Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4882-I, martes 10 de octubre de 2017
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Comunicaciones oficiales
De la Mesa Directiva
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:
• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a estados y municipios, para que en sus Presupuestos de 2018, den cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, presentada por la diputada Daniela de los Santos Torres y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 26 de septiembre de 2017.
“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.”
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.
Atentamente
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica)
Presidente
Del diputado Francisco Javier Pinto Torres, mediante la que solicita el retiro de iniciativa
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
El que suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a esa Mesa Directiva, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el quinto informe de labores de la Sedesol
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Señor Diputado
Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Los Secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del quinto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del Informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a la Semarnat a desarrollar planes de mitigación de riesgos ambientales y garantizar así la protección del entorno en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-5-2059, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 912/ 2017, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a desarrollar planes de mitigación de riesgos ambientales para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me permito hacer referencia al oficio número SELAP/ 300/ 309/ 17, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta secretaría el acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Al respecto, y con el propósito de dar atención al mencionado acuerdo, me permito hacer de su conocimiento que la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental informó mediante el oficio número SGPA/ SP/ 000030/ 2017 (se anexa copia) que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ha participado en todos los grupos interinstitucionales que la Secretaría de Energía (Sener) ha convocado desde la publicación de las reformas estructurales en materia de energía.
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó mediante el similar DAJ/ 353/ 2017 (se anexa copia) que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental vigentes, ya contiene previsiones para establecer medidas específicas de prevención, mitigación o compensación para cada proyecto, incluyendo las de energías renovables.
La Comisión Nacional Forestal informó mediante el oficio número DG-0374/ 2017 (se anexa copia) que mantiene coordinación con la Sener para elaborar y ejecutar el Programa Nacional de Dendroenergía, el cual tiene como objeto promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para generar energía limpia.
Lo anterior se hace de su conocimiento para que a través de su conducto se haga llegar la respuesta correspondiente a la Cámara de Diputados, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica)
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental
Ciudad de México, a 28 de julio de 2017.
Maestro en Ciencias Benjamín Heras Cruz
Secretario Particular
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental
Presente
Me refiero al oficio número SPPA/ 206/ 2017, de fecha 24 de febrero de 2017, referente al acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, mediante el cual exhorta a la Sener a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal.
Sobre el particular y por instrucciones de la química farmacobióloga Martha Garcíarrivas Palmeros, subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, me permito anexar al presente la ficha técnica de información, que aporta elementos para emitir la respuesta correspondiente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado César Alfredo Morales Gutiérrez (rúbrica)
Secretario Particular
Ficha técnica de información Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
Referencias:
• Oficio: SPPA/0206/2017
• Folio SICG: OCS/2017-0000290
Asunto
• Acuerdo aprobado
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Información
El exhorto va dirigido a la Secretaría de Energía, por lo cual ésta debe observar y, en su caso, cumplimentar el exhorto en comento y sólo esta secretaría participará cuando sea requerida por la Sener.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ha participado en todos los grupos interinstitucionales que la Sener ha convocado desde la publicación de las reformas estructurales en materia de energía.
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2017.
Responsable de la información
Alberto Villa Aguilar (rúbrica)
Director de Evaluación del Sector Energía e Industria
Visto bueno
Alfonso Flores Ramírez (rúbrica)
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental
México, DF, a 24 de marzo de 2017
Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presente
Hago referencia a su oficio número SPPA/ 195/ 2017, de fecha 24 de febrero de 2017, dirigido al licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del cual le informa del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha Secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Al respecto, me permito remitirle copia del oficio número FOO/ DGOR/ 0357/ 17, de fecha 17 de marzo de 2017, signado por el ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, director general de Operación Regional, adscrito a esta comisión, a través del cual se remite información respecto del punto de acuerdo que nos ocupa.
Del mismo modo, le comunico que el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo nos remitió mediante el oficio número LXIII/ GPMC/ MSTG/ 178/ 2017, de fecha 1 de marzo de 2017, el mismo punto de acuerdo, por lo que le solicito que en su calidad de enlace legislativo haga llegar la respuesta.
Atentamente
Licenciada Sofía Gabriela Hernández Correa (rúbrica)
Directora de Asuntos Jurídicos
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.
Licenciada Sofía Gabriela Hernández Correa
Directora de Asuntos Jurídicos
Presente
Hago referencia al memorándum número DAJ/ 141/ 2017, de fecha 10 de marzo de 2017, por el que solicita información para dar cumplimento al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional entre dicha secretaría y la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que de forma conjunta desarrollen planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección del ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el gobierno federal (sic).
Al respecto, me permito comentar lo siguiente:
1. La Dirección General de Operación Regional, a mi cargo, estará atenta a la convocatoria de la Secretaría de Energía, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional, como señala el exhorto de la Cámara de Diputados.
2. El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las obras y actividades que requieren ser previamente autorizadas en materia de impacto ambiental, entre las cuales se encuentran las de áreas naturales protegidas de competencia de la federación, por lo que casos como los mencionados en los antecedentes del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados están regulados por dicha disposición.
3. El párrafo segundo del artículo 35 de la LGEEPA establece:
Artículo 35. ...
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Tal disposición implica que cualquier proyecto, incluidos los de energías renovables, deberán considerar las disposiciones específicas para las áreas naturales protegidas, como el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, los decretos por los que se crean, y los programas de manejo respectivos.
4. El mismo artículo 35 señala en la fracción II que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la secretaría emitirá debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, entre la que podrá
Artículo 35. ...
II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o...
La ley y su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental vigentes contienen previsiones para establecer medidas específicas de prevención, mitigación o compensación para cada proyecto.
Esperando que la información sea de utilidad, le envío un respetuoso saludo.
Atentamente
Ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza
Director General de Operación Regional
Zapo pan, Jalisco, a 17 de marzo de 2017
Doctor Rodolfo Lacy Tamayo
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presente
Me refiero al oficio SELAP/300/309/17, a través del cual el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación, comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, sobre los planes de mitigación de riesgos ambientales, para garantizar la protección al medio ambiente en los proyectos de energías renovables impulsados por el Gobierno Federal.
Al respecto, le comento que esta Comisión, dentro del ámbito de sus atribuciones, estará coadyuvando con la instancia exhortada, siempre V cuando las acciones que se propongan realizar sean técnicamente viables V se encuentren dentro de nuestra competencia.
Cabe mencionar que este Organismo Descentralizado mantiene coordinación con la Secretaría de Energía para elaborar V ejecutar el Programa Nacional de Dendroenergía (PRONADEN), el cual tiene como objetivo promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales para generar energía limpia, tal como contribuir a la conservación de los bosques V selvas de México. Asimismo, participamos en el Grupo de Trabajo para la introducción de los Bioenergéticos, donde se analizan las diferentes propuestas de políticas públicas V proyectos que se presentan a la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos; en dicho grupo de trabajo participan todas las instituciones mencionadas en el punto de acuerdo.
Sin otro particular, le envío un saludo.
Atentamente
Ingeniero Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza (rúbrica)
Director General de Operación Regional
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a la Ssa a diseñar una estrategia tendente a inhibir en las afueras de los planteles educativos la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2017
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-2064 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 1480/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a diseñar una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017
Maestro Valentín Martínez Garza
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/258/17, de fecha 10 de febrero de 2017, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 9 de febrero de 2017, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/3/ OR/1267/2017, suscrito por la licenciada Paulina Ramírez Requena, subdirectora ejecutiva de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurreta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2017.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
de la Secretaría de Salud
Lieja No.7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México.
Con fundamento en los artículos 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2, letra C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3 y 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y, Artículo Quincuagésimo Sexto, fracciones I, V y VIII del “Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; en atención a su oficio número UCVPS/981/2017, a través del cual informa a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o comisión federal), que en sesión celebrada el 9 de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de salud, para que en el ámbito de sus facultades, diseñen una estrategia para inhibir la venta y promoción de alimentos con altos contenidos calóricos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de cada plantel educativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, esta Cofepris ejerce la regulación, control, fomento y vigilancia sanitarios en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Respecto al punto de acuerdo antes mencionado, la Cofepris manifiesta que de conformidad a lo señalado en el artículo 13 de su Reglamento, a la Comisión de Fomento Sanitario, Unidad Administrativa de esta Comisión Federal, le corresponde entre otras el ejercicio de las siguientes facultades consistentes en formular, promover y aplicarlas medidas no regulatorias que permitan proteger la salud de la población de los riesgos sanitarios con base en los resultados de los análisis de riesgos, que realice la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y, participar en la valoración de impacto en la aplicación de dichas medidas; así como elaborar, promover y coordinar programas, acciones de capacitación y campañas de difusión y comunicación de riesgos sanitarios, así como de fomento de la cultura sanitaria dirigidas a la industria, organizaciones sociales, organismos públicos y privados, integrantes del sistema federal sanitario y población en general, con el propósito de mejorar la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de competencia de esta Comisión Federal
En este tenor, la Cofepris en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación Pública y en el marco del Programa denominado 6 pasos de Salud con Prevención, se han realizado pláticas en las escuelas de tiempo completo, dirigidas a los estudiantes para que se les inculque la cultura en tres aspectos o vertientes primordiales, como son:
• Consumo de agua potable;
• Alimentación correcta; y,
• Activación física.
