Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4894-VI, jueves 26 de octubre de 2017
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud de los tres ámbitos de gobierno a analizar y reforzar las estrategias de toma de conciencia y construcción de la cultura preventiva del cáncer de mama en el país, suscrita por las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II, III y IV y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeras y compañeros legisladores, el cáncer de mama se ha convertido en el más mortífero para la población femenina, y acorde a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 5 mil mujeres al año mueren en el combate de esta terrible enfermedad y, extendiéndonos a datos de la Organización Mundial de la Salud y de las farmacéuticas internacionales, cerca de medio millón de mujeres alrededor del mundo pierden la vida anualmente, víctimas de este mal.
Octubre se ha colocado como mes para hacer conciencia por un elemento fundamental: que la detección temprana de estas tumoraciones continua siendo, a la fecha, la vía más efectiva para combatir la enfermedad y permitirle a quienes la padecen una oportunidad digna de lucha.
Fundaciones como Susan G. Komen a nivel internacional, y virtualmente todas las instancias de salud públicas y privadas, así como los gobiernos de los países, hacen uso del color rosa en edificios, vestimentas y lugares públicos, para llamar la atención de la opinión pública sobre el cáncer de mama y la vital importancia que tiene su detección temprana para salvar la vida.
En México, las cifras de esta enfermedad son alarmantes. Tan solo en los últimos 20 años acorde a las cifras del IMSS, el cáncer de mama se ha incrementado en casi 30 por ciento, y la mortalidad de la enfermedad aumento en 18 por ciento en ese mismo lapso de tiempo. No podemos seguir en esa espiral de muerte, ni continuar aumentando las estadísticas.
A nosotras como legisladoras, y virtualmente a cualquiera debe quedarle claro, que si en los últimos años no solo no hemos reducido, sino que ha aumentado la incidencia y la mortalidad de la enfermedad, es que las estrategias que se han usado para promover la detección temprana y concientización del cáncer de mama no han tenido los resultados esperados.
Compañeras y compañeros diputados, acorde a los datos arrojados por el estudio El costo de la atención médica del cáncer mamario: el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, un caso de cáncer de mama en etapa 1 le cuesta al IMSS en tratamiento cerca de 75 mil pesos al año, mientras que un caso en etapa IV le cuesta al Seguro Social 200 mil pesos anuales su tratamiento, sin menoscabo, además, de que en esta etapa el rango de sobrevivencia es naturalmente menor que en estadios tempranos.
Asimismo, el mismo Instituto ha confirmado que la posibilidad de revertir y curar esta enfermedad es de un 80 por ciento cuando se detecta en sus estadios I y II, y a partir de aquí, es mucho más difícil lograr un tratamiento exitoso.
Es por todo lo anterior, que tenemos que asumir un rol proactivo en la cultura de la prevención y la detección del cáncer de mama. Pintarnos de rosa es simbólico, pero no es suficiente para generar una cultura que tanta falta le está haciendo al país, y que detenga de manera definitiva el aumento de la estadística mortal del cáncer.
Nos queda claro que muchos esfuerzos se hacen en nuestro país y en todo el mundo para combatir este mal, tanto de las autoridades como de la sociedad civil, y que tan solo en los últimos años México ha duplicado su cantidad de mastógrafos para fortalecer la detección temprana, sin embargo, según datos de las autoridades de salud, en pleno mes de octubre, sólo llegan a tener un par de citas al día por mastógrafo, dejando sin lugar a dudas que el problema de este padecimiento radica, principalmente, en la gran falta de difusión de la cultura de prevención.
Es momento entonces de atacar al mal en su punto más débil, en la detección temprana, y esto solo se va a lograr con una auténtica cultura de la prevención; es necesario un replanteamiento de las estrategias ejecutadas a nivel nacional, puesto que desgraciadamente no han tenido el efecto preventivo que se ha buscado, y desarrollar así nuevos esquemas que nos permitan crear una verdadera concientización sobre la importancia del chequeo temprano.
Es por lo expuesto, que venimos aquí a pedir su respaldo, para exhortar a las instituciones de salud de los tres ámbitos de gobierno, a que busquen nuevas estrategias de concientización y cultura de prevención del cáncer de mama, a fin de combatir efectivamente este gran flagelo social que tanto daño ha hecho a las familias mexicanas.
Habiendo dicho lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las instituciones de salud de los tres ámbitos de gobierno a analizar y reforzar las estrategias de concientización y construcción de la cultura de prevención del cáncer de mama en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputadas:Con punto de acuerdo por el que se propone la creación de una comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos que han afectado a diversas entidades de la República mexicana, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal integrante de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
El pasado 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió la zona centro del país dejando severos daños en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. A esto se sumó el evento telúrico que se susictó el 7 de septiembre de 8.1 grados en la misma escala que causó afectaciones graves en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Estado de México.
Los daños por los dos acontecimientos han sido cuantiosos, con lamentables pérdidas de vidas en todas las entidades, las cuales aún no se cierra la cifra debido a las labores de rescate que se realizan todavía, innumerables viviendas destruidas o con afectaciones graves que las vuelven inhabitables; edificios de oficinas públicas, de uso privado o habitacionales colapsados o con daños estructurales lo cual llevará a su demolición; animales de compañía extraviados, personas desaparecidas, cierre de establecimientos mercantiles, interrupciones de servicios de electricidad y agua potable; en fin, una serie de circunstancias que menguan la calidad de vida de las personas y que alteraron el estado de actividades de las y los mexicanos.
La pérdidad del patrimonio de las personas es la secuela que mayormente se reciente después de las pérdidas de familiares, amigos, conocidos o seres queridos.
Las escuelas vieron interrumpidas sus labores en los distintos niveles, debido a los daños en las estructuras en algunos planteles y por el trágico acontecimiento del Colegio Enrique Rebsamen en la Ciudad de México, donde niñas y niños quedaron sepultados en los escombros perdiendo la vida y otros más siendo rescatados.
La actividad económica en diversas zonas se detuvo también, producto de la incertidumbre que ha reinado en estos días, además del vuelco que se ha dado para apoyar a las personas afectadas.
En medio de la tragedia, la conciencia colectiva de la sociedad ha surgido para tomar las riendas solidarias que han podido mantener a México de pie y sin permitir que la apatía e indiferencia, ante el dolor de los demás, superara al espíritu de las y los mexicanos que salieron a las calles a ponerse a disposición para ayudar en las zonas devastadas por el sismo, lo mismo que a llevar víveres, sacar escombros, entregar ayuda en bicicleta, recorrer los Estados recolectando material, difundiendo información o dando muestras de apoyo de todas las maneras inimaginables.
Esa sociedad civil que recuerda al Estado Mexicano la importancia de trabajar con las instituciones en un clima de respeto hacia las normas que nos hemos dado para convivir en sociedad como una aspiración que conjuga principios y valores para poder tener una vida digna.
Esas mismas voces que han gritado en las zonas de rescate, que se organizan y demanda un comportamiento ético y a la altura de las circunstancias del Estado Mexicano, se han sumando a las miles de propuestas que surgen para apoyar los trabajos de Reconstrucción que ha anunciado el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos estatales y diversos sectores.
En ese tenor, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sostenido que serán tres etapas de recosntrucción tras los sismos:
• La primera etapa consistirá en asegurar la provisión de alimentos y medicamentos, así como reconectar los suministros de energía eléctrica, gas y agua en aquellos lugares afectados donde aún no se cuenten
• La segunda consistirá en la elaboración de un censo que defina el número de construcciones dañas, las cuales deberán ser demolidas en su totalidad en caso de que no puedan mantenerse sostenidas.
• La tercera etapa consistirá en la demolición y remoción de escombros, para seguir con la reconstrucción de las viviendas.
De manera adicional, los gobiernos estatales han vislumbrado diversas acciones y otros actores han propuesto que el financiamiento de los partidos políticos se destine también para la reconstrucción; de hecho, algunos de esos institutuos han formulado propuestas concretas para que se apliquen en el corto, mediano y largo plazo que es como debe pensarse las labores de reconstrucción, como lo ha planteado el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y aprobado en su Consejo Nacional.
De manera desafortunada, en medio de la tragedia, existen tentaciones para lucrar con el dolor y la tragedia, queriendo sacar ventaja política ante un proceso electoral que tenemos ya en marcha con miras al 2018. Sin lugar a dudas, es reprobable y mezquino que esas actitudes se presenten en medio de estos lamentables acontecimientos.
Hacen que un desatre natural se convierta en una calamidad humana sin escrúpulos.
Por ello, consideramos necesario establecer un mecanismo que, desde el Poder Legislativo, acompañe a los trabajos que se pretenden emprender ante esta contingencia y se propone la creación de una de una Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, cuyo objeto será coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado Mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas, además garanticen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de los Estados que sufrieron daños.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, cuyo objeto será coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado Mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas, además garanticen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de los Estados que sufrieron daños
SEGUNDO.- La Junta de Coordinación Política determinará el número de integrantes y funciones de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, observando la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y que cumplan con el objeto señalado.
TERCERO.- La vigencia de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana será el periodo de la presente Legislatura.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 26 días de octubre de 2017.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso de la Unión a impulsar un acuerdo donde participen los partidos políticos nacionales a fin de modificar la legislación electoral federal y reducir tiempos de duración de las campañas para los próximos comicios, dados los efectos de los sismos de septiembre, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El proceso electoral se conforma por un conjunto de actos jurídicos cuya finalidad es designar, a través del voto de los ciudadanos, a las personas que habrán de desempeñarse como titulares de los órganos de poder representativos del pueblo en el ámbito federal, estatal y municipal. Esta designación debe llevarse a cabo de acuerdo a los plazos y términos previamente establecidos por la Ley.
Según se establece en la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, cuyos principios rectores deben ser la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Para garantizar el principio de certeza, el artículo 105 constitucional establece que:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
En este sentido, cualquier cambio realizado a algún precepto que afecte el desarrollo o los términos del proceso electoral en curso sería improcedente, pues éstos podrían ser impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendrían que ser invalidados para aplicarse de manera inmediata.
