Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 4961-IV, jueves 8 de febrero de 2018
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto Gran Acuífero Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia por descubrir la mayor cueva inundada del mundo; y se exhorta a las respectivas dependencias federales a garantizar su protección y preservación, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Arlet Mólgora Glover, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la Unión acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto “Gran Acuífero Maya” y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo, y se exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal, para que garanticen su protección y preservación, al tenor de los siguientes
Considerandos
Llena de satisfacción, saber que en nuestro país se ha encontrado la cueva inundada más grande del mundo, nos motiva y alegra, pero también implica un enorme compromiso, para promover y asegurar su protección y preservación; debemos generar conciencia de la importancia de este hallazgo, y debemos reconocer a quienes lo han hecho posible, la gratitud y el reconocimiento público de esta soberanía, es lo primero que debemos hacer; honor a quien honor merece.
El trabajo científico inició en el 2016, encabezado por el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda Alanís, y a su proyecto le denominaron “Gran Acuífero Maya”; establecieron como objetivo principal explorar, documentar y difundir las riquezas naturales y el patrimonio cultural que contiene el subsuelo del sureste.
El equipo multidisciplinario que integraron, se conformó con el propósito de unir experiencias, habilidades y conocimientos, entre ellos destacan: Guillermo de Anda Alanís, director del proyecto, doctor en estudios mesoamericanos; Robert Schmittner, responsable de exploración subacuática, es instructor de buceo en cuevas y ha vivido en Tulum, Quintana Roo, por más de 15 años, mismos años que llevaba buceando en búsqueda de la conexión de cuevas inundadas; Mercedes de la Garza, asesora e investigadora de la religión y simbolismos mayas, es doctora e investigadora emérita por la UNAM; James Brady, asesor e investigador en arqueología de cuevas mayas, es pionero en esta materia; Corey Jaskolski, asesor de innovación tecnológica; Arturo Bayona Miramontes, responsable de estudios medioambientales, maestro e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; Arturo Montero García, asesor e investigador en arqueología del paisaje, premio nacional al mérito forestal en 2002; Bill Phillips, cartógrafo subacuático, fue director del “Quintana Roo Speleological Survey”; Dante García, responsable de prospección arqueológica ; Karla Ortega, coordinadora de comunicación y vinculación académica; Marty O’Farrell, videógrafo subacuático, especializado en cuevas inundadas; Cristina Limonta, videógrafa subacuática; Juan Luis Martínez, rescatista y espeleólogo; Jim Josiak y Sev Regehr, buzos y fotógrafos subacuáticos.
En diciembre de 2016, mismo año que inició sus trabajos científicos este equipo multidisciplinario, encontró restos de megafauna, un cráneo humano y un altar maya prehispánico, en cuevas de Muyil, Tulum y Chumpón, en Quintana Roo, lo cual informó con oportunidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con ese primer hallazgo de un cráneo del periodo Precerámico que data de más de 10 mil años, se empezó a detectar que se estaba ante un hallazgo inigualable, que podría ser un referente de los primeros pobladores de la zona.
El descubrimiento de la mayor cueva inundada del mundo, fue dada a conocer durante la segunda semana de enero del año en curso, por el director del proyecto e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guillermo de Anda; los 347 kilómetros de cuevas subacuáticas, nos podrán ayudar a entender mejor todo el desarrollo de las antiguas civilizaciones, el tipo de fauna que habitaba en el Pleistoceno, y nos permitirá seguir promoviendo un turismo sustentable, para beneficio de los habitantes de nuestra península y de México.
Si bien son cuevas inundadas, debido a las glaciaciones, y de acuerdo a los expertos estas cuevas fueron inundadas cuando volvió a subir el nivel del mar, hace aproximadamente 9 mil años; ahora existe una enorme responsabilidad para que el gobierno garantice que no se muevan ni se saquen piezas derivadas de un buceo furtivo.
A quienes trabajaron desde 2016, y especialmente a quienes desde marzo de 2017 se enfocaron en la búsqueda dela conexión de los sistemas de cuevas inundadas, conocidos como SacActun y Dos Ojos en Tulum, Quintana Roo, merecen un reconocimiento público del Congreso de la Unión, para agradecer la labor que realizaron y para impulsar la protección y preservación de la zona.
Estamos ante el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, un sitio que no solamente guarda la historia reciente y remota de Quintana Roo, también la evidencia de los primeros pobladores de América y de la fauna extinta.
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la Unión acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto “Gran Acuífero Maya y al Instituto Nacional de Antropología e Historia”, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo, y se exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal, para que garanticen su protección y preservación.
Puntos de Acuerdo
Primero. El honorable Congreso de la Unión, acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del Proyecto Gran Acuífero Maya y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo.
Segundo . El honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal a garantizar su protección y preservación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada Arlet Mólgora Glover (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a aprobar la reforma del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, respecto al nombramiento del fiscal general de la República, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las y los Diputados, del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes;
CONSIDERACIONES
El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral respecto al nombramiento del Fiscal General de la República.
Dicho artículo transitorio dejaba abierta la posibilidad de que el titular de la Procuraduría General de la República en funciones pudiera ser nombrado como nuevo Fiscal General dela República.
En tales efectos, lo que se pretendía por parte del Ejecutivo era nombrar un fiscal a modo, vulnerando los principios de autonomía e independencia con la que debería actuar el nuevo titular de la Fiscalía General.
En tal virtud, y ante la gravedad del asunto, entre el 28 de abril y el 12 de septiembre de 2017, la Cámara de Diputados recibió seis iniciativas de distintos grupos parlamentarios con el objeto de derogar el artículo décimo sexto transitorio de la reforma de 2014 para evitar que el Procurador General de la República transitara de manera directa a la Fiscalía General.
El 5de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, conoció el dictamen que retomó el espíritu de las seis iniciativas presentadas. El dictamen aprobado por el pleno por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, siguiendo con el correspondiente proceso legislativo, fue enviado en forma de minuta a la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, la que hizo lo propio el 14 de diciembre del mismo año.
Ese mismo día, por tratarse de una reforma constitucional, la minuta aprobada fue enviada a los congresos locales para su valoración.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe resaltar que en lo sustantivo se trató de un proceso en el que intervino la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y que derivó de la presión política y social que se ejerció para evitar que México tuviera un Fiscal General a modo del actual titular del Ejecutivo.
Los partidos políticos de oposición, junto con la sociedad civil organizada, denunciamos el despropósito que significaba el pase automático del entonces procurador General, Raúl Cervantes, a la nueva Fiscalía de la República.
Cuando se discutió la reforma para crear una nueva institución encargada de procurar justicia, se tuvieron en cuenta dos principios que regirían al nuevo fiscal: su autonomía y su Imparcialidad. El hecho de nombrar un fiscal, cercano al presidente de la República, con trayectoria partidista, vulneraba ambos principios y lo que generaba era la suspicacia respecto a la garantía de impunidad para el presente gobierno; un gobierno que se ha caracterizado por casos de corrupción y de tráfico de influencias.
Poner freno al pase automático del llamado popularmente como “fiscal carnal” representó un logro republicano que debe ser debida y justamente valorado por los congresos locales que hoy tienen en sus manos la posibilidad de derogar el artículo décimo sexto transitorio dela reforma constitucional de 2014.
En tal virtud, es que desde la Cámara de Diputados hacemos un respetuoso exhorto a los Congresos locales para, a la brevedad, discutir y en su caso aprobar la reforma y culminar con el proceso legislativo por el que se pone freno al pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General de la República.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos de urgente u obvia resolución a la consideración de este órgano legislativo la presente Proposición con
PUNTODE ACUERDO
ÚNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de los estados, hace un exhorto a los Congresos de las entidades federativas a deliberar y en su caso aprobar a la brevedad, el proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del -Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, remitido a los Congresos de los estados el 12 de diciembre de 2017.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 8 de febrero de2018.
(Rúbrica)
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Con punto de acuerdo, relativo a la reforma en materia de justicia laboral, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de ta Federación el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Dicha reforma estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos y la impartición de justicia, que se puede resumir en:
• Substitución de las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje, por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales;
• Creación de un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos. Este organismo tendrá una tarea adicional en materia de conciliación cuando se trate de juicios de materia federal; en materia local, la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa;
• Incorporación en la Constitución Política de los conceptos de voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos, solicitar la celebración de un contrato colectivo y la elección de sus dirigentes sindicales.
En las disposiciones transitorias de este Decreto, se preceptúa que se tendrá un año a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que se realicen las reformas necesarias a las leyes correspondientes en los ámbitos federal y local.
La legislación secundaria que se desprenda de esta reforma constitucional debe dar viabilidad al establecimiento de un marco que permita el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical y una contratación colectiva auténtica, a fin de que los sindicatos sean Instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores y no como hasta ahora, instrumentos que utilizan los patrones y el Estado para mantener al trabajador postrado en condiciones precarias, sin derechos y con las más bajas remuneraciones del mundo.
Al depositar la impartición de justicia en tribunales laborales se garantiza que los conflictos emanados de las relaciones de trabajo estarán en manos del Poder Judicial y no, como hasta ahora, mediatizados por un sindicalismo controlado por el gobierno y los patrones, en los que la resolución de los conflictos obedece a estos intereses y no al cumplimiento estricto y eficaz de los derechos de la clase trabajadora.
No obstante la importancia de esta materia, el gobierno federal, en vez de convocar a un amplio debate, sostuvo simplemente reuniones cerradas con cúpulas empresariales y del sindicalismo corporativo que resultaron en la presentación de una iniciativa suscrita por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores el 7 de diciembre pasado. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera.
En diversos foros e instancias se ha cuestionado a esta propuesta, argumentando que es contraria a la reforma constitucional ya comentada, que se opone a la legislación de transparencia vigente y que plantea modificaciones ajenas a la materia a regular que significarían la pérdida de derechos de los trabajadores, agravando aún más su situación de vulnerabilidad.
Sin entrar a fondo en esta materia, pues es objeto del proceso de dictaminación en la Colegisladora (igual que una iniciativa presentada en la sesión del 14 de diciembre por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que retoma propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores, turnada a las mismas comisiones dictaminadoras), es evidente que por la trascendencia de este proceso legislativo correspondería al Congreso realizar la más amplia consulta y convocar a un debate profundo sobre esta materia.
Por esas razones, quienes suscribimos la presente proposición solicitamos a la Junta de Coordinación Política que en el proceso de análisis de estas iniciativas (y de tas demás propuestas que se lleguen a presentar), se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscribimos sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
SEGUNDO. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral
Dado en la Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2018.
Diputados: Rafael Hernández Soriano, Francisco Martínez Neri, José de Jesús Zambrano Grijalva, Arturo Santana Alfaro, María Cristina Teresa García Bravo, Felipe Reyes Álvarez, Tomás Octaviano Félix, Érika Irazema Briones Pérez, María Concepción Valdés Ramírez, Sergio López Sánchez, Eva Florinda Cruz Molina, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Julio Saldaña Morán, José Santiago López, David Gerson García Calderón, Isaura Ivanova Pool Pech, Acosta Naranjo Guadalupe, Leonardo Amador Rodríguez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Cecilia Guadalupe Soto González , Hortensia Aragón Castillo, Victoriano Wences Real, Evelyn Parra Álvarez, Armando Soto Espino, Daniel Ordóñez Hernández, Irma Rebeca López López, Jorge Tello López, José Antonio Estefan Garfias, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbricas)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a atender la problemática sobre la cobertura en trasplantes de riñón en menores de edad mediante el Seguro Popular, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
La función social que desarrollan las dependencias de gobierno debe fortalecerse para garantizar el cumplimiento del artículo 4 constitucional, que expresamente establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
En este contexto, una función primordial que vienen brindando las instituciones es el de trasplantes de riñón; el propósito del presente Acuerdo es destacar la importancia de esta labor, y exhortar al gobierno a no bajar la guardia en este rubro para no desproteger a ningún ciudadano.
Debemos apuntar, que La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tal como se describe en su portal, “es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encarga de la provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. Trabaja de manera coordinada con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas”.
Teniendo como objetivo proporcionar a la población que no cuente con seguridad social, la posibilidad de tener una vía que proteja su salud, la Comisión Nacional de Protección Social, ha establecido diferentes estrategias y programas de atención a la población, entre ellos, los más destacados han sido: Seguro Popular, Embarazo Saludable, Seguro Médico Siglo XXI, Oportunidades en su Componente de Salud y Cirugía Extramuros.
La ausencia de opciones para proteger la salud, derivó en la creación de un seguro médico, público y voluntario, que surgió en el 2001. Con esta opción, millones de mexicanos pueden tener atención médica, practicarse estudios y acceder a medicamentos sin costo.
Desde su nacimiento, el Seguro Popular ha crecido vertical y horizontalmente, en el primer sentido, ha crecido verticalmente, con la ampliación del número de padecimientos cubiertos; que se cubren a través de la red de hospitales en cada estado. Y ha crecido horizontalmente con el aumento gradual en el número de afiliados.
Los principios que rigen desde su surgimiento al Seguro Popular, son los de garantizar que la vida y la salud de todos, vale lo mismo, de manera que cada mexicano tiene igualdad de oportunidades para cuidar su salud, sin importar su situación laboral, ingreso, lugar de residencia, origen étnico, edad o género.
La protección de la salud, incluye la no discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
Por ello llamó mucho la atención que a principios de 2018, se difundiera, esencialmente en redes, que los trasplantes renales para personas menores de 18 años se “suspenderían”; inclusive, tuvo que emitir una respuesta inmediata la La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), órgano administrador de los recursos del Seguro Popular, para calmar los ánimos y aseverar que los trasplantes renales para personas menores de 18 años están vigentes.
Por esta razón se motiva el presente acuerdo, tener información institucional que nos ayude a los legisladores a conocer, si la viabilidad financiera está garantizada en la atención a estos pacientes; sin soslayar, que esta enfermedad está enlistada como una de las que se cubren por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Para esta soberanía resulta importante conocer ¿Cuántos trasplantes se han financiado a través del Seguro Popular en lo que va de la presente administración?
Lo anterior nos podrá dar un panorama más completo de la situación, sus límites, retos y necesidades que tiene el sector salud en esta materia.
Finalmente, vale la pena recordar lo establecido en el apartado de atribuciones generales de los servicios de salud en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud: “Prestar el servicio para una persona no reduce la cantidad de recursos disponible para otros miembros de la población”.
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, atienda la problemática sobre la cobertura en trasplantes de riñón a menores de edad, a través del Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la realización de un estudio conjunto de impacto ambiental que determine la viabilidad de continuar el proyecto de generación de energía eólica en el istmo de Oaxaca, y una evaluación de las condiciones de pobreza y desigualdad derivadas por la operación de las empresas eólicas en la zona, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La zona del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, es sobresaliente por el potencial eoloenergético donde la velocidad media anual de los vientos es de poco más de 10 m/s, además de que son relativamente estables la mayor parte del año por lo que el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, estimó en más de 44,000 MW el potencial de Oaxaca en un área de poco más de 8,800 km.1
2. Este potencial se identificó desde el año 1994 cuando se comenzó a registrar la llegada de empresas con el objetivo de desarrollar parques eólicos en la zona del istmo de Tehuantepec.2
3. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en México actualmente operan 42 parques eólicos en México, con 1935 aerogeneradores que generan 3,527 Mega watts (2016), y se espera que para 2018 se generen 5,891 Mega watts, de los cuales 2,576 serán generados en la zona del Istmo de Oaxaca.3
4. Sin embargo, la presencia de los parques eólicos ha generado conflictos y desigualdades en los Municipios de Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar, por lo que las comunidades han emprendido una lucha en contra de dichos proyectos ya que los beneficios sociales y económicos no son perceptibles. Como respuesta, se han creado colectivos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas como la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
5. En un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del pasado 4 de enero del presente año,4 solicita la adopción de medidas cautelares en favor de Lucila Bettina Cruz Velázquez y su núcleo familiar, debido a la situación de riesgo en que se encuentra, derivado de sus acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
6. Según el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social encargado de realizar mediciones sobre la pobreza en México, los indicadores de pobreza a escala municipal poco se han movido. De 2010 a 2015 en San Mateo del Mar, Juchitán y San Dionisio del Mar, el porcentaje de la población en situación de pobreza se ha incrementado en 7.6 por ciento, 4.3 por ciento y 2 por ciento respectivamente; es preocupante además que en San Mateo del Mar se incrementó en 17.4 por ciento la población en situación de pobreza extrema.5
7. No existe un estudio concreto de impacto ambiental de los proyectos de generación de energía eólica realizado por Semarnat, donde se expliquen ampliamente las posibles afectaciones al ecosistema y se determine su viabilidad.
Consideraciones
1. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene como objetivo primordial fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.6
2. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat con autonomía técnica y operativa que tiene como misión garantizar la protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el correctivo, así como las acciones de participación social y adicionalmente como primer objetivo estratégico, contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental.7
3. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía son organismos que intervienen en el marco regulatorio de las empresas de generación de energía eólica, por lo tanto, son responsables cada uno desde sus respectivas facultades de la aprobación, regulación y supervisión de dichos proyectos.
4. De acuerdo con el artículo 37 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, fracción XVI, es el órgano encargado de coordinar las estimaciones sobre la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.8 De igual manera el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene como objetivos; producir, difundir y promover información de interés para la sociedad y el estado a efecto de coadyuvar a desarrollo nacional.9
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, autorizado expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales sobre violaciones a Derechos Humanos. México es suscribiente y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la cual, nuestro país se compromete internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados los Derechos Humanos.10
6. De conformidad con el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y como parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus Artículos 13 y 14, se deberá reconocer el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras y el territorio que tradicionalmente ocupan y también de aquellos a los que hayan tenido acceso para sus actividades de subsistencia, asimismo, en su Artículo 15 se establece que se deberán proteger sus derechos a participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos, de tal manera que los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados y en qué medida.11
Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía así como a los órganos de gobierno involucrados en la aprobación, regulación y supervisión de empresas de generación de energía eólica a la realización de un profundo estudio de impacto ambiental en la zona del Istmo de Tehuantepec, y específicamente en las comunidades de Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar, en aras de evaluar las posibles afectaciones al ecosistema propio de dichas regiones y determinar la viabilidad de continuar con los proyectos eólicos en la zona.
Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en sus facultades como órgano encargado de realizar las mediciones pertinentes sobre la pobreza en México así como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía como órgano desconcentrado responsable de difundir información y dar a conocer estadísticas de nuestro país, a realizar un estudio de impacto económico y social que evalúe la situación y las carencias de las comunidades, así como las desigualdades generadas en otras localidades de la zona en las que ya operan los parques eólicos, prestando especial atención a aquellas personas que no son dueños de tierras ni perciben rentas o ingresos derivados del usufructo del territorio por parte de las empresas generadoras de energía eólica.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, atienda la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para otorgar en favor de la ciudadana Lucila Bettina Cruz Velázquez las medidas cautelares y las garantías pertinentes para proteger su integridad y la de su núcleo familiar.
Notas
1 Juárez-Hernández, Sergio y León Gabriel. Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, actores y oposición social. Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, 178 (45), julio-septiembre 2014. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM.
2 Parques Eólicos: La cara del despojo en el Istmo de Tehuantepec. http://www.sinembargo.mx/01-04-2015/1298234
3 Asociación Mexicana de Energía Eólica
http://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Resolución 1/18 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp
5 Medición de la pobreza a escala municipal 2010 y 2015. Consulta dinámica de Resultados. Coneval
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/consulta_pobreza_municipal.aspx
6 Artículo 32, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
7 Página Web de la Profepa https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos
8 Reforma al Estatuto Orgánico del Coneval (Reforma de fecha 23 de octubre de 2015) https://www.coneval.org.mx/Normateca/MarcoJuridico/Documents/Estatuto-O rganico-CONEVAL-Reforma-23-10-2015.pdf
9 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfíca. Capítulo I, Artículos 3, 4, 5 y 6. http://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Lmj_SNIEG.pdf
10 Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
11 Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2014
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro- lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018
Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática relacionada con la mina Media Luna, en Guerrero, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se solicita a las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de la República, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y gobierno del estado de Guerrero atiendan y solucionen de forma imparcial y legal, en el ámbito de sus atribuciones, la problemática relacionada con la mina Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero .
