Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5177-VII, jueves 13 de diciembre de 2018
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, relativo a la falta de pago a trabajadores en BC, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena
La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda , diputada por el Estado de Baja California, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracción 11, 111, Y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
De nuevo el Gobierno de Baja California no auxilia a trabajadores del Estado, actualmente, se suman a este reclamo los maestros jubilados y pensionados, el personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del Estado de Baja California, empleados del Poder Judicial y del Instituto Estatal Electoral. ¿Quién más señores?
Desde quincenas anteriores, muchos trabajadores del Estado no pudieron cobrar ya que se les dijo que no había recursos para su pago. Pero nosotros nos preguntamos es que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ¿se llevo el capital de estos rubros? O es el Gobierno local quien lo hace? Al día de hoy se están incumpliendo los pagos, ¿dónde está el dinero que siempre habían otorgado para este pago de nóminas y otros que no se han entregado?
El gobierno del Estado, culpa al gobierno de Enrique Peña Nieto de no haber cumplido con la entrega de recursos del fondo de fortalecimiento financiero, pero es una irresponsabilidad dejar la nómina de los empleados de la educación, del CECYTE, del Poder Judicial del IEE y del Issstecali, a recursos extraordinarios. ¿O ese es el pretexto, como es que nominas completas de diferentes dependencias se retrasan según el gobierno estatal? Todos aparentan no saber que pasa y los argumentos no convencen a nadie, este gobierno local no resuelve nada.
No se puede jugar de esa manera con el pago de los trabajadores, que en su mayoría viven al día y que sin sus percepciones, ya trabajadas, ya se ven en una situación precaria, y de endeudamiento, por no tener con que cumplir sus compromisos monetarios y más grave aún, no teniendo para comer siquiera.
Ya tenemos una crisis en educación, en el poder judicial, en el CECYTE Baja California, las protestas están a la orden del día y el gobierno hace mutis, y los pretextos sobran, pero nadie resuelve las peticiones de pago. Y las solicitudes de todos los trabajadores, paros, marchas y nadie auxilia a la población.
Aquí he denunciado constantemente estos atropellos, que la deuda del estado está rebasada por mucho y siguen endeudándolo, y ni así puede n resolver esta ignominia.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A GESTIONAR CON LA FEDERACIÓN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE DOCENTES DE BAJA CALIFORNIA, DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE), DEL PODER JUDICIAL, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEE), Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI). Y EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVE A RESOLVER LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES COADYUVE EN LA RESOLUCIÓN DEL PAGO A LOS DOCENTES DE BAJA CALIFORNIA, DEL CECYTE, DEL PODER JUDICIAL, DEL IEE, Y DEL ISSSTECALI. A LA BREVEDAD POSIBLE.
TERCERO. SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS AL CECYTE Y AL ISSSTECALI DE BAJA CALIFORNIA.
CUARTO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE HAGA PÚBLICAS LAS RETENCIONES QUE SE LE HAN REALIZADO A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TRABAJADORES DEL CECYTE, MAESTROS, JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE NO SE HAN PAGADO AL ISSSTECALI DE ACUERDO A LO QUE PERMITA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
QUINTO. SE EXHORTA AL ISSSTECALI A HACER PÚBLICOS LOS PRESTAMOS Y LAS DEUDAS CONTRAIDAS CON GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS RETENCIONES DEL GOBIERNO A LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LO QUE PERMITA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
SEXTO. SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO AL DIRECTOR DEL ISSSTECALI, A DEJAR SU CARGO EN VIRTUD DE QUE NO HAN PODIDO RESOLVER LA GRAVE SITUACIÓN EN LA QUE HAN SUMIDO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer líneas de coordinación y acción con el gobierno poblano a fin de ayudar a los cafeticultores afectados por el frente frío número 10, suscrita por el diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES
Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frio número 10, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El frente frío número 10, ocurrido los días 14 y 15 de noviembre de 2018, provocó severas heladas en la sierra norte del estado de Puebla; como consecuencia de las afectaciones causadas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió, el pasado 16 de noviembre, declaratoria de emergencia para 17 municipios del estado de Puebla.
La declaratoria abarcó los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Cañada Morelos, Coatepec, Chiconcuautla, Honey, Huauchinango, Hueytlalpan, Naupan, Nauzontla, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zongozotla, del estado de Puebla; dichos municipios, además de sufrir graves afectaciones en la seguridad e integridad de sus pobladores, tuvieron considerables pérdidas económicas, debido a los daños ocasionados a los cafetales por las bajas temperaturas; según cálculos extraoficiales las heladas quemaron más de dos mil hectáreas de plantaciones de café, sólo en el estado de Puebla.
Los tres municipios con mayores afectaciones en sus cultivos, fueron Xicotepec, Tlacuilotepec y Huauchinango, donde se cuantificaron más de mil hectáreas afectadas por el frente frío número 10.
En los poblados más altos como, San Juan Tuihuacan, El Jericó, Zacatal, Palo Blanco y Cuahutepec, las perdidas por las heladas fueron superiores a las 800 hectáreas de cafetos quemados.
Con la declaratoria de emergencia emitida por Coordinación Nacional de Protección Civil, se activaron recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, con lo cual, las autoridades pudieron contar con recursos para atender las necesidades de alimentos, abrigo y salud de la población afectada.
Sin embargo, por su naturaleza, la declaratoria de emergencia no se ocupa de atender y aliviar las pérdidas económicas sufridas por los pobladores a causa del fenómeno meteorológico, las pérdidas de las hectáreas de cafetales rebasan la capacidad financiera y operativa de los pobladores, y de manera muy particular la de los productores de café de la región norte de Puebla.
Como consecuencia del fenómeno hidrometeorológico, decenas de cafeticultores perdieron sus cosechas, las afectaciones económicas fueron considerables, por lo que se requiere del apoyo urgente y necesario de los gobiernos federal y estatal para coordinar la entrega de apoyos de programas para eventos catastróficos.
Con la finalidad de auxiliar a las comunidades cafetaleras afectadas por el paso del frente frío número 10, es que el presente punto de acuerdo propone exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con el gobernador de Puebla, ofrezcan el apoyo necesario a los cafeticultores que sufrieron la perdida de sus cultivos como consecuencia de las heladas del pasado 14 y 15 de noviembre, en el estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frío número 10.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se rechazan las manifestaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometn a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron cuenta que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, elaboró una demanda de amparo modelo, a fin de que sus propios integrantes puedan promover amparos en contra de leyes, iniciativas y reformas que, en su particular opinión, vulnerarían la autonomía del Poder Judicial de la federación.
La asociación de juzgadores afirmó incluso que su objetivo es llevar a cabo una defensa integral frente a un conjunto de iniciativas que, dicen, representan una intromisión en el funcionamiento de un órgano independiente, en franca contravención al principio de división de poderes.