No obstante lo anterior, en el Partido Verde estimamos que las Leyes se crean y se modifican por virtud de la voluntad de un pueblo y de acuerdo a los retos que plantea la realidad social. No podemos soslayar que el país está atravesando severas dificultades derivadas de los sismos que sacudieron diversas entidades federativas los días 7 y 19 de septiembre pasados.
El número de muertos por el sismo del jueves 7 de septiembre alcanzó 95 fallecidos, 76 en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, precisó el 28 de septiembre que a causa del sismo del 19 de septiembre 206 personas murieron en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una más en Oaxaca. El pasado 18 de octubre el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que el total de habitantes afectados, en diferentes grados, por los desastres naturales del pasado mes fue de 12 millones de personas en 400 municipios de 12 entidades federativas. El cálculo respecto al costo de la reconstrucción supera los 48 mil millones de pesos, según informó el presidente Enrique Peña Nieto, a lo cual habría que adicionar los gastos por recuperación de carreteras dañadas, y los gastos ya realizados para la recuperación de la red de agua potable.1
Es igualmente imposible no tomar en cuenta que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la inmensa solidaridad y generosidad de la sociedad mexicana, al día de hoy miles de personas que perdieron su casa o negocio siguen durmiendo en albergues o incluso en la calle y aún no cuentan con la certeza de cuándo podrán recuperar su patrimonio.
Ante la magnitud de la tragedia, acompañando a las muestras de solidaridad de los ciudadanos, se ha registrado un incremento del enojo de diversos sectores de la sociedad con distintas autoridades y particularmente con los partidos políticos.
Las expresiones ciudadanas de enojo los días subsecuentes a los sismos del 7 y 19 de septiembre derivaron en la exigencia de que el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos y a las campañas electorales se reduzca, o bien, se elimine para ser reorientado a las tareas de reconstrucción o de apoyo a los damnificados.
Lo anterior motivó que las dirigencias nacionales de los partidos políticos decidieran proponer diversas maneras de destinar parte de sus recursos para apoyar a los damnificados por los sismos, así lo expresó en un video difundido a través de sus redes sociales el 21 de septiembre, Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, quien explicó que dada la situación derivada de los sismos recientes y frente a las diversas opiniones de la sociedad el INE consideraba que sí existían mecanismos jurídicos viables para destinar recursos de los partidos políticos a atender la emergencia.
En este contexto, y una vez sabiendo lo que costará la reconstrucción, consideramos pertinente que los legisladores hagamos un esfuerzo en dos sentidos, en primer lugar, para buscar alternativas que permitan generar ahorros que puedan seguir abonando a la reconstrucción del país, y en segunda instancia, que permitan recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, pues ha quedado de manifiesto que la población en general percibe a los gobiernos y a los partidos políticos como entidades ajenas a la voluntad popular y que no cumplen eficazmente con su función de representar los intereses de los ciudadanos.
Una buena alternativa es modificar la duración de las campañas políticas para el presente proceso electoral a fin de reducir el costo de las mismas y evitar la saturación de los ciudadanos con mensajes político partidarios en un momento en el cual lo menos que quieren ver y escuchar son spots que, en muchas ocasiones, más allá de ser un incentivo para la participación ciudadana y un instrumento de comunicación entre candidatos y votantes resultan ser todo lo contrario.
El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en múltiples ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos, el acceso a los medios de comunicación, la exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas.
El estudio “Democracia y sistema electoral: Duración de campañas electorales”, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, señala como argumentos a favor de reducir los tiempos de campaña los siguientes:
• El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores requerimientos de financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que impacta negativamente al erario público.
• Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una presencia pública en los medios de comunicación.
• Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente ni en la calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación ciudadana.
• Las campañas tan largas generan tres grandes problemas: fastidio electoral por parte de la ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos y, sobre todo, de los candidatos.
• El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a descansar crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento de los posicionamientos de los candidatos.
En este contexto, proponemos hacer una convocatoria a un gran acuerdo nacional que permita realizar modificaciones a la legislación electoral con la finalidad de reducir los tiempos de duración de las campañas para el presente proceso electoral 2017-2018, quedando en 30 días para las campañas de aspirantes a diputados federales y 60 días para los aspirantes a Senadores, a fin de no sobreexponer a la ciudadanía a los mensajes de los partidos políticos.
Estamos conscientes de que, como lo citamos en párrafos anteriores, existe un impedimento constitucional para llevar a cabo nuestra propuesta, sin embargo, consideramos pertinente recordar que no sería la primera vez que se realiza una modificación a la legislación electoral habiendo ya iniciado un proceso, como fue el caso de las reformas del año 1994.
El 19 de abril de 1994 se generó la tercera reforma constitucional que tuvo verificativo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por la cual se modificaron los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y decimoctavo del artículo 41 constitucional. Dicha reforma, fue procesada en condiciones políticas extraordinarias derivadas del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional y una fuerte presión de los propios partidos políticos.
Los tres propósitos principales de la reforma fueron:
a) Incluir como principio rector, en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales, el de independencia.
b) Modificar la estructura del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral (Consejo General) a fin de sustituir la figura de los Consejeros Magistrados por la de los Consejeros Ciudadanos.
c) Establecer que los Consejeros Ciudadanos deberían satisfacer los requisitos que señale la ley y serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados de entre los propuestos por los grupos parlamentarios en la propia Cámara.2
Esta reforma fue complementada por la reforma legal que tuvo lugar a través de los Decretos del 18 de mayo y del 3 de junio, en virtud de los cuales se reformaron, adicionaron o derogaron diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para adecuarlos a un marco normativo establecido por nuestra Constitución, destacando disposiciones relativas a:
1. Fijación de reglas para la acreditación de observadores en el proceso electoral.
2. Definición de las atribuciones y requisitos que deben satisfacer los Consejeros Ciudadanos del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
3. Delimitación de la participación de los representantes de los partidos políticos ante el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral.
4. Atribución de la facultad al Tribunal, para precisar cualquier interpretación sobre el desempeño y las remuneraciones que reciban los consejeros ciudadanos.3
Como puede verse, dichas modificaciones sí resultaron trascendentales para el desarrollo mismo del proceso electoral de 1994 y no obstante fueron aplicadas al mismo.
Teniendo lo anterior como antecedente, materializar la propuesta contenida en el presente punto de acuerdo resulta un asunto de sensibilidad y voluntad política para contribuir a legitimar los comicios como método de designación de gobernantes y representantes populares.
Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a impulsar un acuerdo en el que participen los partidos políticos nacionales, que permita realizar modificaciones a la legislación electoral federal con la finalidad de reducir los tiempos de duración de las campañas para el presente proceso electoral 2017-2018, quedando en 30 días para los candidatos a diputados federales y en 60 días para los candidatos a senadores, manteniendo los 90 días para los candidatos a la Presidencia de la República, todo ello en atención a los terribles efectos causados por los sismos de septiembre del presente año y el redireccionamiento del presupuesto para atender a los damnificados, así como con el fin de no saturar a la población con los mensajes de los partidos políticos.
Notas
1 Véase “EPN: Sube a 48 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción”, publicado en Crónica.com.mx, miércoles 18 de octubre de 2017.
2 Véase Gutiérrez López, Roberto y Becerra Gelover, Alejandro, “Evolución histórica de las instituciones de justicia electoral en México”, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2002. Páginas 296-298.
3 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 26 de octubre de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Lorena Corona Valdés, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a realizar acciones para apoyar psicológicamente a niños y adolescentes afectados por los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado mes de septiembre, la fuerza de la naturaleza obligó a nuestro país a enfrentar uno de los retos más grandes en los últimos años. El 7 de septiembre, once entidades sufrieron el terremoto de mayor intensidad de que se tenga registro en nuestro territorio, y que devastó muchas comunidades de Chiapas y Oaxaca, sólo unos días después, el 19 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 7.1 grados Richter que golpeó el centro del país, con graves consecuencias en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Puebla.
A consecuencia de estos sismos, cerca de 190 mil inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruíos, y lamentablemente, más de 400 personas perdieron la vida. Sin mencionar que muchas personas perdieron sus casas, pertenencias y, desgraciadamente, seres queridos1 .
Sin duda, estos fenómenos naturales dejaron una sensación de inseguridad entre la sociedad y uno de los sectores más afectados por estos eventos son nuestras niñas y niños, para quienes esta situación es particularmente estresante, toda vez que por su tempana edad, no dimensionan la magnitud y las implicaciones de un desastre natural.
Por lo anterior, es indispensable que se realice buen manejo de crisis, para darles seguridad e impedir que desarrollen problemas emocionales a futuro. Es necesario que niñas y niños sean atendidos por un especialista y adquieran estrategias para lidiar con situaciones intempestivas como este tipo de fenómenos.
La protección de la salud es un derecho de todos y está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que está regida por la Ley General de Salud, donde se establece que la salud no es solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades, sino que también se entenderá como un estado de completo bienestar físico, mental y social2 .
Asimismo, y por mandato constitucional, en todas las actuaciones del Estado se velará el principio del interés superior de la niñez, con el cual se garantizan de manera plena sus derechos3 .
Dichos derechos se ven reflejados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como el derecho a la protección de la salud; y donde también se establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizarán el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes4 .
Dicho lo anterior, y en vista de la situación que enfrentan nuestras niñas, niños y adolescentes tras el sismo, resulta indispensable que las Secretarías de Salud y Educación realicen las acciones necesarias para ayudarles a enfrentar esta situación; toda vez que niñas y niños tienen una perspectiva diferente y una mayor sensibilidad a los estímulos que pudieran generar los fenómenos vividos el pasado mes de septiembre.
Un primer esfuerzo fue realizado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que publicó una serie de enlaces electrónicos a ejercicios, técnicas y libros para profesores y padres de familia para ayudar a niñas y niños para hacerlos sentir más seguros y superar esta situación5 .
Este tipo de información, valiosa y necesaria para ayudar a mejorar la situación de niñas y niños, debe ser masificada y llegar a la población de una forma práctica y directa.
