Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la emisión de una imagen simbólica de la antigua ciudad maya y los bosques protegidos de Calakmul, Campeche, como “patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad”, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a difundir, en la boletería impresa y electrónica para el acceso a los diferentes sitios culturales y arqueológicos, a la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche, patrimonio mixto de la humanidad en México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El nombre Calakmul es de origen maya y su significado es “ciudad de los montículos adyacentes”; bien cultural y natural que se encuentra situado en el sureste del estado de Campeche.

El Comité de Patrimonio Mundial, en su 38 edición celebrada en Doha, inscribió a la antigua ciudad maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en Campeche, como el primer bien mixto (cultural y natural) de México, la cuarta de América y la trigésima primera en el mundo.

La UNESCO le había concedido ya a la antigua ciudad maya de Calakmul una Declaratoria de Patrimonio Cultural en 2002 por contar con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura maya y ahora concedía una extensión como patrimonio natural, al poseer bosques tropicales protegidos desde 1989 con el decreto de la reserva de la biosfera de Calakmul que la definía como área natural protegida.

Esta inscripción realizada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como “antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche” fue un reconocimiento que confirma su valor universal excepcional, y la ubica dentro de los pocos sitios en el mundo con una rica dualidad que la posiciona como ejemplo global de conservación y de desarrollo sustentable.

Calakmul es sin lugar a dudas, digna de esfuerzos públicos y privados continuos y crecientes para convertirla en detonante de crecimiento alternativo, más allá de las tradicionales vocaciones económicas de las regiones del estado de Campeche.

La combinación de una antigua ciudad maya y de bosques tropicales hoy protegidos en Calakmul, es una sorprendente evidencia de la interacción entre el hombre y la naturaleza, que dio como resultado un complejo mosaico de interacciones a lo largo de los siglos.

La UNESCO posee 10 criterios para determinar cuándo un bien puede ser patrimonio cultural o patrimonio natural de la humanidad, para el primer caso son seis de ellos, y para el segundo los otros cuatro. Con que un bien apruebe uno solo de estos criterios es suficiente para que la UNESCO decida inscribirlos como patrimonio.

En el caso de la antigua ciudad maya de Calakmul, yacimiento arqueológico prehispánico, aprobó cuatro de seis criterios por lo que fue razón más que suficiente para su inscripción en el año 2002 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre los criterios culturales considerados sobresalen los referidos a la conservación de vestigios arqueológicos intactos del desarrollo de la civilización maya, por más de doce siglos en un entorno natural de bosque tropical; la combinación creativa de diferentes tradiciones que dieron lugar a estilos arquitectónicos únicos, piezas arqueológicas únicas y modificaciones ingeniosas del entorno natural; y por ser testigo del extraordinario desarrollo de la civilización maya, al ser una ciudad que desempeñó un papel esencial en la historia de la región y de esta cultura milenaria, orgullo de nuestra nación.

El sitio abarca aproximadamente 70 kilómetros cuadrados y posee cerca de siete mil estructuras, donde sus imponentes construcciones y trazado global característico se encuentran en un estado de conservación admirable y permiten vívidamente observar lo que era la vida en una antigua ciudad y capital maya.

Calakmul llegó a ser la capital de un estado regional de aproximadamente 13 mil kilómetros cuadrados, convirtiéndose en uno de los grandes poderes regionales junto con Tikal (con quién además sostuvo por siglos, animosa belicosidad), Palenque y el Mirador, durante el período clásico de la cultura maya; desempeñando en general un papel de primer plano en la historia de la región durante más de doce siglos.

La ciudad maya se encuentra incrustada además en la reserva natural de bosque tropical más grande de México, y la última gran extensión de bosque tropical protegido y en buen estado de conservación de América.

De acuerdo con el programa de manejo de la reserva de la biosfera, publicado en 2000, se identifican 250 mil hectáreas en dos zonas núcleo y 475 mil en sus zonas de amortiguamiento, lo que da un total de 725 mil hectáreas.

Adicionalmente sobresale la reciente donación de 279 mil hectáreas que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la República, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto y que servirían para la conservación, con lo que tendríamos una extensión territorial de la reserva del orden un millón de hectáreas destinadas a la preservación.

Importante santuario de la biodiversidad de Mesoamérica, conjugando todos los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes desde el centro de México, hasta el canal de Panamá.

Hoy por hoy, los ecosistemas de Calakmul son considerados entre los más resistentes por sus adaptaciones y características relevantes para la conservación de la biodiversidad en el contexto del cambio climático; cuentan con abundancia de especies de flora y fauna, y con la mayor diversidad de mamíferos de la región.

En la reserva habita 44 por ciento de las especies de aves registradas en México; 23 por ciento de mariposas; cinco de seis especies de felinos que existen en nuestro país, incluyendo la mayor cantidad censada de Jaguar; incluyendo a dos de las tres especies de primates.

Por su ubicación, el sitio aumenta su importancia como centro de la conectividad de la selva maya, con corredores que dan continuidad ecológica a bosques de México, Guatemala y Belice, permitiendo preservar la biodiversidad y el desarrollo de la dinámica ecológica y procesos evolutivos de las especies.

Calakmul además, es el corazón forestal de ocho reservas naturales de México, tiene por tanto una ubicación especialmente estratégica.

Respecto de los cuatro criterios para ser considerado patrimonio natural, este reservorio posee dos que lo hicieron elegible para la más reciente declaratoria; uno relacionado con la adecuada interacción entre hombre y naturaleza desde la época prehispánica hasta nuestros días; y otra con la rica biodiversidad de la reserva, ambos ya detallados previamente.

Finalmente, se debe reconocer que la protección de la propiedad está garantizada y la gestión de todo el inmueble y de su zona de amortiguamiento corresponde al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el patrimonio natural; y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia como responsable del patrimonio cultural.

Asimismo, casi 90 por ciento de la superficie terrestre de la propiedad es federal y todos los monumentos arqueológicos ahí existentes se encuentran legalmente protegidos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; considerando que para la gestión de la propiedad, los elementos culturales y naturales coinciden en la misma área.

Calakmul es el mejor ejemplo de la política sustentable en materia de desarrollo social, de desarrollo ambiental y seguramente lo será cada vez más en materia de desarrollo económico, a través del turismo, del gobierno de la República, vocación que sin duda debe detonar crecimiento en todo el estado de Campeche, por lo cual que debemos aprovechar y publicitar.

La declaratoria mixta debe entenderse además, no solo como un reconocimiento a México por la existencia de la riqueza cultural y natural que posee Calakmul, sino por la voluntad de población y Gobierno de cuidarlas y conservarlas.

Reconocimiento que abona dentro y fuera de las fronteras de nuestro país, propiciando que se le conozca más en el mundo y se le reconozca mejor.

Calakmul tiene un valor excepcional universal, por lo que proponemos aplicar el principio de máxima publicidad sobre la importancia de Calakmul no sólo para Campeche, sino para todo el país, concientizando a la población sobre su existencia y lo que representa para México y para la humanidad.

Con lo anterior abriremos una discusión que llevara a mejorar la imagen y difusión de nuestro único patrimonio mixto, que para algunos casos, como el que hoy presentamos ya no sólo es nacional, sino de la humanidad.

En el sector turismo, no es menor el entorno planteado. Durante 2016 el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó 16 millones de visitantes a los sitios por él administrados, mientras que la Secretaría de Turismo federal reportó 35 millones de turistas a las zonas relacionadas; no obstante, los datos anteriores no representan el potencial turístico-cultural de nuestro país.

México son muchas regiones, más alla de lo que sabemos o alcanzamos a ver. Sabemos bien que fomentar un destino toma varios años, y si no conocemos o difundimos las más emblemáticas e importantes, difícilmente seremos conscientes de que nuestro país posee 189 zonas arqueológicas abiertas al público que abren todos los días del año, además de 114 museos, sin contar museos y galerías privadas y manejadas por fundaciones, estados y municipios, siendo que en Campeche el estado que orgullosamente represento tiene más de 14 zonas arqueológicas abiertas al público y seis museos que a lo largo de 30 años se han venido fomentando.

Calakmul puede y debe convertirse, entonces, en un ariete que introduzca a la diversidad comentada; sin duda con una difusión adecuada este patrimonio mixto de la humanidad podría hacer más fácil introducir y crear conciencia de que México es más.

Ante este escenario, debemos buscar esquemas que cambien con fuerza el conocimiento y aprovechamiento limitado de nuestra riqueza, con un nuevo enfoque en la mercadotecnia institucional pero con el mismo gasto. No se trata de afectar en absoluto ningún presupuesto, sino de insertar la difusión de Calakmul como punta de lanza de todo nuestro patrimonio nacional, como uno de los mejores ejemplos a los ojos del mundo en materia de identidad, preservación y conservación de nuestro rico legado histórico.

Creemos que si comenzamos con cierta publicidad oficial puede ser un inicio para la difusión e importancia de nuetro único bien mixto de la humanidad que tenemos en nuestro país, Calakmul.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia al dia de hoy produce más de cinco millones de boletos, y la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, único Patrimonio Mixto de la Humanidad en México debe ser una imagen a difundir en dichos boletos, ya sea impresos o electrónicos, de tal forma que con independencia del sitio que visite un turista, familia o grupo, nacional o extranjeros, tengan la oportunidad de conocer de la existencia de este bien, cultural y natural, orgullo de todos los mexicanos, y así despertar su interés para visitarlo.

Compañeras y compañeros legisladores, como diputado federal, representante del distrito electoral 1 que comprende el municipio de Calakmul, del estado de Campeche, y en cuyo territorio se encuentra la antigua ciudad maya y bosques protegidos declarada por la UNESCO patrimonio mixto de la humanidad, agradezco a todos ustedes el respaldo que hoy otorguen a la justa petición en el sentido anterior y que realizo ante ustedes utilizando la máxima tribuna de la nación.

Es por lo expuesto, que se pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que difunda en la boletería impresa y electrónica que se emita para el acceso a los diferentes sitios culturales y arqueológicos, una imagen simbólica de la antigua ciudad maya y bosques protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como “patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad”.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento como pueblo mágico de varias localidades jaliscienses que cumplen los requisitos, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado por estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México se posiciona como el décimo país en referencia a turismo, ya que datos recientes de la Organización Mundial del Turismo así lo han estimado. Debido a que el país atrae a turistas, tanto nacionales e internacionales, mostrando en ciertos lugares la arquitectura que han heredado nuestros antepasados y contemporáneos. Por otra parte, basta con mencionar que la gastronomía, la música, playas, cultura y naturaleza también son un atractivo al turismo que hace que cada visita a México sea inolvidable.

Para fortalecer el atractivo turístico, la Secretaría de Turismo (Sectur), en 2001 implementó el programa de Pueblos Mágicos con la finalidad de incrementar la derrama turística y con ella elevar los niveles de empleo, así como de fortalecer los niveles económicos del país.

La Secretaría de Turismo, a través del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos, establece que “Pueblos Mágicos” es un programa congruente con los ejes de la Política Nacional Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país; lo que evidentemente se ha alcanzado con este programa que propicia la coordinación interinstitucional y la coordinación con estados y municipios; diversifica y mejora la calidad de los destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública-privada para generar derrama económica y empleo; además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora.

En este sentido la Secretaría de Turismo define Pueblos Mágicos de la siguiente manera “Localidades que a través del tiempo y ante la modernidad, han conservado su valor y herencia histórica cultural y la manifiestan en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible irremplazable.” Cada año la lista de localidades que aspiran a tener la mención de Pueblo Mágico crece, sin embargo, los requisitos que se les establece son rigurosos y no todos los pueblos alcanzan este estatus.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Turismo ha establecido los lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que deben tener las comunidades aspirantes y los ya incluidos en la lista de pueblos mágicos. Estos lineamientos especifican todas las características que deben de cumplir las comunidades, y en caso de formar parte del programa, la población nombrada pueblo mágico, deberá de trabajar constantemente para conservar el nombramiento, pues en caso de no cumplir con alguno de los puntos establecidos, perderán el nombramiento.

Considerando lo antes mencionado, y materia de este trabajo legislativo, es preciso mencionar que el estado de Jalisco cuenta con localidades que cubren los requisitos establecidos que los hace participes, y ser nombrados como Pueblos Mágicos, ya que cumplen a pie de la letra lo establecido en el acuerdo publicado por la Secretaría de Turismo en el Diario Oficial de la Federación para pertenecer al grupo de localidades selectas y designadas como Pueblos Mágicos.

En 2015, la Secretaría de Turismo abrió la convocatoria para designar a 100 pueblos y otorgarle el nombramiento presente. Sin embargo, esta convocatoria se tomó en consideración a ocho localidades del estado de Jalisco que cumplían con los requerimientos, estos son los siguientes: los solicitantes en Jalisco son los municipios de San Miguel el Alto, Talpa, Mascota, Manzanilla de la Paz, Amacueca, Bolaños, Jalostotitlán y Yahualica.

De los ocho pueblos aspirantes, sólo lograron el reconocimiento por parte de la Secretaría de Turismo, dos pueblos y posterior fueron adheridos al programa de pueblos mágicos, estos fueron Talpa de Allende y la localidad de Mascota, los otros 6 pueblos aspirantes quedaron fuera, según lo estipulado por lo dictámenes enviados del área correspondiente y encargada de realizar la visita a los pueblos aspirantes y evaluarlos.

Los pueblos incorporados al programa en comento, ofrecen servicios turísticos de calidad que han propiciado considerablemente el aumento de turistas, adicional, el derrame económico ha generado empleos directa e indirectamente a la población oriunda, la calidad de vida ha mejorado. Cabe señalar que el estado de Jalisco cuenta con diversos centros turísticos entre las que resaltan las obras arquitectónicas, la gastronomía extensa en platillos que llama la atención de los visitantes, entre otras obras culturales que identifican al estado como único en el país.

Los pueblos de Jalostotitlán, Amacueca, Bolaños, Yahualica, San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos y Manzanilla de la Paz, son localidades que perciben una cantidad considerable de visitantes, ya sea nacionales o extranjeras. Lo que genera una fuerte derrama económica en cuanto a turismo se refiere, sin embargo, aun sin contar con los privilegios de ser un pueblo mágico se mantienen conservando tradiciones típicas de la región, además de dar mantenimiento constante a las construcciones arquitectónicas con las que cuenta, aunado al mejoramiento de infraestructura que facilite el cómodo viaje de los visitantes.

Los principales centros turísticos de estos municipios y sólo por mencionar algunos: en Yahualica se encuentran los sitios templo parroquial de la Inmaculada Concepción (Templo nuevo, La cantera), Plaza principal, Hotel Toledo, Portales Morelos y el Teatro Benito Juárez. En Jalostotitlán, las construcciones arquitectónicas encontramos el templo y ex convento franciscano que data del siglo XVI, en Bolaños encontramos la plaza municipal como lugar más recurrido después de las construcciones arquitectónicas de aspecto religioso: en Manzanilla de la Paz, al igual que las otras localidades cuenta con distinguidos lugares con vista de las diferentes construcciones arquitectónica de siglos anteriores, además de contemplar la Sierra del Tigre, que es lo que más distingue a este municipio, finalmente la localidad de San Miguel el Alto, localidad que cuenta con gran variedad turística entre las construcciones remotas, así como el atractivo paisaje natural con las que cuenta.

Con la relación a lo anterior, no está demás mencionar que cada una de estas localidades cuenta con una extensa línea culinaria, diversidad de cultura que varía y distingue a cada municipio, que las hace y cataloga como participantes a ser nombrados pueblos mágicos. Por otra parte, el estado de Jalisco tuvo derrama económica de 38,850.4 millones de pesos con datos de 2016, lo que representa que el estado aporta 9 por ciento del producto interno bruto estatal (PIBE), cifra que ha reforzado a contribuir a generar un mayor aumento de empleos en la entidad.

Pero la finalidad de este trabajo, no busca solamente el nombramiento de estas localidades y conseguir el nombramiento de pueblos mágicos , sino que también busca contribuir y motivar el turismo, tanto nacional e internacional, a encontrar y ofrecer nuevas opciones de visita al país, sobre todo aquellas donde se brinda al visitante un servicio de calidad, y que ha caracterizado al país.

Por otra parte, el turismo es una oportunidad de mejorar el crecimiento económico del país, El turismo es muy importante en la economía de México, pues representa 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) cuando en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio es de 4.1 por ciento, cifras que han posicionado al país como uno de los 10 países a nivel mundial en ofrecer servicios de calidad en cuanto a turismo se refiere.

Por estas razones, se considera que el nombramiento de estas localidades con el nombramiento de Pueblos Mágicos beneficiaría al estado de Jalisco, y sobre todo al país. Considerado que el mejoramiento en aspecto turístico, la generación de empleos, de quienes ven el turismo una forma de ganarse la vida, y ofrecer a turistas nuevas alternativas de visitar nuevos lugares en el país, contribuiría a posicionar al país como líder en atracción turística.

Cabe señalar, que el programa Pueblos Mágicos es una estrategia que ha demostrado seguir funcionado de manera efectiva en el país, que ha ayudado y permite contribuir al crecimiento turístico, que incluso países como España, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y otros, han recurrido a la Secretaría de Turismo a solicitar asesoría para implementar programas similares en sus respectivos países.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, para que una vez publicada la convocatoria a aspirantes a Pueblo Mágico, y una vez cumplidos los trámites correspondientes, se incluya a Jalostotitlán, Amacueca, Bolaños, Yahualica, San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos y Manzanilla de la Paz, localidades del estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de la Apis mellifera y el género de la melipona en la NOM-059-SEMARNAT-2010 para considerarlos especies silvestres amenazadas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

Primero. La cría de la abeja para producir miel y cera, ya era una práctica muy extendida y apreciada en la cultura maya, esta abeja es parte del genero Melipona cuyas especies se extienden varias zonas de América, la especie que habita aun en la península de Yucatán es la Melipona Beecheii o llamada en el idioma maya Xunán Kab. Es una abeja muy especial ya que tiene un aguijón atrofiado por el cual no es usado como método defensivo además la miel de ellas obtenida tiene características organolépticas muy distinguibles. En México según datos de expertos este género abarca muchas especies endémicas en el territorio nacional. No todas aprovechables en cuanto a la producción de miel, pero definitivamente su efecto polinizador es innegable.

Es decir comenzó siendo una especie silvestre, nativa y fue la domesticación por el hombre, además de continuar de manera silvestre fue reproduciéndose bajo una actividad humana que los productos fueron beneficiosos para la civilización.

Paralelamente en Europa durante milenios se había logrado una domesticación de la Apis Melífera, una abeja con aguijón, pero muy dócil y productiva. Esta especie fue introducida a nuestro país por los españoles durante la conquista, como la producción es más interesante, muchos apicultores optaron por darle más énfasis a la cría y adaptación en todo el extenso territorio nacional desde la alta California hasta limitar con Colombia.

La Apis Melífera ha tenido siglos de adaptación y está ya extendida de manera silvestre por selvas, bosques y desiertos en todo el territorio nacional. Esto sin duda es positivo porque las abejas de todas las especies existentes en nuestro territorio son factor clave en el proceso de polinización, indispensable para la propagación de muchos alimentos de consumo humano y del ganado. Quiero hacer notar que ambos tipo de abeja: las Meliponas y la Apis Melífera; ya están de manera autónoma y silvestre independientemente del manejo apícola, que es un método interesante de obtención de productos valiosos para consumo humano, yo diría estratégicos, pero sobre todo la bondad de la polinización que de manera silvestre se da, bajo el manejo apícola es dirigida y enfocada a cultivos a gran escala.

Pero el beneficio económico debido a la obtención de productos tales como, miel, propóleos, polen, jalea real, cera, apitoxina, y sin dejar de mencionar los servicios específicos de la polinización dirigido hacia cultivos, palidece con el inmenso beneficio de aumento y regeneración de zonas devastadas y protegidas, por ejemplo: En comunidades y ejidos donde la explotación exhaustiva de productos ha degenerado en problemas sanitarios serios, en deforestación, y contaminación de los suelos, la abeja es un factor prioritario y estratégico para el equilibrio ecológico ya que su factor polinizador nuevamente juega a favor de la especie humana.

Segundo. En 1986 ingreso en nuestro país una especie de abeja, que científicos del Brasil, introdujeron de manera descuidada de Sudáfrica, la llamada Abeja Africana, o como su nombre científico es de Apis Mellifera Scutellata, una abeja muy defensiva pero con características productivas muy importantes, el objetivo era hacer una cruza entre la docilidad de la abeja europea y la fortaleza física y resistencia a enfermedades que tiene la abeja africana.

Esto no sucedió y ejemplares que escaparon emprendieron una expansión hacia el norte y el sur, siendo una de las invasiones más impresionantes de los últimos años en el mundo. Esto cambio la apicultura en América para siempre, ya que las campañas emprendidas para alertar a la población de la abeja africanizada, provoco que poco a poco fueran prohibiendo la colocación de nuevos apiarios, de abejas europeas incluso, la mismos apiarios comenzaron un proceso inevitable de mezcla y sus mismas colmenas se van paulatinamente volviendo más defensivas.

En México sin duda se puede hacer frente de manera decidida para controlar y ganarle la batalla a la africanización de la abeja europea, pero se requiere de una coordinación intensa entre gobierno y productores, para que sean apoyados con material genético con el que pueda convertir el proceso de africanización en un proceso de obtención de una abeja con características mexicanas.

Sin duda es importante tener acceso a zonas, donde se puedan fundar apiarios especiales de abeja Apis Melífera, y de Meliponas, cuidar sin duda que esta abeja que tantos siglos ya tienen en México, no desaparezca y al mismo tiempo continúe siendo un potente activo polinizador para nuestro país, con esto se podrá potenciar, la producción de alimentos, y la estabilización y recuperación de los ecosistemas de todo tipo.

Tercero. En muchas noticias y estudios alrededor del mundo, las abejas es una especie amenazada. Múltiples factores han sido mencionados entre los que destacan pesticidas químicos extensivamente utilizados en los cultivos modernos, semillas de plantas genéticamente modificados que pueden transmitir información genética impredecible, modificaciones de la floración debidas a cambios climáticos y a la contaminación, nuevas y más agresivas enfermedades en forma de virus, bacterias y ácaros, pero sobre todo la incomprensión y el abandono de esta actividad por parte de los tres niveles de gobierno.

Las desapariciones de las abejas, incluso ha sido nombrada como “Síndrome de Colapso de las Colonias”. En Estados Unidos se estima que desde el 2006 a la fecha la perdida oscila entre el 30 por ciento y 40 por ciento, de las colonias manejadas, esto está sucediendo a escala mundial, se reportan perdidas en China, Egipto, y en Europa los rangos de desaparición oscila entre 18 a 54 por ciento dependiendo el país, como Reino Unido.1

En México la situación es alarmante, se reportan importantes pérdidas de alrededor de 20 por ciento y por consiguiente el retiro de muchos apicultores del mercado, en Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Yucatán; en algunos casos las pérdidas son hasta de 53 por ciento de las colmenas registradas como en la Comarca Lagunera.2

Ha llegado al colmo de que los apiarios han sido expulsados de zonas naturales protegidas porque se les acusa de ser una especie invasora. Ya he demostrado que tanto las Meliponas que probablemente lleva miles sino millones de años en estos territorios, la Apis Melífera ya tiene siglos en México y ha demostrado ser uno de las especies introducidas en México que más ha beneficiado a los ecosistemas en este país, hoy ambas especies son ahora especies amenazadas.

Cuarto. La inclusión de nuevas especies como indispensables, silvestres y amenazadas es facultad del ejecutivo a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que debe ir actualizando la Norma Mexicana, y así podrían incentivarse múltiples beneficios en aras de la biodiversidad de nuestro país.

Por ejemplo en el documento elaborado por la Nature Conservancy disponible en la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Cepal) en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica, Valorando la Naturaleza: Beneficio de las Áreas Protegidas; muestra y desarrolla la importancia de la polinización en ellas y cito:

“Servicios de polinización: uno de los valores que con frecuencia se deja pasar por alto es la polinización ayudada por insectos –si los insectos no se proliferan tampoco se proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas también juegan un papel importante al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas a las áreas protegidas, como contribuyendo con la producción de productos de polinización (la miel).”

Esto sin duda es significativo porque en esta Guía Rápida para Profesionales en Áreas Protegidas, muestra como la crianza de abejas en estas zonas poco impactadas por el hombre provoca un polo de beneficio impresionante a los ecosistemas y cosechas a sus alrededores.3

En México sin duda las abejas están detrás de una producción de agrícola con valor por arriba de los 182,568.8 millones de pesos anuales, esto según datos que se obtienen de la publicación del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). El resto es polinizado de manera silvestre por mariposas, murciélagos, colibríes, etcétera.

Se ha demostrado que ambas especies, están presentes en nuestro país de manera silvestre o en actividad comercial, beneficiando a la economía de las familias mexicanas desde hace muchos siglos, aun desde épocas precolombinas.

