Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5108-IV, jueves 6 de septiembre de 2018
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativo al gran desabasto de agua potable en Nezahualcóyotl, México, suscrita por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, Juan Ángel Bautista Bravo y Felipe Arvizu de la Luz, diputados federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, considerando los siguientes
Antecedentes
El municipio de Nezahualcóyotl comenzó a poblarse desde 1945, producto de la inmigración de personas que buscaban un lugar barato para vivir cerca de la capital del país, que les diera la posibilidad de obtener mejores oportunidades de empleo y por consecuencia, elevar sus condiciones de vida.
El antecedente más lejano de la formación del municipio se da en el barrio de Juárez Pantitlán, en las que se establecen familias que vendían patos y chichicaxtle y que dieron origen a las primeras colonias del ex vaso de Texcoco: Juárez Pantitlán, México, El Sol, Porvenir, estado de México, Evolución y Tamaulipas.
Después de que se declarara como nuevo municipio a Nezahualcóyotl, en los primeros años los habitantes que provenían de diversos estados de la república comenzaron a organizarse para exigir servicios públicos: drenaje, agua potable, energía eléctrica entre otros.
En esos años de lucha y organización, los primeros servicios públicos se consiguieron con las propias aportaciones económicas o distintos esfuerzos de los pobladores como la colocación de postes de madera y cables para la instalación de luz; construcción de zanjas para la introducción del drenaje, por mencionar algunos.
De 1969 a 1975, el gobierno del estado de México dotó de agua potable y alcantarillado, luz, pavimento de calles a los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, en materia de tenencia de la tierra creó Plantécnica, el Programa de Regeneración Integral 136 de la Zona Oriente, y el Instituto de Acción Urbana e Integración Social, con el objeto de regularizar los asentamientos urbanos. En 1973, se creó el Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio sobre Bienes de Nezahualcóyotl para evitar el indiscriminado tráfico de lotes.
Se establecieron 26 pozos y un gran tanque de agua potable. Durante la década de los setentas e inicios de los ochentas, se continuó atendiendo la regularización de la tierra en Nezahualcóyotl, con la entrega de títulos de propiedad y la creación del Plan Sagitario para seguir promoviendo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio.
Después del sismo de 1985 en el Distrito Federal, en Nezahualcóyotl la participación de los colonos se incrementó, agrupados en organizaciones independientes, los habitantes se convirtieron en gestores en la urbanización y la dotación de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo a consecuencia del sismo, la red de agua potable sufrió severos daños, lo que provocó escasez en las colonias por varias semanas.
En el lapso de 1982-1994 se contó con un caudal proveniente de 18 pozos profundos y el tanque de almacenamiento La Caldera, el gran tanque regulador de agua que abastece a 90 por ciento del municipio. Como se puede ver, los habitantes han estados involucrados directamente en el desarrollo del municipio y en el establecimiento de los servicios públicos.
La profundidad de los pozos varía de 50 a 250 metros y aportan un caudal que va de 70 a 118 litros por segundo. En lo que respecta a la zona II, la profundidad de los pozos varía de 200 a 400 metros y se obtienen caudales variables de 70 a 100 litros por segundo.
El sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio, se realiza a través de pozos profundos. De estos, 8 son operados por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Odapas, 16 por la Comisión del Agua del estado de México, CAEM, y los del ramal Peñón Texcoco son operados por la Comisión Nacional del Agua, Conagua.
Actualmente la fuente más importante es el tanque La caldera, que aporta un volumen de 530 litros por segundo y se encuentra ubicado en el oriente del municipio, el volumen restante está distribuido entre los pozos, de los cuales los que están bajo manejo del CAEM son los principales, el pozo 308 es el que da un aporte mayor, que es de 70 litros por segundo. Y Cuando existe una contingencia, pipas del municipio abastecen a las colonias que lo soliciten.
Esto se debe a que el agua que proviene de fuentes estatales es insuficiente para abastecer por si misma al municipio, depende de gran medida del sistema Cutzamala, por lo que la falta de este volumen representa problemas operativos para el Organismo Operador.
La problemática del agua en Nezahualcóyotl, siendo uno de los municipios del país con mayor densidad de población a nivel nacional, por lo consiguiente el volumen de abastecimiento es bajo en comparativa con las delegaciones en el Distrito Federal o con otros municipios conurbados del estado de México.
El desabasto de agua en el municipio, se da debido a la insuficiente agua en bloque que se compra directamente a la Comisión Nacional del Agua y cualquier contingencia en la distribución afecta el volumen que se requiere para distribuirse en las colonias. Otra afectación tiene que ver con la presión con la que se administra desde las fuentes de origen, ya que esta no es suficiente para poder llegar a las colonias más alejadas.
La infraestructura presenta los mismos problemas que se presentan en la Ciudad de México, es decir, ya resulta obsoleta para la demanda que se presenta en el municipio y la detección de fugas es difícil en algunos de los casos, lo que implica que se desperdicie agua. Las colonias más afectadas por el desabasto se localizan en la zona oriente y en la zona norte, entre las afectadas están Bosques de Aragón, Aragón, Loma Bonita, Reforma, Campestre Guadalupe, El Sol entre otras.
La falta de infraestructura es lo esencial ya que es en donde radica el problema del desabasto del agua.
Factores que se relacionan a la infraestructura son:
Disponibilidad del agua, la disponibilidad se refiere a la capacidad de poder obtener agua de las diferentes fuentes de manera constante y que no requiera de esfuerzos extraordinarios, la disponibilidad se puede ver comprometida cuando las fuentes disminuyen su caudal y la lejanía de estos (los sistemas Lerma y Cutzamala son ejemplos de estos puntos), la disminución de precipitación pluvial en los lugares de origen de las fuentes también disminuyen el volumen aprovechable, la extracción excesiva es otro problema que afecta la disponibilidad ya que los mantos acuíferos están sobreexplotados como es el caso del acuífero Chalco-Amecameca que tiene un promedio de extracción de 128.4 milímetros cúbicos anuales y uno de recarga de 74 milímetros cúbicos por año que da un déficit de 73.5 por ciento de sobreexplotación (Burns 2006: 46)., por otra parte y con relación directa tenemos la demanda excesiva por parte de los habitantes ya que el volumen disponible es insuficiente para lo que requiere la población que habita en el municipio.
Existe una Infraestructura deficiente, debido al hundimiento de la ciudad, que se presenta en la zona donde se localizaban los lagos, la infraestructura se ve dañada, es el caso de las tuberías que se revientan debido a estos hundimientos. El desarrollo de los servicios se dio en la década de los sesenta del siglo pasado, desde entonces no se han hecho modificaciones y solo se da mantenimiento correctivo a la red cuando existe un desperfecto.
También obsoleta, la falta de mantenimiento a la red de distribución, es una de las causas que la hacen obsoleta, otro factor es la existencia de fugas las cuales pueden ser difíciles de detectar y por consecuencia no se reparan. Resulta importante mencionar que la red es insuficiente para la demanda de agua por parte de la población, en este caso se debe también a la falta de presión de parte de las plantas de bombeo.
Política de distribución
El modelo actual de gestión del agua, se basa en la importación de agua potable y la exportación de las aguas de desecho de una cuenca a otra. El municipio de Nezahualcóyotl repite este modelo ya que obtiene agua del subsuelo por medio de los pozos de extracción sumada a la que se adquiere por la compra de agua en bloque proveniente del sistema Cutzamala; posteriormente las aguas negras se integran al sistema de evacuación que lleva las agua negras hacia el océano atlántico.
En la distribución se emplean mecanismos de supervisión que evita que el volumen baje o sea excesivo, sin embargo en periodos de escasez, se tiene que recurrir a la repartición de agua por medio de pipas pertenecientes al municipio. En este modelo también existe un desaprovechamiento del agua de ríos que confluyen en la zona central de la ciudad, los ríos son utilizados para la descarga de las aguas negras y el caudal es contaminado sin que se le de algún uso productivo al agua.
Los criterios de distribución no son eficaces, ya que si bien en el organismo operador tienen obligación de proveer el agua, la distribución por medio de pipas sólo se hace por solicitud formal; por otra parte los pobladores no realizan la solicitud ya que el servicio está sujeto a propinas, al pago puntual del servicio en el ayuntamiento y en tiempos políticos al apoyo del grupo interesado. Además se encuentra la distribución por medio de pipas particulares, en este caso la calidad del agua no es verificada por ninguna instancia, no se regula su procedencia y tampoco las tarifas que cobran a sus usuarios.
No existe difusión de políticas gestión adecuada del agua, de parte de las instancias municipales hacia las acciones para el uso adecuado del agua por parte de la población, a nivel municipal no existen programas para la captación y reutilización de las aguas pluviales; y tampoco se fomenta la reutilización de aguas grises.
No hay continuidad en planes para mejorar la gestión, cada trienio se concibe un nuevo plan hídrico y no se le da continuidad al anterior. Es común que con cada cambio de administración, se comiencen labores como el mapeo y que no se actualicen procesos como el diagnóstico actual de la red de distribución.
Los impactos originados por el desabasto del agua, repercuten en la calidad de vida de los habitantes en diferentes aspectos, sus efectos están relacionados con el tipo de causa que origina uno o más problemas dentro del desabasto del agua como fenómeno. Los impactos tienen diferente magnitud y no todos son percibidos directamente por los habitantes, estos se agrupan de la siguiente manera:
Impactos físicos (son los percibidos directamente por la disponibilidad de un volumen de agua, inciden directamente en las actividades y la productividad, pueden llegar a afectar la salud indirectamente afectan el medio donde se localiza la colonia).
Impactos sociales (alteran la calidad de vida de los habitantes, ya que ante la falta de agua necesitan cambiar sus costumbres, sus tiempos necesitan ajustarse a la búsqueda de agua para complementar su dotación, a mayor escala impide el desarrollo urbano y puede dar pie a conflictos políticos y sociales.).
Impactos económicos (En la búsqueda de la mitigación del desabasto del agua, los habitantes tienen que usar más recursos económicos para tener el agua que cubra sus necesidades).
Gastos innecesarios, ante la falta de agua para poder satisfacer sus necesidades, tienen que recurrir a la compra de agua embotellada o de bebidas industrializadas, por otra parte también deben comprar agua a pipas particulares o bien realizar gastos extraordinarios para poder comprar o construir elementos que les permita almacenar un mayor volumen de agua.
Aumento en el precio del agua, el aumento de los precios es una consecuencia del aumento de la demanda por el líquido, esto se da principalmente en las tarifas de la distribución de agua potable.
Asimismo la compra de agua a pipas particulares, depende de la capacidad económica de las familias; por otra parte no existe alguna regulación con respecto a las tarifas, tampoco sobre la calidad del agua que van a proveer ni tampoco existe la obligación para que notifiquen la fuente de donde procede esta agua.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del estado de México y al Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl para que en coordinación verifiquen y resuelvan a la brevedad la gran problemática que se tiene en el desabasto de agua potable, que sufren todas las colonias del municipio de Nezahualcóyotl y asimismo hagan públicas las acciones que se tomaran y el tiempo que resolverán la problemática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en Yucatán; y al Cenegas, a impulsar la construcción de infraestructura a fin de que el gas natural llegue a la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Juan José Canul Pérez, Dulce María Sauri Riancho, María Esther Alonzo Morales y Enrique Ochoa Reza, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Vidal Peniche, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, todos integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de Yucatán, ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses; asimismo, al Centro Nacional de Gas Natural, para que impulse la construcción de la infraestructura necesaria a fin de que el gas natural llegue a la entidad, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La electricidad constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad pueda realizar sus actividades cotidianas y se impulse el desarrollo del sector industrial y comercial. Asimismo, mejora el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, elevando el bienestar y la calidad de vida de la población.
En México, la industria eléctrica ha registrado un importante crecimiento. Basta señalar que entre 2006 y 2016, los usuarios de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional pasaron de 31.9 millones a 40.8 millones de usuarios, el sector residencial concentra al 88.6 por ciento de los usuarios.1
De acuerdo con la Secretaría de Energía, la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo en el país. Representa el 23 por ciento del consumo final del sector agropecuario, el 35 por ciento de la industria, y el 30 por ciento de los sectores residencial, comercial y público, en conjunto.2
La tarifa de electricidad depende de distintas variables, entre ellas los costos asociados con la generación, transmisión y distribución de electricidad. En el período de 2006 a 2016, el precio medio de la energía eléctrica mantuvo una tasa media de crecimiento anual de 2.9 por ciento. Los sectores comercial y de servicios presentaron una variación de 3 por ciento y 5.5 por ciento, respectivamente, mientras que el sector industrial tuvo un incremento de 2.9 por ciento.
Por área operativa, el área Peninsular ha presentado los precios medios más altos, en promedio 1.89 pesos por kilowatt-hora, derivado de los altos costos de generación de la energía. Esta situación se deriva de la utilización de diésel y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas de la región, en vez de gas natural, de menor precio y mayor eficiencia energética.
En los últimos meses usuarios de Yucatán, perteneciente a la región Peninsular han denunciado un incremento de las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial, que llega hasta 66 por ciento, en promedio, entre enero y julio de este año.
Cabe señalar que, en noviembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicó una nueva fórmula para calcular el costo de la distribución de la energía, presuntamente en forma equivocada, lo que disparó el nivel de las tarifas. El organismo aprobó la metodología de cálculo para los valores de las Tarifas Finales de Suministro Básico.
Los dirigentes empresariales locales principalmente de Canacintra, Concanaco y Centro Empresarial de Yucatán, han intentado infructuosamente que la CRE realice una reconsideración de la modificación para calcular las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial de noviembre pasado, la cual provocó un incremento considerable en las mismas. Dicha situación ha generado un fuerte descontento entre los industriales y comerciantes de dicha entidad, quienes sienten que la CRE les ha dado “atole con el dedo”. (Alejandro Gómory Martínez, vice-presidente de la Canacintra, Diario de Yucatán, lunes 3 de septiembre, sección Local, p. 6).
