Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5161-V, jueves 22 de noviembre de 2018

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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en el operativo instaurado el domingo 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a realizar una conversión de códigos a químico “A” MO2001 a todo tipo de bases federales, estales, homologados, regularizados, formalizados y OPD, al personal que cumpla el perfil y posea un código inferior para que tenga acceso a los mismos derechos laborales, económicos y demás aplicables, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover acciones a fin de prevenir la generación de residuos y asegurar su gestión integral adecuada; y a las 32 entidades federativas, a garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al TEPJF a garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en que radica la democracia, particularmente en la contienda para elegir alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, México, el pasado 1 de julio, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer un programa de medidas de acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor; y a la SE, a iniciar un procedimiento de actualización de la NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a implantar acciones en materia de seguridad vial en los alrededores de las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a considerar en la medida de sus posibilidades presupuestarias adoptar un programa de apoyos económicos o en especie para los jóvenes prestadores de servicio social en dependencias o instituciones de esos órdenes, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, relativo a realizar un plan estratégico que atienda, resuelva y vele por los derechos humanos de los miles de desplazados en Chiapas, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, relativo a redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual registrado en las instalaciones de Radio Educación, y revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar recursos suficientes al Programa de Seguridad Social de los Trabajadores Cañeros, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos, así como restablecer el estado de derecho de los habitantes de Chavajebal, El Bosque, Chiapas, y del corredor Xochipala-Filo de Caballos, en Eduardo Neri y Leonardo Bravo, Guerrero, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred, la CNDH y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC a iniciar de oficio investigación por violaciones de la CPEUM y los tratados internacionales respectivos por la presunta comisión de actos de xenofobia y discriminación por el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, contra los derechos de las personas migrantes, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a ampliar y fortalecer acciones encaminadas a promover e incentivar durante esta temporada la adquisición de árboles navideños naturales de producción nacional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, relativo al proceso seguido en España contra el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los protocolos a fin de prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y establecer medidas para garantizar el interés superior de la niñez, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía y la ASF a considerar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y su repercusión en las cuentas públicas municipales de 2017, a cargo del diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a ampliar los operativos de supervisión a fin de garantizar los derechos de los consumidores que adquirieron boletos de avión y tienen problemas con la atención de las aerolíneas, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a homologar y armonizar en los respectivos códigos penales la tipificación del delito de feminicidio con la del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a impulsar políticas públicas para promover el sector turístico en Veracruz, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a atender la crisis humanitaria de la entidad, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a proceder con la dotación de 280 hectáreas al ejido San Isidro, de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, Jalisco, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos de Colima a establecer un seguro contra robo a casa habitación y comercios para los ciudadanos al corriente en las contribuciones fiscales municipales, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal, de BC y de Mexicali a destinar recursos para el rescate económico, productivo y social del valle de Mexicali, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a levantar por el INM una base de datos de los miembros de la caravana migrante y llevar a cabo protocolos para la atención inmediata de la crisis que ésta supone, a cargo del diputado Héctor René Cruz Apararicio, del Grupo Parlamentario del PES

Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Juan Ortiz Guarneros, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en el operativo instaurado el domingo 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, un contingente policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera situada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, casi en los linderos con el municipio y el poblado citados.

En razón a que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policíaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.

Sin embargo, en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que fueron encontrando sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos tanto a vehículos como a puestos de comercios ambulantes y las puertas de varios inmuebles, sin razón alguna más que la impunidad y la ira desmedida, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en las redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública, tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, hasta con el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos.

Tales acciones generaron el rechazo colectivo de los pobladores, lo que condujo a que éstos se movilizaran y los enfrentaran, provocando el bloqueo de algunas vialidades importantes como la autopista México-Pachuca y la presencia de encapuchados que empezaron a vandalizar y a cometer latrocinios, lo que fue impedido por los propios habitantes de San Juan Ixhuatepec.

Ante tal estado de cosas, los pobladores han manifestado sus exigencias a través de un pliego petitorio de 11 puntos, donde requieren entre algunos puntos fundamentales, tanto la destitución del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la identificación de los responsables del operativo y las causas que lo justificaron. Asimismo, demandan el puntual esclarecimiento de los hechos y el necesario deslinde de responsabilidades, tanto del operativo como de los actos vandálicos que se detonaron en consecuencia, así como la impartición de justicia pronta y expedita para determinar también la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los agraviados y a los detenidos de manera injusta e ilegal.

De igual forma, para imposibilitar el que haya represalias hacia los afectados, se está exigiendo que se garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes de San Juanico mediante la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/col umna/hector-de-mauleon/nacion/en-san-juan-ixhuatepec-hubo-mano-negra

2 https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/un-policia-disparo-directamen te-a-mi-esposa-y-mi-sobrino-testimonio-de-san-juan-ixhuatepec/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a realizar una conversión de códigos a químico “A” MO2001 a todo tipo de bases federales, estales, homologados, regularizados, formalizados y OPD, al personal que cumpla el perfil y posea un código inferior para que tenga acceso a los mismos derechos laborales, económicos y demás aplicables, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

Garantizar el acceso a la salud es un asunto del Estado pero también garantizar las condiciones que permitan desarrollarse a los profesionales de la salud de manera plena, es un asunto del Estado, por eso los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tenemos como deber velar por los intereses y ser la voz de los que requieren ser escuchados.

No podemos dejar de lado el grave problema por el que actualmente atraviesan los profesionales de la salud, pues existe una profunda discrepancia en el tabulador que actualmente se maneja dentro de la Secretarías de Salud federal y estatales en donde al personal se le exige como requisito para la contratación que ostente título y cédula de químico, y que realice las funciones de químico, pero en el tabulador de pago se le asigna un salario inferior.1

El perfil de puesto de un químico considera una serie de responsabilidades en número mayores a las que desempeña un perfil de puesto a nivel técnico razón fundamental por lo cual se exige la recodificación ya que las actividades que realiza el personal de la Secretaría de Salud que corresponde al perfil de químico lo realizan de igual modo el personal con código inferior (químicos titulados) ya que en cada centro de trabajo no hay suficientes trabajadores con código de químico para realizarlas, es por ello que los profesionales que tienen un código inferior asumen dichas responsabilidades y riesgos de igual forma que el personal con código de químico. De ahí la razón de esta petición.

La conversión de código a químico A MO2001 con sus prestaciones aplicables para el personal de base que actualmente se ostentan con códigos inferiores, realizando las funciones descritas en el perfil de puesto de químico y que, por falta de lugares para escalafón, pasan hasta 20 años o más para poder alcanzar un punto de mejora laboral con el código M02001 de químico A.

Es importante que se considere la recodificación para el personal homologado, formalizado, regularizado y OPD; para darle continuidad al movimiento que inicio en 1997 como “primera fase de homologación” 2007 y 2014 “primera fase de formalización” continuando hasta en su último antecedente en tres fases subsecuentes.

En este sentido, es arbitrario considerar ostentar a los profesionales de la salud como técnicos cuando cuentan con título y cédula profesional de nivel licenciatura, como requisito indispensable para su contratación; y en algunos casos hay quienes cuentan con estudios de posgrado.

Como legisladores es nuestro deber respetar lo establecido en nuestra ley suprema, pues de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 15 de septiembre de 2017, del artículo 127 constitucional, dice que:

“Los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.”

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que se realice la conversión de Códigos a Químico “A” MO2001, a todo tipo de bases federales, estales, homologados, regularizados, formalizados y OPD; a todo personal que cumpla con el perfil y ostente un código inferior para que puedan acceder a los mismos derechos laborales, económicos y demás aplicables al Código MO2001 Federal, para dar cabal cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota

1 Anexo tabulador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover acciones a fin de prevenir la generación de residuos y asegurar su gestión integral adecuada; y a las 32 entidades federativas, a garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Son muchos los avances alcanzados en materia de regulación de residuos sólidos urbanos; actualmente contamos con una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuyo objeto es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano, propiciando el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; además de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

En dicha legislación, atendiendo a su carácter de Ley General, se señalan las competencias de los diferentes órdenes de gobierno, en donde el objetivo común es reducir los impactos negativos contra el ambiente provocados por una deficiente gestión integral de los residuos, así como para incentivar la participación de las industrias y sociedad en general, para llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacernos responsables de los residuos que generamos.

A pesar de contar con una legislación especializada en la materia, el problema no disminuye; para darnos una idea de la dimensión de la problemática sirven de sustento los datos del informe del Banco Mundial: What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management , el cual señala que la producción de residuos ha ido en aumento, desde los 3.5 millones de toneladas diarias en 2010 a cerca de 6 millones proyectados para 2025.

Resaltando que a las diferentes ciudades del mundo se les sumarán unos mil 400 millones de personas en 2025, mismos que producirán aproximadamente 1.42 kilogramos de basura urbana al día, más del doble de los 0.64 kilogramos promedio producidos actualmente, lo que significa que en los próximos 10 años pasarán de generarse 680 millones a 2,200 millones de toneladas de residuos en las ciudades al año.

Respecto al estado actual, los países que más residuos generan son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aportando el 44 por ciento de la generación total de residuos a nivel mundial; contrastando, Medio Oriente, África Subsahariana y Asia sur son las regiones que menos aportan a la generación de nuevos residuos con menos del 18 por ciento entre las tres regiones.

Nuestro país no experimenta una situación diferente, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015, señalan que se generan poco más de 53 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que equivale aproximadamente a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el estadio de futbol más grande del país;1 lo que significa que una persona produce 1.2 kilogramos de dichos residuos al día.

Ante esta situación, sigue predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos el cual consiste en recolectar y disponer dichos residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de éstos en rellenos sanitarios es de menos del 5 por ciento.2

Sin duda, una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles. Por lo que hace a las afectaciones ambientales, actualmente se están utilizando espacios limpios como tiraderos a cielo abierto para lo cual ha sido necesaria la inversión de más de 10 millones de pesos para sanear alrededor de 1,603 de estos tiraderos; asimismo, ha quedado evidenciada la disminución de la biodiversidad debido a la degradación ambiental, utilizado aproximadamente 61 mil 253 millones de pesos para su restauración.

No menos importantes son los impactos en la salud humana, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que al año se destinan alrededor de 26 mil 427 millones de pesos para la atención de pacientes con algún tipo de cáncer relacionado a la contaminación por residuos. Sin dejar de mencionar las 150 mil defunciones prematuras a nivel global por contaminación de ozono; así como diversas enfermedades como paros cardiacos, derrames, enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica, asma y enfisema.

Lo anterior en sí representa un panorama grave y urgente de atender, sin embargo, no se puede omitir señalar las afectaciones financieras derivadas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, en donde uno de los sectores más afectados es la producción agrícola, sin dejar de mencionar la nula recaudación fiscal debido a la existencia de mercados informales de compra y venta de materiales, en donde se han dejado de recaudar más de 5 mil millones de pesos al año.

De todo lo anterior es que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de la participación de los diferentes sectores de la población; incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.

Hoy contamos con dicha legislación, pero no ha sido ejecutada de manera eficiente, existen entidades en las que persisten los problemas en la prestación del servicio de recolección, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos lo que resulta en un foco de infección y propagación de fauna nociva.

Al respecto, datos de la Semarnat refieren que, de las 32 entidades federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89 por ciento de los residuos son recolectados sin que hayan sido separados.

Son pocos los estados y municipios en donde los esquemas de separación de residuos resultan exitosos, por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales asociados a esta actividad.

En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente el 1.31 por ciento del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole el 4.24 por ciento de los residuos recibidos en los centros de acopio y el 4.07 por ciento de la actividad informal; por lo que únicamente se recupera el 9.63 por ciento del 40 por ciento de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje, según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (2012).

Para el caso específico de México, el 79 por ciento de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovecharlos al máximo, lo que representa una importante área de oportunidad.

Sin duda, el tema de manejo integral de los residuos sólidos urbanos representa un reto para cualquier administración, no obstante, no se trata sólo de diseñar un marco jurídico que, si bien es indispensable, lo cierto es que su ejecución es lo más importante.

En este sentido, se considera impostergable hacer un llamado para que se diseñen e implementen los planes y acciones que consideren pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las autoridades federales, locales o municipales, encargados del correcto manejo y destino final de los residuos sólidos, lo que sin duda contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de saneamiento y protección al ambiente.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a efecto de que promueva acciones para prevenir la generación de residuos y su gestión integral adecuada; así como la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos en la producción y consumo de bienes que impactan negativamente en el medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales de las 32 entidades federativas a efecto de que garantice el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de los residuos sólidos urbanos.

Notas

1 Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura. Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf

2 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urban os-rsu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2018.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez y Jesús Carlos Vidal Peniche.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al TEPJF a garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en que radica la democracia, particularmente en la contienda para elegir alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, México, el pasado 1 de julio, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Juan Pablo Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En la pasada elección del 1 de julio de 2018, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, en medio de un enorme cúmulo de irregularidades y actos de ilegalidad, se pisoteó la voluntad popular. Se puso de manifiesto el descarado acarreo de votantes, la manipulación del voto en las instancias electorales, el excesivo reparto de despensas, y una flagrante intervención de servidores públicos del gobierno federal, estatal y municipal, mediante el condicionamiento en la entrega de los apoyos de los programas sociales a cambio del voto a favor de Juan Hugo de la Rosa.

Se observó un notorio rebase del tope de gastos de campaña por parte de la coalición “Por México al Frente”, en donde se incluyen fuertes sumas de recursos públicos y de dudosa procedencia; que se utilizaron para garantizar la reelección del candidato Juan Hugo de la Rosa, actual presidente municipal. Dinero y recursos públicos de un pueblo con tantas privaciones y carencias como el de Nezahualcóyotl.

El cúmulo de irregularidades documentadas en la contienda política municipal constituyen una flagrante violación a los principios constitucionales que garantizan las elecciones democráticas en México, debido a que se configuran las causas generales de nulidad previstas en el artículo 41 constitucional,1 por rebase de los topes en el gasto de campaña y por la recepción o uso de recursos públicos o de procedencia ilícita en las campañas, así como la causal de nulidad que genera la ruptura del principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública y no intervención en los procesos electivos, consagrado en el artículo 1342 de nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, en la elección municipal de Nezahualcóyotl fue violada la legalidad y el estado de derecho, por las ambiciones perniciosas de empoderamiento y la visión patrimonialista del quehacer público. En esa municipalidad se ejecutaron todas las artimañas que en materia electoral han pervertido la democracia durante los más de 80 años de prevalencia del viejo régimen.

No obstante lo anterior, y pese al grave artificio que caracterizó a ésta contienda, en los resultados se presentó una diferencia menor al 2 por ciento de la votación entre el candidato de la coalición “Por México al Frente”, conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (Juan Hugo de la Rosa) y la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (la maestra Elizabeth Nava Hernández, qepd).

Esta mínima diferencia y las arbitrariedades anteriormente descritas en éstas consideraciones, permitió a la coalición Juntos Haremos Historia a impugnar la elección en los tribunales electorales, principalmente por las irregularidades que se presentaron a lo largo de todo el proceso electoral y que imposibilitan considerar su resultado como legal y legítimo, como lo demandan los principios constitucionales que sustentan la organización del Estado mexicano y la renovación democrática de nuestros representantes populares.

Es preciso anular esa elección, respetar la voluntad real de los nezahualquenses, y recuperar, con una nueva contienda, la legitimidad en nuestro municipio, que hoy, es seriamente cuestionada.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a las esferas competenciales de los distintos Poderes del Estado mexicano, exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que, en uso de las facultades constitucionales y legales que le han sido conferidas, resuelva las impugnaciones electorales interpuestas en el marco de la elección de presidente municipal de Nezahualcóyotl, realizada el pasado 1 de julio del año en curso, de forma tal que se garantice la vigencia de los principios constitucionales que sustentan la democracia en la contienda político-electoral y la legitimidad de los gobernantes que de ella emanan.

Notas

1 Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

2 Al respecto, el párrafo séptimo asevera: “Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer un programa de medidas de acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor; y a la SE, a iniciar un procedimiento de actualización de la NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa urgente de medidas para el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de Economía para que inicie un procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus familias al afrontar los problemas asociados con una enfermedad en potencia mortal, gracias a la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.1

Un estudio de The Lancet estima que cada año aproximadamente sesenta millones de personas requieren de atención en cuidados paliativos, y tan solo un veinte por ciento de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben.2 Siendo el caso que el setenta y ocho por ciento de ellas viven en países de bajo y mediano ingreso.

Si bien los antecedentes de los cuidados paliativos se encuentran en los primeros esfuerzos para controlar y mitigar el dolor, el contexto actual caracterizado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas, en sus etapas avanzadas y terminales, ha dado lugar a poner mayor atención en la necesidad de desarrollar, conocer y aplicar los cuidados paliativos.

Es necesario reflexionar respecto a que el objetivo de los cuidados paliativos no es solo el alivio del dolor, sino también mitigar el sufrimiento de índole física, psicosocial y emocional de los pacientes con alguna enfermedad de gravedad en una fase avanzada, o en su caso terminal, y ayudar a los familiares de esas personas a cuidar de sus seres queridos.

Es por motivos como el expresado con anterioridad que resulta un tema de alta sensibilidad y de urgente atención la revisión NOM-011-SSA3-2014, puesto que no sólo es el paciente quien se ve involucrado en todo lo que conlleva padecer una enfermedad y soportar los intensos dolores consecuencia de ésta, sino también los familiares que se responsabilizan del cuidado del enfermo están involucrados.

Aproximadamente una tercera parte de la población que necesita cuidados paliativos tiene cáncer. Las dos terceras partes restantes padecen enfermedades degenerativas que afectan a órganos como el corazón, pulmones, hígado, riñones y cerebro, o padecen enfermedades crónicas que resultan potencialmente mortales como es el caso de los pacientes infectados con el VIH y la tuberculosis farmacorresistente.

De los pacientes que necesitan cuidados paliativos al final de la vida, cerca de un seis por ciento son niños. Si se incluye a todas las personas que podrían recibir cuidados paliativos en una fase anterior de su enfermedad la cifra sería del doble de los considerados para etapa terminal. Es fundamental que los cuidados paliativos y especialmente las terapias del dolor no queden restringidas a una etapa terminal como sucede en la norma oficial mexicana a que me refiero en este punto de acuerdo. Esta restricción en el enfoque de la norma constituye una grave afectación a los derechos humanos de los enfermos.

Los cuidados paliativos además de ser un tema de importancia global, también ha implicado esfuerzos regionales donde la colaboración de asociaciones de profesionales médicos-científicos y de pacientes han procurado el establecimiento de una política sanitaria integral y efectiva en este tema, sin haberlo logrado aún, especialmente en el caso de México. Este es el caso de los países latinoamericanos, entre ellos México, en el que aún hay mucho por hacer para la cabal implementación del Decreto del Congreso de la Unión que adicionó la Ley General de Salud sobre cuidados paliativos desde 2009, a que más adelante me habré de referir.

En México los cuidados paliativos han adquirido relevancia en el ámbito médico, especialmente en algunos Institutos Nacionales de Salud y servicios médicos como ocurre en Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, especialmente partir de que el honorable Congreso de la Unión incorporó un nuevo Título Octavo Bis denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal en la Ley General de Salud. El decreto promulgatorio se publicó en Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2009.