Tal y como se oye, los jueces y magistrados, que se supone son doctos en derecho, se atreven a afirmar que la sola presentación de una iniciativa por parte de una o un legislador ante su respectiva Cámara, violenta la autonomía del Poder Judicial. Es decir que, a su criterio, una simple iniciativa que no ha agotado su proceso legislativo, que no ha sido dictaminada, ni aprobada y mucho menos publicada, surte los mismos efectos que una ley vigente.
Se señaló también que una considerable cantidad de juzgadores han promovido amparos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero eso sí, para curarse en salud, se apresuraron a decir que su amparo modelo no está encaminado únicamente para impugnar esa ley.
La situación es muy clara, las y los jueces, las y los magistrados del Poder Judicial de la federación no se atrevieron a decir públicamente y sin tapujos, que no están dispuestos a reducir sus sueldos y ganar menos de lo que gana el presidente de la República.
Tampoco dicen que, con semejantes impugnaciones, el Poder Judicial será juez y parte en los amparos que promuevan sus propios integrantes, lo que constituye una franca violación al principio de igualdad procesal.
Tampoco señalaron el importante detalle de que, si dichos amparos son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se configuraría un posible conflicto de interés, pues los promoventes forman parte del mismo órgano que resolverá el asunto y, además, los Ministros de la Suprema Corte también tienen un interés en el asunto, pues también serían objeto de una reducción salarial.
Es claro que las y los juzgadores tienen el deber de salvaguardar, en todo momento, la autonomía del Poder Judicial. También lo es que la Constitución establece que su remuneración no podrá ser disminuida durante su encargo, pero la propia Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República, algo que, muchos de ellas y ellos han venido percibiendo en contravención a la Constitución.
Es comprensible que, en una lógica de interés personal, las y los juzgadores se decanten por el precepto constitucional que prohíbe la reducción de su remuneración. Lo que no es comprensible es su falta de sensibilidad social y su indiferencia ante las circunstancias de la nación.
El pueblo de México, que es la fuente de la soberanía nacional, exige poner fin al exceso de los servidores públicos, al dispendio y a la desigualdad. Pero eso, por lo visto, le tiene sin cuidado a las y los juzgadores.
Igualmente incomprensible es que, de manera por demás temeraria y esquizofrénica, se atrevan a afirmar o por lo menos a sugerir que, en su facultad soberana de legislar, el Poder Legislativo pretende vulnerar su autonomía.
Tenemos claro que la reforma de 1996 introdujo al texto constitucional la prohibición de disminuir sus remuneraciones como un mecanismo para garantizar su autonomía frente a los otros poderes. Sin embargo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no elimina dicha prohibición, sino que únicamente garantiza el cumplimiento de otro precepto constitucional y los vuelve compatibles.
A cada uno de las y los jueces y magistrados les preguntamos: ¿cómo es que percibir una remuneración menor a la del Presidente pone en riesgo su autonomía? ¿Percibir menos de 108 mil pesos mensuales, compromete en forma alguna la autonomía de un juzgador?
Si, según la Constitución, la remuneración de un servidor público debe ser proporcional a sus responsabilidades, ¿afirmarían entonces que su responsabilidad como juzgadores es mayor que la del presidente de la República?
Ante la actitud mostrada por jueces y magistrados del Poder Judicial de la federación, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión debe manifestar su rechazo y exigir que entre los Poderes Legislativo y Judicial exista un pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones que la Constitución les otorga.
De igual forma, esta Cámara debe manifestar su rechazo a las expresiones de las y los juzgadores que sugieren una pretensión por parte del Congreso de la Unión, y de legisladoras y legisladores en particular, de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Poder Judicial de la federación por las manifestaciones vertidas por juzgadores federales aglutinados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión en el ejercicio de su facultad soberana de legislar, y por parte de legisladoras y legisladores en particular, en el ejercicio de su facultad de presentar iniciativas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su preocupación ante la inminencia de que, en la sustanciación de los amparos promovidos por jueces y magistrados, el Poder Judicial de la Federación funja como juez y parte, por lo que hace un atento y respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que garantice la debida imparcialidad y el respeto pleno a los principios procesales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2018.
Diputados:
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a llevar a cabo un estudio sobre la situación laboral de los trabajadores de las áreas médica, paramédica, afines y administrativa a escala federal, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Anita Sánchez Castro, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, establece nuestro derecho al trabajo, señalando:
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley”.
Este artículo establece dos incisos:
a) Para obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y todos los trabajadores por contrato en empresas privadas. Estos se rigen por la Ley Federal del Trabajo.
b) Para los poderes de la Unión y sus trabajadores. Estos se rigen por la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.
En el apartado b) se establece que:
-Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.
-En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas.
-A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo
Es importante tener presente cuáles son los contenidos insoslayables de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), los cuales son interdependientes, indivisibles, progresivos, inalienables, imprescriptibles, universales, integrales e irrenunciables al igual que todos los derechos humanos.
México firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde “los Estados parte reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
El artículo 6 del Pacto Internacional DESC señala que: “Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”
También se establece la obligación del Estado de garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo.
En estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y los derechos relacionados con los sindicatos. Los Estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus familias. Las condiciones de trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana.
Sin embargo, la problemática que este punto de acuerdo presenta hoy es el que atraviesan los trabajadores de la salud que no cuentan con base laboral.
Y es que los trabajadores de contrato no cuentan con seguridad social, aun y cuando en su trabajo se requiere manejo de químicos e insecticidas, los salarios son muy inferiores a los que perciben los trabajadores de base que desempeñan labores iguales; no cuentan con el período de desintoxicación del cuerpo de 15 días que se otorga al personal de base, ni se les apoya económicamente para realizarse estudios de laboratorio para medir el nivel de químicos en la sangre. Y lo peor de todo es que esto se viene dando desde hace aproximadamente 15 años.
En respeto a los derechos mencionados al principio de este punto de acuerdo, creo necesario el llevar a cabo la regularización de la situación laboral de todos los trabajadores con su basificación, ya que actualmente siguen laborando por contrato, para que puedan acceder a un salario justo y acondiciones de seguridad e higiene iguales a los trabajadores de base, para dar cumplimiento a los artículos 123 b) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como legisladores, es nuestro deber promover y garantizar el irrestricto respeto a nuestra ley; de tal modo que esto permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que lleve a cabo un estudio sobre la situación laboral de los trabajadores de la salud en área médica, paramédica, afín y administrativa a nivel federal, que solicitan su regularización, en virtud de que actualmente laboran con bajos salarios, sin seguridad social y sin medidas de seguridad e higiene, y hacer pública la información al respecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la SCT y Capufe a eliminar la plaza de cobro 14, de Pánuco, Veracruz, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ricardo García Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la libertad de tránsito es un derecho que está garantizado por nuestra Carta Magna, contemplado en el artículo 11, que a la letra dice lo siguiente:
“Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”
Sin embargo, por décadas los usuarios de las carreteras de cuota del país han sufrido abusos por parte del gobierno federal y de las empresas privadas concesionarios al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje.
El estado de Veracruz es una de las entidades que cuenta con mayores y diversos recursos naturales, climáticos, culturales y económicos por lo que significa una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.