Antecedentes
La mina Media Luna, ubicada en Colula, Guerrero, es explotada por la empresa TGRXM2010, SA de CV, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources , la cual opera en la región desde 2013.
Al empezar a explotar la mina, hizo diversos compromisos con las comunidades, entre ellos, proporcionar el servicio de agua, transporte comunitario y pavimentación, lo que hasta la fecha ha incumplido, lo que generó el descontento de las comunidades de las que forman parte los mineros, por lo cual se han manifestado y protestado ante el incumplimiento.
Además de dichos incumplimientos, durante la explotación de la mina por parte de dicha empresa, han prevalecido en perjuicio de los trabajadores las condiciones de inseguridad e insalubridad, la falta de pago de horas extras y una circunstancia de esclavismo moderno, en clara contravención a los derechos humanos que garantizan la libertad de trabajo y libertad sindical, ello aunado a la firma de un contrato colectivo de trabajo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a pesar de que la mayoría de los mineros decidieron incorporarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), lo que sin duda alguna transgrede lo dispuesto por los artículos 5, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con la connivencia de autoridades laborales, como lo es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Lo anterior se corrobora con el hecho de que la empresa, por sí y ante sí, realiza recuentos de votos ante un notario público, en clara contravención a las leyes nacionales y tratados internacionales, ya que ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, desde el 17 de octubre de 2017, se encuentra pendiente de resolverse la titularidad del contrato colectivo de trabajo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a solicitud de los propios trabajadores, pero el patrón hace a un lado todo para imponer su “ley” o voluntad.
No obsta decir que durante el tiempo que ha operado la minera, se han dado agresiones a los trabajadores por parte de la CTM, con consentimiento implícito o explícito de la empresa, lo que ha ocasionado los fallecimientos de Víctor y Mauricio Sahuantitla Peña el 18 de noviembre pasado, así como del minero Quintín Salgado
Por lo anterior y ante las graves violaciones a derechos humanos y laborales, los sindicatos United Steel Workers de Canadá y Estados Unidos, UNIFOR de Canadá, Industrial Global Union, AFL-CIO, sindicatos de Latinoamérica y de Europa, han manifestado expresamente su apoyo con los mineros de la Media Luna y sobre todo con los muertos y sus familiares, a fin de que las ilegalidades cometidas por la empresa, CTM y demás autoridades federales y locales
Consideraciones
Primero. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .
Por su parte, el artículo 5 constitucional garantiza la libertad de trabajo, mientras que el artículo 123 garantiza la jornada máxima de trabajo, un salario mínimo, la protección especial de las trabajadoras durante el embarazo, las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo, la libertad de asociación y de huelga, entre otros.
De igual forma, el artículo 1 con relación al artículo 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la protección y garantía de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como los suscritos por el Estado mexicano ante la OIT.
Segundo. De conformidad con la normativa vigente corresponde a las autoridades que se enuncian a continuación las atribuciones siguientes:
a) Secretaría de Gobernación: favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución (artículo 27, fracciones X, XI, XXI, entre otras de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
b) Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución; Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas; Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento; Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento; (artículo 40, fracciones I, II, VIII, XI, entre otras de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
c) Procuraduría General de la República: corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal (artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
d) Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: resolver las diferencias entre el capital y trabajo (artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento en que se estableció el conflicto de titularidad del contrato colectivo de trabajo entre el sindicato minero –SNTMMSRM- y la CTM).
e) Gobierno del estado de Guerrero: en su calidad de titular del Poder Ejecutivo estatal.
Derivado de lo anterior y en virtud de que las atribuciones señaladas corresponden a las autoridades mencionadas, las cuales son suficientes para dar solución al conflicto de los trabajadores de la mina Media Luna, se somete la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Único. Se solicita a las siguientes autoridades atiendan y solucionen de forma imparcial y legal, en el ámbito de sus atribuciones, la problemática relacionada con la mina Media Luna, ubicada en el estado de Guerrero, para que:
a) La Secretaría de Gobernación: Vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, particularmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de la República, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y gobierno del estado de Guerrero.
b) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje: Garanticen a los trabajadores mineros la libertad de trabajo, la jornada máxima de trabajo, un salario mínimo, la protección especial de las trabajadoras durante el embarazo, las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo, la libertad de asociación y de huelga, entre otros.
c) La Procuraduría General de la República: Investigue y persiga los delitos de homicidio cometidos en contra de los mineros Víctor y Mauricio Sahuantitla Peña, así como del minero Quintín Salgado
d) El gobierno del estado de Guerrero: Garantice y proteja a los mineros trabajadores y, en su caso, investigue los delitos de homicidio cometidos en contra de los mineros Víctor y Mauricio Sahuantitla Peña, así como del minero Quintín Salgado
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a reforzar los mecanismos de prevención por la tala indiscriminada de bosques y selvas de México, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México figura como una potencia megadiversa a nivel mundial, al contar con una amplia diversidad de animales y plantas con “alrededor de 200 mil especies diferentes... hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial”,1 entorno favorable que se debe a la situación geográfica y variedad de climas que tiene México, lo que permite que existan especies que difícilmente se podrán encontrar en otro lugar.
El Programa Nacional Forestal 2013-2018, en su apartado de Diagnóstico, refiere que México cuenta con 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, que es equivalente al 70% del territorio nacional.
No obstante lo anterior, tal riqueza ha sido vulnerada, principalmente por la invasión en el hábitat de estas especies, la deforestación, el impacto nocivo de la contaminación y el cambio climático, por mencionar algunos factores.
Particularmente, “la deforestación y la fragmentación de ecosistemas se han reconocido en muchos países como algunas de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y se ha alertado sobre las consecuencias que estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de la humanidad y la salud general del ambiente”.2
En el caso específico de México, la plataforma de Global Forest Watch, 3 refiere que México perdió en el 2016, 274 mil 183 hectáreas de bosques, principalmente por el avance ganadero y agrícola, siendo los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán y Veracruz, los más afectados por la pérdida de cobertura.
Con base a la información precisada en la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales4 (FRA, por sus siglas en inglés), publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se analizan periódicamente los bosques del planeta, sus formas de gestión y de aprovechamiento; al respecto, puntualiza que en el caso de México la pérdida de superficie forestal fue de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000 y de 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015.
En México, la deforestación se ha convertido en uno de los principales problemas que impacta al medio ambiente y en una práctica reiterativa que se refleja constantemente año con año; siendo el cambio de uso de suelo y la tala ilegal, las principales causas de la misma.
“La tala ilegal representa 8% de las causas de la deforestación y, de acuerdo a estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la producción de madera ilegal representa 30% del volumen anual autorizado en el país. La tala ilegal se asocia a diversos factores, tales como: insuficiente capacidad operativa para la correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental, problemas de gobernanza y tenencia de la tierra, sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en la aplicación de justicia, ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado y, más recientemente, la delincuencia organizada”.5
Entre los estados más afectados por esta actividad, sobresalen Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Colima y Durango.
En el caso particular de Oaxaca, la entidad pierde 2 mil metros cúbicos de madera por año, lo anterior, sin considerar la madera que se sustrae de manera indebida y que no llegan a denunciarse; principalmente la región de la Mixteca y una parte de la Sierra Sur, resultan ser las más afectadas por esta práctica recurrente.
A continuación, se enlistan los municipios más afectados con esta práctica:
• Santa María Chimalapa.
• San Miguel Chimalapa.
• Matías Romero.
• Juchitán de Zaragoza.
• Santa María Ozolotepec.
• San Sebastián Río Hondo.
• San Miguel Suchixtepec.
• San Mateo Río Hondo.
• Santo Tomás Tamazulapan, San Pedro el Alto, San Agustín Loxicha.
• Santa María Peñoles.
• Santiago Clavellinas (Zimatlán).
• Villa de Zaachila.
• San Pablo Cuatro Venados.
• San Miguel Peras.
• Santiago Tlazoyaltepec.
• Santa Inés del Monte.
• Tlaxiaco.
• Santiago Juxtlahuaca.
• Putla Villa de Guerrero.
• San Andrés Nuxiño.
• San Juan Tamazola.
• Santo Domingo Nuxaa.
La tala ilegal e inmoderada, acelera la desaparición de la masa forestal, asimismo, ocasiona un sinnúmero de problemas ambientales y vulnera la biodiversidad de las diferentes zonas, ocasionando con ello una preocupante degradación del suelo, alterando el equilibrio climático.
Evidentemente, se requiere un trabajo coordinado y hombro con hombro para crear y reforzar todos aquellos mecanismos necesarios para abatir este terrible problema que afecta de manera considerable nuestro medio ambiente.
Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las instancias correspondientes, refuerce las actividades encaminadas a concientizar a la población sobre el creciente problema que representa la tala indiscriminada de los bosques y selvas en México.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, fortalezca los mecanismos encaminados a prevenir la tala inmoderada en la entidad con la finalidad de conservar su superficie forestal.
Notas
1 Notisem. México es un país megadiverso. Dirección General de Comunicación Social Secretaría de Relaciones Exteriores. Mayo 2013. [en línea], [consultado el 10 de enero del 2018]. Disponible en: https://consulmex.sre.gob.mx/chicago/images/stories/2013/PDF/megadiv.pd f
2 González Ibarra, Minerva Leonor et al. Fragmentación del hábitat y biodiversidad en el Parque Estatal El Faro. XIV Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia, [en línea], [Fecha de consulta 10 de enero de 2018]. Disponible en
http://congresos.cio.mx/14_enc_mujer/cd_congreso/archivo s/resumenes/S5/S5-BYQ26.pdf
3 Global Forest Watch. Disponible en: http://www.globalforestwatch.org/country/MEX
4 Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015. Compendio de datos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
5 Programa Nacional Forestal 2013-2018. P. 33.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de febrero del año 2018.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Georgina Paola Villalpando Barrios, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, relativo a formular acciones que permitan mejorar la experiencia de los usuarios del STC y el Metrobús de la Ciudad de México, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México y al director general del Sistema Metrobús a formular acciones que permitan mejorar la experiencia del usuario dentro de ambos sistemas y, en particular, los tiempos de abordaje y descenso de pasajeros, con base en lo siguiente:
Exposición de motivos
El Sistema de Transporte Colectivo (conocido coloquialmente como Metro) de la Ciudad de México movilizó a cerca de mil 650 millones de pasajeros en sus doce líneas tan solo en 2016.1 Su diversa red de estaciones (195 en total) y 226 kilómetros de vía férrea cubren la mayor parte de la Ciudad de México y decenas de municipios conurbados en el estado de México.2 Por su magnitud y volumen de operación, el Metro es frecuentemente considerado el sistema de transporte público más importante del país y uno de los más concurridos del planeta. Estas dimensiones, sin embargo, han creado también el espacio propicio para el surgimiento de nuevos retos en materia de servicio al cliente. De acuerdo con cifras de su propio director, el doctor Jorge Gaviño Ambriz, el Metro rebasa diariamente su potencial operativo por casi 2.5 millones de personas, superando ampliamente los 3 millones de usuarios que contempla en su capacidad instalada con una afluencia de 5.5 millones de pasajeros.3
Complementariamente, la Ciudad de México cuenta con el Sistema Metrobús, un elemento adicional de la red de transporte público de la ciudad que ofrece servicios a través de 7 líneas distintas. El sistema se compone, contrario al Metro, de una extensa red de rutas con carril confinado por el cual circulan cientos de autobuses articulados. A 2018, el Sistema Metrobús cuenta con 568 autobuses, donde poco más de 500 tienen múltiple articulación.4
Las problemáticas que padecen tanto el Metro como el Metrobús han sido bien documentadas desde diversos medios. Problemas como la saturación del sistema,5 las inundaciones,6 las fallas mecánicas7 y la inseguridad8 son manifiestos de forma recurrente en el servicio, particularmente a los ojos del usuario. Los diagnósticos de la autoridad se han focalizado en el desgaste físico de la infraestructura inherente a este transporte. La falta de material rodante falta de mantenimiento a los vagones y las deficiencias en la red de señalización han sido señalados como algunos de los problemas imperantes en el sistema.9 Todas estas preocupaciones omiten, sin embargo, aquellos elementos esencialmente operativos en los que también se reportan fallas periódicas. La atención deficiente y mal funcionamiento de las instalaciones del Metro y el Metrobús producen un malestar común entre quienes se identifican como sus usuarios.
Uno de estos elementos, común para quienes usan estos medios de transporte de forma habitual, es el breve plazo que permiten los vagones y autobuses para poder generar un ascenso o descenso ordenado. Las imágenes de andenes saturados en aquellos horarios con mayor afluencia de usuarios son comunes en los medios. La falta de vagones o unidades, las limitadas vías de acceso y el retraso frecuente de ambos sistemas pueden ser atribuidas como causas directas del problema y, sin embargo, no es posible negar la responsabilidad compartida que en ello tienen las propias políticas de operación.
Actualmente, cada vagón del Metro y unidad del Metrobús cuenta con un sistema de alarma especial que permite a los usuarios saber cuándo es posible ascender y descender de forma segura. El breve plazo que otorga esta alarma frecuentemente genera desesperación en los andenes, vagones y unidades. Al percatarse de que las puertas del vagón o autobús cerrarán rápidamente, decenas de usuarios intentan subir a éste, mientras que otros cuantos buscan bajar del mismo entre empujones. El caos frecuentemente domina la situación y la experiencia para el usuario es negativa.
Han existido intentos concretos para solucionar este problema,10 al menos en lo concerniente al Metro. Un importante programa piloto se puso en marcha a finales de 2016 con el fin de ofrecer un ascenso y descenso ordenado en la estación Balderas. El programa consistía en nuevas señalizaciones que permitían al usuario identificar el espacio donde era seguro bajar o subir al vagón, evitando que el flujo de pasajeros chocase uno contra otro. El éxito de este programa, sin embargo, ha sido limitado. El tren frecuentemente se detiene en puntos donde no corresponde la señalización y muchos pasajeros aún buscan abordar los vagones entre empujones y con falta de orden.
Aventurar una alternativa a este problema es necesario, por lo que una recomendación viable sería el establecer plazos con más tiempo para que los pasajeros puedan abordar y descender cómodamente. Una medida de este tipo no requeriría mayor inversión en infraestructura o nueva señalización en las estaciones, tan solo un cambio en los protocolos de operación de los trenes y autobuses de ambos sistemas. Ofrecer más tiempo a los pasajeros permitiría que la experiencia del usuario fuese más satisfactoria y menos estresante para quienes usan este servicio diariamente. Adicionalmente, la naturaleza técnica de la propuesta permitiría que fuese ejecutable de forma simultánea en ambos sistemas, obteniendo un mejor estándar operativo de la red de transporte público en su conjunto.
La experiencia y tranquilidad de los usuarios deben ser una prioridad en la operación de los dos organismos, por lo que resulta indispensable tomar las medidas y políticas adecuadas que permitan alcanzar dicho fin.
Considerandos
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, fracción E, numeral 1, que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.11
La Ley de Movilidad del Distrito Federal establece a ésta como un derecho de los ciudadanos de la ciudad, argumentando que es “el [derecho] de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona”.12
En este mismo sentido, la normatividad establece, en su artículo 6, que “la Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad”.13
Ambos artículos permiten observar al usuario como el centro de la política de movilidad, a partir del cual se deberán de desarrollar el conjunto de estrategias dirigidas a toda mejora en los servicios. Adicionalmente, la misma Ley de Movilidad del Distrito Federal identifica en la eficiencia un principio rector para su aplicación, destacándola como el acto de “maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios”.14
Sobre la autoridad del director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, el estatuto orgánico del mismo considera que “tendrá a su cargo la conducción, organización, control y evaluación del organismo, conforme al presente estatuto y a las demás disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad”.15
De la misma forma, entre las facultades que el estatuto otorga al director general del STC se encuentra el “establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz”.16
Finalmente, el Estatuto Orgánico de Metrobús Organismo Público Descentralizado detalla, en su artículo 17, fracción VII, que el director general del sistema tiene por facultad el “establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz”.17
Fundamentando en lo aquí descrito, someto a consideración de la presente Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México y al director general del Sistema Metrobús a formular acciones que permitan mejorar la experiencia del usuario dentro de ambos sistemas y, en particular, los tiempos de abordaje y descenso de pasajeros.
Notas
1 Sistema de Transporte Colectivo. Cifras de Operación. México. Sistema de Transporte Colectivo. 2017. Consultado en: http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifrasoperacion.html
2 Sistema de Transporte Colectivo. Longitudes de las Líneas (KM). México. Sistema de Transporte Colectivo. 2018. Consultado en: http://data.metro.cdmx.gob.mx/operacion/longlineas.html
3 Notimex. “STC Metro Registra Sobrecupo de 2.5 Millones de Personas”. México. Periódico Excélsior. 2016. Consultado en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/14/1098761
4 Sistema Metrobús. Flota. México. Sistema Metrobús. 2018. Consultado en:
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/flota
5 Ibid.
6 Forbes Staff. “Línea 7 del Metro, Parcialmente Cerrada por Inundación”. México. Forbes México. 2017. Consultado en:
https://www.forbes.com.mx/linea-7-del-metro-parcialmente-cerrada-inundacion/
7 Pazos, Francisco. “Todo Falla en el Metro; Usuarios no Peligran, Aseguró Jorge Gaviño”. México. Periódico Excélsior. 2015. Consultado en:
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/12/1039750
8 Redacción. “Inseguridad, Saturación y Largos Trayectos, los Problemas de Usuarios de Transporte Público”. México. Animal Político. 2014. Consultado en:
http://www.animalpolitico.com/2014/05/inseguridad-satura cion-y-largos-trayectos-los-problemas-de-usuarios-de-transporte-publico /
9 Valdez, Ilich. “Un Reto, Revertir los Problemas del Metro”. México. Milenio Noticias. 2015. Consultado en: http://www.milenio.com/df/mantenimiento_metro-Jorge_Gavino_mantenimient o_metro_0_559744044.html
10 Redacción. “¿Subir al Metro de la CDMX en Orden y Sin Empujones? En Balderas Aplican un Método para Lograrlo”. México. Animal Político. 2016. Consultado en:
http://www.animalpolitico.com/2016/12/metro-balderas-proyecto-cdmx/
11 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 13. Fracción E. Numeral 1. (Última Reforma: 05-02-17)
12 Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículo 5. (Última Reforma: GDF 28-11-2014)
13 LMDF. Artículo 6. (Última Reforma: GDF 28-11-2014)
14 LMDF. Artículo 7. (Última Reforma: GDF 28-11-2014)
15 Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo. Artículo 21. (Última Reforma: GDF 31-05-2011)
16 EOSTC. Artículo 21. (Última Reforma: GDF 31-05-2011)
17 Estatuto Orgánico de “Metrobús” Organismo Público Descentralizado. Artículo 17. Fracción VII. (Última Reforma: GDF 04-04-2011)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de febrero de 2018.
Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a facilitar programas de acceso directo al productor con el consumidor, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Considerandos
En un contexto de crisis económica y escasos apoyos al productor, volver al origen es una opción. Y es que en la medida en que se vincule al productor con el consumidor, los precios se abaratan y los mercados se estabilizan.
Cuando se incrementa la demanda, un fenómeno que surge en los escenarios de crisis es el acaparamiento; en este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha recomendado, que ante la carestía alimentaria se debe evitar el acaparamiento y se deben facilitar programas de acceso directo al productor.
Los trabajos que realiza la Profeco para la supervisión de precios, son insuficientes ante un acaparamiento voraz que impide relaciones directas entre productor y consumidor; por ello, el propósito del presente Punto de Acuerdo es exhortar a las dependencias involucradas, para que generen y fortalezcan estos programas, a través de varias medidas que los hagan realidad.
En diversas latitudes, se ha buscado retornar a circuitos locales de producción, para frenar la carestía y garantizar la alimentación; la fórmula es sencilla, se produce localmente, se consume localmente. En circuitos de esta naturaleza, se benefician consumidor y productor, el consumidor con precios bajos y productos de calidad, y el productor con una reactivación económica directa e inmediata, que le posibilita seguir produciendo.
