Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5263-VI, jueves 25 de abril de 2019
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conafor a asumir como urgencia los incendios forestales y destinar así a los municipios afectados recursos de empleo temporal de manera extraordinaria, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena
Carol Antonio Altamirano , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.
Antecedentes
En lo que va del año, se han registrado 3 mil 12 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 71 mil 070.56 hectáreas, De esta superficie, el 93.90 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6.10 por ciento a arbóreo. Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Veracruz, que representan el 83.13 por ciento del total nacional.
Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, México, Michoacán, Aguascalientes, Yucatán, Tlaxcala y Guanajuato, que representan el 70.67 por ciento del total nacional.
Tan solo de la semana del 12 al 18 de abril de 2019 se presentaron 312 incendios forestales en 23 entidades federativas, afectando un total de 12 mil 260.69 hectáreas. De esta superficie, el 89.68 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 10.32 por ciento a arbóreo.
Las entidades federativas más afectadas fueron: Oaxaca, Yucatán, Michoacán, Tlaxcala y estado de México, que representan el 53.36 por ciento del total de la semana.
En el reporte semanal de incendios 2019 (Conafort) se integraron datos de 162 incendios que se presentaron en fechas anteriores, con una afectación de 4 mil 104.34 hectáreas, cuyos datos no habían sido reportados al Centro Nacional de Manejo del Fuego. Las cifras de estos reportes extemporáneos de incendios están incluidos en los datos acumulados anuales y en la hoja número 3 de este informe.
El fin de semana pasado, los incendios forestales afectaron los bosques de varias comunidades indígenas, entre ellas las del municipio de San Pedro Quiatoni; las de Santa María Nativitas Coatlán y San José El Paraíso, pertenecientes al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, y las de Salina Cruz, entre otras.
Consideraciones
1. Que la instancia del gobierno federal encargada de prevenir, controlar y sofocar los incendios forestales es la Comisión Nacional Forestal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente.
2. Que para el combate a los siniestros la Comisión Nacional Forestal (Conafor) dispone de 50 por ciento menos presupuesto respecto a 2018.
El presupuesto destinado a los incendios bajó de 300 a 150 millones de pesos, según datos de la Coordinación General de Conservación y Restauración del organismo.
Para el combate a los siniestros, la Conafor promueve brigadas rurales de incendios forestales, con apoyo de las cuadrillas oficiales y con los centros estatales de manejo de fuego. Cada equipo debe estar formado por un máximo de 10 personas, y el mayor monto de apoyo es de 217 mil pesos para que participen en los meses críticos del estiaje, los recursos se destinarán al pago de jornales de los integrantes de las brigadas, y deberán presentar informes de labores.
El riesgo de incendios se eleva con el cambio climático, por lo que es probable que en los próximos años se vean temporadas más complicadas de incendios con los pronósticos adversos de condiciones climatológicas, ya que si disminuye el manejo y cuidado de los bosques se acumulará combustible en los predios.
Que la teoría básica de los incendios es que se requieren tres condiciones: temperatura, oxígeno y combustible. De éstas sólo se puede tener control sobre la última en el manejo forestal, que implica la limpieza del bosque, tala controlada, supervisión y aprovechamiento forestal para evitar siniestros.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, para que asuma los incendios forestales como una emergencia; y a la Comisión Nacional Forestal, para que destine a los municipios afectados recursos del Programa Empleo Temporal, de manera extraordinaria, además solicitarles que abran una mesa de trabajo para que las autoridades municipales y estatales sean atendidas de inmediato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2019.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a destinar por la SCT recursos para instalar nueve puentes peatonales y establecer medidas de señalización en la carretera nacional del sur de Monterrey, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el recorrido que realizo continuamente por mi distrito, recojo las necesidades, peticiones e inquietudes que tienen los ciudadanos y sus familias. Una de las principales que existe en la zona sur de Monterrey es la de salvaguardar la seguridad de los peatones y conductores en el tramo conocido como la Carretera Nacional, ya que no existe infraestructura peatonal como banquetas, paradas de camión, iluminación adecuada, puentes peatonales, entre otros.
Ese tramo es especialmente peligroso, pues continuamente hay accidentes, la gran mayoría con pérdidas de vidas humanas. El más reciente fue el de 13 de febrero cuando desafortunadamente murió una persona atropellada mientras se dirigía a su trabajo acompañada de su esposa. Pero este no es un caso aislado, sino que son continuos los percances viales por la falta de la infraestructura antes mencionada.
En la Carretera Nacional, en el tramo que va de la Rioja hasta el Barro, no hay suficientes puentes peatonales para que los ciudadanos puedan atravesar de forma segura de un lado al otro de la misma carretera. Incluso en el tramo de 15 kilómetros que va de la colonia la Estanzuela a la colonia Cristales sólo hay un puente peatonal, por lo cual las personas sortean a los vehículos para poder llegar al otro lado. Según un sondeo, una persona tarda entre 40 minutos a una hora para poder atravesar dicha avenida, exponiendo su vida.
Este problema no es nuevo, ya lleva varios años. Desde el 2012 hay unos acuerdos pendientes entre el municipio de Monterrey y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la instalación de estos puentes peatonales; y la firma de un convenio de cesión de ese tramo carretero. Pero hasta el momento no se han concretado. Mientras no se realice la municipalización de dichos tramos de la carretera nacional, no se le confieren acciones legales de la zona al municipio de Monterrey en materia vehicular y de seguridad, debido a que actualmente no tiene competencia para regular la velocidad de los vehículos que transitan por el lugar, así como establecer medidas de señalética y otras medidas de prevención de riesgos en la vía de comunicación.
El 17 de diciembre del 2018, la delegación de la SCT Nuevo León informó que se habían solicitado el monto de 54 millones de pesos para la construcción de los nueve puentes peatonales.
Recientemente nos reunimos con el ingeniero Salvador Fernández Ayala, director general de Conservación de Carreteras por parte de la SCT, y estuvo en la mejor disposición de ir resolviendo este problema a la brevedad, en beneficio de las familias que viven en la zona.
La construcción de estos puentes peatonales beneficiará a más de 45 mil personas que habitan en esas colonias, además de sumar a todos los ciudadanos que transitan diariamente por esa avenida.
Uno de los compromisos del gobierno federal es utilizar y ejercer los recursos de un modo responsable y de la mejor manera posible; y considero que la realización de esta obra cumple con esas condiciones porque va a beneficiar a gran parte de la población más vulnerable de Monterrey y, sobre todo, salvar vidas.
Es necesario sumar los esfuerzos tanto del gobierno federal, como del estatal y del municipal, para darles soluciones concretas a los ciudadanos que confían en nosotros, y así lo estaremos haciendo.
Continuaré trabajando por las colonias de Monterrey para buscar una solución a sus problemas.
