Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5147-III, miércoles 31 de octubre de 2018

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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para solicitar a la PGR que informe sobre el estado de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la cual se involucra al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo de la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emprender la ministración inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y hacer público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios de zonas metropolitanas correspondientes a dicho fondo establecido en el PEF de 2018, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta en tanto haya estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir declaratoria de desastre respecto a diversos municipios nayaritas afectados por el huracán Willa, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE y la ASEA a garantizar la protección del ambiente de quienes expenden hidrocarburos al público, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al mandatario electo a retirar la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR y las autoridades competentes de QR a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal de El Altiplano a una cárcel municipal, suscrita por las diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briceño Zuloaga e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente electo a hacer de conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que planea construir en Dos Bocas, Tabasco, garantizar el estado de derecho, considerar la opinión de los expertos en la materia y realizar un ejercicio de consulta pública imparcial, objetivo y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Segob un protocolo para garantizar los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados o separados nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la creciente violencia contra las mujeres en Guerrero, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto al mercado interno de leche, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a aumentar las sanciones en las leyes locales y los reglamentos municipales contra quien transporte menores en motocicletas sin proporcionar casco y con sobre cupo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para solicitar a la PGR que informe sobre el estado de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la cual se involucra al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo de la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Dorheny García Cayetano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II y apartado 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los resultados de la elección del pasado 1 de julio son un manifiesto de hartazgo, un ya basta que millones de mexicanas y mexicanos expresamos por la vía democrática contra un caduco sistema político, cimentado en el autoritarismo y en estado de descomposición a causa de una crisis de híper corrupción desatada en todos los órdenes de gobierno, de la cual, vergonzosamente, los gobiernos de Veracruz son un ejemplo.

Por eso nuestro estado no fue excepción en el rechazo ciudadano a las viejas estructuras del poder. Porque de nuestro erario se han enriquecido hasta el absurdo vanas generaciones de políticos corruptos, al amparo del poder presidencial, mediante la impunidad que garantizan instituciones intencionalmente ineficaces de procuración e impartición de justicia, locales y federales. Eso ya va a terminar. Pero por vía de mientras, quienes están por dejar el poder persisten con desesperación en acumular cada vez mayor riqueza, extraía del erario público a fuerza del desvío ilegal, bajo el también persistente manto de impunidad de las procuradurías.

Muy clara muestra de esa circunstancia sufrimos los veracruzanos con el gobierno estatal, aún en funciones. El titular del Ejecutivo es fiel reflejo de todos los vicios de esa clase política duramente castigada por el voto mexicano. Ostentando una larga trayectoria en la administración pública basada en el influyentísimo, el compadrazgo y una marcada acumulación de riqueza que no encuentra explicación, la prepotencia y arrogancia de nuestro actual gobernador se exacerba, frente a la creciente demanda ciudadana de investigación y sanción.

Al día de hoy existen contra Miguel Ángel Yunes Linares tres denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República, cuyas indagatorias fueron abiertas previo al 1 de diciembre de 2016, cuando comenzó a gobernar Veracruz por la alianza entre PAN y el PRD.

La primera de esas denuncias fue presentada en mayo de 2013 y fue el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito. En su documento, Espino Barrientos indica que entre 2003 y 2010 Yunes y su familia compraron propiedades inmobiliarias en las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Ciudad de México, a través de empresas en las que es accionista.

La denuncia y el soporte presentado entonces generaron escándalo público, pues la relación de hechos resultaba consistente. Sin embargo, y muy a pesar de las exigencias del denunciante y de la ciudadanía que con rapidez se impuso del tema, tras cuatro años de presentada, la averiguación previa en la procuraduría no ha ofrecido resultados.

Curiosamente, en la declaración que el gobernador Yunes presentó a la plataforma “Tres de Tres” no incluyó un departamento por el cual pagó más de 5 millones de pesos; también omitió hacerse cargo de otras dos propiedades que compró y registró a nombre de una de las empresas de las que es socio, mismas que no asume como propias en el documento presentado ante Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad.

En 2016, año en que Yunes Linares protestó como gobernador, ocurrieron dos nuevas denuncias. La primera, por lavado de dinero y delincuencia organizada, acusación propinada por el hoy perseguido ex gobernador Duarte. La segunda, otra vez por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál ha sido el resultado de las múltiples indagatorias iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de las denuncias presentadas? Cito la respuesta a una consulta por vía de transparencia: “esta Procuraduría General de la República se encuentra imposibilitada jurídicamente para emitir pronunciamiento alguno sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada, debido a que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre.” De antología.

Somos conscientes de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, la ciudadanía mexicana, con mayor razón la veracruzana, demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que con escándalo han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos.

Siendo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes tenía el deber de mejorar las condiciones de vida de los ocho millones de veracruzanos, en particular de aquéllos que han sufrido por la violencia, por falta de acceso a la salud, o bien, muchos de los que siguen en espera de una oportunidad para acceder a los mínimos vitales.

Pero los únicos visos de mejora patrimonial que podemos apreciar los veracruzanos es el inusitado incremento del patrimonio del propio gobernador.

Hoy en día el estado se encuentra en una situación igual o más alarmante de como estaba hace dos años. Los índices de homicidios violentos han repuntado en todo el estado y los de desarrollo económico y social han descendido en forma alarmante. Ante lo cual, la estrategia de gobierno se agota en insultantes campañas de comunicación en redes sociales y al despliegue de obras únicamente en el municipio que gobierna el propio hijo del mandatario.

A punto de terminar su administración, hay indicios de que el gobierno se apresta a un nuevo intento de saqueo al erario local. Un intento de sabotaje en contra de la próxima administración.

No lo permitiremos. Veracruz vive hoy una coyuntura social histórica. Se perciben tiempos de esperanza y de justicia. La gente ha dado, masivamente, una oportunidad a un nuevo proyecto de nación y de administración estatal, en el que el combate a viejos vicios de la clase política que se marchita es una prioridad.

Para dar sustancia a esa transformación, hoy, desde esta alta tribuna de la nación, invito a las y los legisladores integrantes del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a aprobar en forma inmediata los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República remita, en un término no mayor a diez días hábiles, un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en función de presuntos casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice la integración de las averiguaciones en el caso de las carpetas de investigación señaladas, a efecto de que se determine la probable responsabilidad y se proceda en consecuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputada Dorheny García Cayetano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emprender la ministración inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y hacer público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios de zonas metropolitanas correspondientes a dicho fondo establecido en el PEF de 2018, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de esta LXIV Legislatura, en nombre de las diputadas y diputados integrantes de la misma, con fundamento los artículos: 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emprender la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano, haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las zonas metropolitanas son identificadas como una región urbana que está conectada con otras por lazos comerciales, laborales o de servicios y, que tienen como característica, entre otras, ser áreas urbanas de dos o más municipios que colindan, y las conexiones, además de ser intermunicipales, son también entre estados, como los casos de las Zonas Metropolitanas del Valle de México; la de Puebla-Tlaxcala, o la de Querétaro.

El proceso de concentración de la población en zonas urbanas ha derivado que cada vez más población vive en metrópolis con los grandes desafíos que ello implica: cobertura de servicios, vivienda, empleo, infraestructura urbana, protección del medio ambiente, entre otros.

En México este proceso se manifiesta en el incremento del número de zonas metropolitanas. Conforme a la Encuesta Intercensal 2015, levantada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2010 a 2015 se observa un aumento en el número de las zonas metropolitanas, al pasar de 59 a 74, en ese período, con el correspondiente incremento de la población que pasó de 63.8 millones a 75.1 millones, es decir, que la población que vive en zonas metropolitanas representa el 62.8 por ciento de la población total nacional.

Frente a este escenario, surgió el apremio de transformar la visión del desarrollo urbano con el reconocimiento de zonas metropolitanas donde se comparten necesidades, problemáticas y soluciones.

Las zonas metropolitanas se caracterizan por su gran concentración de población, la multiplicación de la demanda de servicios y la necesidad de cuantiosos recursos para la atención de sus problemáticas porque conllevan el enorme reto planificar el desarrollo urbano, definir el ordenamiento del territorio y mantener niveles de vida aceptables para su población, en armonía con el medio ambiente.

Ese reconocimiento, producto de una realidad compleja en la ampliación de las metrópolis, debe ir acompañado de recursos para mitigar los impactos y atender los retos. En este contexto, las zonas metropolitanas reciben anualmente recursos públicos federales mediante el denominado Fondo Metropolitano, creado en 2006, con el propósito de elaborar “estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento” en materia de desarrollo metropolitano, transporte, planeación del territorio, y la promoción de la competitividad económica, y la sustentabilidad.

Sin duda, el desbordamiento de los límites municipales, resultado de la expansión o de la integración funcional en función del mercado de trabajo, conlleva entender que, para atender y solucionar las problemáticas compartidas, se debe trabajar en cooperación y coordinación permanente entre municipios y estados.