Ambas especies están en franca disminución, sin duda a escala global, es decir la misma Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha dado amplias alarmas en el sentido de proteger a la Apis Melífera y otros polinizadores nativos, en México las abejas del genero Melipona, es sin duda un caso muy especial por su antigüedad y carga cultural.4

Se ha demostrado que ambas especies son muy benéficas en el mejoramiento y recuperación de ecosistemas de todo tipo, y de prácticamente nulo impacto, y que no necesitan la modificación de su entorno, es más el efecto polinizador desencadena un circulo virtuoso hasta de dos kilómetros a la redonda desde un apiario, sin duda, la proliferación de explotaciones apícolas son un impulso en la conservación y mejora de la biodiversidad en todo el territorio nacional.

El que estos insectos mencionadas sean incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, 5 lograra una protección por parte de las autoridades, para que en un esfuerzo conjunto entre productores apícolas y gobierno, se abra un panorama de beneficio general en los muchos ecosistemas con los que cuenta la nación, incluso en zonas naturales protegidas, formando parte de una estrategia, de mantenimiento, mejora y recuperación de estas.

Por todo lo anterior solicito el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la actualización e inclusión de dos especies claves y trascendentes, y francamente amenazadas, como son la Apis Mellífera, y las del género Melipona ( familia Apidae), en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

Referencias

1. Greenpeace. 2013. El declive de las abejas. Nota técnica de la Unidad Científica de Greenpeace. Recuperado de:

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/Ag ricultura-ecologica/el_declive_de_las_abejas.pdf

2. Miranda, F. 2016. México, al borde de una crisis por despoblamiento de abejas. Milenio. Publicado el 26 de Agosto del 2016. Recuperado de:

http://www.milenio.com/estados/
abejas-baja_produccion_abejasmilenio_noticias-menos_abejas-miel_contaminada_0_799720313.html

3. Pabón-Zamora, L., J. Bezaury, F. León, L. Gill, S. Stolton, A. Groves, S. Mitchell y N. Dudley. 2008. “Valorando la Naturaleza: Beneficios de las áreas protegidas”. Serie Guía Rápida, editor, J. Ervin. Arlington, VA:

The Nature Conservancy. 34 páginas, Recuperado de:

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Val orandolanaturaleza.pdf

4. Pantoja, A. Smith-Pardo, A. García, A. Sáenz, A. Rojas, F. 2014. Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de Latinoamérica y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Recuperado de:

http://www.fao.org/3/ai3547s.pdf

5. Diario Oficial de la Federación. 2002. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Semarnat. Recuperado de:

http://www.biodiversidad.gob.mx/pdf/NOM-059-ECOL-2001.pd f

Otras fuentes:

Da Silva, Graciano. 2016. La abeja un indicador para comprobar la salud de los ecosistemas agrícolas. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recuperado 24 de abril del 2017 de:

http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/

Notiabeja. Coordinación General de Ganadería. Sagarpa. Recuperado de:

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/APICU LTURA/Notiabj%202015-1.pdf

Torres Y. 2017. Exportación de Miel cae 40 por ciento. El Financiero. Economía. Recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportacion-de-m iel-cae-40-durante-2016.html

Sagarpa. 2016. Reafirma México su posición como sexto lugar productor mundial de miel. Recuperado de:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/yucatan/Boletines /Paginas/201601B006.aspx

Agencia Reforma. 2016. Matan Producción de miel. El Vigía. Recuperado el 1 de marzo del 2016 de:

http://www.elvigia.net/nacional/2016/3/1/matan-produccio n-miel-mexicana-227862.html

Situación actual y perspectiva de la apicultura en México. Infoacerca. Recuperado de:

http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/199/ca1 99-3.pdf

México: país exportador de miel Sagarpa. Recuperado de: http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-paisexportador-de-miel

¿Qué es la apicultura? Sagarpa. Recuperado de

http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura

Palacio Legislativo, a 24 de octubre del 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la documentación emitida en esta soberanía por legisladores y personal administrativo, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

De conformidad con el artículo 41 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “...el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,”...

Por su parte el artículo 44 de nuestro máximo ordenamiento legal señala que: “...La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión ”...

Ahora bien, el artículo 49 de nuestra Carta Magna establece:

“...El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”...

Cabe destacar que los estados de la Unión que integran la federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por consiguiente uno de los poderes de esta Federación es el Poder Legislativo, como que menciona en el propio art. 41 del máximo ordenamiento en cita del cual su cede es la Ciudad de México.

No pasando por desapercibido que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores y que cada Cámara se integra por el número de miembros que señalan los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el recinto legislativo que alberga al Congreso de la Unión, cuando sesiona el Congreso General, es el recinto legislativo que ocupa la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

A través de los años la Cámara de Diputados ha ocupado diversos recintos, cito:

• “...Iglesia de San Pedro y San Pablo (1822)

• Palacio Nacional (1823-1872)

• Teatro Iturbide (1872-1909)

• Palacio de Minería (1909 Palacio de Minería (1909-1910)

• Donceles (1911-1981)

• San Lázaro (1981-1989)

• Centro Médico (1989 Centro Médico (1989-1992)

• San Lázaro (1992 al presente)”...1

Cabe destacar que durante estos años por diversas circunstancias la Cámara de Diputados ha ocupado otros recintos alternos:

• “...Academia de Bellas Artes en Querétaro (1847-1848)

• Colegio Guadalupano Josefino en San Luis Potosí (1863)

• Casa del Obispado en Coahuila (1864)

• Circo Chiarini (1868)

• Teatro Iturbide de Querétaro (Congreso Constituyente 1916-1917)

• Teatro Renacimiento (Informes presidenciales de Porfirio Díaz)

• Estadio Nacional (Actos de transmisión del Poder Ejecutivo 1924-1934)

• Teatro de las Bellas Artes (Actos de transmisión del Poder Ejecutivo 1946-1964 e informes presidenciales 1979 y 1980)

• Auditorio Nacional (Actos de transmisión del Poder Ejecutivo 1970 y 1976)

• Centro Banamex (Segundo Período de sesiones extraordinarias 2013)”...2

Por otro lado, cabe destacar que para la construcción del actual recinto que alberga al Congreso de la Unión cuando hay sesión Congreso General y a la Cámara de Diputados se consideraron diversos factores para cubrir las necesidades de funcionamiento de éste poder legislativo, no obstante que a pesar de la crisis económica de los años 80s hubo la necesidad de disminuir el ritmo e incluso parte de la construcción, ya que en el proyecto original se contemplaba construir ambas Cámaras en un mismo lugar, sin embargo la falta de recursos hizo que solo se construyera el área de la Cámara de Diputados.

Si bien para la construcción se construyeron una serie de simbolismos como el utilizar materiales utilizados desde la época prehispánica, como Tezontle, el primer piso del vestíbulo es el remate de un eje visual que de observa desde la calle de Corregidora, procurando crear un ambiente de introducción a la historia nacional, existe también un mural de bajo relieve en madera donde se ilustran las distintas épocas de nuestra historia constitucional, realizadas con grabado mexicano.

Por su parte la sala del pleno está constituida por diferentes elementos y adelantos tecnológicos de la época moderna en cuanto a la acústica e iluminación, misma que consta de lámparas especiales que permiten filmar y grabar para televisión, por otro lado el espacio del recinto en su diseño arquitectónico sigue una isóptica que garantiza la visión desde cualquier ángulo, cabe destacar que los materiales del recinto son muy sencillos además de que se tratan de trabajos manuales realizados por mexicanos, el candil obedece a una reproducción de el gran candil de la antigua Cámara por tratarse de toda una tradición, ya no es de Cristal Cortado sino de acrílico muy ligero.

El gran patio central se ha resuelto en sus fachadas con una celosía de aluminio. El diseño es muy semejante al del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México (una celosía de madera que recuerda los diseños mayas Uxmal), esta es una pequeña muestra del cumulo de historia que alberga el actual recinto legislativo de San Lázaro.

Sin embargo a través de los años tal vez por costumbre se ha dado por llamarle Palacio Legislativo de San Lázaro, no solo en documentos oficiales realizados por los propios legisladores, sino en libros editados por la propia Cámara de diputados, quien también no guarda una identidad respecto del nombre correcto, como ejemplo a raíz del XXX Aniversario del Recinto legislativo se Publicó el libro “Palacio legislativo de San Lázaro XXX Aniversario 1981-2011”,3

Y por su parte la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura publicó la investigación Recintos de la Cámara de Diputados en septiembre de 2013,4 lo anterior es apenas una muestra de lo que puede implicar el uso de la palabra recinto o palacio y que puede crear confusión imaginario de la gente.

En ese sentido debemos decir que la palabra Palacio como también se le conoce a este recinto legislativo, debe quedar en desuso de los documentos que nosotros mismos realizamos, ya que es una clara referencia a la época del virreinato por la cual transitaron nuestros antepasados, aunado a que en la actualidad no somos virreyes los que ocupamos el palacio, somos ciudadanos los cuales hemos sido elegidos por el pueblo para representarlos y el cargo que nos otorga la Constitución es él de Diputados y Senadores con los que se integra el poder legislativo.

Aunado a lo anterior la palabra Palacio se define: Mansión grande y lujosa destinada a ser residencia de reyes, de aristócratas o de personajes importantes.5 Y tiene su origen en:

Viene del latín palatium, que es una de las siete colinas de Roma, y donde esta civilización se originó, por lo que se edificaban las residencias de los emperadores. Se presume que este topónimo puede venir de la raíz etrusca que significa cielo y daría también la palabra paladar. Otro posible origen es palus (palo), para señalar una cerca de palo que protege la edificación.6

Por su parte la palabra “recinto” se define como: Espacio comprendido dentro de ciertos límites (muros, vallas, etc.) que se utiliza con un fin determinado; generalmente está ocupado por instalaciones o construcciones.7

Del lat. re- ‘re-’ y cinctus ‘cercado, rodeado’.8

Derivado de que mucho se ha dicho en la época actual que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo y que como ya se mencionó la Ciudad de México es la sede de los poderes aunado a que de la facción X del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se señala que un elemento indispensable de la iniciativa es el lugar; que el artículo 85 numeral 1 ordena en su fracción XV que el dictamen debe contener el Lugar y fecha de la Reunión de la comisión en que se aprueba y así sucesivamente, en ese sentido y al utilizarse indistintamente en documentos oficiales las siguientes frases para identificar el lugar y la fecha:

1.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a____ del mes de _____del año de ______ 2.- Recinto Legislativo de San Lázaro, a___ del mes de _____ del año de ______

3.- Ciudad de México, San Lázaro, a __del mes de __del año_____

4.- Cámara de Diputados de San Lázaro, a __del mes de __del año_____

Consecuencia de lo anterior y con toda vez que el lugar donde se suscriben los documentos de ésta Cámara de Diputados es requisito indispensable de su validez y los mismos cumplan así los requisitos que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes y reglamentos, y toda vez que la Mesa Directiva es la encargada cuidar y ser responsable de que todos los asuntos incorporados en el Orden del día estén fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación, entre otras, ese hace necesario exhortarla con el fin de que defina cuál es la frase correcta para hacer referencia al lugar que se deberá utilizar para firmar todos y cada uno de los documentos que se emitan no solo por parte de éste órgano legislativo, sino de todos los ciudadanos diputados que lo conformamos, así como para dejar en desuso la utilización de la palabra Palacio, en una clara referencia a los tiempos modernos que vivimos, así como a la ciudadanización de ésta Cámara de Diputados y del recinto que ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con el fin de que defina cuál es la frase correcta para hacer referencia al lugar que se deberá utilizar para firmar todos y cada uno de los documentos que se emitan no sólo por parte de éste órgano legislativo, sino de todos los ciudadanos diputados que lo conformamos, así como para dejar en desuso la utilización de la palabra Palacio, en una clara referencia a los tiempos modernos que vivimos, así como a la ciudadanización de ésta Cámara de Diputados y del recinto que ocupa.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-06-13.pdf Consultado el 2-10-2017 14:09 horas

2 Ídem 2

3 Palacio legislativo de San Lázaro XXX Aniversario 1981-2011; Cámara de Diputados; Biblioteca de la Cámara de Diputados ubicación HCD-ANE2-P1535P-EJ.6-LEGIS

4 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-06-13.pdf

5 https://es.oxforddictionaries.com/definicion/palacio

6 https://definiciona.com/palacio/#etimologia

7 https://es.oxforddictionaries.com/definicion/recinto

8 http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=recinto

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a intensificar las campañas en pro de los derechos infantiles e implantar campañas y programas contra el maltrato, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 1999, la Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como un problema de salud pública mundial. “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.” 1

Las lesiones provocadas por una persona que cuida de un niño pueden adoptar muchas formas incluyendo la muerte. El maltrato infantil repercute directamente en el desarrollo integral del menor, daña la autoestima, provoca sentimientos de soledad, tristeza, ansiedad y culpa, y favorece el aprendizaje de la violencia contra sus semejantes infantiles.

“Además de ser una causa de sufrimiento para los niños y las familias, puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como:

• actos de violencia (como víctimas o perpetradores);

• depresión;

• consumo de tabaco;

• obesidad;

• comportamientos sexuales de alto riesgo;

• embarazos no deseados;

• consumo indebido de alcohol y drogas.

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.

El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, y sus consecuencias a nivel socio profesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico y social de un país.”2

En el país hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, un tercio de la población.3 De acuerdo con un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2013 entre 55 y 62 por ciento de los niños en el país sufrió maltrato, y según el Inegi, una tercera parte de los hogares mexicanos padeció violencia.

De 2001 a 2011, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20 por ciento del total de casos presentados ante el Ministerio Público.

Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 20104 reveló que el 26.7 por ciento de las niñas y niños han sido golpeados por sus padres.

Asimismo, según la UNICEF, en materia de violencia y disciplina infantil en nuestro país:5

• 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.

• 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia.

• 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina

• Durante 2015 se registraron 1,057 homicidios de niñas, niños y adolescentes; es decir, 2.8 homicidios cada día.

• Los homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años incrementaron 3.8 por ciento de 2014 a 2015.

Sin lugar a dudas la violencia o maltrato infantil es una realidad en México, la cual se ha agravado con el paso del tiempo, según la Enadis 2010, al menos 24.8 por ciento de la población en el país justifica (en mayor o menor medida) pegarle a una niña o niño para que obedezca, lo que resulta terrible para los menores.

Además, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2015, México ocupó el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

Más aún de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (Enim 2015), 636 por ciento de los niños encuestados entre 1 y 14 años experimentaron disciplina violenta mediante agresión psicológica o castigo físico.

En consecuencia, no podemos ignorar que los primeros años de vida de los niños y niñas son determinantes para su salud y desarrollo, por lo que resulta urgente que desde el Poder Legislativo contribuyamos a que se fortalezcan las políticas públicas para que puedan crecer en un contexto libre de violencia o maltrato infantil.

Conforme al artículo 19, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño “los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

Asimismo, en términos de los artículos 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Para tal efecto, conforme al artículo 47 del mismo ordenamiento legal: Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. El tráfico de menores;

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; y

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Conforme al artículo 125, fracción IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene entre sus atribuciones: “asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes”.

En consecuencia, ante el grave aumento de violencia contra niños y adolescentes o maltrato infantil, se propone exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral para que la Comisión de Protección Especial que coordina el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) intensifique la realización de campañas que promuevan los derechos de la infancia e implemente a nivel nacional campañas y programas focalizados contra el maltrato infantil.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los Sistemas Estatales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intensifiquen la realización de campañas que promuevan los derechos de la infancia e implementen campañas y programas focalizados contra el maltrato infantil, a fin de dar cumplimiento a los artículos 13, fracción VIII y 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Informe mundial sobre la violencia y la salud, Publicación Científica y Técnica número 588 Organización Panamericana de la Salud, 2003. Página 65.

2 Maltrato Infantil. Septiembre de 2016, [en línea], disponible en página web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/

3 Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Estados Unidos Mexicanos, [en línea], disponible en página web: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales /intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf

4 [en línea], disponible en página web:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-R G-Accss-002.pdf

5 [en línea], disponible en página web:

https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/

6 La encuesta abarcó 15,501 niños y se llevó a cabo durante 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública [en línea] Disponible en página web:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a actualizar el portal Tus Derechos Laborales con herramientas de cálculo para determinar prestaciones y derechos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México existe un carente reconocimiento de los derechos laborales que corresponden a todo trabajador.1 Con frecuencia, dicha falta de conocimiento lleva a la violación sistemática de los mismos, privando a quienes los poseen de los beneficios obtenidos en grandes triunfos históricos.2 Al igual que los derechos humanos, los derechos laborales fueron creados con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y beneficios entre trabajadores, procurando universalizar una realidad favorable y digna en cada empleo e industria.3

La misión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece que dicha institución busca fortalecer la política laboral en México, a través de acciones dirigidas a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos.4 Entre estas acciones, frecuentemente reducidas a la aplicación de la ley vigente en materia de regulación, habría de incorporarse una mayor promoción de los derechos que gozan los trabajadores. Ello evitaría, en buena medida, las disputas creadas por el desconocimiento de la ley,5 otorgando mayor certeza a ambas partes de la relación laboral.

Las desventajas que llegan a existir en el trabajo no se reducen a los abusos más evidentes que pueden ser cometidos contra quienes lo desempeña. La ignorancia que un trabajador tiene con respecto de sus derechos puede generar y perpetuar relaciones asimétricas entre él y su empleador. Al carecer de información completa y oportuna, el trabajador cede involuntariamente el ejercicio de sus derechos al patrón, quien, si bien obligado legalmente, en ocasiones comete faltas a los mismos de forma sabida o inconsciente.

Aduciendo lo anterior, propongo que se exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” a través de la incorporación de herramientas de cálculo que permitan al trabajador o trabajadora determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden. Es necesario que un sitio actualizado no solo dé información con respecto a los derechos esbozados, sino que permita al trabajador o trabajadora que lo use una verdadera herramienta con la cual poder corroborar que éstos sean respetados y hechos validos en su propio empleo.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6o., determina que “[...] el derecho a la información será garantizado por el Estado”.6 Adicionalmente, argumenta que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.7 Finalmente, la Constitución concede que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación [...]”.8

En tanto al derecho y mecanismo de acceso a la información pública, el artículo 6o. menciona en su apartado A, fracciones III y IV, que toda persona obtendrá acceso a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno y que todo mecanismo de acceso se sustanciara ante los organismos autónomos especializados correspondientes.9

En tanto los derechos de las y los trabajadores, La Ley Federal del Trabajo establece como condiciones generales de trabajo el: derecho a tener un contrato, sea éste Individual (artículo 20), Colectivo (artículo 386) o Contrato Ley (artículo 404); el contar con jornadas de trabajo determinadas (artículo 58-68); el recibir aguinaldo (artículo 87); el contar con un salario por las actividades desempeñadas dentro de un trabajo (artículo 82); el contar con vacaciones y una prima vacacional (artículo 76); el tener días de descanso después de un cierto número de días laborando (artículo 69, 71, 73 y 75); el obtener un finiquito después de la finalización voluntaria de la relación laboral (artículo 47, 48, 76, 79, 80, 87 y 162); el beneficio de ser parte de las utilidades de la empresa en la que se labora (artículo 117-131); el generar antigüedad y tener oportunidades de ascenso dentro del empleo (artículo 158 y 159); el gozar del apoyo del patrón si el trabajador desea continuar sus estudios y su apoyo en el estudio de sus hijos (artículo 132); y la capacidad de acceder a crédito para el consumo (artículo 103-Bis).10

Fundamentando esta propuesta, es posible corroborar la existencia de sitios que ofrecen herramientas similares en otros países, con experiencias equiparables tanto en países europeos como latinoamericanos. La amplia variedad de propuestas puede constatarse en los diversos mecanismos e información ofertada en estos sitios. Algunos, como lo son el caso de Reino Unido,11 Estados Unidos12 y Chile,13 ofrecen herramientas como una calculadora de salario mínimo y un desglose detallado de los procedimientos necesarios para hacer valido algún derecho o prestación en particular. Otros, como lo es el caso de Colombia,14 presentan una herramienta de cálculo no solo para determinar el salario, sino también para generar estimaciones de montos de liquidación o las provisiones mensuales que debe otorgar cada empleador.

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal “Tus Derechos Laborales” (www.tusderechoslaborales.stps.gob.mx), a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador o trabajadora la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia.

Notas

1 Redacción. Siete derechos laborales que (Sí o Sí) debes tener . México. El Financiero Bloomberg. 25 de Mayo de 2017. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/derechos-laborales-que-si-o -si-debes-tener.html.

2 Gobierno de la Republica. “¿Cómo se lograron y cómo Defenderlos?”. En Conoce tus derechos laborales . México. Gobierno de la Republica. 2017. Consultado en: https://www.gob.mx/derechoslaborales/articulos/conoce-tus-derechos-labo rales-29228.

3 Organización de Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos-Artículo 23 . Nueva York. ONU. 2017. Consultado en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html.

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Misión y Visión . México. STPS. 2017. Consultado en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/MYV.html.

5 Proa, Alma. “Abusan patrones de trabajadores por desconocer sus derechos.” Saltillo. Zócalo. 2011. Consultado en:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/abusan-patrone s-de-trabajadores-por-desconocer-sus-derechos.

6 Artículo 6o. Párrafo Primero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última Reforma: DOF 15-09-17)

7 Íbid. Párrafo Segundo.

8 Íbid. Párrafo Tercero.

9 Íbid. Apartado A, fracciones III y IV.

10 artículo 20, 47, 48, 58-68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 103-Bis, 117-131, 132, 158, 159, 162, 386, 404. Ley Federal del Trabajo. (Última Reforma: DOF 12-06-2015)

11 Gobierno de Reino Unido. National Minimum Wage and Living Wage Calculator for Workers . Londres. Gobierno de Reino Unido. 2017. Consultado en: https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage.

12 Departamento del Trabajo. Wage and Hour Division – Resources for Workers . Washington. Gobierno de Estados Unidos. 2017. Consultado en: https://www.dol.gov/WHD/workers.htm#tools.

13 Dirección del Trabajo. Centro de Consultas Laborales – Remuneraciones. Santiago. Gobierno de Chile. 2017. Consultado en: http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22071.html.

14 Ministerio del Trabajo. Calculadora Laboral. Bogotá. Gobierno de Colombia. 2017. Consultado en:

http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/trami tes-y-servicios/calculadora-laboral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Tamaulipas a restablecer el estado de derecho para garantizar la seguridad de personas y sus bienes en Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Abdíes Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, presenta ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Hechos que la motivan.

El pasado lunes 16 de octubre de 20171 ocho personas murieron este lunes en Río Bravo, Tamaulipas, y al menos cinco de esas muertes fueron causadas por enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada e integrantes de las fuerzas armadas.

El domingo por la noche, alrededor de las 21:30 horas, fueron reportados cinco bloqueos en distintos puntos de Reynosa, donde fueron colocados vehículos y ponchallantas. Corporaciones policiales y militares retiraron los obstáculos de la avenida Tecnológico y calles de las colonias Las Fuentes, Ernesto Zedillo, Lomas del Real y Benito Juárez.

Se reportaron detonaciones, aunque no víctimas mortales, en las colonias Villa Florida A., Granjas Económicas, Actrices mexicanas, Fuentes y Rancho Grande. En la colonia Lomas del Pedregal policías estatales fueron agredidos por sujetos a bordo de dos camionetas que huyeron.

Entre el domingo y este lunes, tanto en Reynosa como en Río Bravo, militares aseguraron 32 armas largas, tres ametralladoras, un fusil Barret, 4 lanzagranadas, 6 granadas de mano, 17 granadas de 40 milímetros y 23 vehículos, 13 de ellos blindados artesanalmente.

Vivimos en Tamaulipas en un estado de temor y angustia por nuestras personas, nuestros familiares, por nuestros bienes.

Tiene meses que vivimos un día con inseguridad y al otro también. No vemos los tamaulipecos que exista la autoridad. Vemos un estado fallido, a merced de la delincuencia.

La prensa reportó recientemente que cuatro presuntos delincuentes murieron en una gasolinera en el Ejido 6 de enero, sobre la carretera Río Bravo-Matamoros; los sujetos murieron luego de agredir a miembros de las fuerzas armadas que repelieron el ataque.

También, los medios han dado cuenta de que un adulto que acompañaba a un niño murió cuando sujetos a bordo de un grupo de camionetas le dispararon. El hombre y el niño oyeron detonaciones y se refugiaron en una casa, salieron al dejar de oír los disparos y en ese momento un grupo de vehículos pasó disparando; estos hechos también ocurrieron en Río Bravo.

Otro caso que dio cuenta la prensa local fue el de los cadáveres de tres personas encontrados, uno en la colonia Cavazos Lerma y dos en la colonia Infonavit, también en Río Bravo.

Nuestro partido en la entidad está exigiendo a la autoridad estatal dar resultados y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que exista inteligencia y reforzar la coordinación, que sea más estrecha, para que se puedan presentar los resultados que exige la ciudadanía. Sus representantes en la Cámara de Diputados respaldamos las declaraciones y exigencias de nuestros liderazgos en la Entidad.