Cabe destacar, que también estas acciones se han realizado en coordinación con la Dirección General de Promoción de la Salud dependiente de la Secretaría de Salud a nivel federal, a través del Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 2013-2018, el cual contiene estrategias que buscan fortalecer las acciones del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud (2013-2018), para Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, con el propósito de alcanzar la meta nacional para un México incluyente.
En este contexto, el citado programa busca contribuir al mejoramiento de los hábitos alimentarios y de actividad física de la población estudiantil por medio de la promoción y fomento de estilos de vida saludables en los diferentes entornos, teniendo como imperativo que la salud pública y la atención médica constituyen elementos fundamentales para garantizar el derecho de la protección a la salud de la población en general y de manera específica del sector educativo.
No es óbice señalar, que las acciones que conforman el Programa en cuestión, tiene en común la educación y orientación alimentaria, entre las que se destacan:
1. La promoción de la alimentación correcta en diferentes entornos;
2. La promoción de la actividad física en todos los grupos de edad;
3. La implementación de campañas educativas para promover estilos de vida saludables;
4. El fomento de la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada;
5. El fomento de rescate de cultura alimentaria tradicional;
6. El fortalecimiento de las competencias del personal de salud en materia de salud alimentaria;
7. La supervisión y evaluación de las acciones desarrolladas.
En el entendido que el mejoramiento de la salud y los hábitos alimentarios sanos es responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno de la república, por lo que además de ser necesaria la concurrencia y coordinación intersectorial, se suma a este esfuerzo la loable y decidida participación activa de la sociedad civil y sector privado, en donde la salud alimentaria y la actividad física como estilos de vida habituales, mejoran sensiblemente la calidad de vida de todos los mexicanos y de manera específica del sector educativo. Existe el resultado promisorio referente a que las acciones comunes se conviertan en un fin común en beneficio de las y los mexicanos por medio de la suma de esfuerzos.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciada Paulina Ramírez Requena (rúbrica)
Subdirectora Ejecutiva de Legislación y Consulta
Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mediante la cual refiere que en su página electrónica se encuentran disponibles para consulta 152 documentos sobre las fichas de monitoreo y evaluación 2016-2017, correspondientes al ejercicio fiscal de 2016
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presente
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con la finalidad de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas e insumos para la mejora de la política pública, envía a las dependencias y entidades federales información que considera relevante.
En este sentido, y como parte de sus atribuciones, con fundamento en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social y el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE 2017), el Coneval coordina la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 (FMyE), correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con un total de 152 documentos para su consulta.
Vale la pena mencionar que las FMyE 2016-2017 tienen como objetivo mostrar el avance de los programas y acciones federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea, y se encuentran disponibles en la siguiente liga:
http://www.coneval.org.mx/Evaluación/Paginas/Evaluacion es-y-resultados-de-programas.aspx
Esperando que los documentos en mención resulten insumos valiosos que le sean de utilidad en el cumplimiento de sus importantes labores, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Gonzalo Hernández Licona
Secretario ejecutivo
Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el tercer informe trimestral de 2017 de los avances financieros, correspondientes a los programas de protección de migrantes, y el acumulado
Ciudad de México, a 4 de octubre de 2017
Cámara de Diputados
Presente
Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes referentes a:
a) Grupos Beta de Protección al Migrante
b) Programa de Repatriación Humana
c) Programa Paisano
d) Oficiales de Protección a la Infancia
Al respecto, me permito enviarle los avances financieros con cifras del tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rogelio Valles Rosas
Director general (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo a fin de solicitar a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos 2018, recursos suficientes para la prevención, detección y atención de portadoras del VPH, cáncer cérvico uterino, de ovario y de mama.
Con fundamente en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de les Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizú, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres por lo general viven más que los hombres, pero su vida no es necesariamente saludable. Hay una serie de factores sanitarios y sociales que se combinan para hacer que la calidad de vida de las mujeres sea inferior. Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos en la salud de las mujeres.
En este sentido, algunos de los principales riesgos que enfrenta la salud de las mujeres en México son diversos tipos de cáncer como el de mama, cérvico uterino y de ovario.
El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.
En la última década, la magnitud de las tasas de mortalidad por estos tipos de cáncer han sido preocupantes, ya que se encuentran dentro de las primeras causas de muerte de población femenina según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y se han convertido en un grave problema de salud pública no solo por su creciente incidencia, sino también por los altos costos que implican para el Sistema de Salud y las familias de las afectadas.
Aunque desde el sector salud se han emprendido importantes acciones para prevenir y tratar estos padecimientos, los números sobre su incidencia siguen siendo alarmantes.
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población mundial y la primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1´671,149 nuevos casos diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6´232,108, lo que representa el 36.3 por ciento.
Es la causa con mayor mortalidad en la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo que representa un 14.7 por ciento, de las cuales ocurren más en países desarrollados.
La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer y la obesidad.1
En el año 2014, se registraron 11,372 casos nuevos de cáncer de mama con una tasa de incidencia de 22.56 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.
En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015 se registraron 6,252 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 18 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: Sonora (28.6), Nuevo León (26), Coahuila (25.7), Chihuahua (24.8), Cd. México (24.7) y Sinaloa (22.2).
La edad promedio de presentación de los casos de cáncer de mama es de 54.9 años, la incidencia más alta en el número de casos se registra en el grupo de 50 a 59 años con el 45 por ciento de todos los casos.
El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello del uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.
En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, en el año 2015, se registraron 3,994 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 11.5 defunciones por 100,000 mujeres. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son: Colima (17.7), Chiapas (17.6) Guerrero (15.6), Veracruz (15.4) y Oaxaca (15.2).
La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30 por ciento de todos los casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU es a los 49.2 años.
Adicionalmente, el cáncer de ovario se ha convertido en una amenaza silenciosa para la salud de las mujeres en nuestro país. Al respecto, el INEGI reportó que dentro de las principales causas de morbilidad hospitalaria se encuentra el cáncer de ovario con un 7.5 por ciento de total de los tumores malignos durante el 2011, siendo más frecuente en el grupo de edad de 50 a 59 años con un 26.2 por ciento, seguido del grupo de edad de 40 a 49 años con un 24.1 por ciento. Para el 2012 el INEGI reportó que la tasa de mortalidad para el cáncer de ovario fue de 5.53 casos por cada 100 mil habitantes.
Debemos tener presente que los altos índices de mortalidad de estos tipos de cáncer tienen que ver con varios factores como la dificultad en la detección y diagnóstico oportunos. El diagnóstico tardío se relaciona, entre otras cuestiones, con la ausencia de información y capacitación del personal de la salud que actúa en los primeros niveles de atención.
Otro factor que complica la detección y diagnóstico oportunos es la falta de difusión de los factores de riesgo y síntomas del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario entre la población, especialmente entre las jóvenes y comunidades marginadas; esto complica la formación de una cultura del autocuidado que permita detectar cualquier indicio de estas enfermedades.
Las mujeres de todas las regiones del país deben poder identificar las manifestaciones de estas enfermedades, pues en estos casos resultan de gran importancia la prevención y el autocuidado de la salud, ya que son prevenibles y curables con detección y tratamiento oportuno, aún en las etapas tempranas para la mayoría de los casos.
Debemos mencionar que además del diagnóstico y detección tardía del cáncer de mama, cérvico uterino y de vario, la falta de cobertura médica de la población para atender esta enfermedad es un factor determinante para que cobre cada vez más vidas, pues las mujeres terminan por abandonar el tratamiento en virtud de los altos costos que éste implica.
Desde el Senado de la República hemos estado pendientes -y seguiremos estándolo- de los problemas de salud pública que aquejan a la población, y especialmente a las mujeres y niñas, y hemos propuesto acciones legislativas y de políticas públicas en materia de salud materno-infantil, lactancia, prevención de embarazos en adolescentes, enfermedades del corazón, por mencionar sólo algunas; y sin duda, la lucha contra los diferentes tipos de cáncer es parte fundamental de nuestra agenda.
En el mes de octubre, hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir del 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.
El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en un 1 por ciento. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. El 95 por ciento son adenocarcinomas.
Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.
La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.
La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.
Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:
En la prevención primaria:
1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.
2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.
3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.
4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.
5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.
6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.
7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.
8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.
9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.
10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.
11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.
12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.
13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.
14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.
En la prevención secundaria se encuentran:
1. Identificar la presencia de factores hereditarios.
2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.
La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.
Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la atención respecto de esta patología.
Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra Nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese Honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.
Por lo anterior hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2018, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de mama, así como para su atención y tratamiento.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, doten de recursos vastos y suficientes se incrementen los recursos para la prevención, detección y atención del cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario.
Nota
1http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Acci on/CancerdelaMujer/InfEstad.html
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2017.
