Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 4974-VII, martes 27 de febrero de 2018
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNBV a seguir instaurando con la Condusef acciones y medidas para promover que las instituciones financieras cuenten con instrumentos eficaces destinados a prevenir la aplicación de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, o “domiciliaciones”, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada federal por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de Urgente u Obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos generales, podemos definir a las domiciliaciones bancarias, como un servicio bancario que consiste en un método de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual, puede hacerse efectivo, a través del cargo de cuentas de nómina, cheques, débito o crédito, etcétera.
En una primera aproximación, es de señalar que, dicho método proporciona al cliente diversos beneficios, entre los que destacan: ahorro de tiempo al no tener que ir hasta las sucursales o a las oficinas prestadoras del bien o servicio contratado; mayor seguridad para el usuario, ya que no tiene que trasladarse con dinero en efectivo; ejecución del pago de manera puntual, evitando el corte del servicio o cobros adicionales por intereses moratorios, etcétera.
Además, en la mayoría de las instituciones bancarias o crediticias, dicho servicio no genera comisión y no es gravable de impuestos. Incluso, en ocasiones ofrecen a sus usuarios beneficios como premios, puntos, recompensas, bonificaciones, etc., por utilizar los servicios de domiciliación.
A pesar de las ventajas antes señaladas, las domiciliaciones bancarias, se ha convertido en un problema para los usuarios de la banca, toda vez que se han alejado de su objeto central, al ser utilizada como herramientas de abuso, al realizar cobros indebidos y no autorizados por los usuarios.
En los últimos años se han incrementado las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros de diversas empresas o de las propias instituciones bancarias, los cuales, sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta, mes con mes les son cobradas las supuestas deudas adquiridas con un tercero.
Una vez que los usuarios se percatan de los cobros, es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros realizados. Generalmente, las instituciones bancarias se niegan a asumir la responsabilidad, remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual, en la mayoría de las ocasiones, tiene sus instalaciones en lugares lejanos o sólo brinda atención telefónica.
En suma, el usuario puede tardar horas, días, semanas e incluso meses antes de poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir generalmente a otras instancias legales. Dicha tramitología, obliga al usuario a invertir tiempo y dinero, muchas veces en vano. Además, de que puede quedar boletinado negativamente en el buró de crédito con las consabidas consecuencias.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por Condusef en 2016, la primera causa de reclamación de los usuarios fue por movimientos u operaciones de la banca, precisamente, respecto al pago automático mal aplicado (domiciliaciones), con un total de 265,494 quejas.1
Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, el 28 de agosto de 2017, señaló que tan solo en el primer trimestre de 2017, se reportaron 554,855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos, (100,000 o 22% más que las recibidas en el primer trimestre de 2016), de las cuales, 166,508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo ésta la principal inconformidad, por encima de las 133,605 quejas por cobros no reconocidos de comisiones y las 109,665 por la entrega incorrecta de la cantidad solicitada a cajeros automáticos.2
El presidente de la Condusef, en conferencia de prensa, precisó que, de las 554,855 reclamaciones recibidas del primer trimestre de 2017 por movimientos operativos automatizados de los bancos, sólo 382,989 fueron resueltas en favor del usuario; con una cantidad promedio de lo recuperado de 2,094, pesos, no obstante, 139,132 quejas fueron desfavorables al usuario, con un monto promedio reclamado por asunto de 7,076 pesos y 32,734 reclamaciones estaban aún en trámite.3
A mayor abundamiento, es de señalar que de acuerdo a la Condusef los bancos que presentaron el mayor índice de inconformidades por movimientos operativos fueron: en primer lugar, BBVA Bancomer con 218,466 correspondiente al 39% del total previamente señalado, le sigue Citibanamex con 137,835 (25%), Santander con 56,187 (10%), Banorte 34,326; HSBC 28,664; Scotiabank 22,446; Inbursa 22,149; Banco Azteca 9,027; Invex 6,994; Afirme 5,078 y BanCoppel con 3,189.4
En razón a lo anterior, es urgente atender dicha problemática que aqueja a miles de ciudadanos año con año, y la cual va en detrimento de su economía y de sus derechos.
Desafortunadamente, las y los ciudadanos usuarios de la banca, a pesar de la normatividad y de los esfuerzos realizados por la Condusef, se encuentran en estado de indefensión, ya que no existen medidas preventivas que los protejan de posibles abusos.
Las cifras, dan cuenta de que estos abusos no son casos aislados sino una constante que va en aumento, de ahí que, es menester que, desde esta Cámara de Diputados, exijamos servicios bancarios de calidad, donde la responsabilidad social de las instituciones esté manifiesta, así como la solidaridad y compromiso con sus usuarios.
En tal virtud, es necesario exigir a las instituciones bancarias la instrumentación de mecanismos que garanticen que cada cobro domiciliado al titular de una cuenta, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento bancario, tenga el consentimiento expreso de éste, lo cual quede debidamente acreditado por medio de un documento.
La magnitud de la problemática, exige medidas concretas, específicas y eficaces, toda vez que, como ya se señaló anteriormente no son casos aislados, sino una práctica deleznable, fraudulenta y engañosa que debe ser erradicada.
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.
Notas
1 http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuidate-de-los-errores-de-l os-bancos.html
2 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Crecen-22-quejas-contra-bancos-la-mayoria-por-cobros-no-reconocidos-20170828-0126.html
3 Ídem
4 Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “grupo de inversionistas” formado por Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, por el quebranto generando al erario con el proyecto Etileno XXI, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera . Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 entre 180 países y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero a 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.
El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendido 28 posiciones con respecto al informe del 2015, que ubicó a nuestro país en la posición número 95 de los evaluados en materia de corrupción.
La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos.
México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana estos índices se explican por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, y la ausencia en una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones1 .
Esta falla del SNA impide una adecuada fiscalización de los entes públicos, particularmente de las empresas productivas del estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, cuyo caso emblemático lo ha protagonizado la empresa brasileña Odebrecht, con múltiples contratos en México.
Segunda. Como lo hemos hecho del conocimiento público, el Grupo Parlamentario de Morena ha promovido diversas acciones para que las autoridades de este país investiguen y, en su caso, castiguen a los servidores públicos y las empresas vinculadas a los escándalos de corrupción en los que se ha visto implicada la empresa brasileña Odebrecht sus filiales y/o subsidiarias en México y el mundo.
Una de las acciones que no ha cesado por parte de Morena es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo ante esta Cámara, con la finalidad de denunciar la impunidad con la que sigue operando esta empresa en nuestro país y la falta de aplicación de la ley para los servidores públicos que participaron en los ya declarados actos de corrupción para otorgarle millonarios contratos a la empresa Odebrecht.
Vale la pena traer a cuenta que, a partir de una proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, esta Cámara de Diputados aprobó el 5 de abril de 2017, punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:
“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y, en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht , así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano denominado “Etileno XXI” , así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht, SA.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias .”
Vale la pena señalar que, de lo aprobado por esta Cámara de Diputados, donde se exhortaba a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones determinarán la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, hasta la presentación de la presente proposición, ninguno ha sido cancelado.
Solo diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, SA, por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la refinería de Tula en “Miguel Hidalgo”2 .
De la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, no se ha recibido ninguna información; se sigue sin conocer siquiera el número total de contratos otorgados en México a la empresa Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias y el estado que guardan estos.
Tampoco se conoce el alcance de las medidas que ha tomado la PGR, a raíz de que su extitular, Raúl Cervantes Andrade, al presentar su renuncia en noviembre del año pasado, y despedirse de la dependencia, afirmara haber concluido la investigación de uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional” en México y América Latina, en referencia al extendido pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en todo el continente. Para Morena, la PGR ha sido cómplice y omisa ante las evidencias presentadas por autoridades extranjeras y por distintos sectores de la sociedad.
A casi diez meses de la aprobación del referido punto de acuerdo, hoy conocimos parte de los resultados de las investigaciones que han realizado diversas dependencias a Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias, entre ellas las realizadas en el ámbito de sus competencias por la Auditoría Superior de la Federación.
Tercera . Con fecha del 20 de febrero del presente año, el encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra, entregó a la Cámara de Diputados el informe general ejecutivo sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016.
Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la ASF emitió 10 mil 346 observaciones, de los cuales dos mil 557 corresponde a pliegos de observaciones sobre presuntos daños a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.
Comentó que el informe general incluye un apartado con 74 propuestas de reformas legislativas que buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Dichas propuestas se agrupan en los siguientes rubros: 1) banca de desarrollo e instituciones de crédito, 2) gasto federalizado, 3) política energética, 4) transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, 5) gestión y protección de recursos naturales y 6) seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.
El contador también externó que hay temas que presentan factores que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen efectos económicos y sociales significativos, entre los cuales están los siguientes:
1) Las contrataciones que se realizan al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2) la obra pública; 3) las operaciones de las empresas productivas del estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) ; 4) el gasto federalizado, y 5) los padrones de los programas gubernamentales.3
Cuarta . De la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800 , realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE. Se enuncian algunos temas por considerarlos vinculantes a los presuntos actos de corrupción en los que se involucra directamente a la empresa Odebrecht sus empresas filiales y diversos servidores públicos entre los que se pueden destacar los siguientes:
1. Asignación del proyecto
En 2008, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (abrogada en agosto de 2014) y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondía en exclusiva a la nación, y específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante sus organismos subsidiarios, entre otras actividades, la elaboración y venta de primera mano de productos derivados del petróleo y del gas, que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que se consideran petroquímicos básicos, entre los que se encuentra el etano.
Al respecto, mediante su organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex busco? promover el interés del sector privado en el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con una capacidad de aproximadamente 1.0 millones de toneladas (MMT) de etileno por año en Coatzacoalcos, Veracruz, denominado Proyecto Etileno XXI, complejo con el que asumiría el compromiso de suministrar etano, mediante los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del Complejo Petroquímica Cangrejera.
Al respecto, el 19 de febrero de 2010, mediante un “proceso de subasta”, PGPB adjudico? un “Contrato de Suministro de Etano”, por un periodo de 20 años, con un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios (Mbd) (2,682,198.0 m3 fase gas de etano por día), a un grupo de inversionistas.
Para estar en condiciones de suministrar el etano al Proyecto Etileno XXI, PGPB formalizo?, el 13 de diciembre de 2012, un “Contrato de Servicios de Transporte de Etano” por ducto, el cual considero? la construcción de un etanoducto de 226.0 kilómetros (km), para la conexión entre los Centros Procesadores de Gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el “Complejo Etileno XXI”, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al “Complejo Etileno XXI”.
Con el análisis de la ASF, a las actas del Consejo de Administración de PGPB de las sesiones 118 Ordinaria, 121 Ordinaria, 127 Extraordinaria y 129 ordinaria, del 20 de febrero y 13 de agosto de 2008, 24 de septiembre y 4 de diciembre de 2009, respectivamente, se constató que el director general de PGPB informo? al citado Consejo que respecto de la intención del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyeran una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos, se tenían definidos los criterios siguientes:
• El cracker de etano se ubicaría en el área de Coatzacoalcos, Veracruz, y se denominaría “Proyecto Etileno XXI”,
• Se formó? un “grupo interinstitucional” con funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de la Función Pública (SFP), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex, a fin de “analizar la iniciativa y de diseñar con detalle el proyecto”,
• El compromiso de PGPB fue abastecer 33.0 Mbd de etano y 66.0 Mbd de gasolinas naturales por un periodo de 15 años, así como la construcción del ducto Cactus- Coatzacoalcos por el inversionista ganador del proyecto, situación que se modificó? en la sesión 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, para que la construcción del ducto fuera por cuenta de PGPB,
• PGPB, como abastecedor del insumo primario, mediante una “subasta” seleccionaría al inversionista que ofreciera “el menor factor de descuento “Y” basado en la fórmula contenida en el modelo del contrato por celebrar con los inversionistas. Dicho factor de descuento “Y” deberá ser menor o igual que el descuento que PGPB está dispuesto a aceptar (Precio de Reserva)”, con quien celebraría un contrato de suministro de etano.
El 6 de noviembre de 2009, se emitió? el fallo de la “subasta”, con el que se declaró ganador al “grupo de inversionistas” –Braskem (filial de Odebrecht) e IDESA (empresa mexicana)–, al cumplir con las condiciones del precio de reserva.
El 19 de febrero de 2010, PGPB formalizo? con el “grupo de inversionistas”, un “Contrato de Suministro de Etano”, el cual considera un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios por suministrar por 20 años; el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014).
2. Fórmula para el precio de venta del etano del proyecto “Etileno XXI”.
En cuanto a la determinación de la fórmula para el precio de venta, incluida en el “Contrato de Suministro de Etano”, con el análisis de la información proporcionada por la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales de PRTI, se identificó? que con el oficio número OAG/JGPB/644/2009, del 27 de abril de 2009, el Gerente Jurídico de PGPB informo? a la CRE que “la fórmula de precio para el Proyecto Etileno XXI, fue desarrollada por un grupo de trabajo al interior de Petróleos Mexicanos, con la participación de autoridades de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República” y el asesor financiero del proyecto; asimismo, le solicito? la aprobación de la fórmula de precio de venta de primera mano para el etano del “Proyecto Etileno XXI”.
Al respecto, se constató? que la CRE autorizo? con su resolución RES/036/2010, del 11 de febrero de 2010, la fórmula que se aplicaría en las ventas de primera mano de etano, la cual establece aplicar a las ventas de etano el precio máximo que resulte entre los precios de referencia internacionales de etano (Mont Belvieu Purity Ethane) o el precio de referencia del gas natural (Henry Hub Natural Gas), ambos con un factor de ajuste. Dicha resolución fue ratificada por personal de la ASF durante la visita domiciliaria, realizada a la CRE en agosto de 2017.
Es importante señalar que, a partir del 1 de septiembre de 2013, la SHCP, de conformidad con la facultad de establecer y revisar precios y tarifas conferida en la normativa aplicable, autorizo? a PGPB, ahora PTRI, que el precio de venta del etano a PMV y PPQ se homologara con el precio de venta del etano, autorizado por la CRE para el “Proyecto Etileno XXI”.
Por lo anterior, se concluye que la fórmula a aplicar en la venta de etano al “Proyecto Etileno XXI”, se autorizó? por la CRE en febrero de 2010, como instancia facultada para aprobar y expedir los términos y condiciones a que debían sujetarse las ventas de primera mano del etano, y la metodología para la determinación de los precios.
3. Contrato.
Respecto del contrato formalizado el 19 de febrero de 2010, se constató que PGPB (el “Vendedor”), mediante las entonces subdirecciones de Planeación; Producción; Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; y de Ductos, y el grupo de inversionistas ganador (“el comprador”), celebraron un “Contrato de Suministro de Etano”, con vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial de la planta (30 de junio de 2015), así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014); asimismo, el 3 de diciembre de 2012, celebraron un convenio modificatorio. En el análisis de los términos y condiciones pactados en el contrato y su convenio modificatorio, se identificaron, entre otras cláusulas, las siguientes:
• “Volumen contractual significa dos millones novecientos ochenta mil doscientos veinte (2,980,220) metros cúbicos (m3) fase gas de etano por día” (66.0 Mbd).
• “Consecuencias del Vencimiento o Terminación” numeral 10.3.2 “Si el comprador terminara este contrato en virtud... de un incumplimiento del vendedor, ...o como resultado de un cambio de Ley Discriminatorio o cambio de Ley en el Sector, el vendedor o la persona que éste designe deberá, a elección del comprador, comprar las instalaciones del proyecto...”
4. Verificación de los integrantes del “Grupo Interinstitucional”.
En el análisis de las actas números 118 ordinaria del 20 de febrero de 2008, 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, 123 ordinaria del 25 de noviembre de 2008, 124 ordinaria del 23 de marzo de 2009, 126 ordinaria del 19 de junio de 2009 y la 127 extraordinaria del 24 de septiembre de 2009 del Consejo de Administración de PGPB, se identificó? la integración de un “grupo interinstitucional”, conformado, además de PGPB, por la Sener, la SHCP, Pemex, la Oficina de la Presidencia de la República y la SFP, para “analizar la iniciativa del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyan una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos y de diseñar con detalle el “Proyecto Etileno XXI”.
