Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5150-IV, martes 6 de noviembre de 2018
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, para solicitar a la PGR que informe sobre el estado de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la cual se involucra al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, a cargo de la diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Dorheny García Cayetano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II y apartado 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los resultados de la elección del pasado 1 de julio son un manifiesto de hartazgo, un ya basta que millones de mexicanas y mexicanos expresamos por la vía democrática contra un caduco sistema político, cimentado en el autoritarismo y en estado de descomposición a causa de una crisis de híper corrupción desatada en todos los órdenes de gobierno, de la cual, vergonzosamente, los gobiernos de Veracruz son un ejemplo.
Por eso nuestro estado no fue excepción en el rechazo ciudadano a las viejas estructuras del poder. Porque de nuestro erario se han enriquecido hasta el absurdo vanas generaciones de políticos corruptos, al amparo del poder presidencial, mediante la impunidad que garantizan instituciones intencionalmente ineficaces de procuración e impartición de justicia, locales y federales. Eso ya va a terminar. Pero por vía de mientras, quienes están por dejar el poder persisten con desesperación en acumular cada vez mayor riqueza, extraía del erario público a fuerza del desvío ilegal, bajo el también persistente manto de impunidad de las procuradurías.
Muy clara muestra de esa circunstancia sufrimos los veracruzanos con el gobierno estatal, aún en funciones. El titular del Ejecutivo es fiel reflejo de todos los vicios de esa clase política duramente castigada por el voto mexicano. Ostentando una larga trayectoria en la administración pública basada en el influyentísimo, el compadrazgo y una marcada acumulación de riqueza que no encuentra explicación, la prepotencia y arrogancia de nuestro actual gobernador se exacerba, frente a la creciente demanda ciudadana de investigación y sanción.
Al día de hoy existen contra Miguel Ángel Yunes Linares tres denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República, cuyas indagatorias fueron abiertas previo al 1 de diciembre de 2016, cuando comenzó a gobernar Veracruz por la alianza entre PAN y el PRD.
La primera de esas denuncias fue presentada en mayo de 2013 y fue el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito. En su documento, Espino Barrientos indica que entre 2003 y 2010 Yunes y su familia compraron propiedades inmobiliarias en las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Ciudad de México, a través de empresas en las que es accionista.
La denuncia y el soporte presentado entonces generaron escándalo público, pues la relación de hechos resultaba consistente. Sin embargo, y muy a pesar de las exigencias del denunciante y de la ciudadanía que con rapidez se impuso del tema, tras cuatro años de presentada, la averiguación previa en la procuraduría no ha ofrecido resultados.
Curiosamente, en la declaración que el gobernador Yunes presentó a la plataforma “Tres de Tres” no incluyó un departamento por el cual pagó más de 5 millones de pesos; también omitió hacerse cargo de otras dos propiedades que compró y registró a nombre de una de las empresas de las que es socio, mismas que no asume como propias en el documento presentado ante Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad.
En 2016, año en que Yunes Linares protestó como gobernador, ocurrieron dos nuevas denuncias. La primera, por lavado de dinero y delincuencia organizada, acusación propinada por el hoy perseguido ex gobernador Duarte. La segunda, otra vez por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál ha sido el resultado de las múltiples indagatorias iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de las denuncias presentadas? Cito la respuesta a una consulta por vía de transparencia: “esta Procuraduría General de la República se encuentra imposibilitada jurídicamente para emitir pronunciamiento alguno sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada, debido a que se afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre.” De antología.
Somos conscientes de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, la ciudadanía mexicana, con mayor razón la veracruzana, demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que con escándalo han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos.
Siendo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes tenía el deber de mejorar las condiciones de vida de los ocho millones de veracruzanos, en particular de aquéllos que han sufrido por la violencia, por falta de acceso a la salud, o bien, muchos de los que siguen en espera de una oportunidad para acceder a los mínimos vitales.
Pero los únicos visos de mejora patrimonial que podemos apreciar los veracruzanos es el inusitado incremento del patrimonio del propio gobernador.
Hoy en día el estado se encuentra en una situación igual o más alarmante de como estaba hace dos años. Los índices de homicidios violentos han repuntado en todo el estado y los de desarrollo económico y social han descendido en forma alarmante. Ante lo cual, la estrategia de gobierno se agota en insultantes campañas de comunicación en redes sociales y al despliegue de obras únicamente en el municipio que gobierna el propio hijo del mandatario.
A punto de terminar su administración, hay indicios de que el gobierno se apresta a un nuevo intento de saqueo al erario local. Un intento de sabotaje en contra de la próxima administración.
No lo permitiremos. Veracruz vive hoy una coyuntura social histórica. Se perciben tiempos de esperanza y de justicia. La gente ha dado, masivamente, una oportunidad a un nuevo proyecto de nación y de administración estatal, en el que el combate a viejos vicios de la clase política que se marchita es una prioridad.
Para dar sustancia a esa transformación, hoy, desde esta alta tribuna de la nación, invito a las y los legisladores integrantes del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a aprobar en forma inmediata los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República remita, en un término no mayor a diez días hábiles, un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en función de presuntos casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que agilice la integración de las averiguaciones en el caso de las carpetas de investigación señaladas, a efecto de que se determine la probable responsabilidad y se proceda en consecuencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Dorheny García Cayetano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emprender la ministración inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y hacer público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios de zonas metropolitanas correspondientes a dicho fondo establecido en el PEF de 2018, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de esta LXIV Legislatura, en nombre de las diputadas y diputados integrantes de la misma, con fundamento los artículos: 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emprender la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano, haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las zonas metropolitanas son identificadas como una región urbana que está conectada con otras por lazos comerciales, laborales o de servicios y, que tienen como característica, entre otras, ser áreas urbanas de dos o más municipios que colindan, y las conexiones, además de ser intermunicipales, son también entre estados, como los casos de las Zonas Metropolitanas del Valle de México; la de Puebla-Tlaxcala, o la de Querétaro.
El proceso de concentración de la población en zonas urbanas ha derivado que cada vez más población vive en metrópolis con los grandes desafíos que ello implica: cobertura de servicios, vivienda, empleo, infraestructura urbana, protección del medio ambiente, entre otros.
En México este proceso se manifiesta en el incremento del número de zonas metropolitanas. Conforme a la Encuesta Intercensal 2015, levantada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2010 a 2015 se observa un aumento en el número de las zonas metropolitanas, al pasar de 59 a 74, en ese período, con el correspondiente incremento de la población que pasó de 63.8 millones a 75.1 millones, es decir, que la población que vive en zonas metropolitanas representa el 62.8 por ciento de la población total nacional.
Frente a este escenario, surgió el apremio de transformar la visión del desarrollo urbano con el reconocimiento de zonas metropolitanas donde se comparten necesidades, problemáticas y soluciones.
Las zonas metropolitanas se caracterizan por su gran concentración de población, la multiplicación de la demanda de servicios y la necesidad de cuantiosos recursos para la atención de sus problemáticas porque conllevan el enorme reto planificar el desarrollo urbano, definir el ordenamiento del territorio y mantener niveles de vida aceptables para su población, en armonía con el medio ambiente.
Ese reconocimiento, producto de una realidad compleja en la ampliación de las metrópolis, debe ir acompañado de recursos para mitigar los impactos y atender los retos. En este contexto, las zonas metropolitanas reciben anualmente recursos públicos federales mediante el denominado Fondo Metropolitano, creado en 2006, con el propósito de elaborar “estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento” en materia de desarrollo metropolitano, transporte, planeación del territorio, y la promoción de la competitividad económica, y la sustentabilidad.
Sin duda, el desbordamiento de los límites municipales, resultado de la expansión o de la integración funcional en función del mercado de trabajo, conlleva entender que, para atender y solucionar las problemáticas compartidas, se debe trabajar en cooperación y coordinación permanente entre municipios y estados.
En consecuencia, el acceso a recursos federales, no es solo una necesidad urgente, sino que se convierte en aliciente para desarrollar políticas a nivel metropolitano con importantes resultados y beneficios para la población para aquellos municipios que ven rebasada su área urbana, funciones y acciones, y se ven obligados a incorporar a municipios vecinos con los que se ha alcanzado una importante integración socioeconómica.
El Fondo metropolitano tiene por objeto financiar estudios, planes, evaluaciones, y programas, así como equipar la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura, nuevos, en proceso o para completar el financiamiento de aquéllos que no hayan contado con recursos suficientes para su ejecución, ubicados dentro de las zonas metropolitanas.
La ley y las Reglas de Operación actualmente establecen una serie de requisitos para que las zonas metropolitanas reconocidas puedan recibir recursos: a) Ser viables y sustentables; b) Promover el desarrollo regional y urbano, y una adecuada planeación del ordenamiento del territorio; c) Impulsar la competitividad económica, la sostenibilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; d) Coadyuvar a su viabilidad y mitigar la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, ambientales y propiciados por la dinámica demográfica y económica; y e) Incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Las Reglas de Operación que emite el Comité Técnico del Fideicomiso establecen, entre otras, las disposiciones específicas para la operación del Fondo Metropolitano; los criterios presupuestarios para el ejercicio de sus recursos; el procedimiento y requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos de dicho Fondo, y lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.
Igualmente, en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, se prevé la creación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, apoyado por un Comité Técnico del Fideicomiso, al que le corresponde administrar los recursos aportados y un Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, encargados de la asignación de recursos, seguimiento en la operación de los proyectos y evaluación.
El artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población, que actualmente reconoce 74 zonas metropolitanas.
Cabe destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, previó una asignación de $3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo Metropolitano.
A pesar de que las reglas de operación establecen que los recursos federales del Fondo Metropolitano que se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas en las que se delimitan o donde están ubicadas las zonas metropolitanas, se deben administrar a través de fondos concursables en fideicomisos de administración e inversión, no existe claridad sobre el destino final de la asignación para el Fondo Metropolitano.
Los citados fideicomisos se deben establecer en una cuenta bancaria específica que permita la identificación de los recursos federales transferidos y de los rendimientos financieros que se generen, para efectos de su control y fiscalización.
Con el propósito de dar transparencia, las reglas de operación establecen además del Consejo Metropolitano, el denominado Comité Técnico, como instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, el cual también administra y da seguimiento al avance físico y financiero de los recursos del Fondo Metropolitano y su fideicomiso.
Adicionalmente, en cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas, las reglas de operación establecen la necesidad de entregar informes trimestrales de avances por parte de las entidades federativas y de la evaluación externa de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano.
Lamentablemente, en los hechos la distribución y ejecución del presupuesto del Fondo Metropolitano está marcado por la opacidad. Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, el denominado Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, es uno de los más complejos y con mayores señalamientos sobre su falta de transparencia y claridad.
En gran parte esto se debe a que el Ramo 23 funciona como un instrumento de política presupuestaria que le permite al Gobierno Federal atender sus obligaciones sobre aquellas asignaciones de recursos que no corresponden al gasto directo de dependencias y entidades; sino que sirven para dar cumplimiento del balance presupuestario; registrar el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado; realizar operaciones de mecanismos de control y cierre presupuestario y otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios (SHCP).
Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado la auditoría de la cuenta pública, han resultado observaciones sobre el control y transparencia de los recursos del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, dentro del cual se encuentra el Fondo Metropolitano.
Al respecto, por ejemplo, la A Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, realizó algunas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que exista un mejor control del Ramo 23: “El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno (del Ramo 23) tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, se lee en el reporte
De igual manera, la pasada Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en el marco de contar con información precisa para emitir su opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, expresó su inquietud por saber los motivos por los que no se habían ejercido los recursos del Fondo Metropolitano y en carta enviada al titular de la Unidad de Evaluación y Control Presupuestal de la SHCP, solicitó información sobre las zonas metropolitanas que entregaron proyectos para el ejercicio del Fondo, qué tipo de proyectos y bajo qué criterios fueron aprobados o rechazados, así como cuántos han sido pagados y en qué fecha.
El 11 de octubre del presente año, se llevó a cabo Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, que con orgullo presido, durante la cual diversos diputados integrantes hicieron del conocimiento el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del otorgamiento de dichos recursos a diversos municipios integrantes de Zonas Metropolitanas, por lo que en dicha sesión, se acordó la presentación de Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución ante el Pleno de esta H, Cámara de Diputados, mediante el cual se solicite a dicha Secretaría, el cumplimiento inmediato de la entrega de recursos de dicho Fondo Metropolitano.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución:
Único. La Cámara de Diputados formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta en tanto haya estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe; diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sida es una enfermedad que se origina por la destrucción progresiva del sistema inmunitario provocada por un virus llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Para reproducirse, este virus ataca el sistema inmunitario, que es el método de defensa del organismo contra las agresiones externas de virus, bacterias, hongos microscópicos y parásitos. Cuando una cantidad importante de células del sistema inmunitario (llamadas CD4) han sido destruidas, las defensas se encuentran debilitadas. El riesgo de una infección oportunista es entonces muy elevado; cuando se produce se dice que la persona tiene sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y su salud está seriamente comprometida.
Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) la población de 15 a 34 años es la más infectada por este virus, actualmente 144 mil 223 mexicanos padecen la infección, de los cuales 76 mil 10 ya desarrollaron el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida) y 68 mil 213 adicionales son portadores de esta infección.
Actualmente las combinaciones de medicamentos consiguen en muchos casos reducir el número de copias de VIH a valores mínimos. Esto permite a muchas personas comenzar una recuperación del sistema inmunitario lenta pero constante y librarse de los efectos o riesgos de sufrir infecciones oportunistas, aunque de momento no consiguen erradicar el virus del todo.
Los tratamientos específicos contra el VIH se denominan Tratamientos Antirretrovirales. Estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células infectadas.
La realidad de vivir con VIH en el presente es muy distinta a lo que era años atrás. Hoy existe un tratamiento con alta eficacia, que puede controlar el virus. En México estos tratamientos tienen una cobertura universal, lo que quiere decir, que sin importar que tengas los recursos económicos o no, puedes tener acceso a ellos.
En fechas recientes, el Consejo de Salubridad General incluyó en su cuadro básico una actualización de medicamentos, donde integró un sustituto terapéutico de un retroviral que puede ser contraproducente para los pacientes con VIH.
Se trata de Tenofovir, un antirretroviral de los más básicos entre las combinaciones que integran el arsenal terapéutico para VIH. Es una molécula cuya marca original Truvada es de la farmacéutica estadunidense Gilead Sciences –comercializada en México por Stendhal. Es una terapia que aún goza de exclusividad de venta por protección de patente, y por tanto de precio elevado. En farmacias Truvada se vende a más de 9,000 pesos la caja con 30 tabletas.
Seguramente el sector público la obtiene a mejor precio por volumen de compra, pero no es de dudarse que en ese esfuerzo por generar ahorros y presionar a las empresas para reducir el precio es que se buscan alternativas más económicas. Así se explicaría la introducción por parte del CSG de un nuevo genérico en la misma clave del medicamento original.
El problema, y es donde está el disgusto y la inconformidad, es que no se trata de un genérico con la misma fórmula biocomparable respecto del medicamento de referencia. Más bien es un sustituto terapéutico con diferente composición. El CSG está poniendo en la misma clave al Tenofovir Disoproxil Fumarato y al Tenofovir Disoprovil Succinato.
Resulta que las palabras Fumarato y Succinato significan dos composiciones distintas y, conforme los farmacólogos, dichas diferencias no son cualquier cosa; para que el Succinato tenga una absorción equivalente al Fumarato, el paciente requiere una dieta alta en lípidos (grasas) y aparte puede derivar en daño renal. Ello se lo hizo ver la Cofepris a la Secretaría de Salud, específicamente a la comisión negociadora de medicamentos de fuente única, remarcándole el riesgo de que a largo plazo el paciente derive en problemas cardiovasculares. Es decir, literalmente, puede salir más caro el remedio que la enfermedad.1
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Salubridad General a hacer públicas las evidencias científicas respecto a la eficacia del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, así como los efectos adversos que podrían tener en los pacientes.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, hasta en tanto existan estudios que determinen los efectos adversos que puedan producir en los pacientes en un corto, mediano y largo plazo.
Nota
1 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dudas-sobre-antirretrovirales-d el-cuadro-basico—20180327-0094.html
Dado en la Cámara de Diputados a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 gobernadores a reconocer de manera conjunta el estado de emergencia de México por los feminicidios, suscrita por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género
Las que suscriben , diputadas de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura , con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1 y artículo 79, numeral 2, fracción 11 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de acuerdo por el que se SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A ATENDER DE MANERA PRIORITARIA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL QUE SE ENCUENTRA MÉXICO POR LOS FEMINICIDIOS, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES:
El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres que habían sido torturadas en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Fue la primera vez que un caso de emergencia por feminicidio se visibilizó a gran escala en México, llegando a los tribunales internacionales. Fue hasta noviembre del 2009 que se emitió la sentencia conocida con el nombre de "Campo algodonero contra México", en cuya resolución se le exigió al titular del ejecutivo de la entidad externar disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas de estos feminicidios, erigir un monumento en memoria de las asesinadas y la conmemoración del día 6 de noviembre de cada año como el "Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres en México".
No obstante hace 9 años el Estado Mexicano recibió una sanción de carácter internacional, hoy en día, 9 mujeres mueren cada 24 horas.
Estos asesinatos deben dejar de ser tomados como casos aislados. Los feminicidios son el resultado de un sistema que nos coloca a las mujeres en situaciones de riesgo, que nos convierte en el eslabón más vulnerable y de menor valor en la jerarquía social.
Yo los invito a preguntarse si la impunidad que prevalece en el país se agrava cuando se trata de delitos cometidos contra las mujeres en razón de género. Yo los invito a que nos preguntemos si las mujeres tenemos en la práctica igualdad de derechos al momento de querer a la justicia. Y me hago estos cuestionamientos porque en México no solo estamos siendo víctimas de "simples asesinatos"; estamos siendo violadas, ultrajadas y olvidadas en la ignominia, sin acceso siquiera a una despedida digna.
Porque cuando se trata de defender nuestros derechos constitucionales, éstos parecen que se devalúan en la práctica.
Para entender la gravedad de esta violencia por razón de género, es menester mencionar que en los últimos cuatro años aumentaron 60% los feminicidios infantiles; asimismo las cifras globales, sin importar el rango de edad, nos hablan de que los feminicidios aumentaron un 105% en el mismo lapso de tiempo; esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es por ello que esta Comisión tiene como intención poner como centro de la discusión el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL que vivimos con respecto a los feminicidios. Queremos visibilizar que para garantizar el ejercicio más básico de la igualdad sustantiva, lo principal debe ser la lucha por preservar la vida de las mujeres.
Estamos haciendo un llamado a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para hacer un compromiso conjunto en contra de la impunidad que impera cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a una vida digna.
Yo los convoco a que para poder enfrentar en conjunto este compromiso, comencemos por dotar con las herramientas necesarias a las y los agentes encargados de la procuración de justicia para las mujeres en México, compromiso que deberá verse reflejado en el aumento presupuestal para dar atención integral a la violencia contra las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente :
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las 32 Entidades Federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención , prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
SEGUNDO: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las 32 Entidades Federativas que reconozcan como prioridad la imperante necesidad de ejercer el presupuesto con perspectiva de género, para atender de manera óptima la declaratoria de estado de emergencia nacional con respecto a los feminicidios en el País.
Palacio Legislativo de San Lázaro , a 6 de noviembre de 2018.
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CRE y la ASEA, a garantizar la seguridad y protección del ambiente de quienes realizan actividades de expendio de hidrocarburos al público, suscrito por el Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un México muy distinto al que recibimos hace cinco años, el trabajo conjunto que hemos realizado las diferentes fuerzas políticas del país y los Poderes de la Unión, ha traído como consecuencia una nación en movimiento; hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demandaba varias décadas atrás. Logramos materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos era prácticamente imposible, las cuales transitaron debido a la confianza y nacionalismo de los partidos aquí representados.
El sector energético nacional fue participe y objeto de estas reformas estructurales, resulta estratégico dentro de nuestro proyecto de nación seguir impulsando su crecimiento ante la nueva apertura, generando confianza en la inversión y certeza para el establecimiento de nueva infraestructura, impulsando la diversificación energética nacional, además de llevar a las familias energía más barata, sustentable y segura.
El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representado económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. No obstante, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios por parte del Poder Ejecutivo Federal, en este rubro ante esta tribuna fueron aprobadas las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo estos la Comisión Nacional de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependencias que han enfrentado un gran reto en la implementación de la reforma energética. Sin embargo, su actuar resulta importante para garantizar el éxito de esta reforma en varios de sus ámbitos, el económico, social y ambiental, estos dos últimos fundamentales en la percepción y materialización de la reforma dentro del país.
Particularmente la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene como misión, garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector de hidrocarburos.
Bajo su alcance, la propia agencia describe a su cargo, la seguridad industrial, operativa y protección ambiental.
La seguridad industrial se define como el área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar controlar y administrar los riesgos del sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquellas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al ambiente.
La seguridad operativa la define, como el área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y norma técnicas, administrativas y operativas, respeto de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento, auditorías, aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros en el sector.
Los últimos meses, diversos legisladores hemos recibido en este Congreso, inquietudes con respecto a preocupación o descontentos sociales vinculados al desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos, estoy seguro que varios de ustedes se sentirán identificados con esto, ciudadanos o grupos de ciudadanos que nos buscan por sentirse expuestos a riesgos por posibles accidentes al vivir cerca de gasolineras o gaseras, o por cómo se realizan las actividades de venta de gas estacionario en sus colonias; si bien los órganos reguladores encargados de esto se encuentran haciendo su trabajo, muestra de ello es la reciente publicación de las normas oficiales mexicanas: (27/07/2018) NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo; NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; y NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina, lo cierto es que no basta con contar con la reglamentación publicada, sino resulta fundamental su cumplimiento.
La ciudadanía requiere certeza de que las instalaciones de venta al público de petróleo y derivados del petróleo, son seguras y cumplen con todo lo determinado por la ley, ello les brinda certeza y seguridad. Múltiples han sido las manifestaciones y reclamos por la estación de gasolineras y gaseras, los reclamos van desde estados como Aguascalientes, hasta Yucatán, Jalisco y el Estado de México, así también hace algunos años, instalaciones de este tipo fueron presa de afectaciones propiciadas por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco, el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental, resulta relevante para el Estado y la ciudadanía.
La propia ASEA en su Guía General para estaciones de servicio de diésel y gasolina, publicada en su página oficial establece que:
El 7 de noviembre de 2016, ASEA publicó en el DOF la NOM-005-ASEA-2016 con el objetivo de brindar certidumbre jurídica al sector, estableciendo las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que deben cumplir todas las estaciones de servicio de diésel y gasolina en cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, el 14 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial la NOM-EM-002-ASEA-2016 para establecer los métodos de prueba y parámetros para la operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas ya instalados en las estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas.
No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice que la propia dependencia ha establecido un programa de cumplimiento de estas instalaciones con la normatividad y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplirán este año. Lo cual genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre. Se sabe que al amparo del Artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos el incumplimiento con estas normas puede derivar en la revocación de los permisos de expendio otorgados a estas instalaciones por la Comisión Reguladora de Energía con la participación de la Agencia, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar al estado y la ciudadanía en general la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras y gaseras que operan en México.
Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que quienes realizan actividades del sector hidrocarburos en México, particularmente las actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, cumplan con todas las medidas de seguridad y protección al medio ambiente durante su ciclo de vida incluyendo la etapa de operación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente las medidas regulatorias y de cumplimiento que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente de quienes realizan actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos, particularmente su operación. Así como también, cómo se hará exigible su cumplimiento año con año, generando una estadística de avance de cumplimiento en este rubro dentro del sector hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con los permisos emitidos para tal efecto por la Comisión Reguladora de Energía.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que las estaciones de expendio al público de petróleo y petrolíferos cumplan cada año, sin excepción, con lo establecido por la NOM-006-ASEA-2017, la NOM-005-ASEA-2016 y la NOM-EM-001-ASEA-2015, e informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente su cumplimiento en cada caso, en materia de seguridad y protección al medio ambiente dentro de sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. En caso de que no cumplan con dichas medidas, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de los permisos de expendio otorgados.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente a cuántas estaciones se les ha aplicado la revocación de los permisos de expendio, cuantas estaciones de servicio para el expendio al público de diésel y gasolina han presentado ante esa Agencia los dictámenes de operación y mantenimiento señalados en las NOM-006-ASEA-2017, NOM-005-ASEA-2016 y NOM-EM-001-ASEA-2015, durante los años, 2015, 2016, 2017 y 2018, estableciendo que porcentaje del total de los sujetos obligados han cumplido en la entrega por cada año y determinando como autoridad cuales han sido las acciones realizadas para exigir a los obligados el cumplimiento de dicha obligación, señalando las áreas, los nombres y cargos de los funcionarios responsables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al mandatario electo a retirar la invitación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a la toma de posesión, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado viernes 26 de octubre del presente, quien ha sido mencionado como el próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer los nombres de los mandatarios que visitarían nuestro país en el marco de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los mandatarios que se señaló aceptaron la invitación y asistirán el próximo primero de diciembre, se encuentra Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello ha desatado la indignación de diversos sectores de la sociedad mexicana debido a la situación en la que el mandatario venezolano tiene a su país, sus acciones en contra de sus adversarios políticos y de las instituciones democráticas, la violencia y presos políticos, la falta de alimentos y medicinas y la migración a gran escala.
