:

http://bit.ly/2rVrVsX, Consultado el 16 de diciembre de 2019

13 Inegi, Mortalidad. Defunciones por homicidios, en: http://bit.ly/2EbWlK9, consultado el 16 de diciembre de 2019

14 ONU, “Estudio Mundial sobre el homicidio”, disponible en: http://bit.ly/35mxqzw, Consultado el 12 de diciembre de 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, diversas secretarías de Estado y el Fonart a fortalecer el fomento y la difusión de las empresas o los artesanos productores, comercializadores y exportadores de juguetes, ante su relevancia en esta época decembrina, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las fiestas decembrinas constituyen una temporada para la convivencia familiar y la reflexión personal, pero, principalmente, un periodo vacacional marcado por tradiciones como la cena de Noche Buena y Año Nuevo, así como la entrega de juguetes a las niñas y niños de nuestro país.

Los juguetes mantienen un papel relevante en el desarrollo de los infantes, debido a que contribuyen al desarrollo de la motricidad, estimulan el aprendizaje infantil y permiten descubrir funciones-objeto de su entorno, también, fomenta la confianza, mejora el control de emociones y favorece la socialización, la comunicación y la expresión infantil, facilitando la resolución de conflictos.

De acuerdo con diversos documentos del Archivo General de la Nación, los juguetes han sido objetos de múltiples transformaciones de formas y materiales, incorporando en los últimos años, los avances tecnológicos.1

Para la industria juguetera, esta temporada es una de las más productivas, no sólo por el número de productos que se comercializan, sino también, por los empleos directos e indirectos que generan a más de 31 mil personas en entidades federativas como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, estado de México y Baja California, representando una importante fuente de ingreso familiar.

Para dimensionar la importancia de este sector al crecimiento y desarrollo nacional, basta mencionar que México es uno de los países que más juguetes fabrica a nivel mundial, generando una derrama económica anual de alrededor de los 2 mil 850 millones de dólares.

Pese a su relevancia, este ramo de la economía no presenta un buen diagnóstico, muestra de ello es que el crecimiento que pronostica la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete para este año oscila entre 1.5 a 2 por ciento, cuando sus estimaciones durante el primer bimestre ascendían a por lo menos 4.5 o 5 por ciento en el mejor de los casos.

Los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria de la Manufactura (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenciaron que durante el pasado mes de mayo las ventas de juguetes presentaron una importante disminución a 164 millones 415 mil pesos, dato que representa una reducción equivalente a 29 por ciento o bien, 68 millones menos durante ese lapso de tiempo en 2018.2

La última encuesta arroja una disminución de 8.7 por ciento en fabricación de productos textiles con respeto al año anterior, lo mismo sucedió en la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica que presentó una reducción de 2.5 por ciento.3

Aunado a lo anterior, debido a las pocas acciones de monitoreo, México es el país en donde se comercializan hasta 80 por ciento de los juguetes considerados como “peores del año” o que en otras naciones son prohibidos debido a que representan un peligro para la integridad y vida de los infantes, entre ellos, figuran pistolas, cuchillos y videojuegos que hacen alusión a la violencia, al crimen e intimidación.4

Tomando en cuenta que hasta 60 por ciento de las ventas de juguetes se lleva a cabo durante el último trimestre del año y primera semana de enero, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que el Gobierno Federal impulse mayores acciones de promoción, difusión y apoyo a las empresas, artesanos y familias que se dedican a la comercialización de los juguetes.

Resulta necesario fortalecer los operativos de vigilancia y asesoría a los consumidores con el objetivo de identificar, prevenir y sancionar abusos, engaños y extorsiones en la adquisición de productos de temporada y juguetes, ya que se han documentado irregularidades que van desde no respetar ofertas y venta a precios distintos a los que se anuncian.

Una de las medidas que también debe ampliarse son las campañas de difusión para prevenir accidentes, no poner en riesgo la salud de los infantes y promover su sano y pleno desarrollo, así como recomendaciones para adquirir sus productos en establecimientos formales, para que sean de calidad y de acuerdo con las especificaciones que se ofertan.

Para el PRI, es necesario apoyar a los comerciantes, garantizar las mejores condiciones para la adquisición de juguetes y principalmente asegurar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, para que estas celebraciones sean de felicidad para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, Hacienda y Crédito Público y del Bienestar, así como del Fondo Nacional para las Artesanías, fortalezca las acciones de fomento, difusión y apoyo a las empresas o artesanos que se dedican a la producción, comercialización y exportación del juguete, ante su relevancia en esta época decembrina, cuya derrama económica y empleos contribuyen al crecimiento económico y desarrollo nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que incremente sus operativos y medidas de supervisión, monitoreo y vigilancia, a fin de que los juguetes y productos que se comercializan durante este periodo cumplan con el etiquetado comercial, sean seguros para los infantes y cuenten con la información necesaria para prevenir accidentes; asimismo, se respeten las ofertas ofrecidas y se exhiban los precios para prevenir abusos e ilegalidades contra los consumidores.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía y al gobierno de las entidades federativas para que, de manera coordinada, emprendan diversos mecanismos de difusión a efecto de impulsar la adquisición de juguetes tradicionales en esta época denominada “Navidad y Reyes Magos”, como parte fundamental de nuestras tradiciones.