En consecuencia, el acceso a recursos federales, no es solo una necesidad urgente, sino que se convierte en aliciente para desarrollar políticas a nivel metropolitano con importantes resultados y beneficios para la población para aquellos municipios que ven rebasada su área urbana, funciones y acciones, y se ven obligados a incorporar a municipios vecinos con los que se ha alcanzado una importante integración socioeconómica.

El Fondo metropolitano tiene por objeto financiar estudios, planes, evaluaciones, y programas, así como equipar la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura, nuevos, en proceso o para completar el financiamiento de aquéllos que no hayan contado con recursos suficientes para su ejecución, ubicados dentro de las zonas metropolitanas.

La ley y las Reglas de Operación actualmente establecen una serie de requisitos para que las zonas metropolitanas reconocidas puedan recibir recursos: a) Ser viables y sustentables; b) Promover el desarrollo regional y urbano, y una adecuada planeación del ordenamiento del territorio; c) Impulsar la competitividad económica, la sostenibilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; d) Coadyuvar a su viabilidad y mitigar la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, ambientales y propiciados por la dinámica demográfica y económica; y e) Incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Las Reglas de Operación que emite el Comité Técnico del Fideicomiso establecen, entre otras, las disposiciones específicas para la operación del Fondo Metropolitano; los criterios presupuestarios para el ejercicio de sus recursos; el procedimiento y requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos de dicho Fondo, y lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.

Igualmente, en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, se prevé la creación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, apoyado por un Comité Técnico del Fideicomiso, al que le corresponde administrar los recursos aportados y un Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, encargados de la asignación de recursos, seguimiento en la operación de los proyectos y evaluación.

El artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población, que actualmente reconoce 74 zonas metropolitanas.

Cabe destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, previó una asignación de $3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo Metropolitano.

A pesar de que las reglas de operación establecen que los recursos federales del Fondo Metropolitano que se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas en las que se delimitan o donde están ubicadas las zonas metropolitanas, se deben administrar a través de fondos concursables en fideicomisos de administración e inversión, no existe claridad sobre el destino final de la asignación para el Fondo Metropolitano.

Los citados fideicomisos se deben establecer en una cuenta bancaria específica que permita la identificación de los recursos federales transferidos y de los rendimientos financieros que se generen, para efectos de su control y fiscalización.

Con el propósito de dar transparencia, las reglas de operación establecen además del Consejo Metropolitano, el denominado Comité Técnico, como instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, el cual también administra y da seguimiento al avance físico y financiero de los recursos del Fondo Metropolitano y su fideicomiso.

Adicionalmente, en cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas, las reglas de operación establecen la necesidad de entregar informes trimestrales de avances por parte de las entidades federativas y de la evaluación externa de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano.

Lamentablemente, en los hechos la distribución y ejecución del presupuesto del Fondo Metropolitano está marcado por la opacidad. Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, el denominado Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, es uno de los más complejos y con mayores señalamientos sobre su falta de transparencia y claridad.

En gran parte esto se debe a que el Ramo 23 funciona como un instrumento de política presupuestaria que le permite al Gobierno Federal atender sus obligaciones sobre aquellas asignaciones de recursos que no corresponden al gasto directo de dependencias y entidades; sino que sirven para dar cumplimiento del balance presupuestario; registrar el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado; realizar operaciones de mecanismos de control y cierre presupuestario y otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios (SHCP).

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado la auditoría de la cuenta pública, han resultado observaciones sobre el control y transparencia de los recursos del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, dentro del cual se encuentra el Fondo Metropolitano.

Al respecto, por ejemplo, la A Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, realizó algunas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que exista un mejor control del Ramo 23: “El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno (del Ramo 23) tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, se lee en el reporte

De igual manera, la pasada Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en el marco de contar con información precisa para emitir su opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, expresó su inquietud por saber los motivos por los que no se habían ejercido los recursos del Fondo Metropolitano y en carta enviada al titular de la Unidad de Evaluación y Control Presupuestal de la SHCP, solicitó información sobre las zonas metropolitanas que entregaron proyectos para el ejercicio del Fondo, qué tipo de proyectos y bajo qué criterios fueron aprobados o rechazados, así como cuántos han sido pagados y en qué fecha.

El 11 de octubre del presente año, se llevó a cabo Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, que con orgullo presido, durante la cual diversos diputados integrantes hicieron del conocimiento el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del otorgamiento de dichos recursos a diversos municipios integrantes de Zonas Metropolitanas, por lo que en dicha sesión, se acordó la presentación de Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución ante el Pleno de esta H, Cámara de Diputados, mediante el cual se solicite a dicha Secretaría, el cumplimiento inmediato de la entrega de recursos de dicho Fondo Metropolitano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta en tanto haya estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sida es una enfermedad que se origina por la destrucción progresiva del sistema inmunitario provocada por un virus llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Para reproducirse, este virus ataca el sistema inmunitario, que es el método de defensa del organismo contra las agresiones externas de virus, bacterias, hongos microscópicos y parásitos. Cuando una cantidad importante de células del sistema inmunitario (llamadas CD4) han sido destruidas, las defensas se encuentran debilitadas. El riesgo de una infección oportunista es entonces muy elevado; cuando se produce se dice que la persona tiene sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y su salud está seriamente comprometida.

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) la población de 15 a 34 años es la más infectada por este virus, actualmente 144 mil 223 mexicanos padecen la infección, de los cuales 76 mil 10 ya desarrollaron el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida) y 68 mil 213 adicionales son portadores de esta infección.

Actualmente las combinaciones de medicamentos consiguen en muchos casos reducir el número de copias de VIH a valores mínimos. Esto permite a muchas personas comenzar una recuperación del sistema inmunitario lenta pero constante y librarse de los efectos o riesgos de sufrir infecciones oportunistas, aunque de momento no consiguen erradicar el virus del todo.

Los tratamientos específicos contra el VIH se denominan Tratamientos Antirretrovirales. Estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células infectadas.

La realidad de vivir con VIH en el presente es muy distinta a lo que era años atrás. Hoy existe un tratamiento con alta eficacia, que puede controlar el virus. En México estos tratamientos tienen una cobertura universal, lo que quiere decir, que sin importar que tengas los recursos económicos o no, puedes tener acceso a ellos.

En fechas recientes, el Consejo de Salubridad General incluyó en su cuadro básico una actualización de medicamentos, donde integró un sustituto terapéutico de un retroviral que puede ser contraproducente para los pacientes con VIH.

Se trata de Tenofovir, un antirretroviral de los más básicos entre las combinaciones que integran el arsenal terapéutico para VIH. Es una molécula cuya marca original Truvada es de la farmacéutica estadunidense Gilead Sciences –comercializada en México por Stendhal. Es una terapia que aún goza de exclusividad de venta por protección de patente, y por tanto de precio elevado. En farmacias Truvada se vende a más de 9,000 pesos la caja con 30 tabletas.

Seguramente el sector público la obtiene a mejor precio por volumen de compra, pero no es de dudarse que en ese esfuerzo por generar ahorros y presionar a las empresas para reducir el precio es que se buscan alternativas más económicas. Así se explicaría la introducción por parte del CSG de un nuevo genérico en la misma clave del medicamento original.

El problema, y es donde está el disgusto y la inconformidad, es que no se trata de un genérico con la misma fórmula biocomparable respecto del medicamento de referencia. Más bien es un sustituto terapéutico con diferente composición. El CSG está poniendo en la misma clave al Tenofovir Disoproxil Fumarato y al Tenofovir Disoprovil Succinato.

Resulta que las palabras Fumarato y Succinato significan dos composiciones distintas y, conforme los farmacólogos, dichas diferencias no son cualquier cosa; para que el Succinato tenga una absorción equivalente al Fumarato, el paciente requiere una dieta alta en lípidos (grasas) y aparte puede derivar en daño renal. Ello se lo hizo ver la Cofepris a la Secretaría de Salud, específicamente a la comisión negociadora de medicamentos de fuente única, remarcándole el riesgo de que a largo plazo el paciente derive en problemas cardiovasculares. Es decir, literalmente, puede salir más caro el remedio que la enfermedad.1

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Salubridad General a hacer públicas las evidencias científicas respecto a la eficacia del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, así como los efectos adversos que podrían tener en los pacientes.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, hasta en tanto existan estudios que determinen los efectos adversos que puedan producir en los pacientes en un corto, mediano y largo plazo.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dudas-sobre-antirretrovirales-d el-cuadro-basico—20180327-0094.html

Dado en la Cámara de Diputados a 31 de octubre de 2018.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir declaratoria de desastre respecto a diversos municipios nayaritas afectados por el huracán Willa, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El martes 23 de octubre de 2018, el huracán Willa tocó tierras nayaritas, con intensas lluvias, que provocaron el desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro. Los municipios que están a su paso fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Hasta el momento, según cifras de medios locales, se tienen 180 mil damnificados;1 de ellos, aproximadamente 100 mil registran pérdidas totales en su patrimonio. La noche del martes 23 de octubre hubo gente que permaneció por más de 10 horas arriba de los puentes, sin imaginar que al amanecer la fuerza de la naturaleza habría desaparecido los ejidos.

