Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4734-VI, martes 7 de marzo de 2017

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Iniciativas

Que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona el artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento de éstos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI
Que adiciona el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonales, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona un inciso f) al artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Que reforma y adiciona los artículos 90 a 92 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD
De decreto, por el que se crea la medalla al mérito Mujeres, Valor de México; y se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Iniciativas

Que adiciona el artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social, creado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas de Madrid, España; menciona con certeza que la economía social es un vasto yacimiento de oportunidades que juega un papel decisivo en la recuperación económica de las naciones.

El potencial de las formas de organización social que componen el Sector Social de la Economía radica en la creación de empleos de calidad, proveyendo oportunidades a aquellos que encuentran mayores dificultades de inserción laboral. Constituyen, por tanto, un elemento clave de cohesión social que, dadas las circunstancias económicas, sociales y políticas actuales, es más necesaria que nunca.

De acuerdo con el informe del Parlamento Europeo de Asociaciones Sociales, la función económica de la economía social se revela como un sector formal particularmente eficaz en el desempeño de las diversas funciones, entre las que destacan:

1. Distribución igualitaria de la riqueza: Las reglas de distribución de beneficios priman a las personas, al uso de los servicios y al factor trabajo por encima del capital;

2. Desarrollo económico local: Tienen mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio donde se generan, promoviendo procesos de acumulación y movilización a nivel local, crean y extienden una cultura emprendedora y un tejido empresarial, relacionan la generación y/o ampliación de actividades económicas relacionadas con las necesidades locales, mantienen actividades económicas con riesgo de desaparición, por lo que reactivan zonas rurales y espacios urbanos desagregados o zonas industriales en declive;

3. Autonomía de los territorios: Las decisiones en sus procesos económicos se quedan en la sociedad, frente a los propietarios del capital globalizado que suele ser foráneo;

4. Corrección de desequilibrios del mercado de trabajo: Corrige el paro, la inestabilidad en el empleo, la inempleabilidad y exclusión laboral, al mostrar una gran capacidad creativa en el mercado de trabajo, desarrollando nuevas concepciones del empleo, como el trabajo voluntario por horas o la creación de nuevas profesiones; muestran mayor capacidad que las empresas capitalistas tradicionales, además propician colaboraciones de innovación institucional;

5. Oferta de servicios de bienestar social: Presentan ventajas con relación al sector capitalista, relativas con la producción y distribución de servicios relacionados con las necesidades sociales, como servicios de atención a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, al cuidado de la infancia, servicios educativos, sanitarios o socioculturales;

6. Estabilización económica: Contribuyen a lograr un desarrollo económico sostenido y equilibrado, compatible con la seguridad económica de empresa y empleos, debido a que las empresas son propiedad de los trabajadores, por lo que no existen incentivos para cerrarlas y/o despedir a los trabajadores; y

7. Desarrollo sostenible: Fomenta un estilo de vida y de desarrollo respetuoso con el ser humano y con el medio ambiente, optando por la educación orientada al cambio cultural y de valores.

Por su parte, el informe del Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas reconoció la contribución de las formas de organización social a la promoción del empleo productivo; así como su capacidad para luchar a favor del desarrollo social. Afirma que las organizaciones del Tercer Sector facilitan el progreso económico y social de sus miembros mediante iniciativas de autoayuda y asistencia; adiciona que los beneficios y empleos generados permiten que sus integrantes alcancen la seguridad económica e impiden que millones de personas caigan en la pobreza, especialmente en las zonas remotas donde las iniciativas del sector público y del sector privado tienden a ser débiles o inexistentes.

Derivado de lo relevante de su función, diversos países, en su mayoría europeos, han adoptado medidas con el objeto de fomentar la economía social como un medio no sólo para sobrellevar las crisis económicas que padecen, sino como mecanismos para generar alternativas de mercado en atención a las necesidades sociales.

Para lograrlo, en la obra “La Economía Social y la Política Económica”, Chaves y Monzón mencionan que existe un amplio espectro de medidas de fomento o incentivo para las formas de organización social, entre otras, sugieren medidas institucionales, dirigidas a eliminar obstáculos jurídicos a través de la simplificación de trámites administrativos para su creación y funcionamiento, así como la revisión de la normatividad que las rige, con la intención de suprimir limitaciones innecesarias.

Además, mencionan medidas de carácter cognitivo, dirigidas a difundir, formar, investigar e innovar en este campo, a través de:

1. Promover sus principios y valores, a través de la formación y readaptación profesional;

2. Introducir referencias en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, facilitando el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa;

3. Medidas institucionales de inclusión explícita en diversas políticas públicas, en políticas activas de empleo y en las políticas de desarrollo social y rural; y

4. Inclusión de las empresas en las estrategias para la mejora de la productividad y de la competitividad empresarial.

Durante más de dos décadas, los Estados europeos han reconocido la capacidad de la Economía Social para corregir importantes desequilibrios sociales y económicos, así como para contribuir a lograr varios objetivos de interés general, por tanto, Fernando Valdés Dal-Ré en “La Representación Institucional de la Economía Social: Una Aproximación desde el Derecho Vigente y desde el Derecho Propuesto”, considera que se debe asumir una batería de compromisos concretos que permitan comprender que se trata de un área indispensable para la consolidación de una sociedad desarrollada.

En concordancia con lo anterior, la publicación “Panorama de la Investigación en Economía Social”, menciona cuáles son los objetivos de las políticas de promoción de la economía social para los poderes públicos, entre las que destacan:

1. Remover obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica, para lo cual se deberá atender a la simplificación de trámites administrativos;

2. Facilitar las diversas iniciativas de Economía Social;

3. Promover los principios y valores de la economía social;

4. Promocionar la formación y readaptación profesional;

5. Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa;

6. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales;

7. Involucrar a las entidades de economía social en las políticas activas de empleo, especialmente a favor de los grupos vulnerables;

8. Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas; y

9. Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo social, rural y laboral.

De manera análoga, la Recomendación sobre la Promoción de las Sociedades Cooperativas (Recomendación 193), provista por la Organización Internacional del Trabajo, menciona que una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector de organizaciones sociales no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deben establecer una política y un marco jurídico favorable y compatible con su naturaleza y función, con miras a establecer un marco institucional que permita proceder a la constitución y operación de manera rápida, sencilla, económica y eficaz.

Continúa mencionando que la promoción debe considerarse como uno de los pilares del desarrollo económico y social, por lo que deben beneficiarse de condiciones conformes con la legislación y las prácticas nacionales que no sean menos favorables que las que se concedan a otras formas de empresa y de organización social. Para ello, los gobiernos deben adoptar medidas apropiadas de apoyo que respondan a determinados objetivos de política social y pública.

En México, la importancia del fomento de la economía social es un tema poco discutido a pesar de tratarse de un mandato constitucional, por ejemplo, el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución dispone que “la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, por su parte, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26 del propio ordenamiento dispone que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de fomento a las actividades de la economía social menciona que “la Secretaría (de Desarrollo Social) creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social”.

Como se desprende de lo anterior, para el gobierno federal y para el constituyente permanente, la promoción de la economía social se reduce a su inserción, casi siempre de manera declarativa, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la creación y operación de un programa de desarrollo social, sin que se estipule de manera concreta a través de qué acciones se atenderá este importante tópico.

Por ello, la presente iniciativa propone reivindicar la importancia al fomento de la economía social, a través de la inserción en la ley, de obligaciones legales a cargo del Estado, con la intención de facilitar la constitución y las funciones de las formas de organización social que componen el sector social de la economía, en beneficio de la economía nacional en general.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Único. Se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, para quedar como sigue:

Capítulo III
Del Fomento y Financiamiento de los Organismos del Sector

Artículo 45 Bis. Corresponde a la Secretaría, a las entidades federativas, a los municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, la promoción de la Economía Social a través de la realización de, cuando menos, las siguientes actividades:

I. Crear procesos de simplificación administrativa para la constitución legal y operación de las formas de organización social contenidas en esta Ley;

II. Promover los fines, principios y valores de la Economía Social y de las formas de organización social que la componen;

III. Promover la formación profesional en materia de Economía Social;

IV. Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a las formas de organización social;

V. Crear un entorno que favorezca el desarrollo de iniciativas económicas y sociales creadas por las formas de organización social;

VI. Involucrar a las formas de organización social en la elaboración de políticas públicas en materia de desarrollo social, desarrollo rural y de empleo; y

VII. Introducir referencias a la Economía Social en los planes de estudio de la educación básica impartida por el Estado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Planteamiento del problema

Para Nueva Alianza, las finanzas públicas son el pilar fundamental para desarrollar la economía nacional tanto a nivel federal como en los estados y municipios del país; regular un endeudamiento responsable y sustentable que permita detonar el desarrollo de inversiones es una prioridad de nuestra agenda legislativa.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios planteó establecer un nuevo marco jurídico que armonizara los criterios para el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo progresivo de los estados y municipios.

En dicho contexto, la ley estableció principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto público a nivel local, teniendo como marco de referencia la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En Nueva Alianza, la transparencia y la rendición de cuentas son las herramientas que necesita toda administración para evaluar los resultados en la ejecución de recursos y programas, para generar en los entes gubernamentales una mayor eficiencia, eficacia y honradez en el ejercicio del gasto público.

Conforme a dichos argumentos, el 15 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al amparo de los principios mencionados. No obstante, dicho marco normativo regula en cierta media el régimen contributivo a nivel local, por lo que es indispensable que se reproduzcan a nivel local los principios de tributarios que vigilen la correcta legislación de los tributos a escala estatal.

Argumentación

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece en el artículo 1o. el objeto de ésta:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Dicha ley tuvo su origen en el hecho de que en los últimos años, los estados y los municipios han abusado de financiamientos que han resultado ser insostenibles y poco redituables, ante la falta de normas que pongan límites, y que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas. Ejemplo de lo anterior es que en 2015, el endeudamiento de todas las entidades federativas representó 3.1 por ciento del PIB nacional, de los cuales 13 sobrepasan este indicador con respecto al tamaño de su economía estatal y el caso extremo se ubica por encima de 8 por ciento de deuda respecto a su PIB estatal.

En el caso del comparativo entre las participaciones del estados y el nivel de endeudamiento, en 4 entidades la razón deuda/participaciones rebasa 200 por ciento; en 9 entidades sobrepasan 100 por ciento. Lo anterior implica que su endeudamiento se encuentra por encima de la capacidad de obtener recursos, en diversos estados.

La ley regula no sólo el régimen de empréstitos de los estados sino su marco financiero, pues fija en el artículo 5o. que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de las entidades federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, y obliga a que dichos instrumentos financieros incluyan cuando menos

• Objetivos anuales, estrategias y metas;

• Proyecciones de finanzas públicas;

• Descripción de la deuda contingente; y

• Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

En Nueva Alianza consideramos de vital importancia que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las entidades federativas sean congruentes con los Criterios Generales de Política Económica, instrumento que establece las estimaciones y variables financieras que proyectan la economía nacional en cada ejercicio fiscal.

Se reconoce que, sin duda, el mandamiento legal en cuestión reproduce a la perfección los principios hacendarios establecidos en el artículo 134 de la Constitución, no obstante lo anterior, en materia de contribuciones se puede fortalecer dicho cuerpo legal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos: “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes...”, de dicho mandato podemos sustraer los principios constitucionales rectores de la materia fiscal en México, como son generalidad, proporcionalidad, equidad, legalidad y reserva de ley.