Notas

1 Gobierno de México. (2019). El juguete mexicano a principios del siglo XX, objeto de diversión y educación. 17/12/2019, de Gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/agn/es/articulos/el-juguete-mexicano-a-principios-de l-siglo-xx-objeto-de-diversion-y-educacion?idiom=es

2 Tláloc Puga. (2019). Bajan las ventas de la industria del juguete en México. 17/12/2019, de El Universal Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bajan-las-ventas- de-la-industria-del-juguete-en-mexico

3 Inegi. (2019). Indicador mensual de la actividad industrial durante septiembre de 2019. 17/12/2019, de Inegi Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/actind/actind2019_11.pdf

4 Montserrat Antúnez Estrada. (2019). 80 por ciento de juguetes calificados por ONG de EU como peligrosos se venden en México sin restricción. 17/12/2019, de sin embargo Sitio web:

https://www.sinembargo.mx/23-11-2019/3682999

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de diciembre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la SSPC a reforzar las medidas de seguridad y servicios de urgencia en tramos carreteros de Michoacán, específicamente en la autopista Siglo XXI, suscrita por el senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, senador Casimiro Méndez Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 103, 108, 109, 276, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la administración pública federal a reforzar en el ámbito de sus atribuciones las medidas de seguridad y los servicios de urgencia en tramos carreteros de Michoacán, en específico en la autopista Siglo XXI, derivado de la espiral de accidentes de tránsito que se han suscitado y que han terminado en el lamentable deceso de personas en dichas vías federales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La siguiente proposición es de urgente resolución, toda vez que derivado del accidente en la carretera Siglo XXI, en el tramo Infiernillo-Las Cañas, Michoacán, acontecido el 6 de diciembre del corriente, donde la volcadura de una pipa que derramó 30 mil litros de amoniaco dejó un saldo de 20 personas intoxicadas, 5 personas fallecidas y mil 500 habitantes de la comunidad del Infiernillo1 evidenció la insuficiencia de los servicios de emergencia para reaccionar y salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que transitan las vías federales en caso de siniestros, más aún cuando los accidentes incluyen vehículos que transportan sustancias peligrosas o de manejo especial. Se afirma lo anterior derivado de que únicamente llegaron 20 paramédicos en 6 ambulancias de 4 municipios2 a atender a los afectados.

Es importante recalcar que las vías generales de comunicación terrestre son piedra angular para el crecimiento, competitividad y desarrollo económico del país en general y de las diversas regiones eh particular, formando un equilibrio que coadyuva a potencializar la dinámica económica que el Estado mexicano requiere para su desarrollo.

Se calcula que hay alrededor de 400 mil kilómetros de carreteras, de los cuales aproximadamente 40 mil pertenecen a la jurisdicción federal y donde transita 95 por ciento del pasaje y 56 de la carga de mercancías circulantes.3

Los accidentes, siniestros y percances en los tramos carreteros de jurisdicción federal son sin duda cuestiones que se pueden prevenir con medidas efectivas, tanto cuantitativas (más ambulancias y servicios de urgencia, mayor señalización, mayores servicios auxiliares, entre otras) como cualitativas (establecer con toda precisión las atribuciones de resguardo, vigilancia, conservación y salvaguarda de la integridad física de las y los usuarios), donde concurren como corresponsables las dependencias de la administración pública federal centralizada (SCT, SSP y PC) como los concesionarios responsables por tramo carretero.

Ahora bien, la red de carreteras de Michoacán es un entramado complejo de caminos que interconecta a todo el estado; veamos:

Como se ve, la red de infraestructura carretera en Michoacán es de gran calado. En este sentido, y tomando en cuenta la importancia per sé de dicha infraestructura, el adecuado acento en medidas preventivas, de vigilancia, de conservación y modernización de las carreteras, fortalecerá, de manera natural el equilibrio y desarrollo regional y en particular de Michoacán.

Para mayor claridad de la dimensión del problema, se deben observar las cifras oficiales sobre los siniestros y sus costos materiales, humanos y financieros en las carreteras federales a escala nacional y en específico en Michoacán.4 Veamos:

Asimismo, derivado de las cifras anteriores, se llega a los siguientes porcentajes:

Como se aprecia, en 2018 en Michoacán, 37.13 por ciento de las colisiones deja víctimas, donde 27.85 de las colisiones totales deja víctimas fatales; lo que nos lleva a la conclusión de que cerca de 1 de cada 3 accidentes genera la muerte de alguna persona.

En esta tesitura podemos observar que, aunque los datos han bajado constantemente, lo cierto es que las muertes y lesiones se pueden prevenir de forma definitiva con medidas y dispositivos de seguridad adecuados. Un elemento adicional es el de la seguridad y donde, en efecto, el tramo Morelia-Lázaro Cárdenas es uno de los más vulnerables de robo de transporte de carga.5

Especial mención se requiere ver los puntos nodales en los tramos carreteros en los que se generan los accidentes de tránsito:

De los datos presentados en la figura podemos analizar varias cuestiones:

• Primero, el mayor número de colisiones en el estado están dadas en las salidas en los tramos carreteros y donde, precisamente en esos puntos es donde debería haber mayores recursos (materiales y de personal) para los servicios de emergencia y donde, en efecto, los dispositivos de seguridad y señalización en teoría son más robustos.

• Segundo, lo anterior se agrava viendo que en mismo punto de salidas de caminos el número de muertes está en segundo lugar (58), sólo por debajo de la colisión lateral.

• Tercero, es de notar que el tercer lugar en colisiones no está especificado, de lo que se puede inferir que, o no se llegó a tiempo al lugar, o no se llegó o’ no hay capacidad institucional para hacerlo (lo cual es preocupante).

Ahora bien, veamos algunas de las causales de los accidentes para entender la dimensión e importancia del refuerzo, atención, vigilancia, conservación y modernización de las vías generales de comunicación en general y de las carreteras federales en Michoacán en particular:

De la figura anterior se desprenden las siguientes reflexiones:

• Primero, en términos cuantitativos, las causales por caminos son la segunda con respecto al total de colisiones, lo cual cae en responsabilidad directa de las atribuciones de las secretarías respectivas.

