Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5417-V, jueves 5 de diciembre de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a dar seguimiento a la recomendación 005/2018; y a la CEAV, a resolver la reparación integral del daño a David Vargas Araujo, con números de registro RENAVI/16672/2018 y REFEVI/CEAV/9/15919/2018, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena
María del Rosario Merlín García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de este Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el señor David Vargas Araujo fue detenido injustamente por la Policía Federal y por agentes del Ministerio Público de la Federación de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el 17 de mayo de 2013, en la ciudad de Oaxaca y acusado falsamente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Estando encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, por 5 años 7 meses. Fue liberado el 28 de diciembre del 2018.
En el momento de su detención se desempeñaba en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión como asesor en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Aquí promovía proyectos productivos para la población vulnerable o de escasos recursos. De igual forma, realizaba los trámites correspondientes a dichos proyectos ante diversas instancias, municipales, estatales y federales.
Segunda. David Vargas Araujo fue detenido arbitrariamente e ilegalmente y estuvo durante 2 días desaparecido y torturado por 5 días; un día en las oficinas de la Policía Federal de la ciudad de Oaxaca y los otros en las oficinas y sótanos de la SEIDO de la Procuraduría General de la República. Torturado hasta casi morirse. Tortura donde se implementó toda la metodología de la escuela de fabricación de culpables, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte fueron parte de este caso ominoso e impune.
Tortura donde se impuso las bolsas de plástico para asfixiarlo por casi una docena de veces, lo que producía que tuviera un sin fin de desmayos. Tortura donde le aplicaron muchas veces toques eléctricos en los testículos, lo cual tenía como consecuencia desmayos y estar al borde de la muerte. En estos desmayos fue inyectado cinco veces en la parte izquierda de la espalda para resucitarlo, inyección conocida entre los torturadores como la “la levanta muertos”.
En el momento de su traslado en un avión de la Policía Federal de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México la tortura continuó, hincándolo en la puerta de emergencia, sobre la amenaza de que se hiciera culpable de un secuestro que nunca cometió y si no se autoincriminaba lo iban a aventar del avión. Como en los tiempos de la guerra sucia el señor David Vargas Araujo sufrió los famosos “Vuelos de la Muerte”.
En los demás días, las oficinas y los sótanos de la SEIDO fueron el escenario para continuar con la tortura. Continuando esposado de pies y manos. El dolor físico y psicológico, los golpes y las amenazas a su familia, de que las iban a violar y matar frente a él, fueron parte del interrogatorio, que incluía preguntas de carácter político.
El único delito del señor David Vargas Araujo fue el de ser un luchador social y tener un pensamiento de izquierda desde sus 14 años. Ideas que fueron aprendidas en su natal Chiapa de Corzo, Chiapas.
Tercera. El señor David Vargas Araujo desde hace más de 30 años sufre una afección cardiaca, que es una cardiopatía hipertrófica en el ventrículo izquierdo, siendo paciente desde ese tiempo por el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, teniendo su registro con el número 258255. Dada la falta de atención médica a su enfermedad en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y desde luego por la tortura, por las violaciones a sus derechos humanos, y por los tratos crueles, degradantes e inhumanos, tuvo un infarto el 8 de octubre del 2018 en la cárcel. Esto provocó que el día de hoy el padecimiento no sólo tenga un sólido diagnóstico, sino que esta enfermedad se ha profundizado debido a la falta de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y desde luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La cardiopatía representa además una carga económica adicional. Debido a los estudios médicos que debe realizarse y los medicamentos que debe comprar para sobrevivir, los cuales alcanzan los 5 mil pesos mensuales, así como los estudios que él lo sigue pagando.
Por tortura y el encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, se suma otra enfermedad que es el estrés postraumático crónico, la cual fue definida y determinada por el Protocolo de Estambul. Esta enfermedad le fue diagnosticada por el psiquiatra del penal de Puente Grande, por la coordinadora de psicología del mismo penal, en febrero del 2014. Hoy se atiende en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente”.
Cuarta. Su libertad se dio gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de diciembre de 2018. El señor David Vargas fue el primero de la lista de los presos políticos que el presidente de la República definió para que, junto a los maestros de la sección 22 de la CNTE, que estaban en el mismo proceso jurídico, obtuvieran su libertad.
Para que esto sucediera, el fiscal Gertz Manero se desistió de la acción penal y por consiguiente la libertad se pudo llevar acabo.
Quinta. A casi un año de su libertad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no le ha dado cumplimiento y seguimiento a la Recomendación 5/2018 y, por la tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido omisa, negligente, discriminatoria, revictimizante, burocrática e inhumana, haciendo que la reparación integral del daño del señor David Vargas Araujo se encuentre detenida en un limbo burocrático. Esto ocasiona que el señor David Vargas Araujo no reciba la ayuda que estipula la Ley General de Víctimas, la cual le corresponde por derecho.
Por el contrario, esta ley ha sido violada por la propia CEAV. Ley que le dio vida y origen a la CEAV, la viola constantemente y por consiguiente el señor David Vargas Araujo ha visto afectada su salud y economía de manera profunda e irreversible. El deterioro de su salud sigue avanzando; el deterioro por la cardiopatía que sufre hoy viene acompañado desgraciadamente con el riesgo de muerte súbita.
Sexta. La legislación mexicana en la materia protege a las víctimas como el señor David Vargas Araujo mediante el artículo 1o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los artículos 8, 28, 29, 30, 44 y 60 de la Ley General de Víctimas. Más aún, consideramos que este gobierno ha demostrado continuamente su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la justicia.
Séptima. La Recomendación de la CNDH 5/2018, que es por violaciones a los derechos humanos; por retención ilegal; por detención arbitraria; por desaparición forzada; a la integridad personal por uso excesiva de la fuerza; por violación a la seguridad jurídica; por exhibición indebida de las fotografías en los medios de comunicación en la CDMX, y en el estado de Oaxaca, y por la falsedad del parte informativo de la Policía Federal.
El señor David Vargas Araujo cuenta con número de registro de RENAVI/16672/2018 y de REFEVI/CEAV/9/15919/2018 para su reparación integral del daño.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, de conformidad a lo que establece la legislación aplicable, emita a la brevedad posible el seguimiento y la concreción de la Recomendación 05/2018, para que el señor David Vargas Araujo se le otorgue una justicia pronta, imparcial y expedita, y que le sea garantizado su derecho a la verdad, la reparación del daño, y las medidas de no repetición, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que de conformidad a lo que establece la legislación aplicable y dado que en términos administrativos el señor David Vargas Araujo ha cumplido con todos los requerimientos que se le han pedido, emita a la brevedad posible lo siguiente:
• La reparación integral del daño en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.
• El pago de salarios desde su detención del 17 de mayo del 2013 hasta la fecha.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades administrativas correspondientes a que de manera inmediata sea reinstalado en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión al cargo que había desempeñado en la LXII Legislatura de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada María del Rosario Merlín García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a remitir a la colegisladora la terna de propuestas para encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe diputado José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, además de los artículos 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Victimas, en el cual se amplían y se concentran los derechos de las víctimas y posteriormente en fecha 3 de mayo del mismo año mediante decreto se reformó dicho ley en la cual se establece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos y políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y a la reparación integral del daño de las víctimas en los tres ámbitos federales.
En fecha 8 de enero de 2014 mediante decreto y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley General de Victimas al Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delito se transforma en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y surge como un órgano especializado el cual garantiza mediante los principios de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, cictimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente, la reparación integral del daño a las víctimas.
En este sentido, debemos recordar que, siguiendo la tesitura de la ley, en su artículo 4o., una víctima es:
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
De este modo, el acceso a la reparación del daño y la protección de los derechos de las víctimas se ha ido dando a través de las luchas que se han llevado a cabo a través de nuestra historia.
Cabe señalar que es este órgano especializado, en estos momentos se encuentra sin un líder que tome decisiones y que tome las riendas de este gran trabajo por el que se ha luchado, según el artículo 85 de dicha ley, establece lo siguiente:
“La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.”
El día 7 de junio de 2019, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Sergio Jaime Rochín del Rincón presentó su renuncia al actual presidente de la República en la cual señala que las medidas de austeridad contravienen el buen funcionamiento de la Comisión.
En tanto, el país y las victimas se encuentran en una grave crisis de derechos humanos y de reparación integral del daño ya que sin un titular y sin el liderazgo de un personaje que realmente represente los intereses de la sociedad y de los colectivos que se encarguen de vigilar y atender las necesidades de las víctimas, hasta este momento no existe instancia que acompañe a las familias y personas que han sido violentadas y los trabajos se encuentran detenidos, ya que las resoluciones de reparación integral del daño indispensablemente necesitan la autorización del Comisionado Ejecutivo.
Por lo anterior, considero que es de carácter imperativo y urgente que el Ejecutivo turne a nuestra Colegisladora (Cámara de Senadores) la terna que contenga la propuesta del que sea el Titular de Este Órgano y que es tan necesario en estos tiempos de crisis en materia de derechos humanos.
Es importante que ejecutivo se mantenga al margen de la Ley y que no pretenda sorprender con un nombramiento como el que realizó para la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual dejo ver a todas luces que no le importó la normativa aplicable y pone en peligro el andamiaje legislativo que nos ha tomado tanto tiempo construir.
Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que remita a la Cámara de Senadores, con carácter de urgente la terna que contenga las propuestas para nombrar al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, con estricto apego al artículo 85 de la Ley General de Víctimas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que se apegue a lo establecido en el artículo 86 de la Ley General de Victimas, relativo a los requisitos que deben de cumplir los candidatos que ocuparan el cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.
Palacio Legislativo, el 5 de diciembre de 2019.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá para dar atención especializada a los integrantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), con base en lo siguiente:
Exposición de Motivos
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, también conocido como PTAT, ha sido una de las iniciativas bilaterales más exitosas que ha emprendido el Gobierno de México en su historia reciente. Creado a través de un Memorándum de Entendimiento firmado por las autoridades de México y Canadá en 1974, el PTAT ha permitido que miles de mexicanas y mexicanos obtengan trabajos seguros, bien remunerados y de forma periódica en el país de destino.1
De acuerdo con la última actualización provista por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la temporada agrícola de 2019 han participado 20 mil 859 trabajadores al mes de septiembre2 Esto marca casi veinte años de crecimiento sostenido, al pasar de poco más de 10 mil trabajadores registrados en 2001 a más de 20 mil en 2018.3
El salario de las y los trabajadores temporales también observó una marcada tendencia al alza durante este periodo, pasando de 7.10 dólares canadienses por hora laborada en 2001 a 12.70 dólares durante la temporada del 2018. Esta tendencia, de hecho, tuvo sus movimientos más notables en esta última década, pasando de los 8.80 dólares canadienses por hora trabajada en 2009 a casi 13 dólares en la temporada presente.4
Este crecimiento, tanto en el número de participantes como en los salarios percibidos, es congruente con uno de los elementos más destacables de este programa: el reingreso.
Durante la temporada de 2018, el 48.1% de todas las y los participantes del programa contaban con más de 10 años de antigüedad dentro del mismo.5 El 95.4% de todos los contratos otorgados fueron para trabajadores con 2 o más años de experiencia, lo que indica que las condiciones del programa son muy favorables tanto para los empresarios como para los trabajadores.6 Por cada 20 trabajadores que asisten a estas actividades, 19 regresan en años subsecuentes. Esta tasa de retención puede contrastarse con muy pocos casos de éxito similares en otras instancias gubernamentales. El PTAT es, estadísticamente, uno de los programas más exitosos no solo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también del Gobierno Federal en su conjunto. En este éxito yace la importancia de contar con un soporte institucional solido que le permita continuidad y crecimiento en el futuro.
Actualmente, el proceso de requisición, reclutamiento y documentación a través del cual se desarrolla este programa toma lugar en dos puntos geográficos distintos: la requisición se desarrolla casi de forma exclusiva en Canadá, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Canadá; mientras que el reclutamiento, documentación y traslado son administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde sus oficinas en México. Esta ha administración dual del programa sido, hasta el momento, efectiva para su funcionamiento, mas no es, por ese solo hecho, una división de labores que propicie el futuro crecimiento de lo que ha demostrado ser una iniciativa de enorme éxito.
De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal pueden, de considerarlo necesario, gestionar la incorporación de un representante al Servicio.7 Esta posición temporal tiene la finalidad de permitir que la dependencia o entidad federal cuente con personal calificado para gestionar los asuntos y programas de los que es competente, coadyuvando al desarrollo de las políticas que el Gobierno de México sostiene a favor de las y los mexicanos que viven en el exterior.
Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no cuenta con ningún agregado diplomático en la Embajada de México en Canadá, por lo que su participación en el desarrollo del PTAT se encuentra limitada a las acciones que pueden ser emprendidas desde México.8 Esta limitación no es un impedimento menor para el mejor funcionamiento del programa, ya que significa que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no puede dar un seguimiento puntual a las actividades de nuestros connacionales, ni a sus problemáticas cotidianas.
De forma ilustrativa, a continuación presento un breve esquema en donde se define el proceso general a través del cual se desarrolla el PTAT y detallo la participación de las dependencias mexicanas encargadas de cada una de sus etapas:9
El esquema anterior nos permite discernir la naturaleza bi-territorial del programa y de las instituciones encargadas de implementarlo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra completamente alejada de los procesos que involucran un contacto directo con las y los trabajadores mexicanos una vez que estos llegan a Canadá. Si bien es cierto que las autoridades consulares pueden asistir en todo momento a las y los trabajadores temporales, es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el resolver las controversias que puedan suscitarse a raíz del programa, tanto con sus beneficiarios mexicanos como con los agricultores y empresarios que radican en Canadá.
Habiendo mencionado lo anterior, y tomando en consideración la importancia y la solidez operativa del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), la presente proposición busca exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una Oficina de Representación institucional en la Embajada de México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que ya forman parte del PTAT y a quienes buscan incorporarse en él como beneficiarios , dando auxilio a los esfuerzos que realiza en el presente la Embajada de México en Canadá y coadyuvando en las labores que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza en este país.
Considerandos
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está facultada para designar a un representante institucional en las misiones diplomáticas que México sostiene en el exterior conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que menciona lo siguiente: “El personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas y representaciones consulares, cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u otra autoridad competente, con cargo a su propio presupuesto. Cuando la Secretaría considere procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango que ésta determine y su asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión que se le ha conferido”.1
Con la finalidad de garantizar la debida protección de las y los trabajadores mexicanos dentro del marco del PTAT, la Ley Federal del Trabajo les provee de las siguientes consideraciones: que las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel país ; que al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado ; que las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo (previamente acordado por el Gobierno de México y el del país receptor); que el reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con las autoridades estatales y municipales ; y que el acuerdo contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente .11
Esta última consideración es fundamental, pues reconoce que el Gobierno de México debe de proveer servicios de protección y atención a las y los trabajadores mexicanos que así lo requieran a través de sus misiones diplomáticas. En el caso que hemos abordado en la presente propuesta, es de nuestra consideración que existe un número relevante de mexicanas y mexicanos ocupados únicamente a través del PTAT, razón por la cual es conveniente que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuente con un representante temporal que coadyuve en su gestión, ofreciendo apoyo técnico y logístico particular a la Embajada de México en Canadá.
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá con el fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.
Notas
1 Consulado General de México en Montreal. Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019. Consultado en:
https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/es/ptat.
2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Trabajadores Inscritos. México. Gobierno de México. 2019. Consultado en:
https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-laborales-de -personas-mexicanas-en-el-extranjero-programa-de-trabajadores-agricolas -te/resource/2614ceb5-8788-47d2-8818-84ef1f096adb.
3 Guerrero Lechón, M.A. “El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá: Evolución y Perspectivas, 1974-2012”. En Revista Mexicana de Política Exterior. Número 97. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2013. Pág. 109-131.
4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los Jornaleros Mexicanos en Canadá. México. Gobierno de México. 2018. Pág. 38.
5 Ibídem. Pág. 40.
6 Ibídem. Pág. 40.
7 Ley del Servicio Exterior Mexicano. Artículo 8. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 19-04-2018)
8 Embajada de México en Canadá. Directorio de Oficinas. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019. Consultado en: https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/iniciosp/directorio.
9 Ibídem. Pág. 79.
10 Ley del Servicio Exterior Mexicano. Artículo 8. Párrafo Primero. (Última Reforma: DOF 09-04-2012)
11 Ley Federal del Trabajo. Artículo 28-A. Fracciones I, II, III, IV y V. (Última Reforma: DOF02-07-2019)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir y llevar a cabo los procesos de licitación para la adquisición y distribución oportuna de vacunas y otros insumos, a fin de promover y garantizar el derecho a la salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la historia de la Salud Pública, la vacunación ha sido uno de los métodos más eficaces para la prevención, intervención y erradicación de enfermedades que han aquejado a la población mundial. En la trayectoria histórica y desde las políticas públicas focalizadas hasta las de corte nacional, las inmunizaciones han salvado millones de vidas y han reducido la incidencia de enfermedades, discapacidad y muerte a causa de la polio, la difteria, tétanos, el sarampión, la tosferina, haemophilus influenzae de tipo b, neumococo y la meningitis meningocócica, por mencionar algunas de las que han ocasionado una alta tasa de mortalidad. Hasta el 2018, 129 países habían alcanzado por lo menos el 90% de cobertura de las vacunas contra estos padecimientos.1
Como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México firmó el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP por sus siglas en inglés), que en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, busca alcanzar los objetivos de la visión del Decenio de las Vacunas para hacer accesible la inmunización universal.2 Además, la OMS apoyar progresivamente a todos los países firmantes para mejorar la salud mediante la ampliación de todos los beneficios de la vacunación a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia.