La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.
Tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía Eléctrica (LORCME), la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
El artículo 42 de la LORME establece que la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
Además de las atribuciones que le confieren las leyes mencionadas, deberá regular y promover el desarrollo eficiente de las siguientes actividades:
I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos;
II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y
III. La generación de electricidad, los servicios púbicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.
En este contexto, resulta de vital importancia que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial para Yucatán. Claramente está incumpliendo su función de “proteger los intereses de los usuarios”, en este caso, industriales y comerciantes yucatecos, cuyos negocios han resultado profundamente afectados por el alza desmedida de las tarifas eléctricas. También, resulta fundamental impulsar la construcción de la infraestructura necesaria para hacer llegar gas natural en cantidad y calidad suficiente a Yucatán, severamente afectado desde 2016, cuando a raíz del accidente de las plantas proveedoras del gasoducto Mayakán, el suministro fue reducido a su mínima expresión. Es el único camino para reducir costos en forma sostenible, y tomando en cuenta que el gas natural es un energético mucho más amigable para el medio ambiente.
En nuestro país, el principal componente de la demanda de gas natural es el de la generación de electricidad, por ello la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha promovido la importación de este energético, pese a que somos un país sumamente rico en dicho recurso.
Actualmente, el gas natural es una fuente de energía más barata y en los últimos años ha crecido su disponibilidad, promoviendo el desarrollo de infraestructura para su transporte y la reconversión de centrales eléctricas.
La reforma energética emprendida durante la actual administración, tuvo entre sus principales objetivos comenzar con un proceso de transición para reducir la utilización de los combustibles fósiles, que tanto daño hacen al medio ambiente, e impulsar el uso de energías limpias, entre las cuales el gas natural es una de las más accesibles y ecológicas.
Al respecto, en México hemos fortalecido la legislación para dar mayor impulso a la construcción de gasoductos y proyectos de almacenamiento. Hay que destacar, que la Ley de Hidrocarburos establece que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) es el gestor y administrador independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios de ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético en el territorio nacional.
Un sector eléctrico eficiente es promotor del desarrollo económico y social, además, permite contar con tarifas más competitivas y el uso de energías sustentables, en beneficio de las familias mexicanas. Ninguno de estos sanos propósitos se materializan en Yucatán. Reducir las brechas de desarrollo entre regiones del país pasa necesariamente por el suministro de energía suficiente y a precios competitivos para la realización de sus actividades económicas. Nada de esto sucede actualmente en Yucatán, parte de la región sur-sureste.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que revise las fórmulas y recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el Estado de Yucatán, ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Centro Nacional de Gas Natural, para que impulse la construcción de la infraestructura necesaria para que el gas natural llegue al Estado de Yucatán, de tal forma que contribuya a reducir los costos de generación de electricidad y promover el uso de energías sustentables.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva_del_S ector_El_ctrico_2017.pdf
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98308/PRODESEN-2016-2030 _1.pdf
Dado en la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de septiembre de 2018.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES
El suscrito, Ernesto Vargas Contreras, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
1. La contaminación del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel mundial, ya que este problema afecta a más de 100 millones de personas que viven expuestas a elevados niveles de contaminación del aire por encima de los establecidos como aceptables por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
2. En el año 2013, la organización británica Clear Air Institute realizó un estudio a través del cual se analizaron los niveles de contaminación ambiental de 21 ciudades con más de un millón de habitantes en Latinoamérica.
Dentro de estas se encontraban Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México; de ello se obtuvo información sobre cuatro compuestos que predominan en el aire y que contaminan gravemente la atmosfera, identificadas como partículas PM2.5, PM10, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.
Derivado del anterior estudio, en abril del 2015, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dio a conocer que la ciudad de Monterrey ocupaba el primer lugar en contaminación del aire en América Latina, ya que registró los más altos números de contaminación por PM 2.5 y PM 10, superando a ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México.
3. La composición de estas partículas en suspensión conocidas por sus siglas en ingles PM (particulated matter ) puede contener una mezcla muy variada de elementos altamente contaminantes, que, según su concentración pueden generar importantes problemas de salud al ser respiradas.
Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 micrones de diámetro (PM10), o menos (PM2.5) que son capaces de penetrar en el organismo y alojarse en el interior de los pulmones, por ello, la exposición continua a estas partículas incrementa el riesgo de desarrollar cardiopatías, provocar afecciones cardiovasculares como el infarto, neumopatías, cáncer de pulmón, así como otras enfermedades de gravedad.
De igual forma, científicos del Instituto Británico antes mencionado, afirman que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes de las ciudades con el engrosamiento de la pared interna de las arterias, lo cual causa daños en el sistema circulatorio y es también un factor desencadenante de la enfermedad conocida como arteriosclerosis.
4. En Nuevo León, la contaminación del aire se ha convertido desde hace varios años en un problema de salud pública, que se refleja también en el presupuesto ejercido por el Estado. Según estudios del ITESM, la contaminación atmosférica del área metropolitana de Monterrey les cuesta, al gobierno y a particulares, entre cuatro mil y ocho mil millones de dólares anuales, cantidad que resulta de la suma de los costos de la atención a la salud y de baja de productividad, principalmente por ausentismo laboral debidos a la contaminación.
5. El estudio “Calidad del Aire: un problema transversal, una solución transversal”, que fue encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno anterior y utilizó cifras de Semarnat, Sagarpa y contó con el apoyo de la Universidad Ehime de Osaka, Japón, revela que la industria es la principal generadora de contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey y que sus emisiones se encuentran consistentemente muy por encima de las normas recomendadas.
El informe elaborado en 2014, durante la administración pasada, muestra cifras puntuales sobre cómo las fábricas y las pedreras son las causantes del elevado nivel de smog en la capital del estado. Mientras que las emisiones correspondientes a vehículos automotores no violan los límites de tolerancia permitidos.
El estudio revela que el principal contaminante en la metrópoli regia son las llamadas PM10 (partículas menores a 10 micras, que son un tipo de polvo). Éste lo producen las pedreras y las industrias, en su mayoría. En el análisis, que abarca los años de 2005 a 2014, los índices de PM10 estuvieron constantemente por encima del rango de tolerancia, en un promedio de 55 por ciento.
En el caso del contaminante PM2.5 (partículas menores a 2.5 micras), generado principalmente por pedreras e industrias del vidrio, los niveles en el ambiente regio estuvieron 84 por ciento por encima de la norma, en el mismo periodo.
6. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública de Nuevo León, se presentan anualmente 4 mil 700 muertes prematuras por contaminación, convirtiéndose en un problema grave de salud. Estas muertes incluso superan a las causadas por el crimen organizado.
Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Nuevo León, informó que en 2017 hubo 4 mil 738 muertes por contaminación, de las cuales 2 mil 702 fueron por exposición a partículas PM10 en personas de hasta 30 años, 691 por enfermedades cardiopulmonares causadas por partículas PM2.5 en personas de hasta 30 años, 485 por enfermedades isquémicas del corazón y otras 35 más en menores de entre un mes y un año por exposición a las PM10.
7. El sistema de monitoreo de la calidad del aire (SMCA) de Nuevo León, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, está conformado por la Red de Monitoreo del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), la cual está constituida por 10 estaciones de monitoreo automático.
Dos estaciones se localizan en el municipio de Monterrey (Obispado - CE y San Bernabé - NO) y una más en cada uno de los siguientes municipios: Apodaca (Apodaca – NE2), General Escobedo (Escobedo – N), García (García – NO2), Juárez (Juárez SE2), Guadalupe (La Pastora – SE), San Nicolás de los Garza (San Nicolás – NE), San Pedro Garza García (San Pedro – SO2) y Santa Catarina (Santa Catarina – SO).1
8. En el Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se identificaron problemas de calidad del aire tanto por PM10 como por ozono en el Área Metropolitana de Monterrey, pues en todas las estaciones de monitoreo en donde fue posible llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de estas normas se rebasaron los límites establecidos en las mismas.
A nivel de municipio, las concentraciones más elevadas de PM10, como promedio de 24 horas se presentaron en San Pedro y Monterrey, en tanto que como promedio anual esto ocurrió en García y Monterrey. Por su parte, las concentraciones más altas de ozono, tanto como promedio de 1 hora como de 8 horas, se presentaron en Santa Catarina.
El cumplimiento o no de la norma de PM2.5 no se pudo evaluar en ninguna estación de monitoreo debido a que no se generó información suficiente para ello. Sin embargo, el problema de calidad del aire por este contaminante puede ser una realidad si se considera que el indicador sobre días con calidad del aire buena, regular y mala muestra la presencia de días con concentraciones superiores a la norma en todas las estaciones de monitoreo.
9. La contaminación se nota en los ojos, la nariz y el organismo en general. En una ciudad como Monterrey, a las cuatro de la tarde la gente ya siente fatiga porque ha estado respirando durante ocho horas un aire tóxico con dióxido de nitrógeno, plomo, azufre y arsénico. ¿Qué pasaría si en Monterrey hay inversión térmica y se empieza a morir la gente como en Chile, Los Ángeles, Londres o la Ciudad de México?
Para los ecologistas, la grave situación en Monterrey se debe a la poca cantidad de árboles y áreas verdes en la entidad. Monterrey tiene un déficit de un millón de árboles y mil 700 hectáreas de áreas verdes. Necesitamos 10 espacios similares al parque Fundidora y debería tener por lo menos 10 pulmones urbanos. Tenemos uno y a medias, porque el gobierno está destruyendo el parque Fundidora.
El gobierno no ha entendido que los pulmones urbanos son la salvación de las ciudades sustentables. Están construyendo en áreas verdes, destruyéndolas e invadiéndolas. Están haciendo una mancha de concreto, urbanizando las montañas. En el Cerro del Obispado debería haber 25 mil encinos y lo que tenemos es concreto.
Es indispensable aplicar la inversión necesaria para combatirla: La contaminación solamente se elimina gratuitamente por dos medios: árboles y lluvia. No hay ninguna ciudad sustentable en México. No hay una ciudad que pueda resistir los efectos del cambio climático, con aire sano, o que haya resuelto su problema de agua ni el de movilidad o áreas verdes con suficientes parques.
En las ciudades de nuestro estado, son cada vez más los días con niveles altos de contaminación, lo que de acuerdo con los expertos, la salud se afecta primero con irritación de ojos y garganta, pero después se generan padecimientos crónicos en los pulmones y el deterioro deriva hasta en problemas cardiacos.
Los trabajos en las pedreras, la falta de árboles en la ciudad y el alto crecimiento urbano horizontal, han llevado a nuestro Estado a una alarmante situación, tanto que desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable han venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia por la contaminación del aire en Monterrey.
10. El Área Metropolitana de Monterrey enfrenta grandes retos para reducir sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, de tal forma que no se causen daños a la salud de la población. Durante mucho tiempo, la problemática de la calidad del aire no se ha comunicado, ni ha sido combatida de manera eficiente por los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y la población en general no lo percibe como un problema de salud pública.
Mejorar la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey es una labor ardua, requiere acciones específicas y permanentes hacia las diferentes fuentes de emisión. Sólo así se generaría, en el mediano y en el largo plazo, la reducción de los niveles de contaminación del aire.
Urge establecer, de manera coordinada, las políticas públicas necesarias entre los tres órdenes de gobierno y que se destinen los recursos necesarios para ejecutarlas de manera efectiva. Asimismo, se requiere crear conciencia en la población sobre el impacto de la actividad humana en el ambiente y sumar a la sociedad civil organizada, así como las universidades y centros de investigación.
Por lo anterior, para Encuentro Social es urgente tomar medidas que detengan el avance de la contaminación en el Estado de Nuevo León, ya que de lo contrario, algunas de las ciudades más importantes del Estado y del país, representaran un peligro para la salud y la vida de sus habitantes y en algún momento será necesario abandonarlas, perdiendo todo lo que representan.
En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema de altos niveles de contaminación atmosférica que enfrenta la población de Nuevo León, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Nuevo León para que implemente medidas urgentes que combatan los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey, a fin de evitar mayores daños a la salud de los habitantes de la zona.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Nuevo León, para que intensifique o en su caso implemente campañas de reforestación en el área metropolitana de Monterrey.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Nuevo León a revisar la situación que guardan las pedreras en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales, y a aplicar las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con las mismas.
Nota
1 Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016. Consultable en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/294715/INFORME_NACIONAL_ DE_CALIDAD_DEL_AIRE_2016.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.
Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a difundir un informe detallado sobre la ayuda proporcionada a los damnificados y deudos del terremoto del 7 de septiembre de 2017 y señalar los planes de reconstrucción y reactivación económica en las regiones afectadas, a cargo del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Benjamín Robles Montoya, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 79 del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la semana del domingo 3 al sábado 9 de septiembre de 2017, el estado de Oaxaca sufrió afectaciones producto de varios fenómenos naturales. Primero a consecuencia del embate de los huracanes Irma, José y Katia, los cuales provocaron lluvias torrenciales con saldo de diversas inundaciones y desborde de ríos. Sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la medianoche del 7 de septiembre (7S), un terremoto de proporciones demoledoras, el más devastador en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec fue catalogado como urgencia nacional.
El total de personas fallecidas en esa trágica semana sumó una centena, aunado a las afectaciones por las lluvias provocadas por los huracanes que propiciaron el desgajamiento de cerros en los municipios de Santiago Choápam y Huautla de Jiménez.
Respecto del sismo del 7S, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria para 118 municipios de Chiapas y 41 de Oaxaca, por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2.
Para la memoria de las y los mexicanos, septiembre del año 2017 será recordado como la fecha en que el país enfrentó una catástrofe natural en tres distintos momentos.
No obstante, esta lamentable situación, el 19 de septiembre otro sismo de 7.1 grados Richter golpeó los estados de Morelos, Puebla, México y la Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y cerca de 40 edificaciones colapsadas en la ciudad capital. Los saldos preliminares al momento de redactar la presente iniciativa sumaban 273 decesos.