El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 2o. las diferentes contribuciones que deben realizar las personas físicas y morales que tengan algún criterio de vinculación en territorio nacional (residencia, establecimiento permanente y fuente de riqueza), dichos tributos deberán sujetarse a los principios constitucionales referidos, no obstante lo anterior, desde 2003, a través del marco normativo de la ley de ingresos se establecieron ciertos principios con la misión de regular el proceso legislativo de las iniciativas en materia fiscal, al respecto cito dicha disposición:

Artículo 34. En el ejercicio fiscal de 2003, toda iniciativa en materia fiscal deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo de la disposición de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

1. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes;

2. Que el pago de los impuestos sea sencillo y asequible;

3. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización; y

4. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Estas disposiciones deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas en el Congreso de la Unión. La Ley de Ingresos de la Federación únicamente incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

Dicha disposición no estuvo prevista en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, que al efecto remitió el Ejecutivo federal para el ejercicio de fiscal de 2003 sino que fue la voluntad de los Diputados, los que dieron nacimiento a dicho artículo, estableciendo el principio de certidumbre jurídica para los contribuyentes; la simplificación fiscal; el principio de oportunidad en el gasto; y la estabilidad de las finanzas públicas.

Derivado de lo argumentado, la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio fiscal de 2017 continúa reproduciendo en el artículo 31 la obligación de que toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión observará que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes; que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible; que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización; que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Lo anterior toma relevancia si se consideran dos aspectos fundamentales; el primero tiene que ver con el hecho de que las contribuciones, de acuerdo al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación son cuatro (impuestos, derechos, contribuciones de mejora y aportaciones de seguridad social), y el segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que en México la doble tributación, no se encuentra prohibida:

Doble tributación. En sí misma no es inconstitucional. Es tendencia de la política fiscal en la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, evitar la doble tributación con el objeto de realizar una efectiva justicia fiscal; sin embargo, éste fenómeno impositivo no está prohibido por ningún artículo de la Constitución federal de tal suerte que en sí mismo no es inconstitucional. Lo que la Carta Magna prohíbe en su artículo 31, fracción IV, entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados, que no estén establecidos por ley o que no se destinen para los gastos públicos; pero no que haya doble tributación (época: octava; registro: 206079; instancia: pleno; tipo de tesis: jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación; tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988; materias: administrativa, constitucional: tesis: P. 23; página 139).

Resulta claro el criterio jurisprudencial citado, al establecer que la doble tributación, no es inconstitucional, si bien el sistema de coordinación fiscal, resuelve el problema de la doble imposición en materia de los impuestos principales del país como son IVA, ISR e IEPS, mismos que son configurados por la federación, lo anterior, no impide que a nivel local existan otros impuestos como es el caso del Predial, o bien, que se cobren otras contribuciones, como es el caso de los derechos de construcción, por lo que Nueva Alianza ve la imperiosa necesidad de reproducir los principios que establece la Ley de Ingresos federal en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objetivo de que toda iniciativa fiscal que envíe el Ejecutivo de la entidad federativa a la legislatura local, se ciña a los principios de certidumbre jurídica para los contribuyentes; la simplificación fiscal; el principio de oportunidad en el gasto; y la estabilidad de las finanzas públicas, por lo que se propone la siguiente adecuación:

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta la modificación contenida en esta iniciativa, para emprender una reforma que se centre en pleno respeto de los principios tributarios, no únicamente al momento de aplicar los tributos, sino también al momento de legislar en la materia por las entidades federativas y los municipios.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Único. Se reforma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 16. (...)

(...)

Toda iniciativa fiscal que se envíe a la legislatura local deberá observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes;

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible;

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización; y

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas de las legislaturas locales.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Angélica Mondragón Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, inciso I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de visibilidad del trabajo científico de las mujeres, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, abanderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se realizó el pasado 11 de febrero, así como al Manifiesto Internacional Por las Mujeres en la Ciencia, instaurado en febrero de 2016 por la Fundación L’Oréal y la UNESCO, cuyo alcance es mundial y tiene como objetivo dar una mayor visibilidad a la presencia de las mujeres en la carrera científica, documento que fue suscrito en México por 286 personalidades e instituciones. En este marco de celebración pongo a su consideración la presente adición de una fracción X (decima) a la Ley de Ciencia y Tecnología. Con la visión de las mujeres científicas consideran que “La ciudad de la Ciencia y el Conocimiento debe ser una ciudad abierta, universal, y corresponde a los poderes públicos garantizar que sus puertas se mantienen abiertas para todas y todos en condiciones de igualdad real” 1

Desde el año de 1998, el Premio L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia” ha recompensado a más de 92 científicas de 30 países, dos de la cuales recibieron el Premio Nobel en 2009. Asimismo, ha concedido más de 2,530 becas nacionales, regionales u internacionales a jóvenes de 112 países para que puedan proseguir sus trabajos de investigación. En México, 49 científicas han sido beneficiadas por el programa que otorga becas de 100 mil pesos para desarrollar investigaciones. El Premio se ha convertido en un elemento de referencia de la excelencia científica a nivel internacional, que pone de manifiesto la importante contribución de la mujer a la ciencia.2

El Manifiesto Por las Mujeres en la Ciencia propone seis compromisos:

•Animar a las niñas a desarrollar una carrera científica.

•Romper las barreras que impiden a las científicas consolidar carreras de investigación de largo recorrido.

•Priorizar el acceso de las mujeres a puestos directivos y de liderazgo en el mundo científico.

•Compartir con la opinión pública la contribución de las científicas al progreso científico y a la sociedad en general.

•Asegurar la igualdad de género a través de la participación y liderazgo de las mujeres en simposios y comisiones científicas, conferencias, comités y consejos.

•Promover el ‘mentoring’3 y la creación de redes para que las jóvenes científicas puedan planificar y desarrollar carreras que satisfagan sus expectativas.4

La iniciativa que pongo a consideración de esta Asamblea tiene un doble objetivo: por un lado lograr visibilizar el trabajo de las científicas y lograr el acceso pleno de la participación, el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la ciencia; y por otro lado, busca fomentar la vocación investigadora en las mujeres y niñas a través de la difusión del trabajo y creación de los roles científicos femeninos.

Para lograrlo, considero necesario especificar de manera explícita en los principios establecidos de impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la Ciencia y Tecnología que están estipulados en la ley, para que las instituciones instrumenten las actividades de difusión en el país, que den cabal cumplimiento a esta Ley reglamentaria con lo que se establece en el artículo 3° de nuestra Constitución Política, en su fracción V, que tiene por objeto: “Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”

El Congreso de la Unión ha sido sensible a reconocer el trabajo científico de las mujeres, al establecer con la reforma del 2009 en su artículo 2°., las “bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, consideración que se fortaleció al aprobar en junio de 2013 incluir en su fracción VIII, la facultad de “Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación”...

Se definió en esa misma fecha en su artículo 12, la responsabilidad de “incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos”;

Asimismo, determina en su artículo 14, que “En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación.

De igual manera se considera en la reforma de esta fecha en su artículo 42, que “El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres”.

A partir de las reformas a los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología; se da inicio a la incorporación de la perspectiva de género en la legislación sobre ciencia y tecnología mexicana, sin embargo todavía falta empoderar a las mujeres en la ciencia y la tecnología mediante visibilizar el trabajo científico de las mujeres.

Deseo resaltar que las reformas anteriores fueron el resultados de propuestas de las investigadoras representantes del Grupo Mujer y Ciencia y el Centro de Atención a Usuarios (CAU) de la UNAM, que el 2010 enviaron a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados la propuesta de incluir la perspectiva de género en la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación. Cumplido el proceso legislativo por los diputados, la propuesta fue enviada a la Cámara de Senadores y en el 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Nación, así se da inicio a la incorporación de la perspectiva de género en la legislación sobre ciencia y tecnología mexicana.

Sin embargo, considero que los esfuerzos realizados a través de las políticas públicas del Gobierno Federal en materia de ciencia y tecnología, así como las reformas aprobadas en nuestro Congreso en la materia, deben continuar para adecuar el marco jurídico que permita visibilizar los resultados de investigación de las mujeres en todas ramas de la ciencia que desarrolla, a nivel nacional e internacional, particularmente en las universidades del país.

Por lo anterior considero relevante aprobar la presente iniciativa que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología para definir en la misma la responsabilidad de la difusión del trabajo científico de las mujeres, que fortalece el reconocimiento de la igualdad de las mujeres al divulgar las aportaciones de las mujeres, de sus contribuciones en las ciencias, la tecnología y la innovación, visibilizando su trabajo científico.

En un mundo dinámico y cambiante es importante avanzar en el conocimiento de los avances científicos sustentado en un esquema de igualdad y equidad de género. Además de integrar el capital cultural femenino al recuperar la memoria y plasmarla en publicaciones y difundirla en los medios de comunicación documental y electrónica, que formen parte del patrimonio cultural científico de nuestras universidades, de nuestro país y del mundo.

La generación de políticas públicas con perspectiva de género se inició en México a principios de los 80, con la organización de los primeros grupos de mujeres en la ciencia como la Asociación Mexicana de Mujeres Científicas.

Una de las instancias encargadas fortalecer la igualdad y equidad de género en las ciencias por parte del Gobierno Federal es el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, que ha venido instrumentando ideas y propuestas con el propósito de dar un paso significativo en su papel de órgano asesor del Ejecutivo Federal, para tal efecto definió varias comisiones de estudio, entre ellas el Comité de Género y Ciencia.

Dicho Comité propone difundir logros y actividades de las mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología, así como buscar la conciencia de género en la comunidad científica y su reflejo en reglamentos, en la legislación vigente y en las políticas públicas, así como de impulsar cambios en la sociedad, para dirigir acciones hacia la equidad de género en la ciencia.

En las últimas décadas se ha registrado un mayor número de mujeres en disciplinas científicas como la física, las matemáticas e ingenierías, que tradicionalmente habían sido estudiadas por hombres.

Por ejemplo, en las ingenierías solo el 22 por ciento de los investigadores son mujeres y en el área agropecuaria solo el 14.5 por ciento.

En 1984 solo 283 mujeres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en 2004 la cifra ascendía a 3 mil 322, lo cual representó un incremento de más del 1000 por ciento en un periodo de 20 años, un promedio de incremento anual del 13 por ciento.5

Hoy en día, la cifra asciende a poco más de 7 mil mujeres, lo que representa el 34.9 por ciento de los integrantes del SNI, según datos de dicho sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).6

Esto muestra que aunque hay una gran disparidad se ha reducido un poco la brecha de género, ya que hace 50 años las mujeres ni siquiera figuraban en dichas disciplinas en el país, ya que fue hasta la década de los 60 cuando se graduaron las primeras mujeres en física y matemáticas en México.7

Esta mayor injerencia científica por parte de las mujeres ha generado un mayor desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ejemplo, las jeringas, la calefacción de autos, la transmisión inalámbrica y las balsas salvavidas, entre otros artefactos que han transformado al mundo, han sido creadas por mujeres.

A final de cuentas, las mujeres con sus diversas aportaciones han demostrado que hacer ciencia, tecnología e innovación es cuestión de capacidad y talento, no de género.