Actualmente la comercialización se está registrando a través de largas cadenas, con un gran número de intermediarios, acaparadores y distribuidores; pese a la tendencia anterior, a contracorriente han surgido mercados alternativos en diferentes entidades, donde el consumidor encuentra productos de la canasta básica, sin intermediarios y a precios accesibles.
El incremento de precios ha tenido un incremento que se puede constatar con datos del INEGI, entre los principales genéricos cuyas variaciones de precios se registraron a la alza, destacaron por su incidencia sobre la inflación general, la electricidad, gas doméstico LP, transporte aéreo, gasolina de bajo octanaje, jitomate, limón, tortillas, servicios turísticos en paquete, tomate verde, detergentes, vivienda propia y el huevo, fundamentalmente.
Recientemente, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, señaló que el aumento en los precios de algunos productos como el limón y jitomate, se debe a la temporalidad, sin embargo son varios productos que han tenido un incremento considerable.
Tampoco debe pasar inadvertido, que estamos ante una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que nuestro país y Estados Unidos son grandes socios comerciales, y en materia de alimentos hay una enorme vinculación. Empero, diversificar y reconstruir lo local, siempre será una buena alternativa.
Llama la atención, que apenas el 14 de enero del año en curso, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, haya anunciado la creación de un primer mercado de productores locales, donde la ciudadanía y los productores locales puedan tener un encuentro directo.
Este mercado estaría surgiendo en un contexto de crisis, acaparamiento e incremento de productos de la canasta básica, y surgiría como resultado del acompañamiento técnico de la FAO con el gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de impulsar cadenas cortas agroalimentarias y evitar el intermediarismo.
Consideramos que la Sagarpa, en coordinación con las entidades y apoyándose en el respaldo técnico de la FAO, podría incentivar mercados alternativos, donde se facilite la conexión productor-consumidor, en aras de un apoyo al productor, y al mismo tiempo, en la búsqueda de equilibrios, ante un acaparamiento y comercialización rapaz, que asfixia la economía de las familias.
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que facilite programas de acceso directo al productor con el consumidor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno y la Ssa de Oaxaca a hacer público el estado de los servicios de salud en la entidad y las acciones que llevan a cabo para regularizar los pasivos laborales, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Felipe Reyes Álvarez, integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud.1
Sin embargo, en el estado de Oaxaca, la administración actual del sistema de salud canceló el contrato laboral de más de centenares de trabajadores y se desistió de pagar prestaciones, esta situación está afectando el servicio en 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios, 3 de alta especialidad y diversos centros de salud.
La situación anterior ha provocado que, desde el pasado 15 de enero, unos 7 mil trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se manifestaron en las calles de la entidad por el atraso de pagos de aguinaldos y la liquidación la primera quincena del mes de enero de este año, además del reclamo por los 2 mil 300 médicos contratados bajo la modalidad de eventual que fueron despedidos.
Que este escenario va en contra de lo establecido en el artículo 4 constitucional que señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Que el derecho a la salud conlleva un orden de obligatoriedad por parte del servicio público y sus representantes en el gobierno, en particular del tema, del Ejecutivo estatal.
Asimismo se está en contra del el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho.2
Que aproximadamente 2 millones de personas en Oaxaca no cuentan con servicios de salud, debido a un paro de labores indefinido en tres jurisdicciones sanitarias: Istmo, Cuenca y Sierra.
Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa al Ejecutivo estatal y al encargado de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca a que en el ámbito de sus competencias hagan pública la situación actual que guardan los servicios de salud en la entidad, así como las acciones y medidas que están llevando a cabo para regularizar los pasivos laborales.
Notas
1 www.who.int/
2 http://sjf.scjn.gob.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de febrero de 2018.
Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la recomendación 67/2017 de la CNDH, sobre la remoción de manglar para realizar el desarrollo Malecón Cancún, Proyecto Tajamar, en Quintana Roo, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Con fecha 9 de febrero de 2016, la suscrita presentó punto de acuerdo para, entre otras cosas, exhortar a la Procuraduría General de la República a que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en el ámbito de su competencia, investigue sobre la posible comisión de uno o varios delitos cometidos en el deterioro o destrucción de los manglares situados en el malecón Tajamar, en contra de los quintanarroenses y de la sociedad en general.
No obstante, que el mismo fue fundado y motivado en razones de hecho y de derecho, y que los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena condenamos rotundamente el ecocidio, deterioro o destrucción del ambiente en el malecón Tajamar, justificándolo en la construcción de un complejo turístico, como se señala a continuación:
“...No obstante que el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún concedió una suspensión definitiva el 2 de febrero de 2016, respecto de las obras de chapeo, desmonte y relleno en el malecón Tajamar, Cancún, en la demanda que fue interpuesta por 113 niños que solicitaron el amparo de la justicia por su derecho a un medio ambiente sano, hecho que no puede pasar inadvertido para los ciudadanos diputados de la LXIII Legislatura, quienes tenemos que velar por los intereses del futuro del país y de su biodiversidad en conjunto, el estado por mandato constitucional tiene la obligación de garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo de los mexicanos, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
...
...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley...
Y más aún, el Estado debe garantizar el estado de derecho, por lo que el daño y deterioro ambiental provocado en el malecón Tajamar generó responsabilidad para quien lo provoca, en términos del propio artículo 4 de la Carta Magna, por lo cual los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena condenamos rotundamente el ecocidio, esto es, el deterioro o destrucción del ambiente en el malecón Tajamar, justificándolo en la construcción de un complejo turístico.”...
En la comisión ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados fue desechada por no discutirse dentro del periodo de sesiones correspondiente, obedeciendo al artículo 184 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
En ese orden de ideas, se debe señalar que el pasado 5 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 67/2017, sobre el caso de la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad , por la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) en Quintana Roo.
Recomendando, al respecto, al ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo siguiente:
“...Primera. En un plazo de tres meses contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, en coordinación con el honorable ayuntamiento de Benito Juárez y con participación de la sociedad civil y del Fonatur, se diseñe y se ponga en marcha un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica para el área ocupada por el Proyecto Tajamar, y se remita trimestralmente a esta Comisión Nacional un reporte del seguimiento de actividades durante el primer año de su implementación.
Segunda. Se identifiquen las resoluciones vigentes, tanto en materia de impacto ambiental como de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, emitidas durante los últimos cinco años en el estado de Quintana Roo, contados a partir de la emisión de la presente recomendación, que sean susceptibles de afectar los ecosistemas de manglar y que hayan sido dictadas sin acatar lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable; de existir alguna afectación, promover con oportunidad juicios de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el fin de modificarlas o nulificarlas por vulnerar el interés público, por contener vicios de fondo, forma, procedimiento e incluso competencia, y envíe a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Tercera. Se establezcan los mecanismos de control y supervisión necesarios para que sus unidades administrativas competentes fortalezcan la aplicación homologada de la normatividad aplicable en sus resoluciones, a fin de evitar que en casos futuros se vulnere el derecho a un medio ambiente sano en perjuicio de la sociedad, y aporte a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Cuarta. Se diseñe, se publique y se distribuya entre sus unidades administrativas idóneas, una circular, memorándum o algún documento oficial similar, en el que se señale la obligación de requerir la emisión de una opinión o dictamen técnico en materia de vida silvestre, previo al otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para proyectos que se pretendan desarrollar en terrenos ocupados por vegetación de humedal y/o con presencia de especies catalogadas en alguna categoría de riesgo, y entregue a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Quinta. Se diseñe, se publique y se distribuya entre todas las unidades administrativas a su cargo, relacionadas con el otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, un procedimiento interno único para la evaluación de las solicitudes, de tal manera que se garantice que todas ellas cuenten con procesos y criterios estandarizados y actualizados, acordes a la normatividad ambiental vigente y aplicable, y expedir a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Sexta. Instruya a las unidades administrativas competentes, para que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, emitan resoluciones debidamente fundadas y motivadas respecto a los permisos y/o las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo de obras o actividades que afecten a los ecosistemas de humedal, y despachar a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Séptima. Se realice un diagnóstico integral del estado de conservación actual de los ecosistemas de humedal, y en particular de aquellos con presencia de manglar y con proximidad a algún área natural protegida o sitios Ramsar; de tal manera, que se identifiquen aquellos que requieran acciones de restauración de la integridad y conectividad ecológica de los ecosistemas, y se tomen todas aquellas acciones preventivas y correctivas necesarias, incluyendo medidas de adaptación al cambio climático, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
Octava. Se aporten todos los elementos necesarios con los que cuenta esa Semarnat en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie en contra de AR2, AR3 y AR5, y quien resulte responsable, con motivo de la queja que esta Comisión Nacional presente ante la instancia que corresponda, por las acciones y omisiones referidas en la presente recomendación, al que debe agregarse copia de la presente resolución, y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.
Novena. Se colabore debidamente con el seguimiento de la carpeta de investigación que se sustanciará ante la Procuraduría General de la República en contra de AR3, AR5, y quien o quienes resulten responsables por las acciones y omisiones probablemente constitutivas de delitos ambientales, que propiciaron la degradación del ecosistema de humedal en el área del Proyecto Tajamar, derivado de la denuncia que presente este Organismo Nacional, y entregue a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Décima. Se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensibilización a sus servidores públicos, en el ámbito de su competencia, para el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, vida silvestre y cuidado del medio ambiente, y se proporcionen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Décima Primera. Se imparta un curso integral de educación y capacitación en materia de derechos humanos, en particular, sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, dirigido a sus servidores públicos, y se manden a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Décima Segunda. Instruya a quien corresponda a efecto de que se envíe copia de conocimiento de esta recomendación a todas sus delegaciones en los estados costeros de la república; y se suministren a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Décima Tercera. Se designe a un servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a esta Comisión Nacional.”...
Asimismo, recomendó al doctor Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente.
“...Primera. Se determinen e impongan las medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar, en la mayor medida posible, se sigan realizando actividades de remoción de manglar en el lugar de los hechos, y remitan las pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Nacional.
Segunda. Se elabore un programa anual de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en las materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales y vida silvestre, en los terrenos ocupados por vegetación de humedal, y en particular con presencia de manglares en el estado de Quintana Roo. De ser el caso, inicie los procedimientos administrativos sancionadores respectivos, dando seguimiento oportuno hasta su conclusión, o bien presente la denuncia correspondiente por la responsabilidad por daño ambiental, y rindan a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Tercera. Se aporten todos los elementos necesarios con los que cuenta esa Profepa en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie en contra de AR1, y quien resulte responsable, con motivo de la queja que esta Comisión Nacional presente ante la instancia que corresponda, por las acciones y omisiones referidas en la presente Recomendación, al que debe agregarse copia de la presente resolución y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.
Cuarta. Se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensibilización a sus servidores públicos, en el ámbito de su competencia, para el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, vida silvestre y cuidado del medio ambiente, y se proporcionen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Quinta. Se imparta un curso integral de educación y capacitación, en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, dirigido a sus servidores públicos, y se manden a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Sexta. Instruya a quien corresponda a efecto de que se envíe copia de conocimiento de esta recomendación a todas sus delegaciones en los estados de la república; y se entreguen a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Séptima. Se designe a un servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a esta Comisión Nacional.”...
De igual manera recomendó al licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur), lo que a continuación se menciona:
“...Primera. Colabore con la Semarnat y el honorable ayuntamiento de Benito Juárez, a efecto de que, en un plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se diseñe y se ponga en marcha un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica para el área ocupada por el Proyecto Tajamar, y se remita trimestralmente a esta Comisión Nacional un reporte del seguimiento de actividades durante el primer año de su implementación.
Segunda. En un plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se establezca como requisito indispensable en los procedimientos para la aprobación de los proyectos turísticos a su cargo, el estricto cumplimiento a la normatividad nacional ambiental vigente y aplicable, y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y se conceda a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Tercera. Se aporten todos los elementos necesarios con los que cuenta esa institución en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie en contra de AR4, y quien resulte responsable, con motivo de la queja que esta Comisión Nacional presente ante la instancia que corresponda, por las acciones y omisiones referidas en la presente recomendación, al que debe agregarse copia de la presente resolución y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.
Cuarta. Se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensibilización a sus servidores públicos, en el ámbito de su competencia, para el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, vida silvestre y cuidado del medio ambiente, y se proporcionen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Quinta. Se imparta un curso integral de educación y capacitación, en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, dirigido a sus servidores públicos, y se manden a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Sexta. Se designe a un servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a esta Comisión Nacional.”...
Y por último recomendó al licenciado Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez, estado de Quintana Roo.
“...Primera. En un plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, en coordinación con la Semarnat, y con participación de la sociedad civil y del Fonatur, se diseñe y se ponga en marcha un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica para el área ocupada por el Proyecto Tajamar, y se remita trimestralmente a esta Comisión Nacional un reporte del seguimiento de actividades durante el primer año de su implementación.
Segunda. Se establezca en un plazo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, un procedimiento para la evaluación de solicitudes de permisos de chapeo y desmonte, de tal manera que se garantice el estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y aplicable, internacional, federal, estatal y municipal, y remita a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Tercera. En un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, se realice una revisión integral del actual Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, de tal manera que se asegure que éste es acorde con los lineamientos de protección, preservación y restauración de humedales, en particular aquellos con presencia de manglares; y de no ser, el caso, realice las modificaciones pertinentes, y se envíen a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Cuarta. Se incluya como requisito en la formulación, aprobación, administración y ejecución de los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, el pleno cumplimiento a los lineamientos y formalidades establecidos en las leyes federales, estatales y municipales en materia ambiental, y se proporcionen a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Quinta. En colaboración con la Semarnat, se realice un diagnóstico integral del estado de conservación actual de los ecosistemas de humedal en la jurisdicción del municipio, y en particular de aquellos con presencia de manglar y con proximidad a algún área natural protegida o sitios Ramsar; de tal manera, que se identifiquen aquellos que requieran acciones de restauración de la integridad y conectividad ecológica de los ecosistemas, y se tomen todas aquellas acciones preventivas y correctivas necesarias, incluyendo medidas de adaptación al cambio climático, y se aporten a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
Sexta. Se elabore un programa anual de visitas de inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en las materias de impacto ambiental, forestal y vida silvestre, en los terrenos ocupados por vegetación de humedal en la jurisdicción municipal. De encontrar alguna irregularidad, realice la denuncia respectiva ante la Profepa, dando seguimiento oportuno hasta su conclusión, y remita a esta Comisión Nacional pruebas de su cumplimiento.
Séptima. Se aporten todos los elementos necesarios con los que cuenta ese honorable ayuntamiento en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie en contra de AR6, y quien resulte responsable, con motivo de la queja que esta Comisión Nacional presente ante la instancia que corresponda, por las acciones y omisiones referidas en la presente Recomendación, al que debe agregarse copia de la presente resolución y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.
Octava. Se colabore debidamente con el seguimiento de la carpeta de investigación que se sustanciará ante la Procuraduría General de la República en contra de AR6, y quien o quienes resulten responsables por las acciones y omisiones probablemente constitutivas de delitos ambientales, que propiciaron la degradación del ecosistema de humedal en el área del Proyecto Tajamar, derivado de la denuncia que presente este organismo nacional, y envíen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Novena. Se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensibilización a sus servidores públicos, en el ámbito de su competencia, para el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, vida silvestre y cuidado del medio ambiente, y se proporcionen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Décima. Se imparta un curso integral de educación y capacitación, en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, dirigido a sus servidores públicos, y se manden a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Décima Primera. Se designe a un servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con este organismo nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a esta Comisión Nacional.”...
En consecuencia, y toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos analizó de manera lógica y jurídica los hechos y evidencias que integraron el expediente CNDH/6/2016/378/Q y su acumulado, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y encontró evidencia que le permitió acreditar violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, por la remoción de vegetación de manglar en los predios donde se desarrolla el Proyecto Tajamar y así como la inobservancia de la normatividad ambiental vigente, se reitera la necesidad de exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al procurador federal de Protección al Ambiente, al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, al presidente municipal de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, hagan del conocimiento público sobre la aceptación total o parcial o negativa de aceptación de la recomendación número 67/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en caso el cumplimiento que se ha dado a la misma, lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al procurador federal de Protección al Ambiente; al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al presidente municipal de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, a que en un término no mayor a quince días, hagan del conocimiento público, el trato que le dieron a la recomendación número 67/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) en Quintana Roo, y en caso el cumplimiento que se ha dado a la misma, lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.
Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a implantar campañas de difusión a fin de alertar a los mexicanos a no recurrir a empresas o gestores para tramitar pasaportes o visas estadounidenses, suscrita por la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Históricamente, la movilidad de personas siempre ha existido, pero ha sido en los siglos recientes que las migraciones incrementaron la búsqueda por satisfacer de manera integral necesidades como principal propósito que motiva a las personas a cambiar de residencia.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) define en su glosario a la migración como el desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra o que se mudan de un país a otro en un periodo determinado. La migración es un derecho humano que tiene cualquier persona para buscar y conseguir una vida mejor para sí mismo y su familia.
Ciertamente, el fenómeno migratorio ha sido una constante de la relación entre México y Estados Unidos que ha variado de forma e intensidad, pero que se ha mantenido al responder “a la confluencia de dos circunstancias hasta ahora irremediables: la oferta y demanda de mano de obra que surge de Estados que comparten una amplísima vecindad geográfica y entre los cuales permanece una asimetría”.1
Con base a referencias del Conapo, el fenómeno migratorio tiene diversas causas:2
* Factores vinculados con la oferta-expulsión de fuerza de trabajo.
* Factores asociados con la demanda-atracción.
* Factores sociales e históricos que ligan a los migrantes con la familia, los amigos, las comunidades de origen y las de destino.
El Anuario de Migración y Remesas México 2017 expone, en el apartado sobre “Migrantes Mexicanos en los Estados Unidos”, que en el 2015 residían en territorio estadounidense 11.9 millones de mexicanos, adicionando paralelamente a los descendientes de la segunda y tercera generación, con lo que existen alrededor de 35 millones de connacionales en el país vecino del norte.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) cuenta con un registro de 12 millones 27 mil 320 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 97.33 por ciento radica en los Estados Unidos de América.
Ante la llegada de Donald Trump, presidente número 45 de los Estados Unidos, la política migratoria se convirtió en uno de los temas principales de la agenda nacional, dividiendo con esto opiniones respecto a las declaraciones del presidente sobre este tema.
Lo que ha sido una realidad es que con la toma de protesta del presidente Donald Trump proliferó en los connacionales el miedo e incertidumbre de no ser completamente aceptados en una sociedad dividida frente al tema de migración.
Mención específica tiene el aporte de nuestros connacionales al desarrollo de la economía de los Estados Unidos, mismo que ha sido minimizado y que, sin embargo, ha contribuido en el crecimiento de su PIB en casi un 40 por ciento, situación que se ha quedado al margen.
Con base en información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de enero a octubre del año anterior, 135 mil 490 mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos “en medio de una política migratoria xenófoba del gobierno estadounidense”,3 situación que ha incidido en la desaprobación de los mexicanos a la política del gobierno de Trump hacia México, alcanzando el 65 por ciento de percepciones negativas de acuerdo a un muestreo de Pew Research Center. 4
No obstante, en México aún prevalece en un importante sector de la población la idea de que el llegar a los Estados Unidos representa una alternativa favorable para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares.
En este contexto, empresas y organizaciones ilegales y malintencionadas han logrado estafar a mexicanos tanto en el trámite de su pasaporte como en el de la supuesta adquisición de su visa, práctica que se ha vuelto recurrente y que vulnera la economía de las y los interesados.
Estos grupos se ofrecen para ayudar en los trámites conducentes, a pesar de no estar autorizados para ello, aprovechando el desconocimiento y las necesidades de las personas, ofertan la promesa de que pueden coadyuvar positivamente para la obtención de alguno de los documentos mencionados, por lo que cientos de mexicanos han sido víctimas de estafas por parte de aquellas empresas que se instalan y mudan discrecionalmente de un lugar a otro.
Ante esta situación, es importante que de manera coordinada se haga algo para evitar que más personas se vean expuestas al riesgo que representa ser víctimas de estos supuestos gestores, que son en realidad grupos de delincuentes que explotan la necesidad de mexicanos de buscar mejores condiciones de vida.
Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinar esfuerzos e implementar una campaña de difusión en los medios que se crean convenientes para alertar a las y los mexicanos sobre el riego que representa recurrir a empresas, organizaciones o gestores para el trámite tanto de pasaportes como de visas americanas.
Notas
1 Durand, Jorge. Políticas, modelos y patrón migratorios. El trabajo y los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos , San Luis Potosí. El Colegio de San Luis, 1998. P. 5.
2 Conapo. Migración Mundial. Pág. 2.
3 Redacción. Durante gobierno de Trump han sido deportados más de 135 mil mexicanos. Almomento.mx. 18 de diciembre del 2017. [en línea], [consultado el 10 de enero del 2018].Disponible en:
http://almomento.mx/gobierno-trump-han-sido-deportados-135-mil-mexicanos/
4 Mexican Views of the U.S. Turn Sharply Negativ . [en línea], [consultado el 10 de enero del 2018]. Disponible en:
http://www.pewglobal.org/2017/09/14/mexican-views-of-the-u-s-turn-sharply-negative/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de febrero del año 2018.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Yaret Adriana Guevara Jiménez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta y Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a reducir los gastos en publicidad y viáticos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Al iniciar la administración del gobierno federal actual prometió a su llegada un cambio radical con las reformas constitucionales en materia de transparencia y publicidad oficial. Y a menos de un año de que abandone la Presidencia de la República, todo seguirá siendo promesas, ya que según cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública a diciembre de 2016 y cuatro meses de enero a abril de 2017, se han gastado desde 2013 a abril de 2017 cerca de 34 mil 207 millones de pesos.
México Evalúa menciona que el gobierno federal gasta más recursos de los que recibe y que es aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta práctica, realizada no solo por la administración actual sino por las que le antecedieron, debe acabar, como sabemos el costo de la deuda pública y la notable caída de los ingresos petroleros, no permiten que el gasto del gobierno federal sea tan elevado como lo hemos visto reflejado en los últimos años.
Todo lo anterior es un informe completo que aborda tanto el gasto ejercido por el gobierno federal como la procedencia de este gasto, tan es así que el gasto del gobierno federal aumento 597 mil millones de pesos, en la primera mitad de la presente administración. Este incremento superó considerablemente al crecimiento de la población, que creció 3.4 por ciento, y de la economía, cuyo aumento inercial fue de apenas 2.1 por ciento anual promedio, es decir, 6.3 por ciento del 2012 al 2015. De acuerdo con México Evalúa, la administración de Enrique Peña Nieto gastó durante la primera mitad de su sexenio a un ritmo 50 por ciento mayor que las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.
Los ingresos petroleros cayeron 59 por ciento en el 2015 en relación al 2012, principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo, pero también por una caída en la producción en México, refiere el informe de México Evalúa.
El déficit anual del gobierno federal ha aumentado sostenidamente en los últimos 10 años, a excepción del 2008, ya que pasaron de 153 mil millones de pesos en 2005 a 549 mil millones de pesos en el 2015. Durante las administraciones panistas, el ritmo de crecimiento del déficit fue de 8.4 por ciento, mientras que durante lo que lleva la administración de Peña Nieto, el aumento ha sido de 608 por ciento, lo que se traduce en un crecimiento del déficit de 97 mil 816 millones de pesos.
El gasto en transferencias, subsidios y fideicomisos pasó de 1.07 billones de pesos en el 2012 a 1.35 billones de pesos en el 2015, es decir, aumentó 282 mil 549 millones de pesos. Según México Evalúa, los subsidios o transferencias son un tipo de apoyo gubernamental que puede usarse de forma equivocada con facilidad. Para la organización, un riesgo de este tipo de gasto es que puede utilizarse con motivos políticos, para premiar o castigar a gobiernos locales o grupos de interés. El informe destaca que 41 por ciento del aumento del gasto en subsidios y transferencias se concentró en subsidios sin reglas de operación, es decir, que puede estar sujeto a una corrupción apabullante.
Queda claro que el gobierno federal debe reconocer y hacer los ajustes necesarios para regular en materia de publicidad oficial, sin tener la necesidad de hacer una reforma que solo genere un mayor derroche económico de lo que ya se vio reflejado a lo largo de este sexenio.
En sus primeros cuatro años, la administración de Peña Nieto y el gobierno federal han gastado aproximadamente 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios de comunicación.
En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para la publicidad oficial, pero el gobierno federal rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.
Rocío Stevens, de Oxfam México, señala que México tiene una penetración de la televisión en los hogares del país superior al 92 por ciento, y que son las familias de menos ingresos las que más tiempo pasan mirando la televisión, por eso no resulta extraño que la mayor parte de la inversión publicitaria gubernamental se concentre en la televisión abierta, misma que contiene los costos más altos para difundir la publicidad como lo son Televisa y Tv Azteca.
De 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha ejercido más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. De 2013 a 2016, el gasto aumentó en un 31.21 por ciento pasando de 8 mil 154 millones de pesos a los 10 mil 699 millones de pesos. Además, en ese mismo lapso las dependencias que más gastan en publicidad oficial son Promotur (9.69 por ciento); el IMSS (7.22 por ciento); la SEP (5.83 por ciento); Pronósticos para la Asistencia Pública (5.10 por ciento); y la Sedesol (6.57 por ciento). Las cinco suman el 34.41 por ciento (12 mil 479) del total para los cuatro primeros años de la actual administración.1
En viáticos no cambia mucho la historia, ya que en los primeros cuatro años del sexenio se han destinado 46 mil 33 millones de pesos en traslados, hospedajes y alimentación de funcionarios públicos.
En boletos de avión y autobús, en hospedaje y alimentos para viajes, giras y comisiones espaciales de funcionarios públicos, tanto fuera del país, el gobierno federal destina, en promedio, casi 32 millones de pesos al día.
La suma del gasto en viáticos del gobierno federal en lo que va del sexenio alcanzaría para grandes obras de infraestructura.
46 mil 333 millones de pesos ha gastado el gobierno federal de 2013 a 2016 en viáticos, 11 mil 593 millones de pesos al mes es lo que se destina, en promedio, para viáticos de gobierno federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
965 millones de pesos al mes es lo que se destina, en promedio, para viáticos de servidores públicos, 32 millones de pesos al día, en promedio, es lo que se destina para el pago de viáticos en el gobierno federal, 22 mil pesos por minuto en viáticos gasto el gobierno federal en promedio, en los primeros cuatro años de gestión.
Con los 46 mil 333 millones de pesos que se ha gastado de 2013 a 2016 en viáticos y traslados, se podrían lograr grandes beneficios para la ciudadanía, como lo son edificar 23 pasos exprés en Cuernavaca, o para construir otro sistema de desagüe para evitar las inundaciones en la Ciudad de México como el Túnel Emisor Oriente.
Por lo anterior, considero necesario exhortar al gobierno federal a fin de reducir los gastos en publicidad e implementar ese gasto en algo benéfico para la sociedad, a su vez sujetar los viáticos a lo únicamente esencial para poder realizar sus actividades tanto fuera como dentro del país.
En la actualidad no puede existir un derroche de dinero como se ve reflejado en nuestras instituciones de gobierno, ya que esto muestra incongruencia por parte del gobierno federal al decir que esta administración pretende ser austera y ver con claridad que las cosas son todo lo contrario.
En conclusión, se debe implementar una administración pública eficiente que genere ingresos y beneficios para las instituciones gubernamentales y un mejor desarrollo de las mismas con innovaciones, productividad y progreso. La congruencia del decir con hacer es un factor que no debe de olvidar el gobierno federal la austeridad se debe de ver reflejada en todos sus rubros.
En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a que tome las medidas pertinentes para reducir el gasto en viáticos y publicidad. Asimismo, solicita el uso de la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial con el fin de esclarecer los gastos en esta área y lograr una rendición de cuentas efectiva.
Referencias
* Aroche, A. Ernesto. (2017). “Gobierno de EPN gasta 1 mdp por hora en propaganda; rebasa 71 por ciento lo que le aprobó el Congreso”. Animal Político. Recuperado el: De:
http://www.animalpolitico.com/2017/09/publicidad-gobiern o-epn-gasto/
* Arena Pública. (2017). “Gobierno de EPN gasta 32 millones de pesos al día ¡en viáticos!”. Arena Pública. Recuperado el:. De:
* Riquelme, Rodrigo. (2016). “12 datos sobre cómo gasta el gobierno federal nuestro dinero”. El Economista. Recuperado de:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/
12-datos-sobre-como-gasta-el-gobierno-federal-nuestro-dinero-20161112-0002.html
http://mexicoevalua.org/gasto-publico/
* Castaño, Paulina. (2017). “Contar ‘lo bueno’ cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”. Recuperado el 21 de enero de 2018. De
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf
Nota
Castaño, Paulina. (2017). “Contar ‘lo bueno’ cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016”. Recuperado el 21 de enero de 2018. De
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf
Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2018.
Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a coordinar y garantizar el trato digno y respetuoso que deba darse a los animales, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Una de las reformas más relevantes que se han aprobado en los últimos años en materia de bienestar animal, es la que corresponde al trato digno y respetuoso que debemos brindar a los animales; sin embargo, el anhelo del legislador plasmado en la reforma, choca con la realidad; el abuso y maltrato de animales es una práctica deleznable, pero lamentablemente recurrente, sin que las autoridades hagan valer las disposiciones plasmadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Recientemente, también se aprobó una reforma en Cámara de Diputados, que aún se encuentra en el Senado para su valoración, relativa a la prohibición de venta de animales en las calles.
Ninguna reforma será posible aterrizar si no se cuenta con la voluntad de los diferentes órdenes de gobierno; para el caso específico, el de garantizar un trato digno y respetuoso a los animales, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cabeza de sector, garantizar el pleno cumplimiento de este ordenamiento.
El 24 de enero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.
La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base en los siguientes principios básicos:
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario;
IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural; y
V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la especie.
Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes.
Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto en esta ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.
En el artículo segundo transitorio se estableció que las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberían “adecuar la legislación en un plazo no mayor de 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”. El plazo acaba de terminar este 19 de enero, sin que a la fecha hayan hecho las adecuaciones todas las legislaturas, y más aún sin que se adopte como un principio fundamental de vida, el trato digno y respetuoso a los animales.
Aun cuando en México tenemos esta disposición contra el maltrato animal, desafortunadamente los episodios de violencia hacia los animales son constantes.
Muchos casos se han conocido en diversos medios de comunicación, lo que ha generado en algunas ocasiones, que sean los propios ciudadanos los que rescaten y salvaguarden la integridad de los animales maltratados, sin que en la mayoría de los casos haya denuncias o sanciones a los culpables.
De diferentes partes del país, muchas publicaciones en redes sociales han circulado, que documentan el maltrato animal, desde la mujer que lanza de la azotea de un edificio de cinco pisos a un cachorro que murió cuando la cabeza se estrelló contra el pavimento, hasta golpes y patadas a mascotas indefensas.
Si México es uno de los países con leyes más avanzadas en el tema de protección animal, no podemos admitir ni permitir que sigan registrándose maltratos ante la pasividad, apatía y abulia de las autoridades.
En virtud de lo fundado y motivado, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar y garantizar el trato digno y respetuoso que deba darse a los animales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a distintas dependencias federales a proteger las especies de tortugas marinas que desovan en Marquelia, Guerrero, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
Una característica sobresaliente de la geografía mexicana, es la gran extensión de su litoral. Los 11,592.76 kilómetros que comprenden las costas del país, integran una diversidad de ambientes generados por la interacción de procesos geológicos y climáticos, aunados a la acción de depositación y erosión costera ocasionada por componentes fluviales y oceanográficos.
Sobre este marco físico, en la franja litoral se desarrollan los sistemas naturales más productivos del mundo, derivándose de ellos una gran biodiversidad. Estos hábitat son aptos para asentamiento, refugio, reproducción y crianza de especies marinas y terrestres endémicas o de amplia distribución pero que convergen en estas regiones. Asimismo, concentra un elevado porcentaje (hasta un 80% en el ámbito global) de la población humana que ejerce una presión de desarrollo carente de planeación, generando pulsos desordenados de actividades que provocan alteraciones de diversos grados de magnitud, y en ocasiones irreversibles, sobre el medio natural.1
La costa chica es una de las siete regiones geo-económicas y culturales que conforman el estado de Guerrero, en el sur de México. Comienza en el límite este y sureste del municipio de Acapulco de Juárez y se extiende hasta la costa central del estado de Oaxaca. En Guerrero, posee una extensión territorial aproximada de 180 kilómetros.
Marquelia es uno de los 81 municipios del estado de Guerrero antiguamente era llamada Chilcahuite, también era conocido como Potzahualco, que significa “lugar donde abunda el agua”.
Las tortugas marinas son reptiles de respiración pulmonar, que viven durante casi toda su vida en el mar. En la estructura de su cuerpo, resaltan las extremidades transformadas en aletas y la forma del caparazón que evidencian su adaptación a la vida marina. Sin embargo, depositan sus nidadas en playas de las zonas tropicales y subtropicales del mundo.
A las tortugas les toma un tiempo particularmente prolongado crecer y alcanzar la edad de primera reproducción (de 15 a 50 años), por lo que sus poblaciones se incrementan a un ritmo extremadamente lento.
Durante su historia de vida, las tortugas ocupan una variedad de hábitats marinos, presentándose en amplias distribuciones a bajas densidades. Sin embargo, durante el período de reproducción, todas las especies son muy precisas en relación a las playas donde convergen para aparearse y depositar sus nidadas, realizando migraciones que abarcan desde unos cientos hasta miles de kilómetros desde las áreas de alimentación a las de anidación.
Dos importantes especies de tortugas marinas como son la tortuga Laúd y la Golfina predominan la mayor concentración de estas en las costas de México, entre ellas la costa de Guerrero.
La tortuga Laúd es la más grande de las tortugas marinas vivientes, tiene un ciclo de anidación de entre 2 y 3 años, oviposita de cuatro a cinco veces por 20 temporada. En cada nido depositan entre 61 y 126 huevos de dos tipos. Se le considera “en peligro” de extinción dentro de toda su distribución global (Groombridge, 1982). Se le considera también dentro de esta categoría en el Acta de Especies en Peligro de los EUA y está incluida en el Apéndice I del CITES. La Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-1994) las clasifica como especies en peligro de extinción.
La tortuga Golfina es la más pequeña de las tortugas marinas, cava nidos de unos 40 cm aproximadamente en donde dejan alrededor de 80 huevos que cubren con arena. El periodo de incubación es de 42 días pero depende de la temperatura, pesar de su abundancia relativa en comparación con otras tortugas marinas, esta especie es considerada Vulnerable en la Lista Roja de la IUCN y está clasificada como amenazada en Estados Unidos su número se ha reducido en aproximadamente un 50 por ciento desde la década de 1960.
En México la tortuga se encuentra en peligro de extinción (NOM-059-Semarnat-2010) y está protegida bajo el decreto de veda del 31 de mayo de 1990, en el que se prohíbe su captura, así como su aprovechamiento y la extracción de sus huevos. Sin embargo esto está lejos de ser una realidad.
En las costas de Guerrero la tortuga Golfina empieza su temporada fuerte de desove sede junio hasta octubre y la tortuga Laúd de octubre hasta febrero.
Las tortugas marinas en estas playas corren numerosos peligros, sus amenazas están bien reconocidas, los huevos se comercializan ilegalmente y la carne se vende como un manjar exótico. Las redes de pesca olvidadas, la pesca de arrastre y la contaminación llegan a afectar su ciclo de vida natural y su salud, y la iluminación artificial de las playas puede perturbarlas y afectar su sentido de la orientación; en este último caso, si su camino hacia el mar se hace más lento los depredadores naturales tienen mayor oportunidad de cazarlas.
El artículo 104 de la Ley General de Vida Silvestre determina que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene el encargo de realizar actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto en dicha Ley, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que, igualmente, debe llevar un padrón de los infractores.
El artículo 105 de la Ley General de Vida Silvestre prevé la creación de Comités Mixtos de Vigilancia con la participación de las autoridades municipales, de las entidades federativas y las federales, con el objeto de supervisar la aplicación de las medidas de control y de seguridad en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
El artículo 420 del Código Penal Federal específica, en su fracción 1, que son actividades ilícitas la captura, daño y privación de la vida de las tortugas marinas, así como la recolección o almacenamiento de cualquier forma de sus productos o subproductos; asimismo, que establece las sanciones correspondientes y menciona los casos agravantes.
El artículo 420 del Código Penal Federal especifica en su Fracción IV que constituye delito el traficar, capturar, poseer, trasportar, acopiar, introducir al país y extraer del país ejemplares, productos o subproductos de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte.
La participación civil en la protección de la tortuga marina resulta fundamental, de ahí la existencia de los campamentos tortugueros, estos son instalaciones fijas o temporales que se localizan en las cercanías de los puntos más importantes de anidación de las tortugas marinas. Entre los principales objetivos de estos campamentos se encuentran el desarrollo de proyectos de investigación que permitan conocer más sobre las tortugas marinas y la realización de actividades de conservación de estas especies. Entre sus principales actividades se encuentran:
• Registro de temperatura ambiental, precipitación pluvial y fases lunares.
• Registro de datos de las especies: incubación; marcaje de hembras anidadoras; estimación de porcentajes de sobrevivencia y de anidamiento; fecundidad y mortalidad.
• Educación ambiental a través de pláticas, conferencias y material de difusión, en los centros de enseñanza y poblados cercanos al área de influencia de los centros tortugueros.
• Capacitación del personal técnico, de los pobladores locales y del personal voluntario para la realización de actividades en campamentos tortugueros.
• Colaboración en proyectos de investigación desarrollados por instituciones académicas y de enseñanza superior en las áreas de influencia.
En 1991, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), en ese entonces SEDUE, sustentado en un amplio marco de acciones jurídicas, normativas, de protección y conservación, formalizó un crédito con el Banco Mundial para operar el Programa Ambiental de México (PAM), que incluye el Subprograma Nacional de Protección y Conservación de Tortugas Marinas, el cual contemplaba la instalación de campamentos tortugueros permanentes en 12 playas de 10 estados de la República Mexicana.
Sin embargo, no es sino hasta 1992 que dichos campamentos comenzaron a trabajar de manera formal, realizando actividades de protección y conservación. Para salvaguardar a cientos de individuos de las siete especies de tortugas marinas que habitan los mares mexicanos:
Golfina, ( Lepidochelys olivacea )
Laúd ( Dermochelys coriacea )
Prieta ( Chelonia agassizii )
Lora ( Lepidochelys kempi )
Verde o Blanca ( Chelonia mydas )
Caguama o Perica ( Caretta caretta )
Carey ( Eretmochelys imbricata ).
En 2001, en conformidad con el artículo 28 - fracción xvii del Reglamento Interior de la Semarnat (D.O.F. 04/06/2001) y el artículo 38 de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F. 03/07/2000), por primera vez en México se integra en un solo programa a cargo del gobierno federal.2
Si bien son uno de los mecanismos que existen para su protección son insuficientes.
En las playas de Marquelia existían tres campamentos tortugueros registrados de los cuales para esta temporada de anidación no está operando ninguno, lo que representa que 28 kilómetros de playa desde la playa la Bocana, playa Tortuga, Las peñitas, Arrollo de Tila y la Barra de Tecuanapa se quedaron como territorio libre para los depredadores y traficantes de tortuga y huevo de tortuga.
Esta temporada particularmente tuvo un desove masivo por la cantidad de lluvias registradas. La labor de los campamentos es totalmente voluntaria y es una labor de trabajo arduo y constante.
La falta de apoyos económicos el abastecimiento de equipo y materiales necesarios para el patrullaje y manejo de los huevos es insuficiente, la falta de información y concientización por medio de campañas, la dificultad y la cantidad de trámites burocráticos a los que se enfrentan los encargados de los campamentos tortugueros, han sido solo algunos de los problema a los que se enfrentan y por los que estos han terminado cerrando.
