Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a resolver el amparo número 9/2018 según los artículos 1o. y 123 constitucionales y ratificar el Convenio 189 de la OIT, a fin de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social de las trabajadoras del hogar como derecho inalienable e interdependiente para su bienestar, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está por resolver en amparo directo 9/2018 un asunto que sentará precedentes muy importantes sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas, se trata de una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia, firmando carta de renuncia de su empleo donde laboraba como trabajadora doméstica. Posteriormente, demandó de sus patronas las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario; así? como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, demandó de los citados institutos la determinación de las cuotas y fincar los capitales consultivos correspondientes.

El asunto fue resulto en un primer momento por la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México. El nueve de febrero de 2017, la junta emitió un laudo, en el cual consideró acreditada la renuncia voluntaria de la trabajadora doméstica, por lo que absolvió a las demandadas del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos. Sin embargo, estimó que las demandadas no acreditaron la excepción de pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por lo que las condenó al pago de éstas, pero sólo respecto al año anterior a la presentación de la demanda.

Asimismo, condenó el pago de horas extras, al estimar que la trabajadora laboraba un total de 54 horas, esto es, 6 horas extras más de la jornada máxima legal de 48 horas. Por otro lado, la Junta descartó, en términos del numeral 338, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que la parte patronal esté obligada a efectuar la inscripción de los trabajadores domésticos al Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que también apoyó en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, concluyendo que el patrón no tiene la obligación de hacer la inscripción ante el referido instituto de dichos empleados.

De igual forma consideró que el patrón no está obligado, cuando se trate de trabajadores domésticos, a pagar la aportación al Infonavit, ya que dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y conforme a lo pactado por las partes y dicho pacto no lo acreditó la trabajadora. En consecuencia, absolvió a las demandadas de la inscripción retroactiva, así como al pago de las aportaciones reclamadas ante dicho instituto. Contra dicho laudo, ambas partes presentaron amparo directo. Los tribunales colegiados que conocieron de los asuntos, respectivamente, solicitaron que la Suprema Corte hiciera uso de su facultad de atracción para resolver el caso.

La litis constitucional del asunto se centra primordialmente en el siguiente punto: Si el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye un trato discriminatorio proscrito por el artículo 1o. constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social tutelado por el artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal.

Segunda. Es importante destacar que el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social vulnera el derecho humano a la seguridad social. Aun cuando el régimen voluntario del Seguro Social constituye un sistema de protección social suficientemente robusto que podría permitir que los empleados domésticos obtengan y mantengan prestaciones sociales, con el fin de encontrarse protegidos contra circunstancias e imprevistos que puedan coartar sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones dignas, sobre todo cuando el bien jurídico a tutelar de cualquier institución de salud pública es el derecho humano a la seguridad social.

Tercera. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, hay 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8 por ciento del total de ocupados. El trabajo doméstico remunerado en México es una actividad realizada en su mayoría por mujeres, ya que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional e Estadística y Geografía, 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres. En ocupaciones como empleados domésticos, cuidadores de personas, lavanderos, planchadores y cocineros domésticos, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 trabajadores.

Es notorio que el trabajo doméstico en México y en el mundo guarda una directa relación de género como se observa en la cita anterior, por ello es necesario considerar un rediseño de nuestra conceptualización sobre las relaciones laborales, las concepciones históricas y tradicionales, el rol de género y la forma en como este influye en la asignación de las actividades laborales, lo que nos conducirá a sin duda a una discusión en el Poder Legislativo para reformar el marco normativo y regulatorio de la seguridad social en México, de forma que sus beneficios se amplíen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La realidad de las trabajadoras domésticas, en particular y enfáticamente, las mujeres, es una de las cuentas pendientes de nuestra sociedad, invisibles e indefensas, en una situación de franca desigualdad en relación a sus empleadores, patrones y las autoridades, son sin duda uno de los grupos sociales que mayor visibilidad y acciones afirmativas requieren para acceder a un piso mínimo de derechos humanos que les permita incorporarse al desarrollo, tal como se lee a continuación.

El trabajo doméstico es uno de los sectores laborales en los que las empleadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. La falta de reconocimiento de derechos laborales, un sueldo poco competitivo y la discriminación son los tres problemas más frecuentes que enfrentan las trabajadoras domésticas. Además, este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por las autoridades del Estado.

El trabajo doméstico es una actividad o trabajo y las trabajadoras del hogar es el sector, para diferenciar entre el trabajo y el sector. Los factores de discriminación asociados a esta labor como los son el género, la condición de pobreza y la etnia indígena, así como el hecho de que las tareas domésticas no han sido reconocidas social ni legalmente como una labor con valor, han llevado a la invisibilización de las trabajadoras domésticas, han promovido su informalidad y han perpetuado la violación de los derechos humanos de quienes realizan estas labores.

La descripción anterior expone una serie de factores a considerar, los cuales deben ser parte de la discusión y el debate, el principal quizá es el rol de género, la división sexual del trabajo ha manifestado una serie de construcciones históricas donde la asignación de las actividades laborales, el acceso a los medios de producción y derechos de propiedad, así como la determinación del ingreso, dependen fundamentalmente de género de la persona.

Así las mujeres tienen menores posibilidades de empoderamiento con relación a los varones y además el hecho de que 93 por ciento de las plazas de trabajo doméstico remunerado sean ocupadas por mujeres, determina que el rol de género en la asignación de las actividades laborales es un factor preponderante.

Se marca la diferencia de géneros entre hombres y mujeres, señalando las jerarquías históricamente sobresalientes de los hombres y las mujeres que constituyen las relaciones humanas en todos los ámbitos sociales y primordialmente en el trabajo. La mujer está condicionada y está enmarcada dentro de la marginación, reduciéndola a un espacio privado, por lo que no se le incluye en los procesos de toma de decisiones y de participación política y social. Los derechos que se les imponen y que ellas apropian son solamente a cuidar hijos y el hogar en general. Esto es un factor que por generaciones ha prevalecido, además de que implica un grado mayor de responsabilidad y una carga permanente de preocupación en sus vidas.

El trabajo doméstico aún no es reconocido socialmente y alrededor de él se crea un desprecio constante. El aspecto tangible del resultado de un trabajo del hogar desaparece casi instantáneamente, se invisibiliza, no recibe un valor real. Por otro lado, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado pocas veces está considerado cuando se trata de analizar el funcionamiento de la economía de una sociedad. Los datos proporcionados por los informes oficiales enfatizan el rol económico que la mujer desarrolla a partir de la esfera productiva en el trabajo fuera del hogar.

El trabajo doméstico vivido como responsabilidad exclusiva de todos los días repercute en la forma de pensar de las mujeres, en sus conflictos y en la vivencia de su identidad y de su proyección como personas, así como en su autoestima. De donde se concluye: A partir de los casos de personas empleadas del hogar que por décadas han estado invisibles dentro de una sociedad que las margina y explota se han hecho leyes, pero aún no se respetan eficazmente sus derechos humanos.

La discriminación hacia ellas va desde los nombres peyorativos hasta el abuso sexual como una forma de violencia contra ellas dentro de un lugar privado que no se rige por ninguna ley, por lo que ellas enfrentan una situación de indefensión al no saber qué hacer ni dónde acudir a pedir ayuda. Las personas trabajadoras del hogar, como cualquier trabajador, tienen los mismos derechos humanos laborales y merecen ser tratadas con dignidad.

Se han hecho leyes, no es así, en la reforma laboral de 2012 por ejemplo se reformó discriminatoriamente para ellas con base al capítulo XIII, en su artículo 333 sobre su descanso en la noche de 9 horas y en el inter del trabajo 3 o sea lo que dispone es que las trabajadoras del hogar trabajen 12 horas.

Además de que el capítulo XIII no tiene perspectiva de género, la mayoría son mujeres y por otro lado quieren ser nombradas trabajadoras y trabajadores del hogar como sujetas de derechos.

Cuarta. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo abre una puerta para replantear la forma en como las trabajadoras domésticas acceden a sus derechos laborales, este tratado internacional persigue los siguientes fines:

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas) sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar. Este Convenio, adoptado el 16 de junio de 2011 en Ginebra, tiene como objetivo la defensa de sus derechos humanos –y por lo tanto laborales– para garantizar entre otras cosas, medidas que impidan su abuso y explotación. El documento está diseñado para que los países firmantes fomenten medidas que aseguren que las personas trabajadoras del hogar “disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así? como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”.

El Convenio 189 insta a los Estados miembros a establecer mecanismos de comunicación y diálogo con los actores involucrados, trabajadoras/es y empleadoras/es. Reconoce el derecho de asociación y de negociación colectiva (artículo 3). Aboga por el diseño y puesta en marcha de procedimientos para la investigación de quejas y abusos (artículo 15) y de medidas para la inspección de trabajo (artículo 17). Es objetivo principal del Convenio eliminar las medidas discriminatorias que afectan a las trabajadoras y los trabajadores del hogar y al resto de trabajadoras/es en aspectos como: horas de trabajo y descanso, salario, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, condiciones de vivienda para quienes trabajaban de planta, acceso a seguro social, protección de maternidad o erradicación de abusos.

México no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT. Cabe señalar que, desde la aprobación en 2011 de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos los convenios internacionales que se ratifiquen y que estén relacionados con estos derechos deberán incorporarse a la legislación nacional con rango constitucional. Es decir, la ratificación del Convenio 189 supondría de manera inmediata la regulación del trabajo del hogar en México en los términos que establece la OIT y que son mucho más protectores que los que recoge actualmente la Ley Federal del Trabajo.

En conclusión es necesario ante la sentencia de la Suprema Corte en relación al amparo directo 9/2018, un replanteamiento en la legislación laboral a partir de la ratificación del Convenio 189, por parte del Senado de la República, que dé inicio a una discusión en el Poder Legislativo federal, dada su atribución constitucional para expedir la normatividad en materia laboral, que conlleve a un rediseño de la política en materia de trabajo y seguridad social, como derechos humanos interdependientes e indivisibles, sobre todo a través de la creación de acciones afirmativas que garanticen y protejan a las trabajadoras del hogar.

El régimen voluntario del IMSS, será un paso que sin duda permitirá el acceso a la seguridad social para un gran número de mexicanas y mexicanos, o aún extranjeros que residen en nuestro país, pero que ante las necesidades de la población y sobre todo la presión económica existente sobre el sistema nacional de pensiones, es fundamental que exista una nuevo diseño institucional que permita incorporar otras formas de trabajo.

En este caso, nuestro trabajo ha consistido en luchar e insistir que el régimen al que deben incorporar a las trabajadoras del hogar es el obligatorio ya que el voluntario no cubre todas las enfermedades ni garantiza pensión a las trabajadoras y trabajadores del hogar entre otros.

Sin duda este es uno de los retos de México hacia el futuro, consolidar a través de acciones afirmativas, el acceso a los derechos humanos consagrados en la Ley, los cuales son la base para el desarrollo en plenitud.

Finalmente, anunciamos que próximamente presentaremos reforma a la Ley del Seguro Social, para incorporar a las trabajadoras y trabajadores del hogar a su régimen de protección.

Es por lo expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que se presenta ante esta honorable asamblea popular, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva el amparo directo 9/2018 sobre el caso de una trabajadora del hogar, velando los derechos contenidos en los artículos 1o. y 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República, para que, en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como un derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, la Segob y el INAI a revisar y sancionar los posibles incumplimientos de obligaciones legales por la administración 2012-2018 del gobierno morelense, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, numeral 1, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que revisen y sancionen los posibles incumplimientos de obligaciones legales realizados por la administración 2012-2018 del gobierno del estado de Morelos, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes

En un estado plagado de injusticias y abusos, al grado que aportó a uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, es triste ver que cien años después, sus autoridades continúan con los hábitos que hicieron de los viejos hacendados porfiristas, personas de triste recuerdo: abusivas y distantes del pueblo, practicantes del patrimonialismo, la ignorancia e incumplimiento de la ley y abusos sin medida.

La administración recién concluida, a cargo del gobernador Graco Ramírez (2012-2018), hizo práctica común del uso indiscriminado de los recursos públicos, fuera de toda norma, sin rendición de cuentas y negado a la transparencia, llegó a niveles pocas veces vistos en el país con anterioridad. Su firme y constante negativa a rendir cuentas y atender la voz popular, lo llevó a que su gestión tuviera aprobaciones por debajo del 20 por ciento. Sus intentos de facilitar la candidatura de uno de sus familiares a gobernador fueron fallidos. Y sus prácticas para tratar de sabotear el proceso de entrega-recepción a la nueva administración llegaron a niveles de escándalo.

Desde 2012 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado 54 auditorías al estado de Morelos. Ninguna ha dado resultados positivos. Entre ellas, figuraron revisiones a la Universidad Autónoma de dicha entidad. Nuevamente, los hechos detectados por los auditores dan evidencia de fallas sistemáticas y con dolo, y no de meros errores administrativos menores.

Al respecto, se precisa que la gran mayoría de las auditorías continúan en proceso y donde se ha determinado un posible daño al erario federal; por ello, y ante el reciente cambio de gobierno en el estado, es necesario dar los elementos de prueba con que se cuente a fin de poder fincar las responsabilidades conducentes, previniendo así la fuga de servidores públicos potencialmente culpables.

Actualmente, la opinión pública nacional critica que en el caso de Javier Duarte, la falta de elementos de prueba suficiente ha dado una sentencia insuficiente para la magnitud de los daños causados. De haberse documentado adecuadamente y a tiempo, hoy la autoridad no tendría dificultad para probar los ilícitos. Por ello, la autoridad morelense y la federal deben actuar con prontitud antes de que todos los indicios probatorios sean escondidos.

Para ejemplificar este argumento, en el anexo del presente punto de acuerdo podrá verse el detalle de los montos de los que se sospecha el uso fue indebido y la comprobación insuficiente.

Adicionalmente, el 19 de septiembre de 2017, se registró un sismo de magnitud 7.1 grados con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos , a 120 kilómetros de la Ciudad de México, en los límites de los estados de Morelos y Puebla, de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico de México.

La Secretaría de Gobernación, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria en 33 municipios del estado de Morelos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2017, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), y permitió que las autoridades a partir del mismo día del fatal episodio pudieran acceder a él para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Las pérdidas y afectaciones fueron devastadoras, los daños se registraron en viviendas, escuelas, edificios de salud, edificios públicos, tramos carreteros, puentes y negocios, se requirió de trabajos de reconstrucción total o parcial.

En razón a la actividad económica, el estado de Morelos resultó con una afectación por suspensión de actividades de establecimientos en un 55.2 por ciento, siendo el más alto en comparación al resto de las entidades federativas que también fueron afectadas por el sismo.

La reconstrucción fue el principal objetivo , una parte fundamental en la reconstrucción de un estado afectado es la reactivación de la economía local y de la economía familiar, es por ello, que se creó el organismo Unidos por Morelos, con atribuciones amplias para llevar a cabo la reconstrucción del estado de Morelos.

Así mismo, se destinó un fondo especial del gobierno de Morelos para poder cubrir las afectaciones que sufrieron viviendas que no pudieron ser beneficiarias del Fonden.

El organismo Unidos por Morelos , se integraba por un Comité Técnico, encabezado por el entonces gobernador constitucional de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu , y en el que participaban el entonces titular de Coeval, doctor Juan Pablo Gutiérrez , el saliente secretario de Hacienda estatal, contador público Jorge Michel Luna , en ese momento secretaria de Desarrollo Social, licenciada Blanca Estela Almazo Rogel y la secretaria de la Contraloría vigente, licenciada Adriana Flores Garza , todos del gobierno de Morelos en la administración 2012-2018.

Derivado de la creación del organismo, se intentó realizar acciones tendientes a la reconstrucción del estado, donde tuvieron participación entre otras áreas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación Pública y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Sin embargo, la percepción de los damnificados es que las obras que se han reportado no se han realizado con el nivel de detalle y costo que se reporta; en algunos casos, no ocurren siquiera, en otros son muy menores al reporte oficial. El costo reportado no parece ser acorde con la calidad y cantidad de los trabajos efectuados, en aquellos casos en que los haya. Sin contar que existen también obras totalmente simuladas o con contabilidades dudosas.

Como se han señalado anteriormente, parte del problema es que la nula transparencia realizada por la administración saliente no permitió contar con datos: por ejemplo, su página de transparencia, al momento del cambio de gobierno, incluye la información de los presupuestos de ingresos y ley de ingresos para el año fiscal 2017, esto es, con un año de retraso. No incluyen la información del año en marcha. Por si fuera poco, las consultas al SIPOT dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia para el estado de Morelos reporta que “no se encontraron registros” como puede verse en el caso señalado a continuación, en el que consta que ni para el periodo 2015-2017 ni para el 2018 está la información que por ley debe ser pública:

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=
12364&idEntidadParametro=17&idSectorParametro=21

Por lo anterior, era de suma importancia que la administración saliente del gobierno de Morelos y particularmente a través del organismo Unidos por Morelos, rindieran cuentas del destino y utilización de los recursos otorgados por el Fonden , así como, los fondos especiales que fueron destinados por el gobierno para la reconstrucción por este desastre natural que sacudió al estado de Morelos, en adición a sus obligaciones de transparencia legalmente establecidas.

Dado que, como se ha podido ver, ni la transparencia ni la rendición de cuentas fueron respetadas, es importante que las autoridades federales en materia de auditoría, justicia, y transparencia procedan en contra de las personas responsables, indagando en tiempo y forma las posibles conductas irregulares y, en su caso, documentando aquellas conductas que se pruebe que fueron delictivas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a programar, continuar o concluir a la brevedad las auditorías en proceso al gobierno del estado de Morelos/administración 2012-2018, a la Universidad Autónoma de dicha entidad, y en particular a aquellos relativos al uso de los fondos del Fonden.

Segundo . Se exhorta al secretario de Gobernación a que, a través de los mecanismos y procesos adecuados, revise el uso de los fondos del Fonden asignados al estado de Morelos a partir del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que revise con cuidado los reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno de Morelos administración 2012-2018, y en caso de encontrar irregularidades, sancione en términos de la ley a los funcionarios públicos responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)


Anexo:
Principales auditorías realizadas a la administración 2012-2018 del Estado Libre y Soberano de Morelos

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno del estado de México a realizar acciones relacionadas con la construcción del NAIM, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) opera hoy en día a su máxima capacidad en diversas horas pico, a pesar de que recientemente se construyó la Terminal 2 y se remodeló la terminal 1, con el objetivo de atender satisfactoriamente una demanda aproximada de 32 millones de pasajeros anuales. Se calcula que el tráfico aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México podría llegar a 119 millones de pasajeros por año en el 2062.1

Con base en las necesidades proyectadas, actualmente está en proceso de construcción una nueva terminal aérea dentro de una zona federal de 4,431 hectáreas en los municipios de Atenco, Ecatepec de Morelos y Texcoco, en el Estado de México, aproximadamente a 11.4 kilómetros del centro de la Ciudad de México y a 5 kilómetros del noreste del actual aeropuerto, y donde se tiene por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea, estacionamientos, torre de control, centro de operaciones regionales, estación intermodal de transporte y vialidades de acceso entre otros.2

De acuerdo con su Plan Maestro la construcción se realizará en 45 años, en 4 fases, con recursos de diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Fideicomisos y entidades federativas.3

Sin embargo, la construcción de este aeropuerto está considerada como un megaproyecto; Los megaproyectos se definen como emprendimientos complejos a gran escala que cuestan miles de millones de dólares, tardan muchos años en su desarrollo y construcción, involucran a múltiples partes interesadas tanto públicas como privadas, son transformacionales e impactan a millones de personas.4

Y es el caso de este tipo proyectos, cuando aparece lo que se conoce como “Ley de Hierro de Megaproyectos”: sobre el presupuesto, con retrasos, una y otra vez. Dicha “ley”, concluye que sólo uno de cada mil, es totalmente exitoso, porque aparecen sobrecostos, retrasos y las mejores prácticas son un caso atípico; por lo que la práctica promedio es un desastre costoso.

Por ejemplo: el Canal de Panamá, el aeropuerto de Brandemburgo-Berlín, el Tren Bala en California, la Casa de Ópera de Sydney, el Eurotúnel que conecta Reino Unido con Francia y el aeropuerto de Denver en Estados Unidos son ejemplos de megaproyectos de infraestructura que han enfrentado retrasos, caída en los beneficios sociales y sobrecostos millonarios. El sobrecosto y retraso son tales que las economías de estos países estarían mejor si estos proyectos no se hubieran realizado.

Además, la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto cabe resaltar que sin explicación alguna el proyecto original cambió de nombre por Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ya presenta los vicios señalados por Flyvbjerg y que pueden condenar al proyecto mismo a un rotundo y costoso fracaso.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que:

“la industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera en México. Además, es el tercer sector más importante en cuanto a generación de empleo: crea seis millones de puestos de trabajo directos y tres millones indirectos. Tan solo en el nivel federal, para 2018 se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación un gasto en inversión física de 548 mil 984 millones, lo cual representa 10 por ciento del presupuesto total de egresos para este año.

Dadas las cifras anteriores se vuelve fundamental que dichos recursos se gasten de manera transparente, efectiva y fiscalizable. Sin embargo, ese no es el caso. La construcción de infraestructura en México tiene abundantes ejemplos de retraso y sobrecostos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un diagnóstico en 2012 sobre los principales problemas para la fiscalización de la obra pública en México. Por medio de un análisis a 80 contratos de inversiones físicas relativos a proyectos de infraestructura con un monto individual superior a los 100 millones de pesos entre 1999 y 2010, la Auditoría encontró fallas sistemáticas en las contrataciones. Las obras no se ejecutan ni en el tiempo previsto ni en el costo presupuestado originalmente.

Los principales problemas señalados en dicho diagnóstico pueden resumirse como:

1) modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales; 2) incrementos importantes en el monto de inversión y 3) prórrogas en el plazo de contratación, ejecución y puesta en operación”.5

Aunado a lo anterior, tres proyectos de infraestructura han sido emblemáticos en el sexenio que está por terminar: el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), y el NAIM. El primero, terminó en suspensión indefinida tras la cancelación de la licitación ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y a Enrique Peña Nieto. Relación dada a conocer gracias una investigación especial del portal de noticias “Aristegui Noticias” titulada: “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”.

Sobre el segundo señala Luis Mauricio Torres en un artículo de opinión publicado en la revista Expansión:

“existe escepticismo acerca de la magnitud de la utilidad pública de conectar el valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, en comparación con otras propuestas.

Además, hacia 2018 los sobrecostos de la obra (iniciada en 2014 sin contar con todos los requerimientos legales) han hecho que su construcción haya dejado de ser socialmente rentable, de acuerdo con datos del análisis costo-beneficio presentado originalmente por las autoridades”.6

En cuanto al tercer proyecto, es decir, el NAICM o ahora conocido como NAIM, en el documento “Resumen ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México”, se plantea que los resultados de la evaluación arrojan una Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)7 del 13.38 por ciento, lo que significa que está ligeramente por encima del 10 por ciento requerido por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),8 sin embargo, como es posible apreciar también, resulta muy pequeño su margen positivo de beneficio proyectado originalmente.