• Segundo, si juntamos las cifras de vehículo y camino (135) se acumularía casi una tercera parte del total y donde, las cuestiones del camino en el contexto de vehículos transportadores de materiales peligrosos deben ser atendida a cabalidad para evitar accidentes como el ocasionado en la carretera Siglo XXI.

• Tercero, llama la atención la baja cifra por exceso de velocidad (10), la cual se esperarían mayores colisiones.

Siguiendo la línea argumental, la infraestructura del país como factor de desarrollo nacional, es un tema de interés general, por lo que es menester tomar las medidas y consideraciones necesarias para la prevención de los accidentes en la misma. Por otro lado, la corresponsabilidad entre agentes públicos y privados se hace patente, toda vez que, funcionarios y concesionarios deben de poner en el centro a las y los usuarios.

Asimismo, es preciso decir que los costos y la cantidad de peajes que se imponen a los usuarios no corresponden con la calidad del estado de las carreteras, los servicios auxiliares y de emergencia en caso de siniestro. De igual modo, no existe claridad en la distribución de atribuciones entre las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por lo que atañe a la vigilancia, el resguardo y la conservación de las vías federales, toda vez que tampoco se ha homologado esa facultad a la institución de reciente creación en su ley orgánica: la Guardia Nacional.

En este contexto, la SCT con fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., párrafo II, fracciones IV y V; 70 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes de Jurisdicción Federal; 30 y 117 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y 4o. del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; y, por último, en el apartado 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, tiene establecidas atribuciones para vigilar, conservar, resguardar y salvaguardar la integridad de los usuarios.

Asimismo, los concesionarios tienen igual responsabilidad en el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes de Jurisdicción Federal.

De igual manera, la SSP y PC, con fundamento en los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes de Jurisdicción Federal.

Por lo expuesto, como legislador de Morena, preocupado por el estado actual de la seguridad física de la infraestructura carretera a nivel federal, así como de las y los usuarios que de ella disfrutan, es que pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo para efecto de exhortar respetuosamente a ambos titulares de las dependencias mencionadas líneas arriba, así como al Poder Legislativo, del cual formo parte, para tomar medidas y acciones en la materia en beneficio de las y los mexicanos.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dependencias de la administración pública federal centralizada correspondientes a los ramos de comunicaciones y transportes y seguridad pública y protección ciudadana a tomar las medidas pertinentes para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y sin el perjuicio de éstas, puedan coadyuvar en el refuerzo, la modernización y la vigilancia de los caminos, puentes y autotransportes de jurisdicción federal, así como el robustecimiento de los servicios auxiliares.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la SCT que rinda, a modo de informe a esta soberanía, las medidas llevadas a cabo en las carreteras federales en Michoacán. Asimismo, deberá precisar de forma clara las medidas futuras en materia de prevención de accidentes. Por último, deberá informar sobre las condiciones generales que guardan las carreteras de jurisdicción federal en Michoacán.

Notas

1 Véase El Financiero, 8 de diciembre de 2019. Recuperado de https://elfinanciero.com.mx/nacional/autopista-siglo-xxi-en-michoacan-y a-opera-al-100-por-ciento-tras-volcadura-de-pipa Consultado el 10 de diciembre de 2019.

2 Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan. Véase ídem.

3 Información tomada de la página oficial de la SCT. Recuperado de https://www.gob.mx/sct Consultado el 8 de diciembre de 2019.

4 Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales correspondiente a 2018. Recuperado de

https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecni co/dt77.pdf Consultado el 10 de diciembre de 2019.

5 Véase El Financiero, 18 de junio de 2019. Recuperado de https://elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/estas-son-las-carret eras-mas-peligrosas-de-mexico Consultado el 3 de diciembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senador Casimiro Méndez Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Semarnat y la Profepa a remitir diversos informes relativos al tráfico ilegal de totoaba y la disminución de la población de la vaquita marina, suscrita por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM

Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir diversos informes en relación con el tráfico ilegal de totoaba y la disminución de la población de la vaquita marina, con base en las siguientes

Consideraciones

México es parte del grupo de naciones que poseen la mayor cantidad y diversidad de flora y fauna del planeta, en nuestro país habitan entre el l0 y 12 por ciento de la diversidad biológica del mundo. No obstante, existen grandes problemáticas que atentan contra la biodiversidad de nuestro planeta y del país, como el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.

El tráfico ilegal de especies de flora y fauna es un delito que ha escalado a dimensiones globales, equiparable al tráfico de drogas y armas. Estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por World Wildlife Found) , muestran datos que reflejan la magnitud de este ilícito1 .

Cada año se comercializan de forma ilegal 1.5 millones de aves vivas y 440 mil toneladas de plantas medicinales, se matan más de 100 tigres, 30 mil elefantes, más de mil rinocerontes y más de 100 mil pangolines y se talan mil toneladas de madera exótica.

Se calcula que al año se obtienen ganancias por 100 mil millones de dólares por este negocio ilícito. No obstante, la cifra podría ser mucho mayor ya que los datos son obtenidos sólo de las incautaciones realizadas por la policía y las aduanas de diversos países del mundo2 .

Junto con la pérdida del hábitat, el tráfico ilegal de especies silvestres es una de las mayores amenazas contra la biodiversidad, ya que las especies que poseen mayor valor en el mercado negro son las que han tenido mayor impacto en la reducción de sus poblaciones. H tráfico de especies tiene consecuencias no sólo a nivel ambiental, sino también social y económico. Los traficantes de drogas y armas también están involucrados en el tráfico de especies, asimismo, la corrupción y la impunidad han impedido implantar una solución eficaz al problema.