Por ello consideró que una de las acciones relevantes es la integración y difusión del quehacer científico y tecnológico, en general todos los campos de la ciencia en los que desempeñan actualmente las mujeres, que contribuyen al desarrollo económico y a la modernización dentro de su vida profesional.

Lo anterior requiere que se fortalezca y se promueva el acceso de la mujer en la ciencia y, lo que quizá es más importante, fomentar la difusión del trabajo científico y la vocación investigadora de las mujeres.

“Creo que los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad de hacer ciencia, sin embargo, no soy de las que pienso que somos idénticos, tenemos ciertas diferencias que se complementan para impulsar el desarrollo científico y tecnológico”.8

Pues como señaló Aline Schunemann, quien lleva más de 70 años haciendo investigación: “Nunca he entendido por qué tanta preocupación de que si uno es hombre o es mujer; yo lo que he hecho toda mi vida es trabajar muy duro. La ciencia no es cuestión de género, es cuestión de que se trabaje bien, si uno hace bien las cosas, uno se gana su lugar sin importar si es hombre o mujer”.9

Considero que la mujeres uno de los propulsores determinantes de la sociedad mexicana, cuyo fin es integrarse en las políticas públicas de la ciencia, tecnología y la innovación en la igualdad de oportunidades en la materia, en la toma de decisiones, en los mecanismos de diseño de las políticas públicas, de los diversos programas del estado y en las relaciones con la comunidad científica, que constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de la mujer.

En la actualidad es posible observar en los países del mundo, la cambiante actitud hacia la igualdad de las mujeres y los hombres, cada vez más se torna favorable y crece a pasos agigantados el interés de nuestras sociedades por buscar el fortalecimiento, la consolidación y sobre todo impulsar el empoderamiento de las mujeres.

Pero ¿qué hay de las mujeres científicas? ¿De las mujeres que a lo largo de la historia han realizado espectaculares avances en las ciencias? Cada año, las universidades forman miles y miles de futuras científicas, pero a la hora de ocupar la primera plana, lo cierto es que nuestra sociedad las relega.

Sostengo que falta considerar la difusión de los trabajos científicos de las mujeres en la Ley de Ciencia y Tecnología para visibilizar sus contribuciones a la ciencia.

La difusión de las investigaciones en general se fortalece con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. En punto I.7.1 Comunicación pública de la ciencia y la tecnología, se establece la comunicación pública de la ciencia y la tecnología se realiza por medio de un número enorme de iniciativas muy variadas; revistas, museos, planetarios, concursos, conferencias, y programas de radio y TV.

En complemento a estas acciones se realizaron modificaciones al artículo 2 de la Ley Orgánica del CONACYT, que le obligan a emprender acciones para el fomento y fortalecimiento de actividades de divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la sociedad. Asimismo, lo obligan a vincular a quienes generan conocimiento con el Sistema Educativo Nacional, a fin de fortalecer entre los educadores la cultura científica y tecnológica.

En el caso de México, lograr estos importantes avance normativos en la materia, han llevado un proceso histórico de lucha femenina, donde han librado múltiples obstáculos y dificultades por lograr su reconocimiento en primer lugar: la plena ciudadanía que en el constituyente de 1917 les había negado, recuperada en 1953 cuando se logró el derecho al voto femenino, en 1974 la igualdad jurídica con el hombre y más reciente en 2014, con la incorporación de la paridad entre los géneros, se impulsa una mayor participación de la mujer.

Pese a estos importantes logros conquistados en nuestro sistema normativo en materia político electoral, es claro que debemos seguir uniendo esfuerzos para lograr la inclusión e igualdad sustantiva de las mujeres especialmente para garantizar su verdadera participación en la ciencia y tecnología e innovación científica dentro de nuestra sociedad mexicana.

En el marco de los diversos compromisos Internacionales asumidos por el Estado mexicano plasmados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entre otros, se ha logrado el reconocimiento del trabajo científico de las mujeres.

Compañeras y compañeros legisladores, como mujer y representantes de la población mexicana, los exhorto a continuar con el compromiso de unir esfuerzos legislativos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, para que también podamos desarrollarnos integralmente, ejerciendo las actividades científicas que demanda nuestro país, en igualdad de oportunidades, en este sentido, es inaplazable fortalecer y garantizar desde La Ley de Ciencia y Tecnología la difusión de los trabajos de la mujer en la ciencia, la tecnología e innovación para cumplir con el texto constitucional en cuanto a la igualdad de género en los procesos de educación y preparación científica.

Por lo expuesto y fundado presentamos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 1° de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Único. Se adiciona una fracción X al artículo 1° de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I a IX...

X. Fortalecer los mecanismos institucionales para promover la difusión de los trabajos de alto impacto científico de las mujeres en las diferentes ramas de la ciencia, tecnológica e innovación, orientado a dar visibilidad a su conocimiento, que incremente la cultura y la aportación científica de las mujeres, y acelere su mayor acceso y participación en forma sostenida.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 M. Isabel Celaá Diéguez. Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Mujeres en la Ciencia; Guía didáctica sobre el papel de la mujer en la historia de la ciencia,

2 Ciencias y Género; UNESCO, 2016.

3 Metodología de aprendizaje interpersonal donde se asigna una persona con experiencia y conocimiento (mentor) que apoya a un empleado a comprender su desarrollo profesional.

4 Programa L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia, María Luisa Bacarlett Pérez; Las mujeres en la ciencia, 2006.

5 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

6 Orden de género y trayectoria escolar en mujeres estudiantes de ciencias exactas, Elsa Guevara. Universidad Autónoma de Aguascalientes 2010.

7 Raquel Barcos Reyero y Eulalia Pérez Sedeño: Mujeres Inventoras, Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2016.

8 Idem.

9 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2017.

Diputada María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución federal, establece el derecho humano a la protección de la salud; a su vez, el artículo123, Apartado A, fracción XV así como la fracción XI del Apartado B, también del pacto federal, establecen los derechos de los trabajadores al acceso a la salud, a través de la seguridad social incluyendo además el derecho a la rehabilitación para ciertas afecciones.

Los padecimientos de salud en los individuos suelen convertirse en un problema, cuando se trata de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes, las cuales demandan ser atendidas de manera inmediata, siempre y cuando existan las condiciones para hacerlo, esto impacta al individuo en su economía, su tiempo, su moral, entre otras particularidades.

Lo complicado de padecer algún tipo de enfermedad no es solamente sanar de manera pronta y efectiva, premisa fundamental para todos los pacientes, sino que, el ciudadano pueda retomar sus actividades cotidianas, sin complicaciones.

Justamente éste último es el que nos ocupa y es que, los pacientes que han logrado concluir su periodo de rehabilitación satisfactoriamente de alguna enfermedad, no cuentan con la herramienta legal para reintegrarse de nuevo a la sociedad sin ningún problema, inclusive el término “reintegración”, actualmente es utilizado únicamente para hacer referencia a enfermos por adicciones y ciudadanos en proceso penal, es decir, no existe el enfoque en materia de salud.

La presente iniciativa busca la reintegración biopsicosocial de los ciudadanos que han padecido alguna enfermedad crónica degenerativa o incapacitante.

Argumentos

Derivado del derecho humano plasmado en el artículo 4o. constitucional, párrafo III, que expresa: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”1 , es que encontramos el origen de esta iniciativa, sin olvidar que también se encuentra plasmados en tratados internacionales, consideramos necesario fortalecer y dar continuidad al precepto de rehabilitación, idea fundada en dicho artículo y también expresada en la Ley General de Salud.

La rehabilitación como parte de un proceso de salud, es considerada como la última fase a la que se enfrenta alguna persona que ha sufrido una enfermedad, tal y como la palabra se compone, significa, recuperar algo que ha sido perdido o dañado, rehabilitar algún musculo, recuperar la movilidad, la fuerza, etcétera.

Sin embargo consideramos que esta fase no debe ser considerada como la etapa final del proceso de una enfermedad, pues hay una vertiente más que añadirle a este derecho de la salud, y es: reinsertar al ciudadano de manera efectiva a sus actividades familiares, académicas y sobre todo, laborales; a las que se ha visto obligado a perder por motivos de salud.

Es por eso que señalamos que el acceso a la salud no concluye con la rehabilitación sino que además debe incluir la reinserción biopsicosocial del paciente.

En tal virtud, en el cuerpo de ésta iniciativa, nos referimos al ser humano bajo el concepto de ente biopsicosocial agregándolo a éste nuevo enfoque en materia de salud y el derecho universal de acceso a la misma.

El concepto “biopsicosocial” surge con la intención de mostrar el resultado de la conjugación de las características que componen al ser humano, que se conocían desde tiempos antiguos, y que habían sido descritas por filósofos griegos y que sin embargo no se habían determinado gramaticalmente.

La concepción del ser humano como ente biopsicosocial, encuentra su fundamento primeramente en la definición de hombre a través de la historia.

Aristóteles en su tomo VIII del libro “Política” define al hombre como un animal racional: “el hombre, en cambio, vive también por acción de la razón, ya que es el único entre los animales que posee razón” 2 .

El referido concepto refiere a la composición biótica3, 4 , es decir, que el hombre cuenta con necesidades de supervivencia, pues son conducidos por impulsos que recaen en el instinto de supervivencia, los cuales pueden ser observados en actos que se realizan para conservar su vida y su salud corporal, dentro de esta característica podemos agrupar aquellas necesidades como: alimentación, descanso, reproducción, etcétera.

Por otro lado, refiere a la evolución de la especie humana, en tanto la composición del cerebro humano y este proceso de perfeccionamiento, lo cual deriva en ser un ser racional, elemento que lo hace distinto entre otras especies animales.

Asimismo, es importante considerar que el hombre también es denominado como un animal social, es decir que exige de una vida en sociedad, pues requiere de asociarse para sobrevivir.

La idea de necesidad del ser humano para asociarse, ha sido objeto de múltiples debates, y más de una ocasión se ha intentado resolver la pregunta sobre ¿Por qué nos asociamos?, algunas respuestas han recaído en la división de trabajo, otras en la necesidad de convivencia, lo cierto es que vivir en sociedad ha sido una de las características del hombre a lo largo de la historia.

En este sentido, un psiquiatra norteamericano, de nombre George Engel, proveniente de la Universidad de Rochester, en 1977 formula el “Modelo Biopsicosocial”, el cual “Trataba de integrar el entendimiento del ser humano en la salud y la enfermedad, es decir incorporar los aspectos psicológicos, sociales, culturales, familiares y el entorno del paciente.” 5

Dicho término, enfocado hacia el rubro de salubridad, se crea con la intención de generar contrapesos al entonces llamado “modelo médico”, el cual consideraba que las enfermedades que padecían los seres humanos eran producto de agentes externos biológicos, químicos, y sobre todo se veía al cuerpo en términos físicos, es decir, un conjunto de músculos, huesos, órganos, que ejercen alguna función en el cuerpo humano.