A efecto de constatar la participación del “grupo interinstitucional” en el “proceso de subasta”, y que éste se realizó en los términos previamente establecidos, el personal de la ASF, en septiembre y octubre de 2017, realizo? visitas domiciliarias a las oficinas de los integrantes del “grupo interinstitucional”, con las cuales se ratificó su participación conforme a lo señalado en las actas del Consejo de PGPB, y se obtuvo la información siguiente:
5. Pérdida por la venta de etano
El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI” (el “comprador”), en 2016, fue de 1,736,261.8 miles de pesos, que sumados a los 1,387,208.4 miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un costo de ventas de 3,123,470.2 miles de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al “comprador”, por 1,188,382.1 miles de pesos, muestran una pérdida de 1,935,088.1 miles de pesos, sin considerar los gastos de administración ni otros.
Contractualmente, PTRI debe suministrar 66.0 Mbd de etano al “comprador” durante 20 años, por lo que si prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, en cuanto a costos, principalmente los relacionados con la materia prima adquirida a PEP y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio de venta pactado en el “Contrato de Suministro de Etano”, la operación de la venta de etano al “Complejo Etileno XXI” continuara? siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato.
La operación derivada del “Contrato de Suministro de Etano” al “Complejo Etileno XXI”, no genero? valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2.
6. Capacidad de producción de etano
En lo que se refiere a la producción conforme a lo estipulado en el contrato, a partir del 1 de julio de 2015, PTRI debía suministrar 66.0 Mbd al “comprador”, y 66.9 Mbd a Pemex Etileno, lo que hace un total de 132.9 Mbd; cabe aclarar que para 2016, la producción promedio de etano fue de 106.4 Mbd, por lo que tuvo un déficit de 26.5 Mbd.
Por lo anterior, la ASF concluyó que PGPB no contaba con elementos que le permitieran asegurar la producción de etano requerida y genero? compromisos basados en proyecciones inciertas. Asimismo, debido a que el contrato es por 20 años, y que durante 2016 el comprador no requirió los 66.0 Mbd (el volumen suministrado al “comprador” en 2016 fue de 43.8 Mbd), en el momento en que el comprador requiera los 66.0 Mbd, PTRI deberá? reducir el suministro a Pemex Etileno o, en su caso, incumplir con el contrato de suministro de etano, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.
En este sentido la ASF, emitió la siguiente recomendación:
Para que Pemex Transformación Industrial, dada la pérdida que le esta? generando, entre otros, el precio pactado y al costo de transportación del etano con base a lo establecido en el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”, analice las perspectivas financieras relacionadas con esta operación, para tomar en su caso las decisiones que se estimen pertinentes, a fin de evitar que la venta de etano continúe siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato. “Razón por la cual la se requiere actualizar la fórmula para que refleje las condiciones reales del mercado ”.
7. Proyección del “Balance del etano de PTRI 2019-2032”
En el análisis de la información proporcionada por PTRI, a la ASF se observó que las iniciativas para incrementar la oferta de etano están en proceso de elaboración para su aprobación, por lo que no se tiene la certeza de que sean puestas en marcha en 2018. Respecto de la estrategia de importación de etano de Pemex Etileno, no se precisó en donde se va a adquirir y si las condiciones de adquisición serán equiparables a las que le ofrece PTRI; asimismo, con el decremento en la producción del etano proyectada a 2035, según el “Balance de Etano”, se confirma que PGPB no cuenta con elementos que le permitan asegurar la producción de etano requerida por la vigencia del contrato (20 años), que genero? compromisos basados en proyecciones inciertas, lo que implica el riesgo de incumplir el contrato, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoria se emitió? el oficio número DGAFF”C”/”C1”/072/2018, del 17 de enero de 2018, emitido por la Dirección General de Auditoria Financiera Federal “C”, para promover la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, debido a que aun cuando no se contaba con elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, se informó al Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica que se estaría en condiciones de suministrar los volúmenes de etano requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones de suministro con sus clientes.
La Cámara de Diputados tiene en sus manos este importante reporte de fiscalización derivado de las atribuciones constitucionales que ejerce la ASF, pero sus conclusiones deben propiciar acciones más enérgicas para evitar mayores daños al erario público que propician impunidad y un gran malestar social. El servicio público obliga a todos los funcionarios a conducirse con responsabilidad y a asumir las consecuencias de sus actos, sobre todo si con ellos se lesiona el patrimonio que es de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos administrativos y de carácter penal en contra de los funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica; de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; de Petróleos Mexicanos, así como de la Oficina de la Presidencia, quienes integraron el “Grupo Interinstitucional”, responsable de determinar la fórmula para la venta de etano al “Grupo de Inversionistas”, conformado por la empresa Braskem filial de Odebrecht e Idesa, dado el quebranto generando al erario público con el “Proyecto Etileno XXI”.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, actualicen la fórmula para determinar el precio del etano que se le vende a la empresa Braskem filial de la empresa Odebrecht, con la finalidad de evitar más quebrantos al erario público.
Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice las perspectivas financieras relacionadas con los precios establecidos en el “Contrato de Servicio de Transporte de Etano” dada la pérdida que le está generando el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el Grupo de Inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”.
Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicos los procedimientos que ha iniciado en contra de los funcionarios, quienes aun cuando no contaban con los elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, determinaron los volúmenes de suministro establecidos en el contrato, así como condiciones desventajosas para su transportación.
Quinto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Pemex Transformación Industrial para que atienda de inmediato las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800, realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE.
Notas
1 Morales A., “Empeora calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción”, El Universal , Nación, Ciudad de México, 21 de febrero de 2018.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/empeora-ca lificacion-de-mexico-en-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion
2 Redacción. “Inhabilitan por 2 años a filial de Odebrecht por cobro indebido”, La Jornada , Política, Ciudad de México, 07 de febrero de 2018.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/07/
inhabilitan-por-2-anos-a-filial-de-odebrecht-por-cobro-indebido-8909.html
3 Comunicación Social, “Entrega encargado de la Auditoría Superior de la Federación a legisladores informes de la Cuenta Pública 2016”, Boletín Nº 4963, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2018/Febrero/20/4963-Continuar-consolidacion-del-Sistema-Naci onal-Anticorrupcion-diputado-Romo-Garcia
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS, en coordinación con la SEP, a analizar y proponer medios de flexibilización laboral que permitan a trabajadores asistir sin afectación salarial a las actividades convocadas por las autoridades escolares de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Partido Verde Ecologista de México ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.
Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.
Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.
No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.
El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.
Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.
Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.
Y no sólo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.
La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.
Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.
Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:
• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2
• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.3
• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4
• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5
• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6
A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.
Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado.
Notas
1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.
2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.
3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.
4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.
5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México
6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, López Roblero Uberly, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y firmar el Convenio sobre la Inspección del Trabajo 1947 (número 81), de la OIT, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numerales 1, fracción II, y 2; así como los artículos 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición.
Consideraciones
La trata de personas pasó a ser un tema nuevo de preocupación internacional a fines del siglo XX y principios del XXI. En un mundo globalizado, con una polarización creciente de la riqueza en cada país y entre ellos, una mayor demanda de mano de obra barata en los países desarrollados, más posibilidades de viaje y de telecomunicaciones y una imagen (desenfocada) de la opulencia occidental en el mundo entero, los que viven en una pobreza relativa y absoluta tienden a emigrar en busca de una vida mejor.
Ahora bien, el cruce legal de fronteras internacionales para adentrarse en el mundo desarrollado ha pasado a ser propio de los muy calificados o de los económicamente privilegiados, mientras que a otros, deseosos de viajar, se les excluye cada vez más. Cuando la demanda de una mano de obra barata y flexible rebasa los límites de la migración legal, el traficante ofrece un vínculo entre la demanda y la oferta. Ahora bien, a diferencia de quien se contenta con prestar un servicio ilegal al emigrante, por ejemplo al ayudarle a cruzar una frontera internacional, el lucro posible del traficante es mucho mayor: como suele formar parte de una red, aspira a seguir explotando a su víctima después de la migración propiamente dicha, con objeto de seguir cosechando beneficios.
El Protocolo Palermo sobre la trata, de la Convención de las Naciones Unidas, estipula que los Estados ratificantes deben adaptar su legislación nacional y los procedimientos para aplicarlas con el fin de tener debidamente en cuenta la dimensión más general de la trata de seres humanos. Tienen que disponer de una legislación específica y adecuada sobre el particular. Pero no basta con eso para solventar los graves, y a veces crecientes, problemas de violación de los derechos humanos. Los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y el personal judicial necesitan una formación plena que les permita entender los parámetros del trabajo forzoso moderno, que es con frecuencia una secuela de la trata.
Más de 160 Estados miembros de la OIT han ratificado uno (y en la mayoría de los casos uno y otro) de los dos convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso, y 150 Estados miembros han ratificado ya el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (número 182) de la OIT, que propugna la adopción de medidas contra la trata y el trabajo forzoso de los niños. A pesar de ello, en un número muy grande de países no hay leyes específicas relativas al trabajo forzoso, o bien son tan generales que los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las mismas no están en condiciones de localizar, encausar y sancionar los casos concretos de trabajo forzoso. Por otra parte, la experiencia de la OIT nos dice que no basta con el cumplimiento de la legislación para acabar con tales problemas. Es siempre necesario tomar medidas complementarias, que combinen el enjuiciamiento y el cabal cumplimiento de la legislación con otras, basadas en el empleo y de carácter social, que faciliten la prevención y la rehabilitación de las víctimas.
Si no hay órganos encargados de velar por su cumplimiento la legislación no sirve de nada. Procede, pues, revisar tal dispositivo. La policía y los inspectores del trabajo tienen un cometido importante al respecto, puesto que son los que observan la situación existente en los lugares de trabajo, de ahí que estén en condiciones de identificar a las víctimas, al igual que a los autores de la trata, y de tomar medidas correctivas. Una vigilancia más intensa traerá probablemente consigo una disminución del trabajo forzoso en los lugares de trabajo.
La Constitución de la OIT estipula que todos los Estados miembros deben tener un sistema de inspección del trabajo. Según los instrumentos de la OIT, la inspección del trabajo es una función pública, que incumbe al gobierno y que encaja preferentemente en el contexto general de un sistema estatal de aplicación de la política social y laboral y de supervisión del acatamiento de todas las leyes y normas que la plasman en la realidad.
El instrumento principal de la OIT en lo tocante a la inspección es su Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81), que abarca la industria y el comercio. Lo complementan las recomendaciones números 81 y 82, y un Protocolo adoptado en 1995 que lo adapta al sector de los servicios. Hay también convenios de la OIT referentes a otros sectores, como la agricultura, la minería y el transporte.
Es por ello que resulta de gran importancia, que el Convenio sobre la inspección del trabajo sea suscrito por el Estado mexicano, dado que en México, se estima que la prevalencia de trabajos forzados en Latinoamérica y el Caribe es de 3.1 por cada mil habitantes (o del 0.31 por ciento). Así, el número de personas sometidas a trabajos forzados (incluyendo explotación sexual) se calcula en 379 mil 47, considerando la población total de México estimada en 122 millones 273 mil 473 habitantes. Lo anterior es consistente con el Global Slavery Index , que estima en 376 mil 800 el número de personas sometidas a alguna forma de esclavitud moderna en México (no abarca la explotación sexual). Esta cifra coloca a México en la posición número 36 de 167 países con mayor número de víctimas, y ocupa el primer lugar en el continente americano. No obstante, el número de víctimas identificadas por las autoridades mexicanas dista mucho de esa cifra. De acuerdo con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas del gobierno mexicano, hasta el 2014 se identificaron 2 mil 10 víctimas de trata. Incluso si esta información es precisa, el número de víctimas identificado representa apenas el 0.5 por ciento del total estimado en el país por organizaciones internacionales.1
El Convenio número 81 define las funciones y las atribuciones de los inspectores del trabajo, facultados para entrar libremente en un lugar de trabajo inspeccionable, indagar con plena libertad y, en particular, interrogar a las personas en privado, examinar documentos, tomar muestras y ordenar la reparación de defectos, así como decidir si debe dar una advertencia y aconsejar, o bien recomendar o tramitar un procedimiento. Se les imponen, a cambio, ciertas obligaciones: no pueden tener intereses, directos o indirectos, en las empresas que inspeccionan, ni revelar secretos comerciales de las mismas o el origen de las denuncias.
Las funciones principales de la inspección del trabajo tienen que ver con las condiciones generales del trabajo, la salud y seguridad en el trabajo, el empleo (legal o ilegal) y las relaciones de trabajo. Entre otros cometidos, los inspectores deben facilitar información y asesoramiento a los empleadores sobre el modo de acatar las leyes vigentes, así como poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.
Los inspectores del trabajo han de abordar un sinfín de problemas en el desempeño de su misión. La inexistencia de medios adecuados con fines de cooperación y coordinación en todos los niveles puede acarrear una fragmentación de las tareas y apurar unos recursos limitados, a causa de lo cual es posible que los inspectores del trabajo no tengan contacto con los responsables de aspectos concretos del trabajo forzoso como la policía y los inspectores especializados en la seguridad. En el peor de los casos surgirá una rivalidad, con el riesgo consiguiente de duplicación, o bien una autoridad le traspasará el problema a otra. Y sin embargo, los inspectores del trabajo, con sus extensas atribuciones y una gran cobertura geográfica, pueden ser los ojos y los oídos de la policía en el mundo del trabajo. La cooperación entre la policía y los inspectores del trabajo puede resultar muy fecunda, ya que las leyes penales y las laborales tienden a traslaparse en el lugar de trabajo, en lo que se refiere a las víctimas del trabajo forzoso.
Para los inspectores del trabajo no es nunca fácil encontrar y tener acceso a los locales, sobre todo en el caso del empleo informal. En algunos países se vigilan únicamente los establecimientos grandes o medianos, a pesar de que no es en ellos donde más abunda el trabajo forzoso. Además, gran parte del empleo formal, por ejemplo en el servicio doméstico, es invisible para los inspectores del trabajo. En este tipo de situación, la percepción del problema del trabajo forzoso por la población local puede resultar muy útil, al incitarla a denunciar espontáneamente casos de trabajo forzoso. Desgraciadamente, la situación se complica más todavía cuando el lugar de trabajo es móvil, como en el caso de los vendedores ambulantes.
Los inspectores del trabajo pueden desempeñar un papel vital no sólo al final del ciclo de la trata, cuando el migrante está ya en una situación de víctima, sino también al principio de dicho ciclo, esto es, en la fase del reclutamiento. Cabe asimismo la posibilidad de extender la inspección y la vigilancia a los reclutadores, con lo que podrá recurrirse igualmente a ellas en la fase de la prevención.
La modesta categoría social de los inspectores del trabajo, en algunos países, debilita seriamente su voluntad de impulsar el cumplimiento de las leyes. Si la inspección cuenta con el respaldo de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, con una imposición ostensible y eficaz de sanciones legales, menguará la envergadura de la trata y el trabajo forzoso derivados de la inmigración.
La cabal identificación de las víctimas por la policía es de capital importancia, porque constituye la prueba más palmaria contra los traficantes. Aunque pueden tomarse medidas preventivas -vigilancia humana o técnica, teléfono intervenido, infiltración o vigilancia secreta, al igual que técnicas de investigación corrientes-, la mayoría de las sentencias se basan en el testimonio de víctimas de la trata, en particular porque una acción proactiva puede requerir muchos recursos, llevar tiempo y ser muy onerosa.
Para el año 2017, son 147 los países que han firmado y ratificado la Convención sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81);2 los cuales reconocen la importancia de que en los Estados democráticos impere un sistema de inspección del trabajo y con ello se vele por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, es motivo de preocupación que siendo México un país que en múltiples ocasiones ha manifestado su compromiso para garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores, al día de hoy siga sin firmar esta convención.