En México, uno de los casos más notables de tráfico de especies es el de la totoaba (Totoaba mecdonetdi) , un pez que habita exclusivamente en el Alto Golfo de California. La totoaba se comercializa de manera ilegal en el mercado asiático, en donde e1 kilo del buche de esta especie puede tener un valor de 4 mil dólares, incluso en el mercado negro chino su valor asciende a los 100 mil dólares, por lo que se le conoce como la “cocaína del mar”. Junto con la totoaba existe otra especie que está en inminente riesgo de extinción al quedarse atrapada en las redes ilegales que utilizan los traficantes de totoaba: la vaquita marina (Phocoena sínus) , el mamífero marino más amenazado y que también es endémico del mar de Cortés.

La vaquita marina es una especie catalogada en peligro de extinción conforme a la NOM- 059-SEMARNAT-2010, en peligro crítico por la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) desde 1996, y está incluida en el Apéndice I de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Mientras que la totoaba es una especie catalogada en peligro de extinción conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, en peligro crítico por la lista roja de la UICN, está incluida en el Apéndice I de CITES, y también, está considerada en varias otras disposiciones jurídicas relacionadas con su veda temporal de 1940 a 1975, e indefinida en 1975, la prohibición de la red conocida como totoabera en 1992 y la protección de su área de reproducción y crianza en el delta del río Colorado desde 1955, 1974 y en 1993 con el establecimiento de la RB Alto Golfo de California.

La problemática por el tráfico de totoaba ha escalado a dimensiones incontrolables. Los carteles y las redes de corrupción involucradas en el tráfico de totoaba han impedido que las muchas estrategias que buscan implementarse para el rescate tanto de la vaquita, como la disminución del tráfico de totoaba funcionen. Actualmente los pesqueros de la región están aprehendidos por el crimen organizado. Los altos niveles de violencia y pobreza no sólo ponen al borde de la extinción la vaquita marina, sino que también pone en riesgo la estabilidad social, la actividad económica, la gobernanza y el estado de derecho.

Los esfuerzos por conservar a la vaquita marina y erradicar el tráfico ilegal de totoaba se formalizaron desde 1975 con la implementación de la veda indefinida para la pesca de totoaba. Posteriormente, en 1976 la totoaba fue incluida en el Apéndice I de la CITES, que prohíbe el comercio internacional. De igual forma, la vaquita marina fue incluida en el Apéndice I de CITES en 1979, ambas especies están consideradas en la categoría de “peligro crítico” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Posteriormente, los esfuerzos continuaron. En 1992 se creó el Comité Técnico para la preservación de la vaquita y la totoaba (CTPVT); en 1993 se decretó al Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado como área natural protegida, bajo la categoría de Reserva de la Biósfera; en 1997 se creó el Comité Internacional para la Conservación y Recuperación de la Vaquita CCIRVA); en 2008 se elaboró el Programa de Acción para la conservación de la Vaquita; en 2013 se instaló la Comisión Asesora de la Presidencia para la recuperación de la Vaquita; luego en 2017 se firmó el Memorándum de Entendimiento para la protección de los ecosistemas marinos del Golfo de California, respaldado por la Fundación Leonardo Di Caprio y Fundación Carlos Slim para apoyar al gobierno mexicano, en ese mismo año se celebró la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y China, ya que son los países que poseen las principales rutas de tráfico de totoaba.

A pesar de que México lleva más de una década de esfuerzos, la población de vaquita marina disminuye a una escala alarmante, mientras que el valor de la totoaba aumenta. De no contar con una estrategia efectiva para la conservación de los menos de 25 ejemplares que quedan, México podría enfrentar severas sanciones económicas internacionales.

Cabe resaltar que en julio de 2018 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos impuso un embargo pesquero a todos los productos, provenientes del Alto Golfo de California capturados con redes. Esto afecta las pesquerías de camarón azul y curvina, entre otros. Tan solo el comercio de camarón representa un valor por 16 millones de dólares.

Los días 28 y 29 de mayo de 2019 tuvo lugar una Misión de Alto Nivel de la Secretaría CITES en México, a petición del gobierno federal. Posteriormente, en junio de la Secretaría General de CITES envió una carta al presidente de la República en la que, entre otras cosas, hicieron un llamado para realizar lo siguiente3 :

• Procurar aplicar una política de tolerancia cero de los delitos contra la vida silvestre a través de la gobernanza y la aplicación total de la ley;

• Aportar los recursos financieros y humanos necesarios para la plena ejecución de la Iniciativa para la sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, ya que puede jugar un papel crítico para garantizar el futuro de la vaquita y la totoaba y así como los medios de vida de las comunidades locales;

• Dada la gravedad y la urgencia de la situación de la totoaba y la vaquita, priorizar la aplicación de medidas fuertes, tales como la eliminación de las redes de enmalle ilegales en el Alto Golfo de California, y detener inmediatamente todas las actividades pesqueras en las áreas donde estas están prohibidas;

• Con especial énfasis en el área de refugio de la vaquita marina, prohibir a todos los pescadores y embarcaciones la entrada al refugio, con tolerancia cero a las infracciones;

• Hacer frente a las infracciones mediante estrictas medidas de observancia por parte de las autoridades gubernamentales con facultades para realizar decomisos y detenciones, junto con la Marina, para garantizar que los que siguen realizando actividades ilegales no lo hagan con impunidad; y

• Trabajar eh estrecha colaboración con las Partes más afectadas por el comercio ilegal de totoaba para apoyar los esfuerzos de México para combatir el comercio ilegal en el golfo de California.