Desde la década de 1980, con la implementación de las Semanas Nacionales de Salud, México ha logrado consolidar uno de los esquemas de vacunación más completos en Latinoamérica, lo que ha ayudado en gran medida a disminuir y controlar enfermedades de alto riesgo para la población.
En el esquema de vacunación se han ido incorporando durante los últimos años inmunizaciones contra padecimientos como la influenza y el cáncer cérvico-uterino, para quedar como sigue:
ESQUEMA DE VACUNACIÓN
En este contexto, y como parte de la legislación secundaria que deriva del derecho establecido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, para garantizar la protección de la salud, se hicieron reformas a la Ley General de Salud en 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación donde se estableció que “Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias [...] las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca”.3 No obstante, este derecho todavía requiere continuos esfuerzos para asegurar su cumplimiento.
Con la entrada de una nueva administración federal en el año 2018, así como con una nueva conformación del Consejo Nacional de Vacunación, el abasto de vacunas e insumos para la salud se ha visto mermado por planes directivos, así como ajustes administrativos, y en ciertos casos, por revisión presupuestal. Se han intentado implementar medidas como incorporar a México al Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, a través de una carta de intenciones firmada en abril de 2019 y, como sucedió en el caso de medicamentos, iniciar nuevos procesos de compra, bajo el esquema de compras consolidadas, ha derivado en situaciones de tensión en el sector salud, en entidades federativas.
Actualmente, existe una incertidumbre respecto a las etapas y el procedimiento de la licitación de las vacunas. Anteriormente, funcionarios de la Secretaría de Hacienda declararon que la compra consolidada solo tendrá un modelo de contrato para garantizar el pago puntual a las empresas en un periodo de 20 días, afirmando que será el gobierno quien se haga cargo de toda la distribución de los insumos.4
No obstante, además de la compra, el proceso de distribución y abasto oportuno de las vacunas resulta preocupante. Se han reportado en diversas entidades federativas casos críticos de desabasto de inmunizaciones, como lo fue en Guanajuato, donde la Secretaría de Salud reportó desabasto en nueve biológicos del cuadro básico de vacunación, entre ellos, rotavirus, sabin, sarampión e influenza,5 y en próximas fechas pueden agotarse la vacuna DPT, y contra el Virus del Papiloma Humano.
El secretario de Salud federal, el pasado 15 de octubre, en la Conferencia Matutina y la presentación del Plan Nacional de Salud, afirmó que el abasto de insumos se hará basado en tres ejes principales: compras públicas eficientes, planeación del suministro y distribución.
Informó que el proceso de la compra consolidada para atender el año 2020, se coordinará con las entidades federativas para formalizar acuerdos de colaboración entre la federación y las secretarías de salud estatales. Además, se llevará a cabo un análisis de necesidades a efecto de que el requerimiento consolidado cuente con elementos de planeación que atiendan las demandas reales de los usuarios.
Durante la comparecencia del Secretario Jorge Alcocer Varela en la Cámara de Diputados, el titular de la dependencia, argumentó que existen redes de corrupción en el sector público por la compra de insumos, y existe una necesidad de hacer más eficiente el presupuesto disponible.
Precisó también que la compra consolidada para la adquisición de medicamentos y vacunas dio comienzo para el 2020 y lleva buen rumbo, no obstante, hay incertidumbre en los procesos licitatorios. Por último, el Secretario, refiere que las vacunas para 2020 se adquirieron mediante compra consolidada, y se distribuirán en el mes de diciembre. Indicó que 13 tipos de vacunas se han entregado en el transcurso de 2019. Sin embargo, no se ha presentado un reporte público que den firmeza a las afirmaciones.
De hecho, el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA), solamente ha sostenido una reunión en la que no se presentaron cifras de coberturas 2019 ni un plan para el Programa de Vacunación Universal 2020. Las demás, han sido reuniones de expertos y grupos técnicos, sin que se tenga hasta el momento conocimiento de los temas tratados en ellos.
Es así que, actualmente las políticas del Estado mexicano para garantizar el derecho a la vacunación no están claras y a ello, debemos sumar que el desabasto es un riesgo latente para las dependencias como para la población que las requiere. Independientemente de la forma en que se adquieran de las vacunas, o la oferta y la demanda mundial de las mismas, la Secretaría de Salud debe prever y establecer los mecanismos eficaces para garantizar la distribución y abasto puntuales de las vacunas en todo el territorio nacional para la protección de nuestra población. Por esta razón, someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dentro de sus facultades para prevenir, promover y garantizar el derecho a la salud, a cumplir y llevar a cabo los procesos de licitación para la adquisición y distribución oportuna de vacunas y otros insumos para la salud, para evitar cualquier posibilidad de desabasto.
Segundo. Se exhorta al pleno de esta soberanía a vigilar que la distribución puntual de vacunas tanto en esta temporada de influenza estacional, como en las ahora llamadas Jornadas Nacionales de Salud Pública que se llevarán a cabo a lo largo del año 2020 se lleven a cabo en tiempo y forma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Notas
1 Del mismo modo, en fechas recientes, cada brote detectado por la OMS y autoridades sanitarias locales se rigen por protocolos de intervención y control para evitar la expansión. Cobertura vacunal, Organización Mundial de la Salud, fecha: julio de 2019, fecha de consulta: 29 de noviembre de 2019, disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immu nization-coverage;
2 Ídem, Cobertura vacunal, Organización Mundial de la Salud.
3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación, Diario Oficial de la Federación, fecha: 2017, fecha de consulta: 29 de noviembre de 2019, disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487336&fe cha=19/06/2017
4 “SHCP difunde licitación para la contratación consolidada de vacunas y medicamentos”, La Jornada, fecha: 6 de junio de 2019, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/06/06/sociedad/035n1soc
5 “Guanajuato en crisis por falta de vacunas”, Milenio, fecha: agosto de 2019, fecha de consulta: 29 de noviembre de 2019, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-en-crisis-por-fal ta-de-vacunas
Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a emitir la declaratoria de desastre natural en Tamazula, San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez y Tepehuanes, Durango, a cargo de la diputada Martha Olivia García Vidaña, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Martha Olivia García Vidaña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Gobernación, del Gobierno de la Republica, para que dentro de sus facultades emita a la brevedad posible la declaratoria de desastre natural en los municipios de Tamazula, San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez y Tepehuanes, todos del estado de Durango, mismos que sufrieran en días anteriores los embates de la segunda tormenta invernal y el frente frío 19. Lo anterior en base a las siguientes:
Consideraciones
Los fenómenos naturales, como tormentas abundantes, representan sin duda un peligro latente para lo sociedad, y este riesgo se vuelve aún más eminente cuando existen núcleos poblacionales cerca de los cauces de ríos y arroyos.
En este sentido, desafortunadamente en días anteriores el embate de la segunda tormenta invernal y el frente frio 19, dejaron daños de consideración en siete municipios del estado de Durango, para ser precisos, en Tamazula, San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez y Tepehuanes.
Tan solo en el municipio de Tamazula, la creciente del rio que atraviesa por la cabecera municipal dejó daños de consideración, donde se tuvo que evacuar a más de 120 familias, mismas que fueran trasladadas a los albergues que se fueron habilitados por la autoridad municipal. En ese mismo municipio se tiene daños de consideración en prácticamente todos sus caminos rurales, lo que dio como resultado más de 200 familias incomunicadas.
En el municipio de Canelas; estos fenómenos naturales también dejaron estragos, casi 1000 personas incomunicadas de diferentes rancherías y comunidades, lo anterior por los cientos de derrumbes y crecientes de ríos.
En Otáez; debido a los desbordamientos de los ríos presidios y el de Basís, alrededor de 30 comunidades y rancherías afectadas, el colapso de una parte del techo de la Iglesia de la Cabecera Municipal misma que data del año 1612, más de 50 casas habitación con daños estructurales de consideración y alrededor de 700 personas afectadas en su patrimonio, sin dejar de lado los daños en caminos y servicios básicos.
Uno de los municipios más afectados, fue Tepehuanes, el cual una servidora visitara el fin de semana anterior, llevando diferentes apoyos para las familias de la cabecera municipal, comunidades y rancherías.
En esta demarcación territorial las cifras de daños a viviendas, deterioro de caminos, daños a escuelas y un sinfín de menoscabos en todo el municipio son incalculables, aunque las primeras cifras arrojaron alrededor de 223 viviendas dañadas, más de 600 damnificados y la destrucción de los caminos como la carretera Tepehuanes a Tarahumar, la carreta Tepehuanes a San Juan del Negro, el Entronque el Tarahumar a la Bufa y la carreta La Tijera a San Rafael, solo por citar algunas.
En suma, los daños materiales son incalculables en estos siete municipios de Durango, mismos que corresponden al distrito que una servidora representa, por lo cual simboliza el compromiso social de realizar lo propio desde este espacio legislativo.
Ahora bien, como sabemos la Secretaría de Gobernación, cuenta con instrumento financiero para auxiliar a la población que se encuentra en peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o que ya ha sufrido las consecuencias.
Como sabemos y en apego a la legalidad los recursos de este fideicomiso gubernamental, denominado Fonden se utilizan para comprar medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal en caso de una emergencia.
El Fonden también cuenta con recursos para reconstruir viviendas y reparar la infraestructura dañada por los efectos de un desastre natural.
En este caso, los desastres naturales que azotaran el estado de Durango la semana anterior, específicamente los siete municipios ya citados, encuadran en las dos hipótesis anteriores de apoyo del Fonden, pues dejaron viviendas dañadas, caminos destrozados, miles de personas damnificadas, escuelas, iglesias e infraestructura pública devastada, como lo es el caso de canales, drenajes, alcantarillado y cientos de daños materiales aún incalculables.
Así pues, compañeros de legislatura, siguiendo los lineamientos marcados por dicho fideicomiso, las condiciones climatológicas adversas en estos siete municipios de Durango cumplen con las circunstancias óptimas para que la Secretaría de Gobernación, en apego al bienestar social, emita a la brevedad posible la declaratoria de desastre natural para los municipios afectados en nuestro Estado.
Ahora, sólo corresponde a nosotros con el compromiso social que caracteriza a esta nueva etapa en la vida pública del país, hacer lo propio desde este espacio legislativo, por lo cual, con la responsabilidad social que ha caracterizado a esta cámara, tengan a bien apoyar esta propuesta con carácter de solidaridad y estricto sentido de representación social.
Por lo expuesto, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetando la división y autonomía de poderes, exhorta a la secretaría de gobernación, para que una vez realizadas las valoraciones técnicas por parte de Conagua, realice a la brevedad posible la declaratoria de desastre natural en los municipios de Tamazula, San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez y Tepehuanes, todos del estado de Durango, lo anterior para que dichos municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y mitigar los embates materiales que sufrieran en días anteriores consecuencia de la segunda tormenta invernal y el frente frío 19.
Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Martha Olivia García Vidaña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Sener a restablecer las subastas eléctricas de largo plazo y acatar los acuerdos internacionales contraídos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Adolfo Torres Ramírez, y las y los diputados pertenecientes a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social con base para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.1
Por ello, México debe estar a la vanguardia en el desarrollo de política nacional e internacional ya que el “mundo este inmerso en una permanente dinámica de globalización... La mundialización es acompañar la formación de un mercado global... La nación mexicana debe de fortalecer sus vínculos culturales privilegiados con Iberoamérica, para construir un espacio de solidarizada que contribuya al mayor desarrollo de nuestra nación”.2
En consecuencia, México, como Estado miembro de Naciones Unidas se adhirió al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. “El PNUMA actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial.
La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales; y fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. El PNUMA tiene una larga historia de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho del medio ambiente a través de su labor normativa o mediante la facilitación de plataformas intergubernamentales para la elaboración de acuerdos principios y directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que tienen por objeto hacer frente a los problemas ambientales mundiales”.3
Por lo anterior, el programa de la ONU para el Medio Ambiente emitió un reporte de la edición el Informe sobre la Brecha de emisiones se lanzará el 26 de noviembre de 2019.
¿En qué consiste esto? Es una serie de acuerdos y acciones para atacar los contaminantes del medio ambiente entre los países miembros el mundo se esfuerza por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el cambio climático, consideran que es crucial monitorear el progreso hacia los objetivos climáticos acordados a escala mundial.
Durante una década, el Informe sobre la Brecha de Emisiones de UNEP ha resaltado la diferencia entre las emisiones de gases de efecto invernadero estimadas para 2030 y los niveles en los que deberían estar para cumplir el Acuerdo de París. Además, el reporte ha destacado las vías más efectivas para cerrar esta brecha.
Por ende, México se compromete incondicionalmente a reducir las emisiones de GEI en 22 por ciento por debajo de los negocios habituales en 2030, lo que implica un pico de emisiones netas a partir de 2026, y un compromiso condicional para reducir las emisiones 36 por ciento por debajo de lo normal en 2030.
Por lo anterior, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente emite observaciones a México:
México
Proyección objetivo incondicional de NDC: Logro excesivo del objetivo en menos de 15 por ciento.
México, la nueva administración ha estancado años de progreso en el sector energético con decisiones que amenazan con revertir progresos realizados hacia una mejor acción climática a través de la Ley General de Cambio Climático de México 2012 (México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2012) o su Ley de Transición Energética de 2015 (México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2015). La Perspectiva Nacional de Electricidad 2019-2033, adoptada en junio de 2019 (México, Secretaria de Energía, 2019), limita el despliegue más profundo de energía limpia (incluida la cogeneración eficiente) más allá de 35,1 por ciento para 2024 objetivo (24.12 en junio de 2018) al aumentar generación de combustibles fósiles, reduciendo la energía eólica y no aumento de las tasas de crecimiento de la energía solar . Además, la Secretaria de Energía canceló la subasta eléctrica de largo plazo de 2018, el cual cortó las líneas de transmisión para evacuar energías renovables.
México no ha hecho anuncios de más subastas.4
Por lo anterior y la importancia de reduciendo las emisiones de GEI y estimulando el aumento de la energía renovable, el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo adoptado en Junio ??de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la Federación 2019 establece una nueva refinería adicional con el objetivo de aumentar producción de gasolina, diésel y fuel oil.
El citado documento menciona: “Después de posponer la subasta de energía a largo plazo de México en 2018 ronda un esquema de política introducido en 2015 después de la reforma energética del país que tenía como objetivo aumentar su limpieza participación energética (El presidente López Obrador canceló la cuarta ronda de subastas en enero de 2019 México, Centro Nacional de Control de Energía 2018)”.
Según datos de Notimex, “aunque las primeras tres rondas de subastas de electricidad habían llevado a una sustancial cantidad de nuevos proyectos de energía renovable, los planes del presidente López Obrador para el poder sector incluyen la modernización de gas y carbón centrales eléctricas previamente planificadas para la jubilación y la construcción de una planta de carbón de 700 MW en el corto y mitad de periodo”.5
El presidente López Obrador también presentó una refinación nacional plan destinado a “rescatar” la industria petrolera de México y lograr independencia energética a través de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y un plan para construir un ferrocarril en el sureste mexicano y caribe, el proyecto del Tren Maya, estos proyectos altamente contaminantes y sin visión a futuro ya que la nueva tecnología apunta a energías limpias que cada vez alcanzan pasos agigantados en las macro construcciones de infraestructura en movilidad.
Por tal motivo, de nuevo se equivoca el gobierno federal al cancelar las subastas de largo plazo, pero para poner en contexto quiero ilustra de que se trata esta subasta cancelada según datos de la página oficial de Proyectos México.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) lleva a cabo las subastas eléctricas de largo plazo con la finalidad de asignar contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia, energía eléctrica y certificados de energías limpias.
Igual que las dos subastas anteriores, en esta tercera subasta, el suministrador de servicios básicos (CFE Suministro Básico) comprará tres productos eléctricos: energía, potencia y certificados de energías limpias a los generadores que resulten ganadores. Además, se distingue ya que, por primera vez, gracias al establecimiento de la Cámara de Compensación por parte del Cenace, está abierta a compradores distintos del suministro básico que presentaron ofertas de compra en los tres productos eléctricos mencionados.
En esta tercera subasta de largo plazo se presentaron como compradores, además de Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico, Iberdrola Clientes y Menkent (Cemex). En la práctica, esto significa que se abren las posibilidades para que los grandes consumidores de energía adquieran electricidad limpia a través de procesos competitivos, con la posibilidad de obtener mejores precios.6
Según la página la subasta eléctrica menciona los siguientes datos de inversión el cual México pierde por dicha cancelación.
Por lo señalado, México se sujetó al Programa de la ONU para el Medio Ambiente el cual tiene que prepara su estrategias a largo plazo y el camino a seguir es realizar el proceso de política ambientales y de estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo bajo.
