Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5422-VIII, jueves 12 de diciembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la UNAM, el IPN, el ENAH, las universidades públicas y los centros educativos del país a reforzar las acciones necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres entre la comunidad estudiantil, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1993, la Organización de Naciones Unidas emitió una resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública.1
A partir de ese año, se han dado pasos firmes por realizar diversas acciones para aumentar el nivel de conciencia sobre el problema y buscar soluciones para solventarlo, sin embargo, aún hay un gran camino que recorre todos los ámbitos de la vida cotidiana.
En 2008, a través de la campaña mundial “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, se hacia visible la necesidad de concientizar sobre la violencia doméstica pues “solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica”.2 La violencia doméstica es solo una ventana a un problema mayor, la violencia contra la mujer se da en todos los ámbitos de su vida cotidiana, pero muchas veces es invisible o escondida por temor a problemas mayores.
En este caso, quiero referirme al ámbito estudiantil; aquel en donde miles de alumnas han levantado su voz para dar cuenta de la grave situación que viven en sus escuelas, en las aulas, por sus propios compañeros e incluso, por sus profesores.
A partir de 2013, los movimientos sociales como el #SiMeMatan, #MooTooScritoresMexicanos, #MiprimerAcoso, #MooTooUniversitario, han dado cuenta de diversos “casos” que resultan lamentables para la vida de las mujeres y, para el caso que nos ocupa, de las universitarias.
Antes de este fenómeno en las redes sociales, la Universidad Nacional había reconocido el grave problema del acoso sexual en sus aulas. “Durante el curso lectivo del año pasado registró 251 quejas por abuso sexual. En siete de cada 10 casos se trataba de agresiones que ocurrieron en una relación entre profesor y alumna”.3
Las denuncias anónimas en las redes han sido un medio que ha permitido generar una discusión pública que de otra manera no se hubiera socializado tan rápido, debido a que tan sólo 7 por ciento de los delitos son denunciados y apenas 3 por ciento de las investigaciones son denunciadas.4
En años recientes, las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito escolar han ido en aumento y se ha dado a conocer por múltiples movimientos o grupos interesados. Tan solo desde el 4 de noviembre estudiantes iniciaron paros estudiantiles en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM, con el objetivo de exigir que se ponga alto al acoso sexual dentro de los planteles.
El 13 de noviembre, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) también tuvo paro de labores para exigir la erradicación del acoso sexual dentro del plantel.
En la Facultad de Filosofía y Letras, las acusaciones hechas por alumnas de que los funcionarios no han tenido empatía con las víctimas de violencia contra las mujeres y que no han atendido adecuadamente la totalidad de las denuncias hechas por estudiantes, académicas y trabajadoras, la dirección dijo que “tiene la convicción de que puede restructurarse el funcionamiento de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVG) y de que, en conjunto con toda la comunidad académica, podemos emprender diversas acciones para prevenir y evitar la violencia, comenzando por el salón de clases y en todos los espacios de la facultad”.5
A su vez, estudiantes de los planteles 6 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria se sumaron al paro de labores el 13 de noviembre e informaron que las actividades se reanudarán el viernes 15 de noviembre.
En tanto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudiantes feministas mantienen un paro de labores desde la noche del 6 de noviembre, las alumnas convocaron a las autoridades del plantel a dialogar para el 15 de noviembre.
El 14 de noviembre volvió a suscitarse una movilización de alumnas en el campus universitario, estudiantes de distintos planteles de la UNAM convocaron a una marcha contra el acoso en la institución, la cual partió del parque de la Bombilla a la Rectoría de la UNAM, en donde realizarían un mitin exigiendo solución a sus demandas.
Sin duda, la libre manifestación es un derecho, pero las reiteradas manifestaciones que se dan al interior del campus universitario dan muestra de un conflicto que es necesario atender, con los instrumentos marcados por el Protocolo Universitario y por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.6
En México se contempla el acoso sexual como una manera de discriminación por razones de género y por lo tanto es considerado un acto de violencia, en la actualidad son diversos los instrumentos con los que cuentan las mexicanas para protegerse en contra de esta práctica, como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyo Capitulo II De la Violencia Laboral y Docente, establece:
Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
Y el artículo 12, profundiza:
Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.
Por otra parte, en 2018 el Rector de la Universidad puso en marcha una Mesa de Atención en Asuntos de Género con la finalidad de atender todos los casos que se presentarán, y para marzo de 2019 dio a conocer el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM;7 que, a decir de la Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ‘se han cometido errores en la atención de los problemas de violencia de género’ en la institución”.8
Aunado a esto, el 24 de noviembre, la revista contra línea publicó un reportaje especial que da cuenta de que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, carecen de herramientas preventivas contra el acoso y el hostigamiento sexual en sus instituciones.
En el caso del Politécnico esta revista reporta que “el Poli carece de un protocolo propio para atender a las víctimas de violencia de género: se rige bajo el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual dirigido a servidores públicos del gobierno federal. Por ello, la maestra en derecho Norma Bautista Romero observa que “los procedimientos en la institución educativa no son efectivos”.
Agrega que la poca efectividad del protocolo federal es perceptible con el número de denuncias. El informe anual de actividades 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) da cuenta de 14 denuncias por hostigamiento o acoso sexual en las instalaciones del IPN durante ese año, de las cuales nueve seguían en proceso de atención y cinco pendientes de calificación.”9
“El caso de la ENAH es todavía más complicado, pues la recién concluida administración de la etnohistoriadora Julieta Valle Esquivel eliminó el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Éste había sido realizado por las docentes de la escuela y aprobado para su aplicación por las autoridades. No obstante, la colectiva Mujeres Organizadas ENAH denuncia que “nunca fue difundido: lo mantuvieron en un cajón”.
Cuando las alumnas solicitaron la aplicación del protocolo, la dirección de la ENAH señaló que no existía tal documento, refiere la colectiva. Esa revocación del Protocolo es “gravísima”, considera la abogada Yolitzin Sillas Rangel.”10
En ese sentido, considero importante dar la importancia inherente a la demanda de cientos de universitarias que están rompiendo el silencio y dan cuenta de las agresiones en los recintos universitarios, para que las instituciones de educación universitaria contemplen la implementación de protocolos de actuación adecuados contra la violencia hacia las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al director del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como a las diversas universidades públicas y centros educativos del país a reforzar las acciones necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres, entre su comunidad estudiantil.
Notas
1 https://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.shtml
2 Ibídem.
3 https://elpais.com/sociedad/2019/03/31/actualidad/1554045673_018322.htm l
4 https://elpais.com/sociedad/2019/03/31/actualidad/1554045673_018322.htm l
5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/14/
reconoce-la-unam-errores-en-atencion-a-violencia-de-genero-9059.html
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
7 https://www.cepe.unam.mx/archivos/cepe/Protocolo_en_casos_de_violencia_ de_genero.pdf
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/14/
reconoce-la-unam-errores-en-atencion-a-violencia-de-genero-9059.html
9 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/24/
ipn-y-enah-sin-herramientas-para-frenar-hostigamiento-y-acoso-sexual-en-aulas/
10 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y la Semovi a suspender las obras de ampliación de la línea 3 del Metrobús sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción 2 y numeral 2, 100, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la jefa del gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, y al maestro Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad, ambos de la Ciudad de México, a que se suspendan las obras para ampliar la línea 3 del Metrobús sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, al tenor de los siguientes los siguientes
Antecedentes
El pasado 15 de octubre de 2019, el gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Metrobús. Se trata de una ampliación de 4.7 kilómetros sobre el Eje 1 Poniente, oficialmente llamada Cuauhtémoc.
Dicho proyecto contará con una inversión de 459 millones de pesos, aumentando las estaciones de la línea, pasando de 33 a 40 para cubrir una extensión de 20 kilómetros en total. Se trata de la ampliación del Pago por Prestación de Servicios (PPS) con la empresa Cemex, quién construyó la primera parte de la Línea 3; y será operada por la empresa de Movilidad de Vanguardia, SA, una subsidiaria de Grupo ADO que actualmente opera el resto de la línea.1
A pesar de que la Ciudad de México se encuentra colapsada por el tráfico diario de la población flotante, por las obras de mantenimiento de infraestructura hidráulica, asfáltica o de obras de ampliación de servicios, la Secretaría de Movilidad y el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenden colapsar aún más la ciudad en una de las vías que aún conservan su estructura original.
En el Eje Cuauhtémoc se concentran grandes edificios habitacionales de más de 18 niveles de departamentos, los cuales fueron autorizados justamente bajo el argumento de contar con una vialidad lo suficientemente amplia para albergar el flujo vehicular que generarían dichas construcciones; fue así que se dieron las autorizaciones de construcción, con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, dando factibilidad a la construcción de dichos edificios con una vía de 6 carriles que hoy se pretende reducir a más de la mitad sin ningún tipo de planeación.
La zona concentra grandes condominios como City Towers, Agata, Big Grand, Urban Park, Mitikah, entre otros; así como diversas plazas comerciales, la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Roberto Cantoral, Laposse, oficinas del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), hospitales y próximamente otras 2 mega construcciones, que ya saturan las vías de acceso y que no dan posibilidades alternas por lo reducido de las calles aledañas.
Es prioridad tanto para los vecinos que habitan en las colonias como para las personas que circulan por ese eje vial mantenerlo con sus 6 carriles para no colapsar la zona, como ya se hizo en diversos tramos del propio Eje Cuauhtémoc, el Eje 4 Sur de Xola, o diversas calles del Centro Histórico de la Ciudad y ahora también el Eje 3 oriente Francisco del Paso y Troncoso, por citar algunos ejemplos.