De igual forma la UNESCO podría tomar la decisión de poner en la categoría de “riesgo” al Mar de Cortés, que es Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad. Esto puede manchar la imagen del país y abonar a que se impongan más y nuevas sanciones de todo tipo. Incluyendo violaciones a los derechos humanos.

El 23 de julio de 2019, en el marco de la Convención celebrada en 8aku, República de Azerbaiyán, el Comité del Patrimonio Mundial emitió las decisiones 43 COM 78.-26 y 43 COM 8C.14 . Se instó a México a lo siguiente:

i) Asegurar que cuenta con los recursos necesarios y del apoyo interinstitucional para iniciar inmediatamente, la transición a las artes de pesca que no ponen en peligro la supervivencia de las poblaciones de la vaquita y otros organismos no objetivo, con plena participación de las comunidades locales;

ii) Reforzar, aún más, sus actividades de observancia y vigilancia en la zona en la que se concentran los últimos individuos reportados de vaquita, garantizando la continuidad de los programas de retiro de redes ilegales y que dicha zona esté libre de redes de enmalle;

iii) Elaborar, en consulta con el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN, un conjunto de medidas correctivas, con plazos fijos para su aplicación y una propuesta para el estado deseado de conservación para la eliminación del Sitio de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, para su evaluación por el Comité en su 440 período de sesiones en 2020;

iv) Presentar al Centro del Patrimonio Mundial, antes del 10 de febrero de 2020, un informe actualizado sobre el estado de conservación de los sitios patrimonio.

Asimismo, teniendo en cuenta también las conclusiones de la misión de alto nivel a México de la Secretaría de CITES a finales de mayo de 2019 y los resultados de la 43a sesión del Comité del Patrimonio Mundial de julio de 2019 (misma que se abordará a detalle en el siguiente apartado del presente documento), la Secretaría sometió la siguiente serie de proyectos de decisión sobre la totoaba, a discusión en la COP 185 :

Dirigida a las Partes, especialmente las que son Estados del área de distribución, de tránsito y de consumo de totoaba”

• 18. AA Se alienta a las Partes a que, en colaboración con los interesados pertinentes:

a) Faciliten información, a la Secretaría y a las Autoridades de la CITES de las Partes pertinentes, sobre los decomisos de especímenes de totoaba, las detenciones de personas dedicadas al comercio ilegal, los resultados de todo procesamiento judicial y las medidas adoptadas para aplicar esta Decisión:

b) Participen en actividades de concienciación sobre el comercio ilegal de la totoaba y las graves consecuencias para la conservación de la vaquita (Phocoena sinus) ;

c) Eliminen la oferta y la demanda de especímenes de totoaba de procedencia ilegal y refuercen las medidas de aplicación de la ley a fin de abordar y evitar el comercio ilegal;

d) Apoyen las iniciativas relacionadas con la recuperación de las poblaciones silvestres de totoaba y vaquita;

e) Apoyen a México en la aplicación de la Decisión 18.BB; y

f) Proporcionen apoyo financiero y en especie para la realización del estudio solicitado en la Decisión 18.CC, párrafo c).

• 18. BB Se insta a México a:

a) Tomar medidas inmediatas y efectivas a más tardar el 1 de noviembre de 2019 en respuesta a las amenazas que supone el comercio ilegal para la totoaba y la vaquita:

i. Asignando autoridades gubernamentales con facultades jurídicas para realizar decomisos y detenciones, además de la Marina, para impedir a los pescadores y las embarcaciones que entren en el área de refugio de la vaquita marina, e invitando a la Secretaría a evaluar la eficacia y el impacto de esas medidas antes del final de 2019;

ii. Recopilando y analizando la información sobre los grupos de delincuencia organizada implicados en el comercio ilegal de totoaba, estableciendo equipos de investigación multidisciplinares para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales en las áreas más preocupantes y llevando a cabo investigaciones y operaciones basados en información confidencial para atajar el comercio ilegal de totoaba; y

iii. Brindando actualizaciones periódicas (mensuales) a la secretaría sobre estas medidas y sus resultados;

b) Aplicar completamente la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California;

c) Apoyar la aplicación de la Decisión 43 COM 7B.26, adoptada en la 43a sesión del Comité del Patrimonio Mundial (Bakú, 2019); y

d) Presentar a la secretaría un informe exhaustivo sobre la aplicación de los párrafos a) a d) de la Decisión 18.BB, así como la información solicitada en el párrafo a) de la Decisión 18.M, a tiempo para que esta la transmita al Comité Permanente en su 73a reunión, junto con tas posibles recomendaciones que tenga.

Desde ello de abril de 2015 existe una veda que prohíbe la pesca en el Alto Golfo de California, que sigue vigente a la fecha, ya que desde 2015 el Instituto Nacional de Pesca debió brindar a las cooperativas artes de pesca, alternativas y sustentables, sin embargo, hasta la fecha no existen. Hoy en día, la única alternativa que tienen los pescadores del golfo de Santa Clara en Sonora y San Felipe en Baja California es convertirse en pescadores ilegales ante la falta de opciones productivas y la cancelación del pago de compensaciones.

El pasado 21 de marzo del 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California que contemplaría cinco ejes: Gobernanza y Seguridad; Pesca Sustentable y Responsable; Diversificación Productiva Sustentable; Conservación y Monitoreo de la Vaquita y Desarrollo Integral para el Bienestar Comunitario. Esperando así resolver un problema de seguridad, corrupción, gobernanza y sustentabilidad. Sin embrago, dicha iniciativa sigue sin aplicación, estrategia ni presupuesto.