Para México, la firma de este Convenio representa una oportunidad para analizar y evaluar las acciones que ya se llevan a cabo y las que faltan por hacer, a fin de garantizar derechos fundamentales de los trabajadores y con ello prevenir los diversos delitos que pueden surgir de la falta de inspecciones.
De acuerdo con los artículos 76, fracción I, y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el proceso para ratificación del Convenio faculta e involucra al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para opinar sobre la pertinencia y procedencia de suscribirlo, y una vez firmado, esto es suscrito por el Estado mexicano, sea remitido a la Cámara de Senadores a efecto de que la instancia legislativa, lo analice, discuta y ratifique, hecho que compromete a hacer que se observe y se cumpla.
Por todo lo anterior, someto a consideración la proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que revise y firme el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81) de la Organización Internacional del Trabajo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a que, con posterioridad a la firma del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81), de la Organización Internacional del Trabajo el titular del Ejecutivo federal lo someta a consideración de la Cámara de Senadores para su aprobación.
Notas
1 Polaris, “Diagnostico de la Trata Laboral en México”, 2017, consultado en: www.polarisproject.org el 20 de febrero de 2018.
2 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81), de la Organización Internacional del Trabajo,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0 ::NO::P12100_ILO_CODE:C081 consultado el 20 de febrero de 2018.
Salón de sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero del año 2018.
Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar de manera oficial el Plan Salamanca, suscrita por las diputadas María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN
Las que suscriben, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a publicar de manera oficial el Plan Salamanca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad AC (Imco), la contaminación del aire en México tiene un costo anual de más de 4 mil millones de pesos, distribuido en gastos de salud y pérdidas en productividad; medida desde 2013 al 2018, de forma acumulada, el monto podría incrementar a 20 mil millones de pesos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzaron la campaña “Respira la Vida”, destinada a aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud y el ambiente, esta iniciativa, presentada en el marco de la Conferencia de la ONU Hábitat III, en Quito, Ecuador, insta a generar políticas públicas para reducir ese riesgo y motivar a las personas a emprender medidas para mejorar la calidad del aire, en congruencia con ello, las que suscriben ponemos de manifiesto, lo siguiente:
Monterrey, Toluca y Salamanca son las urbes con el aire más contaminado del país de acuerdo con un estudio publicado en 2016 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se destacan nueve ciudades por sus altos niveles de contaminantes en un periodo que va de 2008 a 2011.
Esto sobre todo por sus altos niveles de dióxido de azufre (SO2), que proviene del proceso de refinado del petróleo, así como de la partículas PM10, PM2.5 y ozono; las partículas PM2.5 son las más dañinas, ya que al ser tan pequeñas, atraviesan los alveolos pulmonares, pasan al torrente sanguíneo y pueden quedarse en el cuerpo generando daños importantes al organismo, tales como problemas cardiovasculares o respiratorios severos; a diferencia de las PM10, que se detienen en las vías respiratorias y son desechadas a través de tosidos o estornudos.
Si bien el desarrollo industrial de este municipio ha representado una importante fortaleza para su desarrollo económico, este ha traído consigo problemáticas ambientales importantes, que han ocasionado una serie de afectaciones tanto al ecosistema de la región, como a la salud de sus habitantes.
Entre los principales problemas de contaminación que aquejan a esta ciudad, se pueden enlistar los siguientes:
* Descargas al río Lerma por parte de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor , mejor conocida como RIAMA, las cuales presentan constantemente variaciones por malos olores, presencia de hidrocarburos y otros compuestos contaminantes; ocasionando la evacuación de escuelas alrededor de la misma, en diferentes días, además de que se ha observado la caída de hollín en viviendas en distintos puntos de la ciudad, teniendo que activar pre contingencias ambientales, generadas por altos niveles en el aire de PM 10.
* Ex tiradero del cerro De la Cruz: Este cerro recibió durante más de 15 años residuos peligrosos por parte de la empresa Quidesa, por su naturaleza química estos residuos contaminantes, se incendiaban y generaban problemas de salud en los habitantes de las comunidades cercanas, Profepa obligó a los responsables de la empresa a retirar cerca de 17 mil toneladas de residuos del cerro, sin embargo actualmente la empresa se encuentra en quiebra y el proceso de retiro y remediación lleva más de un año totalmente detenido.
* Ex planta industrial de producción de plaguicidas y agroquímicos Tekchem; desde el inicio de sus operaciones en agosto de 1956, se fabricaron grandes volúmenes de DDT y otros productos organoclorados. Los procesos productivos en la planta involucraban también el uso intenso de mercurio. En 1997 Tekchem dejó de producir DDT y en el 2008 interrumpió todas las actividades industriales. Debido a las operaciones en la planta, resultaron contaminados el suelo y el agua subterránea por los derrames e infiltración continua en las áreas de depósito de residuos tóxicos. Esta industria fue clausurada a consecuencia de un grave accidente ambiental ocurrido en el año 2000, cuando se levantara una “nube tóxica”, a consecuencia de un accidente al interior de la planta, ocasionando serios problemas respiratorios en las personas que lo inhalaron; algunas cayeron sobre las banquetas de las calles inconscientes y otras que sobreviven a este incidente tiene severos problemas de salud, los habitantes de las colonias aledañas siguen quejándose de molestias, principalmente respiratorias y dolores de cabeza, derivadas de los malos olores y la contaminación aún proveniente del predio que ocupara esta empresa, pues a pesar de que desde la fecha de su cierre, se creara un fideicomiso para la remediación de predio que esta ocupara y se realizaran diversas acciones para ello, a la fecha aún permanecen en el lugar, toneladas de residuos peligrosos a cielo abierto.
En el año de 2016, la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca) de la Conagua realizó un estudio que incluyó diversos pozos en el municipio de Salamanca, Guanajuato, incluyendo pozos de Techkem. Se encontró hidrocarburos en algunos pozos de la refinería de Pemex y de la empresa Tekchem, principalmente. En estos últimos, se encontraron plaguicidas como DDD, DDT, Hexaclorociclohexano (HBC) y Gamma HBC Lindano, por arriba de los Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua (CE-CCA-001/89), para uso como Fuente de Abastecimiento de Agua Potable (FAAP), complementados con criterios nacionales e internacionales, para uso público urbano.
Por ello y con el fin de dar atención a esta problemática, los tres órdenes de gobierno, así como el sector industrial y sociedad en general, conjuntaron esfuerzos, definiendo una serie de acciones encaminadas a mitigar los impactos al ambiente ocasionados a lo largo de décadas por la industria establecida en el municipio, anunciando el 23 de febrero del 2016, la creación del Plan Salamanca, el cual ha ido avanzando en la atención de la problemática, por lo que para coadyuvar en el fortalecimiento de este trabajo, es necesario oficializar un documento rector que contenga de manera detallada las acciones ya realizadas, la que se encuentran pendientes de realizar, la metodología a seguir para el desarrollo del mismo, y que con ello garantizar su ejecución.
Por lo anteriormente expuesto, las que suscriben, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que publique de manera oficial el Programa Estratégico del Plan Salamanca, que contenga de manera detallada, las acciones realizadas a la fecha, las medidas preventivas y metas establecidas, así como los pendientes a ejecutarse y la metodología a seguir para su desarrollo hasta el cumplimiento de dicho Plan.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en la elaboración de dicho Programa Estratégico y como ente coordinador del Plan Salamanca, convoque al gobierno del estado de Guanajuato, al gobierno municipal de Salamanca y a los sectores económicos y a la población afectada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero del 2018.
DiputadasCon punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir la declaratoria como monumento histórico del lote funerario de los diputados constituyentes de 1917, en el panteón civil de Dolores, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El Panteón Civil de Dolores, es un inmueble considerado monumento histórico por ser el lugar donde reposan los restos mortuorios de hombres y mujeres que hicieron importantes contribuciones a lo largo de la historia para el engrandecimiento de nuestro país, siendo el lote funerario más representativo para la memoria colectiva de los mexicanos la Rotonda de las Personas Ilustres.
2. El lote funerario de los Diputados Constituyentes, es también otro de los espacios sumamente significativos de este panteón. En este lugar se encuentran los restos funerarios de los Diputados convocados por Venustiano Carranza que fueron los hombres encargados de elaborar y redactar la constitución de 1917, la Carta Magna más avanzada en su momento a nivel internacional y primera en incorporar los derechos sociales.
3. En ocasión de los festejos del Centenario de la Constitución de 1917, se han realizado celebraciones de diversa índole; desde publicidad oficial, publicaciones impresas y digitales, exposiciones y muestras museográficas, etcétera. Sin embargo, poca atención se ha prestado a este lote funerario que contiene los restos de esos hombres visionarios que plasmaron sus ideas en el documento que es el pilar de nuestra soberanía y la base jurídica del México del siglo XX.
Consideraciones
1. La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que el Presidente de la República será el encargado de expedir o revocar la declaratoria de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos correspondientes, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.1
2. Son considerados Monumentos Históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. 2
3. El 5 de febrero de 2013, los representantes de los tres Poderes de la Unión firmaron el acuerdo para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo a partir de la fecha antes mencionada y hasta el 5 de febrero de 1917.3
4. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece los bienes y servicios que presta el estado en materia cultural, así como la promoción, la continuidad y el conocimiento de la cultura del país, comprendida ésta en una de sus manifestaciones como los elementos materiales e inmateriales inherentes a la historia, reconocidos por el valor que aportan en términos de identidad, formación e integridad.4
Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promulgar el decreto mediante el cual se expida la declaratoria como Monumento Histórico, del Lote Funerario de los Diputados Constituyentes de 1917 ubicado dentro del Panteón de Dolores.
Notas
1 Artículos 5, 5 Bis y 5 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_190118.pdf
2 Artículo 35 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Op. Cit.
3 Sitio del Poder Judicial de la Federación para los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/node/59
4 Artículos 1, 2 y 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a detener las arbitrariedades y violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de confianza adscritos a Pemex Exploración y Producción de la Subdirección de Producción de Aguas Someras en Campeche y garantizarles la conservación del empleo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. En diciembre de 2013 se aprobó en México una reforma constitucional en materia energética. Se anunció como el cambio más significativo que se ha realizado al sector energético mexicano en más de cincuenta años.
Su objetivo, se señaló, es que haya disponibilidad de energía y seguridad en el suministro, que se garantice la sustentabilidad del sector y que beneficie al ciudadano en calidad, servicio y precio.
Desde entonces Morena se manifestó en contra del desmantelamiento de Pemex y la entrega de nuestros recursos petroleros, y con razón, solo hay que ver que las licitaciones energéticas han privatizado recursos naturales, rutas marítimas, litorales y puertos del golfo de México, donde las trasnacionales petroleras más poderosas del mundo realizan actividades de exploración y explotación.
Tampoco hemos visto que beneficie al ciudadano en calidad, servicio y precio, como se prometió. Al contrario, los precios de los combustibles cada vez son más altos, lo que ha causado una alza en la inflación que la ciudadanía vive día a día.
Desde la entrada en vigor de esta reforma hasta la fecha, la administración de Enrique Peña Nieto ha concesionado alrededor de 200 mil kilómetros cuadrados del golfo de México, o sea, la cuarta parte del mismo, a varias empresas petroleras extranjeras.
“El mayor potencial petrolero del país se encuentra en el golfo de México. Los recursos prospectivos convencionales en aguas profundas y en las cuencas del sureste –aguas someras y porción terrestre– alcanzan 42 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cifra que representa 80 por ciento del total nacional”, señala un estudio realizado en la Cámara de Senadores, y todo esto es lo que se está “concesionando”.
La reforma energética implicó un doble golpe, tanto para los ingresos nacionales como para los trabajadores del sector. Desde que entró en vigor la reforma se ha despedido a más de cien mil trabajadores sindicalizados y terciarizados, a muchos otros se les obligó a jubilarse, además de que al Contrato Colectivo de Trabajo se le recortaron derechos ganados, como la edad de jubilación.
Son los trabajadores quienes conocen desde dentro la gran corrupción que impera en la paraestatal, lo que ha permitido su vaciamiento y endeudamiento a grados que hoy permiten que nuestros recursos se entreguen al capital privado.
El antecedente de los despidos masivos de Pemex se encuentra en el Convenio administrativo-sindical 10717 que firmó Pemex con el Sindicato de trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el 29 de julio de 2013, en donde la subdirección de recursos humanos y relaciones laborales de la empresa y la secretaría del interior de STPRM empezaron a elaborar informes de la plantilla laboral de la paraestatal, en los que basarían las propuestas de liquidación, jubilación anticipada y reacomodo de sindicalizados y empleados de confianza, ya que las grandes trasnacionales petroleras, que estaban esperando ansiosas la aprobación de la reforma energética, “quieren las empresas de Pemex sin los trabajadores, sin la carga laboral y sin la obligación del pago de jubilaciones”, advirtió en su momento la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP).
“El recorte de las plantillas sindicalizada y de trabajadores de confianza es una de las afectaciones directas y anticipadas de la reforma energética, pero habrá más afectaciones laborales, porque hay absoluta incertidumbre sobre el futuro laboral del personal que labora, por ejemplo, en refinerías, complejos y unidades de exploración cuando éstas vayan a ser operadas por trasnacionales o vayan a tener participación accionaria de las mismas”, declaró el vocero de la UNTYPP.
2. El día 18 de febrero de 2018 hemos recibido una denuncia de los trabajadores de planta en el régimen especial de instalaciones marinas de confianza adscritos a Pemex Exploración y Producción de la Subdirección de producción de aguas someras BAS02, BAS02-03 y BAS02-04, con lugares de trabajo en los diferentes centros de proceso pertenecientes a la sonda de Campeche, una serie de arbitrariedades como las mencionamos enseguida:
Se realizó una modificación al régimen contractual de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex y organismos subsidiarios, el cual menciona que personal de confianza que presta sus servicios a bordo de equipos e instalaciones marinas, sea de Exploración, Producción, Perforación o Servicios Conexos y de Apoyo, atendiendo a las necesidades de los trabajos que la industria petrolera estatal requiere se efectúen en el mar, desempeñará sus labores en condiciones especiales.
Este cambio fue impuesto de mala fe por la empresa, de forma unilateral y sin la aceptación de los trabajadores involucrados y es improcedente de conformidad a los artículos 24 y 31 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen:
Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.
Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.
La empresa indicó que el personal desempeñará una jornada especial denominada 14 X 14 (descanso acumulado) laborando 12 horas continuas por día de trabajo, conforme a los horarios establecidos, por catorce días y descansando los siguientes catorce días, conforme a las condiciones modificadas en el artículo 95 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex y organismos subsidiarios, y a la Ley Federal del Trabajo, lo cual, como indicamos anteriormente, es improcedente.
3. La modificación del régimen contractual de los trabajadores seleccionados se hizo de manera discrecional sin respetar lo establecido en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex y Organismos Subsidiarios, en su capítulo XVI, artículo 84, que establece:
“El patrón podrá realizar en todo tiempo ajustes a las plantillas de personal de confianza, cuando así lo requiera el cumplimiento de sus actividades, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo”
El artículo 437 de la citada Ley señala:
“Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad”.
Al no tomar en cuenta estos artículos, el patrón incumple nuevamente con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Otras violaciones a sus derechos laborales se dan incluyendo discriminación en el salario ordinario, discriminación por género, y nepotismo en el caso de la contratación de trabajadores “Transitorios”.
Morena ha defendido y denunciado los reclamos de los trabajadores de Pemex y, en este caso, recalcamos que con el recorte de trabajadores y especialistas con amplia experiencia se sacrifica, con altos costos para el país, décadas de formación y preparación de cuadros técnicos y profesionistas a los que se han despedido, o se les ha solicitado que se jubilen anticipadamente.
