Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4731-VIII, jueves 2 de marzo de 2017
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a solventar y aclarar las observaciones pendientes de auditorías realizadas por la ASF en el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una nueva etapa en la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.
En particular, con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que da a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones, estas aplicarán a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016.
Sin embargo, antes de que estas nuevas atribuciones se pongan en marcha, es urgente que el estado de Guanajuato, como ente público fiscalizado, solvente por completo las observaciones que se encuentran aún pendientes, mismas que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, en particular, a lo que se refiere al Gasto Federalizado.
En el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada se destaca que Guanajuato es la séptima entidad del país que aún tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, de 2011 a 2014, por un monto de 6 mil 973.8 millones de pesos.
Asimismo, la entidad ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014. De 6 mil 973.8 millones de pesos, sólo ha solventado 13.7 millones de pesos, es decir, el .19 por ciento.
En este sentido, es la séptima entidad del país con el mayor monto pendiente de solventar en el mismo periodo, con un monto de 6 mil 960.1 millones de pesos.
Del mismo lapso de 2011 al 2014, el estado de Guanajuato ocupa el lugar 13 de las entidades del país con el mayor número de importes resarcitorios, por un monto de 102.1 millones de pesos.
Con los datos anteriores, se revela que hay muy poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado de Guanajuato y peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Considerando los montos de 2011 al 2014 pendientes por solventar, más el importe de los procedimientos resarcitorios, más el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, tenemos que son 9 mil 295.4 millones de pesos los recursos en los que se detecta que hay irregularidades.
Lo anterior, hace del estado de Guanajuato, la séptima peor entidad del país en el manejo y ejercicio de los recursos públicos federales.
Como ha precisado la Auditoría Superior de la Federación en su último Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2015, la gestión del gasto federalizado es un proceso integrado “que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio”, se resalta que “la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios”.
Lo anterior significa que los montos observados se originan en el ámbito de competencia de las haciendas locales, esto ocurre justamente en Guanajuato y que incluso propician que la entidad ocupe el lugar 11 de las entidades del país con el mayor porcentaje entre lo subejercido respecto al monto asignado en fondos y programas auditados, tales como son: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; en los recursos a los Proyectos de Desarrollo Regional que los diputados etiquetamos directamente a los municipio; en PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); y en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.
El subejercicio pone el riesgo la ejecución en tiempo y forma de los recursos públicos, así como la entrega de recursos futuros.
Con los anteriores datos, no debe sorprender que en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, en el que el promedio nacional es de 73.3 por ciento, Guanajuato esté entre las 7 entidades con el menor desempeño por debajo de la media nacional.
No sólo la hacienda local del Gobierno del estado debe corregir los procedimientos para el ejercicio del gasto en los diversos rubros que ha auditado el órgano técnico de fiscalización, sino que debe de terminar por subsanar las observaciones pendientes que, como se ha dicho anteriormente, son 6 mil 960.1 millones de pesos pendientes de solventar y aclarar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Guanajuato, solvente y aclare en su totalidad, en un lapso de 30 días naturales, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2017.
Diputado María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria aeroespacial en México tiene gran relevancia económica, pues actualmente posee grandes fortalezas respecto a conocimientos, infraestructura e inversión.
A inicios del siglo XXI se consolidó la importancia comercial para el país en este sector, cuando en 2005 llegaron a México compañías líderes de la industria como Bombardier, o el caso de Safran que se instala un año después, marcando el inicio de un creciente interés por esta actividad, que hoy en día se considera como un eje estratégico para el desarrollo económico nacional.
El acercamiento de empresas especializadas en la industria aeroespacial con autoridades mexicanas fue favorecido por las diversas ventajas competitivas del país, como lo es su localización geográfica y los tratados comerciales que facilitan las exportaciones internacionales, lo cual convierte a México en una excelente plataforma de exportación mundial; la experiencia acumulada en cuanto a manufactura, ensamblaje y servicio técnico que ha dejado el desarrollo de industrias como la automotriz; los costos competitivos y la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.
En seguimiento de la importancia que revisten las actividades derivadas de la industria aeroespacial, el 31 de julio de 2010 entró en vigor el decreto que crea la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerada como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, cuya misión es
Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.
En congruencia con lo anterior, se han generado diversos espacios de investigación para el desarrollo de proyectos y el aumento del interés por destinar mayores recursos al sector han permitido que en la última década, México se haya convertido en una de las naciones líderes en manufactura aeronáutica y aeroespacial albergando a casi 300 empresas, en su mayoría extranjeras, que generan una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo y más importante, que crean a su alrededor otras empresas nacionales vinculadas al sector, lo que convierte a las grandes compañías en organismos madre que potencian el crecimiento de empresas más pequeñas en su entorno.