Las personas necesitan con urgencia una serie de víveres no precederos, como agua, comida y medicinas.

Ante la emergencia y lo devastador del huracán, la población nayarita se encuentra en una situación precaria con miles de pérdidas materiales. Por ello se requieren albergues temporales para resguardar la integridad de la población afectada en lo que se reconstruyen sus viviendas.

Pese al apoyo otorgado por otras entidades y por el propio estado, el gobierno federal deberá declarar a los municipios afectados como zona de desastre para poder acceder al Fondo de Desastres Naturales para mitigar la emergencia y reconstruir los municipios afectados, pues las afectaciones por el huracán han superado la capacidad financiera de respuesta de las dependencias estatales.

Hoy, Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Santiago Ixcuintla están bajo el agua y otros más en el lodo. El gobierno de Nayarit señaló que ha cumplido todas las formalidades para la declaratoria de desastre natural ante las instancias competentes, para así poder obtener los apoyos derivados de la misma, pues manifiesta “que su capacidad financiera y operativa para poder atender la contingencia ha sido rebasada”.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que continúan apoyando en la reconstrucción de las zonas afectadas y el traslado de ayuda: “Hemos entrado en la mayoría de las poblaciones afectadas, pero algunas todavía están aisladas”.

Señaló, además, que no tienen cuantificado el número preciso de personas aisladas tras el paso de Willa, pues hay comunidades pequeñas, de entre 300 y 400 habitantes.2

Protección Civil señala que como en ciertos lugares no ha terminado de bajar el agua, no ha podido ingresar para realizar la evaluación de los daños y las cuantificaciones.

Es imperioso que se refuercen las acciones implantadas por los gobiernos estatal y municipal, además de que se sume el federal. Se sabe que ahí redes de doctores que están ayudando voluntariamente, pero el nivel de la emergencia amerita que los tres órdenes de gobierno abran puentes de ayuda, como lanchas para rescate y traslado de personas.

Desafortunadamente, como hemos señalado, no se puede llegar a todos los lugares afectados por los daños en los caminos y carreteras, en este sentido, solicitamos la implementación de puentes aéreos para el traslado de ayuda, nadie garantiza que ya no esté gente atrapada.

Aunado a lo anterior, las aguas estancadas y el lodazal permiten el desarrollo de plagas de mosquitos que propagan muchas enfermedades como el dengue.

Por lo anterior resulta necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir para Nayarit la declaratoria de zona de desastre.

Por todo lo expuesto y fundado se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a emitir a través de la Secretaría de Gobernación, y en el menor plazo posible, la declaratoria de desastre en términos de las facultades que le confiere la ley, a efecto de mitigar los daños e iniciar el proceso de reconstrucción ante los efectos destructivos del huracán Willa en Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Santiago Ixcuintla, asignando los recursos necesarios para enfrentar el desastre ocurrido en Nayarit.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al secretario de la Defensa Nacional a fortalecer la ejecución del Plan DN-III en Nayarit por desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro; y, a su vez, dictar instrucciones a efecto de concretar el establecimiento de un puente aéreo que permita atender la emergencia por la falta de movilidad terrestre.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Protección Civil de Nayarit a implantar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la población afectada por el paso del huracán Willa y, al mismo tiempo, generar albergues temporales para las familias que han visto afectadas sus viviendas por los efectos de este fenómeno.

Notas

1 Méndez, K. (2018). “Profeco realiza operativo en Nayarit por precio elevado del huevo”, 29 de octubre de 2018, de Excélsior sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/profeco-realiza-operativo-en-naya rit-por-precio-elevado-del-huevo/1274721?no_mobile=true

2 Animal Político (2018). “Nayarit bajo el lodo: Willa deja 150 mil damnificados; autoridades piden declarar emergencia”, 29 de octubre de 2018, de Animal Político sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/10/nayarit-willa-damnificados-emerg encia/

Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2018.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE y la ASEA a garantizar la protección del ambiente de quienes expenden hidrocarburos al público, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un México muy distinto al que recibimos hace cinco años, el trabajo conjunto que hemos realizado las diferentes fuerzas políticas del país y los Poderes de la Unión, ha traído como consecuencia una nación en movimiento; hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demandaba varias décadas atrás. Logramos materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos era prácticamente imposible, las cuales transitaron debido a la confianza y nacionalismo de los partidos aquí representados.

El sector energético nacional fue participe y objeto de estas reformas estructurales, resulta estratégico dentro de nuestro proyecto de nación seguir impulsando su crecimiento ante la nueva apertura, generando confianza en la inversión y certeza para el establecimiento de nueva infraestructura, impulsando la diversificación energética nacional, además de llevar a las familias energía más barata, sustentable y segura.

El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representado económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. No obstante, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios por parte del Poder Ejecutivo Federal, en este rubro ante esta tribuna fueron aprobadas las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo estos la Comisión Nacional de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependencias que han enfrentado un gran reto en la implementación de la reforma energética. Sin embargo, su actuar resulta importante para garantizar el éxito de esta reforma en varios de sus ámbitos, el económico, social y ambiental, estos dos últimos fundamentales en la percepción y materialización de la reforma dentro del país.

Particularmente la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene como misión, garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector de hidrocarburos.

Bajo su alcance, la propia agencia describe a su cargo, la seguridad industrial, operativa y protección ambiental.

La seguridad industrial se define como el área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar controlar y administrar los riesgos del sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquellas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al ambiente.

La seguridad operativa la define, como el área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y norma técnicas, administrativas y operativas, respeto de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento, auditorías, aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros en el sector.

Los últimos meses, diversos legisladores hemos recibido en este Congreso, inquietudes con respecto a preocupación o descontentos sociales vinculados al desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos, estoy seguro que varios de ustedes se sentirán identificados con esto, ciudadanos o grupos de ciudadanos que nos buscan por sentirse expuestos a riesgos por posibles accidentes al vivir cerca de gasolineras o gaseras, o por cómo se realizan las actividades de venta de gas estacionario en sus colonias; si bien los órganos reguladores encargados de esto se encuentran haciendo su trabajo, muestra de ello es la reciente publicación de las normas oficiales mexicanas: (27/07/2018) NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo; NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; y NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina, lo cierto es que no basta con contar con la reglamentación publicada, sino resulta fundamental su cumplimiento.

La ciudadanía requiere certeza de que las instalaciones de venta al público de petróleo y derivados del petróleo, son seguras y cumplen con todo lo determinado por la ley, ello les brinda certeza y seguridad. Múltiples han sido las manifestaciones y reclamos por la estación de gasolineras y gaseras, los reclamos van desde estados como Aguascalientes, hasta Yucatán, Jalisco y el Estado de México, así también hace algunos años, instalaciones de este tipo fueron presa de afectaciones propiciadas por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco, el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental, resulta relevante para el Estado y la ciudadanía.

La propia ASEA en su Guía General para estaciones de servicio de diésel y gasolina, publicada en su página oficial establece que:

El 7 de noviembre de 2016, ASEA publicó en el DOF la NOM-005-ASEA-2016 con el objetivo de brindar certidumbre jurídica al sector, estableciendo las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que deben cumplir todas las estaciones de servicio de diésel y gasolina en cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, el 14 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial la NOM-EM-002-ASEA-2016 para establecer los métodos de prueba y parámetros para la operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas ya instalados en las estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas.

No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice que la propia dependencia ha establecido un programa de cumplimiento de estas instalaciones con la normatividad y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplirán este año. Lo cual genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre. Se sabe que al amparo del Artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos el incumplimiento con estas normas puede derivar en la revocación de los permisos de expendio otorgados a estas instalaciones por la Comisión Reguladora de Energía con la participación de la Agencia, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar al estado y la ciudadanía en general la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras y gaseras que operan en México.

Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que quienes realizan actividades del sector hidrocarburos en México, particularmente las actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, cumplan con todas las medidas de seguridad y protección al medio ambiente durante su ciclo de vida incluyendo la etapa de operación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente las medidas regulatorias y de cumplimiento que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente de quienes realizan actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos, particularmente su operación. Así como también, cómo se hará exigible su cumplimiento año con año, generando una estadística de avance de cumplimiento en este rubro dentro del sector hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con los permisos emitidos para tal efecto por la Comisión Reguladora de Energía.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que las estaciones de expendio al público de petróleo y petrolíferos cumplan cada año, sin excepción, con lo establecido por la NOM-006-ASEA-2017, la NOM-005-ASEA-2016 y la NOM-EM-001-ASEA-2015, e informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente su cumplimiento en cada caso, en materia de seguridad y protección al medio ambiente dentro de sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. En caso de que no cumplan con dichas medidas, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de los permisos de expendio otorgados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente a cuántas estaciones se les ha aplicado la revocación de los permisos de expendio, cuantas estaciones de servicio para el expendio al público de diésel y gasolina han presentado ante esa Agencia los dictámenes de operación y mantenimiento señalados en las NOM-006-ASEA-2017, NOM-005-ASEA-2016 y NOM-EM-001-ASEA-2015, durante los años, 2015, 2016, 2017 y 2018, estableciendo que porcentaje del total de los sujetos obligados han cumplido en la entrega por cada año y determinando como autoridad cuales han sido las acciones realizadas para exigir a los obligados el cumplimiento de dicha obligación, señalando las áreas, los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputados: Arturo Escobar y Vega y Francisco (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Nartínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez y Jesús Carlos Vidal Peniche.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al mandatario electo a retirar la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y demás relativos al Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado viernes 26 de octubre del presente, quien ha sido mencionado como el próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer los nombres de los mandatarios que visitarían nuestro país en el marco de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los mandatarios que se señaló aceptaron la invitación y asistirán el próximo primero de diciembre, se encuentra Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello ha desatado la indignación de diversos sectores de la sociedad mexicana debido a la situación en la que el mandatario venezolano tiene a su país, sus acciones en contra de sus adversarios políticos y de las instituciones democráticas, la violencia y presos políticos, la falta de alimentos y medicinas y la migración a gran escala.