Senadoras:Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionaría Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, el segundo de ellos.
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Reforma Energética reformó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Como consecuencia de ello el 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el paquete que contenía las iniciativas de la legislación secundaria en materia energética.
Dicha reforma fue planteada por el gobierno Federal, como “un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad” (Gobierno de la República, México, 2017).
Dentro de sus diez objetivos y premisas fundamentales, los señalados con los numerales 6, 7 y 8 plantean que se busca contar con un abasto mayor de energéticos a mejores precios; garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética y combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético (Gobierno de la República, México, 2017).
Por lo tanto, fueron expedidas un total de nueve leyes y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a otras doce; dentro de las cuales se contemplaban originalmente la liberación de los precios de las gasolinas para el año 2018 y posteriormente modificándose dicha fecha, se adelantó aplicándose desde enero de 2017.
Además, a partir de 2015 y con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, con la finalidad de que este mercado reflejara las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios fijo, (IEPS fijo).
Como parte de esa liberación de precios, se crearon 90 regiones, de las cuales hay 7 regiones fronterizas y 83 al interior del país; los precios máximos difieren entre las ellas pues deben reflejar los distintos costos de llevar los combustibles a cada una. La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Adicionalmente, cuando en alguna localidad las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, esto se reflejará también en el precio máximo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015).
En consecuencia, la apertura del mercado energético ha traído consigo nuevos retos como son, la correcta regulación de los nuevos actores que tienen presencia en todo el país y garantizar al consumidor su derecho a la información para que pueda tomar decisiones informadas, como lo establece nuestro marco jurídico y existe también la necesidad de atender los que estaban pendientes.
En ese sentido, la defensa de los consumidores es uno de los temas clave para el desarrollo sostenido de las sociedades como la mexicana; donde los compradores, aparecen como posibles víctimas de una serie de prácticas y abusos comerciales, contra los cuales, las reglas del derecho común, constituyen una endeble protección; lo que hace indispensable, la existencia de reglas jurídicas especializadas y congruentes con la realidad imperante.
Dentro del Marco Jurídico Internacional, como antecedente más sobresaliente, se plantearon en la Carta Europea de Protección de los Consumidores de 1973, cuatro derechos fundamentales:
a) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores;
b) El derecho a la reparación del daño causado al consumidor;
c) El derecho del consumidor a la información y a la educación; y
d) El derecho del consumidor a la organización y representación;
Los cuales han sido la base sobre la que la Comunidad Internacional ha trazado sus medidas de protección al consumo y a los consumidores y sirve de orientación para ajustar el derecho interno de los países parte, a tales disposiciones.
En consonancia con la dinámica internacional, nuestro país en 1975 se publicó la primera Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciando la función del Estado mexicano como garante de los derechos del consumidor.
Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 39/248 del 16 de abril de 1985, señala que los Estados miembros; entre ellos México, deben apegar sus políticas y legislaciones a las directrices para la protección al consumidor, las cuales deberán reconocer los siguientes derechos:
a) La protección de los derechos frente a los riesgos para su salud y su seguridad;
b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;
c) El acceso de los consumidores a una información adecuada;
d) La educación del consumidor;
e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; y
f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores.
La Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, fue la que estableció con precisión los principios básicos en las relaciones de consumo, mismos que prevalecen en la actualidad, y que se encuentran establecidos en su artículo 1°.
Actualmente, la protección a los consumidores en nuestro país, es un mandato constitucional y una garantía social, en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, es obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) institución especializada en ese rubro, garantizar en el ámbito de sus atribuciones la existencia del marco normativo suficiente y adecuado para cumplir con dicha tarea de protección.
De conformidad con el artículo 24 fracciones XIII, XIV y XIV bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco tiene como atribuciones vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidas o registradas por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor.
Debido a lo anterior, la Profeco ha venido desde hace varios años llevando a cabo el Programa Nacional de Verificación de Combustibles, el cual consiste a grandes rasgos, en la verificación de nueve rubros, los cuales son:
1. Acreditación Documental,
2. Calidad del Combustible,
3. Cualidades Metrológicas,
4. Electrónicas,
5. Fallas Hidráulicas,
6. Falta o Deficiencia en el Servicio de Calibración,
7. Fuera de Servicio,
8. Precio,
9. Seguridad.
De los cuáles a su vez, se derivan 24 causales por las cuales pude ser inmovilizada algún medio de comercialización de gasolina o diésel (Profeco, s.f.).
Cabe señalar, que son dos las entidades encargadas de verificar la calidad de los productos y su correcta comercialización; la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que verifica la calidad y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que atiende lo concerniente a la correcta venta al público.
El marco legal vigente, establece que la Profeco, a través de la Dirección General de Verificación de Combustibles (DGVC) tiene como propósito: coordinar, diseñar, ordenar y supervisar las acciones de verificación de Gas Licuado de Petróleo y Gasolina a Estaciones de Servicio, Plantas de almacenamiento y distribución, vehículos de reparto y vehículos auto-tanque en todo el país, y supervisar que el proceso de venta y distribución de combustibles se encuentre operando en nuestro país, misma que depende de la Subprocuraduría de Verificación (Procuraduría Federal del Consumidor, 2017).
Es preciso señalar que previamente, el 3 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de gas LP y combustibles líquidos (gasolina y diésel) (Profeco, 2013).
La normativa al respecto señala lo siguiente:
Los criterios se aplicarán al procedimiento administrativo iniciado por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para la imposición de multas y medidas de apremio en materia de combustibles líquidos (gasolina y diésel) y gas LP; por las unidades administrativas adscritas a la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría; así como de las Delegaciones, Subdelegaciones y Unidades de servicio.
Además, serán aplicables a los servidores públicos de mandos medios y superiores de la Procuraduría, así como a todos aquellos que en razón de su empleo, cargo o comisión, deben observarlos en el ejercicio de sus funciones y resultan aplicables en todo momento en que pueda o deba imponerse una multa.
Serán sancionables pecuniariamente en materia de verificación de combustibles líquidos (gasolina y diésel), en incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, en sus diversas modalidades, lo siguiente:
• El excedente en el error máximo tolerado (valores extremos de un error tolerado por las especificaciones, reglamentos y otros relativos a un instrumento de medición determinado. Estos errores se refieren a la diferencia entre la lectura dada por el instrumento de medición y la medida volumétrica. La tolerancia máxima será de 100 mililitros por cada 20,000 mililitros);
• Falla en el mecanismo sincronizador del interruptor con el dispositivo computador (corte de flujo de 80 segundos);
• Holograma no vigente;
• Holograma destruido, removido, violado o alterado;
• Falta o alteración de precinto, marchamo o plomo;
• Fallas en la carátula del display;
• Goteo constante en la parte hidráulica;
• No cumplir con las especificaciones o aditamentos del modelo o prototipo aprobado;
• Falta de aprobación del modelo o prototipo utilizado;
• Falta de bitácora de eventos;
• Incompatibilidad de la bitácora de eventos con las hojas de control de la estación de servicio, e
• Incumplimiento en el precio vigente.
Asimismo, señala que no serán susceptibles de sanción pecuniaria, en materia de verificación de combustibles líquidos (gasolina y diésel), los siguientes casos:
• Error de repetibilidad (inestabilidad de un instrumento en el despacho de combustible, es decir, presenta diferentes mediciones para la misma cantidad pagada) pero dentro del margen de error;
• Fuera de servicio temporal o permanente;
• Falta o falla en la batería de respaldo;
• Presentación del documento que acredite la aprobación del modelo o prototipo aprobado, en tiempo y forma, y
• Deficiencias evidentes.
Por su parte, serán sancionables pecuniariamente en materia de verificación de gas LP:
• Excedente en el error máximo tolerado en recipientes transportables;
• Instrumentos de medición denominados básculas, fuera de tolerancia;
• Instrumentos de medición instalados en autotanques que se encuentren fuera de tolerancia;
• Falta de entrega de notas de venta o facturas;
• No exhibir el precio vigente;
• No cumplir con el precio vigente;
• Falta de holograma vigente;
• Holograma destruido, removido, violado o alterado;
• Fugas en la válvula, y
• Falta de etiqueta en los recipientes transportables.
No serán susceptibles de sanción pecuniaria, en materia de verificación de gas LP:
• Falta de placa y/o tara;
• Golpes en la válvula;
• Carencia de maneral o volante;
• Golpes o abolladuras en el casquete;
• Protuberancias o signos de abombamiento;
• Falla mecánica en las básculas e instrumentos de medición instalados en autotanques, y
• Fuera de servicio (básculas e instrumentos de medición instalados en autotanques).
Posteriormente, se precisan las multas o sanciones pecuniarias para cada uno de los casos previstos.