El gobierno tiene que saber que también el Acuerdo de París, se ratificó a partir de octubre de 2019, el cual México pertenece al G20 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Estados Unidos Reino y los Estados Unidos de América) estos estados habían presentado sus estrategias para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual establecen las siete estrategias a largo plazo presentadas por el G20 miembros de la CMNUCC, sólo Japón se comprometió a lograr emisiones netas de Gas de efecto invernadero cero (GEI) a largo plazo lo antes posible en el segunda mitad de este siglo, aunque Francia y Estados Unidos Kingdom ha aprobado proyectos de ley que se comprometen a cero GEI emisiones para 2050.
Algunos otros miembros, incluida la Unión Europea UE, están en proceso de revisar sus productos nacionales e internacionales metas a largo plazo. Para los miembros no incluidos en el anexo I del G20, hay algunas indicaciones que sugiere que establezcan estrategias a largo plazo que contienen líneas de tiempo para lograr la red cero emisiones de GEI.
El objetivo mundial de la Unidad de Inteligencia Climática y Energía 2019, espera que se presenten más estrategias a largo plazo a la CMNUCC en los próximos meses, lo que proporcionará una mejor comprensión del nivel de ambición colectiva a largo.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manda un enérgico exhorto desde esta trinchera para el daño al mercado eléctrico mexicano que conllevara el estancamiento del incrementar la generación de energía limpia y renovable y el futuro de México señor presidente de la republica puede que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la atmósfera.
Por lo fundado y motivado me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Energía a restablecer las subastas eléctricas de largo plazo y acatar los acuerdos internacionales contraídos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a fin de activar las líneas de transmisión para evacuar energías renovables.
Notas
1 https://www.pan.org.mx/docs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.p df Proyecto de doctrina del Partido Acción Nacional 2002, “Política y responsabilidad social”, página 4.
2 Loc. Cit. Nación y mundialización, página 7.
3 https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-e nvironment-programme/ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
4 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf ?sequence=1&isAllowed=y Emissions gap report, 2019, páginas 18 y 19.
5 http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/760480/desincentivan-proyectos-d e-energ%EDas-limpias-en-m%E9xico
6 https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/cenace-3a-subasta -de-largo-plazo-slp-12017/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la SE y la Semar a supervisar el almacenaje de salmuera residual a cielo abierto en el complejo de la laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro, BCS, a fin de evitar daño ambiental del ecosistema y afectación de las especies protegidas, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe María del Carmen Cabrera Laguna diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país tenemos una de las salineras más grandes del mundo, con un volumen de producción superior a los 8 millones de toneladas anuales, con capacidad para recibir y cargar barcazas hasta de 180 mil toneladas. La empresa minera de mayor producción de sal, se encuentra en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, a través de la empresa Exportadora de Sal, SA de CV.
El proceso por el cual se obtiene la sal consiste en bombear agua de mar a los vasos de evaporación, donde el contenido de sales se concentra para posteriormente pasar a otra etapa en donde los vasos denominados cristalizadores desechan la fracción líquida sobrante conocida como “salmuera saturada”, dicha salmuera está compuesta principalmente por cloruro de sodio, cloruro de magnesio y potasio entre otras, una concentración de 29° Baumé (referencia a una disolución gaseosa de cloruro de sodio (NaCl) a 10 por ciento en masa), equivalentes aproximadamente a 290 gramos de sales totales por kilogramo de salmuera, es decir, 29 por ciento de sales en solución.
La sal de cloruro de sodio es producida en los vasos cristalizadores a partir de una salmuera saturada rica en cloruro de sodio, pero contiene también otras sales en solución como cloruros de magnesio y potasio, entre otras, consideradas como impurezas del producto. Para asegurar la calidad se diseñó un sistema de lavado para remover las impurezas que trae la sal desde el vaso, mediante la aplicación de salmuera de lavado y agua de mar, a contracorriente del flujo de sal.La sal cosechada es descargada en una tolva con capacidad de mil 100 tonenaldas y alimenta 12 unidades de lavado por sumersión que requiere del suministro de salmuera para lavado producida por disolución en el Vaso Cristalizador de la Planta y de salmuera residual del Vaso Clarificador.1
El principio de lavado consiste en eliminar la salmuera atrapada que trae la sal desde el vaso cristalizador, esta salmuera contiene la mayor parte de las impurezas. A través de un flujo a contra corriente la salmuera de lavado y agua de mar desplazan a la salmuera atrapada que viene con la sal desde el vaso de cosecha. Después de esta etapa de lavado por sumersión, la sal es alimentada a 12 bandas metálicas de acero inoxidable, donde recibe un lavado adicional por aspersión, se facilita el drenado y que se descarga a una banda transportadora que apila o carga la sal directamente en barcazas.s
Considerando los niveles de producción de sal en Guerrero Negro, los diques donde se deposita la salmuera residual están al límite de su capacidad y la superficie que ocupan sobrepasa las 5 mil hectáreas, (Cloruro de magnesio –MgCl2– más otros componentes) más los fondos sólidos asentados en los vasos de almacenamiento de forma líquida y a estos habrá que agregar entre 10 a 17 millones de toneladas al año.
Debido a que la producción, obtención, aparición de salmuera residual es inevitable, anualmente se producen alrededor de 10 millones de toneladas más, lo convierte en un problema ambiental por acumulación de salmuera a cielo abierto y tenerla almacenada sin ningún beneficio. Pero a contrario sensu, la salmuera es un producto de oportunidad de comercialización para empresas que la reutilizan, lo cual se reflejaría en una captación importante de recursos económicos para nuestro país, a través su comercialización.
Cabe precisar, que las altas concentraciones del soluto que contiene la salmuera son nocivas y venenosas para los seres vivos, e impiden en la presencia de vida, no restamos importancia a los compuestos químicos o sea su estructura molecular que es utilizada en la preservación de alimentos que evitan la descomposición por microorganismos.
Debido a que la salmuera residual contiene altas concentraciones de MgCl2, compuesto mineral con múltiples usos para la industria, la cual se utiliza en la fabricación de productos textiles, papel, agentes ignífugos, cemento y en la refrigeración. De ahí que esta oportunidad económica en beneficio del País, no se puede desaprovechar. Pero si en vez de comercializar la salmuera esta se regresa al mar o a la laguna, se ocasionaría un daño al ecosistema y el medio ambiente. Este proceso significaría una erogación onerosa para la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, independientemente de que la empresa ha “reconocido que es posible venderla”. Por medio de la respuesta a la solicitud de información número 1010100026716, “sobre pregunta expresa del por qué ESSA en lugar de tirar la salmuera que anualmente se produzca, no la vende, esta empresa reconoció que el venderla era una opción para deshacerse de la salmuera”, lo cual se vería reflejada en ingreso para la empresa.
Lo que se considera un residuo, resulta ser un producto que puede venderse, el precio de la salmuera en el mercado internacional oscila entre los 4 a 6 dólares más el impuesto al valor agregado por tonelada lo que se convertiría en un activo no en un pasivo para la Empresa ESSA, considerando que por la salmuera acumulada la empresa podría obtener cuando menos mil 200 millones de dólares y de la que se acumula anualmente 40 millones de dólares lo cual debiera estar incluido contablemente como parte de su patrimonio.
Cabe resaltar que en nuestro país tenemos uno de los complejos lagunares que por las especies que lo habitan, de forma temporal o permanente, está considerado como uno de los más importantes del mundo, conocido como complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, en donde anualmente migra la ballena gris, para cumplir su ciclo biológico, constituyendo un refugio para diversas aves acuáticas migratorias y residentes, como el ganso de collar el águila pescadora que tienen las más altas poblaciones invernales y de anidación a nivel mundial, además de que albergan una enorme riqueza faunística.
Igualmente en la laguna El Vizcaíno durante el invierno se convierte en un santuario donde las ballenas llevan a cabo su apareamiento y la crianza, como el ganso de collar (Branta bernicla) , cuya subespecie nigricans se encuentra amenazada, en México y en las aguas del complejo lagunar el 25 por ciento de su población inverna, junto con otras especies, como pelicanos grises y blancos, águilas pescadoras, entre otras especies se llegan a encontrar más de 270 mil aves playeras de distintas especies.
En términos generales, son alrededor de 20 especies en peligro de extinción, entre ellas cuatro especies de tortugas marinas: laúd, la tortuga verde, tortuga carey y golfina, las que encuentran refugio en sus aguas, por lo que no es de extrañar que el Sistema Lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela cuente con la protección de la ley.
En la laguna de Ojo de Liebre, parte de la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, en el noroccidente de México, se teme que se esté cocinando un desastre ambiental por el vertido durante años de los residuos de la explotación de la salina más grande del mundo por una empresa mixta.3
Exportadora de Sal (ESSA), propiedad en 51 por ciento del estatal Fideicomiso al Fomento Minero y el resto de corporación japonesa Mitsubishi, lanza los desechos líquidos en un depósito en esa laguna, sitio de invernada y reproducción de las ballenas gris y azul, la foca del puerto, el león marino de California y cuatro especies de tortugas marinas en riesgo de extinción.4
Es importante mencionar que el peligro ambiental que ocasionaría al complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro-Manuela, de concretarse la disposición final de que la salmuera residual al verterla en las aguas de las lagunas, lo cual llevaría a alteraciones en las propiedades fisicoquímicas como son; afectaciones en la salinidad en la proporción de los iones principales y alteraciones asociadas a los cambios de salinidad que se reflejan con cambios en la densidad y en la capacidad de retención del oxígeno disuelto; el daño que ocasionaría a la vida marina, los impactos biológicos potenciales asociados básicamente a los cambios osmóticos severos a los que se verían expuestos los organismos por una exposición directa y prolongada del residuo salmuera así como los impactos adicionales en su fisiología producto del desbalance iónico de los compuestos principales en la mezcla resultante de la salmuera en el agua, principalmente el ion magnesio. Otros impactos no toxicológicos se asocian a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto que caracterizan a este residuo.
Cabe precisar que si la Empresa Exportadora de Sal, SA de CV, argumenta que la disposición final de la salmuera en Guerrero Negro será controlada con relación al impacto ambiental, se estaría hablando de que el proyecto consiste en diluir de 100:1 la salmuera residual en estado líquido que genera el proceso de producción de sal industrial, por el proceso de evaporación de agua de mar. Pero para lograrlo, se requiere instalar una infraestructura de estaciones de bombeo fijas y portátiles, canales, diques, vaso regulador, tendido de tuberías de alta densidad, sistema de descarga, difusores, etcétera, para transferir la salmuera residual del proceso de producción de sal industrial desde las áreas de almacenamiento hasta el puerto Venustiano Carranza, Baja California en Laguna Guerrero Negro. Por lo que en este sitio se establecerá un vaso regulador y un sistema de difusión para reincorporar al mar la salmuera de manera controlada para la vida marina, lo cual ocasionaría un egreso y no un ingreso que beneficia más a la empresa reflejándose en un daño al erario público federal.
Independientemente de ese proceso de disolución controlada, no se elimina el riesgo el peligro de un accidente que dañe severamente el valioso ecosistema que representa el Sistema Lagunar Ojo de Liebre–Guerrero Negro-Manuela. Alguna eventualidad en el sistema de desecho aumentaría significativamente la salinidad del agua de la laguna. El daño ambiental y la afectación a las especies protegidas serían muy severo, como se ha podido constatar por los derrames accidentales de salmuera que acontecieron a finales del siglo pasado, mismos que ocasionaron la mortandad de tortugas marinas, peces y otros organismos.
Por otra parte, en materia de transparencia la salmuera residual que le hicieron a ESSA, por medio de la solicitud de información número 1010100026716 fue la siguiente: “¿Tiene permiso para tirar 17 millones de toneladas anuales?”. A lo que la empresa respondió: “Sí, otorgado por Semarnat, mediante oficio número SGPA-DGIRA-DIA-0977/03, fechado 22 de mayo de 2003, y prorrogado hasta junio del 2018, mediante oficio número DGPA/DGIRA/DG/03360 del 16 de mayo de 2016.”
En ese sentido, ESSA obtuvo un permiso por parte de la Semarnat para desechar en el complejo lagunar, este conforme a la normatividad vigente en 2003 sin llevarlo a cabo, consiguió una prorroga en el 2016 ante la misma autoridad, en el año de 2016 la autoridad facultada para autorizar el desechar la salmuera residual en alguna laguna costera es la Secretaría de Marina (Semar), esto por efectos de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas (LVZMM), publicada en el DOF del 17 de enero de 2014.
Conforme a lo que regulan las leyes mencionadas en el párrafo anterior, no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo y por efectos tanto de la Ley Federal del Mar, como la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo para llevar acabo el derrame de salmuera residual, de tal manera que a la fecha la Empresa ESSA ha incumplido en ejecutar los actos o supuestos que le fueron autorizados en desechar el residuo salmuera, cuando le concedió permiso Semarnat ni cuando le concedió la prórroga, aunque ya estaba vigente la LVZMM, además que ahora no tiene el permiso de la autoridad facultada para otorgarlo por lo dispuesto en la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, no podría obtenerlo.
Aún más si tomamos en cuenta los comentarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales:
“Existe una emergencia ambiental cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata”.
“Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente”.
Con base en lo anterior, la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, no puede realizar la disposición final de la salmuera residual en las aguas del sistema lagunar, a costa del daño que ocasionaría al ecosistema ambiental aunado a grandes gastos en infraestructura y operación, contraviniendo la normatividad vigente, toda vez que está prohibido el derrame que dañe, además que la salmuera realmente se puede convertirse en un activo y o en un pasivo para la empresa, convirtiéndose en un detrimento económico para el erario público.
Cabe destacar, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Por otro lado, la Secretaría de Economía le corresponde conducir la política nacional en materia minera y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional.
Y por último, a la Secretaría de Marina le corresponde la vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y ejercer la autoridad sobre el vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio y en la argumentación expresada en las consideraciones del presente, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y Secretaría de Marina para que lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de supervisar el almacenaje de salmuera residual a cielo abierto en el complejo de la Laguna Ojo de Liebre en Guerrero Negro, Baja California Sur, con el propósito de tomar las medidas correctivas para evitar algún daño ambiental al ecosistema y afectación a las especies protegidas de la zona, por la alta concentración de salmuera, derivada de la actividad minera.
Notas
1 http://www.essa.com.mx/proceso_prod_lavadoytransporte.aspx
2 Ídem
3 http://www.ipsnoticias.net/2016/02/se-cuece-en-sal-un-ecocidio-en-refug io-ballenero-de-mexico/
4 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a incorporar en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2020 a las universidades tecnológicas de Veracruz, Morelos, Jalisco, Tabasco y estado de México, a efecto de investigar, informar, revisar y, en su caso, sancionar posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo (de urgente u obvia resolución ), al tenor de lo siguiente:
Antecedentes
1. El día 17 de octubre del año en curso, la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo en el que exhorta respetuosamente a las secretarías de la Función Pública y de Educación Pública, así como a la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, para investigar y sancionar respectivamente los posibles actos de corrupción, mal uso de recursos públicos y por permitir conductas prohibidas dentro de las instalaciones de los Tecnológicos, por parte de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México y su Dirección en el Institutito Tecnológico de Minatitlán.
2. El Tecnológico Nacional de México (TecNM), el cual fue creado el 23 de julio de 2014 mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciéndolo como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión; el cual tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior.
Actualmente el TecNM está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 128 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet). En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar total de más de 600 mil estudiantes en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México.
El órgano rector del TecNM está centralizado en su dirección general, que desde el 9 de enero del año en curso está a cargo del doctor Enrique Fernández Fassnacht, quien ha sido acusado desde que ocupó el cargo como director del Instituto Politécnico Nacional del año 2014 a 2017, por la comunidad estudiantil, docentes, sindicatos, el bloque de delegaciones democráticas y la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, de realizar actos de corrupción, violencia, acoso laboral y represión en contra de estudiantes y maestros, los cuales se manifestaron para evidenciar su rechazo durante y al término de su mandato.
Dichos actos están plenamente identificados y evidenciados en diarios oficiales, demandas y reportes en redes sociales; tales como lo son persecuciones, represiones, acoso laboral, venta de plazas y despidos injustificados; que fueron ordenados, permitidos y ejecutados por personal directivo impuesto durante su función director general del IPN en contra de docentes y alumnos.
Además, se le acusó de realizar gastos imprudentes del presupuesto de la institución como el efectuado mensualmente al comedor ejecutivo y rentas innecesarias de transportes, entre otros.
Estos hechos se precedieron a cuando entonces fue secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ya que se sospecha que alentó a diversas universidades públicas e instituciones de educación superior a participar en programas de asesorías fantasma, que no requerían comprobación y se vieron involucrados en la llamada estafa maestra.1
3. Desde su escaño, la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza expone que presentó un punto de acuerdo sobre las irregularidades en los Institutos Tecnológicos Nacionales y en especial la de Minatitlán, Veracruz, a efecto de denunciar los actos corrupción. Por lo anterior señalado se le dio turno directo a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; en seguimiento a este punto de acuerdo, sigue pendiente de que emitan su dictamen.2
4. La Auditoría Superior de la Federación ha requerido información detallada de tres universidades del estado de Tabasco, la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) y el Instituto Tecnológico de Comalcalco (ITSC), por posible relación con convenios que se hicieron en el sexenio pasado con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) conocida coloquialmente como “estafa maestra”.