Como ya se señaló, el riesgo de no lograr un megaproyecto exitoso es muy alto, más cuando es tangible que la corrupción en el desarrollo de las obras de infraestructura en México es una marca indeleble del grupo en el poder que lo ha proyectado e iniciado, además existen importantes complicaciones técnicas propias de la construcción.

Como muestra de lo señalado, es necesario hacer referencia a la obra de infraestructura previa y más directamente relacionada con la construcción en comento: La construcción de la Terminal 2 (T-2) del AICM. Los siguientes datos son reveladores:

Información del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea –que manejó Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) junto con el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología– indica que cada año la T-2 del AICM se hunde 10 veces más de lo que originalmente proyectaron quienes desarrollaron el proyecto de la nueva terminal, que cabe señalar, son los mismos (aunque con otra figura jurídica), quienes ahora están a cargo de la construcción del NAIM.9

Esto es resultado de los dos principales factores señalados, las complicaciones técnicas debido a la naturaleza del subsuelo, así como la corrupción en su construcción.

Por ejemplo: en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2006, la ASF informó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares no verificó que TGC Geotecnia realizara los 19 sondeos que exige la norma sobre mecánica de suelos.

Además, el órgano fiscalizador determinó que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Gutsa, empresas responsables de la cimentación y estructura metálica, recibieron pagos extraordinarios por trabes que al parecer no colocaron.

Al respecto y siendo uno de los casos más graves, es que sobre el mismo pilote fueron construidos el Dedo Sur y el Edificio Terminal a pesar de que cada estructura debía tener su propia cimentación y en el edificio del estacionamiento se colocaron columnas rectangulares que, según los planos, debían ser circulares, en contravención de los artículos 35, fracción IX, 39 fracción I, incisos c y d, 53, 141 y 166, y el numeral 1.10 Separación de edificios colindantes de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, publicadas en el Diario Oficial del Distrito Federal el 6 de octubre de 2004, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, vigente en ese momento; en virtud de que tendrían hundimientos diferentes.10

Además, como el hundimiento resultante es diferenciado en cada una de las seis estructuras y edificios que conforman la T-2, ha llevado a las autoridades aeroportuarias a recurrir al uso de rampas, zoclos y grava para tratar de ocultar los desniveles.

La T-2 se comenzó a construir en 2005, luego de que la administración Fox tuvo que desistir de construir el aeropuerto de Texcoco, gracias a la heroica lucha de los habitantes del pueblo de San Salvador Atenco liderados por Ignacio del Valle. La obra debió concluirse en 2006 pero entró en operaciones hasta noviembre de 2007 e inaugurada formalmente hasta marzo de 2008.

El costo programado de la obra era de 400 millones de dólares y su costo real fue de 508.5 millones de dólares, más del 27 por ciento proyectado originalmente.11 De repetirse estos delitos y vicios, que seguramente quedaron impunes se compromete totalmente la utilidad social de la obra y a las finanzas del Estado Mexicano.

Desafortunadamente esto es ya una realidad. Una nueva investigación periodística de Aristegui Noticias señala que auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 millones 885 mil pesos en el Nuevo Aeropuerto. A esta cifra hay que sumar las irregularidades encontradas por la ASF en su revisión de 2016, que son por mil 17 millones de pesos y sumar las de 2017, y 2018 que también presentan irregularidades.12

La investigación periodística revela, además, que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha firmado convenios de colaboración con otras dependencias (como el Ejército, CFE, la UNAM, etcétera) que no comprobaron tener capacidad técnica para realizar trabajos para los cuales fueron contratadas; este esquema les ha permitido evadir licitaciones públicas por más de 6 mil millones de pesos, según documentos públicos. Sedena, por ejemplo, obtuvo un contrato para construir la barda y camino perimetral del aeropuerto, pero en realidad subcontrató todas las tareas.

Existen también pagos irregulares. En diciembre de 2017, los auditores ordenaron a la empresa FP-Free el reintegro de 754 millones 724 mil pesos por cobros que realizó fuera de la norma.

“FP-FREE es el despacho de arquitectura que encabeza Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, uno de los empresarios que participa en la construcción y financiamiento del nuevo aeropuerto y quien ha defendido públicamente la necesidad de concluirlo”.

La auditoría 05/2017 incluye siete observaciones, de las cuales dos se refieren al despacho de arquitectura por cobros que realizó al GACM fuera de norma.

La primera observación ordena al despacho regresar 61 millones 501 mil 723 pesos. Los revisores encontraron dos cargos improcedentes en el rubro de mano de obra, los cuales ya debían estar incluidos en su cotización original.

La segunda observación indica que GACM pagó 693 millones 222 mil pesos al despacho por trabajos extraordinarios que no estaban contemplados en el contrato original.

El documento indica que la dependencia no autorizó por escrito las “Estimaciones Extraordinarios” que se entregaron con conceptos fuera del catálogo, por lo que se ordenó el reintegro mediante descuentos en las siguientes facturas”.13

Más allá de la propia viabilidad económica del proyecto, es muy importante también voltear a revisar que se cumpla con los principales beneficios directos prometidos.

Por último, si los sobrecostos del mantenimiento impactan en los gastos de operación y mantenimiento, lo que orillaría a incidir directamente en los costos operativos tanto de la terminal como de las aerolíneas, y por ende en el costo de los boletos.

Beneficios para la sociedad en general en tela de juicio

A continuación se detallan los incluidos en la evaluación social del proyecto del año 2014:

Como es posible apreciar, de los 14 rubros señalados, únicamente 4 impactarán de manera directa en beneficios para los usuarios. En contraparte, las distintas proyecciones no señalan a detalle el impacto de dichos beneficios y dejan de lado otros factores que pudieran tener como resultado el encarecimiento de los servicios tanto de transporte, como de las vías de acceso entre otros, pudiendo poner en riesgo la viabilidad misma del proyecto.

Cabe destacar lo que señala Ana Ogarrio:

“El NAICM es un proyecto de una escala sin precedentes que podría ocasionar un grave problema vehicular si la conectividad con el resto de la ciudad no se resuelve adecuadamente”.15

El jueves 14 de abril de 2016 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que se analizaba la posibilidad de construir un tren suburbano para conectar la estación de metro Buenavista con el NAICM, pero desde ese momento y hasta ahora se desconocen los detalles del proyecto.

Ogarrio también señala que:

“Según cálculos del gobierno, la construcción del NAICM incrementará el número de viajes al aeropuerto en un 84 por ciento (de 322 mil en 2014 al AICM a 593 mil en 2020 al NAICM). Este cálculo incluye 170 mil viajes a Ciudad Aeropuerto, una zona urbanizable de 375 hectáreas (donde cabrían más de 80 zócalos de la ciudad) que colinda con el NAICM y sobre la cual no se sabe casi nada”.16

Aunado a lo anterior, a principios de marzo de 2016 se anunció que a raíz de los recortes presupuestales se canceló la línea A del Metro que hubiera conectado mediante siete nuevas estaciones a Pantitlán con La Paz, en Chalco.

Ogarrio al respecto afirma que:

“Este proyecto era una pieza importante del plan de movilidad para el NAICM, el cual ahora no tiene una solución para conectarlo con el oriente de la ciudad donde habita la mayoría de sus empleados. De hecho, las consecuencias de esta cancelación van mucho más allá del nuevo aeropuerto, pues afectan directamente a las cientos de miles de personas que viven en esa zona periférica y que laboran en la Ciudad de México. Estos cambios en las propuestas de transporte ponen en tela de juicio la viabilidad financiera del plan de movilidad y enfatizan la necesidad de hacer pública su [alcance y] estrategia de financiamiento.”17

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de a conocer a la opinión pública lo siguiente:

• Impacto regional, acumulativo y sinérgico, en caso de la utilización de las actuales instalaciones aeropuerto internacional de la Ciudad de México en proyectos de desarrollo inmobiliario.

• Con base en estudios actuariales de los primeros veinte años de operación, la proyección del costo anual del:

– Mantenimiento directo por el hundimiento regional y específico anual del terreno y las construcciones.

– Mantenimiento General Anual.

• Impacto del costo de mantenimiento general anual en:

– Costo de los boletos de avión

– Tarifas de uso de aeropuerto (TUA) nacional e internacional y en su caso, de interconexión.

– Costos de operación de las aerolíneas

Proyecciones de los costos a los usuarios (en comparación con valor actual) del costo de:

• Peaje las Autopistas alimentadoras al NAIM

– Circuito Exterior Mexiquense

– Autopista Peñón-Texcoco

– Autopista Pirámides-Texcoco

– Autopista Siervo de la Nación

– Autopista Naucalpan-Ecatepec

• Estacionamientos Públicos dentro del NAIM

• Comparativa de situación actual del AICM y la proyectada con el NAIM de:

– Tiempos de traslado desde los principales centros de demanda.

– Costos de traslado para acceder a las instalaciones aeroportuarias vía transporte público (por persona).

– Riesgo de operaciones canceladas por condiciones climáticas.

– Impacto presupuestario en las finanzas públicas de la Ciudad de México, por el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo del gobierno del estado de México, para que dé a conocer a la opinión publica de manera detallada de contrataciones de:

• Obras concluidas y en proceso (tipos de adjudicación, desarrolladores, costos y tiempos previstos y finales).

Para los próximos diez años, relacionadas directa o indirectamente al funcionamiento e impacto regional, acumulativo y sinérgico del NAIM, incluyendo el Plan de Conectividad Vial y de Transporte Masivo en los municipios de Acolman, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo un programa especial de auditorías a los estudios y trabajos realizados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua, relacionados con la construcción del NAIM.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Razones-por-las-que-Mexico-necesita-un-nuevo-aeropuerto-20171022-0112.html

2 ASF (2017) Informe Especial: Estrategia de Fiscalización del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados. Octubre de 2017

3 Ídem.

4 Flyvbjerg, B, 2014, “What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview,” Project Management Journal, vol. 45, no. 2, April-May, citado en: Riesgos de corrupción en megaproyectos de obra pública: Estudio de caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Instituto Mexicano para la Competitividad (2018).

5 IMCO (2018) Estudio de caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Instituto Mexicano para la Competitividad, pág. 5. [En línea]: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Documento-NAIM-2018-1.pd f

6 Torres Alcocer, Luis M. (2018) ¿Megaproyectos o Mega Elefantes Blancos? Expansión 25/09/2018 [En línea]: https://expansion.mx/opinion/2018/09/25/opinion-megaproyectos-o-mega-el efantes-blancos

7 La Tasa Interna de Retorno Social o Tasa Interna de Rendimiento Social, (TIR social) es el porcentaje que representa el rendimiento promedio anual de un proyecto respecto de la inversión inicial requerida. (Metodología Integral para la Evaluación de Proyectos de Asociación Público –APP, 2018)

8 SCT (2014), Resumen ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, septiembre 2014. [En línea]: http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/documentos.do?idDcoumento=138553&i dTipoDoc=1&idPPi=42063

9 Martínez, Martha (2014) “Se hunde la T-2”. Periódico Reforma, 10 de junio de 2014, [En línea]: https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=256532

10 ASF (2006) “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, Tomo IV Sector Comunicaciones y Transportes Vol. 5 pág. 169

11 Ibídem, Martínez, Martha (2014).

12 Auditorías LPN-OP-DCAGI-SC-093-16 y LPN-OP-DCAGI-SC-052-17, entre otras.

13 Barragán, Sebastián (2018) Auditorías inéditas muestran pagos irregulares por 765 mdp en Nuevo Aeropuerto, Aristegui Noticias. 27/05/2018 [En línea]: https://aristeguinoticias.com/2705/mexico/auditorias-ineditas-muestran¬ pagos-irregulares-por-765-mdp-en-nuevo-aeropuerto/

14 Gastos de explotación u OPEX, consiste en los costes recurrentes de un producto, sistema o compañía. También puede abarcar los gastos de las instalaciones, como el alquiler o mantenimiento, o de los empleados.

15 Ogarrio, Ana (2016), ¿Y cómo llegaremos al nuevo aeropuerto? Animal Político , 19 de abril de 2016 [En línea]: https://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2016/04 /19/y-como-llegaremos-al-nuevo-aeropuerto/

16 Ibídem Ogarrio.

17 Ibídem Ogarrio.

Dado en la Cámara de Diputados, el 23 de octubre de 2018.

Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a resolver la acción de controversia constitucional promovida por el síndico municipal de Soltepec, Puebla, relativo a la creación del órgano público descentralizado Ciudad Modelo, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Consideraciones

El 22 de enero de 2017 se envió al Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla la propuesta de Decreto para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, mismo que fue aprobado y publicado cinco días posteriores en el Periódico Oficial del Estado, número 20, cuarta sección, Tomo DI.

La iniciativa crea el organismo público descentralizado del gobierno del estado, denominado “Ciudad Modelo”, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prestar los servicios y funciones públicas en la zona de desarrollo industrial, urbano y ecológico en el municipio de San José Chiapa, Puebla, también abarca los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec, todos de Puebla, conforme a sus atribuciones y los convenios suscritos con los ayuntamientos de esos municipios.

De modo que el organismo público descentralizado realiza funciones, que le competen al municipio, violentando el artículo 115 constitucional, ante este escenario el síndico municipal de Soltepec del Estado Libre y Soberano de Puebla con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105 Fracción I, inciso f) y los artículos 1o., 2o., 3o., 21 fracción II, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34,39, 46 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promovió Juicio de Controversia Constitucional en contra del gobierno del estado de Puebla, en concreto de su honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla por emitir el decreto que creó “el organismo público descentralizado denominado Ciudad Modelo”

Dicho juicio de controversia constitucional se presentó el 24 de febrero de 2017 y a la fecha no ha existido resolución alguna.

Debemos citar el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su segundo párrafo dice que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”

Derivado de los hechos expuestos y con el debido respeto a su soberanía, exhortamos a su alta investidura de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que realice un análisis amplio y profundo de las controversias constitucionales mencionadas y las resuelvan mediante un análisis de convencionalidad y constitucionalidad de las disposiciones contravenidas.

Por lo anterior expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de Controversia Constitucional promovida por síndico del municipio de Soltepec del Estado Libre y Soberano de Puebla a la creación del órgano público descentralizado denominado “Ciudad Modelo”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Michoacán a dar especial atención y seguimiento a Morelia, derivado de las lluvias registradas, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Adolfo Torres Ramírez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del gobierno federal y al titular del gobierno del estado de Michoacán para que den especial atención y seguimiento a la ciudad de Morelia, derivado de las copiosas lluvias registradas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A consecuencia del huracán Willa, la ciudad de Morelia sufrió severas lluvias, lo que provocó inundaciones afectando a cientos de viviendas, escuelas e infraestructura pública, además de presentarse árboles caídos, vehículos varados, e incluso personas atrapadas.

Hasta el momento se reportan inundaciones en 30 puntos críticos en 20 colonias. Entre las colonias más afectadas que cita la agencia Quadratín están Carlos Salazar, Prados Verdes, Unidad Santa Cruz, Centro, Industrial, Ejido Emiliano Zapata, Héroes de Bajan, Ignacio Zaragoza, Tres Puentes, Tlalpujahua, Villas de Morelia, Granjas de la Huerta, Fidel Velázquez, Héroes Republicanos, Ejidal Ocolusen, Leandro Valle, Riva Palacio, Del Empleado, Félix Ireta, Sentimientos de la Nación, Manantiales y Primo Tapia Oriente.

El agua alcanzó niveles de 60 centímetros hasta un metro de altura en algunas partes, derivado de que los ríos y los drenajes se encontraban al 100 por ciento de su capacidad.

Por ello, la Coordinación de Protección Civil de Morelia, el Organismo Operador de Agua Potable, la Secretaría de Servicios Públicos, el DIF Municipal, la Dirección de Enlace Ciudadano y la Policía Municipal apoyaron a los afectados y a las instalaciones y vialidades con daños, e incluso autoridades municipales cercanas a la capital determinaron apoyar a los afectados y acondicionar espacios para ofrecerles atención inmediata.

El Ejército implementó el Plan DN-III y la Secretaría de Seguridad Pública informó que 250 elementos brindan auxilio en las labores de rescate, limpieza, primeros auxilios y desazolve, entre otros.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Michoacán a que realizar las gestiones pertinentes para el seguimiento y atención especial a los afectados por las severas lluvias que persisten a la ciudad de Morelia, derivadas del huracán Willa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias de seguridad pública ante el aumento sostenido de robos a transeúntes registrados en la localidad, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamentos en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que fortalezca las estrategias de seguridad pública, ante el aumento sostenido en robos a transeúntes registrados en la capital del país, a fin garantizar su seguridad e integridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A poco más de un mes de concluir la actual administración en la Ciudad de México, en la capital del país prevalece una situación de inseguridad que afecta la tranquilidad e integridad de la población.

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018,1 se propuso buscar la consolidación y modernización de seguridad ciudadana y de prevención del delito, así como la capacitación y evaluación del personal de seguridad pública y de procuración de justicia, en la ciudad a fin de fortalecer el tejido social, la paz y la tranquilidad de los usuarios en la capital del país.2

Establece que para recuperar la seguridad, el orden, la paz y la tranquilidad se requieren de acciones afirmativas, como crear y fortalecer programas de prevención del delito que incluyan acciones para mejorar el tejido social, la recuperación y mantenimiento constante de espacios públicos, la atención de personas con capacidades diferentes y el respeto de los derechos humanos de la población.3

Sin embargo, hasta ahora la Ciudad de México no ha logrado disminuir los delitos de alto impacto, lo que atenta contra la integridad y el bienestar de los habitantes.

Los delitos más comunes son el homicidio, la extorsión y el robo con violencia a transeúntes, este último ha aumentado de manera exponencial, situación que impacta negativamente el turismo.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el periodo enero-agosto del 2018, se han cometido un total de 152 mil 76 delitos, de las cuales 96 mil 327 son patrimoniales, 7 mil 451 lesiones, un mil 227 homicidios y robos a transeúntes en vía pública 5 mil 717.4

El reporte anual sobre delitos de alto impacto en la Ciudad de México en 2017 menciona que el robo con violencia fue el delito que más creció en la Ciudad de México, la capital se posicionó en segundo lugar a nivel nacional por robo a transeúnte y en tercer lugar por robo a negocio, siendo uno de los años con mayor incidencia en delitos de alto impacto.5

Diversos medios periodísticos señalan que cada 19 minutos se registró un robo con violencia, cada 25 un robo a transeúnte y cada 30 un robo a negocio. Por lo que al menos tres delegaciones de la Ciudad de México se encuentran en el top 5 de los municipios con más robos a negocios en todo el país. Mientras que el robo a casa habitación creció en 13 de las 16 delegaciones.

Respecto a los robos con violencia, el Observatorio de la Ciudad de México, detalló que el 23 por ciento ocurre entre las 7 y las 10 de la noche y casi la mitad de ellos (48.8 por ciento) se suscita entre lunes y miércoles. Los meses con la tasa más alta de este tipo de delitos fueron: junio, julio, agosto y octubre, siendo la delegación Miguel Hidalgo la más azotada.

La demarcación Cuauhtémoc es la que encabeza el ranking de las delegaciones con mayor tasa de robos con violencia, seguida de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez e Iztacalco.

Sin embargo, de estas cinco donde más creció el delito fue en Miguel Hidalgo, donde la tasa incrementó un 113 por ciento respecto a lo registrado en 2016.

Estos datos dan cuenta sobre la creciente situación de inseguridad que predomina en la capital del país, lo cual deja de manifiesto que las estrategias para la prevención de los delitos han resultado ineficaces para atender de delincuencia que viven día a día los capitalinos.

Resulta urgente que el gobierno de la Ciudad de México fortalezca las políticas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia, para garantizar el fortalecimiento del tejido social, la participación en la vida cultural y el uso del espacio público, así como el orden, la paz y la tranquilidad.

La violencia y la procuración de justicia deben de atenderse de manera urgente integral. La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que combate el fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social de dicha demarcación.

Salvaguardar la vida y patrimonio de los capitalinos es una función indispensable que las instituciones de seguridad pública deben de proveer, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Nuestra Ley Fundamental en su artículo 21, párrafo noveno, señala que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.6

La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en su artículo 2o., establece a la letra “La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto: Mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía y colaborar en la investigación y persecución de los delitos.7

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no puede ser omiso ante sus obligaciones primordiales, como la de brindar las condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población.

Un gobierno que garantiza el pleno cumplimiento de los derechos humanos a todas las personas, así como el orden, la paz, la tranquilidad, la equidad y la igualdad, genera condiciones favorables para el desarrollo personal, social, económico y armónico por lo que ofrecer dicha garantía resulta indispensable para el bienestar de la población.

Ante este panorama, resulta apremiante que el Gobierno de la Ciudad de México refuerce las estrategias en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de robo a transeúntes, con el propósito de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.

La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la sociedad, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones que permiten a que todas las personas realicen sus actividades cotidianas, a efecto de salvaguardar su vida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno de la Ciudad de México que fortalezca las estrategias de seguridad pública ante el aumento sostenido en robos a transeúntes registrados en la capital del país, a fin garantizar su seguridad e integridad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 2018.

Notas

1 El pasado 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma política de la Ciudad de México en donde el Distrito Federal cambio de nombre por Ciudad de México.

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016

3 https://prosoft.economia.gob.mx/organismos/docop/ESTRATEGIAS%20-%20CDMX %202016.pdf

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2018.pdf

5 http://ocmxseguridad.org.mx/a2017/

6 http://www.finanzas.df.gob.mx/pbr/pdf/ConstitucionPolitica.pdf

7 http://www.aldf.gob.mx/archivo-51021e3f0562d38356ccb328ffca01d3.pdf

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a activar la alerta de género, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal de la honorable LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y demás relativas del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con puntos de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso.)

En lo que respecta al Estado de Puebla, según datos estadísticos del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr),1 de enero a la fecha van 62 feminicidios en el estado de Puebla.

La entidad poblana se ubica en el tercer sitio de todo el país con más casos de feminicidio de los estados, donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) no ha emitido una alerta de género.

Existen solicitudes para esta la alerta que han llegado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de expertos que forman parte del grupo de trabajo que la Conavim integró para analizar la situación.

Los estados en donde grupos civiles o gubernamentales han solicitado la alerta, pero no se ha emitido son Puebla, Tabasco, Sonora, Guanajuato, Baja California, Tlaxcala, Yucatán y Querétaro.

A la fecha la Fiscalía General del estado de Puebla ha minimizado las cifras de feminicidio en la entidad, a pesar de las cifras de Odesyr la fiscalía solo investiga 13 casos como feminicidios; no es posible que durante la gestión de Víctor Antonio Carrancá y ahora con Gilberto Higuera Bernal, encargado de la fiscalía se siga haciendo caso omiso de estos delitos tratando de disfrazar o disimular que no pasa nada en el estado y por ello no se emita la alerta de género.

Las autoridades tienen la obligación y como principal reto no ser omisas ante la ola de feminicidios en la entidad poblana, tal como también lo indicó el rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font,2 quien señaló que en el Centro de Derechos Humanos de la institución se registró, en 2017, 106 presuntos feminicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo contabilizó 77 y el SNSP únicamente 27.

Compañeras y compañeros legisladores es por ello el llamado urgente a activar la alerta de género en Puebla, exigimos acciones que nos lleven a realmente proteger a las mujeres, basta de que la autoridad estatal considere que no se trata de un asunto alarmante; se deben tomar acciones inmediatas ante los feminicidios que inminentemente están afectando a las mujeres en nuestro estado.