Demandamos también que este punto de acuerdo no cause represalias contra los denunciantes y que se les garantice su empleo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Dirección General de Petróleos Mexicanos para que el personal de planta en el régimen especial de instalaciones marinas de confianza adscritos a Pemex Exploración y Producción en la Subdirección de producción de aguas someras BAS02, BAS02-03 y BAS02-04 en la sonda de Campeche, que fue cambiado a la jornada especial 14 x 14 (descanso acumulado), sea reintegrado a su régimen anterior.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que en el ámbito que les corresponda, investiguen los casos de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de confianza de Pemex arriba mencionados para que cesen de inmediato las arbitrariedades cometidas en su contra y se les garantice su permanencia en su plaza de trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo, el 27 de febrero de 2018.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a investigar y dar seguimiento a los presuntos desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que realice una investigación a fondo y hasta las últimas consecuencias y, de manera transparente, el caso de los presuntos desvíos en materia de desarrollo social, agrario o territorial observados por auditorías forenses que se incluyen en el informe general ejecutivo presentando por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el presente mes de febrero; asimismo se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a que de manera diligente realice una investigación por los delitos de presunto peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito y los que resulten en contra de los servidores públicos responsables de los presuntos desvíos; igualmente se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para que lleve a cabo un puntual seguimiento a las denuncias administrativas y penales derivadas de esas auditorías forenses, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de recursos públicos de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como parte de los informes individuales correspondientes a la entrega del mes de febrero, así como del informe general ejecutivo.
Los informes presentados corresponden a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016. Este tercer informe complementa las otras dos entregas de informes que fueron realizadas en los meses de junio y octubre de 2017. Cabe decir que el informe general ejecutivo no sustituye los mil 865 informes individuales que se programaron desde enero de 2017, cuyos resultados se planearon para darse a conocer en tres etapas.
Lo cierto es que en este Informe se señala que se realizaron auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas de 2012-2016, en las cuales la ASF observa lo siguiente:
• Se han observado montos con posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos (mdp).
• Los servicios supuestamente contratados se refieren a consultorías, asesorías y servicios relacionados; realización de estudios técnicos, y ejecución de tareas de supervisión.
• Los programas presupuestarios relacionados con las contrataciones versan, principalmente sobre desarrollo social, agrario o territorial .
• Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública de 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del Gobierno Federal (INCA Rural).
• Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.
• En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos.
En este mismo Informe se precisa que la fiscalización realizada al amparo del título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se identifican tres auditorías, concluidas el 19 de enero pasado y su realización fue autorizada por el auditor superior de la federación en marzo, julio y agosto del año pasado.
Esto llama la atención porque se observan presuntos desvíos, en el caso de Sedesol, con las claves D17002 y D17012, se identifican las auditorías a convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos con Radio y Televisión de Hidalgo, firmados en los años 2015 y 2014, respectivamente.
En el caso de Sedatu, con clave D17011, se identifica la auditoría al convenio y contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmados en 2015.
Este punto de acuerdo propone que la Secretaría de la Función Pública investigue a fondo este lamentable caso, y que se proceda legalmente hasta las últimas consecuencias. El escenario de credibilidad ciudadana y confianza hacia la acción del gobierno federal, ya está muy desgastado.
Estamos frente a otro caso que abona a la imagen de gran corrupción e impunidad que ha distinguido la gestión pública de la actual administración. Que para colmo de males se distingue por la ausencia del fiscal anticorrupción.
Resulta muy importante aclarar este caso, por varias razones; afecta sensiblemente la credibilidad de la ciudadanía a su gobierno. Este es un escándalo de corrupción que sólo lastima a los mexicanos.
Resulta reprochable que este polémico manejo de recursos públicos se realice en una secretaría encargada de un tema tan sensible, para millones de mexicanos en vulnerabilidad, como es el desarrollo social. Pero resulta doblemente indignante que ese manejo se repita en otra secretaría, por el mismo equipo de funcionarios federales que sólo cambiaron de despacho.
¿Acaso no se dio cuenta de estos manejos dudosos del erario, el equipo que llegó a sustituir el despacho del desarrollo social? Supuestamente ese equipo de relevo tenía mucha experiencia, especialmente con las tablas que proporciona un despacho como la hacienda pública. O simplemente se trata de encubrir otra cosa.
Parece un modus operandi que sólo deja una estela de corrupción. Resulta doblemente importante que este caso se aclare porque puede ser sólo la punta del iceberg en las auditorías realizadas y presentadas en el Informe General Ejecutivo por la Auditoría Superior de la Federación.
Más aún, la Auditoría Superior de la Federación concluye, de las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas de 2012-2016 que en estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
Además, afirma la misma Auditoría Superior que la cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante.
Considerandos
Que en cumplimiento con lo señalado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presenta el informe general ejecutivo correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016.
Que las secciones y datos incluidos en el informe general ejecutivo cumplen con cada uno de los requisitos estipulados en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Que el artículo 59 de la misma Ley de Fiscalización señala que para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.
Que el artículo 62 de la Ley de Fiscalización señala que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, con base en el dictamen técnico jurídico que al efecto emitan las áreas competentes de la Auditoría Superior de la Federación autorizará, en su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión.
Que el artículo 67 de la Ley de Fiscalización determina que si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
I. Promover ante el tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.
Que el artículo 21, fracción V, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece la atribución del Comité de Participación Ciudadana para acceder sin ninguna restricción a la información que genera el sistema nacional, en este sentido el Comité de Participación Ciudadana tiene la facultad de dar seguimiento a las denuncias de carácter administrativo presentadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación, como por la Secretaría de la Función Pública ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e incluso las denuncias de carácter penal presentadas ante la Procuraduría General de la República.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que realice una investigación a fondo y hasta las últimas consecuencias y, de manera transparente a la ciudadanía, el caso de los presuntos desvíos en materia de desarrollo social, agrario o territorial, observados por auditorías forenses que se incluyen en el informe general ejecutivo presentando por la Auditoría Superior de la Federación el presente mes de febrero; asimismo se exhorta a la Procuraduría General de la República a que de manera diligente realice una investigación por los delitos de presunto peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito y los que resulten en contra de los servidores públicos responsables de los presuntos desvíos; igualmente se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para que lleve a cabo un puntual seguimiento a las denuncias administrativas y penales derivadas de esas auditorías forenses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y firmar el Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Agricultura) 1969 (número 129), de la OIT, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 fracción I; 62 numeral 2, 65; 76, numeral 1 fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; así como en los artículos 79 numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición.
Consideraciones
En México existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro del país, entre los más destacados por su importancia en el consumo se encuentran el maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile y las oleaginosas por la alta producción de aceites derivados de sus semillas.
La zona dedicada a la producción agrícola en México es muy amplia ya que ocupa poco más del 13 por ciento del total del territorio nacional, lo que equivale a 145 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad, donde el maíz y el frijol representan más del 80 por ciento de la producción agrícola al ser los productos que más se cultivan en toda la República.
En los últimos dos años el país ha registrado un aumento en la actividad agrícola, es por ello que en la actualidad ocupa el tercer lugar en la producción de alimentos en Latinoamérica y el décimo segundo a nivel mundial, con una producción estimada de 280 millones de toneladas de alimentos con lo que se estima que al final del 2015 se genere un aumento en la producción de los 52 principales cultivos.
Esta actividad también incide en el aumento de la exportación de productos mexicanos al extranjero debido a la calidad y a la amplia gama de productos con los que cuenta, lo cual repercute positivamente en su potencial de desarrollo a través del crecimiento de la demanda interna y permite generar una mejor articulación regional, mayor equilibrio social e integración nacional.
Los jornaleros agrícolas en México son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y la preparación de los productos agropecuarios, siendo su labor de gran importancia para el desarrollo de las prósperas empresas agroindustriales del país; pero desgraciadamente estas personas son víctimas de explotación y malas condiciones laborales, que casi los tienen como esclavos.
El desigual desarrollo económico del país, provoca que muchos trabajadores de las zonas rurales marginadas emigren a los lugares donde hay trabajo y, lo hacen acompañados de sus familiares, quienes en muchos casos también son contratados para las labores agrícolas, no importando que sean niños, mujeres embarazadas o ancianos.
El tema de los jornaleros de San Quintín,1 en Baja California, no es el único que muestra las precarias condiciones en las que trabaja este sector de la población en México. Organizaciones civiles han documentado en los últimos años una serie de abusos sin que nadie haga nada por mejorar su situación.
Entre los casos documentados destacan maltratos, violencia, falta de acceso a prestaciones básicas y el trabajo infantil. De 2007 a 2015, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha registrado la muerte de 40 niños jornaleros e hijos de jornaleros.
La indiferencia hacia este sector, es una muestra de que, al gobierno, en todos sus niveles, simplemente no le interesa solucionar el problema, pues se siguen registrando los abusos a sus derechos humanos más elementales.
Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.
La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.
Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la Red de Jornaleros Internos. Se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura. Además, señala la Red, el 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los estados más pobres del país. Junto con sus familias representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos agrícolas del país.
La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.
De acuerdo con la Encuesta de 2009, hace seis años había mil 352 unidades empleadoras de jornaleros agrícolas. Los cultivos en los que trabajaban eran de caña, tomate rojo, café, naranja y mango, manzana, calabacita, tomate verde, chile, melón, uva, durazno, piña, plátano y tabaco, siendo los que más empleaban a jornaleros el del tomate rojo (23 mil 305 jornaleros), la uva (13 mil 411) y la caña (8 mil 425).
La mayoría de los jornaleros establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece jornadas laborales de ocho horas, los jornaleros agrícolas trabajan hasta 15 horas al día.
Respecto a los menores de edad, la encuesta oficial estimaba que para 2009 había al menos un millón 58 mil 63 niños y adolescentes trabajando en el sector agrícola y que por lo menos 400 mil de ellos recibían un pago por su trabajo. Asimismo, refería que el 39.1 por ciento de la población jornalera agrícola era menor de 18 años.
Para el año 2017, son 53 los países que han firmado y ratificado la Convención sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (número 129);2 los cuales reconocen la importancia de que en los Estados Democráticos impere un sistema de inspección del trabajo de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Sin embargo, es motivo de preocupación que siendo México un país que en múltiples ocasiones ha manifestado su compromiso para garantizar los derechos fundamentales de sus trabajadores, al día de hoy siga sin firmar esta convención.
Para México, la firma de este Convenio representa una oportunidad para analizar y evaluar las acciones que ya se llevan a cabo y las que faltan por hacer, a fin de garantizar derechos fundamentales de los trabajadores y con ello prevenir los diversos delitos que pueden surgir de la falta de inspecciones.
De acuerdo con los artículos 76, fracción I, y 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el proceso para ratificación del Convenio faculta e involucra al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para opinar sobre la pertinencia y procedencia de suscribirlo, y una vez firmado; esto es suscrito por el Estado mexicano, sea remitido a la Cámara de Senadores a efecto de que la instancia legislativa, lo analice, discuta y ratifique, hecho que compromete a hacer que se observe y se cumpla.
Por todo lo anterior, someto a consideración la proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que revise y firme el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (número 129) de la Organización Internacional del Trabajo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a que, con posterioridad a la firma del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (número 129) de la Organización Internacional del Trabajo el titular del Ejecutivo federal lo someta a consideración de la Cámara de Senadores para su aprobación.
Notas
1 Nota periodística:
2 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (número 81), de la Organización Internacional del Trabajo,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0 ::NO::P12100_ILO_CODE:C129 consultado el 20 de febrero de 2018.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol y la Sagarpa a dotar de mayores recursos presupuestarios a Liconsa para que ésta pague a un precio justo la leche provista por los pequeños y medianos productores del país, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de Sedesol y Sagarpa a dotar de más recursos presupuestarios a Liconsa para que dicha paraestatal pague a un precio justo la leche que le proveen los pequeños y medianos productores de todo el país con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 1 de junio de 2017, con motivo del Día Internacional de la Leche, decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, varios medios de comunicación especializados en economía daban a conocer que México estaba en un momento record en la producción de leche.
La producción de leche en el país se encuentra en un momento récord: en los últimos siete años creció en un 9.5 por ciento, al pasar de los 10 mil 600 millones de litros de 2010 a los 11 mil 607 millones en 2016. Y se espera que para finales del año crezca en otro 1.7 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Por el momento, el país ocupa el noveno lugar en la producción de leche a nivel mundial, después de la Unión Europea, Estados Unidos, India, China, Rusia, Brasil, Nueva Zelanda y Argentina. También es el quinto mayor importador de este producto.
Además, es una actividad con mucho potencial de crecimiento, por los siguientes motivos:
1. Consumo por debajo de lo recomendado, a pesar de que el consumo per cápita en el país ronda los 130 litros anuales, lo recomendado por la FAO son 180 litros. Pese a ello, sigue formando parte de los productos más solicitados en México.
2. La leche es un producto de alto consumo en los hogares mexicanos. En nuestro país, 10.7 por ciento del gasto en productos de consumo masivo de los hogares es destinado a la leche líquida. Las familias compran en promedio 217 litros en un año, llevándose 2.4 litros en cada viaje de compra.
La tiendita de abarrotes es el canal tradicional por donde se adquiere principalmente este producto, seguida de los autoservicios y los mayoristas.
Los estados con mayor producción de leche son: Jalisco, con 19 por ciento del total; Coahuila, con 12 por ciento; Durango 10 por ciento y Chihuahua 9 por ciento.
Las principales empresas de la industria de la leche son Grupo LaLa, con el 21.4 por ciento de participación de mercado; Alpura, con el 10.2 por ciento; Nestlé, con el 7.7 por ciento; Sigma Alimentos, con 6.2 por ciento; y Grupo Lactalis, con el 4.1 por ciento, de acuerdo con la consultora internacional Euromonitor.
A pesar del crecimiento que ha tenido en los últimos años, la industria lechera tiene potencial para crecer mucho más, ya que hasta diciembre de 2016 las necesidades de abasto de leche en polvo fueron de 549,921 toneladas, de las cuales 53 por ciento se vieron satisfechas a través de compras al exterior, según cifras de la Sagarpa.
La Cámara Nacional de Industriales de la Leche, (Canilec) a través de su presidente, Miguel Ángel García aseveró en su momento que si bien nuestro país juega un papel fundamental en la producción de leche, los mexicanos estamos frente a la oportunidad de potenciar el mercado.
No obstante lo anterior, al margen de los principales y grandes competidores en el mercado de la leche, quienes atraviesan una situación muy difícil son los pequeños y medianos productores de leche que la venden a Liconsa porque el precio que esta paraestatal les paga por el producto está muy por debajo de los costos de producción, lo que provoca prácticamente la quiebra de estas pequeñas y medianas empresas.
Liconsa, SA de CV, empresa paraestatal de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya finalidad es la industrialización y comercialización de leche de alta calidad en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos y de manera complementaria lleva a cabo la adquisición de leche nacional para reforzar la comercialización de este producto de primera necesidad que proveen los ganaderos mexicanos, no paga un precio justo a los mismos.
Es importante señalar que en México existen 42 Centros de Acopio en apoyo a la comercialización de leche por pequeños y medianos ganaderos que carecen de infraestructura para acopio, estos centros se encuentran en instalados en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El presupuesto para la compra de leche nacional ha ido a la baja, de tal suerte que en los últimos tres años de 2014 a 2017 pasó de dos mil setecientos ochenta y tres millones de pesos a mil seiscientos ochenta y ocho millones de pesos.
Por otra parte, en el padrón de Liconsa no ha aumentado el número de productores de leche que le venden a dicha dependencia, lo que nos habla de un estancamiento serio y que esta paraestatal no está cumpliendo con su cometido.
Además de pagar a los pequeños y medianos ganaderos por su leche menos de 6.07 pesos por litro, cuando a las empresas grandes se les paga por más de los 6.70 pesos por litro.
Lo anterior, ha originado que este sector de la economía nacional este en un serio predicamento que hace prácticamente insostenible su única vía de sustento.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta puntualmente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el uso de sus facultades y competencias concurrentes doten de mayor presupuesto a la paraestatal Liconsa, SA de CV, para que ésta pague un precio justo por la leche a pequeños y medianos productores de todo el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a observar los principios de legalidad y seguridad jurídica en la construcción del tren Toluca-Valle de México, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
Concepción Villa González, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o. fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación, incluida la ambiental y económica; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos.