El ámbito académico también se ha beneficiado por el crecimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial, pues con ellas aparecieron las escuelas aeronáuticas más importantes del país: la ESIME del IPN; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los centros de investigación aeronáutica más modernos del país; la Universidad Aeronáutica de Querétaro, entre otras. Todas ellas generan gran cantidad de profesionales para la industria aeroespacial nacional.
La industria aeroespacial mexicana se ha diversificado, convirtiéndose en una fuente importante de empleos e inversión, dadas las actividades que ésta desarrolla. Las empresas aeronáuticas y aeroespaciales se localizan principalmente en 18 estados del norte y Bajío de la República Mexicana, la mayoría de ellas organizadas en clústeres donde se fomenta la cooperación, innovación, y el aseguramiento de la calidad de los procesos.
La importancia del establecimiento de clústeres, como los de desarrollo aeroespacial, ha llegado a un punto tan importante que se han convertido en el objetivo de 47 por ciento de la inversión extranjera en México (calculada en mil 600 millones de dólares anuales para 2020), lo cual ayuda a mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes del lugar donde se establecen.
Se proyecta que el sector aeroespacial continúe con una dinámica de crecimiento en México, estimándose que en cinco años se duplique su crecimiento ante la mayor demanda de aviones a nivel mundial, la cual se proyecta en 37 mil aeronaves nuevas en los próximos 20 años.
Si bien el interés internacional por invertir en México se ha mantenido de manera constante, es una realidad que nuestro mayor aliado se encuentra en el mercado norteamericano, tanto por la cercanía geográfica como por los tratados comerciales que nos ligan a la nación del norte.
Sin embargo, las condiciones diplomáticas actuales se han visto enrarecidas a partir del cambio de estrategia proveniente del titular del Poder Ejecutivo estadounidense y sus partidarios republicanos que pugnan por imponer condiciones desfavorables a los mexicanos, antes que negociar en favor de los habitantes de ambos lados de la frontera que divide a México y Estados Unidos.
Resulta imprescindible explorar propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y dar con ello un impulso en la creación de empleos de calidad y bien remunerados que permitan a las familias mexicanas mejorar su nivel de vida.
Hay diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector aeroespacial, con el objeto primordial de desarrollar la industria satelital. Éste es el caso de la empresa Airbus Safran Launchers, la cual ofrece a nuestro país un plan para fabricar satélites medianos en los próximos años y ponerlos en órbita. Cabe señalar que los satélites medianos serán los más producidos en el mundo durante los años siguientes, dado el surgimiento de cada vez más programas espaciales (se estima que para 2025 incrementen los programas espaciales en 47 países).
Los satélites medianos, caracterizados por ser mucho más accesibles, baratos y fáciles de construir que los satélites tradicionales, tienen diversas utilidades para: comunicación; observación de la Tierra; monitoreo de recursos naturales, infraestructura y evolución de fenómenos climáticos; seguridad e inteligencia; entre otras aplicaciones en ciencia y tecnología.
Lo anterior nos ofrece la posibilidad de convertirnos en una nación líder no sólo en la fabricación de satélites sino en el lanzamiento de los mismos al espacio, lo cual es una excelente oportunidad para reducir nuestra dependencia de otros países en esta materia, por ello resulta necesario que se realicen todos los esfuerzos conducentes para poder aprovechar esta circunstancia cuanto antes y no dejar escapar la inversión potencial que generaría, además de los diversos beneficios asociados a la misma como el desarrollo de capacidades y conocimientos en el país respecto a la tecnología espacial.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que genere un acercamiento con las empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, enfocado en la colocación de satélites en el espacio, tal como ya lo ha hecho la Agencia Espacial Mexicana con la empresa Airbus Safran Launchers.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la liberación inmediata del doctor José Manuel Mireles, fundador y ex líder de las autodefensas en Michoacán, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.
Sin duda la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada son los que desafortunadamente han azotado regiones completas de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Michoacán por mencionar algunos. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia gubernamental del mando único policial, ya que los índices delictivos siguen siendo altos, en el mismo sentido la presencia y participación de militares en las calles para combatir la criminalidad no ha logrado frenar la delincuencia.
México vive una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia reciente. Las autoridades han sido sobrepasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado, mismo que se ha infiltrado en varias esferas de la vida política en todos sus niveles, por lo que estamos ante la presencia de un Estado fallido que ha renunciado a la capacidad de respetar lo más elemental que representa la vida de sus ciudadanos.