Los habitantes del municipio de Pánuco se ven afectados por el costo de peaje derivado de la caseta de cobro 14, Puente Pánuco, caseta que se encuentra en operación por más de 30 años y que no ha beneficiado a los pobladores de dichas comunidades.
La productividad de miles de hectáreas ubicadas en la zona rural del municipio de Pánuco en dirección hacia el sur, tienen un gravamen el cual, constituye en un factor de división del municipio más grande del estado de Veracruz.
Organizaciones sociales, asociaciones civiles, productores y familias de las comunidades y municipios vecinos a Pánuco, han mantenido desde hace tiempo su postura de eliminarla, ya que prefieren no acudir a la cabecera municipal en vehículo propio, ya que implica tener que pagar el peaje para entrar a su municipio, y los artículos o productos que pudieran comercializarse de ésta zona adquieren un costo extra por la misma causa.
Cabe señalar que dichos habitantes de los municipios aledaños se dedican principalmente al comercio y la agricultura, y el pago de dicha caseta impide el progreso y desarrollo de la región.
Las políticas del estado sirven para acelerar, condensar y expandir el movimiento de las mercancías al interior de su territorio, con la finalidad de obtener mayor fuerza de trabajo y capital. Para acelerar este proceso, es necesario crear las condiciones en las que el movimiento de mercancías, fuerza de trabajo y los capitales se desenvuelvan libremente.
Como ya se mencionó como anterioridad, en nuestra Constitución se contempla la necesidad de crear, mantener y administrar las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que teniendo una Constitución en la que se deposita el principio de soberanía, no se cumpla a la letra este mismo principio básico, por el uso de una infraestructura carretera, restringiendo el libre tránsito de habitantes y turistas dentro de la demarcación del municipio de Pánuco.
El eliminar la caseta será fundamental, porque tendrá un efecto directo sobre el ingreso de los habitantes, mejorará las condiciones y volumen de los flujos comerciales, de pasajeros de estudiantes y de profesionistas que todos los días transitan por esa vía, además garantizará la seguridad para quienes viajan por esta región y denotará el desarrollo del estado de Veracruz.
Estoy seguro que la atención a esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los veracruzanos, al tener un efecto directo sobre su ingreso disponible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de la plaza de cobro 14, ubicada a la altura del municipio de Pánuco, en el estado de Veracruz.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de diciembre de 2018
Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para generar un programa especial de infraestructura de juzgados menores o de paz en el país que repercuta de manera positiva en los servicios de impartición de justicia, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Rubén Ignacio Moreira Valdez y María Alemán Muñoz Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De forma histórica, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, a través de las respectivas Cámaras, han impulsado y aprobado diversas reformas en materia de impartición de justicia, que han venido a fortalecer el marco legal en beneficio de la población del país.
No obstante, de las áreas de oportunidad sobresale, entre otros variados asuntos, el fortalecimiento de los juzgados menores o de paz, que desempeñan una función nodal, en razón de ser quiénes poseen la mayor cercanía con la ciudadanía en la solución de sus conflictos.
El artículo 17 de la Carta Magna establece que el derecho a la administración de justicia debe ser de manera pronta, completa e imparcial, y cada uno de estos elementos ha sido analizado desde su enfoque principal, es decir, desde la actividad propia del juzgador. Sin embargo, el acceso a la justicia requiere también de condiciones materiales como la infraestructura, ubicación de los centros de justicia o juzgados, accesibilidad, así como de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad judicial, incluyendo el trato digno para las personas que acuden a estos centros para acceder a la justicia.
Es conocido por los ciudadanos que utilizan los servicios judiciales que la mayor parte de los espacios físicos que posee el Poder Judicial son inmuebles alquilados a particulares o bien, cedidos en comodato por algún otro ente público y que en diversos casos no cumplen con las características técnicas e infraestructura para su debido funcionamiento, pues su construcción obedeció en su momento a otros fines.
Además de lo anterior, se aprecia la falta de planificación en la ubicación de los juzgados que pueda haber en un determinado distrito judicial, lo que genera un problema al ciudadano-litigante en su actuación procesal, puesto que en diversos casos la entrega de un documento por un centro de justicia a otro de un mismo distrito judicial puede tardar semanas o meses, alargando innecesariamente el proceso respectivo.
De no contar con recursos suficientes, no habrá el número adecuado de órganos judiciales ni de servidores públicos para atender la demanda de justicia; tampoco la posibilidad de ampliar los espacios existentes, ni se podrá adquirir nueva tecnología, ni ofrecer nuevos mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que las nuevas tareas que se tienen o las que en el futuro se les adjudiquen, difícilmente se cumplirán.
Si bien tanto la Constitución general y sus leyes secundarias como las leyes de los estados estructuran y organizan los Poderes Judiciales y establecen la manera de asignación de Presupuesto, igual que se garantiza su independencia para ejercerlo, los esfuerzos realizados han dejado a pesar de ello un reto importante respecto de los juzgados menores o de paz, que requieren del apoyo presupuestario desde el ámbito federal, en razón del problema económico que enfrentan los poderes judiciales locales.
El Poder Judicial es el órgano encargado de la administración y procuración de justicia en cada uno de los estados; sin embargo, ello no debe entenderse de manera aislada ya que una mala o deficiente administración de justicia genera en principio una mala percepción de una de las funciones centrales del estado, que es dotar de seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia de los gobernados, responsabilidad que comprende a los diferentes órdenes de gobierno, y por tanto su cumplimiento requiere de la implantación de acciones conjuntas.
Lo anterior es una preocupación constante de las autoridades locales en los diferentes ámbitos de poder, que en muchos casos realizan como una aportación significativa y en la medida de sus posibilidades, el comodato de inmuebles para el establecimiento de los juzgados menores o de paz; mismo que me ha sido manifestado y de manera especial por la presidenta municipal de Arroyo Seco, Querétaro. No obstante, la problemática no le es privativa en absoluto, y se refiere a una circunstancia nacional que merece ser atendida.
Por lo expuesto, exhortaremos al titular del Poder Ejecutivo federal a generar e implantar un programa especial de apoyo a los juzgados menores o de paz en el país, en materia de infraestructura, que permita contar con espacios dignos y necesarios a los responsables de la administración de justicia como a quienes tienen la necesidad de ser atendidos en dichos centros.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a generar con el Poder Judicial de la Federación y de los estados un programa especial de infraestructura de juzgados menores o de paz en el país, que repercuta de manera positiva en los servicios que brindan a la ciudadanía en materia de impartición de justicia.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2018.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a la destitución e inhabilitación del alcalde de Durango, a cargo del diputado Jorge Alcibiades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Diputados del Congreso de Durango, el martes pasado, consumaron un golpe de poder y un atropello a la voluntad popular, al haber aprobado en una sesión por demás irregular y confusa un acuerdo para destituir e inhabilitar al doctor José Ramón Enríquez Herrera, del cargo de presidente municipal de Durango.