Esta situación ha sido ampliamente difundida por la propia sociedad venezolana mediante testimonios, imágenes y videos y por extensos reportajes de diversos medios de comunicación.
No son solamente las acciones que Nicolás Maduro ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos lo que ha despertado el malestar de las sociedades mexicana y venezolana, son también las repetidas acusaciones sin fundamentos que el señor Maduro ha hecho en contra de México, incluidas las de un supuesta intervención del gobierno mexicano en asuntos de política interior de Venezuela.
La más reciente de dichas acusaciones fue cuando, a más de un mes de lo ocurrido, el gobierno de Venezuela señaló a México, Colombia y Chile de participar en el atentado del 4 de agosto de 2018 durante el desfile que conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de Nicolás Maduro.
Además implicó a nuestro país, a Chile y Colombia de colaborar con los supuestos responsables, directamente de facilitar su escape.
No sólo no se aportaron evidencias de las acusaciones hechas, salvo testimonios de los cuales no hay certeza, se ha insistido en esta acusación sin fundamentos y se llevó a Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General.
México ha sido un país que se manifiesta a favor de la democracia y de acercarnos y tener relaciones con distintos países en todo el mundo.
La diplomacia mexicana no basa sus relaciones en rumores u opiniones de terceros y cuando adopta una postura se cuenta con los fundamentos e información para sustentarla.
Por ello es que México forma parte del Grupo de Lima, por el conocimiento que se tiene del tema y porque dicho grupo defiende la vía democrática y el dialogo, postura clave en la forma que México lleva a cabo su política exterior y que es parte de los principios plasmados en la Constitución.
No podemos dejar a un lado las posturas y acciones de la dictadura de Nicolás Maduro.
El pasar por alto todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es aceptarlo, nos hace cómplices de un régimen que tiene acusaciones serias de que ha violado derechos humanos.
No podemos minimizar los testimonios de venezolanos y venezolanas que han vivido la crisis venezolana; su valentía no puede ser minimizada, ni ignorada.
Una persona que sin fundamentos acusa a nuestro país de intervencionista y de planear atentados en contra de la vida de una persona no es bienvenida.
Esta soberanía al ser depositaria de la representación nacional y del estado de derecho, debe ser extremadamente cuidadosa de los visitantes distinguidos que acuden a ella.
Es por ello que no podemos permitir que un jefe de Estado que ha acusado a México de intervenir en un supuesto complot en su contra, además de ser un violador de los derechos humanos y generador de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, acuda a este recinto.
Por lo expuesto sometemos a su consideración de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación extendida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2018.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
(Rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 gobernadores a reconocer de manera conjunta el estado de emergencia de México por los feminicidios, suscrita por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género
Las que suscriben, diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de los gobiernos de las 32 entidades federativas a reconocer de manera conjunta el estado de emergencia en el que se encuentra México por los feminicidios , al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres que habían sido torturadas sexualmente en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Fue la primera vez que un caso de emergencia por feminicidio se visibilizó a gran escala en México, llegando a los tribunales internacionales. Fue hasta noviembre del 2009 que se emitió la sentencia conocida con el nombre de “Campo algodonero contra México”, en cuya resolución se le exigió al titular del Ejecutivo de la entidad externar disculpas públicas a las víctimas directas e indirectas de estos feminicidios, erigir un monumento en memoria de las asesinadas y la conmemoración del día 6 de noviembre de cada año como el “Día por la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres en México”.
Hace 9 años, el Estado mexicano recibió una sanción de carácter internacional por el brutal y sangriento asesinato de estas ocho mujeres; mientras que hoy en día, en nuestro país, se le arrebata la vida de manera atroz a nueve mujeres cada 24 horas.
Estos asesinatos deben dejar de ser tomados como casos aislados. Las mujeres en México estamos siendo asesinadas por un sistema que nos coloca siempre en situaciones de riesgo, porque no importa en qué estrato social, político o económico nos encontremos, las mujeres siempre seremos el eslabón más vulnerable y de menor valor en la jerarquía social.
Porque si el Sistema de Seguridad Pública es incapaz de atender las denuncias de los ciudadanos en general, se vuelve doblemente ineficiente al tratarse de delitos cometidos contra las mujeres en razón de género, como si el propio sistema estuviese en contra de nuestro acceso a la justicia, como si realmente el reconocimiento de nuestros derechos constitucionales se devaluaran al momento de llevarlos a la práctica, porque en este país no solo estamos siendo víctimas de “simples asesinatos”; estamos siendo violadas, ultrajadas y olvidadas en la ignominia, sin acceso siquiera a una despedida digna, porque nuestros restos son esparcidos en terrenos baldíos, en arroyos olvidados y entregados como alimento a los animales de la calle, porque hasta hablando de cadáveres el cuerpo de un hombre alcanza un final más digno que el de una mujer.
Para entender la gravedad de esta violencia por razón de género, es menester mencionar que en los últimos cuatro años aumentaron 60 por ciento los feminicidios infantiles; asimismo las cifras globales, sin importar el rango de edad, nos hablan de que los feminicidios aumentaron un 105 por ciento en el mismo lapso de tiempo; esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es por ello que esta Comisión tiene como intención poner como centro de la discusión el estado de emergencia nacional que vivimos con respecto a los feminicidios. Queremos visibilizar que para garantizar el ejercicio más básico de la igualdad sustantiva, lo principal debe ser la lucha por preservar la vida de las mujeres.
Estamos haciendo un llamado al compromiso de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno a que dejen de ser omisos, negligentes e indiferentes con la terrible problemática de feminicidios que vivimos. Debe haber un compromiso conjunto en contra de la impunidad que impera cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a una vida digna, y tal compromiso debe estar centrado en dotar de herramientas necesarias a las y los agentes encargados de la procuración de justicia para las mujeres en México, a través del aumento presupuestal que permita brindar atención integral a la violencia contra las mujeres. Basta ya de mal enfocar el ejercicio público en campañas mediáticas y costosos eventos que protagonizan voluntades políticas más allá que garantizarnos una vida libre y autónoma a las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a los titulares de los gobiernos de las 32 entidades federativas que reconozcan la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a los titulares de las 32 entidades federativas que reconozcan como prioridad la imperante necesidad de exigir la instauración de un presupuesto con perspectiva de género, para atender de manera óptima la declaratoria de estado de emergencia nacional con respecto a los feminicidios en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a actualizar y publicar por la Semarnat, coordinadora del Plan Salamanca, las acciones llevadas a cabo con las demás instituciones federales inmersas en su ejecución, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato y el ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, continúe las tareas pendientes del Plan Salamanca para abatir los pasivos ambientales existentes en el Municipio, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. El corredor industrial de Salamanca a Irapuato, por muchos años ha sido uno de los principales centros de actividad industrial y económica, tanto del estado de Guanajuato, como a nivel nacional, contando con la presencia de distintas industrias, principalmente la automotriz, a través de las plantas de General Motors y Mazda,1 lo cual a su vez generó el desarrollo de diversas actividades de proveeduría para este sector. A esto debe agregarse la presencia de la refinería Antonio M. Amor (Pemex) y la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
2. Si bien todo esto abonó al desarrollo económico de Guanajuato, con un nivel de crecimiento del PIB estatal de 4.3 porciento,2 no menos cierto es que la alta concentración de industria pesada en la entidad, ha generado diversos problemas graves de alta contaminación ambiental,3 en particular, en el Municipio de Salamanca que, desde hace varios años, es una de las ciudades más contaminadas de la República, rebasando los parámetros máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.4
3. Esta problemática de contaminación tuvo sus episodios más graves y emblemáticos en los casos de la explosión en la empresa Tekchem,5 la contaminación de subsuelo debido a lodos tóxicos en el Cerro de la Cruz por parte de la Empresa Quidesa, lo cual incluso ameritó su clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa);6 y la contaminación del Río Lerma.7
4. La contaminación ambiental produjo, de manera lógica, el incremento de diversas enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, entre otros.8
5. Con el fin de mitigar estos efectos nocivos en el ambiente y la salud de guanajuatenses y los habitantes del Municipio de Salamanca, así como para generar un mejor manejo de los pasivos ambientales en esta región, fue que, en febrero de 2016 se puso en marcha el “Plan Salamanca ” como un esfuerzo conjunto de 8 instituciones, a saber, Semarnat, Conagua, Cofepris, Profepa, Pemex, CFE, Inecc y Asea, siendo la primera la que coordina los trabajos con los gobiernos estatal y municipal.
6. Dicho Plan estableció una serie de líneas de acción entre las que destacan el monitoreo y vigilancia para la mejora en la calidad de agua, aire y suelos, especialmente en el predio que perteneció a la empresa Tekchem, y alrededores, la remoción de residuos tóxicos, la reparación y/o sustitución de drenajes de descarga de aguas residuales, y la construcción y puesta en operación de una planta cogeneradora de electricidad, entre Pemex y CFE, con el propósito de retirar esa responsabilidad a la refinería Antonio M. Amor.9
Cabe destacar que este Plan contempla una inversión de $450.95 millones de USD, más $118.646 millones de pesos .10
7. Durante la LXIII Legislatura, a propuesta de Diputadas del Partido Acción Nacional, esta Soberanía aprobó un Punto de Acuerdo11 por el cual se exhortó a la Semarnat para que en coordinación con el gobierno del Estado de Guanajuato, del gobierno municipal de Salamanca y de los sectores económicos y población afectada, procediera elaborar y publicar el Programa Estratégico del “Plan Salamanca”, que contenga de manera detallada las acciones realizadas hasta ese momento, las medidas preventivas y metas establecidas, así como los pendientes de ejecutar y la metodología a seguir para su desarrollo durante el ejercicio 2018.
El 14 de marzo del presente año, se recibió respuesta por parte del gobierno del Estado de Guanajuato, informando las acciones llevadas a cabo hasta esa fecha. Cabe apuntar que de acuerdo con la última actualización de avances del “Plan Salamanca” que publica al autoridad federal que coordina esos trabajos,12 aún faltan por realizarse varias acciones, entre ellas, terminar con la remoción de residuos en terrenos de la refinería, modificación de permisos de aguas residuales, remediación de acuífero contaminado por Tekchem, entre otros , lo que permite afirmar que se advierten resultados insuficientes en la mitigación del impacto ambiental para los salmantinos.
8. A ello se agrega que el pasado 25 de septiembre, se detuvieron los trabajos pendientes del “Plan Salamanca” ,13 lo que ha causado preocupación tanto entre académicos, como en la población de Salamanca, ya que uno de los riesgos que existe respecto a la obligatoriedad del “Plan Salamanca” es que no está formalizado en ningún documento oficial, y ante la situación de cambios de administración, existe el riesgo de las tareas aún por realizar queden definitivamente postergadas o canceladas, con lo que se mantendría de manera indefinida la exposición de los habitantes de Salamanca a la severa contaminación ambiental que padecen.
II. Consideraciones
1. El artículo 4o. constitucional en su párrafo quinto, consagra el derecho al acceso a un medio ambiente sano bajo el siguiente tenor:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Del párrafo referido se puede inferir también la obligación del Estado para garantizar y proteger dicho derecho, así como el principio de reparación del daño, recayendo esta responsabilidad en aquellos que cometieran alguna de las conductas tipificadas como delitos ambientales.
2. Sobre el particular, vale recordar que, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Cumbre de Río de 1992 , el Principio número 13 que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, consiste en desarrollar la legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano.
3. Cobra relevancia el texto del artículo 1º de la Constitución Federal que textualmente establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
En dichos párrafos, la Carta Fundamental recoge el principio de “interpretación conforme”, según el cual las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales correspondientes, favoreciendo la protección más amplia para la protección de los derechos humanos.
Paralelamente, el citado artículo 1º Constitucional consigna el llamado “control de constitucionalidad” y el “control de convencionalidad”, que obligan a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos en los términos consagrados en la Carta Fundamental y los tratados internacionales, de ahí que cualquier limitación que se pretenda a esos derechos fundamentales, debe ser excepcional y encontrarse justificado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que actualice y publique las acciones que se han llevado a cabo en coordinación de las demás instituciones federales involucradas en su ejecución y el gobierno del estado de Guanajuato y el ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, desde la firma de ese instrumento, con el fin de abatir los pasivos ambientales existentes en la región. La información publicada contendrá el presupuesto destinado por cada nivel de gobierno para cada acción, el presupuesto ejercido hasta el momento, la población afectada y la población beneficiada por cada acción, la georreferenciación de las acciones, así como de la zona de influencia y una evaluación de impacto ambiental, económico y social de las acciones realizadas en el marco del Plan con indicadores medibles y comparables.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de Dependencia coordinadora del “Plan Salamanca”, para que en coordinación con las demás instituciones federales involucradas en su ejecución, así como el gobierno del estado de Guanajuato y el ayuntamiento del municipio de Salamanca, Guanajuato, realice las acciones necesarias para la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan Salamanca, y asimismo para que lleve a cabo todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos que están pendientes dentro de las líneas de acción del Plan Salamanca, para abatir los pasivos ambientales existentes en la región; y finalmente, evalúe la posibilidad de realizar acciones complementarias dentro del marco presupuestal previsto.
Notas
1 Consultado en
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/mexico/sociedad/
el-boom-de-la-industria-automotriz-cambio-para-siempre-a-guanajuato-686196.html
2 Con base en los datos actualizados a 2016 publicados por el INEGI y consultados en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
3 Al respecto, revisar el último reporte de la OMS: WHO Global Ambient Air Quality Database (Update 2018), disponible en: http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/
4 Consultado en https://periodicocorreo.com.mx/salamanca-rebasa-contaminacion-ambiental /
5 La Jornada, 13 de septiembre de 2000: Seis mil intoxicados por explosión en fábrica de fertilizantes, en Salamanca. Consultado en http://www.jornada.com.mx/2000/09/13/014n2gen.html
6 Periódico AM “Profepa clausura Quidesa”. Consultado en https://www.am.com.mx/leon/local/profepa-clausura-quidesa-8523.html
7 El Sol de Salamanca “Claman justicia ambiental por polución en Río Lerma”. Consultado en:
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/claman-justicia-ambiental-por-polucion-en-el-lerma-1654635.html
8 Milenio Diario “Salamanca, tóxica y tercera ciudad más contaminada”. Consultado en http://www.milenio.com/estados/salamanca-toxica-y-tercera-ciudad-mas-co ntaminada_2
9 Resumen Ejecutivo 2016-2018 de Plan Salamanca en PDF. Actualizado al 31 de agosto de 2018. Consultado en
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/plan-sa lamanca
10 Ibídem.
11 Fecha: 17 de enero de 2018; Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a hacer público un documento que contenga el Plan Salamanca. Presentada por las diputadas María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, PAN. Turnada a la Tercera Comisión de Trabajo. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles 24 de enero de 2018.
Respuesta recibida en la sesión del martes 17 de abril de 2018.
Gaceta Parlamentaria, número 4945-G, miércoles 17 de enero de 2018. (4082)
12 Consultable en https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/plan-salamanca.
13 El Sol de Salamanca “Suspenden trabajos de remoción en Tekchem”. Consultado en
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/suspenden-trabajos-de-remocion-en-tekchem-2129965.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a implantar acciones oportunas para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual contra mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, implementen acciones oportunas para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el acoso sexual es una conducta no deseada en cualquier lugar que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada.1
El acoso sexual puede presentarse de distintas maneras como chantajes, es decir, cuando se condiciona a la víctima con la consecución o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en espacios públicos y privados.2
Puede vivirse de manera cotidiana u ocasionalmente en el transporte público, en el trabajo, escuelas, centros deportivos, mercados, calles, universidades, hospitales, y otras instituciones sociales, como el propio hogar.
Las mujeres viven distintas formas de discriminación y acoso sexual que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades ante la sociedad. Basta señalar la serie de estereotipos y prácticas sexistas que las desvalorizan y denigran su condición de mujer, pero, ante todo, como ser humano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Destaca que el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual, cifra que alcanza 70 por ciento en algunos países.3
Diversos estudios del Banco Mundial (BM) aseguran que las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayores riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos y malaria, entre otros.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el transporte público más inseguro del mundo para las mujeres está en América Latina y el Caribe. Cuatro capitales de la región están entre las seis más peligrosas. Seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de acoso mientras se desplazaba.
Según datos del Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, en la capital del país transitan diariamente más de 15.7 millones de personas que residen, trabajan y la visitan. De estos menos de la mitad son mujeres usuarias de los servicios y equipamientos urbanos.4
Para dimensionar esta problemática, basta señalar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE) menciona que, en 2016, los delitos sexuales registraron una tasa de incidencia de mil 764 delitos por cada cien mil mujeres, cifra estadísticamente mayor a los 1,435 delitos estimados en 2015.5
El estudio denominado: El porqué de la relación entre género y transporte , elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, apunta que el 40 por ciento de las mujeres entrevistadas en la Ciudad de México modifica su vestimenta para evitar algún tipo de violencia en el Metro. Y 4.5 por ciento, incluso, ha dejado su trabajo o estudio por causa de la violencia en el Sistema de Transporte Colectivo.6
El informe Las mujeres y los medios de comunicación , publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) asegura que, en general, los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de hombres. En las revistas y en la publicidad, las mujeres siguen apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir la imagen femenina con un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales.7
Diversos medios periodísticos señalan que, en el primer semestre de 2018, las denuncias por acoso sexual aumentaron 42 por ciento con respecto al mismo periodo de 2017, según la Procuraduría General de Justicia de la capital del país. Mientas que de enero a junio del año pasado se contabilizaron 119 denuncias, este año la cifra pasó a 169. El transporte público es el ámbito donde más agresiones ocurren, antecedido por la vía pública y el entorno cercano.8
Al respecto, el robo y el acoso sexual en Cetram Indios Verdes, de enero a septiembre aumentó, pues mientras en enero se reportaron 57 casos, para agosto pasado se cometieron 93 conductas delictivas de ese tipo.9
Hoy en día, las redes sociales han sido un medio eficiente para la información, pero también, el espacio en donde miles de jóvenes se aprovechan para abusar, discriminar y acosar a las mujeres, las cuales son sometidas, intimidadas y hasta denigradas.
Otra de las problemáticas de violencia de la mujer no solo es simbólica, iconográfica y verbal, sino también, cuando son fotografiadas sin su consentimiento en los espacios públicos e íntimos para luego compartir sus fotografías en las redes sociales, convirtiéndose en sexting .
De acuerdo con el artículo 178 del Código Penal de la Ciudad de México, el acoso sexual es tipificado como delito y, si es denunciado, merece una pena de uno a 6 años de prisión.10
En Puebla, 32.3 por ciento de las mujeres dijeron que le recargaron el cuerpo, el 23.1 por ciento fue acosada cuando se tocaron los genitales frente a ella, al 21 por ciento le manosearon el cuerpo y el 3 por ciento padeció la eyaculación de algún individuo.11 En la Zona Metropolitana de Guadalajara, siete de cada 10 mujeres señala haber sido víctima de acoso en los últimos 12 meses.12
De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que lleven a cabo acciones para prevenir y sancionar el acoso sexual de las mujeres en el transporte público y privado, a fin de garantizar su integridad y dignidad humana.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, implementen acciones oportunas para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual contra las mujeres en el transporte público.
Notas
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/
—-sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
2 http://www.unwomen.org/es, consultado el 07 de marzo de 2017.
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/, consultado el 07 de marzo de 2017.
4 http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/conoce-tus-derechos/por-una-vida-libre-de-violencia/
prevencion-de-la-violencia/viajemos-seguras/
5 http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/INFORME-FINAL_web.pdf,
6 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7441/
El-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-transporte.PDF?sequence=4
7 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/10076 2.pdf
8 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/aumenta-el-acoso-sexual-42/
9 https://megalopolismx.com/noticia/45562/
aumentan-delitos-de-robo-y-acoso-sexual-en-paradero-indios-verdes-norberto-sanchez
10 http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf
11 http://pueblaonline.com.mx/2017/portal/movil/index.php/estado/item/
71560-transporte-publico-foco-rojo-del-acoso-sexual-en-puebla#.W-CTHtVKiM9
12 http://wradio.com.mx/emisora/2018/03/08/guadalajara/1520477923_400499.h tml
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 6 de noviembre del año 2018.
Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales de Puebla y Veracruz a implantar un nuevo plan o estrategia en materia de seguridad pública, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
Claudia Báez Ruiz, diputada federal a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Partido Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción IV, 79 fracciones II y III, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Exposición de Motivos
El proveer justicia y seguridad pública es tarea única y exclusiva del Estado y su gobierno; el no cumplir con esa labor obliga a las poblaciones y municipios a que, debido al hartazgo social y con la intención de protegerse y proteger a sus familias de la delincuencia, se organicen en autodefensas como respuesta a las deficiencias institucionales, poniendo en riesgo su vida y violentando sus derechos universales.
En la zona nororiental del estado de Puebla se encuentra la población de Insurgentes Socialistas, perteneciente al municipio de Acateno, y colindante con los municipios de Hueytamalco, también en Puebla, y Papantla, Veracruz. A lo largo de su historia, el cultivo cítrico ha sido la fuente de ingresos de esta población, produciendo tan solo en el año 2017 y de acuerdo a información proporcionada por la SIAP, $676,079,005.01 (seiscientos setenta y seis millones setenta y nueve mil cinco pesos con un centavo), consiguiendo colocar en esta zona el punto de compra de las empacadoras y uno de los principales puntos de producción de calidad de exportación de varios cítricos.
Al analizar estos antecedentes y observar el incremento que ha tenido la incidencia de delitos de alto impacto, entendemos que, a mayor bienestar económico en la población productora, se incrementa la inseguridad, toda vez que los secuestros, asesinatos, robos con violencia y extorsiones son hechos que a diario ocurren en la localidad de Insurgentes Socialistas y los municipios colindantes ya mencionados.
En el mes de septiembre del presente año, más de 200 hechos con apariencia de delito fueron cometidos en contra de la población generalizada de los municipios colindantes a la localidad de Insurgentes Socialistas, siendo víctimas de asesinatos, secuestros, robos a mano armada y extorsiones. La población desesperada por estos hechos decidió dejar de trabajar e incluso cerrar las escuelas, toda vez que los hechos delictivos no daban tregua y la población generalizada temía por su propia seguridad. El crimen organizado no diferencio a las víctimas, ya que agricultores, jornaleros, productores, ganaderos, acopiadores de cítricos, comerciantes, estudiantes, personal docente, personas de la tercera edad y profesionistas fueron las victimas de múltiples delitos de alto impacto.
Por ello, planteamos el cuestionamiento a las autoridades correspondientes, sobre el incumplimiento de la obligación de proporcionar garantías de derechos humanos y a la propiedad privada, siendo esto una obligación fundacional del Estado y que en consecuencia tiene como obligación el proveer a su población de las medidas de seguridad necesarias para contrarrestar estos hechos delincuenciales.
En este sentido, en lo que corresponde a esta zona de Puebla y colindantes con Veracruz, no solo se ha incumplido con los estándares necesarios de seguridad, sino que al mismo tiempo se han ignorado los reclamos y demandas realizadas por la población, todo lo anterior refiere a un problema generalizado en donde los gobiernos estatales y municipales han demostrado su ineficiencia en la repartición de recursos destinados a la seguridad y su inoperancia en los mismos.
Los señalamientos y advertencias que realizó la población organizada en la región fueron variados y constantes, sobre todo a partir del segundo semestre del año, en donde como respuesta al incremento de delitos en la zona, a principios del mes de septiembre, pobladores de la localidad de Insurgentes Socialistas, tomo la carretera que comunica al municipio de Teziutlán, Puebla, con las comunidades de Papantla y Poza Rica, Veracruz.