En Reynosa, varias escuelas cancelaron sus clases luego de quedarse sin energía eléctrica, pues integrantes del crimen organizado dañaron transformadores en colonias como Villa Florida y Las Granjas Económicas.2

Segundo. Ponderación jurídica.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Nacional tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea.

Esta ley señala que se entienden por Seguridad Nacional4 a las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. Además, prevé son amenazas a la Seguridad Nacional: actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, entre otras.

En Tamaulipas no se percibe que haya un estado de derecho, que preserve a la población.

Si señalamos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas, en las condiciones en las que viven los Tamaulipecos, ¿podríamos señalar que la Ley se cumple?

La seguridad pública es de conformidad con la ley, una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado

Luego, entonces, sí el gobierno de Estado cuenta con el sustento jurídico suficiente y monopólico, o en su caso compartido con la Federación, ¿a qué se debe la percepción de una ausencia gubernamental que defienda la integridad y la vida de los tamaulipecos?

En el caso de los legisladores federales de la entidad hemos procurado satisfacer las necesidades presupuestarias del gobierno del Estado para proteger a nuestros ciudadanos.

Tercero. Aspectos presupuestarios.

De acuerdo con el investigador Reyes Tépach de la Dirección General de Servicios de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados, el presupuesto en 2017 para el fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en 2017 se destinaron 20,659 millones de pesos, el Jefe del Ejecutivo en su proyecto de presupuesto para el Ejercicio 2018 propone destinar 21,758 millones de pesos.

El presupuesto para Tamaulipas, en comparación con otras entidades federativas por población, dimensiones territoriales e índices de delincuenciales se encuentra mermado en esta función crucial para preservar la paz y la seguridad en la entidad.

Por lo que se refiere a la delegación, ésta recibió en 2017 menor presupuesto que Veracruz- 82.94mdp-, Veracruz-84.21-, Jalisco 101mdp, ciudad de México- 195mdp- Tamaulipas recibirá 70.31 millones.

Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Tamaulipas recibirá 262 millones, cantidad infinitamente menor que el Estado de México con 492 millones, la Ciudad de México con 450 o de Jalisco que recibió 309 millones de pesos.

En el caso de Fortamun, en lo que se refiere a seguridad pública, nuevamente Tamaulipas es castigado con el presupuesto, ya que sólo recibió 393 millones, míseros, si se compara con la Ciudad de México y el Estado de México que recibieron 1124 y 1877 millones respectivamente.

Es urgente que se revisen las formulas y los componentes para la distribución del presupuesto para el gasto de seguridad pública.

Tamaulipas necesita del apoyo económico de la Federación, los delitos que lastiman a la gente están en su punto más alto; la violencia es constante y progresiva, urge detener su crecimiento, elevar la eficiencia de la procuración de la justicia, para ello se requiere dinero.

Cuarto. Percepción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 20175 existe una relación inversamente proporcional entre la confianza ciudadana en las instituciones y la percepción de corrupción en ellas.

La relación de la Marina es la mejor evaluada con una proporción de 88.00-20.4 respectivamente; el Ejército, 84.4-26.8, y finalmente la Policía Federal 66.5-57.2.

Las peor calificadas por la ciudadanía en la Encuesta fueron la policía de tránsito 43.1-77.7, la policía preventiva municipal 51.2-68.1 y los judiciales 52.9-64.3. Las policías estatales cuentan con una relación 56.4-65.1

Resulta altamente grave que los servidores públicos encargados de la seguridad pública ocupen las más bajas evaluaciones ciudadanas.

Ante lo anterior, las personas han impedido que sus hijos salgan a la calle, usar joyas, salir de noche, llevar dinero en efectivo o llevar tarjetas de crédito o débito, durante el año del 2016, de acuerdo con la Encuesta citada.

Sin lugar a dudas que la acción gubernamental es diversa, las personas saben muy poco en causas que generan inseguridad y desconfianza. Tan sólo un 13.4 sabe de acciones contra la corrupción, 14.7 de combate al narcotráfico, operativos contra la delincuencia 32.3 y mayor vigilancia 44.7 por ciento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, y con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, quien suscribe presenta ante esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a gobierno federal y al gobierno del estado de Tamaulipas a concertar acciones inmediatas que contribuyan al restablecimiento de Estado de derecho que garantice la seguridad de las personas y sus bienes en los municipios de Tamaulipas, particularmente, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Notas

1 https://aristeguinoticias.com/1610/mexico/violencia-en-tamaulipas-8-mue rtos-en-rio-bravo-y-bloqueos-en-reynosa/

2 http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/seguridad/2017/10/ 17/piden-presencia-permanente-fuerzas-armadas-tamaulipas-684398.html

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

5 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/
regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Abdíes Pineda Morín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agregar Poza Rica y Tuxpan en la definición de zonas económicas especiales, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Adolfo Mota Hernández, legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir a los municipios de Poza Rica y Tuxpan en la definición de zonas económicas especiales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobierno federal ha impulsado una estrategia novedosa para impulsar la creación de empleo en diversas zonas del sur de nuestro país. Buscando detonar el crecimiento, se promulgó el 1 de junio de 2016 la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

Derivado de lo anterior, el pasado 28 de septiembre de este año, el Presidente de la República los decretos de declaratoria de las tres primeras zonas económicas especiales (ZEE) en México. De esta manera, adquirieron esta categoría Puerto Chiapas en Chiapas; Coatzacoalcos en Veracruz; y, Lázaro Cárdenas–La Unión, en Michoacán y Guerrero. Además, se encuentra en proceso de incorporar como ZEE al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Progreso en Yucatán y el llamado corredor energético de Campeche y Tabasco.

Con una visión de planeación integral, se busca que la creación de estas zonas en regiones estratégicas contribuirá a la reducción de la brecha de desarrollo existente entre el norte y el sur del país.

Este esquema de inversión para detonar el desarrollo de una región ya ha sido probado en diversas partes del mundo. Podemos definir a una Zona Económica Especial como un área geográficamente en donde se ofrecerán principalmente diversos incentivos fiscales federales, un régimen aduanero especial y un marco regulatorio más ágil para atraer inversión y generar cadenas de valor en las zonas con mayor rezago y marginación del país.

El establecimiento de una ZEE contempla la creación de la infraestructura necesaria para generar un entorno que propicie la productividad. Con infraestructura de comunicaciones, transporte y tecnología; desarrollo urbano ordenado y sustentable, que asegure una mejor calidad de vida.

Si comparamos por regiones, la pobreza en los estados beneficiados por esta política afecta a más del 58 por ciento de su población, muy por encima del promedio nacional de 43.6 por ciento; y de la pobreza observada en los estados de la frontera norte de 25 por ciento. Asimismo, el nivel de informalidad en el empleo es significativamente mayor en estas zonas, ya que estudios recientes han ubicado en cerca del 71 por ciento de la población ocupada frente a un nivel del 40 por ciento en las entidades fronterizas.

Hasta el momento se han identificado a más de 100 empresas con interés de invertir en las zonas ya formalizadas y se espera que más empresas se sumen en sectores como la agroindustria, la transformación y almacenamiento de materias primas e insumos, y la Innovación y desarrollo científico y tecnológico.

Se estima que las actuales zonas económicas especiales atraigan una inversión superior a los 5,300 millones de dólares produciendo alrededor de 12 mil empleos en los próximos 3 años, dentro de los sectores estratégicos. Así, se busca la creación de nuevos empleos formales directos, con seguridad social y sueldos de hasta el doble de lo que actualmente se percibe en dichas regiones.

Las ZEE ofrecen facilidades para un intercambio comercial más dinámico y eficiente ya que tendrán un régimen aduanero especial, con una política arancelaria que facilite la exportación e importación. Asimismo, se da mayor certidumbre a inversionistas, con un marco jurídico plasmado en Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que garantiza la continuidad de los programas y políticas públicas a largo plazo.

A junio de 2017 se cuenta con un presupuesto modificado por 1,136 millones de pesos para impulsar el desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales. Estos recursos se ejercen a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido, y mediante FIRA y la Financiera Nacional para el Desarrollo.

Para potenciar beneficios a la población, se busca promover el desarrollo de las comunidades, fomentar su inclusión productiva, impulsar mejoras en equipamiento urbano y servicios públicos, así como el fortalecimiento del capital humano en la región.

Por todo lo anterior, consideramos oportuno exhortar al Gobierno Federal a que los beneficios del esquema tributario, social y económico que bridaría una zona económica sea declarado en los municipios de Poza Rica y Tuxpan, en el estado de Veracruz.

Ambos municipios cuentan con una gran vocación petrolera. Es histórica la capacidad probada de la región norte del estado de Veracruz y su ventaja geográfica para el establecimiento de industrias transformadoras y de la industria petrolera.

La zona Tuxpan-Poza Rica en la actualidad pasa por una crisis en la creación de empleos por la falta de inversión en el sector energético que se está convirtiendo en una verdadera crisis social que afectará a los habitantes de la región. Se calcula que más de 25 mil empleos se han perdido desde el año 2012 tan solo en la zona de Poza Rica.

El puerto de Tuxpan es uno de los más modernos en el país, Es un puerto comercial multipropósito que se especializa en la comercialización de petrolíferos, así como de granel agrícola y mineral. Esta ventaja competitiva puede ser aprovechada en beneficio de todas las comunidades marginadas en la zona que aún no pueden superar las desfavorables condiciones de vida que ancestralmente se presentan en la región.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a agregar a los municipios de Poza Rica y Tuxpan en la definición de zonas económicas especiales.

Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta a la SEP y el Conacyt a establecer medios de coordinación y colaboración para promover en conjunto la inclusión formal de las mujeres en el área de ciencias, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, tanto en las Instituciones de Educación Superior (IES), como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, con base en las siguientes

Consideraciones

La transversalización de la perspectiva de género es una estrategia que desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se ha tratado de implementar, y el tema que hoy nos aborda es la mujer en el campo de la ciencia.

Los gobiernos que adoptaron la Declaración coinciden en “garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación internacional.”

Ahora bien, la Plataforma de Acción en su objetivo estratégico B. 3. Aumentar el acceso de las Mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente, punto 82, inciso e), nos indica las medidas que han de adoptarse por parte de los gobiernos en cooperación con las instituciones educativas:

e) Diversificar la formación profesional y técnica y aumentar el acceso y la retención de niñas y mujeres en la enseñanza y la formación profesional en los campos de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la ciencia y la tecnología ambientales, la tecnología de la información y la alta tecnología, así como la capacitación en materia de gestión;

Es importante que institucionalicemos la transversalización en todas las áreas, ya como lo consideró el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es el “proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas en todos los niveles... que tiene como objetivo final de la integración el conseguir la igualdad de los géneros.”

Debemos fortalecer la comunidad científica de mujeres, disminuir la brecha de género, si bien ha habido un incremento paulatino en la matrícula de mujeres que ingresan a la educación superior y posgrado, todavía contiene un sesgo hacía las áreas sociales. Por lo que es necesario romper paradigmas y estereotipos para que las mujeres ingresen a las áreas de las ciencias.

El Grupo Mujer y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se integró en el 2006, como una organización que agrupa investigadoras y académicas de diferentes áreas de la ciencia. Cuenta a la fecha con 180 integrantes de 19 estados. El grupo tiene como principal objetivo el generar políticas científicas con perspectiva de género que ofrezcan a las mujeres igualdad de oportunidades para el desarrollo científico.

Este grupo de mujeres científicas ha desarrollado diferentes eventos tanto a nivel nacional como internacional con el propósito de visibilizar y fomentar a la mujer en el área de la ciencia. En el 2015 realizaron en instalaciones de Ciudad Universitaria un taller Superando la inequidad. Acciones para Impulsar y reconocer las investigaciones de ciencia y género en México.

Las memorias de dicho evento son sumamente valiosas, ya que nos proporcionan datos matriculares de la UNAM, UAM, así como del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

El documento indica que si bien la matrícula de las mujeres en educación superior aumentó de 1960 con un 17 por ciento al año 2000 casi al 50 por ciento, en posgrado solo alcanzo a 46 por ciento. Sin embargo un dato interesante es la segregación horizontal ya que la incorporación en carreras de ingenierías o afines representa tan solo el 25 por ciento de la matrícula mientras que en humanidades el 60 por ciento.

De igual forma indican que persiste la segregación vertical sobre el número de profesoras titulares c que en la UNAM es del 27 por ciento, y en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) donde de cada 10 personas que alcanzan el nivel 3, solo 2.8 por ciento son mujeres. Y por lo que hace a eméritos de la UNAM, una de cada diez es mujer mientras que en la UAM dos de cada 10.

La doctora Martha Pérez, Directora del Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, considera que es necesario que se reconozca y fomente el campo de la ciencia y género, considerando la inclusión de estudios con perspectiva de género desde todas las áreas de las ciencias, por ejemplo en las 7 áreas que considera el Sistema Nacional, ya que aún persisten ideas o grupos de que solo deben basarse en las áreas sociales y humanidades, por lo que esta situación limita la participación de las mujeres, así como los avances de las mujeres para alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico.

Ante lo expuesto se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta por la que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, que pueden ir desde campañas exhaustivas hasta la instauración de acciones afirmativas.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene la misión de promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, además de elaborar políticas de ciencia y tecnología nacionales, por lo que la inclusión formal de las mujeres en el área es sumamente importante para el desarrollo del país y la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, tanto en las Instituciones de Educación Superior, como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de octubre de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores a fin de ampliar la cobertura, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio Saldaña Morán, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El programa de pensión alimenticia para adultos mayores 65 y más, que opera actualmente a nivel nacional, tuvo sus orígenes en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, cuando en el seno de la Comisión de Desarrollo Social se diseñó un programa de subsidios para apoyar a los adultos mayores de 70 años en comunidades rurales hasta de 2 mil 500 habitantes, reconociendo que los adultos mayores se encuentran en una o varias de las siguientes condiciones: 1) condiciones adversas en el bienestar económico del hogar, 2) limitado ejercicio de derechos sociales, 3) dependencia económica y funcional a terceros, y 4) disminución de la autoestima.

De conformidad con lo anterior, resulta que poco más de 61 por ciento de las personas adultas mayores depende de un familiar o de otra persona para mantenerse económicamente; la proporción aumenta si se considera sólo a las mujeres adultas mayores (75.6 por ciento), y que se acentuaría aún más si se considera sólo a las personas adultas mayores que no cuenten con pensión o jubilación. Además, 6.4 por ciento aproximadamente de las personas adultas mayores presenta limitaciones para moverse o caminar; de este conjunto de personas, 41.3 por ciento indica que su limitación es consecuencia de su avanzada edad.1

El Programa 70 y Más inició operaciones en el ejercicio fiscal de 2007, y buscó alcanzar los siguientes objetivos:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 70 y más años de edad, mediante acciones de promoción y participación social y el otorgamiento de un apoyo económico equivalente a 500 pesos al mes, favoreciendo su integración a la vida familiar y comunitaria, el fomento de una cultura de la salud y la participación en actividades ocupacionales.

Los servicios que otorga el programa son cuatro: 1) apoyos económicos, 2) apoyos para la inclusión financiera, 3) acciones para mejorar la salud física y mental, y 4) acceso a servicios de protección social en beneficio de los adultos mayores que no reciban ingresos por concepto de pensión o jubilación de tipo contributivo.

Además de ello, el programa de adultos mayores contribuye a disminuir las condiciones de pobreza y vulnerabilidad por seguridad social y por ingresos de las personas en esa condición.

El programa se dirigió en ese entonces a todos los hombres y mujeres con 70 años cumplidos o más, residentes en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes en todo el país que no cuentan con una pensión contributiva, ni están afiliados a una institución de seguridad social. En el año inaugural, el universo de adultos mayores a beneficiar, ascendió a 2.7 millones de personas, de un total de 3.7 millones de adultos mayores.

En 2008 se amplió la cobertura a poblaciones de hasta 20 mil habitantes, para 2009 el tamaño de las localidades objeto del programa era de hasta 30 mil habitantes y para 2012 se implementó la cobertura nacional.

A partir de las Reglas de Operación 2012, se modificó la atención de adultos mayores a todas las localidades urbanas y rurales y el criterio de elegibilidad se centra en aquéllos que no reciben una pensión contributiva.

En la actual administración federal, a partir de 2013 el programa modifica su denominación para quedar como “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, se reduce la edad de incorporación de beneficiarios para incluir a personas de 65 años o mayores que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo o que ésta sea menor a mil 92 pesos. Desde entonces, el programa sin alteración.

Debido al aumento de la esperanza de vida, los mexicanos de 70 años y más pasaron de 3.8 millones en 2008 a 4.4 millones en el año 2012, y con la ampliación de los beneficiarios del programa por la disminución de la edad de acceso en 2013, la población objetivo pasa a 7,624,894 en ese año a 9,651,775 para el año 2020, es decir, 26.58 por ciento más.

Presupuestalmente, el programa ha evolucionado de la siguiente manera:

2

Por lo que respecta al año 2015, el presupuesto original del año fue de 42,515.6 millones de pesos; sin embargo, por el recorte en el primer bimestre el presupuesto modificado quedó definido con un valor de 38,891.8 millones de pesos.

Para 2016 se aprobó un presupuesto de 39,486.5 millones de pesos; y para 2017 cuenta con un presupuesto de 39,100.5 millones de pesos, para atender a un universo cercano a los 5 millones y medio de personas. El proyecto de presupuesto 2018 para este programa es de 39,473 millones de pesos.3

Considerando que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha establecido la línea de bienestar en $2,900.00 pesos al mes, es que propongo a esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno federal modifique las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los beneficiarios del mismo sean las personas de 65 años cumplidos y mayores, que no reciben ingreso mensual superior a 2 mil 900 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Notas

1 Inegi (2010). Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis).

2 http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/
EVALUACIONES/EED_2014_2015/SEDESOL/S176_PAM/S176_PAM_IC.pdf#search=adultos%20mayores

3 PEF 2016 y 2017 Ramo 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de una política integral y de acciones jurídicas para proteger los productos agrícolas, alimentarios y artesanales nacionales, y a los productores y artesanos, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscrita, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

El municipio de Tenango de Doria está ubicado en la zona otomí-tepehua, los pobladores se dedican al bordado de tenangos, figuras inspiradas en la flora y fauna que son adornadas con aspectos místicos de la región.

Los medios de comunicación, una vez más han dado cuenta de que empresas extranjeras “piratean” diseños de artesanos indígenas. Está vez, la firma española Mango plagió los modelos de bordado conocidos como tenangos y los plasmó en una línea de suéteres que llamaron “jersey bordado floral”.1

Debido a este hecho, las mujeres artesanas del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, reiteran que no es la primera vez que empresas, tanto nacionales como extranjeras, hacen uso de sus diseños y que no tienen, hasta ahora, forma de defenderse.

Es de hacer notar, que no es la primera vez que esta: piratería, robo, plagio, imitación o como sea que lo quieran nombrar, sucede. Ejemplo de lo anterior, se describe en los párrafos subsecuentes.

En 2009 durante un desfile de primavera-verano celebrado en Nueva York, el diseñador estadounidense Mara Hoffman, lanzó su línea de natación, donde se incluía una colección de bikinis, entre estos, algunos estampados con figuras de los famosos tenangos . Dicha colección fue exhibida durante la semana de moda de Mercedes-Benz, realizada en Miami, Florida.2

“Coloridos diseños de Hoffman han recibido reconocimiento entre celebridades como Blake Lively, Ashley Tisdale, Helena Christensen, Rihanna, Katy Perry, Jennifer López, Drew Barrymore, Ginnifer Goodwin, Kerry Washington, Whitney Port, Lauren Conrad, Paula Patton, LeAnn Rimes, Kim, Kourtney”, explica a través de la red social Facebook el propio Hoffman.3

La marca francesa Hermés utilizó, en 2011, diseños otomíes en su famoso “carré ” (cuadrado) de seda, la casa francesa consideró al proyecto como un “tributo” a los pobladores de la comunidad de San Pablo el Grande, en Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo.4

Nike pirateó en 2013 el diseño de los indígenas huicholes, según la marca fue para promocionar el arte y la cultura de los indígenas de esa comunidad. Sus diseños incluyen soles, venados, “ojos de Dios”, rombos, lunas y patrones regulares en colores brillantes como naranja, amarillo, rojo, verde y el azul cielo.5

En 2015, Susana Harpa acusó a Isabel Marant de copiar el bordado característico de los huipiles de Santa María Tlahuitoltepec en su colección de primavera-verano 2015 de la línea Étoile , las prendas eran una blusa, falda, vestido y chamarra. El costo de la blusa de diseñador era de aproximadamente $4,500.00 pesos, mientras que una blusa bordada por artesanos oaxaqueños no alcanza los $1,000.00 pesos.6

La tienda de interiorismo The Pottery Barn, replicó en al menos 10 piezas de su colección primavera 2016 los diseños tradicionales de la de la comunidad indígena Otomí, y lo paradójico, es que los cojines con bordados mexicanos, tienen en su etiqueta “Made in China.7

Las y los artesanos aseguran que sus diseños han sido plagiados en diversas ocasiones, práctica que les genera indignación, ya que las marcas ni siquiera dan el crédito que les corresponde a los productores originales de los diseños, que han sido transmitidos por años y generación tras generación.

No podemos perder de vista que cada diseño, es producto de la creatividad de cada artesana o artesano, que sus diseños son piezas únicas e irrepetibles, por lo que deben ser reconocidos y protegidos sus derechos.

Es propicio hacer un paréntesis para señalar que el plagio o robo, no es exclusivo de los diseños, hay que recordar que dicha práctica, también se da en productos agrícolas y alimentarios que cuentan con denominación de origen, así como con otros que no cuentan con ella, pero que son evidentemente nacionales. Como ejemplo de lo anterior, tenemos el nopal mexicano, que China pretende patentar, por lo que diversos académicos han hecho un llamado al gobierno federal para garantizar su denominación de origen.

En 1982, hubo un saqueo histórico de cactáceas por parte de japoneses, llevándose casi 500 toneladas desde Colima. Así mismo, la Asociación de Productores de Cactáceas y Suculentas, señaló que coreanos, chinos y tailandeses saquean semillas de cactáceas,8 sin que se hayan tomado medidas contundentes al respecto.

Un ejemplo más, es el tequila, que tiene denominación de origen, por lo que está protegido. Aun así, China tiene imitaciones baratas que acaparan el mercado, se trata de un tequila “pirata” que desde 2008 está en el mercado, la empresa Jinchuang Suntime Winery, situada en la provincia de Shandong, promociona la venta del “tequila barato y con el mejor sabor”.9

Otro caso es el de India, que después de años de importar garbanzo mexicano, en 2000, desarrolló su propia semilla y comenzó a producirla a gran escala, con lo que no sólo dejó de comprarnos el grano, sino que también nos quitó el mercado de Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Líbano y Argelia.10

En razón de lo antes señalado, es preciso hacer un paréntesis para traer a la memoria, aunque de manera breve, los aspectos más destacados en torno a la “denominación de origen”. Tal y como lo señala la Secretaría de Economía, la denominación de origen se le designa a un producto originario de una región geográfica específica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico.11

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, competente para emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen y autorizar su uso, así como tramitar y en su caso otorgar registros de marca, entre otras atribuciones.

A grandes rasgos, los elementos y condiciones de una denominación de origen consisten en:

– Un producto de características únicas o calidad especial que lo individualizan entre los productos de su misma especie.

– Características o calidad especial derivadas exclusivamente de factores naturales y humanos.

– El producto es identificado o designado con el nombre del lugar en que se produce.

Las denominaciones de origen no se obtienen o se conceden por decreto ni por ninguna autoridad, sólo existen por situaciones de hecho; es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que las consume, y posteriormente, se les protege mediante la declaración correspondiente.

La ventaja fundamental de esta calificación, es garantizar al consumidor, no solo un nivel de calidad más o menos constante, sino también mantener características específicas irrepetibles que no posee un producto similar producido en otra región o con otra materia prima. A cambio de esto, los productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos [...]. Esta figura fomenta la organización del sector productivo y facilita el acceso de los productores a mercados nacionales e internacionales que difícilmente alcanzarían sin esta organización.12

A la fecha, el IMPI ha declarado la protección de las siguientes 14 Denominaciones de Origen: Ámbar de Chiapas, Arroz del estado de Morelos, Bacanora, Café Chiapas, Café Veracruz, Charanda, Chile Habanero de la península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Mezcal, Olinalá, Sotol, Talavera, Tequila y Vainilla de Papantla.13

Ahora bien, regresando a la problemática central que nos ocupa, es necesario reflexionar sobre la soledad e indiferencia institucional que enfrentan los indígenas mexicanos. Si las grandes empresas nacionales o internacionales fueran objeto de plagio en alguno de sus diseños, seguramente las demandas multimillonarias y el escándalo no se haría esperar. Sin embargo, cuando le sucede a los productores y artesanos mexicanos, el silencio, la complicidad y la omisión es la única respuesta.