En la pasada COP 18 de CITES, celebrada en Suiza, la delegación mexicana liderada por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, prometió a los 183 países miembros entregar informes semestrales sobre la situación en el Alto Golfo de California. Lo anterior, a cambio de que se borre del texto original de la resolución las sanciones explícitas contra México, en caso de no lograr avances suficientes para la reunión del próximo año. De esta forma, se modificó la redacción para que no incluyera la advertencia de que se suspendería la exportación de especies mexicanas incluidas en la CITES, como son las aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba, si continúa fuera de control la pesca furtiva en el hábitat de la vaquita marina6 .

El primero de noviembre del 2019, CITES notificó al gobierno de México que ese mismo día se vencía el plazo para que tomara las medidas efectivas contra el tráfico ilegal del pez totoaba y la pesca incidental de la vaquita marina. En este sentido, el Comité Permanente de la CITES examinaría y evaluaría la información y, en caso de no reportar avances, aplicará las medidas pertinentes, como es embargo comercial a las exportaciones mexicanas de especies protegidas como aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba, una decisión que se tomará en octubre de 2020 en Ginebra, Suiza.

En la “Notificación a las Partes”, la CITES recuerda a México que debe “designar autoridades gubernamentales con facultades jurídicas para realizar decomisos y detenciones, además de la Marina, para impedir a los pescadores y las embarcaciones que entren en el área de refugio de la vaquita marina, e invitando a la Secretaría General a evaluar la eficacia y el impacto de esas medidas antes del final de 2019”.

Además, debe recopilar y analizar la información sobre los grupos de delincuencia organizada implicados en el comercio ilegal de totoaba, estableciendo equipos de investigación multidisciplinarios para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales y realizando investigaciones y operaciones basadas en información confidencial para atajar el comercio ilegal de totoaba. Asimismo, México debe brindar actualizaciones semestrales a la Secretaría General de la CITES sobre las medidas y sus resultados.

De igual forma, el documento le recuerda al Gobierno de México que debe poner en funcionamiento el grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes que se requiere en las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México, República Popular China y Estados Unidos sobre el combate al tráfico de totoaba (Totoaba macdonldi) , celebrada del 23 al 25 de agosto de 2017 en Ensenada, Baja California.7

El pasado 11 de octubre del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 93/2019: “Sobre la falta de cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas que tienen por objeto la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (Phocoena Sinus) , la totoaba (Totoaba Macdonaldi) y demás especies endémicas que habitan en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del río Colorado.

Hace una semana; cerca de 80 embarcaciones capturaron totoabas de manera ilícita sin contratiempos, dado que rebasaron a las autoridades presentes de la Secretaría de Marina, denunció la organización Sea Shepherd, que trabaja en la protección de la vaquita marina.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales para que convoquen a reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno incluyendo cuando menos a las siguientes secretarías: de Agricultura y Desarrollo Rural, Marina, Hacienda y Crédito Público; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Comisión Nacional de Pesca, al Instituto Nacional de Pesca, a los gobiernos de los estados de Sonora y Baja California, así como a los municipios costeros y colindantes con la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, también a las asociaciones y/o cooperativas pesqueras de la región y a las organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación que así lo deseen, a efecto de que participen en el diseño y puesta en marcha de la “Nueva Iniciativa para la Sustentabilidad del Norte del Golfo de California”, propuesta por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de las reuniones de la misión de alto nivel de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y-Flora Silvestres (CITES) en mayo de 2019.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que remitan a esta soberanía el informe que debió ser entregado a la Secretaría Técnica de la Convención sobre el CITES el primero de noviembre de 2019, así como el reporte del estado de los compromisos adquiridos en el marco de las reuniones de la misión de alto nivel de CITES en mayo de 2019.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que pongan en funcionamiento el grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes necesarias, como se estableció en las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México, República Popular China y Estados Unidos sobre el combate al tráfico de totoaba (Totoaba macdonaldi) ”, celebrada del 23 al L.J de agosto de 2017 en Ensenada, Baja California.

Nota

1 UNODC. 2016. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. UNODC conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente.

2 WWF / Dalberg. 2012. La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre: Una consulta con los gobiernos. WWF Internacional, Gland, Suiza.

3 CITES. 2019. Decimoctava reunión de la Conferencia de las Partes Colombo (Sri Lanka), 23 de mayo - 3 de junio de 2019. Cuestiones específicas sobre las especies Totoaba (Totoaba macdonaldi). Disponible en:

https://cites.org/sites/default/files/esp/cop/181doc/S-C op18-089-Rl.pdf.

4 UNESCO. 2019. Disponible en línea: https:ijwhc.unesco.org!archive!2019!whc19-43com-18-en.pdf.

5 CNDH. 2019. Recomendación 93!2019. Disponible en:

https:ijwww.cndh.org.mx!sites!default/files!documentos!2 019-10!Rec 2019 93.pdf.

6 Excélsior. 2019. ¡La libra México! “Suavizan” Ultimátum por vaquita marina.· Disponible en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-libra-mexico-su aviza-ultimatum-por-vaquita-marina/1332619.

7 Excélsior. 2019. México debe informar hoy de avances en protección de vaquita marina. Disponible en:

https:llwww.excelsior.com.mx/nacional/mexico-debe-inform ar-hoy-de-avances-en-proteccion-a-vaquitamarina/1345345.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de diciembre de 2019.