Por lo anteriormente manifestado, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que destine los recursos necesarios para la instalación de nueve puentes peatonales y establezca medidas de señalización en la carretera nacional en el sur de Monterrey a fin de evitar riesgos a los usuarios.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dé seguimiento y cumplimiento al convenio de cesión de los tramos que integran la Carretera Nacional, con el ayuntamiento de Monterrey, para que después de haber colocado los puentes peatonales, el municipio pueda hacerse responsable del mantenimiento y de establecer las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de peatones y conductores de la vía pública.
Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2019.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a ejercer la facultad de atracción en el caso del asesinato del alcalde de Nahuatzen, Michoacán, acaecido la madrugada del 23 de abril de 2019, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo para que refuerce la seguridad en las zonas colindantes del municipio de Nahuatzen, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia ha sido un fenómeno que ha cobrado diversas formas de expresión a lo largo de la historia, nadie pondría en duda que decapitar a los adversarios políticos como ocurría en el siglo XVIII era de mayor gravedad1 que calumniar en redes sociales en la actualidad. Ambas conductas antisociales condenables.
La diferencia es que la sociedad en general en todo el mundo llegó al siglo XXI con aspectos mucho más civilizatorios, con normas jurídicas y pactos fundantes de las colectividades llamadas Estado, más atentas a los derechos humanos, inclusive podría decirse que en la actualidad nos concentramos más hechos que ayuden a mejorar la calidad de nuestro desarrollo cotidiano y no tanto a salvar la libertad y la vida, principios indeclinables que exponía y defendía con magnanimidad el filósofo inglés John Stuart Mill desde 1859.
Sin embargo, México enfrenta hoy uno de los momentos más violentos de su historia, tan solo en los primeros tres meses del año, se reportaron 8 mil 493 homicidios dolosos, la cifra más alta en los últimos 12 años, de acuerdo a lo citado en el portal Animal Político2 con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizados al 20 de abril de 2019.
Víctima de todo este resurgimiento de la violencia extrema, David Otlica Avilés, fue extraído de su casa y privado de la libertad en la madrugada del 23 de abril, en la comunidad de San Isidro, Nahuatzen.
Horas más tarde se dio cuenta que su cuerpo había sido encontrado sin vida muy cerca de la ranchería Las Mesas, municipio de Coeneo, con huellas de tortura, atado de piernas y manos.
De acuerdo con reportes de diversos medios locales de Michoacán como Quadratín,3 la Secretaría de Seguridad Pública informó que inició su búsqueda tan pronto los familiares del alcalde avisaron. Algunas pistas que se siguen enuncian la reunión con miembros del Consejo Ciudadano Indígena de Sevina, del mismo municipio, cuya autoridad comunal luchaba por controlar el presupuesto directo.
Este conflicto inició desde antes de los comicios de julio del 2018 cuando el Consejo Ciudadano Indígena impidió la instalación de casillas, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades de Arantepacua, Comachuén y parcialmente en Sevina y a fin de evitar problemas mayores el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) reconoció el triunfo de Otlica, con apenas el 20 por ciento de los votos.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán publicó en su portal electrónico que inició una carpeta de Investigación1 con relación a la desaparición y homicidio del presidente municipal de Nahuatzen, David Eduardo Otlica Avilés. Agrega el comunicado que se llevan a cabo las diligencias ministeriales y ha emprendido los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos para que no quede en la impunidad.
También el gobierno estatal a través de su secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, condenó el asesinato garantizando que no habrá impunidad, al tiempo de enviar el pésame a la familia y amigos del occiso.
De acuerdo a Quadratín5 el Consejo Ciudadano había roto los acuerdos a los que habían llegado el pasado jueves y ahora demandaban que el alcalde abandonara el municipio y les entreguen las instalaciones del DIF local a cambio del Palacio Municipal.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que ninguna persona, grupo por muy legítimas demandas o usos y costumbres, puede atropellar el Estado de Derecho y resolver las diferencias a partir de la privación de la vida como si estuviésemos en el siglo XVIII.
Es tiempo de que el gobierno federal se haga responsable de sus facultades constitucionales para proteger la vida, libertad y propiedad de las y los mexicanos, el hecho ocurrido en Nahuatzen debe ser atraído por la Fiscalía General de la República en virtud del conflicto permanente por la disputa del ejercicio de autoridad y recursos públicos de uno de los tres órdenes de gobierno (municipal) por parte de un grupo de personas insatisfechas con el orden constitucional y legal del sistema federalista que impera en los Estados Unidos Mexicanos.
No pasa desapercibido para quienes suscriben este exhorto que la conexidad del posible delito antes citado no está explícito en el artículo 50 de la Ley6 Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque la fracción IV prevé la atracción en:
Delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción.
Asimismo, la fracción VI del artículo 131 del Código7 Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de los ministerios públicos para ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el amparo8 directo 9/2008 que las conductas del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, independientemente de que el juez federal esté conociendo de dichos delitos con motivo de la conexidad, sin que la atracción de los delitos locales, por su conexidad con otros pertenecientes al orden federal, tenga el efecto de modificar la descripción de la conducta típica realizada por el legislador local.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que ejerza su facultad de atracción en el caso del alcalde de Nahuatzen, Michoacán, acaecido en la madrugada del 23 de abril 2019.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que fortalezca la participación de las fuerzas federales en el estado de Michoacán y coadyuve a garantizar la paz y tranquilidad en la entidad.
Notas
1 AI. Las decapitaciones, historia. Consultado en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/pm-decapitacion.html
2 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/trimestre-2019-violento-homicidi os-amlo/
3 Agencia Quadratín. Consultado en:
https://www.quadratin.com.mx/principal/reportan-desaparicion-de-edil-de-nahuatzen/
4 De acuerdo con el comunicado de prensa 314/2019. Consultado en:
http://fge.michoacan.gob.mx/comunicado-de-prensa-314-2019/
5 Agencia Quadratín. Consultado en:
https://www.quadratin.com.mx/principal/reportan-agresion-al-consejo-ciudadano-indigena-de-nahuatzen/
6 Consultada en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_180618.pdf
7 Consultada en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf
8 Consultado en: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/166/166009.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril del 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Came a garantizar la suspensión de toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre cuando se decrete estado de contingencia ambiental, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción 1; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 , cada año, los ambientes contaminados causan la muerte de casi 1.7 millones de niños menores de 5 años.
En dicho reforme se concluyó que las causas que dan origen a estas afectaciones son el agua contaminada, la falta de saneamiento, la malas prácticas higiénicas y la contaminación interior y al aire libre, así como las lesiones; siendo las causas de una de cada cuatro muertes en niños de entre un mes y 5 años de edad.