El plagio a las marcas, diseños y productos mexicanos, no sólo constituye una afrenta contra los artesanos o productores sino contra la nación en su conjunto. Cada artesanía y cada producto, lleva a cuestas la historia e identidad nacionales, y si bien caracterizan o representan una región, es preciso reconocer que forman parte del patrimonio de México.

En este sentido, es urgente impulsar en el ámbito público y privado, una cultura nacionalista que respete, valore, proteja y conserve nuestras raíces, tradiciones, costumbres, identidad, historia y cultura.

Es responsabilidad del Ejecutivo Federal, a través de sus instituciones y organismos defender lo nuestro, crear estrategias, normas y políticas públicas, encaminadas a salvaguardar el patrimonio nacional en sus diferentes manifestaciones.

Es preciso proteger nuestros derechos culturales y nuestras raíces, darle valor a lo que nos es propio, a lo que nos distingue de otros pueblos, y que, a la vez, une e identifica al nuestro. Reconocerlo y defenderlo, es una obligación ética y jurídica, porque más que productos, son manifestación viva de nuestra historia y cultura, que se transmiten de generación en generación, dotándonos de pertenencia e identidad nacional.

Por lo anteriormente expuesto y debido a la gravedad del problema, ponemos a consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Economía; Relaciones Exteriores; Cultura; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten una política integral para la protección de los productos agrícolas, alimentarios y artesanales nacionales, así como para la defensa de los productores y artesanos mexicanos.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Economía y Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que emprenda las acciones jurídicas a que haya lugar en contra de la firma española Mango, por el plagió de los modelos de bordado conocidos como tenangos , las cuales garanticen sanciones ejemplares, al tiempo que, protejan cabalmente los derechos de las y los artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo.

Tercero. Se Exhorta a las Instituciones de la Administración Pública Federal, señaladas en el punto segundo de la presente Proposición, para que hagan del conocimiento público, con absoluta transparencia, las acciones realizadas, objeto del presente Punto de Acuerdo, así como los resultados de las mismas.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/otra-vez-les-piratean-bordados-tenangos#.WeI4JtukAmY.whatsapp;
https://diariodemexicousa.com/una-vez-m%C3%A1s-extranjeros-piratean-dise%C3%B1os-de-artesanos-ind%C3%ADgenas; y,

http://www.adn40.mx/noticia/cultura/nota/2017-10-14-12-1 8/marca-espaniola-piratea-bordado-de-indigenas-mexicanos/

2 http://www.losangelespress.org/coyotes-de-europa-y-eeuu-piratean-tenang os-indigenas/

3 Ídem.

4 http://www.dw.com/es/herm%C3%A8s-y-los-otom%C3%ADes-la-fusi%C3%B3n-de-d os-mundos/a-14888042

5 http://www.denunciasmx.com/2016/05/nike-se-piratea-el-diseno-de-los.htm l

6 http://www.milenio.com/tendencias/
Mixe_Tejido-Isabel_Marant-Neiman_Marcus-Susana_Harp-Santa_Maria_Tlahuitoltepec_0_522547950.html

7 http://ks.com.mx/2016/08/15/copia-fusil-o-plagio/ y
http://www.univision.com/estilo-de-vida/moda/los-bordados-mexicanos-otomies-made-in-china

8 http://www.jornada.com.mx/2017/10/12/sociedad/038n1soc

9 http://www.sinembargo.mx/08-06-2013/645163

10 http://expansion.mx/economia/2007/11/15/bfquien-se-pirateo-mi-semilla

11 https://www.gob.mx/se/articulos/denominaciones-de-origen-orgullodemexic o

12 https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen

13 https://www.gob.mx/se/articulos/denominaciones-de-origen-orgullodemexic o

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender adecuadamente a la población damnificada por los sismos de septiembre y levantar el censo de viviendas dañadas en Chiapas, incluidas las afectadas por posibles negligencias de servidores públicos y que deben considerarse en los recursos destinados a la reconstrucción, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la república, a atender adecuadamente a la población afectada por los eventos sísmicos de septiembre; a realizar de manera conjunta con autoridades estatales de protección civil de Chiapas, el censo de viviendas dañadas por el sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre de 2017, elaborado por dicha dependencia en Chiapas, y a reconsiderar la posibilidad de incluir a la totalidad de las viviendas afectadas, que debido a las prisas de los funcionarios federales no fueron incluidas en la evaluación de daños, y que deben ser consideradas dentro de los recursos destinados para la reconstrucción, derivados del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de los bonos catastróficos del Banco Mundial y de los recursos de donación realizadas por instituciones públicas y privadas.

Consideraciones

Uno de los grandes retos que hoy enfrenta el país, se originó el 7 de septiembre de 2017, tras el sismo de 8.2 grados con epicentro frente a las costas de Chiapas, que causo graves afectaciones en diversos municipios de Chiapas y Oaxaca. Asimismo, hasta las 10 horas del 21 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional reportaba 8 mil 376 réplicas, siendo las dos de mayor magnitud de 6.1 grados. Por ello, este evento sísmico es considerado como el más fuerte en México durante los últimos 100 años, superando la magnitud del sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres.

En este contexto, el 19 de septiembre, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, hizo pública una evaluación preliminar de daños en vivienda de 80 mil 508, entre las cuales 22 mil 340 se consideraban con daño total. Esta información que fue recopilada por las Unidades Municipales de Protección Civil y los Comités Comunitarios de Prevención y Participación Ciudadana.

En consecuencia, la información recabada fue la base para solicitar la declaratoria de desastres en 97 municipios chiapanecos que habían resentido las afectaciones de dicho fenómeno natural.

Cabe señalar que los efectos de este intenso fenómeno geológico, se potencializan ante las vulnerabilidades sociales que presenta Chiapas, a partir de la dispersión de las comunidades, la pobreza y debilidad de las edificaciones tradicionales, mismas que fueron las más afectadas. Esto, sin considerar que de manera previa, el 14 de junio de 2017, diversas comunidades ya habían sido afectadas por un sismo de magnitud 7.0 y los recursos para la reconstrucción por este evento adverso ni siquiera habían sido liberados.

Considerando todo lo anterior, el 5 de octubre de 2017, según consta en el acta de instalación del Comité de Evaluación de Daños para este fenómeno, la evaluación de daños debió terminar el 4 de octubre y por eso sus resultados finales fueron entregados a la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, específicamente la evaluación en viviendas fue encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno de la república, pues, de acuerdo con sus atribuciones es la encargada de realizar los recorridos por la totalidad de las comunidades reportadas con daños y debió hacer la valoración conjunta con las autoridades estatales para levantar el censo de afectación, considerando viviendas con daño total y daño parcial.

Sin embargo, versiones de vecinos en diversos municipios de la entidad que se encuentran dentro de la declaratoria de desastres y que tienen afectaciones evidentes en sus viviendas, la Sedatu no les expidió el folio correspondiente, ya que sus viviendas no fueron evaluadas por esta dependencia y se les ha dicho que la revisión sólo fue realizada por personal de dicha dependencia federal, durante los primeros días tras del sismo.

A pesar de las instrucciones del Ejecutivo para instalar mesas de atención interinstitucional en cada cabecera municipal, los requerimientos de revisión de viviendas hechas por los ciudadanos no fueron contemplados en su totalidad por la Sedatu e incluso muchas de éstas mesas fueron levantadas a escasos 15 días de ocurrido el sismo.

De acuerdo a estimaciones en Chiapas, más de 30 mil viviendas quedaron fuera del censo oficial de Sedatu y actualmente no podrán ser beneficiadas por los apoyos de la reconstrucción, provenientes del Fonden, de fondos internacionales o de donaciones.

La situación descrita, pareciera indicar que dentro de los funcionarios de dicha dependencia federal, existía una prisa por cerrar la evaluación de daños, lo cual no permitió llegar a todas las localidades, ni que la totalidad de viviendas afectadas fueran incluidas en el censo, generando que miles de familias quedaran sin patrimonio y sin una esperanza de recuperar lo perdido.

Aunado a esto, es importante considerar que a los recursos que el gobierno del estado de Chiapas deberá destinar para el pago de su parte proporcional del Fonden, mediante programas emergentes, se deberán destinar mayores recursos para cubrir el pago de las afectaciones que por irresponsabilidad no fueron consideradas por Sedatu.

Ahora bien, Chiapas ha sido una entidad que ha sido golpeada por la disminución de los recursos de fondos y programas federales y cuyas características económicas, políticas y sociales, han mantenido a la sociedad chiapaneca distante de las prioridades del Ejecutivo Federal, ocasionando bajos índices de desarrollo y un incremento de sus vulnerabilidades.

Es inaceptable que a pesar del pacto federal, una entidad federativa que fue golpeada por uno de los eventos sísmicos más grandes de la historia de nuestro país, tenga hoy que responsabilizarse sola de lo que la naturaleza ocasionó.

El gobierno federal ha anunciado el uso de los bonos catastróficos del Banco Mundial, los cuales destinarían recursos adicionales a la reconstrucción por este fenómeno, sin embargo, tal parece que la prioridad del Ejecutivo federal, ha sido reducir el costo de la reconstrucción, ignorando a una población que sigue viviendo en la desesperanza de haber perdido su patrimonio.

Asimismo, el Congreso de la Unión, por acuerdo de la Cámara de Diputados, donó recursos para la reconstrucción en Chiapas y Oaxaca por este sismo. Por lo tanto, consideramos que no existe justificación alguna para aminorar deliberadamente los costos de las afectaciones, dejando fuera a miles de familias afectadas en su patrimonio.

En consecuencia, este punto de acuerdo es un llamado a la responsabilidad de los funcionarios federales encargados de realizar la evaluación de daños en Chiapas, y a reconsiderar de manera inmediata la decisión que tomaron al no revisar e incluir todas las viviendas afectadas, ni cumplir con las fechas de término de la evaluación de daños establecidas por las Reglas de Operación y el propio Comité instalado para este desastre. Este punto de acuerdo, es un llamado al gobierno federal para realizar un acto de responsabilidad y compromiso con el pueblo de Chiapas, cumpliendo cabalmente con el pago de la totalidad de la afectaciones ocasionadas por un fenómeno natural en una entidad donde la escases de recursos es evidente y donde es necesario el respaldo de las instituciones federales para apoyar a las familias afectadas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal y al titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república a atender adecuadamente a la población afectada por los eventos sísmicos de septiembre; a realizar de manera conjunta con autoridades estatales de protección civil el censo de viviendas dañadas por el sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre de 2017, elaborado por dicha dependencia en el estado de Chiapas, y a reconsiderar la posibilidad de incluir a la totalidad de las viviendas afectadas, mismas que debido a las prisas de los funcionarios federales no fueron incluidas en la evaluación de daños, y que deben ser consideradas dentro de los recursos destinados para la reconstrucción, derivados del Fonden, de los bonos catastróficos del Banco Mundial y de los recursos de donación realizadas por instituciones públicas y privadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inifed a celebrar un convenio de coordinación con el gobierno de Oaxaca para potencializar y redireccionar equipamiento e infraestructura física educativa para atender 158 planteles del Instituto de Estudios de Bachillerato de la entidad, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Óscar Valencia García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a celebrar convenio de coordinación con el gobierno constitucional del estado de Oaxaca, para potencializar y redireccionar el proyecto de la Infraestructura Física Educativa para Oaxaca en beneficio del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios- impartirá educación básica y media superior y garantizará entre otras la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo logro de aprendizajes de los educandos.

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como una de las metas nacionales lograr un México con educación de calidad, considerando que la creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos continuos de innovación educativa, requiere de espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. De igual manera, una mejor educación necesita de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas; para ello ubica a la escuela en el centro de la política nacional, reconociendo que existen condiciones que generan inequidad en el servicio educativo.

3. Según lo estipulado en el artículo 10, fracción X, de la Ley General de Educación, la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público y constituye el Sistema Educativo Nacional, entre otros la infraestructura educativa.

4. La Ley General de la Infraestructura Física Educativa faculta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

5. El 26 de febrero de 2013, fue publicada la reforma educativa en el Diario Oficial de la Federación, misma que se centra en 5 ejes prioritarios, entre los que destaca la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física educativa como un elemento de la mayor importancia.

6. Investigaciones en torno a la problemática del rezago y abandono escolar han identificado que una de las causas relevantes de abandono escolar, tiene que ver con que las escuelas no cuenten con condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuado que le permitan desarrollar con éxito sus actividades educativas.

7. El programa del gobierno federal “Escuelas al Cien” es considerado como la mayor inversión en décadas para el mejoramiento de escuelas públicas en México que beneficia a más de 6 millones de estudiantes en un periodo de 3 años, de diciembre de 2015 a diciembre de 2018, dignificando más de 33 mil planteles educativos en el país. Dicho programa dispone de 8 componentes en atención al orden de prioridad y secuencia para mejorar todas o algunas de las siguientes prioridades:

a) Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral.

b) Servicios sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de muebles sanitarios.

c) Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario para maestro.

d) Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano.

e) Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas, al menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.

f) Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo y administrativo.

g) Infraestructura para la conectividad. Construcción y/o rehabilitación del aula de medios y/o servicios administrativos (techos y muros firmes). Esto se atiende mediante el componente. Así como protectores para ventana.

h) Espacios de usos múltiples. Infraestructura de arco o techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Así mismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

8. Datos publicados en la página del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa da a conocer que en el estado de Oaxaca, el programa “Escuelas al CIEN”, del periodo de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, tuvo un aprovechamiento de sólo 67 por ciento, el más bajo a nivel nacional, ya que le fueron liberados 541 millones 171 mil 358.13 pesos que deberían ser utilizados en 696 planteles y únicamente se ejerció 363 millones 218 mil 737.67 pesos en 422 planteles. Este significativo desaprovechamiento es consecuencia del conflicto magisterial en Oaxaca, ante la negativa de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al no aceptar la ejecución del programa en las escuelas de educación básica en el estado de Oaxaca.

9. Con el redireccionamiento del recurso no ejercido durante los años 2015 y 2016, el cual fue asignado a la educación básica a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; por tanto se pretende ejecutar el programa “Escuelas al CIEN” en 158 de los 261 planteles del instituto de bachillerato del estado de Oaxaca, considerados de muy alta y alta marginación, que operan únicamente con recurso estatal, con un déficit reflejado en la falta de infraestructura física educativa, de personal docente, equipamiento y mobiliario básico.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a celebrar Convenio de Coordinación con el Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca, para potencializar y redireccionar 354 millones de pesos para equipamiento e infraestructura física educativa para atender a 158 planteles del instituto de estudios de bachillerato del estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Óscar Valencia García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y la SRE a informar a la opinión pública por qué no se ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Consagra todos esos derechos, además de los científicos, tecnológicos y ambientales. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Reconoce a los y las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades. Se considera un instrumento para exigir los derechos de los jóvenes y así poder ser protagonista del cambio.

Contiene 5 capítulos y 44 artículos. Dos capítulos son disposiciones generales y enmiendas normativas y 3 capítulos aluden a los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, y la organización de mecanismos u órganos estatales que procuren la formulación de políticas nacionales acordes a contextos culturales y estructuras de participación.

La Convención incluye los siguientes derechos:

El derecho a la paz y a una vida sin violencia

El derecho a la libertad y seguridad personal

El principio de no-discriminación

La participación de los y las jóvenes

El reconocimiento de la igualdad de género

El derecho a la justicia

El derecho a la educación

El derecho a la educación sexual

El derecho a la identidad y personalidad propia

El derecho a la salud

El derecho a la protección contra los abusos sexuales

La Organización Iberoamericana de la Juventud es un organismo internacional de carácter multigubernamental, creado en 1992 para promover los derechos de los jóvenes y fomentar el dialogo con los países iberoamericanos. Dentro de los objetivos de esta organización están el político, promoviendo en los países la generación de políticas públicas de juventud; el técnico, investigando las diferentes realidades juveniles y capacitando funcionarios y representantes juveniles y la cooperación promoviendo proyectos de integración para jóvenes a nivel nacional y regional. La Convención Iberoamericana de derechos de los Jóvenes cumple, sin duda alguna un rol integrador y promotor de estos objetivos: Al tiempo de promover el desarrollo de una sociedad más incluyente a través del establecimiento de mecanismo de participación juvenil, que sin lugar a dudas favorece al establecimiento del bienestar colectivo.

Los jóvenes de nuestro país exigen un trato digno, que se les tome en cuenta, que sean escuchados, de esta forma busca una mayor participación en la toma de decisiones de nuestro gobierno y como bien lo señala la propia convención en su preámbulo los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. Es por ello que se hace necesaria la aplicación de esta convención tal parece que nuestros jóvenes son una causa olvidada.

Dentro de los objetivos que tiene esta convención es el ser una norma legal interna de obligatorio cumplimiento para los Estados que la han ratificado, así como en documento orientador para el diseño y la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, aplicados por los gobiernos a los ciudadanos.

De 2006 a 2008 los países parte que ratificaron la CIDJ fueron:

República Dominicana
Ecuador
Honduras
España
Costa Rica
Uruguay
Bolivia.

Países que firmaron y están en proceso de ratificación:

Cuba
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Nicaragua
Portugal
Venezuela

Países que aún no han firmado:

Argentina
Colombia
El Salvador
Chile
Brasil

La ratificación de dicho instrumento internacional permitirá fomentar la participación de la juventud mexicana en el desarrollo de la vida pública de nuestro país, tal como se establece en el artículo 21 numeral 4 de la misma que a la letra se cita: “Los Estados parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones”; lo anterior tendrá un amplio alcance en virtud de las disposiciones que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ende, es nuestro deber vigilar que se respeten esos derechos contemplados, así como salvaguardarlos. Como bien lo señala Víctor González en su artículo, “ratificar la Convención es la aceptación del Estado Mexicano de la necesidad de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la juventud, lo que no es cosa menor, y también el reconocimiento de tres particulares derechos vagamente señalados por el torrente jurídico mexicano: el derecho que los jóvenes tienen a ser oídos en la determinación de su custodia; el derecho al trabajo de los jóvenes, en particular a la promoción del primer empleo; y el derecho a ser objetores de conciencia frente al servicio militar obligatorio.”1

En nuestro país los jóvenes han hecho ya este llamado al Ejecutivo, así como en la Senado de la República, sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna. De acuerdo con el INEGI, en 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7 por ciento de la población nacional, es decir, un poco más de la cuarta parte. Del total de la población joven, 35.1 por ciento son adolescentes (15 a 19 años), 34.8 por ciento son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de edad. En este sentido merece la pena recordar el proyecto 15-35 de la Plataforma Nacional de Juventud, integrado por 20 organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las y los jóvenes, quienes solicitaron al Gobierno mexicano atender el exhorto que por primera vez hizo el Congreso de la Unión en materia de juventud y derechos humanos el pasado 12 de agosto de 2009 donde se solicitó remitir al Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para su ratificación.2

En lo concerniente al nivel de escolaridad, 32.9 por ciento de personas jóvenes, cuentan con educación media superior, mientras que 19.4 por ciento educación superior. El 1.2 por ciento de jóvenes no tiene escolaridad y 2.9 por ciento solo estudiaron la primaria incompleta.3

Las personas jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas con perspectiva de juventud que consideren los ámbitos social, económico, político y cultural, permitan la transformación de su realidad y que se genere un ambiente propicio para la construcción de su personalidad adulta, basada en valores y con sentido de responsabilidad.

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que informe a la opinión pública por qué no ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, al tiempo de solicitar al Senado de la República el estado que guarda dicho instrumento internacional conforme a las disposiciones que le confiere el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Notas

1 González Espinoza V. (2017). La necesidad de ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Hechos y Derechos, 1 ( 37). Consultado de

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-de rechos/article/view/10956/13000

2 Piden al Senado ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. En

http://ciudadania-express.com/2009/08/20/
piden-al-senado-ratificar-la-convencion-iberoamericana-de-derechos-de-los-jovenes/última consulta 12/10/2017

3 http://www.inegi.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Segob a exentar por dos años a las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del pago de las coparticipaciones estatales para tener acceso a los recursos del Fonden, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal José Antonio Estefan Garfias, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Gobernación a exentar por un periodo de dos años a las entidades federativas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 al pago de las coparticipaciones estatales para tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), bajo las siguientes

Consideraciones

El 7 de septiembre de 2017, el país sufrió un sismo con magnitud de 8.2 grados, el cual ocasionó la lamentable pérdida de la vida de varias personas, así como que otras resultaran lesionadas. Que, por la intensidad del citado fenómeno natural, se causaron daños en las viviendas, instalaciones, carreteras, sistemas de riego agrícola, servicios básicos y comunicaciones, en diversos estados de la República.

El 11 de septiembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

El 12 de septiembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal y a las empresas productivas del Estado, para atender las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

El 14 de septiembre de 2017 se emiten las declaratorias de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del Estado de Chiapas y de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del Estado de Oaxaca.

El 19 de septiembre de 2017 se suscitó el fenómeno de sismo de magnitud 7.1.

El 20 de septiembre de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 6 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Gobernación a exentar por un periodo de dos años a las entidades federativas que resultaron afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 al pago de las coparticipaciones estatales para tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado José Antonio Estefan Garfias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Tratado de Marrakech y a tomar medidas que faciliten el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a textos impresos por la red nacional de bibliotecas públicas, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Irma Rebeca López López, Alfredo Basurto Román, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 27 de junio de 2013 los estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptaron el Tratado de Marrakech, el cual representa un avance internacional en el ámbito de protección de derechos humanos con la regulación de la propiedad intelectual, ya que tiene por objetivo establecer obligaciones internacionales para limitar los derechos de autor y conexos que garanticen el acceso de personas de otra forma excluidas y remediar la escasez de libros y materiales de lectura que se encuentran disponibles para todas aquellas personas que padecen de una discapacidad visual.

2. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de discapacidad visual cada año, de los millones de libros que se publican en todo el mundo, solamente entre 1 y 7 por ciento se pone a disposición de los 285 millones de personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso, 90 por ciento de las cuales vive en contextos de bajos ingresos de países en desarrollo.

3. El 25 de junio de 2015, México suscribió en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, el instrumento, se comprometió a adoptar o adaptar en la legislación nacional las disposiciones que permitan la reproducción, distribución y puesta a disposición del público de obras publicadas en formatos accesibles. En este sentido, requiere que se hagan excepciones a las leyes en materia de derechos de autor, que permitan a las personas con discapacidad visual y sus organizaciones producir libros en formatos accesibles sin necesidad de solicitar antes la autorización del titular de los derechos de autor, como el autor o el editor.

4. Es importante recordar que la educación permite obtener conocimientos, habilidades y aptitudes para desenvolverse individual, familiar y socialmente. Además, la posición socioeconómica de un país está estrechamente vinculada con el nivel educativo que logran sus habitantes, razón por la cual es considerada como el mejor instrumento para enfrentar las dificultades del desarrollo social. Esta se podría ver mejorada en sobremanera si se le brinda el apoyo necesario a los sectores de la población que necesitan de mayor atención, como es el caso de los débiles visuales.

5. La Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que el Tratado de Marrakech beneficiará a más de un millón de mexicanos con dificultades para disponer de material de lectura, ya que le garantizará el acceso a un mayor volumen de obras en formatos tales como el lenguaje braille, el audio y el macrotipo, tanto de autores nacionales como extranjeros.

6. Antes de este acuerdo, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas había establecido espacios culturales para personas con discapacidad en 100 salas braille en el país, una sala de silentes en Hidalgo y la reciente sala de Lenguaje de Señas en la Ciudad de México. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) considera a nivel nacional una red de bibliotecas conformada por 31 redes estatales y 16 delegacionales que operan siete mil 388 bibliotecas para brindar servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

7. A pesar de estos avances, las personas con discapacidad visual eran afectadas por una hambruna de lectura en estos espacios. Sin excepciones a los derechos de autor, hacer copias en braille de un libro era un delito a la propiedad intelectual. Considerando que las grandes bibliotecas de obras accesibles que están disponibles, no son digitalmente copiadas y distribuidas masivamente para ser puestas a disposición de las bibliotecas que sirven a las personas ciegas.

8. Es importante que México realice las acciones pertinentes para coadyuvar en la implementación y cumplimentación de los objetivos del citado tratado. Primeramente, reconociendo el propósito de dar certeza jurídica de manera inmediata, los congresos locales deberán realizar las adecuaciones legislativas a las que haya lugar a fin de no contravenir y, en todo caso, potenciar los alcances del instrumento internacional materia del presente.

9. Conseguir un ambiente de igualdad entre los ciudadanos alrededor del mundo, tal como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se sugiere buscar la equidad de las personas con diversos tipos de discapacidad representa ir más allá con el seguimiento a políticas públicas que generan de manera pronta el acceso a esas obras y es con la ampliación de espacios con la participación de las entidades federativas y generar el acceso a textos con facilidad e inmediatez.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, en pleno respeto al pacto federal, para que instruya a las instancias pertinentes a considerar ampliar los espacios pertenecientes a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y dotarlos de la infraestructura necesaria, a fin de coadyuvar en la cumplimentación inmediata de tan importante tratado.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que realicen la armonización legislativa en relación a la reciente aprobación del Tratado de Marrakech.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales y guerrerenses a atender la denuncia de violación y abuso de poder contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 2 de octubre del presente año, la activista en pro de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez dio a conocer a través del diario La Jornada 1 que el día 16 de septiembre fue víctima de violación sexual y abuso de poder por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort del estado de Guerrero.