Ante este escenario es que hace casi ya cuatro años, el 24 de febrero de 2013, grupos de autodefensas se levantaron en armas en la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán, como una reacción al asedio del grupo criminal denominado “Los Caballeros Templarios” que habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región; en unos meses las autodefensas replegaron a Los Templarios. Así las autodefensas surgieron como mecanismos de protección y vigilancia comunitarios, recurriendo a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos del crimen organizado frente a la inacción o complicidad de los gobiernos.
En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detalló que estos grupos tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como ‘Los Caballeros Templarios’, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.
La CNDH detalló que a finales de 2013, el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.
Los grupos de autodefensa pronto comenzaron a aparecer en otras entidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que operan en el país, así además de Michoacán, las entidades que registran mayores grupos de defensa son Guerrero, Oaxaca y Estado de México.
Sin duda una de las figuras emblemáticas de estos grupos es la del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, quien cobró fama al explicar en un largo video de la agencia SubVersiones la razón por la que se levantaron en armas contra el cartel de narcotráfico de Los Caballeros Templarios.
Ante la aparición de estos grupos el gobierno de Michoacán visualizó la creación de un grupo policial estatal, denominado Fuerza Rural, con la finalidad de incorporar a los grupos de autodefensa a dicho grupo policial y que así transitaran hacía un marco de legalidad. Las autoridades indicaron que el modelo de autodefensas no sería permitido, y que sólo los integrantes de los grupos que cumplieran exámenes de confianza podrían integrarse a la mencionada fuerza rural estatal, destacando el gobierno que sólo así se les permitiría permanecer armados en el estado y que operarían en coordinación con el Ejército, Marina y la Policía Federal.
Los líderes de las autodefensas, incluido el Doctor Mireles, aceptaron el acuerdo, por lo que el 27 de enero de 2014, autoridades federales y estatales, encabezadas por Alfredo Castillo (Comisionado federal de seguridad en Michoacán) y por el ex gobernador Fausto Vallejo, respectivamente, firmaron acuerdos con líderes de autodefensas para realizar el registro de sus armas y comenzar a operar coordinadamente. En el marco de este acuerdo fueron registradas más de 6000 armas de las autodefensas, de las cuales casi 4500 eran de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas federales. Para el 10 de mayo de 2014 se formalizó la disolución de las autodefensas y la creación de la Fuerza rural, sin embargo, líderes de los grupos de autodefensas, denunciaron que muchos integrantes del crimen organizado se infiltraron en este cuerpo policial rural.
El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo al día siguiente el Dr. Mireles fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, siendo recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1400 kilómetros del lugar de su detención.
Desde ese momento la salud del Dr. Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y mandíbula dislocada.
El académico Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad, apunta: los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el “doctor” combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la delincuencia organizada –el homicidio y la desaparición forzada-, lejos de disminuir con respecto al “calderonato” –de por sí cruento y violento-, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia de Estado en materia de seguridad pública y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. 1
A esta opinión se han sumado las voces de otros académicos, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, todos los cuales coinciden en que el Dr. Mireles junto con otros autodefensas se encuentran encarcelados ilegalmente. Especialistas como Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), ven en la detención del exjefe de autodefensas un asunto político.
El doctor Mireles es un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano.
La defensa y familia del Dr. Mireles “aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación...
Días antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.
Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.
Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.
El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.” 2
Como ya se mencionó la salud del Dr. Mireles se ha deteriorado, por lo que él y su defensa han venido solicitando su traslado a Morelia para ser atendido por problemas cardiacos, incluso en octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas. 3
El 1 de noviembre José Manuel Mireles fue trasladado del penal federal de Hermosillo, Sonora, al penal de Tepic, Nayarit, donde tampoco se le ha atendido, lo que el propio Dr. Mireles ha venido solicitando con insistencia los últimos días, esto ante las malas condiciones de salud que padece, las cuales se agravan.
Resulta por demás, lastimoso no solo para el Dr. Mireles, su familia y la sociedad en general, que exGobernadores como Javier Duarte, sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúe en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.
El Tribunal revocó la resolución que negaba la prisión domiciliaria solicitada por “La Maestra”, quien está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fue detenida en 2013 por la Policía Federal en el Aeropuerto de Toluca.
Dicha resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Así, se resolvió en definitiva el amparo en revisión promovido por la defensa de Gordillo.
En varias ocasiones su abogado ha argumentado que Gordillo tenía derecho al beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que padece de múltiples enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada y dos aneurismas vasculares, además de que sólo tiene un riñón.
La realidad es que mientras el Dr. Mireles líder de las autodefensas michoacanas permanece privado de su libertad, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder, y a lo largo y ancho del país muchos grupos criminales continúan operando impunemente, y muchos de los líderes que gobiernan este país quedan impunes.