Asimismo, exaltó el preocupante aumento del riesgo de enfermedades cardiacas, derrames y cáncer por la exposición al aire contaminado; atendiendo a que más de 90 por ciento de la población mundial respira un aire que no cumple con los parámetros de calidad establecidos por la OMS.
Además, se puntualizó que las naciones deben invertir para eliminar riesgos ambientales que impactan de manera negativa contra la salud, previniendo al máximo posible enfermedades y muertes.
Se refirió, también, que se vislumbra un mayor riesgo ante el cambio climático, debido al aumento de las temperaturas y de los niveles de dióxido de carbono, lo que inicialmente potencializa el aumento del polen y, con ello, casos de asma; en este sentido, se calcula que 44 por ciento de los casos de asma infantil en el mundo están relacionados con exposiciones medioambientales.
A manera de conclusión, el informe de esta organización mundial sugiere que deberá reducirse la contaminación del aire, mejorar el acceso al agua limpia y el saneamiento, proteger a las mujeres embarazadas del humo indirecto y construir ambientes seguros para reducir accidentes y lesiones.
En el caso de México, nuestro país no se encuentra exento de dichas afectaciones; una manera de entender la problemática es iniciar por comprender que los contaminantes producidos en el Valle de México, como lo son los óxidos de nitrógeno que generan los vehículos, no se están dispersando, ya que, como lo explicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis2 , esto ocurre por la radiación solar que experimenta la zona, principalmente entre los meses de febrero y junio, a raíz del sistema de presión atmosférica alta que permite que el cielo se encuentre despejado; consecuentemente, al no haber nubes hay mayor radiación solar y cuando ésta se combina con los contaminantes, forman el denominado ozono, generando una especie de muros, llamados inversiones térmicas, que impiden la entrada del aire fresco y la salida del aire contaminado, lo que termina por complicarse cuando no hay lluvias que permitan limpiar el ambiente.
Al respecto, se debe reconocer que la concentración masiva de automóviles es uno de los factores que hace que la contaminación incremente; lo anterior, atendiendo a que la velocidad promedio en la Ciudad de México es de 17 kilómetros por hora, por lo que, ante un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a sólo 4 kilómetros por hora, velocidad comparable a estar estacionado con el motor encendido.3
Asimismo, se refiere que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 1.6 gramos por kilómetro (g/km) a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.4
Por lo anterior y con fundamento en los programas para contingencias ambientales atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, se activó la fase 1 de Contingencia por Ozono, determinando lo siguiente:
“Recomendaciones para la protección a la salud de la población, mientras se mantengan niveles altos de contaminación:
• Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares deberán permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas.
• La población en general debe evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.
• A los deportistas se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
• Limitar las actividades cívicas, culturales y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones sociales.
Restricciones sector transporte
El domingo 31 de marzo, se suspendieron de circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:
• Todos los vehículos con holograma de verificación 2.
• Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación par.
• Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.
• Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación 00, 0 o exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que debieron suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.
• Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 6:00 a las 10:00 horas.
• Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par debieron suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.
Restricciones sectores industria y servicios
• La industria de competencia federal y local ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México que no se encuentren exentas y que tengan procesos que emitan precursores de ozono sin equipos de control de emisiones, quedan obligadas a llevar a cabo acciones para reducir sus emisiones entre el 30 y 40 por ciento sobre su línea base, de manera inmediata a la declaratoria de la Fase 1 de Contingencia. La vigilancia en industrias de competencia federal está a cargo de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en el ámbito local de la Procuraduría del Protección al Medio Ambiente en el Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
• Asimismo, aquellas industrias y establecimientos de servicio que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) para limpieza o desengrase y que no cuentan con control de emisiones, deberán suspender sus actividades.
• Todos los establecimientos de servicios, con excepción de hospitales, que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono, deberán reducir la operación de sus calderas en 30 por ciento.
• La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) vigilará que 20 por ciento de las estaciones de carburación de gas LP y las plantas de distribución de gas LP suspendan sus actividades de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el número de identificación con terminación par (grupo 1).
• La ASEA fortalecerá la vigilancia del cumplimiento de la NOM-004-ASEA-2017, del Sistema de Recuperación de Vapores en estaciones de servicio.
Adicionalmente, las autoridades correspondientes debieron atender:
• Las autoridades de tránsito y vialidad debieron establecer operativos para agilizar la circulación vehicular.
• Se reforzaría la vigilancia para retirar de la circulación de vehículos ostensiblemente contaminantes.
• Se reforzaría la vigilancia para evitar incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas.
• Se suspenderían actividades de bacheo, reencarpetamiento, balizamiento, pavimentación y obras que dificulten el tránsito.
• Se suspenderían las actividades de pintura de vehículos y equipos a cielo abierto o en instalaciones sin control de emisiones.
• Se suspenderían actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón.
• Se suspenderían actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y la fundición en horno artesanal.
• Se recomendó reducir el consumo de gas LP en las primeras horas del día y evitar la recarga en tanques de gas.
• Se recomendó reducir el consumo de productos que contienen solventes, tales como desodorantes en aerosol, pinturas de laca, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos.
Como se puede observar, al tratarse de una situación, que si bien pudiera no estar en las manos de alguien en específico evitarla, lo cierto es que existen los mecanismos suficientes para prevenir los efectos y atenderlos de manera inmediata.
Desafortunadamente, en la contingencia más reciente, algunas de las recomendaciones no fueron implementadas por la ciudadanía, especialmente aquéllas que de manera negligente decidieron salir a participar al paseo ciclista organizado por el gobierno de nuestra ciudad; así como para asistir a dos partidos de futbol en estadios al aire libre; estamos conscientes de que dichas actividades se llevaron a cabo fuera de los horarios donde la contingencia presentó su mayor impacto, sin embargo, las afectaciones ambientales y de salud no desaparecen de un momento para otro, por lo que resulta indispensable continuar con la adopción de medidas recomendadas.
No se trata de consignar a nadie, sin embargo, consideramos necesario hacer algo que genere conciencia en las personas para que de manera responsable asuman una situación ambiental emergente con la importancia que merece, pues se trata de su salud; para ello, creemos que resulta importante la intervención de nuestras autoridades, garantizando que la ciudadanía no sólo conozca la situación, sino que adopte eficazmente las recomendaciones para evitar cualquier efecto negativo en su persona.