El honorable Congreso de la Unión reformó y adicionó la Ley General de Salud, en primer término, para incorporar en su artículo 3 la fracción XXVII Bis, el tratamiento del dolor como materia de salubridad general y, consecuentemente determinó en el artículo 27 de la misma ley que para efectos del derecho de protección a la salud se consideran servicios básicos de salud, entre otros, la atención médica integral, la cual en virtud de dicha reforma incluye la atención médica integrada paliativa, además de la preventiva, curativa y rehabilitatoria. En congruencia con la incorporación de la fracción XXVII Bis al artículo 3 y la reforma al artículo 27 referidos, se adicionó el artículo 33 con una fracción IV que establece que las actividades de atención médica son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Define claramente esa nueva disposición incorporada en la Ley General de Salud que las actividades de atención médica paliativas incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Consecuentemente la primera cuestión del referido decreto de reformas a la Ley General de Salud es el de la atención integral del dolor como materia de salubridad general y la determinación de sus alcances en el derecho a la protección a la salud.

En segundo término, el referido decreto de reformas y adiciones incorporó un nuevo título a la Ley General de Salud, el Octavo Bis cuyo contenido son los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Es claro que dicho nuevo Título Octavo Bis aborda una temática específica en lo referente a enfermos en situación terminal, como cuestión claramente diferenciada del tratamiento integral del dolor.

El artículo primero del muchas veces referido decreto estableció que la Secretaría de Salud debería emitir los reglamentos y normas para garantizar el ejercicio de los derechos que concede el nuevo Título Octavo Bis, concediendo el artículo segundo un plazo de ciento ochenta días naturales al efecto. Tomó casi seis años a la Secretaría de Salud expedir la NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Respecto de los demás aspectos del decreto de reformas y adiciones, es decir respecto del tratamiento integral del dolor, no existen medidas reglamentarias y normativas efectivas. Es inverosímil que la importancia de incorporar una nueva materia de salubridad general y de haber ampliado los alcances del derecho a la protección de la salud en cuanto a la atención médica paliativa como parte de los servicios básicos de salud hayan sido ignorados por la Secretaría de Salud.

Más aún en cuanto a la NOM-011-SSA3-2014, en lugar de abundar en el sustento de los cuidados paliativos, ha resultado en restricciones interpretativas para la prescripción y acceso a medicamentos y tratamientos, contrariando el derecho humano a la salud en materia de tratamiento integral del dolor. Esta afectación a la sociedad debe superarse y repararse.

México requiere un marco regulatorio integral en materia de tratamiento integral del dolor para lograr el acceso efectivo a más de doscientos cuarenta mil personas, incluyendo adultos y niños, quienes viven en estado de sufrimiento. De esos doscientos cuarenta mil mexicanos, ocho mil son guanajuatenses. Todos ellos requieren acceso a medicamentos, equipo médico a domicilio, personal capacitado y una serie de apoyos que le permitan al paciente dignidad, aún en la adversidad del dolor causado por enfermedades, así como también para la atención y apoyo del núcleo familiar que le sostiene.

Quienes viven en un estado de sufrimiento y requieren de tratamiento integral del dolor y de cuidados paliativos, merecen les sea garantizada la salvaguarda de su dignidad y de sus derechos como enfermos, así como también los de sus familiares que los acompañen durante este doloroso proceso, pues merecen un trato digno, respetuoso y profesional que busque aliviar o mitigar el dolor tanto físico como emocional para preservar una calidad de vida, con el apoyo recibido de las instituciones públicas de salud y la normatividad necesaria para que los profesionales de la salud puedan desempeñarse con eficacia y oportunidad.

Es evidente de lo expuesto que es indispensable que no obstante se ha incurrido en un retraso de diez años en que la Secretaría de Salud reconociera plenamente los alcances y deberes que le confirió este Congreso de la Unión al haber incorporado el tratamiento integral del dolor y la atención médica paliativa como materia de salubridad general la responsabilidad concurrente entre la Federación y los Gobiernos de los estados, que dicha Dependencia establezca un programa urgente de medidas para el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del dolor.

Asimismo es necesario que la Secretaría de Economía inicie un procedimiento para que la Secretaría de Salud revise y profundice en el alcance de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, con sustento en lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que dispone la revisión quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas a partir de su entrada en vigor, y que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría de Economía podrán solicitar a las dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación”.

Requerimos que la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3- 2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, no restringa los cuidados paliativos y las terapias del dolor a una etapa terminal, sino que garantice su acceso efectivo y universal en todas las fases de la enfermedad.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa urgente de medidas para el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del dolor, con carácter integral y prioritario abarcando los aspectos de servicios, acceso a medicamentos, formación y profesionalización de médicos y especialistas, ampliación de servicios, creación de capacidades en todos los niveles de atención médica y demás acciones pertinentes para el cabal cumplimiento del derecho a la protección de la salud en materia de tratamiento integral del dolor.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que inicie un procedimiento que involucre a la Secretaría de Salud en la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3- 2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, de tal manera que los cuidados paliativos y las terapias del dolor no queden restringidas a una etapa terminal, garantizando su acceso efectivo y universal en todas las fases de la enfermedad y condiciones de salud, conforme al artículo 51, párrafo quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), Programas nacionales de control de cáncer: Políticas y pautas para la gestión. Organización Mundial de la Salud/OMS, Segunda Edición, Traducción de la Organización Panamericana de la Salud, Ginebra, 2004.

2 https://www.thelancet.com/commissions/palliative-care

Fuentes de información:

Bibliografía

1. Organización Mundial de la Salud (OMS), Programas nacionales de control de cáncer: Políticas y pautas para la gestión, Segunda Edición, Organización Mundial de la Salud/OMS, Traducción de la Organización Panamericana de la Salud, Ginebra, 2004.

2. Pastrana Tania. Et al., Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica ALCP, Primera Edición, IAHPC Press, Houston, 2012.

3. World Health Organization – Worldwide Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, 2014.

Leyes, reglamentos y NOM

1. Ley General de Salud.

2. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

3. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos.

Internet

1. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

2. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/palliative-care-20140 128/es/

3. http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-of-life-care

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar acciones en materia de seguridad vial en los alrededores de las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con los municipios, implementen acciones en materia de seguridad vial en los alrededores de las escuelas públicas del país, para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes de posibles accidentes vehiculares, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los graves problemas que enfrentan las personas diariamente en las ciudades se relaciona directamente con los congestionamientos viales, los cuales aumentan el riesgo de accidentes entre vehículos, así como los que involucran a peatones, situación que está provocando el incremento en el número de muertes, constituyéndose en un problema de salud pública.

Según un reporte publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en la Ciudad de México se pasan 59 minutos extra al día en el tráfico, lo que se traduce en 227 horas al año si tomamos en cuenta los 230 días laborables. Esto la convierte en la ciudad con más congestión vehicular de acuerdo al Índice de Tráfico 2017, el cual mide 390 ciudades de 48 países en el mundo con datos de 2016.1

Después de la Ciudad de México, el índice coloca a Bangkok (capital de Tailandia) en el segundo lugar de tráfico, seguida de Jakarta (capital de Indonesia), Chongqing (China) y Bucarest (capital de Rumania).

Por el contrario, la ciudad que menos tráfico registró fue Dayton, Estados Unidos (en el estado de Ohio). Los conductores de esta localidad pasaron solo 9% del tiempo en el tráfico, lo que se traduce en 10 minutos extra al día y 40 horas al año.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía establece que cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el mundo. Asimismo, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su vez, una proporción de estos casos deriva en algún tipo de discapacidad.2

Son diversos los factores que contribuyen a aumentar el riesgo de las lesiones como son la velocidad excesiva, falta de uso de cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, conducción en estado de ebriedad y la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen motocicletas, entre otros.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México los accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte. Se estima que en 2016 fallecieron 16 mil 185 personas por este motivo, lo que se traduce como 13.2 muertos por cada 100 mil habitantes.

El Informe de la Situación de la Seguridad Vial 2017 de la Secretaría de Salud, indica que las cinco entidades federativas que presentan una mayor tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito son Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Asimismo, se reportaron un total de 367 mil 789 accidentes en las zonas urbanas, de los cuales 64 mil 552 (17.6%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; 299 mil 408 (81.4 por ciento) registraron solo daños y en los 3 mil 829 accidentes restantes (1 por ciento), resultó al menos una persona muerta.

El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento es la colisión con vehículo automotor, con un total de 963. Le siguen el atropellamiento (colisión con peatón) con 935 y la volcadura con 633. Para el caso de las víctimas heridas, la colisión con vehículo automotor concentra el 37.9 por ciento. En segundo sitio está la colisión con peatón con el 21.8 por ciento y en tercer lugar la volcadura, con el 14.8 por ciento.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en niños y niñas de cinco a 14 años en la Ciudad de México (2016) y 42.8 por ciento de los viajes para ir a estudiar se realizan sólo caminando, por lo cual es vital la inversión en infraestructura para el peatón.3

De acuerdo con especialistas en movilidad Sin Tráfico indica que las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez tuvieron los índices más altos de accidentes de este tipo en 2017, los cuales ocurrieron a menos de 250 metros de una escuela. Cuauhtémoc encabeza el mayor número, al acumular 478 hechos de tránsito y 75 atropellamientos.4

Esta situación no debe ser un caso aislado que solamente atienda a una sola entidad federativa, por lo que se debe atender la situación en las 243 mil 480 escuelas o planteles públicos que existen en el país, y en las cuales se atiende a poco más de 36 millones de alumnos.5

Del total de escuelas públicas el 83.6% pertenece al nivel preescolar, 90.7% a primaria, y 86.9% a secundaria, en donde se encuentran inscritos aproximadamente nueve de cada 10 alumnos de este tipo educativo.

Sin embargo, las medidas de seguridad también deben de contemplar a los planteles de educación media superior y educación superior, como aquellos sitios que son concurrentes por miles de estudiantes y que de igual manera son propensos a sufrir algún percance automovilístico.

La protección ante un posible accidente escolar no sólo se contempla dentro de las aulas y de las instalaciones de los planteles escolares, sino también, en sus alrededores, por lo que es de gran importancia fortalecer las acciones en materia vial en todos los estados del país, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los millones de estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con los municipios, implementen acciones en materia de seguridad vial en los alrededores de las escuelas públicas del país, para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes de posibles accidentes vehiculares.

Notas

1 https://imco.org.mx/desarrollo_urbano/indice-de-trafico-2017-via-tomtom/

2 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/trafico2018_Nal.pdf

3 https://www.jornada.com.mx/2018/11/20/capital/029n2cap#

4 https://www.jornada.com.mx/2018/11/20/capital/029n2cap#

5 https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_0201.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de noviembre de 2018.

Diputado Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a considerar en la medida de sus posibilidades presupuestarias adoptar un programa de apoyos económicos o en especie para los jóvenes prestadores de servicio social en dependencias o instituciones de esos órdenes, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las raíces del servicio social se remontan al México prehispánico, donde con el trabajo común se desarrollaban también relaciones de cooperación y solidaridad entre la comunidad.

En la época reciente, durante el rectorado de don José Vasconcelos (1920-1921) en la Universidad Nacional, uno de los departamentos universitarios que tuvieron mayor desarrollo fue el de Extensión Universitaria; a través de él, Vasconcelos incorporó a los estudiantes a las tareas de vinculación con la sociedad y a las campañas de alfabetización.

De acuerdo con las memorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),1 al llegar a la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles (1924-1928) se acusó a la Universidad de no tener contacto suficiente con el pueblo, pues el presidente de la República no veía con buenos ojos a la Universidad ante la insurrección que representaba, por lo que se le redujeron sus recursos.

En ese marco, para salvar a la Universidad se lanzó la consigna: “La Universidad debe acercarse al pueblo” y se iniciaron trabajos con servicios gratuitos de profesores y estudiantes en campañas de alfabetización, instrucción cívica, conferencias de cultura general, bufetes jurídicos gratuitos con estudiantes de derecho, dispensarios médicos con los estudiantes de medicina, etcétera.

Así, con el objetivo de generar un acercamiento entre la comunidad universitaria y la sociedad, como una forma de retribución de la comunidad estudiantil hacia el pueblo de México, se fue gestando el concepto de servicio social.

El servicio social, en su concepción actual, tiene sus inicios en el año 1936, cuando se realiza el primer convenio entre la UNAM y el Departamento de Salud Pública, e inicialmente estuvo dirigido hacia el medio rural, con la incorporación de los estudiantes de las carreras de Medicina, pues el objetivo principal era atender a las comunidades marginadas carentes de servicios médicos.

Las palabras del doctor Gustavo Baz, director de la Escuela Nacional de Medicina, al despedir a los primeros pasantes, fueron las siguientes: “Tienen ustedes ya seis años de estudio... lo normal sería que dentro de unos meses reciban el título... en lugar de eso, he venido a pedirles que se presten patrióticamente a uno de los experimentos más singulares que habrá de registrar la historia de la medicina: cada uno de ustedes irá a un lugar donde no hay médicos y pasará allí seis meses ejerciendo las funciones de inspector de sanidad y de facultativo. Las medicinas que necesiten, las mandaremos nosotros. No cobrarán ustedes por sus servicios, el gobierno les asignará un sueldo mensual de 90 pesos”.

Con este antecedente, los años siguientes diversas instituciones de educación superior (IES) establecieron de manera autónoma programas de servicio social en beneficio de comunidades urbanas y rurales.2

Posteriormente, el 22 de julio de 1937, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, y el rector de la UNAM, licenciado Luis Chico Goerne, celebraron un convenio por el cual se decretó en todas las facultades y escuelas universitarias el servicio social obligatorio para obtener el título universitario; se estableció que el servicio social se prestaría en colaboración con el gobierno de la República por medio de sus dependencias, y en su imposibilidad a través de las organizaciones que la Universidad señalara.3

Finalmente, el 17 de noviembre de 1942, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que adicionó al artículo 5 constitucional el siguiente texto, “Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley con las excepciones que ésta señale.” Quedando formalmente establecido el servicio social, mismo que posteriormente sería universal y una condición para la expedición del título académico.

El Congreso de la Unión reglamentó la obligación constitucional de prestar servicio social con la “Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal”, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1945. Dicha Ley establece en su Capítulo VII, “Del servicio social de estudiantes y profesionistas”, artículo 53, que “el servicio social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado”.4

En este sentido, el artículo 24 de la Ley General de Educación señala que, “los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico”.5

La Ley Reglamentaria profundiza las características del servicio social en su artículo 55, donde se describe la duración y las condiciones bajo las cuales debe realizarse, de la siguiente forma: Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años”. Y además “no se computará en el término anterior el tiempo que por enfermedad u otra causa grave, el estudiante permanezca fuera del lugar en que deba prestar el servicio social.”6

Asimismo, en 1981 se emite el Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana, el cual señala que el servicio social tiene por objeto: Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, a través de los planes y programas del sector público. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio social.7

Entonces se entiende que el servicio social es una actividad de carácter obligatoria y temporal que permite a las y los estudiantes llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, consolidar su formación académica, desarrollar nuevos conocimientos y habilidades profesionales, fomentar un alto sentido de solidaridad social y de compromiso con su comunidad, así como retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública.

Sin embargo, hoy la realidad de los jóvenes es compleja, pues enfrentan situaciones de graves carencias durante su etapa escolar y al desempleo, la informalidad o los bajos salarios después de graduarse.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años, en el primer trimestre de 2017, se encontraban ocupados; sin embargo, 60.6 por ciento (9 millones) de ellos lo está en el sector informal.

En cuanto al desempleo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de seis por cada 100 personas económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación de 6.9 por ciento y los jóvenes de 20 a 24 años de edad de 6.5 por ciento, mientras que para el grupo de 25 a 29 años es menor la tasa de desocupación (5.1 por ciento).8

Estos datos, además revelan que 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento, declaró disponibilidad para trabajar, pero dejó de buscar trabajo o no lo busca porque piensa que no tiene oportunidad para ello.

En el ámbito escolar, la situación tampoco es la mejor, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), de los jóvenes que ingresaron el mismo año a una licenciatura o ingeniería, sólo la mitad logra titularse, cifra que se eleva ligeramente en las escuelas privadas al hacer una comparación con las escuelas públicas. Mientras en instituciones particulares se titula 66 por ciento de los alumnos que ingresaron a la universidad en el mismo periodo, en las públicas la cifra desciende a 52 por ciento, lo cual, detalla la institución, está vinculado a las alternativas de titulación que tienen las universidades.9

Los jóvenes son vulnerables a la pobreza y carecen de recursos económicos suficientes para el desarrollo de sus actividades escolares, peor aún si tienen que trasladarse a un espacio distintito al de su universidad para hacer su servicio social, pues también deben contemplar los gastos de transporte y alimentación.

Las familias hacen enormes sacrificios por la educación, es necesario buscar nuevos mecanismos que ayuden a los jóvenes a integrarse en el mercado laboral en condiciones que les garanticen un mejor futuro.

El servicio social en su origen fue una manera de retribuir a la sociedad el aprendizaje obtenido por los sistemas educativos, que están financiados o subsidiados con recursos públicos, de ninguna manera debe ser visto como un medio para la explotación laboral y el trabajo gratuito prescindible.

Debemos diseñar nuevas formas para que los jóvenes tengan su primer contacto con el mercado laboral y retribuyan con su talento e ideas a la sociedad que les permitió formarse. En ese marco, el trabajo de los jóvenes por las actividades relacionadas al servicio social debe retribuirse económicamente, con la finalidad de apoyar al ingreso familiar y permitir su superación profesional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a considerar, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, adoptar un programa de apoyos económicos o en especie a los jóvenes que realizan su servicio social dentro de alguna dependencia o institución de estos órdenes de gobierno.

Notas

1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Contexto histórico en el que surge el servicio social.

http://www.facmed.unam.mx/sg/css/documentos_pdf/El%20Ser vicio%20Social%20Medico.pdf

2 Universia. Antecedentes del Servicio Social. http://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2004/12/27/113313 /antecedentes-servicio-social.html

3 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Contexto histórico en el que surge el servicio social.

http://www.facmed.unam.mx/sg/css/documentos_pdf/El%20Ser vicio%20Social%20Medico.pdf

4 Cámara de Diputados. Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito federal.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208_190118.p df

5 Cámara de Diputados. Ley General de Educación.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.p df

6 Op cit.

7 Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de educación superior en la República Mexicana.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4634627&fe cha=30/03/1981

8Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.p df

9 Periódico el Excélsior. Sólo 5 universitarios de cada 10 se titulan. https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/07/1001285

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a realizar un plan estratégico que atienda, resuelva y vele por los derechos humanos de los miles de desplazados en Chiapas, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos tenemos la existencia de diferentes tipos de desplazamiento que van desde los que podríamos clasificar de gota en gota y que llegan a ser invisible, hasta los desplazamientos masivos Los sectores víctimas de desplazamientos en general son niñas, niños, mujeres, indígenas, adolescentes, campesinos, entre otros.

El Informe 2017 de Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México,1 registra durante enero a diciembre de 2017, 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, afectando a 20,390 personas. Es decir, en 2017 al menos 20,390 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.2 Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, la razón del desplazamiento de manera interna en México se debió a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos.