Es tiempo que la Fiscalía General del estado asuma las consecuencias por la falta de reconocimiento de lo que realmente está pasando en Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al encargado de la Fiscalía General del estado de Puebla a activar a la brevedad la alerta de género en esa entidad.

Notas

1 http://odesyr.org/

2 https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-puebla/20180905/2815351118 71920

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a impedir la minería a cielo abierto en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, hasta efectuar las consultas a las comunidades indígenas de la zona oriente del Istmo que podrían ser afectadas, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosalinda Domínguez Flores, diputada a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, se localiza en la parte sureste de la región del Istmo de Tehuantepec, y es un municipio primordialmente agrícola, tradicionalmente la siembra de maíz, ajonjolí, sorgo, melón, sandía, han sido los principales cultivos, y a últimas fechas la producción de mango se ha incrementado de manera significativa, de hecho, en conjunto en la zona oriente del Istmo se encuentra la mayor producción de mango oaxaqueño de exportación, y para esto, las cosechas de Santo Domingo Zanatepec han sido significativas. Por su parte, la ganadería es otra de las actividades que dan sustento a una parte importante de la población.

En lo referente a su flora, está caracterizada por pastizales, en los que se aprecian manchones de árboles de guanacastle, totoposte, ceiba, tepezcohuite y frutales. En cuanto a su fauna, se tiene la presencia de liebre, conejo, zorra gris, coyote, venado, iguana, armadillo y aves silvestres como palomas, codorniz y zanate, algunas de estas especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Al ser un municipio netamente rural, éste cuenta con poca densidad poblacional, pero, es de tenerse en cuenta que en el municipio se tiene la presencia de comunidades indígenas, con sus respectivas tierras comunales, mismas que han ocupado desde épocas prehispánicas, además de las tierras ejidales que dan sustento a buena parte de la población.

Sobre estas tierras comunales o ejidales del municipio de Santo Domingo Zanatepec, los propietarios de las mismas, por medio del portal de la Secretaría de Economía, han detectado que se han otorgado a la empresa minera Minaurum Gold Inc., cuando menos tres concesiones mineras bajo la técnica de cielo abierto, sin que ellos hayan sido tomados en cuenta en ningún momento del trámite de concesión.

Lo anterior les causa serias preocupaciones a los propietarios, ya que la minería implica la pérdida de facto de la tierra sobre la que se asienta propiamente la mina con sus instalaciones accesorias, además de una merma considerable en la producción agrícola, tanto en cantidad como en calidad.

Por ejemplo, para el estado de Zacatecas, Federico Guzmán López ha documento las afectaciones a las actividades agrícolas a partir de la instalación de las mineras, a decir de este investigador: “A manera ilustrativa se toma como referencia el impacto ambiental en la destrucción de la producción agrícola ocasionado por Minera Real de Ángeles, que afectó 900 hectáreas dedicadas a la agricultura y ganadería en los municipios de Noria de Ángeles y Villa González Ortega (Valadez, 2013). Otro caso de mayores dimensiones fue recientemente el de la empresa minera canadiense Goldcorp que inició operaciones de explotación en 2009; Garibay (2010:152) señaló que “la minera Peñasquito se instaló sobre poco más de 4 mil hectáreas en afectación directa de tierras agrícolas de los ejidos de Mazapil, Cedros”. A partir de 2009 se observa como punto de inflexión una situación desfavorable en la producción agrícola del municipio de Mazapil, cuya superficie sembrada y cosechada registró una tendencia decreciente a partir del momento en que entró en operaciones la minera Peñasquito (ver gráfica 2). Otra de las situaciones desfavorables que se observó a partir de 2009 en que inició su fase de explotación la minera Peñasquito, fue la tendencia de rendimientos decrecientes en el número de toneladas por hectárea cosechadas en los cultivos de alfalfa, avena forrajera, frijol, maíz forrajero, maíz grano y nopal forrajero. Principalmente ha significado una afectación directa a los pequeños productores agrícolas de subsistencia dedicados a los cultivos de temporal de frijol y maíz, que abarcan una superficie de cultivo superior a 76 por ciento del total de la siembra en el municipio de Mazapil, Zacatecas.”1

De igual manera las exportaciones agrícolas se verán afectadas, debido a que los mercados a los que exportamos son muy cuidadosos en cuanto a la inocuidad alimentaria, por lo que ponen trabas a la importación de productos obtenidos en las inmediaciones de las minas a cielo abierto, por ejemplo, para el mango, como declarará Anuar García, representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en entrevista al diario La Jornada : “En la cadena agroalimentaria del mango, la calidad fitosanitaria es en la actualidad una característica esencial, entre otras, para la competitividad y permanencia de los productos vegetales en los mercados globalizados”.2

Las afectaciones al ambiente causadas por la minería a cielo abierto están ampliamente documentadas, entre éstas se tienen la modificación del paisaje original, la generación de grandes volúmenes de desechos de roca con tóxicos añadidos, sobreexplotación los acuíferos, contaminan las fuentes de agua y destrucción de la producción agrícola.

Por ejemplo: “... en Minera Peñasquito de Goldcorp se consumen 147 megawatts (mw) de energía eléctrica y 43.9 millones de metros cúbicos de agua por año. Así como infertilidad de tierras de uso agrícola y pecuario por contaminación de metales, por ejemplo 900 hectáreas en Noria de Ángeles y 7 961 hectáreas en Peñasquito, Mazapil.”3

En el caso de la entrada en labores de las minas en Santo Domingo Zanatepec, habitantes de este y otros municipios también se muestran preocupados por la contaminación que puede afectar su salud y sus actividades agrícolas, aunado al abasto de agua en cantidad y calidad, ya que al entrar en labores las minas se pone en riesgo el abasto, debido a los grandes volúmenes que se emplearán para la explotación de los minerales, y la alta probabilidad de que el río Ostuta, del cual obtienen el vital líquido los municipios de San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Chahuites, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santiago Niltepec.

En cuanto a las fuentes de empleo, frecuentemente se argumenta que la minería traerá empleo a la comunidad, pero, los puestos de trabajo y sustentos perdidos en la agricultura, pesca y la minería en pequeña escala exceden por mucho los que ofrece la minería de los megaproyectos. Los pobladores locales a menudo se dedican a actividades distintas a las mineras y por lo mismo, carecen de las habilidades requeridas para ocupar puestos en esta industria, por lo que acaban ocupando los trabajos con menor paga.

Por todo esto, más otras razones de peso, es que los habitantes del municipio de Santo Domingo Zanatepec consideran que deberían de haber sido consultados antes del otorgamiento de las concesiones a la minera, máxime si tomamos en cuenta que parte de la población se encuentra en comunidades indígenas, lo cual reviste importancia, ya que por efectos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual ha sido suscrito y ratificado por México y, por lo tanto, es ley vigente en nuestro país, estas comunidades deben de ser consultadas cuando el gobierno tome cualquier decisión que afecte sus territorios, como es el caso en comento.

De igual forma, en los municipios de San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Chahuites, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santiago Niltepec, se tiene la presencia de comunidades indígenas, las cuales desde épocas precolombinas han aprovechado de forma sustentable las aguas del río Ostuta, por lo que también son sus aguas y por lo mismo deberían de ser consultadas sobre los proyectos mineros en Santo Domingo Zanatepec.

A decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”, teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado ”4

Por su parte en el caso específico de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la Tesis 1a. CCXXXVI/2013 (10a.), Comunidades y pueblos indígenas. Todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, nos deja en claro que:

“La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de la participación en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.”

Es de señalarse que está consulta no es un mero trámite administrativo a cumplir por el concesionario, sino que, la finalidad de la misma es la de llegar a consensos, como lo señala la CIDH, a decir de este tribunal internacional:

“133. ... en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones [...] Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo [...] se debe consultar [...] de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si este fuera el caso.

134. Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en este contexto requiere de mayor análisis.”5

El caso de las concesiones mineras en Santo Domingo Zanatepec, se ajusta perfectamente a lo señalado por la CIDH, ya que son planes de inversión que tendrán un mayor impacto dentro del territorio que ocupan las comunidades indígenas de dicho municipio.

Cabe señalar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de gran importancia para nuestro derecho interno, esto porque los criterios empleados por la esta corte son vinculantes a nuestro derecho interno cuando estas son más favorables a la persona, como lo ha señalado la SCJN.

“Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. ...”6

Además, esta consulta tiene sus formalidades para que se considere como válida, ya que debe ser previa, culturalmente adecuada, informada; y, de buena fe, además, no puede ser llevada por cualquiera que simplemente convoque a los integrantes de las comunidades indígenas, sino que, necesariamente tiene que participar en la misma la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esto según la Tesis 2a. XXVIII/2016 (10a.) de la SCJN, misma que a la letra dice:

“La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la autoridad competente en materia de consulta a las comunidades indígenas, en virtud de que las fracciones I, III, IV y IX a XI del artículo 2o. y la fracción VI del artículo 3o., ambos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le otorgan diversas facultades en materia de garantía, promoción y protección de derechos indígenas. En ese sentido, puede advertirse que dicha Comisión tiene amplias facultades para consultar a los pueblos y comunidades indígenas respecto de aquellos proyectos que puedan impactar significativamente en sus condiciones de vida y su entorno; por tanto, es la autoridad competente para llevar a cabo la consulta a las comunidades involucradas respecto de aquellos proyectos implementados por la administración pública federal y las entidades federativas que puedan causarles un impacto significativo. ...”

El evadir la realización de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas no es de poca importancia, de hecho, para la SCJN la falta de esta consulta puede ser motivo más que suficiente para que se anulen actos de autoridad, por ejemplo, “... el 8 de mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización ...”7

En lo referente a las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con respecto a la minería, se tiene que la actividad de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de la Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, está sujeta a la evaluación en materia de impacto ambiental y al trámite de cambio de uso de suelo, ambos a cargo de la dicha secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a que en el ámbito de sus atribuciones impida las actividades de minería a cielo abierto y se abstenga de otorgar concesiones para dicha actividad en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, hasta que se efectúe la consulta a las comunidades indígenas de este municipio y de los municipios oaxaqueños de San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Chahuites, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santiago Niltepec, organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el ámbito de sus atribuciones impida las actividades de minería a cielo abierto y se abstenga de autorizar cambio de uso del suelo y autorizaciones en materia de impacto ambiental, para dicha actividad en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, hasta que se efectúe la consulta a las comunidades indígenas de este municipio y de los municipios oaxaqueños de San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Chahuites, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santiago Niltepec, organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Notas

1 Guzmán López, Federico. “Impactos ambientales causados por megaproyectos de minería a cielo abierto en el estado de Zacatecas, México”, Revista de Geografía Agrícola núm. 56. https://chapingo.mx/revistas/revistas/articulos/doc/r.rga.2016.57.010.p df

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/14/aumenta-50-exportacion-de -mango-en-zona-del-istmo-7451.html

3 Guzmán López, Federico. op. cit.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Disponible en:

http://cidh.org/countryrep/tierrasindigenas2009/cap.ix.h tm#_ftnref1

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso del Pueblo Saramaka contra Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, serie c, no 172.

6 2006225. P./J. 21/2014 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Pág. 204.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Recomendación no. 43 /2015 sobre el caso de la violación a los derechos a la libre autodeterminación y al debido proceso, en agravio de V1 y V2, indígenas yaquis.”, México, D.F., a 30 de noviembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a salvaguardar la integridad física de los migrantes centroamericanos y brindar asistencia médica y asesoría jurídica, permitiendo un acceso ordenado a quienes soliciten asilo político o estancia legal mediante visa de trabajo, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Muchos migrantes salen de su país por razones económicas. Algunos van en busca de mejores perspectivas socioeconómicas y aspiran a trabajar en el exterior. Otros enfrentan la extrema pobreza en su país de origen y no ven otra alternativa que emigrar para sobrevivir, este fenómeno de migración está pasando en nuestro país y es una realidad.

“En 1980 se creó un grupo de trabajo en las Naciones Unidas presidido por México, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares , la cual fue adoptada por unanimidad en la 69 reunión plenaria de la Asamblea General de 18 de diciembre de 1990.

En 1998, se lanzó una Campaña por la Ratificación de la Convención, siguiendo varias iniciativas que promovían su ratificación. El Comité Directivo de la Campaña fue convocado en Ginebra por la ONG Migrants Rights International, con el objetivo de sentar las bases para una campaña global de ratificación de la Convención y de su entrada en vigor.

La Convención no crea nuevos derechos para los migrantes sino que busca garantizar el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales, lo que implica notablemente:

• Prevenir condiciones de vida y de trabajo inhumano, abuso físico y sexual y trato degradante.

• Garantizar los derechos de los migrantes a la libertad de pensamiento, de expresión y de religión.

• Garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos.

• Asegurar su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual implica que los migrantes estén sujetos a los debidos procedimientos, que tengan acceso a intérpretes, y que no sean sentenciados a penas desproporcionadas como la expulsión.

• Garantizar a los migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales”.1

En esta tesitura, todos los migrantes tienen una característica en común: viven y trabajan en un país del cual no son nacionales. Por consiguiente, enfrentan el desafío de adaptarse a una sociedad que no es la suya y que podría rechazarlos, más aún, como no ciudadanos, usualmente gozan de menos derechos que la población nativa. Ellos sufren directamente de la idea tan difundida que afirma que los migrantes no tienen derecho a la protección total de la legislación relativa a los derechos humanos: esta es una idea fundamentalmente errónea desde una perspectiva de derechos humanos y contribuye al difícil acceso de los migrantes a la protección y bienestar sociales.

Por lo antes mencionado, en el Partido Acción Nacional condenamos enérgicamente los hechos violentos acontecidos el día 20 de octubre del presente año, en el Puente Suchiate, frontera entre México y Guatemala, con la caravana de los migrantes hondureños y la insensible política del gobierno en turno, debido a que nos han informado que como resultado del operativo implementado por el Gobierno Federal, un niño hondureño de 7 meses resultó muerto, así como decenas de personas heridas, tanto de parte de los migrantes como de elementos de la fuerza pública federal y de una reportera.

De tal suerte, que la dignidad de la persona y el respeto irrestricto a sus derechos están reconocidos y garantizados por la ley y deben ser respetados en todo momento y bajo cualquier circunstancia por difícil que ésta se presente, por parte de las autoridades.

Ya que el respeto a los migrantes mexicanos que demandamos al vecino país del Norte es y debe ser en reciprocidad y congruente, mismo respeto que debemos garantizar a los migrantes hondureños a nuestro país.

Por lo anterior, exigimos de nuestras autoridades federales que se conduzcan con estricto apego a las leyes nacionales y a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, garantizando en los hechos la salvaguarda de la integridad física de todos y cada uno de los migrantes centroamericanos.

Por lo antes expuesto, para el Partido Acción Nacional es imperante “la protección de los derechos humanos ya que alienta la vida de una auténtica democracia es la expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno conocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho”.2

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se conduzcan con estricto apego a las leyes nacionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvaguardando la integridad física de todos y cada uno de los migrantes centroamericanos y brindando asistencia médica y asesoría jurídica, permitiendo un acceso ordenado a los migrantes que soliciten asilo político o estancia legal mediante visa de trabajo a quienes se acrediten como migrantes que por necesidad dejan su patria para buscar mejores condiciones de vida para sus familias.

Nota

1 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Entrada en vigor el 1º de julio de 2003,

2 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-2002.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados se pronuncia en favor tanto del respeto irrestricto de los derechos humanos de los integrantes de la caravana migrante a su paso por territorio nacional como de la observancia de las leyes y los protocolos en materia migratoria del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de octubre, un grupo de migrantes integrado por aproximadamente 2 mil 500 personas, sobre todo de origen hondureño, ingresaron en el territorio nacional a través del puente fronterizo entre México y Guatemala. La denominada “Caravana Migrante” se integra cada año por personas de diversas nacionalidades que buscan llegar a la frontera norte de México, con el objetivo de cruzar a Estados Unidos.

No es la primera vez que llega a México una caravana migrante; la última ocasión sucedió en abril del presente año. El principal propósito de los migrantes es buscar empleos y mejores oportunidades de vida para sus familias.

Ante la situación, el presidente Enrique Peña Nieto y sus homólogos de Guatemala y Honduras acordaron resolver la situación en la frontera en un marco de pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes y de pleno ejercicio de la soberanía de cada uno de los países.

A través de un comunicado,1 la Presidencia de la República dio a conocer que los mandatarios reiteraron su compromiso con la visión del Pacto Global por la Migración, en el sentido de promover en todo momento una migración segura, regular y ordenada. Asimismo, destacaron que este tema debe abordarse bajo el principio de corresponsabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.

En México, el gobierno de la república, a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, atiende las solicitudes de todos los extranjeros que buscan ingresar al territorio nacional de forma legal, así como las solicitudes de refugio, con pleno respeto a sus derechos humanos y con arreglo a la normativa nacional e internacional en la materia.

El gobierno mexicano solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para acompañar este proceso. Con ello se busca contribuir a una solución de carácter humanitario, ajustada al marco legal, respetuosa de los derechos humanos y transparente, así como garantizar la seguridad de los migrantes, particularmente de los grupos vulnerables como las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores, evitando que puedan ser engañados por las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que el gobierno mexicano ha hecho énfasis en lo siguiente:2

• Toda persona que desee ingresar en el territorio nacional debe hacerlo cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y por los puntos de entrada autorizados, y podrá moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.

• La legislación vigente no considera un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino.

• Que toda persona que ingrese en el territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente y el derecho internacional.

Asimismo, reiteró su compromiso con los esfuerzos de la comunidad internacional a favor de una migración segura, ordenada y regular, y con los derechos humanos de los migrantes, también manifestó su convicción de que el diálogo y la cooperación internacionales entre los países de origen, tránsito y destino de migrantes son indispensables para afrontar los retos del fenómeno migratorio.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular o violenta, igualmente señaló que nuestro país mantiene su disposición de apoyar a los migrantes que decidan ingresar en el país respetando las leyes.

El país mantiene el diálogo permanente con los miembros de la Caravana Migrante, autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como con el ACNUR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos las acciones emprendidas por el gobierno de la república que, en el marco de la legalidad, ha resguardado los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, nos unimos a las diferentes voces de solidaridad con nuestros hermanos centroamericanos.

La migración constituye un fenómeno inherente a la naturaleza humana, a lo largo de la historia ha contribuido al desarrollo de nuestra civilización. El Estado mexicano ha sido históricamente un país promotor de la gobernanza de la migración y los derechos humanos de los migrantes. Somos una de las naciones con mayor número de connacionales radicados en otro país. Por esta razón, México mantiene su compromiso con la cooperación para promover una migración ordenada y regular.

Estamos conscientes de los retos que representa la migración irregular, sin embargo, creemos este es un fenómeno que debe resolverse a través de acciones que promuevan el desarrollo, la cooperación, el diálogo y la responsabilidad compartida.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia en favor del respeto irrestricto de los derechos humanos de los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentran en territorio nacional, así como por la observancia de las leyes y los protocolos en materia migratoria del país.

Segundo. La Cámara de Diputados hace votos porque se encuentre una solución a este problema de carácter humanitario, de manera coordinada entre las autoridades nacionales y las competentes de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Tercero. Reconociendo que las migraciones masivas son un fenómeno del nuevo orden mundial, exhortamos respetuosamente al Estado mexicano para que de manera coordinada con los organismos internacionales se atienda este fenómeno de manera integral.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
el-presidente-enrique-pena-nieto-converso-con-los-presidentes-de-guatemala-y-honduras

2 https://www.gob.mx/segob/prensa/
mexico-solicita-la-intervencion-de-la-onu-para-atender-la-caravana-migrante-179002?tab=

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a integrar una comisión especial de investigación sobre los factores y las circunstancias que han propiciado el incremento de personas con insuficiencia renal en Tierra Blanca, y establecer un banco de datos estadístico dedicado a conjuntar los índices de morbilidad, desglosados por municipio, a cargo del diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Según la American Kidney Fund, la insuficiencia renal, “también llamada enfermedad renal de etapa terminal es la última etapa de la enfermedad renal crónica” cuyo padecimiento se atribuye a la deficiencia en las funciones vitales de los riñones para lo cual resulta insuficiente sobrevivir sin el tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón.

Existen dos tipos de insuficiencia renal: insuficiencia renal aguda (IRA), consiste en que el riñón deja de funcionar de manera brusca, en un periodo de horas a días, para lo cual puede llegar a necesitar tratamiento inmediatamente, incluso diálisis; y la insuficiencia renal crónica (IRC) que es una alteración renal crónica que se mantiene en el tiempo, avanza de manera progresiva e irreversible.1

La causa específica es por problemas de salud que han repercutido en un daño permanente al funcionamiento de los riñones, como lo son: enfermedades autoinmunes, como el lupus y la nefropatía igA; enfermedades genéticas, como la renal poliquística; síndrome nefrótico, problemas de vías urinarias y la diabetes, siendo ésta la causa más común de la insuficiencia renal.

Otras causas que lo generan de forma aguda y súbita, son las asociadas a: ataques al corazón, abuso en el consumo de drogas, insuficiente flujo de sangre a los riñones y problemas de las vías urinarias.

Segunda. Según estudios realizados por la asociación internacional Greenpeace, atribuye que la incidencia sobre este padecimiento se ha incrementado en la región de forma exponencial “por la contaminación que hay en el río Blanco, donde hay muchas industrias, desde industria química, alimenticia, hay rastros, hay vidrieras; lo cual con algunos de esos químicos volátiles la gente está en constante contacto con estas sustancias”.2

Tercera. Considerando a la diabetes mellitus (Tipo II) y a la hipertensión arterial como los padecimientos desencadenantes más comunes de la insuficiencia renal, y en virtud de que no existen cifras específicas que nos permitan tener un panorama más amplio sobre el número de incidencia de este padecimiento, según datos de Forbes Mexico , con cifras hasta el año 2015, 15.5 millones de personas padecen diabetes mellitus en Latinoamerica de los cuales 10.6 millones, lo que representa 8.8 por ciento de la población, situación que se traduce en 87 mil muertes por año. Para el caso de la hipertensión arterial, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra 7 millones de casos, lo que representa 5.8 por ciento, lo que genera más de 50 mil muertes al año.3

Cuarta. En el estado de Veracruz, según cifras de la Secretaría de Salud, en su informe denominado Veinte principales causas de enfermedad en Veracruz , la hipertensión arterial y la diabetes mellitus (tipo II) ocupan los lugares 10 y 11 respectivamente, en la escala de enfermedades principales, lo que significa que 1.2 por ciento de la población ha presentado padecimientos de hipertensión arterial, mientras que 1.1 por ciento lo ha hecho respecto a la diabetes mellitus.

Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, entre los años 2008 y 2012 se presentaron 265 defunciones por insuficiencia renal en Tierra Blanca. Anterior a ese periodo el problema ya era grave como lo hizo constar en un documento el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, al atender en 2003 a 40 pacientes de Tierra Blanca con insuficiencia renal, mientras que otros 110 enfermos del mismo municipio esperaban tratamiento. El documento firmado por el doctor Héctor Pérez Grovas, del Servicio de Nefrología, apretó el botón de alarma al señalar que una prevalencia de 150 casos por cada 100 mil habitantes, significaba una cifra 10 veces mayor que el promedio esperado en cualquier otra población de la República Mexicana.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Veracruz, específicamente a la Secretaría de Salud del estado, para que en coordinación con su homóloga del gobierno federal, se integre una comisión especial de investigación acerca de los factores y circunstancias que han propiciado el incremento de personas con insuficiencia renal en el municipio de Tierra Blanca, toda vez que no han existido acciones concretas y contundentes por parte de las instancias aludidas en aras de dar diagnóstico y solución al problema.