En este sentido, como Partido Verde Ecologista de México, consideramos urgente implementar mecanismos alternativos que abonen a disminuir la emisión de contaminantes, siendo los automóviles una de sus principales fuentes; en ese sentido, creemos que adoptar sistemas de horarios escalonados de entrada y salida de los centros de trabajo, así como el trabajo en casa, son una buena herramienta para evitar la concentración de automóviles en horarios específicos, lo que intensifica la mala condición del aire de por sí afectado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la suspensión de toda actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al aire libre cuando se decrete estado de contingencia ambiental.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las instituciones y gobiernos de las entidades integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a efecto de que, ante la declaración oficial de contingencia ambiental, se establezcan mecanismos alternativos de atención y solución a los altos índices de contaminantes en la atmósfera provocados por la gran cantidad de vehículos en circulación, tales como la implementación de horarios escalonados de entrada y salida en colegios y centros de trabajo; así como la instrumentación de días de trabajo en casa, en los centros laborales que por su naturaleza puedan implementarlos.
Notas
1 CNN México . Ambientes contaminados matan a 17 millones de niños cada año según la OMS. Disponible en:
https://cnnespanol.cnn.com/2017/03/06/ambientes-contamin ados-matan-a-17-millones-de-ninos-cada-ano-segun-la-oms/
2 CNN México . ¿A qué se debe la contingencia ambiental en México? Te explicamos lo que está pasando. Disponible en:
https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/23/
a-que-se-debe-la-contingencia-ambiental-en-mexico-te-explicamos-lo-que-esta-pasando/
3 Chávez Lara, Gustavo. (2016). Distribución Urbana.16. México. Disponible en:
http://www.antp.org.mx/revista/82/rev digital82.pdf
4 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).
Con punto de acuerdo, a fin de que cuando entre en operación el complejo penitenciario federal Papantla, sean transferidos reclusos de los Cereso de Veracruz para atender la sobrepoblación de éstos, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerde una vez que entre en operación el Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos en los Centros de Readaptación Social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender la sobrepoblación que presentan dichos centros, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema penitenciario es un componente de suma importancia para la seguridad pública, esté se conforma por un conjunto de instituciones que procuran la reinserción social de la población privada de la libertad. En el caso de nuestro país el sistema penitenciario durante años ha estado enfocado en la privación de la libertad como castigo, para posteriormente por mandato constitucional se encaminó a la reinserción social.1
Es preciso señalar que nuestra Ley Fundamental, ha encomendado distintas funciones al sistema penitenciario, en este sentido, el artículo 18 constitucional precisa que privar de la libertad aspira a reinsertar al sentenciado a la sociedad. Por tal motivo, nuestro sistema penitenciario, está regulado por un diverso cúmulo de disposiciones y normas que establecen las penas, delitos y procesos; además de señalar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno encargadas de su ejecución y administración.
Es preciso recordar que, con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, se transformó al sistema penitenciario en un garante de la reinserción social de la persona sentenciada mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a sus derechos fundamentales.2 En este sentido los objetivos y principios3 sobre los cuales tiene que organizarse el sistema penitenciario mexicano, son, respeto a los derechos humanos; reinserción de las personas sentenciadas a través del trabajo, capacitación y educación; y garantizar que las mujeres cumplan sus condenas en lugares distintos a los destinados para los hombres.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los objetivos del encarcelamiento, son castigar a las personas que cometieron un delito mediante la privación de su libertad; mantenerlos resguardados para que no comentan más crímenes y, teóricamente, rehabilitarlos para evitar que reincidan.4
En la actualidad nuestro sistema penitenciario demuestra a través de diversos estudios privados, internacionales y por las propias cifras expuestas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que existen elementos de sobrepoblación penitenciaria siendo esta situación prevalente en la mayoría de los centros penitenciarios del país.
En lo que respecta a su estructura, el sistema penitenciario mexicano está a cargo de dos ámbitos de gobierno federal y estatal. A nivel federal, la institución competente de organizar y administrar los Centros Federales de Readaptación Social, es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social (OADPRS) que depende directamente de la Comisión Nacional de Seguridad.
Esta instancia es la encargada de instrumentar la política penitenciaria nacional, encaminada a prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres órdenes de gobierno. Además, es el órgano que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, consolidando las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito.5 En tanto a nivel estatal, los gobiernos de las entidades federativas, han designado a distintas autoridades penitenciarias para cumplir con esta función.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó 267 establecimientos penitenciarios estatales registrados al cierre de 2016; 92 recintos para hombres, 17 femeniles, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto, estos establecimientos albergan a 188 mil 262 personas privadas de la libertad, aunque la capacidad instalada es de 170 mil 772 camas útiles.
La sobrepoblación en las cárceles es un problema para el sistema penitenciario, sólo basta observar que la densidad penitenciaria es mayor, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema. En este tema, para medir la sobrepoblación es necesario conocer la capacidad instalada de los establecimientos penitenciarios, es decir, los espacios destinados para albergar a la población reclusa (camas útiles), y posteriormente establecer la relación con el total de las personas privadas de la libertad.6
Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre 2018, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cng spspe_2018_resultados.pdf
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 y hasta 2017, los centros penitenciarios administrados por las entidades federativas alojan a más gente de la que pueden acoger. Este aumento en la población reclusa en México puede atribuirse a los siguientes elementos; incremento de los índices delictivos; reformas que han endurecido las penas y medidas administrativas que dificultan la preliberación de las personas internadas en las cárceles.7 Otro aspecto de la saturación de los penales, es el referente a las personas recluidas sin condena, este tipo de población se encuentra encarcelada debido a que fueron acusados de cometer un delito, sin embargo, aún se encuentran en proceso de tal modo que aún no tienen una sentencia. Al cierre del 2016, 65 mil 021 de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios no tenían sentencia, es decir, 35% de la población reclusa, de las cuales 93% son hombres. La proporción de personas sentenciadas fue de 65% para ese mismo año.
Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre 2018, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cng spspe_2018_resultados.pdf
Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, Diciembre 2018, http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2018/doc/cng spspe_2018_resultados.pdf
El aumento acelerado de la población reclusa ha llevado a precisar que se requiere de una inversión constante que permita construir o ampliar las unidades de albergue, incrementar los programas y personal de tratamiento, aumentar la seguridad y el personal a cargo de ella, así como ampliar los servicios de administración propios de un establecimiento penitenciario, como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, entre otros.
En lo que respecta al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, actualmente existen 17 Centros de Reinserción Social, en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, ha manifestado que aún se presentan múltiples necesidades y privaciones, en dicho documento se evidencian los problemas e insuficiencias para atender a los reclusos y asegurar el respeto a sus derechos humanos, dando una calificación 6.02 para la entidad, y colándola en semáforo amarillo.8
Ante estos hechos, en Veracruz persiste el hacinamiento, autogobierno, actividades ilícitas, falta de equipamiento, insuficiente personal de seguridad y custodia, limitadas instalaciones y capacitación; además carencias alimentarias, y médicas, aunado a ello, existe insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos; así como en las condiciones materiales, dormitorios y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos. Se ha detectado desorden en cuanto a clasificación entre procesados y sentenciados, actividades laborales, poca capacitación y medidas o acciones relacionadas con los beneficios de libertad anticipada.