No obstante, esta acción de legítima protesta social, también fue sustentada mediante una petición de auxilio al titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, sin que al día de hoy haya emitido un posicionamiento o respuesta alguna.
Es así, como este hecho expone, de nueva cuenta, la inoperante estrategia de seguridad pública que los actuales gobiernos de Puebla, Veracruz y sus municipios han implementado de manera equivocada y por la cual se tiene motivo suficiente para exigir un cambio en la estrategia de seguridad pública -estatal y municipal-, así como la necesidad de implementar un plan de trabajo y dotar a las corporaciones policiacas de recursos humanos y materiales suficientes para poder cumplir con las tareas correspondientes.
De acuerdo con datos del Inegi, en el 2017, en Puebla, por cada cien mil habitantes, cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y tres fueron víctimas de algún delito; para el 2018 esta cifra se triplicó.
Puebla ocupa el lugar número 28, siendo el estado numero 32 el peor calificado en el índice de estado de derecho según estudios del World Justice Project , siendo la inseguridad, la justicia ineficaz y el desmedido poder del gobierno los principales factores de esta crítica situación.
De acuerdo con la organización, Puebla ocupa: los siguientes lugares entre 32:
Número 30 en cuanto a justicia penal;
Número 26 en cuanto a corrupción;
Número 26 en cuanto a límites del poder gubernamental;
Número 29 en cuanto a justicia civil y,
Número 20 en cuanto orden y seguridad.
Es por dichos indicadores tan alarmantes, por lo que vengo ante esta soberanía a exhortar a los gobiernos estatales, municipales y a las autoridades correspondientes a ocuparse de la seguridad pública y restablecer el estado de derecho que la sociedad merece, implementando, de manera urgente, nuevas estrategias de seguridad para prevenir y combatir de origen, el alto índice delictivo que Puebla, Veracruz y sus municipios en los últimos meses han sufrido.
Es menester mencionar que, de acuerdo con los tiempos electorales, nos encontramos en un periodo de transición de nuevos gobiernos estatales y municipales, por lo que se tiene un panorama favorecedor y es el momento adecuado para modificar sus planes de seguridad pública; implementar una nueva estrategia para lograr la correcta impartición de justicia y proveer el estado de derecho a los estados y municipios.
Por lo anteriormente manifestado, la suscrita considera que es urgente la pronta actuación de las autoridades del gobierno de Puebla y Veracruz, así como de sus municipios, para que de esta forma se garantice la seguridad y el acceso a la justicia que como mexicanos, tenemos derecho a recibir, así como reestructurar el estado de derecho que en los últimos años se ha perdido, debido a la inoperante e ineficaz estrategia de gobierno y de seguridad pública que se han implementado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:
Primero. Se exhorta a los gobiernos de Puebla y Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, implementen un nuevo plan o nueva estrategia en materia de seguridad pública estatal, con la intención de garantizar a la población un estado de derecho adecuado, proveer seguridad y proporcionar el acceso a una justicia pronta y expedita.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos municipales en los estados de Puebla y Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, implementen un nuevo plan o nueva estrategia en materia de seguridad pública municipal, con la intención de cumplir con su deber de garantizar a la población de sus municipios un estado de derecho adecuado y el acceso a una justicia pronta y expedita, así mismo garantizar la seguridad plena que los municipios requieren.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre del 2018.
Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ampliar y construir la infraestructura carretera de BCS, dada la falta de caminos en la entidad, suscrita por el diputado Alfredo Porras Domínguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PT
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La infraestructura carretera es medular para la competitividad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. No obstante prevalecen grandes desafíos a nivel nacional, sin que Baja California Sur sea la excepción, prueba de ello es que persisten notables necesidades en materia de mantenimiento, modernización y ampliación de vialidades para garantizar que éstas sean seguras y se encuentren en condiciones óptimas.
Derivado de las nuevas reglas que se deberán diseñar por parte del nuevo gobierno y por esta soberanía para una asignación del presupuesto con absoluta transparencia sin dar cabida nunca más a los denominados “moches”. En el PT, estamos de lado de la gente, así como del respeto y pleno cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
Baja California Sur ha sufrido daños considerables a causa de diferentes fenómenos naturales. Basta recordar que el 19 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural por el impacto del huracán Newton el 6 de septiembre de dicho año (que derivó en daños patrimoniales, lesiones de la población y decesos) en 5 municipios de la entidad: Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé.1
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Trabajo consideramos de la máxima importancia que desde esta soberanía impulsemos acciones encaminadas a garantizar infraestructura en condiciones adecuadas, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia en el territorio nacional, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.
No obstante, tanto el gobierno federal como el estatal se distinguen por la ausencia o mínimos resultados en materia de conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura en Baja California Sur.
El asunto es de tales dimensiones que incluso el Congreso de Baja California Sur se ha pronunciado al respecto. A finales de septiembre del año en curso, dicha representación aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que agilice la terminación de las obras destinadas a la ampliación del tramo Ciudad Constitución-La Paz, solicitud que derivó por el retraso por más de cuatro años que se registra en los trabajos de esta parte de la carretera peninsular.2
A principios de agosto de 2018 se dio a conocer en diversos medios de comunicación que debido a falta de mantenimiento quedaría fuera de servicio la presa conocida como “El Higuahil”, en Comondú, lo cual implica afectaciones a más de 700 pozos agrícolas y pecuarios.3 Entre otras cuestiones, casos como el mencionado, implican notables afectaciones para la población, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.
En 2017, la producción ganadera en Baja California Sur registró 23 mil 774 toneladas de productos como ganado y ave en pie, carne en canal, huevo para plato y miel con un valor de la producción de 715 millones de pesos. Comondú es el principal productor de leche en la entidad, con 63 por ciento.4
A partir de las consideraciones vertidas, queda de manifiesto que es imperativo que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente asunto.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el rubro de conservación y mantenimiento carretero, al estado de Baja California Sur le fueron asignados 192 millones 142 mil 554 de pesos por concepto de conservación de infraestructura carretera y 73 millones 139 mil 414 para la conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras.5
El objetivo del exhorto formulado en la presente proposición con punto de acuerdo radica en garantizar que los trabajos de conservación, construcción y reconstrucción de obras cumplan puntualmente con sus objetivos de modernizar la red de carreteras de la entidad. Asimismo, busca contribuir mantener en buen estado infraestructura como la carretera Transpeninsular Licenciado Benito Juárez, La Paz-Ciudad Insurgente, La Paz-Pichilingue, el tramo Cabo San Lucas-La Paz y todas las vialidades que permiten a la población trasladarse para desarrollar actividades de todo tipo.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, se lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en marco de sus funciones, presente ante esta soberanía una relación detallada sobre los trabajos de mantenimiento, reparación y construcción de las infraestructura carretera en Baja California Sur a su cargo, así como el avance que registran las mismas y, en su caso, dé celeridad para lograr su conclusión, a fin de garantizar el óptimo estado y operación de la entidad, en atención de la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de la entidad.
Notas
1 Segob, DOF 19 de septiembre de 2016 declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de huracán Newton el 6 de septiembre de 2016 en 5 municipios de Baja California Sur,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452904&fecha=19/09/2016
2 El Informante, Baja California Sur (2018). “Exige Congreso de BCS a SCT concluir trabajos de reparación en la Transpeninsular”, http://elinformantebcs.mx/exige-congreso-bcs-sct-concluir-trabajos-repa racion-la-transpeninsular/
3 @bcsnoticias (2018). Por falta de mantenimiento, queda fuera de servicio presa en Comondú, @bcsnoticias, http://www.bcsnoticias.mx/por-falta-de-mantenimiento-queda-fuera-de-ser vicio-presa-en-comondu/
4 Sagarpa, Producción ganadera en Baja California Sur (consultado en línea), disponible en https://www.gob.mx/sagarpa%7Cbajacaliforniasur/articulos/produccion-gan adera-en-baja-california-sur
5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 (consultado en línea), disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf Página 158.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputados: Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica), Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica), Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Ana Ruth García Grande (rúbrica), Hildelisa González Morales (rúbrica), Santiago González Soto (rúbrica), Yáñez Óscar González, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica), Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), María Teresa Marú Mejía (rúbrica), José Luis Montalvo Luna (rúbrica), Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Armando Reyes Ledesma (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica), Lizeth Sánchez García (rúbrica), Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Dionicia Vázquez García, Jesús Fernando García Hernández (rúbrica), Armando Javier Zertuche Zuani (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a reforzar las acciones de seguridad pública que garanticen el bienestar de pobladores y visitantes del estado, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador constitucional del estado de Jalisco, licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, a reforzar las acciones de seguridad pública que garanticen el bienestar de quienes habitan o visitan cada una de las regiones que conforman el estado de Jalisco, con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
Jalisco es una entidad asediada por la violencia y otorgada al abandono. De acuerdo con cifras actualizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año se han registrado 90 mil 76 delitos en Jalisco, posicionando a la entidad como una de las más violentas del país.1
El fenómeno descrito no es, por supuesto, producto de un solo día, un solo mes o un solo año. El declive de la seguridad en Jalisco tiene, al igual que en el resto del país, su origen en la estrategia de seguridad emprendida a nivel federal desde 2007. En los últimos años, sin embargo, la entidad ha registrado un repunte considerable de actos violentos, incluidos cientos que han terminado en la defunción de alguna de las partes involucradas.
De forma ilustrativa, el total de homicidios dolosos registrados en la entidad ha tenido un aumento sostenido durante los últimos cuatro años, registrando, demostrativamente, un total de mil 216 asesinatos de enero a agosto de este año.2
La crisis de seguridad en Jalisco es visible no solamente en cifras sino en hechos concretos que marcan día con día a la sociedad del estado. Hechos como el abandono de un camión con 157 cuerpos destinados a cementerios forenses en las cercanías de Tlaquepaque3 o el levantamiento, desaparición y asesinato de tres estudiantes de cinematografía en Tonalá4 son muestras del grado de omisión del que han sido parte las autoridades estatales respecto al fenómeno delictivo.
Si bien es cierto que la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por su dimensión y complejidad es frecuentemente el epicentro de muchos de estos hechos5 , la realidad es que no existe municipio en el estado donde no se haya presenciado uno u otro acto de violencia. La situación es apremiante y, siendo testigos de los resultados, de la más alta prioridad en su atención.
El potencial impacto de la problemática presente es considerable. Al tratarse de situaciones que vulneran directamente el bienestar mismo de las personas, todo aspecto adicional de la vida social, cultural y económica del estado es afectado. Desde sencillas reuniones vecinales hasta la actividad económica completa de un municipio están en juego cuando la violencia se enraíza en una región y trastorna la vida cotidiana.
Una actividad clave para el bienestar económico y social del estado es particularmente vulnerada en esta realidad: el turismo. La ola de violencia que vive Jalisco no solo inhibe la actividad social de los municipios del estado, sino que impide que otras personas conozcan lo que ofrecen sus habitantes. La relación entre el incremento de la delincuencia y la disminución del turismo es un fenómeno bien registrado a nivel nacional, siendo los municipios caracterizados como Pueblos Mágicos algunos de los más afectados por el mismo.6
En Jalisco, las consecuencias de la lucha territorial del crimen organizado han sido evidentes en estos municipios. Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Tequila y Lagos de Moreno, todos con el título de pueblos mágicos en la entidad, se encuentran entre las decenas de municipios que han experimentado hechos violentos a raíz de las disputas del crimen organizado. Proteger a estos y otros municipios del estado no sólo garantizará el bienestar físico de la población que en ellos habitan, también permitirá que las actividades que les dan vida continúen existiendo.
Teniendo en cuenta la presente estructura del gobierno del estado, es claro que buena parte de la responsabilidad correspondiente a la atención de esta problemática recae en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y de su presidente, el licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quienes se encuentran facultados por ley para diseñar e implementar la política de seguridad pública en la entidad.
Habiendo mencionado lo anterior y tomando el contexto presente, propongo se exhorte al gobernador constitucional del estado de Jalisco, licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, a reforzar las acciones de seguridad pública que garanticen el bienestar de quienes habitan o visitan cada una de las regiones que conforman el estado de Jalisco. Los jaliscienses merecen de la más completa protección a su bienestar por parte de las autoridades estatales, particularmente en la presente ola de violencia que viven los municipios del estado.
Considerandos
De acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco tiene por objeto “desarrollar las bases de coordinación entre la federación, el estado y los municipios en materia de seguridad pública, así como respecto de la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los términos de la legislación general correspondiente”.7
Este Sistema, en tanto, se encuentra dirigido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública que, de acuerdo con la propia normatividad, es “la instancia encargada de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.8
Las responsabilidades y pautas de coordinación de los integrantes del Consejo Estatal se detallan en el artículo 14 de la ley, en donde podemos encontrar que este órgano está responsabilizado de “determinar las políticas de seguridad pública, prevención del delito, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones”.9 Adicionalmente, se faculta al Consejo Estatal para “formular propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Pública, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo”.10
Finalmente, sobre la titularidad del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la ley establece la figura de un único presidente, responsabilidad que recae sobre el gobernador del estado de Jalisco.11
Debido a la estructura presente del Consejo Estatal y tomando en consideración las facultades que a él se atribuyen; se identifica en la figura del gobernador del estado de Jalisco a la máxima autoridad en la materia, siendo éste el responsable directo de tomar las medidas y acciones requeridas para dar solución a las problemáticas aquí expuestas.
Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Jalisco, licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, a reforzar las acciones de seguridad pública que garanticen el bienestar de quienes habitan o visitan cada una de las regiones que conforman el estado de Jalisco.
Notas
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva Nacional. México. Gobierno de la República. 2018. Consultado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva /incidencia-delictiva-acumulado.php.
2 Mendoza, Andrés. Violencia Desborda a Guanajuato y Jalisco; Reporte de los Últimos 4 Años. México. Periódico Excélsior . 2018. Consultado en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-desborda -a-guanajuato-y-jalisco-reporte-de-los-ultimos-4-anos/1267066.
3 Torres, Raúl. Investigan Tráiler Abandonado en Jalisco con 157 Cuerpos. México. El Universal . 2018. Consultado en:
http://www.eluniversal.com.mx/estados/investigan-trailer -abandonado-en-jalisco-con-157-cuerpos.
4 BBC Mundo . Quiénes eran los Tres Estudiantes de Cine Asesinados y ¿Por Qué los Jóvenes están Siendo Víctimas de la Violencia? México. Animal Político . 2018. Consultado en:
https://www.animalpolitico.com/2018/04/3-estudiantes-ase sinados-violencia/.
5 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estadística. Guadalajara. Gobierno del Estado de Jalisco. 2018. Consultado en:
http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/estadisticas_sist 1.php.
6 Lemus, Jesús. Pueblos sin Magia. México. Reporte Índigo. 2017. Consultado en: https://www.reporteindigo.com/reporte/secretaria-turismo-pueblos-magico s-violencia-delincuencia-presupuesto/.
7 Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Art. 10.
8 LSSPEJ. Artículo 12.
9 LSSPEJ. Artículo 14. Fracción II.
10 LSSPEJ. Artículo 14. Fracción V.
11 LSSPEJ. Artículo 17. Fracción I.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Martha Angélica Zamudio Macías (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la caravana migrante centroamericana, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La migración es un fenómeno histórico y natural a través del cual se han establecido las civilizaciones modernas y que ha permeado positivamente en el desarrollo de las naciones durante los últimos siglos.
Una caravana de migrantes hondureños salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, con más de un millar de integrantes con la intención de llegar a México para dirigirse posteriormente a Estados Unidos.
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2018/10/18/
caravana-migrante-hondurenos-18-octubre-20018.html
El 18 de octubre, cientos de migrantes pertenecientes a distintas nacionalidades se reunieron en la frontera de México-Guatemala para solicitar acceso a nuestro país.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/18/
caravana-migrante-a-metros-de-la-frontera-con-mexico-4941.html
El 19 de octubre, alrededor de 3 mil migrantes centroamericanos sufrieron de acciones violentas cometidas por las autoridades mexicanas después de intentar ingresar al territorio mexicano para huir de la pobreza y violencia que aqueja en sus países.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45921004 y
https://www.excelsior.com.mx/global/caravana-migrante-r ompe-cerco-y-cruza-frontera-con-mexico/1272778
En consecuencia podemos afirmar que los sucesos anteriormente citados y dados a conocer por la prensa nacional, revelan una crisis humanitaria, a la cual como representantes de la sociedad, en el Congreso de la Unión no podemos ser ajenos, dado que nuestra responsabilidad legal determinada por la Constitución, de realizar todo nuestro alcance para promover, proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos consagrados en la ley y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
La calidad de extranjero migrante no es causal para ser ajenos e indolentes a una crisis de carácter humanitario, así mismo las relaciones internacionales, sobre todo aquellas de carácter comercial, no deben sobreponerse a las necesidades de las personas; nadie es “ilegal” en el mundo, empero es primordial señalar que el tránsito de las personas a través de nuestro territorio, debe ser legal, ordenada, proporcional y sujeta a los derechos humanos, el respeto a la normatividad no sólo tiene que ver con un ejercicio de gobierno, sino también como un elemento necesario para que los migrantes que ingresan a nuestro país cuenten con elementos de identidad para proteger sus derechos humanos durante su estadía en nuestro territorio.
La migración es un fenómeno inevitable en la globalización, causado por la inequidad en el reparto de la riqueza, estamos ante una crisis humanitaria que refleja el agotamiento de un modelo que privilegia la acumulación de capitales, sin atender las necesidades de las personas; demanda sí, el tránsito libre de mercancías, pero restringe el de las personas. Esta condición ha producido que los países centroamericanos aún no alcancen niveles mínimos de bienestar, recordemos que solo hace 30 años, aún persistían conflictos armados en la región y las instituciones de gobierno aún no han tenido la posibilidad de darle una mayor continuidad el desarrollo.
Pero esto, no debe tomarse como pretexto para ignorar la necesidad de miles de personas que intentan dejar sus raíces y sus comunidades para enfrentar el hambre y la miseria, si bien es cierto su meta es llegar a Estados Unidos lo que conlleva a que nuestro país sea un territorio de tránsito, esto no justifica que el Estado mexicano se muestre ajeno e indolente con esta situación, antes bien –y honrando su historia como una nación refugio– debe conducirse bajo los principios determinados por nuestro marco normativo en materia de derechos humanos.
Del mismo modo, las fuerzas policiales y dado el caso militares, destinadas para proveer el orden deben conducirse bajo los principios de proporcionalidad, racionalidad y equidad, lo que debe traducirse en la preservación del estado de derecho y la menor cantidad de uso de la fuerza, así como proteger la integridad sobre todo de mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores o con discapacidad.
A través de la prensa nacional la sociedad mexicana ha conocido diversos sucesos lamentables, a consecuencia de confrontaciones, por lo que es necesario que las autoridades policiales sean empáticas y solidarias con el contingente inmigrante que acumula a lo largo de sus jornadas cansancio, enfermedad, hambre y sed; lo que en ocasiones los conduce a utilizar la violencia como un medio para continuar su travesía, sin embargo, la autoridad debe ser racional y establecer un protocolo de actuación para reducir el uso de la fuerza, sobre todo contra los migrantes mayormente vulnerables.
Así las cosas, nuestro país no debe responder a agendas ajenas a la protección y garantía de los derechos humanos, ni tampoco ser partícipe de una campaña de criminalización y vejación de estas personas que huyen de la violencia y la miseria, antes bien debe manifestar otra actitud atendiendo los principios de solidaridad, respeto y refugio.
Es por ello que la proposición con punto de acuerdo, tiene la intención de que el Congreso de la Unión, no permanezca incólume ante esta crisis y en el ámbito de sus competencias realice los exhortos que considere necesario para que el Ejecutivo federal efectúe las acciones urgentes para garantizar un trato digno con la caravana migrante de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en el artículo 1o. la responsabilidad ineludible para que en el ámbito de sus competencias, las autoridades promuevan, protejan, respeten y garanticen todos los derechos humanos consagrados en la ley y los tratados internacionales de los que México es parte.
Segunda. A través del mandato del artículo 11 constitucional, se garantiza el derecho para entrar y salir de nuestro territorio, así como viajar al interior de él, además otorga el derecho a solicitar asilo, de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulara? sus procedencias y excepciones.
Tercera. De acuerdo con Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en su artículo 13 establece los parámetros para obtener la condición de refugiado y de acuerdo con los motivos de la proposición se cita dicho artículo en su fracción II que a la letra dice:
Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:
...
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y
Con lo que claramente el contingente varado en nuestra frontera sur debe considerarse refugiado y obtener los beneficios que bajo el amparo de dicho ordenamiento legal se otorgan.
Cuarto. Que a través de la Ley de Migración en su artículo 2 párrafo tercero establece que la política migratoria debe regirse de acuerdo al respecto irrestricto a los derechos humanos, pero es particularmente enriquecedor el texto del párrafo cuarto en el sentido que uno de los principios que regirán la política en materia será la congruencia para otorgar en el territorio nacional aquello que se exige para con los connacionales más allá de las fronteras, tal como se lee:
Artículo 2. La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por si? misma la comisión de un delito ni se prejuzgara? la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Por lo que, en consecuencia, atendiendo a los considerandos y a la exposición de motivos es que se presenta ante esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhorta que a través de los coordinadores de los respectivos Grupos Parlamentarios, se done un día de dieta de cada integrante de esta honorable soberanía, para ser donado a los migrantes centroamericanos que integran la caravana migrante para solventar sus necesidades básicas, con énfasis en mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.
Segundo. La Cámara de Diputados condena enérgicamente las acciones violentas cometidas contra migrantes centroamericanos derivadas de esta crisis humanitaria, de igual forma exhorta a las autoridades de seguridad pública a conducirse con los protocolos que garanticen el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos.
Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, el 6 de noviembre de 2018.
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a efecto de que, en el corto plazo y el marco del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, instale y ponga en funcionamiento por la Sedesol más de esas unidades en Guanajuato, a cargo de la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y en general al Gobierno Federal, para destinar mayores recursos al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que permitan instalar y poner en funcionamiento en el corto plazo estancias infantiles en el estado de Guanajuato, para que la mujeres de escasos recursos, especialmente las afectadas por el fenómeno migratorio, puedan confiar el cuidado de sus hijos menores de edad, permitiéndoles la búsqueda de un trabajo remunerado o el desempeño y cuidado del que ya tienen o una mayor capacitación o profesionalización, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 la Población Económicamente Activa (PEA) suma alrededor de 54.4 millones de personas y es predominantemente masculina (33.7 millones de hombres y 20.7 millones de mujeres, esto es, 61.9 por ciento y 38.1 por ciento respectivamente).
En lo que respecta a la población ocupada, la ENOE indica que las mujeres trabajan en promedio, menos horas a la semana que los hombres , 38.4 y 46.4 horas, respectivamente. Lo anterior, significa un ingreso menor para las mujeres .
2. En las últimas décadas el rol de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos ha sufrido cambios importantes. Actualmente, cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral y contribuyen económicamente al sustento del hogar . Prueba de ello es la mayor participación de las mujeres en actividades económicas, que entre 1995 y 2009 subió de 36.8 por ciento a 40.8 por ciento;2 y durante el periodo 2005 a 2017, la población femenina económicamente activa mayor de 15 años, creció 26.9 por ciento (de 16.3 millones en el tercer trimestre de 2005 a 20.7 millones en el tercer trimestre de 2017).3
3. El grave deterioro económico que vive el país, incrementa la necesidad de las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo, así como de continuar obteniendo capacitación para mejorar su productividad, ingreso y, por ende, el bienestar económico de la familia. Durante el tercer trimestre de 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en los grupos de menores ingresos que en los grupos de ingresos más elevados.
Del total de mujeres ocupadas, en dicho periodo 49.8 por ciento percibieron entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que sólo el 3.9 por ciento de ellas percibieron más de 5 salarios mínimos. Asimismo, 73.2 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que conforman la población ocupada tenían por los menos una hija o un hijo nacido vivo.4
4. Por tanto, el hecho de que más mujeres pretendan incorporarse al mercado laboral no deriva de que más hombres se incorporen a las tareas domésticas y de cuidado; sino más bien obedece precisamente a la ausencia de los varone s, siendo el caso más recurrente porque no se hacen cargo de las responsabilidades que derivan de la paternidad.
Actualmente el número de hogares monoparentales se ha incrementado notablemente. De acuerdo a la Encuesta Nacional de los Hogares 2015, el 17.7 por ciento del total de los hogares en México son monoparentales ; es decir, están conformados por la o el jefe del hogar e hijas e hijos y no cuentan con un cónyuge, siendo preponderante el caso de que la jefa del hogar es la mujer.