El modelo propuesto por George Engel, encuentra su fundamento en la famosa teoría general de sistemas, propuesta por Von Bertalanfy, esencialmente establece que podemos definir al hombre como un ser biopsicosocial, pues se integra por tres dimensiones, biótica, psíquica (racional) y social, en consecuencia, todas las enfermedades crónicas desafortunadamente tienen un impacto en el ser humano en 3 sentidos:

1. En el aspecto biológico (se generan desordenes químicos, biológicos y físicos, dependiendo la enfermedad);

2. Nivel emocional, radica en la seguridad que pierden los seres humanos tras el enfrentamiento de alguna enfermedad, por ejemplo en mujeres que padecieron cáncer de mama y que como consecuencia de ello han perdido un seno; y

3. Sentido social, tras perder seguridad en sí mismos.

Ahora bien, el otro lado de la iniciativa es la que tiene que ver con el aspecto de reinserción, cuestión que debe de ser vista en un binomio, si bien es cierto que primordialmente utilizaremos el termino para sugerir la reinserción biopsicosocial, no podemos perder de vista que también es necesario aludir al concepto en materia de salubridad pues hoy en día únicamente está pensado en materia penitenciaria o de drogadicción.

Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 determina que: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 6

En este mismo sentido la norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones determina que: “Reinserción social, al conjunto de acciones dirigidas a promover un estilo de vida mejor al de quien usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, y a lograr un mejor funcionamiento interpersonal y social.” 7

Retomando la idea original no podemos perder de vista que el estado mexicano tiene la obligación de proporcionar a sus ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan desarrollarse de manera óptima y saludable dentro del ámbito social, coadyuvando a que los individuos puedan desenvolverse de manera íntegra en los diversos aspectos tanto sociales como personales.

Es decir, debe garantizar el estilo de vida de cada ciudadano, entendiéndose a esta como: “Al conjunto de patrones de comportamiento que define e identifica a una persona o un grupo, a través de lo que hace y expresa, y que se genera en la familia, la escuela y otros sitios de convivencia mediante la socialización, proceso diario en el que se interactúa con los padres, las autoridades y la comunidad” 8 .

Bajo esta premisa, es deber del estado mexicano el promover y llevar a cabo medidas que permitan a las personas con enfermedades que hayan limitado su convivencia social, las condiciones necesarias para su reinserción dentro de la sociedad.

Partiendo de este postulado, la Real Academia de la lengua Española al definir al termino reinserción hace referencia a “volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado” 9 . Por ende al usar en término reinserción hablamos de una integración dentro de la sociedad de los individuos que por determinados motivos fueron cooptados de esta. Bajo este contexto al emplear el concepto de reinserción social se está refiriendo a: “del latín re, preposición inseparable que denomina reintegración o repetición, y adaptación, acción y efecto de adaptar o adaptarse.” 10

A raíz de la reinserción social del individuo se busca la promoción de las condiciones sociales que brinden y favorezcan dentro de estos mismos su desarrollo integral como persona. Esto es debido a que el ser humano es un sujeto colectivo por naturaleza.

En virtud de lo anterior, es procedente proponer una reforma a la Ley General de Salud, específicamente en el capítulo único del Título Primero, referidos a las disposiciones generales de dicha norma, agregando una fracción XXVII Ter al artículo 3o. y por otra parte, agregar una fracción XIII Ter, al artículo 7o.

La finalidad es, agregar los criterios de reintegración biopsicosocial como materia de salubridad general y como una actividad a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

Con la referida propuesta, se garantizará el derecho humano al acceso a los servicios de salud, incluyendo la etapa de reinserción biopsicosocial del paciente, cualquiera que sea la etapa del tratamiento en que se encuentre.

Se propone el siguiente contenido de la fracción XXVII Ter del artículo 3o.: “La reintegración biopsicosocial de las personas, durante y después del tratamiento de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes”.

El contenido de la nueva fracción XIII Ter del artículo 7o. sería: “Implementar programas de reinserción biopsicosocial de personas en cualquier etapa de tratamiento que se encuentren como consecuencia de padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes”.

En el siguiente cuadro comparativo, se establece la redacción actual de los artículos de la Ley General de Salud, cuya reforma se propone y las fracciones que integrarían su nueva redacción.

Fundamento legal

En virtud de lo expuesto, el que suscribe, diputado Daniel Ordoñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII Ter al artículo 3o. y una fracción XIII Ter al artículo 7o., ambos de la Ley General de Salud

Artículo 3o. ...

I. a XXVII Bis. ...

XXVII Ter. La reintegración biopsicosocial de las personas, durante y después del tratamiento de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes;

XXVIII. ...

Artículo 7o. ...

I. a XIII Bis. ...

XIII Ter. Implementar programas de reinserción biopsicosocial de personas en cualquier etapa de tratamiento que se encuentren como consecuencia de padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes;

XIV. y XV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión en línea, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm [Consultada: 15 Enero 2017]

2 Disponible en:
https://es.scribd.com/doc/200093790/Aristoteles-El-hombre-como-animal-racional
-y-como-animal-politico (Consultada: 17 enero de 2017).

3 y 4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define este término como: 1. adj. Biol. Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. Versión en línea, disponible en:
http://dle.rae.es/?id=5ZwVNC1 (Consultada: 17 enero de 2017).

5 Gómez Rocío, “La dignidad humana en el proceso salud enfermedad”, editorial Universidad Rosario, página 162.

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión en línea, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf (Consultado: 20 de enero de 2016).

7 Norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-1999, versión en línea, disponible en:
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/028ssa29.html (Consultado: 22 de enero de 20169.

8 Ibídem.

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disponible en: http://dle.rae.es/?id=5ZwVNC1 (Consultada: 25 de enero de 2017).

10 Enciclopedia Jurídica Online, disponible en: http://mexico.leyderecho.org/readaptacion-social/ (Consultada: 25 de enero de 2017).

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, México, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia de nuestro país se refleja en el sistema educativo, sector salud, en las políticas públicas que impulsan los representantes populares y la constante participación de los ciudadanos. El pueblo mexicano al constituirse en una república, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos unidos en una federación, plasmó las bases de organización del Estado mexicano en el pacto social.

En la integración estableció el sistema de democracia representativa, donde ciudadanos organizados forman partidos políticos, o bien, candidatos independientes que juegan un papel primordial para la elección en cargos de elección popular “la ciudadanía puede influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a las autoridades”,1 es decir, se crea la aceptación mayoritaria de los gobernados hacia los gobernantes.

En México la elección de los representantes en el legislativo y ejecutivo está supeditada a la decisión popular a través de la emisión del voto y son los partidos políticos uno de los vínculos en la intervención de los sectores de la población en la vida democrática del país. Los partidos políticos contribuyen en las decisiones del gobierno para el bien común de la sociedad, para ello, cuentan con una serie de prerrogativas en la activa participación de los ciudadanos.

En el 2014, se diseñó una reforma electoral con la finalidad de reestructurar el régimen electoral mexicano y transformar la institución electoral, logrando con ello la homologación de estándares de los procesos electorales a nivel nacional para garantizar la calidad en nuestra democracia.

Los partidos políticos son instituciones que promueven la participación ciudadana en la vida democrática, sus miembros deben velar por los intereses y necesidades de los habitantes, por ello sirven como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular.

En este sentido, para la realización de sus actividades los partidos obtienen recursos mediante financiamiento público y privado, prevaleciendo el público sobre el privado. La institución encargada de garantizar la vida democrática de México es el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tiene entre sus funciones fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel federal y local.

Sin embargo, una de las grandes inconformidades de la sociedad mexicana es el excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos, de ahí la importancia de hacer un ajuste a la fórmula para el financiamiento; no sin antes llevar a cabo un análisis del esquema actual de financiamiento, que se clasifica básicamente en tres tipos:

1) Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias: se calcula de acuerdo con la Constitución Política de la siguiente forma:

El total obtenido, se distribuye:

Es en este sentido que resulta imprescindible conocer cuántos ciudadanos se encuentran inscritos en el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y actualización (UMA).

2) Financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elijan Presidente, Senadores y Diputados federales, el cual equivale al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; y tratándose de la elección solo de diputados federales se otorga solo el 30% del financiamiento, como se refleja en la siguiente tabla:

3) Financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, mismo que equivale al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

El total obtenido, se distribuye:

La suma de los montos otorgados por financiamiento en los últimos 3 años es de:

Como podemos observar, los partidos políticos obtuvieron en este año 2017, montos mayores que diversas Secretarías y Órganos Autónomos, a saber:

En este sentido, debemos considerar que el monto de los partidos es casi el mismo que el monto de 3 Organismos que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido, debemos ser conscientes de las demandas ciudadanas y la necesidad de hacer más con menos. Es momento de ajustarnos el cinturón; para ello, es necesario modificar las reglas del juego para permitir las mismas condiciones a cada partido político en las contiendas electorales, realizando una distribución igualitaria entre los partidos políticos que alcancen el registro del 3 por ciento de lo votación valida emitida.

Es de mencionar, que la esencia de la reducción o eliminación del financiamiento de los partidos políticos ha sido propuesta por diversos legisladores en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante la LXIII Legislatura se han presentado las iniciativas siguientes:

Descripción de la iniciativa

Para realizar el ajuste es necesario reformar los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta que se presenta tiene por objeto reducir el Financiamiento Público a Partidos de la siguiente forma:

1) Con respecto al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, se propone que este sea calculado con el 50% del número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral por el 65 % del valor de la UMA:

El total obtenido, se distribuya:

• 100 por ciento de forma igualitaria entre todos los partidos

Considerando que el Presidente del Instituto Nacional Electoral estima que para el 2018 habrá un Padrón electoral de 87 millones de ciudadanos registrados, el monto de financiamiento público para actividades ordinarias, sería de:

Nota: Se estimó que para el 2018 la Unidad de Medida y Actualización podría ser de 77.69, considerando el incremento anual que tuvo de 2016 al 2017 y el incremento del salario mínimo vigente de 2015 a 2016 (al no existir antes dicha Unidad de Medida y Actualización)

Con la fórmula de financiamiento ordinario actual los Partidos Políticos recibirían un monto de $4,393,369,500.

Como ejercicio se compara el Financiamiento público ordinario para los próximos tres años, con el porcentaje propuesto y la formula actual, con la finalidad de distinguir el ahorro que se realizará con esta propuesta:

Monto de Financiamiento de Actividades Ordinarias

2) Respecto al financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elijan Presidente, Senadores y Diputados federales, se propone continuar con la misma fórmula actual. Sin embargo, existirá reducción al depender del financiamiento ordinario, es decir, su reducción será proporcional, a saber:

3) Del Financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, se considera la misma fórmula, con el 3% del financiamiento público ordinario, pero se modifica la distribución, la cual deberá ser igualitaria entre todos los partidos el 100% de los recursos.

Con el fin de ejemplificar el monto que podrían recibir los partidos políticos en el los próximos tres años, con la formula actual y la propuesta de esta iniciativa, se calcula el monto con el padrón electoral que el INE ha estimado para 2018 año.

El ahorro de recursos obtenidos por el financiamiento público a Partidos Políticos, sería de 3 mil 361 millones de pesos en el año electoral 2018, recursos que podrían ser utilizados en los Organismos que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Para mayor claridad sobre el contenido de las reformas que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa lleva aparejada una iniciativa de reformas a la Ley General de Partidos Políticos, la cual se presenta en esta misma fecha de manera separada,17 en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ....

...

I. ...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el cincuenta por ciento del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria.

b) ...

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. La cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria.

...

III. al VI....

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 30 de abril de 2017.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017.