Es preciso señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, en el rubro de Asociación Público-Privada, se etiqueto la cantidad de 2 mil 562 millones de pesos, por concepto de Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla,9 este proyecto tendrá como finalidad concluir una obra que fue licitada desde 2009, sin embargo hasta la fecha aún continua inconclusa, debido a que sólo se observa la estructura, pero no fueron acondicionados los espacio destinados para los internos. En 2018, se determinó volver a licitar la obra, para tal efecto se utilizó la figura de Asociación Público-Privada, con el objetivo de que aquella empresa a quien se le adjudicara la obra acondicionara el centro penitenciario para que sea operable.
Brevemente haremos un recuento de la obra en comento, en 2008, la administración federal, anunció la construcción de 12 centros federales de alta seguridad, entre ellos, el mencionado en Papantla, Veracruz, durante el periodo de 2009 a 2015, tuvo dos adjudicaciones directas y diversos contratos. En el año 2009, la obra se adjudicó a través del contrato OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009, las empresas beneficiadas fueron: “Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp, SA de CV; Tradeco Infraestructura, SA de CV, y Promotora y desarrolladora mexicana SA de CV”.10 Para noviembre de 2011, las empresas lograron un segundo contrato, para el equipamiento del penal, y en mayo de 2012, se autorizó a Typp SA un nuevo contrato para la construcción de un módulo de máxima seguridad. Es preciso remarcar que el penal se planeó como centro de admisión de reos federales para su clasificación y posterior traslado a otros centros federales.11
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública 2013, en el expediente 13-1-04D00-04-0058, señalo que la obra incrementó su costo en sólo cuatro años, precisando que dicha obra no estaba en funcionamiento debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos, con un avance estimado del 85 por ciento.12 Ante tal situación en 2018, se anunció que se concluirá el penal, por lo que se adjudicó nuevamente la obra, ahora a la empresa Greenfield, por 22 años. Con la firma del contrato se especificó que el penal deberá estar operando en mayo de 2020.13
Fuente: https://www.proyectosmexico.gob.mx/wp-content/cache/tmp/pdf_detalle_pro yectos/15399.pdf
Es indudable la trascendencia de concluir la obra y por consiguiente alcanzar la operatividad del Complejo Penitenciario Federal Papantla, con su funcionamiento, la Comisión Nacional de Seguridad podrá acordar transferir población reclusa que se encuentra en los Centros de Readaptación Social del Estado de Veracruz, con el objetivo de bajar la sobrepoblación que persiste en estos reclusorios, en razón a que en estos centros estatales se han detectado diversas incidencias como sobrepoblación, la nula separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, hacinamiento, autogobierno y cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos.
Por ello, es fundamental que las autoridades encargadas de conducir el Sistema Penitenciario Nacional, desarrollen acciones y planes enfocados a optimizar las condiciones de gobernabilidad de los centros, garantizando la integridad física de los reclusos, así como la aplicación de programas destinados a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mezclar a quienes cumplen una sentencia condenatoria con quienes aún son parte de un proceso, vulnera los derechos humanos, pues este grupo no solo pierde sus ingresos sino además son separadas de sus familias, también están expuestos a violencia, insalubridad, así como la corrupción que se vive en las cárceles. Esta situación la viven aún sin haber demostrado su culpabilidad. Además, mantener reclusos a personas con procesos inconclusos, propicia que los jueces sean más propensos a dictar sentencias condenatorias, pues de lo contrario sería admitir que mantuvieron preso a un inocente.14
No olvidar que, en nuestro país, la pena privativa de libertad está destinada a buscar la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos humanos.
Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerde, una vez que entre en operación el Complejo Penitenciario Federal Papantla, sean transferidos reclusos adscritos a los centros de readaptación social de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de atender la sobrepoblación que presentan dichos centros, teniendo como prioridad el ubicado en Poza Rica.
Notas
1 Luis María Aguilar, manifestó que la premisa básica de la reforma constitucional, con la cual, se da origen al nuevo Sistema de Justicia Penal, fue desmontar la concepción monolítica del proceso: el castigo como su única finalidad, el juicio como único camino, el Estado como único decisor, un tratamiento único para todas las conductas”. Aguilar, Luis María, “Reforma constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, objetivos y ejes rectores”, en El Sistema Penal Acusatorio en México, Inacipe, México, 2016, p. 33.
2 Un ejemplo, es Alemania, en donde la pena busca la resocialización del sujeto, proteger a la sociedad y que no se vuelvan a cometer delitos. Aunque en su sistema penal solo el 6% de los delitos son sancionados a través de la privación de la libertad. Dolores Fernández, “El sistema de sanciones en la República Federal de Alemania”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 76, enero-abril 2017, disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-com parado/article/view/3035/3292
3 Contreras, Miguel Ángel, 10 temas de derechos humanos, CODHEM, Toluca, 2002, disponible en
http://www. codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/libros/10temas.pdf
4 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Custodial and Non-Custodial Measures. Alternatives to Incarceration, UNODC, 2006, disponible en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Al ternatives_ Incarceration.pdf
5 Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social, Misión y Visión, disponible en https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/que-hacemos
6 Carranza, Elías, “Situación Penitenciaria en América Latina y el Caribe. ¿Qué hacer?, en Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2012, p.32
7 En los hechos, no existen sanciones alternativas a la cárcel porque no existen los mecanismos ni la infraestructura para hacerlas operables. En el caso de delitos menores y no violentos, otros mecanismos de sanciones pudieran ser más efectivos y menos onerosos en términos sociales y económicos. Bergman, Marcelo, y Azaola, Elena, “Cárceles en México: Cuadros de una crisis”, en Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, No. 1, Flacso, Ecuador, 2007.
8 CHDH, Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017,
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_ 2017.pdf
9 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz, Clave de Cartera, 0836E000019, Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura, así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario,
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs /51/app.pdff
10 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/201 3_0058_a.pdff
11 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/201 3_0058_a.pdff
12 Auditoria Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Prevención y Readaptación Social Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-04D00-04-0058, disponible en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/201 3_0058_a.pdff
13 El proyecto tiene el fin de concluir las instalaciones, generar áreas nuevas, equipar con tecnologías de última generación, dotar de vehículos, equipo y mobiliario al Complejo Penitenciario Federal Papantla, mismo que cuenta con una superficie de 28.1 hectáreas y está parcialmente construido para resguardar a Personas Privadas de su Libertad (PPL), permitiéndole así ser el primer Centro Penitenciario en México que tendrá cuatro niveles de clasificación de internamiento para PPL que requieren medidas especiales de seguridad, estimando un incremento en su capacidad para que pueda alojar a 2,160 PPL. Comisión Nacional de Seguridad, Ampliación y Equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/ampliacion-y-equipamiento- del-complejo-penitenciario-en-papantla?state=published
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.
Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a agilizar por la Segob la entrega de recursos por concepto de descuentos sobre los salarios de los ex trabajadores del programa Bracero 1942-1964, a cargo del diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Juan José Canul Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a agilizar a través de la Secretaría de Gobernación la entrega de recursos por concepto de descuentos a los salarios de los ex trabajadores del programa Bracero 1942-1964; asimismo, a transparentar los montos, la lista de beneficiarios y el cronograma de entrega, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El programa Bracero, o Mexican Farm Labor Program, representó un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, por el cual ingresaron de manera temporal más de 5 millones de trabajadores principalmente en Texas, Colorado y California, donde laboraron en los plantíos de jitomate, algodón y caña de azúcar, entre otros, además de ocuparse de la construcción y ampliación de las líneas férreas.1
Según declaraciones del entonces director general de la Administración de Seguridad Agraria, el propósito de esta estrategia era alcanzar los objetivos establecidos para las cosechas de esos años, por lo que era necesario la introducción de nueva fuerza laboral. Además, esta situación se potencializó debido principalmente a los estragos provocados por los conflictos bélicos de este periodo en esa región.2
Por sus beneficios y efectos para la economía de Estados Unidos, el programa fue extendido hasta 1964 a través del Migrant Labor Agreement. Debido a ello, muchos trabajadores regresaron varias veces con diferentes contratos temporales.
Durante estos trayectos y según lo estipulado en el convenio, a los denominados braceros el gobierno de Estados Unidos les retuvo 10 por ciento de sus salarios para crear un fondo de ahorro, el cual supuestamente se les reintegraría una vez estuvieran de regreso en sus comunidades de origen.3
Según el titular de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, uno de los últimos convenios pactados fue durante la administración del entonces presidente Vicente Fox Quesada. En ese periodo acordaron que se entregarían 38 mil pesos a cada ex trabajador y en el caso de que la persona hubiera fallecido, se liquidaría hasta la cuarta generación, sin embargo, no fue suficiente.4
La pasada administración no sólo liquidó los casos en que había prueba documental, sino que interpuso acciones para que se pagara a los demás damnificados.
A diferencia de la presente gestión federal, que si bien cuenta supuestamente con una agenda social y de atención a grupos vulnerables, no ha considerado promover acciones de política pública en favor de los ex braceros. Al contrario, se ha caracterizado por ser omisa e indiferente ante esta situación, prueba de ello, es que no consideró ninguna partida presupuestal para la atención de dicha problemática.
Por fortuna, recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo en favor de los ex trabajadores a fin de que se les devuelva parte de su salario retenido, por lo que la Secretaría de Gobernación está obligada a entregar este beneficio.5
Apremia que esta resolución sea acatada a la brevedad y de manera íntegra se entregue el recurso, con la finalidad de salvaguardar uno de los derechos básicos de los trabajadores, y a su vez, contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de sus familias.
Los integrantes de la Unión de Campesinos y Emigrantes de México, a través de su dirigente ha asegurado que los agremiados esperan que este gobierno cumpla con sus compromisos de campaña, ya que en este proceso el actual presidente aseguró que: “Es un dinero que les pertenece, no es un apoyo del gobierno, es el dinero de los ex braceros”.6
Estoy convencido de que representa un acto de justicia social que sean entregados los recursos retenidos durante el periodo 1942-1964, que fueron los años en que se mantuvo vigente el programa Bracero.
Ante este panorama, urge que el gobierno federal genere certidumbre sobre los pagos y garantice que se cubrirán en su totalidad como lo estipula el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para ello, se debe realizar un padrón de los beneficiarios directos e indirectos, a fin de que todos los trabajadores sean beneficiados sin exclusión.
Para inhibir posibles actos de corrupción como desvió de recursos públicos y malversación de fondos, resulta vital transparentar este proceso, por tal motivo, solicitamos que se den a conocer los montos aprobados, la lista de beneficiarios y el cronograma de entrega.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a agilizar a través de la Secretaría de Gobernación la entrega de recursos por concepto de descuentos a los salarios de los ex trabajadores del programa Bracero 1942-1964; asimismo, a transparentar los montos, la lista de beneficiarios y el cronograma de entrega.
Notas
1 Jorge Durand (2007). El programa Bracero (1942-1964), un balance crítico, 8 de abril de 2019, de Redalyc.org Sitio web:
https://www.redalyc.org/pdf/660/66000902.pdf
2 Jorge Durand (2007). El programa Bracero (1942-1964), un balance crítico, 8 de abril de 2019, de Redalyc.org Sitio web:
https://www.redalyc.org/pdf/660/66000902.pdf
3 Efraín Arteaga Domínguez (2013). “¿Por qué luchan los ex braceros?”, 8 de abril de 2019, de La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/2013/11/17/opinion/015a1pol
4 Alejandro Domínguez (2018). “Pagarán 38 mil pesos a ex braceros”, 8 de abril de 2019, de La Voz de la Frontera. Sitio web:
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pagaran-38-mil-pesos-a-ex-braceros-2804151.html
5 Gustavo Castillo García (2018). “SCJN ordena a SG devolver recursos a braceros”, 8 de abril de 2019, de La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/31/scjn-orden a-a-sg-devolver-recursos-a-braceros-5634.html
6 Página del candidato Andrés Manuel (2018). “Exhorta AMLO a SCJN a que resuelva pronto y ordene al Ejecutivo justicia para ex braceros”, 8 de abril de 2019, de lopezobrador.org.mx Sitio web:
https://lopezobrador.org.mx/temas/ex-braceros/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019.
Diputado Juan José Canul Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a practicar una auditoría integral sobre los recursos ejercidos por el gobierno de NL y el Metrorrey para la operación, el mantenimiento y la construcción de la red, ante diversas denuncias públicas respecto a posibles actos de corrupción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados de diversos grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral a los recursos ejercidos por el gobierno de Nuevo León y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, para la operación, mantenimiento y construcción de la red, ante diversas denuncias públicas sobre posibles actos de corrupción, como la utilización de materiales de dudosa calidad, sobrecostos, incumplimiento en los cronogramas de obras y falta de mantenimiento, situación que lo convierte en un servicio inseguro y de mala calidad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, constituye uno de los medios de movilidad más importantes de Nuevo León, muestra de ello es que la afluencia de personas que ingresaron directamente a alguna de sus estaciones durante el cuarto trimestre de 2018, fue de 21 millones 460 mil 956 pasajeros.