Por lo que es urgente atender la situación y garantizar el cuidado, la conservación y protección de nuestras tortugas marinas.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe cuidadosamente y planifique las estrategias de recuperación y conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción que dependen temporal o permanentemente de la zona costera, así como fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de la tortuga laúd y golfina en Marquelia Guerrero.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que faciliten e instalen mecanismos sencillos para la implementación y trámites de permisos para campamentos tortugueros en la zona y que garanticen que los recursos tanto económicos como en especie destinados a los campamentos tortugueros lleguen íntegros.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Marina (Semar) para que despliegue operativos de vigilancia durante la temporada fuerte de anidación en las playas de Marquelia, Guerrero que garanticen las acciones de protección y vigilancia de las tortugas marinas.
Notas
1 http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resulta dos/InfP066.pdf
2 http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.1 3.5_8080/ibi_apps/WFServleta62d.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de febrero de 2018.
Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Morelos a presentar ante las instancias respectivas las acciones procedentes por la invasión de esferas competenciales por el Poder Legislativo de la entidad, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracciones I, II, III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución , en el que se exhorta al Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos a presentar ante las Instancias correspondientes las acciones que conforme a derecho procedan por la invasión de esferas competenciales por parte del Poder Legislativo del estado de Morelos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. 1
Partiendo de las ideas principales de grandes juristas y filósofos, retomaremos uno de ellos principalmente, quién fue pionero desde la antigüedad, por establecer una división de poderes, mismos que dan certeza jurídica al gobernado, de ser regido por normas y personas con potestades jurídicas instauradas y formadas en pequeños grupos, cuya finalidad es la creación de leyes; administrar justicia, y algunas más, encargadas de guiar el Estado. Montesquieu, ensayista francés a quien la suscrita hace referencia, habla desde tiempos inmemorables en numerosas obras literarias, sobre la indispensable división de poderes, como eje rector de una nación.
Derivado de sus grandes estudios e investigaciones, cuyas aportaciones han sido adoptadas por considerables países en sus propios ordenamientos jurídicos, en las cuales se establecen en sus Constituciones Políticas, la existencia irrefutable de una división para ejercer el poder; así como las bases y precisiones que cada una de las personas integrantes de ellos, debe reunir.
La idea que los grandes filósofos y juristas plantearon desde tiempos muy remotos, ha sido la organización y distribución de nuestro Estado mexicano, desde aquella primera vez en la que se instituyó el día 5 de febrero del año 1917. La idea básica que plasma, es asegurar la libertad del hombre por la diversificación de poderes, y por la necesidad de evitar la concentración de poderes en uno solo.
La separación de poderes, así como establecer normativamente y de manera clara, sus facultades y atribuciones, hacen caminar a un Estado hacia la verdadera impartición de justicia, así como certeza jurídica a los gobernados de que sus leyes son justas por ser leyes, de que sus impuestos son aplicados correctamente, y de que el Estado vela por la sociedad de manera eficiente y capaz.
El equilibrio y capacidad entre los tres Poderes de la Unión, es, necesario y permite que no haya invasiones de esferas en la competencia de cada uno, así como también, prever los mecanismos de control necesarios para que se lleven a cabo cuando ello llegare a suceder.
Con el paso del tiempo, el texto original del 8 de octubre de 1824, fecha en la que Guadalupe Victoria, primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos juró la entonces Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, dicho instrumento jurídico, actualmente Máximo Ordenamiento Jurídico de nuestro País, ha planteado desde su primera publicación, la idea menester y necesaria de una división de poderes en el territorio Mexicano, en su artículo sexto.
Desde entonces, la ahora Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sufrido múltiples reformas, pero en ella siempre se ha establecido que el poder del Estado mexicano se regirá mediante el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Sin embargo, a pesar de toda la historia que hay detrás de la lucha por ser una nación en la que los gobernados confían plenamente en la exacta división de poderes, hay instituciones y personas con potestades, que invaden y perjudican tajantemente a otros Poderes, ello desde luego, no respetando las facultades, obligaciones y atribuciones de cada Poder Federal.
Derivado de las evidentes y múltiples funciones que se establecen para cada poder, los actos materiales ejercidos por cada uno de ellos, pueden afectar a otro Poder, y para ello, existen mecanismos que controlan la constitucionalidad de estos actos, para que no vulneren esferas jurídicas, o su ámbito de competencia.
Las reformas realizadas a lo largo de la vida de nuestra política como gobernados, han instaurado diversos mecanismos de gran importancia, que realizan funciones necesarias y específicas para la correcta marcha de los Poderes del Estado, establecido entes de administración, vigilancia y de disciplina, en aras de una verdadera vida democrática, así como la exigencia de una justicia pronta y expedita por los tribunales.
La gran transformación del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia en lo particular, tiene su origen en las reformas diseñadas y aprobadas durante la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien estableció las bases para conformar un nuevo Poder Judicial a través de la reestructuración de la Corte, no sólo en cuanto a su número de miembros, sino también en cuanto a sus facultades para interpretar el texto constitucional y resolver controversias. Igualmente, estableció el Consejo de la Judicatura Federal como órgano de administración judicial e instauró la carrera judicial.2 La esperanza del entonces Presidente de México, era crear un Poder Judicial más independiente, más fuerte y capaz de cumplir con sus responsabilidades.
Establecer un órgano de administración, que además de ello, se encuentre dotado de facultades de vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, depositado en un Órgano Colegiado, con participación mayoritaria de los Integrantes de la Suprema Corte, pero integrado por funcionarios independientes del ejercicio de la función jurisdiccional con plena autonomía en la toma de decisiones,3 sin duda, su vigencia, fortalece la administración de justicia, al hacer posible cumplir con eficacia el principio de inmediatez de administrar justicia pronta y expedita consagrado en las garantías fundamentales que la carta magna concede a todo el pueblo de México, cumpliendo así con las exigencias de contar con un gobierno democrático y garantista en favor de la sociedad.
No obstante de la importancia que tienen los órganos de vigilancia como lo es el Consejo de la Judicatura Federal, hoy nos encontramos frente a una paradójica reforma a la Constitución Local de Morelos, en la cual, se pretende extinguir el modelo local de administración, vigilancia y disciplina del poder judicial de Morelos, bajo el subterfugio de constituir un ahorro en el presupuesto, sin ponderar la importancia la función que realiza el Consejo de la Judicatura, como lo es, que los juzgadores de segunda instancia locales, ya no puedan dedicarse de manera exclusiva a la administración e impartición de justicia, al observar temas administrativos, presupuestales, y de vigilancia, que sin lugar a dudas desorientaran su función principal, y que urge a la sociedad como reclamo popular que es la administración de justicia pronta y expedita. Lo cual la Desaparición del Consejo de la Judicatura en Morelos, como lo han denominado sus creadores, hoy retractores de la sociedad de Morelos, es un retroceso para la autonomía e independencia de los juzgadores locales.
Desde su creación en 1995, el denominado Consejo de la Judicatura le fueron señaladas como sus principales facultades, entre otras, las de presentar a la consideración del Congreso las ternas correspondientes para la designación de los magistrados que componen las salas del tribunal superior de justicia; designar mediante la celebración de concursos de méritos y exámenes de oposición a los jueces integrantes del poder judicial; tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de ese poder; elaborar el presupuesto del Tribunal, y finalmente la de nombrar y remover a los funcionarios y empleados del poder judicial, con excepción de los secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta y actuarios, facultades que poco a poco el Congreso Local fue demeritando hasta llegar al extremo de politizar al Poder Judicial, y eliminar al Consejo de la Judicatura Local.
Las modificaciones a la norma local que se aprobaron recientemente, vulneran los principios que dimanan sobre la autonomía, separación y regulación de cada poder, argumentando que son funciones que sin ninguna complicación puede llevar a cabo de nueva cuenta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto, la presente iniciativa tiene como finalidad la desaparición del Consejo de la Judicatura local, devolviéndole sus funciones y atribuciones a dicho Pleno, tal como sucedía antes de 1994.
Opinión4 que para destacados constitucionalistas de la UNAM, como lo son Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo, Lorenzo Córdova y Diego Valadés, entre otros, han rechazado en intentos que otras entidades han tratado de hacer y que hoy vulneran al Estado de Morelos, al considerar que la Desaparición del Consejo de la Judicatura, limitaba entonces la independencia del Poder Judicial en Jalisco, esto sin menoscabo de la existencia de criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que la intromisión, la dependencia y la subordinación son conductas violatorias del principio de la división de poderes. Haciendo hincapié que la Constitución está por encima de todas las leyes y las autoridades y, en consecuencia, las entidades federativas deben sujetarse a sus preceptos.
Al respecto debemos señalar que, aun cuando si bien los Estados, tienen la facultad de organizar los poderes Judiciales locales en el texto de sus constitución respectiva,5 no pueden las legislaturas locales, emitir actos soberanos y discrecionales, que concluyan en la violación del principio de la división de poderes, como lo es el caso, debiendo de prevalecer el equilibrio del ejercicio del Poder, para evitar abuso excesivo del poder. Lo cual de no ser así, estaríamos frente a Instituciones dotadas con supra-poderes lo cual no puede ocurrir bajo ningún esquema regulatorio.
Lo anterior tiene sustento, en los precedentes resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales hoy forman parte de la vida jurídica de nuestro país, y que son de observancia obligatoria para las autoridades correspondientes, y que los encontramos plasmados en las sentencias de las controversias constitucionales 88/2008 y 88/2013 , mismas que el Máximo Tribunal del País, resolvió en favor de Poder Judicial del Estado de Morelos, otorgándole la protección más amplia, frente de actos que en su momento transgredieron la autonomía del Judicial Local, a través e la invasión de poderes en su modalidad más grave, que es pretender que exista subordinación de un poder a otro.
En el caso de la controversia constitucional 88/2008 , la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaro la invalidez de una reforma muy similar a la que hoy se habla, pero que sus consecuencias guardan los mismos efectos, al pretender la Legislatura Local, una reforma para que los Consejeros de la Judicatura representantes de los Poderes Estatales y digo representantes, puesto que así se les denomino desde su origen, fueran removidos libremente por quien los designo, atropello que la Suprema Corte invalido, por considerar que el Congreso Local en funciones, emitió actos “soberanos y discrecionales”, que transgredían la división de poderes, al establecer que dichos Consejeros, pudiesen ser removidos libremente por los Poderes quien los designo, lo cual hacia permisible una sumisión del Poder Judicial frente al Poder Reformador Estatal, esto al referir que los Consejeros de la Judicatura, no representan a quien los designa, debiendo de ejercer su función con independencia e imparcialidad y que durante su gestión solo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución General de la Republica, disposición que hoy visiblemente podemos advertir del contenido del artículo 100 Constitucional y en el numeral 92 de la Constitución Local.
Por su parte la controversia constitucional 88/2013 , fue resuelta de nueva cuenta en favor del Poder Judicial de Morelos, por la misma causa de considerar que se transgredía la división de poderes, esto derivado que el actual Titular del Poder Ejecutivo al asumir su cargo en el año 2012, decidió de manera unilateral y arbitraria, remover al entonces Consejero de la Judicatura designado por el Poder Ejecutivo, y designar en su lugar a persona diversa, violentando la temporalidad de dicha designación, lo cual, la Suprema Corte, resolvió, que dicho acto de igual manera, representaba una invasión de Poderes, en este Caso del poder Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial. Actos que lamentablemente en la Historia Jurídica del país, ocurriendo en Morelos, por la transgresión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en la autonomía del Poder Judicial, lo cual, ante la historia reciente de estos casos, constituye una actitud dolosa, por parte del Congreso de Morelos, al pretender de nueva cuenta, ejecutar dichos actos intromisorios, pero ahora peor aun, con la oculta visión, de eliminar no solo a los integrantes del Consejo, sino al órgano mismo. Hechos notorios y públicos, que son del conocimiento general y que no se pueden dejar de observar, ni mucho menos pretender ignorar o disimular.
Ello evidentemente, representa de manera retrograda el actuar de la actual legislatura local, al aprobar la citada reforma, que viola la esfera jurídica del Poder Judicial, al transgredir en la composición legal, actual y vigente de sus órganos, así como de su administración, régimen y dirección interna. Por lo anteriormente mencionado, descansa la exhortación respetuosa que motiva la presentación del presente punto de acuerdo, para que quienes se encuentran facultados para combatir y preservar el estado de derecho, asuman con estricta responsabilidad la defensa de la autonomía del Poder Judicial de Morelos, al advertirse que la esfera jurídica del Poder Judicial se ve violentada por los hechos del Poder Legislativo Local, emitidos el día quince de diciembre de dos mil diecisiete, en tanto, se disuelva su órgano interno de control, para pasar a potestad el Pleno del Poder Judicial. No obstante, la idea planteada mediante las reformas en el año 1994, se ve eminentemente viciada por las reformas aprobadas, no solo en cuestiones meramente constitucionales, sino en la realización de los procedimientos judiciales, dado que proponer que las funciones y atribuciones que hoy tiene el Consejo de la Judicatura sean asumidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual impediría el correcto funcionamiento y labor Primaria del Poder Judicial, que es la administración de Justicia, esto en detrimento de la sociedad morelense, redundando la violación a la división de poderes, en tanto como se ha mencionado, que cada Poder en su ámbito de competencia es independiente y libre sobre su providencia.
Asimismo en la ínclita modificación legislativa local, la cual tuvo lugar como ya lo mencione el quince de diciembre del año pasado por la Legislatura Local de Morelos, de la misma manera y sin ponderar argumento alguno, que fundara y motiva su emisión, en un acto apresurado y aventurado, desaparece también el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; reformas que por su sola aplicación interrumpen y violan de manera arbitraria y proterva lo tan instituido y velado desde tiempos atrás; la justicia en su máximo esplendor.
Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, el Estado mexicano, adopto el compromiso de establecer a rango constitucional, reformas sustanciales, que privilegiaron la administración de justicia para adolescentes en el país. Tal es el caso que en la Carta magna en su numeral 18 desde el año 2005, se establecieron las bases normativas para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, en conflicto con la Ley. Precedente que conllevo a una transformación sustancial de un modelo tutelar, a establecer todo un sistema de justicia garantista y adecuado, basado en la irrestricta protección de los derechos de los Infantes y adolescentes como sujetos de derechos, tutelando los principios de especialización, legalidad, debido proceso, entre otros, emanados de privilegiar el interés superior y desarrollo integral del adolescente. Reforma que constriño a las entidades federativas, armonizar su marco jurídico, a efecto de garantizar y tutelar los citados principios de protección, en sus constituciones locales y sus normas secundarias, que hicieran permisibles el establecimiento de un sistema diferenciado del modelo anterior, que diera paso a la creación de uno especializado en la Justicia para adolescentes como lo dije en conflicto con la ley.
Desde la creación del Órgano Jurisdiccional Especializado para la Administración de Justicia de Adolecentes en el estado de Morelos, la cual data de hace diez años, en Morelos, se había venido cumpliendo con dicha función jurisdiccional, consolidando dicho sistema de justicia especializado, el cual, tiene por objeto una verdadera reincorporación de los adolescentes en la sociedad, a través de brindarle a dichos adolecentes el otorgamiento de medidas benéficas como lo son enseñanzas pedagógicas, apoyos en materia de psicología, trabajo social, entre otros, para su reintegración social y familiar, pero esto no fue elemento de análisis para el Congreso local, que sin más, y sin ponderar el atentado al interés superior de los niños y adolescentes y por ende el Interés público, haya considerado al momento decretar su desaparición.
Sistema de Justicia de Adolecentes, basado en un sistema garantista en derechos de los menores, siendo un tribunal ejemplo y primigenio en su especie en todo el territorio nacional, pero lamentablemente, también nos encontramos con la sorpresa, de que la lesiva reforma intromisoria a la autonomía del Poder Judicial de Morelos, desaparece sin justificación alguna y en total silencio, al Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, órgano especializado y constituido por funcionarios judiciales certificados en la administración de justicia para menores en conflicto con la ley.
Cabe destacar, que en recientes días, el Tribunal de Justicia para Adolescentes, celebró su décimo aniversario de su creación, evento al que asistió la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, mujer promotora de los los derechos fundamentales y su defensa, externo lamentar que el Congreso del estado de Morelos, haya tomado la decisión de desaparecer dicho Tribual, lo cual representa un grave retroceso en la administración de Justicia.
Por lo anterior, no solo es ilegal e inocuo lo aprobado por el Congreso del estado de Morelos, sino estamos claramente frente a una invasión de facultades, ámbitos de competencia y esferas jurídicas, tutelado en los mismísimos mecanismos de control constitucional contenidos en nuestra Carta Magna.
En el fondo, la reforma, es profundamente antidemocrática, pero altamente politizada. Hoy, con la nueva realidad, los actores políticos tendrán un grado de influencia mayor en la toma de decisiones que deberían privilegiarse como imparciales.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a esta Cámara de Diputados, someta a consideración, la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución , los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos a presentar ante las instancias correspondientes las acciones que conforme a derecho procedan por la intromisión del Poder Legislativo del estado de Morelos en detrimento de las instituciones que integran el Poder Judicial del estado de Morelos.
Segundo. En este mismo orden de ideas, se exhorta al pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, a difundir todos aquellos avances e implementación de las acciones legales por la citada invasión de poderes.
Notas
1 Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo 1, De la división de poderes, Título Tercero.
2 Cabrera, L. (2005). La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1995 – 2000). México: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación
3 Constitución General de la República
Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
...
...
Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Resto del articulado...
4 https://www.informador.mx/Jalisco/Rechazan-expertos-iniciativa-para- desaparecer-el-Consejo-de-la-Judicatura-20100123-0226.html
5 Constitución General de la Republica . Artículo 116, fracción III.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a febrero 8 de 2018.
Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas procuradurías o fiscalías locales a cumplir el artículo 25 de la Ley General en materia de Delitos Electorales y establecer fiscalías electorales con estructura funcional mínima, dada la proximidad de los comicios de 2018, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “la Fiscalía General de la República contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República.”
Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 25 establece que “Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.”
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República, es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.
La misión de la FEPADE es prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país.
No obstante lo citado, de las 32 entidades federativas, únicamente 19 cuentan con Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales, siendo: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, en tanto que las otras 13 entidades federativas; no cuentan con dicha fiscalía especializada en delitos electorales, los cuales son: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California y Nayarit.
En este orden de ideas, es importante destacar que el calendario electoral para el presente año contempla la renovación de 3 mil 416 cargos de elección popular tanto a nivel federal como local; entre ellos la Presidencia de la República; senadores; diputados federales; las gubernaturas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; más de 2 mil 226 ayuntamientos y 983 diputaciones locales; por ello la importancia de contar con fiscalías especializadas en delitos electorales con el fin de homologar y multiplicar el combate a los ilícitos en la materia.
En virtud de los motivos aquí expuestos, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías y/o Fiscalías de las Entidades Federativas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California y Nayarit para que, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, den cumplimiento al artículo 25 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y establezcan fiscalías electorales con una estructura mínima funcional de cara a los procesos electorales federal y locales de 2018, con el fin de multiplicar los esfuerzos en el combate a los delitos electorales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de febrero del año 2018.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Georgina Paola Villalpando Barrios, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado a dictaminar la minuta que promueve la creación y el fortalecimiento de centros de justicia femeniles, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores a dictaminar minuta que promueve la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para Mujeres, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. En sesiones plenarias efectuadas entre septiembre y junio de 2016, diputadas de diversos partidos políticos presentaron proyectos de iniciativa que adiciona diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
II. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género de esta Cámara, la cual considerando los plazos reglamentarios, para efectos de dictaminar la iniciativa en cuestión, y derivado de esto, se analizaron todas las observaciones y propuestas recibidas, mismas que fueron tomadas en cuenta para la realización del dictamen.
III. Las mencionadas propuestas versan sobre adiciones y reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tendentes a la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, así como su operación y funcionamiento. Dichas reformas servirán para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promueva el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de entidades federativas para la creación, fortalecimiento y operación de Centros de Justicia para las Mujeres.
Así como, difundir la oferta institucional de los servicios especializados que prestarán dichos centros, entre otros: atención médica, psicológica y jurídica; representación legal; servicios de cuidado y atención infantil; servicios de trabajo social; acceso a la justicia a través de agencias especializadas en violencia contra las mujeres, y asesoría y capacitación para su empoderamiento social y económico.