Importancia de la venta de combustibles en México
El desenvolvimiento de la vida urbana y rural en nuestro país, depende en gran medida del uso de los combustibles básicos como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (Gas LP). Tal es así, que de acuerdo con cifras del INEGI, el consumo per cápita de gasolinas es mayor al de otros países de un nivel de desarrollo similar, e incluso, que algunas naciones altamente industrializadas; es así, que nuestro consumo per cápita en el rubro es mayor en 22 por ciento que el de Alemania, 71 por ciento más que el de Italia, 103 por ciento al de Chile, 141 por ciento al de España y Francia, 192 por ciento al de Argentina y 242 por ciento al de Brasil. En el mismo sentido, el gas LP, es una fuente vital de energía al ser el principal combustible utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos. (Profeco, 2013).
En 2014 México ocupó el cuarto lugar de consumo de gasolinas a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos, Japón y Canadá, con un total de 751 mil barriles por día (The U.S. Energy Information Administration, 2014).
El autotransporte es la modalidad de mayor preferencia en el país, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. En 2014, este segmento consumió mil 99.9 miles de barriles por día de combustibles automotrices, de los cuales el 70.6 por ciento fue de gasolinas y 29.4 por ciento de diésel (Secretaría de Energía, 2015). México es el cuarto consumidor más grande por persona en el mundo (Indigo Staff, 2016).
Además, de acuerdo con datos de Bloomberg, al tercer trimestre del 2016, los conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas (gastamos en promedio un 3.38 por ciento de nuestro ingreso total), en ese entonces, los mexicanos estábamos igualados con los sudafricanos, sin embargo, este indicador tomó en cuenta a 61 economías y llevó a cabo el análisis en el caso de México, cuando el precio promedio era de 14.81 pesos por litro de combustible, y un egreso promedio de 431 pesos por conductor (Cattan, 2016).
Por lo tanto, ese estudio no pudo tomar en cuenta el incremento de enero pasado de entre 14 y 20 por ciento para las gasolinas Magna y Premium respectivamente, y si el salario diario es menor o igual proporcionalmente, el porcentaje utilizado se incrementa, por lo que es posible afirmar que somos los mexicanos quienes gastamos más en gasolina en todo el mundo (El Financiero, Redacción, 2016).
En 2016 11 mil 469 gasolineras operaban en el país, de las cuales la Profeco revisó el comportamiento de 6,356, es decir, poco más del 55 por ciento del total de estaciones y un 115 por ciento más que todas las gasolineras verificadas en 2015 (Procuraduría Federal del Consumidor, 2016).
Para 2017, la Procuraduría incrementará el número de gasolineras revisadas al menos en 15 por ciento con respecto a lo alcanzado en 2016, previendo llegar a 7,200 estaciones verificadas (Procuraduría Federal del Consumidor, 2017).
Con base en estos reportes de la Profeco, es posible afirmar que, a pesar de lograr importantes avances en la cobertura de verificación, su capacidad está aún lejos de poder revisar el total de las estaciones de servicio al menos una vez al año.
Como resultado de estas verificaciones, la Profeco reporta lo siguiente:
Durante los primeros siete meses del 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor verificó 5 mil 402 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos; verificando un total de 80 mil 1 mangueras despachadoras e inmovilizado 3 mil 258 por irregularidades, que fueron detectadas en mil 712 gasolineras, donde se colocaron sellos de suspensión.
Lo que nos arroja que aproximadamente el 32 por ciento de las gasolinerías verificadas presentan algún tipo de irregularidad, es decir una de cada tres. Asimismo, se han iniciado 617 Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley (PIL) y se han aplicado multas por 133 millones de pesos, en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron abusos (Profeco, 2017).
De manera similar, en el caso del Gas Licuado de Petróleo, los procesos de verificación se llevan a cabo en plantas de distribución y a vehículos comercializadores del gas LP con el objetivo de observar que los proveedores respeten los derechos del consumidor establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y de las Normas Oficiales correspondientes.
Por su parte en cuanto al gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor intensificó sus acciones de monitoreo a empresas distribuidoras de gas LP en todo el país, para detectar irregularidades con 960 visitas de verificación en plantas para la venta a través de pipas, de las cuales se sancionó a 215 empresas, lo que resulta el 22.4 por ciento de empresas con irregularidades, es decir, una de cada cinco, principalmente por no cumplir con los litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados.
Cabe señalar que en el periodo referido se realizaron 1,400 verificaciones a camiones distribuidores de cilindros, encontrando irregularidades en 148 casos, lo que derivó en la imposición de 674 sellos de inmovilización colocados por irregularidades en el peso y por malas condiciones de seguridad. También se inmovilizaron 800 cilindros en planta.
En el mismo comunicado se informa que 77 empresas se negaron a la verificación, en cuyo caso se impusieron medidas de apremio por 250 mil pesos a cada una y que en total se han impuesto sanciones por 19.2 millones de pesos por diversas irregularidades (Profeco, 2017).
Con base en la tabla anterior, es posible afirmar que la verificación de los medios comercializadores de gas LP verificados, un 10 por ciento han presentado irregularidades que han ameritado alguna o varias sanciones.
En vista de los resultados, resulta evidente que es recurrente la presencia de violaciones a las normas por parte de las empresas encargadas de distribuir y vender las gasolinas y el gas LP y que esta situación atenta de manera constante en contra de los derechos de los consumidores.
Además, considero que la venta de combustibles, principalmente cuando ésta se efectúa al detalle, persisten importantes vicios que afectan de manera importante el bolsillo de los consumidores y que la normativa aplicable no garantiza todo los derechos de los consumidores, pues a pesar de que existen sanciones pecuniarias en contra de los proveedores que violen lo establecido por las leyes Federal Sobre Metrología y Normalización y la Federal de Protección al Consumidor, así como el incumplimiento a las Norma Oficial Mexicana, NOM-005-SCFI-2011, no se garantizan a cabalidad al menos dos derechos de los consumidores que son:
1. El acceso de los consumidores a una información adecuada y
2. la posibilidad de compensación efectiva al consumidor;
Con base en lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es establecer mecanismos que garanticen una compensación efectiva al consumidor, y la adecuada información para una mejor decisión.
Sin duda han sido muchos años en que se han venido presentando irregularidades por parte de los comerciantes en contra de los consumidores y sumando el alza a los combustibles que se ha venido presentando a últimas fechas, las afectaciones al gasto familiar cada vez son mayores y debe buscarse la manera de que sean menores en beneficio de los consumidores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, establezcan en la Ley de Egresos 2018, un recurso suficiente para que la Procuraduría Federal del Consumidor pueda llevar a cabo un programa permanente que lleve a cabo verificaciones cada 90 días como máximo, a los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o quien pueda disponer de gas natural, gas LP gasolinas o diésel con arreglo a la ley.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se establezca el procedimiento avalado para que el proveedor haga efectiva la indemnización al consumidor de manera inmediata, en los casos establecidos en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, de la iniciativa adjunta.
Referencias
Cattan, N. (26 de Diciembre de 2016). ‘Gasolinazo’ Infuriates Mexico and Taints Flagship Energy Reform . Obtenido de Bloomberg.com: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-29/-gasolinazo-infuriat es-nation-and-taints-flagship-energy-reform
El Financiero, Redacción. (29 de Diciembre de 2016). Mexicanos, los que más gastan en gasolina en el mundo. El Financiero . México, México, México. Recuperado el 28 de Agosto de
2017, de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-es-el-segundo-pais-que-m as-gasta-de-sus-ingresos-en-gasolina.html
Gobierno de la República, México. (22 de 08 de 2017). Reforma Energética. Obtenido de Reformas.gob.mx:
http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Explic acion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
Indigo Staff. (30 de Diciembre de 2016). 15 datos sobre el consumo de gasolina en México. Monterrey, Nuevo León, México.
Procuraduría Federal del Consumidor. (21 de Diciembre de 2016). Flexibilización de mercados de gasolinas y diésel. Obtenido de https://www.gob.mx: https://www.gob.mx/aperturagasolinas/documentos/
decalogo-profeco-tus-derechos-al-consumir-combustibles-gasolina-y-diesel?idiom=es
Procuraduría Federal del Consumidor. (4 de Mayo de 2017). Manual de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles (MP-320). Obtenido de gob.mx:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236431/MP -320.pdf
Procuraduría Federal del Consumidor. (12 de Junio de 2017). Reforzamos verificación en gasolineras ante segunda etapa de apertura en mercado de combustibles. Obtenido de gob.mx:
https://www.gob.mx/aperturagasolinas/prensa/reforzamos-v erificacion-en-gasolineras-ante-segunda-etapa-de-apertura-en-mercado-de -combustibles
Profeco. (03 de Julio de 2013). ACUERDO por el que se establecen los criterios para la determinación de sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al. Diario Oficial de la Federación .