En una flagrante violación al estado de derecho, se inhabilita al alcalde sin fundamentos legales, sin pruebas de las absurdas acusaciones que se le imputan, pero con un evidente propósito de consumar una venganza política por la aceptación y el respaldo que el doctor Enríquez tiene del pueblo duranguense, lo cual lo coloca como una amenaza a los intereses políticos y personales de quienes promovieron este abuso y esta injusticia.
La decisión del Congreso se dio de manera desaseada, sin cumplir con los procedimientos legislativos y legales, toda vez que las acusaciones que le son imputadas al alcalde no se encuentran dentro del catálogo de delitos graves, además de que son del todo falsas y completamente alejadas de la verdad.
Queda en evidencia que lo que se votó en el Congreso de Durango es una maniobra electoral, es un intento por frenar desde el poder a un político que se ha ganado el respaldo popular, como quedó demostrado en las pasadas elecciones locales y federales. Es una respuesta por demás burda e indigna que lanzan quienes ven al doctor Enríquez como claro favorito de los electores para los comicios locales del próximo año en la entidad.
Movimiento Ciudadano no puede mantenerse ajeno a este atropello y defenderemos por la vía legal y en el terreno político al doctor Enríquez; no permitiremos que un pequeño grupo político, que una decisión cupular trastoquen la voluntad popular por medio de una decisión administrativa.
El presidente municipal ha señalado, a propósito de esta decisión del Congreso, que lo acontecido es una violación de la autonomía del municipio de Durango y dijo que pugnará para evitar que eso suceda, además de refrendar su compromiso de continuar con su labor a favor de todas las familias duranguenses.
Además, acusó que, en el Congreso del estado, con toda opacidad, se orquestó una acción política cuyo único interés es confrontar a Durango. “En este país a nadie se le puede despojar de sus derechos civiles y políticos”, por lo que lamentó la forma de proceder de los diputados. El Congreso se ha prestado a la ejecución de posibles venganzas políticas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Durango para que se revise y rectifique el acuerdo aprobado el pasado martes 11 de los corrientes por el que se destituye y se inhabilita por un periodo de tres años y medio al presidente municipal de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, como sanción por haber promocionado su imagen presumiblemente con recursos públicos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Durango para que, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política y el marco legal del estado, garantice la observancia de imparcialidad y apego estricto al marco legal por parte de las autoridades estatales en las acciones jurídicas que emprenda el presidente municipal de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, con motivo del acuerdo del Congreso de destituirlo e inhabilitarlo del cargo de alcalde de la capital del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades a resolver la problemática que ha causado el desplazamiento forzado interno de personas de diversos pueblos indígenas en México, suscrita por integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas
La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos de los artículos 6, fracción I, numeral I, 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
De igual forma, impone a todas las autoridades, la obligación de que, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estableciendo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
II. En mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicó un informe especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México.
En él, se destacaron las obligaciones del Estado Mexicano para garantizar el disfrute de diversos derechos humanos vinculados al Desplazamiento Forzado Interno; se precisó el incumplimiento de los compromisos internacionales en dicha materia y, se formularon “propuestas” para evitar dichas violaciones, las cuales se dirigieron a autoridades específicas en el ámbito de sus competencias, siendo entre otras, las siguientes:
“VIII. Propuestas
1. A la Secretaría de Gobernación:
Primera : Instruir que se definan las acciones inmediatas que tengan como objetivo el diseño, implementación y evaluación de una política pública integral dirigida a proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas de DFI.
Segunda. La política pública que se diseñe debe contener un programa nacional sobre DFI que considere las estrategias y líneas de acción señaladas en el Programa Nacional de Derechos Humanos vigente.
Tercera. Generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado, para atender el DFI.
Cuarta. Instrumentar programas de sensibilización y formación de servidores públicos sobre el DFI.
2. A la Secretaría de Desarrollo Social:
Única. Coordinarse con las instituciones gubernamentales competentes para implementar mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas sociales en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, empleo y fomento a la producción.
3. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
Primera. Implementar mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas de empleo, capacitación para el mismo y fomento a la producción.
Segunda. Capacitar a la población desplazada para el empleo en sectores formales de la economía, ampliando los programas de capacitación técnica y profesional para la población desplazada que les permita tener acceso a empleos en el sector formal de la economía.
4. A la Secretaría de Educación Pública:
Primera. Implementar mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada, -especialmente a niños, niñas y adolescentes- a programas de educación obligatoria, en cualquier tiempo, encontrando respuestas positivas para quienes no cuentan con la documentación necesaria para ello.
Segunda. Fomentar proyectos de acceso a la educación a las personas desplazadas, evitando su discriminación y promoviendo la alfabetización de las mujeres, niños y niñas desplazados.
5. A la Secretaría de Salud:
Primera. Implementar los mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas y servicios de salud, en condiciones similares a las que acceden otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, tomando las medidas correspondientes para asegurar que niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que sean víctimas de DFI, accedan a los servicios de salud que necesiten.
Segunda. Aplicar el Manual para la Atención a la Salud ante Desastres a las víctimas de DFI por desastres naturales y establecer las necesidades de atención a corto, mediano y largo plazo.
Tercera. Otorgar atención prioritaria a las víctimas de DFI, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con diversidad funcional y aquéllos que requieran atención con este carácter.
...
7. Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
Primera. Incorporar en los censos de población nacionales preguntas relacionadas con el tema de DFI que permitan la elaboración de estudios sobre lugares de expulsión y acogida, las causas y las características de la población entre otros factores.
Segunda. Promover, en coordinación con la Segob, el Conapo y las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, estudios para identificar las causas del desplazamiento, patrones de esquemas de probable violencia, zonas expulsoras y receptoras de población desplazada, así como los problemas enfrentados durante el desplazamiento.
Tercera. Diseñar e instrumentar, en coordinación con el Conapo, mecanismos para la documentación y el levantamiento sistemático de información sobre el DFI.
8. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas:
Primera. Elaborar un protocolo de apoyo para el caso de las personas desplazadas, dirigido a sus funcionarios y una ruta de atención para las víctimas de DFI.
Segunda. Implementar las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de DFI el goce de los derechos que les reconoce la LGV e interpretar la misma atendiendo siempre el principio pro persona.
9. Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:
Única. Elaborar protocolos para la determinación del interés superior de la niñez y el principio de la unidad familiar en casos de desplazamiento, los cuales deben incluir la atención especial a niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento interno, a través de la red de albergues pertenecientes al Sistema Nacional DIF y brindar todo el apoyo asistencial que conforme a sus atribuciones le corresponda proporcionar a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad.
10. A los gobiernos de las entidades federativas que enfrentan una situación de DFI:
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y municipales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.
Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas.
Quinta. Atender y otorgar de manera prioritaria y sin costo para las víctimas de DFI, los documentos de identidad oficial que requieran y que competencialmente deban proporcionarles.