Tan sólo de 2000 a 2005 el número de hogares con jefatura femenina se incrementó en 24.4 por ciento , en comparación con el aumento de 8 por ciento de los hogares con jefatura masculina.5
5. También la ausencia de los varones en los hogares deriva de la búsqueda de oportunidades laborales que no encuentran en México, por lo que han tenido que emigrar hacia otros lugares, como acontece con muchas familias del Estado de Guanajuato.
Guanajuato es uno de los cuatro estados del país con mayor número de migrantes en Estados Unidos, y ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de ‘paisanos’ que viven en el vecino país del norte, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO).6
El Conapo indica que en Guanajuato hay un millón 288 mil 400 viviendas que tienen uno o más miembros de la familia en la Unión Americana ; se tienen identificadas además micro regiones migratorias por municipios de dos o más entidades federativas, entre ellos, los que integran el corredor formado por los municipios de Pénjamo, Guanajuato; la Piedad, Michoacán; y La Barca, Jalisco.7
El Municipio que registra mayor “expulsión” de migrantes hacia Estados Unidos es Xichú -uno de los más marginados de todo el país-; ese fenómeno migratorio obedece al “alto grado de marginación que caracteriza a algunos municipios y regiones al interior de las entidades federativas del país”, es decir, la migración está asociada directamente a la incapacidad de la economía mexicana para incorporar al mercado laboral a la población.
Curiosamente, Xichú no es el Municipio con el mayor porcentaje de personas analfabetas de México, pero sí tiene los porcentajes más altos en viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica y sin agua entubada, lo que deriva en un alto porcentaje de migrantes hacia los Estados Unidos.8
6. En cualquier caso, para las mujeres solas que son madres, la decisión de ingresar al mercado laboral depende en buena medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil , que les permitan liberar el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar o capacitarse y a la postre, buscar un empleo o uno mejor al que tienen.
I. Consideraciones
1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha denominado “Crisis del cuidado” , al problema que enfrentan -sobre todo- las mujeres con hijos pequeños de estratos socioeconómicos bajos, para incorporarse al mercado laboral, dada la poca o nula disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil. Esa problemática se acrecienta con el desequilibrio que existe entre el trabajo remunerado y el doméstico no remunerado, en los esquemas familiares actuales.9
2. En nuestro país, se padece una oferta insuficiente de estancias de cuidado infantil -tanto en el sector público como en el sector privado- para cubrir la demanda.
En el Diagnóstico de la problemática de las madres con hijos pequeños para acceder o permanecer en el mercado laboral 10 , se examinaron las distintas opciones de servicios de cuidado infantil tanto del sector público como privado.
En el caso del sector público , el principal inconveniente es que ésta sólo cubre a una fracción limitada de la población demandante. De los cerca de 2.5 millones de niños menores de 6 años que en 2004 estuvieron al cuidado de terceros, sólo 7.6 por ciento asistía a una guardería y, de éstos, menos de una tercera parte acudía a una guardería pública .11
El acceso a los servicios públicos de cuidado infantil12 darse de dos formas: como una prestación de los trabajadores formales o, en algunos casos, como un servicio abierto a toda la comunidad. Evidentemente, las madres que trabajan en el sector informal de la economía no cuentan con prestaciones laborales , y por lo tanto tienen menos posibilidades para solucionar el cuidado infantil de sus hijos pequeños; y aún aquellas madres derechohabientes enfrentan problemas de acceso a servicios de cuidado infantil, ya sea por el cupo limitado, la ausencia de guarderías en algunas zonas, la incompatibilidad de los horarios de servicio con las jornadas de trabajo, etc.
En México 29.1 por ciento de las mujeres ocupadas trabajan dentro del sector informal, y del total de mujeres ocupadas 62.5 por ciento no tiene acceso a los servicios de seguridad social de las instituciones públicas . Entre las mujeres con un empleo formal sólo 17.9 por ciento cuenta con la posibilidad de acceder al servicio de guarderías como parte de sus prestaciones laborales.
Cabe mencionar que el diagnóstico indica que, si bien el número de estancias infantiles del ISSSTE y del IMSS prácticamente se ha duplicado, el número de niños atendidos no aumentó en igual proporción. Los centros de cuidado infantil de ambas instituciones operan casi al tope de su capacidad instalada –las estancias del ISSSTE de hecho la rebasan–, y existe un número significativo de solicitudes rechazadas.
En el caso del sector privado también se padece una oferta insuficiente de estos servicios para familias de escasos recursos.
En principio, existe muy poca información acerca de las condiciones y la demanda mínima que permitirían alcanzar un beneficio económico a aquellos establecimientos que deciden ofrecer servicios de cuidado y atención infantil. Entre los escasos estudios existentes, se encuentran algunas referencias en artículos especializados acerca de cómo abrir un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi)13 , o en estudios de mercado elaborados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).14
Con independencia de ello, ambos estudios son consistentes en destacar que para la apertura de dichos establecimientos se deben considerar costos fijos y variables de operación tales como la renta del inmueble, el pago de servicios, la nómina y la capacitación del personal para el cuidado y atención infantil.
En este sentido, resultan importantes los apoyos que el gobierno pueda otorgar en materia de recursos y capacitación, para iniciar y operar establecimientos que presten este tipo de servicio, bajo la normatividad y monitoreo de la autoridad gubernamental competente.
3. Al problema de la oferta insuficiente de estancias de cuidado infantil -tanto en el sector público como en el sector privado- para cubrir la demanda, se suman las dificultades para pagar y acceder a la escasa oferta existente. Todo ello desemboca en que muchas madres se ven obligadas a dejar a sus hijos en condiciones precarias ante la necesidad de salir a trabajar; buscan opciones de cuidado infantil, que, en el mejor de los casos se resuelve con el apoyo de familiares o vecinos.
Desafortunadamente, ante la necesidad de salir a trabajar, las madres se ven obligadas a dejar a sus hijos pequeños en condiciones poco favorables, que ponen en riesgo la integridad de los menores.
Este tipo de casos han sido documentados ampliamente. Casi la mitad de los padres y madres de niños en edad preescolar entrevistados para el libro Forgotten Families en México , declararon que con cierta regularidad debían llevarse a sus hijos a sus trabajos; un 27 por ciento tenía que dejar a sus hijos solos o en compañía de otros niños y 9 por ciento los dejaba al cuidado de un menor remunerado, para poder asistir al trabajo .15
La investigación referida presenta casos detallados para México, entre los que destaca el de una niña de un año y medio que debía permanecer atada con un rebozo a una mesa mientras su madre trabajaba, lo que de suyo afecta gravemente el desarrollo motor, cognitivo y emocional de la menor. Dicho libro también expone el caso de una madre quien, ante la imposibilidad de acceder a una guardería formal, optó por contratar una persona sin experiencia, compromiso ni sentido de responsabilidad, quien maltrataba a sus pequeños hijos. Ante este tipo de circunstancias, los menores no sólo corren el riesgo de sufrir lesiones y accidentes, sino que tienen bajas probabilidades de tener un desarrollo saludable.
En México es muy baja la proporción de mujeres que paga por el servicio de guardería : sólo 7.4 por ciento de las madres que no cuentan con la prestación de guarderías pagan por este servicio. Esto se debe a que, para generar algún ahorro, las madres optan por encargar el cuidado de los niños a familiares o vecinos, con los riesgos ya apuntados.
4. Es innegable que las mujeres de escasos recursos que se hacen cargo solas de sus hijos no cuentan con una oferta viable de servicio de cuidado infantil. Ante este panorama, muchas se ven obligadas a buscar opciones de cuidado infantil, que, en el mejor de los casos se resuelve con el apoyo de familiares o vecinos y en condiciones precarias o riesgosas para los mejores.
El principal efecto de la falta de opciones viables para el cuidado infantil para madres solas en condiciones de vulnerabilidad, se traduce en una baja participación laboral, o una menor permanencia en el empleo. Esto a su vez, conduce a una baja acumulación de experiencia laboral necesaria para crecer profesionalmente, y a que los ingresos aportados al hogar permanezcan bajos .
Este panorama deja a las madres solteras y padres solos con hijos pequeños y de escasos recursos con pocas posibilidades de tener más y mejores ingresos, debido a que la dificultad de acceder a servicios de cuidado infantil es una barrera para incorporarse y permanecer en un empleo . De esta manera se genera un círculo vicioso en el cual, al no contar con el tiempo necesario para seguir capacitándose o para permanecer en un empleo formal, disminuyen las oportunidades laborales y por ende de mejorar sus condiciones de vida.
5. Frente a esta “crisis del cuidado”, el gobierno está obligado a diseñar e implementar políticas públicas eficaces y eficientes que ofrezcan alternativas de cuidado infantil orientadas a las familias de escasos recursos, con el doble propósito de facilitar la búsqueda y permanencia en el trabajo de las mujeres solas con hijos pequeños, contribuyendo a la generación de ingresos; y generar condiciones propicias para el desarrollo de los niños pequeños, en una etapa fundamental para su crecimiento y formación.
Sobre el particular, la Ley General de Desarrollo Social , consigna el deber del Ejecutivo Federal de formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales y brindar oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las “personas en situación de vulnerabilidad”, entendiendo por grupos vulnerables “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”.
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) puesto en marcha a partir de 2007, está diseñado para dar cumplimiento a ese mandato, pues está dirigido a madres y padres solos con hijos pequeños (de 1 a 3 años 11 meses), en hogares vulnerables (que perciben hasta seis salarios mínimos) quienes, por cuidar a sus hijos, no pueden acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar.16
La población potencial del PEI se distribuye 51.4 por ciento en áreas urbanas y 48.6 por ciento en rurales. A la fecha, conforme a las cifras que publica SEDESOL, en el país se encuentran en operación 9,315 Estancias; en las que son atendidos 303,956 niños; beneficiando a 289,294 personas. 17
6. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que esta Soberanía al aprobar el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios , que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia , economía, honradez y transparencia.
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.
Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, “Desarrollo Social”, entre ellos, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se destinarán en las entidades federativas, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad , de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados , mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.
III. Proposición
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, instale y ponga en funcionamiento en el corto plazo, un mayor número de Estancias Infantiles en el Estado de Guanajuato, para que las mujeres de escasos recursos, especialmente las afectadas por el fenómeno migratorio, puedan confiar el cuidado de sus hijos menores de edad, permitiéndoles la búsqueda de un trabajo remunerado o el desempeño y cuidado del que ya tienen o una mayor capacitación o profesionalización.
Notas
1 Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Población de 15 años y más de edad; consultable en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
2 Ídem.
3 Inegi, ENOE III trimestre de 2017
4 Ídem.
5 Fuente: Inegi. Sociodemografía y género.
6 Angón, Carmen; Destaca Guanajuato por su alta migración, AM 40, 10 de marzo de 2014; https://www.am.com.mx/leon/local/destaca-guanajuato-por-su-alta-migraci on-91568.html
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Cepal, Panorama social de América Latina 2009. Capítulo IV. Consultable en
https://www.cepal.org/es/publicaciones/1232-panorama-soc ial-america-latina-2009
10 El Diagnóstico fue elaborado en apego a los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2009. Documento consultable
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/pei_di agnostico.pdf
11 Inegi – IMSS, Encuesta Nacional de Empleo, 2004
12 Además del IMSS e ISSSTE se consideran las instituciones de seguridad social estatales y los hospitales de Pemex, de la Sedena y de la Semar. Cifras al primer trimestre de 2009. Inegi, ENOE.
13 Castaños, Nora. “Abre tu centro de desarrollo infantil”. Soy Entrepreneur, 2008. www.soyentrepreneur.com.
14 Profeco. “Para el cuidado de sus pequeños... Guarderías”. Revista del Consumidor, julio de 2004. Profeco. “Profeco le dice cómo elegir una guardería”. Boletín no. 25, julio de 2004.
15 Heyman, Jody (2006), “Forgotten Families: ending the global crisis confronting children and working parents in the global economy”. Oxford University Press. Página 21.
16 Reglas de Operación del Programa publicada en el Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección-Vespertina, sábado 30 de diciembre de 2017.
17 Sedesol, Portal de Obligaciones de Transparencia, cifras al cierre de septiembre de 2018.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inapam y los gobiernos locales a establecer acciones para vincular a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al gobierno de las entidades federativas, para que establezcan acciones que vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, la demanda de bienes y servicios y el mercado laboral y financiero, principalmente.1
La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 1, establece a la letra: “El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación de la sociedad.”2
La igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo o de otras opciones constituyen derechos fundamentales que deben ser garantizados a los adultos mayores, a través de los cuales logren obtener un ingreso propio y desempeñarse de forma productiva.
Aprender un oficio, un arte o un taller se ha convertido en una opción laboral para este sector de la población, pues a través de la venta de cualquier objeto logran apoyar su propia economía, con el propósito de subsistir.
Las personas adultas mayores poseen amplios conocimientos y experiencias que pueden compartir y enriquecer a las sociedades, ya sea por necesidad o por el gusto de aprovechar su tiempo libre; tienen ante sus manos una nueva oportunidad de generar riqueza de manera profesional.
Para dimensionar la magnitud de esta situación, cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que hay 962 millones de personas con 60 años o más, es decir, un 13 por ciento de la población mundial.3
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que, en sus 24 países miembros, la proporción de trabajadores con edades entre 45 y 64 años respecto a la población total de trabajadores pasará de 32 por ciento de 1980 al 41.3 por ciento esperado para el 2025; es decir, para esta fecha algo menos de la mitad de los trabajadores tendrá más de 45 años.4
En el caso de México, los adultos mayores constituyen un sector poblacional relevante. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) existen poco más de 10 millones de mexicanos de 60 años y más. No obstante, se estima que únicamente 18 por ciento de este sector son remuneradas y goza de prestaciones laborales; además, hay un gran número de adultos mayores que busca trabajo, pero la oferta laboral no es suficiente.5
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2018 en el sector poblacional de adultos mayores, se tuvieron los siguientes resultados:6
-El porcentaje de población económicamente activa (PEA) de 60 años o más, es de 34.1 por ciento. En este universo (5 120 459 personas) se encuentra la población ocupada, la cual representa 98.9 por ciento y el complemento (1.1 por ciento) son personas de edad que buscan trabajo.
-Casi la mitad de la población ocupada de 60 años o más (49.6 por ciento) trabaja por cuenta propia.
-Conforme a su actividad de ocupación, 21.3 por ciento de la población ocupada de 60 años o más se dedican a actividades elementales y de apoyo, 20.8 por ciento son trabajadores agropecuarios y 15.2 por ciento son comerciantes, empleados y agentes en ventas.
En comparación con el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años fue de 33.9 por ciento; en los hombres de 50.9 por ciento y en las mujeres de 19.6 por ciento.7
Por edad, dicha tasa fue de 3.5 veces mayor en la población de 60 a 64 años (49.6 por ciento), respecto a la que tiene 75 y más años de edad (14.3 por ciento). Cabe señalar que el porcentaje de la población de 60 y más años que no es económicamente activa era del 66.1 por ciento, y de estos, más de la mitad se dedica a los quehaceres del hogar (54 por ciento).
Dos aspectos que se distinguen de la población ocupada que tiene 60 y más años (4.8 millones), es que prácticamente la mitad laboró por cuenta propia (49 por ciento) y aunque la proporción no es tan grande, existe población que no percibió remuneración alguna por su trabajo (4.4 por ciento).
Por otro lado, de los adultos mayores que se ocuparon de manera subordinada y remunerada (37.8 por ciento), la mayoría no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo (60.8 por ciento); laboró sin tener un contrato escrito (61.8 por ciento) y casi la mitad (47.7 por ciento) no contó con prestaciones. De hecho, 73.2 por ciento trabajaba de manera informal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 20 .3 por ciento de los adultos mayores declaró haber sido discriminado en los servicios médicos, transporte público y familia en el último año, en tanto que el 24 por ciento de este sector poblacional declaró al menos un incidente de negación de derechos fundamentales, en los últimos cinco años.8
En nuestro país, los retos son mayúsculos respecto a garantizar los derechos de este sector vulnerable de la población, ya que a pesar de que existe un número importante de disposiciones en las que se reconoce la igualdad de oportunidades laborales, sus derechos se ven restringidos y sufren discriminación por motivos de edad en el acceso, permanencia y dignificación del trabajo.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es una institución que promueve la igualdad e inclusión de los adultos mayores al sector productivo. La bolsa de trabajo del instituto se ha convertido en una importante plataforma para lograr la inserción de los adultos mayores en el campo laboral, colocando a miles de personas de 60 años o más, en distintas áreas de la administración pública y privada.
Dicho instituto cuenta con las herramientas necesarias que garantizan el bienestar y salud de las personas adultas, contribuyendo en su desarrollo humano y asistencia social mejorando su desarrollo y calidad de vida.
Resulta fundamental generar las condiciones que permitan a los adultos mayores realizar actividades, no sólo como un medio para que puedan obtener algún ingreso, sino también, para su distracción y aprovechamiento de sus contribuciones a la sociedad.
De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al gobierno de las entidades federativas, para que instrumenten acciones que vinculen a los adultos mayores para que cuenten con un empleo bien remunerado.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al gobierno de las entidades federativas, para que establezcan acciones que vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país.
Notas
1 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
2 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a -70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
3 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
4 http://uprl.unizar.es/informacion/anteriores/edad.pdf
5 https://www.gob.mx/inapam
6 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ed ad2018_Nal.pdf
7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf
8 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 6 de noviembre del año 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los ayuntamientos mexiquenses en el periodo 2019-2021 a incorporar en su Plan de Desarrollo Municipal y presupuesto acciones y obras para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y el equipamiento e instalaciones de uso público en zonas urbanas y rurales, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El hecho de no implementar políticas públicas en la corrección del equipamiento urbano, instalaciones de uso público, banquetas, estacionamientos, entradas a edificios públicos, se puede considerar como una abierta violación a sus derechos humanos y acciones de discriminación hacia las personas con discapacidad, las cuales viven día a día en una constante exclusión y marginación, lo cual da como resultado el incumplimiento del Estado en relación a los acuerdos firmados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.
En su artículo 4, De las obligaciones generales, la convención establece:
“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
Artículo 9
Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;”
En nuestro país, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece:
“Capítulo IV
De las Facilidades Arquitectónicas, de Desarrollo Urbano y de Vivienda
Artículo 13. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.
Las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
Artículo 14. Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus trabajadores con alguna discapacidad.
Artículo 15. Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, equipamiento urbano y espacios públicos se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:
I. Que sean de carácter universal y adaptados para todas las personas;
II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.
Por otra parte, en el estado de México, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, en materia de la presente proposición establece:
Artículo 42. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento, a contar con preferencias que les permitan su traslado en la vía pública y en los medios de transporte, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales.
Corresponde al Instituto realizar las siguientes acciones:
I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, movilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público;
II. Salvaguardar que en los términos de la ley respectiva, las unidades concesionadas de transporte público y sus instalaciones, garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios;
III. Fomentar la inclusión de especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;
IV. Vigilar que los prestadores de servicio público de transporte reserven, para ser utilizados por personas con discapacidad, los asientos que según las normas establezcan, conforme a los siguientes requerimientos:
a. Deberán estar situados cerca de la puerta o puertas de acceso de los vehículos y contarán con un emblema o leyenda que los identifique;
b. Podrán ser utilizados por cualquier usuario, en tanto no sean requeridos por alguna persona con discapacidad.
V. Fomentar la realización e implementación de programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público;
VI. Propiciar que en las avenidas principales del estado y los municipios la instalación, adecuación o diseño de semáforos con señales acústicas, banquetas con sendas de huella táctil y placas en escritura braille, con el nombre de la calle o avenida, a una altura accesible para el promedio de la población invidente;
VII. Garantizar que las personas con discapacidad cuenten con zonas reservadas en la infraestructura vial, debidamente señalizadas, para el ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad en las terminales y rutas de transporte público; y
VIII. Las demás que determinen la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.”
Es decir, el estado y los municipios tienen obligaciones con las personas con discapacidad de todos los municipios. Es ineludible su cumplimiento.
Otra consideración a tomar en cuenta es el aspecto presupuestario.
El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad contiene subsidios federales que se destinan a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública incluyente.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Fondo contó con 500 millones de pesos, de los cuales al estado de México le asignaron $54,517,629 pesos; en el ejercicio 2017 a la entidad le tocaron $48,738,760 pesos, en el 2016, le correspondieron $65,421,154; en el año de 2015 se le asignaron $65,421,154, y en el ejercicio 2014 la entidad contó con $54,517,628.
En cinco años la Federación, vía el Fondo, a la entidad se le asignaron $288,607,325 pesos. ¿En dónde están las obras, las adecuaciones, los autobuses accesibles?. ¿Qué se hizo con este dinero?
Además de lo anterior, es para su servidora una preocupación por el poco avance que hay en la materia en la mayoría de los estados del país y con más frecuencia en las zonas rurales y de población indígena y que en la mayoría de los municipios se carece de políticas públicas y planeación del equipamiento urbano para personas con discapacidad, así como oficinas gubernamentales y en el equipamiento de instalaciones de movilidad. Y no vamos muy lejos, en varias estaciones del Mexibus, de la Línea 2, que corre de la Quebrada, Cuautitlán Izcalli, a las Américas, Ecatepec, en el estado de México, se carece de cualquier accesibilidad para el acceso de personas con discapacidad.
Catorce por ciento de la población con discapacidad en el país habita en la entidad; es decir, el estado de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Prevaleciendo la incapacidad motriz provocada por accidentes y la congénita, y es la que presenta mayores limitaciones en accesibilidad. Con base en estadísticas del Inegi de 2010, habitan 530 mil personas con discapacidad, en otro conteo se refieren a más de un millón de personas.
De ahí la importancia por la cual presento la siguiente proposición, para que los gobiernos municipales cumplan con la normatividad vigente.
Con fundamento en lo motivado y con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosa del federalismo y la división de Poderes, exhorta a las autoridades municipales del estado de México del trienio 2019/2022, a integrar en sus planes de desarrollo municipales y su presupuesto, las acciones y obras para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico y el equipamiento urbano, así como a las instalaciones abiertas al público o de uso público.
Asimismo, incorporar recursos financieros federales y locales en sus presupuestos de egresos que permitan realizar la infraestructura necesaria para la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Indautor a intervenir a fin de celebrar nuevamente la asamblea para elegir de manera nominal entre los grupos participantes al Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Santiago González Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Consideraciones
El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) es un órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la creatividad; controlar y administrar el registro público del derecho de autor; mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos.
El Indautor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios.
El instituto tiene como misión salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.1
Los directivos de esta institución no cumplen con la misión que rige a la misma, ya que en la elección de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia que celebraron para la Sociedad Mexicana de Directores, Realizadores de Obras Audiovisuales, Somedire, la cuales lamentablemente se llevaron a cabo de manera fraudulenta al más puro estilo del viejo régimen. En dicha jornada se violaron principios básicos de la Ley Federal de Derechos de Autor, tal como el de proporcionalidad, que refiere: El director que más dinero ingrese a la Somedire más dinero le debe corresponder, y en la actualidad, los que ingresan menos dinero son los más beneficiados del patrimonio de la entidad y, por lo tanto, de esa manera adquieren más votos, al grado de incurrir en sobrerrepresentación prohíbe la Ley.
Por lo que los que se ostentan como ganadores hacen de su arbitrariedad su mejor método para continuar con el poder, convocando a una contienda en la que se aplicó un estatuto inexistente, pues este no está registrado ante autoridad competente para estar legitimado y vigente.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor, licenciado Manuel Guerra Zamarro, a que intervenga para que sea posible celebrar nuevamente la asamblea para la elección del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Sociedad Mexicana de Directores, Realizadores de Obras Audiovisuales, Somedire, de manera nominal entre los grupos participantes, con el objeto de esclarecer y transparentar los resultados, de los cuales se manifiestan irregularidades por parte de los grupos participantes.
Nota
1 Ficha Descriptiva Indautor
https://www.indautor.gob.mx/ficha-descriptiva.php
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Santiago González Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al TSJ de la Ciudad de México a considerar la no reelección de su presidente y establecer, con arreglo al principio constitucional de paridad, medios que generen equidad de género en el proceso respectivo, a cargo de la diputada Kehila Abigaíl Kú Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Fundamento
La suscrita, Kehila Abigail Kú Escalante, diputada federal del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
I. Controversia con la Constitución Federal y de la Ciudad de México en la reelección del Presidente del Tribunal.
En el marco de la transición de presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Magistrado Presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez pidió su reelección del cargo como Presidente, basado en la reforma del 6 de junio de 2014 al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (Ciudad de México), y mismo que a la letra indica:
Artículo 33. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto por una sola vez para el periodo siguiente. Será electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mediante escrutinio secreto, en sesión que habrá de celebrarse en el mes de noviembre del año previo a su mandato.