Profeco. (10 de Agosto de 2017). Boletín 098/2017.- De enero a julio, sancionamos a 215 plantas de gas LP y 148 camiones repartidores del combustible por irregularidades. Obtenido de www.gob.mx: https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-098-2017-de-enero-a -julio-profeco-sanciono-a-215-plantas-de-gas-lp-y-148-camiones-repartid ores-del-combustible-por-irregularidades?idiom=es
Profeco. (01 de Agosto de 2017). Boletín de prensa 093/2017.- Profeco completa más de 5,400 verificaciones a gasolineras en todo el país para prevenir abusos. Obtenido de www.gob.mx: https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-093-2017-profeco-co mpleta-mas-de-5-400-verificaciones-a-gasolineras-en-todo-el-pais-para-p revenir-abusos?idiom=es
Profeco. (s.f.). Programa Nacional de Verificación de Combustible. Obtenido de Programa Nacional de Verificación de Combustible: http://200.53.148.113/qqg/
Secretaría de Energía. (2015). Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029. México. Recuperado el 24 de Agosto de 2017, de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44327/Pro spectiva_Petroleo_Crudo_y_Petroliferos.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (01 de Enero de 2015). ACUERDO 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público. Diario Oficial de la Federación .
The U.S. Energy Information Administration. (2014). Ranking de países con datos de fuentes oficiales . Recuperado el 25 de Agosto de 2017, de TheGlobalEconomy.com: http://es.theglobaleconomy.com/rankings/gasoline_consumption/
Cámara de Senadores, a los dos días del mes de octubre de 2017.
Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Hilda Ceballos L1erenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto ce acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de! Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487 pesos para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil, UDIF, y la Unidad de Servicios Infantiles, USI, en la ciudad de Colima.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
Quien suscribe, senadora Hilda Ceballos Llerenas, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de les Estados Unidos Mexicanos, e1 el artículo 87 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. someto a la consideración de esta representación, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, se consideren y etiqueten recursos por 12 millones 690 mil 487.39 pesos (Doce millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con 39 centavos MN) para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil UDIF y la Unidad de Servicios Infantiles USI en Colima, Colima, bajo las siguientes:
Consideraciones
Con un total de 5 mil 527 kilómetros cuadrados de extensión territorial (0.29 por ciento del total del territorio nacional) Colima es la entidad más pequeña del país y participa, al igual que Tlaxcala con el 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional1 . A su vez, el sector económico más relevante en la entidad es el comercio, ya que participa con 18.2 por ciento del PIB estatal total2 .
Según la Encuesta Intercensal 2015 del instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Colima tiene 711 mil 235 habitantes3 , lo que lo ubica corre la entidad federativa con menor poblacional nacional. Cuenta con 10 municipios de les que cuatro (Manzanillo, Colima, Tecomán y Villa de Álvarez: concentran 81.8 por ciento de la población estatal total.
Municipio Porcentaje de población
Manzanillo 25.9
Colima 21.2
Villa de Álvarez 17.4
Tecomán 17.3
Cuauhtémoc 4.3
Armería 4.2
Comala 3.0
Coquimantlán 2.8
Minatitlán 1.7
Ixtlahuacán 0.8
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.
Por otra parte, 25.6 por ciento de la población de Colima tiene menos de 15 años y la población económicamente activa (PEA), es del orden de 49.4 por ciento. En el segundo trimestre de 2017 se registró en el estado una tasa de desocupación de 3.8 por ciento, que contrasta, por ejemplo, con el 1.4 por ciento alcanzada por Guerrero en el mismo trimestre.4
Conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la entidad federativa es de bajo rezago social. A efecto de fortalecer esta afirmación, de 2000 a 2015 la población analfabeta de 15 años o más se reduce de 7.2 por ciento en 2000 a 3.9 por ciento en 2015; de igual manera, la población sin derechohabiencia a los sistemas de salud, cayó de 48.2 por ciento a 12.1 por ciento en estos años extremos (Porcentajes a un dígito) (Ver cuadro inferior).
En contraste con el relativo éxito en el abatimiento de indicadores de rezago social, resulta públicamente conocido que Colima registra elevadas tasas criminalidad, punteando con un promedio de 10.43 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, seguido con larga diferencia por Guerrero (5.71) y Baja California (5.08).
Además, conforme a un estudio citado por Proceso 5 el estado de Colima ocupa el primer lugar en acoso escolar (bullying) en niños de educación primaria y en segundo lugar en niños de educación secundaria, situación que coloca a este fenómeno como un problema público y, por lo tanto, precisa del diseño de políticas públicas puntuales que ataquen este problema, como es, entre otras cosas, la inversión para el fortalecimiento de infraestructura deportiva.
Paralelo a lo anterior y a la relevancia del dato, en la Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred), realizada por la Secretaría de Gobernación y el Inegi en 2014, se señala que los jóvenes mexicanos colimenses que van a la escuela (12 a 18 años), 34.2 por ciento ha sido víctima de acoso escolar en el municipio de Colima y 41.9 por ciento de los jóvenes que viven en el municipio de Manzanillo.
Acorde a los párrafos anteriores, el nivel de delincuencia y de bullyng escolar en Colima es una realidad que exige ser atendida por las autoridades. De esta realidad se dio constancia en los diversos medios de comunicación de forma permanente.
En opinión de altos funcionarios de organismos internacionales, uno de los medios para combatir la violencia en sus diversas manifestaciones dentro del contexto de los objetivos de la Agenda de 2030, es el deporte, ya que conforme a declaraciones de Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, “es un motor que impulsa el cambio social positivo”.6
En el anterior sentido, Wilfried Lemke, asesor especial del secretario general sobre el deporte, dijo que “El deporte no sólo mejora la salud y el bienestar, sino que también infunde valores positivos que estimulan y facilitan el desarrollo personal y social. El deporte es universal. Trasciende las diferencias y promueve la inclusión y la igualdad”7 .
El deporte, sin duda, conforme a lo señalado por los altos representantes de la Organización de las Naciones Unidas, es fundamental para la promover la inclusión y la igualdad social, para inhibir la incursión de los jóvenes en la drogadicción, en la delincuencia, en la desintegración familiar, entre otras disfunciones sociales y familiares.
En nuestro país contamos con entes públicos que incluyen y promueven las actividades deportivas como medio coadyuvante a sus funciones, tal es el caso del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que para el caso concreto de Colima, cuenta con instalaciones para la práctica de deportes que han jugado un papel de vital relevancia en la comunidad.
El DIF del estado supracitado cuenta con una Unidad de Servicios Infantiles (USI, abrió sus puertas en 1991) y una Unidad Deportiva Infantil (UDIF), en las que se otorgan de forma gratuita a una elevada cantidad de personas todos los días de la semana los 365 días del año, un buen número de servicios vitales para la comunidad, relacionados en la tabla inferior:
Unidad de Servicios Infantiles (USI):
• Iniciación a la lectoescritura.
• Cursos de verano (julio).
• Taller de aprendizaje.
• Gimnasia.
• Artes plásticas (Dibujo, pintura y reciclado).
• Estimulación I y II.
• Hacer tareas es divertido.
• Creando y jugando.
• Terapia psicológica familiar.
• Trabajo social.
Unidad Deportiva Infantil (UDIF):
• Auditorio techado.
• 4 canchas de voleibol.
• 3 canchas de básquetbol con áreas verdes alrededor de esta.
• Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores, bodega, bebederos.
• 2 canchas de bádminton al aire libre empastadas.
• 2 campos de fútbol empastados.
• Pista de atletismo de 100 metros planos.
• Gradería lateral.
• Módulo de sanitarios, regaderas, vestidores y bodega.
• Área verde arbolada y ciclo pista.
• 2 áreas de areneros con juegos infantiles metálicos y campo de béisbol.
Sin embargo, dado el uso excesivo que de dichas instalaciones se hace por no cesar en otorgar el servicio a la comunidad, estas muestran al día de hoy un alarmante deterioro difícil de revertir dado el exiguo presupuesto con que cuenta la entidad, lo que pone en riesgo su viabilidad a muy corto plazo, y con el ello servicio que durante décadas se ha otorgado a la comunidad.
A riesgo de ser reiterativa, estas unidades del DIF estatal han jugado un papel de vital trascendencia en la comunidad, contribuyendo a lo largo de los años a la consolidación de valores de alto calado social como la solidaridad, integración, etcétera.
Conforme a información vertida en el proyecto “Remodelación de la UDIF y la USI del DIF Estatal para el fomento de actividades deportivas en Colima”, la población de esta entidad:
...en edades de 5 a 19 años..., se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a los problemas sociales que afectan a este sector, en términos de drogadicción, vandalismo, violencia y así como problemas de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión.
La mejora de las condiciones integrales de la Unidad Deportiva Infantil permitirá la recuperación de espacios para brindar y mejorar la calidad de vida de la población lo que, mediante un proceso multiplicador dinamizará aspectos positivos en la sociedad:
...Invertir en actividades físicas supone un ahorro en salud pública. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada peso que se invierta en actividades físicas se traduce en un ahorro de 3.20 pesos de gasto médico en el futuro.8
Con la remodelación de la UDIF y la USI se mejorarían los espacios deportivos, con lo que se estaría en mejores condiciones para brindar servicios de calidad para la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes del estado, disminuyendo la obesidad infantil con actividades recreativas y deportivas además de incrementar la convivencia familiar. Al respecto, es conveniente señalar que el Estado tiene uno de los índices de obesidad infantil más alto del país.9
A efecto de considerar el costo total de las reparaciones necesarias a la UDIF y a la USI, presento la siguiente tabla con el correspondiente desglose por concepto:
Por todo lo anterior, con pleno convencimiento de que el estado está obligado a hacer lo necesario a fin de garantizar el pleno derecho de las niñas y niños a vivir en un ambiente sano, garantizando su desarrollo, y con fundamento en las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta respetable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se consideren y etiqueten recursos por $12 690 487.39 (Doce millones seiscientos noventa mil, cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/39 MN) para la rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil UDIF y la Unidad de Servicios infantiles USI en el estado de Colima.