La ASF ha observado graves irregularidades en este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la administración pública federal realicen adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción.3
Consideraciones
Universidades Tecnológicas
1. Estado de Veracruz
Se ha denunciado públicamente que el director general de los TecNM encabeza una red de corrupción que involucra a al menos 14 empresas que se dedican a dar mantenimiento ficticio o con precios inflados en al menos Tecnológicos a nivel nacional. Situación que se refleja en lo sucedido en el Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITMina), actualmente dirigido por Gelacio Montes Roa, donde recientemente un grupo de docentes y administrativos del plantel, denunciaron mediante la presentación de un oficio dirigido al área de auditoría, las evidentes anomalías en el gasto directo, venta y adjudicación directa en las plazas de docentes, además de que se realizaron trabajos de mantenimiento ficticios a los sistemas de aire acondicionado y baños de los edificios donde están la aulas, los cuales fueron supervisados por el subdirector de planeación y no por el jefe de manteamiento, el cual fue removido del cargo para ocultar estos actos y no dar cuenta de los mismos; por tanto se nombró a la hermana del subdirector de planeación del plantel como jefa de mantenimiento.
En la red circulan audios donde se revelan el modo en que supuestamente operan las más de 14 empresas que realizan el mantenimiento en los Tecnológicos, afirmando que los contratos con los diferentes planteles ya están comprometidos desde la dirección general del TecNM, para beneficiar a estas empresas sobre las locales; además de mencionar que la mayoría de los trabajos son ejecutados por tan solo 4 trabajadores con funciones múltiples desde administrativas hasta de fontanería, incluso son los mismos pero se presentan a nombre de distintas empresas y duermen en las instalaciones pese a que cobran viáticos por su trabajo. Recientemente, el ITMina fue revisado en su gestión por auditores internos del Tecnológico Nacional de México, donde se denuncia que el objetivo fue corregir y limpiar los rastros del director del plantel. Sin embargo, un grupo de trabajadores docentes y administrativos del ITMina entregó un documento sobre estos hechos al representante de los auditores, José Luis Guadalupe Triana Hernández.
El documento mostraba las anomalías en el gasto directo ejercido por Montes Roa y en las plazas que convocó recientemente.
Los mismos trabajadores del ITMina le ofrecieron hacer un recorrido por las áreas donde se realizaron los supuestos trabajos de mantenimiento, pero este funcionario auditor se negó señalando que las instrucciones que traía era revisar solo cuestiones académicas.
Asimismo, desde el primer día en que Gelacio Montes intentó ingresar como nuevo director hasta la fecha, alumnos se han manifestado en contra de su designación, debido a sus antecedentes como director del Tecnológico de Huimanguillo, Tabasco, en el cual desde hace más de 8 años hace falta infraestructura, no se efectúan labores de mantenimiento y pese a ello se han aumentado las colegiaturas.
Al igual que el pasado 15 de octubre de 2019, estudiantes, maestros y personal administrativo del ITMina tomaron el plantel y suspendieron actividades para demandar la destitución del director, debido a que lo acusan de actos de corrupción al interior del instituto, así mismo refieren que hay un retraso en la entrega de plazas.4
1.1 Derivado de la investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción determinará el o los delitos, y la probable responsabilidad penal en el caso del millonario desvío a las escuelas de Veracruz; no se han interpuesto denuncias en contra de los institutos tecnológicos superiores de Jesús Carranza, Cosamaloapan, Xalapa y de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, aunque continúan las investigaciones, que podrían formar parte de un nuevo paquete de denuncias por desvíos.5
1.2 El gobierno de Veracruz presentó 41 denuncias penales por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos en institutos educativos. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que se trata de anomalías detectadas en 21 Tecnológicos, Universidades Tecnológicos y el Colegio de Bachilleres de Veracruz (Cobaev) por un presunto desvío de mil 75 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción refirió que los presuntos malos manejos se detectaron durante las últimas dos administraciones estatales (Javier Duarte de Ochoa, del PRI, y Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN). Dichos recursos debieron ser destinados a la infraestructura y equipamiento educativo por ser recursos federales y que no fueron ejecutados para tal efecto.6
2. Estado de Jalisco
La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZMG), bajo la dirección del doctor Alberto de la Mora Gálvez, quien operó como rector de esta casa de estudios en el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y hasta el pasado siete de octubre de 2019, estuvo sometida a lo que podría interpretarse como un complejo proceso de manipulación y sabotaje institucional, acoso y hostigamiento laboral sistemático, tanto al personal académico como al administrativo, despidos injustificados, llegando incluso a cerrar una carrera con el fin de afectar al personal adscrito a la misma; sometida a una supuesta austeridad que rayó en la miseria institucional, así como a causales todas estás de un efecto depresivo sobre la institución, sus áreas, funciones y colaboradores, llevando a la matrícula escolar a una disminución significativa en los seis años del periodo mencionado, así como a un pésimo ambiente laboral y a serios rezagos institucionales en infraestructura, crecimiento y desarrollo del personal.
En general, se pueden mencionar como aspectos relevantes que se prefirió otorgar apoyo de maestría a personal administrativo sobre el docente, evitando con esto el desarrollo del perfil docente. Descuido y abandono sistemático de laboratorios, talleres e instalaciones en general, lo que ocasionó incluso que algunas de las instalaciones académicas estuvieran en desuso durante la mayor parte de la gestión mencionada. Compras a sobre precio y licitaciones a modo de cursos, infraestructura y auditorías internas; manipulación de la plantilla de personal, utilizando o subutilizando puestos, manipulación de los procesos de contratación de personal docente, sin dar oportunidades equitativas a los diferentes docentes universitarios para participar en ellas; una sobre-reglamentación institucional, así como estrategias dilatorias para cualquier tema que no saliera de la rectoría, desincentivando con esto la participación, propuesta y vigilancia de la comunidad universitaria sobre las autoridades.
Por su parte, el personal de la Universidad Tecnológica de Jalisco, bajo la tutela del doctor Víctor González Álvarez (2013-2019), vivió un proceso de depresión institucional similar, donde se llevó a cabo un acoso sistemático del personal docente y administrativo, procedimientos de contratación y re-categorización del personal docente, a modo y presuntamente discriminatorios. Y, en general, problemáticas similares en ambas instituciones.
Sin embargo, y además de todos los anteriores aspectos, uno de los que más preocupación causa a ambas comunidades universitarias, es el tema de la integración o fusión de ambas universidades con fines políticos, al menos esta es la apreciación del personal universitario, dadas las posibles afectaciones a las condiciones laborales y de prestaciones. Y es que desde hace años es parte del clamor popular de que el grupo político que maneja a la Universidad de Guadalajara desea absorber a estas instituciones con la finalidad de ampliar su cobertura y sus beneficios presupuestales.
3. Estado de México
La ASF reportó que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco recibieron 611 millones 711 mil 900 pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante un convenio de colaboración.
Estas instituciones educativas habrían incurrido en “un posible daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal”, determinó la Auditoría Superior de la Federación.
Instituciones como la recién creada Universidad Politécnica de Texcoco, con apenas dos años de existencia, ofrecería en 2013 servicios a la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales, de acuerdo al informe de la ASF –publicado en 2015– no fueron debidamente acreditados.
El convenio de colaboración de Sedesol y la Universidad Politécnica de Texcoco consistía en asesorar a funcionarios municipales sobre los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y colaborar en las actividades de la ‘Cruzada contra el Hambre’, pero incumplieron la normatividad al subcontratar a un tercero para la realización de las actividades.
Esta institución, que oferta servicios a la región nueve en la entidad, fue objeto incluso de una auditoría forense bajo el número 1638-DS al no acreditar la correcta prestación de servicios de “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”.
En su reporte de 2015, la ASF reportó que en conjunto las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl y Politécnica de Texcoco, entre otras, “no realizaron los proyectos de Sedesol y contrataron cinco empresas a las que se transfirió 591 millones 416 mil 900 pesos”, es decir, 97 por ciento de los recursos otorgados a las universidades, “sin que existiera contrato o constancia que justificaran los depósitos”.7
4. Estado de Morelos
Por lo que hace a la Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, se presentaron diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por las irregularidades de los nombramientos para la designación de plazas docentes. El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública destacó un desvío de recursos en el Instituto Tecnológico de Zacatepec; mencionó que dentro de los presuntos responsables hay directivos, maestros y secretarias, quienes supuestamente hicieron mal uso de los recursos, hasta el momento se desconoce el monto aproximado de lo desviado.
Pero, sobre todo, es evidente el presunto desvió de recursos del Fidecom a la falta de documentación sobre el uso de 300 millones de pesos del Fidecom para la reconstrucción de los edificios del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos que fueron afectados por el sismo del 2017.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías correspondientes al ejercicio 2020 a las Universidades Tecnológicas de Veracruz, Morelos, Jalisco, Tabasco y estado de México, con el fin de que la ASF investigue, informe, revise y, en su caso, sancione posibles irregularidades en el mal uso de los recursos públicos de estas Universidades Tecnológicas.
Segundo. Una vez realizada las auditorías y fundamentadas las evidencias que resulten, le solicito que por conducto de la Auditoría Superior de la Federación se emprenda la denuncia penal o de responsabilidad administrativa que considere pertinente a quienes resulten presuntamente responsables de las conductas puestas a la incorrecta aplicación de los recursos públicos conforme a la normatividad vigente, lo anterior según determine el área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, asimismo se le solicita se dé seguimiento correspondiente a las denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz, Morelos, Jalisco, Tabasco y estado de México.
Notas
1 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-17-1/assets/
documentos/PA_Morena_Sen_Baldera_Tecnologico_Minatitlan.pdf
2 http://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=proposicion&idFicha=15284
3 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/201 3_0251_a.pdf
4 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10-17-1/assets/
documentos/PA_Morena_Sen_Baldera_Tecnologico_Minatitlan.pdf
5 https://www.unotv.com/noticias/estados/veracruz/detalle/
denuncian-desvios-de-mas-de-mil-millones-de-pesos-en-escuelas-de-veracruz-839381/
6 https://www.eluniversal.com.mx/estados/
presentan-41-denuncias-por-presuntos-desvios-en-institutos-educativos-de-veracruz
7 https://www.digitalmex.mx/politica/story/1099/
universidades-tecnologicas-del-estado-de-mexico-participantes-en-la-estafa-maestra
Palacio Legislativo San Lázaro, a 5 de diciembre del 2019.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Colima a emitir con la mayor brevedad el decreto de conclusión de la revisión de las Cuentas Públicas de 2018, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada federal Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, integrante del grupo parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El artículo 36 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece que el Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el decreto correspondiente, con base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, sin menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, en los términos siguientes:
“Artículo 36
[...]
El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el decreto correspondiente, con base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, sin menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.”
2. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el propio artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política Particular del Estado de Colima, establece que es atribución del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental presentar al Congreso del Estado, el Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a que se refiere el párrafo quinto del artículo 36 de dicha Constitución Local, a más tardar el treinta de septiembre del año de la presentación de la Cuenta Pública en los términos de la ley de la materia, el cual tendrá carácter público;
3. Ahora bien, las Cuentas Públicas anuales del ejercicio fiscal 2018 de los Entes Fiscalizables de la Entidad Federativa de Colima, fueron presentadas para su fiscalización superior a más tardar el último día de febrero en el caso de los Ayuntamientos, Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Estatales Autónomos y Organismos Prestadores del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento; y a más tardar el 30 de abril para el caso del Poder Ejecutivo del Estado; de con lo dispuesto en los artículos 36 cuarto párrafo y 95 párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
4. Por su parte, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, entregó en tiempo y forma antes del 30 de septiembre de 2019, al Congreso del Estado de Colima por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, los Informes del Resultado correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Órganos Estatales Autónomos y Organismos Prestadores del Servicio de Agua Potable, tal como lo mandata el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política Particular del estado de Colima;
5. En la madrugada del día 30 (treinta) de noviembre de 2019 , los Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Colima, entre ellos algunos del Grupo Parlamentario de MORENA, en Sesión Pública Ordinaria, aprobaron por mayoría de quince votos a favor, cinco votos en contra y una abstención, un Dictamen número 93 emitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en el que se propone emitir DECRETO DE APLAZAMIENTO de la dictaminación de cierre de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, correspondiente a todos los Entes Fiscalizados, hasta el mes de febrero del año 2020, argumentando que el OSAFIG no proporcionó en vía de ampliación o aclaración de los Informes del Resultado, los elementos necesarios para realizar la dictaminación respectiva y que ante esa circunstancia cobraba aplicabilidad lo dispuesto en el artículo 49 último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, que a la letra establece:
“Artículo 49...
[...]
Cuando por causas justificadas a criterio del pleno del Congreso del Estado, no pueda dictaminarse la cuenta pública de una entidad, se dejará abierto el proceso de revisión y fiscalización hasta en tanto se tengan los elementos para dictaminar lo procedente o el plazo establecido por el Congreso del Estado. Dicha determinación deberá contenerse en un Decreto. Este acto legislativo deja sin efecto cualquier responsabilidad del Órgano Superior de Auditoría, si las causas son ajenas al mismo.”
6. En la Sesión Pública Ordinaria desarrollada entre la noche del día 29 (veintinueve) y la madrugada del 30 (treinta) de noviembre de 2019, diversos Legisladores Locales de diferentes grupos parlamentarios hicieron uso de la Tribuna, para denunciar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, señalando que la Norma Fundamental del Estado de Colima no contemplaba ningún supuesto para que el Congreso del Estado de Colima dejase abierto el proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas, y que por lo tanto, al ser la Constitución Política del Estado de Colima la norma de mayor jerarquía en el estado, esta debía aplicarse por encima de lo que dispongan las normas secundarias o complementarias, más aun tratándose del ejercicio de una potestad primordial de la Legislatura del Estado de Colima como lo es la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, en aras de garantizar a la sociedad colimense que los mecanismos y herramientas de transparencia y rendición de cuentas que contempla la Ley Fundamental en el estado de Colima, son efectivos e imparciales;
7. En adición a lo anterior, en los debates legislativos expuestos por los legisladores que apostaron por la aplicación del párrafo quinto del artículo 36 de la Constitución Local de Colima, por encima del último párrafo del artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se dijo que la norma constitucional obligaba al Congreso del Estado a emitir el decreto correspondiente en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas a más tardar el 30 de noviembre de 2019, pues las observaciones, recomendación y acciones promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Colima, continuarían su curso legal para el fincamiento en su caso, de las responsabilidades administrativas o penales en que hubiesen incurrido los servidores públicos; con lo que además se evitaría incurrir en conductas que motiven la presentación de denuncias de juicio político en contra de los propios Legisladores Locales;
8. El día de hoy lunes 2 de diciembre de 2019, circuló en medios locales que los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado sí fueron atendidos en tiempo y forma por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) en lo referente a la calificación de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2018, pues en el apartado de transparencia de la página oficial del Órgano Fiscalizador se encuentra información disponible para consulta, que comprueba la atención en tiempo y forma las dudas, consultas y requerimientos que tuvieron en su momento los Diputados pertenecientes a la Comisión de Hacienda, siendo por tanto inconstitucional el aplazamiento de la calificación de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2018; y
9. No pasa por alto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y 34 fracción V, de su Reglamento, es obligación del Presidente de la Mesa Directiva de ese Poder Legislativo del Estado de Colima, motivar a las comisiones para que presenten sus dictámenes en los tiempos reglamentarios y exhortar a las comisiones para que presenten sus dictámenes en los tiempos reglamentarios y de ser necesario, proponer a la Asamblea que pasen a otra comisión, o en su caso, se integre una especial para dictaminar algún asunto en particular; siendo evidente el incumplimiento a dichas disposiciones normativas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Diputados integrantes de la LIX Quincuagésima Novena Legislatura del estado de Colima, entre ellos a los miembros del Grupo Parlamentario de Morena, para que emitan el decreto de conclusión de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 con base en los Informes del Resultado presentados en tiempo y forma por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, tal como lo mandata el artículo 36 párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, Ley Fundamental que protestaron guardar y hacer guardar al tomar posesión de su cargo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Claudia Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar el manejo de los programas sociales que operan en las 32 delegaciones estatales de programas integrales de desarrollo, suscrita por la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno e integrantes de diversos grupos parlamentarios
Las y los diputados federales de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que suscriben el presente punto de acuerdo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía para su análisis y aprobación la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus facultades, realice las auditorías del manejo de los programas sociales que operan en las 32 delegaciones estatales y se entregue a la honorable Cámara de Diputados (a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación), los informes detallados de las auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2019, para el esclarecimiento de los recursos públicos federales , de conformidad con lo siguiente:
Consideraciones
1. Que, las atribuciones del coordinador general de Programas para el Desarrollo será la de coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal en materia de ejecución de los programas integrales de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y estados.
2. Que son las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública vigilar las actividades de los servidores públicos federales, determinar la política de compras de la Federación, auditar el gasto de recursos federales y coordinar a los órganos internos de control en cada dependencia federal, así como la investigación, sanción y control de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, entre otras funciones.
3. Que son facultades de la Secretaría de Bienestar proporcionar los apoyos de los programas a las personas en “emergencia social o natural”, observar que los apoyos se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, máxima publicidad, selectividad y temporalidad; y, entregar los apoyos de forma económica y/o en especie directamente y sin intermediarios a los beneficiarios, de preferencia por instrumento bancario.