Relativo a las transferencias o transbordos entre la línea 1 y 2, representó al menos 10 millones 548 mil 759 operaciones. Esta cifra evidencia la intercomunicación de la red conformada por al menos 32 estaciones, con otros medios como el TransMetro, MetroBús y MetroEnlace1
Desde 1987, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey se constituyó como un organismo público descentralizado del gobierno de Nuevo León, teniendo como atribuciones administrar, operar, dar mantenimiento y en su caso, ejecutar, por sí, o a través de terceros proyectos de ampliación en la zona metropolitana, así mismo, cuenta con la facultad de celebrar con la autoridad estatal convenios de colaboración para el cumplimiento de sus objetivos.2
A pesar de su importancia para el traslado de personas y su contribución económica al desarrollo de la entidad, se han documentado presuntas irregularidades en la construcción de infraestructura, ampliación de la red y adjudicación de materiales de construcción, es decir, diversos actos de corrupción que deben ser investigados y sancionados conforme a derecho.
Para contar con un panorama general de estas anomalías, basta señalar los siguientes hechos:
1. Utilización de materiales de mala calidad. En 2018 se adquirieron 9 mil 300 sujetadores por un monto de 50 millones de pesos, material que resultó de mana calidad y no cumplía las especificaciones, ya que no embonaban en las vías.
Se celebró un contrato por un total de 1 millón 263 mil 598.74 dólares estadounidenses para el suministro de diversos componentes para los rieles, los cuales no cumplieron con las especificaciones técnicas y tampoco con la documentación del Comité de Adquisiciones local.
A través de una inspección física de la Auditoría Superior del Estado, se identificó que el suministro de este material no se llevó a cabo apegado a los plazos establecidos en los contratos, peor aún, se surtieron elementos diferentes a la propuesta técnica ganadora y presentada durante el proceso de licitación.
2. Falta de mantenimiento y daños estructurales de la infraestructura. Diversas organizaciones de la sociedad civil, han documentado daños en columnas, trabes, rieles y vagones, deficiencias que lo convierten en un servicio inseguro.
3. Nula trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Hasta este momento, existe incertidumbre y falta claridad sobre las licitaciones, sus resultados y principalmente las condiciones para la contratación de un seguro para los pasajeros del metro, esto se debe entre otros aspectos, a que el Metrorrey recientemente se declaró en “incapacidad presupuestal”.
Se desconoce el presupuesto aprobado para este año, a pesar de que en 2016 se ejerció un poco más de 8 millones 952 mil 508 pesos, en 2017 más de 8 millones 94 mil 920 pesos y el año pasado 8 millones 145 mil 884 pesos.3
4. Sobrecostos. A pesar de contar con una cotización más competitiva en trabajos de mantenimiento, se contrató a una empresa que ofreció sus servicios al triple de otros proveedores para aplicar una mezcla de cemento gris, agua y aditivos para prevenir la concentración de humedad en los ductos del metro.4
5. Déficit de vagones e infraestructura obsoleta en la línea 1 y 2. Los carros actualmente disponibles resultan insuficientes para atender la demanda diaria de la población, en las horas con mayor afluencia se presentan accidentes, empujones y aglomeraciones, panorama que pone en riesgo la integridad de los usuarios.
6. Incumplimiento y retrasos en los cronogramas de obra y entrada en operación de la línea 3. Recientemente, el director de Metrorrey dio a conocer que aunque la obra civil se concluye en el próximo mes de mayo, esta nueva línea no entrará en funcionamiento debido a la carencia de vagones y a la falta de conclusión del sistema de peaje.
7. Incremento de fallas mecánicas. En lo que va del año, han sido permanentes el desalojo de usurarios, el cierre parcial o total de los servicios y demoras en los trayectos a causa de fallas mecánicas como fallas en el sistemas de cierre de puertas, y problemas de comunicación entre operadores; por estas causas se han suspendido las labores estaciones como Hospital, Edison y Talleres, entre otras.5
8. El Sistema de Transporte Colectivo celebró el contrato con la empresa Thyssenkrupp Elevadores, SA de CV, bajo el número de oferta 002MTYKEEFZ17 por alrededor de 12.6 millones de pesos para adquirir seis escaleras que serían instaladas en la línea 1 y 2 del Metro. Sin embargo, el entonces director de Metrorrey emitió un dictamen justificativo para sustraer las escaleras eléctricas de la línea de la estación Alfonso Prieto de la línea 3 que estaban en bodega para instalarlas en las líneas 1 y 2 para volverlo a facturar generando un sobrecosto y poniendo en riesgo la terminación de la línea 3 del Metro.
9. Falta de transparencia en cuanto al arrendamiento de locales y contratos de publicidad. Se desconoce el monto de los ingresos bajo el rubro de arrendamiento, no existe claridad en relación a los contratos firmados y sus montos para el uso o aprovechamiento de la infraestructura del Metrorrey para fines publicitarios.
10. El Sistema de Transporte Colectivo asignó de manera directa la remanufactura de 24 vagones que compró usados para las líneas 1 y 2, dicho contrato se asignó a la empresa alemana Ferrostal por un monto de 38.4 millones de euros, dicha asignación no cae en los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Adquisiciones.
Ante este panorama, el uso ineficiente de los recursos públicos y el desarrollo de actos de corrupción, posicionan el servicio del Metrorrey como uno poco eficiente, inseguro y de mala calidad.
En tal virtud, consideramos necesario que se realice un diagnóstico integral de la situación financiera, de infraestructura y operación en la que se encuentra el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, se investigue la comisión de delitos y, principalmente, se actúe conforme a derecho para sancionar acciones contrarias a nuestro marco jurídico e institucional.
Apremia que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral a los recursos que el gobierno de Nuevo León y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, han ejercido para la operación, mantenimiento y construcción de la red, ya que existen elementos suficientes sobre presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos que trasgreden las arcas públicas, en perjuicio de la población.
El gobierno de Nuevo León debe fortalecer sus acciones de mantenimiento y monitoreo para subsanar las fallas mecánicas que se han denunciado en la red, con el propósito de salvaguardar la integridad de los usuarios; asimismo, destinar mayores recursos financieros y humanos para asegurar el trayecto eficiente y de calidad.
Para los impulsores de este instrumento legislativo, es fundamental garantizar un servicio accesible y seguro para las personas que eligen al Metrorrey, como su principal medio de transporte.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral a los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Nuevo León y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, para la operación, mantenimiento y construcción de la red, ante diversas denuncias públicas sobre posibles actos de corrupción, como la utilización de materiales de dudosa calidad, sobrecostos, incumplimiento en los cronogramas de obras y falta de mantenimiento, situación que lo convierte en un servicio inseguro y de mala calidad.