Por otro lado, y no menos importante, hasta el día de hoy no se ha presentado a los vecinos el verdadero plan de la obra, y tampoco se ha publicado decreto alguno por parte del Ejecutivo de la Ciudad de México, pues hasta ahora no se cuenta con ello.
Por su parte, vecinos de las colonias antes mencionadas han conformado diversos movimientos en donde presentaron diferentes puntos por los que no aceptan la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, entre ellos se encuentra:
1. Se abandonó el Plan Maestro del Metro y, en cambio, empezó la construcción de rutas del Metrobús sin visión de largo plazo, y bajo el argumento de restricciones presupuestales se han venido “secuestrando” los principales ejes viales de la ciudad, lo que ha generado caos vial en diversas arterias por la reducción de carriles y elevando los tiempos de traslado de los habitantes de la zona.
2. El proyecto de ampliación del Metrobús justamente provocará ese problema en lo que queda del Eje Cuauhtémoc. De una investigación de campo que se realizó, al analizar los tiempos de recorrido vehicular desde avenida Chapultepec hasta Churubusco, se trata de un tramo de 7 kilómetros, que se recorren en 1 hora, pero lo interesante es que el tramo con Metrobús de 3.4 kilómetros es más corto y más tardado que el tramo sin Metrobús que abarca 4 kilómetros. Se trata de un proyecto de ampliación hacia una zona residencial sin conectividad real.
3. Si bien el Metrobús vino a sustituir unidades viejas y contaminantes, reduciendo por lógica los niveles de emisiones que generaban, el problema ha regresado y hoy vemos unidades del Metrobús que son contaminantes, envejeciendo y con problemas de operación, a grado tal que hay indicios de una posible quiebra técnica, lo que ha obligado a generar mayor subsidio del gobierno de la Ciudad.
4. El Metrobús tampoco logró el cambio modal esperado, pues los habitantes de la ciudad, incluso los habitantes de las zonas por donde pasa el Metrobús, no dejaron de usar sus vehículos y el congestionamiento provocó buscar rutas alternas. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2005 y 2018, el número de automóviles en circulación en la Ciudad de México no se redujo y, por el contrario, se elevó 108.8 por ciento, situación que explica incluso las nuevas medidas de contingencia ambiental. El crecimiento de automóviles, únicamente fue superado por el de motocicletas que prácticamente se quintuplicó.
A lo anterior se agrega el hecho de que el lugar donde pretenden establecer la terminal (Xoco), carece de la menor infraestructura de maniobra técnica y viable, pues las calles tanto de Xoco como de la colonia General Anaya son en extremo reducidas y se han realizado estudios de que el paso de transporte pesado genera vibraciones de escala sísmica mediana.
Por lo que implementar un paradero atraería ambulantaje, colapso en las conexiones entre Eje Cuauhtémoc y Río Churubusco, generando un colapso para los residentes de las colonias aledañas al mismo, así como delincuencia e inseguridad.
Anteriormente se propuso la instalación y acondicionamiento de una línea del Trolebús sobre los carriles de contraflujo donde actualmente transitan diversas rutas de camiones,2 a lo que el secretario de Movilidad rechazó contundentemente asegurando que no se cuenta con una infraestructura adecuada para ese tipo de sistema, y sí para ampliar la del Metrobús pues ya se encuentra construida.
Garantizar el derecho a la movilidad de todos los habitantes mediante un sistema con cobertura, calidad y asequible es una excelente guía para las decisiones públicas de movilidad y transporte. La inevitable innovación tecnológica debe darse en este marco, de otro modo perderemos una gran oportunidad para construir una ciudad equitativa y sustentable. Para una ciudad como la de México, una política de movilidad exitosa es más que nunca una política social.3
Considerandos
Primero. Que, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, fracción C, Ciudad Habitable, Derecho a la vía pública, que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, siendo las autoridades las que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
Segundo. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 del Ordenamiento Territorial, en su apartado C, numeral 4, sobre la regulación del suelo, se establece la responsabilidad del desarrollo de obras y proyectos urbanos enfocados en el interés público estableciendo en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar los impactos así como minimizar las afectaciones sociales, y económicas sobre los residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos.
Tercero. Que con fundamento en el artículo 11 la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la persona titular de la jefatura de gobierno, tiene entre sus funciones establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores de la población a presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del transporte, la preservación y ampliación de la infraestructura para la movilidad, así como celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros niveles de gobierno, sectores privados, académico y social para promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia de vialidad, transporte y movilidad.
Cuarto . Que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, los servicios públicos referentes a movilidad, transporte y vialidad se prestarán de acuerdo a los instrumentos de planeación de la movilidad, los cuales se ejecutan a través de los instrumentos denominados Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, mismo que tendrá vigencia de seis años con revisión cada tres.
Quinto. Que, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 12 respecto de las atribuciones de la Secretaría de Movilidad, tendrá como facultad realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y aprobar el establecimiento de sistemas, rutas de transporte y modificaciones de las ya existentes de acuerdo al Programa Integral de Movilidad.
Sexto. Que, hasta el día de hoy, no hay decreto o publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que sustente los estudios y la toma de decisiones de ampliación de la ruta de la línea 3 del Metrobús, con base en las disposiciones legales referentes a la ampliación de rutas en el transporte público.
Séptimo. Que de conformidad con el Plan Estratégico de Movilidad 2019, publicado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, no se menciona en ninguno de sus ejes temáticos, la ampliación de la Línea 3 del Metrobús; por el contrario, se menciona la implementación de dos líneas de metrobús y se terminará la construcción de 20 kilómetros de extensión de la línea 5.4
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y al maestro Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad, ambos de la Ciudad de México a que se suspendan las obras para ampliar la Línea 3 del Metrobús sobre el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.
Notas
1 Periódico La Jornada 2019.- “Anuncian ampliación de la Línea 3 del Metrobús.- Página web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/10/15/anuncian-ampliaci on-de-la-linea-3-del-metrobus-9062.html
2 Periódico Excélsior 2019.- “Descartan trolebús para Eje 1 Poniente”.- Página web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/descartan-trolebus-para-eje-1-po niente/1346259
3 Heinrich Böll Stiftung Ciudad de México 2019.- Los Retos de Movilidad en la Ciudad de México.- Página web: https://mx.boell.org/es/2019/02/13/los-retos-de-movilidad-en-la-ciudad- de-mexico
4 Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019.- https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrat egico-de-movilidad-2019.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a difundir las medidas implantadas para atender los casos de tuberculosis registrados como plan dirigido a erradicarla, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3 y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que difunda las medidas que se han implementado para atender los casos registrados por la enfermedad de tuberculosis como el plan para la erradicación de esta enfermedad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho constitucional que México ha logrado es en muchos de sus preceptos un logro que trasciende al único interés por el que se conforma el Estado, el bien público. El derecho a la salud fue incorporado en nuestro texto constitucional en el artículo 4o. el 3 de febrero de 1983; a partir de esta fecha, aún sin contar con la reforma en materia de derechos humanos, este derecho ha sido progresivo y en camino de la universalidad. Tuvimos gobiernos que se preocuparon y ocuparon en la medida de distancia histórica, en construir políticas públicas y medios de información que permitieran dotar al servicio público y privado de salud de datos precisos para el cumplimiento, control y medición de las metas, todas ellas distintas y acorde a los problemas públicos que se presentaban en la dinámica social.
Este punto de acuerdo se deriva de la preocupación pública hecha por Portal México Social, el cual en su artículo denominado “Alerta: ¿Qué pasa con la Tuberculosis?” establece la problemática del incremento de los casos de tuberculosis respiratoria en 2019 a un 140 por ciento en lo que va del año.1
La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis que afecta a los pulmones y se transmite con una gran facilidad, es curable y prevenible2 sin embargo si no se atiende oportunamente avanza hasta el grado de convertirse en una enfermedad terminal.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 2000 la tuberculosis forma parte de una de las diez principales causas de muerte en el mundo,3 una cuarta parte de la población mundial está infectada de tuberculosis4 y a pesar de las medidas que se han implementado (las cuales han logrado evitar 54 millones de muertes)5 , la enfermedad aún es considerada una de las diez principales causas de muerte con 1.3 millones de fallecimientos registrados a nivel mundial (con datos de 2016).6 No es casualidad que el 24 de marzo de cada año, la sociedad internacional haya establecido este día como causa política y social para erradicar la tuberculosis.
Al año 2016 se registraron en México 16 mil 913 casos nuevos, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece),7 lo que representa a nivel mundial 1.3 por ciento. Según las estimaciones por la OMS, una cuarta parte de la población mundial está infectada de tuberculosis.8
Para el año 2017, el número de nuevos casos por infección de tuberculosis en el mundo fue de 10 millones, el cual ha ido disminuyendo en un 2 por ciento anual, siendo países en Europa los que han logrado una reducción del 5 por ciento anual, al igual que en el Continente africano, especialmente en países como Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, los cuales han logrado una reducción de entre el 4 y el 8 por ciento anual entre el 2013 y 2017.9 Lo anterior debido a las políticas acertadas de prevención y atención que ejecutan estos países. En esta perspectiva de seguimiento es preciso señalar que a inicios de 2018, México había reducido el número de muertes en más de 45 por ciento sin embargo también señalaba que la incidencia se había mantenido.10
Por tal motivo, la OMS ha exhortado a los estados a realizar acciones urgentes para lograr la erradicación de la enfermedad. En el año 2018 en su informe mundial sobre la tuberculosis11 estableció como meta para los estados erradicar la enfermedad para el año 2030, de conformidad con la resolución aprobada en mayo de 2014 por la Asamblea Mundial de la Salud y que dio origen a la Estrategia Mundial para la Tuberculosis (2015-2035),12 la cual tiene por objetivo la reducción de muertes al 95 por ciento y la reducción de nuevos casos de tuberculosis en un 90 por ciento, fijando metas provisionales para los años 2020, 2025 y 2030, a través de las siguientes estrategias13 :
a) Ampliación de la cobertura en el alcance asistencial y preventivo de la tuberculosis;
b) Políticas Públicas que garanticen la colaboración de la comunidad, sector privado y de los gobiernos y;
c) La investigación para obtención de nuevos conocimientos científicos e innovadores que puedan beneficiar la prevención y atención de la tuberculosis.