Es necesario que niñas y niños se sientan seguros y protegidos, para que puedan volver a su rutina, y es a través del apoyo psicológico y especializado del sector salud y la confianza que pueden generar sus maestras y maestros que ven a diario como lograrán retomar sus vidas y superar, conforme a su edad, la difícil situación que han pasado.
En estos momentos, la reconstrucción de nuestro país no pasa sólo por lo material, también pasa por lo psicológico y emocional, y nuestras niñas y niños no pueden quedar fuera de este proceso. Organizaciones civiles concuerdan con la necesidad de generar mecanismos para atender emocionalmente a niñas y niños tras los sismos, así como la urgencia de retomar la vida cotidiana en la escuela para poder superar el estrés postraumático.
Tras los recientes terremotos, es fundamental que se garantice el cumplimiento integral de su derecho a salud, educación y a un sano desarrollo integral. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos y establecer protocolos para atender las necesidades psicológicas de niñas, niños y adolescentes que fueron afectados en los recientes sismos ocurridos durante el pasado mes de septiembre.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en colaboración con la Secretaría de Salud, elaboren y difundan materiales para profesores que les permita apoyar a niñas y niños a superar su situación tras el desastre causado por los sismos.
Notas
1 Mensaje a la Nación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Presidencia de la República; publicado el 26 de septiembre de 2017; consultado el 20 de octubre de 2017; https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-a-la-nacion-128390?idi om=es
2 Artículo 1 Bis de la Ley General de Salud. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf
3 Párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Artículo 114 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
5 “Acompañemos en su regreso a clases a niñas y niños”; Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; publicado el 23 de septiembre de 2017; consultado el 20 de octubre de 2017; https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ayuda-a-ninas-y-ninos-a-vencer-el- miedo-por-sismos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a coordinar acciones en el ámbito de sus facultades para emitir la declaratoria de violencia de género en Oaxaca, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus facultades coordine acciones con el objeto de emitir la Declaratoria de Violencia de Género en el estado de Oaxaca.
Consideraciones
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan que en México cada día siete mujeres son asesinadas. Este dato demuestra que nuestro país es uno de los integrantes del G-20 en el que las mujeres son más vulnerables a la violencia de género después de países como la India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. Incluso, México en el año 2014, ocupó el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.).1
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su más reciente estudio señala que entre 2007 y 2016 fueron asesinadas alrededor de 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país. Lo que se traduce en que prácticamente cada cuatro horas ocurre la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Destacando como principales causas: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o bien, por impactos de bala.
De igual manera, el Inegi detalla que los ministerios públicos de las fiscalías y procuradurías estatales que iniciaron carpetas de investigación por homicidios violentos pasaron de mil 83 en 2007 a 2 mil 735 en 2016, cifra que representa un aumento de 152 por ciento.
Cabe señalar que el centro del país, integrado por la Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, son las entidades de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos. Cifra, que representa 35 por ciento de la incidencia nacional.
Este clima de violencia que vive el país no sólo ha generado señalamientos por parte de organismos internacionales, sino que casos particulares han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso, el tribunal interamericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estado mexicano2 .
El estado de Oaxaca no es ajeno a ese entorno e incluso recientemente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitir una declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres en dicha entidad.
En dicha solicitud igualmente se demanda que se elaboren reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres en el estado de Oaxaca, así como asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia que se derive de la alerta de violencia de género.
Cabe señalar que durante 2014 Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios, sólo detrás del estado de México y el Distrito Federal, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, quien también ha manifestado su preocupación toda vez que en Oaxaca 50 por ciento de los asesinatos contra mujeres fueron cometidos con arma de fuego, estadística que rebasa la media nacional que se ubicó en 16 por ciento del total de feminicidios entre 2011 y 20133 .
Este incremento en los feminicidios no ha cesado pues algunos análisis a nivel nacional señalan que el primer semestre de 2016 es en el que más asesinatos en todo el país se han cometido en los últimos seis años4 .
Cabe señalar, que la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres se encuentra regulada en los artículos 22 al 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Particularmente el artículo 22 define la Alerta de Violencia de Género de la siguiente manera:
“El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
El objetivo sustancial de la alerta de género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Sobre el particular, es importante mencionar que a la fecha suman 13 procedimientos en trámite de Alerta de Violencia de Genero: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz y Zacatecas. En siete estados ya existe la alerta: estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Michoacán.
El caso de Oaxaca es muy especial, y particularmente llama la atención la violencia que se ejerce contra mujeres que pertenecen a pueblos indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que viven en comunidades rurales, las indigentes, las que se hallan recluidas en cárceles, las niñas, las que tienen alguna discapacidad, las adultas mayores, las que se encuentran desplazadas, las repatriadas, las más pobres y se agrava con la feminización de la pobreza y la migración.
“La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas”5 .
En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo acude a la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia6 , para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de sus facultades, emita la declaratoria de violencia de género en el estado de Oaxaca.
Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. ...
II. ...
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Cabe hacer mención, que Acción Nacional, mediante el presente recurso legislativo, se suma a otras peticiones ya planteadas por distintos grupos parlamentarios en la presente LXIII Legislatura. Así como a las también presentadas en el honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Expuesto lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus facultades coordine acciones con el objeto de emitir la Declaratoria de Violencia de Género en el estado de Oaxaca.
Referencias
1 Feminicidio y Alerta de Genero. Ceameg
2 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.
http://www.dof.gob.mx
3 Miradas sobre la violencia femenicida y los feminicidios en Oaxaca durante el gobierno de Gabino Cue. http://consorciooaxaca.org.mx.
4 Ídem.
5 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018.-
http://www.dof.gob.mx
6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.-
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener, la CRE y la CFE a revisar la clasificación de las tarifas del servicio básico de electricidad en el sur de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El servicio público de electricidad en México tiene una historia cargada de contenido social. La Comisión Federal de Electricidad surgió en 1937, como resultado de fuertes movimientos sociales de usuarios y de trabajadores electricistas ante el poder de las empresas extranjeras, dominantes en aquellos años.
Simplemente el dato que nos da CFE de que sólo 38 por ciento de la población en el país tenía energía eléctrica en aquellos años es un reflejo de que la creación de la CFE respondió a una urgencia social de hacer llegar el servicio a la gran mayoría de la población.
La CFE tuvo que irse haciendo cargo crecientemente de construir plantas generadoras y de hacerle llegar el servicio a zonas que no les interesaban a las empresas extranjeras.
Para los años de la nacionalización, 1960, la CFE generaba ya la mitad de la energía eléctrica que se vendía en México, y el alcance del servicio hacia la población apenas llegaba a 44 por ciento. ¡En 23 años crecimos sólo en 6 por ciento de cobertura del servicio hacia la población!
La energía llegaba a los centros industriales y comerciales, pero la población padecía un importante rezago social.
2. A partir de 1960, la expansión de la industria eléctrica nacional fue exponencial y en tan sólo 10 años el país duplicó su capacidad de generación de electricidad. Se construyó un Sistema Nacional Interconectado que ha demostrado su pertinencia y eficiencia para dotar de estabilidad energética al país.
3. La industria eléctrica nacionalizada creció y se expandió conservando siempre un profundo contenido social. Es la dualidad de su importancia económica y social lo que ha ido marcando sus transformaciones en el correr de los tiempos.
4. Éste es el caso de la estructura tarifaria vigente, que básicamente sigue siendo la misma desde antes de la reforma de 2013, y que, en el caso de las domésticas, hoy llamadas “servicio básico” responde a una visión donde lo que las modela son los montos de consumo, que casi coinciden con los estratos socioeconómicos, ya que una vivienda de bajos consumos normalmente es una vivienda modesta. Veamos:
Los precios (en pesos) de la energía para la tarifa 1 o servicio básico son éstas:
Consumo básico: 0.813 por cada uno de los primeros 75 kWh.
Consumo intermedio: 0.984 por cada uno de los siguientes 65 kWh.
Consumo excedente: 2.880 por kWh adicional a los anteriores.
Consumo DAC: 3.858 por kWh consumido.
Cargo Fijo: 156.80
5. Sin embargo, el país tiene zonas muy calurosas, y muy húmedas muchas de ellas, que obligaron a hacer consideraciones de carácter social para generar una tarifa especial de verano, donde el subsidio al consumo de energía es todavía mayor que el de la tarifa 1. Así se crearon las tarifas 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, donde el kilowatt cobrado baja de precio y también el tope de consumo para acceder a la tarifa DAC, determinándose los siguientes límites al consumo, antes de acceder a la tarifa DAC:
1 500 kWh/bimestre
1A 600 kWh/bimestre
1B 800 kWh/bimestre
1C 1,700 kWh/bimestre
1D 2,000 kWh/bimestre
1E 4,000 kWh/bimestre
1F 5,000 kWh/bimestre
La realidad socioeconómica del país impone un sistema tarifario con importantes consideraciones sociales. De tal modo que la reforma de 2013 no consideró esta realidad como uno de los determinantes de la naturaleza de la industria eléctrica y se le impuso en la letra la obligación de generar ingresos a favor del Estado (artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad)
Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario...
La terca realidad nos ha venido obligando al Congreso a autorizar a la CFE un subsidio anual creciente, como la propia Comisión de Energía reconoce en un reciente dictamen relativo también a tarifas eléctricas:
E. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la Cámara de Diputados aprobó un subsidio a las tarifas eléctricas de 30 mil millones de pesos y en 2017 se aprobaron 43 mil 114 millones de pesos. En el proyecto de Presupuesto para 2018, el Poder Ejecutivo federal ha proyectado un subsidio de 50 mil 179 millones de pesos.
Esto llevó a que se tuvieran que tomar decisiones extraordinarias de apoyo a la CFE para que superara una condición de pérdidas crecientes, conforme lo señala el informe de labores de la CFE de 2016:
Costo neto de operación
El costo neto de operación se vio disminuido en 129 mil 345 millones de pesos en 2016 en relación con 2015; esto debido principalmente a la disminución del pasivo laboral de la CFE. Comparando los costos de 2015 con los observados en 2014, se observa un ligero incremento, del orden de 0.1 por ciento.