En el mismo informe se establece que las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron Guerrero, con 7, Sinaloa, con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente. De éstos, la entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6,090 personas, lo que corresponde aproximadamente al 29.87 por ciento del total de la población desplazada en 2017.3

El episodio con el mayor número de víctimas registradas, que desplazó a 5 mil 323 indígenas tzotziles, ocurrió en Chiapas en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. Por consiguiente, el sector indígena fue el más afectado, en al menos 9 eventos de desplazamiento interno forzado.4

Chiapas resulta ser el estado que representa datos alarmantes a nivel nacional no sólo en el tema de desplazamiento interno forzado sino también en temas de desigualdad, por ejemplo, el índice Gini que mide desigualdad económica de una sociedad, en donde el coeficiente toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso; y para el Estado mencionado, representa el 0.5175 ocupando la segunda posición a nivel nacional. Como un efecto en cadena podemos ver que el porcentaje de población en situación de pobreza extrema es del 28 por ciento, el más alto en toda la República Mexicana. En lo referente al rezago educativo, éste logra liderar la lista a nivel nacional durante el 2014.6

Como los datos lo muestran, Chiapas se encuentra en una situación crítica a nivel nacional que requiere de acciones inmediatas fuera de preferencias políticas o colores.

Por si fuera poco, en días recientes nuevamente se han presentado actos de violencia hacia aproximadamente dos mil tzotziles que han sido desplazados de su comunidad Chavajebal en el municipio de El Bosque en el norte de Chiapas; dejando sus hogares por temor a un grupo armado que el 25 de octubre pasado asesinó al presidente del comisariado ejidal, Miguel Pérez López, y a Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez, según información de los habitantes. Hecho que se agravó el pasado 7 de noviembre, cuando sujetos no identificados mataron a balazos a Mateo Jiménez Sánchez.7

Sin embargo, los efectos de esta ola de violencia se han hecho ver en las comunidades aledañas que también se han desplazado como un acto de protección. “El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aseguró que ha contabilizado más de mil 700 vecinos de Chavajebal que se encuentran “en situación de vulnerabilidad, por lo cual requieren atención humanitaria y que se garantice su integridad para que puedan retornar a sus casas”.8 Los municipios vecinos afectados son de Chalchihuitán, Simojovel e incluso en San Cristóbal de Las Casas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente promoción con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno del Estado de Chiapas para que, a través de las dependencias competentes, implemente de manera urgente un plan estratégico que atienda, resuelva y vele por los derechos humanos de los miles de desplazados en el estado de Chiapas.

Notas

1 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/

2 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/que-es/

3 http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamient o-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf

4 http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamient o-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf

5 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/#grafica

6 http://www.beta.inegi.org.mx/app/estatal/#grafica

7 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/abandonan-2-mil-tzotziles- localidad-en-chiapas-tras-ataque-8083.html

8 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/14/abandonan-2-mil-tzotziles- localidad-en-chiapas-tras-ataque-8083.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual registrado en las instalaciones de Radio Educación, y revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del gobierno de la república y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual registrado en las instalaciones de Radio Educación; y, asimismo, al gobierno de la república, a redoblar esfuerzos orientados a revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual y los protocolos aplicables a este tipo de problemas en las instituciones, con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas más importantes que históricamente han afectado el libre desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos profesionales está en la práctica del acoso sexual dentro del espacio laboral y la tolerancia social e institucionalmente hacia estas conductas antisociales. Ello, impactando directamente en el desempeño laboral, en la proyección plena de las capacidades de la víctima, en la reiteración de actitudes de prepotencia, en el libre desarrollo psicológico y sexual de las víctimas y, cuando los casos se hacen públicos, en la revictimización ante instituciones que no cumplen con los protocolos o que son omisas en el seguimiento de las investigaciones.

Un ejemplo de este tipo de sucesos fue publicado en fechas recientes por distintos medios de comunicación que dieron cuenta de un probable caso de acoso sexual en las instalaciones de Radio Educación, difundido por la posible víctima quien, tras denunciar el hecho ante las instancias internas de la institución y ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, decidió hacerlo público.

El caso, según el testimonio de la víctima, recabado algunos medios de comunicación, se presentó en las oficinas de Radio Educación a partir de una serie de actitudes e insinuaciones que aparentemente transgredieron el espacio personal de la víctima. Asimismo, ante la denuncia en la institución, las autoridades aparentemente no actuaron con velocidad y empatía suficientes generando circunstancias para que la víctima fuera objeto de burlas al interior de la institución derivadas de filtraciones sobre la denuncia, hechas por el posible agresor. Además, la víctima refiere varios hechos en los que el probable acosador la ha hostigado.1

La conducta referida se genera en un contexto de violencia en el país donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “3.8 millones de mujeres de 15 años y más que hay en la Ciudad de México, 79.8 por ciento (3.0 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida”, en el que, “de acuerdo con el tipo de violencia, la sexual (intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, que van desde señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien que directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o hasta que las hayan violado) es la que presenta el mayor porcentaje de mujeres (61.5)”, y en el que “70.1 por ciento de las mujeres sufrió violencia por parte de algún agresor distinto de la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela, algún lugar público, por compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades o patrones, familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios”.2 Por ello resulta relevante debatir este tema e impulsar un posicionamiento por parte de la Cámara de Diputados.

Investigar estos hechos corresponde al Ministerio Público, determinar las responsabilidades correspondientes y, eventuales sanciones, es labor de órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas. Sin embargo, como representantes de la nación, es importante que esta soberanía muestre un mensaje de apoyo a la legalidad y rechazo a cualquier actitud que potencialmente refrende actitudes de violencia contra las mujeres, acoso sexual y abuso de autoridad, por ello se considera importante hacer un llamado a las autoridades correspondientes con la finalidad de aclarar el caso, dar celeridad a las investigaciones y fortalecer la certidumbre a quien resulte víctima y castigo a quien resulte responsable.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del gobierno de la república y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a redoblar los esfuerzos orientados a esclarecer los hechos y atender las denuncias relacionadas con el presunto caso de acoso sexual registrado en las instalaciones de Radio Educación; y, asimismo, al gobierno de la república a redoblar esfuerzos orientados a revisar la actualización y difusión del marco jurídico sobre acoso sexual y los protocolos aplicables a este tipo de problemas en las instituciones.

Notas

1 “Desatienden caso de acoso sexual en Radio Educación”, en Excélsior, 13 de noviembre de 2018, disponible en
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/desatienden-caso-de-acoso-sexual-en-radio-educacion/1277995
Luis Carlos Sánchez, “Los acosos son recurrentes en Radio Educación, suman casos”,
en Excélsior, 14 de noviembre de 2018, disponible en

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/los-acosos-son-recurrentes-en-radio-educacion-suman-casos/1278260,
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/radio-educacion-operador-raul-acoso-sexual/,

https://elobservatoriodelsur.com/Notas/Nota.aspx?Nota=1430&titulo=
DESATENDIDO+EL+CASO+DE+ACOSO+SEXUAL+DE+RADIO+EDUCACI%C3%93N%2C+HAY+VICTIMAS+SURE%C3%91AS

2 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, 27 de noviembre de 2017. Disponible en

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa /aproposito/2017/violencia2017_CdMx.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a destinar recursos suficientes al Programa de Seguridad Social de los Trabajadores Cañeros, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos suficientes al Programa de Seguridad Social dirigido a los trabajadores cañeros, con base en las siguientes

Consideraciones

Las condiciones de precariedad que han afectado a millones de trabajadores en el país, a raíz de las innumerables crisis económicas que han afectado las actividades productivas, han exigido la toma de decisiones orientadas a mitigar dichos efectos.

En este contexto se enmarcan los convenios celebrados a partir del año de 1998, entre los trabajadores cañeros del país y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aplicar planes de seguridad social en beneficio de estos trabajadores, mediante mecanismos destinados para la cobertura del aseguramiento y pago de cuotas de los productores de caña de azúcar, así como el del aseguramiento y pago de cuotas de los trabajadores eventuales de esta agroindustria.

Los recursos aprobados por esta soberanía han quedado establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), otorgándose durante 2015 y 2016 un monto de 350 millones de pesos (mdp) respectivamente. Sin embargo, durante los ejercicios 2017 y 2018, el monto asignado disminuyó en 20 por ciento, situándose en 280 mdp, afectando muy particularmente a los pequeños productores cañeros, en lo que respecta al pago de sus cuotas de aseguramiento ante el IMSS.

No podemos omitir que esta medida afecta a la población trabajadora de menores recursos, y los conduce a una situación de vulnerabilidad, al dejar de cumplirse acuerdos suscritos, sin mediar ninguna modificación convenida oficialmente, que pudiese argumentarse para aplicar dicha reducción.

Aún más, los productores cañeros han manifestado su temor a que dicho apoyo desaparezca, en virtud de que algunas versiones apuntan en ese sentido.

Con base en lo anteriormente señalado y en mi carácter de diputado federal, acudo a esta soberanía para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos suficientes al Programa de Seguridad Social dirigido a los trabajadores cañeros.

Por todo lo anteriormente expuesto propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos suficientes al Programa de Seguridad Social dirigido a los trabajadores cañeros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos, así como restablecer el estado de derecho de los habitantes de Chavajebal, El Bosque, Chiapas, y del corredor Xochipala-Filo de Caballos, en Eduardo Neri y Leonardo Bravo, Guerrero, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares por una misma causa.

Al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. Por ello, el gobierno en turno, tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados; y tiene la obligación de garantizar todos sus derechos.

Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia llevando con ellas niñas, niños y ancianos.

El desplazamiento forzado interno en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Se ha generado por violencia, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad periodística. En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta violencia no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las víctimas.

Esta situación de desprotección surge no sólo a raíz de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública sino, también, derivado de la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas, violentándose los derechos a la propiedad privada, la vida privada y al domicilio. Es necesario subrayar que por omisión también se violentan derechos humanos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.

Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310,527 personas que tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos. Michoacán fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia: Al menos 10 mil personas fueron desplazadas por violencia en el estado.

Dentro del estado se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población que no fue debidamente registrado por los medios de comunicación en los días 23 y 24 de mayo; sin embargo, de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana.

En otro caso, en la localidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato en el estado de Sinaloa, fue la que presentó un mayor número de eventos de desplazamiento forzado. Solo en 2016, se registraron tres eventos de desplazamiento interno masivo en la localidad. En una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más de 96 por ciento de sus habitantes.

En el estado de Chipas se presentaron 29 eventos de desplazamiento masivo causados por violencia política, uno más por conflicto religioso y otro a causa de un conflicto territorial. Dichos eventos forzaron el desplazamiento de mil 117 personas. Derivado de la ausencia de instituciones y programas oficiales o no gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno forzado, no se tiene certeza del número de retornos que ocurrieron en el año y de las condiciones de seguridad en las que tuvieron lugar. Sin embargo, fue posible identificar que de los 29 episodios de desplazamiento interno forzado registrados en el año 2016, existieron cinco eventos de retorno de la población. Estos retornos suelen ser paulatinos y no siempre retorna la población total, debido a las condiciones de inseguridad y al temor de la población a convertirse en víctima de la violencia que le rodea.

Recientemente se han suscitado casos de desplazamiento forzado interno como lo es el desplazamiento interno que está teniendo lugar en el estado de Chiapas donde más de dos mil personas están desplazadas de la comunidad de Chavajebal del municipio de San Juan, El Bosque y se encuentran en condiciones precarias, lo anterior luego del ataque de un grupo armado que ingresó a esa comunidad para rescatar tres personas la semana pasada.

El coordinador de la pastoral social indígena, Marcelo Pérez Pérez dio a conocer que son tres ya el número de personas muertas y cientos las personas desplazadas de su vivienda, por lo que pidió la ayuda a todos los grupos civiles y gubernamentales para asistir esta crisis humanitaria. También el vicario de la pastoral de paz, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, dijo que desde el miércoles 7 inició el éxodo masivo de los habitantes de Chavajeval, tras un enfrentamiento entre sus moradores.

El conflicto se agudizó luego de que el pasado 24 de octubre fuera emboscado y acribillado a tiros, Miguel Pérez López, comisario ejidal de Chavajeval junto a Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez, donde dos personas más resultaran heridas. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que los hechos ocurrieron alrededor de la una de la mañana, en el tramo carretero, Tierra Caliente-Chavajebal, en el municipio de El Bosque. Esto ocurrido un kilómetro antes de llegar a esta comunidad.

Ante el rumor de que más desplazados se encontrarían secuestrados en la comunidad vecina de Tierra Caliente, el padre confirmó que sí existían 400 personas desplazadas, pero no se encontraban secuestradas. Hay más desplazados en otros lugares que aún falta por identificar y visitar, sobre todo en comunidades de Chalchihuitán, Chenalhó, Simojovel y San Cristóbal, ahí se fueron a refugiar” indicó.

Además del grupo de personas desplazadas en la comunidad de Tierra Caliente, otros 500 más se encuentran en la cabecera municipal. La alcaldesa Viridiana Hernández, de El Bosque envió este lunes ayuda a los desplazados de la cabecera municipal, al igual que el gobierno estatal, sin embargo, la ayuda aún es insuficiente.

Por otra parte, se presentó otro caso de desplazamiento interno en el estado de Guerrero, del que se sabe que la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec) emplazó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que garantice la seguridad en el corredor de Xochipala (municipio de Eduardo Neri) a Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo), en donde debido a la violencia e inseguridad desde hace dos meses no pueden pasar hacia Tlacotepec las camionetas urvan que prestan el servicio de transporte público, las pipas de gasolina, los camiones de gas doméstico y las camionetas que surten de productos básicos a esa cabecera municipal y a los pueblos vecinos. En donde el 9 de junio del presente año ocurrió un enfrentamiento que dejó tres muertos, dos casas atacadas a balazos, dos vehículos y tres viviendas incendiadas, denunciaron que fueron integrantes del grupo delictivo de Filo de Caballos los que mataron al comisario Antonio Cruz Maldonado. También informaron que en Tlacotepec hay unas 50 familias (aproximadamente 300 ciudadanos) desplazadas de varios pueblos que han sido atacados o amenazados. 1

El obispo Salvador Rangel Mendoza el 10 de septiembre de 2018 confirmó que no se concretó la tregua entre los grupos delictivos que se disputan el corredor de Xochipala, porque los que controlan Tlacotepec no aceptaron la condición de los de Filo de Caballos, que pidieron ayuda para quienes perdieron las casas y los vehículos incendiados, durante el enfrentamiento de Corralitos el 9 de junio pasado. Recordó que dos meses antes ya se hablaba de una tregua entre los dos grupos delictivos que se han venido enfrentando, pero que el grupo que se encuentra en Filo de Caballos pedía como condición a los de Tlacotepec, que cubrieran “un poco” los daños que ocasionaron a las casas y los carros que quemaron durante el enfrentamiento del 9 de junio, en Corralitos, así como un camión de volteo que quemaron cerca de La Escalera.

Pero añadió que los de Tlacotepec no aceptaron, aun cuando él les dijo a los transportistas de ese municipio que la condición que ponían los de Filo de Caballos, quienes le ofrecieron que podían pasar por su territorio, “tranquilos hasta Chilpancingo, pero que ayudaran a las personas que perdieron sus casas y vehículos, desgraciadamente no se pudieron entender y ahora hay nuevos enfrentamientos”.

El obispo insistió en su llamado al gobierno, para que manden a alguien que vaya a dialogar con estos grupos “porque quien está sufriendo es la gente ordinaria, la gente normal. Mi llamado es para que no hagan sufrir a los civiles y que menos quiten vidas a gente que no tiene nada que ver con ellos”.

Añadió que si no quiere intervenir el gobierno, entonces que intervengan los diputados, “por lo menos hay un diputado local y uno federal, que son de ese distrito”, dijo en referencia el del distrito 19 local, el priista Olaguer Hernández, y al federal de Morena, Carlos Sánchez Barrios. 2

El 24 de septiembre el obispo Salvador Rangel Mendoza declaró que la violencia y la inseguridad en los pueblos de la sierra de Guerrero ya no es por el trasiego de la droga, sino que ya son gavillas que están asaltando y robando por la situación de pobreza de los habitantes, debido a la disminución del precio de la amapola que ya no pudieron vender este año.

Advirtió que, si el gobierno federal no implementa un programa, la situación se va a agravar en los próximos meses, porque ya son toneladas de droga las que no se vendieron por los precios bajos, provocados por la introducción del fentanilo, que es mucho más potente y barato que la goma de amapola.

Respecto a la violencia que no cesa en los pueblos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos declaró que “desgraciadamente” ya no es por el trasiego de la droga, sino porque el precio de la amapola cayó y se han almacenado muchísimas toneladas de droga, lo que está empobreciendo más a las personas, “esa gente que se mantenía plantando amapola, ahora están organizando gavillas de ladrones para poder sobrevivir”.

Declaró que subiendo a Filo de Caballos están robando la mercancía “ahora ya no hay transporte tampoco”. También dijo que existe una rivalidad acendrada entre los dos grupos delictivos: el de Tlacotepec y el de Filo de Caballos.

Todo eso que está pasando, insistió, porque ya no se vende la droga y se dedican a asaltar y a robar. “Entonces, de alguna manera se tiene que hacer algún programa en la sierra. Si no, yo creo que esto va a seguir aumentando y se van a seguir peleando unos pueblos contra otros, por rivalidades y envidias; pero más que nada por las necesidades que tienen”. 3

12 de noviembre, vecinos de Filo de Caballos dijeron que desde el sábado civiles armados dispararon contra algunos hombres que trabajaban en el campo y que ayer como a las 8 de la mañana hubo disparos cerca de las comunidades de Mirabal y La Laguna, por el lado de Xochipala, mientras que después de la 1 de la tarde el tiroteo se escuchó en Puentecillas, cerca de Filo de Caballos, la población más grande de la zona.

Uno de los líderes del pueblo informó que a esa hora había una reunión de representantes de varios pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri en la que tomaban acuerdos precisamente para asumir su defensa, en caso de la irrupción de los comunitarios y civiles armados de Heliodoro Castillo.

Los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri también crearon una policía comunitaria tras los ataques ocurridos en junio en las comunidades de Corralitos y en Puentecillas, aunque en los últimos meses ya no se les ha visto. 4

Al menos siete personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el municipio de Eduardo Neri, en un enfrentamiento entre policías comunitarios y presuntos delincuentes, informó hoy el coordinador del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FPCEG).

El conflicto se produjo cuando al menos 3 mil integrantes del FPCEG entraron en la comunidad de Filo de Caballos, en el sureño estado de Guerrero, la tarde del domingo y tomaron el control de la seguridad en la zona, que había sido asolada por grupos delincuenciales.

El grupo decidió entrar al corredor Filo de Caballos-Casa Verde debido al encarecimiento de los víveres y artículos de primera necesidad, así como al desplazamiento de sus habitantes debido a hechos violentos que han sido atribuidos al control de la plaza.

La zona hoy está bajo la vigilancia de los policías comunitarios. El coordinador de éstos, Humberto Moreno Catalán, relató a un grupo de medios que arribaron a Filo de Caballos con una actitud de pacificación y diálogo.

No obstante, fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes, por lo que se desató un enfrentamiento que duró al menos cuatro horas, señaló.

14 de noviembre de 2018. Luego del desplazamiento de mil 600 pobladores del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que la violencia en la sierra es “un asunto delicado de seguridad nacional”, y que para el gobierno estatal los responsables de estos hechos son grupos armados de civiles que no responden a los intereses generalizados de la población.

A través de un comunicado oficial difundido la noche del martes, el gabinete de seguridad estatal conformado por autoridades civiles y militares, denominado Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), señaló:

“De acuerdo con las primeras investigaciones, los civiles armados que se autodenominan comunitarios (de Tlacotepec), son responsables de los hechos de violencia suscitados en la localidad de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, mismos que propiciaron el desplazamiento de familias”.

De acuerdo a la Declaración de México sobre Desplazamiento Forzado Interno, se sugiere a las instancias de los estados poner en marcha acciones que permitan la implementación de protocolos de atención para las personas que se encuentran en esta situación.