Notas

1 Crespo, José Antonio, Elecciones y Democracia, Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Divulgación de la cultura Democrática, 2016, p. 55

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=44c8388442dd3
de91d819dc4435a72cd&Serial=df2697ecffbb778b7b122f7849057f66&Reg=43&Origen=BA&Paginas=30#3

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17 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 los días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto establecer las bases constitucionales para optimizar la rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.

Se trata de que los representantes de la Nación no estén limitados para citar a comparecer a los funcionarios en cualquier época del año para tratar asuntos relacionados con la gestión administrativa que se les ha conferido el Ejecutivo Federal.

Actualmente los funcionarios de la administración central, de los órganos descentralizados y Entidades, así como los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, pueden ser citados por cualquiera de las dos cámaras, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 93 de la Carta Magna de la siguiente manera:

“Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.”

Sin embargo, al señalar la especificación “cualquiera de las cámaras...”, la interpretación que se ha dado, tanto en el Ejecutivo como en las áreas de proceso parlamentario, es que solamente atenderán la convocatoria en caso de que el Congreso General se encuentre en periodo Ordinario de Sesiones y no en los recesos. Dado que las Cámaras no están en funciones plenas, en los recesos se instala la Comisión Permanente conforme lo que establece la Constitución en el artículo 78 que señala:

“Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros...”

Considerando los términos del artículo 93, cuando en las Sesiones de la Comisión Permanente surge una situación en la que se requiera la presencia de un Secretario o titular de alguna dependencia, ésta se ha manejado en la práctica como una “invitación”, a la que pueden acudir o no. O bien, los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan en las oficinas de la dependencia, inclusive podría no llevarse a cabo reunión alguna, ya que constitucionalmente no están obligados a atender los llamados de la Comisión Permanente.

Como ejemplo se puede citar los casos presentados en la Comisión Permanente en el Segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Se formó una comisión especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016 y los Senadores integrantes no pudieron citar a los titulares de las unidades responsables por carecer de facultades constitucionales, de manera que tuvieron que desplazarse a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el secretario del ramo. En una segunda ocasión el secretario de Gobernación los recibió también en sus oficinas.

Lo mismo sucedió con la Comisión Especial para seguimiento de los Procesos Electorales. El Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitó a los legisladores que se trasladaran hasta el Sur de la Ciudad y a media reunión se disculpó porque tenía un viaje previamente programado y dejó a los representantes populares concluir la reunión con personal subalterno del INE.

También sucedió cuando se pretendía citar al secretario de Hacienda para que explicara las causas por las que se incrementó el precio de las gasolinas. Los Legisladores se tuvieron que conformar con la asistencia del Subsecretario.

Los Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Permanente agradecieron la atención del secretario de Energía, el director de Pemex y la presencia de la Procuradora Arely Gómez, quienes asistieron, y así se entiende, como una cortesía hacia los representantes populares.

En conclusión y de acuerdo con lo que establece la Ley Suprema, el Congreso General está impedido para obligar a los funcionarios a la rendición de cuentas en los recesos.

En consecuencia, fuera de los periodos ordinarios, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre las acciones de gobierno. El único mecanismo es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo que se filtran por las Comisiones de Trabajo en donde con frecuencia se procesan con celeridad asuntos triviales y se dejan para el final todos los que tienen que ver con las responsabilidades administrativas, la corrupción y la rendición de cuentas.

Si bien la Comisión Permanente ha evolucionado y los legisladores tienen más posibilidad de incidir en la política nacional, aun no es suficiente. Esta evolución es producto del esfuerzo de los representantes populares para poder ejercer la función conferida por la ciudadanía en las urnas.

La problemática descrita no es nueva. La discusión sobre la necesidad de la presencia de los funcionarios públicos, se dio durante el debate del paquete de artículos previsto para la noche del 15 de enero de 1917, en donde se incluyó el artículo 79.

La discusión versaba sobre las facultades de la Comisión Permanente, entre las que se propuso que era necesario que tuviera la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en caso de que algún funcionario de alto nivel cometiera un delito grave. El texto propuesto en el dictamen del Constituyente para el artículo 79 fue el siguiente:

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos oficiales o del orden común cometidos por secretarios de Estado o ministros de la Suprema Corte, y delitos oficiales federales, cometidos por los gobernadores de los Estados, siempre que esté ya instruido el proceso por la Comisión del Gran Jurado, en cuyo caso no se tratará ningún negocio del Congreso, ni se prolongarán las sesiones por más tiempo que el indispensable para fallar.

En 1917, la Constitución contemplaba solamente un periodo ordinario de sesiones que abarcaba cuatro meses, del 1º de septiembre al 31 de diciembre. La preocupación y discusión de los Constituyentes era que en caso de que hubiera alguna irregularidad en el desempeño de algún funcionario, en ocasiones habría que esperar meses hasta que iniciara nuevamente el periodo ordinario para hacer comparecer al responsable. Algo muy interesante es que en la discusión no solamente se referían a los funcionarios, sino que algunos legisladores también pretendían incluir al Presidente de la República, una demanda de los partidos opositores que a la fecha no se ha podido subsanar. Morena lo ha planteado, pero existe una fuerte resistencia, a pesar del discurso reiterado de transparencia y rendición de cuentas. En 1917, en la discusión previa del domingo 14 de enero, el Diputado Céspedes señaló:

“... el artículo posterior, el 108 del proyecto de la Constitución, tampoco establece que el presidente de la República sea responsable de la violación a la Constitución. Como al discutirse el artículo 108 es muy posible que al igual que para todos los ciudadanos, para el presidente de la República se exijan las responsabilidades por una contravención a la carta magna, y como en ese caso si esa violación ocurriere estando la Comisión Permanente en funciones, estando el Congreso en receso, resulta que conforme a este artículo no podrá ser juzgado...”i

La mayoría de los legisladores no consideraban pertinente la posición del legislador porque la figura presidencial era considerada desde entonces prácticamente intocable, no obstante las experiencias que tenía el país desde el último tercio del S. XIX hasta Carranza y a pesar de los antecedentes inmediatos de Victoriano Huerta. Sin embargo, el Diputado Machorro Narváez apoyó la postura del diputado Céspedes argumentando:

¿Qué se hace si el presidente de la República viola la Constitución, si viola los derechos individuales, si comete toda clase de depredaciones? ¿Cuántas violaciones hará a la ley si es un Huerta? ¿Cómo se puede proceder contra ese monstruo? ¿Qué hace el país en este caso? ¿Se está cruzando de brazos, víctima indefensa de vejaciones y ultrajes?ii

Y es que la discusión también era porque el artículo 67 ya establecía que el Congreso tendría sesiones extraordinarias cada vez que las convocara el Presidente de la República, de manera que un grupo importante de legisladores solicitaba que en el artículo 79 quedara establecido que las sesiones extraordinarias también podrían ser convocadas por el Congreso y no de manera exclusiva por el Presidente de la República, en el entendido que cuando se tratara de funcionarios, no se excluyera al Titular del Ejecutivo Federal, con el argumento de que cualquier ciudadano tendría no sólo la posibilidad de denunciar, sino la obligación. Además, era muy probable que si el Congreso solicitaba al Presidente que convocara para cuestionar a sus funcionarios, éste hiciera caso omiso. Y al respecto el Diputado Macías comentó:

“... cualquier persona, cualquier ciudadano, más aún, cualquier habitante de la República, porque el precepto constitucional es bastante amplio, tiene facultad para ocurrir a la Cámara de Diputados a denunciar el delito o la falta cometida por alguno de los altos funcionarios de la Federación. Pues bien, señores diputados; si se le da a la Comisión Permanente la facultad de convocar al Congreso de la Unión tan luego como se presente acusación contra algún alto funcionario de la Federación estad seguros, señores, de que en el seno del Congreso de la Unión no faltarán chuscos que, día a día, estén presentando acusaciones contra los altos funcionarios de la federación. Esto es incuestionable, porque ante la facultad que tiene todo ciudadano mexicano o habitante de la República para acusar a los altos funcionarios federales, está la obligación, no sólo la facultad, sino la obligación de la Comisión Permanente, de convocar inmediatamente al Congreso de la Unión...”iii

Y más adelante señaló

“...las autoridades están cometiendo toda clase de atrocidades y que, por lo tanto, la barrera de la ley es impotente. ¿Qué resulta de esto? Se puede tratar de dos personajes. Del presidente de la República o de uno de los ministros de su Gabinete. No puedo suponer que se trate de una persona de más alta jerarquía, porque son los ministros los que gozan de más consideraciones que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien; yo pregunto, señores diputados: ¿El presidente de la República se atrevería a mantener en su puesto a un ministro que hubiera cometido un homicidio? ¿Se atrevería el presidente de la República a conservar en su puesto al ministro de Hacienda que se hubiera robado notoriamente los fondos públicos? ¿Se atreverá a cometer alguna de estas cosas?...”iv

Al paso del tiempo, los presidentes de la República nos han demostrado que sí han sido capaces de mantener en el gabinete a personajes siniestros que han dañado severamente las finanzas públicas. Para ilustrar este hecho, podríamos mencionar a Córdoba Montoya y a Juan Camilo Mouriño, sin perder de vista a Martha Sahagún, mujer que ejerció una gran influencia en su marido mientras fue gobernador de Guanajuato y ya siendo presidente de la República contrajeron nupcias.

La redacción del artículo 79 votada por el Congreso Constituyente no se mantuvo en la Carta Magna, porque casi siete años después de promulgada la Constitución, el 23 de noviembre de 1923 el presidente Álvaro Obregón reformó la fracción IV del artículo 79 para suprimir la posibilidad de que se realice la convocatoria por parte de la Comisión Permanente cuando se trate de delitos oficiales o del orden común cometidos por Secretarios de Estado o Ministros de la Corte o en el caso de delitos oficiales federales cometidos por los Gobernadores de los estados. Se establece que la Comisión Permanente podrá acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del congreso o de una sola Cámara.

Esta reforma debilitó sin duda alguna al Congreso, porque no sólo dejaba sin posibilidades a la Comisión Permanente para convocar a comparecer a funcionarios que cometieran irregularidades como anteriormente estaba previsto, sino que se generó una laguna por no haber manera de que un funcionario rindiera cuentas ante el Congreso en caso de que se diera la comisión de un delito, ni posibilidad de hacer comparecer a un funcionario ante cualquier irregularidad cometida. El artículo reformado quedó de la siguiente manera:

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a III...

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.

Después de la reforma del Presidente Álvaro Obregón, si algún funcionario cometía algún delito o había una irregularidad en su gestión entre el mes de enero y agosto, si no había acuerdo del Congreso o convocatoria del Presidente de la República, el Congreso sólo tenía posibilidad de cuestionarlo hasta septiembre, cuando iniciara el periodo ordinario de sesiones, de acuerdo con lo que establece la Constitución General en el artículo 93 desde 1917.

Posteriormente, este artículo tuvo diez modificaciones, hasta que el 30 de julio de 1999,v el texto íntegro se pasó en su conjunto para incorporarse al artículo 78 formando un párrafo segundo con ocho fracciones como está actualmente y el artículo 79 se transforma en una nueva sección del capítulo segundo del Título Tercero denominada “De la Fiscalización Superior de la Federación”.