IV. La Comisión encargada dictaminó:
“... la iniciativa aborda un tema de relevancia para la sociedad mexicana, por lo que comparte el sentir de las tres diputadas proponentes en cuanto a su preocupación y ocupación por plasmar en ley, lo que acertadamente ha realizado el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacando la operación hoy en día 28 Centros de Justicia para las Mujeres, 3 Centros de Justicia Familiares en operación 13 en construcción y uno próximo por inaugurar. Política pública con la que el Estado mexicano da cumplimiento a obligaciones contraídas en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Belem do Pará, pero principalmente destaca el instrumentar las herramientas y elementos mínimos para que las mujeres que lamentablemente siguen siendo víctimas de violencia, cuenten con un lugar en el que se deberá garantizar no solo su integridad, sino además se le proporcionará las asesoría y representación ante los retos del nuevo sistema penal acusatorio, contando para ello con Ministerios Públicos, Peritos, Jueces y demás personal capacitados sensibles y conocedores de la procuración y administración de justicia de género, en la que el interés superior tanto de la víctima como de sus hijas e hijos sea garantizado, evitando con ello la revictimización que lamentablemente hoy en día sufren las mujeres víctimas de violencia cuando acuden a presentar se denuncia y son atendidas por personas incapaces de poder solventar de la mejor manera el trauma por el cual han pasado.
Es por ello que esta Comisión dictaminadora comparte junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, dado que nada es más importante para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que brindar a las víctimas, a sus hijas e hijos, los recursos integrales legales, psicológicos y de apoyo para hacer valer sus derechos, tutelar su integridad física y cumplir con el debido proceso, de conformidad con la normativa federal, estatal y municipal en la materia, así como con los Instrumentos Internacionales. Reconocemos que, en ocasiones, las y los servidores públicos generan una doble o triple victimización al no cumplir con su obligación de respetar la dignidad de las víctimas, investigar los delitos con diligencia y sin omitir pruebas en la integración de expedientes, acciones que redundan en la impunidad y constituyen actos de violencia institucional establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para esto se crean los Centros de Justicia para las Mujeres, como una respuesta del Estado Mexicano para proporcionar un modelo de atención especializada e interinstitucional que se centra en los derechos y necesidades de las mujeres. Una posibilidad real de ofrecer, bajo un mismo techo, en un clima seguro, agradable, cómodo y confiable, con personal especializado, los recursos que requiere para recuperar su proyecto de vida de manera libre.
Dicha política pública se encuentra debidamente enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, apartado 3.5, relativo a la igualdad de mujeres y hombres, al eliminar la doble injusticia que las mujeres enfrentan ante el sistema de justicia, por los obstáculos institucionales que perpetúan las situaciones de desigualdad, discriminación, violencia y maltrato en sus vidas.14 Para lo cual se emitieron lineamientos que buscan coadyuvar en las acciones orientadas a dar cumplimiento y ejecución a la estrategia 16.2 del Plan, cuyo objeto es fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.
Atendiendo el derecho pro personae consignado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a las obligaciones que adquirió el Estado Mexicano al firmar tratados internacionales en materia de reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, ha iniciado la armonización de las normas de derecho interno, ejemplo de ello son los diversos proyectos que las y los legisladores han presentado dentro del proceso legislativo para dar cauce a esos compromisos adquiridos por el Estado mexicano.
En dicho tenor seguro y seguras estamos que con la aprobación de esta iniciativa mancomunada construiremos un nuevo andamiaje institucional, que parte de la premisa de que todas las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, sin importar su edad, estado civil, preferencia sexual o credo religioso, tienen el derecho de acudir a un Centro de Justicia para las Mujeres. Ahí encontrarán alternativas de apoyo por parte de instituciones y dependencias del orden federal, estatal y municipal, así como de organismos de la sociedad civil, que se encuentran a su disposición bajo un modelo de atención integral para las mujeres, sus hijas e hijos.”1
V. El ocho de noviembre del 2016 fue aprobado dicho dictamen, en la Cámara de Diputados, por 425 votos en pro y fue turnado a la Cámara de Senadores.
VI. El jueves diez de noviembre de 2016 la Cámara de Senadores recibió Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y De Estudios Legislativos, segunda.
VII. Es de suma importancia dictaminar ya esta minuta, para que esta soberanía dé muestras claras de lo que significa fortalecer las instituciones para asegurar que todas las mujeres en nuestro país vivan una vida libre de violencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, a dictaminar minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que promueve la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres.
Nota
1 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, “Gaceta Parlamentaria número 4652-II, jueves 3 de noviembre de 2016.”
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de febrero del 2018.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAI a solicitar al gobierno de Guanajuato la desclasificación de todos los datos sobre el proyecto Escudo, pues se limita el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para hacer frente a la incidencia delictiva en la entidad que desde 2010 ha mostrado una tendencia al alza, en 2012 fue presentado a los organismos empresariales estatales un modelo innovador para el resto de las entidades federativas, el Proyecto Escudo.
En la ceremonia de inauguración de este proyecto, el 15 de abril de 2014, el gobernador Miguel Márquez afirmó que “Guanajuato es sinónimo de tranquilidad, pero todos queremos que así siga siendo, de ahí la importancia de dicho proyecto”.
Así también, afirmó que en la entidad “estamos muy lejos de vivir la situación dramática que se han presentado en otros puntos de nuestro país”. Tan alejado de la realidad está el gobierno del estado de Guanajuato, ya que en 2017 hubo más de mil 300 homicidios dolosos en la entidad.
El tiempo ha demostrado que la estrategia en materia de seguridad pública, ha fracasado. De nada han servido los más de dos mil 700 millones de pesos invertidos en el Proyecto Escudo.
El objetivo de este, desde su puesta en marcha, tuvo como propósito disuadir las acciones de la delincuencia e identificar de forma inmediata incidentes delictivos para reaccionar de manera rápida y eficazmente.
Ante el fracaso de la estrategia de seguridad, las autoridades estatales han decido mantener clasificada como reservada cualquier tipo de documento físico, electrónico, magnético, impreso, o cualquier otro tipo de denominación, desde estudios de ingeniería, hasta la información presupuestal, administrativa, financiera, instrumentos legales, bitácoras, reportes e informes sobre la operación del Proyecto Escudo.
Existe una fuerte crítica e inconformidad en la entidad el hecho de que las autoridades estatales hayan clasificado como reservada por un periodo de 5 años esta información porque se considera está transgrediendo los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales son elementales en el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información.
Además, se considera que la información podrá ser desclasificada total o parcialmente si se extinguen las causas que han dado origen a la clasificación de la información.
Según el acuerdo de clasificación del Proyecto Escudo, emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato la clasificación se realizó a partir del 24 de diciembre 2012. En diciembre de 2017 se cumplieron los 5 años de dicho acuerdo y, por ende, la información debió hacerse pública.
Es por ello que el presente punto de acuerdo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicite al gobierno del estado de Guanajuato, la desclasificación de toda la información relacionada al Proyecto Escudo, en virtud de que se están imponiendo restricciones y límites al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solicite al gobierno del estado de Guanajuato, la desclasificación de toda la información relacionada al Proyecto Escudo, en virtud de que se están imponiendo restricciones y límites al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales a generar condiciones de mercado competitivo de venta final del gas LP, y reforzar y realizar de manera más periódica la supervisión y los operativos de revisión del precio, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que en marzo de 2017, el que suscribe presentó un exhorto por los altos costos del gas licuado, denominado Gas LP.
Se exponía en ese entonces que en el año 2015, el gobierno federal lanzó un decálogo para dar a conocer los beneficios que traería consigo la reforma energética, enfatizando que algunos de éstos comenzarían a ser visibles a partir de 2017, dentro de esos supuestos se encontraban los siguientes:
• Bajaría el precio de la luz y del gas.
• La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector.
• Más recursos para el presupuesto y programas sociales.
• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecerán para darle competitividad a México.
• Se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares industrias y comercio.
Que uno de los principales argumentos del gobierno federal para impulsar esta reforma versaba en que los precios de los energéticos iban a reducirse.
Que incluso en enero de 2015, el presidente Enrique Peña afirmó que no habría incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (gas LP).
Que para inicios del año de 2017, particularmente en el mes de enero, el precio promedio nacional del gas era de 15.05 pesos por kilogramo y, en los primeros días del año 2018 es de 19.56 pesos, situación que continua agravándose en detrimento de la economía familiar.
Que aunado a la escalada de precios en gasolinas y tortillas, el precio del gas licuado de petróleo (LP) en cilindro, mismo que se utiliza en siete de cada 10 hogares mexicanos aumentó 7.1 por ciento.
Que ante la liberación de los precios, se estima que cada región ya tiene un precio, éste es definido por los distribuidores bajo el argumento de cubrir los costos de operatividad.
Que según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo promedio del hidrocarburo que debieron pagar los consumidores en el mercado mexicano osciló en 15.05 pesos por kilogramo en enero de 2017 y en lo que va de 2018 ya oscila en los 20 pesos.
Que el proceso de liberación de los precios del gas LP inició el 1 de enero de 2017, ello permitió que el mercado tomara índices de referencia internacionales y las empresas distribuidoras y comercializadoras decidieran el valor al de venta, todo ello con base en lo establecido por la reforma energética, que abrió el sector a firmas privadas.
Que los empresarios han señalado que el aumento a los precios del gas LP obedece a factores en los precios de referencia internacional, costos logísticos y las fuentes de producción e importación.
Que en lo que va del actual sexenio el precio del gas LP se ha incrementado más del 50 por ciento, pues según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), el promedio ponderado nacional del litro de gas LP en cilindro subió de 12.94 pesos durante 2013 a 19.99 pesos a mediados de enero de 2018.
Que la CRE señaló que una característica que ha movido el incremento de precios en los pasados meses se explican en gran medida por el comportamiento de la referencia internacional, que ha aumentado más de 69.11 por ciento de junio a noviembre.1
Que según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el gas LP presentó uno de los mayores incrementos, pues el tanque de 20 kilogramos se vende en 391 pesos, es decir, 24 por ciento más que el primer mes del año anterior, cuando costaba 315.5 pesos en promedio.
Que sumado a lo anterior, la Profeco ha señalado que el consumo de gas LP representa una parte significativa de la erogación de las familias.
Que según la misma Profeco, la defensa de los consumidores es uno de los temas clave para el desarrollo sostenido de las sociedades modernas, tecnológicas e industrializadas, como México; calificadas desde el punto de vista sociológico, como “sociedades de consumo”; donde los consumidores, aparecen como posibles víctimas de una serie de prácticas y abusos comerciales.2
Que un obstáculo que no permite el libre mercado son los grupos monopólicos, pues si bien la CRE, puntea la existencia de alrededor de mil plantas de distribución, también marca una concentración en solo seis o siete grupos, estos con un control del 60 por ciento del mercado.3
Que en el mismo sentido, la Profeco ha mencionado que el gas LP es una fuente vital de energía al ser el principal combustible utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos, lo que exige a la procuraduría fortalecer su marco regulatorio para evitar perjuicios a los consumidores y sancionar los posibles abusos de quienes comercializan dicho energético.4
Que vale hacer mención que nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de Gas LP en el mundo, asimismo, a escala nacional, se mantiene como el de mayor utilidad en los hogares con cerca del 70 por ciento.
Por lo anteriormente citado, me permito poner a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que hagan de conocimiento público las medidas e instrumentos adoptados, en el ámbito de sus competencias, para generar las condiciones de mercado competitivo de venta final del gas LP en beneficio de los consumidores.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de su competencia, refuerce y realice de manera más periódica la supervisión y operativos de revisión del precio de Gas licuado (Gas LP).
Notas
1 http://www.jornada.unam.mx/
2 http://www.profeco.gob.mx
3 https://expansion.mx/empresas/
4 Ibíd.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de febrero de 2018.
Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el Inmujeres a evaluar resultados de las declaraciones de alerta de violencia de género emitidas en territorio nacional, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, así como al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para evaluar resultados de las declaraciones de alerta de violencia de género emitidas en territorio nacional.
Exposición de Motivos
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), son acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, único en el mundo, establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley.1
La tarea de declarar la alerta de violencia de género corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, la cual notificara la declaratoria al poder ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. En la página del Instituto Nacional de las Mujeres en México, informa que existen 13 entidades federativas con alerta de violencia de género.
1. Estado de México. Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
2. Morelos. Se declaró el 10 de agosto de 2015 en 8 municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
3. Michoacán. Se declaró el 27 de junio de 2016 en 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.
4. Chiapas. Se declaró el 18 de junio de 2016 en 7 municipios: Comitán de Domínguez, Chiapas de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, y Villa Flores.
5. Nuevo León. Se declaró el 18 de noviembre de 2016 en cinco municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
6. Sinaloa. Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.
7. Colima. Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios. Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
8. San Luis Potosí. Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
9. Guerrero. Se declaró el 22 de junio de 2017 en ocho municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
10. Quintana Roo. Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.
11. Nayarit. Se declaró el 4 de agosto de 2017 en 7 municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Rio, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic.
12. Veracruz. Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca de Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.2 (Veracruz primer estado en tener dos alertas, la última por agravio comparado).
13. Jalisco declaro el 8 de febrero de 2016, una alerta bajo su legislación local, sin embargo (Inmujeres) lo considera como una alerta declarada. Los municipios son: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.3
La alerta de violencia de género comprende la elaboración de reportes, comportamientos y por lo tanto, estadísticas de la violencia contra las mujeres que se ejerce en las entidades federativas. Esta acción no ha prosperado y ha sido ineficaz, ya que no existen estadísticas fiables, ni pronunciamientos de las autoridades gubernamentales a nivel nacional sobre el tema, ni en relación con comportamientos violentos contra las mujeres o feminicidios.
Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, consideró que los resultados de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no son los deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implantación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió revisar y replantear los mecanismos de la alerta, pero no mediante un aumento de penas y agravantes, sino como una vía efectiva para que las victimas indirectas de ese delito puedan acceder a la justicia.
Luis Raúl González Pérez presentó el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos AVGM, cuyo objetivo es aportar insumos útiles basados en la experiencia para propiciar el debate amplio, plural, informado y propositivo en torno de la AVGM, y su incidencia como mecanismo para enfrentar la violencia feminicida en distintas entidades del país.
Al referir la recurrente disparidad entre las cifras de homicidios contra mujeres y el número de carpetas de investigación que se siguen por feminicidio, dijo que se agrava por la “falta de datos fidedignos y transparentes” sobre los asesinatos de mujeres ante la poca operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (Banavim), que debería almacenar información veraz, actualizada y accesible de las 32 entidades federativas y dependencias de gobierno.4
Las estadísticas que existen son de organizaciones no gubernamentales que difieren entre sí, sobre el número de feminicidios en México. Por una parte, la Organización de las Naciones Unidas asevera que todos los días siete mujeres mexicanas son asesinadas en el país por razones de género5
Ante el número alarmante de feminicidios que ocurren en toda la República Mexicana, es menester que se realice una alerta de violencia de género a nivel nacional.
Con forme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es urgente que se realice un censo nacional por la autoridad gubernamental a efecto de que se forme una estadística oficial y publica del comportamiento de la violencia contra las mujeres en México con los rubros: a) denuncias, b) investigaciones, c) juicios, y d) sentencias sobre hechos delictivos de violencia contra las mujeres en situaciones de violencia doméstica, violencia política, acoso sexual, abuso sexual, lesiones y feminicidios.
Se debe realizar una constante evaluación en las entidades donde ya se tiene emitida la alerta, mediante actualizaciones de datos que contengan las investigaciones, promovidas por las dependencias de la administración pública federal.
Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación, y al Instituto Nacional de las Mujeres para evaluar los resultados y se haga público la actualización de las acciones realizadas en los municipios, en donde se ha declarado la alerta de violencia de género emitidas en territorio nacional.
Notas
1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define Alerta de violencia de género.
2 Página web Instituto Nacional de las Mujeres
3 Disponible en
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/34858. Emite Jalisco alerta de violencia contra las mujeres.
4 Disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_352.pdf
5 “Siete feminicidios en México cada 24 horas. Proceso.com.mx, en http://www.proceso.com.mx/387558/siete-feminicidios-cada-24-horas-en-me xico-onu.
Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 8 de febrero de 2018.
Diputada Concepción Villa González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a dar máxima publicidad a los avances de la política nacional de inclusión financiera en temas de educación en la materia entre los diversos sectores de la población, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, somos 119 millones 530 mil 753 habitantes,1 los cuales en algún momento de nuestra vida tendremos la necesidad de manejar dinero esencialmente para cubrir nuestras necesidades.
Pero en realidad, en nuestro país la educación financiera es algo que no se fomenta y que no está formalmente instituida.
El 7 de junio de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo pública “la octava edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera (Reporte o RNIF) con datos actualizados al segundo trimestre de 2016”.2
En dicho reporte se ofrecen cifras que dan idea del grado de inclusión financiera en nuestro país.
Por citar algunos ejemplos, se presentan los siguientes:
• El porcentaje de mexicanos que utilizan las sucursales bancarias pasó de 40.5 por ciento (28.5 millones de adultos) que dijeron usarlas en 2012, a 39.5 por ciento (29.9 millones) en 2015.
• El uso de los corresponsales (como la cadena Oxxo) creció 4.4 puntos porcentuales del 2012 a 2015, pasando de 30.0 por ciento (21.1 millones de adultos) a 34.4 por ciento (26.2 millones).
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, 44 por ciento de los adultos en México (33.6 millones) tienen contratada al menos una cuenta en un banco o institución financiera, un incremento de ocho puntos porcentuales respecto del primer levantamiento de la ENIF, lo que significó 8.6 millones de adultos más con cuenta. La dispersión de apoyos de gobierno, a través de cuentas de captación, generó cuatro puntos porcentuales de crecimiento en tres años.
• A junio de 2016, el número de cuentas de ahorro para el retiro ascendió a 54.5 millones, lo que representó un crecimiento del 1.8 por ciento respecto a junio del 2015, y equivalente a 6,136 cuentas por cada 10 mil adultos.
• Los recursos que las Afore invierten en las Siefore ascendieron a 2.7 billones de pesos, lo que representa el 15 por ciento del PIB del país. De acuerdo con los resultados de la ENIF 2015, en localidades con menos de 15 mil habitantes, 25 por ciento de la población reportó tener una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que para los adultos que habitan en localidades de 15 mil y más habitantes este porcentaje asciende a 50 por ciento.
• Se reportó que el 50 por ciento de los hombres tiene una cuenta de ahorro para el retiro; en contraste, con el 33 por ciento de las mujeres.
• El nivel de ingresos, el tamaño de la localidad y la escolaridad se relacionan de forma positiva con la tenencia de un crédito, mientras que la relación con la edad opera en forma de “u” invertida, lo cual sugiere que el acceso al crédito está altamente determinado por el tipo de inserción laboral, toda vez que en la edad de retiro disminuye la proporción de adultos con financiamiento formal.
• En México se han registrado avances en materia de educación financiera, reflejados en el porcentaje de adultos que lleva un registro de sus gastos (20 por ciento en 2012 vs 37 por ciento en 2015). Asimismo, dos de cada tres adultos recibió alguna forma de educación para el ahorro durante su niñez de acuerdo a la ENIF.
Como se puede apreciar, son alrededor de 33 millones de mexicanos los que hacen uso de servicios bancarios, es decir solo el 27.5 por ciento de la población en México sabe del manejo y uso de dinero, quizá no por gusto si no por necesidad, lo que infiere, sin tener certeza, de un conocimiento básico que en muchas ocasiones se aprende en las calles, de boca en boca, o a prueba y error, lo cual no garantiza que todos los usuarios cuenten con herramientas que les permitan conservar sus recursos financieros, maximizarlos o sepan defenderse de abusos, principalmente de instituciones bancarias o crediticias.
Un especial énfasis sugiere el hecho que en ese reporte nacional se refiera que dos de cada tres adultos haya recibido información para su ahorro durante la niñez, hecho que debe ser conocimiento de boca en boca cuando nuestros mayores, principalmente abuelos nos recordaban guardar unas moneditas en un cochinito para ocuparlo más tarde.