Notas
1 Inegi. Boletín de prensa número 529/16 de 6 de diciembre de 2016.
2 Secretaría de Economía. ProMéxico. Colima. http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_COLIM A_vf.pdf
3 Inegi. Información de México para niños. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/
4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Información Laboral Agosto 2017. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20naciona l.pdf
5 http://www.proceso.com.mx/280927/e2-80-9cbullying-e2-80-9c-es-ya-un-pro blema-publico-en-colimarevela-estudio
6 Centro de Noticias ONU.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.W aW-ALIjGM8
7 Centro de Noticias ONU.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34807#.W aW-ALIjGM8
8 LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. Boletín número 1230 del 31/03/2016.
9 Colima ocupa los primeros lugares en obesidad y por más de una década, con el mayor número de niños con sobrepeso. “El grupo grueso se da entre los 8 y los 14 años”, señaló Carlos Salazar Silva, secretario de Salud. “Casi 40 por ciento de los niños en edad escolar sufren de sobrepeso u obesidad”, dijo Víctor Miguel Sánchez, responsable del programa Escuelas Promotoras de Ambientes Saludables.
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Senadora Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica)
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo Federal a realizar los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados por los recientes desastres naturales, así como fortalecer las acciones coordinadas de protección civil para hacer frente a las situaciones de emergencia.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados el primer resolutivo, y la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores, el secundo de ellos.
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
Las suscritas, senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11, 276 Y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de diputados y al titular del ejecutivo federal, para que realicen los ajustes necesarios al gasto público corriente y al proyecto de presupuesto de egresos para el 2018, con la finalidad de incrementar y garantizar los recursos suficientes para los fondos destinados a la atención de los daños provocados, por los recientes desastres naturales; así como el fortalecer las acciones coordinadas de protección civil, para hacer frente a las situaciones de emergencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente nuestro país atraviesa una situación de emergencia, el pasado primero de septiembre la tormenta tropical Lidia provocó severos daños y pérdidas humanas en la Península de Baja California, posteriormente el pasado 7 y 19 de septiembre fuertes sismos ocasionaron graves daños y pérdidas que afectaron mayormente a los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el estado de México.
Tanto que en las últimas semanas y a la fecha continúan las labores de rescate, remoción de escombros y el censo de los daños causados por estos desastres naturales, hasta ahora se contabilizan lamentablemente más de 400 personas fallecidas, cientos de heridos y desaparecidos, y se reportan más de 190 mil inmuebles entre ellos viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública que sufrieron graves daños o fueron destruidos.1
Hoy en día nuestro país podría contar con más de seis fuentes de financiamiento de fondos para atender la emergencia y reconstrucción de las zonas afectadas entre ellos: El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México, Pólizas de Seguro para el caso del estado de Puebla y el Bono Catastrófico del Banco Mundial.
El primer financiamiento de donde se podrían obtener los recursos necesarios es del Fondo de Desastres Naturales que es un instrumento financiero el cual está contemplado dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, y atiende los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.1
El presupuesto es destinado dentro del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, para el Fonden en el 2016 fue de 8,035 millones de pesos, para el presente año es de 6,035 millones de pesos y esta propuesto para ejercicio fiscal de 2018 un presupuesto de 6,644 millones de pesos lo cual equivale a solo el 0.13% del total del gasto público destinado para el mismo año.3
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el primer semestre de este año ya se ejercieron 7,248 millones de pesos provenientes del Fonden, lo cual indica que el presupuesto original ya fue rebasado por más de mil millones de pesos.
De igual manera el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recibió este año alrededor de 8,494 millones de pesos, mismo que tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Con base en los Lineamientos generales para la operación del FAIS, en su numeral 2.3.1., fracción II, de los proyectos complementarios, menciona lo siguiente:
Los municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, podrán disponer de hasta un 15% adicional para la infraestructura social básica, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una Declaratoria de Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación o un Dictamen de Protección Civil que avale dicha situación y que publique la entidad en su órgano oficial de difusión. La realización de los proyectos bajo esta modalidad deberá ejecutarse posterior a la publicación de la Declaratoria o Dictamen.4
Asimismo podrían acceder las entidades al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), el cual es un crédito mediante el cual se adquieren los denominados Bonos de Cupón Cero emitidos por Banobras, previa solicitud y autorización del Congreso local, donde se solicite acceso a dichos recursos.
De igual forma la Ciudad de México podrá acceder el Fondo de Desastres Naturales con el que cuenta, a causa de la declaratoria del pasado 21 de septiembre, como zonas de desastre a las delegaciones de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, pero de igual forma se prevé que solicitaran más recursos a la federación para la reconstrucción de la Ciudad.
Para el caso del estado de Puebla, ya cuenta con un seguro propio para la atención de desastres por hasta 30 millones de dólares, que cubren sismos y otros fenómenos hidrometeorológicos, pero de los cuales se deben pagar deducibles y primas correspondientes para que puedan liberar el recurso.
En el supuesto del Bono Catastrófico otorgado por el Banco Mundial, únicamente se aplicara para los estados de Oaxaca y Chiapas, debido que la activación del fondo depende del lugar del epicentro, de la magnitud del sismo que supere los 8 grados y en donde se tengan las mayores afectaciones, dicho fondo cuenta con una cobertura de hasta 150 millones de dólares.
Con base en lo anterior y de acuerdo con cifras preliminares el costo de la reconstrucción de inmuebles y atención a los afectados por los pasados desastres naturales ascenderá a más de 38 mil millones de pesos, monto que aún no será definitivo, sino hasta cuando se terminen todos los censos de los daños causados.
Estas situaciones claramente han puesto la fortaleza del país a prueba, la cual se ve demostrada con la inmediata respuesta, unidad y solidaridad de soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras y funcionarios que han trabajado en conjunto con brigadistas y voluntarios de la sociedad civil para superar la adversidad. Así como la solidaridad de sector privado, las naciones amigas y organismos internacionales.
Como senadora por el estado de Morelos y junto con mi equipo de trabajo, continuamos recorriendo las zonas y trabajando en solidaridad por las familias más afectadas del estado por el sismo del pasado 19 de septiembre, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos. Pero de igual forma como legisladores es nuestra labor apoyar desde las Cámaras por los afectados, por la reconstrucción total de las viviendas y el bienestar de las familias afectadas.
Por ello es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Protección Civil, le corresponde al ejecutivo federal en materia de protección civil:
Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo~ así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural:
Asimismo en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contempla que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, para ser destinados en su caso a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.
Derivado de lo anterior, es que se debe de considerar el incremento del capital destinado para los Fondos de atención a los daños provocados por los recientes desastres naturales, garantizando que sean suficientes, correctamente administrados y que se vigile la transparencia en el manejo de los mismos.
Finalmente debemos de fortalecer las acciones encaminadas a la Prevención de desastres y de protección civil a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Protección Civil; ya que es un mecanismo sumamente valioso que puede salvar miles de vidas, mediante la prevención, la concientización de la población y autoridades sobre las medidas de autoprotección, y de adaptación para convivir con los posibles riesgos.5
Asimismo es necesario que este sistema, cuente con los protocolos de actuación para hacer frente durante y después de la situación de emergencia, que le permitan garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno, autoridades, sector privado, brigadistas nacionales e internacionales y voluntarios de la sociedad civil; que logren la atención de los afectados y la correcta distribución de los víveres.
En virtud de lo anterior expuesto me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la resolución de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados y al titular del Ejecutivo federal, para que realice los ajustes necesarios al gasto público corriente y al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, con la finalidad de incrementar el capital destinado para los Fondos de atención a los daños provocados por los recientes desastres naturales, garantizando que sean suficientes, correctamente administrados y que se vigile la transparencia en el manejo de los mismos.
Segundo. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para realizar acciones afirmativas encaminadas a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la creación de protocolos coordinados de actuación durante y después de las situaciones de emergencia, entre los tres niveles de gobierno, autoridades, sector privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil.
Notas
1 https://www.gob.mx/presidencia/artículos/mensaje-a-Ia-nacion-128390?idi om=es
2 https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-natu rales-fonden
3 Presupuestos de Egresos de la Federación Ejercicios Fiscales de 2016, 2017 y 2018.
4 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
5 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Co nce_el_SINAPROC Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días del mes de octubre de 2017.