Asimismo, se conmina a formular un banco de datos estadístico dedicado a conjuntar los índices de morbilidad en cada una de las cabeceras municipales, ya que actualmente no se encuentra registro en sus portales de internet.

Notas

1 https://www.news-medical.net/health/renal-failure-types-(spanish).aspx

2 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2007/Marzo/se-dispara-mort alidad-por-cont/

3 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201707/203

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a reconocer al Estado Mayor Presidencial por el trabajo realizado para resguardar la representación del Estado mexicano y la república, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados reconoce al Estado Mayor Presidencial por el trabajo que ha realizado para resguardar la representación del Estado mexicano y de la República, contribuyendo así a preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado Mayor Presidencial es un órgano técnico militar que tiene como primera función proteger al Presidente de la República. Se trata de una institución histórica y de gran tradición, que ha formado parte de la historia de nuestro país.

La primera referencia sobre la existencia de una corporación militar cercana a la Presidencia de la República con funciones de protección y ayuda data de 1823. No obstante, la institucionalización jurídica se dio en 1846, tras la intervención estadunidense.1

Con el objeto de proteger al presidente de la invasión extranjera se emitió un primer Decreto Presidencial que estableció la conformación del Órgano Técnico Militar; posteriormente, durante el gobierno del General Ignacio Comonfort, en 1857, se emitió un Reglamento que especificó que el Estado Mayor estaría integrado por un General de brigada y diez jefes u oficio.

Fue basta el gobierno del presidente Porfirio Díaz que en un nuevo “Reglamento” se estableció que dicho órgano estaría integrado de manera exclusiva por oficiales del Ejército y la Marina. Desde ese momento se estableció que la misión central sería velar por la seguridad personal de presidente de la República, prestar servicios técnicos y servir como vínculo entre la Presidencia y la actual Secretaría de la Defensa Nacional.

Históricamente ha tenido diversas denominaciones, entre ellas “Ayudantía General, Estado Mayor Facultativo, Cuerpo Especial de Estado Mayor del Presidente de la República, y hoy Estado Mayor Presidencial.2

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial vigente, este órgano desempeña diversas funciones.

Artículo 4. El Estado Mayor Presidencial tendrá las misiones generales siguientes:

I. Garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten el territorio nacional, de los ex Presidentes de la República, y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal;

II. Garantizar la seguridad permanente de los inmuebles donde el Presidente de la República, resida o labore habitualmente;

III. Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de sus funciones;

IV. Planear y organizar las tareas conexas a la participación del Presidente de la República y de su esposa en giras y eventos públicos, proporcionando los recursos humanos y materiales que se requieran en apoyo de sus actividades;

V. Proporcionar a sus unidades, el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de sus funciones; VI. Apoyar al Presidente de la República, en el desarrollo de sus actividades, en su ámbito de competencia, y

VII. Administrar los recursos presupuestales asignados a través de la Presidencia de la República para el desempeño de sus funciones.3

Es importante destacar que el Estado Mayor Presidencial, además de velar por la seguridad del Presidente y de cuidar las instalaciones presidenciales, este órgano se distingue de otras corporaciones militares porque cuenta con entrenamiento especializado en los procesos de seguridad que desempeñan. Se trata de un cuerpo de élite, capacitado de manera específica y de gran tradición, que realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Adicionalmente, como lo establece el artículo 4 del Reglamento, las actividades del Estado Mayor Presidencial también se extienden a la protección de altos funcionarios extranjeros que visitan México; su función es garantizar la seguridad de los cuerpos diplomáticos y las actividades políticas que se desarrollan en torno a este tipo de visitas.

Su labor es tan importante que el Estado Mayor Presidencial se conforma con un órgano de alta confianza que utiliza protocolos estandarizados en los cuales coordinan todas las acciones que se requieren para garantizar la seguridad de las personas antes referidas.

El trasfondo de las acciones que emprende el Estado Mayor Presidencial se sustenta en la defensa de los cargos públicos que ostentan y, por consiguiente, en la protección y la estabilidad del Estado que dirigen (ya sea el presidente de México o jefe de Estado de algún otro país que por algún motivo se encuentre en México). Así, su labor central es velar por el orden y la gobernanza de un Estado de derecho.

Detrás de la seguridad de la persona física, se encuentra la Protección del poder Ejecutivo como eje central de la política de Estado. El presidente de la República, tiene la importante responsabilidad de dirigir la política interior y exterior del país, es quien estructura, da orden y funcionamiento al país.

A la par, el poder Ejecutivo -a diferencia del legislativo y el judicial- queda encarnado en una sola persona que concentra todas y cada una de las tareas asignadas en el artículo 89 de la Constitución Política. Tanto el poder legislativo como el poder judicial pueden sostenerse como instituciones políticas, aunque llegare a faltar uno de sus miembros; por el contrario, un atentado contra el presidente de la república, representa la desarticulación del poder Ejecutivo en su totalidad.

Actualmente, este órgano técnico militar está compuesto por más de 2 mil efectivos, de este personal, 8 de cada 10 son del Ejército Mexicano. Para mantenerse en el cargo, sus integrantes deben aprobar exámenes permanentemente y son objeto de programas de adiestramiento, capacitación, actualización y evaluación de sus acciones.

La labor del Estado Mayor Presidencial es un tema de seguridad nacional al que debe darse la seriedad y el valor que corresponde. Ya sea por su tradición histórica, por su trasfondo ideológico o su fundamento como Órgano de Estado. Tanto más, si atendemos a los altos niveles de violencia que México vive actualmente.

Bajo este contexto, es fundamental reconocer el trabajo y las contribuciones del Estado Mayor Presidencial, a fin de garantizar la protección del Poder Ejecutivo como eje central de la política de Estado, además de su contribución a preservar la seguridad y la soberanía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce al Estado Mayor Presidencial, por el trabajo que ha realizado para resguardar la representación del Estado Mexicano y de la República, contribuyendo así a preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Notas

1 Presidencia de la República. (2 de noviembre de 2015). Semblanza histórica del Estado Mayor Presidencial. 16/10/2018. Sitio web:

https://www.gob.mx/presidenci a/ acciones-y-programas/semblanza-historica-del¬estado-mayor-presidencial

2 Presidencia de la República. (2012). Antecedentes Históricos del Estado Mayor Presidencial. 16/10/2018. Sitio web: http://calderon.presidencia.gob.mx/oficina-de-la-presidencia/estado-may or/antecedentes-historicos/

3 Secretaría de la Defensa Nacional. (2018). Reglamento del Estado Mayor Presidencial. 16/10/2018, de la Sedena sitio web: http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/Reg_Est_Myr_Pres.pd

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso y el gobierno de Veracruz a publicar de manera urgente en la Gaceta Oficial del estado la Ley para el Fomento y la Protección de la Actividad Piloncillera, aprobada el 18 de junio de 2018 por el pleno de aquél, a cargo del diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El piloncillo o panela es un dulce típico de la gastronomía de muchos países latinoamericanos, de la India, Laos y Pakistán. El método de preparación se realiza en tres etapas: la primera, es la extracción del caldo, jarabe o jugo no destilado de la caña de azúcar; la segunda es el remojo y hervido de la sustancia; y tercera, el moldeado, secado y purificación. Lo anterior, da como resultado el piloncillo o panela en la forma cónica que tradicionalmente conocemos, o bien para su utilización en azúcar mascabado ó también llamada, azúcar morena.

Segunda. En México, el piloncillo es la base de varios platillo y postres tradicionales muy estimados, por citar algunos: las calabazas en piloncillo, los frutos cristalizados y en época de navidad para el ponche. También se usa para preparar chiles chipotles, alimento que se ocupa en el centro del país para acompañar platillos salados. Asimismo, se emplea para elaborar los llamados “puerquitos de piloncillo” que son panes típicos artesanales elaborados con harina, manteca, especias y piloncillo.

Tercera. En materia de salud, el piloncillo es un endulzante natural que no genera repercusiones graves en su uso, por el contrario, los nutrientes de la caña se conservan de forma íntegra aportando energía, necesaria para el desarrollo de los procesos metabólicos y nutrientes esenciales, tales como: agua, carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas y grasas. Situación que se contrasta con lo que otorga el uso del azúcar blanca común, lo cual sólo aporta calorías vacías.

Cuarta. Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo y Colima, concentran la mayor cantidad de producción de piloncillo de toda la República Mexicana, con 60 mil toneladas anualmente. Esta industria genera anualmente más de 70 mil empleos y una derrama económica estimada en un valor de 400 millones de pesos (https://www.gob.mx/firco/articulos/piloncillo-del-nahuatl-chiancaca-az ucar-morena). La calidad del piloncillo se mide por su color y textura: a mayor claridad y dulzura, se le considera un mejor producto.

Quinta. Actualmente, los pequeños y medianos productores de piloncillo de la región de Huatusco en Veracruz, padecen la competencia desleal de presuntos productores piloncilleros que utilizan en el proceso de elaboración: azúcar de desecho (barredura), azúcar siniestrada de los ingenios, azúcar de línea de dudosa procedencia, caramelos o dulces derretidos, que son comprados en miles de toneladas a precios notablemente bajos, lo que trae como consecuencia, además de evidentes daños a la salud al usar edulcorantes artificiales, una práctica de adulteración en el producto cuya afectación económica impacta a entre 15 mil y 20 mil familias dependientes de estos ciclos productivos. Lo que impulsa a que el campo cañero sea abandonado y devastado, siendo éstos, en gran medida, cooptados por las estructuras del narcotráfico.

Sexto. En virtud de lo anterior, es que por iniciativa del diputado Rogelio Arturo Rodríguez García del 2 de mayo de 2017, impulsado por los diversos grupos que integran a la Unión Veracruzana de Piloncilleros, el pleno del Congreso local del estado, aprobó el 18 de junio del presente año, con 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, el dictamen de la nueva Ley para el Fomento y Protección de la Actividad Piloncillera, la cual entre otras cosas resalta a esta actividad como agrícola, artesanal y tradicional propia del estado de Veracruz, cuyo objetivo es el de fomentar su desarrollo y cuidado, protegiéndola de prácticas desleales ajenas a la preparación tradicional, esto quiere decir que el piloncillo deberá ser realizado imperativamente, con jugo de caña de azúcar con estándares de calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso local y al titular del gobierno constitucional del estado de Veracruz, para que se publique de manera urgente en la Gaceta Oficial del estado, la Ley para el Fomento y Protección de la Actividad Piloncillera aprobada por el pleno de dicho congreso el 18 de junio del presente año. Lo anterior, de acuerdo a lo que mandatan los artículos 35, fracción v, párrafo segundo y 36 de la constitución del estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al estado del equipo de videovigilancia, los botones de pánico y los altavoces del programa Ciudad Segura, en la capital del país, ante diversas denuncias públicas sobre su mal funcionamiento y desperfectos durante los sismos registrados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, transparente el estado que guardan el equipo de videovigilancia, los botones de pánico y altavoces adscritos al programa Ciudad Segura, ante diversas denuncias públicas sobre su mal funcionamiento y desperfectos durante los sismos registrados en la capital del país , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El objetivo del programa Ciudad Segura radica en mejorar los tiempos y acciones de reacción de las autoridades capitalinas ante una situación de emergencia o la comisión de algún delito contra de la ciudadanía.

Esta estrategia de seguridad se sustenta en el uso de equipo de videovigilancia, botones de pánico y altavoces, con los que se monitorean las principales vialidades y constituye un punto de contacto con la ciudadanía para recibir sus denuncias.

El C5 opera con un poco más de 15 mil cámaras de vigilancia en vialidades y otras 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, asimismo una red de altavoces que sirven para transmitir alertas e información de seguridad como sismos, accidentes de alto riesgo y el voceo de personas extraviadas.1

Diversas ciudades en el mundo, como Jerusalén, Londres, Liverpool, París, Chicago, Medellín y Bogotá, también se han apoyado en este tipo de tecnología para disminuir la incidencia delictiva, aunque con resultados distintos.

A pesar de su relevancia, en el caso mexicano existen diversas denuncias públicas que ponen de manifiesto su mal funcionamiento y la carencia de mecanismos de mantenimiento correctivo y preventivo.

En este sentido, diversos medios de comunicación han documentado las siguientes irregularidades:

-Según la Dirección General de Tecnologías, al menos 6 mil 588 de las 15 mil 310 cámaras instaladas ya caducaron y más de 2 mil 500 dejarán de funcionar para el año 2019.2

-En relación a los altavoces 11 mil 505 se encuentran activos, 832 están en situación obsoleta y 17 no funcionan, además de los botones de emergencia de los que 9 mil 368 están activos y 706 presentan algún tipo de falla.3

-Las principales anomalías se han identificado en cámaras, postes, router y variaciones de voltaje, incluso actos de rapiña.

-Las principales alcaldías afectadas con por lo menos el 50 por ciento de los aparatos fuera de servicio son: Gustavo A. Madero, con 122 equipos; Cuauhtémoc, con 113; Iztapalapa, con 105; y Álvaro Obregón, con 74 dispositivos.

-Para ejemplificar el impacto en las fallas de los altavoces, basta indicar que durante el sismo del pasado 19 de julio de 2018, con epicentro en Huajuapan de León, según el jefe de Gobierno, mil 320 altavoces no funcionaron, es decir, no emitieron ninguna alerta, problemática que pudo derivar en la pérdida de vidas humanas.4

Para subsanar estas constantes fallas, el gobierno de Ciudad de México está desarrollando pruebas sonoras el primer lunes de cada mes, y puso en marcha múltiples cuadrillas técnicas para reparar los altavoces descompuestos.

Estos trabajos carecen de la transparencia esperada, ya que se desconoce el presupuesto total asignado y los altavoces reparados desde que las cuadrillas se pusieron en funcionamiento, peor aún, no se han dado a conocer las licitaciones realizadas y las empresas que resultaron beneficiadas.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México informe el estado que guardan los equipos de videovigilancia, los botones de pánico y altavoces adscritos al programa Ciudad Segura.

Las diferencias en la operación del programa y la nula transparencia en su implementación, aunados al incremento en la incidencia delictiva en la capital del país, revelan su ineficiencia desde su puesta en marcha, por lo que está lejos de cumplir con su propósito original de convertir a la ciudad en una de las más seguras del mundo y garantizar la seguridad e integridad de los habitantes.

De ahí la importancia del presente instrumento legislativo, el cual impulsa el adecuado funcionamiento de la infraestructura de la que dispone el programa Ciudad Segura en Ciudad de México, que sirve para alertar y mantener informada a la población durante una contingencia, fenómeno natural o la comisión de algún delito que vulnera su seguridad e integridad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, transparente el estado que guardan el equipo de videovigilancia, los botones de pánico y altavoces adscritos al programa Ciudad Segura, ante diversas denuncias públicas sobre su mal funcionamiento y desperfectos durante los sismos registrados en la capital del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno de Ciudad de México para que dé a conocer las acciones que se están desarrollando o se emprenderán en los próximos meses para dar mantenimiento, renovar o actualizar videovigilancia, los botones de pánico y altavoces adscritos al programa Ciudad Segura, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.

Notas

1 Centro de comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. (2018). C5 CDMX. 17/10/2018, de CDMX Sitio web:

https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/altavoc es.

2 David Saúl Vela. (2018). “Mitad de cámaras que instaló Seguritech en CDMX ya no funciona”. 17/10/2018, de El Financiero Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mitad-de-camaras-que-instalo-se guritech-en-cdmx-ya-no-funciona.

3 Montserrat Peralta. (2018). Obsoletas o con fallas 48% de las cámaras de CDMX. 17/10/2018, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/obsoletas-o-con-fallas-48 -de-las-camaras-de-cdmx.

4 Phenélope Aldaz. (2018). “Fallaron mil 320 altavoces durante sismo de esta mañana”. 17/10/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fallaron-mil-329-altavoces-dura nte-sismo-de-esta-manana

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al 23 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a actualizar en el portal de internet la información pública de oficio plasmada en los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, a cargo del diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Es de dominio público y se encuentra debidamente acreditado, el manejo opaco, discresional y deleznable que ha imperado en las últimas gestiones de gobierno en el estado, tan sólo durante la administración de Javier Duarte a través de licitaciones simuladas, empresas fantasmas, adjudicaciones directas y saqueos a la Secretaría de Finanzas, fueron desviados cerca de 60 mil millones de pesos, los cuales se detectaron oportunamente por las auditorías realizadas por el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación.

Segunda. Según una investigación de la organización denominada “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” (MCCI), identificó que cuando Karime Macias la esposa del entonces gobernador era la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, se entregaron más de 415 millones de pesos a una red de 33 empresas fantasma, con depósitos realizados entre los años 2011 y 2016, los cuales fueron otorgados por medio de contratos a diversas empresas, tales como Grupo Balcano, Prefaco, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene, Ravsam Servicios Multiples y Anzara, donde los accionistas prestanombres eran personas de bajos recursos y en determinados casos, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, la investigación periodística reveló la existencia de 73 contratos, entre 21 empresas y 4 dependencias de la administración pública estatal, realizados por 645 millones de pesos durante los ejercicios fiscales de los años 2012 a 2014. Este desvío de recursos se hizo por medio de: creación de empresas, declaración de pérdidas fiscales de las empresas, y a través de secretarías del Estado, por medio de contratos directos.

Tercera. En la actualidad, según información dada conocer por el Orfis, señaló que durante la administración de Miguel Ángel Yunes, se detectó un desvió por 338 millones de pesos, de acuerdo a la revisión del informe de la Cuenta Pública de 2017 lo que indica que varias dependencias reportaron daño patrimonial, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y Espacios Educativos. También, se incluyen presuntas irregularidades en los pagos erogados a la empresa Facebook por parte de la Coordinación General de Comunicación Social.

Asimismo, abundó Lorenzo Antonio Portilla, auditor general del Orfis, que las investigaciones siguen su curso, no obstante, se han detectado que 153 municipios se han visto afectados en la misma situación de desvíos, por mencionar algunos: Coatzacoalcos, con 142.2 millones de pesos y San Andrés Tuxtla con 56 millones de pesos, entre otros.

Cuarta. En el portal de internet del estado, especificamente lo relativo a las obligaciones de transparencia y acceso la información pública consagradas en el artículo 6o. constitucional y las que emanan de la ley en la materia perteneciente al estado, en sus artículos 15 y 16, tales como declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos; información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos; deuda pública; montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial; resultados de auditorías realizadas; personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos; resultados de procedimientos de adjudicación directa; invitación restringida y licitaciones; ingresos recibidos, entre otros de diversa índole, carecen de actualización pues es información que datan del mes de mayo y diciembre de 2017 en su mayoría, situación que transgrede el derecho humano de la ciudadanía veracruzana y contribuye al manejo opaco e ilícito de los recursos públicos ante la inminente cambio de gobierno que se efectuará a partir del 1 de diciembre.

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Veracruz, específicamente a la unidad de transparencia encargada de publicar la información relativa a la oficina del gobernador, para que actualice la información pública de oficio plasmada en los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dentro de su portal de internet, de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia que dicho ordenamiento mandata.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputado Eleuterio Arrieta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Ssa a fortalecer con las 32 entidades las campañas informativas para crear conciencia sobre la prevención y atención de los embarazos en adolescentes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas para concientizar sobre la prevención y atención de los embarazos en adolescentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que los embarazos a temprana edad afectan la salud de los adolescentes, pues aumenta los riesgos de complicaciones en el embarazo y en el parto que pueden conducir a la muerte.1

El embarazo en adolescentes, no sólo genera repercusiones en la salud de las adolescentes y de sus hijos, sino también en las opciones para continuar con su educación académica, en el abanico de opciones para su proyecto de vida, en sus relaciones sociales y culturales, en sus posibilidades de desarrollo y en las condiciones en que se inserte en la vida laboral, principalmente.

Ser madre o padre adolescente suele iniciar una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que para una niña adolescente (de 10 a 19 años de edad), experimentar un embarazo mientras aún está en la escuela, a menudo significa enfrentar graves consecuencias sociales de por vida.2

En algunos países, quedar embarazada es la expulsión del hogar y de la escuela; ser humilladas y estigmatizadas por la familia, por los miembros de la comunidad y compañeros; mayor vulnerabilidad a la violencia y abuso; y una mayor pobreza y dificultades económicas.

Adicionalmente, la maternidad y paternidad temprana, suele tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su pleno desarrollo.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año dan a luz 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, lo que representa aproximadamente un 11 por ciento de los partos a nivel mundial. El 95 por ciento se producen en países de ingresos bajos y medios.3

En países de ingresos medianos y bajos más de 30 por ciento de las adolescentes contraen matrimonio antes de los 18 años y cerca de 14 por ciento, antes de los 15 años de edad.4

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el orbe. Anualmente, unos 3 millones se someten a abortos peligrosos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.

Dicha organización apunta que en América Latina el riesgo de muerte materna es cuatro veces más elevado en las adolescentes menores de 16 años que en las mujeres de 20.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que la tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada mil niñas, mientras que las tasas en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas a nivel global, estimadas en 66.5 nacimientos por cada mil niñas de entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana.5

Para el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en 2016, se registraron 399 mil 140 nacimientos de madres menores de 19 años, es decir, 17 de cada cien nacimientos son reportados en dicho año. 737 fueron madres de 10 a 12 años de edad y 8 mil 818 de niñas de 13 a 14 años de edad.6

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de mujeres de 12 y más años asciende a 48.7 millones, y de ellas, 67.4 por ciento han tenido al menos un hijo nacido vivo. Según la edad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años ya son madres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7 por ciento en las mujeres de 50 años y más.7

En la mayoría de los nacimientos de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad, se trataba de su primer hijo (81 por ciento), en 16.2 por ciento de su segundo hijo y 2.3 por ciento de ellos se trataba del tercero.

Nuestro país ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.8

Diversos medios periodísticos señalan que en 2017 se registraron cerca de 400 mil nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad, de los cuales poco más de 11 mil fueron de niñas menores de 15 años.9

En este contexto, los embarazos de adolescentes se convierten en un sector vulnerable ya que disminuye las oportunidades de estudiar y de alcanzar sus metas profesionales.

Por ello, resulta fundamental que el Estado mexicano fortalezca las acciones que permitan a las madres adolescentes acceder a su derecho a la educación, en virtud que ésta representa un elemento imprescindible para la movilidad social y el acceso a una mejor calidad de vida.

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación y la Secretaría de Salud, para que refuercen las campañas informativas para concientizar sobre la prevención y atención de los embarazos en adolescentes, a la vez que proporcione una planificación familiar y educación integral en materia de sexualidad y asesoramiento.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 2° establece a la letra “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”.10

Se trata de una problemática nacional que limita las posibilidades de progreso, oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las madres adolescentes y sus familias; lo que es fundamental instrumentar de políticas públicas encaminadas a atender esta situación que atenta contra muchas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas para concientizar sobre la prevención y atención de los embarazos en adolescentes.