Las ciudadanas y ciudadanos de México no olvidarán los 12 días que transcurrieron entre un terremoto que azotó principalmente a Oaxaca al siguiente que hizo recordar las más tristes y horrorosas imágenes del sismo del año 1985.
Del centro al sureste del país, el proceso de reconstrucción y cicatrización social tardará muchos años. El número de víctimas mortales sumando los tres fenómenos naturales rebasó los 500 mil; más dos millones de damnificados perdieron sus hogares, a ello, habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, cientos de escuelas, edificios, negocios, calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social.
La tragedia del 7S resulta incuantificable. A un año de dicho suceso, es urgente que los gobiernos federal y estatal expliquen la ayuda otorgada, así como los planes de reconstrucción y reactivación económica de la región, ya que la generosa e ingente ayuda que hermanó a los mexicanos no es suficiente.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al secretario de Gobernación del gobierno federal que haga público un informe detallado de la ayuda proporcionada a los damnificados y deudos del terremoto que ocurrió el pasado 7 de septiembre de 2017. Asimismo, señale los planes de reconstrucción y reactivación económica de las regiones que resultaron afectadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados para garantizar la paridad de género en las presidencias e integración de las comisiones, suscrita por diputadas de distintos grupos parlamentarios
Las suscritas, Martha Tagle Martínez, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Adriana Medina Ortiz, Carmen Julia Prudencio González, Kehila Abigail Ku Escalante, Geraldina Isabel Herrera Vega, Martha Angélica Zamudio Macías, Guadalupe Almaguer Pardo, Maricela Calderón, Verónica Juárez Piña, Maribel Martínez Ruiz, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Lucía Riojas Martínez, Maricruz Robledo Gordillo, Margarita García, Martha Elena García Gómez, María Ludivina Sandoval Mendoza, Gabriela Cuevas, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Alejandra García Morán y Verónica María Sobrado Rodríguez, diputadas federales integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y artículo 79, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La paridad de género reconocida a nivel constitucional tras la reforma en materia política-electoral de 2014, ha comenzado a redistribuir el poder político en México. Uno de los resultados más tangibles es el resultado del proceso electoral 2017-2018: en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 48.2 por ciento de la Cámara de Diputados estará ocupado por mujeres mientras que en el Senado de la República 49.2 por ciento (Instituto Nacional Electoral –INE– 2018). Así, se registró un incremento de 16.4 puntos porcentuales en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados de 5.6 respecto a la legislatura anterior. Colocando a nuestro país dentro de los primeros países a nivel internacional por el alto número de legisladoras.
Sin embargo, en diversos casos se ha podido registrar que pese al mayor número de mujeres en los espacios de poder, existen considerables retos y obstáculos que deben éstas enfrentar para poder ejercer de manera plena sus derechos político-electorales. Ejemplo de ello, es que en la legislatura entrante, ninguna de las coordinaciones de los grupos parlamentarios ni la presidencia de la Mesa Directiva tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República estará en manos de las legisladoras.
Es decir, se reconoce que las mujeres prácticamente ocupan la mitad de los espacios del Poder Legislativo pero eso no sucede así en la integración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que –como es conocido– es el espacio donde realmente se toman las decisiones en el caso de la Cámara de Diputados. Así ha quedado plasmado en recientes declaraciones relativas a que “los plenos son importantes, al final de cuentas son los coordinadores quienes definen qué temas se van a discutir, cómo se van a votar, etcétera, y ellos tendrán el control de todo lo que pase por las Cámaras.1
Lo anterior contribuye a sostener que “la participación política de las mujeres está muy alejada del objetivo de la paridad efectiva. Las mujeres no participan de las decisiones sobre el futuro de sus sociedades a la par con los hombres” (Parlatino, 2015:5).
Asimismo, con base en la información del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), en la LXII Legislatura (2012-2015) las legisladoras ocupaban 37 por ciento de las curules pero presidieron 21.4 por ciento de las comisiones ordinarias.
Destacan los avances en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-2018) ya que estuvo conformada por 212 mujeres, es decir 42.4 por ciento. Sin embargo, presidieron tan solo 32.1 por ciento de las comisiones ordinarias, es decir: hubo un déficit de representación de 10.3 por ciento de las mujeres en las presidencias de estos espacios.
Así, las diputadas presidieron las siguientes comisiones ordinarias:
1. Cambio Climático
2. Comunicaciones
3. Distrito Federal
4. Educación Pública y Servicios Educativos
5. Energía
6. Fomento Cooperativo y Economía Social
7. Gobernación
8. Hacienda y Crédito Público
9. Igualdad de Género
10. Jurisdiccional
11. Juventud
12. Protección Civil
13. Radio y Televisión
14. Seguridad Social
15. Trabajo y Previsión Social
16. Turismo
17. Vivienda
De igual forma, como parte de las comisiones especiales presididas por mujeres, se destaca la prevalencia de temas relacionados –según los estereotipos de género– a temas considerados “de mujeres” o del ámbito social. Entre ellas, las de Trata de Personas; de Alerta de Género; de Delitos cometidos por razones de género; De Seguimiento a los programas sustentables para mujeres; Para el fomento de los programas sociales para los adultos mayores; Para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención a las niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo y Sobre la no discriminación.
Por su parte, es necesario señalar el concepto de democracia paritaria propuesto por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el cual alude al “modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo” (2015:8).
En tal sentido, destaca que el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados estipule que “los grupos [parlamentarios] promoverán la equidad de género en los órganos que constituyan en su interior, así como en la integración de las comisiones y comités”. Si bien el señalamiento versa sobre la “promoción” de este principio, la paridad de género debe garantizarse tanto en la dimensión horizontal como en la vertical, así como en todos los espacios de toma de decisiones.
Espacios que a su vez deben regirse bajo la noción de una distribución igualitaria del poder, ya que por ejemplo
“Entre las comisiones consideradas más relevantes se encuentran la de Gobernación, Justicia, Salud, Presupuesto y Hacienda, por los dictámenes e iniciativas que pasan por ahí. Si no se logra que las mujeres presidan estas comisiones, su papel en el Congreso va a ser simbólico. Mientras que la agenda a favor de sus derechos va a estar minimizada, pese a que éstas forman la mitad del Congreso y ésta situación abría la posibilidad de poner sobre la mesa temas relevantes como la garantía de una vida libre de violencia contra ellas.”2
Al respecto, han sido diversos los esfuerzos por parte de las legisladoras, muestra de ello es la iniciativa presentada en la LXIII Legislatura por la diputada Hortensia Aragón Castillo, en septiembre de 2015, que reforma diversas disposiciones la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es hacer efectiva la paridad de género al interior del Congreso. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, solicitando prórroga al 29 de abril de 2016, empero no se emitió dictaminen.
Debido a la omisión de la Mesa Directiva, la diputada proponente acudió al Poder Judicial con la finalidad de que, en un sentido o en otro, la iniciativa sea puesta a consideración del pleno. La sentencia señala que la Mesa Directiva, como autoridad responsable, incurre en actos que violentan los derechos de las y los diputados cuando, al no cumplir con lo no establecido con el Reglamento.
En consecuencia, lo que resolvió el juez es conceder el amparo y protección de la justicia federal, únicamente para el efecto de que la autoridad responsable, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dentro del plazo de 20 días, contados a partir de que sea legalmente notificado de esta sentencia, en el ámbito de su competencia y facultades, continúe con el trámite de la iniciativa presentada por la quejosa en términos que prevé el artículo 89, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa mencionada, en el entendido de que, debe acreditar que siguió los lineamientos establecidos en dicho preceptos, sin que el amparo tenga el alcance de definir el sentido de la votación que recaiga en dicha iniciativa.
En fecha indeterminada la Cámara de Diputados impugnó esta resolución judicial y el asunto fue turnado a un tribunal unitario de circuito para su resolución, sentencia de amparo 1291/2017.
De tal manera y, a sabiendas de que en próximas semanas los grupos parlamentarios llevarán a cabo las negociaciones respecto a quiénes serán las y los legisladores que presidirán las diversas comisiones; al tiempo de contribuir al cumplimiento de diversos compromisos que el Estado mexicano ha adquirido a nivel internacional a través de diversos tratados en la materia, es que se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la paridad de género tanto en las presidencias de las comisiones como en la integración de las mismas.
Notas
1 Reporte Índigo (2018). La falsa paridad en el Congreso. México, en línea. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/la-falsa-paridad-en-congreso-muje res-conforma-camaras-excluidas-toma-decisiones/
2 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputadas: Maricela Calderón, Maricruz Robledo Gordillo, Margarita García García, Gabriela Cuevas Barron, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Alejandra García Morán, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Ana Lucía Riojas Martínez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Adriana Medina Ortiz (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Kehila Abigail Ku Escalante (rúbrica), Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica), Martha Elena García Gómez (rúbrica), María Ludivina Sandoval Mendoza (rúbrica), Martha Tagle Martínez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a reincorporar a la Semarnat el inmueble federal Parque Bicentenario 2010, y se solicita no privatizarlo, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Con base al oficio número 512/DGRMIS/ 00690/2017, fechado el 12 de octubre de 2017, signado por el entonces director de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, licenciado Porfirio Blanco Pinacho, y dirigido al entonces director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, licenciado Alan Daniel Cruz Porchini, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pone a disposición de la Secretaría de la Función Pública el inmueble referido bajo el argumento de que éste ya no resulta necesario para los fines inicialmente concebidos; en aras de evitar que se encuentre ocioso e improductivo.
2. El parque Bicentenario 2010 ocupa un área de 55 hectáreas que formaban parte de la refinería 18 de Marzo, las cuales fueron remediadas para controlar y contener los contaminantes existentes hasta un nivel seguro para la salud humana y el ambiente tras un convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Petróleos Mexicanos signado en septiembre del 2006.
3. En mayo del 2007, el entonces gobierno de la República anunció la construcción de un parque público en las 55 hectáreas remediadas de la refinería 18 de Marzo dedicado a los héroes de la Independencia de México, formando parte de las obras para conmemorar dicho hecho histórico. Fue inaugurado el 8 de noviembre del 2010; cubriendo la necesidad de la Ciudad de México de contar con mayores áreas verdes.
4. Que de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 68 , en caso de que alguna institución pública que tenga destinados a su servicio inmuebles federales ya no requieran usar la totalidad de los mismos, los dejen de utilizar o de necesitar o les den un uso distinto al autorizado, el responsable inmobiliario respectivo deberá poner los inmuebles a disposición de la Secretaría de la Función Pública.
5. Que con fecha del 1 de mayo del 2018, en reunión con usuarios del parque Bicentenario 2010, el entonces director de Parques Ecológicos y Viveros, ciudadano Juan Manuel Pineda Merino, declaró que el parque en cuestión cuenta con una afluencia anual de cerca de tres millones cuatrocientos mil usuarios.
6. Durante el año 2015 y hasta el 26 de septiembre de 2017 fueron autorizadas 144 solicitudes de carreras o caminatas bajo los siguientes objetivos que se persiguen en los parques ecológicos y/o viveros de la dependencia: promover la salud, recreación de sus visitantes, actividades deportivas, así como eventos,..., a que haya lugar de manera gratuita; sin ningún fin de lucro, cuota de inscripción, promoción o publicidad de ninguna marca o producto de manera total o parcial, entre otros.
7. Que con fecha del 11 de agosto del 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció en medios de información, que luego de ceder el parque Bicentenario 2010 al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, este último lo concesionó a 25 años.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que a fin de que se cumpla cabalmente con los objetivos de un parque público, se exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que restituya el inmueble federal denominado parque Bicentenario 2010 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar el cumplimiento del objetivo que originalmente tuvo, toda vez que este inmueble no fue ocioso e improductivo hasta el momento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los medios que ayuden a erradicar la discriminación laboral de las personas mayores de 40 años, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El trabajo es un derecho fundamental que se encuentra reconocido a nivel internacional y en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Contribuye no sólo al desarrollo de los individuos, sino también para que las personas hagan frente a sus necesidades y a las de su familia.
Al respecto, nuestra Ley Fundamental establece en el artículo 123 que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
No obstante, las personas de 40 y más años se han convertido en un sector de la población que es discriminado por los empleadores o asumen el mayor riesgo de quedarse desempleada. La discriminación por edad puede definirse como el trato diferencial hecho a una persona por motivos de su edad, sin considerar de antemano sus capacidades y aptitudes.
Éste, es un serio desafío en México, ya que se estima que la tasa de desempleo de los adultos de 30 años y más es de 3.5 por ciento. Las zonas metropolitanas donde ese sector de la población percibe la falta de oportunidades y experiencia como su principal dificultad son la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y León.1
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo en México afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años, ya que la mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes. Esto significa que una cuarta parte de las personas desempleadas en México tienen 40 o más años de edad, factor que los hace propensos a permanecer sin una fuente de ingresos.
Cifras oficiales indican que de 1 millón 858 mil desempleados registrados hasta el segundo trimestre del año 2018, 242 mil 691 poseen entre 40 y 49 años de edad, 168 mil 782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59 años, mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años.
Aunado a lo anterior, estimaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señalan que el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el país descartan a la población entre los 35 y 40 años, las posibilidades están abiertas sólo para un 10 por ciento, no obstante, se trata de empleos con salarios bajos que no se equiparan con la experiencia que los solicitantes en ese rango de edad poseen.2
La edad se ha convertido en un filtro que emplean las empresas para seleccionar a su personal, entre otras razones porque las personas que pertenecen a este grupo etario tienen mayores dificultades para adaptarse a los constantes avances tecnológicos. Además, varias empresas descartan la contratación de personas con experiencia y prefieren emplear a jóvenes, ya que es un sector con una mayor negociación salarial, con fuerza, disponibilidad a viajar o cambiar de residencia, flexibilidad y menores exigencias respecto a derechos laborales.