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica)

Con puntos de acuerdo, a fin de recibir la información que permita interpretar los alcances de las funciones de los agregados laborales para la implantación del T-Mec, a cargo de la senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de diciembre de 2019

Claudia Ruiz Massieu Salinas, en su carácter de senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la atenta solicitud de que se sirva turnarla al conocimiento y resolución de la Comisión Permanente para los efectos del ejercicio de sus facultades constitucionales, por su digno conducto se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que el Senado de la República formule una declaración interpretativa sobre los alcances de las funciones de los agregados laborales en la legislación de Estados Unidos de América para la implantación del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En la sesión pública ordinaria del Senado de la República celebrada el jueves 12 de los corrientes se aprobó el Protocolo Modificatorio del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, en materia de comercio e inversiones, el cual comprende el Anexo 31-A titulado “Mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas”, de carácter vinculatorio para nuestro país y Estados Unidos de América.

II. Con motivo de la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Puntos Constitucionales; de Economía, y de Trabajo y Previsión Social del Senado, en la que se contó con la presencia del señor Jesús Seade Kuri, Subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Jefe Negociador de México para el Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, se le cuestionó específicamente sobre la figura de los agregados laborales estadounidenses para realizar labores de verificación y de inspección del cumplimiento de los compromisos en la materia asumidos por nuestro país, en virtud de la información pública disponible del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

En su respuesta, dicho servidor público osciló entre señalar que no se trataba de una figura acordada, que desconocía su existencia y que, en todo caso, la autorización de sus designaciones como personal diplomático tendría que ser autorizada por el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la base de las funciones que realizarían.

III. En la iniciativa H. R. 5430 promovida por los representantes Hoyer y McCarthy ante la Cámara de la cual son miembros a fin de implantar el “Acuerdo entre Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y Canadá, agregado como un anexo al Protocolo que reemplaza el acuerdo de libre comercio de América del Norte” (Las traducciones de textos transcritos en esta proposición con puntos de acuerdo son libres de quien la suscribe), se comprende en el Título VIII, Seguimiento y Ejecución Laboral”, el subtítulo B “Agregados laborales en México”, cuyas secciones 721, 722 y 723 se refieren a su establecimiento, sus obligaciones y su estatus.

Conforme esas disposiciones, se trataría de personal contratado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos de América que sería adscrito a la embajada de Estados Unidos de América en México o a alguno de sus Consulados en nuestro país, y cuyas funciones consistirían en “brindar asistencia al Comité Laboral Inter-agencias Gubernamentales en el seguimiento y ejecución de las obligaciones laborales de México” y “presentar al Comité Laboral Inter-agencias Gubernamentales sobre una base trimestral informes en torno a los esfuerzos llevados a cabo por México para cumplir con sus obligaciones laborales.”

IV. A raíz del conocimiento de dicha iniciativa y de la previsión específica de los Agregados Laborales en México, el subsecretario Jesús Seade estableció en varias declaraciones y expresiones públicas que en ningún momento se había acordado la designación de “inspectores laborales”, al tiempo que le dirigió una comunicación formal al Representante Comercial de Estados Unidos de América, señor Robert Lighthizer. A su vez, en publicaciones que hizo en su cuenta de twitter (@JesúsSeade) el 15 de los corrientes, señaló específicamente lo siguiente:

En EU el tratado se vierte en una “Ley de Implementación” que incluye los compromisos tomados y otras cosas internas, como necesidades presupuestales derivadas del tratado, el rediseño de sus instituciones, etcétera.

En esto, como concesión a los duros del Congreso, su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra Reforma Laboral, redundante a lo que dispone el tratado, 90 por ciento interno e inofensivo (información) pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza.

Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar 5 agregados diplomáticos laborales en MX, cuya función no está clara pero que México jamás aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe.

Esto es todo en la activa discusión reciente, en que muchos con malicia y desinformación hablan de las “letras chiquitas” del tratado. Esto ni es del tratado ni nos compromete. Es discurso a sus galerías y, los cinco agregados, una medida unilateral que sujetaremos 100 por ciento a lo acordado.

La obsesión demócrata con “enforcement”, término unilateralista que aquí significa “obligar a cumplir”, costó sangre, y se atendió con los paneles basados en ley con selección cruzada d sus miembros: la forma legítima de hacer valer, ambos países, nuestras leyes. Inspectores no.

México adoptó, motu proprio, una #ReformaLaboral mucho más avanzada q lo vigente en EU. Enfrentamos confiados lo laboral en TMEC porque vamos a cumplir. Y en toda la negociación consultamos con expertos de Estados Unidos y México para cuidar su plena aplicación a la defensa laboral de los nuestros allá.

Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención de lo importante: las decisiones unilaterales de EU pero, aun así, la importancia de desarrollar estas mejores reglas T-MEC con ellos, precisamente porque siempre gravitarán hacia ser unilaterales.”

V. En ese contexto y con motivo de la visita que el subsecretario Seade realizó el día de ayer a Washington para entrevistarse con el señor Lighthizer, éste le dirigió una comunicación formal sobre la naturaleza y funciones de los mencionados Agregados Laborales, en la que se destaca lo siguiente:

Como es usual en las embajadas de los Estados Unidos en las principales capitales del extranjero, la embajada de Estados Unidos en México actualmente alberga agregados de más de una docena de dependencias federales... Estas personas brindan conocimiento técnico para apoyar a la misión diplomática de Estados Unidos en México...

La administración incluyó textos en la legislación de implementación del T-MEC que autorizan hasta cinco agregados del Departamento del Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluyéndose el otorgamiento de asistencia técnica y el desembolso de fondos para la capacitación, así como para proveer asistencia al nuevo Comité Laboral Inter-agencias Gubernamentales de los Estados Unidos. Este personal no serán “inspectores laborales” y se sujetarán a todas las leyes mexicanas pertinentes.

VI. Ante esta comunicación, en un mensaje publicado por el mencionado subsecretario Seade en su cuenta de twitter del día de ayer, en respuesta al periodista Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret), afirmó que la carta del señor Lighthizer “Sí es una interpretación legal.”