A su vez, en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce el derecho de las personas a:
“Artículo 4... un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.”
Además, en el artículo 14o. de nuestra Carta Magna se dispone:
“Artículo 14. ...
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades , posesiones o derechos , sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos...”.
En el artículo 17o. constitucional federal, se prevé:
“Artículo 17o. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes...”.
Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:
“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable , que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático ...”.
Y, en el 26 de la Constitución federal se prevé:
“Artículo 26.
A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...
La planeación será democrática y deliberativa . Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad ...”.
De su lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 19, fracciones IV y V, prevé que el equilibrio ecológico debe observarse en los asentamientos humanos y en el emplazamiento de las vías de comunicación.
A su vez, el desarrollo sustentable se entiende como un proceso de construcción social “que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Bruntland, 1987). La LGEEPA exige además que el proceso tienda “a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas” (artículo 3, fracción XI).
Para una mejor inteligibilidad, el desarrollo sustentable se conceptúa en tres ámbitos interrelacionados e indisolubles: ambiental, social y económico , sin que alguno de ellos pueda prevalecer sobre los otros dos, pues eso rompería el frágil equilibrio ambiental que permite la vida como la conocemos, y, por ende, sería considerado insustentable .
Dentro del derecho ambiental, el ambiente ha sido considerado como “el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que rodean a las personas ” (Brañes, 2000), lo que coincide sustancialmente con la definición legal prevista en el artículo 3 de la LGEEPA, de lo que se sigue que las personas tienen el derecho a gozar, mejorar y cuidar el ambiente que las rodea, incluyendo su forma de vida , individual y colectiva; y las autoridades tienen la obligación de establecer, instrumentar y respetar los mecanismos y procedimientos para la adecuada y oportuna participación de las personas en la preservación o restauración del ambiente, como parte de su derecho a un desarrollo sustentable.
De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio, en el ámbito de sus competencias y atribuciones. Entre estos derechos están el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a participar , definir y gozar de los beneficios del desarrollo sustentable ; así como el derecho a no ser privado de propiedades o derechos , sin juicio previo seguido ante un tribunal constitucional (legalidad y seguridad jurídica); o el derecho a acceder a la procuración y administración de justicia , ante la prohibición de hacerse justicia por sí mismos.
Segunda. El 25 de abril de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autorizó la realización del proyecto denominado “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal ”,1 conocido como “Tren Toluca-Valle de México ”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia integrante del poder ejecutivo federal responsable de la construcción del tren referido, el proyecto tiene como objetivo unir “a la capital de la nación (sic), de 9 millones de habitantes, con la capital del estado de México, el más poblado del país, con casi 17 millones de habitantes. La inversión total será de 44 mil millones de pesos”. El tren tendrá una longitud de 57.9 kilómetros , con dos terminales (Zinacantepec y Observatorio) y cuatro estaciones intermedias (Pino Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa Fe) (Presidencia de la República. Cuarto Informe de Labores 2015-2016, 39 páginas).
Como puede advertirse, la obra reviste las características de un proyecto de dimensiones sociales, culturales, económicas, de infraestructura y ambientales verdaderamente complejas , lo que ha motivado que diferentes grupos sociales de ambas localidades se sientan agraviados; sobre todo, las personas que viven en las inmediaciones de las vías por donde cruzaran las vías del tren y donde se pretende ubicar las estaciones y terminales.
Además, una vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal obtuvo la autorización de la DGIRA, ha solicitado seis nuevas modificaciones sobre el trazo de la ruta del proyecto ferroviario, sin que hasta la fecha las autoridades (federales, de la Ciudad de México y del estado de México) y las empresas concesionarias hayan informado debida y oportunamente a los ciudadanos.
Por lo anterior, es comprensible que diversos grupos sociales consideren que sus derechos a un ambiente sano, a no ser privados de su propiedad o derechos, a la información, al acceso a la justicia y al desarrollo sustentable no fueron ni son debidamente respetados por las autoridades y particulares involucrados, pues no se les permitió participar en los procesos de consulta que prevé la ley en la materia, respectivamente, es decir: fueron excluidos de proceso de toma decisiones . Así lo refieren los comuneros:
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno federal deben entender que han hecho mal las cosas, no hay consenso con los pobladores , el proyecto ha sufrido varias modificaciones y mueven el trazo pretendiendo ocupar tierra que no pagaron, además de afectar la ecología y los pasos ancestrales de la comunidad y de la fauna ...
Además se afectarán los manantiales que dotan de agua a unas 10 mil personas , pues el compromiso era un tren elevado, pero se está perforando el subsuelo , lo que a su vez provocará que los acuíferos se sequen...”.
(Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los comuneros de San Jerónimo Acazulco y la Asunción Tepexoyuca, ambos del municipio de Ocoyoacac, estado de México).
Cuarta. Los ciudadanos que se sienten afectados con motivo de la construcción del tren “Tren Toluca-Valle de México ”, han recurrido a los tribunales de nuestro país para exigir que se respeten sus derechos fundamentales, logrando obtener al menos en dos ocasiones resoluciones judiciales que ordenan la suspensión de la obra , mientras se determina de forma definitiva quién tiene la razón, las autoridades o los comuneros y campesinos.
a) En el cuaderno de amparo 132/2015-3 , el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó la suspensión de la obra , sin que las autoridades y empresas concesionarias respetaran la determinación judicial. Con ese motivo, ante la violación de la suspensión, se interpuso el recurso de queja 118/2017 radicada en el tercer Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Segundo Circuito, por lo cual el 11 de enero de 2018 se ordenó la inspección judicial del tramo donde aplica la medida cautelar (suspensión de la obra), para que se verificara si era cierta la violación legal denunciada por los campesinos, encontrando que en efecto la empresa constructora y las autoridades violaron la suspensión ordenada . Ante la violación de la medida judicial ordenada (la suspensión definitiva del “Tren Toluca-Valle de México” se decretó desde el 5 de octubre de 2015), el Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en vías de ser denunciado y procesado penalmente.
b) En los primeros días de este año, los comuneros y campesinos que se consideran afectados, por “despojo y privación de tierras y afectaciones a sembradíos y mantos freáticos”, interpusieron un nuevo juicio de amparo, el cual se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, bajo el consecutivo 109/2018 . En este proceso, el 19 de enero del 2018 el Juez de amparo concedió a los quejosos la medida cautelar denominada suspensión de plano (definitiva) , respecto de la obra “Tren Toluca-Valle de México ”, a la altura del kilómetro 34 + 600, en dirección a la Ciudad de México.
Además de violentar la ley, la autoridad federal ha recurrido a la amenaza de utilizar la fuerza pública en contra de los comuneros y campesinos que obtuvieron la suspensión judicial : desde el 21 de noviembre de 2017 más de 1000 policías estatales y federales se encuentran en la zona de conflicto, intimidando a los campesinos, quienes, haciendo uso de sus derechos fundamentales recurrieron a los tribunales de nuestro país y se encuentran en custodia de sus predios.
Lo anterior ha provocado diversos altercados entre comuneros y campesinos con los policías; con el riesgo latente de que el conflicto escale, de un asunto que se dirime pacíficamente ante los tribunales a un enfrentamiento físico.
Lo mejor será que la autoridad respete las medidas cautelares y sus efectos, de mantener las cosas en el estado en el que se encuentran y no siga construyendo el tren interurbano dentro del perímetro en conflicto; en respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, es decir, en espera de que los tribunales resuelvan de forma legal el conflicto.
Por lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a observar los principios de legalidad y seguridad jurídica durante la construcción del “Tren Toluca-Valle de México”
Notas
1 Oficio SGPA/DGIRA/DG/3773
Ciudad de México, a 22 de febrero de 2018.
Diputada Concepción Villa González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica aplicada en Tuxpan, Veracruz, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, considere reclasificar la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, con base en las siguientes
Consideraciones
La Reforma Energética se anuncio como uno de los cambios estructurales más importantes de nuestro país, se auguró que con su implementación lograríamos un aprovechamiento eficiente de nuestros recursos naturales, detonaría el potencial del sector energético del país, atraería inversiones, mejoraría la competitividad, beneficiaria al sector industrial y se disminuiría el “precio de la luz, del gas y de los alimentos”, se crearían “empleos formales de calidad y un mejor abastecimiento de combustibles”.1
Sin embargo, al determinar las tarifas por consumo de energía eléctrica en muchos municipios del país, la autoridad no toma en cuenta las características especiales de algunas regiones, como las condiciones climáticas, la capacidad adquisitiva de la población o los niveles de pobreza y marginación de ciertas zonas del país.
Es el caso del municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en el cual la mayor parte del año se presentan sensaciones térmicas extremadamente calurosas, lo que ha obligado a los ciudadanos a tener que utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente en sus hogares y negocios, provocando que el consumo de energía eléctrica aumente y en consecuencia también el precio por el servicio, situación que merma la capacidad económica de las familias tuxpeñas.
El último informe presentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reporta que el estado de Veracruz es uno de los cinco estados con mayor cantidad de usuarios de servicio eléctrico. 2
Además es uno de los principales productores de energía del país, toda vez que cuenta con seis centrales generadoras de energía eléctrica y una central generadora de energía nucleoeléctrica, única en el país.3
En este sentido, desde hace varios años los ciudadanos tuxpeños han realizado diversas gestiones en dependencias estatales y federales para solicitar se revaloren las tarifas y precios del servicio de energía eléctrica pero desgraciadamente no se ha atendido de manera favorable su petición.
El Ejecutivo Federal puede determinar y aplicar tarifas especiales por el consumo de energía eléctrica para ciertos grupos de usuarios, tomando en consideración las necesidades particulares de los usuarios y en apoyo a la economía familiar, con base en lo dispuesto por el artículo 139, párrafo primero, de la Ley de la Industria Eléctrica, en donde se dispone que la Comisión Reguladora de Energía tendrá la facultad de aplicar “las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios”.
Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo, especifica que “El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.”
En fecha 30 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 123/2017 por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con el objetivo de establecer tarifas para el servicio doméstico: 1A, para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados; 1B, para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados; 1C, para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados; 1D, para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, Tarifa 1E, para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados y 1F, para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.4
La tarifa para servicio doméstico en el municipio de Tuxpan es la 1B, lo cual no es acorde con las altas temperaturas que se registran durante el año, al tener un clima subhúmedo con lluvias en verano. Entre los meses de mayo a agosto, donde el termómetro alcanza los 34ºC, con un porcentaje de humedad del 90 por ciento, lo que obliga a las familias tuxpeñas a utilizar sistemas de ventilación y aire acondicionado, ya que de otra manera sería imposible proporcionar una vida digna a los menores de edad y a los adultos mayores: el sector de la población más vulnerable ante las altas temperaturas.
Las diversas poblaciones y comunidades del municipio de Tuxpan, Veracruz, requieren de manera urgente que se lleve a cabo una reclasificación en las tarifas eléctricas del servicio doméstico que les cobra la Comisión Federal de Electricidad, hacerlo resultaría altamente benéfico para miles de habitantes de la región, ya que los altos precios impactan de manera considerable en el poder adquisitivo de las familias, ello, tomando en consideración que en el último informe realizado por el Coneval denominado “Evolución de la Pobreza 2010-2016” reporto que Veracruz es el estado con más pobreza de nuestro país ya que aumento 21.9 por ciento las personas con escasos recursos en comparación con el año inmediato anterior.
Es por ello que solicito se exhorte a las autoridades competentes para realizar un ajuste a las tarifas eléctricas y precios de manera integral, tomando en cuenta la aportación que el estado de Veracruz realiza en cuanto a generación de energía eléctrica al país, las variaciones en años recientes de las temperaturas del medio ambiente y la situación de pobreza que impera en la entidad.
Por todo lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, considere reclasificar la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en el Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz.
Notas
1 http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/que-es
2 http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/informacionareguladores/Documents/
Informe%20Anual/Informe%20Anual%202016%20CFE.pdf
3 http://www.cfe.gob.mx/SiteAssets/Lists/PrefuntasFrecuentesTransp/EditForm/
Las%20Centrales%20Generadoras%20en%20M%C3%A9xico%20mayo%202016.pdf
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506179&fecha=30/11/2 017
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Capufe a incluir instrumentos para moderar las tarifas de las autopistas federales en mantenimiento y reparación, a cargo del diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Mario Alberto Mata Quintero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Caminos y Puentes Federales (Capufe), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a incluir mecanismos para moderar las tarifas de las autopistas federales en mantenimiento y reparación, para proporcionar así un servicio de calidad satisfactorio y de calidad, conforme a las siguientes:
Consideraciones
En México la libertad de tránsito es un derecho que está garantizado por nuestra Carta Magna. El mismo se contempla en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
...
Los servicios carreteros que ofrece el Estado conectan y facilitan el tránsito vehicular entre las entidades federativas, mismo que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte mediante su organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales (Capufe), el cual tiene como principal misión “Prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable...”, 1 de manera que este tipo de servicios carreteros estarán concesionados a particulares y por consecuencia lo deberán ofrecer de la mayor calidad posible.
Por desgracia, día con día nos encontramos con informes acerca del estado que guardan las carreteras federales y no es una novedad que permanentemente se encuentren en reparaciones, cortadas, interrumpidas y, en general, en un mal estado. Recientemente, se dio a conocer que, en los últimos tres años, el costo del peaje en las carreteras del país aumentó 11.9 por ciento, pero ello no se ha visto reflejado en la mejora de las carreteras del país.
La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) ha señalado que la red de autopistas del país cada vez se encuentra más deteriorada y ello conlleva un sentimiento de injusticia entre la población en general, quien advierte que no es correcto pagar cada vez más por un servicio en el que no existen mejoras. En algunos casos, el costo de las carreteras se ha disparado increíblemente, tan sólo la México-Cuernavaca ha subido un 32.4 por ciento, pasando de 74 a 98 pesos a principios de éste enero. Recordemos que el sector carretero mueve el 65 por ciento de las mercancías del país y, por tanto, constituye un área prioritaria del Estado que debe mantenerse con la mejor calidad.2
Se ha demostrado que México está rezagado en materia de red federal de carreteras, pues de 2014 a 2017, casi 113 mil kilómetros perdieron la categoría de buenas o al menos satisfactorias condiciones de circulación por falta de mantenimiento y rehabilitación. Teniendo como resultado que 30 de cada 100 kilómetros cuenta con algún tipo de deterioro, ya sea superficial o estructural.3
Esta situación se convierte alarmante, pues al no encontrarse las carreteras en condiciones óptimas se dificulta el tránsito de los automóviles, ocasionando un gran número de accidentes, pues las vialidades con grietas y baches provocan que los vehículos se desvíen, y los agujeros de mayor tamaño ocasionan que los conductores pierdan el control de los vehículos. Se estima que entre 2009 y 2015 hubo 161 mil 467 accidentes en las carreteras del país, en las cuales resultaron 29 mil 495 personas muertas y 160 mil 778 heridas.4
En el marco del XI Congreso Nacional de Ingeniería Civil de la Universidad de las Américas Puebla, el ingeniero Agustín Melo, director general adjunto de proyectos en la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, declaró que: “De acuerdo a un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, evaluación 2014-2015, México se ubicó en el lugar 61 en el Índice Global de Competitividad, en el lugar 69 en la calidad general de infraestructura, y en el lugar 52 en la calidad de la infraestructura carretera”. Señaló también que para atender los retos y lograr un desarrollo en la infraestructura se deben diseñar planes y programas estratégicos a largo plazo, reformular el análisis de proyectos para que sirvan como herramientas de argumentación y discusión, adaptar las metodologías para hacer que el análisis sea flexible y entendible para los sectores, y que exista una gestión compartida entre los diferentes niveles de gobierno.5
“El reto que se plantea para las autopistas de peaje consiste en consolidar su funcionamiento, homogeneizar sus condiciones de servicio, expandirla y extenderla tanto en cobertura como en tipo y calidad de servicios y sentar las bases para su pleno aprovechamiento como un activo productivo de importancia estratégica para la vida nacional”.6
Las fallas presentadas en la red de carreteras y, sobre todo, en obras nuevas como la del paso exprés de Cuernavaca, que provocó la muerte de dos personas, son sin duda una llamada de atención para las autoridades, pues es necesaria una mayor planeación, supervisión y tratamiento de los proyectos carreteros, del trabajo que desempeñan los funcionarios y los organismos encargados de la materia.7
Para quienes transitamos continuamente diversos tramos carreteros es algo de lo más frecuente encontrar reducción de carriles por obras de reparación (que consumen nuestro tiempo, esfuerzo y recursos), labores de contención o de “parchado” de concreto debido al desgaste que sufren (o quizá a las bajas calidades de los materiales que son empleados en su construcción), frecuentes desviaciones, empleo de carreteras locales cuando las “súper carreteras” no se encuentran en condiciones óptimas”, etcétera.