4. Que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, para fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Asimismo, es la instancia para presentar los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
5. Que la Cámara de Diputados cuenta con las atribuciones para que las y los legisladores soliciten cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal, conforme lo establece el artículo 6, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
6. Que es una facultad de la honorable Cámara de Diputados fortalecer y hacer integral la prevención, el control, la supervisión, la fiscalización, la evaluación, la sanción y el desarrollo de la gestión pública, cumpliendo con la normatividad vigente y atendiendo a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y a los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez, a efecto de lograr un correcto, leal, eficiente y eficaz desempeño de los servidores públicos.1
7. Que dentro de las facultades de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, es evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las funciones que conforme a la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación le corresponden, presentar las denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Unidad de Evaluación y Control; ser el conducto de comunicación entre la Cámara de Diputados y la Unidad, y demás atribuciones de conformidad como lo establecen los artículos 66 y 67 de la Ley en mención.
Antecedentes
El 24 de diciembre de 2018, las y los diputados aprobamos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20192 (PEF), por un monto de cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos (mdp). La cifra corresponde al total de los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. En el PEF se etiquetaron recursos para los programas sociales y de desarrollo de la siguiente manera3
(cifras en números cerrados):
-Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (100 mmdp).
-Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (7 mmdp).
-Sembrando Vida (15 mmdp).
-Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (1 mmdp).
-Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior “Benito
Juárez” (17.8 mmdp).
-Programa de Mejoramiento Urbano (8 mmdp).
-Programa Nacional de Reconstrucción (8 mmdp).
El 21 de agosto de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador nombró a Gabriel García Hernández como coordinador general de los Programas Integrales de Desarrollo, y es el encargado de supervisar las labores de las y los 32 titulares de las delegaciones estatales y de las 264 delegaciones regionales.
El 30 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por las que adiciona la figura del titular de las delegaciones estatales de Programas para el Desarrollo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 17 Bis y Ter, 20 y 32, fracción XX.4
El 18 de diciembre de 2018, la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, oficializó el nombramiento de las y los 32 titulares de las delegaciones estatales de los Programas Integrales de Desarrollo, quienes se encargarán de distribuir y vigilar la entrega de los recursos federales a los beneficiarios, según el programa social.
El 30 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND)5 que incluye los 9 programas que operarán durante el sexenio de la cuarta transformación:
1. Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Se trata de un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. El apoyo económico se entrega de manera directa mediante el una tarjeta bancaria. Incluso en las comunidades indígenas del país la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años.
2. Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Este es un apoyo a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. El monto del apoyo económico es de 2 mil 250 pesos bimestrales y se entrega en forma también bimestral mediante depósito directo en una tarjeta bancaria.
3. Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde kínder, primaria, secundaria y preparatoria. Se otorga una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral por depósito en tarjeta bancaria o con una orden de pago en sucursales. Incluso, si no hay otra forma, se puede recibir el dinero en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración de este apoyo será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa.
4. Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales en donde recibirán capacitación para luego insertarse en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima de un año y la relación entre becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Por ser becario también puedes inscribirte al IMSS, con un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el programa.
5. Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este programa otorga becas a los jóvenes que estudien la universidad, que tengan menos de 29 años y no reciban otra beca del gobierno federal. Sin embargo, se dará prioridad a mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes y personas que vivan en un hogar en situación de pobreza o en contextos de violencia. A cada becario se dará un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar completo del becario, que el joven tenga un número de matrícula y un grupo asignado y que asista a clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse anualmente mientras estudien, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de estudios de la carrera que cursen. Si estudias en el Sistema de Universidades Benito Juárez tienes prioridad para recibir el apoyo.
6. Sembrando Vida. El programa está dirigido a las personas del campo que vivan en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; y trata de sembrar cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables. Se da un apoyo económico a aquellos campesinos que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural, también a los que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal y acompañamiento técnico. Asimismo, se paga hasta 18 mil pesos al mes a los supervisores de siembra de árboles para la reconstrucción del tejido social y el medio ambiente.
7. El Programa Nacional de Reconstrucción. El programa está orientado para personas afectadas en Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos índices de violencia, y considerando las localidades con mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la infraestructura y las viviendas. El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, creada mediante decreto presidencial y es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Este programa solo está circunscrito a 14 ciudades. Se trata del Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico para la rehabilitación o el mejoramiento de espacios públicos. El programa abarca las ciudades de Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. También se incluyen ciudades turísticas como Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad.
9. Tandas para el Bienestar. Un millón de pequeños negocios recibirán el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. Puedes solicitar créditos que van de los 6 mil pesos y hasta los 20 mil pesos. Si pides lo mínimo, esos 6 mil pesos, y si al término del año el crédito ha sido pagado, podrás acceder a otro préstamo por 10 mil pesos. Así sucesivamente hasta alcanzar el monto de los 20 mil pesos de préstamo.
El 20 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la presentación oficial de los 9 Programas Integrales de Bienestar y los lineamientos específicos para la entrega de los apoyos y de las instancias que serán ejecutoras, normativas, de control y vigilancia; así como una matriz de indicadores, que formarán parte del sistema de monitoreo y evaluación.
Exposición de Motivos
Primero. El 13 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum6 con el que pide a secretarios, directores, delegados y servidores públicos prohibir que se hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o en favor de “sus recomendados”, así como a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo.
Segundo. El 11 de agosto de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los 32 delegados del gobierno federal y con Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, dependiente a la Oficina de Presidencia, a fin de encargarles que puntualmente sean entregados los recursos a los beneficiarios de pensiones, becas y otros apoyos económicos.
Tercero. El 22 de octubre de 2019, la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores, compareció en la Cámara de Diputados, donde recibió las denuncias de proselitismo por parte de varios delegados federales y reconoció que se inició una investigación por posibles actos de corrupción contra los llamados “superdelegados” de Colima y Tamaulipas.
Cuarto. El 24 de octubre de 2019, durante la comparecencia en la Cámara de Diputados, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer que existen 12 denuncias en contra de 10 delegados federales (Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco) por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Quinto. En conferencia matutina del pasado 25 de octubre de 2019,7 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) actuar sin impunidad en el caso de las denuncias que existen en contra de 10 delegados federales: Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. Agregó que la separación del cargo a los delegados será una decisión de la SFP.
Sexto. El 31 de octubre de 2019, se hizo la denuncia presentada por diputados de Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gabriel García Hernández, coordinador de los Programas de Desarrollo en los estados, y se le acusó de utilizar a personal que trabaja en las oficinas federales para la elección interna de Morena.
Séptimo. El 19 de noviembre de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el maestro Santiego Nieto, afirmó que se está investigando a delegados de las entidades federativas del actual gobierno por actos de corrupción y cohecho. Asimismo, se trabaja en conjunto con las autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a funcionarios y delegados federales relacionadas a las denuncias.
Octavo. El medio de comunicación Sin Embargo8 presentó un informe sobre los titulares de las delegaciones estatales de Programas Integrales de Desarrollo, donde se exponen las observaciones por cada uno de los delegados y sus respectivas irregularidades sobre su gestión.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta atentamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus facultades realice Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los programas sociales que operan en las 32 delegaciones estatales de Programas Integrales de Desarrollo y se entregue a esta honorable Cámara de Diputados, y haga públicos los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de conformidad con la legislación en la materia.
Segundo. Con pleno respeto al ámbito de las facultades de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, se exhorta respetuosamente para que dé cauce a las demandas aquí expuestas y tome las medidas legales que correspondan para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Notas
1 Desde 1812, ya se establecía que en la Constitución de Cádiz se otorgó a los diputados las facultades de solicitar la rendición de cuentas, cuando así lo requieran, ver en: Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (2015), “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”, Tomo II, México, Pág. 615.
2 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/
2018/Diciembre/24/1085-Aprueba-Camara-de-Diputados-el-Presupuesto-de-Egresos-de-la-
Federacion-2019-por-5-billones-838-mil-59.7-mdp-lo-turna-al-Ejecutivo-para-su-publicacion-en-el-DOF
3 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/exposicion/EM_Documento_Completo.pdf y
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=38S190.
4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018.
5 Presidencia de la República (2019), Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2014, México.
6 https://cdn2.excelsior.com.mx/media/inside-the-note/pictures/2019/06/13 /memo.jpg
7 https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la -conferencia-de-prensa-matutina-viernes-25-de-octubre-2019?idiom=es y https://aristeguinoticias.com/2510/mexico/conferencia-de-prensa-de-amlo -25-10-2019-en-vivo/.
8 https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3584310
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputados: Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, María Guillermina Alvarado Moreno , Armando Javier Zertuche Zuani, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Manuel López Castillo, Casimiro Zamora Valdez, Lourdes Érika Sánchez Martínez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Ana Lilia Guillén Quiroz, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Carmen Patricia Palma Olvera, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Sergio Mayer Bretón, María del Rosario Merlín García, Lidia García Anaya, (inintelegible), María Marivel Solís Barrera, Abelina López Rodríguez, María de los Ángeles Huerta del Río, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Alfredo Porras Domínguez y Nayeli Salvatori Bojalil (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a revisar los criterios del cobro de peaje en las carreteras del país y las condiciones de éstas, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una revisión de los criterios del cobro de peaje en las carreteras del país, así como a revisar las concesiones para que cumplan con los criterios de cobro conforme a distancia recorrida, así como el estado de las condiciones que guardan las carreteras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los derechos humanos en México han tenido un gran impulso, principalmente a partir de la reforma constitucional del 2011, en ella se incorporaron a su reconocimiento, distintos derechos como el de movilidad.
Durante muchos años, el derecho al libre tránsito, consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, fue utilizado de manera genérica para expresar la libertad de los individuos para desplazarse de manera libre y segura por el territorio nacional, sin importar la forma en que lo hiciera. Esta lectura, a la luz del artículo 1o. constitucional, implica que ninguna medida de restricción puede adoptarse de manera discriminatoria. En otras palabras, la limitación del derecho de libre circulación no puede válidamente aplicarse sólo a una clase específica de personas.
Sin embargo, la amplitud de la interpretación de este derecho, así como el desarrollo y la incorporación de otros derechos humanos al reconocimiento internacional, permite la especificad de esté, para el caso de poder moverse en territorio nacional, especificando el desplazamiento que se realice de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y a los principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Este derecho humano a la movilidad, como muchos otros, es una evolución de este proceso de reconocimiento de derechos humanos que, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se encuentra concluida, según Norberto Bobbio.
“Este reconocimiento a la movilidad como derecho humano también está vinculado de manera estrecha con las discusiones y movilizaciones de alcance mundial entorno al derecho a la ciudad, las cuales se han materializado en particular a través de la promulgación de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Aun cuando ese instrumento no tiene un carácter jurídico formal y, por lo tanto, no obliga a los Estados con la misma fuerza que los tratados y convenciones internacionales, contiene opiniones válidas y compartidas por actores de renombre internacional.”
(https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4 674/6.pdf)
En México, de acuerdo con lo anterior, este derecho a la movilidad es ejercido de manera importante a través del uso de la red carretera del país, que permite a los ciudadanos desplazarse ellos, junto con sus mercancías, incluyendo el vehículo de manera libre en el territorio.
La infraestructura carretera no solo permite el goce del derecho de movilidad, sino el cumplimiento de otros tantos vinculados al desarrollo y bienestar. Diversos estudios han demostrado como la infraestructura carretera es importante y resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que, entre otras cosas, eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.
En el mundo existen distintos esquemas para la inversión pública y privada en la construcción de carreteras que permita la ampliación de este derecho, fijando el pago de su uso en contraprestación y con el propósito de generar ingresos que permitan recuperar el monto de inversión.
Además, la cuota o peaje que se cobra al conductor de un vehículo tiene por objeto cubrir los costos proporcionales que genera su circulación; costos administrativos o de operación; costo de conservación; y costos de construcción de la infraestructura.
El pago de la cuota debe corresponder con ciertos factores de calidad, por ejemplo, servicios (por ejemplo; estaciones de servicio, grúas y teléfonos de emergencia), comodidad (estado superficial del pavimento, tiempo de viaje), seguridad (proyecto geométrico y señalamiento), y distancia o trayecto, siendo considerado este último factor de manera desproporcional para el caso de michas carreteras de nuestro país.
Un claro ejemplo de lo anterior es carreteas como la de La Marquesa-Ciudad de México, cuyo trayecto es de solo 21 kilómetros y para recorrerla hay que pagar más de 80 pesos, teniendo que pagar alrededor de 4 pesos por cada mil metros. Otros ejemplos son la carretera Guadalajara-Tepic, cuyo costo de trayecto en sus 169 kilómetros, supera los 400 pesos, costando cada kilómetro 2 pesos con 50 centavos; el libramiento norte de la Ciudad de México (Arco Norte), cuyo costo de trayecto en sus 223 kilómetros es de 450 pesos, superando los dos pesos por kilómetro. Así podríamos continuar con más ejemplos, por lo que es importante revisar el costo de peaje en todas las carreteras del país.
Se entiende que para el gobierno resulta imposible generar en su totalidad la infraestructura carretea que necesita el país, por ello existen las concesiones a particulares para operarlas, sin embargo, estas concesiones no son del todo claras. No hay fechas exactas de incremento de tarifas, no hay porcentajes establecidos de manera uniforme y mucho menos criterios claros y públicos para determinar los incrementos.
Muestra clara de lo anterior son los incrementos aplicados a diversas carreteras, que fueron establecidos a principios de septiembre del año pasado, casualmente a finales de la administración pasada, donde hubo incrementos de entre el 10 y el 33 por ciento del costo. Por ejemplo, la autopista Cuernavaca – Acapulco cuyo costo se elevó de los 324 a los 432 pesos, significando un incremento real del+33 por ciento; de igual manera, el tramo de la autopista México-Cuernavaca aumentó un 32 por ciento, pasando de los 74 a los 98 pesos; y la México-Puebla aumento de los 141 a los 165 pesos (+17 por ciento); en tanto que la autopista Tehuacán-Oaxaca aumentó su tarifa un 16.5 por ciento.
Estos son algunos de los ejemplos de los incrementos, en algunos casos hasta abusivos, en el cobro de peaje en carreteas.
Ante este abuso la secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá revisar las tarifas y verificar si estas están acordes a criterios justos y equitativos, como por ejemplo el tramo recorrido.
De acuerdo con un estudio denominado Análisis comparativo de tarifas en autopistas concesionadas , elaborado por Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados, realizando un estudio comparativo para el caso de otros países como Argentina y Brasil, encontrándose criterios claros en el cobro de peaje en aquellos países, pero no para el caso de nuestro país.
Además, México registra el cobro más alto respecto a la distancia recorrida o tramo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una revisión de los criterios del cobro de peaje en las carreteras del país, así como a revisar las concesiones para que cumplan con los criterios de cobro conforme a distancia recorrida, así como el estado de las condiciones que guardan las carreteras.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de diciembre de 2019.
Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, la Profeco y la Cofece a dar seguimiento a la prestación de los servicios aéreos de pasajeros y las respectivas tarifas en cuanto a condiciones satisfactorias de calidad y competitividad, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Luego de las disposiciones aplicadas a la Ley de Aviación Civil publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio de 2017, los derechos de los usuarios de servicios aéreos de pasajeros han sido salvaguardos, evitando prácticas de abusos recurrentes.
No obstante, debido a las nuevas condiciones y restricciones en los servicios aéreos, las tarifas se han incrementado desmesuradamente. Durante el periodo decembrino, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un incremento de precios del 22.7 por ciento en diciembre de 2018, respecto del mismo periodo en 2017.1
Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, declaró que, durante el operativo decembrino y Día de Reyes, llevado a cabo del 19 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, realizaron 574 conciliaciones con diversas aerolíneas, remunerando a los consumidores un monto superior a los 5 millones 400 mil pesos , lo que implicó un aumento del 42 por ciento en el número de conciliaciones respecto al año anterior.
Las reclamaciones más recurrentes son por sobre venta, demoras y cancelaciones injustificadas de Interjet con 174; Aeroméxico con 144; Volaris 139 y Viva Aerobús con 116.2
El portal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reporta estadísticas sobre su “movimiento operacional”, las cuales señalan que durante el 2017 se movilizó a un total de 44 millones 732 mil 418 pasajeros, mientras que en 2018 se movilizaron 47 millones 700 mil 547 pasajeros, solo 6.6 por ciento más; lo cual no justifica bajo ninguna circunstancia el incremento desmedido de los precios ante una demanda similar a la del año anterior.3
Debido a que los componentes del costo de un boleto de avión dependen de distintas variables como el tipo de cambio (peso/dólar), impuestos, comisiones, costo de combustibles entre otros; el precio puede sufrir pequeñas variaciones cada día.4
El efecto estacional de oferta y demanda durante los periodos vacacionales permite a los concesionarios manipular los precios de forma discriminada, ocasionando incrementos desmedidos en el precio final de vuelos nacionales e internacionales, además de la saturación por sobre venta y un mal servicio en términos generales, que concluyen en reclamaciones y pérdidas significativas para los usuarios.
Por otra parte, las aerolíneas nacionales e internacionales han generado un sin número de abusos por cobros indebidos en el equipaje.
En 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) multó a cinco aerolíneas con 22.4 millones de pesos por cobrar a los clientes la primera maleta en vuelos a Estados Unidos y Canadá. A través de un comunicado, la dependencia informó que las aerolíneas sancionadas son las compañías mexicanas Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobús, así como la estadounidense Jet Blue Airways. También se iniciaron dos procesos legales en contra de United Airlines y American Airlines por la misma infracción, los cuales serán resueltos próximamente.