Retomando el artículo 93 Constitucional, originalmente tenía un sólo párrafo en el que señalaba la posibilidad de que cualquiera de las Cámaras podría citar a los funcionarios, tal como se mencionó anteriormente.

“Artículo 93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su Secretaría.”vi

En 1974 se reforma todo el artículo para obligar a los Secretarios de Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos a dar cuenta del estado en que se encuentran sus respectivos ramos. También se faculta a las Cámaras para citar no sólo a los titulares de las Dependencias, sino a Secretarios de Departamentos Administrativos, así como a los responsables de los organismos descentralizados federales o titulares de las empresas de participación estatal mayoritaria, de manera que el artículo queda como a continuación se señala.

“Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado y a los Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a los Directores y Administradores de los Organismos Descentralizados Federales o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.vii

Esta reforma implicó que los funcionarios de las Entidades también tuvieran la obligación para acudir a cualquiera de las Cámaras a comparecer, pero la laguna y la falta de atribuciones para que el Congreso pueda citar a los funcionarios quedó sin resolverse.

La siguiente reforma al artículo 93 fue en 1977viii cuando se adiciona un tercer párrafo que faculta a las Cámaras para integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria y en 1994ix se reforma nuevamente para incorporar al Procurador General de la República a la lista de funcionarios susceptibles para ser citados por las Cámaras.

En el 2007,x derivado de la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se eliminan del texto del artículo 93 las menciones a los Jefes de Departamentos Administrativos.

En el 2008,xi se otorga la facultad constitucional en este mismo artículo para que el Congreso solicite la comparecencia de Secretarios de Estado, Procurador General de la República y a los Directores y Administradores de las Entidades paraestatales, lo cual queda establecido en los párrafos segundo y cuarto.

La última reforma al artículo 93 fue en 2014xii cuando se elimina al procurador General de la República de la relación de autoridades a partir de las reformas en materia de justicia que crean la Fiscalía General de la República cuyas atribuciones y obligaciones quedan establecidas en el artículo 102 de la propia Constitución.

En 1982 se reforma el artículo 108 y se señala sujeto de responsabilidades administrativas a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública y no solamente como responsables de la comisión de delitos o faltas a la constitución a Secretarios, jueces y gobernadores como antes lo disponía la Carta Magna. No obstante la reforma, el artículo 93 se mantuvo las restricciones del texto original y las Cámaras sólo podían citar a los funcionaros para tratar asuntos relacionados con su encargo pero no en los recesos.

Recientemente, el Ejecutivo Federal convocó a un periodo extraordinario durante el segundo receso del Primer año de Ejercicio de esta Legislatura para discutir y aprobar el paquete para crear el Sistema Nacional anticorrupción, mismo que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la Comisión Permanente sigue sin tener facultades para citar a comparecer a funcionarios del gobierno para dar cuentas ante el Poder Legislativo por la gestión del encargo que les ha sido conferido en cualquier momento, lo cual limita al Congreso a ejercer sus facultades para demandar a los funcionarios del Ejecutivo a la rendición de cuentas, aun con las reformas en materia de anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917. Sesión del 14 de enero de 1917; vol. II Pág. 278; intervención del Diputado Céspedes.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

ii Ibídem; Vol. II pág. 280 intervención del diputado Machorro Narváez)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

iii Ibídem; Vol. II pág. 334 intervención del diputado Macías
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

iv Ibídem; Vol. II pág. 335 continúa la intervención del diputado Macías)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

v http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4951985&fecha=30/07/1999

vi Texto Constitucional original de 1917.

vii Diario Oficial de la Federación, Jueves 31 de enero de 1974, Pág. 2

viii Diario Oficial de la Federación, martes 6 de diciembre de 1977, Pág. 2

ix Diario Oficial de la Federación, sábado 31 de diciembre de 1994, Pág. 3

x Diario Oficial de la Federación, Jueves 2 de agosto de 2007, Pág. 2

xi Diario Oficial de la Federación, Viernes 15 de agosto de 2008, Pág. 2

xii Diario Oficial de la Federación, Lunes 10 de febrero de 2014, Pág. 2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica)

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo de la fracción XII y la fracción XXX del Apartado A y el inciso f) de la fracción XI del Apartado B, todos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La Carta Magna de nuestro país reconoce desde 1983 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;i este derecho, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “no se agota con la infraestructura básica adecuada de aquella, sino que debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos”.ii

Al respecto, el acceso a los servicios públicos básicos incluye los medios imprescindibles para gozar de salud física y mental, seguridad, privacidad y una serie de servicios sociales que permitan el pleno y adecuado desarrollo del ser humano. El texto constitucional referido y los criterios de interpretación emitidos por la SCJN establecen un marco de referencia que permite esclarecer el alcance del derecho a la vivienda y su importancia para el efectivo disfrute de otros derechos fundamentales.

Sin embargo, resulta imposible que todos los mexicanos gocemos de una vivienda digna, cuando las habitaciones construidas y adquiridas como resultado de las políticas y acciones de seguridad social de los trabajadores no hacen referencia a tal cualidad.

El año pasado, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) otorgó más de 110 mil créditos hipotecarios,iii mientras que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio 244 mil 753 créditos hipotecarios al cierre de agosto de 2016;iv estas cifras muestran la importancia de ambas instituciones en la política crediticia habitacional de nuestro país.

Al respecto, es evidente que ambos organismos encargados de promover la construcción y adquisición de viviendas para los trabajadores, ya sea al servicio del Estado o para las actividades productivas en general, destinan cuantiosos recursos y acciones para atender las demandas de vivienda; sin embargo, su labor no se agota con la mera implementación de mecanismos para la obtención de créditos habitacionales baratos, sino que ésta se extiende al aseguramiento de que las viviendas adquiridas, mediante sus créditos, se orienten a la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios.

En este orden de ideas, aun cuando no existe una definición legal del término “habitaciones baratas”, la SCJN, al clarificar el término crédito barato empleado en la fracción f) del artículo 123, hace referencia a la obligación de que el “financiamiento otorgado a los trabajadores para adquirir viviendas dignas y decorosas sea concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares”.v

De este criterio se advierte que, a pesar de no encontrarse específicamente establecido, el financiamiento otorgado a través del Infonavit tiene como propósito la entrega de créditos baratos para adquirir viviendas dignas y decorosas y, por su naturaleza, en el mismo sentido, los créditos otorgados por el Fovissste deben destinarse a la adquisición de viviendas adecuadas para satisfacer las necesidades de ubicación, espacio y servicios de sus derechohabientes.

A pesar de los criterios y textos legales mencionados, en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe una contradicción entre el citado derecho humano a la vivienda digna, consagrado en el artículo 4°, y el derecho de los trabajadores de contar con seguridad social, que incluye el acceso, en renta o propiedad, a habitaciones definidas como baratas, cómodas e higiénicas, establecido en los apartados A) y B) del artículo 123.

A fin de eliminar la contradicción anteriormente mencionada, así como asegurar que la materialización del derecho a la vivienda de los trabajadores cumpla con las características que el propio derecho humano consagra, es que resulta necesario sustituir los términos cómodas, higiénicas y baratas, por aquellos que se relacionan directamente con las necesidades inherentes al desarrollo de los seres humanos y a las cualidades que su entorno debe poseer para lograr tal propósito.

Exposición de Motivos

Considerando la importancia que tiene el derecho a la vivienda, es necesario establecer que éste no se materializa solo al considerar que cada persona cuenta con un techo y cuatro paredes para guarecerse de las inclemencias climáticas; en realidad, su alcance va más allá, pues incluye una serie de características mínimas indispensables como la existencia de espacios y dimensiones mínimos habitables, la disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura, así como la ubicación adecuada, entre otras condiciones que son indispensables para el pleno desarrollo de las capacidades de cada individuo.

En palabras de Miguel Carbonell, “la pretensión de una vivienda adecuada, en realidad, encierra un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales. Su violación hace peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de buscar, asegurar y mantener. Amenaza el derecho a la integridad física y mental, que se encuentran en permanente jaque cuando se vive bajo la presión de un alquiler que no se puede pagar. Dificulta el derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, impracticables en cobijos abarrotados, carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad. Menoscaba el derecho a elegir residencia, a la privacidad y a la vida familiar, y condiciona incluso los derechos de participación política”.vi

Tal y como lo establece el citado autor, el derecho a una vivienda adecuada conlleva la posibilidad de satisfacer y realizar un plan de vida personal, que involucra el crecimiento individual, social, cultural y económico.

Sobre el tema, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, establece el compromiso de los Estados parte de reconocer “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.7

En aras de facilitar y promover que los Estados parte apliquen el citado Pacto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en el año 2008 adoptó una serie de Observaciones Generales, entre las que se encuentran las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada. Derecho que, cuando menos, debe incluir las siguientes características: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación cultural.viii

Cada una de las características mencionadas resultan esenciales en la medida en que se interrelacionan entre sí, a fin de brindar un amplio marco de protección al derecho humano a la vivienda; en este sentido, es importante destacar que en la Observación General número 4 del referido Pacto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció que la característica de asequibilidad se refiere a que “la vivienda y los costos relacionados con la vivienda deben ser proporcionales a los niveles de ingresos, y en un nivel que no comprometa otras necesidades básicas”.ix

Atendiendo a tal observación, es que resulta pertinente incorporar en nuestra legislación el término asequible , con el propósito de garantizar que la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores no represente una carga incosteable que impida la satisfacción de sus demás necesidades y permita que, cada uno, disponga de una vivienda adecuada, con arreglo a su propia capacidad económica, dejando de lado el término barata , que además de no encontrarse definido en nuestra legislación, no corresponde con las características inherentes una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, es importante que dentro de la redefinición de este derecho sea tomada en cuenta la importancia que tiene la seguridad social para el acceso a la vivienda de millones de mexicanos que ven en este esquema la única posibilidad de hacerse de un patrimonio propio.

A pesar de su importancia, el diseño de la política pública de vivienda para los trabajadores no ha logrado adoptar íntegramente los criterios cualitativos que eliminen la existencia de incongruencias y contradicciones jurídicas, a la vez que permitan prevenir y evitar las prácticas abusivas de los desarrolladores de viviendas de interés social en nuestro país.

En adición a lo anterior, baste mencionar que esta Cámara de Diputados ha reconocido que “en los últimos años los resultados de la política de vivienda se han centrado en evaluar el número de créditos otorgados y los costos de la construcción. Esto ha ido en detrimento de las viviendas de interés social, en donde la calidad de las mismas y espacios habitables ha venido disminuyendo en sentido inverso a los costos que se reportan, lo que a su vez ha provocado problemas de salud, de violencia intrafamiliar, que los jóvenes al no encontrar privacidad ni espacios para realizar sus actividades buscan éstos fuera de casa, lo que afecta la comunicación e interacción con los padres”.x

En este sentido, el derecho a la vivienda forma parte de los derechos fundamentales del ser humano y constituye uno de los satisfactores más importantes de las personas, pues de su plena materialización se desprende la posibilidad de disfrutar y acceder a otra serie de derechos económicos, sociales y culturales.