Según datos del Boletín Epidemiológico, publicado por la Secretaría de Salud,14 en la República Mexicana, tan sólo en la semana 47 del presente año 2019, que comprende del 17 al 23 de noviembre, se han registrado mil 8415 casos de tuberculosis respiratoria, mientras que en comparación con la semana 47 del año anterior se registraron 366 casos, lo que significa un incremento de 718 casos, aumento equivalente al 196 por ciento.
En comparación al total de casos registrados en el año 2018 (que contempla la acumulación de las 52 semanas) fue de 15 mil 970 casos con tuberculosis respiratoria, mientras que en el presente año 2019, tan sólo lo acumulado en 47 semanas se han registrado un total de 40 mil 244 casos, lo que significa un incremento de 24 mil 274 casos respecto a lo registrado en el año anterior, lo que es equivalente al aumento de 152 por ciento sin tomar en consideración las 5 semanas restantes del presente año a la fecha de presentación de este punto de acuerdo.
La Secretaría de Salud reconoció esta problemática en el sexenio anterior, por lo que el 15 de febrero del 2018 ratificó la declaratoria de emergencia epidemiológica respecto de la Tuberculosis Farmacorresistente, en la que afirma la gravedad del riesgo que implica esta forma de tuberculosis y la posibilidad de que el número de casos pudiera incrementarse exponencialmente.16
La “tuberculosis farmacorresistente”, que es considerada en la salud pública como una crisis mundial al contar en el año 2017 con 558 mil casos mundiales registrados en que la enfermedad resiste a la rifampicina, que es considerado el medicamento de primera línea más eficaz en contra de esta enfermedad. Y también la “tuberculosis multirresistente”, que además de ser resistente a la rifampicina, también es resistente a la isoniazida, el cual de la misma forma es considerado uno de los principales fármacos antituberculosos de primera línea.17
La Organización Mundial de la Salud ha insistido en señalar que un desafío urgente es el aumento a la financiación para el combate de esta enfermedad, ya que en 2018 la inversión para la prevención y atención de la Tuberculosis en los países de ingresos bajos, disminuyó en 3 mil 500 millones de dólares, por lo que según el informe de esta organización, si no se cuenta con un aumento en la financiación, el déficit anual aumentara a 5 mil 400 millones de dólares para el 2020 y a 6 mil 100 millones de dólares para el 2022, por lo que es necesario invertir mayores recursos a esta causa, para acelerar el desarrollo de vacunas y medicamentos, evitando una catástrofe en los próximos años.18
Adicional a lo anterior hace de conocimiento que la mitad de las muertes que se tienen registro en los países con ingresos bajos en el año 2016, se deben a enfermedades transmisibles como la tuberculosis, por otro lado, en aquellos países que cuentan con ingresos altos, estas enfermedades sólo abarcan el 7 por ciento, es decir 47 por ciento menos que los países con menor ingreso.19
La tuberculosis es una enfermedad que se relaciona con el nivel socioeconómico, afectando a aquellos que cuentan con escasos recursos.20 En México para el año 2016 las entidades de Baja California, Nuevo León y Veracruz fueron las más afectadas por casos nuevos de tuberculosis pulmonar, según datos del Cenaprece.21
A nivel gubernamental es vital contar con información actualizada y que permita dar seguimiento oportuno, primero identificando las principales causas de muerte en la población, segundo para evaluar la eficacia de los sistemas de salud y frente a ello la viabilidad y oportunidad de las políticas públicas a implementarse22 a fin de asignar los recursos necesarios.
México no puede hacer retroactivos los derechos y disminuir con ello la progresividad de su garantía, este retroceso no debe y no puede reflejarse por “austeridad” en el combate y prevención de las principales enfermedades, reconocida así a nivel internacional, que se detecta en México, las políticas públicas que se implementen en pro de las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis, servirán para salvar vidas, para lograr su bienestar y con ello alcanzar el objetivo al que se ha comprometido México, planteado por la Organización Mundial de la Salud erradicar esta enfermedad en 15 años. Honorable Cámara de Diputados, sirva este punto de acuerdo para generar los acuerdos necesarios para proteger uno de los derechos vitales de quienes vivimos en este país: la salud.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones, difunda las medidas o estrategias implementadas para la atención de los casos registrados en el presente año de personas con tuberculosis respiratoria, establezca los datos que nos permitan conocer las acciones para dar seguimiento a la Alerta Epidemiológica emitida en 2018 para prevenir y enfrentar la epidemia de tuberculosis y de acuerdo a sus atribuciones pueda dar seguimiento a la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la erradicación de la enfermedad de tuberculosis en el año 2035 y con ello México esté en condiciones de cumplir con la erradicación de la tuberculosis.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, para que en el ámbito de su competencia, pueda realizar las gestiones que garanticen la suficiencia y destino de los recursos presupuestarios asignados, así como las medidas necesarias para prevenir, mitigar y eliminar la tuberculosis farmacorresistente y multirresistente.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que desarrolle programas integrales y campañas informativas para la detección, prevención y medios de acceso a la atención médica para la tuberculosis farmacorresistente y multirresistente, en virtud de que la detención temprana y su tratamiento contribuye a su cura y permite alertar sobre riesgos de contagio.
Notas
1 Publicación disponible en: http://mexicosocial.org/tuberculosis-fuera-de-control-mexico/
2 Organización Mundial de la Salud, “Tuberculosis”, Disponible en: https://www.who.int/topics/tuberculosis/es/
3 Organización Mundial de la Salud, “Las 10 principales causas de defunción”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the- top-10-causes-of-death
4 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-c alls-for-urgent-action-to-end-tb-
5 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-c alls-for-urgent-action-to-end-tb-
6 Ídem.
7 Registro de casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar.
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/mic obacteriosis/descargas/pdf/2CasosTbPulmonar16.pdf
8 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-c alls-for-urgent-action-to-end-tb-
9 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-calls-for-urgent -action-to-end-tb-
10 UNAM, Tuberculosis, enfermedad infecciosa más letal en el mundo. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_187bis.html
11 Ídem.
12 Organización Mundial de la Salud, “Estrategia Fin a la TB de la OMS”, Disponible en: https://www.who.int/tb/strategy/es/
13 Organización Mundial de la Salud, “Estrategia de la OMS para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/tb/post2015_strategy/es/9
14 Dirección General de Epidemiología, “Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información”, Disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/_-boletinepidemiologico-sistema-nac ional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-186989
15 Dirección General de Epidemiología, “Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información- Semana 47, 2019”, Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514222/se m47.pdf
16 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, “Oficio Cenaprece-DG-1417-2018 ”, Disponible en:
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/eme rgencias/descargas/pdf/1417.pdf
17 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-c alls-for-urgent-action-to-end-tb-
18 Organización Mundial de la Salud, “La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis”, Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-c alls-for-urgent-action-to-end-tb-
19 Organización Mundial de la Salud, “Las 10 principales causas de defunción”, Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-o f-death
20 Romero, Laura, “La tuberculosis aún es causa de muerte”, Gaceta UNAM. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/la-tuberculosis-aun-es-causa-de-muerte/
21 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, “Cifras Oficiales Tuberculosis”, Disponible en:
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/mic obacteriosis/descargas/pdf/2CasosTbPulmonar16.pdf
22 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASEA a transparentar los datos sobre los efectos ambientales de la fracturación hidráulica en el país, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de cada cuatro pozos petroleros en México ha sido fracturado hidráulicamente en algún momento de su vida productiva (esto, a pesar de que fue hasta 2013 cuando resultado de la “reforma energética”, se facilitó la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio del fracking).
¿Qué es el fracking?
El fracking o fracturación hidráulica es la técnica utilizada para extraer del subsuelo petróleo y gas natural de yacimientos no convencionales, los cuales, son formaciones rocosas poco permeables llamadas lutitas butuminosas. Comúnmente, se encuentran ubicadas a profundidades de entre mil y cinco mil metros bajo tierra. Derivado de su poca permeabilidad, para realizar la extracción de los hidrocarburos, es necesaria la perforación de un pozo vertical hasta llegar a la formación de gas o petróleo y, una serie más de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden ir en diversas direcciones.1
El procedimiento consiste en el bombeo a gran presión de millones de litros de líquido de fragmentación. Este líquido está formado en un 98 por ciento por agua con arena y un 2 por ciento, por productos químicos.
Con la inyección a presión, el gas o petróleo se libera y sube a la superficie junto con el agua y los químicos. En algunas ocasiones, vuelve a la superficie arrastrando peligrosas sustancias, y metales tales como, el mercurio o el plomo. Finalmente, esta agua residual es acumulada en balsas o depósitos en la superficie.
El fracking implica fuertes impactos sociales, ambientales y climáticos negativos, pues trae consigo contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, etcétera.2
De acuerdo con un artículo publicado por Forbes a principios de 2019, el fracking se encuentra presente en siete de los 32 estados de la república; Coahuila, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Chiapas y Nuevo León,3 estado del que provengo y represento en esta Cámara de Diputados.