No obstante, en un país como México, donde cada vez es mayor el segmento de la población de 40 años, dicha práctica de discriminación debe de erradicarse, de no ser así, tendría un impacto en el desarrollo del país si este sector no se logra incorporar al mercado laboral.
Reconocemos que desde el Gobierno Federal se han impulsado diversas acciones para eliminar esta situación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social orienta a los trabajadores para recibir servicios gratuitos de asesoría, orientación y representación jurídica, en caso de que perciban que están ante alguna situación de discriminación. Cabe destacar la experiencia de países como Colombia donde se llevan a cabo ferias del empleo para personas mayores de 40 años o bien, se trabaja en coordinación con las empresas privadas para que empleen a este grupo.
Pese a los esfuerzos realizados, es indispensable redoblar esfuerzos. El presente punto está encaminado en esta dirección, ya que tiene como objetivo el fortalecimiento de los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años. Es necesario romper las barreras a las que se enfrentan las personas de este grupo etario para acceder al mercado laboral, con el fin de promover un avance cada vez más significativo en la construcción de un país más incluyente. Cabe añadir que se trata de un personal altamente calificado, con experiencia y conocimientos que son esenciales para el crecimiento del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan los mecanismos que coadyuven a erradicar la discriminación laboral hacia las personas mayores de 40 años.
Notas
1 Imjuve, Discriminación laboral, problema juvenil, en línea [Disponible en:] https://www.gob.mx/imjuve/prensa/discriminacion-laboral-problema-juveni l
2 Conapred, Discriminación laboral por edad inicia a los 35-40 años, en línea [Disponible en:] http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml
Dado en la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de septiembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a diseñar e implantar programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio en vía pública en sus diferentes formas y condiciones laborales y cesar las acciones violentas de las autoridades contra los trabajadores del sector, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, diputada María Rosete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con el fin de que se exhorte al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas diseñen e implanten programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio en vía pública en sus diferentes formas y condiciones de trabajo, y cesen las acciones de violencia de las autoridades en contra de los trabajadores de este sector, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El principal compromiso de cualquier gobierno es promover el crecimiento económico sostenido que garantice empleos de calidad y bien remunerados y promueva una distribución equitativa de sus ingresos.
A pesar de que el gobierno de México ha afirmado en reiteradas ocasiones que generó más de tres y medio millones de empleos de 2012 a 2017, y proyecta cerrar con más de cuatro millones, la realidad lo rebasa como ha superado a gobiernos anteriores ya que, a pesar de que el desempleo, en cifras, está equilibrado, el empleo que se crea no alcanza a cubrir las necesidades de la población y la calidad de éste se reduce cada vez más.
En materia de empleo, el actual gobierno de la República queda en deuda con los mexicanos. La generación de plazas laborales se ha concentrado en niveles salariales bajos, lo que explica en gran medida el incremento de la fuerza laboral.
Según datos de 2017 del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “31.44 por ciento son empleos de uno hasta dos salarios mínimos, 23.29 por ciento es de dos hasta tres salarios mínimos, el 17.53 por ciento es de hasta un salario mínimo, 14.81 por ciento es de más de tres y hasta cinco salarios mínimos, 7.57 por ciento no recibe ingresos y sólo 5.37 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos”.
Si un ingreso salarial alto de los trabajadores incentiva el consumo y la demanda de bienes y servicios, ¿porque no ir en ese sentido para aumentar el crecimiento económico del país?
Todos somos testigos o víctimas de la escases y precariedad del empleo; de ver cómo profesionistas por necesidad se encuentran laborando en tareas ajenas a sus expectativas; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios, no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo y peor aún, de ver cómo personas que fueron sentenciadas penalmente, de manera justificada o injustificada, no pueden reintegrarse a una vida normal.
Este entorno ha ido mermando al núcleo familiar y a la sociedad. No contar con trabajo ni con los recursos necesarios para vivir, o trabajar horas extras o en más de un empleo para sobrevivir siempre van a orillar a la descomposición y al deterioro.
No podemos ser ajenos al desempleo, al aumento de la pobreza, a la falta de inversión, al crecimiento del comercio ambulante o en vía pública como válvula de escape y a la falta de capacidad y compromiso de los gobiernos para cumplir con su responsabilidad de crear las condiciones para el bienestar de la población.
Mientras no exista un crecimiento económico sostenido y mayor al cinco por ciento, no mejore la definición y aplicación del gasto público, no se cree una política económica que incremente la inversión pública y atraiga mayor inversión privada, no se mejore la eficiencia del mercado laboral, no mejoren los niveles de productividad multifactorial de la economía mexicana, no se diseñen políticas públicas y programas específicos para la formalización del de trabajo, no se garantice la protección ante el desempleo y la vejez y no se generen empleos bien remunerados y acordes con las condiciones y necesidades de cada región, la pobreza y la desigualdad seguirán aumentando y será más complicado su manejabilidad y contención. No basta con reformar la legislación laboral porque los resultados seguirán siendo los mismos.
También es muy importante e indispensable ir fortaleciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que esté en condiciones de atender a más personas como se vaya avanzando hacia la formalidad laboral.
El fenómeno del comercio ambulante se ha convertido en una práctica cotidiana en la vida económica y social local, regional, nacional e internacional.
Para los gobiernos de los países el sector informal es considerado un escape para las personas desempleadas del sector formal, quienes buscan empleo o aumentar sus ingresos, a pesar de carecer de seguridad social, jubilación y beneficios laborales, además de recibir menores ingresos.
La mayoría de las personas que se incorporan al llamado “sector informal”, lo hacen por necesidad como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por no contar con los recursos necesarios para vivir.
Diversas cifras coinciden en que 26 de cada 100 mexicanos se ganan la vida en el comercio ambulante, concentrándose principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Tijuana y Toluca.
De acuerdo con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el trimestre abril-junio de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró un total de 54 millones 68 mil 791 personas económicamente activas de las cuales, un millón 900 mil se encuentran en el apartado de Población Desocupada y 30 millones 500 mil lo tienen, pero en la informalidad.
La tasa de desocupación fue de 3.3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), y la Población Subocupada se ubicó en tres millones 800 mil personas.
En el apartado de Población Ocupada Informal, que agrupa sector informal, trabajo doméstico remunerado y agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que no tienen derecho a la seguridad social, se encuentran 30 millones 500 mil personas como ya se mencionó.
La tasa de informalidad laboral que mide a este sector, aumentó 0.1 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2018 con relación al trimestre anterior inmediato.
La población ocupada en el sector informal, que se refiere a la “población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa”, tuvo un incremento de 0.2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2018 en la tasa de ocupación en el sector informal, concentrando a 14 millones 800 mil personas.
La población no económicamente activa asciende a cinco millones 568 mil 494 personas.
Estudios y estimaciones señalan que el “comercio informal” aporta más del 23 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional, esto es, por cada 100 pesos generados de PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad y 76 pesos el 42 por ciento de ocupados formales.
El comercio ambulante se considera como una alternativa para obtener ingresos, sobre todo para la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse al sector formal de la economía, pero no por eso se debe considerar como una opción de sobrevivencia, sino de superación de la pobreza.
Desafortunadamente, este tema no ha sido tratado de forma integral por los gobiernos mexicanos. Por lo regular las políticas y programas se han limitado a la parte más visible del comercio en vía pública, que es el ambulantaje. Las medidas para combatirlo han estado relacionadas con su inclusión al sistema tributario y el pago de impuestos, así como a múltiples programas de desalojo y reubicación, principalmente en zonas urbanas, vialidades importantes, áreas de centros históricos, sin ir más allá del problema.
Este sector es utilizado y manipulado por intereses particulares de las autoridades. Han dejado de lado la compleja red de factores que intervienen en este fenómeno y no dan alternativas reales, o simplemente no dan alternativas. Nos hablan del éxito gubernamental en el manejo de la macroeconomía nacional, pero no vemos que esos números incidan positivamente en mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por el contrario, los pobres siguen creciendo.
No existen políticas dirigidas específicamente al comercio ambulante, ya sea para buscar su integración al sector formal o bien, mejorar las condiciones de trabajo en ese sector.
El comercio ambulante deriva de una situación a la que se le debe encontrar cause; no se le puede confinar ni hacerlo a un lado, porque se dejarían sin sustento a muchos mexicanos. Los índices de su aumento nos indican que el desafío es grande, y que es necesario aplicar medidas que produzcan resultados sostenibles. Su existencia es incuestionable, incluye gran parte de las actividades económicas y en ese sentido debe ser atendido.
Si nuestro país presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que conforma aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores, es indispensable e inmediato diseñar una estrategia que permita la generación de empleos formales y bien remunerados, y que vaya desincentivando la informalidad, siempre con la consigna de que sea en beneficio de la sociedad y de las familias.
Con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política en materia de derechos humanos en 2011, se mandató que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, basándose en el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, esto es, anteponer la norma o la interpretación más favorable a la persona. Con estas herramientas se asegura que las personas hagan valer sus derechos ante todas las autoridades del territorio nacional con la aplicación de la protección más amplia reconocida constitucionalmente.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Es preciso señalar que el principio pro persona hace referencia a que si un juez o autoridad deba elegir qué norma aplicar a un determinado asunto, tendrá que elegir la que beneficie a la persona, no importando si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley secundaria.
Desafortunadamente y a pesar de esta reforma, diversas autoridades siguen criminalizando al comercio ambulante sin reflexionar que es un efecto de su incapacidad para crear las condiciones necesarias de generación de empleos, que es un elemento para combatir la pobreza o como se dice, una “válvula de escape” para mitigar el desempleo. Es momento de cambiar la percepción y dejar de criminalizar la pobreza.
Los comerciantes ambulantes no se dedican a actividades ilícitas; a la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por la ley; a la producción y el tráfico de estupefacientes; al tráfico y venta de armas de fuego; a la trata de personas, como existe en la percepción de diversos sectores de la población.
El comercio ambulante no debe confundirse con la economía ilegal o subterránea en las que se desarrollan actividades ilícitas. En este sector participan profesionistas, estudiantes, amas de casa quienes lo encuentran como la única alternativa de supervivencia.
Estas circunstancias y la falta de interés y capacidad de las autoridades para solucionar esta problemática obligan a los ciudadanos afectados, preocupados, decepcionados, traicionados y conscientes de la realidad, a exigir que sea atendido de manera integral este fenómeno.
Es momento de actuar, evitemos a tiempo que se generen actos de violencia y violaciones de derechos humanos; el conflicto de intereses debe ser superado, por lo que tenemos que participar en la solución del problema y así, dejar un antecedente para futuros inconvenientes relacionados con el comercio ambulante.
El caso particular de la Ciudad de México es un ejemplo del abuso que han llevado a cabo las autoridades mediante desalojos violentos de espacios públicos que, en ocasiones, se ofrecen al capital privado para su desarrollo, dejando en la incertidumbre económica a los comerciantes ambulantes y sus familias, y sin ofrecerles alternativas para vivir y contar con el sustento necesario.
Además, diferentes cámaras de comercio, algunos sectores de la sociedad y hasta candidatos a cargos de elección popular, de manera ocurrente, han propuesto acciones que aniquilen y desaparezcan por acto de magia a los comerciantes ambulantes.
Asimismo, las autoridades han violado toda formalidad ya que, el desalojo al ser un mandato de una autoridad es un acto administrativo, por lo que los comerciantes tienen derecho a un juicio de nulidad ante una autoridad jurisdiccional. No obstante, las autoridades correspondientes emiten desalojos de manera verbal con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes por lo regular saquean y confiscan las mercancías de los comerciantes ambulantes.
El comercio ambulante debe ser considerado como una alternativa económica y social para la población que se encuentra marginada de la formalidad debida, en gran parte, a los procesos económicos, sociales y políticos que vivimos. De no atenderse este tema, comenzarán a verse los efectos negativos para la economía del país.
Entendamos que es un sector que aún no se ajusta a un modelo estructural formal, pero surgió como una parte alternativa para una población que ha sido excluida de la formalidad social, productiva y económica.
Esta actividad debe ser reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación secundaria correspondiente y las legislaciones locales, ya que de esta forma se garantiza el derecho al trabajo de las personas que venden productos y servicios legales en la calle.
Debemos iniciar con incluir la figura de Trabajadores con actividades autosustentables en el espacio público, en lugar de comerciante ambulante, con el fin de delimitar la aportación y la posición que representa este sector en la vida económica, social y cultural del país.
Tenemos que legislar en la materia, reconocer la actividad del comercio ambulante como un empleo lícito. Este sector es parte de una economía, está dispuesto a asumir todo lo que conlleva la ley, como obligaciones, pero también derechos y prestaciones; está dispuesto a pagar impuestos justos al fisco; no fomentará la invasión de los espacios públicos y hará las aportaciones necesarias por el uso de las áreas. Ya no quiere ser perseguido, quiere contar con un espacio digno dónde trabajar y que forme parte de un patrimonio para las familias; ya no quiere ser una opción de sobrevivencia, sino de bienestar y calidad de vida.
Comencemos a trabajar, es necesario integrar a los diversos grupos inmersos en el comercio, a las autoridades nacional y locales, a los dirigentes de diversas fuerzas políticas, a los partidos políticos, a los empresarios, al sector privado, a las universidades, a la comunidad estudiantil, a los especialistas, a los grupos vulnerables, a los medios de comunicación, para escuchar y priorizar las demandas de las nuevas estructuras ciudadanas; la política debe ser concebida como la renovación y transformación de sus actores y organizaciones y, sobre todo, ser participe en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones.
El comercio ambulante es un fenómeno global que afecta, en diferentes niveles, a las naciones, por lo que es preciso tomar en cuenta acciones, políticas, experiencias y recomendaciones de algunas entidades mexicanas, de otros países y de organismos internacionales relacionados con el trabajo, con los derechos humanos, con la inversión.