11. A los Congresos locales que enfrentan una situación de DFI:
Primera. Revisar la Ley de Víctimas de su entidad y el funcionamiento de las instituciones creadas para la atención y protección de las víctimas en coordinación con éstas y sus representantes, con el fin de eliminar las restricciones que tienen las víctimas del DFI para ser reconocidas como tales por parte de órganos del Estado, con el objeto de acceder a los beneficios que la Ley prevé para su protección y reparación integral del daño, considerando el impacto económico.
Segunda . Aprobar una ley sobre DFI en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de esta situación, los deberes del Estado en la materia y las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate al mismo, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley.
12. A los gobiernos municipales que enfrentan una situación de DFI:
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y estatales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.
Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito. Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad de las personas desplazadas.”
III. Si bien es cierto que las “propuestas” transcritas no son vinculantes, éstas resultan útiles para clarificar la obligación que tienen todas las autoridades en sus diversos ámbitos de competencia, que les deriva directamente del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que, quien realizó dicho informe, lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano garante no jurisdiccional de los derechos humanos.
En atención a lo anterior, resulta claro que dichas recomendaciones, constituyen un parámetro para que los poderes de la Unión, así como las diversas autoridades federales y locales, cumplan con su obligación precisada en el artículo 1o. ya indicado; por tanto, se considera que dichas autoridades deben cumplir con las “propuestas” precisadas puntualmente, al estar directamente vinculadas con una obligación constitucional.
Hechos
1. EL dos de octubre de dos mil dieciocho, el diputado Raymundo García Gutiérrez, formuló punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Guerrero, a cumplir el mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487, “para prevenir y atender el Desplazamiento Interno”, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 5111-III, de once de septiembre de dos mil dieciocho;
2. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, formuló punto de acuerdo, relativo a implantar medidas para atender de inmediato a los indígenas desplazados de Chiapas, en particular los del ejido Puebla, de Chenalhó, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 5157-III, de quince de noviembre de dos mil dieciocho;
3. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, el diputado Carlos Sánchez Barrios, formuló punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del SNSP a intervenir a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de comunidades de la sierra de Guerrero desplazadas por la violencia, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 5157-III, de quince de noviembre de dos mil dieciocho;
4. El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, formuló punto de acuerdo, relativo a realizar un plan estratégico que atienda, resuelva y vele por los derechos humanos de los miles de desplazados en Chiapas, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 5161-V, de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.
Considerando
Primero. En términos del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía tiene el deber de garantizar la protección de los derechos humanos, pudiendo exhortar a los otros poderes y ámbitos de competencia de los Estados de la Unión, así como a los municipios, a efecto de que promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos contenidos en el citado texto supremo.
Segundo . En atención a lo expuesto en el apartado de hechos, así como de las obligaciones que tienen los diferentes poderes y autoridades de los ámbitos federal, local y municipal, resulta evidente que dichas autoridades no han cumplido con su tarea de garantizar el disfrute de los derechos humanos de las personas desplazadas forzadamente en el ámbito interno; en particular de las personas y comunidades indígenas de diversos estados de la República Mexicana.
Tercero . De la revisión del presupuesto que ejercía la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se advierte que en diversos ejercicios se ha asignado un presupuesto para la atención a desplazados forzados internos indígenas, a través del proyecto denominado: “Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) ”, el cual data del año 2006,1 mismo que se destinaba para proporcionar apoyos a los desplazados forzados indígenas en los siguientes rubros:
“...
• Para la adquisición de solares para vivienda (incluyendo los costos de titulación).
• Para la adquisición de materiales para la construcción de vivienda.
• Para la adquisición de tierras de cultivo (incluyendo los costos de titulación).
• Para la adquisición de insumos para impulsar sus actividades productivas.”
De la revisión de la información pública disponible, se advierte que dicho Proyecto concluyó en el ejercicio fiscal 2013; año en el cual la referida Comisión ejerció un monto de $21.8 millones de pesos para el Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID);2 hecho que se considera contrario a lo indicado en el Informe Especial emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que resulta urgente reincorporar dicho rubro al ejercicio fiscal 2019.
Por otra parte, el 4 de diciembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de ella se advierte, que en la fracción III, del artículo 4 dispone lo siguiente:
“Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
...
III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte.
...”
Bajo esta nueva estructura del Poder Ejecutivo vinculado con los pueblos indígenas, se considera que dicho Instituto deberá continuar con la ejecución de diversos proyectos como el referido en párrafos previos, a fin de cumplir con las “propuestas” indicadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y satisfacer con ello, una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas.
Por tanto, la Comisión de Pueblos Indígenas, deberá realizar la petición de ampliación de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2019, lo cual podrá exponer en la opinión que se emita respecto de dicho proyecto de Presupuesto, mismo que se dirigirá de manera directa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 79, numeral 3, fracción II, a efecto de que sea incorporado un fondo equiparable al citado proyecto que dejó de ejercerse en 2013, el cual deberá adicionarse al presupuesto que se destine al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales (en su denominación actual), a efecto de que en los ámbitos de sus respectivas competencias y en la manera que les fue indicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en mayo de 2016, den cumplimiento a las “propuestas” formuladas en el citado informe.
Igual exhorto se realiza a la Procuraduría General de la República, bajo los lineamientos indicados, no obstante que no fue mencionada de manera expresa en dicho Informe.
Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno, así como a sus respectivos Congresos, a efecto de que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo indicado en los puntos 10 y 11 del apartado de “propuestas” del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en mayo de 2016, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Tercero . Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Municipios del país que enfrentan una situación de Desplazamiento Forzado Interno, a efecto de que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo indicado en el punto 12 del apartado de “propuestas” del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en mayo de 2016, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación, 15 de junio de 2006;
2 Información disponible en: https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONE S_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EED%202009-2010/CDI/CDI9B.pdf, así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputados: Irma Juan Carlos (rúbrica), Bonifacio Aguilar Linda (rúbrica), Gonzalo Herrera Pérez (rúbrica), Javier Manzano Salazar (rúbrica), Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica), Laura Leticia Méndez Reyes, Marcelino Rivera Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Rogelio Rayo Martínez (rúbrica), Miguel Acundo González, Frinne Azuara Yarzabal (rúbrica), Juan José Canul Pérez, Javier Julián Castañeda Pomposo, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Margarita García García, Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica), Ulises García Soto, Martha Olivia García Vidaña, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica), Manuel Huerta Martínez, Delfino López Aparicio, Virginia Merino García (rúbrica), Araceli Ocampo Manzanares, Inés Parra Juárez, Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica), Alejandro Ponce Cobos (rúbrica), Marco Antonio Reyes Colín (rúbrica), Ariel Rodríguez Vázquez (rúbrica), Lucinda, Sandoval Soberanes (rúbrica), Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para reducir a 50 por ciento el peaje en la Autopista del Sol en la temporada navideña, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Carlos Sánchez Barrios, diputado de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. La existencia de una infraestructura carretera suficiente, eficiente, moderna y segura es factor necesario para el desarrollo de cualquier región.
El aprovechamiento de los recursos naturales y las materias primas, así como el desarrollo de zonas con potencial productivo, comercial y turístico, ha sido posible en gran medida gracias a la disponibilidad de infraestructura para el transporte. No hay actividad económica o social que no esté relacionada directa o indirectamente con las carreteras.