6. Por este escenario se justifica que desde la Cámara propongamos que el Ejecutivo revise tarifas específicas, ya que tendremos que discutir el nuevo subsidio a las tarifas básicas en el PEF 2018. Estoy proponiendo a esta Cámara que se revisen las tarifas de los municipios del sur de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que las tarifas autorizadas actualmente no reflejan la condición climatológica y de grado de humedad, lo que incide en incrementar los consumos de energía para mantener un mínimo confort en la vivienda de la gente.
7. Por ejemplo, la tarifa de verano IC se aplica sólo para Coatzacoalcos y para el resto de los municipios de la región, la tarifa IB que dispone de un subsidio menor de 350 kilovatios hora, cuando la normal climática disponible del Servicio Meteorológico Nacional, que es la de la región de Minatitlán, nos arroja los siguientes datos, donde desde el mes de abril hasta octubre la temperatura máxima rebasa 40º Celsius, y la promedio durante los mismos meses rebasa 34, cuando los límites mínimos de las tarifas de verano son éstas:
Tarifa 1B 28º C.
Tarifa 1C 30º C.
Tarifa 1D 31º C.
Tarifa 1E 32º C.
Tarifa 1F 33º C.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a revisar la clasificación de las tarifas del servicio básico de electricidad en los siguientes municipios del sur de Veracruz: Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Las Choapas, dadas sus condiciones climáticas extremas, a fin de reclasificar las tarifas para adecuarlas a la sensación térmica que promedia 36 grados Celsius.
San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a proporcionar el servicio eléctrico en las viviendas de Bacalar, Quintana Roo, y exentar del pago correspondiente a los habitantes, de escasos recursos, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a instalar el suministro eléctrico en las viviendas de pobladores del municipio de Bacalar, Quintana Roo, y exentar del pago correspondiente a las habitantes por tratarse de personas de muy escasos ingresos, con base en las siguientes
Consideraciones
Decenas de familias que viven a lo largo de la avenida que va a la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), en el municipio de dicho nombre, Quintana Roo, carecen de energía eléctrica en sus viviendas, las cuales fueron construidas en el marco de programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Los pobladores se dedican principalmente a labores del campo, por lo que obtienen escasos recursos. Sin embargo, en un esfuerzo extraordinario han logrado colocar los muretes con cableado frente a sus humildes viviendas con la finalidad de facilitar la introducción del suministro eléctrico.
Al solicitar el servicio ante la División de Distribución Peninsular, zona Chetumal, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo indicó a los vecinos que la única opción posible era que ellos pagaran la introducción de la energía a sus viviendas.
El presupuesto de la CFE de cargos por obras específicas ascendió a la cantidad de 276 mil 634.19 pesos, cifra elevada e impagable para las familias en comento. Además, resulta desproporcionada al considerarse que los pobladores son de escasos recursos y que ya cuentan con algunas instalaciones para la introducción de la energía.
En Asamblea de los Ciudadanos Campesinos del Municipio de Bacalar, celebrada el domingo 22 de octubre del presente, los pobladores denunciaron las adversidades que padecen debido a la falta de energía eléctrica en sus viviendas.
Indicaron que día a día sufren asaltos y robos en sus casas, debido a que los ladrones aprovechan la oscuridad para introducirse en las humildes viviendas y sustraer lo poco que tienen. Manifestaron que únicamente cuentan con lámparas de mano, que utilizan baterías que duran poco y cuestan mucho.
Durante las noches enfrentan peligros como picaduras de culebras, alacranes y avispas que se refugian en los rincones oscuros y amenazan la salud de sus hijos.
La falta de energía los condena a diversos atrasos sociales, ya que los niños no pueden realizar las tareas que sus profesores les encargan ni estudiar en cuanto anochece. Además, los jóvenes que estudian en la universidad se trasladan, algunos en bicicletas o a pie, en medio de la oscuridad, lo que los expone a la amenaza de la delincuencia.
Se trata de una comunidad prácticamente incomunicada, ya que debido a la falta de electricidad los pobladores no pueden cargar las pilas de sus teléfonos celulares, por lo que en caso de accidentes o enfermedades resulta imposible solicitar ayuda.
Los pobladores recordaron que en junio pasado acudieron a la presidencia municipal de Bacalar con el fin de solicitar el respaldo económico del municipio para cubrir el costo de la introducción de la energía eléctrica a sus casas. Solicitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
Es de resaltar que la cantidad solicitada por la CFE, de más de $276,000 pesos resulta exagerada e impagable para los habitantes de Bacalar, y que de ninguna forma se sustenta la petición de una cantidad tan grande de parte de la comisión, sobre todo porque ya existe parte de la infraestructura para el suministro.
El acceso a la energía eléctrica es indispensable para el desarrollo de comunidades, tanto en lo social como en lo educativo y en la salud.
Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a instalar el suministro eléctrico en las viviendas de pobladores del municipio de Bacalar, Quintana Roo, y exentar del pago correspondiente a las habitantes por tratarse de personas de muy escasos ingresos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la implantación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, la desaparición cometida por particulares y el sistema nacional de búsqueda de personas, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracciones I y IV; 77; 78; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 10 de octubre del presente año, esta honorable representación aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ordenamiento que se fue gestando a lo largo de tres años y que como resultado es la primera ley en esta materia, un norma que deberá estar aparejada de una serie de reformas que las legislaturas de los estados tendrán que realizar para su total aplicación.
La desaparición de personas, sea cual sea su causa, es una lesión, un daño permanente a la sociedad en general, pues la incertidumbre que genera en los familiares de las víctimas de este delito, es una herida que jamás sana, ya que siempre queda esa incapacidad de cerrar un duelo; pues pese a la búsqueda que de manera incansable hacen los familiares y amigos de las víctimas, con o sin el apoyo de la autoridad, deja siempre la interrogante si la persona desaparecida está o no viva.
Durante muchos años, han surgido numerosas organizaciones de la sociedad civil que dedican sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas, enfrentándose a múltiples dificultades como lo es la inexistencia de información que les ayude a encontrar información fidedigna que les permita dar con el paradero de su ser querido. Sin embargo, las autoridades nacionales e internacionales, de la mano con organizaciones no gubernamentales, han dado creación a herramientas que la ley que hoy nos ocupa podrá emplear para aumentar las posibilidades de encontrar personas desaparecidas, como lo es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas fallecidas no identificadas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, la Alerta Ámber, el Protocolo Homologado de Búsqueda y demás protocolos contemplados, así como los demás registros necesarios para su operación y funcionamiento.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, viene a dar respuesta y cumplimiento a una serie de señalamientos, recomendaciones y hasta exigencias, que tanto organismos internacionales, nacionales y la sociedad en general, justamente habían estado haciendo al gobierno mexicano; por lo que éste es sin duda un gran paso en el que debemos como legisladores prestar toda nuestra atención, pues nuestra calidad no sólo es de ser instrumento para la creación de la norma, sino de propios gestores para su debida implementación, por esta razón, es de vital importancia que enfoquemos nuestros esfuerzos en la implementación de la ley, la creación de la legislación secundaria y la armonización que con base en ésta deberán tener las entidades federativas.
Ahora bien, a manera de ejemplo quisiera enunciar una serie de aspectos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha identificado y señalado en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, publicado en abril de 2017, en el cual enumera las siguientes medidas que deben ser atendidas de manera integral:
1. Contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a partir de criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición, las investigaciones que se llevan a cabo y la manera en que reportan los casos;
2. La profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información, así como de aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local;
3. La expedición del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas;
4. La aplicación del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas que generen una reacción inmediata de las autoridades, para dar con el paradero de las personas;
5. Fortalecer y unificar el Registro Administrativo de Detención a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluya la información de las detenciones bajo las modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, arraigo, cateo y provisional con fines de extradición;
6. La necesidad de continuar con la búsqueda y registro de fosas clandestinas, y la identificación de los cadáveres;
7. La conformación de un adecuado Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;
8. La creación en el ámbito de las instancias de procuración de justicia, de grupos capacitados y especializados en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;
9. La creación de un Sistema Nacional de Información Genética que incluya material de este tipo y muestras biológicas de familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, y el análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes y clandestinas;
10. La expedición de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares. Esta ley debe elaborarse escuchando a las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como las de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia;
11. La tipificación del delito de desaparición por particulares y la regulación de la declaración de ausencia por desaparición;
12. La necesidad de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir peticiones individuales, y
13. Tener especial atención en los casos de desaparición de personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, tales como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, menores de edad, indígenas, defensores de los derechos humanos y periodistas.
En su informe de 683 páginas, menciona las recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de desaparición forzada de personas, por lo que tenemos el ineludible deber de atender no sólo con la creación de esta ley general, la cual es sólo uno de los aspectos a considerar en el referido Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que a partir de la creación de ésta, adquirimos el compromiso de darle cumplimiento y ejecución a la misma, responsabilidad que recaerá en los tres órdenes de gobierno, particularmente en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto federal como de las entidades federativas.
No obstante, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como se señala en el dictamen por el cual fue aprobada, le da cumplimiento a los puntos señalados en el informe anterior, así como a una serie de recomendaciones formuladas al Estado mexicano en la segunda Evaluación de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en octubre de 2013, recomendaciones aceptadas por nuestro país.
Derivado de lo anterior, es de vital importancia y urgencia, que esta Cámara cree un grupo de trabajo que participe en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que pueda coordinarse con las instancias que conformarán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para efecto de que la ley pueda ser implementada con eficacia en todo el país, así como se realice la armonización legislativa a la misma, tanto en el ámbito federal como estatal, pues no sólo se trata de recomendaciones que haya reconocido el Estado mexicano, sino de una deuda de carácter social y con un alto sentido humano, que nuestro país debe cumplir, pues la desaparición de personas, como ya lo hemos dicho, no sólo lastima a las víctimas y sus familias, sino que es una afrenta contra la sociedad misma, por lo que como gobierno debemos actuar con todo el rigor de la ley para tratar de darle certidumbre al destino de aquellas personas que se encuentran desaparecidas.