Cabe hacer mención que, en la decimoctava Reunión Regional Americana, mediante la Declaración de Lima de octubre de 2014, los integrantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordaron la creación y apoyo de un marco integrado de políticas para la formalización del empleo, así como desarrollar y fortalecer el Programa de promoción de la formalización en América Latina y el Caribe (Forlac), creado en 2013, con el propósito de orientar y apoyar los esfuerzos de los países de la región en la transición de la informalidad a la formalidad.
El Forlac se integra de tres componentes:
• Generación y diseminación de conocimiento en torno las políticas de formalización.
• Asistencia técnica a países específicos.
• Fortalecimiento de trabajadores y empleadores en formalización.
En junio de 2015, durante la 104 Conferencia General de la OIT convocada en Ginebra, Suiza, por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, se emitió la Recomendación 204. Recomendación sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, en la que se establece las prioridades de una estrategia de acción para emprender en el período 2016-2021 y llevar a cabo la transición de la economía informal a la economía formal. El propósito de esta Recomendación es ser la guía para el diseño e instrumentación de políticas y leyes adecuadas y eficaces en materia de promoción de la formalización a nivel global.
Previamente, el 22 de julio de 2013, en México fue suscrito el Programa para la formalización del empleo 2013 por los gobiernos de las entidades federativas con el gobierno de la República.
Su objetivo principal es facilitar el tránsito de los empleos informales a un esquema de formalidad mediante convenios que supervisen que todos los centros de trabajo cumplan las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social referentes al derecho que tienen los trabajadores de las prestaciones de la seguridad social.
Asimismo, se pretende la inscripción al régimen obligatorio de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los trabajadores que no están afiliados, así como fomentar la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS de trabajadores de servicios domésticos, no asalariados, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, entre otros.
También es cierto que municipios de entidades como Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Zacatecas cuentan con reglamentos para regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes de puestos fijos y semi fijos y de los denominados “tianguis”, “romerías” o “mercados sobre ruedas”.
Por ser un referente importante en el ámbito nacional y ser la capital del país, en 2007 se llevó a cabo una reubicación de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México mediante el Programa de Apoyo para la Reubicación del Comercio Popular del Centro Histórico de la Ciudad de México (PARCPCH), que logró temporalmente el repliegue del comercio ambulante hacia plazas comerciales construidas para reubicarlos.
Sin embargo, los espacios que se ofrecieron no fueron adecuados ni se les apoyó con la difusión oportuna y suficiente sobre la nueva ubicación.
Asimismo, los acuerdos a nivel político entre el entonces gobierno del Distrito Federal, los empresarios establecidos y los comerciantes ambulantes, actores principales del programa, no fueron lo suficientemente sólidos ni consensuados, por lo que este Proyecto quedó rebasado.
Otro avance en esta materia se dio con la Constitución Política de la Ciudad de México la cual, en un principio, incluía amplios derechos a las personas que trabajan en la vía pública para no ser presas de las constantes persecuciones que sufren por parte de las autoridades policiacas.
Esta Constitución, aprobada en febrero de 2017 y que entra en vigor el 17 de septiembre de 2018, mandata en su artículo 10 que el comercio ambulante debe ser regulado y delimitado.
Artículo 10
Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
...
10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación y mediación.
...
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.
...
13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
...
Con el propósito de elaborar una nueva configuración, el Gobierno capitalino emprendió en 2017 la modernización del sistema de comercio en vía pública mediante la conformación de un censo y georreferenciación, para que fueran las delegaciones las que actualizaran sus propios registros.
Para ello, se implementó el Sistema de Comercio en la Vía Pública (Siscovip), para capturar las coordenadas geográficas y la conformación de bases de datos mediante una clave única para cada demarcación delegacional, las cuales serían las encargadas de regular el comercio en vía pública.
Desafortunadamente las autoridades de la Ciudad de México no ven esta problemática más allá de intereses personales y económicos. Sus planteamientos se centran en la obtención de recursos de parte del comercio ambulante, independientemente de que “impulsan” el trabajo digno, el libre tránsito, la movilidad y la seguridad ciudadana. En la realidad actúan de manera contraria mediante la represión, la extorsión, el hostigamiento.
A pesar de todos los intentos realizados, los resultados no han sido suficientes ni se ha atendido el problema en toda su magnitud, ya que siguen predominando la discriminación, la violación de derechos humanos, la violencia contra los comerciantes ambulantes, el hostigamiento, las condiciones de desigualdad social.
Es en este contexto en el que los comerciantes ambulantes necesitan ser considerados y tomados en cuenta, que sean consultados en las negociaciones antes de definir las propuestas, que sean partícipes en la toma de decisiones. Ya no quieren ser catalogados como grupo vulnerable, sino como un grupo productivo.
No debemos desaprovechar la oportunidad de cambiar, de demostrar que queremos ser una mejor sociedad.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México le entregue, en un lapso de 15 días naturales, un informe sobre los operativos ejecutados en el presente año por autoridades administrativas y de seguridad pública respecto a los retiros de comerciantes ambulantes de diversas zonas de la Ciudad de México, bajo el supuesto propósito de detener a vendedores de estupefacientes, mercancía ilegal y armas de fuego.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para suspender toda clase de acciones y funciones que afectan la integridad y los derechos de los comerciantes ambulantes, y se establezcan mesas de diálogo que den solución a esta problemática.
Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, diseñen e implementen programas que tomen en cuenta la dinámica particular del comercio ambulante en sus diferentes formas y condiciones de trabajo, y las estrategias de formalización y de políticas articuladas que permitan enfrentar un hecho complejo, heterogéneo y multidimensional, de tal suerte que puedan diseñarse políticas públicas exitosas para su tratamiento.
Cuarto. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, otorguen apoyos al sector de comercio ambulante como créditos, capacitación, reubicación de espacios, y garanticen su ejercicio como una actividad de empleo legal, siempre y cuando se manejen dentro del respeto a la legislación vigente.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2018.
Diputada María Rosete Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir la información respecto a la atención brindada a niños, jóvenes y adolescentes deportados a México en materia de equivalencia o revalidación de estudios, suscrita por la diputada Maribel Martínez Ruiz e integrantes del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Maribel Martínez Ruiz, en nombre propio y del diputado y diputadas Benjamín Robles Montoya, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México vive uno de los momentos más complejos de su relación bilateral con el gobierno federal de los Estados Unidos de América (EUA), las políticas migratorias impulsadas y el discurso xenofóbico del gobierno estadounidense ha generado la violación sistemática de los derechos humanos de nuestros connacionales y un ambiente de miedo al que el Estado mexicano tiene que responder, sin embargo, no lo ha hecho con la determinación que la situación amerita.
El tema no es menor, ya que una comunidad mexicana radicada en EUA, es dentro de la comunidad hispana, la más importante y, de acuerdo a las fuentes consultadas, existen al menos 36.9 millones de personas que se consideran mexicanas en EUA. En 2015 se registró que 12.2 millones son nacidos en México; 12.8 millones son ciudadanos estadounidenses hijos de mexicanos, y 11.9 millones son mexicanos de tercera generación. Particularmente hay 3.45 millones con estatus de indocumentados.
Durante su administración, el presidente Obama deportó 2.8 millones de personas entre 2009 y 2016, sin embargo, desde mucho tiempo antes, los mexicanos encabezan la lista de nacionalidades con el mayor número de personas deportadas. Aun así, el gobierno mexicano no se ha preparado para dar la atención y protección que esta comunidad necesita y merece.1 Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que fueron 5 mil 293 personas deportadas durante 2017, mientras que en lo que va de 2018 ya van 6 mil 205.
Entre enero y junio de 2018, 109 mil 296 mexicanos fueron repatriados a su país de origen, 42 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.2 Aunque las cifras siguen sin alcanzar los niveles del gobierno de Obama, los expertos advierten el aumento de la presión en la frontera. El alza en las deportaciones coincide con el endurecimiento de la política de tolerancia cero de Donald Trump y, sin duda, es imperante que el gobierno mexicano redoble los esfuerzos, ya que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deportados son los más afectados por estas políticas migratorias.
En 2017, el Congreso de la Unión aprobó modificar la Ley General de Educación a efecto de facultar a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras.
Asimismo, estableció que la falta de documentos de identidad o académicos de niños, niñas y adolescentes no será un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional y que se deberán facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración.
Por otro lado, establece que para hacer válidos los estudios realizados en el extranjero ya no es necesario que sean equivalentes, sino que cumplan con los criterios generales establecidos por la Secretaría de Educación.
Asimismo, señala que, en términos operativos, la revalidación y equivalencia de estudios, así como la acreditación de conocimientos adquiridos a través de modalidades distintas a las escolares se regula a través del “Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación y equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo” , de cuyo contenido define los lineamientos a través de los cuales es posible otorgar validez oficial a los estudios.
En el caso de la educación básica, el 15 de junio de 2015 quedó eliminado el requisito de apostilla y traducción en los documentos oficiales.
No obstante, es importante saber el número de estudiantes que buscaron ingresar al ciclo escolar 2018-2019 beneficiándose de dichas modificaciones y cuántos no lograron hacerlo, así como los motivos por los que no pudieron ingresar, a efecto de que, como legisladores, estemos en posibilidades de coadyuvar en la generación de mecanismos idóneos para atender a nuestros connacionales que son deportados a México.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que haga público el número de estudiantes mexicanos deportados a México que buscaron ingresar al ciclo escolar 2018-2019 beneficiándose de las modificaciones a la Ley General de Educación y al Acuerdo 286.
Segundo .- La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que desarrolle e implemente una campaña de integración para prevenir la discriminación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos que se han visto forzados a sujetarse a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que a la brevedad, coordine, con las demás secretarías de estado, la implementación de un programa de reunificación familiar, garantizando la integración al sistema educativo del país a familias que han sido separadas por motivos de una deportación y no están seguros de poder restablecerse en México.
Notas
1 Clemente, A. (2016) “Con 2.8 millones, Obama es el que más ha deportado indocumentados”. El Financiero. Revisado el 12 de enero de 2017 en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-millones-obama-es-el-que-ma s-ha-deportado-indocumentados.html
2 Las deportaciones de mexicanos alcanzan su punto máximo en la era Trump, pero siguen lejos de las cifras récord de Obama
https://www.univision.com/noticias/deportaciones/las-dep ortaciones-de-mexicanos-alcanzan-su-punto-maximo-en-la-era-trump-pero-s iguen-lejos-de-las-cifras-record-de-obama
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputados:
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a liberar los recursos faltantes y transparentar y emitir los avances físico-financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por el diputado Juan Enrique Farrera Esponda e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Juan Enrique Farrera Esponda, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La noche del 7 de septiembre de 2017, a las 23 horas con 49 minutos, el golfo de Tehuantepec, ubicado a 137 kilómetros de la localidad de donde soy originario, el municipio de Pijijiapan, fue el epicentro de un terremoto de magnitud 8.2 que sacudió brutalmente el suroeste del país, un acontecimiento que según datos de la Secretaría de Gobernación federal, contabilizó un total de 102 víctimas mortales, 900 mil heridos y 2 millones 500 mil personas afectadas en cientos de municipios de Chiapas, Tabasco y Oaxaca.
En mi estado, las cifras hablan por sí mismas, según datos de Protección Civil, 80 mil 508 viviendas afectadas, mil 620 escuelas dañadas, 71 espacios médicos entre hospitales y clínicas, 149 edificios públicos así como más de 500 vías de comunicación entre puentes, carreteras y vías alimentadoras fueron daños por este terremoto.
De esta forma, el 8 de septiembre, la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil, declaró en estado de emergencia extraordinaria a 118 de los 125 municipios de Chiapas; es decir, prácticamente la totalidad del estado, desde Tecpatán hasta Puerto Arista, pasando por Nueva Palestina y Tapachula, se convirtió en una zona de desastre nunca antes vista. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en su informe sobre el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas”, se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales en 90 municipios de Chiapas, entre ellos: Villaflores (5 mil 466), Jiquipilas (5 mil 115), Tonalá (4 mil 439), La Concordia (4 mil 436), Arriaga (4 mil 382), Cintalapa (3 mil 747), Villa Corzo (3 mil 722,), Pijijiapan (3 mil 232), Tuxtla Gutiérrez (3 mil 132), Ángel Albino Corzo (2 mil 405), Montecristo de Guerrero (775) y El Parral (279), siendo mi distrito el que presentó el mayor número de afectados por este terremoto.
Ante esta dolorosa realidad, la respuesta por parte de la autoridad y de los ciudadanos mexicanos de todo el país fue inmediata, los primeros signos de ayuda se hicieron presentes a través de la implementación de los planes y protocolos por parte de la Sedena y la Semar, se iniciaron los trabajos de recopilación de toneladas de ayuda humanitaria en todo el país y las primeras fundaciones de apoyo a damnificados iniciaron el proceso de recolección de donaciones, sin embargo un nuevo terremoto convirtió esta tragedia del sureste en un terrible infortunio sin precedentes para el resto del país.
La tarde del 19 de septiembre un sismo trepidatorio de magnitud 7.1, con epicentro en Axochiapan, Puebla, sacudió el centro del país, arrojando un total de 370 personas fallecidas, con un impacto de destrucción en siete entidades: Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz
Para atender las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se emitieron 11 Declaratorias de Desastre, autorizando más de 38 mil millones de pesos, de los cuales 29 mil 694.7 millones de pesos correspondieron a la aportación federal a través del Fonden, y 8.4 mil millones de pesos a la aportación que corresponde a las entidades federativas. De acuerdo con la última estimación de la Presidencia de la República, las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos.
A junio de 2018, la ejecución de recursos del Fonden presentó un avance físico del 46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento.
Sin embargo, a un año del sismo de 8.2 del 7 de septiembre, las autoridades no han sido capaces de dar a conocer públicamente y de manera oficial los censos completos de los damnificados, ni tampoco de los inmuebles dañados y mucho menos de las escuelas afectadas y que no han logrado recuperarse.