Ante los hechos ocurridos en Chavajebal, municipio de El Bosque, Chiapas y del Corredor Xochipala-Filo de Caballos, municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo, Guerrero. Se solicita a esta honorable asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición con punto de acuerdo sea de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en uso de sus facultades intervenga de manera inmediata y coadyuve a garantizar la paz y la seguridad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guerrero para que intervenga de manera inmediata a garantizar la seguridad y reestablecer el estado de derecho, en un marco de respeto a los derechos humanos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que intervenga de manera inmediata para garantizar la seguridad y reestablecer el estado de derecho, en un marco de respeto a los derechos humanos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los sistemas estatales DIF de Guerrero y Chiapas para que intervengan de manera inmediata en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de los adultos mayores víctimas de los desplazamientos forzados.

Notas

1 https://suracapulco.mx/impreso/2/
exige-seguridad-de-xochipala-a-filo-de-caballos-la-comunitaria-de-tlacotepec-al-gobernador/

2 https://suracapulco.mx/2018/09/10/confirma-el-obispo-que-no-logro-la-tr egua-entre-los-grupos-enfrentados-en-la-sierra-2/

3 https://www.sinembargo.mx/24-09-2018/3475548

4 https://suracapulco.mx/2018/11/12/entra-a-filo-de-caballos-a-balazos-in forma-la-policia-comunitaria-de-tlacotepec/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con los establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a firmar a la brevedad el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Exposición de Motivos

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), fue suscrito por México el 23 de marzo de 1981, por el entonces presidente de la República, José López Portillo, dicho pacto tiene como principio y en apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos la siguiente idea: no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. 1

Este pacto significó un avance para México en los derechos humanos que consagró específicamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, no obstante, en 2008, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que se abrió a firma el 24 de septiembre del 2009, a la fecha, noviembre de 2018, 45 estados han firmado el tratado y 24 lo ratificaron, es decir son estados parte.2

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales es un instrumento que tiene la finalidad de servir como complemento al pacto, pues servirá para que el comité tenga más facultades en materia de la protección de los derechos humanos consagrados en el Pidesc.

Sin incluir ningún derecho sustantivo nuevo, el Protocolo Facultativo incluye procedimientos que permiten a las personas o grupos presentar quejas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), respecto de violaciones de estos derechos cometidas por un estado parte. Por ejemplo, interferir indebidamente en el goce de un derecho, no adoptar medidas dirigidas a su realización, denegar derechos de manera discriminatoria o adoptar medidas deliberadamente regresivas sin justificación adecuada. Es más, se podrá presentar una comunicación directamente ante el Comité DESC.

El Protocolo Facultativo establece tres procedimientos internacionales de protección:

1. Comunicaciones individuales;

2. Comunicaciones interestatales; y

3. Procedimiento de investigación de violaciones graves o sistemáticas de los DESC.3

Para México y en general para el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, es de gran importancia sobrepasar a los derechos humanos como meramente buenas intenciones de los estados y avanzar para poder hacer efectiva la protección deseada por las Naciones Unidas.

A partir de la entrada en vigencia de este Protocolo, el Comité estará facultado para examinar comunicaciones individuales e interestatales, e investigar violaciones al Pidesc, es decir, con la ratificación del estado parte a este protocolo facultativo, se reconocerá la competencia del Comité DESC, para recibir y examinar comunicaciones conforme lo dispuesto en el protocolo. Igualmente, un estado parte podrá denunciar a otro, mediante comunicaciones interestatales, siempre y cuando ambos hayan aceptado este mecanismo.

Finalmente, el procedimiento de investigación permitirá al Comité DESC, iniciar una investigación en el caso de que tenga información fiable que indique la violación grave o sistemática al Pidesc, siempre y cuando el estado haya hecho la aceptación de la competencia del Comité para este efecto.4

En concordancia con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, y a la política garantista de apego a la progresividad de los derechos humanos que ha implementado el Estado mexicano, la ratificación de este instrumento significa un avance a los derechos humanos y a la credibilidad de la información y las instituciones, lo primero, porque al ser un organismo internacional, la información es imparcial totalmente, en cuanto a la credibilidad, un estado que acepta someterse al escrutinio internacional, significa que busca o mantiene un estado constitucional de derecho. La firma y adhesión es muy importante para fortalecer nuestros principios constitucionales y la integración del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos en México.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a firmar a la brevedad el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Fuentes

• Estatus de los Tratados Internacionales, United Nations Treaty Collection:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREAT Y&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=es

• Ficha informativa del PF-PIDESC: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/carta-PF-PIDESC-FINAL.pdf

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos. Sociales y Culturales:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human os/D50.pdf

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opce scr.aspx

Notas

1 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, p. 2, consultado en:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human os/D50.pdf

2 Estado de los Tratados, United Nations Treaty Collection, consultado el 5 de noviembre del 2018 en: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= IV-3-a&chapter=4&lang=es

3 Ficha informática: PF-PIDESC consultado en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opce scr.aspx

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred, la CNDH y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC a iniciar de oficio investigación por violaciones de la CPEUM y los tratados internacionales respectivos por la presunta comisión de actos de xenofobia y discriminación por el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, contra los derechos de las personas migrantes, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. México tiene una traducción histórica de hospitalidad, refugio y asilo para aquellas personas que en su lugar de origen carecen de los medios básicos para realizar sus derechos humanos fundamentales.

Segunda. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Tercera. Este mismo instrumento fundamental señala en su artículo 11 lo siguiente:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Cuarta. Que el primer párrafo del artículo 33 constitucional señala que:

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

Quinta. Que el artículo 120 constitucional define que:

Artículo 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

Sexta. Que el artículo 133 constitucional establece los siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Séptima. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece en su artículo 7 y 8 lo siguiente:

Artículo 7. El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así? como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

...

Apartado A. De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado y los Municipios deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.

Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos.

...

Artículo 8. Son derechos de los habitantes del Estado:

III.- Si son extranjeros, gozarán de los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente y en las disposiciones legales que de ellas emanen. En ningún caso los extranjeros gozarán de derechos políticos

Octava. Que, en seguimiento de la disposición constitucional referente a la Ley Suprema de la Nación en su artículo133, la nación cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece disposiciones claras en el siguiente sentido:

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así? como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Artículo 3. Cada uno de los poderes públicos federales adoptara? las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

...

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.

Novena . Que la ley en comento señala que se considera como prácticas discriminatorias:

• Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación

• Explotar o dar un trato abusivo o degradante

• Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación

• Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial;

• Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

Décima . Que, en función de lo anterior, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en una entrevista telefónica a un medio de comunicación violó las disposiciones constitucionales, legales y los tratados internacionales al señalar el pasado 15 de noviembre lo siguiente:

“Queremos que se les aplique el 33 constitucional, Tijuana es una ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta manera, fue distinto con los haitianos, ellos llevaban papeles, estaban en orden, no era una horda, perdóname la expresión y Derechos Humanos se me va a echar encima, pero los derechos humanos son para los humanos derechos.

Estas personas llegan en un plan agresivo, grosero, con cánticos, retando a la autoridad, haciendo lo que no estamos acostumbrados a hacer en Tijuana, que sepa todo México que ya estuvo bueno, ¿qué es eso de permitir que crucen la frontera sin ningún freno?”

“No me atrevo a decir que son todos los migrantes, pero hay algunos que son vagos, mariguanos, van agrediendo a familias de Playas de Tijuana, ¿qué es eso?”

El alcalde agregó que realizará una consulta ciudadana para saber si los habitantes quieren seguir atendiendo a los migrantes y en caso contrario, “veremos cómo solventamos para sacar a los que ya están y pondremos retenes en Tecate para que ya no entren”.

Pidió a los diputados federales que destinen recursos para habilitar espacios en Tijuana para atender a los migrantes, “necesitamos el apoyo ahora o nunca, vamos a hacer consulta, yo sé hacerle caso al pueblo tijuanense”.

Décima Primera. Que estas aseveraciones hechas por el presidente municipal de Tijuana son violatorias, a todas luces de las disposiciones legales, anteriormente señaladas y tiene que ser reconvenido y sancionado en los términos jurídicos aplicables por parte de las autoridades en materia de derechos humanos y de prevención y eliminación de la discriminación.

Décima Segunda. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y sus Observaciones Generales establecen los mecanismos suficientes para reconocer a los derechos humanos como progresivos y no regresivos, por lo que se infiere que éstos no son materia de ninguna consulta pública.

Décima Tercera. Que el Conapred está facultada para “Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo”.

Décima Cuarta. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como facultad “Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas”.

Décima Quinta. Que el estado de Baja California también cuenta con una ley de Prevención y Eliminación de la Discriminación que dispone que “Corresponde a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California prevenir toda forma de discriminación e intolerancia y promover las políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de todas las personas.”

En virtud de todo lo anterior, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura exhorta respetuosamente pero de manera enérgica al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias, a iniciar de oficio investigación por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos por la presunta comisión de actos de xenofobia y discriminación por parte del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, en contra de los derechos de las personas migrantes dentro del territorio nacional, estatal y municipal.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a ampliar y fortalecer acciones encaminadas a promover e incentivar durante esta temporada la adquisición de árboles navideños naturales de producción nacional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con las cámaras de comercio y turismo instrumenten, amplíen o fortalezcan sus acciones encaminadas a promover e incentivar la adquisición de los árboles naturales de Navidad de producción nacional durante esta temporada decembrina, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

La Navidad constituye uno de los festejos estacionales más importantes para las familias mexicanas y uno de los objetos más representativos de la temporada de convivencia y festividad es el denominado “árbol de Navidad”.

Para dimensionar su relevancia, basta señalar que, de acuerdo con el titular de la Asociación Nacional de Productores de Árboles de Navidad y Empresas de Turismo de Naturaleza, esta industria tiene un valor de por lo menos mil millones de pesos y genera cada año, empleos para más de mil familias en todo el territorio nacional.

Las estadísticas de esta asociación, arrojan que nuestro campo actualmente produce alrededor de 2 millones de árboles, los cuales se venden por un monto que oscila entre los 600 a mil pesos.1 Entre las especies más utilizadas para esta actividad, se encuentra el Pino Blanco o Pino Vikingo, el Pinabete, el Pino Prieto, el Pino Piñonero, el Oyamel, el Picea, el Cedro Blanco y el Ciprés de Lawson.

Entre las ventajas de adquirir árboles de Navidad naturales, destaca que mientras que son cultivados aportan oxígeno y capturan dióxido de carbono; y después de la temporada decembrina, sirven como sustrato o composta para jardines y parques públicos. Además, también permiten la recarga de mantos acuíferos y la regeneración de fauna endémica en los bosques y praderas.

Desde el punto de vista económico, constituye una de las principales fuentes de empleo y sustento para muchas comunidades que, prácticamente, subsisten de la plantación, cuidado, corte y comercialización de este tipo de árboles.

Para contar con un panorama general de dicha actividad, basta mencionar que la producción del árbol de Navidad se realiza en por lo menos 11 mil 335 hectáreas en 19 entidades del país, siendo por su contribución las más representativas el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México.

En este sentido, el Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México, informó recientemente que esta entidad cuenta con la mayor producción a nivel nacional, con una producción de 900 hectáreas y 630 plantaciones.

Sólo durante esta temporada se comercializarán por lo menos 450 mil árboles de municipios como Amecameca, Valle de Bravo, Tlalmanalco, Almoloya de Juárez, Juchitepec, Xonacatlán, Xalatlaco, Tenango del Valle, Temascaltepec, Villa del Carbón, Zinacantepec, Isidro Fabela, Calimaya y Villa Victoria.

El bosque de árboles de Navidad en el municipio de Amecameca en el Estado de México, constituye una de las plantaciones más grande del país, al contar con una producción de 500 hectáreas. Durante estos meses, se prevé un crecimiento en las ventas de por lo menos 40%, que simbolizará 70 mil pinos y la contratación de 350 mil personas.2 Por su parte, Puebla espera vender 25 mil árboles, Michoacán 17 mil árboles y Tlaxcala un aproximado de 4 mil 500 ejemplares.

Durante la temporada pasada, se vendieron un poco más de 700 mil árboles de Navidad por 848 productores registrados ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Esta venta produjo una derrama económica de 350 millones de pesos, y en este año, se espera superar dicha cifra.3

A fin de prevenir la introducción de plagas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que se amplíen los programas de verificación e inspección que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en puntos fronterizos entidades como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas.

Reconocemos su efectividad, como parte de estas acciones se ha dado a conocer que sólo el pasado 19 de noviembre, se regresó 2 mil 135 árboles a Oregón, Estados Unidos, debido a que en el embarque se identificaron brotes de larva y escarabajos de la familia curculionidae, protegiendo así, nuestro patrimonio natural y la salud de las familias mexicanas.4

Se está implementando, medidas adecuadas de fomento al consumo nacional, ejemplo de ello, es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pública un directorio con los puntos de venta y productores donde se pueden adquirir de manera segura y bajo estándares estrictos de calidad. Asimismo, están las ferias navideñas, los corredores navideños y los centros de exposición regional.

Estamos seguros que apoyar a los productos nacionales permitirá generar una mayor derrama económica en favor de productores y las personas que participan en toda la cadena productiva, desde su siembra hasta su comercialización, de ahí la relevancia de fortalecer las acciones encaminadas a incentivar la adquisición de los árboles naturales de Navidad de producción nacional durante esta temporada decembrina.

La temporada navideña, además de representar un espacio de emotividad y convivencia, representa una oportunidad para generar decenas de empleos para los productores de árboles de Navidad y artesanos que al comercializar sus productos generan beneficios para sus comunidades y el mejoramiento en la calidad de vida de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con las cámaras de comercio y turismo instrumenten, amplíen o fortalezcan sus acciones encaminadas a promover e incentivar la adquisición de los árboles naturales de Navidad de producción nacional, durante esta temporada decembrina.

Notas

1 Monserrat Mata. (2018). Producción nacional rebasa importación de árboles. 20/11/2018, de Milenio Sitio web: http://www.milenio.com/negocios/produccion-nacional-rebasa-importacion- de-arboles

2 Miguel Pallares. (2018). Prevén suba 40% venta de árboles navideños. 20/11/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-suba-40-venta-de-arboles-n avidenos

3 El Economista. (2017). Se comercializarán 700,000 árboles de Navidad en México. 20/11/2018. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-comercializaran-700000-arboles-de-Navidad-en-Mexico-20171130-0044.html

4 Perla Miranda. (2018). Profepa impide acceso de 2 mil 135 árboles de Navidad de EU por traer insectos vivos. 20/11/2018, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/profepa-impide-acceso-d e-2-mil-135-arboles-de-navidad-de-eu-por-traer-insectos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 22 de noviembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso seguido en España contra el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Luis Fernando Salazar Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhortan a diversas autoridades, respecto al proceso seguido en España contra el ex gobernador Humberto Moreira, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de enero de 2016, acusado por delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal, el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdez, fue detenido por la Policía Nacional española en el aeropuerto de Barajas, Madrid, tras una orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, producto de una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

En ese momento, se tuvo conocimiento que la Fiscalía de ese país había iniciado una investigación en contra del ex gobernador, tras advertir diversas transferencias realizadas en el año 2013, desde Estados Unidos a España, equivalentes a 3.9 millones de pesos, cantidad presumiblemente proveniente de actividades ilícitas.

Meses después, el mismo juez tendría que archivar provisionalmente la investigación, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción de ese país, y poner, con ello, en libertad a Humberto Moreira.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en nuestro país, autoridades judiciales en Estados Unidos de Norteamérica siguieron dando curso a las investigaciones, a través de las cuales, durante varios años se ha acreditado una red de corrupción para lavar millones de pesos robados del erario de Coahuila durante el gobierno de Moreira.

En ese contexto, mediante diversas denuncias y llamados a las autoridades responsables de impartir justicia en México, se solicitó por todos los medios dar curso a las investigaciones para fincar las responsabilidades correspondientes, por los delitos y operaciones irregulares, ya acreditadas en otras naciones, en torno a la mega deuda del estado de Coahuila.

No obstante, como ha acontecido desde el año en que se tuvo conocimiento del robo a las arcas del estado, el Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como las correspondientes Procuradurías de justicia, siguen dejando en la impunidad el fraude más grande perpetrado en contra de la población coahuilense, eludiendo la responsabilidad de transparentar el destino de esos recursos; pero sobretodo, de recuperar el dinero robado.

Por el contrario, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto volcó al personal diplomático y legal de la embajada de México en España a disposición del ex presidente de su partido, para conocer su situación, atender a su familia y sacarlo de la prisión cuando fue detenido en aquél país.

A diferencia de esto, autoridades de otros países han continuado llevando ante la justicia, a diversos personajes ligados a esa red de corrupción que, durante años, sustrajo dinero de los coahuilenses.

Así, en días recientes, se dio a conocer que el testimonio de dos personas en San Antonio, Texas, volverían a implicar al ex dirigente del PRI en la comisión de diversos delitos.

Por lo anterior, el juez que, en principio conoció de la causa en España, ha reabierto la investigación, dictando un auto para enviar una comisión rogatoria a San Antonio con el fin de interrogar a las dos personas que acusan al ex presidente del PRI, así como una petición de auxilio judicial a México para que se investiguen sus sociedades y se examine la documentación relativa al origen de sus ingresos.

Ello, después de darse a conocer en diversos medios de comunicación que, según las declaraciones de Javier Villarreal Hernández, ex secretario de finanzas de Humberto Moreira durante 2008 y 2010, el ex gobernador se habría apropiado de dinero público, por medio de empresas con las que se sobre facturaban miles de millones de pesos, o se participaba de manera ilegal en supuestas licitaciones de obras públicas, a través de las que obtuvo ilícitamente dinero para él y para fines electorales del partido que dirigía.

De las mismas declaraciones, se ha advertido la participación de otros funcionarios como el actual presidente de la Fundación Colosio, quien siendo secretario de Gobierno en el año 2011 y 2012, habría participado en los citados actos de corrupción. Asimismo, otras personas de confianza del ex gobernador habrían cobrado una comisión por emitir facturas infladas.

Desafortunadamente, a pesar de los nuevos indicios que, en reiteradas ocasiones, han surgido en los juicios llevados en otros países, las autoridades mexicanas tanto federales como estatales continúan siendo cómplices y omisas en investigar el desfalco que, mediante diversos esquemas, llevó a cabo Humberto Moreira siendo titular del ejecutivo del estado de Coahuila.

Frente a la petición de auxilio judicial, hoy el Estado Mexicano tiene la ineludible responsabilidad, tanto en el ámbito federal como en el fuero común, de prestar la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos señalados recientemente.

De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, la Autoridad Central en materia de asistencia jurídica internacional en nuestro país es la Procuraduría General de la República.

La cual, lamentablemente, ha sido omisa hasta ahora en dar curso a las investigaciones y las diversas denuncias presentadas en contra del ex gobernador, a pesar de existir varias solicitudes para que se designe a un fiscal especial, independiente, con autonomía y solvencia moral para conocer e investigar los hechos.

Por lo anterior, resulta fundamental hacer una vez más un llamado a la Procuraduría, a responder a la satisfacción del interés social y el bien común y actuar con la mayor diligencia para cumplir con la asistencia jurídica requerida.