Es evidente que las cifras citadas al ser solo enunciativas no permiten mayor análisis ni contraste de ideas.
Lo que sí es una realidad, que en nuestro país, existen distintos factores que dan como resultado una limitada educación financiera, lo anterior expresado en el documento denominado “Diagnostico Programa Presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera”3 elaborado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en julio de 2015.
En dicho documento se indican los factores que limitan la educación financiera en los mexicanos:
• Limitado desarrollo de habilidades para el ahorro, manejo del crédito e inversión productiva de la población;
• Insuficiente estrategias para el desarrollo de habilidades económicas y financieras en la educación básica;
• Elevados costos de capacitación;
• Desaprovechamiento de mecanismos innovadores para promover la Educación Financiera;
• Carencia de herramientas integrales para el manejo de las finanzas en grupos vulnerables;
• Limitada coordinación interinstitucional para promover la educación financiera;
• Contenidos insuficientes en los planes de estudio de nivel básico, y
• Desinterés en la atención por parte de Instituciones financieras a la población infantil.
Como se puede observar, en las anterior líneas se afirma que la información sobre educación financiera que se imparte en las aulas es de calidad insuficiente y no garantiza que llegando a un estado adulto dicha información, sin que se consideré parte de una enseñanza formal debido a que esta no se encuentra estipulada como materia formativa en ningún plan de estudios, sirva para ser utilizada en la vida diaria.
Es importante destacar que las instituciones financieras poco se interesan en la población infantil, clarificando que esta actividad es meramente mercantil y reafirma lo que es de conocimiento público, que entre menos conocimientos tenga la población, mayor será la ganancia para dichas instituciones, lo cual debe ser atendido a la brevedad.
En ese contexto, debemos hacer mención que en junio de 2016, se emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera.4
En dicho documento, se definió a la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población.
En temas de educación financiera se mencionó que uno de los avances más relevantes en educación financiera se dio en 2011 con la instauración del Comité de Educación Financiera, instancia creada para coordinar los esfuerzos y acciones en materia de educación financiera con el fin de alinear los esfuerzos que realizan los sectores público y privado.
Entre los logros realizados en el tema se ejemplificó la realización de la Semana Nacional de Educación Financiera, así como la creación de museos, obras de teatro, juegos de video, cursos en línea, guías y manuales para alumnos, maestros y padres de familia, entre otros, sin que se identificaran links para poder realizar su consulta y mucho menos, cifras estadísticas de alcance en la población a través de los años.
Si bien, esta política reafirma la intención de implementar mejores prácticas en inclusión y educación financiera que permitieran a la población el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales, al día no existe información que permitan conocer su costo para nuestro país y sus avances y logros en la población.
Es de llamar la atención que en sus ejes de la política nacional de inclusión financiera destaca el Eje 1 Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población, donde su objetivo de ese eje se describe como el de contribuir a que toda la población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los conocimientos necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, a través de programas de educación financiera, en coordinación con las autoridades del sector educativo y el Comité de Educación Financiera, y para tal efecto diseño el Elemento: 1.1. Coordinación con la Secretaria de Educación Pública y los sindicatos de maestros, a través del Comité de Educación Financiera para integrar contenidos que busquen formar hábitos y comportamientos de temas financieros en el currículo de educación obligatoria, así como para brindar programas de educación financiera para maestros.
No obstante en el Quinto Informe labores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no fue posible identificar avances en este tema.
El pasado 7 de septiembre de 2017, se dio a conocer la Estrategia Nacional de Educación Financiera en la que se señaló que en temas de Educación Financiera
• En niños y jóvenes, la primera barrera ante la cual se enfrentó el diagnóstico es que actualmente no hay herramientas con representatividad nacional que midan las capacidades financieras de las generaciones de mexicanos más jóvenes. A pesar de que existen esfuerzos internacionales para medir y comparar los niveles de educación financiera de la niñez, como las pruebas PISA especializadas en educación financiera realizadas por la OCDE, México no ha participado en ninguna de ellas. Por ello, será fundamental como parte de la Estrategia, establecer mecanismos de evaluación de los conocimientos, actitudes y comportamientos financieros de los niños y jóvenes, adicionales a las encuestas existentes.
• En relación con las capacidades financieras de los adultos mexicanos, según los datos oficiales, existen carencias importantes con respecto a las dimensiones fundamentales de la educación financiera
En ese sentido, la Estrategia se planteó entre sus objetivos que la población: comprenda y sepa aplicar los conceptos económicos-financieros básicos que le permitan entender y aprovechar los beneficios del sistema financiero formal, y que ayuden a promover y cimentar la confianza de la población en las instituciones financieras, con base en los mecanismos existentes para la protección al consumidor.
Lo anterior, resulta relevante y retador pero a la vez paradójico si consideramos que en nuestro país existe analfabetismo y la educación no llega a todos los mexicanos y cuando llega esta no es de calidad.
Asimismo, en dicha estrategia se conoció el diseño de la línea de acción Fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria, desde edades tempranas, con la cual se buscaría coordinar con la SEP (SEB y SEMS), la detección —en el Plan y Programas de estudio de la Educación Básica y en el Marco Curricular de la Educación Media Superior— de los contenidos educativos que fomenten las capacidades financieras de niños y jóvenes que cursan la educación obligatoria.
Sin duda, lo anterior puede resultado ser un planteamiento meramente demagógico, por lo cual debemos darle seguimiento desde este poder legislativo para poder atender los cuestionamientos siguientes: ¿Con qué recursos se dispone para lograrlo? ¿De qué tiempo se dispone para conseguir este proyecto? ¿Qué avances se esperan entregar al concluir este sexenio? ¿Cómo se establecerán los vínculos con SEP y si es que esta última tiene atribuciones para ofrecer educación financiera? ¿Cómo se reportarán sus avances?
Y son esas inquietudes las que nos llevan a considerar compañeras y compañeros legisladores la necesidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de máxima publicidad a los avances de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos sectores de la población, donde se incluyan acciones, logros y retos, así como los recursos presupuestales que se han dispuesto en este cometido y por igual, dé a conocer de manera pública el plan de trabajo que establecerá en los próximos seis meses en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que permita dar certeza a la sociedad de que el esfuerzo del fomento de la educación financiera será un detonante para incrementar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de acuerdo a sus atribuciones, de máxima publicidad a los avances de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos sectores de la población, donde se incluyan acciones, logros y retos, así como los recursos presupuestales que se han dispuesto en este cometido desde la fecha de su creación hasta el día de hoy, y por igual, haga público el plan de trabajo que establecerá en los próximos seis meses en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que permita dar certeza a la sociedad de que el esfuerzo del fomento de la educación financiera será un detonante para incrementar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Notas
1 Número de habitantes en México – INEGI, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P, consultado el 6 de febrero de 2018.
2. 46/2017 Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8 - La octava edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera (Reporte o RNIF) con datos actualizados al segundo trimestre de 2016 – CNBV, disponible en https://www.gob.mx/cnbv/prensa/46-2017-reporte-nacional-de-inclusion-fi nanciera-8?idiom=es, consultado el 6 de febrero de 2018
3 Diagnostico Programa Presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera – BANSEFI, disponible en http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_ Gasto/imagenes/Ventanas/Ramo_6/06F035.pdf, consultado el 6 de febrero de 2018
4 Política Nacional de Inclusión Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109126/PNIF.pdf, consultada el 6 de febrero de 20185 Quinto Informe labores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, disponible en http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs /Documents/5o_informe_de_Labores_SHCP.pdf, consultado el 6 de febrero de 20186 Estrategia Nacional de Educación Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254432/Estrategia_Nacion al_de_Educaci_n_Financiera.pdf, consultado el 6 de febrero de 2018
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2018.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto hídrico con la empresa Constellation Brand y habitantes de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, y numeral 2, fracciones I y II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En Mexicali se ha instalado Constellation Brands, la tercera mayor cervecera de Estados Unidos, ellos han dicho que vienen a invertir para crear nuevos empleos, y si puede ser verdad esa parte, pero la otra parte, la que no nos dicen, es la que también vienen a acabar con nuestros recursos hídricos, con ayuda del gobierno del estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Que al parecer les ha otorgado concesiones para la explotación de dicho recurso natural, como ya lo había mencionado en un punto de acuerdo que presente el 14 de septiembre del 2017 y el cual fue convenientemente desechado.
En enero de 2017 en el estado de Baja California, junto con la furia por el repentino gasolinazo estalló otro conflicto de mayor urgencia: el de la defensa por el agua y la oposición a varias obras y leyes del gobierno estatal. Apenas en diciembre de 2016 el gobierno del estado pretendía aprobar a puerta cerrada una Ley del Agua que buscaba privatizar el servicio, aumentar las tarifas, entre otras medidas que no fueron bien recibidas por varios grupos sociales sin tener una consulta previa.
Las primeras semanas de 2017 fueron de gran efervescencia social. En este contexto se da a conocer un proyecto para la construcción de un acueducto de 47 kilómetros de largo, que pretende llevar agua del acuífero del Río Colorado hasta el sur de Mexicali para abastecer a una planta que producirá cerveza para exportarla a EUA.
Se trata de una inversión de 500 millones de dólares, que traerá cerca de 750 empleos fijos, además de 3,500 empleos durante la construcción. El problema es que para mantener su producción necesitará unos 20 millones de hectolitros de agua al año. Un volumen un poco elevado para una región que de por sí vive con una escasez constante de agua.
Para ello, la planta necesitará construir un acueducto de 47 kilómetros de longitud desde el Valle de Mexicali hasta su puerta. Ni la inversión es tan alta ni los empleos tan cuantiosos como para justificar la necesidad de una obra de este tipo; sin embargo, este desarrollo se torna más interesante cuando se observa que varias de las empresas involucradas en las licitaciones están vinculadas a amigos, socios y parientes del gobernador. Hay negocio para todos.
En medio de este polvorín surge un movimiento ciudadano aparentemente autónomo y apartidista, autodenominado Mexicali Resiste, que inicia a principio de año la oposición contra varios proyectos del gobierno estatal que perjudican a la población. En el caso de la construcción de este acueducto, los principales afectados son los ejidatarios del Valle de Mexicali, poco más de 500 productores y sus familias que viven de la agricultura, quienes se suman a las protestas contra las obras del gobierno estatal.
Por tanto, ejidatarios, sociedad civil, maestros, pensionados, activistas, abogados, académicos y otros actores centrales de la sociedad de Mexicali, han estado convocando a marchas masivas
Mexicali Resiste y sus aliados pueden ser el inicio de una serie de conflictos sociales vinculados al acceso y distribución de agua, corrupción, opacidad y abuso de autoridades que podrían multiplicarse en el país.
En los próximos tiempos podríamos empezar a ser testigos de la expansión de conflictos sociales por el agua en diversas ciudades y regiones donde la situación ya es desesperada, por lo que realizo este exhorto al gobierno del estado a que solucione de manera expedita este conflicto en favor de la ciudadanía, donde ya hubo enfrentamientos y que lesionan los intereses del pueblo
Por último, de este conflicto llama poderosamente la atención la voracidad de las autoridades estatales sin importar el partido o inclinación política, la falta de un estudio técnico (por parte de Conagua) para determinar la disponibilidad de agua en la región, como la nula sensibilidad social, ya que ni la empresa ni el gobierno del estado contemplan alguna medida de compensación para la población afectada.
La cervecera no sólo atenta contra el derecho humano al agua de la población bajacaliforniana, sino que podría causar una catástrofe ambiental y social de enormes magnitudes al seguir abatiendo el acuífero del Valle de Mexicali y con ello aumentar la posibilidad de que el agua de mar del Golfo de California se introduzca en los mantos freáticos y salinice tanto el acuífero como las tierras agrícolas de la parte sur del valle.
La aprobación y puesta en marcha de este proyecto se ha llevado a cabo con total opacidad, tráfico de influencias y corrupción. No se ha presentado públicamente la Manifestación de Impacto Ambiental, ni licencia de uso de suelo, además de que no se ha definido la fuente de abasto del agua que requiere la planta.
El gobierno del estado utiliza la fuerza pública en contra de las protestas de las organizaciones en Mexicali y en beneficio de una compañía transnacional que podría dejar sin agua a la población de Baja California al producir 10 millones de hectolitros de cerveza anuales para su exportación al mercado estadounidense.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de Mexicali a solucionar el conflicto del agua evitando un estallido social, por el excesivo consumo del líquido por la cervecera Constellation Brand, y prevenir además un abuso de autoridad, como hasta ahora ha ocurrido con pobladores de la entidad.
Segundo. Se exhorta al Gobierno del estado a que se hagan públicos los permisos y licencias de impacto ambiental, otorgadas a la cervecera Constellation Brand en Mexicali.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2017.
Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar la dotación de una cuota de agua a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, de Jalisco, del proyecto hidrológico Presa El Zapotillo por la sequía en la entidad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo sexto:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.1
Además, la resolución 64/292 proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.2
El acceso al agua es un derecho humano, es el elemento más indispensable para la vida en general. Nuestro país afortunadamente se encuentra entre el océano Pacífico y el Golfo de México; dos grandes extensiones de mar abierto, además existen diversos ríos, cuencas, lagunas que logran dar abastecimiento a la mayoría de la población.
Claro ejemplo es la región hidrológica Lerma-Santiago, que tiene como objetivo lograr el abastecimiento y suministro de agua potable a los Altos de Jalisco conocida como el centro Agropecuario más importante de México y además a León, Guanajuato.
Actualmente está en construcción la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón y en Jalisco sobre la cuenca del Río Verde que ha desatado el descontento de un gran número de pobladores que ya están siendo afectados por dicha construcción.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de un amparo para detener la construcción de la presa que medirá 105 metros de altura, pero que anteriormente se había dicho que mediría 80 metros, por lo que los habitantes exigen estudios a la Conagua para sustentar el aumento de otros 25 metros más de El Zapotillo.
Hoy, a raíz del anuncio realizado por el gobernador de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval, el pasado 29 de junio donde se decide incrementar la cortina de la presa de 80 a 105 metros, cambia la situación jurídica y real sobre la cantidad metros cúbicos de embalse de agua que tendrá la presa El Zapotillo, es por ello que solicitamos la dotación de agua de dicha presa a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, toda vez que en el protección original fueron descartados, aunque estos municipios se encuentran en la cuenca del Río Verde y actualmente están en veda porque sus escurrimientos también son parte esencial para la viabilidad de la presa.
Para Cuquío e Ixtlahuacán del Río y sus habitantes, como se encuentra el decreto de dotación de los caudales que se generaran en la presa El Zapotillo es una injusticia, ya que solo tienen la carga de la veda en el uso de agua superficial y agua subterránea para proteger los escurrimientos y los afluentes de agua que son necesarios para la viabilidad y el funcionamiento de la presa.
Como grupo parlamentario ya nos hemos pronunciado contra el trasvase que se pretende realizar del agua de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato, pues quien tiene la carga hidrológica y a quien se deprimirá en el uso y abasto de agua será a la zona conocida como los Altos de Jalisco, a la cual pertenece Cuquío, e Ixtlahuacán del Río también debe ser considerado en esta propuesta, ya que tiene la misma carga y el mismo veto que la zona de los Altos.
Estos dos municipios son el granero de Jalisco, su alta producción de granos hacen que sean la zona con mayor producción en el estado, su posicionamiento estratégico y su cercanía tanto a la zona metropolitana de Guadalajara, así como al centro agropecuario más importante del país en materia de proteína animal, hacen de esta región un punto estratégico donde confluyen la producción y la necesidad animal y el consumo humano de grano, si desatendemos esta región y lo sometemos al estrés hidrológico actual sin protegerlo con la dotación de agua suficiente para su sostenibilidad, condenaremos a sus habitantes a para su producción y por tanto que sus familias no cuenten con los insumos necesarios para su desarrollo.
Por la geografía, el costo de dotar del caudal de la presa El Zapotillo a estos municipios es muy económico, ya que Yahualica de González Gallo será uno de los beneficiados del caudal de la presa, y estos municipios se encuentran por debajo de la altura sobre el nivel del mar y su dotación sería por gravedad, no encontrándose ningún barraco o despeñadero que dificulte esta dotación. Además, la distancia de un punto a otro en línea recta no sobrepasa 15 kilómetros.
Por esto y más irregularidades encontradas en el proyecto de la presa, actualmente la población de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, Jalisco, están siendo severamente afectados por el desabasto de agua potable por la construcción de la presa El Zapotillo.
En el Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano se pronunció con un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre si habrá agua suficiente para Guanajuato y Jalisco en el proyecto Presa El Zapotillo.
Si bien el objetivo de la futura presa es abastecer de agua a los Altos de Jalisco, afecta otras zonas rurales, teniendo como consecuencia un sinfín de amparos promovidos por diversos sectores civiles y la puesta en peligro de aproximadamente 19 mil habitantes de Ixtlahuacán del Río y de aproximadamente 18 mil habitantes en Cuquío. Por ello, el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua deben dar soluciones óptimas y de manera justa para no seguir perjudicando la vida de más de 37 mil personas con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo.
Por lo expuesto me permito presentar ante el Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a otorgar la dotación de una cuota de agua a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, Jalisco, del proyecto hidrológico Presa El zapotillo por sequía en la entidad.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017.
2 UN-Water, El agua, fuente de vida. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la contaminación por la explotación minera en Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena
El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La explotación minera se ha asociado con una serie de afectaciones ambientales y sociales; principalmente con una serie de extracciones de recursos naturales, violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y sus garantías laborales, daños irreversibles a la biodiversidad que afectan a todo el país.
De acuerdo con una investigación realizada en 2015 y publicada en Sin Embargo , 1 hay al menos 36 conflictos mineros en México. Esta cifra fue brindada por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y la cual se relaciona con numerosos accidentes como la explosión en 2006 de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el derrame de ácido sulfúrico por una mina de Grupo México en Sonora, el caso de La Sierrita, en Durango, por la canadiense Excellon Resources.
Ahora, en un lugar donde el mar y el desierto se unen, en San Felipe, Baja California, comienzan a surgir los efectos negativos de la explotación minera por el grupo de uno de los hombres más ricos del país, Carlos Slim. Pese a ser un área natural protegida, gracias a que mamíferos marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y numerosas especies endémicas que proliferan en tierra y agua, hay nubarrones de polvo que emanan de entre montañas, oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales y camiones.
Jeanneth Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, señala que se trata de “uno de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es uno de los hombres más rico del país”.
Armendáriz ha realizado diversas investigaciones desde 1994 sobre la Compañía San Felipe, SA de CV, subsidiaria de Minera Frisco –cuyo presidente es Carlos Slim–, que comenzó sus operaciones en Baja California. El objetivo de ésta era extraer minerales de oro y plata en la región Sierra Pinta –actualmente considerada como uno de los principales desarrollos mineros en el país–. Y probablemente su proyecto minero pudo haber continuado siendo exitoso, “sino fuera porque la mina se encuentra peligrosamente cerca del área nacional protegida Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”.2
De hecho, Armendáriz agrega: “En un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil”. Es decir, cuando inició el proyecto, entre 1993 y 1995, la Compañía San Felipe no sólo recibió las autorizaciones correspondientes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–, también usaba tanto el minado subterráneo como la técnica de minería a cielo abierto. En 2001, la empresa suspendió actividades sin hacer públicas las razones, aunque en el reporte anual de 2000, Frisco puntualizó que las condiciones del mercado minero eran poco favorables debido al estancamiento del precio de los metales. En 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, rentó y ocupó las instalaciones de la mina, cambiando “radicalmente las operaciones”: se trataba de una mina a cielo abierto.
Este tipo de minería, a cielo abierto, está prohibido en Estados Unidos, y otros lugares como Grecia, Turquía, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica. ¿Las razones de su prohibición? Sus efectos tóxicos para el ambiente y la salud de las sociedades.
La doctora e investigadora agrega:
El nuevo desarrollo fue presentado ante la Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010, como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado), un circuito de trituración de minerales, patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata), tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro), tepetatera (pila de material estéril), áreas de servicio (talleres y almacenes de diésel y explosivos), tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.
[...] Seis meses después, en septiembre de 2010, la Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011 se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.