Esta situación ha sido ampliamente difundida por la propia sociedad venezolana mediante testimonios, imágenes y videos y por extensos reportajes de diversos medios de comunicación.

No son solamente las acciones que Nicolás Maduro ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos lo que ha despertado el malestar de las sociedades mexicana y venezolana, son también las repetidas acusaciones sin fundamentos que el señor Maduro ha hecho en contra de México, incluidas las de un supuesta intervención del gobierno mexicano en asuntos de política interior de Venezuela.

La más reciente de dichas acusaciones fue cuando, a más de un mes de lo ocurrido, el gobierno de Venezuela señaló a México, Colombia y Chile de participar en el atentado del 4 de agosto de 2018 durante el evento que conmemoraba el 81° Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de Nicolás Maduro.

Además implicó a nuestro país, a Chile y Colombia de colaborar con los supuestos responsables, directamente de facilitar su escape.

No solo no se aportaron evidencias de las acusaciones hechas, salvo testimonios de los cuales no hay certeza, se ha insistido en esta acusación sin fundamentos y se llevó a Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General.

México ha sido un país que se manifiesta a favor de la democracia y de acercarnos y tener relaciones con distintos países en todo el mundo.

La diplomacia mexicana no basa sus relaciones en rumores u opiniones de terceros y cuando adopta una postura se cuenta con los fundamentos e información para sustentarla.

Por ello es que México forma parte del Grupo de Lima, por el conocimiento que se tiene del tema y porque dicho grupo defiende la vía democrática y el dialogo, postura clave en la forma que México lleva a cabo su política exterior y que es parte de los principios plasmados en la Constitución.

No podemos dejar a un lado las posturas y acciones de la dictadura de Nicolás Maduro.

El pasar por alto todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es aceptarlo, nos hace cómplices de un régimen que tiene acusaciones serias de que ha violado derechos humanos.

No podemos minimizar los testimonios de los y las venezolanos que han vivido la crisis venezolana; su valentía no puede ser minimizada, ni ignorada.

Una persona que sin fundamentos acusa a nuestro país de intervencionista y de planear atentados en contra de la vida de una persona no es bienvenida.

Esta Soberanía al ser depositaria de la representación nacional y del estado de Derecho, debe ser extremadamente cuidadosa de los visitantes distinguidos que acuden a ella.

Es por ello que no podemos permitir que un Jefe de Estado que ha acusado a México de intervenir en un supuesto complot en su contra, además de ser un violador de los derechos humanos y generador de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, acuda a este Recinto.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Presidente Electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación extendida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre de 2018.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR y las autoridades competentes de QR a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal de El Altiplano a una cárcel municipal, suscrita por las diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briceño Zuloaga e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, Marian Wendy Briceño Zuloaga, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, los cuales se solicita que se consideren de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El abuso sexual contra menores, la pornografía infantil y la explotación sexual comercial infantil son delitos abominables, que lesionan directa e inmediatamente a sus víctimas, dejándoles secuelas imborrables.

México, en materia de trata de personas con propósitos de explotación sexual, es país de origen, tránsito y destino de víctimas.

Uno de los casos más sonados que ilustran lo anterior es el de Jean Thouma Hannah Succar Kuri, protagonista del caso de pederastia y explotación sexual infantil más conocido de México y sentenciado por los delitos de pornografía infantil, abuso sexual infantil y violación de menores, quien fue acusado de pederastia en Cancún y Estados Unidos a partir de la denuncia hecha por las víctimas, por lo que en octubre del 2013 la PGJE en Quintana Roo giró un orden de aprehensión contra el pederasta.

Pese a ser un pederasta confeso y contarse con grabaciones, fotografías de los menores, videos, en México y en el extranjero, y de los cuales existe una sentencia condenatoria a 112 años de prisión, aún hay causas pendientes y procesos que parecen interminables para las víctimas.

El 5 de febrero de 2004 fue detenido en Chandler por una petición de la Fiscalía General y la Interpol, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición, el 15 de Julio de 2006 fue extraditado a México donde el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Quintana Roo lo condenó a 13 años, 1 mes y 15 días de prisión y ordenó su traslado a la cárcel municipal de Cancún, por considerar que no era de alta peligrosidad.

El sentenciado manifestó en una entrevista televisiva que la pederastia no pasa de ser una debilidad humana que no amerita “tanto ruido ni escándalo”, “a mí tráeme una niña de cuatro años y me derrito. No es ni la primera vez ni la última, eso pasa toda la vida”. Sostuvo que en cada acto sexual contó con el consentimiento de las víctimas y por tanto “Nunca he violado a nadie, nunca le he faltado al respeto a nadie...” y que las relaciones sexuales que sostuvo con jovencitas “eran secundarias, pues llevaban un trato como de padre a hijas”.

Por ese tipo de comentarios sabemos que el sentenciado debe permanecer en una cárcel que cuente con las medidas necesarias para garantizar se lleve a cabo su condena sin riesgos de fuga.

La PGR impugnó la sentencia, y se logró que el Tribunal Unitario de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, le impusiera 112 años y seis meses de prisión, a pagar casi 2.5 millones de pesos por reparación del daño de las víctimas. Debido a que la PGR nunca incautó los bienes al sentenciado, la reparación del daño nunca se pudo llevar a cabo.

Por considerarlo reo de muy alta peligrosidad, fue trasladado al centro federal de readaptación social número 1, El Altiplano, penal de alta seguridad de Almoloya, México, donde hasta ahora ha permanecido.

En septiembre del año pasado, la defensa del reo interpuso dos amparos: uno contra la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y otro contra el penal de El Altiplano. El primero se sobreseyó, pero a principios de junio el Juzgado Cuarto de Distrito, radicado en Cancún Quintana Roo, mediante un proceso desarrollado en el mayor sigilo y sin dar aviso a las víctimas, resolvió el amparo indirecto 1306/2017, interpuesto contra el mencionado centro penitenciario, que autoriza el traslado del sentenciado Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.

El Ministerio Público Federal, a petición de una víctima, presentó el recurso de revisión contra la sentencia del amparo indirecto, ya que no es posible que un reo de alta peligrosidad sea trasladado a la cárcel municipal de Cancún.

Sin embargo, el jueves 20 de septiembre en la sesión realizada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito en Quintana Roo, del amparo en revisión; con número de expediente 333/2018, con un voto en contra del magistrado presidente del tribunal, y dos votos a favor, fue que decidieron confirmar al amparo indirecto al recluso, a efecto de que este sea trasladado de nuevo del penal de El Altiplano a la cárcel municipal de Cancún.

Por lo fundado y motivado, quienes suscriben someten a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la Republica a que en el ejercicio de sus funciones, de manera urgente utilice todos medios legales a su alcance para impugnar la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito radicado en Cancún, Quintana Roo, sobre el amparo directo 1306/2017, interpuesto contra el penal federal de El Altiplano, que autoriza el traslado de Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Quintana Roo a que, antes de proceder al traslado del reo de alta peligrosidad Jean Thouma Hannah Succar Kuri a la cárcel municipal de Cancún, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de la víctimas; particularmente se exhorta a que se les brinden agentes de seguridad y se garantice la integridad de las víctimas, quienes han sufrido severas amenazas de muerte por el sentenciado.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que se redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente electo a hacer de conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que planea construir en Dos Bocas, Tabasco, garantizar el estado de derecho, considerar la opinión de los expertos en la materia y realizar un ejercicio de consulta pública imparcial, objetivo y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la campaña política, el ahora presidente electo planteó rehabilitar seis refinerías y construir dos nuevas, entre ellas la de Atasta, Campeche, y en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Posteriormente, ya como presidente electo, anunció la construcción solo de la segunda.

Aún se desconocen con precisión los costos de la obra, el inicio de los procedimientos de licitación y las empresas contratadas con este objetivo. Se desconoce la titularidad de los predios en donde se edificará, ya que, a decir del gobernador electo de Tabasco, las inversiones se desarrollarán en el puerto de Dos Bocas, polígono en donde el actual gobierno federal decidió instalar la zona económica especial en Centla, Paraíso, Cunduacán, Comalcalco y Cárdenas.