Senadoras:Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)
Vicepresidente
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los Legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades, contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Exposición de Motivos
1. El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”. Este programa tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia1 (Federación, 2014)
2. La implementación de este programa es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, los tres órdenes de gobierno, sectores de la sociedad civil, la participación de la iniciativa privada y los organismos internacionales. El éxito del programa depende en gran medida de los involucrados, ya que en la implementación deben trabajar de manera coordinada para lograr resultados a largo plazo. Su funcionamiento descansa en el enfoque de seguridad ciudadana:
Privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención, social, situacional, comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad. (Federación, 2014)
3. Su fundamento descansa en tres teorías que explican las distintas aristas de la violencia y la delincuencia:
La teoría ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo), la teoría epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo y factores protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo que busca propiciar comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por tanto, comunidades más seguras). (Federación, 2014)
4. El programa presenta cinco objetivos:
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de prevención social. Para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción. (Federación, 2014)
5. El objetivo principal del programa es contribuir a la prevención social de la delincuencia buscando reducir la incidencia delictiva, por ello el programa resulta esencial y abandonarlo sería un retroceso, ya que sus alcances son a largo plazo, busca combatir la delincuencia integrando a prácticamente todos los sectores de la sociedad.
6. Un factor a considerar en seguir implementando este programa es que existe un incremento en la incidencia delictiva en todo el país, así lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017. Está encuesta, tiene el propósito de generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2016, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2017. Esto, con el fin de proveer información al público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. 2 (Inegi, 2017)
Principales resultados de la Envipe
2017 La Envipe estima 24.2 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015.
La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2016 fue de 37,017, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2015 que fue de 35,497; y estadísticamente menor a la registrada en 2014, cuando llegó a 41,655.
7. Un factor a considerar y que se convierte en primordial para buscar se siga implementando este programa es que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 señala que:
La percepción de inseguridad de la población se ubicó en 74.3 por ciento. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 66.3 por ciento y 46.0 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
(Inegi, 2017)
(Inegi, 2017)
De los delitos más frecuentes la encuesta señala que:
Delitos más frecuentes
(Inegi, 2017)
8. Referente a las consecuencias que produce el incremento en la incidencia delictiva se puede señalar el costo del delito, de ello la encuesta señala lo siguiente:
La Envipe permite estimar que para 2016 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo que equivale a 5,647 pesos por persona afectada1 por la inseguridad y el delito.
(Inegi, 2017)
9. De la percepción sobre seguridad pública la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 arroja los siguientes datos:
La Envipe estima a nivel nacional que 61.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del aumento de precios con 36.5% y el desempleo con 36.3 por ciento.
(Inegi, 2017)
Percepción sobre Seguridad Pública 2011 – 2016 La Envipe estima que 74.3% de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante el período marzo-abril de 2017, cifra estadísticamente superior a las estimadas en ediciones anteriores de la encuesta.
La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado también, llegando a 66.3% y 46% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
(Inegi, 2017)
Visto desde las diferentes Entidades Federativas la encuesta expone:
Percepción sobre Seguridad Pública en la Entidad Federativa Percepción de la población respecto de la situación que guarda la inseguridad pública en su entidad federativa.
(Inegi, 2017)
Considerandos
I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia requiere recursos económicos suficientes para su operación. No se puede pensar en combatir la delincuencia sin tener un proyecto de largo alcance que busque prevenirla. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 desapareció el Programa derivado de que el Poder Ejecutivo envío a la Cámara de Diputados la propuesta sin destinar recursos a este programa. No se puede pensar en combatir la delincuencia sin prevenirla es ilógico mantener la pirámide invertida sin destinar recursos a la prevención del delito.
III. Si bien es cierto, existen muchas necesidades en todo el territorio Nacional, en algunos estados se pueden encontrar zonas de desastre que deben ser atendidas y requieren de recursos económicos y una inversión muy grande para buscar reconstruir las viviendas afectadas, sin embargo, esto también nos demuestra que se debe trabajar en la prevención de los acontecimientos en este caso prevenir los delitos es una forma de combatirlos, siendo esta una de las más eficaces pues sus resultados son a largo plazo, lo anterior contribuye a generar un entorno más seguro a las futuras generaciones y con ello se reduciría el índice delictivo.
IV. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, demuestra el contexto social en el que se encuentra el país ya que no es privativo de una región el incremento en la incidencia delictiva, ni es focalizada, más bien es el reflejo de la sociedad y es en ese sentido en el que se tiene que trabajar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, los recursos económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2 014 revisión hecha el 3 de octubre de 2017.
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf revisión hecha el 4 de octubre de 2017.
Bibliografía
Federación, D. O. (30 de abril de 2014). Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Obtenido de Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
Inegi, I. N. (26 de septiembre de 2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. Obtenido de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.
Senador Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite solicitud de Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa, con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia acordó remitir dicha solicitud, por ser asunto de su competencia, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente formule excitativa con base a las siguientes:
Consideraciones
1. El decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de 2011, establece en su artículo transitorio quinto lo siguiente:
Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.
2. Con fecha 09 de diciembre de 2015 el Pleno de la Cámara Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Mediante oficio de fecha 09 de diciembre de 2015, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Senadores remitió a la Cámara de Diputados la minuta antes mencionada.
4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la recepción del asunto y su turno el lunes 14 de diciembre de 2015 a las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, para su correspondiente dictaminación.
5. Que desde la fecha en que les fue turnada la Minuta antes mencionada, hasta la actual, las comisiones no han formulado dictamen alguno.
6. Que se ha cumplido en demasía el término que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitan el dictamen correspondiente.
7. Que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas examinó el tercer informe periódico de México (CMW/C/MEX/3)
8. en sus sesiones 365 y 366 (CMW/C/SR.365 y 366), celebradas los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y aprobó las observaciones finales en su 374 sesión, celebrada el 13 de septiembre, entre las que se encuentra:
10. El Comité reitera su recomendación (CMW/C/MEX/C0/2, para 16), para que se tome medidas para asegurar que la LM y otras normativas vigentes sean plenamente compatible con todas las disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo: a) la finalización del proceso legislativo de reforma del artículo 33 Constitucional;
Por lo antes expuesto, solicito a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, para que emitan Dictamen a la Minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Senado de la República, a 5 de octubre de 2017.
Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
Iniciativa de ley o decreto de senadores
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo l, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Esteban Albarrán Mendoza, senador de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprende 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficie estuarinas, distribuidas en 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal, casi 70 por ciento corresponde a las vertientes del océano Pacífico y Golfo de California, mientras que poco más de 30 por ciento corresponde a las zonas costeras del Golfo de México y mar Caribe.1
La dependencia menciona que 16 por ciento de la población nacional vive en dichas zonas, con un crecimiento poblacional mayor que el promedio nacional (2.8 frente a 2.1). Ahí se genera una importante actividad económica (turística, industrial, comercial militar, naval, pesquera, etcétera). Asimismo, son importantes como captadoras de divisas y de creación de empleos.2
La concesión de dichas áreas, para el uso y el aprovechamiento de este bien nacional ha resultado fundamental para la inversión en proyectos turísticos, portuarios e incluso para realizar actividades de protección y ornato de espacios de alta importancia ambiental.
Las resoluciones para otorgar concesiones y permiso han respondido al incremento de la demanda para aprovechar este recurso federal, ha beneficiado la actividad económica y la optimización de la conservación ambiental responsable de la zona costera en México.3
Administrativamente, el control de estas zonas costeras está a cargo de la Semarnat, a través de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros, que no sólo es la responsable de delimitarla sino también de otorgar los permisos y concesiones para su uso y aprovechamiento. Las acciones de inspección y vigilancia corresponden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.4
En el contexto nacional, Guerrero cuenta con más de 517 kilómetros de zona federal marítimo-terrestre, constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas, ubicados en 12 ayuntamientos costeros. Acapulco cuenta con 86.6 kilómetros.5
En los litorales con que cuenta el país hay un número importante de pueblos originarios que, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se vieron involucrados y participaron en un importante repunte turístico al ser considerado nuestro país como una opción confiable para el turismo nacional e internacional, destacando Acapulco en primerísimo lugar.
Respecto a su legislación, la Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 7o., fracción V, señala que la zona federal marítimo-terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación; en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, regulados en la Ley Federal de Derechos.
Esta última ley, en el artículo 232, establece la obligación a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.
Antes de 1992, el artículo 232 de la Ley Federal de Derechos exigía el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, asignado una cuota de 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más 1 por ciento del valor de inmueble construido.
Para los beneficiarios, este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más. Sin embargo, en 1997 se modificó el artículo 232, creándose un inciso C) y definiendo a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarias; aplicando una cuota en donde la zona I era la más económica y la X la más cara, por concepto de derechos.
Así, hasta 2010 en el artículo 232-D se consideraron 10 zonas fiscales, en la cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, en especial desde el punto de vista turístico.
Posteriormente, como un caso especial por la inversión realizada en algunas playas de Quintana Roo, se incorporó una zona adicional con el número XI que comprende las subzonas A y B donde se separaron los municipios turísticos de este estado.