Así como hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se investiguen, detecten y reporten las operaciones posiblemente vinculadas con los delitos cometidos por Humberto Moreira mediante sus sociedades.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a prestar la más amplia ayuda relacionada con las investigaciones iniciadas en los países de España y Estados Unidos de Norteamérica, intercambiando la información que contribuya a la procuración de justicia en los procesos seguidos en contra del ex gobernador Humberto Moreira Valdez y demás ex funcionarios del gobierno de Coahuila.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, según corresponda, investigue, detecte y reporte, en su caso, a la Autoridad Central, las operaciones posiblemente vinculadas con los delitos cometidos por Humberto Moreira mediante diversas sociedades mercantiles, así como por los demás ex funcionarios que colaboraron durante su administración.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que audite los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005 y 2011, correspondientes a la gestión de Humberto Moreira Valdez al frente del estado de Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2018.

Diputado Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los protocolos a fin de prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y establecer medidas para garantizar el interés superior de la niñez, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan los protocolos para prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y establezcan las medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 2o., establece que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la de cual sea su condición.1

Dicha convención señala que reconocer los derechos del niño, resulta indispensable para su pleno desarrollo, personalidad y armonía, creciendo en el seno de una familia de libertad, igualdad y solidaridad.

Menciona que todos los países deben comprometerse a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables.

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños y niñas, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que una gran proporción de niñas y niños sufren violencia significativa en sus hogares, al respecto, 16 países prohíben el castigo físico a los niños en todos los entornos, dejando una gran mayoría de la población infantil sin protección ni cuidado necesarios para que no sean golpeados y humillados en sus hogares.2

En algunos países, no hay sistemas responsables de registrar e investigar a fondo las denuncias de violencia contra los niños y niñas, los más pequeños que sufren violencia carecen de la capacidad de denunciar, por temor a sufrir represalias por parte de los autores o porque la intervención de las autoridades pueda empeorar su situación.

Para dimensionar esta magnitud de esta problemática, cabe mencionar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo la mayor parte del tiempo completo, lo cual repercute en diversos ámbitos como son el escolar, familiar y esparcimiento.3 Por si esto no fuera suficiente, los menores afectados no reciben alimentación ni cuidados apropiados, lo cual inhibe su pleno desarrollo.

Cifras de 2015 indican que 5.5 millones de niños de 5 a 17 años eran víctimas de trabajo forzoso, 960 mil eran explotados sexualmente, 3.8 millones sufrían explotación laboral y 709 mil estaban en trabajo forzoso impuesto por el Estado.4

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 2000 y 2012 los niños de 5 a 17 años que desempeñaban algún trabajo pasaron de 246 a 168 millones en todo el mundo. Se estima que cerca del 11 por ciento de la población infantil trabajaba en 2012.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), plantea que en América Latina hay una población de más de 190 millones de niños, es una de las regiones más desiguales y con mayores índices de violencia, que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños.5

La incidencia del trabajo peligroso en los adolescentes de 15 a 17 años es mayor en Nicaragua (34 por ciento), Camboya (30 por ciento), Honduras (27 por ciento) y la Laos (26 por ciento).

Dicho organismo plantea que los principales tipos de violencia, son: el castigo físico, abuso sexual, abandono y la explotación económica. Según estimaciones, cada año más de seis millones de niñas y niños sufren abuso severo en los países de la región de América Latina y más de 800 mil mueren a causa de la violencia doméstica.6

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, es decir, uno de cada tres residentes correspondía a una persona menor de 18 años.7

Asimismo, 3.5 por ciento de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela y la tasa de ocupación de 5 a 17 años fue de 8.6 por ciento, que corresponde a 2.5 millones que realizaban alguna actividad económica.

En 2014, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México, eran víctimas de delito o maltrato.

El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años supera los 10 millones (10 220 265), lo que representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado.8

La primera medida jurídica sobre los Derechos del Niño se tomó en 1924 y fue ratificada en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los estatutos de varios organismos y organizaciones internacionales interesados en el bienestar de este sector de la población. Desde el año 1924, se decretó el 30 de abril como “Día del Niño”, cuando el general Álvaro Obregón era presidente de la República y José Vasconcelos ministro de Educación Pública.

En este sentido, los niños alejados de sus familias se convierten en víctimas fáciles de la violencia, explotación, trata, discriminación u otro tipo de maltrato. Los niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, las cuales se caracterizan por contemplar actividades peligrosas e ilícitas, tales como la esclavitud.

Es fundamental sumar esfuerzos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como la alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, respeto e identidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezcan los protocolos para prevenir y atender de manera oportuna la violencia infantil y establezcan las medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez.

Notas

1 www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf

2www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1) .pdf

3 http://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml

4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-ipec/documents/ ublication/wcms_221514.pdf

5 https://www.unicef.org/lac/(1).pdf

6 https://www.unicef.org/lac/hoja1(1).pdf

7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ni %C3%B1o2016_0.pdf

8 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni %C3%B1o2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 22 de noviembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía y la ASF a considerar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y su repercusión en las cuentas públicas municipales de 2017, a cargo del diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal, Bonifacio Aguilar Linda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena representado en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de ésta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 74 constitucional, fracción VI, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas, esta revisión se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación, ente regulado en el artículo 79 de la Carta Magna.

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

En el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 se incluyeron auditorías de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño a diecisiete ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33 Aportaciones Federales, en los pliegos de observaciones derivados de estas auditorías se señaló de manera general que “Se presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por determinado monto (varía respecto a cada uno de los municipios), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017 o en su caso a la Tesorería de la Federación, conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por destinar recursos del fondo del ejercicio fiscal de 2017 para el pago de obras públicas concluidas físicamente y con adeudos totales o parciales del FISMDF correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.”

Sin embargo, los hechos antes señalados por los cuales se les imputa a los entes fiscalizados daños y/o perjuicios a la hacienda pública federal son responsabilidad directa del Ejecutivo estatal que se encontraba a cargo de Javier Duarte de Ochoa y de la LXIV Legislatura del Congreso del estado; lo anterior tiene su fundamento en que los municipios auditados al cierre del ejercicio 2016 tenían pendientes de recibir en conjunto recursos por 357 millones 982 mil 736.63 pesos (trescientos cincuenta y siete millones novecientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 63/100 moneda nacional) correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio 2016 como se señala en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, desglosados de la siguiente manera:

Dichos recursos estaban contemplados por los municipios para realizar diversas obras a lo largo del ejercicio fiscal 2016, las cuales fueron licitadas y adjudicadas a diversos contratistas que ejecutaron los trabajos establecidos en los contratos de obra pública que cada ente fiscalizado celebró con particulares, sin embargo, a finales del ejercicio fiscal los trabajos estaban finalizados, pero el pago a los contratistas y sus respectivos trabajadores quedó pendiente, dejando en estado de indefensión no sólo a los presidentes municipales responsables de estas obras, sino más preocupante aún a los trabajadores de la construcción y sus familias.

Ante tal panorama, el 17 de marzo de 2017 se publicó en el Gaceta Oficial el Acuerdo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave que establece “se autoriza a los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que así lo determinen, a disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2017, para pagar obras programadas con recursos del mismo Fondo, correspondientes al año 2016”.

Derivado de lo anterior, a los ayuntamientos que cumplieron con las disposiciones señaladas en dicho Acuerdo se les hizo entrega de los recursos adeudados en el Ejercicio Fiscal de 2016 para pagar las obras ejecutadas a cargo del FISMDF pero con adeudos durante el Ejercicio Fiscal de 2017, entre los ayuntamientos que recibieron estos recursos se encuentran los diecisiete ayuntamientos auditados.

A pesar de que esta acción fue autorizada por el Congreso del Estado, en la cédula de resultados finales “la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) mediante oficio 614.DGDR/206/2017 de fecha 5 de julio de 2017, indicó que de acuerdo a los numerales 1.4 y 1.5 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social únicamente la Sedesol interpretará los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que en su opinión, el Congreso del estado no tiene facultades para regular el manejo presupuestal de los recursos, ni para interpretar su aplicación a los fines específicos que mandata la Ley de Coordinación Fiscal, por lo anterior dichos pagos no son procedentes”.

Lo anteriormente señalado pone entredicho la legalidad de las acciones autorizadas por la LXIV Legislatura del Congreso de la entidad y deja en estado de indefensión a diecisiete ayuntamientos auditados señalados como probables responsables de un daño y o perjuicio a la hacienda pública federal, sin tomar en cuenta que fue el mal manejo y la ineficiencia de Javier Duarte de Ochoa y su gobierno lo que originó estos hechos, por lo tanto no se puede señalar como responsable a los gobiernos municipales de las actuaciones, omisiones e irresponsabilidades del Gobierno Estatal que generó un daño y perjuicio no sólo a la Hacienda Pública Federal, sino a todo el Estado de Veracruz.

Por lo anterior, deben ser considerados estos hechos y situaciones particulares al momento de emitir y analizar los resultados de las auditorías practicadas y señalar a cualquier ente fiscalizado como probables responsables de cualquier daño y o perjuicio a la hacienda pública federal.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a considerar, durante el estudio, análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ejercicios 2016 y 2017.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su repercusión en las Cuentas Públicas Municipales del Ejercicio Fiscal 2017 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al momento de emitir los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Bonifacio Aguilar Linda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a ampliar los operativos de supervisión a fin de garantizar los derechos de los consumidores que adquirieron boletos de avión y tienen problemas con la atención de las aerolíneas, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Ernesto Javier Nemer Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los operativos de supervisión a fin de garantizar los derechos de todos aquellos consumidores que hayan adquirido boletos de avión y por alguna circunstancia tengan problemas con la atención que les presten las aerolíneas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en 2017 volaron 4 mil 81 millones de pasajeros, la aviación dio trabajo directo a 2.7 millones de personas y se gastaron en transporte aéreo 861 mil millones de dólares, equivalentes a 1 por ciento del producto interno bruto (PBI) mundial.1

En México, la Dirección General de Aeronáutica Civil a través del informe Aviación mexicana en cifras , reveló que tan sólo en 2017 los pasajeros transportados por vía aérea marcaron un máximo histórico por sexto año consecutivo, al llegar a 90.4 millones de pasajeros.2

Asimismo, los pasajeros transportados por vía aérea en servicio doméstico regular superaron los 45 millones, lo que representó por sexto año consecutivo un máximo histórico. Mientras que los pasajeros transportados por vía aérea en servicio regular internacional superaron los 44 millones.

En los últimos cinco, años el transporte de pasajeros creció 59.3 por ciento, un promedio de 9.8 por ciento anual. Las tasas anuales de crecimiento del transporte de pasajeros en el quinquenio 2013-2017, son las más altas de los últimos 25 años. Se estima que las diez rutas domésticas regulares más transitadas movilizan a 44 por ciento del total de pasajeros y muestran el posicionamiento de los tres principales aeropuertos del país.

Conforme a la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares 2013, el principal medio de transporte utilizado en los viajes de pernocta es el automóvil, 41.3 por ciento; seguido del autobús foráneo, 39.8 por ciento; estos transportes son utilizados por 8 de cada 10 personas de los hogares que viajan. Asimismo, 1 de cada 10 viaja en avión, el resto utiliza otros medios de transporte como el tren, el transbordador u otros.

El sistema aeroportuario consta de 77 aeropuertos, 64 de ellos internacionales. En 2017 el personal empleado por las aerolíneas nacionales ascendió a 24 mil 319. El número de pilotos y sobrecargos contratados es el más alto de los últimos 20 años.

No obstante, el año pasado las aerolíneas nacionales tuvieron 18 mil 911 reclamos por sobreventa de boletos, lo que se traduce a que por día alrededor de 52 pasajeros sufren algún retraso o pierden sus vuelos por este problema.3

Según los registros, el total de ocasiones en que un pasajero con reservación confirmada no aborda el vuelo programado de manera voluntaria o involuntaria, es debido a la sobreventa del vuelo.

La Ley de Aviación Civil establece en su artículo 52 que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave y se tenga por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:4

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

Es importante destacar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reparte trípticos en los principales aeropuertos del país con los derechos de las personas al viajar en el avión, donde se especifica que en todos los vuelos las aerolíneas deben informar los términos y condiciones aplicables al momento de comprar un boleto, así como las políticas de compensación.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece a la letra que “El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.”

Ante este panorama, es imprescindible salvaguardar los intereses de los consumidores, ya que no solamente se pone en riego su economía, sino también las actividades a realizar, que puede ir desde el ámbito laboral hasta aquellas relacionadas con una estancia vacacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para ampliar los operativos de supervisión a fin de garantizar los derechos de todos aquellos consumidores que hayan adquirido boletos de avión y por alguna circunstancia tengan problemas con la atención que les presten las aerolíneas.

Notas

1 https://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=27011

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/ amc-2017-i.pdf

3 https://www.jornada.com.mx/2018/11/20/sociedad/033n1soc

4 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/ ley-aviacivil-26062017.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a homologar y armonizar en los respectivos códigos penales la tipificación del delito de feminicidio con la del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, fracción IV; 79, fracciones II y III y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

En México asesinan por razones de género a 9 mujeres cada día (geofísica María Salguero, Mapa del feminicidio México).

En palabras de la doctor Marcela Lagarde antropóloga-feminista que acuñó el concepto de feminicidio y lo incorporó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “La violencia feminicida es el extremo, la culminación de múltiples formas de violencia de género hacia las mujeres, que atentan contra sus derechos humanos y las conducen a variadas formas de muerte violenta, y son toleradas por la sociedad y el Estado”.

El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la Violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, plataforma Connectas y el Centro Internacional para Periodistas con el trabajo e investigación de Valeria Durán exponen una importante y sustentada indagación sobre feminicidio en México, y como resultado se obtiene que “más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20 por ciento de estos casos han sido juzgados como feminicidios; así más de 7 mil mujeres que fueron envenenadas, quemadas, violadas, descuartizadas y golpeadas hasta morir, quedaron fuera de las cifras oficiales de feminicidio.”

Vacíos legales y la falta de armonización en el concepto legal de violencia de género, así como el nulo conocimiento de perspectiva de género, han permitido que solo menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios.

Solicitando a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, especificando la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras. Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen solo al 19 por ciento. Además, con esta información de cada estado, se identificó que algunas procuradurías o fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.

Tan sólo entre 2012 y 2015, las Procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que, en la información entregada a la investigación, las mismas autoridades en el mismo periodo informaron 8 mil 555 asesinatos. Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos. No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las procuradurías y fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio apunta que la mayoría de las mujeres en México han sido asesinadas de manera brutal: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos y heridas y las víctimas fueron encontradas en espacios públicos como: carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros, evidenciando el nivel de inseguridad que viven las mujeres en todos los espacios. Entre 2014 y 2017 unas 8.904 mujeres han sido asesinadas en México, sin embargo, solo menos del 20 por ciento de los casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio.

El propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que de 2015 al 2017, fueron asesinadas 8 mil 190 mujeres en todo el país, y las autoridades judiciales solo investigaron mil 640 como feminicidio, es decir apenas el 20 por ciento, esto deja ver que existe una omisión por parte de las autoridades para realizar acciones urgentes y efectivas.

Esta alarmante situación de violencia feminicida en nuestro país ha preocupado a la ONU, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adscrito al organismo internacional, en su más reciente reporte (25 de julio de 2018) indica que México requieren adoptar medidas “urgentes” para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres, este informe pone a la luz que las mujeres y niñas mexicanas siguen siendo blancos de la inseguridad y violencia en todos los ámbitos y zonas geográficas del país. Al comité le preocupan los patrones persistentes de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas, en particular el feminicidio”. Y pide al Gobierno de México convertir en una cuestión prioritaria que se investigue y enjuicie como corresponde a los asesinos de mujeres y garantice el acceso a la justicia de las víctimas. Entre las recomendaciones precisas de este órgano esta la tipificación del feminicidio como delito en todos los estados mexicanos:

– CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Muje r, Reporte, 25 de julio de 2018;

El Comité recuerda y recomienda en cuanto a violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general número 19, y reitera su recomendación al Estado parte de que :

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de las mujeres ;

b) Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria ;

c) Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio ;

Los huecos o lagunas en la legislación y sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar violentamente y por razones de género a miles de mujeres, no siempre son procesados y castigados en prisión por feminicidio.

Una de las causantes que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio es que en nuestro país no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.

El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio: los signos de violencia sexual, las lesiones o mutilaciones, los antecedentes de violencia, que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato, que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público:

Capítulo V
Feminicidio

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En la actualidad solo 19 entidades federativas en México cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género). Los estados son Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Las 13 entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Todas —a excepción de Chihuahua, que incluyó una conducta típica específica hasta 2017, sin reconocer hasta la fecha el término “feminicidio” en su Código Penal— han hecho una o dos reformas sin que esto implique una mejora en la tipificación del feminicidio, alerta el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir, apenas una tercera parte de los estados del país han armonizado completamente sus legislaciones locales con el Código Penal Federal: Coahuila, Chiapas, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

A manera de ejemplo, resalta que; en el Estado de México, Morelos y Veracruz, las penas por este delito van de los 30 hasta los 70 años de prisión.

En contraste, con menos severas en Yucatán, de 30 a 40 años a quien cometa feminicidio, y la de Jalisco, de 24 a 45 años.

La armonización y homologación de los 32 estados de la república respecto a feminicidio de acuerdo al Código Penal Federal, es solo una de las acciones necesarias para contrarrestar la grave y alarmante situación de violencia feminicida que actualmente vivimos, y es indispensable pues juzgar la muerte violenta de mujeres, como homicidio común, deriva en impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas a homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio en sus Códigos Penales Estatales, de acuerdo con la descripción típica establecida en el Código Penal Federal vigente.

Referencias:

CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Reporte, 25 de julio de 2018.

Connectas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dando en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a impulsar políticas públicas para promover el sector turístico en Veracruz, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Lizeth Amayrani Guerra Méndez , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente:

Exposición de Motivos

México siempre se ha caracterizado por su turismo cultural, el cual es definido por la Secretaría de Turismo como el viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar diversos rasgos y elementos distintivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico.i

El turismo se caracteriza por el conjunto de actividades que se relacionen con conocer o gozar de sectores geográficos en donde no se vive permanentemente, además tiene distintas variantes como: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación que a su vez van dirigidas a múltiples sectores de población; jóvenes, familias, tercera edad, parejas, amigos, etcétera.

El turismo ha ido creciendo a lo largo de los años, y para países en vía de desarrollo como México es muy importante enfocar dicha actividad para acrecentar el porcentaje de desarrollo y así aprovechar económica y socialmente los beneficios que traería consigo.

El pasado agosto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) dio a conocer las cifras del ranking mundial respecto al arribo de turistas internacionales, y de captación de divisas correspondiente a la actividad turística de 2017.

El documento Panorama OMT del Turismo Internacional 2018 confirma que México ascendió dos lugares, al pasar del octavo lugar en 2016, con 35.1 millones de turistas internacionales, al sexto sitio con 39.3 millones en 2017. Por arriba de Reino Unido, Turquía, Alemania y Tailandia.ii

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística, el turismo para la economía mexicana es una fuente de gran importancia, en virtud de que sus beneficios no sólo se muestran ser una industria generadora de empleos y en ser una actividad detonadora del desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

El turismo en México crece por arriba de la economía mundial, la actividad turística en México aporta casi el doble de lo que en promedio contribuye a las economías de la OCDE. Mientras en el país aporta aproximadamente el 8.7 por ciento del PIB, para el conjunto de economías del organismo representa en promedio 4.9 por ciento.