Si bien las grandes autopistas implican cuantiosos montos de inversión, otra más de las características básicas con que debe contar la infraestructura carretera es peajes accesibles a la población.
Segundo. El pasado jueves 6 de septiembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó a la ciudadanía que el Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que actualizara las tarifas de peaje de la red carretera de dicho Fondo. El acumulado de los aumentos de enero y septiembre de este año, asciende hasta un 18 por ciento, respecto a las tarifas vigentes a finales de 2017.
Esa decisión provocó que esta soberanía hiciera un exhorto al anterior titular de la SCT a cancelar el aumento en los peajes por la gran presión que implicaría en la espiral inflacionaria, perjudicando a las familias y las empresas. Desde luego, ese llamado fue ignorado.
Tercero. Aun cuando la SCT informó, en esa ocasión, que el Fonadin decidió mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco, las autoridades retiraron el “descuento” del 25 por ciento que, por decreto, se aplicaba como ayuda al estado de Guerrero tras el paso de los huracanes Manuel e Ingrid.1
Con ese descuento el costo del peaje desde Cuernavaca a Acapulco, en 2017, era de 398 pesos, pero con el aumento en las tarifas, verificado en enero de 2018, el costo ascendió a 432 pesos, lo que representó un incremento del 30 por ciento.
Un aumento similar registró la carretera México-Cuernavaca, que pasó de 74 a 98 pesos, es decir un 32 por ciento más del que los usuarios pagaban en 2017.
Es decir, que el peaje que paga un automóvil en la Autopista del Sol, como es conocida, asciende actualmente a 530 pesos, es decir, mil 60 pesos por viaje redondo. El peaje que paga un autobús en ese corredor es de 1 mil 770 pesos viaje redondo.
Cuarto. En el Operativo Invierno 2017, desarrollado del viernes 15 de diciembre de 2017 al domingo 7 de enero de 2018, la red de autopistas y puentes operados por Capufe registró, en el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco, un incremento en el aforo vehicular de 235 por ciento respecto al tránsito promedio diario anual. Es decir, que se trasladaron en ese corredor, alrededor de 525 mil 300 personas en esa temporada.2
Como es bien sabido, el sector turismo representa uno de los mayores polos de desarrollo del estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades locales del ramo, en la temporada navideña 2017, más de un millón 360 mil turistas visitaron Guerrero y dejaron una derrama económica de 4 mil 128 millones de pesos y una ocupación promedio estatal de 80.5 por ciento.
Por su parte, Acapulco recibió más de 573 mil turistas, una derrama económica de 2 mil 351 millones de pesos y una ocupación promedio de 81.4 por ciento, 4.2 por ciento mayor a la registrada en 2016, según cifras de la dependencia del estado.3
Con objeto de beneficiar a las familias que se trasladan a sus lugares de origen o a vacacionar, en temporada navideña, a esa región del sur de México y de incentivar y recuperar el turismo en la temporada invernal, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que aplique un descuento de cincuenta por ciento (50%) en la cuota de peaje de la Autopista del Sol durante la temporada navideña, que va del viernes 14 de diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de 2019, para impulsar la actividad turística apoyando la economía de los vacacionistas.
Notas
1 Galarce, Karla, El Sur, “Quitan descuento a autopista del Sol”, septiembre de 2018.
2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, comunicado de prensa número 001-08/01/2018.
3 Labastida, Mariana, El Sur, “Se alcanzan cifras importantes en turismo”, enero de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de realizar campañas de prevención e intensificar en los establecimientos de atención médica del sistema nacional de salud acciones de prevención para atender la uveítis y garantizar el acceso a los tratamientos biológicos de este mal, suscrita por los diputados Martha Estela Romo Cuéllar, Carlos Humberto Castaños Valenzuela y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN
Carlos Humberto Castaños Valenzuela y Éctor Jaime Ramírez Barba quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, impulse la promoción de acciones en los sectores público, social y privado del país para que se realicen campañas de prevención e intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, las acciones de prevención para la atención de la uveítis, y se garantice el acceso a los tratamientos biológicos para el tratamiento de este mal.
Consideraciones
El término úvea proviene del latín y significa uva; según las descripciones de los antiguos anatomistas, al retirar el tejido externo del ojo, quedaba una estructura similar a la uva por debajo de la cáscara. La úvea es la capa media del ojo, cuya porción anterior incluye el iris y el cuerpo ciliar. La porción posterior de la úvea es altamente vascularizada y se le conoce como coroides. El concepto de uveítis abarca un amplio y heterogéneo espectro de procesos inflamatorios agudos, subagudos y crónicos, que afectan cualquiera de las estructuras oculares mencionadas. No obstante, la reacción inflamatoria puede comprometer estructuras adyacentes, como el cuerpo vítreo y la retina.1
La uveítis constituye una de las principales causas de discapacidad visual en adultos. Comprende un conjunto de enfermedades inflamatorias intraoculares que pueden ser secundarias a infecciones o no.
La uveítis puede ser causada por trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante, infección o exposición a toxinas. Sin embargo, en muchos casos, la causa se desconoce.
La forma más común es la uveítis anterior, la cual implica inflamación de la parte frontal del ojo. A menudo se denomina iritis debido a que generalmente sólo afecta el iris, la parte coloreada del ojo. La inflamación puede estar asociada con enfermedades autoinmunitarias, pero la mayoría de los casos se presenta en personas sanas. Este trastorno puede afectar únicamente a un ojo y es más común en las personas jóvenes y de mediana edad.
La uveítis posterior afecta la parte posterior de la úvea y compromete principalmente a la coroides, una capa de vasos sanguíneos y tejido conectivo en la parte media del ojo. Este tipo de uveítis se denomina “coroiditis” y si la retina también está comprometida, entonces se llama coriorretinitis.
Uno puede presentar esta afección si ha tenido una infección generalizada (sistémica) o si padece una enfermedad autoinmunitaria.
Otra forma de uveítis es la pars planitis , una inflamación que afecta el área estrecha (pars plana ) entre la parte coloreada del ojo (iris) y la coroides. La pars planitis se presenta con frecuencia en hombres jóvenes y generalmente no está asociada con ninguna otra enfermedad. Sin embargo, alguna evidencia sugiere que puede estar ligada a la enfermedad de Crohn y posiblemente a la esclerosis múltiple.
Existen varios tipos de uveítis:
• Anterior (iritis, ciclitis, iridociclitis): tipo más común de uveítis, afecta el segmento frontal del ojo y comprende la inflamación del iris, el cuerpo ciliar o ambos. Estos pacientes pueden presentar dolor ocular, sensibilidad a la luz, ojo rojo y visión borrosa.
• Intermedia (pars planitis , retinitis y VKH (Voght Koyanagi Harada)): comprende la inflamación de la pars plana , humor vítreo y la retina periférica.