Notas
1 Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. (2018). Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre de 2018. 22/04/2019, de STCM Sitio web:
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/cuenta_publica_ 4to_trimestre_2018.pdf
2 Congreso del Estado de Nuevo León. (2010). Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 22/04/2019, de Diario Oficial del estado de Nuevo León Sitio web:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/
LEY%20QUE%20CREA%20EL%20ORGANISMO%20PUBLICO%20SISTEMA%20DE%20TRANSPORTE%20METROREY.pdf
3 Victoria Félix. (2019). Calla Metrorrey sobre licitación de seguro pendiente. 22/04/2019, de Milenio Sitio web: https://www.milenio.com/politica/calla-metrorrey-sobre-licitacion-de-se guro-pendiente
4 Miriam Abrego. (2018). Metrorrey paga más... por menos. 22/04/2019, de El Horizonte Sitio web:
https://www.elhorizonte.mx/local/metrorrey-paga-mas-por-menos/2096281
5 Eduardo Mendieta Sánchez. (2019). Desalojan vagón de la línea 1 del Metro por falla. 22 de abril de 2019, de Milenio Sitio web:
https://www.milenio.com/policia/desalojan-vagon-linea-1-metro-falla
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2019.
Diputados:
Efemérides
Con motivo del 25 de abril, natalicio de Belisario Domínguez Palencia, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena
Hoy, 25 de abril, se conmemora el natalicio de Belisario Domínguez Palencia, médico de profesión, presidente municipal de Comitán y senador por Chiapas, quien se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión y la defensa de las instituciones por su abierta oposición al régimen del presidente Victoriano Huerta.
¡Si en México hay alguien que simbolice la libertad de expresión y la defensa de las instituciones, ése es don Belisario Domínguez Palencia!
Nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas. Médico de profesión y político de ideología liberal por convicción.
Fue presidente municipal de su ciudad natal, posteriormente senador de la República en representación de Chiapas, posición donde se opuso y criticó abiertamente al régimen del presidente Victoriano Huerta.
Su postura fue replicada por amenazas y persecución política.
Como consecuencia de sus célebres discursos del 23 y 29 de septiembre, la noche del 7 de octubre de 1913, fue hecho prisionero y conducido al panteón de Xoco, en Coyoacán, donde fue martirizado y asesinado.
Se dice, además, que le fue cortada la lengua y enviada a Victoriano Huerta, en calidad de cruel ofrenda.
El suceso significó el descrédito del presidente y marcó el inicio de la caída del régimen, pero también, puso de manifiesto la necesidad de defender, desde una curul, un escaño o en cualquier ámbito de la vida pública, el derecho a la libertad de expresión, a la democracia y a los derechos humanos.
En homenaje a su elocuencia y valentía, en 1936 la Cámara de Diputados aprobó que su nombre fuera inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión y a partir de 1953, cada 7 de octubre, el Senado de la República otorga la Medalla Belisario Domínguez.
El principal objetivo de entregar tan reconocida presea es “premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad”.
¡Viva Belisario Domínguez!
Es cuánto.
Con motivo del 24 de abril, Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
El ruido es un fenómeno contaminante, propio de los lugares con grandes concentraciones de población, éste se refiere a un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, por lo general, molestos y desagradables que producen efectos fisiológicos y psicológicos no deseados en los seres vivos. Si bien el ruido urbano no es acumulativo en el ambiente como sí lo son, por ejemplo, los contaminantes que se emiten a la atmósfera, éste representa una molestia, principalmente, para los habitantes de las grandes ciudades.
La contaminación acústica es el conjunto de sonidos y ruidos que circulan a nivel aéreo por las calles de una población. Generalmente, las ciudades poseen gran cantidad de elementos generadores de ruido, como el tránsito vehicular y las industrias, estas actividades producen, en conjunto, un alto nivel sonoro que perjudica la integridad física y psíquica del habitante urbano. El oído humano sólo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido, sin embargo, el nivel de ruido que se genera en varias regiones de las ciudades supera ese máximo en reiteradas ocasiones.
El reconocimiento del ruido como un factor de contaminación ambiental de alto impacto, sobre todo para los ecosistemas urbanos que puede generar graves consecuencias en la salud de los seres humanos, se ha dado apenas en tiempos recientes. Fue en la década de los años 90 del siglo pasado, al publicarse el Libro Verde de la Comisión Europea, que el combate del ruido urbano cobró mayor relevancia.
En el Libro Verde se señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas de hasta 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los países que conforman la Unión Europea, además de afirmar que el ruido urbano causa trastornos sicológicos y sociales.1
Los efectos del ruido pueden resultar tan devastadores que incluso es utilizado como una forma de tortura. El ruido genera estrés y éste puede volverse crónico cuando alguien se expone al ruido de manera continua y por lapsos de tiempo prolongados. Es por este motivo que el ruido está asociado a padecimientos tales como insomnio, depresión, hipertensión y alteración de los procesos digestivos, además de falta de concentración, bajo rendimiento escolar y pérdida auditiva.
Un sonido indeseable de manera continua o a alto volumen provoca afectaciones al sistema nervioso y ello impacta a los sistemas endócrino, digestivo, inmunológico y cardiovascular.
Los principales efectos adversos sobre la salud humana reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos son: efectos auditivos (discapacidad auditiva, dolor y fatiga); perturbación del sueño, con todas sus consecuencias en el corto y largo plazo; efectos cardiovasculares; alteraciones hormonales, con sus posibles consecuencias sobre el metabolismo y el sistema inmune; impactos sobre el rendimiento en el trabajo y la escuela; interferencia en la comunicación oral y en el comportamiento social (agresividad, protestas y sensación de desamparo).2
A raíz de la publicación del Libro Verde y a la luz de los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana varios países han legislado en materia del ruido urbano y con ello han adoptado políticas encaminadas a monitorear y predecir la evolución del ruido para posteriormente establecer acciones para su mitigación, sin embargo, aún hace falta mucho por hacer para dar a la contaminación acústica la atención que requiere para evitar que siga generando daños en el medio ambiente y afectando la calidad de vida de las personas.
Más allá de una actuación decidida por parte de las administraciones competentes y del impulso de legislación y regulaciones adecuadas, para ser eficaz la lucha contra el ruido requiere de la concientización y colaboración de los ciudadanos.
En esta lógica, desde hace más de 20 años, el último miércoles del mes de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciacio?n sobre el Ruido, con acciones que promueven el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido.
En el Partido Verde Ecologista de México consideramos importante que este 24 de abril de 2019 se reflexione sobre las dimensiones del problema del ruido en nuestro país, así como las posibles medidas preventivas para mitigarlo.
Notas
1 Véase “Política futura de lucha contra el ruido”. Libro Verde la Comisión Europea, Bruselas, 4 de noviembre de 1996, página 1a.
2 Véase, “Ruido y Salud”, Junta de Andalucía, Unión Europea y Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Página 19.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2019.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
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