Asimismo, en México el sector provee 2.3 millones de empleos de tiempo completo, equivalentes a 5.9 por ciento del empleo y 79.9 por ciento de las exportaciones de servicios, más que el 22 por ciento que en promedio representa para los países de la OCDE, señala el reporte OCDE Tendencias del Turismo y Políticas 2018. iii

Sabemos que el turismo es importante porque es una manera de reactivar la economía en regiones específicas. Es así como todos los países del mundo usan el turismo para generar empleos, hacer crecer la infraestructura, creación de nuevos negocios ya sean restaurantes y hoteles, servicios como el transporte aéreo, marítimo o terrestre.

Derivado de lo anteriormente expuesto y en representación del estado de Veracruz, desde este Congreso es trascendental activar el desarrollo turístico en el estado. Actualmente, varias localidades han mejorado su imagen y, por ende, se han propiciado mejores condiciones de vida para la población que recibe a los visitantes, generándose fuentes de empleo, mayor desarrollo social y mejora en la infraestructura municipal. Es así como Veracruz se posiciona en el séptimo lugar en ocupación hotelera a nivel nacional, por lo que es importante dar mayor impulso al turismo en el estado.

Veracruz cuenta con una increíble riqueza también natural como histórica. Los climas variados entre montañas y playas, una gran gama completa de ecosistemas y zonas costeras para los diversos gustos, permiten al visitante experimentar una estancia única, completamente adaptable a sus preferencias. El turista puede programar su viaje a Veracruz, escogiendo entre playas, aventuras, deportes acuáticos como terrestres, ciudades en estilos arquitectónicos de época y modernos, parques, monumentos y museos históricos, culturas precolombinas, pueblos mágicos y culturas indígenas todavía existentes.iv

Veracruz es un lugar turístico que pueden disfrutar los visitantes nacionales e internacionales; tiene gastronomía, costumbres y tradiciones, fraternidad, calidad y calidez humana, entre otros aspectos que mostrar. Cuenta con infraestructura hotelera y restaurante para albergar a los turistas que deseen visitar esta entidad, es un estado pleno de historia, tradiciones y de una gran riqueza cultural. En lo que a turismo se refiere, el estado se divide en siete regiones.

1. Región Huasteca. Es una amplia región que se encuentra en el noreste de Veracruz. Tuxpan es la puerta de la Huasteca veracruzana; Chicontepec, pueblo de montaña conocido como El Balcón de la Huasteca; Álamo Temapache, municipio eminentemente citrícola; Castillo de Teayo, en la Huasteca Baja, sobrevive en el tiempo el Castillo de Teayo; Pánuco. En las llanuras de la Huasteca Alta, al extremo norte, se localiza una de las poblaciones más antiguas del golfo, Tamiahua, la laguna de Tamiahua es un bello sitio donde tienen su morada diferentes especies de aves y mamíferos; Tempoal, una de las fechas que más se esperan en el municipio es cuando se celebra la fiesta de Xantolo, del 31 de octubre al 3 de noviembre.

2. Región Totonaca. Cuenta con un gran patrimonio arqueológico y riquezas culturales. Actividades de turismo de aventura y de naturaleza; Poza Rica, se le conoce así a este municipio debido a que en el lugar existía un remanso con abundancia de peces; Tecolutla fue una población prehispánica totonaca localizada al margen del río Tecolutla; Cazones, barra de Cazones, es una zona con tranquilas playas como Boquitas, Azul, Sur y Chaparrales.

3. Región Cultura y Aventura. Un viaje de encuentro con la historia y la naturaleza que empieza en Xalapa, la capital veracruzana, y que sigue por los pueblos típicos; Xalapa, un viaje de encuentro con la historia y la naturaleza; Coatepec, Pueblo Mágico por su encanto, armonía y misticismo; Xico, pueblo con encanto, joya de Veracruz, inmerso en el bosque de niebla; Perote, ubicado hacia el bosque de niebla, casi en los límites con el estado de Puebla; Jalcomulco, rodeado de exuberante belleza natural, donde usted podrá realizar actividades de aventura y deportivas; Actopan, dentro de un entorno tropical y de abundante naturaleza; Naolinco, famoso por su fiesta de Todos los Santos.

4. Región Altas Montañas. Es un lugar donde las sierras dan cobijo a valles llenos de vida; Orizaba se fundó en la época de la Colonia sobre un antiguo asentamiento indígena; Fortín, población pionera en floricultura desde el siglo XIX; Zongolica, espléndidos paisajes constituyen un paraíso natural; Yanga surge a raíz del movimiento emancipador del caudillo africano Yanga a principios del siglo XVII; Coscomatepec, pueblo legendario y artesanal de talabartería y lana; Huatusco, los arroyos y arquitectura histórica son el atractivo de esta hermosa población.

5. Región Primeros Pasos de Cortés. Considerado como la Puerta de América, debido a Hernán Cortés; Veracruz es un lugar de historia viva y por tradición; Boca del Río, lugar bello, moderno, turístico, ideal para el placer y la aventura; Alvarado, el puente sobre la desembocadura del río Papaloapan y el puerto son sitios de relevancia; La Antigua, lugar donde se plasmaron las primeras miradas del viejo continente; Úrsulo Galván. Cempoala, sede de la cultura totonaca; Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

6. Región Los Tuxtlas. Su herencia colonial, sus ricas tradiciones y su irresistible gastronomía; San Andrés, municipio con hermosas playas como Playa Escondida, Montepío, Playa Hermosa, Arroyo de Lisa, Costa de Oro y Dos de Abril; Santiago Tuxtla, fundada en 1525, cuando Hernán Cortés estableció ahí uno de los primeros ingenios de azúcar de la Nueva España; Catemaco significa “Lugar de las Casas Quemadas” en náhuatl.

7. Región Olmeca. Cuna de la civilización más antigua de Mesoamérica; Minatitlán, ciudad petrolera más antigua del sureste de México; Texistepec, lugar de restos arqueológicos y antigua capital de la cultura olmeca.v

Como podemos observar, Veracruz cuenta con una belleza arquitectónica, histórica, cultural y gastronómica, así mismo cuenta con seis Pueblos Mágicos, lo que hace más grande su atractivo y uno de los principales destinos turísticos del país.

Por lo anterior y desde una perspectiva estratégica, debemos aprovechar todo el potencial turístico para lograr una mayor promoción contribuyendo así al desarrollo y crecimiento del sector turístico con el objetivo de incrementar la economía nacional.

Por ello se propone que esta soberanía haga un llamado a la Secretaría de Turismo del gobierno federal para que, a través del Consejo de Promoción Turística de México, se fomente la promoción turística de Veracruz, a fin de seguir potencializando el desarrollo de la región y en beneficio de la economía del estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que, a través del Consejo de Promoción Turística, en coordinación con el gobierno del estado impulse políticas públicas para la promoción y el desarrollo del sector turístico en el estado de Veracruz.

Notas

i Turismo Cultural, Secretaría de Turismo

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cult ural/

ii México, Sexto Lugar del ranking Mundial en arribo de turistas internacionales, confirma OMT

https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-sexto-lugar-del- ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-internacionales-confirma-omt

iii Turismo en México crece por arriba de la economía mundial: OCDE

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/turismo-en-mexic o-crece-por-por-arriba-de-la-economia-mundial-ocde

iv Veracruz Turismo

http://www.veracruzturismo.com.mx/

v Secretaría de Turismo y Cultura, Regiones Turísticas

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a atender la crisis humanitaria de la entidad, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rubén Cayetano García, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y al del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para atender la crisis humanitaria que se vive en Guerrero, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Guerrero vive en estos tiempos una crisis humanitaria de dimensiones incalculables, misma que intentó ser disimulada por las autoridades locales para evitar que trascendiera al ámbito nacional y que, cuando ya no pudo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que era un asunto de la federación.

No hay intención de iniciar un debate político sobre los padecimientos de mi estado, sino exponer en el ámbito de esta representación popular, ante uno de los Poderes de la Unión, una realidad que es oprobiosa y cruel.

Todos sabemos lo que representa Guerrero en la historia de la forja nacional. No obstante, un gran aporte histórico en la lucha progresista del país, luego de las tres grandes transformaciones que nos preceden, con el debido respeto a todos los habitantes, Guerrero se ha ido rezagando en cada una de ellas, Guerrero es, sin ser auto peyorativo, ni buscar una victimización, el patito feo de la federación.

Ha sido recurrente que luego de cada lucha transformadora, el resto del país alcanza avances que en Guerrero son retrocesos, donde a pesar del Congreso de Anáhuac y la consumación de la independencia por parte de Vicente Guerrero Saldaña, el más grande prócer, a nosotros se nos enquistaron cacicazgos terratenientes, que ni la reforma, ni la revolución lograron erradicar. Por eso Guerrero “antiguas castas” aún detentan el poder político y económico.

Y es que los guerrerenses han demostrado a lo largo de la historia que son ideológicamente indoblegables, por su pensamiento y actuar cuando de patria y dignidad hablamos, he aquí la litis histórica del guerrerense de a pie contra el poder político detentado desde siempre por los viejos cacicazgos, éstos que echan mano de lo que esté a su alcance para acallar y sosegar las voces y libre pensamiento que exponen los males que nos aquejan.

Los políticos en Guerrero sólo han sido una caterva de traidores al pueblo, pueblo de resolución enérgica y firme que, ante el abandono y la pobreza, por todas las vías, busca hacerse justicia, justicia.

Lo anterior es lo que ha roto el pacto social en Guerrero, una y otra vez. Por eso hoy, luego de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, El Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, entre otros botones de dignidad y oprobio a la vez, entramos en una nueva fase de agravios, además de los asesinatos a plena luz del día, feminicidios, desaparecidos, extorsionados, etcétera, etcétera; la realidad de los desplazados, los nuevos perseguidos y olvidados en Guerrero.

Son personas, familias completas, mujeres, adultos mayores, hombres, niñas y niños, que tienen que irse de sus casas, de sus pueblos, hacia otras comunidades y municipios para ponerse a salvo, para evitar sufrir los estragos de la violencia, lo mismo se van de Zitlala o Chilapa, que de San Miguel Totolapan o Teloloapan, para refugiarse en Tecpan de Galeana, Chichihualco o cualquier lugar que les dé seguridad.

Los desplazados carecen de viviendas, sus hijos no van a la escuela, no tienen acceso a la salud e incluso son discriminados porque “quién sabe que habrán hecho” o “por algo los corrieron de sus pueblos”, es decir, que encima del sufrimiento que llevan a cuestas y de la indolencia de las autoridades gubernamentales, son socialmente rechazados.

Es injusto que ante la atención que llamó la caravana de migrantes de hermanos centroamericanos, aquí mismo, en nuestro país, una cantidad de guerrerenses probablemente superior a dichos migrantes son desplazados de manera forzada de sus domicilios y lugares de trabajo, sin ninguna alternativa.

Por si fuera poco, en el Código Penal no existe un ilícito que tipifique la conducta que genere esta migración forzada, consecuentemente la ley no les tutela una reparación del daño, están en el limbo jurídico y en completo abandono e indiferencia legal.

No existe un censo oficial que nos indique cuántas personas y familias han sido desplazadas en Guerrero, tampoco sabemos sus nombres, de qué comunidades se han ido y a qué comunidades han llegado, ni qué medidas de carácter social, seguridad pública y justicia se han tomado de manera oficial. Se calcula, entre ellos mismos, que son más de 6 mil.

La semana pasada, una caravana de desplazados que intentaba regresar a la comunidad Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo, ubicado en la sierra de Guerrero, fue atacada a balazos e impidiendo el retorno de personas. Horas más tarde en la comunidad San Juan Tenería, municipio de Taxco de Alarcón, un comando asesinó a tres policías y a un voluntario de la Cruz Roja Mexicana, lo que ha causado la indignación y repudio internacional, actos que se suman a la vorágine de violencia que se vive en esta entidad suriana de México.

Considerandos

Los párrafos primero y tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni su suspenderse, salvo en los casos y bajo en las condiciones que esta constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En términos de este imperativo constitucional, es que resulta de urgente y obvia resolución solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en el ámbito de sus atribuciones y mandato constitucional, que atiendan la crisis humanitaria y decreten todas las medidas para tutelar la seguridad personal, seguridad jurídica y social de todas las personas que tengan el carácter de desplazados en el estado de Guerrero, debiendo para ello realizar un censo con los nombres y apellidos de dichas personas, incluidos niñas y niños, estableciendo además en el citado censo cuales son las comunidades de origen y en las que radican actualmente con motivo del desplazamiento forzado.

De igual manera, proveer a las y los desplazados en Guerrero, de todas las medidas pertinentes a efecto de garantizar a las niñas, niños y jóvenes que enfrenten esta realidad, el acceso a educación, salud, vivienda, vestido y alimentación.

Por lo antes descrito someto a consideración, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, en el ámbito de sus atribuciones y mandato constitucional, a que atienda la crisis humanitaria y decrete todas las medidas para tutelar la seguridad personal, seguridad jurídica y social de todas las personas que tengan el carácter de desplazados en el estado de Guerrero, debiendo para ello realizar un censo con los nombres y apellidos incluidos niñas y niños, de dichas personas, estableciendo además en el citado censo cuales son las comunidades de origen y en las que radican actualmente con motivo de tal desplazamiento forzado.

De igual manera proveer a las y los desplazados en Guerrero de todas las medidas pertinentes, a efecto de garantizar, incluidas niñas, niños y jóvenes que enfrenten esta realidad, el acceso a educación, salud, vivienda, vestido y alimentación.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en el ámbito de sus atribuciones y mandato constitucional, a que atienda la crisis humanitaria y decrete todas las medidas para tutelar la seguridad personal, seguridad jurídica y social de todas las personas que tengan el carácter de desplazados en el estado de Guerrero, debiendo para ello realizar un censo con los nombres y apellidos incluidos niñas y niños, de dichas personas, estableciendo además en el citado censo cuáles son las comunidades de origen y en las que radican actualmente con motivo de tal desplazamiento forzado.

De igual manera, proveer a las y los desplazados en Guerrero de todas las medidas pertinentes, a efecto de garantizar, incluidas niñas, niños y jóvenes que enfrenten esta realidad, el acceso a educación, salud, vivienda, vestido y alimentación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de noviembre de 2018.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a proceder con la dotación de 280 hectáreas al ejido San Isidro, de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, Jalisco, a cargo de la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Ana María Rodríguez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y 2 fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que proceda a la dotación de 280 hectáreas al ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, del estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los asuntos del rezago agrario en las zonas ejidales es una constante a nivel nacional, que ha afectado a miles de ejidatarios y familias rurales, que no han sido dotados de las tierras, legalmente otorgadas por el Poder Ejecutivo; a partir de la reforma agraria de los años noventa, se ordenó terminar con el rezago agrario que en ese momento existía, pero de debido a razones políticas y de intereses de los grupos locales, estos fueron pospuestos, y no se les ha dado cumplimiento, lo que ha contravenido la normatividad agraria, y ha afectado la dotación de terrenos a los ejidatarios derechosos de esos predios.

Tal es el caso del combativo ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, del estado de Jalisco, a los que le falta de dotar 280-00-00 doscientas ochenta hectáreas que se ordenó afectar a la hacienda El Petacal, perteneciente a María Rojas, por decreto presidencial signado por el General Lázaro Cárdenas del Río; siendo que hasta la fecha a este ordenamiento presidencial no se le ha dado cumplimiento. Pero los ejidatarios sucesores del ejido han mantenido la demanda de esa dotación hasta la fecha, después de varias luchas sociales, políticas y jurídicas, pero hasta la fecha y de manera tramposa por las autoridades administrativas y de manera ilegal por las instancias judiciales agrarias se le haya dado cumplimiento.

Han pasado casi ochenta años y no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el presidente de la República, General Lázaro Cárdenas, para el ejido de San Isidro en el estado de Jalisco. Lo anterior porque han permanecido los intereses de los grupos políticos locales, asociados con los gobiernos priistas y panistas, y la corrupción en las instancias administrativas y la interpretación nada afortunada de las instancias judiciales agrarias.

Estos ejidatarios han tocado todas las puertas que resuelvan el asunto, pero nadie los ha atendido, en últimas fechas se ha asistido con la secretaria Rosario Robles Berlanga de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a atender la solicitud del ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza hoy San Gabriel, del estado de Jalisco, pero no tuvimos respuesta satisfactoria; continuando a la fecha la lucha social y jurídica por esa dotación legalmente otorgada.

La historia de esa lucha de casi ochenta años de este valiente Ejido es la siguiente:

1. Con fecha 23 de agosto del año 1939, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por resolución presidencial concedió al ejido de San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, Jalisco, acción de dotación estableciendo en sus puntos

Resolutivos:

“...Primero. Es procedente la dotación de ejidos solicitada por vecinos del poblado denominado San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, del estado de Jalisco.

...

...Tercero. Se dota a los vecinos del mencionado poblado de San Isidro, con una superficie total de 536 hectáreas (quinientas treinta y seis hectáreas) como sigue: de la finca de San Isidro, propiedad del señor Leandro Benavides, 192 hectáreas (ciento noventa y dos hectáreas) de temporal y 64 hectáreas (sesenta y cuatro hectáreas) de agostadero y de la hacienda El Petacal, perteneciente a María Rojas, 168 hectáreas (ciento sesenta y ocho hectáreas) de temporal y 112 hectáreas (ciento doce hectáreas) de agostadero.

... Las anteriores superficies pasarán a poder del poblado beneficiado con todos sus usos, accesiones, costumbres y servidumbres, localizándose de acuerdo con el plano aprobado por el Departamento Agrario.

...”

2. Con fecha 19 de junio del año 1940, se realizó entrega parcial plasmada en el acta de posesión parcial , en la cual se hizo constar que únicamente se entregó al ejido San Isidro, la superficie afectada a la finca de San Isidro, propiedad del señor Leandro Benavides, siendo un total de 256-00-00 hectáreas, sin entregar las 280-00-00 doscientas ochenta hectáreas que se ordenó afectar a la hacienda El Petacal, perteneciente a María Rojas.

3. Con fecha 23 de enero del año 1985, el secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña y el subsecretario de Asuntos Agrarios de nombre Rafael Rodríguez Barrera, emitieron la resolución en el expediente relativo al procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial dictado el 2 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1943, y la cancelación del Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 03642, que ampara el predio denominado Puerta del Petacal, expedido a favor de la ciudadana María Rojas, en la que resolvieron :

“Primero. Se deja sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial dictado el 2 de diciembre de 1942, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1943, y consecuentemente se cancela el certificado de inafectabilidad agrícola número 03642, expedido a favor de la ciudadana María Rojas, que ampara el predio denominado Puerta del Petacal, con superficie de 300-00-00 hectáreas (trescientas hectáreas), de las que 100-00-00 hectáreas, (cien hectáreas), son de temporal y 200-00-00 hectáreas, (doscientas hectáreas) de agostadero de buena calidad, actual propiedad del ciudadano José Benavides Mejía.

Segundo. Inscríbase la presente resolución en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de Jalisco.

Tercero. Notifíquese.”

4. Con fecha 20 de abril del año 1988, el Cuerpo Consultivo Agrario, emitió acuerdo del que se desprende:

“Único. Se autoriza el plano proyecto de localización complementaria, en razón de encontrarse correcto y ajustado a los términos de la resolución presidencial de fecha 23 de agosto de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre del mismo año, el cual afecta por concepto de dotación de tierras para el poblado de San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, estado de Jalisco, una superficie total de 280-00-00 hectáreas del predio denominado El Petacal, propiedad de la ciudadana María Rojas.