• Posterior (pars planitis , VKH, retinitis): comprende la inflamación de la retina y/o la coroides. Se presenta con visión borrosa, miodesopsias, agregación de células inflamatorias en la cavidad vítrea inferior (bola de nieve) o un reborde opaco en la retina periférica (banco de nieve).
• Panuveítis: es la inflamación de la totalidad de la úvea en sus tres segmentos (anterior, intermedia y posterior).2
La uveítis puede estar asociada a factores genéticos, infecciones bacterianas (tuberculosis, sífilis, enfermedad por arañazo de gato, lepra, enfermedad de Lyme), virales (mononucleosis, virus varicela/herpes zóster, virus del herpes simple, citomegalovirus, VIH/Sida), fúngicas (histoplasmosis, candidiasis, criptococo) o parasitarias (toxoplasmosis, neumonía por pneumocystis).
El diagnóstico diferencial de las uveítis ha cambiado con el tiempo. Sífilis y tuberculosis, que constituían en el pasado las causas principales de uveítis, se diagnostican en la actualidad tan sólo en 2.4 por ciento de los pacientes; sin embargo, se ha notado una reemergencia de estas patologías.3
Varias formas de uveítis están asociadas con enfermedades autoinmunes; se cree que la uveítis no infecciosa es de naturaleza autoinmune. Algunas de estas condiciones están confinadas al ojo, mientras que otras tienen manifestaciones extraoculares: espondilo-artritis (espondilitis anquilosante), colitis ulcerativa (CUCI), enfermedad de Crohn, artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, esclerosis múltiple, psoriasis y artritis reumatoide.
La uveítis puede producir deterioro visual importante, pérdida de la visión o ceguera como resultado de cataratas, edema macular cistoide, glaucoma secundario, opacidades del vítreo, oclusiones de los vasos sanguíneos retinianos, cicatrización de la retina y/o coroides y desprendimiento de la retina. El edema macular cistoide y las cataratas secundarias son las causas principales de pérdida de visión por uveítis en el Reino Unido y otros países de la Unión Europea; además, se cree que causa 10-15 por ciento de todos los casos de ceguera en Estados Unidos de América (EUA).4
El curso de la uveítis se puede describir como agudo, recurrente o crónico con base en su trayectoria temporal:
• Uveítis aguda: se caracteriza por su inicio súbito y duración limitada.
• Uveítis recurrente: comprende episodios repetidos separados por periodos de inactividad sin tratamiento de menos de tres meses de duración.
• Uveítis crónica: comprende una condición persistente caracterizada por uveítis activa que perdura por más de tres meses. Se asocia con complicaciones que amenazan la visión como el glaucoma, las cataratas y el edema macular.5
Pacientes que viven con uveítis tienden a ser atendidos por varios especialistas: oftalmólogos, uveólogos, retinólogos y reumatólogos. El tratamiento de la uveítis no infecciosa puede depender de la presentación clínica (aguda, recurrente o crónica) y existen las siguientes opciones: corticosteroides, esteroides, antimetabolitos, agentes alquilantes, medicamentos midriáticos, inyecciones intravítreas, cirugía, fotocoagulación láser, dispositivos implantados y agentes biológicos.
Sin embargo, en la actualidad en nuestro país este padecimiento no cuenta con una atención adecuada por parte del Sector Salud, no existen las campañas de prevención suficientes ni se cuenta con un tratamiento que ofrezca control a largo plazo en las instituciones públicas de salud.
Por todo lo anterior, este trabajo legislativo busca colocar en la agenda del sector salud esta enfermedad como una prioridad, ya que no existen en este momento opciones de tratamiento disponibles para los pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex), ni tampoco hay campañas que prevengan este mal. En México en este momento sólo existe una opción de tratamiento, el cual es invasivo, pues se trata de un dispositivo implantado disponible en el cuadro básico interinstitucional del Consejo de Salubridad General.
En este trabajo parlamentario quiero recordar que el derecho a la salud se encuentra contenido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y citando el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acudo a esta soberanía para solicitarle al Estado mexicano que genere las acciones para crear las condiciones necesarias para que los pacientes de uveítis puedan disfrutar del derecho al nivel más alto a la salud y así poder enfrentar este terrible mal.
Así pues, queremos manifestar que la protección a la salud engloba diversas actividades, las cuales, el Estado mexicano debe realizar y que se encuentran dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas mediante la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y las relativas a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, así como garantizar la existencia y disponibilidad permanentes de medicamentos y otros insumos esenciales, para la población que los requiera.
Como parte de esta función protectora del derecho a la salud, el Estado mexicano debe, en el ámbito de sus facultades, intensificar en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, las acciones de prevención para la atención de la uveítis y otorgar a los pacientes el acceso a medicamentos biológicos innovadores que les permitan atender este mal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno a que, en el ámbito de sus facultades, intensifiquen en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, las acciones de prevención sobre la uveítis, al constituir una de las principales causas de discapacidad visual en adultos.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad General, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, a garantizar el acceso a tratamientos biológicos contra la uveítis a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes de uveítis y garantizarles su derecho a la protección de la salud.
Notas
1 Barry RJ, Nguyen QD, Lee RW, Murray PI, Denniston AK. Pharmacotherapy
for uveitis: current management and emerging therapy. Clin Ophthalmol.
2014;8:1891-191
2 https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/que-es-la-uveitis
3 https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/que-es-la-uveitis
4 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=59236
5 https://inforeuma.com/enfermedades-reumaticas/uveitis/
6 http://apec.org.mx/uveitis.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputados:
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a prever en el diseño y la implantación de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos de 2019 la infraestructura incluyente y el desarrollo de actividades culturales y recreativas, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y María Alemán Muñoz Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los llamados Pueblos Mágicos de México se han convertido en un atractivo turístico importante para nacionales y extranjeros; donde su competida denominación pública, con el consiguiente estímulo; así como el creciente reconocimiento de la población, los han ubicado como un caso de éxito dentro de la serie de estímulos a la actividad turística, convirtiendo la permanencia del programa que los promueve en una prioridad para nuestro país.
Respetable Asamblea:
En México existen más de 100 pueblos reconocidos como “mágicos” por sus atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, y magia que emana en cada una de sus manifestaciones socio-cultural?es. Sus visitantes gustan de la diversidad de lugares, de paisajes naturales o creados por el hombre, de la cultura, la riqueza gastronómica, la historia, las artesanías y disfrutar de la compañía de sus seres queridos en los recorridos que forman parte de ello.
El Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) se creó para contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en las regiones turísticas, diversificar la oferta que permita, en el mediano plazo, la consolidación de destinos y el fomento de los productos turísticos.
Las Reglas de Operación del programa en mención, dependiente de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, establecen los objetivos, mecanismos, tipos de apoyo y montos, entre otros elementos, para lograr los mejores resultados. No obstante, se han advertido diversas áreas de oportunidad en el desarrollo del programa; en primer término, para que existan estímulos para que los lugares con la denominación, desarrollen infraestructura accesible, que facilite el tránsito y estadía de sus visitantes, específicamente de las personas con discapacidad y adultos mayores; y en otro sentido para que cuenten con mejores productos turísticos, culturales y recreativos que los promocionen y ofrezcan al turista la calidez y calidad esperada.