Todas estas situaciones, como he comentado, consumen nuestro tiempo, recursos y esfuerzos y se trata de algo que no debería de ocurrir porque corresponde al Estado, a través de Capufe, garantizar la existencia de condiciones óptimas en el transporte, en el uso de las carreteras y, en última instancia, en la garantía del derecho tutelado en el artículo 11 constitucional. Un derecho no sólo debe “darse”, sino “garantizarse” en condiciones de óptima calidad.
Por estas razones, mediante el presente punto de acuerdo pretendo que Capufe realice ajustes en el peaje carretero cuando las condiciones de las vías no sean las óptimas que originariamente se ofrecen y que, por tanto, deberían de ser moderadas.
En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a Caminos y Puentes Federales (Capufe), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a incluir mecanismos para moderar las tarifas de las autopistas federales en mantenimiento y reparación, para proporcionar así un servicio de calidad satisfactorio y de calidad.
Notas
1 Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Misión Caminos y puentes federales.
2 “Alza en peaje, carreteras descuidadas”. Nota de El Heraldo de México. Consultado en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/alza-en-peaje-carreteras-descuid adas/
3 El Universal, “En declive, calidad de carreteras de México”, 2 de mayo de 2017, consultado 20 de febrero de 2018 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/05/2/en-de clive-calidad-de-carreteras-de-mexico
4 Animal Político, “”Suben las cuotas, pero no la calidad; 21% de las carreteras libres y 7% de cuota son deficientes”, 27 de mayo de 2017, consultado 20 de febrero de 2018 https://www.animalpolitico.com/2017/05/carreteras-auditoria-fallas-cuot as/
5 Universidad de las Américas Puebla, “En calidad de infraestructura carretera, México ocupa el lugar 52”, consultado 20 de febrero de 2018 http://blog.udlap.mx/blog/2016/05/xicongresodeingenieriaciviludlap-2/
6 Secretaría de Comisiones y Transportes, Infraestructura, página 11, consultado 20 de febrero de 2018 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf
7 Alto Nivel, “Qué tan buena es la calidad de las carreteras en México”, 17 de julio de 2017, consultado 20 de febrero de 2018 https://www.altonivel.com.mx/opinion/buena-la-calidad-las-carreteras-en -mexico/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputado Mario Alberto Mata Quintero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Tlaxcala a adecuar el marco legal correspondiente para regular el funcionamiento y la prestación de los servicios de las empresas locales de redes de transporte, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Que el artículo 54, fracción LII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dispone que son facultades del Congreso “legislar entre otras materias, en el ámbito de su competencia sobre educación, seguridad y salud pública, asentamientos humanos, derechos y culturas indígenas, aprovechamientos de recursos naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero”.
II. Ley de Comunicaciones y Transportes
Que de acuerdo con la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala el servicio público de transporte tiene como objeto “satisfacer necesidades de interés social”.
Así, corresponde al Ejecutivo del estado “otorgar, cancelar o modificar concesiones y autorizaciones a las personas físicas o jurídicas para la prestación del servicio público de autotransporte”.
III. Empresa Pronto (servicio de transporte público)
Que a finales de 2017 entró en operaciones en el estado de Tlaxcala, la empresa denominada Pronto que presta el servicio de transporte público a través del uso de una plataforma digital como una alternativa para quienes utilizan este medio de transporte.
De acuerdo con datos de la empresa se encuentran disponibles 25 unidades de modelos de 2010 a la fecha cuya mínima tarifa es de 25 pesos por un kilómetro o tres minutos de recorrido.
El primer día de operación la empresa puso a disposición un código promocional en el que otorgaba 50 pesos para el primer viaje.
IV. Acuerdo que establece el “Programa para Reordenar el Servicio Público Individual de Pasajeros (taxi)”
El 21 de diciembre de 2017 el Ejecutivo estatal de Tlaxcala publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo que establece el “Programa para Reordenar el Servicio Público Individual de Pasajeros (taxi)” que tiene por objeto reordenar el servicio público individual de pasajeros y regularizar el servicio de transporte de personas denominado taxi, conforme a lo siguiente:
• Serán materia de este acuerdo los prestadores del servicio a quienes, a la entrada de este acuerdo, se les haya expedido un título de concesión para prestar el mismo;
• Los titulares de la concesión deberán acreditar que el vehículo en que prestan el servicio, tenga placas, haya pagado y pasado la revista correspondiente a este año, estén al corriente en el pago de derechos por los últimos cinco años y sea un modelo que no rebase los diez años de antigüedad;
• No se regularizará, ni se autorizará la prestación del servicio, de ningún otro que se preste mediante plataformas tecnológicas que no sean las que desarrolle el gobierno del estado, y
• Se integrará una base de datos con la cual se emitirán nuevas cédulas de identidad a los conductores.
Asimismo, establece que no se considera como servicio público de transporte de pasajeros, el que se ofrezca y presten personas físicas o morales sin la autorización del Ejecutivo del estado, independientemente si ese servicio se pacte por medio de contrato verbal, escrito, o de servicios electrónicos, informáticos, de internet, correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por tales medios.
Con la implementación de estas medidas, el gobierno del estado pretende dar certeza en la prestación del servicio, de quienes cumplen con las obligaciones fiscales y administrativas como el pago de derechos, revista y placas, establecidas en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado y, por otro lado, evitar la competencia desleal de aquellas personas que no cumplen con la norma en materia de transporte, como quienes ofrecen servicios de transporte mediante diversas plataformas digitales o a través del uso de teléfonos inteligentes, ya que en la actualidad no existen los elementos técnicos ni legales para una regulación adecuada del servicio.
Por lo que el gobierno del estado canceló la prestación del servicio de transporte público por parte de la empresa Pronto que opera a través de diversas plataformas digitales.
V. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del estado de Tlaxcala
De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (en adelante, Plan) del estado de Tlaxcala, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala tiene registradas 5 mil 500 concesiones a empresas y particulares de transporte público que operan en 460 rutas en todo el estado.
En este sentido, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG), el estado de Tlaxcala se encuentra en “segundo lugar nacional en percepción de la calidad del servicio público y primero en percepción de calidad de las unidades del servicio de transporte”.
En 2016, Tlaxcala alcanzó una modernización de 95 por ciento en los vehículos de transporte público cuya antigüedad no supera los 10 años.
Es por ello que en este Plan plantea necesidad de fortalecer la eficiencia, calidad y seguridad del servicio de transporte en el estado, mediante “reformas a la legislación para adaptarla a las necesidades actuales de desarrollo regional”.
Reconoce que la “falta de una normatividad adecuada para el transporte metropolitano, puede impedir el desarrollo de acciones articuladas que promuevan una eficiente movilidad urbana”.
No obstante, a un año del ejercicio de la presente administración el gobierno del estado no ha impulsado un marco legal e institucional adecuado para el desarrollo de un sistema de transporte metropolitano que mejore la prestación de los servicios en el transporte público en el estado.
VI. Análisis de opinión la prestación del servicio de transporte de personas por medio de plataformas móviles
En junio de 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, Cofece) emitió una opinión dirigida al jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como a todos los gobernadores y legislaturas locales del país en relación a las Empresas de Redes de Transporte (en adelante, ERT).
La Cofece analizó las características de las ERT y determinó que éstas resuelven de manera efectiva problemas de coordinación y asimetrías de información propias del servicio de transporte individual de personas, además de atender una serie de problemáticas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad.
La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en regular los servicios prestados por las ERT. En julio de 2015, el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial dos acuerdos que están basados en las principales recomendaciones emitidas por la Cofece. Así, mediante dicha regulación, las ERT fueron reconocidas como una “nueva categoría de transporte privado”, sin que se establecieran restricciones a la oferta o al sistema tarifario, aunque sujeto a ciertos requisitos.
La reacción regulatoria de la Ciudad de México fue seguida por otras entidades federativas, por ejemplo, estados como México, Puebla y Guanajuato modificaron sus marcos normativos para que el usuario tenga opciones de movilidad de distintos tipos y se eviten barreras que puedan impedir o limitar la entrada de nuevos proveedores.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Tlaxcala para que realice las adecuaciones al marco legal correspondiente que regule el funcionamiento y la prestación de los servicios que ofrecen las empresas de redes de transporte conforme a las necesidades actuales de desarrollo regional del estado de Tlaxcala y otorgue certidumbre jurídica a todos los prestadores del servicio que cumplen con las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes para fortalecer la eficiencia, calidad y seguridad del servicio de transporte en el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Bansefi a presentar inmediatamente su renuncia para garantizar una investigación imparcial sobre el probable fraude cometido en la entrega de tarjetas con recursos del Fonden a damnificados por los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
A mediados de este enero, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había encontrado múltiples irregularidades en la entrega de tarjetas por parte del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para las personas damnificadas por los sismos de septiembre de 2017.1 Según la información, se emitieron 4 mil 574 plásticos a nombre de mil 495 beneficiarios con depósitos que sumaron 68.8 millones de pesos; sin embargo, había nombres registrados con 2, 8, 14, 16, 18, 26 y hasta 34 tarjetas, muchos de quienes en la realidad nunca recibieron nada.
Como parte del programa, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estuvo encargada de censar a las personas damnificadas. Ya con este registro, Bansefi hizo las transferencias de apoyos federales del Fondo de Desastres Naturales. El 14 de noviembre, Virgilio Andrade, actual titular de Bansefi (también conocido por haber declarado inocente a Enrique Peña Nieto en el caso de la mansión construida por Grupo Higa), tuvo que denunciar ante la Procuraduría General de la República la presunta clonación de plásticos.
El 20 de diciembre, la CNBV concluyó que “Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en mil 495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.
De igual forma, la investigación indica que “el monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de 15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la primera cifra, Bansefi debió dispersar 22.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 46.4 millones de más. En el caso de que a los mil 495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4 millones de más”.
MCCI detalló que de manera paralela se hicieron compras por un total de 1 millón 107 mil 944 pesos en lugares muy alejados de las zonas donde se entregaron los plásticos. Además, en 34 tarjetas se registraron cientos de cargos por sólo un peso para retirar en total 362 mil 23 pesos. Con otros 27 plásticos se hicieron operaciones anómalas por 178 mil 798 pesos.2
Las irregularidades se presentaron incluso antes de que 59 tarjetas se entregaran a las personas damnificadas, con compras por 357 mil 76 pesos. Además, la investigación de la CNBV indica que para extraer el dinero se usaron terminales bancarias de un supermercado, dos restaurantes y una tienda de telefonía celular ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.
A su vez, 258 beneficiarios denunciaron cargos no reconocidos; en este caso, la CNBV confirmó que 96% de esos plásticos habían sido hackeados para extraer dos millones de pesos. Al identificar los patrones de compra en los plásticos, la CNBV analizó los movimientos en establecimientos comerciales con recursos del Fonden. De esta forma se encontró que la misma situación se repite con cientos de tarjetas que aún no han sido denunciadas.
Todo esto fue posible gracias a la incapacidad de Bansefi para detectar y bloquear transacciones fraudulentas. Como la misma institución declaró ante la CNBV: “...al día de hoy en esta contraloría (Gerencia de Prevención de Fraudes) no cuenta con procesos, herramientas, infraestructura tecnológica y controles para la vigilancia”. Por su parte, Virgilio Andrade minimizó las investigaciones y consideró que se trata sólo de “incidencias que se han detectado, las cuales se han ido corrigiendo”.3
Este ya documentado fraude realizado por las instituciones gubernamentales para lucrar con la tragedia que miles de mexicanas y mexicanos sufrieron durante septiembre de 2017 demuestra un nuevo episodio de corrupción gubernamental; es impensable mantener a funcionarios omisos e irresponsables en sus puestos. Por lo aquí expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a Virgilio Andrade, director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), presentar inmediatamente su renuncia para garantizar una investigación imparcial con motivo del probable fraude cometido en la entrega de tarjetas con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a personas damnificadas por los sismos de septiembre de 2017.
Notas
1 https://contralacorrupcion.mx/tarjetasbansefi/
2 https://contralacorrupcion.mx/clonaciontarjetasbansefi/
3 http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/17/
bansefi-rechaza-fraude-en-tarjetas-para-damnificados-seguiran-repartiendolas_a_23336121/
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero de 2018.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INM a brindar mayor atención a los migrantes centroamericanos que transitan por territorio nacional en busca de llegar a EUA, a cargo del diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, diputado Salvador García González, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En fechas recientes se publicó en medios de información nacional, la localización de migrantes centroamericanos en un transporte de carga que no contaba con la adecuada condición para ser trasladados al norte del país, de acuerdo con información publicada por el diario El País , “La crisis humanitaria que se vive al sur de México se ha trasladado a la frontera con Estados Unidos. En el último mes casi 600 migrantes centroamericanos han sido localizados en Tamaulipas en condiciones de hacinamiento y desnutrición. En algunas ocasiones fueron hallados en el interior de camiones de carga y en otros retenidos en casas de seguridad en la ciudad de Matamoros.”i
“De todos ellos, apenas unos pocos son mexicanos y el resto son centroamericanos”. ii
Esta noticia nos debe llevar a hacer conciencia de las condiciones de los migrantes indocumentados que de manera constante e irregular cruzan nuestro país buscando mejores condiciones de vida en los Estados Unidos de América, nación que paradójicamente ha sido y es hostil a la migración, no obstante, de los múltiples beneficios que los migrantes aportan a la economía y la cultura de esta potencia mundial.
Esta situación también la enfrentan muchos de nuestros connacionales al tratar de ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos de América; el trato muchas veces inhumano que reciben de la patrulla fronteriza vulnera su dignidad de personas o ciudadanos de otros países, así como los derechos humanos de todos ellos. Por lo que resulta de la mayor importancia evitar reproducir en nuestro país los esquemas y condiciones de maltrato que tienen las autoridades estadounidenses hacia el migrante.
México debe ser un referente de respeto a la dignidad y los derechos humanos de quienes se encuentran de paso, independientemente de cuál sea su condición migratoria.
La reciente situación en la que se localizaron migrantes hacinados y en deplorables condiciones de salud debe llevar al gobierno de la república a replantear la atención que se está dando al tema de migración desde la frontera sur, en donde se origina el problema de la contratación de personas que los trasladan a los límites con el país vecino, hasta el mejoramiento de acciones para la debida atención de los migrantes en coordinación con cada una de las entidades federativas que tienen colindancia con el país del norte; así como aquellas que son tránsito de migrantes.
Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a que instruya a sus respectivas delegaciones estatales para brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de América.
Notas
i Casi 600 migrantes centroamericanos localizados en el último mes en Tamaulipas”, El País, (13/02/2018), recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2018/02/13/mexico/15184 90847_563828.html
ii Idem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de febrero de 2018.
Diputado Salvador García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a investigar y, en su caso, sancionar y difundir la compraventa de inmuebles de los bancos Bankia y Caixabank, por el presunto fraude inmobiliario en Playa del Carmen y la riviera maya, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Arlet Mólgora Glover, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Adquirir un inmueble o un patrimonio, representa uno de los momentos más importantes en la vida de las personas. Comprar una casa, un terreno campestre, un local comercial o casa de descanso, son movimientos importantísimos que, desgraciadamente, hacen a los compradores, vulnerables a los actos de personas deshonestas, que han hecho de la práctica del fraude inmobiliario, un lucrativo modo de vida.