5. Con fecha 30 de junio del año 1993, el director general de Tenencia de la Tierra de la Secretaría de la Reforma Agraria, giró el oficio número 008657, al entonces delegado agrario en el estado de Jalisco, oficio del cual se desprende que:

“Por resolución presidencial de 23 de agosto de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de noviembre de 1939, se concedió dotación de ejido, al poblado denominado San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, de esa entidad federativa, con una superficie de 536-00-00 hectáreas.

De los antecedentes que se registran en esta dirección general, con relación a la resolución presidencial, que nos ocupa se logró determinar que ésta fue ejecutada en un principio en forma parcial, habiéndose entregado una superficie de 280-00-00 hectáreas.

Asimismo se pudo observar que mediante sesión plenaria de fecha 20 de abril de 1988, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó plano proyecto de localización complementaria de dotación de ejido, y que en razón de ello en su oportunidad le fue remitida a esa delegación agraria, la respectiva orden de ejecución complementaria, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento del cumplimiento que se le haya dado a la misma.

En tal virtud y toda vez que el presente caso forma parte del Programa de Abatimiento del Rezago Agrario, implementado por el titular del ramo, y en vía de reiteración adjunto al presente remito a usted, copia heliográfica del plano proyecto de localización complementaria antes referido, para que con base en ello proceda a ejecutar el fallo presidencial de que se trata, con arreglo a las disposiciones legales establecidas en el artículo 307 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, a cuya responsabilidad delego en términos del artículo 13 fracción V del ordenamiento legal invocado...”

6. Con fecha 6 de marzo del año 1998, el director general de la Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio 181284 le reiteró la orden de ejecución al entonces coordinador de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Jalisco y del cual se desprende:

“La entonces Dirección General de Tenencia de la Tierra, por oficio número 608657, del 30 de junio de 1993, ordenó a la hoy Coordinación Agraria en el Estado, la ejecución complementaria de la resolución presidencial del 23 de agosto de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de noviembre del mismos año, que concedió por concepto de dotación de tierras al poblado citado al rubro una superficie total de 536-00-00 hectáreas, solo respecto de la superficie de 280-00-00 hectáreas, de las cuales 168-00-00 hectáreas son terrenos de temporal y 112-00-00 hectáreas de agostadero, correspondientes a la hacienda El Petacal, propiedad de la ciudadana María Rojas, tomando para ello el plano proyecto de localización autorizado por el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión celebrada el 20 de abril de 1988, en términos de lo previsto por los artículos 13 fracción V, y 307 de la Ley Federal de Reforma Agraria, actualmente derogada, pero de aplicación en términos de lo previsto en los artículos transitorios tercero del decreto que reformó al artículo constitucional y tercero de la Ley Agraria en vigor.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la entonces Delegación Agraria en el Estado, por oficio número 4151 del 19 de agosto de 1993, comisionó al ingeniero Fernando Fernández Zamora, quien al rendir su informe el 3 de septiembre de 1993, señaló que le fue imposible ejecutar de manera complementaria el Mandato Presidencial de referencia, toda vez que existe la suspensión provisional concedida en el Juicio de Amparo número 571/90 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, al ciudadano Juan Larios Larios, propietario del predio El Petacal.

El juicio de amparo a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, fue resuelto en segunda instancia por el Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la ejecutoria emitida en el Toca A.R. número 152/93, el 25 de enero de 1994, negando el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Larios Larios.

Consecuentemente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante oficio número 195304 del 4 de abril de 1994, emite opinión sobre los efectos y alcances legales de la ejecutoria anteriormente citada, misma que se transcribe a continuación: “... Atento a que la ejecutoria de 25 de enero de 1994, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado de Jalisco, en el juicio de garantías número 571/90, niega al quejoso Juan Larios Larios, el amparo y protección constitucionales, respecto de los actos reclamados a los secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Asuntos Agrarios, Cuerpo Consultivo Agrario, director general de Tenencia de la Tierra, directora en jefe del Registro Agrario Nacional, director de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, delegado agrario en el estado de Jalisco y comisionado ejecutor, la resolución dictada el 23 de enero de 1985, por la cual se privó de efectos jurídicos el acuerdo presidencial del 2 de diciembre de 1945 y se ordena cancelar el certificado de inafectabilidad número 03642, así como todo el procedimiento desde su instauración hasta la resolución y valoración del acervo probatorio, tienen plena validez jurídica...”

En virtud de que no existe ningún impedimento de carácter legal y material para llevar a cabo la ejecución y deslinde de la superficie de 280-00-00 hectáreas, perteneciente al predio denominado hacienda El Petacal, propiedad de la ciudadana María Rojas, afectadas por Mandato Presidencial citado en el preámbulo de éste, se le reitera el contenido del oficio número 608657 del 30 de junio de 1993, para que realice el trámite administrativo de ejecución, en términos del artículo 307 de la Ley Federal de Reforma Agraria, actualmente derogada; tomando como base el plano proyecto de localización, autorizado por el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario en sesión celebrada el 20 de abril de 1988.

Lo anterior es con base a lo dispuesto por los artículos transitorios tercero del decreto de reformas al artículo 27 constitucional y tercero de la Ley Agraria en vigor y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 fracción V y 306 de la Ley Federal de Reforma Agraria.”

Derivado de los hechos expuestos y con el debido respeto le solicitamos respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dé cumplimiento de manera urgente a lo siguiente:

a) Que se deslinden las 256-00-00 hectáreas afectadas a la finca de San Isidro, entregadas el 19 de junio de 1940.

b) Que se entreguen y deslinden las 280-00 hectáreas afectadas a la hacienda El Petacal proyectadas en el plano aprobado con fecha 20 de abril del año 1988 por el Cuerpo Consultivo Agrario.

c) Que se elabore y apruebe el plano definitivo de las 536-00-00 hectáreas.

Por lo anterior, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que proceda a la dotación de 280 hectáreas al ejido San Isidro, municipio de Venustiano Carranza, hoy San Gabriel, del estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Ana María Rodríguez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos de Colima a establecer un seguro contra robo a casa habitación y comercios para los ciudadanos al corriente en las contribuciones fiscales municipales, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada por el estado de Colima, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los diez ayuntamientos del estado de Colima a efecto que establezcan y solventen un seguro en contra de robo a casa habitación y comercios a los ciudadanos que se encuentren al corriente de sus contribuciones fiscales municipales, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones

Exposición de Motivos

La inseguridad es un problema público creciente y de gran magnitud en la sociedad mexicana. Es conocido que la manifestación más grave de este fenómeno social la constituyen los actos delictivos. En México se estima que, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes aumentó de manera sustantiva en el periodo transcurrido de 2012 a 2017, pues pasó de 35 mil 139 delitos a 39 mil 319 delitos, el equivalente a un incremento de 11 por ciento. De manera consistente con esa cifra, el tema de la inseguridad genera cada vez mayor preocupación a los mexicanos, en tanto que de 2012 a 2018 la extensión de quienes consideran la inseguridad como el principal problema pasó de 57.2 a 64.5 por ciento.

Conforme al artículo 21 de la Constitución federal, la función de garantizar la seguridad pública es una obligación que corresponde a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, por lo que, entre otras acciones, tienen a su cargo la prevención, investigación y persecución de los delitos. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el inciso h), fracción III, del artículo 115 constitucional, se dispone que los municipios tienen a su cargo la función de seguridad pública, en los términos del referido artículo 21 constitucional.

La realización del derecho humano a la seguridad pública, consagrado en el artículo 21 constitucional, es un requisito para el adecuado funcionamiento de la sociedad, pues su principal objetivo consiste en la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos, cuyo cumplimiento permite crear las condiciones adecuadas para que los individuos disfruten de todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el artículo 2o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Colima establece que la seguridad pública se garantizará por medio del diseño e implementación de políticas públicas de prevención. Para cumplir con esta función, en las fracciones I y II del mismo precepto, se dispone que el estado y sus municipios deben salvaguardar la integridad, derechos y bienes de sus habitantes, así como asegurar el pleno goce de las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales y sociales.

En este orden, es notorio que la seguridad pública constituye un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad y una de las principales funciones con las que deben cumplir los municipios, pues los mismos componen el primer nivel de gobierno en nuestro sistema político. Aún más, la importancia en el cumplimiento de esta función municipal reside en que los municipios son los entes que permiten y propician el contacto primario con los habitantes y son los principales encargados de proporcionar los servicios públicos necesarios para el progreso de las comunidades y de la sociedad en su conjunto.

En el estado de Colima, de manera similar que a nivel nacional, el problema público que más preocupa a los habitantes es la inseguridad, sin embargo, la preocupación ciudadana refleja una magnitud mayor a la mostrada a nivel nacional. Por si lo anterior no fuera suficiente, la percepción ciudadana sobre la seguridad pública ha empeorado drásticamente: mientras que en 2012 sólo 3 de cada 10 individuos manifestaba sentirse inseguro en su localidad, para 2018 esta cifra aumentó a 5 de cada 10 personas, es decir, la mitad de la población (Envipe).

Al interior de las localidades, el hogar es el espacio principal de convivencia entre los individuos y sus familias, no obstante, este hecho no ha significado un obstáculo para la comisión de delitos en contra de los hogares colimenses y su patrimonio. Para advertir lo mencionado, basta señalar que de 2014 a 2017 el número de denuncias por robo a casa habitación aumentó de mil 321 a 2 mil 328. Si en su lugar se observa la cifra de robos a casa habitación ocurridos y no denunciados, es decir, la cifra negra, las dimensiones del problema público son mucho mayores y muy alarmantes, en tanto que en ese mismo lapso se estima que la cifra se incrementó desde los 13 mil 990 hasta los 19 mil 717 delitos. Lo anterior equivale a un porcentaje de entre 85 y 91 por ciento de robos a casa habitación no denunciados.

Delitos totales y robos a casa habitación, denuncias y estimación. Colima, 2014-2018.

Una de las posibles derivaciones de lo anterior, es el preocupante incremento en el porcentaje de habitantes colimenses que perciben inseguridad en sus propios hogares: mientras que en 2012 sólo 15 por ciento de los colimenses se sentía inseguro en su propia casa, para 2018 la cantidad de individuos con esta percepción se incrementó hasta 21 por ciento.

En el estado de Colima, de enero a septiembre del presente año, la tendencia delictiva es alarmante, pues el número del actos delictivos referidos denunciados mensualmente pasó de 181 a 215 robos. En suma, es necesario notar que el número de robos a casa habitación ya es mayor al reportado en el mismo periodo del año anterior.

En términos de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, en comparación con las otras entidades federativas de nuestro país, para el mes de septiembre del presente año, Colima ya se ubica en el primer lugar. En cuanto al número de robos a casa habitación denunciados, la evolución de la seguridad pública para los hogares de Colima ha empeorado notablemente respecto de las circunstancias de las demás entidades federativas. Mientras que en 2015 Colima se ubicaba como la quinta entidad con más denuncias a nivel nacional, para 2017 ya se ubicaba en el segundo lugar, tan solo después del estado de Baja California Sur.

Ante los hechos referidos, es necesario afirmar que el estado actual de la seguridad pública en Colima exige la implementación de acciones gubernamentales que permitan a los colimenses tener la posibilidad de llevar a cabo sus actividades en sus centros de trabajo, estudio y esparcimiento sin la preocupación constante de sufrir atentados en contra del patrimonio de sus hogares. En este sentido, vale la pena no perder de vista que un eventual caso de robo a los hogares colimenses refleja una falla del sistema de seguridad pública, sin que de ninguna manera pueda responsabilizarse de manera absoluta únicamente a las fuerzas pertenecientes a las autoridades municipales encargadas de desarrollar la función de seguridad pública, pero sí es importante hacer notar que las policías municipales y los ayuntamientos, al ser el primer orden de gobierno que tiene mayor contacto con el ciudadano, debe emprender con mayor esfuerzo y concentración de recursos en ese ámbito las labores que constitucionalmente le han sido asignadas para la seguridad de la ciudadanía. Por lo anterior, los sujetos afectados deben tener derecho a algún beneficio de tipo económico brindado por los municipios, como la modalidad de seguro contra robo a casa habitación y robo a comercios hasta donde las restricciones presupuestarias de los mismos lo permitan, con el fin de reparar el daño sufrido en el patrimonio de sus hogares.

Este tipo de medidas ya se ha implementado con éxito en otras entidades federativas. En Tamaulipas, Durango y Aguascalientes se ha implementado un programa gubernamental consistente en el otorgamiento de seguro contra robo a casa habitación, por parte de los ayuntamientos, a los contribuyentes que reportan en tiempo el pago del impuesto predial. En suma, este tipo de acciones gubernamentales constituye un beneficio adicional para las finanzas públicas municipales: es un incentivo para que un mayor número de ciudadanos paguen en tiempo el impuesto predial.

Aunando a lo anterior, de la interpretación de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución federal, en el que se establece la obligación de contribuir para los gastos públicos de la federación, los estados, y del municipio de residencia, se obtiene que el concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por lo que se debe destinar a la satisfacción de la necesidades sociales o a los servicios públicos. Así, en el caso que nos ocupa, el gasto público debe cumplir con el propósito social de reparar, en la medida de lo posible, los daños al patrimonio de los hogares derivados de las fallas en la función de seguridad pública municipal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Colima para que en el ámbito de sus atribuciones implementen un seguro contra robo a casa habitación y a comercios a favor de los contribuyentes que reporten de manera puntual el pago del impuesto predial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La violencia y la discriminación contra las mujeres ejercidas por el sólo hecho de ser mujeres, es una de las violaciones de los derechos humanos más extensas, persistentes y devastadoras que afectan a millones de mujeres en el mundo y sobre las que escasamente se informa debido al nivel de impunidad que en muchos de los casos disfrutan sus perpetradores, el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Esta violencia se presenta en “numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio llegando a la agresión física, sexual, verbal o psicológica hasta el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, las religiones, el Estado, entre otras.”1

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado· un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.2

La violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública, un obstáculo para alcanzar el desarrollo, la paz, el respeto y el reconocimiento a la igualdad de los derechos humanos de las mujeres en el mundo.

Segunda. En un análisis llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que:

• En todo el mundo, una de cada tres mujeres (35 por ciento) han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

• La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30 por ciento) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja.

• Un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.

• El 7 por ciento de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja.

• La violencia puede afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH3 .

La Organización Mundial de la Salud (OMS), difundió que los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos.

Entre los factores de riesgo, se encuentran:

• Un bajo nivel de instrucción;

• Un historial de exposición al maltrato infantil;

• La experiencia de violencia familiar;

• El trastorno de personalidad antisocial;

• El uso nocivo del alcohol;

• El hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja;

• Las actitudes que toleran la violencia;

• La existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres; y

• Un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado.

Tercera. En México, en noviembre del año pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer estadísticas relativas a la violencia contra la mujer, en las que se observó:

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

• 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

• Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas”.4

Aunado a lo anterior, mi estado Querétaro encabeza la lista de lesiones dolosas contra mujeres según la incidencia delictiva 2018 y la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género publicada por el Centro Nacional de Información.5

Cuarta. El 2 de julio de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presento el informe “sombra” sobre “la situación de las mujeres en México” ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

En el documento se alerta sobre el incremento de violencia contra la mujer en el país, en tanto que subsisten obstáculos legales para sancionar y prevenir los feminicidios.

Destaca que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “de enero de 2015 a diciembre de 2016, se registraron un total de 5 mil 118 defunciones femeninas por homicidio,” cifra que promediaba siete asesinatos femeninos al día”.6

En tanto, “cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018, registraron un aumento en el número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso de 2015 a 2017 y en enero de 2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres, lo que significa que “En el primer mes del año se registraron en promedio casi 9 asesinatos de mujeres al día”7 .

Señalo, que en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, mostraron que, En México, casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y que el 43.9% de ellas, han sido agredidas por el esposo, pareja o novio”8 .

En su informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resaltó que las agresiones que sufren las mujeres tienen graves efectos en su vida, tanto física como emocional.

Lo anterior sin duda, exalta la necesidad de determinar a la violencia en contra de las mujeres como un problema social de alarmantes dimensiones, a diario millones de mujeres Y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas e incluso asesinadas producto de la falta de educación y la histórica desigualdad entre mujeres Y hombres, que responden a patrones profundamente arraigados en la sociedad y que afectan sin distinción alguna a todos los niveles económicos, culturales y educativos.

Quinta. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución 54/134, determinando que cada 25 de noviembre se celebre en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”9 .

La finalidad de esta conmemoración es concientizar a todos los gobiernos, junto con las organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad civil a que se comprometan a que ninguna mujer o niña esté expuesta a algún tipo de violencia, así como velar porque existan políticas adecuadas para resolver este grave problema.

Sexta. En nuestra legislación federal, se estableció la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, que tiene por objeto “establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10 .

En este contexto, el gobierno mexicano presento el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”11, a cargo de la Secretaría de Gobernación, en el que identifica las siguientes problemáticas para garantizar los derechos humanos de las mujeres:

Insuficiente armonización legislativa y escasa cultura de la no violencia contra las mujeres.

Violencia en contra de las mujeres en el sector educativo, laboral y en el Sistema Nacional de Salud.

Escasos servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Acceso limitado a la justicia para las mujeres.

Limitada coordinación institucional en materia de violencia contra las mujeres. Con base en esta problemática, el Programa establece cinco grandes objetivos:

Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres.

Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas.

Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción.

Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por ello, considero que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades competentes de los tres ámbitos de gobierno a redoblar esfuerzos a fin de fortalecer las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres de nuestro país.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, propongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que haga públicos los avances en la implementación del “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”; y a los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos a fin de fortalecer las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicarla violencia contra mujeres y las niñas; así como, garantizar su seguridad jurídica, contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y respeto por su dignidad.

Notas

1 Donoso Siña, Enrique (2007). “Violencia contra la mujer en Chile: problema de salud pública”. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología 72 (5): 281-282. ISSN 0717-7526. doi: 10.4067/S0717-75262007000500001.

2 ONU. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

3 OMS. Violencia contra la mujer. Nota descriptiva. Septiembre de 2016 http://www.who.intlmediacentre/factsheets/fs239/es/

4 El Inegi. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre). Boletín del 23 de noviembre de 2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

5 Códigoqro. http://codigoqro.mx/2018/05/07/queretaro-encabeza-lista-lesiones-dolosa s-contra-mujeres/

6 El Inegi. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

7 Según estas cifras, en 2015 se contabilizaron 1,755, en 2016 la cifra aumentó a 2,210 Y en 2017 a 2,572. Por otro lado, en enero de 201 B se registraron 272 asesinatos de mujeres. Información disponible en: https:llbit.ly/1L1Kn7kInfonmación delictiva y de emergencia con perspectiva de género, consultada a enero 201B.

8 CNDH. Informe que presenta la CNDH al Comité de Expertas de la CEDAW, “La situación de las mujeres en México”. http://WNW.cndh.org.mxlsites/all/docllnformes/Especiales/lnfonme-resum- CEDAW-201 B.pdf

9 Ibídem.

10 Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm

ONU. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

11 DOF: 30104/2014 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014- 2018. htlp://www.dof.gob.mxlnota detalle .php?codigo=5343064&fecha=30104/2014

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de noviembre de 2018.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal, de BC y de Mexicali a destinar recursos para el rescate económico, productivo y social del valle de Mexicali, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Salvador Minor Mora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El valle de Mexicali está en una zona desértica de la zona extremo noreste de Baja California, cuya área agrícola comprende 180 mil 692 hectáreas cultivables en distintos cultivos de otoño-invierno y primavera-verano. Se riegan con agua provenientes de Estados Unidos de América a través del río Colorado por un volumen de 1 850 234 000 metros cúbicos anuales y la otra fuente proveniente del acuífero 210, con un volumen de 520.5 millones de metros cúbicos anuales.