Las actividades económicas de la población de los Pueblos Mágicos, ha venido a detonarse con el consecuente bienestar para sus habitantes, especialmente ligados con el turismo que trae consigo él propio nombramiento, por lo que se convierte en interés de las autoridades locales continuar recibiendo los recursos que el programa público provee, pero también es importante continuar con su mejora.
Cabe señalar que las autoridades locales reciben a diario las peticiones de los turistas de contar con más y mejores servicios y productos turísticos, como es el caso de municipios del estado de Querétaro que represento y donde sus presidentas y presidentes municipales me han manifestado su interés por emprender un esfuerzo de mejora continua; tal es el caso de las autoridades de Jalpan de Serra y de San Joaquín cuya solicitud de intervención expresa, ha motivado la generación del presente producto legislativo.
También es de destacar que las áreas de oportunidad previamente señaladas, se sustentan en la obligación fundamental de garantizar el derecho de las personas con discapacidad y adultos mayores de acceder en condiciones de igualdad a los mismos.
Así se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 3, inciso f), y en su artículo 9 que dice:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso...”
En el mismo sentido en su artículo 30 que refiere:
“1. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad: c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.”
Resulta necesario entonces realizar un énfasis para adecuar las Reglas de Operación del Programa de Pueblos Mágicos, de las que se desprende que la Secretaría de Turismo puede celebrar convenios para fomentar la gestión de las acciones concurrentes, mediante la colaboración entre las instancias públicas competentes en la materia turística de los tres niveles de gobierno.
Las citadas Reglas de Operación ya prevén en cierto sentido el respeto al derecho a la accesibilidad en su apartado de “Enfoque de derechos” que expresa:
“Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza el Prodermagico, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estas Reglas de Operación, sin discriminación o distinción alguna.”
Sin embargo, se considera que es necesario se amplíe la normatividad para hacer aplicable la declaración anterior, por lo que respetuosamente exhortaremos a la Secretaría de Turismo, para que por un lado analice la pertinencia de celebrar convenios con otras instancias competentes, como la Secretaría de Cultura, con el objetivo de generar un programa que fortalezca los productos y servicios culturales que puedan desarrollarse en los Pueblos Mágicos y que complementen su atractivo propio y por el otro, para que se adicione en las Reglas de Operación la posibilidad de que los proyectos para infraestructura cumplan con el principio de accesibilidad, así como para que se realice la gestión con otras entidades públicas competentes en materia de infraestructura y llevarse a cabo inversión en accesibilidad en los pueblos mágicos.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, es que presentamos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo, para que analice la pertinencia de celebrar convenios con otras instancias competentes, como la Secretaría de Cultura, con el objetivo de generar un programa que fortalezca y complemente los productos y servicios culturales que puedan desarrollarse en los denominados Pueblos Mágicos. Asimismo, para que adicione en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico), la posibilidad de que los proyectos para infraestructura cumplan con el principio de accesibilidad, así como para que se realice la gestión con otras entidades públicas competentes en materia de infraestructura y pueda llevarse a cabo inversión en accesibilidad en los denominados Pueblos Mágicos de México.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de diciembre de 2018.
Diputados:
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader a tomar por el Senasica medidas para prevenir efectos nocivos en el país por peste porcina africana, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a tomar por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria las medidas necesarias en materia de control sanitario para prevenir efectos nocivos en el país por la peste porcina africana (PPA), al tenor de los siguientes
Considerandos
En agosto pasado se anunció una alerta por amenaza ante un riesgo sanitario proveniente de China el cual fue identificado como PPA. En pocos meses el foco de infección se extendió a países como Letonia, Rumania, Bélgica y África, por lo que se ha determinado que se trata de un virus de fácil propagación en insumos o materiales que se introducen en los países, lo cual pone en grave peligro al nuestro.
De acuerdo con información de Organización de Porcicultores del País, la PPA es una enfermedad catastrófica infecciosa del cerdo para la que aún no existe una vacuna por lo que su tratamiento requiere de la aplicación de un rifle sanitario para evitar su propagación.
La situación es alarmante para la porcicultura del país debido a que el riesgo de contagio es alto y podría afectar una actividad que hasta entonces se ha distinguido por su prosperidad y dinamismo, por lo que es de suma importancia que las autoridades correspondientes establezcan medidas preventivas en fronteras, aeropuertos y puertos.
El sector porcícola ha explicado que el riesgo del virus del PPA es alto debido a que los cerdos pueden contaminarse por contacto directo con animales infectados y sus fluidos, vector biológico (garrapata), o de manera indirecta ya sea por la ingestión de productos porcinos o contacto con vectores mecánicos. El virus permanece infeccioso por lo menos cuatro meses en productos y subproductos de cerdo, lo cual propicia la propagación del virus a países con los que se comercialicen dichos productos.
Países con el virus latente
En el país, la carne de cerdo no sólo constituye una de las principales fuentes de proteína de origen animal para la población, sino que su producción deriva en importantes beneficios para la economía nacional, una situación de contagio podría afectar a esta industria que está valuada en más de 36 mil millones de pesos y que crea cientos de miles de fuentes de empleo.
Asimismo, la producción nacional ocupa el noveno lugar de productor de cerdo en el mundo, con lo que se reafirma que el mercado nacional es comparable a la de los países desarrollados, por lo que en un escenario catastrófico podría haber cierre de empresas, el desempleo y una disminución sensible en el bienestar de las regiones dedicadas a la actividad porcícola, tal y como ya ha ocurrido con otras actividades agropecuarias.
Resulta de vital importancia proteger la producción de cerdo, toda vez que la popularidad de este alimento ha traído consigo la pujanza de la industria a nivel nacional, lo que ha derivado en importantes aportaciones de este sector a la economía nacional y regional.
Por lo expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a tomar por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria las medidas necesarias en materia de control sanitario para prevenir efectos nocivos en el país por la peste porcina africana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del Día Internacional de la Neutralidad, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las diputadas y los diputados:
La política de neutralidad hace referencia a la cooperación internacional en pro de la paz, la seguridad y el desarrollo de los estados. Siendo esta una de las principales actividades de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la celebración de este día internacional es que reafirma la gran importancia que reviste respetar la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, la libre determinación, la no intervención en los asuntos internos de los Estados y la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
En base a esta celebración, la ONU nos conmina a emplear la diplomacia política para la resolución de las diferencias entre estados. Subrayando que la política nacional de neutralidad contribuye a fortalecer la paz y la seguridad a nivel mundial y desempeña un papel importante para forjar relaciones pacíficas, amistosas y mutuamente beneficiosas entre los países del mundo.
Ser un estado neutral implica mantenerse siempre al margen de los conflictos bélicos internacionales, pero también nos enlaza a cumplir con el principio de cooperación humanitaria. Ayudemos a su conocimiento y difusión.
Es cuanto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2018.
Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)
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