Por otra parte, es urgente que una vez conformado este grupo de trabajo, se aboque a formular un programa que permita llevar a cabo la implementación de la ley general que hoy nos ocupa, y que promueva el dialogo con legislaturas locales y autoridades de las entidades federativas para que se puedan realizar las adecuaciones a cada marco jurídico local y dotar de los elementos que permitan a adecuada implementación de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, instruye se conforme un grupo de trabajo de legisladores que dé seguimiento a la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CJF a garantizar la autonomía e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en el caso de Emilio Lozoya Austin, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Lorena del Carmen Alfaro García, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo a la siguiente:
Exposición de motivos
A. Antecedentes
En últimas fechas, México ha visto una serie de sucesos que se han conjugado en torno a hechos gravemente lesivos a los mexicanos.
En primer lugar, han saltado a la luz los excesos y abusos de Emilio Lozoya Austin cuando estuvo al frente de Pemex y que la Auditoría Superior de la Federación ha ido documentando.
En diciembre de 2016, y gracias a investigaciones realizadas por instancias extranjeras, también vimos los vergonzosos actos de corrupción en torno a los sobornos confesados por Odebrecht, a altos funcionarios mexicanos, resultando más tarde el nombre de Emilio Lozoya Austin, como el receptor de más de diez millones de dólares para la asignación de contratos.
En enero de este mismo año, derivado de la denuncia de Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial, se abrió una carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República al ex funcionario, quien es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito.
En agosto, derivado de una denuncia ciudadana y una del Partido de la Revolución Democrática, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se sumó a las investigaciones en contra del ex ex director de Pemex, por el posible delito de financiamiento ilícito a las campañas electorales en 2012, por la supuesta recepción de recursos de parte de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto.
El 9 de octubre, Emilio Lozoya interpuso una demanda de amparo ante el juzgado octavo de distrito en materia de amparo penal, alegando la omisión de la Fepade para tener acceso a la carpeta de investigación, así como para citarlo en su calidad de imputado.
El 11 de octubre se concedió la suspensión provisional y se citó para el 20 del mismo mes a la celebración de la audiencia incidental.
El pasado 16 de octubre se presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la renuncia como procurador general de justicia, de Raúl Cervantes Andrade, mejor conocido como el “Fiscal Carnal”, a quien de ninguna manera podríamos tener al frente de la Fiscalía General, dada su parcialidad y el evidente conflicto de intereses que tiene.
En su lugar quedó como procurador interino Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, despachando desde ese mismo momento.
El 18 de octubre, el fiscal especializado en Delitos Electorales, un importante diario de circulación nacional dio a conocer que el ex director de Pemex le habría hecho llegar una carta a Santiago Nieto Castillo, en la que le pedía declararlo inocente y ofrecerle una disculpa pública por vincularlo al caso Odebrecht.
El 20 del mismo mes, es decir, dos días después, el procurador interino de la PGR, Alberto Elías Beltrán, cesó del cargo al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, por “violar la secrecía de la investigación”.
Finalmente, otro punto importante, es que no hay noticias del resultado de la audiencia incidental en el proceso de amparo. Hasta donde se sabe, se le otorgó la suspensión definitiva.
B. Consideraciones
Los antecedentes antes relacionados son apenas una parte de la corrupción que tanto ha lastimado a México.
Se han visto casos diversos en los que intervienen las diferentes instancias involucradas y en un sinfín de pretextos o faltas procedimentales, se pierden para nunca llegar a sancionar a los culpables y restituir a los mexicanos.
Ante este caso tan vergonzoso para el pueblo mexicano, ante la cantidad de evidencias que se han ventilado, no podemos permitir un caso más de impunidad.
Cada uno de los órdenes de gobierno, cada poder del Estado mexicano, cada instancia pública de la nación, tiene el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la ley.
Tan grave ha sido el problema de la corrupción en México, que nos vimos obligados a crear un Sistema Nacional Anticorrupción, que dirija acciones para prevenir, combatir y sancionar los casos de corrupción.
Y no puede ser un tema de utopías y buenas intenciones.
Por lo menos, en este momento histórico, debe ser un indicio de lealtad a los mexicanos por lo que nos vemos obligados a cumplir a cabalidad con nuestras funciones.
Se requiere de valentía, sí, pero también de un profundo amor a esta nación, para hacer lo que es debido.
Sin entrar en defensa de nadie, ni en acusaciones infundadas, es necesario que los que en este momento son responsables de atender los temas que aquí nos ocupan, cumplan a cabalidad su función.
Justo ahora, en ejercicio legítimo de sus derechos, Lozoya Austin ha demandado la protección de la justicia federal, se está siguiendo un procedimiento ante el Poder Judicial de la Federación que, confiamos será resuelto perfectamente ajustado a la legalidad y en favor de la justicia.
Que nadie sucumbirá a las presiones, que todo el aparato judicial se volcará a cuidar que el proceso sea resuelto conforme a la ley, sin descuidos, sin tropiezos, sin miedos.
Que no puede topar, como muchos otros asuntos, en un tema político.
Los mexicanos exigen que con este caso se siente el precedente de un combate frontal a la impunidad y a la corrupción; de que ya no más como tantas veces, quede en “investigaciones o carpetas mal integradas” o en “procesos defectuosos”, para no resolver el fondo del asunto, tal vez por presiones, tal vez por amenazas, tal vez por desconocimiento, ya no más.
Sin ser parciales, reconocemos el valor de Nieto Castillo al hacer pública la presión de que fue objeto.
Si bien el procurador interino argumenta una falta al código de conducta de la PGR por parte de Nieto Castillo, código que, por cierto, nadie conoce, cabría preguntarse si acaso era esa la única sanción aplicable, y por qué no se ha aplicado a otros funcionarios de la PGR que han incurrido en faltas aún más graves.
Es así que instamos mediante este exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para que en cumplimiento de su objetivo, que es preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura federal, emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices y políticas en materia de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, a vigilar de manera especial este proceso, dada su complejidad, antecedentes y acusaciones, para que se resuelva sin menoscabo de la función judicial y sin perjuicio de los mexicanos.
En ese tenor, que tome las medidas pertinentes para evitar presiones y amenazas a su personal, así como para prevenir cualquier conflicto de interés en los jueces y magistrados que conozcan del caso, además de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a esta soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para que en ejercicio de sus atribuciones, emita las disposiciones pertinentes y realice las acciones necesarias para garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en el caso de Emilio Lozoya Austin.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe detalladamente a esta soberanía el fundamento legal y las causas por las que cesó de sus funciones al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo.
Palacio de San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención, el rescate, la preservación, la conservación, la protección y la restauración de la barranca de Tarango, en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Aproximadamente 60 por ciento del agua que consume la Ciudad de México proviene de su acuífero subterráneo. Las Barrancas del Poniente, integrada por las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, generan valiosos servicios ambientales para la población, como son la recarga de mantos acuíferos, la regulación del balance hídrico, la captura de carbono, la retención de partículas contaminantes, amortiguador de ruido, la regulación del microclima, el control de la erosión y refugio de flora y fauna1 .
El artículo 5o. de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, establece el concepto de Barrancas, el cual se define como la “depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”2 .
La capacidad de infiltración de estas zonas es particularmente importante ya que su sustrato es de origen volcánico y está conformado por rocas permeables y fracturadas que cuando existe la adecuada cobertura vegetal retienen e infiltran como esponja una gran cantidad de líquido3 .
Diversos expertos, autoridades, académicos y organizaciones civiles coinciden en que las barrancas del poniente del Valle de México constituyen un importante recurso ambiental ya que es en donde se capta el agua de lluvia que es filtrada al subsuelo de la ciudad. Por este motivo resulta crucial mantener vigente su capacidad de captación de agua de lluvia e incluso potencializarla. Esta meta es impostergable y no podría alcanzarse y sostenerse en el tiempo sin una intervención eficaz, comprometida y medible.
La Barranca de Tarango, ubicada en la delegación Álvaro Obregón, fue declarada el 22 de julio de 2009 como área de valor ambiental con la categoría de “barranca” y cuenta con una extensión de 2,671.893.18 metros cuadrados, es la última barranca del poniente del Valle de México que se encuentra libre de urbanización en casi toda su extensión. El área de valor ambiental Barranca de Tarango colinda al norte con las colonias El Rincón, Tlacuiltlapa, Puerta Grande, Colinas de Tarango y Lomas de Tarango; al sur con las colonias Lomas de las Águilas, San Clemente y Ampliación Águilas; al este con la colonia Las Águilas y al oeste con las colonias Lomas de Axomiatla y Bosques de Tarango4.
En esta área de valor ambiental se encuentran diversas especies vegetales, como por ejemplo: siete especies de encino, capulín, tejocote, fresno, madroño, dalia, agave, huizaches, mezquites, bromelias, helechos y orquídeas. Las características de la zona permiten el establecimiento de 45 especies de animales, en especial aves migratorias5 .
Un área de valor ambiental son “las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”6 .
El 10 de septiembre de 2010, se expidió el Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango, con el objetivo general de vencer los problemas que enfrenta el ecosistema de bosque nativo, principalmente de encino y fresno en barranca, que era el ecosistema originario de la barranca, para así aumentar la infiltración de agua al acuífero subterráneo y garantizar la preservación de los beneficios ambientales que ofrece esta barranca a los habitantes que la rodean y a la ciudad. Lo anterior a través de acciones orientadas a un manejo planificado, programable e integral del área, así como regulando las actividades que se desarrollen en ella7 .
Algunas de las principales problemáticas que afecta a las barrancas y a sus servicios ambientales son:
• Pérdida de cobertura vegetal.
• Cambio de uso de suelo.
• Presencia de asentamientos humanos.
• Depósito de residuos sólidos (de la construcción y domiciliarios).
• Descarga de aguas residuales.
• Deforestación.
• Incendios.
• Extracción de suelo.
El constante crecimiento poblacional y la demanda de vivienda en la Ciudad de México, ha traído grandes problemas a causa de una inadecuada planeación en cuanto al desarrollo urbano. El desenfrenado auge de las empresas constructoras ha orillado al desarrollo de complejos habitacionales en zonas en donde el uso de suelo no se los permite, ocasionando poner en riego el medio ambiente, su flora y fauna sin que se pueda detener esta práctica.