La multa de la Profeco se desglosa de la siguiente manera:
Aeroméxico: 6.3 millones de pesos
Interjet: 5.1 millones de pesos
Volaris: 4.5 millones de pesos
Viva Aerobús: 4.2 millones de pesos
Jet Blue: 2.3 millones de pesos
Las cinco empresas referidas también fueron señaladas por la Profeco por incurrir en la difusión de publicidad engañosa, actos discriminatorios y poner cláusulas abusivas en contratos de adhesión.5
“Las 5 aerolíneas multadas por la Profeco, por cobrar a los viajeros la primera maleta documentada en vuelos a EU y Canadá, también tendrán que indemnizar a los viajeros afectados si éstos lo solicitan, informó el procurador en funciones Rafael Ochoa. Ayer la Profeco informó que aplicó multas por 22.4 millones de pesos a Volaris, Interjet, Aeroméxico, Viva Aerobús y Jet Blue Airways por hacer este cobro, ya que violaron las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, así como su reglamento. Para que los viajeros sean indemnizados deben interponer una queja ante la Procuraduría” (28 de junio de 2017).6
Debido a que la Ley de Aviación Civil establece que:
Capítulo II
De la autoridad aeronáutica
Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo;
II. a XII...
XIII. Autorizar la práctica de visitas de verificación;
Capítulo III
De las concesiones y de los permisos
Sección Primera
De las concesiones
Artículo 9. Se requiere de concesión que otorgue la Secretaría para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular. Tal concesión sólo se otorgará a personas morales mexicanas.
Los interesados en la obtención de concesiones deberán acreditar:
I. La capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y precio;
II. La disponibilidad de aeronaves y demás equipo aéreo que cumplan con los requisitos técnicos de seguridad, las condiciones de aeronavegabilidad requeridas y las disposiciones en materia ambiental;
III. La disponibilidad de hangares, talleres, de la infraestructura necesaria para sus operaciones, así como del personal técnico aeronáutico y administrativo capacitado para el ejercicio de la concesión solicitada; y
IV. Contar, por sí mismas o a través de sociedades mercantiles mexicanas asociadas, con la experiencia que haga viable su permanencia en el sector y maximicen la seguridad de sus operaciones.
Los concesionarios a que se refiere este artículo podrán prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional siempre que cuenten con la autorización de las rutas correspondientes por parte de la Secretaría.
Sección Tercera
Disposiciones comunes
Artículo 15. Las concesiones o los permisos se podrán revocar por:
I. a V...
VI. Aplicar tarifas diferentes a las registradas, o en su caso, aprobadas;
Capítulo VIII
De las tarifas
Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Las tarifas internacionales se aprobarán por la secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.
Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.
La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.
En las tarifas se describirán clara y explícitamente las restricciones a que estén sujetas y permanecerán vigentes por el tiempo y en las condiciones ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del conocimiento del usuario al momento de la contratación del servicio.
Artículo 42 Bis. Para el servicio al público de transporte aéreo de pasajeros, el concesionario o permisionario, o sus representantes, tiene la obligación de informar y respetar las tarifas y restricciones.
Asimismo, es responsable de que la información relativa a las tarifas esté permanentemente a disposición de los pasajeros y de que cumpla los siguientes requisitos:
I. Debe apegarse a los términos derivados de la concesión o permiso y contener explícitamente las reglas de aplicación, o condiciones y restricciones que comprende la oferta, así como la vigencia de las mismas; y
II. La información y publicidad relacionada con las tarifas deberán ser exactas, veraces, comprobables y claras, que no induzca al error o confusión al pasajero por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenten.
Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los pasajeros sin discriminación alguna.
La violación a este artículo se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará por la Procuraduría, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Artículo 43. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
En la regulación, la Secretaría podrá establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones.
Capítulo X Bis
De los derechos y las obligaciones de los pasajeros
Artículo 47 Bis . El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero:
I. a VIII...
IX. Para vuelos nacionales e internacionales, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un pago adicional.
...
Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros. El permisionario o concesionario podrá solicitar al pasajero un pago por peso y dimensiones adicionales del equipaje de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos y dimensiones menores a los establecidos en este párrafo.
Para los servicios de transporte aéreo internacional, el transporte de equipaje se sujetará a lo dispuesto en los Tratados.
X. El pasajero tiene derecho a conocer los términos del contrato, así como los derechos de los que goza. Los permisionarios y concesionarios deberán informar al pasajero, al momento de la compra del boleto, acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como los derechos de los pasajeros.
El concesionario o permisionario estará obligado a pagar las indemnizaciones previstas en la presente Ley dentro de un periodo máximo de diez días naturales posteriores a su reclamación por parte del pasajero , salvo las compensaciones de alimentos y hospedaje que deberán ser cubiertos al momento de que el retraso del vuelo se actualice.7
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establece que
Ley Federal de Protección al Consumidor
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica , así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.8
La necesaria modificación a la Ley de Aviación Civil se debió a los muchos abusos, malas prácticas y servicios de poca calidad en detrimento de los usuarios, dando lugar a fuertes sanciones para los prestadores del servicio, quienes han tenido que atender las demandas del consumidor y apegarse a la ley y sus diversas disposiciones; más resulta evidente que el incremento excesivo de las tarifas de boletos de avión, los frecuentes abusos y la desinformación, afectan directamente al interesado materializando el efecto secundario de dichas sanciones.
Por lo anteriormente expuesto y en estricto beneficio de las garantías de usuarios del servicio aéreo de pasajeros, me permito presentar ante este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verifiquen y difundan los servicios y tarifas del trasporte aéreo de pasajeros en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y precio; y de las sanciones aplicables en caso de omisiones a la ley y sus disposiciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y concesionarios, establezcan los precios máximos, así como los precios y tarifa de conformidad a la ley y demás disposiciones.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/programas/eti/2018/
2 https://www.gob.mx/Profeco/prensa/informa-Profeco-resultados-de-operati vos-decembrinos-y-de-dia-de-reyes?idiom=es
3 https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadisticas/Estad isticas2018Dic.pdf
4 Para el caso de vuelos internacionales, las tarifas de establecen bajo los criterios de tratados internacionales.
5 https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191115/aerolineas-multadas-p or-cobrar-la-primera-maleta-aeromexico-interjet/
6 https://www.gob.mx/conuee/prensa/notas-seleccionadas-del-dia-28-de-juni o-de-2017
7 Ley de Aviación Civil.
8 Ley Federal de Protección al Consumidor. https://www.Profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_libro.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, suscrita por el diputado Alejandro Viedma Velázquez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Alejandro Viedma Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que, en uso de sus atribuciones, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Lo anterior con base a lo siguiente
Antecedentes
En octubre de 2005 se firmó en Badajoz, España, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, lo que para el 1 de marzo de 2008 entró en vigor en varios países como: Brasil, Colombia, Argentina y por supuesto México.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes; que tiene el propósito de ampliar y especificar derechos contemplados en la Convención, en función de las realidades juveniles contemporáneas.
Asimismo, este tratado internacional se encarga de posicionar a las y los jóvenes como sujetos de derecho, el cual influye de manera objetiva a que países firmantes diseñen y rediseñen políticas públicas, programas, proyectos e iniciativas que brinden el cabal cumplimiento a la Convención de la que son suscritos.
Como un primer esfuerzo, la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica (OIJ) declaró en 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,1 necesaria la actualización de este documento por parte de los países inmersos en dicha organización; y posteriormente su ratificación y promoción por los parlamentos de cada uno de los países de la comunidad iberoamericana, para que lo que está en el papel sea una realidad palpable de la cual los jóvenes puedan beneficiarse. Sin embargo, hasta el momento, México continúa sin ratificar este tratado internacional.
La población de jóvenes, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales 50.6 por ciento son mujeres y 49.4 por ciento son hombres. Por esta razón, la población joven de México tiene un papel muy importante para las políticas, tanto por el lugar que ocupan entre la población nacional en cuanto a su número, como por sus características diversas en cuanto a etnicidad, educación, empleo y transiciones en el curso de vida.2 Por eso, han sido distintas las instancias y los medios por donde se ha solicitado cordialmente al Senado de la República la ratificación de dicho documento, no obstante, las autoridades correspondientes han desatendido el tema y han preferido darle vuelta a la hoja.
Las juventudes están interesadas en que sus derechos sean reconocidos, ejemplo de ello fue el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, celebrado del 8 al 11 de noviembre del presente año, en la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. La intención primordial del Parlamento fue escuchar las voces de las y los jóvenes rumbo a la construcción de una Ley General de Juventudes, una propuesta elaborada por la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. De tal efecto, durante este ejercicio de participación, surgió un consenso generalizado por hacer extensivo y de obvia resolución la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), con la lógica de atender una Ley de Juventud que sostendría varios de los preceptos y derechos plasmados en la ella.
Por lo que, mediante una activa participación de 290 jóvenes parlamentarios en el pleno de San Lázaro, el 10 de noviembre del año en curso, se levantó el puño y voz de cientos de jóvenes con motivo de incitar y exigir al gobierno mexicano confirme su compromiso hacia este tratado internacional, que resulta tan relevante y fundamental para las juventudes mexicanas que desean hacer de su país un lugar mejor.
Consideraciones
I. Con fecha 1 de marzo de 2008 entró en vigor la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, dicho tratado internacional es el único de su naturaleza, dado que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
II. Asimismo, en 2016 dicha Convención fue actualizada por los países miembros del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre ellos, México.
III. A la fecha han pasado tres años desde la actualización de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, sin que el Estado mexicano, haya ratificado su contenido.
IV. Ahora bien, en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México la población de jóvenes, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015, asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales 50.6 por ciento son mujeres y 49.4 por ciento son hombres.
V. En tal virtud, existe la necesidad de contar con un instrumento de derecho internacional que reconozca un estándar mínimo de protección de sus derechos humanos, lo anterior, con el objetivo de que el Estado mexicano garantice un ejercicio integral de sus derechos, en términos de los que prevé el artículo 1o., primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la incorporación a rango constitucional de los instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
VI. Además, cabe destacar que durante el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, desarrollado los días 8 al 11 de noviembre del presente año, se puntualizó sobra la necesidad de que el Estado mexicano ratificara la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, debido a la configuración normativa de la primera Ley General de Juventudes, la cual entre otras cuestiones, retoma instrumentos internacionales que derivan del derecho internacional de los derechos humanos, en específico de la Convención antes referida.
Por las consideraciones antes expuestas, se somete a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República para que, en uso de sus atribuciones constitucionales, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Notas
1 Consultado del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica: https://oij.org/wp-content/uploads/2017/06/Convenci%C3%B3n-derechos-04. pdf
2 Consultado en el Programa Anual de Trabajo 2019 del Instituto Mexicano de la Juventud, modificado el 26 de junio del presente año
https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PAT_2019mod.p df
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputados: Alejandro Viedma Velázquez, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Rosa María Bayardo Cabrera, Lidia Nallely Vargas Hernández, Dorheny García Cayetano, Ana Lucia Riojas Martínez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Édgar Guzmán Valdez (rúbricas)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a difundir los efectos positivos y los negativos del tetrahidrocannabinol, o THC, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a informar a esta soberanía sobre los efectos, tanto positivos como negativos para el ser humano, del tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los temas más polémicos de los últimos años, tanto en el mundo como en México, es la despenalización del uso de la marihuana, ya sea para fines recreativos como terapéuticos. Sin embargo, en nuestro país la discusión sobre este tema ha ido avanzando paulatinamente a favor del uso medicinal.
De tal suerte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha venido otorgando una serie de amparos a favor de pacientes, menores de edad, para el uso y consumo de medicamentos elaborados con cannabidiol.
Como resultado del cambio de paradigma ante el uso de la marihuana, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para la regulación del uso medicinal o terapéutico de la cannabis y sus derivados.
Sin embargo, no fue, sino hasta el 30 de octubre de 2018, que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), publicó los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados. Estos lineamientos establecen los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con uso industrial que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 por ciento o menores de tetrahidrocannabinol (THC), compuesto del grupo de los cannabinoides con efectos psicoactivos.1 Con ello, se dio la autorización, en el mes de noviembre de 2018, para la comercialización, exportación e importación de los productos que tienen hasta 1 por ciento de THC, liberando el primer paquete de 38 productos con cannabis que pueden ser comercializados en México por empresas nacionales y extranjeras, de los cuales 21 son suplementos, nueve cosméticos, seis alimentos y dos para materia prima.2
Posteriormente, en el mes de marzo de 2019, la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, revoca los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma” publicados el 30 de octubre de 2018, argumentando que los lineamientos aprobados contravienen el marco de lo mandatado en el decreto por el que se reformó la Ley General de Salud en 2017, al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos, toda vez que dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley.
Además, se anunció que la Cofepris revisará los documentos que en noviembre de 2018 fueron emitidos por la anterior administración como supuestas “autorizaciones” de productos que contienen cannabis y sus derivados, con el objeto de resolver sobre su validez o, de ser el caso, iniciar las acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable, eliminando la posibilidad de que se comercialicen, en territorio nacional.3
Recientemente, en el mes de agosto de este año, la SCJN, ordenó a la Secretaría de Salud y la Cofepris que emitan, en un lapso de 180 días, un reglamento para el uso de marihuana para uso medicinal. Dentro de los lineamientos se deberán contemplar toda la cadena de producción, desde la obtención y almacenamiento de semillas, su cultivo, cosecha, procesamiento, transportación, comercialización, y en general todas las actividades dirigidas al consumo terapéutico, la investigación científica y la práctica médica de la cannabis .4
Es oportuno mencionar que esta regulación se refiere exclusivamente al uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, por lo que se excluye el uso recreativo, que a decir de la SCJN en noviembre de 2015, su restricción violan los derechos humanos, que incluyen el derecho a consumir marihuana con cualquier fin.5
En este punto del debate, debe abrirse la discusión al uso lúdico de la marihuana, en el que se tome en cuenta, de manera responsable, los beneficios o daños que pueden ocasionar los componentes de la cannabis para el cuerpo humano, principalmente del compuesto THC, por lo tanto, es necesario que se cuente con la mayor información posible para que las determinaciones que se tomen, en nuestro caso legislativas, garanticen la salud y seguridad del pueblo que nos eligió.
En este punto vale la pena decir que, de acuerdo con la Fundación CANNA6 el tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC, es el componente psicoactivo de la planta de cannabis más importante y abundante en las variedades clasificadas como psicoactivas.
Además, señala que el THC es el cannabinoide que genera las mayores polémicas en torno a la legalización del cannabis por algunos de sus efectos tales como la alteración de la memoria y la percepción, así como la alteración del estado de ánimo de las personas.
La Fundación reconoce como propiedades terapéuticas del THC, aunque demostradas con distinta calidad de evidencia, la analgésica, antiinflamatoria, neuroprotectora, antioxidante, relajante muscular, antiemética y antináusea, antitumoral, orexigénica (estimulación del apetito) y que produce una de la apetencia por cocaína, heroína, alcohol y otras drogas.
Derivado de estas propiedades, el THC se utiliza en el tratamiento de enfermedades que cursan con rigidez muscular como Parkinson y Esclerosis Múltiple, del dolor crónico de distintas causas, particularmente el dolor neuropático, metastásico y secundario a la artrosis, así como para el acompañamiento de la quimioterapia y del tratamiento antitumoral asociado a otros tratamientos oncológicos.
Por su parte, también reconoce efectos negativos, como los antes mencionados, así como efectos adversos del THC como la sensación de cansancio, somnolencia, sequedad de boca, cefaleas, mareos y trastornos en la coordinación.
Sin embargo, a pesar de la información con la que ya se cuenta, la misma Fundación reconoce que, debido a las reglamentaciones prohibicionistas que imperan desde hace décadas a nivel mundial, se carecen de estudios científicos certeros sobre los efectos de la gran mayoría de los compuestos de la cannabis ,7 por lo se vuelve de la mayor importancia, que las autoridades sanitarias en nuestro país generen información veraz y certera respecto al tema.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, haga públicos los efectos, tanto positivos como negativos para el ser humano, del tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
Que-productos-de-cannabis-libero-la-Cofepris-y-cual-es-su-uso-20181126-0052.html
2 https://www.animalpolitico.com/2018/11/productos-cannabis-venta-mexico/
3 https://www.gob.mx/cofepris/prensa/se-revocan-lineamientos-en-materia-d e-control-sanitario-de-la-cannabis-y-derivados-de-la-misma?state=publis hed
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
cofepris-tiene-medio-ano-para-publicar-reglamento-para-uso-medicinal-de-marihuana-4039145.html
5 http://www.cannaconnection.es/blog/14766-estatus-legal-mexico
6 https://www.fundacion-canna.es/d-9-tetrahidrocannabinol-thc
7 https://www.fundacion-canna.es/cannabis-vs-thc-son-realmente-tan-distin tos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades ejecutivas de los tres niveles de gobierno a promover acciones de sensibilización de su personal y jornadas de lactancia en espacios públicos para considerarlos áreas incluyentes, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena
Érika Vanessa del Castillo Ibarra, en su calidad de diputada de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. El pasado 19 de noviembre de 2019, una mujer que amamantaba a su hija en las instalaciones del Museo de Arte Moderno (MAM) fue retirada por personal de seguridad, bajo el argumento de que alimentar a su bebé dentro de las instalaciones estaba prohibido.