VII. Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 constitucional, es una facultad exclusiva del Senado “formular declaraciones interpretativas” en torno a los tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y sean aprobados por la propia Cámara de Senadores.

A la luz de la negociación y la suscripción de los textos tanto del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, como de su Protocolo Modificatorio, y las precisiones que ha sido necesario realizar en torno al alcance de las funciones de los agregados laborales previstos por el gobierno de Estados Unidos de América para la implantación de los instrumentos internacionales en cuestión, así como del intercambio formal de comunicaciones entre el gobierno de nuestro país y la administración federal de Estados Unidos de América que se produjeron los días 14 y 16 de los corrientes, es necesario que el Senado de la República confiera, para efectos del régimen constitucional mexicano, el rango de declaración interpretativa al carácter de la actuación que tendrían en nuestro país dichos agregados laborales, así como a la limitación específica de que no realizarán tareas de inspección del trabajo en cualquiera de sus aspectos o ámbitos.

En virtud de lo expuesto y fundado, reiterándose la solicitud de su turno al Senado de la República, me permito proponer la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo con objeto de que la Comisión Permanente formule una declaración interpretativa sobre los alcances de las funciones de los agregados laborales en la legislación de Estados Unidos de América para la implementación del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá.

Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente emite el siguiente

Acuerdos

Primero. Solicítense al Ejecutivo de la Unión los textos oficiales de la comunicación dirigida el 14 del actual por el señor Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefe negociador de México para el Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, al señor Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos de América, en torno a la figura de los agregados laborales de Estados Unidos de América comprendidos en la legislación estadounidense para la implementación del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá; así como de la comunicación que el señor Lighthizer dirigió el 16 del actual como respuesta al subsecretario Seade.

Segundo. Formúlese, en los términos del párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 constitucional, la declaración interpretativa sobre el alcance de las funciones que, en su caso, tendrían en nuestro país los agregados laborales de Estados Unidos de América previstos en la legislación de ese país para la implementación del Tratado México-Estados Unidos de América-Canadá, precisándose que no tendrán ninguna función de inspección, verificación o certificación sobre la aplicación y cumplimiento de la legislación en materia del trabajo de México.

Tercero. Comuníquese al Ejecutivo de la Unión la declaración interpretativa en cuestión para efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su comunicación al gobierno de Estados Unidos de América por los conductos diplomáticos competentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de diciembre de 2019.

Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica)

Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas) Marco Antonio González Reyes (rúbrica), Rosalba Valencia Cruz, Juan Pablo Sánchez Rodríguez.

Efemérides

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

A lo largo de la historia, la migración se ha dado como forma de enfrentar las condiciones tanto sociales como naturales de las comunidades, con la valiente intención de conseguir mejores condiciones de vida. En la actualidad, los adelantos tecnológicos, las facilidades en los medios de movilidad y la globalización la propician por causas tan variadas que van desde la necesidad hasta el deseo propio.

Los beneficios y las oportunidades que ofrece la migración segura, ordenada y regular son considerables y a menudo se subestiman. En cambio, el desplazamiento forzoso y la migración irregular de personas en grandes movimientos suelen plantear problemas complejos y casi siempre son ventilados en los medios de comunicación.

Habiendo examinado la mejor manera en que la comunidad internacional debía responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, los Jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los estados integrantes de las Naciones Unidas, aprobaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

La Declaración de Nueva York se compone de fuertes compromisos destinados a resolver los problemas que afrontamos en la actualidad y preparar al mundo para hacer frente a los futuros retos. Por ejemplo: Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada, prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes, trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos de determinar su estatus migratorio entre muchos otros.

Por otro lado, resulta oportuno recordar que en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se reconoce claramente la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Así, nuestro mundo es un mundo mejor gracias a esa contribución.

Si bien dichos instrumentos internacionales son grandes aportaciones que buscan mejorar la atención de los migrantes, desafortunadamente la realidad es un poco distinta, solo basta con observar la forma en que las familias retornan a nuestro país ya sea de forma voluntario o por deportación, en donde enfrentan distintos obstáculos ocasionados por su regreso repentino, como son, los limitados recursos económicos, la falta de un lugar donde hospedarse y principalmente la carencia de documentación que acredite su identidad, ya que esto es lo primero que debe conseguir para poder acceder a los servicios de salud, educación, entre otros. Este infortunio se debe a que las instituciones están más enfocadas en los documentos que en la atención de las necesidades de las personas.

En razón de lo anterior, se deben generar políticas integrales que contribuyan a la atención de nuestros connacionales repatriados, para crear fuentes de empleo en donde se pueda incorporar la mano de obra calificada con que cuentan muchos de ellos.

Adicional a lo anterior, debemos recordar que nuestros connacionales han establecido extensas redes migratorias entre sus lugares de origen en México y de destino en la Unión Americana, desafortunadamente este vínculo sufrió un golpe certero debido a que en el Presupuesto para el próximo año el Gobierno Federal decidió no asignar recursos al Programa 3x1 para Migrantes, y con ello lo condeno a su desaparición, lo cual implica que nuestros paisanos no puedan seguir apoyando el desarrollo de sus comunidades de origen.

En Movimiento Ciudadano “La causa es México”, nos mueve un México con instituciones fuertes que puedan brindar un trato digno a los mexicanos y a nuestros hermanos migrantes, instituciones que nos acerquen al cumplimiento de los propósitos de la declaración de Nueva York.

Cierro mi intervención citando brevemente a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y de destino”.

Por todo esto, cada día 18 de diciembre celebremos decididamente el Día Internacional del Migrante , con la intensión de abrir los brazos a la diversidad cultural.

Es cuánto.

Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)