Los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), nos muestran que los estados de Tamaulipas y Veracruz concentran más de 10 mil fracturas hidráulicas, mientras Coahuila es la entidad que tiene la relación más alta entre el número de fracturas hidráulicas por pozo petrolero con una media de 19.2 fracturaciones por pozo, como se muestra a continuación:
Y es alarmante que también la CNH informe que en 8 mil 457 pozos nacionales se ha utilizado la técnica de fracturación hidráulica,4 equivale al 43 por ciento de los pozos terrestres.
Fuente: Forbes, 2019. https://www.forbes.com.mx/el-fracking-se-hace-presente-en-7-estados-de- la-republica/
Esta situación es alarmante, pues tan solo el “pozo Cougar-11 en Coahuila tiene el primer lugar en fracturas con un total de 104, seguido por Presidente Alemán-1336 y San Andrés-5044 en Veracruz.
Actualmente, hay 26 bloques ya adjudicados para la exploración y extracción no convencionales, 25 asignados a Pemex Exploración y Producción los cuales abarcan una superficie de 9.1 kilómetros cuadrados en seis entidades del país.
Mientras que el otro campo no convencional está en el contrato de Pemex con la Operadora “Campos DWF”, de Grupo Diavaz, para el Campo Miquetla en Chicontepec, el cual va a requerir fractura hidráulica.
También, de acuerdo a Forbes, adicionalmente existen 183 bloques con potencial para ser licitados y adjudicados en un futuro, identificados por el Plan Quinquenal de Hidrocarburos, actualizado a noviembre de 2018, con una superficie total de 53,072 kilómetros cuadrados.5
El cambio climático es un tema que debe ser tomado en serio, pues actualmente en nuestro país, no se dimensiona la amenaza que esto representa y justifican el desinterés con la retórica de que esto es un tema “fifí”. Dejando de lado que, este es un tema que concierne a todos y como bien dice Claudio Lomnitz, “poco importa que los niveles de azufre del combustóleo mexicano sean siete veces mayores a la norma internacional. ¡Ya sabremos respirarlo! Creemos, contra toda la evidencia, que México es eterno, y que sobrevivirá a cualquier cosa. Y con esa fantasía nos desentendemos”.6
En diversos países, tales como como Francia, Bulgaria, Irlanda y Alemania, está prohibida esta técnica de extracción, pues además de la contaminación que produce, el fracking tiene serias implicaciones en la formación de sismos, cosa que resulta alarmante más aún para un país como México, el cual es sumamente propenso a estos fenómenos ambientales. De igual forma, la fracturación hidráulica, puede suponer un problema de salud pública, pues se han detectado cancerígenos en la mezcla que se utiliza para quebrar el suelo así como en las aguas circundantes.
En nuestro país, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos es un órgano desconcentrado de la Semarnat, y es la encargada de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión del control integral de los residuos y emisiones contaminantes, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Es necesario tomar en cuenta que el pasado 9 de septiembre del presente año, la revista Forbes publicó que el “gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregará 5,200 millones de pesos (mdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex) para campos que requieren fractura hidráulica”.7
En el PES hemos dejado claro la importancia de rescatar el sector energético, elevar la producción de petróleo y fortalecer las empresas del estado Pemex y CFE, quienes son estratégicas para impulsar el desarrollo nacional. Y el presidente López Obrador ha criticado la práctica del fracking, en repetidas ocasiones ha explicado que durante su administración no se utilizará dicha técnica.
En ese tenor, y ante este delicado tema, el pasado 3 de julio de 2019, durante la Comisión Permanente, mi compañero de bancada, el diputado Armando González Escoto, presentó un punto de acuerdo, exhortando a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para que hiciera del conocimiento público los impactos ambientales derivados de la práctica del fracking.8 Sin embargo, y desafortunadamente, esta proposición no fue dictaminada.
Como bien expone mi compañero diputado Armando González Escoto, “con fecha 16 de marzo de 2017 la Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra.” Y “conforme al artículo 117 de estos lineamientos, la Agencia podrá supervisar en cualquier momento su cumplimiento, para lo cual podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, así como llevar a cabo las visitas de inspección y supervisión”. Y según su propio portal Web, la agencia tiene como misión llevar al sector hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del mundo.
En el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social estamos plenamente comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y en este tema no somos omisos. Es por ello y apelando a lo anterior, que me permito insistir mediante este punto de acuerdo, en la publicación de los impactos ambientales derivados del uso de la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos en las siete entidades federativas antes mencionadas.
Para el PES, el cuidado al medio ambiente es una máxima que no debe dejarse de lado. Las y los integrantes de este grupo parlamentario vamos en serio por la protección al medio ambiente; el cual, debemos cuidar como la casa donde vivimos, pues estamos ciertos que, la Tierra es un préstamo que nos hacen las próximas generaciones. Por esto, y todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que haga públicos los impactos medio ambientales y la situación que guardan los pozos que utilizan la técnica de fracturación hidráulica en los estados de Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Chiapas y Coahuila.
Notas
1 https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
2 https://www.nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/
3 https://www.forbes.com.mx/el-fracking-se-hace-presente-en-7-estados-de- la-republica/
4 Onexpo Nacional. 23 de agosto 2019.
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/EN-MEXICO-SE-HAN-PERF ORADO-MAS-DE-8-MIL-POZOS-CON-/
5 https://www.forbes.com.mx/el-fracking-se-hace-presente-en-7-estados-de- la-republica/
6 https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/opinion/023a2pol
7 Forbes, 9 de septiembre 2019. https://www.forbes.com.mx/gobierno-de-amlo-entregara-a-pemex-5200-millo nes-para-fracking/
8http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/ documento/97011
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a privilegiar al emitir las reglas sobre la contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios observables por las dependencias y las entidades de la APF a empresas de la región o estado donde se ejercerá el gasto público, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Economía a que, al momento de emitir las reglas que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública, se privilegie la contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, de empresas de la región o estado en donde se ejercerá el gasto público; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para cumplir satisfactoriamente con el derecho humano consagrado en el artículo 25 de la Constitución Federal, y con ello, garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, se deberán fortalecer, entre otros aspectos, la competitividad y el crecimiento económico en todas las regiones del País; para tal efecto, el Estado debe implementar políticas y acciones que aseguren una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre los distintos actores que participan en la actividad económica del País, haciendo partícipes, no sólo a empresas del sector privado nacionales, sino de manera específica, privilegiando a las empresas locales pertenecientes a las regiones o Estados de la República en donde se ejerce y aplica de manera directa el gasto público.
En esta tesitura, el dispositivo constitucional en comento, de manera clara y precisa señala en su parte medular que: “La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional”,
No debe pasar desapercibido que, las recientes crisis económicas y sociales en diversos países ha revelado, y frecuentemente aumentado, la desigualdad territorial a nivel nacional; debido, entre otros factores, a la falta de desarrollo de políticas participativas que respondan a necesidades locales, de impulso a su sector privado y social; por ello, debe emerger como una estrategia clave para crear empleos donde más se necesitan, la política de privilegiar al sector privado de las Regiones o Estados de la República en donde el recurso federal se ejerce de manera directa.
Esta política, permitirá fomentar las ventajas comparativas y las características únicas de una localidad con el fin de fortalecer la economía local y crear empleo; generando con ello, una oportunidad para fomentar el crecimiento de economías locales, al mismo tiempo de promover una mayor coherencia entre el nivel nacional y el local.
Como una parte importante para garantizar el desarrollo económico nacional y la generación de empleos locales, y con ello, el fortalecimiento del modelo económico propuesto por nuestro Presidente de la República, es necesario tocar 2 temas relevantes para tal fin: el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios públicos.
Es claro que el tema de la infraestructura no sólo tiene que ver con la construcción de los puentes, carreteras, puertos y aeropuertos que unan a los mexicanos y que nos conecten con el resto del mundo, sino también tiene que ver con la construcción de infraestructura de energía, agua y telecomunicaciones, los cuales son ingredientes indispensables para el éxito de una economía moderna, como la que aspira el pueblo mexicano. En esta tesitura, el desarrollo de la infraestructura no sólo constituye un detonador inmediato de empleo, sino que fortalece la actividad productiva en el largo plazo; siendo el ideal que esta actividad productiva se fortalezca en las distintas regiones o Estados de la República.
La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. Las obras se construyen a lo largo del país y frecuentemente han sido utilizadas como motor de la producción. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha sido palanca fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras pesadas de irrigación, la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las que sobresale la vivienda de interés social, la construcción de obras de equipamiento urbano y muchas más son parte de los activos del país.
Mientras más obras se construyen, más riqueza se crea, y no solamente eso, también se genera mayor empleo; pero para lograr una distribución equitativa entre las personas que habitan las distintas regiones o Estados del País, es importante privilegiar la asignación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, a las constructoras locales en donde se ejerce de manera directa el gasto público.
Por otra parte, y no menos importante, se debe tomar en cuenta el tema de la prestación de los servicios públicos, como el conjunto de bienes y actividades, por lo general de tipo esencial o básico, que a través de la administración directa, de subsidios o de otros mecanismos regulatorios, el Estado le garantiza a su población; cuya finalidad es brindar un mejor nivel de vida y proteger la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos; al igual y como sucede con la obra pública, también en la adquisición de bienes y servicios, se debe privilegiar a las empresas locales, pues son estas las que están generando fuentes de empleos a las personas de la localidad.