Y es aquí donde quiero centrar este punto de acuerdo en la serie de incidencias reportadas en mi estado, siendo una constante que se repite a lo largo del país en los estados que fueron afectados por estos desastres naturales.
De acuerdo al censo oficial emitido por Sedatu, la ocurrencia del sismo de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre de 2017 afectó a 90 municipios del sector vivienda, cuantificado por un monto de 2 mil 453 millones 835 mil 493 pesos contemplándose acciones por concepto de apoyos parciales inmediatos, daños parciales y daños totales con una participación federal de $1,833,112,746.00 correspondiente al 74.41 por ciento y una participación estatal de $620,722,747.00 correspondiente al 25.29 por ciento, esta última contemplada dentro de las acciones de daños totales, de conformidad con los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017.
En ese sentido, para dar atención a las afectaciones del sector vivienda, la Sedatu puso en marcha la estrategia de entrega de tarjetas bancarias, a través de Bansefi, con recursos para la compra de materiales, la reparación y la reconstrucción de las viviendas dañadas, mismos que permitirán a los mismos afectados atender de manera inmediata sus afectaciones.
Por lo anterior la Sedatu exhortó al Ejecutivo del estado a dar cumplimiento a la aportación estatal para estar en condición de ejecutar las obras y acciones de reconstrucción, toda vez que en lo que respecta a la aportación federal, ya ha sido cubierta en su totalidad y dispersada a todas y cada una de las tarjetas bancarias que hasta entonces fueron atendidas.
Es importante recalcar, que el gobierno del estado no ha ministrado recursos para dar atención a las viviendas afectadas por el sismo en comento, por lo que representa un riesgo social muy alto por las diversas inconformidades presentadas a través de Promotora de Vivienda (Provich) y Secretaría General de Gobierno, aunado el cambio de administración y las de facultades de revisión por parte de los entes fiscalizadores tanto estatales como federales.
A escasos días de celebrarse el primer aniversario del sismo, la demanda social ha ido en aumento, generando diversas movilizaciones sociales y exigencias de la ciudadanía de obtener el monto que se les adeuda a las tarjetas de pérdida total.
Cabe mencionar que dentro de las demandas ciudadanas existen los siguientes casos:
-Afectados con folio del censo de Sedatu excluidos del censo oficial.
-Afectados no censados.
Estos dos casos no están debidamente cuantificados, toda vez que han ido surgiendo sobre la marcha, en la mayoría de los casos están enlistados con organizaciones sociales o grupos organizados; a través de las Secretaría General de Gobierno se han canalizado diversas solicitudes por parte de estos grupos a la Provich, en donde se han integrado a un listado alterno.
En este contexto cabe señalar la labor que han desempeñado las organizaciones de la sociedad civil, así como grupos de vecinos de las zonas afectadas, quienes han seguido documentando los casos donde cientos de damnificados han denunciado que a pesar de las terribles daños en las que aún se encuentran sus propiedades, los listados y censos oficiales no los han integrado al padrón de beneficiarios y por tanto, después de un año de los terremotos, no han recibido la ayuda de las instancias involucradas en la reconstrucción.
Por si fuera poco, en los censos y cifras oficiales se encuentran registradas viviendas que no se vieron afectadas, que tuvieron daños mínimos o que se encuentran en perfecto estado, pero que sin embargo dichas propiedades aparecen en los listados y en los censos con geo localización, recibiendo apoyos económicos que no necesitan y que están quitando a verdaderos damnificados que aún siguen durmiendo en sus patios.
Por otro lado, a un año de los terremotos, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no ha dado a conocer el resultado sobre las denuncias de miles de damnificados que exigieron la investigación sobre tarjetas clonadas, con códigos falsos, sin fondos o la duplicidad de tarjetas de ayuda a damnificados. Por lo que exigimos que se aclare y transparenten los resultados de estas investigaciones por parte de la PGR y los servicios financieros para tener certeza de dónde se encuentra el dinero que se destinó a esas tarjetas y conocer con claridad quienes son los responsables de este fraude inmoral.
Estos casos que son comunes en todo Chiapas, son una constante en los 11 estados donde hicieron mella los estragos de los terremotos de septiembre, pero es más común y aún más triste que a mayor distancia de los centros urbanos, menos llegó la ayuda gubernamental, sobre todo en el caso de las comunidades más pequeñas y apartadas, por ejemplo en la comunidad de Vista Alegre, municipio de Montecristo de Guerrero, un municipio de mi distrito, donde la mayoría de la población se dedica a sembrar café y que estuvo entre los 97 declarados zona de desastre por el gobierno ni siquiera llegaron para hacer un censo, es el mismo caso de la comunidad de Los Laureles en la región suroeste de Chiapas, donde se sobrevive del cultivo del maíz, el frijol y pequeñas hortalizas, una tierra de gente buena y trabajadora, humilde, que perdieron sus casas y que no han recibido aún los apoyos gubernamentales.
Hace unos días, esta soberanía recibió el Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto y sin embargo nos deja muchas dudas sobre cómo se han ejercido los recursos destinados a la reconstrucción y que fue esta honorable Cámara de Diputados la que etiquetó más de 20 mil millones de pesos entre recursos destinados al Fonden y al Fonrec, a un año de estos hechos los daños continúan y la situación económica de las localidades, municipios y estados afectados no se han recuperado, no se ha cumplido totalmente con la entrega de los apoyos y los únicos que pagan la ineficiencia y opacidad de las instancias gubernamentales son los miles de damnificados que aún no reciben el pago completo destinado a la reconstrucción de sus viviendas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los Sistemas de Protección Civil estatales a llevar a cabo la liberación inmediata de los recursos faltantes destinados a las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Segundo. Se exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los Sistemas de Protección Civil estatales a, en el ámbito de sus responsabilidades, transparentar los padrones de beneficiarios y la emisión de los avances físico-financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputados : Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica), Leticia Arlett Aguilar Molina (rúbrica), Marco Antonio Andrade Zavala (rúbrica), Patricia del Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica), Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), José Luis Elorza Flores, María Roselia Jiménez Pérez, Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica), Carlos Alberto Morales Vázquez, Manuela del Carmen Obrador Narváez (rúbrica), Humberto Pedrero Moreno, Miguel Prado de los Santos (rúbrica), Roque Luis Rabelo Velasco (rúbrica), Zoé Alejandro Robledo Aburto, Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo, Ciro Sales Ruiz (rúbrica) y Alfredo Vázquez Vázquez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y el INAH a implantar y fortalecer los protocolos y las medidas de prevención necesarios para evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, Brasil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El fin de semana pasado, el Museo Nacional de Río, en Brasil, fue devastado por un incendio de altas proporciones que se originó al cierre del recinto y cuyas causas aún se desconocen. El ministro de Cultura de ese país mencionó que existen dos líneas de investigación para esclarecer las causas del incendio: la caída de un globo aerostático y un corto circuito, este último podría haberse debido a las malas condiciones de manutención en las que se encontraban las instalaciones del museo, por falta de presupuesto.
Este museo es la más antigua institución científica y de historia natural del país, y fue fundado en 1818 por el rey Juan VI, cuando Brasil aún era una colonia de Portugal. Contaba con una colección de 20 millones de piezas, entre las que destacaban momias egipcias, el fósil humano más antiguo de América Latina, con casi 12 mil años de antigüedad, la mayor y más importante colección indígena y la biblioteca de antropología más rica del país.
El subdirector del Museo Nacional, Luis Fernando Díaz Duarte, calificó el incendio como una catástrofe insoportable y lamentó la pérdida de casi 200 años de memoria, ciencia, cultura y educación, así como la falta de apoyo y conciencia de los políticos brasileños, ya que desde 2014 el museo no recibía el presupuesto suficiente para la manutención básica de sus actividades y de mantenimiento.
El presidente de Brasil, Michel Temer, lamentó la tragedia y dijo que la pérdida de la colección del museo es incalculable para su país. El ministro de Cultura, Sergio Sá Leitao, aseguró que el incendio se debió a la negligencia y constituye una alerta para que no suceda lo mismo en otros recintos.
Ningún país en el mundo se encuentra exento de sufrir un suceso como el ocurrido en Brasil. En 2015, por ejemplo, el Museo JKL Telephony, en California, Estados Unidos, quedó destruido durante un incendio sucedido en septiembre; en 2016, el Museo Nacional de Historia Natural de Nueva Delhi, India, perdió todo su acervo por un incendio que consumió sus seis pisos.
En este sentido, nuestro país también puede ser víctima de un suceso similar, por lo que es necesario tomar las acciones necesarias para prevenir incendios y otro tipo de desastres.
Gran parte de los testimonios de quienes trabajaban en el Museo Nacional de Río, aseguran que en diversas ocasiones habían expresado su preocupación por la falta de fondos y el mal estado de las instalaciones, por lo que se piensa que la desgracia se pudo haber evitado con las medidas de prevención y el mantenimiento necesario del recinto.
Este debe ser considerado como un recordatorio de la importancia de la prevención para la preservación de nuestra riqueza material histórica y cultural.
México es un país mundialmente reconocido por su riqueza cultural. De acuerdo con información de la Red Nacional de Información Cultural, de la Secretaría de Cultura, a nivel nacional nuestro país cuenta con un total de mil 332 museos, siendo la Ciudad de México la entidad que más recintos alberga (152), además de ser una de las urbes con más museos en todo el mundo.
Siendo el turismo uno de los sectores productivos más estratégicos e importantes para la economía de nuestro país, los museos constituyen una parte fundamental como atractivo turístico. Hoy México es el sexto destino turístico a nivel mundial, en 2017 alcanzamos un nuevo máximo histórico en la captación de divisas, de alrededor de 21 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento superior al 60 por ciento en comparación con las divisas turísticas registradas en 2012.
Los museos, así como las zonas arqueológicas y los monumentos históricos son elementos importantes en la vida de una nación que promueven el intercambio y enriquecimiento cultural, el entendimiento mutuo y la cooperación y paz entre los pueblos. Juegan un papel de gran importancia en la construcción de nuestra identidad nacional y nuestro orgullo como nación, por ello, debe ser una prioridad enriquecerlos, mantenerlos en óptimas condiciones.
A través de sus exposiciones, los museos sensibilizan al público sobre el desarrollo de las sociedades, generando espacios para la comprensión, la solidaridad y la construcción de una conciencia más inclusiva y multicultural.
De acuerdo con la doctora en Historia del Arte, Ana Garduño, también puede ser un espacio democrático, abierto y popular donde las personas pueden encontrarse, reconocerse y reconciliarse.
El artículo 3o. constitucional establece como una obligación del Estado alentar el fortalecimiento y difusión de la cultura, la cual se considera un derecho fundamental para todos los mexicanos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encarga de investigar, conservar o difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación. Tiene plena facultar normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen y fortalezcan los protocolos y medidas de prevención necesarias, a fin de evitar incidentes como el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Río, en Brasil.
Dado en la Cámara de Diputados, a los seis días del mes de septiembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y el Congreso de Puebla a detener y revertir la privatización del patrimonio de la entidad, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
La suscrita, Nayeli Salvatori Bojalil , diputada federal por el Distrito X de Puebla, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Uno de los componentes esenciales de cualquier gobierno es el conjunto de bienes y activos que constituyen el patrimonio de su población. Su importancia no sólo radica en su valor económico, sino también en valores históricos, estéticos o sociales; el patrimonio de un pueblo es fundamental en la definición de su identidad, de ahí, la necesidad de establecer protecciones especiales para su administración, preservación e incremento, pero sobretodo, para evitar su malversación.
Por otra parte, la función administradora de un gobierno requiere, para ser legítima, un estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En contraposición, corrupción, opacidad e impunidad son los componentes esenciales de un mal gobierno.
Teniendo esto como contexto, he de sumar mi voz, a la de la mayoría de los ciudadanos del estado de Puebla que han denunciado la dilapidación del patrimonio estatal que de manera turbia y apresurada está intentando el concluyente gobierno de Puebla.
En los últimos meses se ha agudizado una conducta característica del claudicante morenovallismo : la imposición, en detrimento del beneficio social, de decisiones pensadas en provechos particulares. Muchos son los ejemplos que ilustran esta afirmación y los medios de comunicación dan cuenta diaria de ellos, pero para centrarnos en la materia, daré cuenta sólo de los que aquí nos ocupan: la privatización enajenación o desincorporación de bienes inmuebles que revisten un alto valor económico, cultural y estético. Me refiero en particular al Teatro Principal de Puebla, a la antigua sede del Instituto para la Asistencia Pública del estado de Puebla (edificio ubicado en Reforma 710), y al parque estatal Flor del Bosque.
Diversos medios de comunicación han dado cuenta de los intentos de privatizar, mediante distintos mecanismos jurídicos estos inmuebles, en abierto desprecio a su histórico valor.
Teatro Principal
El pasado 31 de agosto, el Congreso de Puebla aprobó la extinción del patronato del Teatro Principal y su desincorporación de la Secretaría de Cultura y Turismo, pasando a ser administrado por el organismo público descentralizado Parques y Convenciones.
Este escenario, inaugurado en 1761, es el espacio teatral activo más antiguo de América y su arquitectura barroca lo ubica como parte relevante del patrimonio histórico y cultural poblano, razón por la que la Comunidad de Artistas Escénicos Independientes de Puebla ha manifestado su rechazo al referido decreto, exigiendo su revocación. Advierten que la determinación gubernamental “no representa los intereses de los ciudadanos y mucho menos de los artistas escénicos independientes de nuestro estado”.
Esta desincorporación redunda en un aumento de costos para hacer uso del inmueble que hace incosteable a muchos proyectos artísticos su difusión en ese espacio lo que redunda en perjuicio a los derechos culturales de la población en general.