Se ha dicho sin ningún tipo de sustento técnico, que esta nueva refinería aportaría entre 300 mil y 400 mil barriles diarios, y se espera que los trabajos se desarrollen en por lo menos cuatro años con un gasto que superaría los 6 mil millones de dólares.

La construcción de infraestructura petrolera es fundamental para el desarrollo del sector y el crecimiento económico de México, sin embargo, tratándose de un tema técnico, deben seguirse los criterios de especialistas en la materia y realizarse diversos estudios e investigaciones que determinen la viabilidad de los proyectos y la idoneidad del lugar donde se ubicará.

Es necesario tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos, así como criterios de carácter técnico, de otro modo se corre el riesgo de derrochar recursos, causar daños en el entorno o no obtener los beneficios esperados. Las decisiones en materia de infraestructura deben hacerse desde una perspectiva de política pública y objetivamente, no con base en posturas políticas o ideológicas.

La construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, antes de todo empecinamiento o capricho político, requiere de elementos técnicos y procedimientos administrativos que se deben cumplir para conocer la viabilidad del proyecto.

Requiere un estudio de impacto ambiental, de factibilidad y análisis de suelo, un análisis costo-beneficio, aunado a un proyecto ejecutivo que, por tratarse de una obra de infraestructura, se deben observar las disposiciones relativas al registro de nuevos programas y proyectos de inversión, para que cuente con una clave de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión.

Lo anterior, a efecto de que se pueda prever la disponibilidad presupuestaria para esta obra de infraestructura en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.

Pese a ello, aún hay diversos aspectos que permanecen en la opacidad. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental, de factibilidad y análisis de suelo que requieren su tiempo para determinar la viabilidad de una obra de infraestructura?

Sin estos elementos, no se puede elaborar un proyecto ejecutivo y, por ende, no se le puede asignar recursos presupuestales porque se estaría violando diversas normas en materia ambiental, de construcción y de responsabilidad hacienda que tendría consecuencias de responsabilidad administrativa y penales.

Debido a la mala planeación según expertos en la materia, esta obra generará problemas de ordenamiento territorial, dificultad para atender las necesidades de los trabajadores y congestión en la zona, ya que no cuenta con la infraestructura y los servicios básicos para las nuevas necesidades, es decir, provocaría problemáticas adicionales para la población.

Este proyecto va a generar impactos ecológicos en los predios que actualmente son utilizados para fines rurales y agropecuarios, ya que, con la construcción de esta nueva refinería, pasarán a ser de vocación industrial.

Violentando la normatividad federal en materia de obras públicas, el pasado 26 de septiembre el Congreso del Estado de Tabasco aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para no hacer licitaciones públicas cuando se trate de proyectos de desarrollo.

Al respecto, la Comisión Federal de Competencia Económica indicó que de entrar en vigor la reforma “se afectaría de manera grave el proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas en dicha entidad, [...] amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público” (https://www.cofece.mx/el-decreto-que-reforma-las-leyes-de-obras-public as-y-adquisiciones-de-tabasco-violenta-los-principios-constitucionales- de-libre-competencia-cofece/).

Señala que las licitaciones públicas son el medio idóneo para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la contratación de obras, bienes y servicios. Así lo establecen las leyes vigentes de obras y de adquisiciones de Tabasco, en línea con lo que mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Alertó que al descartar el uso de métodos competidos en las contrataciones se favorece la contratación de empresas poco eficientes, comprometiendo la permanencia de competidores capaces de ofrecer mejores alternativas de calidad y precio a las instituciones públicas, distorsionando con ello el mercado con daños que van más allá de un solo proceso de contratación pública.

Finalmente, resulta fundamental recoger la opinión de los ciudadanos, ya que es una obra de impacto nacional, que puede afectar las finanzas públicas y el desarrollo del país.

La creación de empleos y la derrama económica derivados de este tipo de proyectos son elementos importantes, sin embargo, también deben considerarse los elementos que afectan la vida diaria de las comunidades, como el desabasto de agua, contaminación, pérdida del hábitat, medidas de seguridad, la situación legal de los terrenos donde se construirán, entre otros.

En este sentido, con el objetivo de garantizar el bienestar de las comunidades afectadas, es necesario tomar en cuenta sus opiniones, por lo que los proyectos planeados deben ser sometidos a una consulta en aras de la participación ciudadana y el desarrollo de nuestra democracia.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente electo para que haga de conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que planea construir en Dos Bocas, Tabasco, garantice el estado de derecho, considere la opinión de los expertos en la materia y realice un ejercicio de consulta pública imparcial, objetivo y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Segob un protocolo para garantizar los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados o separados nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Javier Castañeda Pomposo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 79, numeral 2, fracción III y VI; 113 y 139, fracción II Del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de que gire instrucciones inmediatas al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, para que con base en las atribuciones y facultades a ella conferidas: establezca un protocolo para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales de los que México es parte. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha del 23 de octubre de 2018 esta honorable Cámara de Diputados aprobó a petición de la Junta de Coordinación Política, un punto de acuerdo que en su segundo numeral exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños, que, solos o acompañados, forman parte de la caravana migrante, y a que se respete, proteja y garantice el interés superior del menor.

Aunado a esto la presente proposición de punto de acuerdo que me permito presentar, es con la finalidad de que se integre una coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal es decir la Secretaria de Gobernación (Segob), Secretaría Desarrollo Social (Sedesol) el Instituto Nacional de Migración (Inami), las direcciones estatales del migrante en los estados fronterizos y los Sistemas Nacional, estatales y municipales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), gobiernos de los estados y gobiernos municipales, para implementar medidas especiales de protección de los derechos humanos de aproximadamente más de mil quinientos niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados que integran la caravana migrante, provenientes en su mayoría del país de Honduras.

Es de vital importancia que se respeten los derechos a que son sujetos las niñas, niños y adolescentes, que establece nuestra Constitución y la ley general de la materia, siendo el caso de que actualmente recorre por nuestro país una caravana de personas en contexto de migración provenientes de Centroamérica y en ella participan niñas, niños y adolescentes.

Actualmente en nuestro país no está integrado un protocolo de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para implementar medidas especiales de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, desplazados por la situación económica de sus países, violencia, crimen organizado y amenazas.

Siendo el caso de que estas autoridades deben adoptar medidas de protección para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Las autoridades de estos tres los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

Al Instituto Nacional de Migración le corresponde determinar la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, y el Sistema Nacional DIF o sistemas de las entidades, según corresponda, deberán brindar la protección que prevé la ley general de la materia y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez es una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.

Las autoridades responsables y competentes deberán coordinarse para observar y evaluar los procedimientos de atención y protección especial de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo ser primordial observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

Los tres niveles de gobierno en coordinación conjunta, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente adoptarán las medidas correspondientes para la protección de sus derechos humanos, y en consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, debiendo tomar en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad.

Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, estatales y municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que, si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de la niñez.

Debiéndose establecer medidas que garanticen los derechos humanos en los casos siguientes: devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En los casos de que los sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar medidas de protección especial.

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial.

El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles y por lo tanto se reconoce a los niños, niñas y adolescentes (NANA) como personas titulares de derechos y obligaciones sin distinción de su condición socioeconómica, étnica, de religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento, edad o cualquier otra condición social propia o la de sus padres.

Los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la más reciente Convención sobre las Personas con Discapacidad enumeran una ingente cantidad de derechos que son también relevantes y plenamente aplicables para la protección de los derechos de las personas menores de 18 años.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales, y conforme al principio de igualdad y no discriminación, la protección de los derechos humanos y su ejercicio y goce corresponde a todos los seres humanos incluyendo las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna.

Sin embargo, ha sido necesario adoptar instrumentos vinculantes para reafirmar esa protección a grupos específicos de población atento a la persistente y sistemática violación de esos derechos sea por razones de edad, raciales, de género, o por tener alguna discapacidad.

La oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México ha trabajado intensamente, en colaboración con el gobierno de México, en la creación de políticas, medidas y acciones concretas encaminadas al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes tanto mexicanos como extranjeros.

La Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes es un foro de discusión sobre políticas y responsabilidades sobre los niños y niñas migrantes cuyo objetivo es crear mecanismos integrales de protección para los niños y niñas migrantes.

La mesa fue instalada el 30 de marzo de 2007 en México, por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y participan en ella la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre otras instituciones.

La mesa es coordinada por la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y se constituye como un órgano interinstitucional estratégico relativo a la situación de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y las mujeres migrantes. Su objetivo es evaluar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las medidas y niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres que entren o salgan del territorio nacional.

Desde el año 2001 hasta el año 2006 el DIF nacional y los DIF locales han establecido 23 albergues en la frontera norte que forman parte del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos; en éste último año atendieron a más de veinte mil niñas, niños y adolescentes mexicanos que fueron repatriados desde los Estados Unidos de América.

Estos albergues forman parte de una red que trabaja para garantizar los derechos de los niños migrantes no acompañados tanto en el momento de la repatriación como en el retorno a sus lugares de origen.