El periodo de ejercicio del Presidente iniciará en el mes de enero del año que corresponda y rendirá la protesta de Ley ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la primera sesión.
Se pretende la reelección y que el periodo ejecutivo sea de 3 tres años, cuyo argumento principal lo hacen consistir en que aún no se encuentra vigente la Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017 y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, misma que en su artículo décimo primero transitorio establece lo siguiente:
Décimo Primero. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución.
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018; así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de enero de 2019.
...
El argumento del Presidente del Tribunal, es que la Constitución Política de la Ciudad de México en el rubro judicial entra en vigencia hasta el 1 de junio de 2019, fecha en la cual deben estar creadas las Leyes que la rijan; cabe preguntarse si dichas Leyes podrían contrariar el Principio Constitucional Local expreso de la no reelección, siendo la respuesta que evidentemente no podrían estar en contra del mismo, por lo tanto, dicho principio se mantendría vigente desde hoy y aún después de junio de 2019.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus preceptos de manera general, y muy particularmente en las normas que dan vida al Poder Judicial Local prevén la reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, afirmación que se sustenta en el hecho de que la Carta Suprema cuando determina reelecciones lo hace de manera textual, tal es el caso de los diputados federales y locales, senadores, Magistrados e integrantes de Ayuntamiento, fuera de estos casos no existe reelección posible amparada en la Constitución. Por ende, la reelección pretendida del actual Presidente del tribunal no se encuentra al margen de la Constitucionalidad.
Ahora bien, conforme al artículo 1 transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en vigor el 17 de septiembre de la presente anualidad, excepto en la materia electoral solo en los supuestos expresamente establecidos en los artículos transitorios que la integran .
Así las cosas, en esta Constitución en su artículo 35 inciso b numeral 9 establece lo siguiente:
Artículo 35
Del Poder Judicial.
A.
B. De su integración y funcionamiento
9. Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado.
A la simple lectura se advierte que ni la Constitución Federal respecto del poder judicial local, ni la de esta Ciudad Capital, ambas vigentes, prevén como legal la reelección del cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, como lo pretende hacer el actual Presidente del mismo.
Aún más los artículos transitorios vigésimo noveno y trigésimo de la Constitución Política local obligan a todas las autoridades de la Ciudad de México a adecuar su actuación conforme a los principios y derechos reconocidos en la misma, así como que los ordenamientos legales aplicables que se encuentran vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución “... continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en esta” , basta tener una mediana comprensión de lectura para llegar a la convicción de que el artículo 33 de la Ley Orgánica mencionada y en el cual pretende apoyar su elección el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, está por demás en franca, total y auténtica contradicción tanto con la Constitución Federal como con la Constitución Local y por ende pierde vigencia e inaplicabilidad, apartándose con ello de los principios y derechos reconocidos por dicha Constitución cuyo origen es el propio Poder Judicial de la Ciudad de México.
Existen en derecho principios generales respecto de la sucesión de normas en el tiempo que dan luz a su aplicación, uno de ellos es que la Ley posterior deroga automáticamente a la Ley anterior, así las cosas, el multirreferido artículo 33 de la Ley Orgánica nace con la reforma del 6 de junio de 2014 en tanto que la Constitución Local entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, aún por éste principio estaría derogada la disposición de la Ley Orgánica Local.
Otro principio más que resultaría vulnerado sería el de la Supremacía Constitucional, como lo serían en el presente caso la Federal y la Local que evidentemente están por encima de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
II. Paridad de género en la elección de presidentes del Tribunal.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es el órgano en el cual recae la materialización de la función judicial; sus orígenes datan desde 1855. Después de 128 años de creado el Tribunal, en 1983, la Magistrada Clementina Gil Guillen de Lester, fue electa como Presidenta del Tribunal, siendo la primera mujer en ocupar tan importante cargo.
Han transcurrido 35 años desde entonces, y ninguna otra mujer ha dirigido el rumbo del Poder Judicial en la Ciudad de México, no obstante, que han existido y aún existen mujeres con gran capacidad para hacerlo. Esto se traduce como una posición masculinizada, lo que viola los principios de la CEDAW, por impedir la participación de las mujeres al más alto cargo de dirección en el tribunal, que es donde se dicta y se lleva a cabo la política judicial para la administración e impartición de justicia.
Actualmente, los sucesos sociales y políticos, demuestran que está permeando un cambio en la mentalidad de la sociedad; cada vez son más las mujeres que avanzan y ocupan los cargos desde donde se toman las decisiones importantes que fijan el rumbo de nuestra Ciudad. Por ejemplo, actualmente se cuenta con una Jefa de Gobierno electa por primera vez en la historia; en el Congreso Local, existen 33 legisladoras y una de ellas es su líder.
El Tribunal Superior de Justicia, no puede quedarse atrás, es tiempo de sacarlo de ese rezago y romper con las estructuras patriarcales que han predominado en la institución desde su creación. Por ello, si se quiere un cambio real en el Poder Judicial de la Ciudad de México, es necesario que lo presida una mujer.
Las mujeres están tomando conciencia de su propia valía y demostrando con capacidades y talentos, que son aptas en igualdad con el hombre, para desempeñar cualquier función pública.
Es tiempo de abandonar las ideas proteccionistas y acciones bienestaristas, que lejos de empoderar a las mujeres, no hacen más que perpetuar el estigma de que necesitan ser protegidas. Las mujeres, han demostrado plena capacidad para dirigir su propio destino.
Por ello, debe ser una mujer quien tome las riendas de la institución que se encarga de la administración de justicia en la Ciudad de México. Porque no es posible garantizar a las y los ciudadanos una impartición de justicia en igualdad y no discriminación, cuando desde el interior de la institución encargada de ello, esa igualdad no existe.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a tomar en consideración la no reelección del Presidente del Tribunal, ya que, en apego al principio constitucional de paridad, se establezcan mecanismos que generen equidad de género en la elección del mismo.
Resolutivos
Primero. Se le exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siendo conscientes de la división de poderes y en ánimo de generar cambios positivos, a que considere los artículos, las leyes, normas y reglamentos que hablan sobre la no reelección, a fin de dar rotación en el cargo de presidente del tribunal, además de respetar la legislación vigente.
Segundo. Se le exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a que en apego al principio constitucional de paridad se establezcan mecanismos que permitan la equidad de género en la elección del magistrado o magistrada que ocupe la Presidencia del Tribunal, así como en la integración del mismo.
Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre del 2018.
Diputada Kehila Abigail Kú Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los calentadores de agua solares y los que funcionan con respaldo de combustible gas LP o natural, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Ana Lilia Guillen Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, relativo a los calentadores de agua solares y calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utilizan como combustible gas L.P. o gas natural.
Consideraciones
En la actualidad, además de las energías primarias, como el petróleo, carbón y gas natural, que son fuentes susceptibles de agotamiento y que, además, deterioran el medio ambiente, existen otro tipo de energías más seguras y menos contaminantes, llamadas renovables, que producen energía de forma natural, como son, el sol, el viento y el agua, cuyo aprovechamiento no agota la fuente de la que se obtiene.
Ante ello, en atención a que el agua es un recurso natural, vital para la subsistencia del ser humano e indispensable para el desarrollo de sus actividades diarias, se ha buscado una alternativa económica, natural e inagotable, mediante los calentadores solares, empleando la energía solar para calentarla y evitar la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes.
De ahí, que el 28 de agosto de 2018, se publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o gas natural. Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado, aparentemente, con el objetivo de regular el rendimiento térmico, ahorro de gas y especificaciones de seguridad de los calentadores solares de agua; sin embargo, dejando de lado el interés social y la promoción de la energía solar en todas
sus formas, se excluyeron los calentadores solares de baja presión y tubos evacuados, provocando una evidente competencia desleal.
Lo anterior es así, pues la precitada Norma oficial, en su apartado referente a los métodos de prueba de resistencia a la presión hidrostática y de resistencia al impacto, contiene algunas peculiaridades, que tienen como finalidad, prohibir la importación, fabricación y comercialización, específicamente, de los calentadores solares de agua de baja presión y de tubos evacuados.
Tomando en consideración que, en relación al primero de ellos, resulta injustificable la exigencia de una presión mínima para operar con tanques elevados de hasta 30 metros de altura, cuando los calentadores solares de agua de baja presión, son aptos para operar con tinacos, aun ubicados a 1.5 metros de altura, además, de que se contrapone con lo establecido en la norma internacional para calentadores solares de agua ISO 9806:2017 (9806:2013 versión español), que únicamente dispone que la presión de ensayo debe ser 1,5 veces la presión máxima de operación especificada por el fabricante.
Ahora, por lo que ve al método de prueba de resistencia al impacto, cuyo objeto es determinar hasta qué punto el calentador solar soporta los efectos causados por granizo, resulta incongruente establecer que éste deba practicarse con una esfera de acero y no así, con bolas de hielo como lo establece la ISO 9806:2017. Máxime, que la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, ha señalado que no se tiene información alguna respecto de la dimensión del granizo en los eventos registrados, y que además son atípicos.
Especificaciones, que impiden la libre competencia, pues la referida Norma, únicamente regula la comercialización de los calentadores solares de cama plana o colector plano de alta presión, no obstante, que más de 16.6 millones de hogares en México pueden usar equipos que no trabajen a presiones cercanas a las que se exigen, tan es así que, desde su entrada al mercado, los calentadores solares de baja presión y tubos evacuados, han garantizado el acceso seguro al calentamiento solar de agua, siendo los más idóneos para más de 30 millones de casas que usan un tinaco, en donde habitan 72 millones de mexicanos, de los cuales únicamente 815 han presentado quejas en todo el país, durante el periodo comprendido entre los años 2012-2018, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Procuraduría Federal del Consumidor.
Concentrando así, en un monopolio, un artículo de consumo necesario y obligando a los consumidores, a pagar precios exagerados, con una ventaja exclusiva e indebida a favor de personas determinadas, contrario a lo establecido por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que de forma puntual prohíbe los monopolios, cuya práctica es severamente castigada por la ley y debe ser perseguida con eficacia por las autoridades. Aunado de un costo elevado de los calentadores de los dos tipos, dejando sin la obtención de un salario a 39,000 empleados directos y 120,000 empleos indirectos.
Por lo expuesto y considerando un asunto de urgencia notoria y obvia resolución, expongo al pleno de este honorable Congreso de la Unión, para su votación y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La honorable Cámara de Diputados exhorta al secretario de Energía, al secretario de Economía, al director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, al Director General de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaria de Economía. y al director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; proceda a la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas LP o gas natural.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al secretario de Energía, al secretario de Economía, al director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, al director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaria de Economía y al director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; hagan público el estudio de las características que cumplen con los estándares de seguridad de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 en comparación con la Norma Oficial Mexicana ISO 9806:2017.
Tercero . La honorable Cámara de Diputados exhorta al secretario de Energía, al secretario de Economía, al director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, al director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y al director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; para que integren una nueva Norma Oficial Mexicana que regule de forma adecuada e incluyente, a todos los equipos de calentamiento solar de agua, partiendo de una revisión minuciosa de los puntos relativos a los métodos de prueba de resistencia a la presión hidrostática y de resistencia al impacto, con la participación activa de todos los sectores interesados.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a realizar una investigación minuciosa sobre posibles prácticas monopólicas relativas a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, así como la investigación de concentraciones Ilícitas con fines de lucro en la realización de dicha norma oficial mexicana.
Quinto. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a promover la libre competencia y el crecimiento de la competitividad de las empresas mexicanas, así como impulsar el acto regulatorio ante las tendientes prácticas monopólicas.
Sexto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a difundir entre los consumidores publicidad positiva de las diferentes empresas de calentadores solares de agua para generar confianza entre los mismos, fomentadas en normas oficiales mexicanas que correspondan a productos técnicos científicos dirigidos a la satisfacción eficaz y que contengan todos los estándares de seguridad establecidas.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer acciones y diseñar programas sociales en pro de las madres jefas de familia para mejorar su bienestar, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados para que fortalezcan las acciones y, en su caso, diseñen programas sociales de apoyo para las madres jefas de familia, a fin de mejorar su bienestar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización de la Naciones Unidas (ONU) establece que la familia es uno de los pilares de la sociedad, que ha experimentado una gran transformación desde hogares más pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, el aumento del número de divorcios y con ello el crecimiento de familias monoparentales.1
Asimismo, indica que, ante todos estos cambios sociales, algunas familias experimentan dificultades a la hora de cumplir con sus responsabilidades y les cuesta cada vez más ocuparse de los niños y de las personas mayores, así como ayudar a que los niños aprendan el funcionamiento de la vida en sociedad.
La Academia Americana de Pediatría indica que en la actualidad existen familias reconstituidas (padrastros, madrastras, hijastros), familias con un padre soltero, familias de parejas no casadas, ya sea del mismo o del sexo opuesto; hogares donde viven miembros de diferentes generaciones, familias adoptivas, familias sustitutas, y familias en donde los abuelos u otros parientes están criando a los hijos.2
En este sentido, uno de los sectores más vulnerables en la sociedad son las familias constituidas solamente por madres solteras, ya que de ellas depende en la gran mayoría de los casos el mantenimiento de sus casas y el cuidado de sus hijos, situación que se vuelve sumamente complicada por los obstáculos que aún persisten en la sociedad como es la discriminación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, 33.5 por ciento de las mujeres no unidas de 15 a 54 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo, son solteras, es decir, nunca cohabitaron con el padre de sus hijos.3
La proporción de quienes tienen un solo hijo es mayor entre las mujeres más jóvenes y se observa un incremento en el número de hijos conforme aumenta la edad.
Más de la mitad de las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo se declara como hija de la jefa o jefe del hogar (55.8 por ciento) y 34.5 por ciento son jefas de hogar. Asimismo, se observa que entre más años tengan las mujeres de este grupo, se incrementa el número de jefas del hogar.
Las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, en general, presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres en tanto que cuentan con menos redes de apoyo, y la desventaja puede incrementarse en las que ejercen la maternidad a edades tempranas. El embarazo en la adolescencia puede tener repercusiones sociales y económicas negativas para estas madres y sus familias.
Se estima que, del total de mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, aproximadamente la mitad (44.3 por ciento) cuentan con estudios completos de primaria o tienen al menos un grado aprobado en secundaria o terminada la misma, 8.7 por ciento no tienen instrucción o no concluyó la educación primaria, y sólo una quinta parte (21.3 por ciento) cuenta con nivel superior.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017 indica que siete de cada 10 mujeres solteras de 15 años y más de edad con al menos un hijo nacido vivo, no reciben apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno o de alguna persona que vive en un hogar distinto al suyo.
La necesidad de cubrir los gastos propios y de sus hijos de salud, alimentación y vivienda, entre otros, impulsa a las madres solteras a incorporarse al mercado laboral. De acuerdo con la misma encuesta del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, 41.8 por ciento trabajaron.
Cabe destacar que 31.2 por ciento se encuentran en el sector informal, 12.2 por ciento en el doméstico remunerado, 38.6 por ciento están insertas en empresas y negocios, así como 16.4 por ciento laboran para instituciones.
Con relación al ingreso por trabajo que reciben las mujeres solteras ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, una quinta parte de ellas (22.2 por ciento), gana un salario mínimo o menos por el trabajo que desempeñan, 30.6 por ciento hasta dos salarios mínimos y 29.6 por ciento dos o más salarios mínimos.
Ante esta situación, el Gobierno Federal ha impulsado varios programas sociales para el apoyo a madres como los subsidios a hogares en situación de pobreza para adquirir, construir, ampliar o mejorar su vivienda, que son otorgados por el Programa Apoyo a la Vivienda del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
La Secretaría de Desarrollo Social, ha desarrollado un programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras mediante subsidios que van desde los 900 pesos hasta los 1,800 mensuales, este programa está enfocado a los servicios de cuidado y atención de los hijos e hijas o niñas y niños que estén bajo su cuidado, en edades comprendidas entre 1 y 3 años, 11 meses de edad (un día antes de cumplir 4 años) y entre 1 y 5 años con 11 meses (un día antes de cumplir 6 años) para el caso de niñas o niños con discapacidad comprobada.4
La Secretaría de Educación Pública ha otorgado a las jóvenes madres mexicanas una beca de 850.00 pesos mensuales, que abarca hasta por 10 meses en el año, con la finalidad de que inicien o continúen sus estudios.5
El “Seguro para madres jefas de familia” brinda a hijas e hijos en estado de orfandad materna, de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años), apoyos económicos que van de los 330 a los 2,040 pesos mensuales, a entregarse de manera bimestral, con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, con alcance nacional a las 32 entidades federativas.6
Otro programa es el llamado “Apoyo a Madres Jefas de Familia otorgados para la formación profesional (Licenciatura y formación técnica de tercer nivel)”, es un instrumento de ayuda creado por el Gobierno mexicano para que las madres solteras, jefas de familia, culminen su formación profesional.
Este programa tiene la finalidad de fortalecer la formación profesional de las madres solteras, divorciadas, separadas o viudas que cursen estudios profesionales (especialización técnica o licenciatura de tercer nivel) en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas que pertenecen al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) del Conacyt, para que alcancen el 100 por ciento de los créditos académicos, y se facilite su inserción en el ámbito laboral, para lograr su independencia económica.7
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.8
En razón de lo expuesto, es que solicitamos que los gobiernos de los estados, fortalezcan las acciones y, en su caso, diseñen programas sociales de apoyo para las madres Jefas de Familia, a fin de mejorar su bienestar y el de sus familias.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados, para que fortalezcan las acciones y, en su caso, diseñen programas sociales de apoyo para las madres jefas de familia, a fin de mejorar su bienestar.
Notas
1 http://www.un.org/es/globalissues/family/
2 https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/family-dynamics/typ es-of-families/Paginas/default.aspx
3 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ma dre2018_Nal.pdf
4 https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancias-infantiles-pa ra-apoyar-a-madres-trabajadoras
5 https://www.becas.sep.gob.mx/beca/27/show
6 https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/seguro-de-vida-para-jef as-de-familia
7 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/apoyo-a-madres-j efas-de-familia
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de noviembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los despidos de trabajadores ocurridos en diversos periódicos de circulación nacional, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Santiago González Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los tiempos de esta administración, vivimos con la herencia de políticas del viejo PRI, que provocan la concentración de la propiedad de medios de comunicación, la inestabilidad laboral, el cierre de medios de comunicación, despidos masivos, agresiones, amenazas en el ejercicio de la libertad de expresión y la violación de los derechos humanos.
Se hace un llamado a las autoridades laborales para mantenerse atentos y actuar a favor de los trabajadores de los medios de comunicación, ante la reciente ola de despidos masivos en los diferentes periódicos de circulación nacional, tales como La Jornada, La Crónica, Reforma y Milenio, entre otros ya que en los últimos días estos periódicos han manifestado un inminente despido de personal, y esto es preocupante.
Propongo que ante la vulnerabilidad laboral en que se encuentra el gremio periodístico, y las prácticas nocivas de algunos patrones de los diversos medios de comunicación electrónicos, en el sentido de subcontratar, evadiendo las obligaciones laborales de sus contratos colectivos, les sean revocadas las concesiones.
Por lo tanto, la ley secundaria de la reforma laboral que está por presentarse, debe tomar en cuenta e incluir claramente dicha situación, además de instrumentar un mecanismo para acabar con la simulación que las empresas practican comúnmente
Independientemente del estado político y social que guarda el país, los medios de comunicación son empresas que deben estar sujetas a la nueva realidad, sin menoscabo de los derechos laborales de sus trabajadores, con la obligatoriedad de cumplir y respetar a cabalidad los derechos d ellos trabajadores como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
Es una realidad que muchos medios simulan el pago de sus trabajadores, registrándolos en el IMSS con un salario mínimo y pagando externamente un complemento como prestación, con el consiguiente daño que esto ocasiona y que no solo es una evasión de impuestos, sino que también genera un daño patrimonial al fondo de pensión y de retiro de las y los trabajadores, ya que al final de sus años laborales se enfrentaran con una raquítica e insuficiente pensión.
Por lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Prevención Social, licenciado Roberto Rafael Campa Cifran, a que intervenga en la situación de los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores que se han generado en diferentes periódicos de circulación nacional; a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Santiago González Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la protección y salvaguardia de los niños y los adolescentes que viajan solos en la caravana migrante centroamericana, a cargo de la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracciones I y II del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones contextuales, culturales y estadísticas
a. Migración Internacional
Según datos del Banco Mundial (BM) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en los últimos 8 años, los datos globales señalan que la migración internacional ha aumentado de modo vertiginoso, pasando de ser 173 millones de personas en el año 2000,1 a 222 millones en el año 2010,2 y a 244 millones en 2015.3
Factores como escases de trabajo, así como la ola de violencia que se ha desatado en diversos países, especialmente latinoamericanos, han sido los principales causantes de este tipo de migración, siendo Estados Unidos de América uno de los principales países para residir.
Asimismo, las estadísticas señalan que las mujeres y niños representan un poco menos de la mitad de los migrantes internacionales. La proporción de niños y mujeres migrantes cayó del 49 por ciento en 2000 al 48 por ciento en 2016, mientras que los hombres encabezan la lista siendo el 65 por ciento.4
a. Migración infantil en América Latina
Dentro del fenómeno migratorio, países como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y México encabezan la lista de los principales países con población altamente migrante; entre ellos, se encuentran niñas, niños y adolescentes, algunos de los cuales van en compañía de sus padres, de sus familiares u otros más que migran solos o con algún grupo de amigos.5
Si bien es cierto que los causantes internacionales de la migración afectan las decisiones de los infantes a migrar, existen otro tipo de factores adheridos a dicha decisión, como la pobreza, la violencia intrafamiliar e incluso la trata con fines de explotación sexual y laboral que sufren en su país de origen.6
Las estadísticas señalan que tan solo en el año 2015 había en Estados Unidos casi 250 millones de migrantes de origen mexicano, guatemalteco, hondureño y salvadoreño; de los cuales el 10 por ciento de los migrantes eran niñas, niños y adolescentes (NNA) que oscilaban entre los 8 y 15 años de edad.
Además, el número de menores asegurados por las autoridades mexicanas pasó de 10 mil 353 en 2008 a sólo 4 mil 43 en 2010, año en el que alcanzó su punto más bajo. En 2012 volvió a repuntar cuando 6 mil 100 menores fueron asegurados; creciendo en 2013 a 8 mil 350 y en 2014 a 21 mil 547.7
Hasta el 2013, la gran mayoría (alrededor de 80 por ciento) de las niñas, niños y adolescentes alojados y repatriados por la autoridad migratoria mexicana estaba constituida por adolescentes de entre 12 y 17 años.
Sin embargo, en 2014 se alcanzaron cifras mucho más altas en el aseguramiento de menores migrantes, y casi cuatro de cada diez niñas y niños tenían de entre 0 y 11 años de edad. Es decir, en 2014 aumentaron los dos grupos de menores que pueden ser considerados de mayor vulnerabilidad por razones de género y edad.
La gran mayoría de los menores extranjeros asegurados en México son originarios de los países centroamericanos, principalmente originarios de Guatemala (46 por ciento) y Honduras (33 por ciento).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niñas y niños y adolescentes que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, aproximadamente 18 mil viajan solos. Al mismo tiempo, en el 2007, 5 mil 771 infantes centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.
b. Caravana migrante y NNA migrantes
El 12 de octubre de 2018, la caravana de migrantes, proveniente predominantemente de Honduras y en menor cuantía de Guatemala, ha sido un fenómeno que no sólo ha llamado la atención del gobierno encabezado por Donald Trump, sino por los gobiernos de México, Guatemala y Honduras.
Y es que no es para menos, pues aunado a las razones ya mencionadas como detonantes de la migración, los fenómenos de delincuencia, encabezados por el grupo denominado “los maras” y las pocas posibilidades de empleo dentro de sus fronteras.8
Entre el 19 y el 22 de octubre, su llegada a la frontera sur de México ha llamado la atención debido a que dicha movilización está generando gastos y transferencias de parte de instituciones nacionales para su atención, entre ellas la Segob a través del INM, el Sipinna y la Comar, la SRE, la CNDH, el gobierno del estado de Chiapas, entre otros, además de los organismos internacionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos.