En la narración de los hechos realizado por la activista da cuenta que ese día se encontraba en el municipio pues impartió una conferencia para promover acciones para la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en la Universidad Autónoma de Guerrero. Un incidente personal la llevo a requerir atención médica en la clínica San Antonio y ante la falta de un medio electrónico de pago por parte de la institución se desarrollaron los hechos de violencia contra ella y un acompañante.

Refiere que fueron detenidos por la policía con violencia en el proceso y durante el trayecto a la cárcel fue torturada físicamente y emocionalmente, pues la policía que la custodió, a quien identifica como Claudia Juárez Gómez, presionaba sobre una herida que presentaba y le jalaba el cabello, así como le espetaba de manera sarcástica “¿Te duele?” y le dijo “¡Aquí te vas a chingar, aquí valen verga tus derechos, aquí te chingas, pinche güerita pendeja, aquí estas en Tlapa y te voy a enseñar quién manda”.

En la comandancia, en la celda a la que fue remitida la policía Juárez Gómez la violó. La activista víctima refiere el hecho así: “Con su brazo derecho me sometió hasta ponerme de rodillas, me tapó la boca y me empezó a tocar mis senos, hasta que llegó abajo, desabrochando mi pantalón e introduciendo su mano izquierda debajo de mi pantaleta tocando mi área vaginal, penetrándome violentamente con sus dedos. La violación duró unos cinco minutos, pero se me hizo eterno, y todo el tiempo estuvo diciéndome al oído: ‘te dije que te ibas a chingar, te dije que te callaras, pendeja’”.

Después del hecho fue liberada sin que mediara ningún procedimiento formal. Sin embargo, la violencia no termino ahí, pues al iniciar el proceso de denuncia del hecho ente las autoridades competentes sufrió una y otra vez la incapacidad y el menosprecio de los servidores públicos.

Al acudir a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de La Montaña, está se encontraba cerrada y sin personal de guardia. En la oficina del ministerio público, el funcionario responsable le negó levantar la denuncia. Al día siguiente siguió buscando realizar los trámites de denuncia correspondientes y fuera de la fiscalía se encontraba el director de Seguridad Pública de Tlapa, Javier Rivera Fierro buscando “hablar” (o intimidarla) y ella se negó a ello. Finalmente la fiscal Osbelia Blanco Martínez la recibió y le dijo que no contaban con personal para hacer los dictámenes, médicos, sicológicos ni toxicológicos que se requieren, por lo que tuvo que pasar más días en el proceso de denuncia. El examen sicológico requerido fue realizado dos días después por Karen Denisse Ramírez, quien en vez de seguir el protocolo la cuestionó ¿Qué sentimiento te invade por el hecho de estar en Tlapa impartiendo una charla contra violencia y haber sido violada durante tu estancia?, reafirmando el hecho de ser impotente ante la situación. Y el examen médico también dos días después del evento criminal.

Ante la denuncia presentada el acoso contra ella aumento, un medio local Interdiario, el ABC en La Montaña publicó su foto y una nota contra la denunciante. Así mismo su casa fue allanada y se le amenazó de muerte.

La situación es alarmante pues la persecución y ataque contra los defensores de los derechos humanos es una práctica recurrente en el país, y en el estado de Guerrero es de los que más casos denunciados tiene, así fue dado a conocer por el colectivo Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) en septiembre pasado.2 En la conferencia se informó que la Red TDT ha contabilizado 21 ejecuciones extrajudiciales de activistas pro derechos humanos durante el presente sexenio y calificaron esto como una política de estado pues los casos se han triplicado respecto a sexenios anteriores.

Sin duda la presencia del crimen organizado ha llevado a la entidad una situación de violencia e inseguridad contra las familias, siendo las mujeres las principales víctimas. También se observa con preocupación que las políticas públicas no muestran avances ni eficiencia en controlar dicha situación de inseguridad y violencia, y más bien que los cuerpos de seguridad han enfocado su labor en el sometimiento y persecución de los activistas y ciudadanos. Parece ser que la línea de los gobiernos locales es bloquear, callar o desaparecer las voces críticas y los esfuerzos de la sociedad civil por mejorar las condiciones sociales y de seguridad en el estado, es eliminar a todo aquel que busque el real estado de derecho. Por ello, requerimos alzar la voz y exigir de las autoridades de los tres niveles de gobierno actúe de manera más eficiente en contra de los delitos y la impunidad reinante en el estado.

Nosotros no podemos ser impávidos ante un crimen como el cometido, por ello exigimos justicia para Yndira Sandoval y castigo a los responsables.

Ante esta situación, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a atraer el caso y realizar las investigaciones pertinentes.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de derechos Humanos a que dé seguimiento del caso, realice las recomendaciones pertinentes y dé el apoyo institucional a Yndira Sandoval en el proceso.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a dar seguimiento al caso y a realizar las acciones pertinentes y a su alcance contra los responsables de violentar y acosar a una defensora de derechos humanos.

Cuarto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar las acciones necesarias a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera penal a los responsables. Así mismo a destituir a los funcionarios que por acción u omisión no dieron cumplimiento a los procedimientos de denuncia y buscaron evitar la impartición de justicia.

Quinto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a capacitar y formar a sus funcionarios públicos en perspectiva de género y en los protocolos existentes sobre atención a la violencia de género, violencia sexual y de violencia contra defensores de derechos humanos.

Sexto . Se exhorta al gobierno municipal de Tlapa de Comonfort a iniciar los procesos administrativos que correspondan contra los funcionarios municipales responsables y a los vinculados al caso, y destituirlos de sus cargos de manera inmediata a fin de evitar obstaculizar la acción de la justicia.

Séptimo . Se exhorta al Congreso del estado de Guerrero a iniciar juicio político contra el presidente municipal de Tlapa de Comonfort por ser el responsable administrativo de las acciones realizadas por la policía municipal.

Notas

1 Defensora de los derechos de las mujeres, violada por la policía en Tlapa, Guerrero. La Jornada, 22 de octubre de 2017, México.

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/22/politica/013n1pol

2 Violaciones a los derechos humanos son “política de Estado” en Guerrero: ONG, La Jornada, 21 de septiembre de 2017, México.

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/21/espectaculos/034n1 est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a revisar el correcto funcionamiento de sus instrumentos de medición de temperaturas y actualizar los cálculos de éstas en todo Tamaulipas, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Hinojosa Ochoa, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Montserrat Arcos Velázquez, María Esther Camargo Félix, Miguel Ángel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Esdras Romero Vega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El cambio climático es una realidad que afecta a todos los países del mundo, de acuerdo a la ONU durante este siglo la temperatura de la superficie mundial podría aumentar hasta en 3°Celsius e incluso podría ser mayor en algunas zonas del planeta, también señala que las personas más pobres y vulnerables serán las más afectadas por este fenómeno.1

II. En México no somos ajenos a esta realidad, razón por la cual en los últimos años hemos sido testigos de distintos fenómenos meteorológicos y temperaturas extremas en el país, de acuerdo a la Conagua en su Reporte Anual del Clima en México 2015,2 durante ese año la temperatura media nacional resulto 1.1°Celsius por arriba de la media comprendida de los años 1981 al 2010, igualando así al año 2014 como el más caluroso desde 1971.

III. En el caso concreto del estado de Tamaulipas es conocida la diversidad de climas que existen en él, de acuerdo al Sistema de Información Económica de Tamaulipas (Sietam) la entidad se puede subdividir en tres zonas climáticas las cuales van desde los climas semisecos y semicálidos del centro y norte, a los climas cálidos subhúmedos del sur y sureste además de los climas de la sierra madre.3

IV. En este orden de ideas resulta indubitable el hecho de que la existencia de tal diversidad climática impacta directamente en las temperaturas en los diversos municipios del estado, siendo un ejemplo de esto el gran contraste que existe entre las temperaturas de 18.3°Celsius reportadas en el mes de julio del 2014 en el municipio de Las Antonias y los 31°Celsius alcanzados en Nuevo Laredo en el mismo periodo,4 resultado de lo anterior es una realidad que en algunas zonas y con motivo de las altas temperaturas aumenta el uso y consumo de energía por parte de aparatos electrónicos tales como ventiladores y refrigeradores los cuales resultan esenciales para mitigar las olas de calor y para conservar en buen estado los alimentos de las familias tamaulipecas.

V. Como ya se sabe, las enfermedades y muertes relacionadas con las altas temperaturas son una realidad, en ese sentido la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) alertó de un posible aumento de fallecimientos debido a las olas de calor que afectan a diversos puntos del planeta, dicho organismo señalo que se debe dedicar más atención a la gestión del peligro que implican las temperaturas extremas si se quiere reducir la mortalidad causada por ese fenómeno el cual anualmente cobra la vida en promedio de más de 7,200 personas en el mundo.5

VI. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social los daños a la salud a causa de las temperaturas elevadas pueden ser desde quemaduras solares, calambres, agotamiento por calor y golpes de calor entre otros, cabe mencionar que los grupos de la población más susceptibles a dichos golpes son las y los niños menores de 6 años de edad y los adultos mayores de 65 años.6

VII. En este orden de ideas y derivado del aumento del consumo de energía mencionado en el cuarto considerando de la presente propuesta, resulta necesario e inaplazable el tomar medidas que apoyen a la población más vulnerable y de escasos recursos en el Estado de Tamaulipas, si bien reconocemos los beneficios económicos que la reforma energética ha traído a las familias mexicanas con la reducción del costo de las tarifas electicas, es necesario fortalecer el apoyo a los mas vulnerables.

VIII. En este sentido y con fecha del 1 de Enero del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 015/2014 mediante el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos en las cuales se establecen las categorías 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E Y 1F; Cada una de estas categorías varia en su costo atendiendo al consumo de kilowatts-hora, a la temperatura media del lugar donde se aplique y a la época del año la cual para efectos del acuerdo se clasifican como “Temporada de Verano” y “Temporada fuera de Verano” siendo la primera el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, de tal manera que entre más alta sea la temperatura la tarifa será más económica.

IX. Dicho lo anterior, es importante señalar que al ser la temperatura un factor determinante para la clasificación de las tarifas que se habrán de cumplir no podemos ser ajenos a la realidad de la cual somos testigos diariamente y de la cual padecemos las altas temperaturas que llegan a rebasar incluso los 40°Celsius como se puede observar en la siguiente ilustración obtenida de la página de la Conagua, situación que ha generado muertos y hospitalizados por golpes de calor en Tamaulipas.

X. La salud de toda la población es un tema prioritario y de interés público para el Estado Mexicano como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales de los cuales México es parte tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los cuales el primero en su artículo 24 reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto de salud y el segundo en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental además de establecer entre otras la obligación de los Estados parte de tomar las medidas tendientes a conseguir la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños así como a prevenir y tratar distintos tipos de enfermedades por lo cual a efecto de continuar con el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas además de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables ante las altas temperaturas y por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que revise el correcto funcionamiento de sus instrumentos de medición de temperaturas y actualice las mediciones de las mismas en todo el territorio del estado de Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con base en los resultados que obtenga la Comisión Nacional del Agua en la medición de las temperaturas, reclasifiquen las tarifas eléctricas que actualmente se cobran en el estado de Tamaulipas, aplicando de manera uniforme la tarifa 1F. Lo anterior a efecto de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables y en apoyo de las economías familiares que debido a los climas extremos a los que se exponen requieren de un mayor consumo de energía para el cuidado de su salud y para tener una mejor calidad de vida.

Notas

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change- 2/

2 Reporte del clima en México 2015, Conagua (página 16)

http://smn1.conagua.gob.mx/climatologia/analisis/reporte /Anual2015.pdf

3 Tamaulipas: Mapa de Climas, Sietam. http://sietam.tamaulipas.gob.mx/indicadores/geograficos/G-12.pdf

4 Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 2015 (página 26)

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAMS_ANUARIO _PDF15.pdf

5 Un warns of more heatwave deaths as climate change pushes up temperatures, ONU

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/07/un -warns-of-more-heatwave-deaths-as-climate-change-pushes-up-temperatures /

6 Temporada de calor, IMSS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer acciones para destinar recursos a la transversalización de la perspectiva de género, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada, Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1,fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La igualdad de género ha sido el resultado de la lucha constante y que durante décadas ha sido impulsada por activistas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, logrando así permeando en políticas de Estado Mexicano en los diversos poderes y niveles de gobierno, logrando implementar acciones para avanzar hacia la igualdad sustantiva y real.

Sin embargo es una realidad que aún no podemos referirnos plenamente a la igualdad, pues si bien existe normatividad nacional e internacional para avanzar en el tema, contamos con cifras, diagnósticos y estudios que demuestran pocos o nulos avances en la incorporación de la perspectiva de género derivado principalmente de estereotipos machistas que merman considerablemente el empoderamiento e igualdad integral de las niñas y mujeres.

Un binomio que no hemos logrado implementar a plenitud ha sido la transversalidad de la perspectiva de género y la igualdad. Pues mientras la igualdad se conceptualiza “como el derecho que las mujeres y los hombres a gozar de la misma condición, tener las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos humanos y su potencial a fin de contribuir al desarrollo nacional, político, económico, social y cultural y de beneficiarse de sus resultados”, 1 la transversalidad “es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles,2

Ante este panorama y con el objeto de revertir las desigualdades de género, así como la limitad o nulo ejercicio de transversalización, debemos invocar los tratados internacionales, ratificados por el Estado mexicano y que obligan a tomar medidas, acciones y estrategias para disminuir esta brecha; tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ordenamiento a partir del cual el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que órganos autónomos en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) aceptan las obligaciones que de la misma derivan, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará), la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (agenda 2030) específicamente el 5o. objetivo; instrumentos de gran relevancia en la implementación de acciones y mecanismos para la igualdad, la no violencia y la perspectiva de género.

Congruente con los compromisos internacionales se ha generado legislación nacional en el tema, tal es el caso de las reformas constitucionales a los artículos 1o. y 4o. que otorgan pleno reconocimiento a los derechos humanos, sí como la igualdad entre mujeres y hombres, respectivamente.

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (LFPED), de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) y el Presupuesto de Egresos para la Federación (anual), son el marco jurídico idóneo para trabajar en la concreción de acciones y asignación de recursos en la materia.

Bajo este contexto, es una obligación de todos los gobernantes y servidores públicos desde su ámbito de competencia y esfera de actuación, cumplir a cabalidad con cada una de las premisas abordadas en los instrumentos citados cada instrumento jurídico; reiteramos que la perspectiva de género requiere del trabajo, esfuerzo y compromiso de todos los sectores, principalmente de los gubernamentales en los tres poderes y ámbitos de gobierno, pues es ahí donde se genera el engrane económico – social idóneo para fortalecer e implementar acciones a favor de la erradicación de la violencia, la igualdad y la perspectiva de género, para dar cumplimiento a LGAMVLV, a la LGIMH y a los acuerdos internacionales en cuestión de Derechos Humanos de las Mujeres.

Es por ello, que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el próximo 2018, que resulta idóneo conminar a los 32 titulares del Poder Ejecutivo estatal, así como a los titulares de los ayuntamientos de los estados, a asumir con sensibilidad, compromiso y equidad, la transversalización e incorporación de la perspectiva de género en las acciones, políticas, programas y lineamientos de su administración, así como a destinar recursos necesarios desde la programación de los presupuestos de ingresos y egresos para cumplir a cabalidad con su ejecución.

Cabe señalar que este período de aprobación, es referente y no limitativo, pues la realidad exige la implementación permanente de acciones que deriven en mayores recursos para el tema en comento, así como del compromiso de los gobiernos en cada ámbito, para avanzar en el tema.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de a la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas y a los titulares de los ayuntamientos de dichas entidades, a fin de transversalizar e incorporar la perspectiva de género en las acciones, políticas, programas y lineamientos de su administración, así como a destinar recursos necesarios desde la programación de los ingresos y presupuestos de egresos, dirigidos a acciones en favor de la igualdad de género.

Notas

1 Definición UNESCO.

http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/igua ldad-de-genero/

2 Definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de rutas de evacuación inmediata en la sede de esta soberanía, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. El edificio que alberga actualmente la Cámara de Diputados fue inaugurado en 1981, pues el número de diputados cambió de 186 a 400, con motivo de la reforma política de 1977. El diseño del nuevo inmueble corrió a cargo del prestigiado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y de sus homólogos Jorge Campuzano y David Suárez.

En la descripción que Ramírez Vázquez hace de esta obra arquitectónica expone sobre algunas modificaciones del proyecto original, considerada para ser sede de las Cámaras de Senadores, y de Diputados:

El edificio del Congreso de la Unión fue planeado para integrar las Cámaras de Diputados, y de Senadores unidas por un patio. La Cámara de Diputados consta de un cuerpo central, donde se reúne el Congreso en pleno, y dos alas –hacia el norte y hacia el sur–, para alojar los servicios generales, las oficinas de los diputados y las áreas para las comisiones plenarias. La disposición es muy clara y sencilla. Los edificios laterales albergan oficinas al servicio de los legisladores, tanto para el uso exclusivo de un diputado (con su área de apoyo secretarial) como para las comisiones que analizan propuestas de ley. El criterio general es, insisto, muy simple: hacia las fachadas, las oficinas para los diputados, con servicios comunes; al centro, circulaciones verticales en los extremos y servicios sanitarios. Éste es el esquema que privó para ambas Cámaras. Las áreas necesarias para las oficinas y los servicios generales laterales se ubicaron en una planta sótano, una planta principal y cuatro niveles propiamente de oficinas. A consecuencia de la crisis económica de principios de los ochenta, hubo necesidad de disminuir el ritmo e incluso suspender parte de la construcción. Se continuó la obra en el área de la Cámara de Diputados; por diversas razones, el edificio que corresponde a la Cámara de Senadores nunca se concretó.

En el conjunto se presenta una serie de simbolismos. Se eligieron materiales utilizados desde la época prehispánica, si bien se adaptaron a nuestro tiempo. Materiales sencillos, naturales, como el tezontle, pero trabajados con herramientas modernas y sistemas constructivos contemporáneos. Predominan la madera y la cantera. Se busca que sean de fácil mantenimiento y adecuados al servicio que habrán de prestar. Nuestros colores nacionales se muestran también con estos materiales: el verde, a través del bronce, con el que se forjaron el Escudo y el gran mural que realizó Chávez Morado a la entrada; el blanco, por medio de franjas de mármol; y el rojo, con el cálido tezontle de los muros.1

El propio Ramírez Vázquez, en esta descripción de su obra, publicada en 2003, asienta cómo “agentes contaminantes”, desde una perspectiva de desarrollo urbano, entre otros, “que tenía un desarrollo muy precario con relación a la calidad y satisfactores de la vida urbana de otras zonas, porque en sus inmediaciones había, y hay, varios agentes contaminantes. A un lado del actual Archivo General de la Nación, y del nuevo Palacio Legislativo, se encontraban las bombas del canal del desagüe, que fueron sustituidas por el drenaje profundo, y posteriormente se construiría la avenida del Canal del Desagüe...”2

Finalmente, en el documento precitado, el prestigioso arquitecto mexicano detalla con precisión de lenguaje, una a una, la ruta de su construcción, así como cada rincón de San Lázaro, tanto en su valor artístico y en su utilidad y constitución de materiales sencillos, pero emblemáticos de la identidad mexicana.

Segundo. En la historia de esta obra arquitectónica donde nos ubicamos para el servicio correspondiente al país han quedado registrados no menos de tres episodios que, por fortuna, y a pesar de su intensidad, este inmueble se ha sostenido firme: el sismo del 19 de septiembre de 1985, una de las peores adversidades naturales que afectaron severamente al país, principalmente a la Ciudad de México; el incendio del 5 de mayo de 1989, que obligó a un proceso de restauración, a cargo del arquitecto Manuel de Santiago-de Borbón González Bravo, hasta que el 1 de noviembre de 1992 se reanudaron labores con normalidad; y los sismos recientes de septiembre, de los cuales, coincidentemente con el de 1985, el del 19 tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, que propició que aún se esté interviniendo en trabajos de reparación, sobre todo en el edificio H.

Cabe destacar la oportunidad con la que los órganos de protección civil y la Junta de Coordinación Política de este poder público se hicieron cargo de la situación, durante y en los días posteriores al siniestro natural, para evaluar el efecto de éste sobre este inmueble. Al respecto, la información difundida en los interiores de este edificio, el 25 del mes en curso, con relación a la habitabilidad, fundamentada en los peritajes correspondientes, abonó a la tranquilidad y la certidumbre en la dinámica de la reanudación de labores.

Una lección, sin embargo, bien ha debido dejarnos la naturaleza, con el incidente sísmico del 19 de septiembre último: analizar y ponderar las medidas en materia de protección civil, considerando prioridad la seguridad de las vidas de las personas que prestamos servicio en este edificio.

Con base en la reflexión anterior, es pertinente advertir que, por su arquitectura, este edificio de San Lázaro requiere un análisis con relación a su estructura que permita considerar las rutas de salidas de emergencia que expertos en el área consideren necesarias, sin afectar la esencia de esta obra arquitectónica de considerable valía artística.

Los muros, con sus cuatro plantas y columnas exteriores de soporte, no permiten hasta ahora que quienes laboramos en oficinas y salas de trabajo accedamos a salidas emergentes en caso de nuevos sismos.

Un plan de protección de la vida no necesariamente tendría que afectar en esencia el diseño arquitectónico de este edificio, con 35 años de haber sido edificado; pero un gesto de solidaridad obliga a considerar prioritaria la vida de seres humanos y la nueva cultura de protección civil que a todos invita a valorar.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que busque los acuerdos necesarios para que considere la construcción de rutas de evacuación inmediata en los edificios del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Referencias

1 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/conocer/sanlaz_aniv/06 _paleg.pdf

2 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a concesionar a la SCT el tramo carretero industrial que une la vía federal 180 Coatzacoalcos-Villahermosa con el complejo petroquímico Morelos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El complejo petroquímico Morelos se localiza al sur de Veracruz, al este de Coatzacoalcos, aproximadamente a 7 kilómetros de la carretera federal 180, Coatzacoalcos-Villahermosa. Sus instalaciones se encuentran en una importante región industrial, formada por Minatitlán, Cosoleacaque y los complejos petroquímicos Pajaritos y Cangrejera. En la región se encuentran también las empresas Idesa, Clariant, Beta, Rhodia, Cydsa, Mexichen, Canamex y Praxair/Cryo Infra, así como el ferrobuque.

Como consecuencia de la culminación de la contrarreforma energética, en diciembre de 2013, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de siete empresas productivas subsidiarias (EPS), con el argumento de garantizar una mejor organización administrativa, jurídica y de negocios de los activos de Pemex. Estas empresas son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Cogeneración, Pemex Logística, Pemex Perforación, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno.

Pemex, la nueva empresa productiva del Estado, determinó que algunos activos que formaban parte de una línea de negocios se desincorporaran para ser absorbidos por otra EPS. Ése fue el caso de los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera, cuya operación es traspasada de Pemex Transformación Industrial a Pemex Etileno a fin, se dijo, de fortalecer la participación de Pemex en el área petroquímica.

Segundo. Desde distintos parámetros, el complejo petroquímico Morelos es el tercero más importante en el país. Eso se confirma en la capacidad nominal, donde Morelos, en el periodo 2001-2014, siempre se encuentra atrás de Cosoleacaque y Cangrejera y antes de Pajaritos. La capacidad de Morelos se caracteriza por un crecimiento pequeño, gradual y sostenido, con leves caídas en 2002 y 2007. La participación de Morelos en el total de la capacidad nominal petroquímica es variable, aunque no menor de 17 por ciento. En 2012, 2013 y 2014 se observa un crecimiento en el porcentaje de participación de la petroquímica Morelos en el total de la capacidad petroquímica nacional, pues pasó de 21.1 a 21.3 y 25.7 por ciento, respectivamente. Sin embargo, debe señalarse que ese comportamiento se debió principalmente a que el total de la capacidad nacional presentó un fuerte decrecimiento en esos años (véase el cuadro I).

Cuadro I
Capacidad nominal por complejo petroquímico, 2001-2014Miles de toneladas

a) A partir de 2014, la capacidad del complejo Pajaritos dejó de reportarse debido a su desincorporación del grupo Pemex.

Fuente: Petróleos Mexicanos, Anuario estadístico , 2011 y 2014, México.

En cuanto a la elaboración de productos petroquímicos por complejo, Morelos se encuentra en tercer lugar, después de Cangrejera y Cosoleacaque. No obstante, eso no ocurrió en 2005 y 2006, años en los que la producción de Morelos asciende al segundo lugar al producir mil 553 miles de toneladas de productos petroquímicos en cada uno de esos años; siendo esa producción superior a la de Cosoleacaque en 372 mil toneladas en 2005 y en 234 mil toneladas en 2006 (véase el cuadro II).