Atento a lo antes expuesto, es necesario no solo fortalecer la participación del sector privado de las regiones o Estados de la República en las cuales se ejerce directamente el gasto público, sino privilegiar la asignación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como la adquisición de bienes y servicios a las constructoras y empresas del sector privado local, dejando atrás, la vieja práctica de dar participación solo a un reducido número de empresas nacionales, concentrando en dichas empresas, la casi totalidad de los recursos federales.
Para poder lograr esto, es necesario que, por parte de la Secretaría de Economía, como ente facultado por la normatividad, se establezcan reglas claras para que, en las licitaciones y concursos en materia de obra pública y adquisición de bienes y servicios, se garantice que cuando el recurso federal se ejerza en una determinada región o Estado de la República, se privilegiará a las empresas locales, y con ello, generar mejores condiciones de calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; en este último caso, lo relativo a la finalidad lograr una distribución equitativa entre las personas que habitan las distintas regiones o Estados del País que permita fomentar el crecimiento de economías locales.
Para tal fin, la Secretaría de Economía, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se encuentra facultada para que en los procesos de licitación y concursos de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, así como en los de adquisición de Bienes y Servicios, dicte las reglas para promover la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, sin que ello sea limitativo para que en el caso de los recursos económicos de la Federación que se ejercen directamente en los Estados de la República, se privilegie la contratación y asignación a favor de las empresas locales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a que, al momento de emitir las reglas que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública, se privilegie la contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, de empresas de la región o estado de la República en donde se ejercerá el gasto público, para con ello, fomentar y garantizar el crecimiento de las economías locales.
Ciudad de México, jueves 12 de diciembre de 2019.
Diputada Alejandra Pani Barragán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a transparentar y garantizar el acceso a la información de las negociaciones y los acuerdos realizados por el país en foros y reuniones internacionales, así como los avances de los compromisos contraídos en esta administración, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La política exterior constituye una herramienta estratégica para hacer valer los intereses de nuestra nación en el mundo, así como para posicionar a México en los principales foros internacionales. Una imagen de nuestro país, positiva y de liderazgo, es esencial para generar mayores sinergias con viejos y nuevos aliados en el escenario global, así como para fomentar nuestras relaciones comerciales y posicionar nuestras posturas en diversos temas prioritarios y de interés mundial.
Históricamente, México se ha caracterizado por tener una política exterior muy activa y en favor de las mejores causas. Hemos sido pioneros en la construcción de mecanismos regionales para la prohibición del desarrollo de armas nucleares; en el desarrollo del derecho marítimo; en el impulso de iniciativas para el combate a la pobreza y el hambre. Asimismo, en los últimos años nuestro país ha sido uno de los principales impulsores de mecanismos para el combate al cambio climático, el combate al tráfico ilícito de armas convencionales, la protección a la biodiversidad y el impulso a la generación de energías renovables.
Hasta el año 2018, México había mantenido una política exterior activa y participativa dentro de los mecanismos multilaterales más importantes del mundo, entre estos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Grupo de los Veinte (G-20), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial, entre otros.
Las relaciones bilaterales también fueron fortalecidas al incrementar las visitas oficiales de los mandatarios mexicanos a otros países, particularmente a la región de América Latina, donde México recuperó su presencia y liderazgo; asimismo, se fortalecieron las relaciones como antiguos socios en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico, incrementando el intercambio comercial y cultural.
Para ejemplificar, basta señalar que México participó activamente en la XXI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue el antecedente principal del actual Acuerdo de París, instrumento internacional que busca reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Aún sin ser uno de los principales emisores de contaminantes, nuestro país hizo compromisos muy ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, ganándose el respeto y la admiración internacional.
En 2015, la ciudad de Cancún fue la sede de la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que busca eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y regular su comercio. La sede fue entregada a México gracias a su activa participación en la elaboración de dicho instrumento.
Asimismo, nuestro país ha sido uno de los principales impulsores del debate en el tema de las drogas, siendo uno de los proponentes para la realización en 2016 de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), donde México propuso transitar de un paradigma prohibicionista hacia una prevención efectiva y una regulación eficaz.
Los diferentes temas que nuestro país ha impulsado en los foros multilaterales y la actividad diplomática bilateral siempre han puesto en alto a México en el exterior y han favorecido el intercambio comercial, la construcción de nuevas alianzas y el fortalecimiento del liderazgo de nuestra política exterior.
Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener la política exterior en un bajo perfil y dejarla en un segundo plano. A un año de gobierno, el Ejecutivo no ha realizado ningún viaje a otro Estado ni ha acudido a reuniones de Alto Nivel en los foros multilaterales. México ha quedado eclipsado en el escenario internacional y otros países han tomado la iniciativa y el liderazgo en temas en los que nuestro país ya no participa.
Foros como el G-20, la OCDE y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que son relevantes para la política exterior del país y el intercambio comercial de México han quedado abandonados por el Ejecutivo, mandando en su lugar a representantes.
El actuar de este Gobierno en los asuntos de América Latina ha desaparecido el liderazgo de México en la región, alejando a nuestro país de sus principales socios en el hemisferio sur. Las decisiones tomadas en relación a las crisis políticas en Honduras, Venezuela y Bolivia han dejado sólo a México dentro de la OEA.
Al eclipsar la política exterior y ejercerla en la opacidad, los mexicanos no sabemos si se están haciendo acuerdos secretos con países como Estados Unidos o si los acuerdos logrados con otros Estados convienen a nuestros intereses o dejan a México en una posición de desventaja. No sabemos si los compromisos adquiridos en foros internacionales se están cumpliendo o si las políticas implementadas al interior de nuestro país son congruentes con los mismos.
Basta señalar que, a raíz de la política energética implementada por este Gobierno, se ha disminuido el apoyo para la generación de energías limpias y sustentables en favor de los combustibles fósiles. Esto no sólo constituye un atentado hacia el medio ambiente y la salud de los mexicanos, sino que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el combate al cambio climático. La ONU ya ha advertido sobre un retroceso en materia ambiental.
Por ejemplo, a los mexicanos nos gustaría saber, cuáles son los avances alcanzados y los compromisos que se han contraído en los diferentes foros multilaterales de alto nivel y las Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas a las que se ha asistido en los últimos años y en todos los ámbitos, así como la posición que tendrá México en las próximas reuniones, entre estas:
• Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a cuyo periodo de sesiones del presente año no asistió el Ejecutivo Federal.
• Las reuniones, asambleas y consultas de los diferentes organismos especializados y órganos subsidiarios de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación u la Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.
• Las reuniones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
• Las reuniones y sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
• El Foro Económico Mundial, cuya cumbre se realiza en enero de cada año y a la que negó su asistencia el Ejecutivo Federal en el presente año.
• Las reuniones del Grupo de los 20, a la que tampoco acudió el Ejecutivo Federal en su edición 2019.
• Las diferentes Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático, donde México ha contraído compromisos importantes y cuya próxima reunión (COP25) se celebra del 2 al 13 de diciembre de este año en Madrid, España.
• Las Conferencias de las Partes sobre la Diversidad Biológica, cuya próxima reunión (COP15) se celebrará en China el próximo año.
• Las Conferencias de las Partes contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se tratan temas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
• Las Conferencias de las Partes para el Control del Tabaco cuya última conferencia (COP8), fue celebrada en octubre de 2018 en Ginebra, Suiza. Este tema resulta de gran importancia ante la crisis de muertes por tabaco por la que pasa actualmente nuestro país.
• El papel que México tendrá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, para el periodo 2021-2022, en caso de ser elegido.
En el exterior, la sociedad internacional ve con decepción la ausencia de nuestro país de las discusiones globales prioritarias, así como el posible incumplimiento de sus compromisos internacionales.
Hasta ahora, el actual gobierno no ha dado la importancia que reviste la política exterior para nuestro país y, con el tiempo, esto puede tener implicaciones negativas para el desarrollo económico y social de México.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, para que transparente y garantice el acceso a la información de todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en los distintos foros y reuniones internacionales, así como los avances de los compromisos contraídos durante esta administración.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de diciembre de 2019.
Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SNTE a renovar su dirigencia nacional e introducir adecuaciones estatutarias para garantizar los derechos magisteriales de participación y representación y ampliar los ámbitos de la vida democrática en el gremio, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que la reforma a la Ley Federa de los Trabajadores al Servicio del Estado aprobada, publicada y vigente desde el pasado 1 de mayo, es una de las más relevantes desde la creación de la misma, para lograr plena Justicia y Democracia Sindical de los Trabajadores de la Federación en todo el país.
2. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, además de ser una Organización de Interés Público Nacional, es el gremio que mayor número de trabajadores federales agrupa en el país, y de ahí su representatividad, relevancia y ejemplo para dar plena vigencia a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, mismo que establece el formato democrático-electivo que deberá prevalecer en todos los sindicatos que aglutinen a trabajadores de servicio público en el país.
3. Que, con ello, se materializa lo suscrito en el convenio 98 de la OIT, ampliando la libertad sindical y fortaleciendo los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
4. Que, si bien el Sindicato tiene derecho a establecer la forma en que se puede estructurar su forma de gobierno y de representatividad nacional, sus estatutos y demás formatos, aun con las enmiendas realizadas el pasado mes de marzo (previas a la Reforma Legal y Constitucional), no pueden estar por encima de lo que establece la Ley en materia de derechos sindicales, ni en la forma en la que regirá su vida democrática.