El pasado 30 de junio, las autoridades capitalinas publicaron en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se autoriza la participación de la administración pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación por Cooperación de la zona que se indica y se dan a conocer los Lineamientos Generales para el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, que a la letra dice:
“Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el ejercicio de sus atribuciones ubicó un área conformada por aproximadamente 268.81 hectáreas (has) en la delegación Álvaro Obregón, la cual representa un espacio idóneo para un desarrollo urbano ambientalmente responsable, el cual incluirá un parque público de 27 has y que por sus características geográficas permite la infiltración de agua y recarga de los mantos acuíferos, ofreciendo además la oportunidad de aprovechar bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México para dichos fines y evitar el riesgo de asentamientos irregulares. Que los sistemas de actuación tienen por objeto articular las acciones de los sectores público, social y privado para la realización de proyectos urbanos, así como de infraestructura, equipamiento, prestación de servicios públicos, recreativos, turísticos, obras y de vivienda, los cuales pueden ser privados, sociales o por cooperación, susceptibles de llevarse a cabo en un ámbito de aplicación o en un polígono de actuación.”8 .
Esta modificación permite la edificación en un área de valor ambiental, dejando de lado el alto impacto que tendrá una de las zonas de recarga de mantos freáticos más importantes de la Ciudad de México, así como la diversa flora y fauna existente en la zona.
Es claro que existe una contradicción entre el Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango y el acuerdo por el que se autoriza la participación de la administración pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación por Cooperación, por lo que se debe de revisar a fondo el acuerdo en cuanto a su legalidad y viabilidad.
Las autoridades no han sido precisas de dónde se aplicará este Sistema de Actuación por Cooperación, ya que en el acuerdo no se indica, lo que genera opacidad.
Es necesario aclarar los objetivos y alcances del Sistema de Actuación y Cooperación, con el fin de asegurar que no contravenga a los intereses de los ciudadanos y a la sustentabilidad de la ciudad, procurando siempre la conservación y regeneración de la Barranca de Tarango.
Por lo anterior, es fundamental que se consideren las políticas públicas necesarias para la protección, conservación y restauración de las Barrancas.
Las y los habitantes de la Ciudad de México merecemos políticas públicas eficaces y eficientes para el beneficio de las presentes y futuras generaciones, que tengan como fundamento la sostenibilidad y la transparencia.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que bajo el principio de máxima publicidad, haga pública la información técnica y jurídica concerniente al Acuerdo por el que se autoriza la participación de la Administración Pública de la Ciudad de México en el Sistema de Actuación por Cooperación en la zona de la Barranca de Tarango, con la finalidad de que la ciudadanía tenga conocimiento y claridad de las repercusiones ecológicas y urbanísticas que se generarán como consecuencia de dicho acuerdo.
Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que implemente políticas públicas con el objeto de prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango.
Notas
1 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/barrancas
2 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7845786f92c3b622b145b6ff08beaf41.pdf
3 Ídem
4http://centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF _10_09_2010.pdf?b=ce
5 http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/
numeros-anteriores/17-recuadros/274-barranca-de-tarango
6 Ley Ambiental del Distrito Federal.
7http://centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF _10_09_2010.pdf?b=ce
8 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/933a92176 db8eae5a123f3bcb828c826.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la actualización de censos para reconstruir viviendas y entregar apoyos para Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la actualización de censos para la reconstrucción de viviendas y la entrega de apoyos para el municipio de Juchitán de Zaragoza del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las afectaciones por los sismos de 7 y 19 de septiembre dañaron más de 63 mil viviendas en el estado de Oaxaca. De acuerdo con un comunicado publicado el 13 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio a conocer ciertos pormenores del número de viviendas con afectaciones en los estados impactados por los sismos:
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presentó el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas”, sobre las acciones que se realizan en los estados de Chiapas y Oaxaca, a consecuencia de los sismos de septiembre pasado.
De acuerdo con el censo realizado en el estado de Chiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales, mientras que en Oaxaca sumaron 63 mil 335 casas con algún nivel de afectación, dando como resultado un total de 121 mil 701 viviendas que resultaron afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado.
La Sedatu puso a disposición del público cifras estadísticas de estas dos entidades, desglosadas por municipios, así como información de interés como un apartado de Fuerza México, que es un conjunto de iniciativas para la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivadas del impacto de fenómenos naturales.
Esta plataforma es un ejercicio de rendición de cuentas para dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los daños.
El portal http://transparencia.sedatu.gob.mx actualizará la información de manera constante e incorporará materiales adicionales de los censos conforme estos estén concluidos.
La misma Secretaría hizo énfasis en la “gran tradición” de reconstrucción que el estado de Oaxaca ha demostrado, la cual, después de los sismos, “contará con la asistencia técnica de autoridades y empresas sociales, lo que permitirá contar con viviendas mucho mejor edificadas”. Lo anterior fue informado en un comunicado publicado el 10 de octubre de 2017:
La reconstrucción, a partir de una estrategia de autoconstrucción con asistencia técnica de autoridades y empresas sociales, es fundamental para contar con viviendas que mantengan la imagen urbana conforme a sus tradicionales, pero con la ventaja de que ahora estarán mejor edificadas.
En México, siete de cada 10 viviendas han sido construidas por la misma población; por ello, la importancia de la autoconstrucción asistida propuesto por el gobierno de la república en los estados afectados por los sismos de septiembre pasado, sobre todo en Oaxaca y Chiapas donde está arraigada esta tradición, afirmó la especialista en producción social de vivienda, Elena Solís.
“Es muy interesante este proyecto que se propone porque se enfatiza el trabajo conjunto, la costumbre y la forma en que la gente ha desarrollado por muchos años su vivienda, así como la asesoría técnica que ayudará a que las construcciones sean mejores”, afirmó.
Elena Solís explicó que en este proceso es fundamental la participación ciudadana, porque precisamente serán los mismos habitantes quienes decidan el diseño de sus viviendas, lo que permitirá respetar sus tradiciones.
“Solamente se van a ejecutar los proyectos que cada quien haya aprobado y esto es muy importante porque se ofrecen soluciones de acuerdo con lo que cada familia necesita”, señaló.
Resaltó la cultura de organización y la costumbre del “Tequio” o ayuda mutua que tienen los oaxaqueños que es reconocida históricamente a nivel mundial.
“En estos momentos el apoyo familiar es muy importante y como sociedad en Oaxaca se tiene una gran costumbre que se denomina “Tequio” o “la mano vuelta”, que está basada en que las familias se organizan para ayudar a otras para construir su vivienda, y entre todos compran desde comida hasta materiales, y una vez terminada la tarea se organizan para comenzar otra obra”, comentó.
Elena Solís detalló cómo se realizará el acompañamiento por parte de las empresas sociales para iniciar la reconstrucción de viviendas en los municipios afectados por el sismo.
“Cada una de las organizaciones están debidamente acreditadas y cuentan con equipos completos de arquitectos, ingenieros y expertos que apoyarán en el acompañamiento personalizado desde los levantamientos técnicos, el presupuesto para gasto de materiales y mano de obra, un desglose de materiales, la administración del presupuesto y visitas en el proceso de construcción”, puntualizó.
No obstante lo anterior, y aun conociéndose estas declaraciones que derivan hacia la optimista respuesta para la reconstrucción, la realidad parece ser otra. De acuerdo con algunas versiones ampliamente difundidas en medios de comunicación, tras los sismos que afectaron gravemente al estado de Oaxaca, no existe reconstrucción efectiva de comunidades que, si bien han tenido ayuda inmediata a través de insumos y víveres, no han desarrollado el plan a través de la ayuda que provenga de las autoridades estatales y federales competentes.
En comunidades del municipio de Juchitán, los pobladores han acusado de la realización de “censos selectivos” debido a las divisiones comunitarias y por determinación de autoridades distintas a las filiaciones partidistas de la población. De acuerdo con esas informaciones, el abandono de ciertas poblaciones es tal que los gobiernos del nivel federal y estatal “realizaron un censo tras el sismo del 7 de septiembre, y nadie ha vuelto al poblado para revisar las casas dañadas con el terremoto del día 19”.i De acuerdo con el último censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fueron 14 mil 918 viviendas las afectadas después del sismo de inicios de septiembre.
A mayor abundamiento, “En Álvaro Obregón también hay un cabildo comunitario que gobierna al pueblo, hecho que ha significado que el gobierno municipal encabezado por Gloria Sánchez del PAN-PRD, les dé la espalda.
“Muchas casas se vinieron abajo, pero a la mayoría de la gente le negaron el folio Aquí hay como 3 mil casas dañadas, y sólo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal nos da la espalda, no nos apoya”, explicó José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario.
Figueroa dijo que los que sí recibieron apoyos fueron quienes apoyan al gobierno municipal de Juchitán.
En 2012, los habitantes de Álvaro Obregón expulsaron a los funcionarios cuando se enteraron que permitieron el cambio de uso de suelo en una parte de tierra que una empresa privada usaría para instalar 132 aerogeneradores. Luego, en 2014, instalaron en asamblea popular una policía comunitaria, un consejo de ancianos, y un cabildo comunitario... la comunidad está dividida, el gobierno municipal de Juchitán no reconoce al cabildo comunitario e “instalaron una nueva oficina en lo que era el local de la COCEI”, un grupo agrario creado por el PRD, y ahora con el sismo, los apoyos para la reconstrucción solo se están entregando a quienes están con ellos y a “todos los que están con el cabildo comunitario les dijeron que su casa no tenía nada”. Luego del sismo del 7 de septiembre, las autoridades federales y estatales hicieron el censo para evaluar los daños, pero desde entonces, nadie volvió a la comunidad.ii
La reconstrucción de Oaxaca no debe tener dilación alguna. Si bien la autoridad responsable de estas acciones ha hecho mención de que en el estado se aceleran las obras necesarias a través de empresas sociales, en esas comunidades las rencillas y divisiones políticas apuntan hacia una dilación en la entrega de recursos.