Cuadro II
Elaboración de productos petroquímicos por complejo, 2001-2014Miles de toneladas

(a) Las plantas de etileno y cloruro de vinilo (clorados III) pertenecieron a Pemex hasta septiembre de 2013.

Fuente: Petróleos Mexicanos, Anuario estadístico , 2011 y 2014, México.

Tercero. Como parte del mismo proceso de desincorporación se encuentra el caso de la planta de acrilonitrilo del complejo petroquímico Morelos. En el oficio Pemex-ETI-DG-092-2016, emitido por la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos de dicho complejo, se da aviso del cierre de operaciones de la planta de acrilonitrilo, la cual quedará en “paro operativo”.

Una vez más, los directivos de Pemex consideraron la inviabilidad de la planta de acrilonitrilo al calcular que no resulta rentable en las condiciones actuales de mercado, por lo que tomaron la decisión de llevarla a paro operativo y explorar alternativas al contrato con Unigel, que permitan dar viabilidad a la operación futura de la planta.1

En el oficio referido, Pemex ordena a los trabajadores “desalojar la planta”, finiquitar todos los contratos de servicios con proveedores de materia prima y transporte, y hacer las actividades necesarias para darlos por terminados. Como respuesta, los trabajadores solicitaron al sindicato que les explicara cuál era su situación laboral, debido a que, como en el cierre de otras plantas, los dejaron sin materia de trabajo, “sin adscripción”. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros alertó entonces que podría darse otra liquidación masiva de trabajadores como ocurrió con la desincorporación del complejo Pajaritos. La Unión hizo ver que esto forma parte del esquema de desincorporación de 33 plantas pertenecientes a refinerías y complejos la Cangrejera y Morelos en Coatzacoalcos, por lo que continuará el desmantelamiento de la empresa y el despido de trabajadores.2

La planta de acrilonitrilo era líder en la producción de petroquímicos para la industria procesadora de fibras sintéticas, envases de plástico, cremas, tuberías, solventes, pinturas y esmaltes, y fue una importante exportadora de materia prima hacia Estados Unidos.

Cuarto. En 2017 Pemex continúa lo que llama rehabilitación de los complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos como parte de su estrategia, incluida en el Plan de Negocios 2017-2021. El objetivo del plan es la modernización de los complejos petroquímicos y el incremento en la confiabilidad operativa de las plantas, lo que permitirá fortalecer a la subsidiaria Pemex Etileno para hacerla competitiva en el plano internacional.

En consecuencia, durante el primer trimestre de 2017 se han invertido 85 millones de pesos en estas labores. De ese monto, 59 millones, es decir 68 por ciento, se han ejercido en el complejo petroquímico Morelos, principalmente en la rehabilitación de las plantas de etileno y de polietileno de alta densidad. Asimismo, Pemex mantiene nuevos procesos de contratación para el mantenimiento de las plantas swing, de óxido de etileno y etileno en Morelos.3

Quinto. A mediados de julio de 2017, el presidente operativo del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AC (AIEVAC), Claudio Velasco Martell, informó que estas asociaciones buscarían un acuerdo con Pemex para que les libere o ceda el boulevard de los complejos petroquímicos que se encuentra en el tramo que va de la rotonda que conduce al complejo petroquímico Morelos hacia el entronque con la carretera federal 180, debido a que el mantenimiento del tramo no se ha realizado.

Estamos viendo la posibilidad de que Pemex lo libere o lo ceda como un acuerdo con CLAM-AIEVAC y nosotros podamos llevarlo para poder hacer un trabajo en conjunto y que se hagan los mantenimientos que se requieran...4

Velasco Martell aseguró que el bulevar siempre se ha mantenido en coparticipación de las empresas con Pemex, pero que también habría que ir involucrando al túnel y al municipio de Coatzacoalcos. Señaló la importancia que tiene la rehabilitación del tramo en la seguridad debido a que se presenta un constante paso de unidades que transportan material químico para las empresas asentadas en el corredor industrial. Afirmó que dicho mantenimiento tiene un costo entre 10 y 15 millones de pesos cada 2 años, por lo que estarían calculando que ese sería el monto que estarían inyectando a la rehabilitación del bulevar.5

Sexto. Aparte de la urgente necesidad de rehabilitar el tramo carretero industrial, por las razones expuestas, los daños ocasionados por los recientes temblores de septiembre pasado han agudizado el reclamo por atender la reparación inmediata de esa vía de comunicación industrial, comercial y entre poblaciones, tan importante para el desarrollo del país.

Séptimo. De acuerdo con el objetivo primero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que señala: “Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social”.6

Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, a dar en concesión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el tramo carretero industrial que une la carretera federal 180 Coatzacoalcos-Villahermosa con el complejo petroquímico Morelos.

Notas

1 Oil&Gas Magazine, Revista de la Industria del Petróleo y el Gas , “Complejos petroquímicos Morelos y Cangrejera son y seguirán siendo de Pemex”, 11 de noviembre de 2016.

2 La Jornada , Muñoz Ríos, Patricia, “Cierre definitivo en Coatzacoalcos del complejo petroquímico Morelos”, 7 de noviembre de 2016, México.

3 Oil&Gas Magazine, Revista de la Industria del Petróleo y el Gas , “Pemex rehabilita complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos”, 20 de abril de 2017.

4 Imagen del Golfo , “Buscan reparar carretera industrial del sur, 16 de julio de 2017, Coatzacoalcos.

5 Imagen del Golfo , “Buscan reparar carretera industrial del sur, 16 de julio de 2017, Coatzacoalcos.

6 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, mayo de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar la declaración de área natural protegida de la barranca de Río Verde y Río Santiago, en Jalisco, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país considerado megadiverso, es decir que por la cantidad y variedad de especies de flora y fauna, así como la diversidad de ecosistemas que se encuentran en el territorio hacen de él uno de los países más especiales del mundo en términos ecológicos.

Por ello, proteger dichos ecosistemas y características que le dan particularidad al país se ha configurado como una de las principales tareas en término de protección al ambiente y el equilibrio ecológico.

En este sentido, la Constitución política establece en el tercer párrafo del artículo 27 que:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;...”

Con este artículo se permite la implementación de una de las principales estrategias que se ha seguido en México para proteger la biodiversidad nacional y el equilibrio ecológico, el de las áreas naturales protegidas (ANP).

Estos son espacios cuyas características ecológicas, bióticas, genómicas o de servicios ambientales los hacen especiales o únicos. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se establece en el artículo 3, numeral II, la definición de Área Natural Protegida (ANP)

“Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley”

Y en el artículo 45 de dicha ley se establece que:

Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones;

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Así, las Áreas Naturales Protegidas responden a la necesidad de salvaguarda ecológica y cultural de los espacios significativos de nuestro país.

Sin duda, uno de los espacios más significativos de nuestro país, tanto natural como culturalmente, es la barranca del Río Santiago y Río Verde, mejor conocida como la Barranca de Huentitan-Oblatos, ubicada en el estado de Jalisco y que atraviesa doce municipios de este estado, Acatic, Amatitán, Cuquio, El Salto, Guadalajara, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

La barranca es una formación rocosa parte de un sistema de fallas geológicas que han explotado los ríos para labrar su cauce. Por ello su evolución y configuración actual es producto de procesos de miles de años que le han dado sus características particulares.

El contexto topográfico de las barrancas está dominado, hacia el norte, por las elevaciones de la Sierra Madre Occidental; hacia el este, por los altos de Jalisco; al sur, por alineaciones volcánicas y los bloques elevados del sistema de pilares y fosas del lago de Chapala y Zacoalco-Tepic, los cuales escindieron las mesetas y los llanos preexistentes, y, al oeste, La Caldera y domos de la Sierra de la Primavera, cuya aparición es de edad muy reciente, y, al oeste noroeste, la Sierra de Tesistán.1

En cuanto al ecosistema, la barranca debido a que se localiza en una zona de confluencia de dos reinos biogeográficos, como lo son el Neoártico y el Neotrópico, y a que se localiza entre dos provincias fisiográficas, como lo son la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico, es que cuenta con características naturales muy peculiares, por lo cual presenta una gran diversidad de flora y fauna, tanto de afinidad tropical como templada.2

En el área se reconoce la presencia de cuatro tipos de vegetación primaria (de hábitat natural): bosque tropical caducifolio; bosque de encino; bosque de galería y vegetación rupícola; además se tienen dos tipos de vegetación inducida (de hábitat inducido): matorral inducido y pastizal inducido.3 Asimismo, existe una amplia variedad de especies de fauna silvestre, principalmente la asociada a sistemas ribereños y de cuencas hidrológicas. “Los grupos animales de especies estrictamente acuáticas se conforman con porcentajes altos de especies endémicas, especies bajo categorías de protección y en su mayoría especies raras, como es el caso de los peces de agua dulce y las aves acuáticas que incluyen a especies migratorias”.4

Por el lado sociocultural, la barranca es considerada una de las riquezas naturales que le da identidad al estado de Jalisco. Por su vista y belleza es comparada con las Barrancas del Cobre de Chihuahua y el Cañón de Colorado, en Estados Unidos. También han sido objeto de inspiración y referencia artística, tanto en la pintura, la plástica y la escritura, vale recordar la obra del pintor Gerardo Murillo, Dr. Átl, quien inmortalizó las barrancas en varios de sus trabajos. En fin, que ha sido considerado un tesoro estatal que se debe proteger.

Por ello, desde 1997 se han realizado esfuerzos por declarar la zona como área natural protegida. Estos han venido de distintos actores tanto municipales como estatales que han impulsado diversos mecanismos de protección de la barranca, como fue la declaratoria en 1997 por parte del municipio de Guadalajara de área natural protegida municipal. También, en 2004 el congreso del estado declaró Área Municipal de Protección Hidrológica a la Barranca del Río Santiago comprendida en el municipio de Zapopan, Jalisco; y actualmente existe un proceso a nivel federal para declarar como Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales 56 mil 782 hectáreas de las barrancas del Río Verde y el Río Santiago.

Este proceso ha cumplido con prácticamente todas las fases necesarias para realizar la declaratoria federal de área natural protegida, pues la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya ha realizado los estudios técnicos pertinentes y desde 2008 realizó los foros de consulta pública necesarios para la elaboración del dictamen final,5 el cual ya ha sido entregado junto al decreto declaratorio al ejecutivo federal, faltando únicamente la signatura, para concluir el proceso.

Realizar la declaratoria de las barrancas del Río Verde y Río Santiago como área natural protegida traerá diversos beneficios a los ciudadanos del estado y, en particular, a los de la zona metropolitana de Guadalajara, tanto en términos medio ambientales y ecológicos como en términos sociales y culturales.

Por un lado, se encuentran, como ya se ha mencionado la protección del ecosistema, la fauna y flora y, en particular, las especies endémicas de la barranca.

También, se reconoce y garantiza la protección de uno de los símbolos que le ha dado identidad al estado y a los tapatíos.

Pero, quizá uno de los más importantes motivos para la declaratoria es el de garantizar la sustentabilidad medio ambiental de la zona metropolitana de Guadalajara y con ello la perspectiva de desarrollo para el mediano y largo plazo de la ciudad, pues los servicios ambientales que actualmente brinda la barranca por medio de la declaratoria se garantizarían en el tiempo. La barranca es el espacio natural que funciona como uno de los pulmones de la ciudad, que permite la regulación climática de la zona y que realiza la captación natural de agua y como tal surte de vital liquido a la ciudad. Sin embargo, la expansión de la ciudad ha generado presiones sobre la zona de la barranca, debido a la demanda de espacio nuevo para construcción, tanto de vivienda como para uso comercial y administrativo. Se requiere blindar a la barranca de estas presiones y dar la garantía, tanto a los ciudadanos de hoy como de las futuras generaciones, de que el espacio natural de la barranca será protegido siempre.

Por lo anterior, propongo el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a que en atención a su atribución legal para declarar las Áreas Naturales Protegidas y en función de que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la ley, realice la Declaración como Área Natural Protegida a la barranca de Río Verde y Río Santiago, del estado de Jalisco

Notas

1 Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, (2016), Estudio Técnico Justificativo y programa de manejo del proyecto de declaratoria del área natural protegida formación natural de interés estatal Barrancas de los Ríos Santiago y Verde Proyecto, Semadet-Jalisco, pp. 36.

2 Ibid, pp. 63

3 Ibid, Pp. 66

4 Ibid, Pp. 89

5 Diario Oficial de la Federación, Aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, la zona conocida como Barrancas de los ríos Santiago y Verde, con una superficie de 56 mil 782 hectáreas, localizada en los municipios de El Salto, Juanacatlán, Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo, Acatic, Tepatitlán de Morelos, Cuquío, Ixtlahuacán del Río y Zapopan, Estado de Jalisco., Tomo DCLIII, No. 1, México D.F., viernes 1 de febrero de 2008.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5029327&fecha=01/02/2008

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Chihuahua a solicitar a la Sagarpa que emita con la mayor brevedad una declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario por la sequía en Ocampo, Uruachi y Moris, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, a nombre propio y de Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Las sequías se presentan en gran parte del mundo cada vez con mayor frecuencia y nuestro país no es la excepción. Las regiones que las padecen sufren fuertes pérdidas económicas y favorecen la migración de gran parte de su fuerza de trabajo hacia otras zonas. Asimismo, las sequías afectan grandes extensiones de terreno de cultivo y pueden provocar la muerte de numerosas cabezas de ganado; además de que disminuyen la disponibilidad de agua para la producción industrial y pueden afectar el uso doméstico de los habitantes.1

Las ondas de calor presentes durante las sequías, pueden causar la muerte por deshidratación de seres humanos, sobre todo en niños y ancianos; además, son motivo para que aumenten considerablemente las enfermedades gastrointestinales.

Las sequías se presentan en forma lenta y generalmente su gestación es poco notoria, no obstante, causa un gran daño a la agricultura y ganadería, así como a la industria. De igual forma, pueden llegar a afectar amplias regiones y durar meses o incluso años. Según afirma el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se ha comprobado que la sequía es el fenómeno meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad.2

Según la misma institución, nuestro país padece sequías desde tiempos ancestrales y recientemente se ha visto que la duración de las sequías y que sus áreas de afectación han ido en aumento.3 Aunque en parte del territorio nacional se tienen lluvias abundantes, existen regiones que no disponen del vital líquido en las cantidades requeridas como son los estados del norte y centro, particularmente: Durango, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Es precisamente en el Estado de Chihuahua, donde actualmente se padece de dicho fenómeno, particularmente en los Municipios de Ocampo, Uruachi y Moris , donde se ha resentido con fuerza los embates de éste, lo cual ha afectado gravemente la producción de maíz, frijol, avena y forraje; por lo que resulta apremiante la intervención del gobierno estatal, a efecto de gestionar los apoyos existentes en beneficio de los productores y consecuentemente de la economía del Estado.

Ante ello, es oportuno señalar que el Gobierno Federal posee instrumentos de apoyo y atención a siniestros agropecuarios, contemplando dentro de su mecánica operativa, los siguientes:4

I. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico (SAC).- El Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad Federativa, deberá enviar a la Comisión Dictaminadora del Componente la propuesta de aseguramiento agrícola, pecuaria, pesquera y/o acuícola para su análisis y dictamen.

II. Apoyos Directos.- Cuando ocurra algún desastre natural que afecte a las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y/o acuícola de productores de bajos ingresos, el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad Federativa y la Delegación de la SAGARPA en el Estado podrán gestionar la publicación de la Declaratoria de Desastre Natural en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, el Gobierno Estatal realizará la evaluación de daños en campo, integrará el listado de productores afectados en regiones o sectores que no cuenten con algún tipo de aseguramiento o bien cuando las afectaciones rebasen lo asegurado. Los resultados de esta evaluación se presentarán en el Acta de Diagnóstico de Daños. Dicha acta, deberá enviarse por conducto del Gobernador de la Entidad para su análisis por la Comisión Dictaminadora del Componente.

Para el SAC y Apoyos Directos, en caso de que se radiquen recursos federales al Estado, se suscribirá un Anexo Técnico al Convenio de Coordinación que firma la SAGARPA con los Gobiernos Estatales y posteriormente se procederá a la radicación de la aportación federal.

El seguimiento y finiquito a la operación del SAC, sus indemnizaciones y apoyos directos, se llevará a cabo en la Comisión de Evaluación y Seguimiento la cual será presidida por el Secretario de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad y como Secretario Técnico, el Titular de la Delegación de la SAGARPA en el Estado.

III. Esquemas de aseguramiento para Productores Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas con acceso al seguro. El cual se subdivide en 3 procesos: A. Proceso de registro de Aseguradores Directos; B. Proceso de gestión del incentivo; y C. Comunicación a los Aseguradores del dictamen.

Asismismo, destaca que en fecha 31 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017 ”. En dicho instrumento se establece lo relativo a la publicación de la declaratoria de desastre natural para el componente de atención a siniestros agropecuarios.

En efecto, el artículo 20 de dicho Acuerdo establece que son objeto de atención del Componente fenómenos hidrometeorológicos: sequía , helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; y fenómenos geológicos como: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Asimismo, establece que se podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que provoque afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola.

Es por ello que el objeto de la presente Proposición es el de exhortar al Gobierno Estatal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad Federativa y la Delegación de la SAGARPA en el Estado, realice las evaluaciones de daños e integre el listado de productores afectados y con ello se solicite la publicación de la Declaratoria de Desastre Natural en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se podrán acceder a los recursos del componente de atención de siniestros agropecuarios que tanto requieren los Chihuahuenses que habitan en los Municipios afectados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, la Siguiente Proposición con:

P U N T O D E A C U E R D O

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua a solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a emitir a la brevedad una Declaratoria de Desastre Natural en el Sector Agropecuario, a consecuencia de la sequía en los Municipios de Ocampo, Uruachi y Moris, en el Estado de Chihuahua.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112864/8-FASCCULOSEQUAS- ilovepdf-compressed__1_.pdf

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/2017/apoyos_pequenos_product ores/atencion-siniestros-agropecuarios/Paginas/mecanica-operativa.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de Sn Lázaro a los 19 días del mes de octubre de 2017.

Diputados:

Con punto de acuerdo, relativo a la definición y el registro de la amiloidosis hereditaria como enfermedad rara, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II y, 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

El artículo 224 Bis de la Ley General de Salud establece que se consideran enfermedades raras a aquéllas que tienen una prevalencia de no más de cinco personas por cada diez mil habitantes.

Se estima, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos que hoy en día existen entre cinco mil y ocho mil enfermedades raras que afectan a cerca del siete por ciento de la población mundial.

La mayoría de estas enfermedades son de origen genético. También existen enfermedades raras que incluyen algunos cánceres, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas y por efectos de la exposición ambiental.

La amiloidosis hereditaria es una enfermedad rara neurodegenerativa, irreversible, progresiva y mortal, relacionada con alteraciones neurológicas motoras y sensitivas graves con un desenlace fatal en poco tiempo. Al tratarse de una enfermedad hereditaria es común que existan varios casos en una misma familia.

Existen casos en todo el mundo, destacando países como Portugal, Japón y Suecia, y cada vez se descubren más casos en gran parte de Europa. En Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y Vietnam también ya hay presencia del padecimiento.

Aunque no existe información certera del número de personas afectadas, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán , estiman que a nivel mundial la prevalencia podría ser de cinco mil a diez mil pacientes.

La amiloidosis hereditaria tiene su origen en la herencia por parte del paciente de una mutación en el gen que codifica la proteína llamada trastirretina que se produce en el hígado y en condiciones normales sirve para trasportar a la tiroxina y a la proteína transportadora de Retinol (vitamina A). En pacientes con amiloidosis hereditaria esta proteína se desdobla, desintegrándose y acumulándose como fibrillas de amiloide en los tejidos del organismo, presentando un proceso llamado amiloidogénesis, en el que la trastirretina, que normalmente está formada por cuatro unidades (un tetrámero) se disocia en monómeros que se convierten finalmente en los depósitos de amiloide que al acumularse producen la enfermedad.

La esperanza de vida promedio de los pacientes que no son tratados es de diez años aproximadamente desde el inicio de los primeros síntomas, apareciendo por lo general en adultos jóvenes de entre 30 y 40 años de edad. El tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico puede ser de cuatro años en países donde llega a ser más frecuente o bien de hasta más de diez años o ni siquiera ser diagnosticada.

Los primeros síntomas pueden consistir en parestesia, dolor o lesiones tróficas de los pies, trastornos gastrointestinales y pérdida de peso. En estados más avanzados, la pérdida sensitiva más pronunciada implica dolor y variaciones de la sensación térmica, lesiones cardiovasculares e incluso la necesidad de usar un marcapaso. En fases más graves y avanzadas, se produce una pérdida motora completa. Con el tiempo la enfermedad empeora progresivamente y de manera irreversible, presentándose infecciones secundarias graves y se puede fallecer por muerte súbita.

El diagnóstico consiste en la utilización de una prueba genética que detecta la presencia o ausencia de la mutación. El tratamiento consiste, por lo general, en el trasplante de hígado, aunque ya hay medicamentos innovadores con moléculas estabilizadoras de la transtirretina.

En el caso de las enfermedades raras, precisamente por el desconocimiento que hay de ellas, resulta fundamental crear conciencia entre los profesionales médicos y la población en general de su existencia. Es común que los primeros diagnósticos se confundan con otras enfermedades, lo que provoca que al ser diagnosticadas pueda ser demasiado tarde. Como en todas las enfermedades, un diagnóstico oportuno puede significar salvar una vida o darle una mejor calidad de vida al paciente.

El pasado 10 de junio se celebró el día mundial de esta enfermedad, precisamente con el objetivo de crear conciencia, difundir su existencia y, que a partir de su conocimiento y estudio, se puedan crear políticas públicas de atención a quienes la padecen.

Con fecha 19 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, para el desarrollo de los trabajos del Consejo de Salubridad General en esta área, así como el establecimiento del Registro Nacional de Enfermedades Raras.

Por otro lado, el 24 de marzo del presente año se publicó en el mismo órgano informativo del gobierno federal, el Reglamento Interior de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras.

Este Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, así como establecer el procedimiento y los criterios a que se sujetará para la definición, registro y seguimiento de aquellas enfermedades que deban considerarse como raras y, en su caso, la exclusión de las ya definidas con tal carácter.

Y finalmente, el 12 de julio se dio a conocer a través de la página de Internet del Consejo de Salubridad General, la Lista Actualizada de las Enfermedades que se han Considerado como Raras en México y en la cual no se incluye a la amiloidosis hereditaria.

Con respecto a la definición y registro de enfermedades raras, el propio Reglamento, en su artículo 17, establece que pueden solicitarlos las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, los integrantes de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, así como el presidente y el secretario del Consejo de Salubridad General.

Honorable asamblea, la definición y registro de la amiloidosis hereditaria como enfermedad rara representa para quienes padecen esta enfermedad, así como para sus familiares y seres queridos; la posibilidad de contar con un mayor respaldo dentro de las instituciones del sector salud para la detección, tratamiento y seguimiento de sus casos, esto contribuirá a que los pacientes cuenten con una mayor expectativa y calidad de vida.

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal y presidente del Consejo de Salubridad General, doctor José Narro Robles, a que, en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien solicitar la definición y registro de la amiloidosis hereditaria ante la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras; lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de dicha comisión.

No tengo duda de que con la aprobación y eventual cumplimiento de este punto de acuerdo, estaremos contribuyendo para que el derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, se haga efectivo para más mexicanas y mexicanos.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal y presidente del Consejo de Salubridad General, doctor José Narro Robles, tenga a bien solicitar la definición y registro de la amiloidosis hereditaria ante la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras en base a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de dicha comisión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 24 de octubre de 2017.

Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas instancias gubernamentales a atender el caso de violaciones de derechos humanos de la ciudadana Yndira Sandoval Sánchez, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia sexual contra las mujeres, es una forma de las tantas violencias que existen en el país, es una pandemia estructural que afecta a la sociedad mexicana en su conjunto y que va acabando con el tejido social.

En aras de hacer frente a esta problemática nacional se han creado políticas públicas y marcos normativos que condenen los actos de violencia y que garanticen acciones de prevención en contra de ésta; sin embargo, todo eso se vuelve letra muerta cuando las personas encargadas de interpretarla y hacerla valer no tienen conocimiento, sensibilidad ni capacitación sobre el tema, perpetuando la violencia contra las mujeres, y revictimizándolas.

Desafortunadamente, muchos de los actos cotidianos y sistemáticos de violencia sexual, psicológica y física contra las mujeres –los cuales ponen en un constante riesgo sus vidas e integridad, vulnerando sus derechos humanos a la salud, libertad, libre tránsito y a su seguridad, entre otros-, son perpetrados por las autoridades que deberían garantizarles una vida libre de violencia.