5. Que, al ser un Sindicato Nacional que representa a los trabajadores de la educación frente a su empleador, que es el Estado Mexicano por la vía del Gobierno Federal, sus órganos de dirigencia no pueden ser electos a través de Delegados Seccionales, porque, además, las Secciones Sindicales carecen de independencia administrativa y presupuestal, ya que no perciben de manera directa las cuotas sindicales de los agremiados. Bajo esa perspectiva, las Secciones Sindicales son órganos intermediarios de operación y representación.
6. Que, a más tardar el próximo mes de mayo, la representación sindical nacional deberá comparecer ante las autoridades del Ejecutivo federal para la revisión y ajustes contractuales y de prestaciones de los trabajadores de la educación al servicio del Estado; y, por tanto, es menester que dicha representatividad se encuentre debidamente avalada con el nuevo formato a que obliga la Ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por ser una organización de interés público nacional, y el gremio que mayor número de trabajadores al servicio del Estado agrupa, a la urgente renovación de su dirigencia nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reformada y vigente a partir del pasado 1 de mayo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a realizar las adecuaciones estatutarias internas, que garanticen los derechos de participación y representación de los trabajadores de la educación en el país, y amplíen los ámbitos de la vida democrática al interior del gremio.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que, en un plazo no mayor a cuatro meses, emita la convocatoria respectiva y notifique al tribunal federal de conciliación y arbitraje con la finalidad de que este órgano puede verificar y validar los comicios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a atender y evitar los casos de negligencia médica presentados en la república, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La violencia obstétrica es una forma de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud, públicos y privados, en ella confluyen la violencia de género. Durante la atención del parto, este tipo de violencia contra las mujeres comprende regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación del tratamiento, interviene también la discriminación de servicios, como:
- Negación de la asistencia oportuna.
- Aplazamiento de la atención médica urgente.
- Indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos
- No consultar o informar a las pacientes sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto.
- El manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo.
- La coacción para obtener su “consentimiento” de realizar otros procedimientos quirúrgicos.
En estos momentos se está atendiendo a la derechohabiente Jadelin González Cervantes, en el Hospital General Regional de Charo, Michoacán, pues le fue negada la atención en la clínica del IMSS de Pedernales, municipio de Tacámbaro, Michoacán.
No podemos permitir que esta forma de violencia contra la mujer se presente en los hospitales públicos de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social a atender y evitar los casos de negligencia médica que se han presentado en diversos estados de la República.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Mesa Directiva de esta soberanía a implantar acciones para evitar la toma y el bloqueo de las instalaciones del recinto, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados a implementar acciones a fin de que se evite la toma y bloqueo de las instalaciones de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes
Consideraciones
En toda democracia, la sede de un Congreso no es solo el inmueble en el que diariamente laboran los integrantes del mismo y sus colaboradores junto con las áreas administrativas; es también, el lugar donde reside uno de los Poderes de la Unión y, por ende, es la manifestación más clara y tangible de la representación social y de la voluntad popular, ejercida por medio del sufragio cada cierto tiempo y acorde a las reglas electivas de cada país.
En nuestro país, en la sede de la Cámara de Diputados laboran los parlamentarios, sus asesores y asistentes, investigadores y especialistas que conforman las comisiones de dictamen y los centros de estudios, el personal de las áreas administrativas y de gobierno, el personal de base, estudiantes de servicio social y prácticas profesionales y demás personal fundamental para la vida orgánica del Poder Legislativo; asimismo, diariamente recibe cientos de ciudadanas y ciudadanos en un esquema de audiencia para resolver sus problemas y su Museo Legislativo recibe a estudiantes de distintos niveles de escolaridad, así como la visita de diplomáticos y autoridades y en general de toda persona que se encuentra de manera permanente o temporal en la dinámica legislativa de la Cámara de Diputados, siendo aproximadamente 8 mil personas, lo anterior documentado de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos mediante oficios DGRH/LXIV/2298/2019 y LXIV/DGRMS/1613/2019.
Por tanto, en el inmueble que es sede de la Cámara de Diputados, la gran mayoría de quienes se encuentran en sus instalaciones, no son legisladores, son mexicanas y mexicanos que acuden a este Poder de la Unión para buscar resolver una necesidad, atender el problema de su localidad, para laborar ahí o simplemente, para conocer el quehacer legislativo en un entorno que debiera ser seguro y con plena libertad para entrar y salir por ser considerado la casa del pueblo.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años, vemos con preocupación que distintos grupos organizados acuden a las instalaciones de la Cámara de Diputados para realizar exigencias de distinta índole y han aplicado como medio de diálogo e interlocución, no el acuerdo ni la voluntad sino la fuerza y de manera irracional y premeditada, bloquean las vialidades, los entornos y los accesos de entrada y salida de la casa del pueblo.
Esta situación -misma que se agudiza durante la etapa de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación- afecta gravemente a los legisladores que deben permanecer en el interior del recinto durante largos periodos de tiempo como consecuencia de este verdadero secuestro disfrazado de exigencia social, afectando la productividad legislativa pues es de todos sabido que el trabajo de un legislador se lleva a cabo no solo en las instalaciones del recinto.
De esta manera, al alterar gravemente el trabajo de los diputados y sus agendas de compromisos, se perjudica a los ciudadanos que utilizaron de manera responsable y racional, los canales institucionales de gestión para resolver sus necesidades y cuyos asuntos no podrán ser atendidos por sus representados al estar en una situación de encierro afectando su dinámica laboral.
Sin embargo, la mayor afectación es para los trabajadores que laboran en las instalaciones de la Cámara de Diputados pues al quedar secuestrados por estos grupos de choque, no pueden realizar sus actividades laborales y extra laborales, no pueden tener acceso a alimentos, al traslado a sus hogares, a recoger a sus hijas e hijos en las escuelas, a tener un horario de trabajo que les permita mantener una calidad de vida acorde a las importantes exigencias que se dan en el ambiente parlamentario.
Afectación que se incrementa cuando se trata de colaboradoras y colaboradores que son personas adultas mayores, tienen algún grado de discapacidad o padecen alguna enfermedad que requiera de la ingesta de medicamentos.
Lo que es una realidad es que a lo largo de los años esta práctica nociva se ha vuelto un uso y costumbre pues quienes laboran en la Cámara y para quienes habitan sus alrededores ya es cotidiano que a partir del mes de agosto los retenes se incrementan, los bloqueos permanecen mucho más tiempo, los grupos sociales que se manifiestan se tornan más violentos y cada año radicalizan sus métodos de presión.
Este año, ese medio de presión se intensificó pues por lo menos en tres ocasiones los diputados hemos padecido la violación a nuestra garantía constitucional de libre tránsito y se nos ha afectado nuestro derecho a la movilidad pues nos hemos visto literalmente, impedidos de salir de las instalaciones de la Cámara de Diputados en una situación que claramente se configura como privación ilegal de la libertas, y en algunos casos hasta secuestro, entendiéndose que hasta que cumplan las demandas de los manifestantes, se realizará la liberación de vialidades e instalaciones de la Cámara de Diputados.
Se trata, a todas luces de una privación ilegal de la libertad pues se retiene contra su voluntad a los miles de personas que laboran en la Cámara de Diputados con la finalidad de generar un mecanismo de presión que les genere un beneficio -lucro- a quien lo realiza. Aunado a lo anterior, esta práctica la realizan a plena luz del día, con total impunidad y permisividad de las autoridades y lo han convertido en un perverso uso y costumbre para obtener las prebendas anuales.
Este grave hecho se ha venido normalizando con el paso de los años y lamentablemente esta Cámara de Diputados, al no actuar a tiempo y conforme le mandata la legislación aplicable, manda un peligroso mensaje de impunidad social al tolerar conductas cada vez más radicales.
Por su parte, es obligación de la Mesa Directiva el velar por la integridad y seguridad de esta Cámara y de quienes la integramos, -legisladoras y legisladores así como personal de apoyo y visitantes- por lo que es preciso exigir por parte de quienes somos directamente afectados, que asuma su responsabilidad e implemente las acciones de coordinación y colaboración con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y en su caso del orden federal, a fin de que se garantice la libertad y se evite una vez más el secuestro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro y de todas y cada una de las personas que realizamos nuestras funciones en él.
Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena manifestamos nuestra preocupación y elevamos nuestra exigencia a la Mesa Directiva a fin de que, en el ejercicio de sus atribuciones, establezca esquemas de colaboración con las autoridades, así como acciones contundentes y definitivas, a fin de que se eviten situaciones que pongan en riesgo a las personas como consecuencia del secuestro de la Cámara de Diputados.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, exhortamos a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados a implementar acciones enérgicas y definitivas, así como los esquemas de colaboración con las autoridades locales y federales que corresponda, a fin de que se evite y se erradique la práctica de bloqueo de las instalaciones y de los trabajadores que laboran en la Cámara de Diputados, práctica que perjudica gravemente la actividad y productividad parlamentaria, así como la libertad y la calidad de vida de todas y cada una de las personas que se encuentran en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a no aprobar por la Semovi el incremento de las tarifas del transporte público e implantar medidas y acciones para cumplir el compromiso adquirido por él en 2017 respecto a modernizar el sector y garantizar la seguridad de usuarios y choferes, suscrita por el diputado Marco Antonio González Reyes e integrantes mexiquenses del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, diputados federales del estado de México, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“Ya sea al trabajo, la escuela o de compras, constantemente utilizamos diferentes medios de transporte para llegar a nuestro destino y en ello invertimos una parte de nuestros ingresos.
El estudio La Unión Europea en el mundo, 2015, realizado por Eurostat, la oficina europea de estadísticas, reveló que México gasta más en transporte en comparación con países de Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil o Japón.
Es decir, los hogares mexicanos destinan una cantidad mayor de sus ingresos en este rubro que hogares en otros lugares del mundo.