Antigua sede del Instituto para la Asistencia Pública del estado de Puebla
La pretensión de enajenar el inmueble marcado con el número 710 en la avenida Reforma, formalizada mediante la presentación de una iniciativa entregada por el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al Congreso del estado se pretende justificar señalando que: “La restauración puede resultar en un gasto mayor al beneficio obtenido, por lo que se considera que no existen razones que impongan la necesidad o conveniencia de conservar dicho bien, resultando un mayor beneficio para el estado su enajenación, que le permita hacer frente a sus obligaciones, con la condicionante de que el adquirente deberá realizar a su costa las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, en términos de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento”.
Con esta endeble y discutible justificación, se pretende poner a la venta una edificación que por su ubicación y arquitectura reviste un alto valor comercial, pero que sin lugar a dudas debe permanecer como parte del patrimonio de las poblanas y poblanos.
Parque estatal Flor del Bosque
El pasado 31 de agosto, la comisión permanente del Congreso poblano aprobó la permuta de 42 hectáreas del parque Flor del Bosque, en favor del empresario inmobiliario Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara. La propuesta especifica que se cambiará una superficie de 420 mil metros cuadrados por otra de 461 mil 426.75 metros cuadrados, señalando que la superficie adquirida por el gobierno se trata de un área con menor presión urbana lo que permitirá que la flora y fauna presentes en este parque se desarrollen de manera óptima, sin embargo no es esa la razón detrás de dicha permuta, sino la mayor riqueza de recursos ecológicos y la mejor ubicación del terreno cedido a cambio.
Como puede verse, todos estos casos por considerar se tratan de operaciones financieras que no favorecen a los poblanos, sino a intereses particulares claramente definidos,
Es inminente el riesgo de que estas acciones vulneren de manera considerable el patrimonio de la ciudadanía poblana. Estas acciones carentes de legitimidad deben revertirse. Es una verdad ineludible que el gobernador de Puebla tiene la responsabilidad de ser garante del patrimonio estatal; obligación que, de no ser cumplida, debe derivar en la imposición de responsabilidades, por ello se deben evitar más transacciones con bienes públicos del estado, sin afectar por ningún motivo los derechos y el patrimonio de los poblanos.
Además de lo anotado, es imprescindible señalar que nuestra realidad jurídica y social nos exige que exista transparencia en el actuar gubernamental, así como la de realizar las acciones necesarias que erradiquen la impunidad, en cualquiera de sus manifestaciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al ciudadano gobernador constitucional del estado libre y soberano de Puebla y a las diputadas y diputados del Congreso del estado de Puebla, a efecto de que en cumplimiento a su mandato legal, conserven y protejan el patrimonio de la ciudadanía poblana, de los inmuebles siguientes:
I. Teatro Principal de Puebla , revirtiendo la extinción de su patronato y su desincorporación de la Secretaría de Cultura y Turismo;
II. Antigua sede del Instituto para la Asistencia Pública del estado de Puebla (edificio ubicado en Reforma 710), evitando su enajenación y
III. Parque estatal Flor del Bosque , derogando el decreto que permite la permuta de 42 hectáreas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de septiembre del año 2018.
Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a garantizar la libertad sindical en los procesos de renovación de las dirigencias de los Sindicatos Nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos clara la responsabilidad histórica con la defensa de la clase trabajadora, directriz que forma parte medular de nuestros principios básicos que establecen el compromiso de impulsar y exigir sin concesiones el respeto irrestricto a los derechos laborales. En este sentido, el presente punto de acuerdo también está en concordancia con nuestra Plataforma Electoral, particularmente en lo relativo a impulsar una nueva reforma laboral donde se contemple la promoción de la libertad, independencia y democracia sindical.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio significó un importante avance para la democracia mexicana, sin embargo, en nuestro actual régimen político, aún persisten prácticas autoritarias que resulta apremiante atender y erradicar de raíz.
Uno de los casos más emblemáticos de esta situación se observa en la falta de democracia sindical que se traduce en el usufructo indebido de los recursos de los sindicatos para reprimir e inhibir la libre participación de los trabajadores, a fin de que las burocracias sindicales se perpetúen en sus cargos. Como ejemplo podemos mencionar el caso de Carlos Romero Deschamps, quien apenas el 11 de diciembre del año pasado, se reeligió al frente del STPRM hasta el año 2024, con lo que al finalizar dicho mandato cumpliría 31 años dirigiendo dicho sindicato.
El líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps ha sido protagonista de diversos escándalos de corrupción, mismos que han sido documentados por distintos medios de comunicación. Destaca el desvío de 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000, conocido como el Pemexgate; las publicaciones en Facebook de la ostentosa vida de los hijos del líder petrolero en la que se exhiben viajes, yates, autos Ferrari y residencias de lujo en México y distintos países del mundo, todo a costa de las cuotas y desvíos de los recursos del sindicato.
Los hechos mencionados muestran cacicazgos que se caracterizan por la confabulación y la asociación perversa que se mantienen entre el STPRM, incluida la Sección 35 de la Refinería Miguel Hidalgo y Pemex, donde ha comenzado la represión para personal sindicalizado que desea contender para el nuevo Comité Ejecutivo local.
Otro ejemplo del autoritarismo sindical es lo acontecido hace una semana, cuando se reportó que arbitrariamente, Israel Estévez López, que lideraba a un amplio grupo de trabajadores para contender para la próxima planilla, fue coaccionado para pronunciarse a favor de la actual dirigencia, todo ello tolerado por Silverio López Vargas, quien ostenta la jefatura del departamento de personal y que privilegia intereses personales.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, exigimos a Carlos Romero Deschamps, líder perpetuo del STPRM que se mantenga al margen de la renovación de comités, toda vez que prácticas como la coacción e intimidación inhiben y constituyen un retroceso el avance democrático que hemos alcanzado en nuestro país durante las últimas décadas.
El caso del sindicato petrolero no es un hecho aislado, por el contrario muestra una práctica sistemática que persiste en el sindicalismo mexicano, prueba de ello, lo podemos observar en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el que de acuerdo a declaraciones de sus integrantes, el actual secretario general, Manuel Vallejo busca imponerse de “manera autoritaria” en el próximo proceso para renovar la dirigencia que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.1
Los integrantes del Sindicato del IMSS han señalado que en los últimos seis años se han incrementado el número de trabajadores rescindidos con distintos argumentos, sin embargo, estas acciones van dirigidas a los trabajadores que han externado su apoyo a planillas contrarias al actual secretario general. Incluso han llegado a señalar a este tipo de prácticas como un terrorismo sindical.
De igual forma los trabajadores del IMSS consideran que es necesario que se realicen auditorías externas a los recursos ejercidos por la actual dirigencia del Sindicato por presuntos manejos irregulares de los recursos del sindicato.2
En este tenor y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hago un enérgico llamado a que se garantice un proceso de renovación transparente y con total apego a la legalidad. El primero de julio nuestro país logró un cambio sin precedentes que no admite prácticas perversas en beneficio de grupos que pretenden perpetuarse en el poder, en consecuencia, es de vital importancia que se garanticen las condiciones que hagan asequible la celebración de elecciones auténticas, libres y seguras.
Para poner en relieve los exhortos formulados, es oportuno referir que juristas como José Dávalos Morales, indican que la democracia sindical implica la permanente lucha de la clase trabajadora por abolir la explotación del hombre por el hombre y por lograr su mejoramiento económico, social y cultural. Asimismo, precisa que debe ser concebida “como una forma de gobierno que garantiza la decisión última, al órgano representativo de la asociación profesional, y que la acción sindical descansa en el derecho de opción de cada individuo a afiliarse o no, y a entrar o salir del sindicato, sin óbice para su libertad de trabajo.”3
La pertinencia de exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social radica en que, en términos del artículo 40, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,4 le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; y Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, garantice la libertad sindical en los procesos de renovación de las dirigencias del Sindicato Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en virtud de las presuntas violaciones de las que han sido objeto integrantes de distintas Secciones sindicales.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos, así como a los secretarios generales de los sindicatos de dichas instituciones para que, sean absolutamente respetuosos de los procesos de renovación de sus dirigencias y de los derechos laborales de sus trabajadores, a fin de garantizar elecciones ordenadas, libres y auténticas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que lleve a cabo las investigaciones que conforme a derecho procedan por el presunto desvío de recursos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República y del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social cometidos por sus respectivos Secretarios Generales y que han sido denunciadas por diversos integrantes de estas organizaciones sindicales y documentadas por numerosos medios de comunicación.
Notas
1 “Piden democratizar proceso interno en Sindicato de IMSS”, El Universal, disponible en
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-democratizar- proceso-interno-en-sindicato-del-imss
2 Íbid.
3 Dávalos Morales, José, La Democracia Sindical, Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, número 77, 1993, [en línea], disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/ view/3082/3385
4 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consultado en línea, texto disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2018.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de la comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción y estudios geológicos de suelo y a los avances y resultados de la entrega de recursos del Fonden a los municipios del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada Rosalinda Domínguez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el pasado jueves 7 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 8.2 sacudió el sur y centro de México.
Que desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Ejecutivo federal informó que este terremoto fue el de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país en los últimos cien años.
Que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios de Oaxaca por el sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, lo que permitirá a los municipios afectados ser considerados para los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Que los municipios afectados fueron: Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa y San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa y Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.1
Que en la zona del Istmo de Tehuantepec las autoridades de Oaxaca confirmaron el deceso de 71 personas, a causa del sismo de magnitud 8.2 del pasado 7 y 19 de septiembre.
Que los reportes oficiales del gobierno estatal indican que hay al menos 800 mil damnificados por el sismo, en 41 municipios de Oaxaca. Se tiene el registro de 324 escuelas públicas con daños en su infraestructura, 42 de las cuales presentan daños totales.
Que es necesario insistir en la urgencia de impulsar una reconstrucción acelerada de las viviendas bajo protocolos de seguridad adecuados y que garanticen la tranquilidad de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.
Que no debe olvidarse la reactivación sostenida de las economías de la región, con el apoyo de la federación, los gobiernos locales y de la iniciativa privada.
Que a casi un año del sismo la organización Save the Children alertó que en la región la mayor parte de las escuelas afectadas operan en aulas temporales y no han normalizado sus horarios de clases, lo que impacta de manera negativa la calidad educativa que reciben cientos de niños y adolescentes de la zona.2
Que el legislativo local del estado de Oaxaca, en el decreto de presupuesto para 2018 etiquetó una partida inicial de 200 millones de pesos para la reconstrucción:
“Décimo Primero. Se establece un Fondo de Reconstrucción y Desastres con un monto inicial de $200, 000, 000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) que se establece con recursos fiscales distintos al endeudamiento público.
...
...
La primera se destinará a la reconstrucción de vivienda en los municipios incluidos en las declaratorias emitidas por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, correspondientes a los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017, incluidas en los censos realizados por el gobierno federal o, en su defecto, en la actualización de estos, que se realizarán en coordinación con el gobierno del estado.”
Que es urgente que el gobernador del estado de Oaxaca dé a conocer el avance del ejercicio presupuestal que etiquetó la Comisión Especial de Reconstrucción del Istmo en el Congreso local de 200 millones de pesos para atender a las familias damnificadas.
Que otra vertiente aprobada en ese mismo artículo transitorio versa en los estudios de tipo de suelo: “La segunda vertiente incluirá recursos para realizar, mediante convenio, estudios geológicos o geofísicos en las zonas donde los sismos se han reiterado de forma atípica”.
Que es urgente la aplicación de los recursos para dichos estudios pues según el Catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, Oaxaca ha sido epicentro de 68 por ciento de los 21 mil 456 temblores ocurridos en el país desde el primero de enero de 2018 hasta el mes de agosto.
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a efecto de que, a través de la Coordinación General de Protección Civil, haga de conocimiento público los avances y resultados de la entrega de recursos del Fondo Nacional de Desastres, destinados a los municipios del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre de 2017.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y en coordinación con el Ejecutivo del estado de Oaxaca, se revisen los reglamentos de construcción y seguridad estructural en la entidad.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Ejecutivo estatal, se instale una Comisión de Vigilancia, misma que deberá transparentar los resultados y avances auditables de los recursos que se destinen para la reconstrucción y el patrimonio de los damnificados.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa al gobernador del estado de Oaxaca para que haga de conocimiento público el destino de los 200 millones de pesos etiquetados en el artículo transitorio décimo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, así como los alcances y metas logrados con los citados recursos.
Notas
1 www.noticieros.televisa.com/ultimas-noticias
2 https://www.nvinoticias.com/
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 6 de septiembre de 2018.
Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a emitir credenciales inmediatas y temporales a los migrantes repatriados, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha ejercido desde antes de tomar protesta una política xenofóbica y violadora de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. En el tenor de esta actitud, y siguiendo la política migratoria de la administración anterior, se ha ejercido un mecanismo de deportaciones masivas, de detenciones arbitraras, de separación de niños y padres, de tratos crueles e inhumanos.
Esto ha derivado en que el flujo de migrantes repatriados se haya incrementado y que nuestro país viva actualmente una crisis de repatriación. Durante el periodo 2010 a 2015 regresaron de Estados Unidos de América 495 mil 434 personas, correspondiendo al 89.3 por ciento de la población que retorno al país; y en los últimos años esta cifra se ha incrementado.
Las personas repatriadas tienen que enfrentarse a una serie de experiencias que no sólo atentan contra su dignidad sino, incluso, contra su supervivencia. La separación de miembros de la familia, la pérdida de sus empleos en Estados Unidos, y la falta de personalidad jurídica en nuestro país.
De acuerdo con algunas cifras, el 45 por ciento de los migrantes menores a 25 años no asiste a la escuela; sólo el 61 por ciento cuenta con vivienda propia y de ellos el 62.4 por ciento cuenta con escrituras de la misma. Del total de repatriados mayores a 12 años, el 61 por ciento trabaja o se encuentra ocupado, y las principales actividades son agricultura, construcción, comercio y manufactura (obreros). Es decir, una de las poblaciones que más contribuye con el soporte económico del país no tiene toda la cobertura necesaria para poder reintegrarse a la sociedad mexicana y tener una calidad de vida digna.