En este sentido, dadas las circunstancias y las estadísticas antes citadas, es de carácter indispensable velar en todo aspecto por las niñas, niños y adolescentes migrantes, toda vez que en la travesía a la que valientemente se enfrentan son vulnerables tanto física como mentalmente y en su mayoría victimas de diversas violaciones a sus derechos.
Además de ser cooptados por el crimen organizado, con el fin de sumarse a ellos en el tráfico de personas y de drogas al grado de perder la vida en los enfrentamientos que estos llegan a tener con carteles opositores.
Es por ello, que se debe abordar el tema de la protección de estos menores, garantizar y salvaguardar sus derechos, así como su integridad física y asegurar su bien jurídico tutelado el cual es la vida.9
No obstante,
• La UNICEF, ACNUR, ACNUDH y la ONU, al día de hoy no han mandado ninguna ayuda humanitaria, aunque expresan su preocupación hacia este hecho de la caravana y expresan su preocupación, por las vías diplomáticas, en la defensa de los derechos humanos.
• El Programa Interinstitucional de Atención a Menores Migrantes y Fronterizos no se ha posicionado al respecto ni genera esquemas de protección que garanticen la integridad de los menores. Además de estar únicamente presente en la frontera norte del país.
Para que el punto de acuerdo que se refiere tenga éxito y sea turnado a las comisiones pertinentes, es necesario realizar ciertas consideraciones que a continuación se presentan.
Consideraciones
1. Respecto al Instituto Nacional de Migración
Que el Instituto Nacional de Migración, por medio de la Secretaría de Gobernación, y con fundamento en el artículo 71 de su normatividad, establezca grupos de protección especializados en la atención de las a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados dentro de la caravana de migrantes proveniente de Centroamérica y que se encuentren en territorio nacional, además de garantizar su protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.
Que de acuerdo a las actividades habituales de los Grupos Beta se brinde atención especializada en materia de rescate y salvamento de las niñas, niños y adolescentes que viajan solos, así como de asesoría legal y orientación; sin violentar, intimidar o vulnerar su integridad.
2. Respecto al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)
Que de conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 89 al 101, garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de las niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos dentro de la caravana.
Que, a través del artículo 96 de la presente ley, queda prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3. Respecto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Que, a partir del principio del interés superior de la niñez, es obligación del DIF el de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como también la de atender a esta población que viajan solos en la caravana y la de habilitar espacios, alojamiento, alimentación y atención psicológica a través de los sistemas nacional, estatales y municipales.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, propongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Única. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración para que a través de las funciones que le confiere la Ley de Migración y su Reglamento, trabaje conjunta y coordinadamente para coadyuvar los esfuerzos con el Sipinna y el DIF Nacional, Estatal y Municipal en materia de atención, protección y salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes que viajan solos en la caravana, así como de establecer la oportuna y pronta comunicación con las representaciones consulares de sus países de origen, sobre los procedimientos de protección consular, alojamiento y situación jurídica; de conformidad con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de los migrantes.
Notas
1 Cfr. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ el día 26 de octubre de 2018. Lo que equivalía al 2.8 por ciento de la población mundial.
2 Ibídem. Que representa un 3.2 por ciento de la población mundial.
3 Ibídem. Que representa un 3.3 por ciento de la población mundial.
4 Cfr. https://elpais.com/internacional/2017/03/08/mexico/1488949162_923238.ht ml el día 26 de octubre de 2016.
5 Colef, Detención y devolución de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados, páginas 5-7, México 2015. Que ofrece una visión y una clasificación más amplia respecto a la migración infantil y de adolescentes.
6 Cfr. Íbid. Páginas 7-11.
7 Ibídem.
8 De modo más específico: 1) Honduras tiene las tasas más altas de muertes violentas según la ONU, todo esto generado por pandillas y la violencia de género. 2) Según la ACNUR la violencia de pandilla está impulsando el éxodo de los hondureños. 3) Los hondureños han privatizado todos los servicios como la salud; la educación y ahora tiene todos estos tienen que comprar todo para poder sobrevivir. 4) La mayoría de los entrevistados, niños y adolescentes, mencionan al grupo de “los maras” como motivo de su decisión para migrar.
9 Cfr.
https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.ht m 29 de octubre de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Beatriz Silva Robles Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas y reducir así el número de accidentes, sobre todo en zonas urbanas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas urbanas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El uso desmedido de automóviles en las ciudades ha provocado que los niveles de congestionamiento vial se conviertan en una grave situación, que impacta negativamente la movilidad de las personas, así como en un evidente problema de contaminación al medio ambiente por la emisión de gases producidos por la combustión de la gasolina y otros aditivos.
Por lo anterior, las personas han optado por utilizar otras opciones de movilidad, como es el uso de bicicletas, principalmente, ya que es un vehículo accesible, no es fuente contaminante, ayuda a mejorar la condición física de las personas que las usan y son muy fáciles de guardar y transportar, especialmente en las ciudades.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud, por lo que representa un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el clima.1
De acuerdo con diferentes medios periodísticos, se estima que existen alrededor de mil millones de bicicletas en el mundo, es decir, que en promedio por cada 5 humanos hay una bicicleta.2
El 87 por ciento de la producción mundial de bicicletas son realizadas por países como China, India, la Unión Europea, Taiwán y Japón. Se estima que solamente en China tenía un 58 por ciento del mercado global en 2004.3
Amsterdam es la ciudad donde más se usa la bicicleta, puesto que más del 75 por ciento de sus habitantes tiene una y la mitad la usa todos los días. Además, el 90 por ciento de la ciudad cuenta con ciclovías.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a mediados del presente año declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta y anunció la creación de un fondo para evitar muertes a causa de incidentes de tránsito.4
La creación de dicho fondo obedece a que cada día mueren en el mundo 1.3 millones de personas en accidentes viales, entre conductores, pasajeros y peatones (incluyendo a los usuarios de bicicletas).
A través del Día Mundial de la Bicicleta, se invita a los Estados miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular, mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, sobre todo, en la prevención de lesiones.
En México, según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 44.4 por ciento de la población que asiste a la escuela utilizó como principal medio de traslado algún vehículo automotor. En tanto 53.3 por ciento se trasladó caminando a la escuela, 1.4 por ciento se trasladó en bicicleta y 0.9 por ciento utilizó otro medio de transporte.5
Por otra parte, 54.1 por ciento de las personas que se trasladaron a trabajar, lo hicieron utilizando algún vehículo automotor. Asimismo, el 32.4 por ciento respondió que se traslada a su centro de trabajo caminando, en tanto que 6.7 por ciento utiliza la bicicleta como medio de transporte principal y 2.6 por ciento utiliza otro medio.
Respecto al total de accidentes viales en zonas urbanas o suburbanas ocurridos durante el año 2013, 77.3 por ciento tuvieron como consecuencia solo daños materiales a los vehículos involucrados; 21.6 por ciento al menos uno de los conductores, ocupantes del vehículo, ciclistas o peatones involucrados en el accidente, resultó con lesiones que requirieron atención médica; y 1.1 por ciento tuvo consecuencias fatales para al menos uno de los involucrados.
Para ejemplificar esta situación, en promedio, cada año fallecen al menos seis ciclistas en accidentes viales en la Ciudad de México. En gran medida son ocasionados por la imprudencia de conductores automovilísticos, así como por la falta de señalamientos e infraestructura y la falta de protección y pericia de algunos de los ciclistas.
Según la Encuesta de Origen-Destino, publicada por el Inegi en 2017, señala que en el 35.9 por ciento de los hogares de la Ciudad de México y Área Metropolitana, existen 2 millones 118 mil de bicicletas, aunque no todas son utilizadas como un modo de transporte cotidiano.6
Según la misma encuesta, de las 15.62 millones de personas que transitan cotidianamente la zona metropolitana, sólo el 2.2 por ciento usan la bicicleta de forma regular para realizar traslados, es decir, cerca de 340 mil ciclistas activos de forma ordinaria.
Se considera que la bicicleta es el medio de transporte más rápido en la capital, con un promedio de 16.4 kilómetros por hora; le sigue el automóvil con 15 kilómetros por hora, el transporte público con 13.3 kilómetros por hora y el Metro con 11.9 kilómetros por hora, según el Programa de Movilidad de la Ciudad. Cada día se realizan en la ciudad alrededor de 135 mil viajes en bicicleta menores a 5 kilómetros.7
Conforme al mapa de infraestructura y equipamiento ciclista de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema), hay 170.1 kilómetros de carriles para vehículos no motorizados, gran parte de ellos asentados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Datos del Inegi indican que de 1997 al 2016, un total de 172 ciclistas han muerto en accidentes viales en Nuevo León. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante el 2017 se reportaron 17 muertes de ciclistas que fueron atropellados en el área metropolitana, esto de acuerdo por el colectivo ciudadano Bicicleta Blanca. De ese número de atropellamientos, 10 se registraron en carretera, es decir, el 58 por ciento.8
La Ley de Movilidad del Distrito Federal establece que la administración pública deberá proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse, a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad.9
Conforme a dicha ley, se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a una jerarquía de movilidad, en donde los peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada se encuentran en primer lugar y los ciclistas en segundo.
La Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco, de acuerdo con su artículo 6, establece como principal finalidad la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del estado y municipios, así como al medio ambiente y al patrimonio cultural del estado, a través de la defensa y protección de los derechos de los peatones, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, ciclistas y usuarios del servicio público de transporte y del resto de los individuos que utilicen las vías públicas.10
Debido a que en años recientes ha aumentado el uso de bicicletas y con ello se han incrementado el número de accidentes, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las políticas públicas en materia de movilidad, en beneficio de los cientos de ciclistas que circulan diariamente por el país, especialmente en las ciudades urbanas, en donde ocurre el mayor número de accidentes por la gran circulación de vehículos.
La seguridad y protección son aspectos esenciales para salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de las personas, por lo que es necesario que se siga trabajando por mejorar la infraestructura y el marco legal, en favor de las personas que utilizan las vías públicas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas, a fin de reducir el número de accidentes, especialmente en las zonas urbanas.
Notas
1 http://www.un.org/es/events/bicycleday/index.shtml
2 http://www.milenio.com/estados/estos-datos-haran-que-quieras-usar-mas-t u-bici-en-la-cdmx
3 http://www.worldometers.info/bicycles/
4 http://www.milenio.com/cultura/la-onu-declara-oficialmente-el-dia-mundi al-de-la-bicicleta
5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf
6 https://mexico.as.com/mexico/2018/04/19/masdeporte/1524113274_196232.ht ml
7 http://www.milenio.com/estados/estos-datos-haran-que-quieras-usar-mas-t u-bici-en-la-cdmx
8 http://www.milenio.com/estados/crece-numero-muertes-ciclistas-carretera s-2017
9 http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_MOVILIDAD_DISTRITO_ FEDERAL_02_04_2018.pdf
10 https://semov.jalisco.gob.mx/sites/semov.jalisco.gob.mx/files/08-10-13- ii_0.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de noviembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar que el cambio de administración no afecte el funcionamiento del programa Paisano en la temporada vacacional de fin de año, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Paisano fue creado en 1989, como resultado de la exigencia de diversas organizaciones sociales, particularmente de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos de América, derivada de la problemática que nuestros connacionales migrantes enfrentaban en su travesía de regreso a territorio nacional, a manos de servidores públicos.
El portal de internet del Instituto Nacional de Migración (INM) señala que el objetivo del Programa Paisano es “Procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las representaciones del INM en Estados Unidos, así como en su ingreso, tránsito y estancia en México y su posterior retorno”.
Asimismo, en el propio portal electrónico se señala que el Programa funciona mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional, donde colaboran 39 dependencias y cuenta con una Dirección Nacional que coordina 32 enlaces estatales adscritos a las delegaciones federales, con 3 representaciones en Estados Unidos ubicadas en los consulados de México en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California y Houston, Texas.
En síntesis, el objetivo central del Programa es proteger a nuestros connacionales y brindarles facilidades durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país.
Si bien es cierto que el programa es permanente, es durante las temporadas vacacionales de semana santa, verano, así como las fiestas de fin de año cuando se intensifica su aplicación.
Es justo reconocer que, desde su creación y hasta la fecha, el Programa Paisano ha funcionado razonablemente bien. Sin embargo, también es necesario señalar que, lamentablemente, a veintinueve años de su creación, la situación no ha cambiado mucho; nuestros paisanos continúan siendo víctimas de extorsión, robo y abuso de autoridad por parte de diversas autoridades mexicanas, desde militares, agentes policiales de todos los niveles de gobierno, hasta agentes migratorios.
Nos encontramos muy cerca de la temporada vacacional de fin de año y esta vez coincidirá con diversos factores que resulta necesario tener en consideración; por un lado el relevo en la administración federal el próximo 1 de diciembre, por otro lado, el paso de la caravana migrante procedente de Centroamérica con destino a Estados Unidos de América, misma que ha generado ya una reacción hostil por parte del gobierno del vecino país del norte, que ha anunciado ya el despliegue de fuerzas militares en la frontera con México.
Ante tal panorama, es indispensable garantizar la adecuada operatividad y funcionamiento del Programa Paisano, a fin de salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros connacionales que regresan a México para la temporada navideña, que dará inicio a partir del 1 de noviembre.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la operatividad y funcionamiento del Programa Paisano durante la temporada vacacional de fin de año, con el fin de salvaguardar la seguridad y derechos de nuestros connacionales durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a trabajar en coordinación con el equipo de transición del próximo gobierno, a fin de que el cambio de administración no afecte la normal operación del Programa Paisano.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención y el combate al abigeato en Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita Ediltrudis Rodríguez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I del artículo 6 y numeral 1, fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El campo rural de nuestro país se caracteriza por una fuerte presencia de actividades económicas primarias, entre ellas, la ganadería.
El sector ganadero ha enfrentado varias trasformaciones a lo largo del tiempo. El continuo proceso de globalización y los cambios demográficos han configurado un nuevo entorno para este sector.
De igual manera, la industria pecuaria mexicana crece sistemáticamente, lo que ha propiciado que nuestro país se ubique como uno de los principales productores de carne a nivel mundial.
Ahora bien, el delito de abigeato implica el robo de ganado en el campo, lo cual perjudica seriamente los activos de ganaderos a nivel nacional, y contabiliza pérdidas millonarias para esta industria.
De este modo, el robo de ganado tiene un efecto directo en los precios de la leche y la carne principalmente, pues su mercado sufre una distorsión que afecta la oferta de estos productos.
Esta conducta delictiva ha sido un problema grave y que con el paso del tiempo ha ido en aumento el número de robo de ganado, pues su comisión, se ha vuelto una práctica común en diversas regiones de la República Mexicana.
Cabe señalar que, en junio del año pasado, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación1 las reformas al Código Penal Federal que tipifican este delito que lesiona el patrimonio de las personas e impacta colateralmente sus finanzas.
Bajo esta tesitura, es importante mencionar que el Tabasco mantiene el tercer lugar a nivel nacional en robo de ganado. Principalmente en los municipios de Macuspana, Centla y Jalpa, con mayor número de incidencias de este delito.
Este delito, en parte, se atribuye al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Sin embargo, también se cree que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad para cometer este hecho ilícito.
En este sentido, la Asociación Ganadera Local General2 del municipio Centro denunció que el delito de abigeato se ha incrementado debido a que los delincuentes pasaron de sacrificar a los animales en los ranchos a robar lotes completos de sus semovientes.
Otro caso similar es el que sufre la región de Los Ríos, conformada por los municipios de Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, en los cuales se concentra el 80 por ciento del ganado, por lo que se convierte en tierra fértil para llevar a cabo esta conducta delictiva.
Lo anterior, debido a que existe una vasta frontera de más de 3 mil kilómetros con Centroamérica que dificulta la implementación de un cerco de seguridad para contrarrestar esta problemática.
Por otro lado, esta situación se agrava por la falta de aplicación de las normas que contempla nuestro sistema jurídico; debido a que el abigeato no se considera como un delito grave y que es susceptible al pago de fianzas muy raquíticas, incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este crimen.
Asimismo, los altos índices de corrupción de las autoridades locales han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad y corrupción que se presenta a la hora de denunciar este delito.
En virtud de lo anterior, se estima necesario generar acciones que salvaguarden la riqueza pecuaria; así como proporcionar certidumbre jurídica a los productores ganaderos.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de sus facultades, exhorta de manera respetuosa al gobierno estatal y a los presidentes de los municipios de Centro, Macuspana, Centla, Jalpa, Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, de Tabasco, en la medida de sus atribuciones, implementen y fortalezcan las estrategias para prevenir y combatir con firmeza el delito de abigeato.
Referencias
1 https://novedadesdetabasco.com.mx/2018/10/05/abigeato-de-delito-grave-a -sancion-administrativa/
2 http://www.diariodepalenque.com.mx/2018/09/reportan-preocupante-aumento -en-robo-de-ganado-en-tabasco/
3 https://www.inforural.com.mx/se-mantiene-tabasco-en-tercer-lugar-en-abi geato/
Notas
1 DOF: 23/06/2017. Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.
2 Asociación ganadera local general: organización que agrupa a ganaderos que se dedican a la explotación racional de cualquier especie animal, en un municipio determinado. Fracción II, artículo 4, Ley de Organizaciones Ganaderas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a fortalecer las campañas informativas en el Buen Fin, y evitar que los consumidores caigan en fraudes y salvaguardar así su patrimonio, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamentos en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezca las campañas informativas durante El Buen Fin, a efecto de que los consumidores eviten caer en fraudes y así salvaguardar su patrimonio , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) establece que El Buen Fin surge como una iniciativa del sector privado y el sector público con el objetivo de reactivar el mercado interno y contribuir así a la generación de empleos impulsando el bienestar de las familias de México mediante la implementación de cuantiosos descuentos en los miles de productos y servicios que se puedan ofertar.1
Durante este año, El Buen Fin se realizará los días que comprenden del 15 al 18 de noviembre, en donde se presentarán ofertas que van del 10 al 80 por ciento de descuento en miles de productos y servicios, y en muchas ocasiones a meses sin intereses cuando los consumidores deseen hacer sus pagos con tarjetas de crédito.
De acuerdo con los funcionarios del gobierno federal, se esperan ventas superiores a los 97 mil millones de pesos que fueron registrados en 2017 a nivel nacional. Los consumidores tendrán beneficios y descuentos en alrededor de 60 mil establecimientos, cifra que supera a la registrada en el 2012, que fue de 40 mil comercios.2
Las ventas de las pequeñas y medianas empresas (casi 60 por ciento del total) pasaron de 21 mil 300 millones de pesos en 2011 a 53 mil 500 millones de pesos en 2017, mientras que las ventas de las tiendas departamentales y de autoservicios crecieron de 18 mil 700 millones de pesos en 2011 a 39 mil 200 millones de pesos en el año anterior.
De igual manera, en 2011 las ventas a través de medios electrónicos (tarjetas de débito, crédito y departamentales) fueron de casi 21 mil millones de pesos, mientras que en 2017 ascendieron a 63 mil millones. Por lo anterior, el incremento en el uso de tarjetas de crédito pasó del 26 por ciento a 33 por ciento en relación al total de ventas, respectivamente.
Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, la edición 2018 dejará una derrama económica de 19 mil 600 millones de pesos en la capital, dichos ingresos representarán un incremento aproximado de 4.5 por ciento respecto a las ventas alcanzadas en 2017, cuando fueron de 18 mil 800 millones de pesos.3
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prevé que este año se integren más de 100 mercados públicos. Asimismo, en 5 mil locales de los 329 mercados públicos de esta ciudad se cuenta con terminales para recibir pagos electrónicos.
Entre los productos de mayor venta se encuentran pantallas, celulares, tabletas electrónicas, laptops, bocinas, artículos de línea blanca, colchones, camas, ropa para toda la familia y juguetes. De acuerdo con la Canaco, las ventas del Buen Fin han mantenido una tendencia al alza desde su primera edición en 2011, de 8 por ciento a 13 por ciento anual.
En la ciudad de Saltillo, Coahuila, la Administración Fiscal General lanzará promociones importantes en el tema de licencias, de control vehicular, así como de personas físicas y morales que tienen algún adeudo en alguna contribución de impuesto estatal, y con ello mantenerse al corriente con sus documentos personales y el pago de sus impuestos.4
En Michoacán se prevé que las empresas participantes incrementen sus ventas hasta en un 45 por ciento, puesto que tan sólo en la edición pasada, se registraron un total de 767 empresas en todo el estado, aunque en el Centro Histórico de la capital michoacana participaron cerca de 800 negocios quienes reportaron ventas por 50 millones de pesos.5
En el estado de Yucatán se tiene una expectativa de ventas superior a 6 mil millones de pesos en 10 mil comercios, aunque en esta edición habrá una significativa reducción del dinero disponible porque el sector afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) observa un escenario complicado para que muchas industrias puedan adelantar una parte proporcional del aguinaldo a sus empleados, como lo harán el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida y el gobierno federal.6
En San Luis Potosí se espera que participen más de 12 mil comercios y se estima que las ventas de estos se incrementen entre un 10 y 12 por ciento, comparado con el año pasado.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que durante 2017 se atendieron 3 mil 675 asesorías a los consumidores y consiguió 374 reclamaciones durante esta edición. Asimismo, el monto recuperado fue de un millón 445 mil 640 pesos, cifra que rebasó el 20 por ciento del monto recaudado en favor de los consumidores en comparación con el año anterior
Durante la edición del año pasado, en el estado de México se presentaron 75 quejas oficiales y más de mil 500 asesorías en la Profeco, así como 41 detenidos por diversos ilícitos, mientras que en la Ciudad de México se reportaron 103 quejas de consumidores, Querétaro con 56, Chihuahua con 49 y Nuevo León con 47.7
Los productos con el mayor número de reclamos fueron por la compra de pantallas, celulares, colchones, ropa y bocinas. Los principales motivos de reclamo de consumidores fueron no respetar las promociones u ofertas anunciadas, así como los precios exhibidos, condicionar o negar la venta, ofrecer información o publicidad engañosa, aplicar cargos y redondeos sin consentimiento, no exhibir precios y no entregar notas o comprobantes.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece como su objeto el promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.8
Mientras que su artículo 8 establece que la Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
En razón de proteger el patrimonio de los consumidores y de seguir incentivando la actividad economía del país, es fundamental que la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas durante El Buen Fin, a efecto de evitar posibles fraudes por parte de las empresas participantes y así salvaguardar los derechos de los consumidores.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que fortalezca las campañas informativas durante el Buen Fin, a efecto de que los consumidores eviten caer en fraudes y así salvaguardar su patrimonio.
Notas
1 http://www.buenfin.concanaco.com.mx/que_es_buen_fin.php
2 https://www.proceso.com.mx/553977/el-buen-fin-sera-del-16-al-19-de-novi embre-esperan-ventas-mayores-a-97-mmdp
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Canaco-espera-derrama-de-19600-millones-de-pesos-por-El-Buen-Fin-20181030-0063.html
4 https://vanguardia.com.mx/articulo/habra-buen-fin-hasta-para-tramitar-l icencias-en-saltillo
5 https://www.quadratin.com.mx/principal/preven-aumento-de-ventas-por-el- buen-fin-de-45-en-michoacan/
6 https://www.yucatan.com.mx/merida/cuatro-dias-con-ofertas-y-rebajas-par a-el-buen-fin
7 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cdmx-y-edomex-campeones-en-qu ejas-del-buen-fin-384547.html
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_250618.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de noviembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar la desaparición de 100 miembros de la caravana migrante en Ciudad Isla, Veracruz, y sancionar conductas probablemente constitutivas de delitos y violaciones de derechos humanos por autoridades mexicanas contra ella, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La caravana de migrantes provenientes de Centroamérica que se encuentra en tránsito por el territorio nacional, es un recordatorio de las condiciones de pobreza y falta de oportunidades en la región que obligan a las personas a emigrar en busca de mejores perspectivas para sí y para sus familias. Algo que a las y los mexicanos no nos resulta ajeno, por el contrario, sabemos que México no sólo es paso, sino también fuente de migración.
Por ello, resulta preocupante lo aseverado por el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien dio a conocer que aproximadamente unos cien migrantes integrantes de la caravana, desaparecieron tras abordar camiones de redilas, en Ciudad Isla, Veracruz. Lo anterior, con base en el testimonio de familiares y amigos de las personas desaparecidas, que aseguraron llevar horas sin poder contactar a los desaparecidos.
Señaló también que, según testimonios, dichas personas habrían sido dejados a la altura de la Policía Federal en la carretera México-Puebla.