Dada la importancia de combatir las problemáticas mencionadas y abonar a la construcción de viviendas dignas y adecuadas, es que se vuelve necesario armonizar los criterios plasmados en el artículo 4o. constitucional y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el contenido de los apartados A y B del artículo 123. No olvidemos que la adaptación de las leyes al contexto actual y la adhesión de México a diversos Convenios y Tratados Internacionales han vuelto necesario actualizar nuestro marco jurídico, a fin de adoptar las mejores formas de protección y reconocimiento de los derechos humanos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza proponemos cambios legislativos que se traducen en acciones puntuales a favor del desarrollo económico de los mexicanos y sus familias; por ello, propongo realizar una armonización del contenido de los artículos 4° y 123 constitucionales, a fin de garantizar que las viviendas obtenidas mediante los sistemas de seguridad social de los trabajadores, satisfagan las necesidades de servicios públicos básicos y sean adquiridas sin afectar la solidez de la economía familiar.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1 fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo de la fracción XII y la fracción XXX del Apartado A y el inciso f) de la fracción XI del Apartado B, todos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a XI. ...

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores viviendas dignas, decorosas, adecuadas y asequibles . Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

...

XIII. a XXIX. ...

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de viviendas dignas, decorosas, adecuadas y asequibles , destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.

XIII. ...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. a X. ...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) a e) ...

f) Se proporcionarán a los trabajadores viviendas dignas, decorosas, adecuadas y asequibles, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad viviendas dignas, decorosas y adecuadas , o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

...

XII. a XIV. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto por el que se Reforma al artículo 4°, publicado en el D.O.F. 07/febrero/1983.

ii Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Tomo I, Página 583, Tesis Aislada (Constitucional).

iii Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Comisión Ejecutiva, Sesión Ordinaria No. 888 celebrada el 13 de diciembre de 2016.

iv Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración, 28 de septiembre de 2016.

v SCJN Tesis: 2ª. XC/2010, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXXII, Página 197, Tesis Aislada (Constitucional Administrativa).

vi CARBONELL, Miguel. La Vivienda como Derecho Constitucional. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México, 2010. Pág. 15

vii Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Publicación D.O.F. 12/mayo/1981.

viii Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Observaciones Generales Adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación N° 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).

ix Red-DESC. El Derecho a la Vivienda. Obtenido de: https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda

x Dictamen de la Comisión de Vivienda con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 19, 43, 71 y 78 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4 de la Ley de Vivienda. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 10/03/2015. Anexo III.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de marzo de 2017.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Angélica Mondragón Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, inciso I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso t) al artículo 22, de la Ley de Asistencia, para que el Instituto Nacional de Migración, sea integrante del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en el ámbito de apoyo social a los migrantes con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los retos que plantea el cambio de Gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) nos invita a reflexionar sobre la situación que tendrán todos los migrantes que podrían retornaran a nuestro país, por otro lado, también se requiere atender la migración interna de nuestros compatriotas, así se debe fortalecerse la asistencia social con información inmediata y actualizada para tomar decisiones en su instrumentación. Con este fin la integración del Instituto Nacional de Migración en la Ley de Asistencia Social, como entidad responsable de atención a los grupos vulnerables de migrantes, entre otros asuntos, se verá fortalecida en la gestión y tramitación de apoyo a los migrantes tanto de origen, destino, tránsito y retorno.

La migración es un fenómeno que cada día tiene mayor impacto en los países, pues se estima que hasta 2014, en el mundo había 214 millones de migrantes, equivalente a 3.1 por ciento de la población mundial, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este fenómeno global es producto de la determinación de las personas y comunidades para superar la adversidad de sus lugares de origen, en busca de una mejor vida; no obstante, es lamentable que en la mayoría de los casos va acompañada de sufrimiento. Así el principal objetivo económico de los migrantes es el envío de remesas, que constituyen una fuente importante de recursos, principalmente para el consumo y manutención, el gasto en salud y educación de los familiares inmediatos, sin embargo, antes de que puedan instalarse y producir recursos, son personas en situación de vulnerabilidad, objeto de discriminación, por lo que requieren del apoyo social que les pueda proporcionar las dependencias de los tres niveles de gobierno.

En el caso de México, el arribo de una nueva presidencia en Estados Unidos de América (EUA) y frente a su amenaza de imponer un muro fronterizo y expulsar a los mexicanos que residen de forma ilegal en su territorio, debe ponernos en alerta sobre las implicaciones de la realidad del migrante y de la necesidad de respetar sus derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la asistencia social.

El riesgo evidente de deportación en el cual viven día a día los migrantes en Estados Unidos de América, convierte a México en un destino más interesante para los centroamericanos que están por emigrar de sus países de origen. El flujo migratorio ilegal hacia EUA disminuyó un 85.2 por ciento del 2005 a 2014, según datos recabados por la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte del México, esto debido a las mejoras de calidad de vida en México y por el aumento de vigilancia de la patrulla fronteriza estadounidense.

México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo, identificándose a los Estados Unidos de América como el principal país de destino.

Algunos datos estadísticos refieren que la cifra de migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, el país que absorbe al mayor número de ciudadanos de México, de acuerdo con el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME), viven hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, alrededor de 12 millones de personas nacidas en México, principalmente de los estados de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, que tienen el más alto índice de emigración.

La migración de mexicanos disminuyó en 2015 respecto de 2013, para pasar a 12 millones 050 mil de 12 millones 950 mil. El segundo lugar de destino fue Canadá, donde ha aumentado el número de migrantes mexicanos de 2013 a 2015, para pasar de 69 mil 982 a 93 mil 557.

Como país de destino, ingresaron a México en 2015 un millón 193 mil extranjeros, lo que representó un salto de 90 mil migrantes en territorio mexicano respecto de 2013. La mayoría de los migrantes radicados en México, unos 800 mil, son de Estados Unidos de Norteamérica.

Por otra parte, en el análisis, que compara datos públicos del Instituto Nacional de Migración en México, así como de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unido, se muestran los resultados del Programa Frontera Sur implementado por el gobierno mexicano en 2014 para reducir el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Se observa que a partir de esta estrategia federal ha habido una reducción en el flujo de migrantes en la frontera sur norteamericana y el incremento de este en los cruces fronterizos mexicanos.

Ante esta situación en el Congreso de la Unión requerimos fortalecer nuestro marco jurídico, con la inclusión de la atención a los migrantes, desde una visión transversal en la asistencia social a los grupos vulnerables, para lo cual considero importante agregar al Instituto Nacional de Migración en el articulado de la Ley de Asistencia Social, para darle fortaleza a las normas, y permita a las instituciones mantener una estrecha comunicación que facilite la definición de los programas específicos de asistencia social, y sea el puente para construir políticas públicas y acciones inmediatas de atención a los migrantes. Con ello sedará cumplimiento a los acuerdos y convenios internacionales y a las disposiciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhortan a las autoridades mexicanas a actuar en cumplimiento de sus funciones; respetar y reconocer los derechos de las personas en contexto de migración, tanto de origen, destino, tránsito y retorno.

Los esfuerzos a nivel internacional realizados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han sido distintos, como es el de establecer en 2000, el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, ello frente al aumento de los flujos migratorios en el mundo, aunque diez años atrás ya había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias.

Asimismo, la Asamblea General proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, observándose por primera vez en 2008, año en que se invitó a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social acordado en el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El logro de esta justicia social está también estrechamente vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el marco de este día mundial de la justicia social que es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, que tiene como objeto central defender los principios de justicia social al promover la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Al considerar que se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

La asistencia social tiene como principio fundamental atender a las personas con ingresos que no les permite adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En México actualmente se ejecutan en las instituciones de los tres niveles de gobierno programas de atención de asistencia social para todos aquellos que tienen una situación de migrante, a pesar de ello considero relevante legislar para fortalecer nuestro marco jurídico, especialmente lo que se refiere a la asistencia social, para la protección de los migrantes.

Por ello el gobierno federal y las entidades han instrumentados programas para la atención de los migrantes, como es el caso del Gobierno de la Ciudad de México que ha puesto en acción distintos programas que ofrece a los migrantes: “Seguro de Desempleo”, “El Médico en Tu Casa”, “Bebé Seguro”, “Cunas CDMX” y el “Sistema de Alerta Social”, ofrece a los migrantes atención inmediata a través del Módulo ubicado en la Sala 3 de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde ofrece alternativas para su inserción laboral.

El Gobierno de la Ciudad, en la actual administración presentó la “Tarjeta de Huésped en la Ciudad de México”, como parte del programa “Ciudad Hospitalaria e Intercultural de Atención a Migrantes”, que garantiza a los refugiados la atención en cuestiones médicas, educativas y en asesoría jurídica. Así como del Programa Temporal de Regularización Migratoria y Acuerdo por el que se reforman los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, entre muchos otros.

En México y en el Mundo el fenómeno de la Migración Interna y externa tiene efectos sociales por ello el Gobierno federal ha instrumentado diferentes mecanismos como es el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, para el Ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017.

Hace falta más, los migrantes necesitan un lugar donde puedan ser absorbidos económica y socialmente, para esto es necesario crear programas integrales, no individuales. “Por ejemplo, como es el programa “Somos México”, de Segob, se tendría que sumar a las secretarías de Economía, del Trabajo, Educación Pública, que con sus plataformas podrían certificar las habilidades laborales de los deportados. Juntos se puede tejer alianzas con el sector. En este sentido, el Instituto Nacional de Migración podría simplificar los la ejecución de los “Lineamientos para trámites y Procedimientos Migratorios”.

En este marco la iniciativa que propongo a esta soberanía tiene un doble objetivo, primero atender la justicia social de los migrantes de manera coordinada, y segundo, agregar a las instituciones señaladas en el artículo primero de la Ley de Asistencia Social a una de las instituciones que tiene injerencia importante en la migración, como es el Instituto Nacional de Migración, para escuchar sus opiniones de manera constante y permanente en materia de migración.

A partir de lo que se establece en las disposiciones internacionales y nacionales al consideran como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo y desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestra sociedad. En este marco, asumo los preceptos de que la población que denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, requiere de mayor y mejor atención.

En el nivel nacional se han establecido disposiciones en las normas jurídicas nacionales con fines de la justicia social, como es lo que señala en el artículo 1° de la Ley de Migración lo que a la letra dice: “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”.

Estas consideraciones nos muestran que una buena parte de la población que ha migrado a Estados Unidos de Norteamérica es para trabajar, México tiene conciencia de la migración y pugna por los derechos de los llamados “migrantes”; sin embargo, la realidad muestra que todavía nos falta entender y asumir que también es un país receptor.

En este sentido, la Ley de Migración señala en su artículo 2, que “La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes”.

En esta Ley se indica en el artículo 19, que “El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría”. Para el cumplimiento de este objeto se señala en el artículo 20, las atribuciones en materia migratoria.

Asimismo, en la Ley de Asistencia Social se menciona en su artículo 22 a las instituciones que son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en este artículo no incluye al Instituto Nacional de Migración. Situación que me parece una omisión, sobre todo porque es la encargada de las cuestiones de migración, y estás cada día tienen mucho mayor la incidencia en nuestro país y necesitan su atención.

Además, en la misma ley determina en sus disposiciones del Capítulo II; Sujetos de la Asistencia Social, Artículo 4, lo siguiente:.. “son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

...

k) Ser migrantes y repatriados; (Inciso reformado y publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2014)

En su capítulo II referente a las mujeres se determina a los sujetos a la asistencia social:

a) a c) ...