Tiene un área urbana donde residen 76 mil 98 habitantes, establecidos en 45 poblados y una ciudad (Guadalupe Victoria con una población de 18 mil 415), cuyo crecimiento se ha limitado por la emigración a Mexicali por la falta de oportunidades, mas sin embargo lo grueso de la población se sostiene en su lugar, luchando contra la adversidad.

Durante los últimos 30 años, las actividades agrícola y urbana igualmente han disminuido considerablemente en su economía, obviamente si a la actividad agrícola le va mal al trabajador le repercute, consecuentemente se manifiesta en la economía del entorno. Los efectos económicos negativos se han venido sumando de tal manera que a 30 años, la crisis ha tocado piso en una debacle económica en el valle de Mexicali.

Durante los últimos 30 años, derivado de una desmotivación para permanecer en el área productiva del valle de Mexicali, más de 80 por ciento de los productores decidieron rentar o vender sus propiedades ante la poca o nula rentabilidad de los cultivos, y esto derivado a que el gobierno los metió a competir contra productores norteamericanos altamente subsidiados por su gobierno, de tal manera que la cancha nunca se nivelo. Sin embargo, un número reducido de productores continuaron en el campo de batalla produciendo alimentos, pero en los últimos años, principalmente, los productores de cultivos tradicionales han decidido disminuir su participación en la actividad agrícola por incosteabilidad, prefiriendo esperar mejores tiempos, limitándose a sembrar únicamente sus tierras.

El arrendamiento de tierras en el valle fue una alternativa para más de 10,000 propietarios agrícolas, puesto que las condiciones no le permitían dedicarse a la actividad productiva de momento, alternativa que hoy dejo de ser una solución. Los arrendadores les han disminuido los importes por hectáreas, les pagan en abonos y a otros le pagan la renta al final de cosecha siempre y cuando les quede saldo a favor en su liquidación, de tal manera que es muy probable que en el ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019, estas tierra no se renten (de 20 a 25 mil hectáreas)

Al mecanizarse el campo hace años, se disminuyeron los jornales generados por la actividad agrícola tradicional, principalmente por el cultivo de algodón, la llegada de productores hortícolas al valle de Mexicali fue una buena alternativa que suplió la fuente de trabajo y más que eso generó un emporio en las zonas donde se establecieron, durante muchos años. Sin embargo, en los últimos años por distintas causas se han cerrado algunas empresas empacadoras disminuyendo en forma representativa más de 3 mil empleos.

Más de 350 productores agrícolas del valle de Mexicali, quienes vienen arrastrando adeudos por la falta de rentabilidad en sus cultivos tradicionales, principalmente en el trigo, por más de 800 millones de pesos que realmente no han recibido la atención adecuada para convenir con un pago justo que les permita reactivarse a la actividad agrícola, por parte de las autoridades correspondientes.

De no encontrase alguna solución a estos productores, más de 7 mil hectáreas están en riesgo de no sembrarse en el ciclo 2018-2019, sumándose al índice negativo del entorno arriba mencionado, y los efectos colaterales de quienes dependen de estos productores (familiares y trabajadores del campo), que aun en contra de la adversidad apuestan a producir alimentos.

La incertidumbre que tiene el productor respecto a los precios y costos de los cultivos del trigo del ciclo agrícola 2018-2019 limita su decisión de incursionar en la siembra de este cultivo, tanto así que de las 45 mil hectáreas programadas para sembrar trigo este ciclo, únicamente se tiene solicitado permisos para siembra por 17 mil hectáreas.

La incertidumbre que tiene el productor, por el desconocimiento del Presupuesto federal de 2019, que incide en el sector agropecuario es de amplia preocupación para la toma de decisión.

Respecto a las obras y servicios que requiere el área urbana del valle de Mexicali, se requiere una atención proporcionalmente igual a la de la ciudad de Mexicali (mínimo 20 por ciento de la inversión en la ciudad), son muchos años que al igual que la actividad agrícola, que se encuentra abandonada. Por lo mismo se requiere una definición presupuestal para el área rural.

Al entorno negativo que se vislumbra en el valle de Mexicali y los puntos específicos mencionados se suma el hecho de que la mitad del valle quedaría excluida de la excelente y bondadosa propuesta-proyecto de la creación de la franja fronteriza consistente en la reducción del IVA de 16 a 8 por ciento y del ISR hasta el tope de 20 por ciento, la homologación de los combustible al precio del estado fronterizo de Estados Unidos, además de otros beneficios; esto afectaría el entorno socioeconómico de una población de más de 80 mil habitantes.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a tomar todas las medidas financieras necesarias para el rescate económico productivo y social del valle de Mexicali, Baja California.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de Baja California y de Mexicali a destinar recursos económicos extraordinarios en sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2019 para el rescate económico, productivo y social del valle de Mexicali.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a levantar por el INM una base de datos de los miembros de la caravana migrante y llevar a cabo protocolos para la atención inmediata de la crisis que ésta supone, a cargo del diputado Héctor René Cruz Apararicio, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado federal Héctor René Cruz Aparicio, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo.

La migración está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales, y ofrece a los países, las empresas y las comunidades la oportunidad de beneficiarse enormemente de ella.

La migración, ha contribuido a mejorar la vida de las personas tanto en los países de origen, como en los de destino y ha brindado a millones de personas en todo el mundo la oportunidad de forjarse una vida segura y plena en el extranjero. Sin embargo, no todos los movimientos migratorios se producen en circunstancias favorables.

En los últimos años, hemos observado un aumento de las migraciones y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental, y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. Aunque la mayoría de los procesos de migración internacional se producen por vías legales, algunas de las principales situaciones de inseguridad que afrontan los migrantes, así como buena parte de la preocupación pública que suscita la inmigración, se asocian con la migración irregular.

En estos momentos, nuestro país enfrenta un movimiento de migrantes centroamericanos como nunca antes, miles de ciudadanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, principalmente, desde hace varias semanas iniciaron una travesía desde la frontera sur en el río Suchiate, hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California.

Este éxodo no ha estado libre de situaciones que han derivado en el uso de la fuerza pública y de enfrentamientos con ciudadanos mexicanos que han visto en grupos de migrantes acciones de violencia y de alteración del orden público.

Específicamente en Tijuana, con una larga tradición de acogimiento a los migrantes de todo el mundo que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, se han dado enfrentamiento con habitantes en los lugares a donde han arribado algunos grupos de la caravana migrante.

Tijuana siempre ha sido, es y será una ciudad de migrantes; sin embargo, también es una ciudad que exige protección a sus derechos. Los hechos ocurridos en pasados días en Tijuana dejaron en manifiesto la incapacidad por parte del Ejecutivo municipal, estatal y federal para garantizar el respeto a dichos derechos, así como para afrontar los retos que conllevan gobernar.

Quienes representemos a los bajacalifornianos en la Cámara de Diputados, alzamos la voz para exigir al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro; al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, actuar de manera inmediata para evitar el ahondamiento de la polarización de nuestra sociedad, garantizar el respeto a los derechos tanto de ciudadanos mexicanos como de los migrantes y tomar las medidas necesarias para mantener la paz en las calles.

En este sentido, resaltamos la irresponsabilidad manifestada por Juan Manuel Gastelum alcalde de Tijuana, quien a pesar de haber tenido suficiente tiempo para tomar medidas precautorias ante la inminente llegada de la caravana migrante a la ciudad, actuó con pereza, indiferencia y torpeza, toda vez que decidió viajar al extranjero antes de permanecer en la ciudad para cumplir con su deber.

Peor aún, con sus declaraciones inmaduras de violentar los derechos humanos de los migrantes, sólo ha logrado avivar las llamas de la intolerancia y proyectar una imagen que no representa a la mayor parte de la sociedad tijuanense.

De igual forma, exigimos al Instituto Nacional de Migración cumpla con su cometido, pues corresponde a dicha institución actuar en materia migrante, obligación de la cual se ha desentendido. Cuando aún se espera que lleguen a esta Ciudad poco más de 9 mil migrantes lo que sin duda provocará una compleja situación en el manejo de esta crisis migratoria.

Dentro de la caravana viajan niños, adultos mayores y familias completas, por lo que es urgente actuar para garantizar sus derechos, siempre anteponiendo la Ley haciéndola cumplir a quien la viole, sin importar su estatus migratorio.

En una ciudad que ha rebasado los 2 mil homicidios y vive un año histórico en cuanto a violencia se refiere, los ciudadanos esperan que sus autoridades cumplan con su responsabilidad con estrategia, o de lo contrario, dejen su cargo y reconozcan su incapacidad para garantizar los derechos de nuestra gente.

Los Diputados bajacalifornianos de la LXIV Legislatura, exigimos a los tres niveles de gobierno actúen de inmediato con las exigencias de la ciudadanía y del pueblo mexicano.

Nosotros cumpliremos con la nuestra responsabilidad y coadyuvaremos dentro de nuestro ámbito de competencia tanto en mejor el marco legal como en la asignación presupuestal para este tipo de contingencias migratorias.

Por ello, solicito a esta honorable asamblea se apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero . Se hace un exigente llamado al gobierno federal para que por medio del Instituto Nacional de Migración, se levante una base de datos de las personas que integran la caravana migrante y que lleven a cabo las medidas y los protocolos necesarios para la atención inmediata de esta crisis migratoria.

Artículo Segundo . Se exige a los gobiernos estatal de Baja California y municipal de Tijuana, que asuman su liderazgo como autoridades constitucionales para que hagan valer el estado de derecho respetando siempre los derechos humanos de todas las personas, nacionales y extranjeros.

Artículo Tercero. Se exhorta a los tres órdenes de gobierno en Baja California, para que instrumenten los protocolos idóneos para atender esta contingencia y que esta honorable Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, contemple los recursos necesarios para enfrentar esta problemática social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El 25 de noviembre de cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer , el cual fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 54/134, de fecha 17 de diciembre de 1999, en memoria del lamentable asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana.1

El objetivo de este día es el invitar a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada y a la sociedad civil en general a reflexionar y sensibilizarse respecto al problema de la violencia contra la mujer y todos los efectos negativos que esta conlleva.

Debemos recordar que la violencia contra la mujer representa una clara violación de los derechos humanos, consagrados en nuestra Constitución Política, la cual es consecuencia de la discriminación que sufren mujeres y niñas en la sociedad y la persistencia de las desigualdades de género, pero no solo eso debemos entender que la violencia contra la mujer afecta e impide el avance de la sociedad en temas como igualdad en derechos y libertades.

El 25 de noviembre de cada año representa la oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra la mujer y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia las mujeres y niñas.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, así como sobre las relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comunitario, la cual nos ayuda a conocer y analizar información sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres mayores de 15 años, entre las que se encuentran la violencia emocional, económica, física y sexual.

En su edición más reciente, la Endireh nos muestra que 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más declararon haber padecido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona.2

El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 34 de cada 100 mujeres fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos.

De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 han experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.3

La erradicación de la violencia contra la mujer se ha convertido en una prioridad global, que se ha visto reflejada en los enfoques de políticas públicas de los organismos internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas ha incluido entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de su Agenda 2030, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y como una de las metas de este objetivo, “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.4

En México se han logrado avances significativos para erradicar la violencia contra la mujer; muestra de ellos es la expedición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el reconocimiento de derechos económicos y laborales en diversos ordenamientos legales que llevan como guía el impulso al empoderamiento de la mujer.

Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, estamos por contar con un Congreso con paridad de género, de los 128 senadores que componen el Senado de la República 63 son mujeres; por su parte, de los 500 diputados, 241 curules son ocupados por mujeres.

El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019, que se celebrará el 8 de marzo, por ONU Mujeres es “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.5

Son notables los diversos esfuerzos de políticas públicas encabezados por el gobierno federal; entre ellos, cabe señalar la existencia del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a través de 16 estrategias busca cambiar los paradigmas sociales que causan la violencia contra la mujer y hacer que el gobierno federal pueda responder adecuadamente a esta grave problemática.

Una sociedad más justa e igualitaria es una sociedad más próspera, por ello resulta necesario impulsar una agenda de género que logre erradicar la violencia contra la mujer y consolidar su empoderamiento, asegurando así su acceso a todos los roles de la sociedad en igualdad de condiciones.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, representa una fecha para reflexionar y sensibilizarnos respecto al tema de la violencia contra la mujer, velar con especial interés por la integridad de todas las mujeres, asegurar el acceso a la justicia, a empleos dignos y bien remunerados, buscar mejores condiciones de vida para las mujeres, así como promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, para seguir construyendo un México más justo, más próspero, más igualitario y libre de violencia para todas las mujeres.

Notas

1 ONU, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25 de noviembre. Disponible en:

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.sh tml

2 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”. Datos Nacionales. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/vio lencia0.pdf

3 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endi reh/endireh2017_08.pdf

4 ONU, “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer” Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Disponible en:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equal ity/

5 Día Internacional de la Mujer 2019: Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Disponible en:

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer -iwd-2019-theme

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de noviembre de 2018.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en febrero del año 2000, con el objetivo de generar conciencia entre las naciones sobre esta terrible problemática e invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a involucrarse en el asunto a través de actividades que contribuyan a su prevención y erradicación.

Se eligió esta fecha para honrar la memoria de las hermanas Maribal, activistas dominicanas que fueron cruelmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del entonces presidente dominicano Rafael Trujillo. Desde entonces, el día se fue posicionando como el espacio idóneo para expresar nuestro repudio y rechazo hacia cualquier conducta que implique violencia contra las mujeres y niñas.

Otro momento emblemático de la lucha que une a mujeres y hombres se remonta a 1981, año que marca un parteaguas en las protestas y movilizaciones a favor de garantizar el pleno respeto de los derechos de la mujer, y, por supuesto, para erradicar la violencia de mujeres y niñas del mundo. Hoy reconocemos los desafíos que persisten, pero también la importancia de todos los esfuerzos hechos para robustecer e impulsar estrategias y campañas que impacten en todos los ámbitos.

Igual de importante es señalar que el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General reconoció la urgente necesidad de ampliar los derechos de la mujer, así como incluir la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos, aprobando la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que a la letra define a la violencia contra la mujer como:

“A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Este día es un recordatorio permanente de la gran deuda que tenemos con el pleno respeto y acceso de los derechos de las mujeres y niñas a nivel nacional e internacional. Al efecto, basta señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer se encuentra extendida en todo el mundo y persiste debido a la impunidad que gozan los perpetradores así como el silencio y la vergüenza de las víctimas.

Para poner en relieve el impacto negativo que tiene este terrible fenómeno, cabe mencionar que según datos de la ONU, el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual, asimismo, expertos en la materia y organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), refiere que diariamente 12 mujeres son asesinadas en América Latina.

A pesar de los avances registrados en el orden jurídico nacional y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano con organismos internacionales para la protección y eliminación de la violencia de género hacia la mujer, el panorama en México es igual de desalentador. Prueba de ello es que somos considerados como uno de los países con mayor número de víctimas femeninas en América Latina, con base a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registramos un aumento gradual en defunciones de mujeres por homicidio doloso en los últimos tres años al pasar de de 1 mil 755 en 2015; 2 mil 572 en el 2017; y en el primer mes de 2018 se registró un promedio de 9 asesinatos de mujeres por día.

Por si esto no fuera suficiente, en el territorio nacional el 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido por lo menos un incidente de violencia en su vida. Los tipos de violencia con los que más se enfrentan son de tipo físico y emocional, destaca que 7 de cada 10 mujeres han presentado estos tipos de violencia y que el 43.9 por ciento han sido agredidas por su cónyuge, pareja o novio.

Es alarmante la situación que vivimos las mujeres en nuestro país, sin que ninguna esté exenta de los peligros que enfrentamos todos los días. Según cifras de la Información Delictiva y de Emergencia con Perspectiva de Género 2018, en 2017 se registraron 715 feminicidios a nivel nacional y 607 carpetas de investigación por feminicidios de enero a septiembre del presente año.

Ante este panorama, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos sumamos a los esfuerzos para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y hacemos propicio el espacio para hacer un llamado a que todo el pueblo de México genere conciencia e implemente acciones ante la gran problemática que vive nuestro país.

En este 2018, como desde el 2009, la Organización de Naciones Unidas impulsa la campaña ÚNETE que tiene como objetivo concientizar e implementar acciones encaminadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y niña, la cual tiene como iniciativa 16 días de activismo contra la violencia de género.

Además, establece la campaña Pinta el Mundo de Naranja, #EscuchameTambién, que invita a las personas a ponerse alguna prenda u objeto de color naranja, como representación simbólica de un futuro mejor y el cese de la violencia contra la mujer y la niña en los contextos sociales, políticos, culturales y geográficos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2018 y en mi carácter de Diputada Federal por el Distrito 2 (con cabecera en Santa María Tultepec) Estado de México, expreso mi máximo apoyo a todas las mujeres de México, para decir que, unidas y organizadas, pongamos fin a la ola de violencia que prevalece en contra nuestra en todo el territorio Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Atentamente

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Juan Ortiz Guarneros, del Grupo Parlamentario del PRI

El 23 de noviembre de cada año, los mexicanos celebramos el Día de la Armada de México, la fuerza militar responsable de resguardar las costas, el mar territorial y el espacio aéreo mexicano.

Esta fecha es significativa para nuestra nación, ya que se conmemora el día en que la Marina de Guerra mexicana logró rendir, en 1825, a las tropas españolas establecidas en el Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, donde se resistían a reconocer la Independencia de México.

De esta forma, la Armada de México nació en pie de lucha, siendo su primera misión vital: consolidar nuestra Independencia.

Desde esa fecha, han sido partícipe de la historia del Estado mexicano, vigilando y resguardando la integridad territorial y la seguridad de México ante cualquier amenaza externa.

A lo largo de su historia, México ha sido objeto de seis intervenciones extranjeras por motivos económicos y territoriales, y en todas ellas, la participación de la Armada de México ha sido fundamental para la defensa de la soberanía nacional.

El patriotismo, la valentía y la fortaleza que caracterizan a la Armada de México dieron a nuestro país triunfos y glorias que han permitido a todos los mexicanos vivir con paz e independencia.

Hoy México es una nación fuerte y en pleno crecimiento, pero no debemos olvidar que para llegar a este momento fue necesario el esfuerzo de miles de mexicanos que dieron su vida por la defensa de nuestro país.

Por ello, el homenaje que hoy rendimos a la Armada de México, no sólo es un recordatorio sobre el papel que ha jugado esta institución en la defensa de nuestro país, sino también de la importancia que tiene su fortalecimiento para la seguridad nacional.

La condición geopolítica bioceánica de México demanda una fuerza naval moderna y eficiente que pueda hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI.

Consciente de ello, la presente administración ha realizado importantes aportaciones para coadyuvar en el buen desarrollo de las funciones de la Armada, así como para el mejoramiento de la economía familiar de sus integrantes.

Tenemos plena confianza que el próximo gobierno continuará apoyando a esta noble institución, que es vital para la defensa de nuestra soberanía e intereses nacionales.

Hoy, recordamos la frase del brigadier José Joaquín Herrera... “A la Marina solo le queda terminar con esta gran obra y consolidar para siempre la Independencia nacional”.

Sin duda, la historia de nuestro país no podría entenderse sin la valerosa participación de nuestra Armada de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2018.

Atentamente

Diputado Juan Ortiz Guarneros (rúbrica)