Entre las funciones generales de los albergues en la frontera norte relacionadas con los migrantes podemos mencionar las siguientes:

A) Reciben a los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados.

B) Les brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y vestido.

C) Buscan y localizan a sus familiares.

D) Entregan a los niños, niñas y adolescentes a los familiares que acrediten la filiación en el mismo alberge.

E) En el caso de que las familias de bajos recursos que no puedan trasladarse a los estados del norte para recoger a los niños, los alberges buscan financiamiento para enviarlos a sus lugares de origen y reunificarlos con sus familias.

F) Se canaliza a los niños a sus lugares de origen.

La red está compuesta por albergues públicos y privados. En la frontera norte 13 albergues son del sistema DIF, 4 del DIF y del Instituto Nacional de Migración, y 6 de organismos no gubernamentales participantes en el programa.

En la frontera sur está en funcionamiento un albergue en Tapachula, Chiapas, que atiende niños y niñas centroamericanos.

La elaboración de un protocolo de atención y protección a niñas, niños y adolescentes migrantes debe ser sustentado en los siguientes fundamentos jurídicos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en sus artículos 1, 4 y 11, la igualdad de derechos humanos que gozan todas las personas que se encuentran en territorio nacional y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno a la aplicación de tratados internacionales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 tiene entre uno de sus objetos reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando su protección independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

Que el artículo 2 de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establece como uno de los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, el del interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México.

Que el artículo 112 de la Ley de Migración, regula el procedimiento para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Que el artículo 89 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece, entre otras cosas, que en tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé la ley de referencia y demás disposiciones aplicables.

Que el artículo 90 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, determina que las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

Que adicionalmente, el artículo 106 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Instituto Nacional de Migración debe dar aviso inmediato a la Procuraduría federal cuando inicie un procedimiento administrativo migratorio que involucre a niñas niños o adolescentes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, a efecto de que esta última ejerza las atribuciones que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento le confieren.

La Procuraduría federal, por su parte, deberá en lo conducente, actuar conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Que el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012, establece que, para todas las decisiones relativas al tratamiento de niñas, niños o adolescentes por parte de la autoridad migratoria, debe prevalecer el interés superior de la niñez.

Que el artículo 105 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que el Instituto Nacional de Migración en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, debe emitir un protocolo para asegurar que los procedimientos administrativos migratorios que involucren a niñas, niños y adolescentes respeten los principios y derechos que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se privilegie el interés superior de la niñez.

Que en cumplimiento a dicho mandato, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, actuó coordinadamente con este instituto para emitir un protocolo.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece en la meta nacional México con Responsabilidad Global, como línea de acción en la estrategia 5.4.4 el diseño y ejecución de programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores.

Que el Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, establece en su estrategia 1.2 promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio, así como en su línea de acción 1.2.9 generar mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención integral a niñas, niños y adolescentes repatriados y potencialmente migrantes, y

Que en todas las decisiones y actuaciones el Estado mexicano velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, como lo son entre otros la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, guiando el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto se solicita a esta honorable asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición con punto de acuerdo económico sea discutida y aprobada en esta misma sesión, por ser ésta de urgente u obvia resolución y bajo el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de que gire instrucciones inmediatas al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, para que con base en las atribuciones y facultades a ella conferidas: establezca un protocolo para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana que actualmente transitan en caravana en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)

Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica).

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la creciente violencia contra las mujeres en Guerrero, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en lo siguiente:

A siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que consagro el espectro de derechos fundamentales para todas las personas sin discriminación, estableciendo obligaciones para el Estado mexicano de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, es deber que desde el Poder Legislativo federal realicemos esfuerzos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones por las autoridades públicas en cumplimiento del mandato establecido por sufragio efectivo de nuestras y nuestros representados.

En el ámbito internacional, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos civiles y políticos serían fortalecidos de manera incluyente al señalar que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (artículo 21).

El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Planteamiento del problema y argumentos de la propuesta

En un estado como Guerrero en el que viven 1 millón 658 mil 536 habitantes, nueve municipios con 48.9 por ciento del total de la población estatal, están bajo una alerta de violencia de género contra las mujeres; en el que persiste en todo el territorio una creciente ola de feminicidios, mujeres desaparecidas, impunidad y falta de acceso de las mujeres a la justicia; las declaraciones del obispo instigan circunstancias que atentan contra la dignidad, seguridad, integridad y vida de las niñas y mujeres guerrerenses.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en una declaración pública realizada el miércoles 17 de octubre respecto a los recientes feminicidios ocurridos en el puerto de Acapulco, declara “honestamente lo voy a decir, ¿cuántas mujeres de estas, asesinadas, no andaban precisamente en misa, ni andaban en la catedral?”. Afirmó que “son las propias mujeres que son víctimas de la inseguridad y violencia, quienes tienen parte de la culpa de lo que les sucede” y que consideró que “no se trata de una situación que pueda considerarse como generalizada”, por lo que dijo que hay que estudiar casos como el de la oftalmóloga que fue asesinada en Acapulco.

De igual manera el sábado 20 de octubre, según registra la prensa, Salvador Rangel Mendoza declaró “también lo que dije fue que muchas mujeres están involucradas, por ejemplo, en narcotráfico, en la prostitución, sirven de halcones, mucha gente de estas (las mujeres) ahí es donde pierden la vida. Lo que quise decir es que en estos lugares no convenientes están las mujeres y en sarcasmo dije no precisamente están en misa, están de halconas, están en la prostitución o están en otras cosas y las asesinan”.

En consecuencia, y para garantizar los principios pro persona y los derechos de mujeres de Guerrero, propongo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, por ser el responsable de las relaciones con los distintos cultos religiosos a conminar a Salvador Rángel Mendoza, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, a que respete los derechos humanos de las mujeres, se abstenga de promover la violencia de género y se apegue al principio de laicidad del Estado mexicano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, a que garantice de manera puntual y expedita la seguridad de las mujeres que habitan el estado y atienda de manera inmediata la crisis de violencia de género que vive su estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputada Rocío Villarauz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto al mercado interno de leche, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche en México, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera . Que la administración del Poder Ejecutivo federal, que está por concluir su gestión a cargo del licenciado Enrique Peña Nieto, estableció como parte de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una meta nacional que se denominó “México Incluyente” y que uno de sus objetivos principales, fue el de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y como estrategia programática para darle cumplimiento a dicho objetivo, se planteó el aseguramiento de una alimentación y nutrición adecuada para los mexicanos. En particular para todos aquellos que se encontraran en condición de pobreza extrema o con carencia alimentaria severa.

En este contexto, se determinó la viabilidad de que el cumplimiento de dichos parámetros, podrían lograrse adecuadamente a través del Programa Sectorial de Desarrollo Social. Al respecto de esta premisa, se destacó de manera particular en el instrumento de referencia el loable objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales con las condiciones necesarias, para que pudieran potenciarse las capacidades de las personas en situación de pobreza.

Paralelamente, para lograr el cumplimiento de los rubros de referencia, se determinaron algunas acciones que deberían incidir positivamente en la población, procurando finalmente el mejoramiento efectivo de su alimentación, su salud y su educación. De forma complementaria se definió la oportunidad de dotar a esta capa de la población, de las facilidades necesarias para que pudiera contar con el adecuado acceso a una alimentación nutritiva.

Así se determinó que una de las mejores maneras de contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación y al abatimiento de la desnutrición para el óptimo desarrollo humano de quienes se encuentran por debajo de la línea de bienestar, se daría mediante la dotación de leche con alto valor nutricional, garantizando como actividad subsecuente el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada, pero a partir de un precio preferencial.

Para lograr este fin, se delinearon además acciones encaminadas a satisfacer el aseguramiento de la suficiencia de leche en sus diferentes modalidades de atención, propiciando mecanismos adecuados para su utilización biológica e implementando de forma paralela cursos alternativos de acción, orientados a elevar la eficiencia de los servicios de apoyo administrativo. Esto último con el afán de lograr una efectiva contribución al logro de los objetivos propuestos.

Segunda. Que en su oportunidad, se ha cumplido con la disposición determinada por el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de que la Cámara de Diputados podrá señalar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, mismo que deberán sujetarse además a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los criterios generales sobre los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Tercera. Que también se han atendido las disposiciones correspondientes, dirigidas a que en los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social, –entre ellos el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV–, se orienten exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva de calidad, la generación de empleo e ingreso, el autoempleo y la capacitación; la protección social y programas asistenciales para el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía. Todo esto conforme a lo que establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, donde deben tomarse en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.1

Cuarta . Que para dar cumplimiento a todo lo anterior, se definió que sería la empresa social de participación estatal mayoritaria del gobierno de la República, Liconsa, SA de CV –cuyo antecedente fundacional data del año de 1949, bajo el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho– que como parte de los programas de abasto social, bajo distintas siglas y características y mediante los auspicios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debiera direccionar su función a industrializar y comercializar leche de buena calidad a precios accesibles; todo esto para contribuir a la alimentación, nutrición, desarrollo físico y mejoramiento de calidad de vida de las clases más necesitadas; que por supuesto se encontraran por debajo de la línea de bienestar.