En una sociedad organizada y compleja como la nuestra, en que día con día se realizan miles de negocios a través de los cuales se da el compra venta de bienes inmuebles, no es posible ni práctico dejar a la deriva de los interesados estas operaciones, pues ello podría degenerar en un desorden de tal magnitud que, en determinado período, no habría certeza ni seguridad jurídica y financiera acerca de cuáles son las propiedades y el valor real de las mismas.
La dudosa compra venta de terrenos en playas de destinos turísticos, del mar de cortés, donde bancos españoles como Bankia y Caixa Bank son señalados por presunta evasión de impuestos, fraude y probable lavado de dinero, han puesto alerta en las operaciones inmobiliarias donde ambos bancos extranjeros tienen participación.
En Playa del Carmen en Quintana Roo, el sector de los bienes raíces alerta sobre la reproducción del mismo modus operandi, donde Bankia y Caixa Bank están simulando rematar, a precios del 15 por ciento de su valor real, departamentos de lujo en El Resort Gran Coral de la Riviera Maya.1
Dichos inmuebles fueron adjudicados por ambos bancos debido aún supuesto incumplimiento en el pago de los créditos invertidos para su desarrollo.
De acuerdo con expertos inmobiliarios, los bancos españoles Bankia y Caixa Bank han simulado compraventa de terrenos en playas de Los Cabos, Baja California Sur defraudando más de ciento cincuenta millones de dólares en impuestos federales y seis millones de dólares al municipio; también en Quintana Roo han simulado remates de departamentos en Playa del Carmen a precios del 15 por ciento de su valor real, lo cual indican expertos en materia legal apunta a un fraude e incluso lavado de dinero.
Bankia y CaixaBank han vendido las tres fincas adquiridas dentro del proyecto Grand Coral en el que participaron los empresarios Juan Ferri y José Baldó. Una operación que investiga una juez de la Audiencia Nacional española, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo y administración desleal. Ferri y Baldó se encuentran en libertad bajo fianza por estos hechos.
Los 31 millones de metros cuadrados de suelo fueron adquiridos por los empresarios investigados gracias a los créditos de hasta 500 millones de dólares concedidos por las extintas Bancaja y Banco de Valencia, ahora absorbidas por Bankia y Caixabank. La venta de estos terrenos acordada ahora por Bankia y Caixabank se ha fijado en 60,5 millones de dólares.
Ferri y Baldó han llevado estas operaciones de venta a la Audiencia Nacional Española. En un escrito al que han tenido acceso portales de internet, se denuncia la venta “a precios irrisorios carentes de cualquier mínima sospecha de racionalidad económica que en modo alguno puede justificarse o ampararse”. Fuentes de las entidades bancarias han señalado a esta emisora que el proceso de venta se ha realizado conjuntamente por Bankia y Caixabank. Un proceso, añaden, “abierto, competitivo y transparente” que se ha ejecutado a través de una empresa líder en el sector del suelo. Y concluyen señalando que se trata de terrenos en una ubicación desfavorable, sin infraestructuras y con una tramitación urbanística nula o incompleta.2
En estas operaciones, existen varios tipos de riesgo, el riesgo fiscal, el riesgo económico local, pero además hay un posible riesgo de que exista dinero producto de un delito, que se quiera lavar dinero a través de esta forma. Lo que podría haber detrás de estas operaciones es con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, lo que constituye un delito de lavado de dinero.
Bankia y Caixa Bank ambos bancos españoles, tuvieron un proyecto de fusión en 2011, la cual no se concreta ya que a mediados de 2012 Bankia entra en crisis y es absorbida parcialmente por el gobierno español, en 2013 se declara la quiebra del banco español. La importancia de estos bancos, radica en que Bankia y Caixa Bank fueron parte del boom inmobiliario español dentro y fuera del territorio Ibérico en el caso de México fue a través de estos bancos que grupos hoteleros financiaron proyectos tanto en Cancún como en Los Cabos.
Los fraudes inmobiliarios en México, de todo tipo, alcanzan un monto de 600 millones de pesos anuales; en muchos casos los defraudadores ofrecen desde casas en paradisíacas playas vírgenes, hasta inmuebles en lujosos desarrollos inmobiliarios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). “Es difícil conocer la cifra exacta de fraudes porque en muchos casos no se presenta denuncia ante las autoridades, la AMPI, asegura que los supuestos vendedores inmobiliarios que no están certificados aprovechan la ignorancia de las personas para cometer operaciones fraudulentas.
El Registro de las operaciones de las instituciones bancarias debe ser confiable para los ciudadanos, esto se da a través de la transparencia. Por ello, deben ponerse a disposición de los ciudadanos la información registral, dejando a salvo la legislación de cada país sobre protección de datos personales. En materia de créditos hipotecarios y titulación de los mismos, la transparencia del Registro beneficia no sólo a los consumidores y usuarios sino también a los inversores y es garantía de solvencia de las entidades financieras. Asimismo, la transparencia redunda en beneficio de las administraciones y poderes públicos, al permitirles utilizar los datos del Registro para prevenir diversas modalidades de fraude, como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investigue, en su caso sancione y haga del conocimiento público la información referente a las operaciones de compra venta de inmuebles de los bancos Bankia y Caixabank, por el presunto fraude inmobiliario en Playa del Carmen y la Rivera Maya, en Quintana Roo.
Notas
1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/01/23/1215399
2 http://cadenaser.com/ser/2017/12/31/tribunales/1514734836_329907.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Arlet Mólgora Glover (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a investigar el caso de Marco Antonio Sánchez Flores como desaparición forzada; y al jefe del gobierno local, a evitar expresar públicamente cualquier prejuicio personal sobre el asunto para garantizar la imparcialidad y efectividad de la indagatoria, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González , en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
A inicios de año, el país entero conoció a Marco Antonio Sánchez Flores, un estudiante de quinto semestre de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM, a quien un grupo de policías detuvo en la delegación Azcapotzalco y desapareció durante cinco días. Si bien aún no concluyen las investigaciones, la revista Proceso realizó una crónica de lo ocurrido mediante diversos testimonios.1 En adelante recupero esta reconstrucción.
El 23 de enero, Marco Antonio salió con sus amigas y amigos. Al pasar por la calle Cultura Norte, decidió fotografiar un muro pintado. Minutos más tarde llegaron dos policías de la SSP Ciudad de México en motocicleta. Marco y uno de sus amigos se asustaron y avanzaron hacia la estación del metrobús El Rosario, trataron de subir al andén, pero los policías llegaron hasta ahí.
Según testigos, cerca de las 16:00 horas, cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y uno de la Policía Auxiliar detuvieron a Marco y lo acusaron de robo. Varias de las 20 personas consultadas por Proceso afirman que uno de los uniformados golpeó al joven por lo menos dos veces. Aunque había permanecido en el suelo durante más de 10 minutos, uno de los agentes le dio un cabezazo en la cara con el casco puesto. El integrante de la Policía Auxiliar, encargado de la seguridad en la estación, impidió que cualquiera de las 20 personas presentes se acercara a ayudar. Marco Antonio gritó que estaban violando sus derechos y pidió que alguien tomara fotos o video.
El joven seguía intentando liberarse, pero lo esposaron y subieron a una patrulla. Los testigos no volvieron a saber de Marco hasta que los medios difundieron su desaparición. Cinco días después, Marco fue ubicado en el municipio Melchor Ocampo del estado de México. Esto de ninguna forma se logró gracias a las autoridades, sino a la amplia movilización social que exigió la aparición del joven, así como a los recursos legales que interpuso la defensa de la familia Sánchez Flores.
Durante los días que estuvo desaparecido, Marco fue detenido por segunda ocasión en Tlalnepantla, donde fue presentado ante un juez cívico y posteriormente liberado. Simón Hernández León, representante del Instituto de Justicia Procesal Penal, comentó que la familia de Marco acudió a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) para denunciar la desaparición forzada, por lo que su defensa presentó un amparo indirecto contra las autoridades que podrían haber participado en su detención y ocultamiento.
La presidenta de la CDHDF, Nashielli Ramírez, aseguró que no se aplicaron los protocolos en la búsqueda de Marco y que las autoridades de la Ciudad de México y el estado de México cometieron omisiones graves. La defensa de la familia ha denunciado irregularidades puntuales en el caso: la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza; no haber hecho la presentación del detenido ante el Ministerio Público; la negativa de la agencia 40 del Ministerio Público a dar información sobre el paradero del joven y a levantar la denuncia por desaparición; no haber activado los protocolos de búsqueda para la debida diligencia; la liberación del menor de edad sin aviso a sus familiares; no haber registrado la aprehensión de Marco en el estado de México; la violación de los derechos de los niños al no haber resguardo de identidad de un menor de edad.2
De igual forma, se presume la posible comisión de tortura durante la desaparición, puesto que el estado de salud de Marco es distinto a cuando se le vio por última vez.3
Miguel Ángel Mancera ha calificado el caso como extravío, cosa que no es un delito. Las declaraciones del jefe de Gobierno afectan las garantías de una investigación imparcial y efectiva al pretender liberar de cualquier responsabilidad a las autoridades. De igual forma, las organizaciones defensoras de la familia de Marco consideran que al publicar videos sin aviso, la Procuraduría General de Justicia de la capital pretende intensificar la criminalización del joven y defender a los policías.4
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que
Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Con base en los elementos disponibles hasta el momento, hay suficiente evidencia para considerar el caso de Marco Antonio como desaparición forzada. De hecho, el equipo jurídico de la familia presentó un amparo con ese objetivo, ya que el delito no concluye con la localización, sino que implica violaciones graves a derechos humanos.5 Por lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México investigar el caso de Marco Antonio Sánchez Flores como desaparición forzada en los términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de Ciudad de México, evitar expresar públicamente cualquier prejuicio personal sobre el caso de la desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, con el fin de garantizar la imparcialidad y efectividad de la investigación.
Notas
1 http://www.proceso.com.mx/521339/caso-marco-antonio-cronica-de-una-desa paricion-forzada
2 http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparicion-polici as-golpes/
3 http://www.animalpolitico.com/2018/02/marco-precedente-desaparicion-for zada/
4 http://ijpp.mx/acervo/noticias/item/1607-comunicado-al-publicar-videos- sin-aviso-a-la-familia-la-procuraduria-de-cdmx-busca-intensificar-la-cr iminalizacion-de-marco-antonio-y-defender-a-policias?platform=hootsuite
5 http://www.animalpolitico.com/2018/02/marco-precedente-desaparicion-for zada/
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero de 2018.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a atender el incremento alarmante de unidades irregulares de transporte público y emprender acciones para garantizar la más rigurosa inspección y regularización de los vehículos actualmente en servicio, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez , diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En una era marcada por un vertiginoso desarrollo de las comunicaciones y la constante necesidad de trasladarse, la garantía de una movilidad digna y eficiente debe reconocerse como uno de los elementos más importantes en la compleja construcción de comunidades sólidas y bien articuladas, ya bastante desgastadas por los modernos flagelos del empleo precario, los bajos salarios, los servicios de salud deficientes y una educación cada vez de menor calidad.
Para alcanzar mejores niveles de movilidad se recomienda, entre otras, la creación de nuevas redes de comunicación que faciliten el flujo de los intercambios comerciales, disminuyan el tiempo ocupado en los traslados y eviten la congestión vial y la contaminación del aire. Así pues, el reto consiste en diseñar e implementar mejores estrategias para enfrentar un conjunto de tendencias de la urbanización asociadas a un patrón desigual de ubicación de empleos y servicios educativos y/o de salud que traen consigo un ambiente caótico de circulación de personas y mercancías.1 Para ello se requieren acciones de gestión, regulación, financiación y creación de marcos legales sobre ambiente y contaminación, que ayuden a minimizar las consecuencias negativas del crecimiento urbano desenfrenado.
En el estado de Chiapas, estás acciones recaen en manos de la Secretaría de Transporte, la cual, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, cuenta con facultades para formular y proponer al ejecutivo estatal las políticas y programas para el desarrollo del transporte y sus servicios conexos, sobre la base de las necesidades que, en este sentido, tenga la entidad, así como otorgar concesiones y permisos para la explotación de los servicios de autotransporte en carreteras estatales y vigilar técnicamente su operación y funcionamiento.
No obstante, a pesar de la claridad con que el derecho establece las competencias de dicha Secretaría, en Chiapas, el sector del transporte lleva largo tiempo sumido en una grave crisis. En parte, esto ha sido causa de la falta de voluntad por parte de la Secretaría de Transportes para crear espacios de diálogo e interlocución con las organizaciones de transportistas que existen en la entidad, a fin de escuchar sus demandas e incluir su opinión en los planes de acción gubernamentales.
A esta grave situación se añaden denuncias presentadas contra la delegación de la Secretaría de Transportes, por el otorgamiento de permisos y hologramas fuera del calendario establecido en los acuerdos del programa nacional para el reordenamiento y regulación de vehículos destinados al autotransporte federal de pasajeros y turismo y de concesionarios o permisionarios estatales que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal.
Afectados por la inoperancia y corrupción que a lo largo de todo el sexenio ha distinguido a la política de movilidad urbana implementada por el gobierno de Manuel Velasco Coello, miles de transportistas han manifestado su indignación ante el incremento vertiginoso de vehículos irregulares que, sin ningún tipo de autorización legal, prestan servicios de transporte público. El problema no es menor, pues según declaraciones de Álvaro Robles Cameras, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Transportes, se estima que en todo el estado transitan y ofrecen sus servicios alrededor de 24 mil unidades sin los permisos que exige la ley.2 Esta es una problemática que ha afectado con mayor virulencia a los transportistas concesionados en la modalidad de taxi.
De esta forma, taxistas de diversas organizaciones han denunciado cómo el incremento de vehículos que transitan de manera irregular les afecta en todos los sentidos, ya que no sólo sufren fuertes pérdidas económicas sino que además deben combatir la creciente desconfianza que la ciudadanía siente hacia el gremio como consecuencia del mal servicio que prestan las unidades “piratas”, así como el aumento de incidentes delictivos que se cometen en ellas, agravado por la falta de un registro minucioso de las unidades y sus conductores, lo que a su vez dificulta enormemente el desarrollo de investigaciones judiciales.3 Además, los afectados han señalado las formas en que operadores de taxis “piratas” obtienen de funcionarios públicos el permiso para transitar de forma ilegal con el respaldo de organizaciones como la CTM.4 Esta es una situación que afecta buena parte de los municipios en el estado, entre los que han destacado los casos de Bochil, Comitán, Ocosingo, Siltepec, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez.
En respuesta a estos hechos, diversas organizaciones de transportistas legalmente concesionados han solicitado en reiteradas ocasiones la atención a la problemática por parte del gobierno del estado, alertando sobre el clima de hostilidad que el incremento de taxis “piratas” generaba entre grupos de transportistas. Sin embargo, las autoridades se han obcecado en actuar con desdén ante estas demandas. Lejos de ofrecer soluciones integrales, la Secretaría de Transportes se ha dedicado sólo a implementar, de manera inconstante y superficial, operativos de detención de transportistas “piratas”. Sin embargo, lejos de apaciguar la situación, estas acciones únicamente han agudizado la tensión social que existe entre los trabajadores del transporte en Chiapas.
Ante la indolencia e ineptitud del gobierno del estado para resolver el conflicto, no faltó mucho tiempo para que ocurrieran fuertes altercados entre transportistas “piratas” y concesionados. Así pues, a mediados de 2017 tuvieron lugar trifulcas en municipios como La Concordia, Ocosingo, Yajalón y Siltepec, en donde las confrontaciones dejaron un saldo de varias personas heridas e incluso el homicidio de un transportista responsable sólo de hacer valer su derecho a manifestarse y organizarse junto a su gremio. Cabe destacar, además, que en los enfrentamientos medios locales documentaron la portación de armas de fuego, machetes, palos y bates.