Uno de los casos más recientes de este tipo de abusos, fue denunciado por la defensora de derechos humanos de las mujeres, Yndira Sandoval, quien el 16 de septiembre enfrentó abuso de poder y uso excesivo de la fuerza, además de ser privada ilegalmente de su libertad, torturada y abusada psicológica y sexualmente por elementos de la policía municipal del municipio de Tlapa de Comonfort en la región de la montaña en el estado de Guerrero.

“Los hechos fueron denunciados el 17 de septiembre ante la Fiscalía General de Guerrero, en la Unidad de Investigación 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, con la carpeta número 12080470200090170917, y el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), con la célula de investigación de la agencia tercera de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017”.1

A lo descrito anteriormente, siguió una lucha de la justicia por parte de la defensora, la respuesta que recibió fue el allanamiento de su casa, su auto y amenazas de muerte, temiendo por su vida e integridad.

El caso de Yndira es indignante, como lo es que prácticamente, todas las mujeres y niñas del mundo hayan enfrentado en algún momento de su vida, por lo menos una forma de violencia. De igual forma, que sean nuestras autoridades las ejecutoras de este tipo de actos nos demuestra la magnitud de la violencia machista en nuestra sociedad y refuerza el rechazo de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia.

Resulta lamentable, que como mencionado, la violencia contra las mujeres sea sinónimo de impunidad e indiferencia institucional. Estos crímenes se ejecutan en el marco de la complicidad, corrupción e indiferencia del sistema de procuración e impartición de justicia.

Por lo anteriormente descrito, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a atender con celeridad, objetividad, perspectiva de género y visión de derechos humanos, la denuncia realizada por la ciudadana Yndira Sandoval por abusos cometidos contra su persona por parte de elementos policiacos del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Mujer de Guerrero a hacer público un informe en el que expliquen las acciones y programas que tengan en coordinación con las autoridades municipales guerrerenses para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad, a iniciar una investigación en contra de los elementos policiacos involucrados en las violaciones a derechos humanos de la ciudadana Yndira Sandoval.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar seguimiento a la denuncia realizada por la ciudadana Yndira Sandoval en contra de elementos policiacos municipales de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por presuntas violaciones a derechos humanos.

Nota

1 Martínez, S. “Defensora de los derechos de las mujeres, violada por la policía en Tlapa, Guerrero”. Consultado en línea el 22 de octubre de 2017 en http://www.jornada.unam.mx/2017/10/22/politica/013n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de octubre de 2017

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al retén instalado en la carretera Agua Dulce-Coatzacoalcos, Veracruz, como parte del operativo contra la delincuencia, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Roció Nahlé García integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En los últimos días se han intensificado las quejas en contra del retén ubicado en la carretera Costera del Golfo, en diversos medios de comunicación, especialmente en programas de radio.

El retén instalado en la carretera Costera del Golfo, aparte de proveer de seguridad, también genera congestionamiento vehicular además que daña la carpeta asfáltica1 .

El puesto de control ubicado en el kilómetro 20, mantiene varado a decenas de automóviles y camiones, por lo que el “peso muerto” está deteriorando severamente esta importante vía de comunicación.

Los mismos conductores refieren que tienen que “esquivar” los hoyancos y deslaves, para evitar dañar sus neumáticos y amortiguadores, aunque las maniobras que realizan en ocasiones causan descontento con el personal de seguridad.

Debido a que en esta zona el tráfico es lento, los desniveles pueden ser vistos y evitados, pero el riesgo se elevará cuando el punto de control se levante, toda vez que la antecede una “bajada” por lo que los automóviles superan los límites de velocidad.

Pese a que se cuenta con señales que advierten el despliegue policiaco sobre el tramo Villahermosa-Coatzacoalcos, las unidades pesadas frenan intempestivamente, por lo que en el asfalto termina con las marcas de las llantas, con el riesgo que pueda embestir a otra unidad.

Segundo. El artículo 11 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

...

La Comisión Nacional de Seguridad definió como una de sus acciones: “...el control de las principales vías de comunicación en áreas de alta incidencia delictiva, a través de puntos móviles de revisión que detecten la logística criminal. La lógica del control de vías principales de comunicación (avenidas, entradas a las ciudades, transporte público) para detectar la logística criminal parte de al menos tres supuestos:

1) En las vías de comunicación principales las organizaciones criminales transitarán eventualmente,

2) Se disuade a las organizaciones criminales de transitar hacía las zonas urbanas,

3) Entre la disuasión y la “detención de la logística criminal no se cometan delitos en las zonas urbanas.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con un indicador para conocer la efectividad de los retenes.

La información estadística disponible del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene datos suficientes sobre el número de detenciones en retenes y remisiones al ministerio público como para demostrar que los retenes por sí mismos generan más seguridad a partir de detenciones.

Los datos relacionados a retenes que la anterior Secretaría de Seguridad Pública Federal presentaba en sus respectivos reportes anuales son una numeralia el tipo de delitos que se detectaban en carreteras, por ejemplo, en el año 2004 los “Operativos de seguridad, control y vigilancia en tramos carreteros” 272 personas fueron detenidas por relación con el narcotráfico, incautadas 97 armas largas, 530 armas cortas y un millón de pesos incautados aproximadamente, mientras que la mayor cantidad de incidencias en estos operativos era recuperación de autos robados, más de 4000, 264 mil infracciones de tránsito aproximadamente y más de 99 mil verificaciones2 .

La evaluación número 1207 “Política de Seguridad Pública”3 de la Auditoria Superior de la Federación señala: “Durante el periodo 2008-2013, las 6 divisiones de la PF realizaron 218,972 operativos de manera individual, los cuales se incrementaron 30.5 veces, al pasar de 2 mil 39 en 2008 a 64 mil 349 en 2013. Al respecto, 91.1 por ciento (199 mil 452) de los operaciones implementadas por la PF durante el periodo referido, correspondieron a operativos carreteros cotidianos, (léase retenes), cuyo objetivo consistió en reducir el número de delitos y accidentes ocurridos en carreteras federales.”

“Asimismo, como parte de sus funciones de vigilancia y como resultado del despliegue territorial de sus elementos policiales, durante el periodo 2008-2013, las 6 divisiones de la PF realizaron 218,987 operativos de manera individual, los cuales se incrementaron 30.5 veces, de 2 mil 39 en 2008 a 64 mil 349 en 2013; no obstante, 91.1 por ciento (199 mil 452) de los operaciones implementadas por la PF, durante el periodo referido, correspondieron a operativos carreteros cotidianos.”

Es decir, más allá de enumerar los delitos detectados en carreteras, nos dice poco o nada sobre los retenes en sí.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación general número 2 Sobre la práctica de las detenciones arbitrarias4 menciona que la normatividad es muy clara con relación a la forma en cómo debe iniciarse una investigación y en cómo debe llevarse a cabo la detención de persona, estableciéndose en esencia, en las disposiciones vigentes que a continuación se indican:

Los artículos 16, 21 y 102, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la de la representación social; que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, que se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato;... Así como que, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias, destacando que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además de que dichas instancias, deberán coordinarse para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones I y XXII, indica, en lo medular, que los servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así como de cualquiera que implique el incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el mismo”.

Al respecto, también cabe precisar que no obstante que las autoridades de la policía preventiva tengan precisamente dichas facultades (prevención del delito), esto tampoco les permite detener a persona alguna por encontrarse en “actitud sospechosa” y o “marcado nerviosismo”(...)

Al respecto la Ley de la Policía Federal Establece:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

...

LXVIII

El uso por parte de las autoridades policiales de criterios no específicos para detener personas en retenes policiales por la “actitud sospechosa”, “marcado nerviosismo” o la posibilidad poco explorada en México pero documentada en otros países como Estados Unidos de perfiles raciales es un agravante discriminatorio en el mecanismo de los retenes.

Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han solicitado de manera reiterada la existencia de criterios no discriminatorios y protocolos para la realización de los operativos donde hay retenes policiales.

Es necesaria una evaluación profunda para definir sin poner retenes en una carretera, calle o ciudad determinada es una estrategia efectiva para disminuir la violencia y reducir el índice delictivo y no sólo una respuesta mediática.

Se deben realizar acciones de inteligencia con retenes específicos en carreteras, calles y mecanismos de vigilancia en las zonas más violentas de las ciudades.

Estas medidas deben estar acompañadas de una evaluación con indicadores que los retenes en calles y zonas específicas deberían ofrecer al menos, los siguientes datos:

1) Número de detenciones en los retenes;

2) Número de consignaciones ante el Ministerio Público después de detención en retenes;

3) Número de sentenciados que fueron consignados al Ministerio Público en retenes;

4) Índice delictivo en las zonas de implementación; y

5) Protocolos de derechos humanos.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública debe realizar un nuevo diagnóstico y planeación de las políticas de seguridad en el país, en particular una de las acciones concretas debe incluir revisar todos los mecanismos y estrategias policiales que se realizan de manera cotidiana, como los retenes, a fin de generar nuevas estrategias de seguridad efectivas.

El propósito de los puestos de revisión es garantizar la seguridad, integridad y respeto a los bienes de las personas, no generar problemas.

Por tal motivo, es indispensable conocer cuáles son las quejas y denuncias que ha recibido la Policía Federal, así como los resultados de los operativos que está realizando y específicamente un informe detallado del funcionamiento del retén ubicado en el kilómetro 20, en la carretera entre Agua Dulce-Coatzacoalcos.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Seguridad a que haga públicas las acciones y resultados del retén instalado en la carretera Agua Dulce-Coatzacoalcos Veracruz, como parte del operativo de combate a la delincuencia.

Notas

1 Diario del Istmo. Retén federal causa congestionamiento 4 de abril 2017. http://www.diariodelistmo.com/resumen/regional/25292/ret-n-federal-caus a-congestionamiento.html

2 Nexos ¿Servirán de algo los retenes policiacos en el estado de México? Enero 30, 2013

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=4588

3 Evaluación número 1207 “Política de Seguridad Pública” http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _1207_a.pdf

4 Recomendación general número 2 sobre la práctica de las detenciones arbitrarias.

http://www.cndh.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/General es/RecGral_002.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de octubre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de casos de violencia contra mujeres y la estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y promoción de sus derechos humanos, suscrita por las diputadas María Candelaria Ochoa Ávalos, Claudia Sofía Corichi García, Mirza Flores Gómez y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Mirza Flores Gómez, María Candelaria Ochoa Avalos y Verónica Delgadillo García, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; someten a consideración del pleno de esta asamblea, la proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

En la Ciudad de México, Paseo de la Reforma se ha abarrotado con múltiples marchas y manifestaciones que han encabezado diversos sectores de la sociedad para exigir un alto a la violencia y los altos niveles de criminalidad, que recrudecen día a día. Empero, estas movilizaciones se repiten en las principales avenidas de las entidades que conforman la República Mexicana con el mismo estrépito.

En el caso de la violencia hacia las mujeres, la batahola está plagada de consignas que evidencian la manera en que las están matando, sin embargo, son dos las que con estruendo y continuidad se escuchan: ¡Vivas nos queremos! y ¡Ni Una Más!

Los puentes de compresión y vínculos emocionales que se han desarrollado como sociedad, tienen como protagonista al dolor, frustración, impotencia y miedo: tragedia en diferente escenario. Miles de mujeres y hombres, de diferentes grupos etarios y clases sociales, se han unido en la consternación, son víctimas de la violencia que en el lado más extremo han experimentado la pérdida de la vida de una persona querida o cercana.

Respecto a la violencia que se ejerce hacia las mujeres, el feminicidio es la más atroz. No obstante los tipos y modalidades se agravan, la violencia se encuentra enquistada en los hogares mexicanos, muestra de ello son las cifras recientes de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares1 (ENDIREH) 2016, que mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional. Dicha encuesta permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, particularmente con su esposo o pareja;

Pero también sobre las relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comunitario; con la finalidad de identificar si han experimentado situaciones adversas como agresiones de cualquier tipo, amenazas, coerción, intimidación, privación de su libertad o abusos verbales, físicos, sexuales, económicos o patrimoniales que les causaron un daño directo o tuvieron la intención de hacerlo.

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1 por ciento) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

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La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja. El 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 38.7 por ciento de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.

En tercero se encuentra el ámbito laboral, debido a que el 26.6 por ciento de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, experimentaron un acto violento. Finalmente en cuarto lugar se encuentra el ámbito escolar, con 25.3 por ciento de mujeres y niñas que enfrentaron violencia.

Imagen 3

En lo que se refiere a la atención y denuncia, del total de las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, el 9.4 por ciento presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2 por ciento sólo solicitó apoyo a alguna institución, mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad.

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se encuentran:

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Bajo el argumento: que se trató de algo sin importancia y que no le afectó, la violencia que se ejerce hacia las mujeres se normaliza, debido a que, en la actualidad las modalidades y tipos de violencia son más crueles, por lo que se tolera las que no son cruentas, pero que son el punto de ignición para perpetuar la violencia hacia ellas.

Así, la intimidación y acoso sexual han ido en aumento, recordemos que estas conductas forman parte de la violencia sexual y que son de las más frecuentes, ya que 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido, llegando al abuso y/o violación.

¿Qué es el acoso sexual?

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 13, segundo párrafo, lo define de la siguiente manera:

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Este tipo de conducta se encuentra enraizada en nuestra sociedad, acompañada de abuso de poder, dominación y sometimiento del género femenino, otorgando privilegios a sus congéneres basados en la creencia cultural y construcción social de lo propio de cada sexo, que impacta en la manera en que se trata a las personas, desencadenando con ello prácticas discriminatorias, estigmas sociales y menoscabando la dignidad de las mujeres.

Así, estas prácticas se han ido extendiendo impactando en la cotidianidad de mujeres y niñas, que van desde modificar las rutas de sus destinos, cambios en su vestimenta, hasta dejar de acudir a ciertos espacios de ocio o entretenimiento, porque sencillamente ningún sitio es seguro si eres mujer.

Ante ello y derivado de las intimidaciones y acoso que han denunciado mujeres en redes sociales, respecto a que en diversos complejos o salas de cine, han sido víctimas de estas conductas que como sociedad nos degradan y laceran, y en razón de las cifras antes mencionadas, hago un llamado de unidad a los diversos sectores de la sociedad para que se solidaricen, implementando prácticas y procedimientos que posibiliten erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

A nivel mundial la violencia contra las mujeres y las niñas forma parte de la agenda pública, en este sentido la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha la iniciativa mundial Ciudades Seguras, del que se desprende el Programa Mundial de “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas.” Sin embargo necesitamos del involucramiento y respaldo del sector privado para sumar esfuerzos y avanzar en la construcción de una sociedad empática, solidaria y respetuosa: libre de violencia.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa su preocupación por el incremento de casos de violencia contra las mujeres, así como la impunidad existente en los mismos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a través de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en el ámbito de sus atribuciones, hacer un llamado solidario a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a fin de sumarse a la Estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y de promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a proteger los derechos las y los consumidores de servicios de entretenimiento y ocio, a fin de garantizar las condiciones de seguridad y procedimientos de queja, para aquellas personas que incurran en conductas que violenten los derechos humanos de las personas en sus instalaciones.

Notas

1 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En línea, disponible en: URL:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh 2017_08.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2017.

Diputadas:

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a aprobar modificaciones en sus leyes de movilidad o equivalentes a fin de que el transporte público sea eficiente y de fácil acceso para personas con discapacidad, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, las personas con discapacidad son: “aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.1

Basado en la definición anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población y Vivienda de 2010 arrojó que en nuestro país existían 5 millones 739 mil 270 personas, cifra que representaba al 5.1% de la población total.2

Dentro de los tipos de dificultades para las personas con capacidades diferentes encontramos:

“Caminar o moverse: Hace referencia a la dificultad de una persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial.

Ver: Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales.

Mental: Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de la conducta o del comportamiento.

Escuchar: Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema.

Hablar o comunicarse: Hace referencia a los problemas para comunicarse con los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible.

Atención y Aprendizaje: Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana.

Autocuidado: Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos.”3

Según las discapacidades antes descritas, el porcentaje al que corresponde cada una en México, es el siguiente:

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada tamaño de localidad y tipo de limitación

La suma de los factores anteriormente citados da un total superior al 100% debido a que existen dos discapacidades con más de una dificultad. Es decir, una persona puede tener más de una limitación, un ejemplo de ello son los sordomudos quienes tienen una carencia auditiva al tiempo que tiene una de lenguaje o el ejemplo de las personas con parálisis cerebral que tienen problemas motores y de lenguaje.

Derechos de las personas con discapacidad

Para Nuria González Martín la discapacidad está presente en “nuestras sociedades y representa un porcentaje del 10 por ciento de la población mundial” teniendo en cuenta que alrededor del mundo el porcentaje de personas con alguna discapacidad es considerable, se han diseñado diversos ordenamientos jurídicos y legales tanto nacionales como internacionales que protegen y tutelan los derechos de las personas con capacidades diferentes, este marco jurídico está basado en la doctrina de principios de igualdad y no discriminación con la finalidad de propiciar la equidad entre las personas.1

México se ha caracterizado por ser un país preocupado por sentar una igualdad plena, buscando en todo momento eliminar la brecha que culturalmente se tenía con las personas con capacidades diferentes. Resultado de dicho esfuerzo fue la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la cual se llevó a cabo en el Senado de la República. Los resolutivos de dicha Convención fueron adoptados por nuestro país el 7 de junio de 1999, aprobados por el Senado el 26 de abril de 2000 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001. En dicha Convención diversos “Estados a nivel internacional se comprometieron a implementar las medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad”.5

Posteriormente el 30 de marzo de 2007, nuestro país firmó el tratado Internacional emanado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el que se estipuló “la protección directa de las personas con discapacidad, teniendo como finalidad que el Estado fuera el responsable de eliminar las barreras que impidieran a las personas con alguna discapacidad gozar de un igual respeto y disfrute de sus derechos humanos”.6 La importancia de estos tratados internacionales ha llevado que nuestro país avance en el reconocimiento de los derechos de los individuos y la generación de igualdad que se traduce en la protección de los derechos de las personas sin importar las limitaciones físicas y/o mentales de una persona.

Fundamento de lo anterior, lo encontramos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se expresa que los compromisos que México adopta conforme a instrumentos internacionales son y deben ser considerados ley suprema de la nación por lo cual, cualquier iniciativa que sea adoptada independientemente de la materia, debe tener como resultado una armonización de las legislaciones estatales para que el instrumento internacional sea aplicado correctamente en todo el territorio nacional.

Avances en la materia

Derivado de lo anterior y con la finalidad de que nuestro país avanzara al objetivo de eliminar las barreras culturales, sociales y materiales que tenían hasta ese momento las personas con alguna discapacidad, el gobierno del Distrito Federal en su Ley de Movilidad dio un primer paso, publicando en la Gaceta Oficial local del 18 de agosto de 2014, Décima Séptima Época, No. 1924, el programa “Taxi Preferente”, que tenía por objetivo proporcionar un transporte público de calidad para personas con alguna discapacidad, entendiendo como personas en estado de vulnerabilidad o con movilidad limitada, aquellas que temporal o permanentemente debido a “enfermedad, edad, accidente, o alguna otra condición realizaban un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Esta definición incluía a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitaran con niños pequeños y personas con discapacidad.”7

Las autoridades del Distrito Federal en 2014, después de realizar diversos estudios indicaron que era factible poner en operación 1500 unidades de Taxi Preferente ya que al momento “no existía otro sistema de transporte que brindara el servicio de manera especial, especifica o preferencial y con vehículos adaptados especialmente para trasladar a usuarios con discapacidad y/o en condición de vulnerabilidad”.8

El gobierno determinó en ese entonces, que con la finalidad de emparejar el terreno del transporte público en pro de las personas que tenían alguna discapacidad se tenía que trabajar en el tema de los Taxis, teniendo en cuenta que el Sistema de Transporte Colectivo Metro en sus 195 estaciones ya contemplaba: accesos a perros guía, elevadores, placas en sistema braille, ranuras guía, salva escaleras y asientos reservados. Caso semejante al del Metrobús que contaba en sus 169 estaciones con rampas para banqueta e ingreso a la estación, guía táctil para invidentes y débiles visuales, placas braille, espacio reservado para sillas de ruedas y semáforos auditivos. Y aunque un poco menos estructurado, otros sistemas de transporte de pasajeros a gasolina y eléctricos que también contemplaban estas adaptaciones; siendo única y exclusivamente los taxis uno de los servicios que no contaba con las adecuaciones para llevar a cabo esta función de igualdad y fácil acceso.

Para que dicho programa entrara en vigor, el gobierno estipulo ciertas características con las que los taxis preferentes tenían que contar, entre ellas:

• Vehículos con motor de combustión interna a gasolina o diésel preferentemente de 4 cilindros, con alto rendimiento de combustible y control de emisiones contaminantes; cabina de conducción con asiento para conductor y banca o asiento para acompañante; segunda fila de asientos abatibles y cabina trasera de una o dos puertas laterales deslizables y una puerta trasera para el acceso al interior de la unidad.

• Unidades que garanticen una capacidad mínima de carga útil de 600 kg y un volumen de carga en el habitáculo de 3.7 m3 como mínimo.

• La plataforma o superficie del habitáculo del pasajero, debe disponer de un ancho mínimo total de 750 mm y una longitud mínima total de 1,300 mm., con una altura mínima de 1,350 mm.

• Dos accesos laterales al vehículo con puertas deslizables al interior de la cabina trasera con una apertura libre mínima de 900 mm

• Un acceso en la parte posterior de la unidad, diseñado para que un usuario en silla de ruedas, pueda abordar a su interior de manera cómoda y segura.

• Una altura mínima libre para el acceso al interior de la unidad de 1,350 mm y el ancho mínimo libre en la plataforma de la unidad deberá permitir el alojamiento de la silla de ruedas del usuario.

• Acceso por la parte posterior de la unidad que se realizará mediante una rampa plegable de accionamiento manual o automático, la cual dependiendo de su construcción podrá ser conformada de un máximo de tres secciones plegables, teniendo como máximo una longitud de 2,600 mm (incluyendo la longitud interior de alojamiento para la silla de ruedas) y con una pendiente máxima que no deberá superar el 30 por ciento.

• Rampa de acceso deberá estar construida con aleaciones y/o materiales compuestos, ligeros y de gran resistencia, debiendo soportar un mínimo de 300 kgf con un ancho mínimo libre de 700 mm y deberá contar con protecciones laterales de un mínimo de 40 mm de altura y con todos los bordes externos de las rampas, deberán contar con un filete de 2.5 mm de radio y las aristas o esquinas deberán contar con filete de 5 mm de radio como mínimo.

El programa anteriormente descrito se encontraba fundado en el artículo 94 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal en el año 2014.

Actualmente en la Ley de Movilidad y en la Ley para Prevenir y eliminar la Discriminación del Distrito Federal, vigentes, ya no se encuentra contemplada la figura del Taxi Preferente a pesar de haber sido una medida integradora y que propiciaba una oferta mucho mayor en cuestiones de transporte público para los habitantes de la Ciudad de México que por alguna de las razones antes expuestas, tienen o sufren de alguna discapacidad.

Es por ello que, en la búsqueda de una igualdad sustantiva que propicie mejores condiciones para todos los habitantes de la República Mexicana, incluyendo a los que por cualquier razón poseen alguna de las discapacidades anteriormente expuestas y mediante punto de acuerdo, exhorto a las legislaturas locales de las entidades federativas para que establezcan en sus leyes locales de movilidad que para el refrendo de 2018 y posteriores, el 100 por ciento del trasporte público de pasajeros cuente con las adaptaciones necesarias, siguiendo el modelo anteriormente descrito, y con ello se puedan garantizar plenamente los derechos de movilidad de todos los ciudadanos del país independientemente de las condiciones particulares que cada uno posea.

Ahora bien, ésta no es la única posibilidad para incorporar el transporte para personas con movilidad reducida, también existe un dispositivo incluido en el asiento del copiloto, el cual es instalado en la planta de la marca que fabrica el vehículo (con la finalidad de que no pierda la garantía) y que permite que el asiento salga del vehículo al girar 90 y que facilitar el acceso de las personas con discapacidad motriz.

Adicionalmente, se agrega otro dispositivo también instalado desde la planta que permite que la puerta abra en un ángulo recto, posibilitando una posición más cómoda para el ascenso de la persona con movilidad reducida.

Sobre fotradis

Los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole.

Es por ello, que nace la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación, absolutamente todos los todos los derechos humanos y libertades fundamentales, derivado de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

En ese sentido, se debe reconocer la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, debido a que infortunadamente hoy día, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos, no solo en México, sino en todas las partes del mundo.

En ese sentido, vale la pena mencionar que México reconoce la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”9 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio a favor de las personas con discapacidad10 y observa las recomendaciones del “Informe Mundial sobre Discapacidad”11 del “Estado Mundial de la Infancia”12 y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Vale la pena recordar que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Partes como México lo es, se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen entre otras cosas a “Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible”.13

Para el cumplimiento de dicho fin, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, existe una partida dedicada al transporte de personas con movilidad disminuida llamado “Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad” (Fotradis).

Derivado de lo dispuesto por los artículos 1, 75 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), de su Reglamento; 9, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, es la dependencia encargada de emitir los Lineamientos de Operación del Fotradis.