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

Lo anterior orientado al apoyo de las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores; niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, que reciben apoyo de la asistencia social contemplada en la Ley de Asistencia Social.

Por ello considero relevante que el Instituto Nacional de Migración debe tener presencia en la Ley de Asistencia Social, para escuchar sus recomendaciones en materia de asistencia social para los migrantes, sustentadas en dos líneas de apoyo:

1) Impulsar la cooperación y el diálogo institucional entre los diferentes actores de asistencia social, para mejorar el acceso a la justicia y a servicios para migrantes en tránsito, internos y retornados en México y Centroamérica; y

2) Contribuir con su inclusión en las acciones de asistencia social al mejoramiento de apoyo de los sistemas de gestión, con particular atención a grupos vulnerables de migrantes.

Por lo expuesto y fundado presento a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso para ser el V al artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, y el actual v) se recorre para ser el t)

Único. Se adiciona un inciso para ser el t) del artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, y el actual inciso t) pasa a ser el v), para quedar como sigue:

Artículo 22. Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada:

a) a s) ...

t) Instituto Nacional de Migración.

v) Las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como los órganos desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2017.

Diputada María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica)

Que adiciona el artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, y diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta para impulsar el desarrollo de la producción literaria independiente, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, existen diversos estímulos fiscales a las industrias culturales, particularmente en el impuesto sobre la renta.

En primer lugar, se introdujo un estímulo fiscal a la industria cinematográfica, consistente en el derecho a acreditar hasta el 10 por ciento de la inversión realizada en la producción de películas nacionales.

Estos estímulos fiscales han generado un impacto positivo particularmente en la producción cinematográfica nacional, por lo que se han ido extendiendo a las demás industrias culturales nacionales.

Años más tarde, este mismo estímulo se amplió para la producción teatral nacional.

Y recientemente, el 30 de noviembre pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por el que se incorporó en el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta el estímulo fiscal a las artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, todas ellas de producción nacional.

No obstante loa anterior, la producción independiente de obras escritas se mantiene al margen de estos apoyos.

Para los autores, actualmente existen un par de estímulos fiscales, a saber:

En primer lugar, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su Fracción XXIX, una exención de 20 salarios mínimos generales elevados al año por las ganancias que obtienen los autores de sus obras.

En segundo lugar, el artículo 9, Fracción III, de la Ley del impuesto al Valor Agregado exenta del pago de dicha contribución la publicación de obras escritas en revistas y periódicos, así como por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente licencias de uso a terceros.

Sin embargo, en realidad dichas exenciones benefician fundamentalmente a los escritores que cuentan con el apoyo de la industria editorial.

Argumentos

Con mucha frecuencia escuchamos que en nuestro país se lee muy poco y por lo regular se dice o se insinúa que este problema se debe a que somos un pueblo ignorante, con poca cultura y con malos hábitos.

Sin embargo, solemos soslayar el hecho de que existen nulos estímulos a la producción editorial, particularmente por lo que se refiere a los autores independientes que carecen del apoyo de la industria editorial y requieren autofinanciar sus propias obras.

El fenómeno es tal que una cuantas empresas editoriales monopolizan la producción editorial nacional, de tal suerte que los autores tienen que realizar un largo recorrido por las pocas casas editoriales nacionales para buscar alguna que financie la producción y distribución de sus obras.

Dado el caso, cuando los autores noveles obtienen el apoyo de alguna casa editorial, por lo regular son sujetos de una grave explotación, pues el pago como autor de la obra promedia el 10 por ciento del valor del libro en las librerías, de tal suerte que el 90 por ciento por ciento de las ganancias van a dar a la editorial, desalentando la producción autoral nacional.

Adicionalmente, la editorial es al mismo tiempo quien monopoliza la distribución de las obras, fundamentalmente a través de sus cadenas de librerías.

La explotación de los autores se ha agravado porque han venido surgiendo editoriales que publican cualquier obra a cambio del pago por parte de los autores, de los servicios de impresión y distribución de su obra bajo su marca editorial, de tal suerte que ante la falta de apoyo para publicar, los autores, literatos, investigadores y académicos no tienen más salida que financiar la impresión y publicación de sus obras acudiendo a este sector, y posteriormente se dedican a distribuir su obra de mano en mano, vendiéndola libro por libro a sus alumnos y amigos para recuperar su inversión, en perjuicio del fisco y de la propia creación científica, académica y literaria.

En las instituciones públicas las condiciones no son mejores, pues para obtener la publicación de alguna obra científica, académica, literaria o cultural es menester contar con los contactos institucionales adecuados, de lo contrario es imposible lograr la publicación.

Esta situación impide el desarrollo científico, cultural y académico de nuestro país y el desarrollo y la capitalización de su potencial productivo y generador de bienestar.

En general, la situación del sector editorial dista de ser la idónea. Sobre el particular, el pasado 29 de noviembre de 2016, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Comisión de Estadística de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana presentó los principales indicadores del sector editorial privado en México del año 2015, y por primera vez, los avances de los indicadores de 2016, correspondientes al primer semestre.

En 2015, los editores del sector privado registraron una producción de 145 millones 195 mil 723 ejemplares, lo que significó un incremento de 2.6 por ciento. El aumento se observó en la producción para Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y para mercado abierto, con 2.3 y 1.4 millones de ejemplares más, respectivamente.

Este incremento en la producción se percibe principalmente porque la actividad se recupera de la reducción de 2.9 por ciento registrada en 2014; sin embargo, no se restablece al nivel de producción registrado en 2013, que fue de 145.7 millones de ejemplares.

El primer semestre de 2016 no ha sido mejor para los editores del sector privado, debido a que, al comprarse sus estimaciones con las del mismo periodo de 2015, se han notado decrementos.

Así, el número de ejemplares producidos entre enero y junio de este año presentó una reducción promedio de 4.7 por ciento. Sólo el subsector correspondiente a las editoriales de libros de texto presentó una variación positiva con un aumento del 0.3 por ciento. De igual manera, se consideró que el número de libros vendidos se ha reducido en 7.6 por ciento, siendo el subsector de Libros Científicos y técnicos el más castigado. En cuanto al valor de facturación, se tuvo una percepción de que se redujo 6.5 por ciento respecto al primer semestre de 2015; resalta la caída en la venta de libros de interés general.

En la actualidad, existe consenso internacional en que las industrias culturales son uno de los sectores más dinámicos del desarrollo social y económico, generando cada vez más inversiones y mayor número de empleos en todos los países.

En el caso que nos ocupa, resulta que otros sectores de la economía y de las industrias culturales se benefician de tratamientos especiales por parte del fisco, por lo que se estima inobjetable la necesidad de apoyar también a esta industria cultural, mediante el establecimiento de un estímulo fiscal para creación y producción literaria científica, académica y cultural independiente.

En vista de lo anterior, por razones de equidad y para estimular el crecimiento de la industria editorial y la creación literaria científica, académica y cultural independiente, su impacto en la economía nacional y la generación de auto empleo, se propone adicionar un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta para la producción literaria independiente, conforme a lo siguiente:

I. El monto total del estímulo a distribuir será de 500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal.

II. El monto del estímulo que se podrá conceder a cada contribuyente y proyecto no podrá exceder de 100 mil pesos.

III. El crédito fiscal se aplicará contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.

IV. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

V. Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

VI. La Secretaría de Cultura deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales para el otorgamiento del estímulo, más tardar en el mes de febrero de cada año.

VII. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique la Secretaría de Cultura.

VIII. La Secretaría de Cultura publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos que fueron beneficiados.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adiciona el artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 190 Bis . Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a la producción y distribución literaria independiente en materia científica, académica y cultural.

El crédito fiscal se aplicará contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal.

II. El monto del estímulo no excederá de 100 mil pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión.

III. La Secretaría de Cultura publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos que fueron merecedores de este beneficio.

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique la Secretaría de Cultura.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2017.

Diputados:

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento de éstos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a), numeral 1, y el inciso b), numeral 2, del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1) Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias: se calcula de acuerdo con la Constitución Política de la siguiente forma:

El total obtenido, se distribuye:

Es en este sentido que resulta imprescindible conocer cuántos ciudadanos se encuentran inscritos en el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y actualización (UMA).

El total obtenido, se distribuye:

La suma de los montos otorgados por financiamiento en los últimos 3 años es de:

Como podemos observar, los partidos políticos obtuvieron en este año 2017, montos mayores que diversas Secretarías y Órganos Autónomos, a saber:

Secretaría Monto

Trabajo y Previsión Social $3,536,129,469

Energía $2,361,605,506

Turismo $3,947,455,241

Función Pública $1,106,575,552

Tribunales Agrarios $882,205,614

Tribunal Federal de

Justicia Administrativa $2,554,777,815

Comisión Nacional de

Derechos Humanos $1,728,566,039

Comisión Federal de

Competencia Económica $537,243,760

Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación $1,153,895,078

Instituto Federal de

Competencia Económica $1,980,000,000

Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales $955,861,356

Comisión Reguladora de Energía $339,993,356

Comisión Nacional de Hidrocarburos $290,011,903

En este sentido, debemos considerar que el monto de los partidos es casi el mismo que el monto de 3 organismos que integran el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Organismos Monto

Función Pública $1,106,575,552

Tribunal Federal de

Justicia Administrativa $2,554,777,815

Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a

la Información y Protección

de Datos Personales $955,861,356

Total $4,617,214,723

Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de la propuesta de reformas constitucionales presentada en esta misma fecha de manera separada,17 en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

Descripción de la iniciativa

La presente propuesta deriva de la propuesta de reforma constitucional por la que se propone la reducción de financiamiento de partidos políticos, con la finalidad de:

a) Reducir el 50 por ciento del financiamiento (ordinario, campañas y actividades especiales) de los partidos políticos.

b) Distribución igualitaria para los partidos políticos.

Como hemos mencionado la propuesta que se presenta tiene por objeto reducir el Financiamiento Público a Partidos de la siguiente forma:

El total obtenido, se distribuya:

• 100 por ciento en forma igualitaria entre todos los partidos

Con la fórmula de financiamiento ordinario actual los Partidos Políticos recibirían un monto de $4,393,369,500.

Monto de Financiamiento de Actividades Ordinarias

De lo anterior y en caso de ser aprobada la reforma constitucional, se tendría que armonizar la Ley General de Partidos Políticos, bajo lo siguiente:

1. Homologar la fracción I inciso a) numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que el sostenimiento de actividades ordinarias sea multiplicado por el 50 por ciento de total de inscritos en el padrón por el 65 % del valor de la Unidad de Medida y Actualización.18

2. Asimismo, se ajusta el inciso b) numeral 2 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que en las actividades específicas los partidos políticos de registro nuevo obtendrán un beneficio de forma igualitaria.

Para mayor claridad sobre el contenido de las reformas que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) numeral 2 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo Único. Se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) numeral del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51.

1. ...

a) ...

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el cincuenta por ciento del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

II. al V...

b) y c)...

2. ....

a) ...

b) También participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público, en forma igualitaria.

3. ....

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017.

Notas

1 Crespo, José Antonio, Elecciones y Democracia, Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Divulgación de la cultura Democrática, 2016, p. 55

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=44c8388442dd3de
91d819dc4435a72cd&Serial=df2697ecffbb778b7b122f7849057f66&Reg=43&Origen=BA&Paginas=30#3