Personal de seguridad solicitó a la usuaria amamantar en áreas fuera de las salas de exposición y argumentó que estaba prohibido el consumo de alimentos y bebidas en las salas y que le dijeron a la mujer que el reglamento interno del museo, en su sexto punto señalaba:
Le rogamos no consumir alimentos o bebidas al interior del museo. Así como no alimentar a los niños dentro de las salas, incluyendo el biberón.
Ese día el Centro Luperca, de maternidad, envió una carta de protesta1 al Museo de Arte Moderno la cual señalaba:
Museo de Arte Moderno
A quien corresponda:
El día de hoy, 19 de noviembre de 2019 a las 13.29 horas una mujer se encontraba amamantando en el Museo de Arte Moderno ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhí s/n, cuando personas de seguridad del predio le llamaron la atención y le pidieron que se retirara mencionando que en el reglamento dice que está prohibido. Al menos 10 personas de seguridad y el jefe de seguridad le comentaron lo mismo y le mostraron el reglamento el cual dice en el sexto punto: Le rogamos no consumir alimentos o bebidas al interior del museo. Así como no alimentar a los niños dentro de las salas, incluyendo biberón.
No estamos de acuerdo con que una mujer que está amamantando en un museo, en donde se promueve la cultura, sea expulsada del mismo tomando en cuenta que es el derecho de la mujer y del infante ser alimentado de la mejor manera. El artículo 4to. Constitucional en su párrafo tercero dice: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará”.
Adicional a esto, está en contra de la mujer lactante:
La Ley de Cultura Cívica:
Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad de las personas:
...VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una persona lactante, en el espacio público;
Esperamos su respuesta ante el lamentable suceso.
Atentamente
Normalizando la lactancia en México.
Centro Luperca
Segunda. En respuesta a estos hechos, el 21 de noviembre de 2019, el Museo de Arte Moderno, mediante un comunicado publicado en su cuenta de twitter, ofreció una disculpa pública2 , en la que señalaba:
Disculpa pública
El Museo de Arte Moderno es un espacio plural y abierto que promueve la inclusión y el enfoque de género para fortalecer los derechos de las mujeres.
Ofrecemos una disculpa pública por el lamentable incidente sucedido el pasado 19 de noviembre en nuestras instalaciones con una de nuestras visitantes, donde personal del museo le solicitó amamantar fuera de la sala de exhibición y que fue una interpretación equivocada del reglamento, el cual ha sido retirado para hacerlo más claro al respecto.
Comprendemos la desafortunada experiencia y seguiremos trabajando en la construcción de un espacio público y accesible para todas y todos los visitantes.
Nos comprometemos a sensibilizar a nuestro personal porque esta actitud no es compatible con la postura de este recinto y para que en un futuro ninguna mujer se sienta agredida o excluida por el acto de amamantar.
En este orden de ideas, a manera de desagravio, el domingo 24 de noviembre de 2019, se llevó a cabo una protesta colectiva denominada “Tetada”, en los jardines de museo, donde cerca de un centenar de madres con niñas y niños en edad de lactancia que se unieron a la protesta.
Cabe destacar que esta actividad se realizó en coordinación entre las autoridades de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Museo de Arte Moderno y el Centro Luperca.
Al efecto el Museo de Arte Moderno difundió un comunicado3 en el que a la letra se señalaba:
Con la consigna “Lactancia y arte para todos” concluyó la Tetada convocada por colectivos de mujeres y en colaboración con el Museo de Arte Moderno (MAM), tras acordar como parte de un diálogo que sostuvieron con directivos del recinto para promover acciones de sensibilización a personal y jornadas de lactancia en espacios públicos.
Con carteles en los cuales se expresaba:: “El MAM abre sus puertas para que las madres con sus hijos e hijas lactantes disfruten el museo”, “Lactancia siempre y en cualquier lugar del MAM”, “A MAMantar, un derecho de las mujeres en lugares públicos, “Amamantarte, lactancia libre en el MAM”, entre otras, dirigidas al público en general, el recinto recibió a cerca de un centenar de madres con niñas y niños en edad de lactancia que se unieron a este diálogo para un mejor servicio.
En un ambiente de cordialidad, las madres hicieron patente su derecho de amantar en lugares públicos en condiciones de comodidad y seguridad, con lo que directivos del recinto refrendaron su compromiso de hacer de este Museo un espacio inclusivo para la lactancia.
Previo a la realización de la tetada en los jardines del museo, Natalia Pollak, directora del MAM, precisó que desde el día del incidente en que personal, solicitó a una usuaria amamantar en áreas fuera de las salas de exposición, de inmediato se atendió el reclamo y se asumió la responsabilidad del hecho, por lo que ahora, ante las madres de familia, “se refrenda que somos un espacio inclusivo y abierto para todos los visitantes, la comunidad y para las madres que tengan que lactar.
Vamos a ser un ejemplo de permitir la lactancia en el MAM, ser más claros en los reglamentos y trabajar en la capacitación del personal que atiende al público, y a partir de un acercamiento con las organizaciones y asociaciones civiles, llevar a cabo jornadas de sensibilización y capacitación para ser un parteaguas en materia de inclusión”, añadió.
Por su parte, Chantal Escartín, representante del Colectivo Normalizando la Lactancia en México, reconoció que el incidente aludido el pasado 19 de noviembre fue producto de una mala interpretación del reglamento del museo.
Posteriormente, se trasladaron a la sala donde se realiza la exposición Confines, confluencias y conformidades, donde con sus bebés en brazos y sentadas en la duela los amamantaron, al tiempo de lanzar la consigna ¡Lactancia libre!, ¡Lactancia libre!
Y es que otro de los acuerdos con los colectivos participantes en la Tetada fue analizar la propuesta de realizar jornadas colectivas para promover el derecho a la lactancia.
Fue así que, con diálogo, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fortalecen sus acciones afirmativas a favor de la igualdad y promoción de los derechos de las mujeres y la infancia.
Las madres y sus familias se dispersaron por las diferentes áreas del museo.”
Tercera. Al respeto debe señalarse que la lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lecha materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad, y que hasta los dos años se alimenten con una combinación de amamantamiento y alimentos adecuados y nutritivos para su edad4 .
A pesar de esto, según lo señalado por Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 20155 , en México solamente 1 de cada 3 bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses. La mayoría recibe alimentos o líquidos adicionales desde su primer mes de vida como fórmulas, leche de vaca u otro animal y bebidas azucaradas.
Además de proporcionar todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas, biberones y, al propiciar la mejor salud del bebé, reduce también los gastos en consultas médicas y medicamentos. Entre las enfermedades que ayuda a prevenir la leche materna, se encuentran infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto.
La lactancia no sólo beneficia a los bebés sino también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda en su recuperación física y a largo plazo contribuye a disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer de ovario o de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis.
La lactancia contribuye al desarrollo de México pues ayuda a disminuir costos para atender enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras. Además, ayuda en el cuidado del medio ambiente pues no produce desechos ya que evita el uso de materiales contaminantes para publicidad, envasado y transporte.
Cuarta. La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-20246 , elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que:
De los 40 millones de niños, niñas y adolescentes del país, 21 millones viven en pobreza, lo que supone 51.1 por ciento, frente a 39.9 por ciento de la población adulta. De entre los hablantes de lengua indígena, 91 por ciento de los niños y niñas se encuentran en pobreza.7 La diferencia respecto de la población infantil no indígena es un claro indicador de las enormes desventajas que enfrenta aún la población indígena desde las primeras etapas de la vida. En general, la pobreza infantil tiene características particulares que le dan un sentido de urgencia, pues las probabilidades de que se vuelva permanente y las consecuencias que ocasiona son irreversibles lo cual compromete el desarrollo físico y cognitivo de la niñez y la expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades prevenibles o curables y a no tener una dieta adecuada o suficiente.
• La atención a la niñez en la primera infancia, es decir de 0 a 5 años, es clave para el desarrollo futuro de la persona porque en esa etapa de la vida el cerebro se desarrolla rápidamente y se experimentan intensos procesos de maduración física, emocional y cognitiva. No obstante la importancia de esta etapa, los niños y niñas en ese rango de edad en México viven grandes rezagos; por ejemplo, 12 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años aún padecen desnutrición crónica; únicamente 30 por ciento recibió lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y 65 por ciento no tiene acceso a libros infantiles, lo cual puede ser un factor de incidencia en los deficientes niveles en lectura y escritura al cursar primaria.
Dentro de este mismo documento se proponen acciones para remediar la terrible realidad que enfrenta la infancia en México y dentro de sus puntos destacados8 , entre otros, señala:
Desarrollo integral de los niños y las niñas en la primera infancia (de 0 a 5 años)
• Desarrollar una política nacional para la primera infancia y una ruta crítica que describa los pasos y arreglos institucionales para la implementación de las acciones de esta política.
• Implementar esquemas de protección social que apoyen los ingresos de las familias más vulnerables y que acompañen el cuidado de los niños y niñas en primera infancia.
Desarrollar e implementar una estrategia integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición.
• Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de los recién nacidos.
• Desarrollar una política de salud pública integral que coordine las acciones y programas que se implementan con el objetivo de reducir la desnutrición y mejorar la alimentación de niñas y niños.
• Implantar programas integrales y normas que promuevan el consumo de alimentos sanos y la reducción de la ingesta de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas.
• Fortalecer e implementar políticas que promuevan entornos escolares saludables y libres de publicidad engañosa dirigida a niños y niñas.”
Quinta. El Convenio sobre la protección de la maternidad (número 183), de la Organización Internacional del Trabajo establece, entre otras disposiciones, que para las mujeres que regresan a trabajar, después de dar a luz, debe existir por lo menos una pausa al día para la lactancia o, bien, una reducción de las horas de trabajo para permitir el amamantamiento.
El apoyo del lugar de trabajo a las mujeres que amamantan ha sido una disposición fundamental de la protección de la maternidad a partir del primer Convenio sobre la protección de la maternidad (núm. 3) en 19199 .
El “Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 183)”10 , adoptado por la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2000, y que vincula legalmente a los países que lo han ratificado, establece que, en la medida de lo posible, deberían ponerse a disposición estructuras para la lactancia materna en el lugar de trabajo o cerca del mismo, y la letra señala:
Madres lactantes
Artículo 10.
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.”
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.
Por otra parte, la misma Organización Internacional del Trabajo, en su “Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 191)”11 , señala:
Madres lactantes
8. Cuando sea posible, y con el acuerdo del empleador y de la mujer interesada, las interrupciones diarias para la lactancia deberían poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para permitir una reducción de las horas de trabajo, al comienzo o al final de la jornada.
9. Cuando sea posible, deberían adoptarse disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo.
Dentro del derecho mexicano encontramos que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contiende disposiciones para garantizar el derecho a la lactancia y señala el capítulo séptimo, Del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. y II. ...
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes;
IV. a VI. ...
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;
VIII. a XVIII. ...
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.
...
Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. a XIII. ...
XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes;
XV. a XXV. ...
Asimismo, encontramos que la Ley General de Salud, igualmente contiene señalamientos sobre la lactancia y a la letra reza:
Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público.
Además, que se encuentra en proceso de elaboración el “Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna”12 , publicado el pasado 2 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, y que establece los criterios y procedimientos para apoyar esta práctica de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y de manera complementaria hasta los dos años de edad.
Esta norma será de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los servicios de salud de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, que efectúen acciones en el campo de la salud materno infantil, así como todas aquellas personas, empresas o instituciones vinculadas con mujeres en periodo de lactancia y las que se relacionan con la atención, alimentación, cuidado y desarrollo infantil.
En esta disposición oficial, se reconocerán los aportes a la buena salud que brinda la lactancia materna y que han sido demostrados a lo largo de los años por la evidencia científica, no sólo para el lactante, sino también para la madre y por consiguiente para la sociedad. La práctica de la lactancia también otorga beneficios en la salud y bienestar de las madres: disminuye el riesgo de desarrollar cánceres de ovario y de mama, ayuda a espaciar los embarazos y en el control de peso.
Los niños amamantados presentan mejores resultados en pruebas de inteligencia, su probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad es menor y la propensión para diabetes en etapas posteriores de la vida es más baja. Además, la lactancia materna hasta los 2 años de edad reduce la mortalidad infantil entre 55 y 84 por ciento.
Sexta. A pesar de haber adoptado compromisos internacionales como los Convenios y Recomendaciones de la la Organización Internacional de Trabajo en Materia de Lactancia, y de contar con un marco normativo interno que, teóricamente, promueve el derecho del menor a la lactancia, nuestro país se encuentra dentro de los menos desarrollados en este campo, por debajo de la media mundial ye incluso muy alejado de algunos países latinoamericanos.
A nivel mundial esta cifra se eleva a 41 por ciento, si bien hay países donde la lactancia materna exclusiva está más difundida. Entre los de América Latina y el Caribe, la tasa en Perú es de 64.2 por ciento, en Bolivia de 58.3 por ciento, Guatemala de 53.2 por ciento y en Brasil de 38.2 por ciento, mientras que, en México, durante sus primeros seis meses de vida, sólo 31 por ciento de los nenes reciben lactancia materna exclusiva (ENIM 2015). Esto significa que sólo 3 de 7 niños están siendo nutridos únicamente con leche materna y el resto están recibiendo otro tipo de alimentos, lo cual dista de ser lo óptimo, según las prácticas promovidas por la Organización Mundial de la Salud 13 .
Adicionalmente, la promoción de la lactancia y su importancia para el desarrollo del infante, no ha sido suficientemente difundida entre la población por lo que no solo tenemos un muy bajo porcentajes de infantes que se alimentan con leche materna durante los 6 primeros meses de vida y continúan haciéndolo hasta los dos años, sino que adicionalmente, producto de los prejuicios sociales existentes, las mujeres que amamantan en lugares públicos siguen sujetas a excusión e incluso de ataques contra su dignidad como personas, a manera de condicionamientos, insultos o intimidaciones.
Las acciones de favor de los derechos de las mujeres, en particular a proporcionar alimento a una persona lactante, en el espacio público, no pueden ser circunscritas a realizarse o promoverse únicamente durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna realizada del 1 al 7 de agosto anualmente para destacar los impactos positivos de esta práctica en la salud y el desarrollo integral de la infancia, así como el bienestar de las madres, las familias y la sociedad.
El Estado mexicano, dentro de las acciones positivas que promueva, debe de realizar campañas permanentes de sensibilización dirigidas, tanto a los servidores públicos, como a la sociedad en general, sobre la importancia de la lactancia materna.
Por las razones señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades ejecutivas, de los tres órdenes de gobierno, a que promuevan, en el ámbito de su competencia, acciones de sensibilización a su personal y así como jornadas de lactancia en espacios públicos en condiciones de comodidad y seguridad, a fin de que se les considere como áreas inclusivas para la realización ésta.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la Secretaría de Cultura del gobierno federal y de las entidades federativas, así como al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que instruyan, en el ámbito de su competencia, a los museos públicos y espacios culturales públicos de su jurisdicción, a fortalecer sus acciones afirmativas a favor de la lactancia en condiciones de comodidad y seguridad, a fin de que se les considere como áreas inclusivas para la realización ésta.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Poder Judicial de la federación y las entidades federativas, para que, en el ámbito de su competencia, realicen acciones de sensibilización a su personal y así como jornadas de lactancia en espacios públicos bajo su encargo, en condiciones de comodidad y seguridad, a fin de que se les considere como áreas inclusivas para la realización de ésta.
Notas
1 Centro Luperca. Instgram 19 de noviembre de 2019.
https://www.instagram.com/p/B5D_Vktjsfh/?utm_source=ig_embed
2 Museo de Arte Moderno. Ciudad de México a 21 de noviembre de 2019.
https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/
1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&
ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
3 Secretaria de Cultura-INBAL. 24 de noviembre de 2019. Boletín núm. 1829 El Museo de Arte Moderno refrenda su compromiso como espacio inclusivo para la lactancia infantil
https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/133 95-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espac io_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
4 Organización Mundial de la Salud. Lactancia.
https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
5 2 Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. 2016. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 – Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pdf
6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024. Abril 2018.
7 Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016. Estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
8 UNICEF-CONEVAL (2016). “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014”, página 11, https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Estudio-Pobreza-Coneval-U nicef.pdf
9 Organización Internacional de Trabajo (OIT). C003 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3). Adopción: Washington, primera reunión CIT (29 noviembre 1919) -Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos). https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:C003
10 Organización Internacional del Trabajo. (OIT) C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 183). https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:C183
11 Organización Internacional del Trabajo. (OIT) R191 -Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 191). https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I NSTRUMENT_ID:312529
12 DOF: 02/05/2018. Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521251&fecha=02/05/2 018
13 Unicef-México. Comunicado de Prensa. Octava Fiesta Mexicana de la Lactancia. 2 de agosto de 2019.
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/8%C2%AA -fiesta-mexicana-de-la-lactancia
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a liberar recursos del Fonden y atender a los sonorenses debido a los daños ocasionados por la segunda tormenta invernal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, María Wendy Briseño Zuluaga, Carlos Javier Lamarque Cano, Manuel López Castillo, Lorenia Iveth Valles Sampedro y Marco Antonio Carvajal Miranda, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Fondo de Desastres Naturales, para que los recursos del fondo sean liberados con celeridad y se atiendan las necesidades de la población de los municipios de Sonora, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se haga una revisión y en su caso intervención en la infraestructura carretera afectada, y a la Secretaría de Desarrollo Rural para que atienda a los productores de sector rural afectados, por la emergencia provocada por los efectos de la segunda tormenta invernal en varios municipios del estado.