Notas

1 https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_25945.html

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002515/251509S.pdf

3 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent _pregnancy/es/

4 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

5 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14163:latin-america-and-the-caribbean-have-the-se cond-highest-adolescent-pregnancy-rates-in-the-world&Itemid=1926&lang=es

6 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras

7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf

8 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/
estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454

9 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/25/poco-mas-de-11-mil-ninas-s e-convirtieron-en-madres-en-2017-experto-4201.html

10http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200 618.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a iniciar los trabajos para presentar la correspondiente propuesta de modificación de límites territoriales entre Xochimilco y Tláhuac, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Flor Ivone Morales Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Ciudad de México y a los alcaldes de Xochimilco y Tláhuac, ambos de la Ciudad de México, para que de inmediato procedan en términos del artículo 52, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, inicien los trabajos para presentar la correspondiente propuesta de modificación de límites territoriales entre las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, respecto de la problemática de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, a la alcaldía Xochimilco. Lo anterior, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

La problemática se originó cuando el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, atendiendo al decreto de fecha 10 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se determinaron los límites territoriales entre las delegaciones políticas Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan y Xochimilco, aprobó con fecha 27 de febrero de 2013, dos acuerdos (CG71/2013 y CG72/2013) que modificaron la cartografía electoral en relación a los límites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac.

En cumplimiento a los citados acuerdos emitidos por el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó, mediante el acuerdo ACU-20-2013, los ajustes correspondientes al marco geográfico electoral del Distrito Federal. Con estas modificaciones, la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, dejaron de pertenecer a la delegación Xochimilco, para formar parte de la delegación Tláhuac.

Como las modificaciones a la cartografía electoral, realizadas por el entonces Instituto Federal Electoral, se realizaron sin considerar las tradiciones históricas, territoriales, culturales y políticas, que conforman la identidad de los pueblos originarios de la Ciudad de México, los habitantes de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, que históricamente han pertenecido a la delegación Xochimilco, acudieron ante el Instituto Electoral del Distrito para manifestar su inconformidad.

Y desde entonces, han expresado su desacuerdo ante diversas instancias gubernamentales, sin que hasta la fecha hayan encontrado una solución concreta a su demanda, que tiene como único objetivo, que se les reconozca su identidad y auto-adscripción como pueblo originario de Xochimilco.

Xochimilco es uno de los casos más emblemáticos de presencia de pueblos originarios, en los cuales el sentido de pertenencia e identidad se expresa cotidianamente en las fiestas tradicionales, en el uso del espacio, en sus formas de producir, alimentarse, organizarse y participar en la vida pública de su entorno comunitario.

Esta particular identidad es lo que ha permitido al pueblo de Xochimilco hacerle frente al crecimiento urbano que ha ido devorando su territorio y cuestionando sus costumbres tradicionales, las cuales son baluarte de organización y participación comunitaria, de distribución de excedentes, de convivencia intergeneracional y de orgullo patrimonial.

El crecimiento poblacional de Xochimilco ha respondido a múltiples factores, entre ellos, la llegada de población no originaria llamados “avecindados” (ya sea por ocupaciones o por venta de terrenos) y por el desdoblamiento natural de las familias originarias, las cuales ante la emergencia de nuevas uniones envían a sus hijos/hijas a vivir “cerca” (usualmente son terrenos en otrora de cultivo fruto de la herencia) de los núcleos familiares para mantener la cercanía y la pertenencia. Estas familias por muy “lejos” que se encuentren mantienen un profundo sentimiento y orgullo de su comunidad originaria y con ello de sus raíces que recrean y defienden cotidianamente y ante cualesquiera cuestionamientos de su identidad se auto adscriben como xochimilcas.

Este es uno de los argumentos de peso en la definición de límites territoriales del caso que nos ocupa, toda vez que la población asentada en la colonia el Olivar de Santa María, así como en los barrios de “San Sebastián” y “San Isidro” del pueblo de Santiago Tulyehualco, se auto-adscriben como xochimilcas. La identidad siempre deriva de un proceso de auto-adscripción y solo son las personas quienes pueden afirmar quiénes son y cómo quieren ser reconocidas por los otros y solo ellos pueden reconocer y afirmar su identidad. Este derecho a la identidad y autoidentificación está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o. párrafos segundo y tercero, que por su importancia, me permito reproducir a la literalidad:

Artículo 2o. ...

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Del propio texto constitucional reproducido, se desprende que la identidad, se asocia en principio a la pertenencia étnica de una persona a un pueblo o una comunidad originaria, siendo suficiente su dicho para tener la presunción de que así es. En consecuencia, el reconocimiento de los límites de la colonia el Olivar de Santa María así como de los barrios de “San Sebastián” y “San Isidro” del pueblo de Santiago Tulyehualco como pertenecientes a la delegación Xochimilco significa el ejercicio de un derecho de una ciudad diversa, pluriétnica y pluricultural, dinámica en la apropiación de su territorio que se reconoce en un pasado común y que conserva todo o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y que este reconocimiento forma parte de un hecho de justicia hacia los pueblos/raíz que construyeron esta ciudad.

Si bien es cierto que esta problemática ya ha sido abordada en anteriores legislaturas por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también es cierto que no se ha podido concretar una solución que permita a los habitantes de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, tener la certeza jurídica de que ha sido reconocida y respetada, su identidad histórica como pueblos originarios de Xochimilco.

La problemática para los habitantes de estas tres colonias se ha trasladado a diversos ámbitos, por ejemplo, tienen dificultades para acreditar su domicilio, toda vez que en muchas ocasiones, el comprobante de domicilio que utilizan, como puede ser el caso del recibo telefónico, la boleta predial o el recibo de luz, no coinciden con el domicilio señalado en su credencial expedida por el ahora Instituto Nacional Electoral. Y peor aún, muchos de ellos tienen problemas con los datos de escrituración de su propiedad, toda vez que no coinciden con los datos que existen en las oficinas encargadas del catastro de la Ciudad de México.

Otro de los grandes inconvenientes que enfrentan los habitantes de “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, es que ante la incerteza que existe respecto de los límites político-administrativos entre las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, la prestación de los servicios de seguridad pública es escasa, así como insuficiente es la atención de servicios públicos por parte de las autoridades de las demarcaciones.

También hay que señalar como antecedente, que en las pasadas elecciones de los de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, realizadas en los años 2013 y 2016, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, atendiendo a las inconformidades presentadas por las colonias afectadas, reconoció la identidad de los pueblos originarios al conservar la asignación en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, a la alcaldía de Xochimilco.

Durante mi gestión como diputada local en la VII legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, participe de manera activa con todas y cada una de las autoridades correspondientes de la jefatura de gobierno, para lograr contar con todos los elementos necesarios y prescritos por el derogado Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, además de que se realizo un trabajo coordinado entre los vecinos de las colonias afectadas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien colaboró en la asistencia técnica para determinar las nuevas coordenadas, que permitan reconocer a la colonia Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, dentro del territorio de la alcaldía de Xochimilco.

Ahora bien, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han eliminado los mecanismos complejos que habían evitado que se llevara a cabo el correspondiente cambio de límite territorial, el artículo 52, numeral 6, de la propia carta magna local, establece el procedimiento de cambio de limite territorial de la manera siguiente:

Artículo 52 Demarcaciones territoriales

...

6. Cualquier modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el Congreso de la Ciudad de México a propuesta de:

I. La persona titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México;

II. De un tercio de los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México;

III. De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales resulten sujetas a análisis para su modificación; o

IV. Una iniciativa ciudadana.

En todos los casos, deberá ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso de la Ciudad de México. Las propuestas deberán incluir el estudio que satisfaga los criterios de extensión y delimitación establecidos en el numeral 3.

En el supuesto de que la propuesta no sea presentada por la alcaldía o alcaldías sujetas a análisis para su modificación, estas deberán expresar su opinión en torno a la creación, modificación o supresión de demarcaciones en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir del día siguiente de su notificación.

El Congreso de la Ciudad de México deberá consultar a las personas que habitan la demarcación o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los términos que establezca la ley.

El Congreso de la Ciudad de México establecerá el procedimiento y fecha de creación e inicio de funciones de la nueva demarcación, así como la forma de integración de sus autoridades y asignación presupuestal, lo cual no incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral inmediato posterior a su creación.

Las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las demarcaciones territoriales serán resueltas por el Congreso de la Ciudad de México.

De lo anterior podemos observar que la facultad de iniciar el procedimiento de cambio de límite territorial a que me he referido, es del Congreso de la Ciudad de México, pero también de las correspondientes alcaldías involucradas, esto es Xochimilco y Tláhuac.

Es prioritario que se lleva a cabo el cambio de limite territorial citado, toda vez que los habitantes de las alcaldías sufren día a día los estragos de los prácticamente nulos servicios urbanos, ven expuesta su seguridad personal por la falta de seguridad publica en la zona y también, sufren de incertidumbre jurídica respecto de sus propiedades, cuestión que hace urgente la atención y cambio del correspondiente límite territorial.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Ciudad de México para que de inmediato proceda en términos del artículo 52, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, inicien los trabajos para presentar la correspondiente propuesta de modificación de límites territoriales entre las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, respecto de la problemática de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, a la alcaldía Xochimilco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac de la Ciudad de México, para que de inmediato procedan en términos del artículo 52, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, inicien los trabajos para presentar la correspondiente propuesta de modificación de límites territoriales entre sus demarcaciones territoriales, respecto de la problemática de la colonia “Olivar Santa María”, y los barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del pueblo de Santiago Tulyehualco, a la alcaldía Xochimilco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Flor Ivone Morales Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de los feminicidios acontecidos en Ecatepec, México, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Alma Delia Navarrete Rivera, en nombre propio y de las diputadas María Wendy Briceño Zuloaga y María Guadalupe Román Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El feminicidio. Es un crimen de odio, se asesina mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, es un acto de discriminación con violencia de género, se acompaña con acciones de extrema violencia y actitudes deshumanizantes, como la tortura, la mutilación, las quemaduras, el ensañamiento, la violencia sexual y el canibalismo. Son hechos innegables que han reconocido los feminicidas de la colonia Jardines de Morelos, correspondiente al municipio de Ecatepec, Estado de México, en por lo menos veinte mujeres.

Al momento de la detención el feminicida reconoció que trasladaba restos humanos de una mujer que había asesinado y que los iba a tirar a un lote baldío cercano a su casa, procedimiento que efectuaba regularmente y que no tenía manera de saber cuántas mujeres descuartizadas había depositado en el lugar.

La cómplice del feminicida reconoce que tenían diez años de ejercer este delito; en el último domicilio donde delinquían en la colonia Jardines de Morelos, así como en otros, principalmente se trataba de mujeres con trato cercano. Es de completo asombro saber con detalle la descripción de los hechos que reconocen.

Parecería que, en la vida normal en el municipio de Ecatepec, lugar que concentra todo tipo de delitos, y que, en el año 2016, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ubica a nivel nacional a Ecatepec como el municipio más inseguro, debido a que el 95% su población así lo percibe.

En el periodo del primero de enero al 18 de noviembre de 2016, doscientas noventa y nueve mujeres fueron asesinadas en el Estado de México, casi una por día, no obstante, en esos casos La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, investigó el delito de feminicidio en sólo 61 casos, el resto, en su mayoría los consideró homicidios dolosos de mujeres.

A manera de información, se sabe que, en el año 2017, se etiquetaron, sólo de manera “enunciativa”, conforme al Presupuesto de Egresos, Seis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Millones de Pesos, destinados a Políticas Públicas en Materia de Género, derivadas de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de México, pero con el criterio de que las dependencias podrían ejercer el recurso conforme lo consideraran conveniente.

El viernes doce de octubre del año en curso, en el lugar donde sucedieron los feminicidios, se efectúo un foro de mujeres para tratar este tema y otros concernientes a la mujer; una de las conclusiones que hubo consiste en que en este preciso momento es de que existe derivado de los acontecimientos: estrés y preocupación por las mujeres de manera general. En el evento participaron varias diputadas federales, las que suscribimos el presente punto de acuerdo y al finalizar con el propósito de contar con los suficientes elementos de análisis, nos trasladamos al lugar donde el feminicida cometió los delitos y al lote baldío donde iba a depositar los restos humanos fragmentados de las mujeres que asesinaba.

Para la comitiva que nos trasladamos al lote baldío, nos percatamos que en ese lugar la presencia de la autoridad no existe. Lo que si encontramos fue todo tipo de basura y objetos que desprenden alarmantemente un penetrante aroma fétido, y a una jauría bastante numerosa que hurgaban el lugar, con la única delimitación de una cinta amarilla.

Que, si el propósito de la autoridad es resguardar evidencias de los restos de los feminicidios, el procedimiento implementado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México simplemente es errático e irresponsable y en un sentido común parecería que han asumido la actitud de que las evidencias desaparezcan al no proporcionar la vigilancia policiaca.

Si efectivamente en ese lote baldío se iban a depositar restos humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debería haber implementado un cerco seguro que permitan saber por muestras de ADN a quién correspondían, pero en ese lugar no existe ninguna labor de la autoridad judicial, ni siquiera por humanismo, porque hay varias familias, padres y esposos de víctimas que no saben, pero presumen que sus mujeres fueron asesinadas por el feminicida y sus restos tirados en ese lugar.

De igual manera sucedió cuando nos trasladamos al departamento de la vecindad que rentaba el feminicida, no existe vigilancia, el lugar no tiene resguardado especial, las personas entran y salen del lugar como si no hubiera sucedido algo importante. Por conducto de los medios la ciudadanía se ha enterado que en ese departamento se cometieron varios feminicidios y la autoridad judicial del estado de México, no ha ejercido sus alcances para esclarecer si efectivamente ahí se cometieron los asesinatos y de quién; no ha emitido en el lugar tan sólo un aviso que la zona se encuentra bajo investigación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración del pleno de esta asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, para que atraiga la investigación e instruya al personal a su cargo a revisar las indagatorias y esclarezca los feminicidios del municipio de Ecatepec, Morelos, estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al titular de la Procuraduría General de la República, la creación de la fiscalía especial para investigar la cantidad de feminicidios y practicar los exámenes científicos correspondientes y determinar la identidad de cada una de las mujeres asesinadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, el gobierno de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana a implantar una estrategia para garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos y disminuir y detener el alza de homicidios dolosos en la entidad, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, artículo 6o., y el artículo 79, numeral 2, fracciones III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero . El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en México todas los ciudadanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución federal señala.1

Por ende, las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia y apegados estrictamente a derecho, conforme la distribución de competencias que marca la ley, corresponden a la federación por conducto de las autoridades competentes, plantear las políticas públicas que derivan en acciones efectivas para garantizar el trabajo en conjunto entre la federación, los estados y los municipios.

Segundo . En nuestro país, en términos legales, el delito de homicidio ofrece diversas modalidades, entre ellas, los dolosos y culposos. En esta ocasión, nos ocuparemos del primero de ellos, refiriendo únicamente el que se describe como el que se perpetra con intención. Este delito es uno de los más graves, puesto que la pérdida de la vida es un hecho consumado de manera irreparable y, por ende, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo una real y efectiva reparación del daño para la víctima. Además, las consecuencias de este delito van más allá de la afectación causada al sujeto pasivo del delito, cuenta habida de que las personas que se encuentran comprendidas en su entorno inmediato, se ven evidentemente prejuiciadas de manera importante, por la ausencia definitiva de un ser querido o cercano.

Hay que dimensionar que en nuestra realidad el número de víctimas invisibles del delito de homicidio es muy superior a los datos que arrojan las estadísticas o estudios existentes en torno a las consecuencias de la incidencia de homicidios dolosos que se perpetran en nuestro país. El homicidio es una expresión extrema de violencia y, por tanto, resulta imperativo la implementación de medidas preventivas eficientes y eficaces para reducirlo.

Tercero . La estadística compilada y difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación muestra, un aumento significativo en el tema de la tasa de homicidios a nivel nacional, sumando un total de 28 mil 789 de enero a agosto de este año.

De los cuales, 18 mil 835 son homicidios dolosos y 9 mil 951 son homicidios culposos.

En el estado de Baja California han ocurrido en la misma fecha (enero a agosto) 2 mil 36 homicidios, mil 814 corresponden a homicidios dolosos y 222 homicidios culposos.2

En 2017, 64 por ciento de los homicidios ocurridos en el estado fueron dolosos, una cifra que triplica el promedio nacional, que es de 23.6 por ciento, este y otros indicadores nos señalan que uno de cada diez homicidios que ocurrieron en el país tuvieron lugar en la entidad en comento, y este año, si la tendencia hacia el alza sigue, este número será superado rápidamente.

Respecto a estos datos, tan solo en la ciudad de Tijuana, acontecen ochenta por ciento de los homicidios que se registran en el estado, resultando en uno de los municipios del país con mayor número de asesinatos y solamente en la primera mitad del 2018 se abrieron mil 54 carpetas de investigación por mencionado delito, cuando en el mismo periodo de 2017 fueron 713.

Estos datos muestran una realidad completamente diferente de la que se jacta su gobernador, quien en números es el titular del Ejecutivo estatal con más homicidios dolosos en su entidad.

Cuarto . Sin embargo existen diversos factores estructurales que hacen casi nula la efectividad de las instituciones de procuración e impartición de justicia y, por tanto, contribuyen de manera indirecta al incremento de los delitos dolosos en Baja California, en general, y el municipio de Tijuana en particular. Entre otras deficiencias podemos señalar, al menos las siguientes:

1. Calidad de la información

La poca calidad de la información existente y la desagregación de los datos insuficiente para elaborar diagnósticos certeros que permitan el diseño de políticas públicas. El generar bases de datos con información sobre la víctima, los hechos, facilitadores y el presunto victimario3 haría posible cruzar la información con otras bases para poder conocer características específicas que facilitaran la investigación del delito.

Aunado a lo anterior, existen indicios que muestran que algunas entidades maquillan las cifras sobre homicidios para no ser categorizadas como ciudades violentas. Incluso nos encontramos incentivos negativos a que las autoridades promuevan la denuncia de delitos ya que un aumento en éstas debe ser percibido como un incremento en el número de delitos y no como un aumento en la confianza en las instituciones.

2. Impunidad

Según el Índice de Paz México 20174 , “el porcentaje de personas que perciben la impunidad como su principal causa de preocupación se multiplicó por dos entre 2012 y 2016, pasando de 8 a 20 por ciento”.

Un sistema de persecución penal efectiva que garantice que quien comete el delito sea acreedor a una sanción podría tener resultados en la disminución de asesinatos.

3. Falta de capacidades de investigación de los operadores del sistema penal.

Existe una falta de capacidades técnicas de las policías y ministerios públicos tanto para recopilar información como para procesar la existente para esclarecer los casos de homicidios. No se cuenta con sistemas que permitan vincular los expedientes delictivos con el historial de actos violentos de los delincuentes.

La profesionalización y capacitación permanente de agentes, así como la inversión en tecnología para la investigación son necesarias para el esclarecimiento de delitos y conseguir la disuasión de los mismos.

Las fiscalías y procuradurías deben implementar un modelo de unidad de investigación que esté basado en protocolos y procedimientos que vincule y organice el trabajo de las unidades multidisciplinarias conformadas por fiscales, policías, y peritos, que contemple una metodología de seguimiento, supervisión y control del trabajo de investigación.

4. Falta de intervenciones focalizadas

La visión en general es que los homicidios son relativamente escasos. Predominan los programas generales de prevención de la violencia y la criminalidad en los que el homicidio es tratado como una manifestación extrema y abordado de forma transversal. Asimismo, se presentan deficiencias en la identificación y atención a grupos en condiciones de riesgo. No existen herramientas que permitan identificar zonas geográficas de alta prioridad y grupos específicos que son más susceptibles de cometer actos violentos.

Quinto . Muy cierto es que diversos son los factores que intervienen en el proceso que lleva a realizar un homicidio. Desde la disponibilidad de un arma, hasta el uso de sustancias psicoactivas, que podrían actuar como inhibidores del razonamiento, que muchas veces derivan en este delito; tales factores pueden determinar patrones y niveles del mismo; pero cuando se les presta atención a través de políticas de prevención, los homicidios pueden disminuir.

A la problemática y datos anteriores, se le deben sumar otros delitos de alto impacto, como son secuestros y extorsiones, más las violaciones y los innumerables robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocios, etcétera, los cuales en su acumulado dejan ver que permanece el alza de la incidencia delictiva, sin que las políticas implementadas por los tres órdenes de gobierno den como resultado su disminución, sino que, por el contrario, se acrecienta la crisis de seguridad en el estado, al punto de que su territorio se ha convertido prácticamente en tierra de nadie, con un vacío absoluto de poder, que no sólo deja a la población en una total vulnerabilidad, sino que cada vez es más notorio el decrecimiento de la inversión extranjera y el demérito de turismo de nuestra entidad federativa, particularmente, en lo que atañe a la frontera de Tijuana, no obstante ser su vocación natural.

Ante tales consideraciones, es necesario que esta soberanía solicite a la Secretaría de Gobernación, al titular del Ejecutivo del estado de Baja California y al presidente municipal de Tijuana, implementen de manera urgente una estrategia que permita garantizar la integridad y seguridad de las y los ciudadanos que habitan el estado, así como preservar el orden y la paz pública.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el gobierno de Baja California y los ayuntamientos de dicha entidad, de manera inmediata implemente protocolos para los reportes sobre incidencia delictiva con las variables mínimas que se necesitan para identificar el tipo y móvil de los homicidios, así como para elaborar diagnósticos locales que identifiquen poblaciones prioritarias y factores de riesgo para disminuir la creciente tasa de homicidios dolosos en el estado de Baja California.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Baja California para que fortalezca sus políticas públicas encaminadas a disminuir la creciente tasa de homicidios dolosos en el estado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Tijuana, Baja California, para aplicar un plan de acción de emergencia que implique la concentración de esfuerzos y recursos policiales utilizando la herramienta de identificación de puntos críticos, sistema de análisis y recopilación de información que permita el desarrollo de una política de inteligencia, disuasión y persecución criminal efectiva.

Notas

1 Párrafo reformado DOF 29-01-2016.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fe cha=29/01/2016

2 Página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/CNSP-Delitos-2018.pdf

3 De acuerdo con el Protocolo de Bogotá, las informaciones mínimas que deben ser registradas son: A) Víctima – identificador único; sexo; fecha de nacimiento o, en su defecto, edad aproximada; nacionalidad; estado civil; escolaridad; profesión u ocupación; lugar de residencia, y características adicionales relativas a grupos de riesgo. B) Hecho - Fecha y hora de la agresión o, en su defecto, del hallazgo del cadáver; fecha y hora del fallecimiento; arma/mecanismo/medio con el que el homicidio fue cometido; número de otras víctimas mortales; número de presuntos victimarios; lugar de la agresión, con el mayor detalle posible; tipo de lugar de la agresión: público o privado; móvil de la agresión, y descripción, en campo abierto, de las circunstancias de la muerte. C) Presunto victimario - sexo; fecha de nacimiento, o en su defecto, edad aproximada; nacionalidad; relación entre víctima y presunto victimario, y profesión u ocupación. Protocolo de Bogotá (2015). Sobre la calidad de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe.

http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/wp-content/uploads/2015/11/
Calidad-de-datos-entregable-ESPA%E2%80%A2OL_SOLO_TXT.pdf

4 La corrupción y la impunidad debilitan la confianza entre los ciudadanos y la confianza en el gobierno, y este deterioro contribuye a la violencia. En 2017, sólo 18% de los mexicanos dijeron tener un alto nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública y sólo 7% dijo tenerla en la policía municipal. http://indicedepazmexico.org/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y las autoridades competentes de Quintana Roo a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal del Altiplano a una cárcel municipal, suscrita por las diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González y María Wendy Briseño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, Marian Wendy Briseño Zuloaga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El abuso sexual contra menores, la pornografía infantil y la explotación sexual comercial infantil son delitos abominables, que lesionan directa e inmediatamente a sus víctimas, dejándoles secuelas imborrables.