En este sentido, se considera oportuno el exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su competencia, realice la actualización de los censos de vivienda en el municipio de Juchitán tras los sismos del 7 y 19 de septiembre para entregar los apoyos necesarios y, por el otro lado, se considera oportuno el exhorto a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las investigaciones en el municipio de Juchitán de Zaragoza que permitan deslindar las responsabilidades sobre el presunto desvío y retención de recursos del plan de reconstrucción federal con recursos del Fondo de Desastres tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su competencia, realice la actualización de los censos para la reconstrucción de vivienda en el municipio del Juchitán de Zaragoza del estado de Oaxaca por los daños causados debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Segundo. Se exhorta al fiscal general del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias que permitan deslindar las responsabilidades sobre el presunto desvío y retención de recursos del plan de reconstrucción de vivienda en el municipio de Juchitán de Zaragoza por los daños causados debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Notas
i “Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción”, 20 de octubre de 2017 en:
http://www.animalpolitico.com/2017/10/comunidad-oaxaca-a poyos-reconstruccion/
ii “Comunidad de Oaxaca no recibe apoyos para reconstrucción por expulsar al gobierno corrupto, 20 de octubre de 2017 en:
https://regeneracion.mx/comunidad-de-oaxaca-no-recibe-ap oyos-para-reconstruccion-por-expulsar-al-gobierno-corrupto/
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre 2017.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia institucional contra Dafne Mcpherson Veloz y se exhorta a instituciones de Querétaro a proceder penalmente contra quien resulte responsable por impedir su asistencia médica, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. Mientras laboraba, el 17 de febrero de 2015, la joven Dafne McPherson Veloz, tuvo un parto fortuito en un sanitario de una sucursal de la cadena de almacenes Liverpool, en San Juan del Río, Querétaro.1 Ella afirma que no sabía que estaba embarazada cuando ocurrió esto; meses antes acudió a los servicios médicos de la empresa y del Instituto Mexicano del Seguro Social y en ningún momento se le diagnosticó en ese sentido. Adicionalmente, padece hipotiroidismo, condición clínica que puede contribuir a ocultar cualquier señal fisiológica del embarazo debido a que, entre otras afecciones, puede ocasionar ciclos menstruales irregulares y aumento de peso.
Segunda. Al tratarse de un parto fortuito,2 Dafne McPherson estuvo imposibilitada de buscar asistencia médica por cuenta propia; comenzó a desangrarse y en varias ocasiones perdió el conocimiento. Además, no contó con la debida atención clínica al momento del parto porque el personal del almacén Liverpool no permitió el ingreso de los servicios de emergencias locales.3 Los partes médicos del caso señalan como hora estimada del parto las 17:30 horas de ese día; a las 18:10 horas el personal de protección civil recibió el reporte del parto y su personal llegó al establecimiento 8 minutos más tarde. Sin embargo, la empresa impidió el ingreso a los paramédicos y sólo hasta las 19:40 horas –una hora y treinta minutos después del reporte de auxilio– Dafne McPherson ingresó a un hospital. Desafortunadamente, para este momento su hijo ya había fallecido. Por impedir el ingreso a los servicios de emergencia la empresa sólo fue acreedora a una multa por treinta mil pesos al tratarse de una falta administrativa.
Tercera. Dafne McPherson no supo de su embarazo, tuvo un parto fortuito y no pudo recibir atención médica oportuna porque la empresa para la cual trabajaba lo impidió. Sin importar lo anterior, el Ministerio Público de Querétaro la imputó por el delito de homicidio calificado y logró que se la sentenciara a 16 años de prisión. Además, el fiscal del caso, Gustavo Dolores Acosta, hizo comentarios misóginos y denigrantes en la audiencia de cierre que evidencian los prejuicios y estereotipos machistas bajo los cuales se acusó a Dafne McPherson.3 Ante esto, su defensa promovió el amparo directo 183/2017, que el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro revisa todavía, porque determinó aplazar la resolución prevista para el 19 de octubre de este año.
Cuarta. Dafne McPherson es víctima de las acciones negligentes del personal de la empresa para la cual trabajaba y fue revictimizada al acusársele de un homicidio que no cometió. La violencia institucional que ella sufre es una injusticia inaceptable para un país que busca erradicar todas las formas de violencia de género. Este caso evidencia no sólo la insensibilidad de los ministerios públicos para investigar casos desde una perspectiva de género, sino que también devela que llevan a cabo sus funciones con prejuicios misóginos, lo que viola los derechos humanos de las personas acusadas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados condena la violencia institucional y de género que ha padecido Dafne McPherson Veloz desde que tuvo un parto fortuito el 17 de febrero de 2015.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro conceder el amparo directo 183/2017 a Dafne McPherson Veloz.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a cumplir su encargo respetando los derechos humanos y atendiendo en sus investigaciones a las premisas de la perspectiva de género.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a investigar al personal de la empresa Liverpool que impidió a Dafne McPherson Veloz y su hijo recibir asistencia médica oportuna y, en su caso, proceder penalmente contra los responsables de esto.
Notas
1 Véanse principalmente: Carlos Vargas Sepúlveda, “Dafne perdió a su hijo en el baño de su trabajo, una Liverpool; le dan 16 años. “Libérenla”: familia”, Sinembargo ,
http://www.sinembargo.mx/17-10-2017/3331462, consultado el 22 de octubre de 2017; Eréndira Aquino, “Dafne, 2 años presa por parto accidental; Fiscalía de Querétaro la acusa de matar a su bebé”, http://www.animalpolitico.com/2017/10/dafne-presa-parto-accidental-acus an-mato-bebe/, consultado el 21 de octubre de 2017.
2 En la Revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se ha definido el parto fortuito como el nacimiento que ocurre “fuera de las instalaciones médicas destinadas a la atención obstétrica.” Sin embargo, la ambigüedad del concepto ha llevado a diferenciar entre los que ocurren en el hogar intencionalmente y los que no lo son. En el caso de Dafne McPherson se trata de un “parto accidental no hospitalario” y así debe entenderse el uso del concepto “parto fortuito” a lo largo de todo este documento. Tanto para esto cuanto las condiciones y posibles consecuencias de estos fenómenos véase Luis Alberto Villanueva Egal, et al. “Parto fortuito: definiciones, características y resultados. Elementos para su análisis en México”, Revista Conamed, vol. 19, núm. 2, disponible en: http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/a rticle/view/6/69
3 Mariana Chávez, “Niega Liverpool de Querétaro acceso a Protección Civil en una emergencia”, La Jornada , 19 de febrero de 2015, p. 33.
4 Excélsior , “Sancionan a fiscal que comparó a Dafne con una perra”, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/21/1196171 -consultado el 22 de octubre de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMPI a iniciar el trámite de certificación y protección de la denominación de origen del nopal, suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Héctor Javier García Chávez, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentarios de Morena, con fundamento en lo dispuesto, en lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo en base de las siguientes
Consideraciones
El Nopal (Opuntia) es un género de plantas de la familia de las cactáceas que consta de aproximadamente 300 especias oriundas del continente americano donde crecen de forma silvestre; sin embargo, solo alrededor de diez especies son utilizadas por el hombre, la más ampliamente cultivada es la Opuntia Ficus.
En México existen 93 especies de Opuntia silvestres, de las que 62 son endémicas, una cantidad que hace suponer que este territorio es el centro de origen de la especie.
El nopal que se consume en nuestro país viene siendo la parte de la planta denominada cladodios, que son carnosos y aplanados y a los cuales se les quitan las espinas y su fruto llamado tuna, también es comestible.
Este cultivo es resistente a las altas temperaturas y a periodos prolongados de sequía, por lo que se encuentran principalmente en las zonas áridas y semiáridas, aunque hoy en día se les puede encontrar en todos los continentes, en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o cultivada.
Es una planta arborescente que alcanza hasta cinco metros de altura. Sus flores son grandes y abiertas, sus colores varían dependiendo de su especie y de la época de su formación pudiendo ser blancas, amarillas, naranjas, rojas o púrpuras.
Fue un alimento importante para diversas culturas mesoamericanas y particularmente para México pues constituye una planta legendaria al ser el ícono de la fundación de México-Tenochtitlán quedando plasmado en el escudo nacional.
Mitología y simbolismo :
Según los mitos mexicas, el primer nopal nació del corazón de Copil, el hijo de Malinalxóchitl, quien, al tratar de vengarse de su tío Huitzilopochtli por dejar sola a su madre, fue mandado a matar por éste. Según cuenta la leyenda, Huitzilopochtili mandó sacarle el corazón a Copil, y que luego fuera enterrado en unos peñascos. Al día siguiente apareció el primer nopal: con espinas de valiente guerrero y flores de un hijo que defiende a su madre.
Lo que, sí es totalmente notable es que el nopal en México, tiene un especial significado por el papel simbólico del asentamiento de los aztecas en el lago de Texcoco, dando lugar a su imperio Tenochtitlan (te, piedra y nochtli, nopal).
Sin duda el del águila sobre un nopal como señal de encuentro del paraje prometido para levantar la ciudad de los mexicas es el mito más conocido de la época prehispánica. En favor de ello influyeron hechos como la pronta recuperación, en los primeros años de la Colonia, de la imagen del águila sobre el nopal como medio de identificación de la ciudad de México, la más importante de la Nueva España.
La utilización de la imagen del águila sobre el nopal en las insignias de los insurgentes, y su posterior adopción por el gobierno mexicano como escudo nacional, confirmaron la preeminencia del mito fundacional de los mexicas entre los mexicanos y tejieron alrededor del nopal una noción de identidad, una idea de esa planta como sostén de nuestra nacionalidad.1
Los médicos de la época prehispánica2 tenían claras algunas de las propiedades curativas del nopal, lo utilizaban para el tratamiento de padecimientos de la piel, así como para curar golpes, contusiones y quemaduras. También servía como antinflamatorio.
Los aztecas lo usaban para muchos usos medicinales: para las fiebres bebían el jugo, el mucílago o baba del nopal la utilizaron para curar labios partidos, la pulpa curaba la diarrea, las espinas para la limpieza de infecciones, la fruta era usada para el exceso de bilis, empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar inflamaciones y la raíz para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y erisipela.