El equipo de información de propiedades.com se dio a la tarea de revisar cuanto de nuestro gasto destinamos a transporte y cuál es el porcentaje de nuestros ingresos que se va en boletos del metro, vehículos particulares o camiones y esto fue lo que encontramos.
Los hogares mexicanos reservan para transporte 18.78 por ciento de sus gastos, que incluyen ropa, alimentos, bebidas o servicios, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014, del Inegi.
En promedio, 12.51 por ciento de los ingresos de los hogares mexicanos se destina al transporte. Los de menor ingreso mensual más gastan en ello, alrededor de 13.72, mientras que los de mayor ingreso menos destinan a este rubro, 11.22.
Además, la mayoría de los hogares mexicanos reservan para transporte público un porcentaje mayor que el destinado para vehículos particulares, refacciones, mantenimiento o comunicaciones.
Ulises Navarro destaca que los deciles más bajos gastan mucho más proporcionalmente en transporte porque suelen vivir más lejos de los centros de trabajo y aunque utilicen el transporte público, combinan diferentes medios de transporte, como camiones, Metro, combi o Tren Suburbano, además de que invierten el doble de tiempo en trasladarse”.1
El transporte público en el estado de México es considerado uno de los más caros e inseguros del país, pues en promedio un usuario gasta entre 75 y 85 pesos al día para poder trasladarse al trabajo, mientras que un estudiante gasta entre 50 y 60 pesos diarios de la casa al plantel educativo, por ejemplificar:
“Un habitante de Cuautitlán Izcalli labora en la zona cercana a la colonia Del Valle, Ciudad de México. Los transportes que debería utilizar para llegar desde casa hasta esa zona serían una combi, el Tren Suburbano y el Metrobús.
Sumando lo gastado en estos tres, al mes destinaría un aproximado de entre mil 450 y mil 500 pesos, aunado a que el salario promedio de un mexicano es de 5 mil 528 pesos, esta persona gastaría 27 por ciento del salario para ir de casa al trabajo y viceversa”.2
Asimismo, necesitamos se modernice este sector, ya que urge en el Estado de México, un transporte público con energías renovables, que sean lo suficientemente eficientes y económicos.
“La degradación ambiental es una de las mayores amenazas que se están observando en el mundo actual. Este problema puede ocurrir de varias maneras. En el momento en que los entornos se destruyen o se agotan los activos comunes, se considera que el ambiente está corrompido y dañado.
Para contrarrestar esto hay varias técnicas, incluidas soluciones ambientales y la protección de los recursos naturales.
Los problemas ambientales se ven por los efectos ecológicos de largo plazo, algunos de los cuales pueden demoler entornos enteros”.3
“En materia de emisiones, de acuerdo con el Inventario Nacional de GEI, emitido por el INECC en 2015 con datos de 2013, México genera 1.4 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Por sector, contribuyen con 26.2 por ciento el transporte, 19 la generación eléctrica, 17.3 la industria, 12.1 el petróleo y gas, 12 agropecuario, 4., el uso de suelo, 4.6 los residuos y 3.9 el residencial”.4
Sumado a esto, son de resaltar las promesas incumplidas en el transporte del estado de México.
“Durante varios periodos de gobiernos del Estado de México se acumula una larga lista de promesas no cumplidas en materia de movilidad y transporte público. En resumen, son tres obras públicas las que siguen en proceso sin que exista claridad de su conclusión en el estado de México:
1. El inicio de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en 2014.
2. La línea 4 del Mexibús, la obra se inició en 2014, en el gobierno de Eruviel Ávila.
3. Dos nuevas líneas de Mexicable, anunciadas como parte de las 14 medidas para reducir la contaminación después de la contingencia de mayo en el valle de México, aún no inician las obras.
Un buen funcionamiento y aplicación del transporte público no sólo garantiza mejor movilidad, además implica una lista de beneficios urgentes para la sociedad y para el medio ambiente. ¿Qué va a mejorar con estos medios de transporte terminados? El flujo en el tránsito por la reducción del uso del automóvil, la movilidad de los usuarios, con la reducción de su tiempo de traslados y, por tanto, la calidad del aire que respiramos todos.
En una entidad como el estado de México, donde la calidad del aire llega a un nivel de contaminación alarmante, es indispensable exigir claridad en el término de estás obras públicas”.5
Ahora bien, si hablamos en temas de seguridad ciudadana, durante todo el 2018, en la entidad se cometieron 9 mil robos en transporte público aproximadamente, es decir, un promedio de 25 asaltos diarios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello se considera uno de los transportes públicos más caros e inseguros del país.
“El estado de México es una de las entidades más afectadas por el robo a transporte público, en particular en los municipios conurbados con la Ciudad de México.
De 2015 a 2018, el robo a transporte público se incrementó 700 por ciento en Nezahualcóyotl, 234 en La Paz y 219 en Chimalhuacán, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este tipo de delito es muy sensible para la población que durante sus trayectos cotidianos ve afectado su patrimonio e integridad física, lo que además de generar una molestia social, incrementa la percepción de inseguridad en la zona donde se registran los robos”6
En la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se señala que en lo que va de 2019 se han cometido en la entidad 7 mil 587 robos en transporte público colectivo, de los cuales 7 mil 533 han sido con violencia.7
“Es de recordar que dicha incidencia delictiva se refiere únicamente a la presunta ocurrencia de delitos reportados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas; es decir, estas cifras presentadas excluyen a los ciudadanos que son víctimas de mencionado delito y que deciden no denunciar.
En los últimos meses se ha incrementado el delito de extorsión contra los transportistas de la entidad, y han llegado al punto de quemar unidades de transporte de pasajeros, agresiones físicas y asesinatos a choferes. Pese a los posicionamientos y las acciones que han propuesto las autoridades mexiquenses, los resultados han sido deficientes para garantizar a los choferes y los pasajeros seguridad en el transporte.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, desde mayo han aumentado los casos de combis incendiadas y abandonadas en avenidas principales, el modus consiste en ir en un grupo de varios hombres armados, usar combustible y quemar la unidad para obligar a los choferes a pagar una cuota por transitar por la calles, así mismo es de importancia señalar que las rutas más afectadas son las que corren de Tecámac a Ecatepec, si los choferes se niegan a pagar la cuota sus vehículos sufren las consecuencias”.8
Por citar algún ejemplo, de acuerdo con el periódico Milenio, el pasado 25 de julio dos camionetas de transporte público fueron incendiadas en Tecámac, México, presuntamente por grupos extorsionadores, de acuerdo con lo informado por la policía local.9
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que la entidad mexiquense presenta en general una cifra de mil 891 delitos por extorsión en lo que va de 2019.10
Y es de mencionar los diversos bloqueos que han realizado choferes de distintas rutas en varios municipios del estado de México, exigiendo seguridad y justicia por las muertes de sus compañeros.
Ahora bien, la situación laboral de los operadores de unidades sigue siendo la misma. Carente de garantías y de prestaciones, se debe reconocer que existe la necesidad de brindarles prestaciones de ley y poder cambiar sus condiciones de trabajo. No cuentan con salario fijo, no hay pago de horas extra, están sin seguridad social, no aportan al Infonavit y, en algunos casos, ni tiempo tienen para tomar sus alimentos.
Por ello es responsabilidad del Estado implantar acciones para generar condiciones óptimas de trabajo a los choferes de transporte público.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en su artículo 33 fracciones IV, VII y X dispone que la Secretaría de Movilidad es la dependencia encargada de autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias al igual que ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales y señalar la forma de identificación de los vehículos afectos al servicio público de transporte, así también, autorizar y modificar las tarifas a que se sujete el servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de colectivo y mixto, así como determinar el medio a través del cual los usuarios realizarán el pago de la misma y los dispositivos con que deberán contar los concesionarios para recabarla.11
El Código Administrativo del Estado de México confirma en el artículo 7.25 las funciones señaladas: “La Secretaría de Movilidad podrá autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales, y señalar la forma de identificación de los vehículos, siempre en atención a la satisfactoria prestación del servicio y a las necesidades públicas”.12
El 1 de septiembre del 2017, la Secretaria de Movilidad emitió la última actualización en cuanto a las tarifas para el transporte público en la entidad mexiquense:13
Fue autorizado un aumento de tarifas de 25 por ciento aproximadamente, con el compromiso de brindar al usuario un servicio de calidad y favorecer la modernización del sector, compromiso que, a la fecha no sea cumplido.
Los incrementos de tarifa no han sido claros, ya que de 2017 a la fecha no se han visto mejoras en el servicio, no se puede considerar como una mejora del sistema de transporte actual cuando las unidades se encuentran en pésimas condiciones, en algunos casos no tienen los asientos completos, algunas unidades pasan de los 10 años de antigüedad y no cuentan con cámaras de seguridad.
Las autoridades del estado de México han hecho caso omiso a las necesidades de la población, no hay justificación para un incremento en las tarifas del servicio de transporte público y para justificar negligencias o corrupción, señalan que los transportistas son quienes piden incremento entre 38 y 45 por ciento, quedando el pasaje mínimo de 10.00 a 14.50 pesos aproximadamente.
Por ello se hace el llamado a las autoridades mexiquenses para que atiendan con la mayor brevedad el asunto que hoy nos ocupa y que con las medidas que implanten se eviten incrementos, que afectan directamente los bolsillos de los usuarios del transporte público en el estado de México.