México, en materia de trata de personas con propósitos de explotación sexual, es país de origen, tránsito y destino de víctimas.

Uno de los casos más sonados que ilustran lo anterior, es el de Jean Thouma Hannah Succar Kuri, protagonista del caso de pederastia y explotación sexual infantil más conocido de México y sentenciado por los delitos de pornografía infantil, abuso sexual infantil y violación de menores, quien fue acusado de pederastia en Cancún y Estados Unidos a partir de la denuncia hecha por las víctimas, por lo que en octubre del 2013 la PGJE en Quintana Roo giró un orden de aprehensión contra el pederasta.

A pesar de ser un pederasta confeso y contarse con grabaciones, fotografías de los menores, videos, en México y en el extranjero, y de los cuales existe una sentencia condenatoria a 112 años de prisión, aún hay causas pendientes y procesos que parecen interminables para las víctimas.

El 5 de febrero de 2004 fue detenido en Chandler por una petición de la Fiscalía General y la Interpol, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición, el 15 de Julio de 2006 fue extraditado a México donde el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Quintana Roo lo condenó a 13 años, 1 mes y 15 días de prisión y ordenó su traslado a la cárcel municipal de Cancún, por considerar que no era de alta peligrosidad.

El sentenciado manifestó en una entrevista televisiva que la pederastia no pasa de ser una debilidad humana que no amerita “tanto ruido ni escándalo”; “a mi tráeme una niña de cuatro años y me derrito. No es ni la primera vez ni la última, eso pasa toda la vida”; sostuvo que en cada acto sexual contó con el consentimiento de las víctimas y por tanto “Nunca he violado a nadie, nunca le he faltado al respecto a nadie...” y que las relaciones sexuales que sostuvo con jovencitas “Eran secundarias, pues llevaban un trato como de padre a hijas”.

Es por este tipo de comentarios que sabemos que el sentenciado debe permanecer en una cárcel que cuente con las medidas necesarias para garantizar se lleve a cabo su condena sin riesgos de fuga.

La PGR impugnó la sentencia, y se logró que el Tribunal Unitario de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, le impusiera 112 años y seis meses de prisión, a pagar casi 2.5 millones de pesos por reparación del daño de las víctimas. Debido a que la PGR nunca le incautó los bienes al sentenciado la reparación del daño nunca se pudo llevar a cabo.

Por considerarlo reo de muy alta peligrosidad, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, penal de alta seguridad ubicado en Almoloya Estado de México, donde hasta ahora ha permanecido.

En septiembre del año pasado la defensa del reo interpuso dos amparos: uno contra la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y otro contra el penal de “El Altiplano”. El primero se sobreseyó, pero a principios de junio, el Juzgado 4º de Distrito radicado en Cancún Quintana Roo, mediante un proceso desarrollado en el mayor sigilo y sin dar aviso a las víctimas, resolvió el amparo indirecto 1306/2017, interpuesto contra el mencionado centro penitenciario, que autoriza el traslado del sentenciado Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense. El Ministerio Público Federal a petición de una de las víctimas presentó el recurso de revisión contra la sentencia del amparo indirecto, ya que no es posible que un reo de alta peligrosidad sea trasladado a la cárcel municipal de Cancún.

Sin embargo, el jueves 20 de septiembre en la sesión realizada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito en Quintana Roo, del amparo en revisión; con número de expediente 333/2018, con un voto en contra del magistrado presidente del Tribunal, y dos votos a favor, fue que decidieron confirmar al amparo indirecto al recluso, a efecto de que este sea trasladado de nuevo del penal de “El Altiplano” a la cárcel municipal de Cancún”.

Quince años después de que iniciaron este proceso, las víctimas se enteraron de esta resolución en estrados mediante un extracto que no permite ver su alcance y negándoles el acceso al expediente, siendo ellas agraviadas de la causa penal de inicio.

Por lo anteriormente fundado y motivado, quienes suscriben someternos a la consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la Republica a que, en el ejercicio de sus funciones, de manera urgente utilice todos medios legales a su alcance para impugnar la resolución del Juzgado 4º. de Distrito radicado en Cancún Quintana Roo, sobre el Amparo Directo 1306/2017, interpuesto contra el penal federal de “El Altiplano”, que autoriza el traslado de Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Quintana Roo a que, antes de proceder al traslado del reo de alta peligrosidad Jean Thouma Hannah Succar Kuri a la cárcel municipal de Cancún, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de la víctimas; particularmente se exhorta a que se les brinden agentes de seguridad y se garantice la integridad de las víctimas, quienes han sufrido severas amenazas de muerte por parte del sentenciado.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas, para que se redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, relativo a conocer y discutir otras soluciones técnicas viables propuestas por la comunidad respecto al proyecto de la presa El Zapotillo, en Jalisco y Guanajuato, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas diputadas María Teresa López Pérez, Katia Alejandra Castillo Lozano, Verónica Ramos Cruz, Laura Imelda Pérez Segura, Lorena del Socorro Jiménez Andrade y los suscritos diputados Francisco Javier Guzmán de la Torre, Miguel Ángel Márquez González y Alberto Villa Villegas, integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, fracciones II y III, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes problemas actuales que enfrentan las grandes ciudades de todo el orbe es el de la compatibilidad de su expansión y desarrollo con la necesaria sustentabilidad ambiental que implica la gestión racionable de recursos. Ante esta problemática, la Federación, los gobiernos estatales y municipales por ministerio de ley tienen que coordinarse para planear la ejecución de obras que tengan como fin dotar de servicios básicos a la población, tomando en cuenta a los habitantes de las zonas afectadas por las mismas.

Un servicio básico para cualquier urbe es el acceso al agua potable, siendo ésta una necesidad indispensable que debe satisfacerse por ser fuente de vida. Los diputados que suscribimos esta propuesta somos conscientes de los esfuerzos conjuntos que llevan a cabo autoridades de todos los órdenes para poder responder a la demanda cada vez más cuantiosa de los grandes centros urbanos para poder abastecerse de agua, pero también manifestamos nuestra preocupación por el peligro que representa para unas comunidades la construcción de obras para la infraestructura hidráulica, particularmente la del proyecto Presa El Zapotillo-acueducto Zapotillo León de Río Verde.

El proyecto de esta presa ha sido promovido por el gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, el cual tiene como fin poder suministrar agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, a la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado de Jalisco.

Dada la importancia de este proyecto para sostener el crecimiento demográfico de los centros urbanos, es importante planificar meticulosamente su desarrollo a fin de evitar cualquier impacto negativo que pudiera afectar la paz de los habitantes ubicados en las zonas de aledañas. Ante esta posibilidad, surgieron inquietudes de lugareños sobre el peligro que puede comportar la construcción de la presa, particularmente de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo del municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, en cuya demarcación se encuentran las obras de la presa.

El temor apareció porque en un principio se informó que el proyectó de la presa observaría una cortina de 80 metros de altura para proteger a los poblados cercanos a la construcción, lo cual quedó asentado mediante acuerdo1 y posteriormente las autoridades involucradas modificaron por convenio el proyecto para que se incrementara a 105 metros la cortina lo que implicaría un mayor peligro para los pobladores.2 Esta decisión fue combatida por el Congreso de Jalisco que, escuchando a los habitantes, promovió una controversia constitucional registrada con el número de expediente 93/2012 radicada en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual resolvió en sentencia lo siguiente:

“Tercero. Se declara la invalidez del ‘Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas Conagua, y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato’, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete, para los efectos precisados en la última parte de esta ejecutoria.”3

En este orden, de la última parte de la ejecutoria se desprende que “no implica en forma alguna detener la construcción de la obra identificada como El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el “Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde”, suscrito el uno de septiembre de dos mil cinco, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros que permita aprovechar para la ciudad de León, Guanajuato, un volumen anual máximo de 11’837,000 m3 (once millones ochocientos treinta y siete mil metros cúbicos), y para las localidades de Los Altos de Jalisco, un volumen anual máximo de 56’764,800 m3 (cincuenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos metros cúbicos).

Sin embargo, el 29 de junio de 2017 el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó los resultados del estudio proyecto “Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares, (90 millones de pesos). El gobernador, apoyado de este estudio, confirmó que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros de altura ocasionando con ello la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.4

En este sentido si se pretende con la contumacia del gobierno actual de insistir en elevar la cortina, no sólo se estaría violando la sentencia de la segunda sala de nuestro máximo tribunal, sino que también se vuelve a perturbar la tranquilidad de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Cañadas de Obregón, Jalisco.

Es por ello que, ante la preocupación que se origina ante la transición del gobierno del estado de Jalisco, es imperiosa la necesidad de revisar el proyecto atendiendo a las organizaciones sociales y a los pobladores de las comunidades afectadas, en aras de que estos ejerzan sus derechos humanos y se hagan las consultas necesarias para llegar a acciones concertadas, toda vez que el marco legal así lo dispone como es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Código Urbano para el estado de Jalisco, que reza lo siguiente:

“Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones siguientes:

VII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas que tengan por objeto satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de Provisiones y Reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los Centros de Población, lo anterior con la colaboración entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, con la coordinación entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, y con la participación y concertación con los diversos grupos sociales;

VIII. Planear, diseñar, promover y evaluar mecanismos de financiamiento para el Desarrollo Regional, urbano, y rural, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios que sean competentes, y las Demarcaciones Territoriales, así como a las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

IX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, urbano, y rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades;”

“Código Urbano para el estado de Jalisco

Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se podrán regular y promover mediante:

VI. La concertación de acciones con las representaciones de los sectores social y privado;”

De esta forma las autoridades y los gobiernos pueden y deben atender las voces de los habitantes afectados con el proyecto de la Presa el Zapotillo, debido a que es eminente la vulneración a sus derechos de identidad como comunidad, su derecho a la democracia participativa, en virtud que poseen una historia y arraigo en estas comunidades asentadas en el municipio de Cañadas de Obregón Jalisco. No debe soslayarse que la cantidad de personas afectadas asciende a más de mil 500 habitantes de las tres comunidades mencionadas y alrededor de 600 mil personas (agricultores, ganaderos y productores) de la Región de los Altos de Jalisco que se quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región.5

Asimismo, hace una semana, de gira por Guanajuato, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que la Presa El Zapotillo será utilizada para dotar de agua a León, Guanajuato, pero no se violentarán los derechos humanos ni se desaparecerá a los pueblos, por lo que es necesario que las administraciones salientes acuerden los mecanismos de coordinación para planificar la obra considerando a los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a especialistas, a las organizaciones que se han opuesto y al sector académico.

Como se mencionó anteriormente, los pobladores de Temacapulín han continuado con su oposición al proyecto pues estiman que el proyecto hídrico representa una amenaza debido a que pueden ser desplazados, en el mejor de los casos porque de ser el caso en aumentar la cortina los pueblos serían sepultados. Por ello, han insistido en que a que antes de tomar decisiones debe elaborarse una agenda del agua que México y Jalisco requieren, en coparticipación con comunidades, organizaciones y especialistas.

Por otro lado, el Congreso del estado de Jalisco tuvo a bien aprobar en julio del año pasado un acuerdo para crear un Comité Académico conformado por las principales instituciones académicas del estado de Jalisco, para analizar los problemas que giran en torno a la calidad, manejo, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua. Este Comité generó un documento titulado “Los problemas de la gestión integral del agua y la presa El Zapotillo”,6 en el cual se afirma que mientras no esté demostrado que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones realizadas, la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico ni ambiental.

De igual forma, en 2009 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 35/2009 en la que el ombudsman estatal asentó que se ha intentado en múltiples ocasiones convencer a las autoridades estatales para que en el proceso de planeación y construcción de la presa se tome en cuenta a las organizaciones civiles, profesionistas, y estudiosos en el tema y en especial a los habitantes de las tres comunidades que resultarían afectadas con la inundación. Si el proyecto se realizara tal como lo han sugerido los gobiernos de Jalisco y federal, quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus pobladores con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y con vida desde hace varios siglos.7

Derivado de lo vertido, es imperiosa la necesidad de que se convoque a discutir de manera integral las implicaciones y afectaciones que el proyecto hidráulico podría causar, en la que se viertan todos los estudios y que se realice un peritaje público sobre el mantenimiento, viabilidad y seguridad de la presa El Zapotillo, ello en aras de tomar una decisión sustentada y concertada para el beneficio de las partes.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de esta soberanía, el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua, y a los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato a establecer mesas de diálogo con especialistas del sector académico, representantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo del municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, y con los equipos de transición del gobierno federal y del estado de Jalisco para conocer y discutir otras soluciones técnicas viables que la comunidad propone con respecto al proyecto de la presa El Zapotillo.”

Notas

1 Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde, suscrito el 1 de septiembre de 2005 entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco.

2 Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas Conagua, y los Ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete.

3 Sentencia dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la Controversia Constitucional 93/2012, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 11 de octubre de 2013.

4 Proposición con punto de acuerdo presentada en la Cámara de Diputados el 07 de noviembre de 2017 por la Diputada Ernestina Godoy Ramos.

5 Idem.

6 Los problemas de la gestión integral del agua y la presa El Zapotillo. Informe técnico sobre la alternativa para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco en el contexto del proyecto de la Presa el Zapotillo es un documento generado e integrado en octubre de 2017 por los miembros del Comité Académico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado, adscritos al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), a la Universidad de Guadalajara (UdeG), a la Universidad Panamericana (UP) y a la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ). Consecuentemente, bajo cualquier escenario de política pública integral del agua y con la información disponible en torno a la Presa El Zapotillo, Consultado el 10 de octubre de 2018 en: http://almeida.org.mx/documentos/LibroDelAgua.pdf

7 Consultado el 10 de octubre de 2018 en: http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0935.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputadas y diputados:

Con punto de acuerdo, relativo a suspender de inmediato las acciones represivas, de hostigamiento y amenaza, y difundir un informe detallado sobre la omisión del pago a los afiliados al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán General Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Diana Celia Carpio Ríos a que suspenda de inmediato la acciones represivas, de hostigamiento y amenaza, y haga público un informe detallado, del porqué la omisión del pago a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán General Lázaro Cárdenas.

Consideraciones

Los derechos de los sindicatos no son derechos que se produzcan por efecto natural, tampoco son derechos que se otorguen por buena voluntad o como consecuencia del paternalismo del Estado, según han tratado de hacer, algunos mal intencionados, para que los ciudadanos rechacen los movimientos sindicales y desesperadas manifestaciones en las calles ante los oídos sordos y la insensibilidad e intransigencia de patrones, más cuando el patrón es el propio Estado.

Los derechos sindicales, no son otros que aquellos logros alcanzados precisamente por la lucha obrera ante la desigualdad de las condiciones entre trabajadores y patrones; esos patrones poseedores y detentadores del poder económico, incluyendo el monopolio de la fuerza.

Ésta ha sido una lucha histórica y justificada. Una lucha que ha costado vidas y que dio origen a los grandes movimientos sociales en el mundo. Una lucha que en la historia de nuestro país se ve reflejada en el reconocimiento de los derechos sociales en su Constitución política, considerada como la primera Constitución en el mundo como social, al incorporar en su texto de manera expresa, el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo mexicano. Ejemplo que siguieron la Constitución Rusa en octubre de 1917 y la Constitución Alemana en el año de 1919.

En toda esa historia de lucha y conquista de los derechos sociales del pueblo mexicano, le corresponde precisamente al estado tutelar y velar por su vigencia y respeto irrestricto a la estabilidad en el empleo, a la salud y a la seguridad social integral de los trabajadores.

El trabajador, lo único que tiene, es su propia fuerza laboral y su única aspiración es lograr una vida digna por el producto de su trabajo. El trabajador, mantiene la justa esperanza, de una correcta procuración e impartición de justicia cuando sus derechos son violentados. Esa justicia de darle a cada quien lo que le corresponde.

Ante toda esta lucha y logros históricos sociales, se han vuelto a violentar los derechos como trabajadores ya que la Secretaría de Salud por mandato de su titular, doctora Diana Celia Carpio Ríos, a través de su delegación administrativa ha dado la instrucción de la retención salarial, así como la no disposición de otorgar licencias, permisos sindicales, procesos escalafonarios y estímulos trimestrales y anuales por concepto de 30 a los integrantes del gremio de trabajadores descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán General Lázaro Cárdenas, teniendo datos duros que a los trabajadores de otros gremios sindicales, no han tenido ningún tipo de suspensión salarial ni se les ha quitado o negado los diversos beneficios y prestaciones que otorga la misma.

Todo esto tiene su origen en que a partir del mes de junio del presente año la Secretaría suspendió el pago de tres quincenas anteriores, a los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios; motivo por el cual y ante la negativa al diálogo como medio alterno de solución de las diferencias entre la Secretaría de Salud en el estado y el Sindicato General Lázaro Cárdenas del Río, el gremio inició una acción de manifestación, nunca un paro de labores ni la obstaculización de servicio médico, durante 51 días, a partir del 23 de julio al 11 de septiembre del año en curso, con la participación de una pequeña representación de la base trabajadora afectada, con el objeto de no interferir ni afectar en la atención a los pacientes y usuarios de los servicios en las diferentes unidades de atención médica.

En consecuencia a la decisión de manifestarse de manera pacífica y respetuosa, el titular de Enlace Jurídico de la Secretaría, inició el proceso de levantamiento de actas administrativas por el enlace jurídico, quien falazmente consideró “Faltas Injustificadas”; estos procedimientos se recrudecieron con motivo de que este Sindicato denunció públicamente, los sucesos del proceso infeccioso sufrido por pacientes en los quirófanos del Hospital Civil, la falta de medicamentos e insumos para una digna atención a los pacientes.

Las represalias contra el gremio antes mencionado comenzaron el pasado viernes 21 de septiembre, con la notificación en los diferentes centros de trabajo, de memorándum con incidencias a justificar, y con el levantamiento de actas administrativas a tres trabajadores del Centro Estatal de Atención Oncológica; esto como la punta de lanza de un engranaje previa y dolosamente estructurado, con la intención de amedrentar y socavar los derechos sindicales de los trabajadores.

Finalmente, he de mencionar que se han estado violentando los derechos consagrados en el artículo 123 en el cual dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3, 6, 18, 56, 82, 85, 86, 88, 94, 97, 99, 106, 132 fracciones II y X , 133 fracciones IV, V y VII, y 154 de la Ley Federal del Trabajo; artículos 42, 45, 56, 130, fracciones VIII y IX; 132, fracciones I, y XVI; y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por lo antes expuesto presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal, para que en uso de sus atribuciones ordene al titular de la Secretaría de Salud, doctora Diana Celia Carpio Ríos; al titular de la Delegación Administrativa, al titular de Enlace Jurídico y al titular de Recursos Humanos de la propia Secretaría de Salud, para que suspenda de inmediato, las acciones represivas, de hostigamiento y amenaza, contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán General Lázaro Cárdenas, pues violan de manera flagrante sus derechos laborales y sindicales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la propia del estado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, la doctora Diana Celia Carpio Ríos, a hacer público un informe detallado que explique la omisión del pago a los trabajadores del Sindicato antes mencionado, así como la situación laboral de cada uno, así como a atender las necesidades de los trabajadores del Sindicato General Lázaro Cárdenas.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura solicita a las autoridades laborales competentes presenten ante la Procuraduría General de la República las denuncias que pudiesen ser necesarias de encontrarse actos presuntamente ilícitos derivados de la omisión de pagos y las acciones represivas de hostigamiento y amenazas a los trabajadores del Sindicato General Lázaro Cárdenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a evitar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o persecución con fines de detención o deportación de los integrantes de la caravana migrante hondureña que atraviesa por México hacia la frontera norte y garantizar su trato humanitario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe la diputada Dolores Padierna Luna integrante de la fracción parlamentaria de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, así como a la Comisión Nacional de Seguridad ambas dependientes de la Secretaría de Gobernación para que eviten cualquier acto de hostigamiento, intimidación o persecución con fines de detención o deportación de quienes integran la caravana migrante que atraviesa nuestro país hacia la frontera norte y que garanticen su trato humanitario, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ningún ser humano es ilegal. Ninguna trabajador o trabajador que emigra lo hace por gusto. Nadie puede ser tratado en este mundo global como perteneciente a un país, las y los hermanos migrantes son trabajadores internacionales.

Compañeras y compañeros legisladores, me congratulo de que el día de hoy estemos todas y todos preocupados por un tema de gran relevancia para nuestro país y de que exista la coincidencia en la mayoría de nosotras para poder asumir posiciones colectivas dirigidas a asegurar los derechos de las y los trabajadores centroamericanos que están atravesando nuestro país en la búsqueda de mejores oportunidades de vida.

Lo que se había llamado el viacrucis Migrante y ahora se denomina la “caravana Migrante” se ha convertido en un gran movimiento de flujo colectivo de cientos de personas que desde los países mesoamericanos se arriesgan para encontrar mejores oportunidades laborales en el país del norte, pretendiendo alcanzar ya no el sueño americano, sino simplemente huir de la pesadilla latinoamericana que se vive diariamente en algunos de nuestros países hermanos y que les impide disfrutar de sus derechos y hacer su vida de manera libre y pacífica.

Desde el viernes 12 de octubre desde San Pedro Sula, Hondura, las y los integrantes de la caravana se movilizan tanto a pie como en vehículos; en dirección de nuestra frontera sur en el estado de Chiapas, pero mientras la caravana Migrante 2018 continuaba con su camino hacia Estados Unidos el presidente de aquel país amenazó a los gobiernos tanto de México como de Guatemala y Honduras señalando que si dejaban que la caravana continuará su paso, tomaría medidas económicas contra los tres países evidenciando de nueva cuenta el talante autoritario del presidente Trump y la postura sumisa del actual gobierno federal que de inmediato respondió a ese llamado de atención enviando a centenares de policías federales para intentar según se dijo "blindar" la frontera para evitar o cuando menos para limitar el ingreso de la Caravana que según cifras no oficiales estaría compuesta por más de 3,000 personas. 1

Desde antes de que arribará a México la Caravana fue objeto de actos de intimidación y violencia policial por parte de autoridades mexicanas, en especial del personal del Instituto Nacional de Migración vía la Policía Federal quienes increparon y detuvieron a un grupo de activistas y de migrantes que se dirigían al puente fronterizo de Ciudad Hidalgo en Chiapas para recibir al grueso del contingente que se encontraba en el poblado de Tecum Uman aún en territorio Guatemalteco, de esa intervención policial resultó la detención del activista pro inmigrante Irineo Mujica, recuperó su libertad horas después pero bajo la condición de no poder salir de la entidad y obviamente de no poder acompañar a la caravana. 2

Que bueno que la mayoría de todas y todos ustedes coincidan en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias tanto presupuestales como de logística y organizativa del aparato público del Estado mexicano para hacer frente no sólo a esta Caravana Migrante 2018 sino al serio problema de los flujos migratorios hacia el norte del país que diariamente sobreviven literalmente haciendo frente a extorsiones, abusos policiales, abusos del personal de migración, violencia sexual, violencia criminal y desde luego violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

Que bueno que nos sumemos como legisladores y legisladoras para pedirle al Gobierno Federal a que actué no sólo atendiendo las necesidades de los miles de hermanos y hermanas que cruzan nuestro país estos días, sino también para que esa actuación se realice de forma respetuosa, profesional y desde una visión humanitaria.