[...] Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 –de acuerdo con el reporte anual de Frisco– 37 mil toneladas diarias de material, cinco veces más que el año anterior.
En otras palabras, Frisco adquirió concesiones mineras en el área de la sierra Las Pintas desde 1994, a través de tres subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles. Esto, para Armendáriz, es la prueba de que “el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 y 2009, está en la adquisición de las concesiones”.3
En 2010, cuando la mina reanudó trabajos mediante la compra de terrenos de alrededor, un grupo de ejidatarios reclamó un paso más justo –hasta esa fecha, Frisco había extraído del lugar unos 36 millones de dólares en oro–. Cada ejidatario debía recibir 1 millón de dólares, después de que el lugar permanecería contaminado durante décadas y sin ninguna actividad económica. Frente a esto, se rompieron las negociaciones un año más tarde, y algunos ejidatarios iniciaron juicios contra la empresa en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua, con la defensa de que Frisco ocupó sus terrenos de forma irregular, adueñándose del agua y contaminando los mantos acuíferos. Las demandas, sin embargo, no han logrado que el proyecto minero, del tamaño de la Ciudad de México, se detenga.
En todo caso, las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: uno de ellos es el agua.
De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado con escasos recursos hídricos.
La empresa tiene dos concesiones de agua, una por 900 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.
En 2015, los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional de Agua que se clausuren los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen contrato. Calculan que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en enero de 2016 argumentaron que no la encuentran.
Mientras tanto, las afectaciones continúan:
Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud pública”). [...] Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental) detectaron alta concentración de mercurio en el agua.
[...] Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de golfo californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por las redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo. [...] Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.
[...] Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.
Pese a esto, la Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos en 2010 en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluido el Alto Golfo de Baja California. Y las autoridades ambientales concluyen: “El complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales tiene sólo un impacto local y no hay evidencias de impacto en la reserva”.4
Por lo motivado y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que se revisen las afectaciones al área natural protegida en San Felipe Baja California, área natural protegida Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, por las concesiones mineras de la zona.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, a través de la Comisión Nacional del Agua, se revise la contaminación de los mantos acuíferos aledaños a Minera Frisco, Minera María y Minera Real de Ángeles, para la protección de los ecosistemas de la región.
Notas
1 http://ecoosfera.com/2015/05/cuantos-conflictos-mineros-hoy-existen-en- mexico/
2 http://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/497?show=full
3 https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/50/1/ar mendariz_e.pdf
4 http://piedepagina.mx/slim-el-voraz.php
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la hija del aspirante de Morena a la alcaldía de Teotihuacán, México, ocurrido el 18 de enero de 2018; y se exhorta al gobierno y la Fiscalía de la entidad a esclarecerlo, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite –ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión– someter a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado mes de diciembre en el municipio de Teotihuacán fue secuestrada la hija de Humberto Sarabia Luna, militante de Morena y aspirante a la presidencia municipal de Teotihuacán Estado de México. El día 18 de enero, las autoridades de este municipio habrían declarado que se encontró su cuerpo en el municipio de Tecámac.
Según información revelada por las autoridades y difundida por los medios de comunicación, los secuestradores habían pedido 15 millones de pesos a Humberto Sarabia y su familia para liberar a su hija. Al no poder reunir el dinero solicitado por los secuestrados, decidieron quitarle la vida a la joven de 26 años.
La hija de Humberto Sarabia fue secuestrada en el mes de diciembre y a las pocas horas los secuestradores empezaron a extorsionar a su familia.
La inseguridad en el estado de México pareciera que es el pan de cada día. Como ejemplo cabe recordar que el director general de Izzi, Adolfo Lagos, fue acribillado a balazos el pasado 19 de noviembre por un grupo de personas armadas que le robaron su bicicleta sobre la carretera Tulancingo-Pirámides, en el estado de México.
Y que el pasado miércoles 17 de enero fue hallado sin vida Ramón Padilla Insense dirigente de Morena sobre la calle Guerrero en el municipio de Teotihuacán, estado de México.
La carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.
Al cierre de 2017, México sumó 29 mil 168 homicidios intencionales, la cifra más alta desde que se informa oficialmente el número hace 20 años y que representan un incremento de 27 por ciento respecto de 2016, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En promedio, el país reportó 80 asesinatos al día y la cifra total rebasó 13 por ciento el número de homicidios de 2011, que hasta ahora había registrado el número más alto de homicidios dolosos, con 22 mil 409.
La Secretaría de Gobernación, que publicó las cifras, reportó que la tasa de homicidios en el país en 2017 fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa de 19.4 en 2011.
El comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, informó que a partir de ese año, el número bajó hasta llegar a 15.96 por cada 100 mil habitantes en 2014. Sin embargo, la tendencia se revirtió ese año, y la cantidad de asesinatos volvió a subir al pasar de 17 mil 336 muertes violentas en 2014 a 18 mil 707 en 2015, 22 mil 962 en 2016 y 29 mil 168 en 2017.
En el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pone a la cabeza a Tamaulipas con un total de 965 secuestros en el periodo de 2013 a octubre de 2017, le siguen el estado de México con 928; Veracruz con 628; Guerrero con 524; Tabasco 432; Morelos 372; Michoacán 358 y Ciudad de México con 259.
Para la organización Alto al Secuestro, la cifra de este delito de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2017. Contabilizó 10 mil 242 plagios a nivel nacional.
El 25 por ciento de secuestros en el país se da en el estado de México se ubica como una de las entidades más violentas e inseguras, por lo que se exhorta a las autoridades a implementar acciones integrales contra el secuestro.
Con una cifra récord en el estado de México la delincuencia organizada se encuentra fuera de control y que la entidad tiene un sistema judicial colapsado. Cabe mencionar que el índice de impunidad alcanza el 76.48 por ciento.
La asociación Alto al Secuestro registra que el estado de México tiene la mayor incidencia de secuestro, con dos mil 394 casos del 2012 a 2017.
Datos de la organización Alto al Secuestro muestran que en lo que va de la administración del gobierno del estado de México van 99 secuestros en cuatro meses.
El alza de la incidencia delictiva es sumamente preocupante, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.
Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de la hija del aspirante de Morena a la presidencia municipal de Teotihuacán, estado de México, Humberto Sarabia Luna, ocurrido el pasado 18 de enero de 2018.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México a que tome todas las medidas necesarias para el esclarecimiento del crimen, así como para que se resuelva la problemática de violencia que ocurre en la entidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Fiscal General de Justicia del estado de México para que conduzcan las investigaciones del caso de manera expedita y que consigne a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Referencias
http://www.proceso.com.mx/519279/secuestran-y-matan-hija -de-precandidato-de-morena-en-teotihuacan
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BE A%20Repository/1336037//archivo
http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018 /01/EDOMEX.pdf
http://onc.org.mx/tag/estadisticas/
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de febrero de 2018.
Diputada Delfina Gómez Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática existente en los centros penitenciarios del país, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permito someter a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En México hay 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad, 178, tienen sobrepoblación y de éstos hay 10 cuya capacidad está rebasada entre 300 y 600 por ciento. En ellos sobreviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso.
El 75 por ciento de los penales estatales alberga tanto a reos locales como federales. En cambio, hay 17 centros penitenciarios federales con capacidad para 33 mil 888 internos, pero ninguno está ocupado en su totalidad.
Las cárceles estatales, que son las más sobrepobladas, dan albergue a casi 25 mil reos federales, mientas que los centros penitenciarios federales no albergan reos estatales y ni siquiera a todos los federales.
De las personas presas por un delito local, 51 por ciento ya recibió sentencia condenatoria. En cambio, menos de la mitad de los reos del orden federal, 49 por ciento, no ha recibido una condena, por lo que siguen presos con su proceso abierto.
Actualmente, 236 mil 886 personas se encuentran privadas de la libertad, de las cuales 80.9 por ciento corresponde al fuero común y 19.1 al federal.
Sin embargo, persiste el problema de sobrepoblación, la cual alcanza 13.22 por ciento a escala nacional, con una situación alarmante en el Estado de México, donde asciende a 165.51 por ciento.
Más de 20 centros penitenciarios distribuidos a lo largo del país cuentan con más de 200 por ciento de sobrepoblación. Resalta el estado de México, donde siete centros penitenciarios se encuentran en esta situación: los centros de prevención y readaptación social Chalco, Ecatepec, Tenango del Valle, Cuautitlán, Zumpango, Tlalnepantla de Baz y Jilotepec.
A escala nacional, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad aún no cuentan con una sentencia condenatoria, es decir, se encuentran en proceso. Cabe destacar que para los internos del fuero federal, este porcentaje es superior a 50.
No obstante, esta información es insuficiente. Para pintar el cuadro completo de las cárceles en el país, requerimos datos sobre la percepción y experiencia de las personas que se encuentran privadas de la libertad.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas ha realizado encuestas a población en reclusión en el Distrito Federal, el estado de México, y en centros federales. El porcentaje de personas privadas de la libertad que reporta sentirse insegura, haber sido golpeada, no haber recibido atención médica adecuada, o que sus familiares deben pagar sobornos al personal para ingresar en el centro.
Para dar ejemplos claros:
La cárcel distrital de Tepeaca, Puebla, tiene el mayor nivel de hacinamiento de todos. Es un pequeño reclusorio con capacidad máxima para 46 personas, pero hasta abril de 2016 había 329 recluidas ahí. Es una sobrepoblación de más de 600 por ciento, según los datos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
De las 329 personas recluidas en este penal, 239 están aún bajo proceso, es decir, no han recibido sentencia por lo que jurídicamente, no se ha comprobado que sean culpables del delito que se les imputa.
La sobrepoblación ya ha causado problemas en este penal. En febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó a la ciudad, pues el penal se ubica en pleno centro, al lado de un jardín de niños.
No fue la primera vez que se registraba ahí un incidente de esa naturaleza. En 2013, un grupo de internos quiso escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros. Las autoridades lo descubrieron y frustraron el intento.
La cárcel distrital de Tizayuca, Hidalgo, es la segunda con el mayor nivel de sobrepoblación del país. Dicho penal está diseñado para albergar a 47 personas como máximo, pero en realidad hay 199 personas encerradas, lo que representa que el penal está rebasado en más de 445 por ciento.
Dos prisiones más tienen niveles de sobrepoblación que también rebasan 400 por ciento: la cárcel distrital de Atotonilco, Hidalgo; y la de Huixtla, Chiapas.
En 2012, la de Tizayuca fue considerada la cárcel más peligrosa de Hidalgo y en dos ocasiones en los últimos cinco años ocurrieron fugas de reos. En la de Huixtla estuvo preso el ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, quien en redes sociales contó los abusos que ahí se padecían.
Para el caso específico, el estado de México tiene una sobresaturación penitenciaria, ya que los 21 penales de la entidad fueron planeados para una capacidad de nueve mil 964 reos y hasta diciembre del año pasado tenía 27 mil, lo que representa 169 por ciento de sobresaturación, de acuerdo con el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Están hacinados, en su mayoría no tienen atención, médica o educativa, que no permite su reinserción a la sociedad, que es el objetivo primordial una vez que compurgue su sentencia.
Hay muchas quejas porque no saben su situación jurídica, por ejemplo, si son sentenciados no saben qué tiempo tienen que compurgar para poder acceder a algún beneficio de prelibertad, qué trámite tienen que hacer para obtenerlo y ante qué autoridad deben hacerlo.
Otro de los grandes problemas es la falta de clasificación de los reos, es decir, que no se separe a los acusados de delitos comunes de los del crimen organizado o que las mujeres, en muchos casos, no cuenten con cárceles solo para ellas, algo que debería corregirse para que en cada estado hubiera una prisión femenil.
Asimismo, se requiere una utilización más eficiente de los recursos destinados al sistema penal, pues México es uno de los países en Latinoamérica que más gasta en mantener a sus reos; mayor impulso a programas de trabajo y de capacitación para el mismo en los centros penitenciarios, y la protección de grupos con necesidades específicas dentro de las cárceles.
Lo anterior se encuentra en concordancia con el artículo 18 de nuestra Constitución, que prevé que el sistema penitenciario se deberá organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos y establece la reinserción social como uno de los objetivos de la prisión, a través del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, como factores para alcanzarla y evitar con ello su reincidencia.
Esta dualidad de objetivos debe coexistir a fin de que las condiciones al interior de los centros garanticen la estancia digna de quienes se encuentran recluidos en centros penitenciarios; sin embargo, la realidad que impera en el sistema penitenciario nacional, refleja que esto no sucede en gran parte de estos establecimientos, dada la carencia e incapacidad para resolver las diversas problemáticas que enfrentan y que reiteradamente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha evidenciado.
Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación y al comisionado nacional de Seguridad a ejecutar un programa con un monitoreo constante que permita la verificación de las condiciones de seguridad y gobernabilidad de los sistemas penitenciarios del país.
Segundo. Se exhorta a las entidades federativas a implantar acciones en los centros penitenciarios para regular el aislamiento cuando se trate de delitos graves y presos que requieran medidas especiales.
Tercero. Se exhorta a las entidades federativas a instruir a la autoridad correspondiente para que las administraciones del sistema penitenciario, tanto federal como local, realicen los ajustes presupuestales y administrativos con el objetivo de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que la plantilla del personal penitenciario sea acorde con las funciones necesarias para lograr la reinserción social de los internos y la seguridad de los centros penitenciarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2018.
Diputada Delfina Gómez Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los avances en la solución de conflictos agrarios y protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan, Santa Catarina Juquila, Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Natalia Karina Barón Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a los avances en la solución de conflictos agrarios y protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan, del municipio de Santa Catarina Juquila, en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
San José Ixtapan, comunidad del municipio de Santa Catarina Juquila del estado de Oaxaca, ha vivido preocupantes conflictos agrarios y de posesión de la tierra con otras comunidades vecinas manteniendo preocupantes condiciones que vulneran los derechos fundamentales y el estado de derecho en la entidad.
Un conflicto agrario que tiene más de cuatro décadas se recrudeció el pasado diciembre cuando la comunidad se vio aislada impidiendo el libre tráfico de personas y mercancías aislando a la población y privándola de los bienes esenciales para su sustento ordinario.
La disputa se da por la propiedad de mil 393 hectáreas y recursos pétreos del río Atoyac, entre las comunidades de San José Ixtapan y San Juan Quiahije, Oaxaca. El conflicto ha escalado de tal forma que líderes comunitarios y caciques han ordenado a los habitantes de la región aislar a la comunidad de San José Ixtapan privándolos de los elementos más esenciales para su subsistencia, entre los que están medicinas, alimentos y agua; a la vez, el bloqueo impidió el paso de los servicios municipales para permitir el suministro y mantenimiento de las redes eléctricas.
El pasado diciembre, el conflicto entró en una nueva etapa. Desde el 5 de noviembre de 2017, la comunidad de San José Ixtapan fue aislada aumentando las tensiones que desbordarían en un conflicto mayor. A los habitantes de San José Ixtapan, debido al conflicto agrario con los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, les han cerrado dos caminos de acceso a la comunidad. Para evitar confrontaciones, los pobladores y la autoridad municipal buscaron una tercera opción para salir y entrar al pueblo a través de la comunidad El Carrizal, del municipio de Villa Sola de Vega.
Sin embargo, aun cuando las autoridades de San José Ixtapan llegaron a un acuerdo con las de Villa Sola de Vega y con la agencia de El Carrizal, el 5 noviembre pasado fueron notificados de que no se permitiría el paso por dicho cruce y por acuerdo de asamblea comunitaria. Los habitantes de la agencia municipal incomunicada manifestaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que interviniera ante el presidente municipal de la Villa de Sola de Vega para dialogar con la comunidad de El Carrizal y respetar el acuerdo de paso a los habitantes de San José Ixtapan.
Dado el agravamiento del conflicto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió el Boletín 101–13/12/2017 por el que dio a conocer la integración del expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017 a fin de requerir medidas para la protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan y que se transcribe a continuación:
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la autoridad municipal de Villa de Sola de Vega que adopte una medida de protección a favor de habitantes de la comunidad de San José Ixtapan, pues debido a un conflicto agrario el pueblo está incomunicado.
Por ello, la Defensoría solicitó desde el 8 de diciembre último que dicha autoridad municipal intervenga ante las autoridades de la agencia municipal de El Carrizal, a fin de que permitan el paso de pobladores, personal médico y educativo, así como alimentos y medicinas, a San José Ixtapan.
Además, el organismo defensor solicitó la colaboración de la Secretaría General de Gobierno para que, por la vía del diálogo, adopte las acciones necesarias logre acuerdos con las comunidades involucradas en el conflicto, para que las personas que habitan San José Ixtapan dejen de estar incomunicadas.
El organismo defensor informó que la autoridad municipal de la agencia de San José Ixtapan, perteneciente a Santa Catarina Juquila, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos porque considera que la autoridad municipal de la Villa de Sola de Vega no ha respondido su petición para intervenir ante las autoridades de la agencia de El Carrizal y facilitar el diálogo para que se les permita el libre tránsito.
La Defensoría inició el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017 para pedir la adopción de una medida de protección al ayuntamiento de Sola de Vega para que implemente los mecanismos necesarios a fin de que se permita, de no existir impedimento legal, el libre tránsito de pobladores de San José Ixtapan, así como la circulación de alimentos básicos, medicinas y personal que brinda atención médica, así como de docentes y personal que brinde otros servicios.
Asimismo, la Defensoría solicitó a la autoridad municipal de Sola de Vega que rinda un informe detallado sobre su intervención en el problema.
Las autoridades de San José Ixtapan detallaron que, debido a que tienen un conflicto agrario con los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, les han cerrado dos caminos de acceso a la comunidad, y para evitar confrontaciones, los pobladores y la autoridad municipal buscaron una tercera opción para salir y entrar al pueblo, por lo cual deben pasar por la comunidad El Carrizal.
Por ello, explicaron las autoridades de San José Ixtapan a la Defensoría, habían llegado a un acuerdo con la autoridad de la agencia de El Carrizal para que les permitiera el paso; sin embargo, el 5 noviembre último fueron notificados de que ya no se les permitiría dicho cruce por acuerdo de asamblea comunitaria.
Ante esto, los habitantes de la agencia municipal incomunicada manifestaron a la Defensoría que pidieron la intervención del presidente municipal de la Villa de Sola de Vega para que dialogara con la autoridad y la comunidad de El Carrizal, a fin de que éstas les permitan a los de Ixtapan transitar por esa población; sin embargo, esas gestiones no han tenido respuesta.
La autoridad de San José Ixtapan expuso al personal de la Defensoría que, debido a la situación, los habitantes de la agencia municipal comienzan a resentir escasez de alimentos, carecen de atención médica y medicinas, pues no se le permite el paso al personal de salud, ni a los proveedores de medicamentos.
Agregaron que los estudiantes de la comunidad están privados de sus clases, ya que maestras y maestros no han podido acceder al pueblo, y además, dos barrios están sin energía eléctrica desde el mes de septiembre, pues personal de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido ingresar a reparar los daños causados por los sismo y lluvias.
Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recordó que es obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población.
La falta de resolución de los conflictos agrarios en estas comunidades lleva a la violación de derechos fundamentales; por lo anterior expuesto, es oportuno dirigir un exhorto al gobernador del estado a fin de que dé a conocer cuál ha sido el seguimiento que se ha dado en la implementación de medidas y los mecanismos para la resolución de conflictos agrarios entre las comunidades de San José Ixtapan y de los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, Oaxaca.
De igual forma, es oportuno un exhorto al defensor de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, dé a conocer cuáles han sido los resultados sobre la adopción de medidas de las autoridades municipales de Villa Sola de Vega en beneficio de los habitantes de San José Ixtapan de conformidad con el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de:
Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a fin de que dé a conocer cuál ha sido el seguimiento que se ha dado en la implementación de medidas y mecanismos para la resolución de conflictos agrarios entre la comunidad de San José Ixtapan, municipio de Santa Catarina Juquila, y las de los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas.
Segundo. Se exhorta al defensor de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca a que, en el ámbito de su competencia, dé a conocer cuáles han sido los resultados sobre la adopción de medidas de las autoridades municipales de Villa Sola de Vega en beneficio de los habitantes de San José Ixtapan de conformidad con el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de febrero 2018.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
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