Dicho fondo se alinea a la Meta Nacional “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

Por otra parte, el Fotradis forma parte de una de las líneas de acción de la estrategia relativa a garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a la accesibilidad, diseño universal, transporte, y tecnologías de información y comunicación, considerada en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, el cual atiende las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, derivado de quizás una interpretación poco acertada de la estrategia 5.4.4 del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, el cual mandata “Actualizar y optimizar la infraestructura de los servicios de rehabilitación médica y de salud, para la accesibilidad, desplazamiento y adecuada movilidad de personas con discapacidad”, es que la mayoría de los recursos financieros de este fondo, son utilizados en la compra de ambulancias y no en el sector del transporte público, con lo cual no se permite dar puntual cumplimiento a la adopción de “medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas, el facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible”.14

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad fue de 600 millones de pesos, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el 100.0 por ciento.

En dicha revisión se verificó que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no proporcionó evidencia de contar con el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 relacionado con los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (U075).

Tampoco se detectó la existencia de una metodología para la elaboración y entrega del anteproyecto, o contar con documentos que permitan coadyuvar en la asignación presupuestal a las entidades federativas.

En ese sentido, la ASF emitió la recomendación número 15-0-06100-02-0052-01-001, con la finalidad de que la SHCP instruya a quien corresponda a efecto de implementar las acciones necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se realice el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente por fondo o programa que coordinen; así como una metodología para su elaboración y asignación, además de permitir contar con documentos que permitan coadyuvar en la asignación presupuestal y entrega a las entidades federativas.

Asimismo, se verificó que la UPCP de la SHCP contó con la disponibilidad presupuestaria por un monto de 600 millones de pesos para la celebración de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios Federales a las entidades federativas, correspondientes al fondo U075 y que las entidades federativas remitieron los oficios de solicitud de dichos recursos durante el primer semestre de 2015.

También se constató que no se realizaron ampliaciones ni reducciones y que los convenios con las entidades federativas estuvieron formalizados dentro del primer semestre del año.

Por otra parte, se verificó que los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios celebrados entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y las Entidades Federativas coadyuvan en que los subsidios cumplan con los principios de objetividad, equidad, publicación y selectividad; sin embargo, lamentablemente, a criterio de la ASF, no cumplieron con los principios siguientes:

• Transparencia: Toda vez que los subsidios que se otorgan a través de los convenios no prevén los mecanismos por medio de los cuales la UPCP pueda verificar que los subsidios se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al último día hábil del mes de diciembre establecidos en el mismo año, así como el seguimiento a los reintegros realizados por las entidades federativas; del mismo modo, no se contempla la entrega de un informe final que permita verificar el cumplimiento de los proyectos objetos de los convenios.

• Temporalidad: En los convenios no se establecen los periodos de inicio y término, así como los criterios bajos los cuales la UPCP recibirá y evaluará los documentos técnicos correspondientes para la entrega oportuna de los subsidios a las entidades federativas. La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó documentación mediante la cual justificó de que se coadyuva en el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas a que se refiere la normativa aplicable, así como que de los Lineamientos de operación se desprenden las obligaciones de las entidades federativas, con lo que se solventa lo observado.

Con la revisión de los informes del avance financiero de la aplicación de los recursos del fondo U075 de las 32 entidades federativas por un monto 600,000.0 miles de pesos, se verificó que se reportó el avance financiero de 20 entidades federativas que corresponden a Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz Ignacio de la Llave y Yucatán por un importe total devengado de 235 millones 78 mil 700 pesos, que representaron el 39.2 por ciento, por lo que a consideración de la ASF, al 31 de diciembre de 2015 existió un subejercicio de 364 millones 921 mil 200 pesos que representaron el 60.8 por ciento, como se detalla a continuación:

A manera de ejemplo, al Gobierno del Estado de México, durante el ejercicio fiscal de 2015 se le otorgaron 65 millones 421 mil 100 pesos, con la finalidad de que el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) pudiese financiar el proyecto de adquisición de 38 vehículos y 7 autobuses adaptados, transporte 100.0 por ciento accesible para traslado de personas para personas con discapacidad, sin embargo, los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México mostraron un saldo pendiente de ejercer por 65 millones 421 mil 100 pesos al 31 de diciembre de 2015, lo cual significa que faltó de ejercer el 100 por ciento del monto ministrado, de los cuales, en auxiliares contables un importe de 35 millones 571 mil 900 pesos se encontraba comprometido en el Capítulo 5000; y de los 29 millones 849 mil 200 pesos restantes, el Gobierno del Estado de México no presentó evidencia que acreditara el ejercicio o reintegro en la TESOFE de los recursos, más los rendimientos financieros generados a la fecha por la disponibilidad de los recursos. No fue sino hasta el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, que El Estado de México proporcionó aclaración donde anexó copia de los recursos devengados por 35 millones 571 mil 900 pesos, así como el reintegro en la TESOFE por 29 millones 849 mil 200 pesos restantes, que incluye los intereses financieros generados, lo cual muestra un subejercicio brutal en un área sumamente sensible para la ciudadanía.

Adicionalmente, en el Estado de México se realizó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, para que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron las acciones necesarias para la entrega oportuna de los vehículos, ya que no obstante que estos se recibieron desde febrero de 2016, para su funcionamiento y operación, desde esa fecha 29 unidades se encontraban bajo resguardo en los almacenes del proveedor adjudicado y 4 en el almacén general del DIFEM, y no se entregaron hasta noviembre de 2016.

En resumen, la ASF emitió 7 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe, mientras que las 4 restantes generaron 1 recomendación, 28 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 18 pliegos de observaciones, en donde consigna que en conjunto se presumen probables daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 197 millones, 286 mil 052 pesos con 97 centavos, por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que los gobiernos estatales deberán demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.

Además del subejercicio conjunto, se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (U075), ya que las entidades federativas no proporcionaron los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fotradis.

En conclusión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad U075, apegada a la normativa que regula su ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a armonizar sus leyes de movilidad, para que con la sustitución de vehículos a partir de 2018, se logre el objetivo de que el 100 por ciento de los vehículos utilizados para el transporte público individual de pasajeros en sus respectivas entidades federativas, cuente obligatoriamente con un dispositivo con funcionalidad certificada para su operación en la movilidad de personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que considere en la formulación de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2018 y posteriores, que los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán utilizar única y exclusivamente en programas e infraestructura de transporte incluyente, así como en vehículos que cuenten con un dispositivo con funcionalidad certificada para su operación en la movilidad de personas con discapacidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno federal, estatales y de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, establezcan en programas de transporte incluyente que incentiven que los vehículos de transporte individual de pasajeros, cuenten con un dispositivo con funcionalidad certificada para su operación en la movilidad de personas con discapacidad.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Discapacidad en México. 3 de agosto de 2016, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sitio web:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx ?tema=P

2 Ibídem

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Discapacidad en México. 3 de agosto de 2016, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sitio web:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx ?tema=P

4 Nuria González Martín. (2008). Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, VIII, 527-540

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Decisiones Relevantes De La Suprema Corte De Justicia De La Nación, Núm. 74. Modelo Social De Discapacidad. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

6 Ibídem

7 Ciudad de México. (2014). Gaceta Oficial del Distrito Federal. 3 de agosto 2016, de Gobierno del Distrito Federal. Sitio web:

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacet as/51d59d2a6dd755d595521aee90e5d b57.pdf

8 Ibídem

9 Resolución A/RES/61/106. ONU. 76ª sesión plenaria. 13 de diciembre de 2006.

10 Resolución A/68/L.1. ONU. Sexagésimo octavo período de sesiones. 23 de septiembre de 2013.

11 Informe Mundial sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud. Banco Mundial 2011.

12 Estado Mundial de la Infancia. Niñas y niños con discapacidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Mayo de 2013.

13 Artículo 4, numeral 1, inciso g) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

14 Artículo 20 inciso a) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2017.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión especial para investigar a las dependencias señaladas por desvío de recursos públicos en el reportaje La estafa maestra, publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de septiembre la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político publicaron el reportaje llamado “La Estafa Maestra”, en el cual relatan la manera en que al menos once dependencias del gobierno federal han desviado miles de millones de pesos de recursos públicos a empresas irregulares1 .

La investigación relata la manera en que operaban dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Educación Pública (SEP), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), RAN, quienes a través de universidades públicas transferían recursos millonarios, mismos que posteriormente iban a parar a empresas sin la capacidad de brindar el servicio para el que eran contratadas.

El reportaje se documenta que se contrató a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios por 7 mil 640 millones de pesos. Sin embargo, 3 mil 433 millones de pesos terminaron en empresas ilegales.

En el caso de la Sedesol entre los años 2013 y 2014 entregó 2 mil 224 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para supuestos servicios para programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, Atención a Adultos Mayores, así como al desarrollo de proyectos en las zonas más rezagadas del país.

En 2013 Sedesol tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos y artículos para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que se unirían a la cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas del país.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los supuestos beneficiados, los mexicanos más pobres quienes habitan las zonas más pobres del país.

Los recursos eran transferidos a las universidades, mismas que se quedaban con una cantidad como “comisión” por el simple hecho de triangular los recursos y posteriormente subcontrataban a empresas que no contaban con la infraestructura ni personalidad jurídica para brindar los servicios para los que eran contratados, o bien empresas fantasma.

La ASF presentó seis denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el esquema de fraude y desaparición de recursos, cinco contra la Sedesol por pagos indebidos hechos por servicios no realizados y una contra la UAEM por simular operaciones.

Los funcionarios que encabezaban las dependencias federales en los periodos en los que se realizaron las operaciones fraudulentas han declarado que las observaciones han sido resueltas, sin embargo, según la ASF se encuentran 112 observaciones pendientes de resolver.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para investigar a las dependencias señaladas por desvío de recursos públicos en el reportaje “La Estafa Maestra”, publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político .

Segundo. El objetivo de la comisión creada será emprender una investigación exhaustiva de todas las operaciones realizadas en las dependencias señaladas en los años 2013 y 2014.

Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2018, o en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Nota

1 https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar la destitución del fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Romero Tenorio, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos someto a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. En la fracción VI, párrafo segundo, del artículo citado, se determina que la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República; que el nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el votos de las dos terceras partes de los miembros presentes.

El artículo decimosexto transitorio del decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial del día diez de febrero de dos mil catorce, determinó que las adiciones reformas y derogaciones al artículo 102, apartado A; por lo que se refiere al fiscal general de la República, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

A la fecha no han cumplido las condiciones de dicha disposición transitoria, por lo que no se ha designado el fiscal general en los términos constitucionales.

Por otra parte, el artículo decimoctavo transitorio del mismo decreto de reforma constitucional en materia político electoral dispuso que a partir de la entrada en vigor del dicho decreto el Senado nombraría por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; que el Ejecutivo Federal podría objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento. Asimismo determino que el fiscal nombrado durará en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general de la República o, en su caso, del fiscal general de la República. Que la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con la ratificación del Senado, se nombró como procurador general de la República al doctor Raúl Cervantes Andrade, quien presentó su renuncia el dieciséis de octubre del año en curso.

Con motivo de la renuncia presentada por el doctor Raúl Cervantes Andrade, a la titularidad de la Procuraduría General de la República, el mismo dieciséis de octubre, en términos de lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 137, párrafo primero, de su Reglamento, el licenciado Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, asume funciones por suplencia y, por ende, el despacho de la gestión institucional. De conformidad con dicha normativa y en ejercicio de la facultad de suplir al titular de la PGR, la atención y resolución de los asuntos a cargo del Procurador, quedaron bajo la supervisión y mando del citado Subprocurador.

Es el caso que el veinte de octubre del año en curso, el subprocurador Alberto Elías Beltrán, en su carácter de suplente del procurador general de la República, cesó al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales.

Atendiendo a lo señalado en el artículo 122 de la Constitución y Décimo Octavo Transitorio del Decreto de reforma en materia político electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce, la remoción del Fiscal Especial para Delitos Electorales únicamente puede ser determinada por el Fiscal General o el procurador general de la República. Atribución que no es delegada al suplente del procurador general de la Republican conforme a lo dispuesto en los artículo 1o., 2o., 6o., 8, 10 Quáter, 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría determina que el procurador general de la República será suplido en sus escusas, ausencias o faltas temporales por los subprocuradores en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República determina que los Subprocuradores, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y el Visitador General, serán nombrados y removidos en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica.

Recurriendo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se encuentra que el procurador general y los subprocuradores nombrados y removidos libremente por el presidente de la Republica.

Aunado a lo anterior, en el acto administrativo del suplente del procurador por el que determina el cese de funciones del fiscal especial en Delitos Electorales, no se garantiza el derecho de audiencia y debido proceso para determinar la responsabilidad administrativa que motive el cese del nombramiento otorgado por el Senado de la República, violentando en forma grave a lo dispuesto en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, se considera que para efectos de preservar el estado de derecho e impedir especulaciones de orden políticas en torno a las investigaciones que realizaba el fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales, es conveniente exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de sus atribuciones, jerarquía y competencia administrativa revoque el acto por el cual el subprocurador suplente del procurador general de la República cesó en sus funciones al fiscal especial señalado.

En consecuencia, con pleno respeto a la autonomía del Poder Ejecutivo Federal, el pleno de esta Cámara de Diputados, presenta el siguiente acuerdo de obvia y urgente resolución:

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que en ejercicio de sus atribuciones, jerarquía y competencia administrativa revoque el acto por el cual el subprocurador suplente del procurador general de la República cesó en sus funciones al fiscal especial señalado.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones en municipios morelenses ante la urgencia derivada del sismo del 19 de septiembre, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero . El pasado 19 de septiembre de 2017 un movimiento telúrico azotó la República Mexicana, con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 kilómetros (km) al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México1 .

Por el impacto causado, ese mismo día, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los 33 municipios del estado de Morelos: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan2 .

La magnitud del terremoto fue tal que causó daños que rebasaron la capacidad de recuperación de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México afectados, y han causado devastaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social.

Segundo . Si bien los daños se hicieron sentir en distintas zonas del país, en Jojutla, Morelos, la afectación fue de una intensidad y envergadura descomunales.

El pasado 1o. de octubre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal informo3 que:

“La Sedatu trabaja en el levantamiento del censo de viviendas afectadas en los 33 municipios del estado de Morelos declarados en emergencia tras el sismo del 19 de septiembre”.

Tras la instalación del Consejo de Evaluación de Daños, la Sedatu y los gobiernos del estado y de los municipios afectados establecieron las bases para una colaboración y coordinación mutua a fin de implementar y realizar el censo de vivienda en Morelos, como lo señala la normatividad del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Este censo es el único mecanismo válido para tener acceso a los recursos del Fonden, por lo que ningún trámite derivado del mismo tiene costo; además, en el momento de ser censado no se solicita ningún documento.

Por su parte, el gobierno del estado y las presidencias municipales colaboran con personal, quienes sirven como enlace, conocen el territorio y son parte fundamental para guiar esta gran labor del censo.

Se conformaron 137 brigadas, cada una con un representante del gobierno de la República, un representante del gobierno de Morelos y un representante del presidente municipal, quienes se encuentran levantando este censo.

También se instaló una mesa de trabajo entre el gobierno de la República y el gobierno del estado, donde se determinará el tipo de apoyo y las características así como los procedimientos para obtener los apoyos, en este momento la prioridad es el censo”.

La pérdida de viviendas totales asciende a 33 mil, según lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de las cuales 16 mil 803 fueron en Oaxaca, 13 mil en Chiapas y 3 mil 300 en Morelos4 .

Rosario Robles dijo que en total se tiene un reporte preliminar de 150 mil viviendas en las entidades afectadas por los sismos, aunque el total de familias que vieron afectadas totalmente sus viviendas asciende a 250 mil. Destacó la importancia del levantamiento del censo de los damnificados a efecto de no haya quien lucre con esta tragedia5 .

En Jojutla, de acuerdo con el alcalde del municipio, Alfonso de Jesús Sotelo, hasta el 20 de septiembre de 2017, se tenían contabilizadas 300 viviendas y comercios colapsados y mil 550 inmuebles dañados6 .

La presidencia municipal sufrió daños estructurales, la iglesia principal se destruyó, al igual que el centro de salud del municipio. Estimaciones no oficiales hablan de que 1 de cada 3 inmuebles resulta con afectaciones severas.

Tercero . Es tal la dimensión del daño en las entidades, municipios y demarcaciones territoriales afectadas que el 19 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2018, un presupuesto de 43 mil millones de pesos adicionales7 que se podrán aplicar a la reconstrucción del país.

Como parte de las medidas adoptadas, el dictamen aprobado, no se consideran ingresos acumulables para los efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), respecto a los apoyos económicos o monetarios recibidos por las personas físicas, destinados a la reconstrucción o reparación de casas-habitación en las zonas afectadas por los sismos, cuando provengan de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. Es decir, se exenta a los damnificados del pago del Impuesto sobre la Renta, al recibir apoyos económicos o monetarios a través de los programas o fideicomisos autorizados.

Esta medida homologa el tratamiento fiscal de no acumulación de ingresos, que dicha ley prevé para el caso de los apoyos económicos o monetarios a través de programas públicos.

Asimismo se estipulo que los recursos federales entregados a la Tesorería de la Federación que no se utilizaron puedan destinarse para atender los desastres naturales.

Cuarto . Administrativamente, la declaratoria de emergencia fue el paso necesario para acceder a los recursos del Fonden para hacer frente a los considerables daños provocados a la infraestructura de comunicaciones y transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda, e incluso turística, por el desastre natural y que tienen impacto en la vida cotidiana de la población.

El Acuerdo por el que se Emiten la Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 20108 se estable que son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I . Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los lineamientos de operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la administración pública federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables;

II. Transferir recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 3o. anterior;

III. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

IV. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

V. Otorgar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionado con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales;

VI. Canalizar recursos para llevar a cabo las contrataciones de terceros independientes especializados que requiera el gobierno federal para las evaluaciones de daños, cuya finalidad sea la valoración de los montos requeridos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

VII. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Por su parte el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 20129 en su artículo 21 establece:

“Artículo 21. La entidad federativa, las dependencias o entidades en el supuesto del artículo 17, segundo párrafo de los Lineamientos, serán responsables de establecer los mecanismos eficaces que permitan la entrega inmediata de los insumos a la población afectada en un marco de transparencia e instaurando los controles y soportes que permitan hacer un seguimiento o comprobación de la entrega del insumo hasta el beneficiario final ; así como la obligación de publicar en su portal de internet institucional, la cantidad de insumos distribuidos en cada uno de los municipios declarados en emergencia.

Por otra parte, la entidad federativa deberá informar a la Dirección General del Fonden respecto de la utilización de los insumos recibidos conforme al presente artículo, en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales contados a partir del aviso de término de la emergencia , conforme al formato E previsto en la página institucional ww.proteccioncivil.gob.mx.

Cuando la Dirección General del Fonden detecte el incumplimiento de esta obligación, deberá notificarlo por escrito a la entidad federativa, y de seguir esta situación de incumplimiento, deberá informarlo a los órganos de control que corresponda, a fin de que tomen las medidas necesarias, en términos de la normatividad aplicable.

Los informes de utilización de los insumos entregados por las instancias responsables deberán de ser publicados por la Dirección General del Fonden en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx.”

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que en el marco de sus atribuciones realice un censo en la totalidad de las comunidades del municipio de Jojutla, Morelos, a efecto de tener un padrón completo y fidedigno de las viviendas dañadas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y, en su caso, todos los afectados puedan acceder a los recursos suministrados por el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al municipio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos y a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que de inmediato atiendan las necesidades sanitarias de la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el municipio de Jojutla, Morelos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Morelos y a las Secretarías de Medio Ambiente; Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que en ejercicio de sus facultades implementen un programa de empleo temporal que reactive la actividad económica en el municipio de Jojutla, Morelos, por la emergencia que atraviesa ocasionada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Notas

1 Reporte Especial Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1).

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRs5e_vcDWAhVL52MKHVYCD0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ssn.unam.mx
%2Fsismicidad%2Freportesespeciales%2F2017%2FSSNMX_rep_esp_20170919_PueblaMorelos_M71.pdf&usg=AFQjCNE7glaMwSejYKcfhbROCbCm1t_QmQ

2 Segob. 19 septiembre 2017. Boletín No. 312/17

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv2rOD38DWAhUT2MKHUFIDDIQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx
%2Fsegob%2Fprensa%2Fla-segob-declara-emergencia-extraordinaria-para-33-municipios-del-estado-de
-morelos-por-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1&usg=AFQjCNFWBikYyoKYse934HDL8pM0Pl7ZbQ

3 Boletín 240. 1º de octubre 2017

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/avanza-el-levantamiento -de-censo-en-morelossedatu ?idiom=es

4 La Jornada . Pérdida total de 33 mil viviendas por sismos: Sedatu. 27 septiembre 2017. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/27/perdida-total-de-33-mil-v iviendas-por-sismos-sedatu-5948.html

5 Ídem.

6 Animal Político. No queremos perder lo poco que todavía tenemos: el amanecer en Jojutla tras el sismo, 23 septiembre 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/09/amanecer-jojutla-tras-sismo/

7 Cámara de Diputados. Boletín N°. 4252. Aprueba Cámara de Diputados en lo general Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Se logran ingresos adicionales por 43 mil mdp que permitirán apoyar con más recursos a entidades afectadas por sismos del 7 y 19 de septiembre.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/19/
4252-Aprueba-Camara-de-Diputados-en-lo-general-Ley-de-Ingresos-de-la-Federacion-para-el-Ejercicio-Fiscal-2018

8 Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifrJvLrPPUAhXB7YMKHQbXD9UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx
%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5169686%26fecha%3D03%2F12%2F2010&usg=AFQjCNFdXkhEbD9Yt1QkupyTtOCwNSY66A

9 Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden,

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjv3qYrvPUAhVB74MKHewTAFkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_detalle.php
%3Fcodigo%3D5257322%26fecha%3D03%2F07%2F2012&usg=AFQjCNF7KzJTeRuSrg6I9_C8YiHT-9wRRg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Diputado Héctor Javier García Chávez (rúbrica)



Irma Rebeca López López, Alfredo Basurto Román (rúbricas) Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Hinojosa Ochoa, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Montserrat Arcos Velázquez, María Esther Camargo Félix, Miguel Ángel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Esdras Romero Vega (rúbricas). Ana Georgina Zapata Lucero, Fernando Uriarte Zazueta, César Alejandro Domínguez Domínguez, Brenda Borunda Espinoza, Alex Le Baron González, Juan Antonio Meléndez Ortega, Adriana Terrazas Porras (rúbrica). Mirza Flores Gómez, María Candelaria Ochoa Avalos, Verónica Delgadillo García (rúbricas).
Efemérides

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Hoy hace 80 años que oficialmente se celebra el Día del Médico, es a partir de 1937 que cada 23 de octubre se celebra el Día del Médico en México, esta feche se debe a que hace coincidir con la del 23 de octubre de 1833 cuando se creó el Establecimiento de Ciencias Médicas, que es lo que antecedió a la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue por decreto del entonces presidente Valentín Gómez Farías que se clausurara la Universidad Nacional Pontificia junto con la Escuela de Cirugía para dar paso a lo que fue el Establecimiento de Ciencias Médicas, donde se fusionaron las carreras de Medicina y Cirugía.1

Ser Médico es una de las profesiones más sacrificadas, pero también una de las más humanizadas, ya que en ella prevalece la vocación de servicio son personas que diariamente salvan vidas, y nos ofrecen una esperanza para tener una mejor calidad de vida. Estos profesionales de la salud día a día nos dan muestra de su esfuerzo, nobleza, así como su dedicación laboral aliviando el dolor de aquellas personas que necesitan de sus servicios.

Cabe resaltar que cada Médico, ya sea desde un consultorio, un hospital o en la ciencia, la investigación o la docencia, es un ejemplo para las siguientes generaciones que quieren estudiar esta hermosa pero muy difícil profesión.

Todo ser humano hemos tenido la necesidad de acudir al Médico, sobre todo cuando se es niño en plena etapa de crecimiento. Para la gran mayoría de las personas acudir al Médico es sinónimo de sufrimiento, sin embargo, no es así, incluso se recomienda acudir 2 veces al año con el Médico para checar nuestro estado de salud. Recordemos que el Médico es la persona que tiene los conocimientos para resolver cualquier eventualidad en nuestra salud.

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nos dicen que en el 2014 la población de Médicos que existe en México es alrededor de 343 mil personas, de las cuales el 43 por ciento de estos profesionales de la medicina se concentran en los estados de México, Jalisco, Veracruz y la CDMX, lo que contrasta con los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Quintana Roo y Zacatecas.2

Una frase de René Gerónimo Favaloro dice:

En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales, entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado de la humanidad.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, 23 de octubre, Día del Médico, https://www.insp.mx/avisos/3430-dia-medico2014.html

2 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/339-23-de-octubre-d ia-del-medico-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.

Atentamente

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)


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