No basta con atender las solicitudes de refugio que se han presentado ya por miles ante las autoridades nacionales, tampoco de paliar las necesidades inmediatas para las y los migrantes de la caravana, desde luego que estas acciones sin importantes, pero a todas luces no son suficientes para la magnitud de la crisis de movilidad humana, salud pública, higiene, y seguridad que puede desarrollarse en los próximos días o semanas sino actuamos de manera seria y responsable frente a las peticiones de nuestras hermanas y hermanos migrantes.

Si es importante que nos sumemos todas y todos a este llamado emanado de la Junta de Coordinación Política, pero resulta indispensable también que junto con ello, coadyuvemos a la construcción de un plan de atención emergencia que nos permita como Estado mexicano no sólo a nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que nos permita también demostrarle al vecino del norte ya su presidente que no somos ni seremos la aduana de control migratorio para el ingreso de las y los migrantes a aquel país, es hora de demostrarles que tenemos la capacidad para atender las necesidades de las personas migrantes y que tenemos sobre todo la visión y el compromiso de construir un futuro inmediato más próspero en donde el trabajo y las oportunidades de crecimiento económico pueda ser compartidas no sólo entre las y los mexicanos sino entre todas y todos los hermanos latinoamericanos que quieran venir a nuestro país a buscar mejores condiciones de trabajo y de seguridad.

Pero por hoy, es importante que el Instituto Nacional de Migración así como las policías estatales, municipales y las fuerzas federales del orden dejen de ver a la Caravana Migrante 2018 como una amenaza o como un riesgo para la seguridad de nuestro país, pues esta visión sesgada y criminalizante es la que ha caracterizado el presidente Trump, del que tanto y tantas veces nos hemos quejado públicamente, no podemos descalificar un discurso de odio, replicando prácticas de odio y claramente discriminatorias.

Total respeto y protección a la Caravana Migrante 2018, total respeto a las y los que integran este movimiento internacional, ampliemos la visión humanitaria frente a esta crisis de movilidad y busquemos de manera conjunta las mejores medidas para hacerle frente y para salir adelante, pensando siempre en que podemos y debemos ser un refugio internacional para las y los hermanos migrantes y que debemos dejar de ser "el policía malo" del patio trasero de los estadounidenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO. La Cámara de Diputado exhorta al Instituto Nacional de Migración, así como a la Comisión Nacional de Seguridad ambas dependientes de la Secretaría de Gobernación para que eviten cualquier acto de hostigamiento, intimidación o persecución con fines de detención o deportación de quienes integran la caravana migrante que atraviesa nuestro país hacia la frontera norte y que garanticen su trato humanitario.

Notas

1 Semple, Kirk. Trump amenaza a Honduras por la caravana migrante. The New York Times ES, 16 de octubre de 2018. Diponible en: https:/ /www.nytimes.com/es/2018/10/16/trump-caravana-migrante-honduras/ consultado el 19 de octubre de 2018.

2 Indigo staff. Captan momento en que policía federal detiene en Chiapas a Irineo Mujica, activista migrante. Indigo 18 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/captan-momento-enpolicia-federal-detiene-en-chiapas-a-irineo-mujica-activista-migrante-caravana/ consultado el 19 de octubre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar los derechos humanos de las personas participantes en la caravana migrante hondureña y darles atención humanitaria, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La caravana migrante que lleva por lema “Todos Somos Americanos de Nacimiento”, partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, y de otros puntos de ese país. El lunes 15 de octubre ingresaron a Guatemala con la intención de llegar a la frontera de México y de ahí transitar hacia los Estados Unidos de América.

Esta caravana inició con al menos 2,000 migrantes, sin embargo, cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaban hasta 3,000 personas. El pasado viernes 19 de octubre llegaron a la frontera de México con Guatemala más de 4,500 personas de Honduras, El Salvador y Guatemala. La caravana está integrada mayoritariamente por familias completas, mujeres con bebés en brazos, niños, jóvenes y adultos mayores

El miércoles 17 de octubre por la mañana arribaron dos aviones de la Policía Federal al Aeropuerto Internacional de Tapachula y unos 244 elementos destinados a reforzar los dos puentes internacionales que posee México en su frontera con Guatemala por donde se esperaba el arribo de la caravana.

La tarde del viernes 19 de octubre, la vanguardia de la caravana de migrantes rompió el cerco policiaco que se mantenía dispuesto en la frontera entre Guatemala y México. En ese momento se desató el caos y la violencia cuando derribaron una valla fronteriza y corrieron hacia territorio mexicano, situación que provocó que la policía federal interviniera y se iniciara el enfrentamiento donde hubo heridos

Segunda. El artículo 2o. de la Ley de Migración establece los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano entre los que se destaca

1. Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.

2. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

3. El Estado mexicano garantizará la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

4. Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

5. Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

6. Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia,

7. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad.

8. Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

9. Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

10. Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

Tercera. Con base en los principios de la política migratoria mexicana establecidos en el marco legal y ante esta crisis humanitaria exigimos que el Gobierno mexicano garantice los derechos humanos de las personas que están participando en la caravana migrante privilegiando la protección de la vida de los más vulnerables tales como niños, niñas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

En el grupo parlamentario de Morena reprobamos que, en detrimento de la soberanía nacional, el gobierno mexicano a través de la cancillería, del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal realice acciones policiacas y de contención, derivado de presiones externas por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Las autoridades migratorias deben otorgar todas las garantías jurídicas y de seguridad humana para gestionar las peticiones de refugio que puedan presentar los de miembros de la caravana de migrantes. Asimismo, deben informar con claridad que los derechos que tiene toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria.

Se solicita además que los tres niveles de gobierno garanticen la seguridad, salvaguarda y la asistencia humanitaria de los integrantes de la caravana migrante, así como también para los defensores de derechos humanos y periodistas que con su labor están acompañando y haciendo visible a este movimiento.

Finalmente, convocamos a todas las voces, organizaciones, albergues, iglesias, colectivos, asociaciones y a la ciudadanía a solidarizarse con la caravana migrante y su causa humanitaria en su tránsito y/o destino en territorio mexicano para velar por el respeto a la vida y a los derechos humanos por encima de cualquier práctica discriminatoria, racista, xenofóbica y policial hacía los integrantes de la caravana migrantes solo por ser de nacionalidad diferente.

Conforme a lo anterior, someto a consideración del este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Con base en derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en principios de la política migratoria señalados en la Ley de Migración, exhortamos por conducto de la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y a la Policía Federal garantice los derechos humanos de las personas que están participando en la caravana migrante privilegiando la protección de la vida de los más vulnerables tales como niños, niñas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de puntual seguimiento a los acontecimientos que se presentan en la frontera sur de México y otorgue asistencia y apoyo a los migrantes de la caravana para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos.

Tercero. Se solicita al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados otorgar toda la información, facilidades y garantías jurídicas para gestionar las peticiones de refugio que puedan presentar los miembros de la caravana de migrantes. Asimismo, se apoye en los trámites de repatriación a aquellas personas que manifiesten su deseo de regresar a sus lugares de origen.

Cuarto. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, al gobierno estatal de Chiapas y los municipios del estado, coordinen sus acciones para otorgar asistencia con una perspectiva humanitaria a los integrantes de la caravana migrante.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ejecutar programas permanentes de prevención y detección oportuna de cáncer de mama orientados a ampliar la cobertura de mastografías a escala nacional y adquirir mejor tecnología que fortalezca los servicios de salud en el combate frontal del padecimiento, a cargo del diputado Alejandro Barroso Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, doctor Alejandro Barroso Chávez, diputado federal por el distrito XV del estado de Puebla e integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 79, numeral 1, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Octubre es el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama y se celebra en todo el mundo con el fin de aumentar la atención, concientización, detección temprana y el tratamiento de este mal, lo que representa un reto para las autoridades de salud.

El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte a nivel mundial en las mujeres (solo el cáncer de pulmón causa más muertes de mujeres cada año) con más de 1.7 millones de casos diagnosticados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 el cáncer de mama fue la principal causa de muerte por tumores malignos en las mujeres y el más diagnosticado en América Latina, con unos 152 mil casos al año, de los cuales el 15 por ciento se detecta ya en fases avanzadas.

Se estima que se producen alrededor de 5.600 muertes por año debido a esta patología. La detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de un centímetro tienen hasta el 90 por ciento de probabilidades de curación. Se calcula que para 2030, podrían superarse las cifras actuales hasta en un 65 por ciento, con 66.000 muertes y 224.000 nuevos casos al año, de los cuales al menos un 17 por ciento se diagnosticará ya en etapas avanzadas y otro 30 por ciento evolucionará a estadios metastásicos tras un primer tratamiento.

El cáncer de mama se presenta en 3 de cada 10 personas a nivel mundial, estimándose que 1 de cada 8 mujeres desarrollarán la enfermedad durante su vida. En América Latina, la incidencia regional es de 47.2 defunciones por cada 100.000 mujeres, aunque en países del cono sur, principalmente Argentina y Uruguay, la tasa sube a 71.2 y 69.7 muertes por 100.000, respectivamente.

Lamentablemente, en México el Cáncer de mama (CaMa) resulta ser la primera causa de muerte en las mujeres mayores de 25 años. Diariamente, 15 mexicanas mueren por esta causa. En el Sector Salud se detectan más de 23 mil nuevos casos de este padecimiento. Esta cifra representa 60 casos al día, cifra que ha alertado a las autoridades con 6 mil muertes anuales.

Por otra parte, la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) diagnostica cada año mil nuevos casos de esta enfermedad y atiende 7 por ciento de los que hay en nuestro País. La mitad de las pacientes que acuden a esta clínica son de la Ciudad de México y el resto de los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Chiapas, entre otros.

Los casos de esta enfermedad se incrementan cada vez más y de manera acelerada tanto en países ricos como en los de economías en desarrollo y aunque las causas de ello son múltiples, indiscutiblemente es un problema que se relaciona con los estilos de vida de las personas.

El aumento de casos en los países desarrollados probablemente se debe a que existe un mejor diagnóstico al contar con mejores condiciones en sus sistemas de salud, ya que la mortalidad por este padecimiento tiende a ser mayor en las naciones de bajos ingresos, lo que nos indica que el mayor número de casos reportados son detectados en fases tardías de la enfermedad. Como ejemplo, a pesar de los esfuerzos, en México el 58 por ciento de los casos llegan en etapas avanzadas .

Indudablemente, la falta de un diagnóstico oportuno y tratamiento son problemas muy frecuentes tanto en nuestro país como en todo el mundo . En 2017 la OMS, advirtió que solo el 26 por ciento de los países de ingresos bajos informaron que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90 por ciento de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30 por ciento.

La infraestructura para combatir esta enfermedad y sobre todo para prevenirla es limitada, datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) señalan que México es el país con el menor número de mastógrafos por millón de habitantes: nuestra nación posee apenas nueve por cada millón de habitantes, lo que lo vuelve a ubicarlo en último lugar en la lista. Corea e Italia son los países que cuentan con los mejores estándares, al reportar 55 y 33 unidades por cada millón de habitantes, respectivamente.

Según datos del InCan, de acuerdo con un estudio realizado en 2017 y efectuado en 13 centros oncológicos públicos que atienden a mujeres con cáncer mamario y que no son derechohabientes de sistemas de seguridad social, evidenció que la mayor parte de las instalaciones no tienen equipo ni departamentos de radioterapia, mientras que otros cuentan con mastógrafos de cobalto (los cuales resultan obsoletos) y los que cuentan con aparatos digitales están subutilizados. Los equipos analógicos tienen problemas técnicos para su calibración, lo que provoca un amplio margen de error en el diagnóstico.

Dicho instituto, afirma que en México se tienen registrados alrededor de mil 138 mastógrafos, 40 por ciento de estos se encuentran en dependencias de salud (federal y estatal); 17 por ciento en el IMSS; 7 por ciento en el ISSSTE y el resto distribuido en organizaciones como el FUCAM. El problema es que sólo un tercio de los artefactos es digital.

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, refiere que la distribución de los equipos no es equitativa a lo largo del país, toda vez que la Ciudad de México cuenta con el mayor número de mastógrafos, el 80 por ciento se encuentra en funcionamiento, pero la mayor parte de ellos no pasan las pruebas de calidad requeridas.

Un aparato se calcula puede hacer 72 mastografías por día, contemplando los diferentes turnos, sin embargo, la mayoría hace únicamente entre 6 y 8 al día, lo cual es un desperdicio, ya que con esa cantidad de mastógrafos se podría cubrir a 17 millones de mujeres que requieren el tamizaje. Vergonzosamente, el acceso a este servicio sigue siendo escaso en todo el país.

De acuerdo con la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, el reporte estadístico “Informe sobre la salud de los mexicanos 2016”, las entidades con mayor cobertura bienal de mastografías en mujeres fueron:

- Campeche (55 por ciento)

- Quintana Roo (51 por ciento)

- Durango (48 por ciento)

- Querétaro (47 por ciento)

- SLP (42 por ciento)

Las entidades federativas con menor porcentaje fueron Sonora, Tabasco y Nayarit con 18 por ciento, Oaxaca y Guerrero con el 11 por ciento. La cobertura nacional de mastografías en mujeres de 40 a 69 años fue de solo el 28 por ciento. Estos datos explican que la morbilidad y mortalidad de cáncer de mama se encuentren entre las primeras causas en nuestro país.

El caso de Chiapas es preocupante , apenas alcanzó el 1 por ciento de la cobertura en mastografías , es decir, solo se realizaron dos mil 182. A lo largo del informe se puede constatar que los servicios de salud en esta entidad siguen siendo sumamente escasos y deficientes.

Ante esto, las diversas instancias de salud mexicanas han fortalecido y puesto mucho énfasis en las campañas de detección temprana, la cual sigue siendo sin duda, el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el CaMa se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas, dando una probabilidad de vida de más de 5 años en la mayoría de los pacientes.

Por si esto fuera poco, el personal capacitado con el que cuenta el país, es de 6,500 radiólogos, de los cuales 3,500 son certificados y 351 radiólogos certificados en mama. De acuerdo a las recomendaciones internacionales, cada país debería contar con 20 oncólogos médicos, de cuatro a siete radio-oncólogos, dos equipos de radioterapia y un técnico radioterapeuta para cada uno de los equipos, un físico médico por cada dos equipos y de 5 a 6 equipos de radioterapia por cada millón de habitantes.

México se encuentra por debajo de estos números al no contar con el personal necesario para atender a más de 192 mil personas que cada año son diagnosticadas con este mal, aseguran expertos en nuestro país .

La misma Secretaría de Salud, a través de diversos funcionarios, ha declarado la urgente necesidad de adquirir un mayor número de mastógrafos actualizados, pues los existentes además de ser insuficientes no son digitales y se requiere de la última tecnología para detectar el cáncer con mayor precisión; además de incrementar el número de especialistas en el país.

Por ello, es de suma importancia que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Secretaría de Salud obtenga mayores recursos para lograr la adquisición necesaria de infraestructura médica para afrontar la lucha contra el cáncer de mama.

Debemos como legisladores buscar un modelo de atención en el sector salud enfocado hacia lo preventivo, más allá de generar una política de salud destinada a lo curativo; es decir, asignar los recursos suficientes para lograr ampliar la cobertura de atención y lucha contra el cáncer a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, doctor José Ramón Narro Robles, a ejecutar programas permanentes de prevención y detección oportuna de cáncer de mama, orientado a realizar una mayor cobertura de mastografías a nivel nacional y adquirir tecnología de última generación para su aplicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre del año 2018.

Diputado Alejandro Barroso Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a implantar políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública de la nación y los habitantes, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65 numeral 4, 79, numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace mucho tiempo el tema de seguridad pública ha sido el centro de preocupación de los ciudadanos y uno de los reclamos persistentes en los últimos años.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos del fuero federal para el 2017 ascendieron a un total de 96 mil 035, en comparación con el 2016 en que se registraron 85 mil 213 delitos.1

A nivel nacional en 20172 se denunciaron Un millón 807 mil 846 delitos del fuero común en las agencias del Ministerio Público del país, en comparación con 2016,3 donde se registraron Un millón 618 mil 70 delitos, dándose en tan solo un año un crecimiento de la incidencia delictiva en el país de 11.7 por ciento.

Algunos de los delitos del fuero común, que a nivel nacional más inquietan a la ciudadanía son:

El homicidio que registró una tasa de incremento de 35 mil 799 ilícitos en 2016 a 41 mil 219 en 2017, lo que representa un crecimiento del 15.1 por ciento. Destacando que en su mayoría son homicidios dolosos, donde se ve un incremento de 4 mil 793 homicidios más que en el 2016.

Por su parte el delito de robo, paso de 574 mil 299 en el 2016 a 671 mil 007 en el 2017 con un crecimiento del 16.8 por ciento, en donde en su mayoría son robo de vehículos.

En tanto que las lesiones se incrementaron a 189 mil 551 en 2017 de 176 mil 879 que se habían contabilizado en el 2016, con un crecimiento del 7.1 por ciento en un año.

Los números oficiales además confirman que el deterioro en las condiciones de seguridad pública es un problema que alcanza a la mayoría de las entidades federativas.

El estado en donde se registra un mayor aumento de tasa delictiva de delitos del fuero común es Colima, en donde en tan solo un año se incrementó el número de delitos en un 124 por ciento al pasar de 10 mil 877 en el 2016 a 24 mil 424 en el 2017. En tanto que el único que mostro un leve decremento fue Tamaulipas al pasar de 48 mil 528 delitos en el 2016 a 47 mil 163 en el 2017, reduciendo la tasa en un 2.8 por ciento.

A mayor abundamiento, si revisamos los datos que han sido registrados en el Centro Nacional de Información por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta agosto del año en curso, podemos ver que ya se registra un total de Un millón, 229 mil 9134 actos delictivos del fuero común a nivel nacional, incluyendo el homicidio, feminicidio, lesiones, secuestro, abuso sexual, robo entre otros. En tanto que el Reporte de Incidencia Delictiva de delitos del fuero federal por entidad federativa, suma hasta el mes de agosto del presente año, un total de 74,4035 delitos.

Además, recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó la 21 edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana6 con datos registrados hasta el 18 de septiembre de este año, la cual señala que 74.9 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula, con 96.3, 94.5, 94.3, 92.8, 90.8 y 90.4 por ciento, respectivamente. Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Así mismo, dicha encuesta, también puntea en cuanto al tipo de lugar, que el 81.7% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 75.1% en el transporte público, 69.9% en el banco y 67.8% en las calles que habitualmente usa. Véase a continuación:

Lo anterior nos deja ver que las políticas públicas hasta ahora desplegadas no han sido suficientes, ya que la ciudadanía en general seguimos siendo víctimas de la inseguridad que lamentablemente se vive en nuestro país.

Resulta inaplazable que el Estado ejerza su función de brindar seguridad pública y vele por la vida, la integridad, los derechos, las libertades y la paz pública de los ciudadanos.

El artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.7

Se requiere generar alianzas multisectoriales entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, empresarios y la academia para trabajar de manera focalizada con base en necesidades específicas y con objetivos claros, ya que, en un Estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social; todos los mexicanos queremos una mejor calidad de vida.

La seguridad debe ser entendida, como la garantía que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, presento este punto de acuerdo para que los tres niveles de gobierno sumen esfuerzos en pro de diseñar e implementar mejores estrategias que permitan reducir el índice de inseguridad en el país.

En virtud de los motivos aquí expuestos, ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, los estados y los Municipios, para que de manera coordinada implementen políticas públicas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, que permitan prevenir la comisión de delitos y reducir el índice de inseguridad en el país.

Notas

1 Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa. Consultado el 4 de octubre 2018 en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadistica s%20fuero%20federal/Fuerofederal082018.pdf

2 Incidencia Delictiva fuero Común 2017. Consultado el 1 de octubre 2018 en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2017.pdf

3 Incidencia Delictiva fuero Común 2016 Consultado el 1 de octubre 2018 en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2016.pdf

4 Consultado el 3 de octubre 2018

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/CNSP-Delitos-2018.pdf

5 Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa. Consultado el 4 de octubre 2018 en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadistica s%20fuero%20federal/Fuerofederal082018.pdf

6 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (septiembre 2018) consultada el 18 de octubre de 2018, visible en

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bol etines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf

7 Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2018.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación de personas tzotziles originarias de Chiapas víctimas de trata en Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de personas tzotziles de Chiapas, víctimas de trata en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según el informe ejecutivo del Informe Mundial de Trata 2014,i la trata de personas “afecta a prácticamente todos los países de todas las regiones del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de todo el mundo... las líneas imaginarias que conectan el mismo país de origen y de destino de al menos el 5 por ciento de las víctimas detectadas, atraviesan el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado al menos 510 corrientes”.

Por otro lado, el Informe Mundial de la Trata de 2016ii resalta que los objetivos de la trata son dirigidos al “reclutamiento o rapto de niños por parte de grupos armados para matrimonios forzados, explotación sexual o como combatientes. Igualmente se puede dar con fines de explotación sexual y trabajos forzados -éstas son consideradas las modalidades más detectadas de este delito y la explotación por medio de la mendicidad, matrimonios forzados, pornografía...”

A todo esto habría que agregar que no se trata de un fenómeno que aqueje a individuos aislados, por el contrario, ataca a poblaciones en su conjunto vulnerando sus derechos humanos, e impactando de manera severa en la seguridad de las personas y su bienestar en general.

El pasado 14 de octubre se difundió la noticia del desmantelamiento de una deleznable red de tratantes de personas. Según los reportes dados por medios informativos, 63 personas tzotziles de Chiapas eran usadas para la práctica de actividades delictivas en la posible configuración del delito de trata.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, publicada el 14 de octubre, se dio cuenta de la liberación y rescate de más de 60 personas, víctimas de trata en la modalidad de explotación laboral. A mayor abundamiento, la Fiscalía describe cuáles fueron las circunstancias del rescate de este grupo de personas originarias de Chiapas:

“En este operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ministerios públicos, perito, un fiscal y un subdirector, quienes se apersonaron en la calle Privada de Belén en la jurisdicción de Santa María Atzompa, lugar donde las víctimas se encontraban en condiciones de hacinamiento.

Entre las personas rescatadas se encuentran siete mujeres adultas y 56 menores de edad, de los cuales 12 son niñas, 14 niños (seis de ellos menores de dos años), 15 mujeres adolescentes y 15 varones adolescentes. Todas estas personas quedaron bajo la protección del DIF estatal. Asimismo, 11 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Hay que señalar que esta acción fue en cumplimiento a una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público y otorgada por un juez de control.