Los documentos de identidad constituyen uno de los requisitos que puede empezar a amortiguar esta falta que el Estado mexicano comete en perjuicio de su población. Otorgarles una identificación puede ser el primer paso para garantizarles el acceso a un trabajo, a la atención médica, a la procuración de un techo bajo el cual vivir.
Considerando la necesidad que tenemos de mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo y asistencia a los mexicanos repatriados, a fin de proveerles de mejores condiciones de vida y garantizar su óptimo retorno; es deber del Estado retribuir y atender a los migrantes por el esfuerzo social que significa su trabajo mientras se encuentra lejos de su familia y amigos.
Consideramos como solución y propuesta que el Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado de registrar e identificar a los ciudadanos mexicanos –con el objetivo de gestionar los procesos electorales-, podría emitir credenciales con carácter temporal para los migrantes repatriados que no pudieron traer con ellos otro tipo de identificación.
Por lo anterior propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un mecanismo para credencializar ágil y eficazmente a los migrantes repatriados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a promover acciones que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en la entidad, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y los artículos 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en el estado de Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la promulgación de la reforma energética, el actual Ejecutivo federal aseguraba se potenciaría la competitividad del sector energético y más aún, vendrían importantes beneficios para la economía del país que se traducirían en mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las y los mexicanos, especialmente para nuestra población más vulnerable.
Lamentablemente todos somos testigos de que la realidad ha sido otra, traduciéndose en aumentos a la gasolina, el diésel, gas y, si fuera poco, sumarle los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que hoy en día sigue afectando a la sociedad mexicana.
En este orden, en los últimos años los altos cobros por el servicio de energía eléctrica han constituido un problema social objeto del reclamo constante por parte de la población usuaria del país, a consecuencia de mecanismos poco transparentes que establecen altos costos tarifarios, irregularidades en la toma de lecturas, transformadores deficientes, cortes de luz e infinidad de fallas técnicas del servicio cuya responsabilidad, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior ha traído un descontento generalizado y el surgimiento de actos de resistencia civil por parte de los usuarios de las comunidades rurales, donde la población se ha organizado con el objetivo de exigir tarifas justas, a través del reconocimiento a movimientos amplios y diversos, principalmente en los estados del sur del país como Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco de no pago a las altas tarifas de energía eléctrica, y en otros casos, en un contexto de crisis económica también ha proliferado las prácticas recurrentes de puentear los medidores de energía para evitar estos cobros excesivos.
Así, es como la población en las diferentes regiones del país ha buscado por la vía de la resistencia contrarrestar las agresiones estructurales de un sistema que ha puesto enormes barreras para imposibilitarles el acceso a este servicio básico, como forma de rechazo al modelo neoliberal en México.
En el caso especial de Veracruz, ante las altas temperaturas que predominan en sus regiones por sus características geográficas y climatológicas, que suelen rebasar más de 40 grados centígrados e inciden directamente en el consumo de electricidad, desde hace varios años la sociedad organizada ha unido esfuerzos y desahogado batallas legales contra la paraestatal con el principal objetivo de lograr tarifas bajas y justas, consecuentemente, para evitar cobros excesivos por la CFE.
Cabe señalar que como consecuencia de las altas temperaturas, la población en gran parte de la entidad veracruzana, tiende a utilizar aparatos electrodomésticos para regular el clima y mantener la conservación de sus alimentos y por tanto, el consumo suele ser aún mayor que en otras regiones.
Habitantes de los municipios de Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jaltipan, Mecayapan, Nachital, Oluta, Oteapan, Chinameca, Pajapan, Tatahuicapan, Texistepec, Soteapan, Soconusco y Zaragoza, son claros ejemplos de las anomalías presentadas por el servicio, al grado de sumarse también en algunos casos a la resistencia de pagar montos extremadamente excesivos y arbitrarios.
Frente a esta situación, el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, recientemente ha exigido a la CFE disminuir las tarifas en favor de los usuarios de Veracruz, considerando injusto que al ser la principal entidad productora de energía de México, y donde se ubica la planta nucleoeléctrica más grande de Latinoamérica, que genera más de 35 por ciento de la energía para todo el país, tenga las tarifas más caras del país, y ante ello, ha reiterado la exigencia para que la paraestatal realice un análisis, diagnóstico y propuesta clara y objetiva para que el estado de Veracruz tenga mejores condiciones en tarifas como usuario y lleguen beneficios directos de ahorro al bolsillo de nuestra población veracruzana.
Compañeras y compañeros legisladores, la relevancia del presente punto de acuerdo radica en promover mejores condiciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, pero sobre todo, se encamina a brindar atención pronta a las quejas de los cobros excesivos y arbitrariedades realizadas por Comisión Federal de Electricidad.
Luego entonces, como representantes de la población del país, tenemos la responsabilidad de atender las demandas de nuestra gente y por ello tenemos el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, principalmente del derecho que tiene todos los mexicanos de disfrutar de una vivienda digna y decorosa, como establece el artículo 4 constitucional, bajo el sustento de diversos instrumentos internacionales en la materia.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en el estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y el INEE a suspender la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo relativo a los procesos de evaluación del desempeño, así como cualquier procedimiento sancionatorio mientras no se revise y, en su caso, reforme el marco normativo que lo rige, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena
Irán Santiago Manuel, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los ejes medulares de la reforma educativa aprobada en el año 2013 fue el establecimiento del sistema nacional de evaluación, cuya coordinación fue atribuida por mandato constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
El INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Para ello, en ejercicio de sus funciones el INEE ha emitido las disposiciones para la definición de los parámetros e indicadores, así como los elementos, métodos y etapas de la evaluación para el ingreso y promoción al servicio profesional docente, correspondientes a educación básica y media superior así como, entre otros, los programas y calendarios a que deberán sujetarse los procesos de evaluación del servicio profesional docente.
Sin embargo, la referida evaluación es punitiva, porque atenta contra los derechos laborales de los docentes, al cesarlo o retirarlo del grupo de clase. Además, en caso de que cualquier docente no se someta a evaluación, queda automáticamente cesado sin responsabilidad para la autoridad.
La Secretaría de Educación Pública y el INEE han insistido en señalar en varias ocasiones que la evaluación al desempeño docente no es punitiva, sin tener ningún argumento para afirmarlo.
En este sentido, desde la Cámara de Diputados vamos a proponer una iniciativa de reforma para eliminar la parte punitiva de la reforma educativa. Estamos revisando los alcances del artículo 3o Constitucional y todas las leyes que fueron reformadas o expedidas con la mal llamada “reforma educativa”, incluso vamos a valorar la permanencia del Instituto para la Evaluación de la Educación.
Y mientras lo anterior acontece, es necesario que se suspenda inmediatamente, cualquier proceso de evaluación del desempeño para: a) ingreso al servicio profesional docente; b) Evaluación diagnóstica; c) promoción a funciones directivas y de asesoría técnico-pedagógica; y d) desempeño profesional de personal docente, directivo y de asesoría técnica de las diferentes modalidades y niveles, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a suspender de forma inmediata e indefinida en el ámbito de sus competencias la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo relativo a los procesos de evaluación del desempeño para a) ingreso en el servicio profesional docente; b) evaluación diagnóstica; c) promoción a funciones directivas y de asesoría técnico-pedagógica; y d) desempeño profesional de personal docente, directivo y de asesoría técnica de las diferentes modalidades y niveles, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado, y en su caso, reformado el marco normativo que lo rige.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la “fabricación de culpables” en México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La fabricación de culpables es una forma de extrema violencia que se ha generalizado en nuestro país durante décadas, vulnerando los derechos humanos de miles de familias.
El 7 de septiembre del 2000, México suscribió el Tratado de Roma contra delitos categorizados como de lesa humanidad, entre éstos, la tortura, la violación, y el encarcelamiento injusto. Este tratado lo ratificamos como nación comprometida con los derechos humanos el 28 de octubre de 2005, tan solo tres meses después de que se fabricaran casos tan vergonzosos como el caso Wallace el cual fue promovido con el apoyo de las autoridades judiciales y ministeriales, que mantiene en prisión a siete personas, cuatro de ellas con sentencias a más de cien años, y tres con doce años de prisión sin sentencias.
En 2014, a través de diferentes trabajos de periodistas independientes y activistas de derechos humanos, se difundieron evidencias de vida de quien había sido presentado por su madre como la víctima de secuestro y cercenamiento. Evidencias que se presentaron posteriormente ante los tribunales como pruebas judicializadas. Pero aquel 2005, también se fabricaba el caso Cassez-Vallarta que puso en tensión nuestras relaciones diplomáticas con Francia, y evidenció los montajes televisivos coordinados por la Agencia Federal de Investigaciones y la Procuraduría General de la República. El caso Cassez-Vallarta, pese a la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez por violaciones al debido proceso, mantiene todavía personas en prisión, y a las víctimas de fabricación de culpa que ya fueron liberadas se les sigue difamando y calumniando en los medios de comunicación.
Desde la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el número de víctimas de fabricación de culpables por presunto secuestro y otros delitos, se torna por demás relevante, y es de precisar que no se circunscribe a la Ciudad de México.
Han sido décadas de sufrimiento y dolor para miles de familias y víctimas, como es el caso del activista y académico José Humbertus, quien fue objeto de fabricación de pueblas para declararlo culpable, debido a sus denuncias sobre fraude inmobiliario en el estado de México.
Como puede suponerse, no hay cifras oficiales ni precisas en el plano nacional, que den cuenta de la magnitud de la problemática.
Una vez más, gracias a la sociedad civil organizada, se ha dado visibilidad a la terrible realidad que sufren miles de ciudadanas y ciudadanos en este país, ante la complacencia y complicidad de las autoridades ministeriales y judiciales.
Por otro lado, existen investigaciones periodísticas y análisis de organizaciones no gubernamentales en algunos estados, en las que se ha revelado la falta de transparencia en la clasificación de delitos desde los ministerios públicos, así como la falsificación de datos en materia de delitos.
Sin duda, estamos ante un problema grave que atenta contra la dignidad humana, propiciado desde las instituciones del Estado, y el cual, lleva aparejadas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Incluso ya, desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se ha señalado que la tortura es un problema generalizado en nuestro país.
Los familiares de las verdaderas víctimas (inculpados) han sido amenazados, desaparecidos, encarcelados, y en algunos casos extremos, asesinados por haberse atrevido a levantar la voz y denunciar.
Para darnos una idea de la magnitud del problema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2017, respondió a la familia de una víctima de fabricación de culpa del estado de México, Daniel García Reyes, 16 años en prisión sin sentencia, que era el caso número 13,333.
La fabricación de culpables retrata de cuerpo entero la corrupción e impunidad del Sistema de Procuración de Justicia mexicano. Sin embargo, no existe un solo programa, una sola medida correctiva, o siquiera el reconocimiento público de la existencia de la problemática y la intención de erradicarla.
Gracias el ejercicio del periodismo profesional e independiente, es que los presuntos culpables e incluso a quienes ya se ha sentenciado como tal, pueden evidenciar su realidad de víctimas, contar su verdad, mostrar su rostro, llorar su pena y albergar la esperanza de que alguien en algún lugar, le hará justicia.
Señoras y señores legisladores, hemos escuchado ya “verdades históricas”, pero hemos hecho oídos sordos a las historias verdaderas.
Vamos a decirles con nuestro voto favorable, a las miles de víctimas que han sido objeto de fabricación de pruebas para declararlas culpables, que no están solas.
Vamos a decirles que hoy, esta nueva legislatura, desde el ámbito de sus respectivas competencias, hará todo, todo lo necesario para instrumentar una estrategia que atienda de fondo este grave problema.
Vamos a exigir desde esta Cámara, la pronta resolución de los casos de:
Todas aquellas víctimas a quienes les fabricaron su culpabilidad, y que llevan en prisión preventiva más de dos años sin sentencia.
Todas aquellas víctimas a quienes les fabricaron su culpabilidad y se les dictó sentencia condenatoria.
Todas aquellas víctimas a quienes les fabricaron su culpabilidad y pagaron con prisión preventiva un delito que no cometieron y están en libertad sin reconocimiento de inocencia ni reparación del daño.
Todas aquellas víctimas que habiendo cometiendo un delito menor, les fabricaron su culpabilidad por la comisión de delitos de alto impacto, debido a la falta de transparencia en la clasificación del delito dentro de los Ministerios Públicos.
A todas ellas, les decimos que, desde esta Cámara, vamos a representarlos y vamos a luchar junto a ustedes y sus familias hasta lograr que su circunstancia actual cambie radicalmente.
En razón de lo antes expuesto y fundado, presento con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que, desde el ámbito de su competencia, transparente el número de casos denunciados, detectados y atendidos durante el periodo de Gobierno de diciembre de 2012 a septiembre de 2018, los cuales, mediante fabricación de pruebas y/o sin haberse desahogado el debido proceso a que tiene derecho todo inculpado, hayan mantenido o mantengan en prisión a ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
Segundo . La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados solicita respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que, en el ámbito de su competencia, incorpore al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, un estudio, a efecto de dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos relacionadas con “la fabricación de culpables”, así como realizar las acciones a que haya lugar, para asegurar que la justicia llegue de manera pronta y expedita a las víctimas de esta forma de violencia extrema.
Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación para que, desde el ámbito de su competencia, instrumente las acciones necesarias, a efecto de integrar a nivel nacional, con la concurrencia de los Poderes Judiciales Federal y locales, las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas, así como los Organismos Autónomas de Derechos Humanos nacional y de las entidades federativas, informes basados en las investigaciones existentes, así como para que se creen comités técnicos para revisar y transparentar la información sobre la forma en que se clasifican los delitos, se nombran y se capacitan a los Ministerios Públicos, y las circunstancias en que se integran las averiguaciones previas. Lo anterior, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la “fabricación de culpables en México”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)
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