Por los elementos expuestos se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad, reconsidere no aprobar el incremento de las tarifas del transporte público en la entidad y se evite afectar la economía de los mexiquenses.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad, cumpla los compromisos asumidos después del aumento de las tarifas en el transporte público en 2017, con brindar un servicio de calidad y favorecer la modernización del sector, ya que es urgente contar con movilidad eficiente, segura y sustentable.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con autoridades de los 125 municipios, implante medidas y acciones que garanticen la seguridad de los usuarios y los choferes.
Notas
1 Cónfer Propiedades.com blog “¿Cuánto gastan los mexicanos en transporte?”, 6 de junio de 2016, http://propiedades.com/blog/arquitecura-y-urbanismo/cuanto-gastan-los-m exicanos-transporte Consultado el 9 de diciembre de 2019.
2 Cónfer “Dinero en imagen”, en Excélsior, *livm, https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/cuanto-gastan-los-mexicanos-en -transporte-publico/98666 Consultado 9 de diciembre de 2019.
3 Cónfer Quimtia Industrial, “Medio ambiente, ecología y medio ambiente”, 2018. Disponible en http://www.quimtiamedioambiente.com/blog/causas-efectos-degradacion-amb iental/
4 Cónfer Tribuna de los Cabos, 4 de noviembre de 2016, “México y su compromiso con el medio ambiente”. Disponible en
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/mexico-y-su-comprom iso-con-el-medio-ambiente/
5 Cónfer Las promesas incumplidas en transporte del estado de México, por Abril Dávila, agosto 16 de 2019, https://www.greenpeace.org/mexico/blog/3073/las-promesas-incumplidas-en -transporte-del-estado-de-mexico/
6 Cónfer “Robo en transporte público en el Edomex aumentó 700 por ciento en tres años”,
https://www.animalpolitico.com/2019/11/robo-transporte-p ublico-edomex-municipios/ Consultado el 9 de diciembre de 2019.
7 Cónfer Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Actualizado al 20 de noviembre de 2019,
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/
incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published Consultado el 9 de diciembre de 2019.
8 Cónfer https://letraroja.com/index.php/extorsionadores-de-tecamac-asesinan-cho feres-y-queman-combis/ Consultado el 9 de diciembre de 2019.
9 Cónfer https://www.milenio.com/policia/presuntos-extorsionadores-queman-2-comb is-tecamac Consultado el 9 de diciembre de 2019.
10 Ibídem, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
11 Cónfer Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, disponible en
http://juntatoluca.edomex.gob.mx/sites/juntatoluca.edomex.gob.mx/files/files/
LEY_ORGANICA_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DEL_ESTADO_DE_MEXICO.pdf
12 Código Administrativo del Estado de México, septiembre de 2001, disponible en http://probosque.edomex.gob.mx/sites/probosque.edomex.gob.mx/files/file s/marcoJuridico/codigoAdministrativoDelEstadoDeMexico.pdf
13 Cónfer Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno, número 0011021, Toluca de Lerdo, México, 8 septiembre de 2017. Consultado en
https://smovilidad.edomex.gob.mx/sites/smovilidad.edomex .gob.mx/files/files/pdf/sep084.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputados: Marco Antonio González Reyes, Gustavo Contreras Montes, Socorro Bahena Jiménez, María Teresa Mora Ríos, Juana Carrillo Luna, Karla Almazán Burgos, Nelly Carrasco Godínez, Edith Marisol Mercado Torres, María Guadalupe Román Ávila, Susana Cano González, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Rafael Arvizu de la Luz, Alejandro Viedma Velázquez, Raúl Sánchez Barrales, César Agustín Hernández Pérez, Sergio Pérez Hernández, Martha Robles Ortiz, Graciela Sánchez Ortiz, Delfino López Aparicio, Carolina García Aguilar, Juan Ángel Bautista Bravo, Marco Antonio Reyes Colín, David Orihuela Nava, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, María Eugenia Hernández Pérez, Daniel Abasolo Sánchez, Alma Delia Navarrete Rivera, Édgar Arenas Madrigal (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a realizar acciones para que se publique en el DOF la ENAPI, suscrita por el diputado Marco Antonio González Reyes e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, diputados federales del estado de México, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para el Estado mexicano, lo que se ha traducido en el reconocimiento y ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) incorpora el derecho que tiene la infancia, de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
A efecto de garantizar lo anterior, a través de la reforma al artículo 4o. constitucional, publicada el 7 de abril del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares a fin de coadyuvar al cumplimiento de los derechos de las niñas y niños.
Tal disposición permitió que, el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se busca asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y socialmente, en condiciones de equidad.
Posteriormente, el 12 de octubre de 2011 se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una al artículo 4o. que adicionó el principio del interés superior de la niñez y, la segunda, al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes en la materia. Esas reformas constituyeron un avance importante en el reconocimiento y abordaje de los temas de niñez y adolescencia, al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo de acuerdo a su artículo 1o. es:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y
V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.
Como es posible advertir, el Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su pleno desarrollo, creando un marco jurídico y un andamiaje institucional, como lo es el propio Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene por objetivo el diseño e instrumentación de políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de que todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ello impulsó sin lugar a dudas, un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.
Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente el pleno ejercicio de sus derechos, para ilustrar lo anterior basta mencionar que:
Con base en la medición realizada por Coneval (2018), 52.4 millones de personas viven en condición de pobreza, es decir, el 41.9 por ciento de la población. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes enfrentan condiciones aún más adversas. Del año 2012 al año 2018 las niñas, niños y adolescentes han sido 30 por ciento más pobres que la población de 18 años o más. Las niñas y niños menores de 6 años son más vulnerables a encontrarse en situación de pobreza. Además de que las niñas, niños y adolescentes indígenas (hogares indígenas) fueron 83.8 por ciento más pobres que el total de la población.
En este sentido, se reconoce la necesidad de que la atención a la primera infancia demanda un trabajo intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articule el desarrollo de planes, programas y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y niño, de acuerdo a su edad, contexto y condición.
Es por ello que en la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, entre sus diversos contenidos incorporó a la educación inicial como derecho de la primera infancia y encomendó al Ejecutivo federal integrar una Estrategia Nacional para la Atención de la Primera Infancia. En el artículo transitorio décimo segundo de dicha reforma se establece que:
“Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia , en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento.”
En esta tesitura, después de un arduo trabajo de colaboración y coordinación entre diversas dependencias de la administración pública y con la valiosa experiencia y aportaciones de diversos sectores, el pasado 13 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que fue mandatada por la reforma constitucional referida, la cual representa el punto de partida para el diseño, ejecución y seguimiento de diversas políticas públicas que el Estado mexicano deberá implementar para atender las realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y niños desde los cero a los seis años. Su objetivo es “garantizar a niñas y niños menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia; atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, etnias y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.”
Esta Estrategia Nacional recoge los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) respecto a la expedición de una política integral para el desarrollo de la primera infancia. El documento reconoce a la primera infancia como “un asunto de Estado”, lo cual implica el “cambio de rumbo en las políticas” actuales para lograr la integralidad y la atención multisectorial.
Desde este enfoque, establece las bases para las siguientes políticas sectoriales que se tendrán que expedir a partir de esta Estrategia “bajo una lógica colaborativa” entre la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar, ya que se tienen que cubrir 4 ejes estratégicos:
I. Salud y Nutrición;
II. Educación y Cuidados;
III. Protección; y
IV. Bienestar.
Desde luego sin prescindir de un elemento fundamental: la corresponsabilidad de madres, padres, tutores y cuidadores ya que el Estado mexicano se ha comprometido tanto interna como externamente a proteger a la niñez de aquellas prácticas que atentan en contra de su dignidad y su desarrollo.
Es de destacarse un elemento novedoso de la estrategia, que le imprime un sello particular y distintivo de otros esfuerzos gubernamentales, y es el reconocimiento a la importancia de la territorialidad, es decir a la articulación para la implementación en el territorio de las políticas, programas y servicios tanto nacionales como locales, mediante la participación y contribución proactiva de actores locales. Es decir, se trata de garantizar que, en cada colonia, comunidad y poblado del país, por remoto que se encuentre, se garanticen las atenciones integrales a la población de primera infancia que ahí habita.
Por lo anterior, el Congreso reconoce los esfuerzos de todos los actores que participaron en la construcción de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), pues sin lugar a dudas representa una oportunidad sin precedentes para contar con una verdadera política de Estado para la atención a la primera infancia que materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de niñas y niños en esta etapa tan importante de su vida para su desarrollo.
A fin de consolidar estos avances y abordar de manera integral los retos que enfrenta la primera infancia en México, es importante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (quien coordina la Comisión para la Primera Infancia), realicen las gestiones administrativas conducentes para que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) sea publicada a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para impulsar no sólo su máxima difusión entre los diversos actores de los sectores público, privado y social que intervienen en su implementación, seguimiento y evaluación a nivel federal, estatal y municipal; sino facilitar y consolidar los mecanismos de coordinación entre ellos a partir del reconocimiento puntual de las responsabilidades y compromisos para el cumplimiento de los ejes rectores, líneas de acción y resultados prioritarios, con el objetivo fundamental de avanzar en la intervención puntual por parte del Estado en su conjunto con la firme colaboración de la sociedad, para resolver los problemas que aquejan a la primera infancia a partir de un enfoque integral que tome en cuenta los derechos y el desarrollo pleno de las niñas y niños del país.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (coordinadora de la Comisión para la Primera Infancia), para que de manera coordinada realicen las acciones administrativas conducentes, para la pronta publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a fin de fortalecer la obligatoriedad y responsabilidad de las dependencias que participan en ella, que asegure su implementación en todo el territorio del país favor de los derechos de niñas y niños de primera infancia de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2019.
Diputados:
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