Gracias a la adecuada aplicación de los protocolos establecidos en la materia, la ejecución de la orden de cateo se llevó a cabo sin incidentes, así como no fue necesario el uso de la fuerza policiaca para tales efectos.

Estas acciones contaron con el apoyo estatal, la Procuraduría de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca y la Policía Municipal de Atzompa.

La Fiscalía General abrió una carpeta de investigación hace varios meses y comenzó a efectuar las actuaciones y diligencias pertinentes que llevaron a la obtención y ejecución de la orden cateo.

Las personas rescatadas son todas originarias del estado de Chiapas, pertenecientes al grupo étnico tzotzil, por lo cual, para garantizar un mejor y más efectivo al derecho a la justicia, se contó con un traductor para facilitar las labores.

Cabe destacar que a estas personas las ubicaban en diversos cruceros de la capital oaxaqueña y les obligaban a pedir dinero y vender productos a los automovilistas.

En relación a estos hechos, por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral, las investigaciones continuarán hasta dar con el principal explotador de las personas.

La Fiscalía General refrenda su compromiso para utilizar todos los mecanismos jurídicos a fin de combatir la trata de personas y garantizar el derecho de las víctimas de acceder a la justicia”.

Oaxaca es una entidad donde se explota y lucra con las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó, en el 2014, el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México. De acuerdo con el organismo, “las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas son: Puebla, con 375; Chiapas, con 315; Ciudad de México, con 113; Oaxaca, con 118, y Baja California y estado de México, con 95 cada una; lo cual representa el 76 por ciento del total iniciadas en el ámbito local. En estos estados se observa que únicamente Ciudad de México cuenta con un importante número de sentencias, esto es 167. Sin embargo, Chiapas solo reporta 16 sentencias, Baja California 8, estado de México 3, Puebla 24 y Oaxaca ninguna”.iii

En 2010, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña publicó el Diagnóstico sobre el fenómeno de trata de personas para determinar su impacto en niñas y mujeres de Oaxaca. De acuerdo con ese documento, en el estado “la trata de personas se manifiesta al amparo de los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, al mantenerse como una tradición la venta de mujeres y niñas que son entregadas en matrimonio o para el servicio doméstico, como parte de un ritual que es en realidad una forma ancestral de esclavitud. Es por ello indispensable identificar el nivel de ocultamiento del fenómeno, a fin de sentar las bases para definir políticas que contribuyan a disminuir y erradicar este fenómeno”.iv

Las consideraciones anteriores muestran que, en Oaxaca, la trata de personas continúa siendo un problema que debe ser resuelto. México cuenta con importantes instrumentos legislativos para combatir este delito en sus diversas modalidades; sin embargo, deben darse medidas más estrictas para que, en el futuro, ninguna persona sea víctima.

Por lo expuesto, es necesario conocer cuáles son las medidas y acciones que se aplicaron en el caso de los 63 tzotziles originarios de Chiapas a fin de resarcir sus derechos y las garantías de reparación del daño; de igual manera, se requiere que, en cuanto al delito de trata de personas, se indiquen cuáles han sido.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público cuáles han sido las acciones, medidas y garantías en beneficio de las 63 personas tzotziles originarios de Chiapas, que el pasado 14 de octubre fueron rescatadas de una presunta red de trata de personas en Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a la procuradora estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en el ámbito de su competencia, dé a conocer las medidas y acciones realizadas en defensa de derechos humanos y cuáles han sido los avances en relación a la reparación del daño y el libre desarrollo en el caso de niñas, niños y adolescentes tzotziles originarios de Chiapas, que el pasado 14 de octubre fueron rescatados de una presunta red de trata de personas en Oaxaca.

Notas

i UNODC. Informe Mundial sobre Trata de Personas. Resumen Ejecutivo. En: en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum _spanish.pdf.

ii UNODC. Informe Mundial de la Trata de Personas, 2016, En: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=20&subs =480&cod=3085&page=

iii CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, Comunicado de Prensa DGC/240/16, 23 de septiembre de 2016, en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Co m_2016_240.pdf

iv Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Diagnóstico sobre el fenómeno de trata de personas para determinar su impacto en mujeres y niñas en Oaxaca, p. 17, en:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Oaxaca/oax_dx_trata.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 23 de octubre de 2018.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y los gobiernos de la Ciudad de México y de Xochimilco a destinar recursos para recuperar en la alcaldía el árbol patrimonial Sabino de San Juan, a cargo de la diputada Guadalupe Ramos Sotelo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Guadalupe Ramos Sotelo, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El ahuehuete (“viejo de agua”, en náhuatl) es un árbol originario de México que ha sido integrado a nuestra historia. Tanto el de La Noche Triste, como el árbol sagrado de Chalma y el dos veces milenario árbol del Tule de Oaxaca, pertenecen a esta especie, conocida también como sabino.

En 1921, durante la celebración del centenario de la consumación de la Independencia, fue declarado Árbol Nacional. En todo el país se encuentran distribuidos estos ejemplares, los cuales forman parte de la historia, tradiciones y creencias de las comunidades donde se encuentran asentados.

2. En Ciudad de México, el ahuehuete más antiguo tiene alrededor de 700 años y se ubica en Santa Catarina, pueblo de la alcaldía de Azcapotzalco.

En Xochimilco se encuentra un ahuehuete conocido como “El Sabino de San Juan”, ubicado en la plazuela del barrio de San Juan. Este árbol es de gran importancia para la población de Xochimilco, pues se dice que fue plantado en 1521 por Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, en señal del pacto de alianza celebrado con el pueblo xochimilca. Se estima de una edad cercana a los 500 años, y está inserto en la poligonal del decreto por el que se declara zona de monumentos históricos a las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, publicado en el Diario Oficial del 4 de diciembre de 1986. El Sabino de San Juan se encuentra incluido en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad de fecha 11 de diciembre de 1987, por la Unesco, convirtiéndose en un símbolo de identidad local.

3. El pasado 8 de septiembre, El Sabino de San Juan se fracturó, y se desgajó uno de los tres fustes que componen su estructura central, lo cual provoco graves afectaciones.

Considerandos

I. Mediante el proyecto de Presupuesto Participativo ejercido en 2017 “Rehabilitación, conservación y cuidado del ahuehuete”, la comunidad del barrio San Juan solicitó a la delegación política de Xochimilco que buscara una institución que interviniera el árbol para evitar su deterioro. Se estableció contacto con la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos (UGST) de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH).

II. El objetivo fue sentar las bases para restaurar y brindar el manejo adecuado del árbol, además de identificar la problemática existente e implementar las medidas necesarias para su corrección. La propuesta de la restauración y el mantenimiento del ahuehuete y los tres árboles de la misma especie que se encuentran dentro del área de influencia consistió en realizar un diagnóstico detallado del árbol mediante la aplicación de tecnología de punta para determinar el estado estructural de la madera, así como la aplicación de técnicas de recuperación y mejoramiento de suelos, implementación de podas de sanidad y de seguridad para los habitantes de la localidad.

III. El presupuesto asignado fue insuficiente para desarrollar todas las acciones especificadas, por lo que se elaboró un programa parcial de intervención.

IV. Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre generó una afectación mayor que llevó a la fractura presentada el pasado 8 de septiembre.

V. Hoy se requiere otro tipo de intervención a cargo de expertos en arboricultura.

VI. Que, derivado de la contingencia, la autoridad delegacional solicitó la intervención de diversas autoridades del ámbito federal y local, de acuerdo con sus competencias, a fin de que emprendieran de forma coordinada las acciones que permitan mitigar el riesgo para la población y el árbol en comento, procurando su preservación por el valor histórico, patrimonial, cultural y ambiental que representa.

VII. En el diagnóstico más reciente, intervinieron:

a. La Secretaría de Protección Civil de Ciudad de México.

b. La Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México.

c. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), y

d. El Instituto Nacional de Antropología e Historia.

VIII. Sus dictámenes son los siguientes:

a). Que mediante Dictamen Técnico de Arbolado en Riesgo SDTAR-015/2018, emitido el 10 de septiembre del año en curso, por la Dirección General de Prevención, dependiente de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, se concluye:

“El árbol de ahuehuete (Taxodium mucroanatum ), valorado en la plaza del barrio San Juan CP-16000, delegación Xochimilco; se dictamina en condición de alto riesgo, y deberá establecerse un plan de las acciones consensuadas con las diferentes instancias involucradas en el tema. Los trabajos de arboricultura indicados, para reducir su vulnerabilidad, deberán realizarse lo antes posible.

Recomendaciones a la delegación Xochimilco:

-Coordinar las acciones inmediatas, para mitigar el riesgo.

-Autorizar administrativamente los trabajos correspondientes, conforme a las normas relacionadas y con ello eliminar la condición de riesgo.

-Eliminar el relleno dentro de la jardinera para favorecer su ventilación radicular, porque a la fecha está sufriendo un proceso de ahogamiento. También con ello, limitar la proliferación de hongos que deterioran la lignina y afectan la capacidad de carga.

-Establecer un sistema de soporte de inmediato, para realizar los trabajos de poda de árboles latifoliados maduros con los métodos de: aclareo, reducción y restauración de copa.

-Los trabajos deberán acatar los criterios de Protección Civil, para salvaguarda de las personas, sus bienes y el entorno; además respetar la norma ambiental.

-Consensuar (sic) el procedimiento de los trabajos de arboricultura a realizar, con personal técnico debidamente capacitado.”

b). Que la Secretaría del Medio Ambiente, mediante oficio SEDEMA/TMG/741/2018, de fecha 17 de septiembre del presente año, signado por su titular, señala respecto del asunto materia del presente instrumento parlamentario, lo siguiente:

“Debido a la importancia que representa este ejemplar, se recomienda:

-Apuntalamiento de los tallos;

-Implementación de cables estáticos;

-Poda de restauración, disminución por arriba y aclareo de copa, con la finalidad de reducir peso y el riesgo de colapsarse, y

-Retiro de tallo colapsado.

Cabe mencionar que existen dos ejemplares más de ahuehuete en el sitio de esta jardinera, que si bien no son de la edad y dimensiones del árbol en cuestión, es primordial su cuidado, y para el mejoramiento y mantenimiento del área, se recomienda implementar un programa permanente en el que se incluyan actividades como, poda, riego, deshierbe, descompactación del suelo, fertilización, control de plagas y enfermedades, poda así como un monitoreo permanente.”

c). Que, de acuerdo al dictamen técnico PAOT2018-1213-DEDPPA-509, emitido por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de fecha 19 de septiembre del año en curso, se señala en lo referente a la valoración del riesgo que representa este ejemplar arbóreo, lo siguiente:

“Valoración del riesgo

Características del árbol

Árbol de galería en medio urbano a 135 metros de la fuente de agua más cercana. Es un árbol maduro, con ramas codominantes, que recientemente sufrió el desgajamiento de una rama primaria. Recientemente, para evitar el colapso del árbol, se le han realizado algunas podas de reducción de copa para liberar peso a la base. (...)

Estado de salud del árbol

Presenta un follaje normal, la densidad del follaje se ve aumentada, por el mejoramiento del suelo. Hay comentarios que asocian que el aumento del follaje, pudo haber generado el fallo de la rama. El tamaño de la oquedad del tronco, asociado a la evidencia de pudrición de la madera y los factores que incrementan la actividad de hongos como humedad por el sistema de riego y la falta de drenaje de arriate, así como la disponibilidad a una fuente rica en nitrógeno (lombricomposta), evidencian un desarrollo acelerado de los hongos degradadores de la madera”

d). Que en el mismo dictamen aludido se determina, entre otras conclusiones, las siguientes:

“Quinta. Considerando las condiciones estructurales y fitosanitarias desfavorables señaladas, se califica a este árbol como de ‘Alto Riesgo’ por cuanto al peligro de fractura de las dos ramas subsistentes, cuya probabilidad de ocurrencia es elevada. El abatimiento de cualquiera de estas ramas pone en peligro la seguridad de las personas y sus bienes, en especial la rama inclinada hacia los inmuebles de la acera poniente.

Sexta. En el caso que se tome la decisión de preservar el árbol en su lugar por sus valores histórico, cultural, social, de identidad, etcétera, deberá dotarse de un sistema de soporte que garantice que no se producirá ninguna falla. Este sistema deberá ser diseñado y construido por especialistas certificados en arboricultura urbana y en seguridad estructural, que asuman la responsiva ante cualquier eventualidad.”

e). Que de conformidad con el oficio número 401.F(6)28.2016/3079, de fecha 13 de julio de 2016, signado por el arquitecto Arturo Balandro Campos, titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia:

“la institución encargada de llevar a cabo el registro y cuidar la conservación de los arboles históricos y notables del país, le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales”

IX. Que se aprecia la necesidad de emprender acciones para el rescate, preservación y salvaguarda del Sabino de San Juan, las cuales demandan del concurso de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno;

X. Que el esfuerzo interinstitucional debe estar encaminado al diseño e instrumentación de un plan integral de rescate. Creemos que es indispensable abordar el ahuehuete, otorgándole mejores condiciones de sobrevivencia y que siga siendo un símbolo de identidad y orgullo para la población de la Ciudad de México;

XI. Que es menester que para el cumplimiento del plan integral aludido se destinen los recursos financieros necesarios para lograr el éxito en el rescate, preservación y salvaguarda del Sabino de San Juan;

XII. Que en ese orden de ideas es preciso actuar atendiendo la responsabilidad social que corresponde a nuestra investidura de representantes populares y exhortar a las autoridades competentes asuman el compromiso con Xochimilco, orgullo no sólo de la ciudad sino del país entero, y emprendan de manera inmediata las acciones que permitan el rescate, preservación y salvaguarda del Sabino de San Juan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta representación nacional, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la división de poderes, solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Cultura, en el ámbito de sus atribuciones, destine los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para la máxima recuperación del Árbol Patrimonial de Xochimilco “Sabino de San Juan”.

Asimismo, esta soberanía exhorta al jefe de Gobierno de Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, destine de igual manera los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para alcanzar el mismo fin.

Esta representación nacional exhorta al titular de la alcaldía de Xochimilco para que, en el ámbito de su competencia, organice y coordine la celebración de mesas de trabajo que convoquen a las autoridades federales y locales competentes, a fin de establecer compromisos y agendas de ejecución de proyectos resolutivos que cuenten con la asignación del presupuesto correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días de octubre de 2018.

Diputada Guadalupe Ramos Sotelo (rúbrica)

Anita Sánchez Castro (rúbrica), Laura Martínez González (rúbrica), Rosalba Valencia Cruz, Marian Wendy Briseño Zuloaga (rúbrica). María Teresa López Pérez, Katia Alejandra Castillo Lozano, Verónica Ramos Cruz, Laura Imelda Pérez Segura, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Miguel Ángel Márquez González y Alberto Villa Villegas (rúbricas)
Efemérides

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente efeméride en conmemoración del Día Nacional del Médico.

El pasado 2 de octubre cumplí 40 años como médico, siempre me he sentido orgulloso de serlo, porque para mí, como para la mayoría de mis colegas, la medicina es sinónimo de servicio.

Actualmente, mi servicio lo presto desde este espacio, pero mis esfuerzos, hoy como entonces, están dedicados mejorar las circunstancias de vida de las personas.

Los médicos siempre han estado involucrados en el servicio público a través de la política, basta con mencionar grandes nombres que se formaron en la medicina, para después dar lo mejor de sí en el ámbito político. Ejemplo de lo anterior, es el gran legislador chiapaneco Belisario Domínguez, quién dio su vida por hablar en contra de Victoriano Huerta.

Otro médico y político, que fue presidente de México en 5 ocasiones, es Valentín Gómez Farías, a quién le debemos en gran medida la educación pública de nuestro país, ya que fue quien creó la ley de Instrucción Pública y el “Establecimiento de Ciencias Médicas” el 23 de octubre de 1833, por lo cual se conmemora hoy el día nacional del médico.

Un célebre médico guanajuatense fue Anastasio Bustamante, ocupó la vicepresidencia de la República en 1829, siendo presidente posteriormente. También Juan Manuel González Ureña, quién fue gobernador del estado de Michoacán, senador, diputado y consejero de gobierno; dejó un importante legado, como la creación de la Escuela de Medicina en Michoacán, solo 8 años después de la consumación de la independencia; Manuel Carpio quien creó el Periódico de la Academia de Medicina de México, y quién buscaba poner en marcha los avances científicos de la época.

Un gran médico y político fue también, el guanajuatense Eduardo Liceaga, sobrino de otro gran médico, Casimiro Liceaga. El doctor Eduardo Liceaga logró elevar el nivel de la enseñanza; una de sus más importantes aportaciones fue sin duda, establecer las bases para el Código Sanitario.

A mi mente vienen nombres como el del doctor Ignacio Chávez, el padre de la cardiología en nuestro país, y creador del Instituto Nacional que hoy lleva su nombre; el de Manuel Gea González, el del Ignacio Morones Prieto, quien fue gobernador de Nuevo León; o el de Salvador Zubirán, quien fue pionero en el desarrollo de la asistencia social, y realizó los primeros estudios poblacionales sobre la nutrición de los mexicanos y la creación de los hospitales modelo.

Desde 1937, México honra a todos y cada uno de las y los médicos del país; pero mencionarlos y celebrar este día no significa nada si no hacemos algo por mejorar las condiciones de este sector.

Para ser médico se necesitan 7 años de licenciatura y 12 de especialidad; toda esa preparación se pone al servicio de las y los mexicanos, muchas veces en condiciones precarias.

Conozco el Sistema de Salud de este país, y sé por experiencia que, quienes lo hacen funcionar todos los días, son millones de profesionales de la salud, muchos de ellos médicos, que dedican su conocimiento a salvaguardar nuestro recurso más preciado.

Desde las sierras más alejadas hasta las ciudades más densamente pobladas, las y los médicos mexicanos entregan lo mejor de sí por la salud de otros.

Este mensaje es para que quienes se dedican a la investigación, a la salud pública, a la cardiología, a combatir el cáncer, a hacer trasplantes, y a todas y cada una de las especialidades médicas; a todas y todos mi reconocimiento y agradecimiento por su entrega y labor anónima y profesional; porque es por ustedes que tenemos un sistema de salud que funciona, con muchos retos y carencias pero que da servicio a la mayoría de las y los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con motivo del 22 de octubre, Día Nacional del Ministerio Público, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las diputadas y los diputados:

Mediante acuerdo CNPJ/XXXIX/24/2018, adoptado en el marco de la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ha instituido el día 22 de octubre, como el Día Nacional del Ministerio Público.

Se ha elegido este día para tan importante reconocimiento, tomando en consideración que el 22 de octubre de 1814, se sancionó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, al que mejor conocemos como “Constitución de Apatzingán”, por haber sido promulgada en Apatzingán, Michoacán.

Este es el primer documento de naturaleza constitucional que ya se refiere a los territorios de nuestro país como la América Mexicana y es el primer documento de estas características que contempla la figura de un fiscal letrado “para lo criminal”, el cual estaría dotado de cierta autonomía debido a que sería nombrado por el Supremo Congreso Mexicano. Así nace constitucionalmente el Ministerio Público, una institución fundamental para la construcción de nuestro país.

Aplaudimos erigir un día para que la sociedad reconozca el valor y los esfuerzos incansables que los agentes del Ministerio Público ponen en su día a día laboral.

El año 2008, trajo consigo una reforma constitucional que al Ministerio Público le ha permitido ver en justas dimensiones, su absoluta capacidad para injerir en el camino a la justicia. Porque como institución pública fundamental, pero sobre todo porque como hombres y mujeres profesionales, han decido reinventarse, rehacerse bajo las nuevas reglas y condiciones que les plantea el sistema acusatorio.

Celebramos en este día a tan encomiable institución. La justicia es un valor supremo, posiblemente inalcanzable, pero son los Agentes del Ministerio Público, los hombres y mujeres que luchan a pie tierra por introducir la calidad humana en cada investigación del delito.

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2018.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Grupo Parlamentario del PRI

Como ocurre desde 1937, México celebra el 23 de octubre de cada año el Día del Médico, el cual fue instituido durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República. Dicha celebración, se estableció en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías.

Además de desempeñarse como médico de profesión, fue parte del primer Congreso Mexicano en 1822 y primer Constituyente de 1824, además de presidente de la República en diversos momentos, donde destacó a lado de los federalistas. Como parte de sus contribuciones, erigió la Escuela de Ciencias Médicas la cual al paso del tiempo se convertiría en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.1

Por este acontecimiento, se decidió que fuera el 23 de octubre el Día del Médico, ya que fue en esa fecha, cuando el doctor Valentín Gómez Farías erigió el primer Establecimiento de Ciencias Médicas, la cual desde su creación ha sido toral para el desarrollo y consolidación de la ciencia en el territorio nacional.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coincidimos que dicha profesión recae en uno de los campos de conocimiento en constante cambio e innovación, cuya función es determinante para garantizar la salud de la población.

Para contar con un panorama general de la profesión, es importante destacar que en nuestro país existen más de 343 mil 700 médicos, lo que significa que hay un médico por cada 348 habitantes. Las entidades con el mayor número de profesionistas se encuentran la Ciudad de México con 33 mil 603, Jalisco con 17 mil 379 y Veracruz con 13 mil 615 personas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, del total de los médicos por lo menos el 71.7 por ciento laboran en el sector público y el 28.3 por ciento en alguna institución del sector privado. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, cuentan con el mayor número de médicos generales, ya que aglomeran 75 por ciento de los médicos del país.2

El año pasado, había 14 mil pasantes de medicina, 38 mil 500 de enfermería y 11 mil 600 de otras áreas como psicología, ciencias de la nutrición y química. Se trata de una disciplina en crecimiento, prueba de ello, es que en los últimos 8 años el número de estudiantes ha crecido en más del 32 por ciento, esto se debe a que 2010 se inscribieron 90 mil alumnos a cualquiera de los planteles oficiales del país y para este año este número alcanzó una cifra superior a los 133 mil estudiantes.

Aunado a ello, con respecto a estadísticas de la Academia Nacional de Medicina de México en el 2017, es posible identificar que en el territorio nacional 147 mil 910 médicos especialistas ejercían su profesión, de los cuales 62.6 por ciento eran hombres y 37.4 por ciento eran mujeres.

La edición 2018 del Día del Médico, es propicia para realizar un merecido reconocimiento a su compromiso y dedicación, ya que independientemente de su especialidad y área de trabajo, permanentemente se enfrentan a diversos desafíos clínicos en el cuidado de la salud de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.

Los médicos de México, sujetan su ejercicio a la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, entre los que destacan: Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza, laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional y recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional.3

Otro referente del sector, es que durante los fenómenos naturales que hemos vivido en los últimos meses como sismos, incendios e inundaciones, el personal médico han sido de vital importancia para recobrar la tranquilidad y salud de las personas damnificadas, protegiendo y procurando la vida de las familias mexicanas.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, expresamos nuestro mayor reconocimiento a las doctoras y doctores de México por sus aportaciones y servicios a la salud de las familias mexicanas.

La protección a la salud no es sólo un derecho humano, es una condición inexorable que permita el desarrollo apto de las actividades que realiza el ser humano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 23 de octubre del año 2018.

Diputada Frinne Azuara Yarzabal (rúbrica)

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