Actualmente, el monto del derecho por pagar se determina con los siguientes valores y las zonas a que se refiere el artículo 232-D de esta ley.6
Como se mencionó, el artículo 232-D de la ley establece 11 zonas; para el caso que nos ocupa, las zonas IX y X se integran de la siguiente manera:
Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; Estado de Guerrero: José Azueta; Estado de Oaxaca: Santa María Huatulco.
Zona X. Estado de Baja California Sur: Los Cabos, Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta.
Como se observa, Acapulco está en la zona X de la tabla. Entre las actividades que ahí se desarrollan destacan las dedicadas al turismo. Durante muchos años se ha fomentado esa actividad, que ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes y comunidades.
Desde hace varias generaciones, los grupos originarios con vacación turística, que han ejercido tan generosa actividad, y dado forma al destino turístico del puerto de Acapulco, como Pie de la Cuesta, Caleta y Caletilla, Puerto Marqués, Pichilingue, Majahua, Playa Revolcadero, Playa Bonfil Diamante, playa La Gloria, Playa Encantada, playa San Andrés y Barra Vieja.
En dichos destinos se hallan cerca de 400 establecimientos, principalmente con giro de microempresas familiares de restaurante; donde colaboran, en cada uno de ellos, un promedio de 15 jefes de familia, que se emplean en diversos rubros; cocineras, meseros, cantineros; asimismo, prestadores de servicios turístico, de deportes acuáticos, proveedores y muchos más de manera indirecta. Por ello, varios miles de familias viven y se benefician de esa parte de la zona marítimo-terrestre.
Las familias que viven de esta actividad, en que se incluyen las pertenecientes a los pueblos originarios, consideran que los grandes consorcios turísticos hoteleros y restauranteros tienen la suficiente capacidad económica para solventar la tarifa zona X de uso general; no obstante, las microempresas familiares, que constituyen 90 por ciento de la oferta gastronómica del puerto, dicha cuota vulnera su débil economía.
Debido a lo anterior han reiterado su solicitud a las autoridades correspondientes; para que se considere una reclasificación de la zona X de uso general a la zona IX de ornato, traduciéndose ese cambio en la ley en un beneficio directo a los pueblos originarios y a la economía familiar de quienes obtienen el sustento diario con su trabajo en la zona federal. Por ello consideramos que es de justicia la reforma que proponemos.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos
Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 232-D. ...
Zonas I. a VIII. ...
Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; estado de Guerrero: Acapulco de Juárez y José Azueta; estado de Oaxaca: Santa María Huatulco.
Zonas X. y Zona XI. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://aplicaciones.semarnat,gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.1 3.5_8080/ibi_apps/WFServiet7f2d.html
2 Zona federal marítimo-terrestre y amiente costeros, en
http://www.confemer.gon.mx/imagenes/stories/documents/ta basco/14.pdf
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 http://cartografia.guerrero.gob.mx/zofemat/
6 Ley Federal de Derechos, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
Dado en la Cámara de Senadores, a 3 de octubre de 2017.
Senador Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica)
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo i, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
Vicepresidente
Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos senadoras y senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 1, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 15 de febrero de 2011 se publicó el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, con la finalidad de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional, apoyando a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos.
Dentro de dicho decreto se establece que el estímulo fiscal permitirá fortalecer la economía familiar en la medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familia puedan disminuir el gasto por los servicios de enseñanza, ya que ello generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar que podrán ser destinados a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar.
Asimismo, menciona que con el fin de garantizar que el beneficio fiscal aplique exclusivamente a los pagos por los servicios de enseñanza, se estima necesario establecer que la erogación únicamente deberá corresponder a la contraprestación para cubrir el servicio de enseñanza del alumno de acuerdo con los planes y programas autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la autoridad competente, y así evitar que se incorporen como pago de servicios de enseñanza conceptos que no estén directamente vinculados con ésta.
El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en donde se contempla el estímulo fiscal vigente a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza.
El esquema de estímulos por pago de colegiaturas existente se calculó considerando el costo por alumno al estado por brindar la educación; sin embargo, desde el2011 los montos a deducir no se han actualizado a pesar de haberse expedido un nuevo decreto.
El decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en su artículo 1.10 establece el límite anual de deducción para los niveles básica y media superior.
De acuerdo al Quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el ciclo escolar 2016-2017 el gasto promedio general por alumno fue de 30,400 pesos, en preescolar fue de 18,100 pesos; en primaria de 16,500 pesos; en secundaria de 25,300 pesos; en bachillerato de 34,600 pesos; en educación profesional técnica de 24,100 pesos; y en educación superior fue de 77,500 pesos.
Este beneficio se ha visto reducido al no actualizar desde 2011 los montos autorizados para realizar la deducción y el incremento en los precios de las colegiaturas, trayendo consigo un mayor gasto para las familias mexicanas.
De acuerdo al Quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2017 el gasto total nacional en educación se ha incrementado 8.7 por ciento. Del total 58.8 por ciento corresponde a gasto federal, 15.8 por ciento estatal y municipal, y 25.4 gasto privado.
Si bien el gasto privado en educación supera al gasto estatal y municipal, sólo los niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo fiscal dejando fuera de este beneficio al nivel superior.
De acuerdo con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en su artículo 3o. establece:
“Artículo 30. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.”
En el ciclo escolar 2016-2017 se contaban con 5 mil 311 escuelas en educación superior, de las cuales el 75 por ciento correspondían a escuelas particulares, La matrícula en educación superior pasó de 3 millones 300 mil 300 alumnos en 2012 a 3 millones 762 mil 700 alumnos en 2016, es decir se incrementó 14 por ciento.
La cobertura en nivel superior se encuentra en apenas 32.1 por ciento; sin embargo, la demanda de lugares en educación superior crece y el número de escuelas públicas para este nivel es insuficiente, por lo que se debe hacer frente a esta problemática,
Existen diferentes problemáticas que impiden que los alumnos puedan acudir a la escuela, entre ellas la falta de escuelas en distintos niveles, Por lo que si el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyarnos de las escuelas privadas que en muchos casos son instituciones con alto prestigio académico,
De acuerdo con el estudio “Panorama de la Educación 2017 de la OCDE” en México sólo el 17 por ciento de los personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios, la OCDE destaca que las personas con un alto nivel educativo generalmente tienen mejor salud, están más comprometidas socialmente y tienen tasas de empleo más elevadas, así como retribuciones relativas mayores.
Actualmente, las escuelas particulares están ganando terreno y se han vuelto un pilar en la educación. Sin embargo, el marco fiscal actual no apoya la educación superior, por lo que es necesario plasmar dentro de la Ley de Impuesto Sobre la Renta los incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos.
Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar, disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas sea actualizada. Recordemos que un lugar ocupado en escuela privada podría ser un lugar más para un alumno de bajos recursos en una escuela pública.
Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados y sus padres están dispuestos a realizar ese esfuerzo, por ello es necesario incorporar a la educación superior el estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos para satisfacer la demanda creciente. Es necesario contar con mayor número de profesionistas con alto nivel académico; a medida que se incremente el número de egresados de educación superior, México tendrá mayor probabilidad de convertirse en una potencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. a VIII.
IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior y superior a que se refiere la ‘Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igualo superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente:
a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y
b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.
El estímulo a que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos:
i. Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno, y
ii. Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.
Para los efectos del inciso b de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal digital el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.
Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere la presente fracción cuando las personas mencionadas en el primer párrafo del mismo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.
Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.
Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo.
Los pagos a que se refiere está fracción deberán. realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
Para la aplicación del estímulo a. que se refiere la presente fracción se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada
La cantidad que se podrá disminuir no excederá, por cada una de las personas a que se refiere esta fracción, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla:
Nivel educativo Límite anual de deducción
Preescolar $18,100.00
Primaria $16,500.00
Secundaria $25,300.00
Profesional técnico $24,100.00
Bachillerato o su equivalente $34,600.00
Educación Superior $77,500.00
Cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir conforme a la presente fracción, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.
La limitante establecida eh el último párrafo del presente artículo no le será aplicable a la cantidad a que se refiere el noveno párrafo de esta fracción.
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Transitorio
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de septiembre de 2017.
Senadores: Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica), Silvia Leticia Martínez Elizondo (rúbrica), Andrea García García (rúbrica), Héctor Flores Ávalos (rúbrica), Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ernesto Ruffo Appel (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela, César Octavio, Pedroza Gaitán (rúbrica), María del Rosario Guzmán Avilés, Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Martha Elena García Gómez (rúbrica), Sandra Luz García Guajardo(rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván, Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Raúl Gracia Guzmán, María del Rosario Guzmán Avilés, Fernando Herrera Ávila, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Javier Lozano Alarcón (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Sonia Rocha Acosta, Laura A. Rojas Hernández, Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica), José de Jesús Santana García (rúbrica), Fernando Torres Graciano, Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Marco Antonio Olvera Acevedo (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jorge Aréchiga Ávila (rúbrica), Jesús Priego Calva (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Carmen Dorantes Martínez (rúbrica), Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).
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