Considerando
1. Que, a partir del 28 de noviembre del corriente, la Comisión Nacional del Agua, informó sobre la evolución del frente frío 19; el organismo pronóstico fuertes eventos lluvias sobre las zonas norte y noereste del estado de Sonora.
2. Que el gobierno de Sonora, ante los pronósticos, inició los protocolos de atención y actuación frente a fenómenos meteorológicos, para el caso suspendió labores en los centros escolares de 59 de los 72 municipios del territorio estatal, de estos se destacan por la inminencia de los efectos de posibles daños severos los siguientes: Hermosillo, Ures Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi, Cucurpe, Bacadéhuachi, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nacori Chico, Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Sahuaripa, Tepache, Divisaderos, Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Yécora, Arivechi, San Pedro de la Cueva, Ónavas, Soyopa, Bacanora, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Bacúm , Guaymas, Empalme, Naco, Cananea, La Colorada, Santa Ana, Magdalena, Ímuris, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta, Frontera, Trincheras, Átil, Altar, Pitiquito, Oquitoa, Saríc y Tubutama.
3. Que los efectos de las fuertes lluvias se hicieron presentes los días 29 y 30 de noviembre; al martes 3 de diciembre se tiene calculado un total de 15 mil damnificados en los municipios anteriormente citados, así como distintos daños a la infraestructura carretera y de caminos alimentadores y rurales.
4. Que entre los daños más importantes es la pérdida de cosecha de pequeños productores de ajo en los municipios de Ures y Arizpe, perdida de ganado y forraje en Bavispe, Barecac, Huachinera, Granados, Cumpas, en este último, además, el río Moctezuma se llevó cien viviendas de la comunidad de Jecori, dejando a más de 400 personas sin hogar.
5. Que la Secretaría de la Defensa Nacional implantó el Plan DN-III, mientras que la Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando para reestablecer el suministro de energía en el territorio estatal. Y se logró rescatar a 100 personas de la localidad de San Juan, quienes se quedaron atrapados en un cerro para resguardar sus vidas, toda vez que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la crecida del río Sonora.
6. Que también hubo severos daños a la infraestructura vial, la carretera Nacozari-Cumpas quedó destruida, incomunicando a más de 10 colonias de Nacozari de García, así como las comunidades del municipio de Villa Hidalgo. Y el peligro sigue latente, ante el riesgo de desbordarse ríos y la presa La Angostura. Aún no se tiene certeza de la fortaleza del puente Huásabas, en el municipio del mismo nombre.
7. Que, a través el Gobierno del estado de Sonora, en fecha 1 de diciembre, hizo formalmente la petición al titular del Fondo de Desastres Naturales, para que se hiciera la declaratoria de desastre para los municipios afectados por el fenómeno hidrometeorológico, esto en consideración del artículo 7 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.
En solidaridad con los afectados que urgen por la pronta atención de los tres órdenes de gobierno, y por lo expuesto, proponemos ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Fondo de Desastres Naturales, para que acelere el proceso de liberación de recursos para atención a los municipios afectados por las lluvias en el estado de Sonora.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad atienda y en su caso intervenga en la revisión y restablecimiento de la infraestructura afectada por las lluvias en el estado de Sonora.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, para que atienda a los productores del sector rural afectados por los efectos de las lluvias en el estado de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputados:Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a modificar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para incorporar disposiciones relacionadas con las apuestas en línea, a cargo del diputado Ulises Murguía Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Ulises Murguía Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a modificar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para que en el ámbito de sus atribuciones incorpore las disposiciones relacionadas al juego con apuestas en línea, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
El juego es una actividad presente en las sociedades que se han desarrollado a lo largo de la historia de las naciones. México es un país con mucha tradición de juego, en la época precolombina nuestras civilizaciones practicaban distintos juegos entre los que destacan el tradicional juego de pelota o el Patolli, un juego de mesa muy popular en las culturas mesoamericanas, este juego es considerado el primer juego de azar del continente americano, el Códice Magliabecchi menciona que se apostaban diversos artículos como plumas, mantas, cacao, esclavos, maíz, llegando a apostar la libertad.1
Durante la época colonial se fomentaba en las comunidades la celebración de festividades religiosas donde se realizaban carreras de caballos, peleas de gallos, juegos con cartas donde se permitía el cruce de apuestas. Estos juegos permean en la actualidad.
Las casas de juego (más tarde llamados casinos) en México datan de la Época revolucionaria su explotación principalmente se dio en el norte de país, lugares donde sólo se permitía el juego de cartas. El uso de máquinas llegó poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nació en Estados Unidos de América (EUA) la idea que actualmente conocemos como casino.
En México y en todo el mundo el uso de tecnologías de la información ha transformado la forma de vivir de las personas a diferencia de cómo se hacía unas décadas atrás.
Es en la industria del entretenimiento, donde se contempla el sector de juegos y sorteos; los servicios relacionados a este sector han evolucionado y se han ido adaptando a las nuevas plataformas, tecnologías y demandas de las sociedades.
En todo el mundo, el juego con apuestas en línea se encuentra dividido en dos principales mercados:
• Casinos en línea. Versiones virtuales de casinos tradicionales y
• Apuestas deportivas. Estas apuestas se llevan a cabo en dos modalidades, a través de terminales fijas o a través de páginas electrónicas o aplicaciones informáticas.
En los últimos cinco años en todo el mundo los juegos y apuestas online han mostrado la misma tendencia, el alza del mercado. Países como España, Perú, Argentina, Canadá han regulado esta modalidad de juego, primero reconociendo la existencia y las características propias del nuevo subsector como son: la oferta y demanda, el tipo de usuarios, pero sobre todo el uso de tecnologías de la información.
Las diversas disposiciones incluidas en las legislaciones correspondientes de estos países protegen la esfera jurídica de permisionarios como de usuarios, garantizando legalidad y certeza de los sitios que ofrecen estos servicios, así como de la protección de datos e información de los usuarios y de igual manera, seguridad jurídica sobre la procedencia de los recursos a jugarse.
La industria de juegos y sorteos han visto la oportunidad de crecer y expandir su negocio de un modelo de casinos físicos a un modelo de juego con apuesta en línea, para captar nuevos usuarios, creando un nuevo mercado en la industria mexicana. Esta actividad si bien es legal, no está regulada.
En México, la problemática radica en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pues fue publicada el 31 de diciembre de 1947, esta ley nace adaptándose a las necesidades de la sociedad que imperaban en la época. Actualmente los juegos con apuestas en línea se rigen por una ley que nace cuando el internet aun no existía.
En nuestro país este peculiar sector crece 50 por ciento por año, a pesar de la falta de regulación del sector, este representa 5 por ciento de los ingresos de toda la industria de juegos y sorteos.2 El promedio de apuesta se encuentra entre los quinientos y los mil pesos, el sector tiene un gran potencial de crecimiento en el mercado ya que los usuarios que optan por esta modalidad de juego y apuestas se encuentran en una edad promedio de los 25 años a los 45 años; la población que cuenta con esta edad en México representa 40.69 por ciento del total de la población nacional, debido al importante tamaño de mercado, estiman que el sector logre posicionar 10 por ciento del total de los ingresos de la industria de juegos y sorteos nacional.
La industria del juego y apuestas en línea requiere urgentemente de una regulación controlada, al no contar con un marco legal que se acople a las necesidades y características de esta actual modalidad de juego, se expone tanto a usuarios, como a la industria a ser víctima de diversos delitos, como pueden ser: el robo de identidad, robo de datos ya sean personales o bancarios, lavado de dinero, fraude, entre otros.
Las autoridades cuentan con poca información acerca de los juegos y apuestas en línea debido a que en el reglamento no se reconoce su existencia, no cuenta con el debido marco legal para propiciar el sano crecimiento y desarrollo del sector vigilando siempre por la salud de la sociedad mexicana.
Se pronostica que el mercado de juegos con apuestas en línea alcanzará un valor de 87.75 mil millones de dólares antes de 2024 a nivel mundial, con un crecimiento anual del 8.77 por ciento.3
Se estima que nuestro país ocupa el tercer lugar en el mercado de juegos con apuestas y sorteos en América Latina, razón por la cual México debe prepararse para el futuro crecimiento de esta industria y adecuar la legislación a la entrada de nuevas tecnologías de la información y a las nuevas formas de entretenimiento de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a modificar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para que en el ámbito de sus atribuciones incorpore las disposiciones relacionadas al juego con apuestas en línea.
Notas
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5135/8.pdf
2 https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-apuesta-por-las-apuestas-o nline-en-mexico
3 https://www.milenio.com/negocios/juegos-azar-linea-superaran-87-mil-mdd
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2019.
Diputado Ulises Murguía Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la Segob a implantar una política pública en materia de regulación de casinos, a cargo del diputado Ulises Murguía Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Ulises Murguía Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación para que implementen una política pública en materia de regulación de casinos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la promulgación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el año de 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, se sentaron las bases para el desarrollo de una industria que hasta ese entonces no se encontraba regulada y que en décadas posteriores creció exponencialmente en un acelerado procesos de apertura y funcionamiento de casinos en todo el territorio nacional.
De acuerdo con cifras de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México, AC (AIEJA), en el segundo trimestre del año 2019 la Secretaría de Gobernación, mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, ha reconocido a 36 permisionarios y autorizó más de 754 salas, de las cuales 374 se encuentran abiertas en 28 de las 32 entidades federativas, concentrándose la mayoría de salas en los estados de Baja California, Sonora y la Ciudad de México.1
Con ese amplio margen de crecimiento, la industria de los juegos se ha colocado en la lupa del escrutinio nacional, pues diversas y muy encontradas son las opiniones a favor y en contra de la apertura y funcionamiento de casinos.
En el crisol de las opiniones a favor, se afirma que el sector de los juegos y sorteos en México es un factor de desarrollo económico importante ya que fomenta la oferta turística para el público nacional e internacional. Tal es el caso que en 2017 se reportó un total de 3 millones de visitantes a casinos en México.2
Además, se afirma que el sector es una fuente abundante de generación de empleos formales pues actualmente genera cerca de 50 mil empleos directos y más de 150 mil empleos indirectos.3
Aunado a ello, se estima que la industria de los juegos en México aporta a las finanzas públicas una derrama por concepto de impuestos y aprovechamientos federales superior a los 4 mil 700 millones de pesos por año, mientras que en Estados Unidos deja 38 mil millones, lo que pone de relieve el potencial de crecimiento que hay en México.4
No obstante, la carga fiscal ha sido motivo de observaciones y reclamos por parte del sector de los juegos, pues actualmente pagan 30 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), además del 2 por ciento de aprovechamiento que se paga a la Secretaría de Gobernación y que se canaliza a la Secretaría de Hacienda por los derechos que genera el permiso.
Aunado a ello, varios estados y municipios de la República Mexicana han creado nuevos impuestos para centros de apuestas que en su mayoría son desmesurados y propician la evasión parcial por parte del permisionario.
Cómo lo que sucedió cuando el Congreso de Nuevo León creó los impuestos a las erogaciones en juegos con apuestas y por la realización de juegos con apuestas y sorteos, que impusieron una nueva carga tributaria de 10 por ciento y 6 por ciento respectivamente a los juegos con apuestas.5
Gran parte del problema de las cargas tributarias locales se debe a la escasa legislación federal en materia de juegos y sorteos y, además, a que dicha legislación se encuentra obsoleta y anacrónica.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos se promulgó en 1947, hace más de 70 años, y no se ha efectuado reforma alguna que actualice su contenido de acuerdo con los acelerados cambios y modernizaciones de la industria del juego, aunado a que su Reglamento se expidió hace 15 años. Por ello resulta urgente hacer una revisión al marco jurídico vigente, tanto federal como local, para actualizarlos y armonizarlos con la Constitución, a fin de generar condiciones óptimas de competencia y desarrollo de la industria.
Asimismo, un marco jurídico actualizado y aplicado mediante una política pública vigente y acorde a las características de la industria le otorgaría al Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el control de la recaudación tributaria de los impuestos a los juegos en casinos, y así tendría recursos para hacerle frente a la ludopatía.
Uno de los grandes retos que ha traído el crecimiento exponencial y desmedido de la apertura de casinos en el territorio nacional, es la aparición la ludopatía, concepto que nace en 1992 en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que define a la ludopatía como un “trastorno que consiste en la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas que dominan la vida del enfermo, en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares del mismo”.6
De acuerdo con el Centro de Atención a la Ludopatía Integral, en México hay alrededor de 4 millones de ludópatas,7 y estudios recientes han verificado que el aumento en la cifra de personas que padecen ludopatía esta estrechamente relacionado con la proliferación de casinos y la falta de información.
Una investigación de Rachel Bolberg, publicado en el Journal of Gambling Issues,8 asegura que una distancia menor a 50 millas respecto de un casino estaba asociado con aproximadamente el doble de la tasa de juego patológico de la que prevalecía en la población que vivía a una distancia entre 50 y 250 millas del casino. Y se halló también que, en la capital mundial del juego, Las Vegas, la prevalencia de jugadores patológicos es entre 75 por ciento y 85 por ciento más alta que la tasa nacional de Estados Unidos.
En el caso de México, 22 instituciones de educación superior identificaron el nivel de ludopatía en un muestra total de 4 mil 539 participantes, con 2 mil 469 mujeres y 2 mil 70 hombres de diversas entidades de la República México, con un promedio de edad de 32 años, a los que les aplicaron el instrumento sicométrico denominado SOGS, por sus siglas en inglés South Oaks Gambling Screen.9
Se pidió a los encuestados que respondieran a una pregunta referida a haber jugado algún juego de azar en los últimos cinco años, y que en caso de responder de manera afirmativa, que respondieran al instrumento sicométrico.
Los resultados demostraron que el grupo de jugadores identificados como patológicos es más abundante en los participantes con 18 a 25 años, de los cuales el 67 por ciento de ellos se encuentra inmerso en actividades de juegos con apuestas y son proclives a las consecuencias negativas de los mismos.
Si se toma en cuenta que, de acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, el monto de la población joven de 15 a 29 años de edad ascendió a 30.6 millones, que representan 25.7 por ciento de la población a nivel nacional, de la cual 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento son hombres,10 estamos ante un panorama en el que un gran número de la población joven se encuentra propensa a participar en juegos de apuestas y en consecuencia a padecer ludopatía.
Por ello se sugiere que a partir de la revisión y posteriores reformas a la ley solo se permita la concesión de nuevos permisos para la apertura de casinos a razón de un casino por cada 500 mil habitantes, de esta forma se combate el juego ilegal y se eliminan las prácticas deshonestas con autoridades locales como son la venta de permisos municipales y las excesivas cargas tributarias locales.
El aumento de personas que sufre ludopatía es un tema que se tiene que atender porque las conductas que desarrollan son nocivas no solo para quien la padece también los es para su familia, su patrimonio y su estabilidad laboral.
Las personas con ludopatía generalmente apuestan inmoderadamente hasta el grado de que sus pérdidas exceden sus ingresos y sus ahorros, ya que tienen una gran dificultad para detenerse e interrumpir sus juegos a pesar de que están perdiendo grandes cantidades de dinero.
El problema de la ludopatía es serio y debe atenderse responsable y oportunamente por el Estado mexicano, desde la prevención hasta la recuperación del adicto, es lamentable observar a personas de todas las edades apostando y perdiendo su patrimonio en los casinos.
Por lo anterior resulta urgente reformar las leyes federales y locales para otorgarle facultades exclusivas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que solo esta autoridad tributaria tenga la potestad de recaudar los impuestos por concepto de juegos y apuestas a nivel nacional, y que una parte de dichos recursos se canalicen a un programa de prevención y tratamiento de la ludopatía y también se cree un fondo para la restauración de escuela o centros de salud en los municipios con casinos.
En virtud de los anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en virtud de sus facultades verifique que los permisos otorgados mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos para la apertura de casinos, se haga a razón de 1 nuevo establecimiento por cada 500 mil habitantes y que en aquellas entidades donde haya menos de 500 mil habitantes sólo se permitirá un nuevo establecimiento.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en virtud de sus facultades, implemente partida presupuestaria, con base en los recursos económicos recaudados por concepto de impuestos y aprovechamientos a los juegos y sorteos, para prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las personas que sufren ludopatía.
Notas
1 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en: https://www.aieja.org.mx/assets/revista15.pdf
2 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/juegos-de-azar-entre-la-gloria-y-el-in fierno
3 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en:
https://www.aieja.org.mx/assets/revista14-versi%c3%b3nfinal.pdf
4 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia /2016/05/30/casinos-pueden-generar-mas-ingresos-tributarios
5 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/he_ieja2017.pdf
6 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en:
http://www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/Estudios_Acerca_del_Tema
7 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en:
https://www.milenio.com/opinion/francisco-trejo/columna- francisco-trejo/la-ludopatia-en-nuestra- ciudad-2a-parte
8 [en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2803/12.pdf
9 [en línea] [fecha de consulta: 14 de agosto de 2019] Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2803/13.pdf
10 [en línea] [fecha de consulta: 14 de agosto de 2019] Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de diciembre de 2019.
Diputado Ulises Murguía Soto (rúbrica)
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