Quinta. Que el Programa de Abasto Social de Leche –PASL– vende a sus beneficiarios, a un precio subsidiado, leche líquida y en polvo fortificada con vitaminas y minerales. Que éste opera mediante la modalidad de abasto comunitario y que está dirigido a familias y personas por debajo de la línea de bienestar, que reciben la leche en lecherías y tiendas Diconsa y la modalidad de convenios con actores sociales, que recogen la leche en los centros de trabajo de Liconsa y se encargan de entregarla a terceras personas beneficiarias.2

Sexta . Que dicho programa se maneja a través de una cobertura nacional, aunque sus reglas de operación señalan con toda claridad que la cobertura de la modalidad por convenio con los actores sociales participantes, no podrá rebasar 4 por ciento del total del padrón de sus beneficiarios.

Así pues, las acciones de referencia consistirán básicamente en suministrar leche fortificada con vitaminas y minerales, a un precio por debajo del mercado con el objeto de atender a millones de beneficiarios, entre los que debieran encontrarse:

1. Grupos de población de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.

2. Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años.

3. Enfermos crónicos y personas con discapacidad.

4. Mujeres en período de gestación o lactancia.

5. Mujeres de 45 a 59 años y

6. Adultos mayores de 60 y más.

Séptima. Que el programa debiera cumplir con las metas de atender de manera suficiente y oportuna a la población beneficiaría y que debiera considerarse la producción y distribución suficiente. Al respecto se estimó que dicha población beneficiaria, generaría un ahorro calculado en aproximadamente 67.1 por ciento, con respecto del precio de las leches comerciales equivalentes.

Octava . Que asimismo y con el propósito de apoyar a los pequeños y medianos productores nacionales y asegurar un amplio margen respecto de la obtención de la materia prima para la producción de la leche del Programa de Abasto Social, se contaría con el Programa de Adquisición de Leche Nacional, que debiera comprar la leche necesaria para satisfacer las necesidades de la población objetivo.

Además sobresale que se diseñaron los instrumentos de políticas públicas necesarios para comprar varias toneladas métricas de leche en polvo de importación y que éstas serían complementarias respecto de las compras de leche de origen nacional. Todo lo anterior con el propósito de asegurar la industrialización de los productos de abasto social y la generación de recursos complementarios.

Novena. Que como antecedentes recientes de la fijación del precio de la leche para el consumidor, se observa, que para el Abasto Social en 2015, se ajustó el precio de la leche Liconsa quedando en 5.50 pesos por litro a partir del 24 de julio, con excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en los que se mantuvo en 4.50 pesos por litro a nivel nacional.

Que fue posteriormente en el mes de diciembre de 2016, cuando los beneficiarios del programa obtuvieron un ahorro de 10.80 pesos por litro adquirido, con excepción de los estados señalados en los que el ahorro fue de 11.80 pesos.

Así pues, la empresa paraestatal de referencia, ha señalado que fue a partir de mayo y hasta diciembre de 2016, cuando en 151 municipios que presentaron nivel de desarrollo humano bajo, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, donde se estableció como precio de venta el de 1.00 pesos por litro de leche con el objeto de apoyar a las familias beneficiarias para incrementar su consumo.

Además aclaró Liconsa en su oportunidad, que la política de descuentos con precio diferenciado de 1.00 pesos por litro de leche del programa de abasto social en 151 municipios, continuaría hasta el 30 de abril y se ampliaría hasta 300 municipios con índice de desarrollo humano bajo, a partir del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017.

En consecuencia se destaca en esta proposición con punto de acuerdo, que el honorable consejo de administración de la propia paraestatal, en su sesión ordinaria 346, celebrada el 5 de diciembre de 2017, mediante el acuerdo 43/XII/17, aprobó que se continuaría instrumentando para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, la política de descuentos que debiera resultar en un precio de venta de 1.00 peso por litro de leche, ampliándose además la cobertura hasta 400 municipios con el mismo índice de desarrollo humano.

Décima. Que de manera análoga a las anteriores aplicaciones de políticas públicas, las organizaciones lecheras nacionales en el ámbito de su entorno de producción y comercialización, externaron de manera enérgica su inconformidad, toda vez que argumentaron en diversos foros y oportunidades que durante las últimas décadas han estado atravesando por una reiterada problemática con respecto de la fijación del precio del litro de leche en el país. Situación que se ha visto agravada por la constante elevación de costos de producción, sobre todo en los precios de forrajes, del diésel, de la gasolina, del gas y de otras materias primas que deber ser importadas, puesto que no se localizan como parte de productos nacionales.

Aunado todo esto a la devaluación del peso respecto del dólar y a la fragilidad del sector al permitir la importación de sueros y polvos de leche –a precios que además podrían ser aún más bajos de los que se consiguen– en sustitución de la leche fresca, natural y nutritiva que brindan al público los productores nacionales.

Además han sostenido las organizaciones de referencia que llevan mucho tiempo denunciando que algunas empresas logran poner de acuerdo al sector para que se les aplique un precio bajo de compra y que paralelamente determinan un precio mucho más alto para la venta al público y que esta situación la padecen miles de productores nacionales que no son socios de ninguna planta de captación y procesamiento de leche.

En este sentido argumentan que se han visto afectados enormemente por este tipo de prácticas comerciales injustas.

Undécima . Que además es de todos conocido que en nuestro país la obtención de diversos productos del sector primario, se genera a partir de muy variadas maneras y que éstas inciden de forma decisiva en el incremento de su precio final. Tal es el caso del rubro de la tecnología que se utiliza en sus procesos productivos; donde muchas veces algunas micro y pequeñas empresas del gremio, se ven en una marcada situación de desventaja en relación a la competitividad que muestran otro tipo de empresas que sí tienen facilidades al respecto.

Aunado esto a otro tipo de elementos, como los que tienen que ver con el escaso financiamiento; es decir, que para lograr procesos productivos más adecuados muchas veces se necesitan de apoyos financieros adicionales que les permitan adquirir mejores herramientas o maquinaria de punta.

Por otro lado, se tiene la problemática del poco cuidado que pueden guardar con respecto de la ecología. Este hecho guarda relación con que muchas veces no se encuentran lo suficientemente preparados para hacer frente a este tipo de retos. Y esto es importante si se considera que el rubro ecológico es directamente proporcional al estado que guarda la cadena productiva, puesto que hay una gran variedad de ríos, lagos, montañas y climas que se observan a lo largo y ancho del país y en muchas ocasiones no se les da el tratamiento adecuado.

Como ejemplos de lo anterior, podemos citar la ocurrencia y la intensidad de los fenómenos climáticos que se han incrementado a últimas fechas de manera exponencial; porque cada vez son más fuertes y más frecuentes. Así podemos apreciar que de 1980 al 2015, los eventos climáticos se han incrementado de 250 por año a 750.

Esto ha traído como consecuencia la disminución en rendimientos, las pérdidas de cosechas, la aparición de nuevas plagas, el mayor consumo de agua, la erosión de suelos y lamentablemente también el fenómeno de la desertificación. Por todo lo anterior, resulta necesario invertir para poder conocer de manera oportuna la forma en que ocurrirán estos eventos; esto con el afán de poder prevenirlos de manera adecuada.3

Mención aparte merece el aspecto multicultural de las regiones, puesto que este es otro factor importante que se refleja de manera directa en los costos de producción de los bienes y servicios. Tal es el caso del impacto en los días laborales respecto de las acciones que se observan a partir de los usos y costumbres regionales, así como de las festividades que inciden de manera directa en los días de asueto de las distintas zonas socioeconómicas en las que se divide nuestro país.

A todo esto deben sumarse las necesidades de una mejor asesoría técnica respecto de todos y cada uno de los procesos, respecto del manejo y mejoramiento de la infraestructura, etcétera. Así es por todas las razones y los argumentos detallados con anterioridad y ante los cambios del entorno internacional, que estoy presentando ante la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus responsabilidades se instruya a las diversas dependencias y entidades a su cargo con el objeto de que:

a) Se revisen las políticas públicas y las prácticas comerciales respecto del mercado de la leche; toda vez que los productores nacionales que no son socios de plantas de captación y procesamiento, están denunciado ante diversas instancias que se les está aplicando un precio muy bajo de compra –inclusive más bajo que su costo de producción– para después fijar un precio muy alto al consumidor.

b) Se actualice el precio de la compra del litro de leche a los productores nacionales para quedar en un precio más justo, en por lo menos $8.20 (ocho pesos con veinte centavos moneda nacional).

c) Se destinen los recursos necesarios y suficientes para dar el debido apoyo a los productores nacionales de leche, en rubros como capacitación, utilización de tecnologías, financiamiento, etcétera.

d) Se integre en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial respectivo, las políticas públicas necesarias que permitan la integración de la cadena productiva del sector de la leche en México, procurando su crecimiento, competitividad y sustentabilidad.

e) Se realicen acciones de fomento hacia la población, tendientes a crear conciencia para generar un mayor consumo de leche fortificada, preferentemente de origen nacional.