Las autoridades han asegurado que la dispersión de la caravana en Veracruz, supone un aumento de riesgos para los migrantes en tránsito, sin embargo, sobre el caso de las cien personas desaparecidas no ha habido, hasta el momento, ninguna información oficial.
Como es bien sabido, las personas migrantes que transitan por el territorio nacional se encuentran en situación de vulnerabilidad ante los abusos cometidos por servidores públicos federales y locales, pero también por el permanente asedio de que son objeto por parte de organizaciones de la delincuencia organizada.
Es por ello que preocupa la dispersión de la caravana, debido a que coloca a sus integrantes en una mayor situación de vulnerabilidad. Sin embargo, también es justo decir que las acciones y detenciones llevadas a cabo por autoridades mexicanas han incitado dicha dispersión. Tan es así, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que las y los migrantes han recibido contención policiaca y poca asistencia humanitaria por parte de las autoridades mexicanas, lo que deja en claro la visión del gobierno mexicano sobre este movimiento migratorio.
Ciertamente, podríamos haber esperado que muchos de los integrantes de la caravana tomaran camino por cuenta propia, sin embargo, ello no es, ni nunca ha sido impedimento para que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de esas personas.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a investigar la desaparición de cien integrantes de la caravana migrante en Ciudad Isla, Veracruz, y activar los protocolos necesarios para su localización.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el asedio de organizaciones de la delincuencia organizada en contra de las y los integrantes de la caravana migrante en su tránsito por territorio nacional.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y a los ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respetivas competencias, a investigar y sancionar conductas probablemente constitutivas de delito y violaciones a derechos humanos, cometidas por autoridades en contra de las y los integrantes de la caravana migrante.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reforzar la aplicación de la normativa regulatoria y ejercer de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por el IEPS a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, a cargo del diputado Érik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Érik Isaac Morales Elvira, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo citado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, en su fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas .
En función de que el ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, deberá destinarse a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas; así como la ejecución de una adecuada estrategia de fomento para la cultura física y deporte que permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en cada materia.
Exposición de Motivos
En los últimos años, en nuestro país se ha presentado un crecimiento en los índices de personas que padecen de diabetes. Los datos arrojados por el informe Panorama de la Salud 2017, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estiman que cerca del 16 por ciento de la población en nuestro país se ve afectada por dicho trastorno. Lo cual implica que, de los países pertenecientes a la OCDE, considerando una media del 7 por ciento de la población con dicha enfermedad crónica, México se encuentra en una situación crítica al rebasar la media de los países miembros, con lo que se posiciona en el primer lugar de padecimientos por diabetes.
En cuanto hace a lo correspondiente a obesidad y sobrepeso, la tasa de México supera en 18.6 por ciento a la media de los 34 países de la OCDE, con 53.9 por ciento. Además, 19.4 por ciento corresponde a obesidad y 34.5 por ciento a sobrepeso.
El estudio realizado por la OCDE destaca que México es de los países con peores hábitos alimenticios, mayor sobrepeso y obesidad en la región, lo cual tiene como consecuencia que las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso representen 7 de las 10 principales causas de muerte, las dos más relevantes son diabetes y enfermedades del corazón.
Por lo que es posible considerar que México tiene una epidemia de obesidad. De acuerdo con la OCDE, se estima que para 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrán obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.
La salud vista como un derecho humano, de acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los tratados internacionales correspondientes, deberá garantizarse su protección y efectividad con el objetivo de promover un adecuado desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.
La omisión en el actuar de las autoridades para combatir la problemática que aqueja a gran parte de la población, propicia una serie de dificultades derivadas, tales como la inminente debilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por los altos costos que genera la atención médica, la disminución en la calidad y esperanza de vida de las y los mexicanos, y la disminución en la productividad que ocasiona un desbalance en el desarrollo personal, profesional y económico.
Según la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, ocasionado por los factores siguientes:
-Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y
-Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; la cultura física y deporte; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación.
Para ello, al inicio de la gestión del gobierno saliente se propuso, sin resultados óptimos, una Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes. En ella se proponían medidas enfocadas a estabilizar y revertir el proceso y las implicaciones que se han generado por los altos índices de sobrepeso y obesidad.
Aunado a ello, se consideró la posibilidad de adoptar la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud mediante una estrategia integral que no sólo tuviera su base en la prevención y atención médica, sino que también sea posible incidir en cambios al estilo de vida, la promoción de una alimentación correcta y la disminución del sedentarismo, a través de acciones en diversos entornos, como lo son el familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.
Sin embargo, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto de salud disminuyó más de 20 por ciento durante este sexenio. Las finanzas públicas y el sector salud se han encontrado limitados en tratar a aquellos pacientes afectados. Ante tal situación, el IMCO se ha encargado de analizar los siguientes preceptos que se reflejan en lo siguiente:
-Cobertura insuficiente: más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud;
-Desabasto de medicamentos: solo el 61 por ciento de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud lograron obtener todos los medicamentos para cubrir su tratamiento.
-Largos tiempos de espera: en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los sistemas estatales de salud, los tiempos de espera aproximadamente son de dos a tres veces mayores que en el sector privado, respectivamente.
Situación por lo que resulta indispensable considerar que el problema de la diabetes y el sobrepeso no se soluciona con la implementación de una estrategia en lo particular, sino que debe ser acompañada de alternativas que en su conjunto puedan lograr un mayor impacto. Los que sí es claro es que la escasa actividad física es factor para un menor gasto calórico, situación que acompañada de los inadecuados hábitos alimenticios propicia la problemática de salud por la que está pasando nuestro país.
México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años, advirtió la OCDE en su informe Panorama de la Salud 2017, tal como se mencionó anteriormente.
El 72.5 por ciento de la población en la nación tiene esos problemas, de los cuales, 33.3 por ciento tiene obesidad y 39.2 por ciento sobrepeso. En los últimos 10 años el porcentaje de población con obesidad se incrementó 3.3 por ciento; no obstante, Estados Unidos continúa siendo el país con mayor población con ese mal, 38.2 por ciento tiene esta condición.
“Las altas tasas de obesidad son uno de los principales problemas de salud pública”, subrayó el organismo.
La obesidad está reduciendo drásticamente la calidad y esperanza de vida en México, al constituir un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, indica la OCDE.
México es el país con la tasa de obesidad más alta en adultos de América Latina y ocupa el sexto lugar en los índices de obesidad de niños y adolescentes, señala un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con el informe, la tasa de obesidad de adultos en México es de 28.9 por ciento de la población, seguido por Argentina (28.3 por ciento), Chile (28 por ciento) y Dominica (27.9 por ciento), entre otros países.
En cuanto a la tasa de obesidad en los niños y adolescentes (entre 5 y 19 años de edad), México ocupa el sexto lugar de la región con un 14.8 por ciento de la población, seguido de Bahamas (con 17.3 por ciento), Argentina (16.9 por ciento), Chile (15.2 por ciento), Dominica (15 por ciento) y República Dominicana (15 por ciento).
“Con los estudios que hemos hecho en la OMS, en estos momentos recomendamos subir el impuesto a las bebidas azucaradas hasta un 20 por ciento, México subió el 10 por ciento, eso es un gran paso, pero lo recomendable es que aumentara a un 20 por ciento”, remarcó Willumsen.
Explicó además que aparte del aumento de impuestos, también es recomendable incentivar un cambio de dieta hacia verduras, frutas y alimentos frescos, con la subvención de esos productos para ayudar especialmente a las personas con bajos ingresos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad: siete de cada 10 adultos, cuatro de cada 10 jóvenes y uno de cada tres niños.
Ante tal situación, en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes se establecieron parámetros que permitieran fomentar una mayor cultura de la actividad física, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tuviera objetivos claros en la promoción y fomento del deporte a través de la aplicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte mediante la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para fomentar, promover e instrumentar mecanismos que permitieran el desarrollo de actividades deportivas y con ello lograr la preservación del derecho a la cultura física y el deporte promovido por el artículo 4o. de la Constitución mexicana.
Sin embargo, la estrategia se quedó en buenas intenciones porque durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se presentó una importante reducción del presupuesto a la Conade, mismo que asciende a un 70 por ciento aproximadamente.
En el año de 2013, se emitió el primer presupuesto del gobierno de Peña Nieto, en el cual se destinaron cerca de 7 mil 179 millones de pesos para la Comisión Nacional de Deporte, sin embargo, en el 2018 apenas se lograron canalizar 2 mil 108 millones de pesos, lo cual no sólo vuelve fallida la estrategia para prevenir y erradicar la obesidad y la diabetes, sino que también da pauta a que por la omisión de establecer adecuadas políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de la persona se vulneren derechos como el de cultura física y práctica del deporte.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tratado reconocido en razón del artículo 133 de la Constitución Política, se menciona que “la educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz, y que para lograr la procuración de un derecho al deporte de calidad todo el personal, tanto el profesional como el voluntario, debe tener acceso a una formación, una supervisión y un asesoramiento apropiados”.
En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte se exhorta a que los poderes públicos, en todos sus órdenes de gobierno, favorezcan las actividades físicas y deportivas en función de la aplicación de las normas correspondientes y de las políticas que permitan, a través de disposiciones fiscales adecuadas, la promoción, el estímulo y el control.
Tanto los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Ley General de Cultura Física y Deporte y demás disposiciones aplicables, son claros en considerar como derecho de todas y todos los mexicanos el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, atribuyendo la obligación al gobierno mexicano de proveer las herramientas necesarias para su satisfacción plena.
Aunque para lograr una disminución en la problemática de salud es indispensable la ejecución de otras estrategias como la reducción en la ingesta de comidas de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, mismas que en el abuso de su consumo ocasionan enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión.
Tal situación propició la implementación de un impuesto por el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con una alta densidad calórica, con el fin disminuir su consumo derivado del alza en los precios.
En cuanto hace a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 2, fracción I, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cuota del impuesto aplicable será de $1.17 por cada litro. En cuanto hace a los alimentos no básicos con densidad calórica alta, tales como botanas y productos de confitería, en términos del artículo 2, fracción I, inciso J, del mismo ordenamiento, se establece un impuesto del 8 por ciento.
Situación que ha propiciado una creciente y siempre por encima de las expectativas recaudación por dicho impuesto especial. Según el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se estima la recaudación de 46 mil 545.5 millones de pesos por concepto de IEPS sobre bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica.
Tal es el caso que, en el primer trimestre del presente año, los alimentos mejor conocidos como chatarra dejaron al erario público ingresos por 7 mil 602 millones de pesos. Para el caso de las bebidas saborizadas, al mismo primer trimestre, el gobierno obtuvo ingresos por 5 mil 709 millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de que el aumento en el cobro del IEPS está íntimamente relacionado con propiciar la reducción en el consumo de los productos gravados, éste no ha sido acompañado de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas originados por su consumo excesivo, tal como lo fueran en los rubros de salud y deporte.
Al contrario, no hay claridad ni certeza de que el destino de los recursos recaudados por el concepto del IEPS se encuentren en programas y proyectos enfocados a solucionar o paliar la problemática en salud por la que pasa nuestro país, manteniéndose una gran opacidad en su uso.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas;
Segundo. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas ocasionadas por los males anteriormente mencionados;
Tercero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a la ejecución de una adecuada estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte, lo cual permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en materia deportiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Érik Isaac Morales Elvira (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer los programas y las acciones para prevenir la deserción escolar en el nivel medio superior, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamentos en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan los programas y acciones que permitan prevenir el abandono escolar entre los jóvenes que estudian la educación media superior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la educación es un derecho humano fundamental que consiste en transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.1
La educación es un instrumento fundamental que ayuda a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y contribuye a generar un panorama de oportunidades más amplio para toda la población.
En este contexto, la educación del nivel media superior es uno de los más importantes de todo el Sistema Educativo Nacional, pero a la vez, es el que presenta mayores rezagos y desafíos ya que miles de jóvenes abandonan la escuela por cuestiones económicas y sociales, principalmente.
A nivel mundial, el abandono escolar entre los jóvenes que estudian la educación media superior, a nivel mundial ha aumentado de manera exponencial, afectando en el desarrollo y calidad de vida de este sector poblacional.
Para ponderar la magnitud de esta situación, basta señalar que de acuerdo con el Banco Mundial (BM) hay 20 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan en toda la región de América Latina.2
Por su parte, el informe La Educación Obligatoria en México 2017 , elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destaca que, aunque se ha incrementado la matrícula escolar, en los últimos seis ciclos escolares más de 600 mil jóvenes dejan la preparatoria. Es decir, 13.33 por ciento de una matrícula de más de 4 millones 500 mil.3
36.4 por ciento de los jóvenes abandona las aulas por motivos económicos; 30 por ciento por cuestiones escolares-educativas; 23.1 por ciento por razones personales y 1.1 por ciento por otras causas.
Es importante mencionar que si bien la matrícula en este nivel educativo se ha incrementado considerablemente, aún es importante la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que se encuentra fuera de la escuela o que deja la educación media superior, cuya tasa de abandono escolar es la más alta de toda la educación obligatoria.
La deserción escolar se presenta, principalmente, en el primer año de preparatoria. De los alumnos matriculados en el primer grado en el ciclo escolar 2013-2014, 23.8 por ciento dejó la escuela, en tanto que en el segundo año la deserción fue de 10.8 por ciento y en el tercero el porcentaje llegó a 6.6 por ciento.4
En la distribución por género, fueron los hombres quienes presentaron una tasa de deserción más alta que las mujeres: 17 y 13.5 por ciento, respectivamente.
El informe del INEE plantea que la trayectoria escolar promedio de los estudiantes desde su ingreso en la educación primaria hasta la educación media superior muestra algunos avances, aunque no los suficientes para garantizar la culminación de la educación obligatoria. En 1990, de cada 100 alumnos que ingresaron a la primaria, sólo 24 culminaron la educación media superior. Para 2013, dicha proporción se duplicó en 48 de cada 100 alumnos.
Asimismo, los factores asociados con el abandono escolar se relacionan con vivir en un entorno vulnerable (por violencia y drogadicción) o pertenecer a un grupo étnico. Asimismo, se estima que entre la población de 15 a 17 años que asiste a la educación media superior, concurren menos a las escuelas quienes presentan alguna discapacidad (49.6 por ciento), habitan en zonas rurales (33.6 por ciento), o bien realizan trabajo doméstico o extradoméstico (39 por ciento).
La deserción escolar es un problema preocupante que limita el desarrollo humano, social y económico de las personas y del país en su conjunto. Se origina por diversos parámetros, causas y circunstancias puede ser voluntaria o forzosa y varía entre los diferentes niveles educativos.
El abandono escolar en el nivel medio superior representa un problema serio que se ve afectado por una diversidad de factores, ya que ocurre durante los primeros semestres.
La deserción de los jóvenes impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a crecimiento económico y superación de la pobreza. Este rezago afecta el logro de otros objetivos nacionales como el apego a la legalidad, que debería ser cultivado como parte integral de la formación en las sucesivas etapas de la educación de los jóvenes.
El reto de disminuir el abandono escolar en la Educación Media Superior conlleva examinar las causas asociadas a este problema las cuales –como se apuntó anteriormente– son de diferente naturaleza e importancia y dependen del contexto en el que se desarrollan.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo escolar 2017-2018 la matricula ascendía a 5.2 millones de jóvenes que estudiaban el nivel medio superior, cifra que representa 14.4 por ciento de la matricula total.5
En tal virtud, resulta esencial que el Estado mexicano debe mejorar las estrategias para atender estos grave rezagos en la materia, así como impulsar apoyos integrales e instrumente programas de inclusión social para los jóvenes.
Sin duda, una educación media superior de calidad, coadyuva de manera decisiva a la construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y próspera, y contribuye al desarrollo económico, a superar la pobreza, combatir la ilegalidad, fortalecer la democracia, defender el medio ambiente, crear empleos, generar riqueza, y vincularla con la era tecnológica y del conocimiento.
De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, refuercen las acciones para prevenir el abandono escolar entre los jóvenes que estudian la educación media superior en todos los planteles del país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan los programas y acciones que permitan prevenir el abandono escolar entre los jóvenes que estudian la educación media superior.
Notas
1 https://es.unesco.org/themes/education
2 http://www.bancomundial.org/es/events/2016/01/07/out-of-school-and-out- of-work
3http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P 1I242.pdf
4 www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_00.html
5 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/
principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover acciones y programas encaminados a la detección oportuna del cáncer de próstata e incluirlos en la estrategia de salud del PND 2018-2024, a cargo del diputado Alejandro Barroso Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Alejandro Barroso Chávez, diputado por el distrito XV del estado de Puebla e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79 numeral 1 y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo, casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfermedad, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS).
Particularmente hablando del cáncer de próstata, éste constituye la segunda causa de muerte en varones y ocupa el cuarto lugar de las causas por esta afección.
En América Latina y el Caribe (ALC), el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en hombres mayores de 50 años, con unos 152 mil nuevos casos y unas 51 mil muertes cada año. Si no se toman medidas, se prevé que para el año 2030 la incidencia del cáncer de próstata en ALC se incremente en 84 por ciento hasta los 280 mil casos y las muertes se dupliquen hasta las 100 mil en esta parte del mundo.
En México, 17 hombres mueren diariamente debido a este padecimiento, además de ser el tipo de cáncer más frecuente en la población masculina; de acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Urología (SMU) y la Secretaría de Salud (Ssa), cada año mueren más de 5 mil mexicanos por esta enfermedad que afecta principalmente a mayores de 45 años.
Es importante mencionar que mueren más hombres de cáncer de próstata al año que mujeres de cáncer de mama. En este mismo sentido, la Sociedad Mexicana de Urología (SMU) señala que de los 15 millones de hombres mexicanos mayores de 50 años que existen en el país, sólo 2.5 por ciento se han realizado al menos una vez la prueba para detectar si padecen cáncer de próstata.
Este padecimiento es una neoplasia hormonodependiente que en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos, por lo que es considerada una “enfermedad silenciosa”, pues mientras las células se transforman y se incrementan pueden pasar hasta diez años sin que se presenten indicios. Por lo general este tipo de cáncer es de crecimiento lento y muchas veces pasa desapercibido para el paciente, pero también pueden presentarse casos sintomáticos.
Esta enfermedad es poco frecuente antes de los 50 años y su prevalencia se incrementa a partir de la quinta década de vida. Más de 65 por ciento de los casos del cáncer de próstata se diagnostica en hombres mayores de 65 años.
La falta de diagnóstico oportuno deviene en que 70 por ciento de los pacientes sean atendidos en etapas tardías debido a que persiste una débil consulta de prevención y solamente 4 por ciento de los varones se somete a exámenes de detección temprana; esto es que de cada 100 mexicanos sólo 4 aceptan hacerse un tacto rectal, debido al menos, en forma parcial al machismo que permea en la sociedad aún en fechas actuales. Por lo que exámenes regulares son la clave para detectar el cáncer de próstata a tiempo para atenderlo y salvarle la vida al paciente.
Ante la problemática que representa esta enfermedad, la Asociación Mexicana de Oncología, la Asociación Mexicana de Urología, la Sociedad Mexicana de Urología Oncológica, así como miembros de la sociedad civil, establecieron la alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata, que busca la homologación de recursos de todas las instituciones, tanto de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras para combatir este padecimiento.
Esta alianza también impulsó el desarrollo y publicación en diciembre de 2017 de la Norma Oficial Mexicana NOM 048 SSA2 2017 “Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la próstata)”. La norma oficial mexicana marca un hito en la atención de este cáncer a nivel nacional, la cual dado su carácter obligatorio brinda las bases necesarias para la óptima atención del cáncer de próstata en todas las instituciones de salud, contribuyendo a unificar positivamente el manejo de esta enfermedad.
De igual manera, se han realizado algunas campañas para fomentar que los hombres se atiendan y revisen de manera anticipada para disminuir las cifras de defunciones anuales; sin embargo, estas han sido insuficientes. El conocimiento y la difusión de la información son vitales para modificar la cultura en la prevención y detección oportuna en el cáncer de próstata. Por ello, es necesario introducir programas permanentes de diagnóstico preventivo, pues está en nosotros cambiar estas estadísticas y ponerle fin al cáncer de próstata de una vez por todas.
Es imperioso que los profesionales de la salud, instituciones, investigadores y sociedad civil conozcan los principales avances en el tema, con el objetivo de contribuir al diagnóstico oportuno de esta enfermedad, lo que contribuirá, por tanto, a la aplicación de mejores tratamientos elevando así las posibilidades de curación, mejorando la calidad de vida de los pacientes y fortalecer los servicios de salud para enfrentar esta enfermedad.
Como legisladores federales estamos obligados a mejorar las estrategias para fortalecer los programas y políticas públicas en materia de salud, con el fin de evitar que padecimientos y enfermedades mortales sigan en ascenso en nuestro país, tal como lo es el caso del cáncer de próstata. Por ello, es de suma importancia que su prevención y diagnóstico oportuno sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a promover acciones y programas encaminados a la detección oportuna del cáncer de próstata y que éstas sean incluidas dentro de la estrategia de salud en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputado Alejandro Barroso Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al pago de pensiones de profesores en BC, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena
La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada por Baja California, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, III, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En octubre pasado presente un punto de acuerdo sobre la deuda pública de Baja California y el día de hoy vemos como esto ha impactado negativamente en el estado.
Hoy miles de maestros jubilados y pensionados han dejado de recibir sus pensiones porque no hay dinero para pagarles, y todos se echan la bolita, el caso es que nadie les paga.
El gobierno federal dice que ya deposito ese recurso y el gobierno local dice que no le ha llegado nada.
Lo advertí, los abusos en que han incurrido estados y municipios respecto a la contratación voraz de deuda, ha provocado en la mayoría de sus casos una crisis de solvencia en sus finanzas.
Este inadecuado manejo de los servidores públicos gubernamentales, ha creado un problema grave, y una gran crisis económica cuyos efectos están dañando a todos los estados y ahora somos los mexicalenses.
En Baja California, en tan solo un año, la deuda del gobierno creció en mil 347 millones de pesos, así lo informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Así, al cuarto trimestre de 2017, el estado se situó como la octava entidad más endeudada del país, por debajo de Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Ciudad de México y Veracruz.
El gobernador del estado, está dentro de los 17 gobernadores que están en la lista de la Auditoría Superior de la Federación por una deuda de más de mil 400 millones que no ha transparentado, junto con Duarte, Moreira etcétera, y no queremos que estén críticas las finanzas del estado. Dicho recurso estaba destinado al DIF, a Issstecali, seguridad pública, programas sociales, obra pública y educación.
Resulta innegable que la falta de monitoreo y leyes efectivas; la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales, y una presidencia débil; han dado como resultado una libertad absoluta e impune a las entidades federativas para endeudarse sin tener conocimiento de un límite.
Ahora se hace evidente lo que advertí no hace mucho, que este problema de no tomar acciones en el caso –que incluyan la transparencia y fiscalización– se corría el riesgo de poner en jaque a la estabilidad macroeconómica del país desembocando en una crisis financiera.
Y ya empezamos, ahora los maestros no sólo padecen los embates de una reforma educativa mal hecha, una reforma laboral aplicada a la educativa, una reforma lesiva en todos los sentidos que solo les quito sus derechos adquiridos, ahora les han quitado sus pensiones a trabajadores jubilados y pensionados, ya no tienen ni para comer, el gobierno estatal dice que es culpa del gobierno federal, que no manda las prerrogativas para cumplir con esta obligación. Que la federación que no ha enviado el apoyo extraordinario a la educación 2018.
Lo cierto es que la estabilidad económica, de salud y emocional de estas personas está en grave riesgo, debido a la falta de pago; muchas de estas personas son todo lo que tiene para subsistir, y es un recurso que legítimamente ganaron y les corresponde.
Tanto los gobiernos estatal y federal deben dejar de cometer abusos en contra de los trabajadores que ya cumplieron con todos los requisitos a lo largo de su vida laboral y que no tienen por qué padecer una crisis que los gobiernos provocaron.
Siempre pugna el gobierno por el mejor trato a las personas, pero debe dejar de ser sólo en publicidad, actuemos en congruencia, señores, demos a los jubilados y pensionados el trato digno que se merecen, porque se lo ganaron, nadie les regala nada, dejen de robarles lo que les corresponde por derecho.
Por lo expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que se investigue donde se encuentran los recursos de los pensionados y jubilados de Mexicali, Baja California, ya que el gobierno federal indica que ya se les otorgó y el gobierno local aduce que no ha recibido tal recurso.
Segundo. Se exhorta al gobierno de Baja California a que, mediante las instancias correspondientes, resuelva de inmediato la falta de pago a maestros jubilados y pensionados.
Dado en Palacio Legislativo, a 6 de noviembre del 2018.
Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, suscrita por los diputados Brenda Espinoza López e Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
Los diputados Brenda Espinoza López e Hirepan Maya Martínez integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar, al tenor de los siguientes
Antecedentes y consideraciones
Que la diputada Brenda Espinoza López, con fecha de 11 septiembre de 2018 inscribió el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, que presentó el jueves 27 del mismo mes y año, al pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de que:
El honorable Congreso de la Unión declare a 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, así como qué a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda la correspondencia oficial del Estado mexicano tenga inserta al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.
Que tendrá una vigencia del 1o. de enero de 2019 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año, asimismo se propuso que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los organismos descentralizados y las demás secretarías, establecerán un programa de actividades para para dar relevancia a la declaración decretada.
En ese orden de ideas, debemos recordar que el 10 de abril de 1919, en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, México, a los 39 años, fue cobardemente asesinado el caudillo del sur, general Emiliano Zapata Salazar.
No podemos dejar pasar por desapercibido qué del general Emiliano Zapata Salazar, mucho se ha dicho y se ha escrito a través de estos casi 100 años de su muerte, y si bien, la historia lo ha puesto en el lugar que merece, como a muchos otros próceres de las libertades que al día de hoy gozamos, sería un despropósito pensar que en unas cuantas líneas se puede hablar de sus logros y de su lucha.
Inspirador de la gente, líder natural, luchador social, con ideales bien plantados, sumó gente a su ejército en principio por el odio a los españoles, y por un ansia del pueblo de tierra, libertad y justicia.
El Plan de Ayala, proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año, escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño y firmado el 25 de noviembre de 1911, expuso los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas: restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados, previa indemnización.
Denunció y desconoció al presidente Francisco I. Madero por su traición de los ideales revolucionarios, consagrados en el Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero, donde invocaba el levantamiento del pueblo contra la dictadura de Porfirio Díaz (porfiriato) y se comprometía a restituir las tierras a los campesinos.
También conocido como el caudillo del sur, fue uno de los líderes más importantes durante la Revolución Mexicana, estando al mando del Ejército Libertador del Sur, Zapata se convertiría en un símbolo de los campesinos desposeídos.
Zapata, durante su lucha, a través de los años acuño frases que al día de hoy encuentran vigencia en la lucha de los que menos tienen, como: “Libertad, Justicia y Ley”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, “La tierra es para quien la trabaja”, “Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno”, “El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”, “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”, “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”, “Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca”.
Debemos recordar a los hombres mujeres que han luchado por las libertades de las cuales gozamos al día de hoy, sería injusto no recordarlos, no rendirles tributo.
Es por todo ello que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de conmemorar y de exaltar a los cien años de la muerte del caudillo del sur. La creación de la comisión especial para conmemorar el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar es indispensable para estar a la altura de las circunstancias y medianamente a la altura de la historia de tan gran ser humano y no solo de él, debemos recordar a las mujeres y a los hombres que junto con él se levantaron en armas, por las injusticias que en esa época laceraban a los ciudadanos del país.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata Salazar.
Segundo. El objeto de la comisión especial será definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de historiadores e intelectuales, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas, y demás similares, en torno a la vida del caudillo del sur, general Emiliano Zapata Salazar.
Tercero. La comisión especial estará integrada por ocho diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.
Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación y hasta el 31 de diciembre de 2019, debiendo entregar un informe final de actividades.
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a definir, articular y llevar a cabo estrategias y acciones estructurales y efectivas para desarrollar instrumentos de coordinación orientados a prevenir y reducir el número de desapariciones, sustracciones, secuestros, homicidios y violaciones de menores, a cargo de la diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Rosalba Valencia Cruz, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
La inseguridad en México forma parte de una de las problemáticas que más lacera a la sociedad. Existen una serie de delitos considerados en el Código Penal como graves, entre los que destacan el homicidio doloso, extorsión, robo, secuestro, violación, trata de personas entre otros.
Lamentablemente en los últimos años el nivel de inseguridad en el país continúa aumentando a diario pese a las estrategias implementadas por el gobierno en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Algunas de las causas de que exista esta inseguridad en el país son las fallas en la política de seguridad, la ineficacia del personal de seguridad e incluso que en ocasiones estos se encuentran coludidos con la delincuencia, la desigualdad económica, el tráfico ilegal de drogas y armas, así como el aumento de la delincuencia organizada.
Uno de los delitos que últimamente se ha disparado es el secuestro que deriva a otro tipo de delitos como la trata de personas, siendo este uno de los más lucrativos en el mundo.
El pasado 30 de julio fue el Día Internacional contra la Trata de Personas. De acuerdo con datos del Senado de la República, entre 16 mil y 20 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran sometidos a algún tipo de esclavitud, además de que cerca de 70 mil son explotados sexualmente, 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.
Aunado a lo anterior alrededor de 21 mil menores son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, siendo en promedio 45 de cada 100 niñas son indígenas.
En el caso de la población infantil, de acuerdo con la asociación civil Humanium, se calcula que cada día cerca de cuatro mil niños son víctimas de trata, siendo esta una de las prácticas más rentables, pues alcanza los 10 mil millones de dólares estadounidenses anuales.
En su mayoría los niños víctimas de trata son vendidos con fines de explotación sexual, prostitución, mendicidad e incluso matrimonio infantil. Lamentablemente en este tipo de prácticas el país se encuentra entre los primeros lugares de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues tan solo en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de catorce años, hasta el 2017, México ocupaba el primer lugar.
Debido a los grandes beneficios económicos que les deja a los tratantes la sustracción y secuestro la desaparición de niñas y niños ha aumentado en los últimos años, sin que se cuenten con cifras exactas de la cantidad de menores que son separados de sus padres o tutores e incluso de aquellos que habitan en los centros de resguardo infantil a cargo del DIF.
El modus operandi de los tratantes se lleva a cabo cuando los infantes son sustraídos de hospitales, de sus hogares, o en la vía pública, a fin de secuestrarlos o, en el peor de los casos, darlos en adopción de manera ilegal dentro y fuera del país, además de explotarlos laboral y sexualmente e incluso para tráfico de órganos.
De acuerdo con el periódico Excélsior y, con base en un informe de UNICEF, a febrero del presente año el 80 por ciento de las 6 mil 257 desapariciones de menores de 18 años en México reportadas hasta noviembre de 2017 corresponden a adolescentes.
Aunado a lo anterior, el Centro de Investigación y Docencia Económica, en su publicación “Desaparición de menores en México, un fenómeno tolerado”, mencionan que en el país no existe una estrategia nacional y un seguimiento por parte de las Procuradurías, e incluso hacen falta investigaciones profundas sobre esta problemática.
Una de las estrategias implementadas y que, de acuerdo con datos del estudio del CIDE, ha dado más resultados es la Alerta Ámber, la cual es un mecanismo de alerta temprana en casos de desaparición de menores que comienza con un comunicado que la policía local y/o federal envía a diferentes medios de comunicación para su rápido esparcimiento entre la sociedad, es transmitida en televisoras, radio, e-mails, espectaculares, redes sociales y señales de tránsito electrónicas.
Es justo mediante las redes sociales y aplicaciones como 911 de la Ciudad de México, por medio de las cuales se notifica la activación o desactivación de dicha alerta, sin embargo este mecanismo no es universal en el país, pues los protocolos de actuación por parte de las Procuradurías deja mucho que desear a pesar de que diversas organizaciones como UNICEF y Redim han mencionado que las primeras horas son cruciales para la localización de una persona desaparecida o extraviada, pues es justo en este tiempo que los menores pueden ser sacados del país e incluso en situaciones más extremas pueden ser abusados sexualmente y asesinados.
En su mayoría para los padres de los infantes la preocupación por la ausencia de sus hijos no da cabida a pensar que pudo ser un secuestro o robo, sustracción, extravío o huida voluntaria, pues concuerdan en que se trata del dolor más lacerante, que aumenta ante la apatía, incapacidad, insensibilidad y falta de coordinación por parte de las autoridades.
Cada día se ven más alertas en redes sociales, medios de comunicación e internet, además de padres de familia y familiares repartiendo o pegando volantes en la calle de manera desesperada, todas estas acciones con la esperanza de localizar al menor con vida.
Lamentablemente en las últimas dos semanas las redes sociales y medios de comunicación se han visto invadidas de noticias que deben preocupar y concientizar a la sociedad. Un ejemplo de ello es lo que le sucedió la semana del 20 de julio a la niña San Juana, menor de edad zacatecana que salió de su casa a la tienda, pero que jamás regresó, pues un vecino la sustrajo, la violó y asesinó.
De la misma forma, el pasado domingo 15 de julio, Ana Lizbeth, de ocho años, fue raptada cerca de su municipio en Nuevo León, por un hombre y posteriormente se encontró su cuerpo envuelto en una cobija en un lote baldío.
Los anteriores son dos casos que evidencian la situación a la que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes del país, pues en ambos casos la búsqueda se dio un día después de su desaparición.
Es alarmante que no exista un procedimiento o un mecanismo por medio del cual no se llegue al extremo de encontrar los cuerpos abandonados de la infancia mexicana e incluso no se tenga un respuesta por parte del gobierno ante un hecho que lacera a toda la sociedad en conjunto.
No se debe permitir la normalización y, por ende, indiferencia por parte la sociedad a los niveles de inseguridad por los que el país está atravesando. Las cifras, aunque son inexactas, muestran el alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes que están desapareciendo ya sea por irse de su casa o por engaños de terceros e incluso por el robo de sus órganos y, en general, por la trata de personas.
Por lo anterior, resulta necesario que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al ser el sistema diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia ante todos los órdenes de gobierno defina, articule y lleve a cabo las estrategias y acciones estructurales y efectivas que permitan desarrollar mecanismos de coordinación con el objeto de prevenir y reducir el número de desapariciones, sustracciones, secuestros, homicidios y violaciones de menores de edad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a definir, articular y llevar a cabo estrategias y acciones estructurales y efectivas que permitan desarrollar mecanismos de coordinación con el objeto de prevenir y reducir el número de desapariciones, sustracciones, secuestros, homicidios y violaciones de menores de edad.
Fuentes de consulta
Bravo, C. (2015). Desaparición de menores en México, un fenómeno tolerado. 25 de octubre de 2018, de CIDE sitio web: http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/361/147150.p df?sequence=1&isAllowed=y
Busuttil, F. (S.f.). La lucha contra la trata infantil. 25 de octubre de 2018, de Humanium sitio web: https://www.humanium.org/es/trata-ninos/
Mar, J. (2018). ¿Qué pasó con Ana Lizbeth, la pequeña de 8 años de Juárez, NL? 25 de octubre de 2018, de Excélsior sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/que-paso-con-ana-lizbeth-la-peque na-de-8-anos-de-juarez-nl/1252970
Mejía, I. (2018). Confirman que cuerpo encontrado en Zacatecas corresponde a la niña San Juana Romo. 25/10/2018, de El Universal sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/confirman-que-cuerpo-encontrado-e n-zacatecas-corresponde-la-nina-san-juana-romo
Ponce, G. (Sin fecha). 30 de julio, “Día Mundial contra la Trata de Personas”. 25 de octubre de 2018, de Senado de la República sitio web: http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/35 60/AD-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Toribio, L. (2018). México ante epidemia de desapariciones de menores sin precedentes: Redim. 25 de octubre de 2018, de Excélsior sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/05/1218343
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Rosalba Valencia Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Segob la alerta de género en BC dado el aumento de feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaria de Gobernación, con el objeto de que a la brevedad posible se declare la alerta de género, en el estado de Baja California, con motivo de la alza de feminicidios en esta entidad, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy en día las mujeres en México están sufriendo violaciones atroces contra sus derechos, en especial se ha venido recrudeciendo una problemática que lamentablemente está a la alza y éste es la violencia de género, ante esta situación encontramos que existe un déficit por parte de las instituciones de satisfacer la demanda social para dar solución a esta situación, los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones el país, siguen sin resolverse y es ahí en donde nuestro quehacer como legisladoras tiene que levantar la voz para que el marco jurídico en la materia, sea dotado de los elementos necesarios para su debido cumplimiento.
Las brutalidades contra las mujeres, constituyen una violación grave en contra de los derechos humanos. Ante esta situación se acordó por parte de los países participantes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Austria, Viena en 1993, un cambió a la visión con la que se analizaba, sancionaba o se prevenía la violencia contra las mujeres. Es el Estado, por medio de sus instituciones, el responsable de velar por la seguridad de las personas, así como de sancionar toda conducta que constituya violencia, evitando que las normas sociales y jurídicas las coloquen en una situación de indefensión o desigualdad. Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso frente a la violencia, también viola los derechos humanos. De ahí que la primera tarea de un Estado democrático que procura el respeto a los derechos y libertades fundamentales, sea la de asumir con esta visión las reformas jurídicas y la política pública necesarias para prevenir y sancionar la violencia en sus diversas expresiones, especialmente contra las mujeres, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.
Sin embargo, como hemos visto hay estados que resaltan en esta problemática tal es el caso de Sinaloa, Oaxaca, estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Morelos y Puebla, entre otros.
Un ejemplo muy claro lo encontramos en Baja California, en donde, según datos estadísticos, en este 2018 se han cometido 214 homicidios violentos en contra de mujeres y solo 9 se han considerado feminicidios,1 ocupando a nivel nacional el segundo estado con mayor número de mujeres asesinadas. Resulta indignante que a pesar de que en el 2015 se solicitó la alerta de Género el gobierno del estado sólo simuló acciones en beneficio de las mujeres al decir que cumplió con las 14 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo. Solo por mencionar una de ellas. El Centro de Justicia para las Mujeres que se creó una Ley y se comprometía iniciar operaciones en el 2018 ni siquiera existe el edificio para tal efecto. El banco de datos sobre la violencia hacia las mujeres no opera, se emitieron protocolos de investigación para los casos de feminicidio sin tener perspectiva de género.
Es importante mencionar de acuerdo con los Tratados Internaciones de CEDAW y Belem do Para, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Baja California buscan garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, de igual manera, establece que cualquier política pública deberá elaborarse y ejecutarse observando los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; dichos principios son los siguientes:
• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.
• El respeto a la dignidad humana de las mujeres.
• La no discriminación.
• La libertad de las mujeres.
Aunado a lo anterior, tenemos que la Ley en comento en su artículo 24 establece lo siguiente:
Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
No hay que olvidar que de conformidad con el acuerdo A/024/08, publicado el 31 de enero de 2008 se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, esta institución tiene como objeto investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en los términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean competencia de la federación, hay avances significativos en la materia pero faltan redoblar esfuerzos para su debido cumplimiento.
Por lo que consideramos que, debido a la situación alarmante de muertes violentas en contra de las mujeres en el estado de Baja California, que se cuenta con la Ley Reglamentaria para ello y que no la autoridad estatal en Baja California no se ha resuelto resolver la seguridad, libertad y que atentan contra la vida de las mujeres y la paz social en el estado de Baja California en sus cinco municipios es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de que a la brevedad posible se declare la alerta de género en el estado de Baja California, con motivo del alza de feminicidios en esta entidad.
Nota
1 https://www.debate.com.mx/mexico/
feminicidios-tijuana-homicidio-de-mujeres-violencia-de-genero—20180629-0051.html
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a multar a distintos entes contaminantes, y prevenir y controlar el deterioro ambiental de Manzanillo, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal por el estado de Colima, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus competencias, multe a la termoeléctrica de Manzanillo, y ejerza sus atribuciones de control y prevención de daños ambientales emitiendo recomendaciones y sanciones a entes contaminantes de dicho municipio, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
Exposición de Motivos
Es públicamente conocida en el municipio de Manzanillo la gran afectación al medio ambiente que provoca la Central Termoeléctrica “Gral. Manuel Álvarez Moreno”. La suscrita ha atestiguado y recibido múltiples peticiones de la población de dicho municipio para que no solo se multe a ese ente contaminante, sino que se emprendan las medidas adecuadas para evitar y subsanar el gran daño ambiental que éste ha provocado.
Lo anterior ha sido plenamente documentado a través de notas periodísticas, incluso ha generado exhortos del congreso estatal, así como multas previas de la Profepa, sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para detener este daño irreparable a la laguna de Cuyutlán y a la bahía de Manzanillo.
Según ha sido difundido por la propia Profepa, la multa más reciente a la Comisión Federal de Electricidad, por la Central Termoeléctrica “Gral. Manuel Álvarez Moreno”, ubicada en el ejido Campos, municipio de Manzanillo, Colima, fue por incumplir con la legislación ambiental vigente. Dicha sanción económica impuesta a la Paraestatal, según información contenida en el propio sitio web de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fue en virtud de que el Laboratorio que realizó las mediciones de las emisiones a la atmósfera, provenientes de sus equipos de combustión, identificadas como Unidades de Generación de Energía 9, 10, 11 y 12, no se encontraba aprobado por la Profepa.
Aunado a lo anterior, se impuso la multa citada por presentar la inspeccionada las bitácoras de operación y mantenimiento a dichas Unidades de Generación de Energía Eléctrica con información inconclusa y no entregarlas anualmente a la Profepa; así como por no dar aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los paros programados; y presentar cédula de operación anual incompleta.
Motivado por distintas denuncias ciudadanas, consistentes en que la referida termoeléctrica emitía contaminantes a la atmósfera, Profepa realizó visitas técnicas y de inspección a la Central Termoeléctrica de Manzanillo, y en el marco de una visita de verificación se impuso la medida de seguridad ordenada en acuerdo de emplazamiento, consistente en la clausura parcial temporal de las unidades de generación de energía 09, 10, 11 y 12. Esto en virtud de que las emisiones de gases y partículas producto de la combustión generadas por las unidades de generación de energía 09, 10, 11 y 12, constituían un problema de contaminación atmosférica en el entorno de la paraestatal, lo que estaba causando malestares y problemas de salud a los pobladores aledaños a ésta. Sin embargo, dicha medida fue levantada por supuestamente haber sido subsanadas ciertas omisiones de la termoeléctrica, aunque en la realidad, los omisiones y acciones que la provocaron a la fecha persisten.
A pesar de que existe una multa previa, es un hecho notorio que la contaminación no ha cesado, y el daño ambiental que se está consumando irreparablemente a Manzanillo debe detenerse a la brevedad, teniendo la Profepa no solamente facultades sancionatorias, sino también de prevención y control, tal como lo consigna su ley orgánica, que, en lo referente al tema tratado, señala:
“Artículo 7. Son atribuciones de la Procuraduría
I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos en lo relativo a
a) Prevención y control de la contaminación generada por el manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas;
b) Prevención y control de la contaminación de la atmosférica, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;
c) Prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;
d) La prevención y control de la contaminación a los causes y ecosistemas acuáticos de competencia federal;
e) La prevención y control de la contaminación a los ecosistemas costeros incluidos los humedales costeros, dunas costeras, playas, pastos marinos, arrecifes e islas;
f) La regulación del aprovechamiento sustentable, la preservación y protección de las aguas nacionales, la biodiversidad, la vida silvestre acuática y terrestre, los recursos forestales y demás recursos naturales de su competencia;
g) La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente;
h) Restauración de los recursos naturales;
i) Áreas naturales protegidas de competencia federal;
j) Bioseguridad de organismos genéticamente modificados;
k) Ordenamiento ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
l) Impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
m) La zona federal marítimo-terrestre;
n) Verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia en lo que a la federación corresponda; y
o) Así como todas y cada una de las atribuciones que en materia de inspección y vigilancia estén conferidas a la federación, dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y demás ordenamientos jurídicos en la materia, así como sus respectivos reglamentos.”
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de este cuerpo colegiado la resolución siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que con base en sus atribuciones sancionatorias gire sus instrucciones al personal competente de su dependencia para multar a la central termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, por incumplir con la legislación vigente en perjuicio del municipio de manzanillo, su población y su medio ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que con base en sus atribuciones de control y prevención de la contaminación realice un análisis integral del severo daño ambiental que existe en el municipio de Manzanillo, y con base en él emita las recomendaciones a las autoridades que considere pertinentes, aunadas a las acciones propias, a fin de prevenir y subsanar la contaminación existente en la laguna de Cuyutlán y en las colindancias de la central termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de octubre de 2018.
Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir declaratoria de desastre para diversos municipios nayaritas afectados por el huracán Willa, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El martes 23 de octubre de 2018, el huracán Willa tocó tierras nayaritas, con intensas lluvias, que provocaron el desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro. Los municipios que están a su paso fueron arrastrados por la fuerza del agua.
Hasta el momento, según cifras de medios locales, se tienen 180 mil damnificados;1 de ellos, aproximadamente 100 mil registran pérdidas totales en su patrimonio. La noche del martes 23 de octubre hubo gente que permaneció por más de 10 horas arriba de los puentes, sin imaginar que al amanecer la fuerza de la naturaleza habría desaparecido los ejidos.
Las personas necesitan con urgencia una serie de víveres no precederos, como agua, comida y medicinas.
Ante la emergencia y lo devastador del huracán, la población nayarita se encuentra en una situación precaria con miles de pérdidas materiales. Por ello se requieren albergues temporales para resguardar la integridad de la población afectada en lo que se reconstruyen sus viviendas.
Pese al apoyo otorgado por otras entidades y por el propio estado, el gobierno federal deberá declarar a los municipios afectados como zona de desastre para poder acceder al Fondo de Desastres Naturales para mitigar la emergencia y reconstruir los municipios afectados, pues las afectaciones por el huracán han superado la capacidad financiera de respuesta de las dependencias estatales.
Hoy, Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Santiago Ixcuintla están bajo el agua y otros más en el lodo. El gobierno de Nayarit señaló que ha cumplido todas las formalidades para la declaratoria de desastre natural ante las instancias competentes, para así poder obtener los apoyos derivados de la misma, pues manifiesta “que su capacidad financiera y operativa para poder atender la contingencia ha sido rebasada”.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que continúan apoyando en la reconstrucción de las zonas afectadas y el traslado de ayuda: “Hemos entrado en la mayoría de las poblaciones afectadas, pero algunas todavía están aisladas”.
Señaló, además, que no tienen cuantificado el número preciso de personas aisladas tras el paso de Willa, pues hay comunidades pequeñas, de entre 300 y 400 habitantes.2
Protección Civil señala que como en ciertos lugares no ha terminado de bajar el agua, no ha podido ingresar para realizar la evaluación de los daños y las cuantificaciones.
Es imperioso que se refuercen las acciones implantadas por los gobiernos estatal y municipal, además de que se sume el federal. Se sabe que ahí redes de doctores que están ayudando voluntariamente, pero el nivel de la emergencia amerita que los tres órdenes de gobierno abran puentes de ayuda, como lanchas para rescate y traslado de personas.
Desafortunadamente, como hemos señalado, no se puede llegar a todos los lugares afectados por los daños en los caminos y carreteras, en este sentido, solicitamos la implementación de puentes aéreos para el traslado de ayuda, nadie garantiza que ya no esté gente atrapada.
Aunado a lo anterior, las aguas estancadas y el lodazal permiten el desarrollo de plagas de mosquitos que propagan muchas enfermedades como el dengue.
Por lo anterior resulta necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir para Nayarit la declaratoria de zona de desastre.
Por todo lo expuesto y fundado se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a emitir a través de la Secretaría de Gobernación, y en el menor plazo posible, la declaratoria de desastre en términos de las facultades que le confiere la ley, a efecto de mitigar los daños e iniciar el proceso de reconstrucción ante los efectos destructivos del huracán Willa en Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Santiago Ixcuintla, asignando los recursos necesarios para enfrentar el desastre ocurrido en Nayarit.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al secretario de la Defensa Nacional a fortalecer la ejecución del Plan DN-III en Nayarit por desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro; y, a su vez, dictar instrucciones a efecto de concretar el establecimiento de un puente aéreo que permita atender la emergencia por la falta de movilidad terrestre.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Protección Civil de Nayarit a implantar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la población afectada por el paso del huracán Willa y, al mismo tiempo, generar albergues temporales para las familias que han visto afectadas sus viviendas por los efectos de este fenómeno.
Notas
1 Méndez, K. (2018). “Profeco realiza operativo en Nayarit por precio elevado del huevo”, 29 de octubre de 2018, de Excélsior sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/profeco-realiza-operativo-en-naya rit-por-precio-elevado-del-huevo/1274721?no_mobile=true
2 Animal Político (2018). “Nayarit bajo el lodo: Willa deja 150 mil damnificados; autoridades piden declarar emergencia”, 29 de octubre de 2018, de Animal Político sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/10/nayarit-willa-damnificados-emerg encia/
Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2018.
Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)
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