Por esto y más, al permitir el tránsito de unidades que no cumplen puntualmente con los lineamientos establecidos por la ley, no sólo se afecta a las organizaciones transportistas debidamente concesionadas, que sufren las consecuencias de una competencia desleal o en desventaja, sino que también se expone a la ciudadanía a ser víctimas de algún acto delictivo o accidente resultado del mal mantenimiento de los vehículos, pues con frecuencia transitan sin haber pasado la verificación mecánica.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ponen en perfecto relieve el calado de esta problemática pues en 2017, el promedio de personas víctimas de un delito aumentó en 18.8 por ciento con respecto al año anterior. Por si esto fuera poco, el robo o asalto en la calle o en transporte público ha llegado a convertirse en el delito más frecuente en el estado.5 Esta situación ha obligado a varios grupos de mujeres a manifestar públicamente su desconfianza de utilizar servicios de taxis después de las siete de la noche.6
Por desgracia, todos estos hechos contrastan con los discursos proferidos por funcionarios públicos estatales, quienes a menudo manifiestan sus intenciones de resolver el conflicto y modernizar la calidad de los servicios de transporte, así como impulsar la competitividad y el desarrollo del sector. En contrapartida, la sociedad sigue calificando muy mal el desempeño de la Secretaría de Transportes, pues cada vez es de mayor conocimiento público las irregularidades en las que ha incurrido en el ejercicio de los recursos destinados, por ejemplo, a la construcción de terminales de transferencia de corto recorrido.
Cabe destacar que estas declaraciones se han realizado en medio de una avalancha de acusaciones presentadas desde la sociedad civil en contra diversos funcionarios del gobierno del estado, muchas de la cuales han alcanzado el estatus de denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En estas denuncias, se aluden casos de extorsiones a cambio del permiso para transitar, así como abusos de poder, tráfico de influencias e irregularidades administrativas que van desde la omisión hasta la falta de transparencia en los recursos que se destinan a proyectos de construcción carretera.
Un ejemplo claro de la corrupción que existe al interior de la Secretaría de Transportes de Chiapas puede encontrarse en el proyecto conocido como “ConejoBus”, cuya finalidad inicial era la “modernización e inserción de tecnología en beneficio de los usuarios, además de promover la utilización de combustibles amigables con el medio ambiente”. No obstante, actualmente las unidades del “ConejoBus” se encuentran en pésimas condiciones, haciendo imposible ofrecer un servicio de transporte digno para los habitantes de la capital chiapaneca. Además se ha registrado una disminución continua del número de unidades que operan el servicio, lo que ha afectado de manera considerable la capacidad de atención a los usuarios, pasando de trasladar a 45 mil 504 pasajeros en 2010 a sólo 29 mil 963 en 2014. Este escenario visibiliza las pocas opciones que el usuario tiene para desplazarse y a todo un sector excluido por la falta de transparencia y voluntad política.
Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas a que atienda en forma inmediata el incremento alarmante de unidades irregulares de transporte público en Chiapas y emprenda las acciones necesarias para garantizar la más rigurosa inspección y regularización de las unidades de transporte actualmente en servicio en el estado.
Notas
1 CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Desarrollo Urbano y movilidad en América Latina. 2011.
2 Código Sur . “Promueven funcionarios de Transportes taxis piratas”. 15 de diciembre de 2017.
3 El Sie7e de Chiapas . “Denuncian delincuencia de taxis piratas”. 25 de junio de 2016.
4 El Estado . “CTM Chiapas, sitio de taxis “pirata”. 16 de julio de 2017.
5 INVIPE. Principales resultados de Chiapas. 2017.
6 Cuarto Poder. Persiste inseguridad al abordar taxis. 17 de febrero de 2018.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a destituir a la titular de la Sedatu; y a la PGR, a realizar una investigación exhaustiva y procesar a los responsables que en el ejercicio de sus atribuciones hayan causado daño el erario derivado de la auditoría realizada a esa institución, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
En estos días han proliferado las notas periodísticas relacionadas con la Auditoría Forense 1792 -DE, emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), misma que se encuentra relacionada con los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con universidades públicas y entes públicos estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Es de llamar la atención que se seleccionó uno universo de 2, 360, 873.4 millones de pesos, de los cuales se auditó 2, 060, 702.3 millones de pesos, lo que representa 87.3 por ciento de ese universo. Lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación es alarmante y revelador. En ella menciona que se han estado utilizando a universidades públicas y entes públicos estatales para contratar diversos bienes y servicios, que en algunos casos no se realizó lo que se había contratado, y en otros se contrataba a un tercero para la realización de los mismos. Además aclara la ASF que “se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores –elegidos por los mismos servidores públicos involucrados– con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas , sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).”
De lo anterior se desprende que existe una evidente complicidad en estas actividades que se presumen son ilícitas, y que lamentablemente de acuerdo al mismo informe se infiere que la titular de la secretaría involucrada, no ha implementado mecanismos de control y supervisión, siendo omiso y permisiva en el actuar de sus subordinados, la funcionaria no puede evadir su responsabilidad en este caso. Es importante señalar que también se hace hincapié que esta fiscalización ha revelado que se acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se hizo del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de lo anterior se advierte que la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de las conductas delictivas cometidas en agravio del patrimonio del estado y que hasta el momento no se ha procedido de manera frontal y directa.
Nuestro país ha padecido la corrupción en gran parte de la estructura administrativa, casos como este solo hace que siga incrementándose la desconfianza ciudadana, y la no acción por parte de las instituciones encargadas de investigar, sancionar y aplicar la norma, permitiendo que la impunidad forme parte del actuar diario en la administración.
Por otro lado en la sección Consideraciones previas, de la Auditoría, se hace una aseveración que es importante resaltar, se señala que “con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, las instalaciones de Reforma 99, pertenecientes a la Sedatu, donde estaba el espacio físico para desarrollar los trabajos de auditoría y la documentación que se había puesto a disposición, se vieron dañadas: ...desde el 19 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2017, fecha en que se dio a conocer el cambio de domicilio y ubicación de oficialía de partes, la dependencia no recibió documentación alguna, por lo que los trabajos de la auditoría se vieron afectados. Aunado a ello y, conforme a lo señalado por el enlace institucional ante la ASF, mediante oficio, recibido el 11 de enero de 2018, continúa sin haber acceso a las instalaciones, por lo que no se ha entregado la información y documentación solicitada, ni la disposición de los expedientes al grupo auditor. Sin embargo, otras dependencias que sufrieron daños en sus instalaciones continuaron con su actividad gubernamental en oficinas alternas, lo cual no sucedió en Sedatu... ”
Lo anterior, es preocupante ya que la ASF informó anteriormente de las irregularidades que venía encontrando, y que sin razón alguna la Sedatu, no ha permitido la labor de la auditoría, lo que nos hace pensar que es de manera alevosa y de mala fe, pareciendo que están ocultando información que permita saber el destino de los recursos públicos. Antes esto último es de vital importancia que la actual titular de la secretaría, la maestra Rosario Robles Berlanga, sea separada del cargo para que la auditoría e investigaciones que se generen no se vean entorpecidas por la omisión, acción por parte de los subordinados y de la titular. Asimismo será de suma importancia que se continúe investigando el ejercicio del presupuesto, y que de lo ya auditado la Procuraduría General de la República comience las carpetas de investigación para consignar a los funcionarios que hayan cometido el ilícito en su actuar.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destituir a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que realice una investigación exhaustiva y procesar apegado a derecho a los responsables que en el ejercicio de sus atribuciones hayan causado un daño el erario público, derivado de las conclusiones de la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Fiscalía de Puebla a continuar la investigación contra el ex gobernador de la entidad Rafael Moreno Valle Rosas y el ex tesorero de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, tanto federales como estatales, ha sido una de las principales preocupaciones de la actual legislatura. El Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como un paquete de leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Con esta operación jurídica se busca abatir el flagelo de la corrupción y de la impunidad que han provocado un daño profundo a la actividad económica y a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.
Caso concreto el del ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, que está siendo investigado por diversos delitos entre los que figuran, lavado de dinero, desvío de recursos públicos, posesión de recursos de procedencia ilícita y peculado; se le señala a esta persona de tener vínculo y trato directo con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, donde a través de sus empresas pudo financiar campañas políticas. De igual forma pagaba deudas heredadas por funcionarios de primer nivel del gobierno como favores políticos.
En los últimos días, diferentes medios de comunicación han dado a conocer audios de una conversación entre Juan Melquiades Vergara y el hermano del actual gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en donde reconoce tener una relación cercana con ambos personajes. Se da a través de José Antonio Gali Fayad quién le presenta al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, a quien estuvo apoyando en su campaña, así como en las siguientes campañas políticas en Puebla, y a cambio de este apoyo recibió favores y desde ese momento llevan una relación aún más cercana. En dicho audio se evidencia que la persona de nombre “Eddy” (Eduardo Gali Fayad) contactó a Juan Melquiades Vergara, ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo para que apoyara a Antonio Gali Fayad en la campaña a la alcaldía de Puebla, mencionando que dicho respaldo sería similar a la campaña de 2010, donde existe una factura de compra de sombrillas de una empresa vinculada con Juan Melquiades Vergara.
Exigimos que se investigue a fondo este hecho toda vez que a través de México Travel, del canal de Salud Tv y la concesión de 32 radiodifusoras en todo el país, Juan Melquiades respaldó a Moreno Valle Rosas en sus aspiraciones presidenciales con publicidad en medios de comunicación y en espectaculares, hecho por el cual se determina que existe una relación entre el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas y el ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo.
50 millones de pesos es la cantidad por la que investiga la Procuraduría General de la República por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado, desvíos de recursos públicos y posesión de recursos de procedencia ilícita a Juan Melquiades Vergara; es el hilo de la madeja que exigimos se investigue.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la Republica a que conforme al marco de sus atribuciones le dé continuidad a la investigación contra el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y el ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvió de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla, a que conforme al marco de sus atribuciones, a que investigue al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por la presunta comisión de delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvió de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla, conforme a su marco de sus atribuciones y apegado a legalidad, deje de perseguir las voces disidentes o críticas que se expresan contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 24 de febrero, Día de la Bandera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 24 de febrero es el día designado para rendir homenaje a uno de los símbolos patrios más queridos por los mexicanos: su bandera. La bandera nacional mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Que junto con su escudo y sus colores representa el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos.
El origen del Día de la Bandera
El 24 de febrero de 1935 cuando un empleado del Banco de México de nombre Benito Ramírez, organizó una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y esta práctica se continuó, hasta que, en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera. Y es así como cada año los mexicanos recitan, cantan y hacen honores a la bandera, recordando a los héroes que le dieron a México libertad y patria.
Con el paso de los años, diferentes banderas han representado a México, pero la bandera que se utilizó en la Declaración de la Independencia, con algunos cambios, es la bandera que actualmente representa a México.1
La historia de nuestro lábaro patrio
La bandera de México, nació en 1821 cuando el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide quien ocupo por primera vez los colores verde blanco y rojo, para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la Independencia de México.
Durante la declaración del Plan de Iguala, dentro de ese plan se acordó, mandar confeccionar una Bandera la cual representara la gesta heroica de la independencia. Esta confección recayó en un sastre de Iguala Guerrero de nombre José Magdaleno Ocampo, que presento un modelo en el cual había tres franjas diagonales con los colores blanco, verde y rojo, con una estrella dorada de cinco picos en cada una de las franjas. Blanco, que representaba la pureza, Verde, que era de esperanza y el Rojo que significaba la sangre de todos los que lucharon por conseguir nuestra independencia. Cada una de estas franjas tenía una estrella dorada de cinco picos.
Esa fue bandera que Iturbide porto a la llegada del Ejército Trigarante, para declarar la Independencia de nuestro país.
Fue en el periodo de su Impero qué, Iturbide, modificó la bandera poniendo las franjas en vertical y añadiendo por primera vez como escudo un águila coronada con alas caídas y encima de un nopal.2
Significado de los colores de la Bandera Mexicana
El significado de los colores ha cambiado con el tiempo, pero fueron adoptados por México durante la guerra de Independencia. Algo que debemos conocer es que si bien, la bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, los colores de nuestro lábaro patrio no han cambiado desde el diseño general que se usó en 1821.
Antes de 1821 y de que nuestro país se consolidara como una nación independiente el significado de los colores de la Bandera Nacional eran diferentes y esto era lo que representaban:
Verde:
Simbolizaba la independencia de la corona española.
Blanco:
Era el color que se destinó para representar a la fe católica.
Rojo:
Significaba la hermandad que había entre Europa y América.
Después de 1821 y en la medida en que México se fue consolidando como nación, y empezó a dejar de lado la influencia de la religión con respecto a los asuntos que le competían exclusivamente al estado. Los colores de nuestro lábaro patrio tuvieron un nuevo significado que hasta la fecha se mantiene y es:
Verde:
Representa la Esperanza de para poder construir un mejor país.
Blanco:
Representa la Pureza y Unión de nuestra gran nación y su pueblo.
Rojo:
Representa toda la Sangre que se derramo para que México fuera un país independiente3
En los diez años que duro la lucha de independencia, se utilizaron alrededor de 12 banderas, las cuales daban cuenta del desarrollo de la lucha independentista, y es que cada una de las banderas que se ocuparon era un símbolo de identidad, es decir, que en cada una de ellas estaban sintetizados cada uno de los principios y doctrinas junto con los objetivos y motivos del movimiento. Al mismo tiempo que servía para distinguirse del enemigo.
A partir de la restauración de la República, y hasta la Revolución la bandera mantendría los mismos rasgos, excepto la bandera maderista que en lugar del escudo en el centro se encontraba el rostro de Francisco I. Madero.
Pero en el año de 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto, el 20 de septiembre de ese mismo año, en el que se ordenaba que el escudo volviera a aparecer en las banderas. Sin embargo, en este modelo, el águila se encontraría viendo de perfil, como ya había sucedido antes con algunas enseñas de mediados del siglo XIX, con sus alas en actitud de ataque y devorando una serpiente de cascabel, como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad México-Tenochtitlan. A este emblema sólo se le agregaría una leyenda que lo enmarcaría: Estados Unidos Mexicanos.4
Significado del escudo de la Bandera de México
Por último, hablemos de cómo se incluyó en del Escudo Nacional en nuestra Bandera y qué significado tiene.
Bien, pues lo que significa el Escudo Nacional es, la fundación de la Gran Tenochtitlan. Porque los Mexicas hicieron un viaje desde Aztlán lo que actualmente es Nayarit, en busca de las señales que Huitzilopochtli les había dado para establecer su imperio, y éstas eran un águila sobre un nopal dentro de un pequeño islote el cual estaba ubicado en medio de una laguna. Los mexicas que presenciaron dicho acontecimiento tomaron como escudo esa imagen, la cual trasmitieron vía oral por muchas generaciones.
Y es que, para los antiguos mexicanos, el águila era el símbolo con el cual se representaba la fuerza cósmica del sol. Contrario a las fuerzas potenciales de la tierra las cuales estaban fundidas en la imagen de la serpiente. Lo que significó para ellos la unión de esas fuerzas vitales. En cuanto al nopal, además de ser un alimento de la cultura prehispánica por excelencia, también es una planta típica del paisaje mexicano por naturaleza.5
Notas
1 Días festivos en México, Origen del Día de la Bandera Nacional Mexicana.
http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/dias-feriados/bandera-nacional/
2 El Horizonte, la verdad como es, la primera vez que la bandera mexicana ondeo fue hace 196 años, 24 de febrero de 2017.
http://www.elhorizonte.mx/nacional/la-primera-vez-que-la-bandera-mexicana-ondeo-fue-hace-196-anos/1784101
3 Bandera de México, Colores de la Bandera de México,
http://www.banderademexico.net/colores
4 Imagen Radio, Historia de nuestro lábaro patrio, Día de la Bandera, 16 de febrero de 2018, Francisco Madero Preciado.
http://www.imagenradio.com.mx/historia-de-nuestro-labaro-patrio-dia-de-la-bandera
5 Días Festivo en México, Día de la Bandera en México.
http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/dias-feriados/bandera-nacional/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)
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