Notas

1 Cfr. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5518737&fecha=10/04/2018, consultado el 24 de Octubre del 2018.

2 Para mayor información puede revisarse la siguiente dirección electrónica

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/abasto-d e-leche-liconsa. Sitio consultada el 27 de Octubre del 2018.

3 Consultable en

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/articulos/fracturacion-hidraulica/
8-articulos/165-eventos-climaticos-extremos-y-sus-impactos-en-los-socio-ecosistemas-de-mexico.
Revisado para este proyecto el 25 de Octubre del 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a aumentar las sanciones en las leyes locales y los reglamentos municipales contra quien transporte menores en motocicletas sin proporcionar casco y con sobre cupo, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los cabildos de todos los municipios del país a revisar y, en su caso, aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicleta, sin proporcionar casco al menor y excediendo la disponibilidad de asientos de la motocicleta, con base en las siguientes

Consideraciones

Salvaguardar la vida e integridad de los niños y niñas es una prioridad fundamental del Estado Mexicano, hecha compromiso a través del párrafo noveno del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En este sentido, así como gran parte de los esfuerzos dentro del sector salud se orientan a combatir la mortandad infantil, derivada de enfermedades, el resto de las instituciones del poder público constituido tendría que priorizar sus esfuerzos para disminuir las muertes de menores de edad que no estén relacionadas con enfermedades.

En consecuencia, considerando la perspectiva de muchas organizaciones de la sociedad civil “las lesiones y muertes de niños ocasionadas por accidentes viales, hechos considerados como la principal causa de fallecimientos en menores de entre 5 a 14 años de edad y la segunda causa de orfandad”,1 entonces la prevención de accidentes y la seguridad vial deberían estar entre las prioridades de los tres niveles de gobierno. Asimismo, si tomamos en cuenta que en muchos casos la muerte o lesiones se pudieron haber evitado si no se hubiesen excedido el número de pasajeros para los que estaba diseñado el vehículo involucrado o si en el caso de las motocicletas se hubiese utilizado casco, la incidencia sería menor,2 entonces veríamos que entre las responsabilidades de los representantes de la nación ante el Congreso de la Unión esta legislar en torno a la seguridad vial.

En este contexto, durante la pasada legislatura se impulsó la Ley de Seguridad Vial con la que podría darse orden al caos que año con año cobra vidas de miles de personas, sin embargo el interés de la mayoría se orientó a otras cosas y la ley tuvo que ser retirada para evitar que cayera en el limbo legislativo. Asimismo, en el ámbito natural de competencia, el espacio municipal y estatal, encontramos laxitud, falta de estandarización y falta de incentivos para cumplir la ley por parte de los conductores por lo que consideramos que se deben endurecer las penas, al menos en los aspectos de mayor vulnerabilidad para los menores de edad. Específicamente en aquellos actos irresponsables en los que las personas deciden exponer la vida de un menor al conducir uno de los medios de transporte estructuralmente más expuesto a accidentes graves como es la motocicleta, sin casco y, en ocasiones, excediendo la capacidad de pasajeros que permite el diseño de la motocicleta.

En consecuencia, ofrezco a esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo en la que hagamos un llamado a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales del país para que revisen sus leyes y reglamentos en torno a la transportación de menores en motocicleta, sin casco y excediendo la capacidad de asientos de la misma con la finalidad de endurecer las penas por poner en riesgo la integridad de las niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los cabildos de todos los municipios del país a revisar y, en su caso, aumentar las sanciones que las leyes locales y reglamentos municipales plantean en contra de quien transporte menores en motocicleta, sin proporcionar casco al menor y excediendo la disponibilidad de asientos de la motocicleta.

Notas

1 El Poder del Consumidor, “Incidentes viales, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años; sociedad civil exigimos ley para poner alto”, 12 de abril de 2018, disponible en https://elpoderdelconsumidor.org/2018/04/incidentes-viales-primera-caus a-de-muerte-en-ninos-de-5-a-14-anos-sociedad-civil-exigimos-ley-para-po ner-alto/

2 De los 385 mil 772 accidentes ocurridos en 2013 en zonas urbanas o suburbanas, en total se vieron involucrados 729 mil 238 vehículos, de los cuales 63.1 por ciento fueron automóviles, 14.7 por ciento vehículos de transporte de pasajeros 11, 12.7 por ciento fueron camiones y camionetas de carga; 5.7 por ciento motocicletas y 3.8 por ciento otro tipo de vehículo. Información de “Estadísticas a propósito del día mundial sin auto (22 de septiembre)”, Inegi, 20 de septiembre de 2016, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2018.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud es un considerado un derecho fundamental a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1

En nuestro país, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución, garantiza el derecho de todas las personas a la protección de la salud, y ordena al legislador a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y disponer la concurrencia de competencias entre los niveles de gobierno en la materia.

Actualmente, nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), se compone de un sistema mixto y fragmentado, en donde interactúan instituciones públicas y privadas.

El sector público se integra por los servicios que provee la Secretaria de Salud y las principales instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 39.2 por ciento, Seguro Popular con 49.9 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 7.7 por ciento, Pemex, SDM o SM con 1.2 por ciento y otras instituciones 4.8 por ciento de la población.2

Mientras que el sector privado, se constituye con una serie de prestadores de servicios como consultorios, hospitales privados, farmacias y pacientes cubiertos con aseguradoras privadas, que equivalen a 7 por ciento de la población.3

En el mismo sentido y con el objetivo de ampliar la cobertura a nivel nacional de servicios especializados, se conformó la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad (Redsaes), compuesta por los Institutos Nacionales de Salud (Insalud), hospitales federales de referencia (HFR) y otros hospitales vinculados con universidades, y los hospitales regionales de alta especialidad.4

Estos últimos los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE), nacen bajo el esquema de asociación público privada (APP), con grandes exceptivas y con la finalidad de constituirse como una unidad medico modelo, que pudiera proporcionar servicios de alta complejidad médica para la población más vulnerable de México.

Hoy, se encuentran en operación seis unidades de hospitales regionales de alta especialidad federales: HRAE de Oaxaca, HRAE de la península de Yucatán, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que incluye al hospital de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y al HRAE Ciudad Salud en Tapachula, HRAE del Bajío, HRAE de Ciudad Victoria Tamaulipas y el HRAE de Ixtapaluca.

Sin embargo, desde hace varios años se han detectado diversas irregularidades en la operación de los mismos, acompañados de acusaciones de corrupción.

Un informe denominado “Salud Deteriorada, Opacidad y Negligencia en el Sistema Público de Salud”, elaborado por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha permitido conocer diversas anomalías entre las que destacan las siguientes:5

a) La ubicación de construcción de los HRAE no responde sólo a criterios técnicos sino posiblemente a intereses políticos, situación que ha sido contrastado por diversas auditorías e informes independientes.

b) Subutilización de la infraestructura, misma que no es acorde con lo reportado por la Secretaría de Salud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pone como ejemplos: a la HRAE Ixtapaluca que solo reporto 91 mil 444 consultas en 2017 de las 320 mil 112 consultas anuales previstas en sus documentos de planificación, mientras que el HRAE de Ciudad Victoria, sólo realizó 24 mil 156 consultas en 2016 de las 142 mil que tenía previstas.

c) Aunado a lo anterior, el informe denuncia una baja productividad respecto de los equipos de alta especialidad en comparación con otros institutos públicos de salud como el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que ha derivado en pérdidas millonarias de recursos públicos.

d) Sobreprecio de medicamentos hasta en mil 700 por ciento, a pesar de estar adheridos a la compra consolidada, así como desabasto y robo de insumos y medicamentos.

e) Discrecionalidad en la atención de los pacientes, ya que según diversas entrevistas realizadas para la elaboración del informe de MCCI, 37 por ciento de los usuarios reportaron que “el personal de hospital recibe pagos para agilizar o realizar ciertos procedimientos o servicios que deberían ser gratuitos” , sumado a trato preferencial a familiares y amigos recomendados o que cuentan con algún tipo de seguridad social como IMSS o ISSSTE.

f) Corrupción en la asignación de plazas, por control sindical.

Todo lo anterior, sin considerar que ninguno de los hospitales cuenta con la certificación del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, situación que es gravosa, ya que la finalidad de dicha certificación es que proporcionar una mayor seguridad a los pacientes y mejorar la calidad de los servicios médicos.

Por lo expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a la Auditoría Superior de la Federación, a investigar presuntas irregularidades en los hospitales regionales de alta especialidad federales.

Notas

1 Ver en página Oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS): http://www.who.int/about/mission/es/

2 Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Ver en http://www.beta.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/

3 AXA, Full Strategy Review, Health Context Document, 2016. pág. 10

4 http://www.ccinshae.salud.gob.mx/2012/hrae.html

5 https://docs.google.com/viewer?url=https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/
wp-content/uploads/pdf/SD-Panorama.pdf&embedded=true

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre de 2018.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)