En el siglo XVI, el Códice Florentino relataba del nopal: “sirve para las mujeres que no pueden parir”. Poco después, en el mismo siglo, Francisco Hernández señala: extingue de modo notable las fiebres ardientes, apaga la sed y humedece las entrañas secas; durante los siglos XVII y XVIII, cuando los franciscanos establecieron misiones en Baja California y zonas adyacentes, iniciaron la siembre de algunos nopales que entonces eran cultivados en el centro de México. Encontraron que estas cactáceas les eran útiles por sus frutos y por ser fuente importante de un material mucilaginoso que servía de ligamento a los adobes en la construcción de las misiones.
Propiedades del Nopal:
Queda claro que el nopal es parte fundamental de la cultura y de la alimentación del mexicano, éste ha salvado a diversas partes del país del hambre y de la falta de alimentos. México es afortunado por el espacio que ha podido destinar a los plantíos y por la alta producción de esta verdura. Cerca de 40% de las especies del continente crecen en nuestro suelo, aseguró Salvador Arias Montes responsable de la colección de cactáceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.
Octavio Paredes es de los principales científicos de América Latina que han realizado estudios de las cactáceas; Paredes señala que el nopal es rico en fibra, vitaminas y minerales: una taza de nopales crudos (alrededor de 86 gramos) contiene 2.9 hidratos de carbono, 1.1 de proteína y sólo 14 kilocalorías. Agregó que contiene vitamina A, C y complejo B, además de minerales, como calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro; también posee fibras de lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina y mucílagos, que junto con los aminoácidos ayudan a eliminar las toxinas ambientales que afectan el sistema inmunológico del cuerpo.
Conviene subrayar que el jefe del laboratorio de biotecnología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Irapuato indicó que el consumo frecuente del nopal ayuda a una adecuada digestión, combate ciertos tipos de cáncer, contribuye a sanar la piel de diversas heridas, elimina el colesterol acumulado en venas y arterias y regula los niveles de azúcar en la sangre.
México es el país con mayor diversidad y producción de nopales en el mundo. Hasta el momento se conocen cerca de 300 especies de nopal. En México hay más de 100 del género opuntia; por tanto, podría ser el centro de origen por las grandes cantidades que habitan las zonas semiáridas. México tiene la mayor producción de nopal verdura en el mundo. Produce 600 mil toneladas al año; la capital es líder tan sólo con la aportación de 280 mil de la delegación Milpa Alta.
Por otro lado, el nopal verdura es el principal cultivo de la Ciudad de México. Su producción ocupa un área aproximada de cuatro mil hectáreas, produce de 60 a 70 toneladas; en 2011 se tenían registrados cinco mil productores. Mientras que, Estados Unidos exporta nopal por la alta demanda que ejercen los mexicanos emigrados.
Problemática que atiende este punto de acuerdo:
El 12 de octubre de 2017 varios medios de comunicación publicaron la alerta que lanzó la Confederación Nacional Campesina CNC, sobre la posibilidad de que China pueda patentar la planta del nopal, una de las más representativas e icónicas de México y que ahora se encuentra en riesgo de ser patentada por extranjeros ante su descuido y sobreexplotación. Tanto la CNC como la Unión Nacional de Productores de Maguey y Nopal UNPMN, señalaron la necesidad de proteger legalmente esta planta ante la amenaza de que países como China, la patente con el fin de cobrar regalías a las naciones consumidoras, entre ellas, México.3
El presidente de la UNPMN, Ciro Ríos Lara, explicó que para rescatar del abandono a estas plantas mexicanas la CNC tiene un acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional IPN para favorecer múltiples vías de cultivo comercial en el país con fines de producción industrial.
En un Foro realizado el 12 de octubre de 2017 en la Universidad Autónoma de Chapingo UACH, varios académicos de esta institución hicieron un llamado al gobierno federal para garantizar la denominación de origen del nopal.4
Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicio y Extensión Universitaria de la UACH, subrayó que el gobierno tiene la obligación de hacer este trabajo: la certificación y denominación de origen del nopal, pues esto debe de ser urgente.
Arturo Tonathiu Arenas de la Asociación de Productores de Cactáceas y Suculentas denunció un saqueo histórico de estas plantas por parte de coreanos, chinos y tailandeses que se registra desde 1982, cuando japoneses se llevaron cerca de 500 toneladas de cactáceas con ruta Colima-Japón. Sostuvo que ahora saquean también las semillas de estas plantas, obviamente en complicidad con contactos mexicanos que conocen las especies y el lugar en donde se encuentran para extraerlas.
En México el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI,5 es el único organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente de los trámites que gestiona.
En su página de internet, el IMPI establece como su principal misión, estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
Dentro de los elementos que forman la Propiedad Industrial, existen otros signos distintivos conocidos como “denominaciones de origen, las cuales están constituidas por los nombres geográficos de un país, región o lugar concreto y que se han convertido en designación de un producto originario de esa región geográfica, cuyas características y cualidades especiales respecto de otros productos de su misma especie, se deben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográfico, con inclusión de factores naturales y humanos. Por consiguiente, estos signos distintivos son también indicaciones de procedencia de estos productos.
La Ley de la Propiedad Industrial define el concepto de la Denominación de Origen conforme a lo siguiente:
“Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país, que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos”.
Protección de la denominación de origen
La protección de una denominación de origen se inicia por medio de la declaración que para este efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conteniéndose en esta declaración los elementos y condiciones que la constituyen y motivan. Asimismo, el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen protegida de conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial y corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con las facultades que le confiere la Ley de la Materia, autorizar el uso de las denominaciones de origen protegidas.
Declaratoria de protección, procedimiento:
La declaratoria de protección de una denominación de origen se hará de oficio; es decir, por iniciativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o a petición de quien acredite tener interés jurídico que para este efecto se entiende que pueden ser personas físicas o morales que se dediquen directamente a la producción o elaboración del producto o productos que se pretenden proteger con la denominación de origen; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.
Protección internacional
La protección de las denominaciones de origen en el marco jurídico internacional se encuentra prevista en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del cual México forma parte, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964.
La Ley de la Propiedad Industrial establece que las denominaciones de origen, protegidas podrán obtener su reconocimiento en el extranjero (dentro de los países miembros del Arreglo de Lisboa), mediante el trámite de registro que será realizado por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, a petición de las Administraciones de los Países de la Unión.
Es por esto que solicitamos que se conserve el nopal, como producto alimentario básico, que aparte de ser parte de nuestra identidad de ser mexicano, que como podemos ver desde tiempos remotos hasta el día de hoy, ha sido utilizado por sus propiedades como planta benéfica para el tratamiento de ciertas enfermedades. Aludiendo a los artículos relacionados con otros países que lo quieren patentar, es una necesidad urgente la protección por su denominación de origen, ya que el IMPI tiene las suficientes bases para buscar este tipo de protección y certificación.
Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que inicie de oficio la solicitud de trámite de la denominación de origen del nopal, para su reconocimiento y protección
Notas
1 Tomado de Enrique Vela, Arqueología Mexicana, Especial 62, El nopal en México. Catálogo visual. http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/mitologia-y-simbolismo-del -nopal
2 http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo
3 http://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-10-12-18-08/la-cnc-alerto- que-china-podria-patentar-la-planta—de-nopal-y-maguey/
4 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/sociedad/038n1soc
5 https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-im pi-marcas-denominaciones-de-origen
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a la falta de insumos en el hospital general de Saltillo, Coahuila, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Hospital General de Saltillo, Coahuila, enfrenta una crisis para atender a pacientes que requieren cirugía. Ante esto, el encargado del departamento de anestesiología, el jefe de cirugía y el jefe de ginecología (Ricardo Alfredo Ortiz González, Jesús Nuncio Barsenas y Allan Alatorre Ordaz, respectivamente) enviaron una carta a Jorge Bill Soto Almaguer, director del Hospital. En ella se le sugiere diferir las cirugías programadas y las de urgencia o, dado el caso, referirlas a otras instituciones puesto que no se cuenta con material de curación, suturas, medicamento controlado, lámparas quirúrgicas aéreas ni electrocauterios, así como por el mal estado de las mesas quirúrgicas. Los tres profesionales de la salud advirtieron también que de no realizar la mencionada referencia, los pacientes ingresarían a quirófano con el riesgo que ello conlleva.
El gobernador del estado, Rubén Moreira, responsabilizó por la sobrecarga de pacientes a habitantes de entidades colindantes que llegan a Coahuila para atender sus enfermedades y tuvo que reconocer que el sistema de salud estatal se encuentra cerca del “colapso”.1 Por su parte, el secretario de Salud estatal, Jorge Verástegui, admitió que el hospital enfrenta desbasto cada 6 meses y toma hasta tres días poder reanudar actividades.2
Después de esto, el director general del hospital aseguró que “el secretario de Salud envió los insumos necesarios para que el área de quirófanos funcionara” y que, a pesar de las advertencias públicas, el servicio no se interrumpió y diariamente se realizaron entre 12 y 15 cirugías.3
La problemática que enfrenta el Hospital General de Saltillo no es un caso aislado. Miles de clínicas y hospitales en el país operan sin los recursos necesarios, lo que se traduce en una atención deficiente y de mala calidad para los pacientes mexicanos, quienes no pueden hacer efectivo su derecho a la salud. De tal forma, es urgente que la Secretaría de Salud de Coahuila atienda inmediatamente la problemática del hospital y permita a la opinión pública conocer si las condiciones en que ha operado son las óptimas para la atención médica. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud de Coahuila a atender de manera urgente la problemática de la falta de insumos en el Hospital General de Saltillo, así como a presentar públicamente un informe sobre las condiciones en que el mismo hospital ha operado durante la actual administración con el fin de corroborar si se ha velado de manera efectiva por la salud de todos sus pacientes.
Notas
1 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/prometen-remedio-inmediato-males- del-hospital-general
2 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sistema-de-salud-esta-en-ries go
3 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/envian-insumos-a-hospital-gen eral
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
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