Por lo anterior, y en vista que no se han acreditado los delitos que se imputan Dr. Mireles, el gobierno federal debe de poner de libertad de manera inmediata a José Manuel Mireles, y evitar se sigan vulnerando sus derechos humanos, y así evitar nuevamente la pena de pedir disculpas públicas por sembrar delitos que no existen como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública a las tres indígenas hñäñú – que pasaron 3 años y 8 meses encarceladas – CC. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, por parte del Procurador General de la República, quien señaló:
“...RAÚL CERVANTES ANDRADE, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causad.”...
En razón de lo anterior, MORENA hace una vez más este respetuoso, pero enérgico llamado a su libertad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manual Mireles Valverde, asimismo se tomen las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica.
Notas:
[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/edito
[2] http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=408589
[3] http://www.proceso.com.mx/470041/pide-mireles-traslado-a-morelia-atendi do-problemas-cardiacos
Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reformar el último párrafo del artículo 158 del Reglamento de la Ley Aduanera para permitir la importación temporal de unidades con peso vehicular de hasta 5 toneladas destinadas sólo al uso particular de transporte de pasajeros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscribimos, diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Francisco Saracho Navarro, Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras y Brenda Borunda Espinoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. La Real Academia Española define a la migración como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la define como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar.
II. En el caso particular de México, sus condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica respecto de los Estados Unidos de América lo convierten en un punto de origen, transito, destino y retorno de flujos migratorios, el fenómeno ha ido cambiando a lo largo de los años, al pasar de una migración de carácter temporal a una con un mayor periodo de permanencia, lo anterior derivado posiblemente del incremento en los costos inherentes a la misma1 , situación que ha generado una comunidad que va en constante aumento y la cual en el año 2010 se estimaba en alrededor de 11.9 millones de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos, número que aumenta notablemente si se toma en cuenta la población de primera y segunda generación de origen mexicano en el mismo territorio.
III. Es oportuno mencionar que al ser la migración un fenómeno en constante movimiento y evolución, también existe otro fenómeno relacionado con ésta y es el retorno de dichos migrantes con motivo de realizar visitas a sus familiares que se encuentran en México, siendo los momentos de mayor afluencia de connacionales al país los que comprenden los periodos de Semana Santa, verano e invierno, situación que ha generado incluso programas como el denominado Paisano, del Instituto Nacional de Migración, el cual busca garantizar que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.
IV. En el mismo sentido y previendo dicha situación, diversos ordenamientos legales contemplan supuestos relacionados a los derechos y obligaciones para los mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero y también para los extranjeros que en su calidad de visitantes se internen en el país, siendo este el caso de la Ley Aduanera, la cual, entre otros ordenamientos es la que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías incluidos los vehículos, los cuales se encuentran clasificados en distintos tipos de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 Bis 2, fracciones V, VI y VII conforme a lo siguiente:
“...V. Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas Van, que tengan instalado convertidor catalítico de fábrica.
VI. Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2 mil 727, pero no mayor de 7 mil 272 kilogramos.
VII. Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2 mil 272 kilogramos, pero no mayor de 8 mil 864 kilogramos”
V. El artículo 106 de dicha ley, contempla un régimen de importación temporal el cual tiene por objetivo permitir la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, situación que para efectos de la presente propuesta, en la fracción II, inciso e) y en la fracción IV, inciso a) se establecen los plazos y condiciones para el ingreso temporal de vehículos propiedad de los sujetos antes mencionados al territorio nacional y de igual forma señalan que éstos deberán cumplir con los requisitos que señale el reglamento.
VI. En ese orden de ideas, el Reglamento a la Ley Aduanera en su título cuarto, capítulo IV referente a los regímenes aduaneros de importación y exportación temporales, establece los requisitos a cumplir para ingresar distintos tipos de mercancías al territorio nacional, siendo de interés para la presente iniciativa los relativos a la importación temporal de vehículos, siendo importante mencionar que dentro de las disposiciones contendidas dentro del mencionado capítulo IV, no se encuentran reglamentados los requisitos a los que hace mención el artículo 106, fracción II, inciso e) de la Ley Aduanera en relación con nuestros connacionales, a contrario sensu , el artículo 158 del reglamento, sí establece los requisitos para la importación temporal de los vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país, con la condición de estancia de visitantes y residentes temporales, encontrándose señalado en el último párrafo del mismo la prohibición para realizar la importación temporal de aquellos que tengan una capacidad mayor de tres y media toneladas de peso.
VII. Dicho lo anterior, es importante señalar que es común que los connacionales con residencia en el extranjero o que laboran fuera del país adquieran para su uso personal vehículos tales como la Ram 2500 o la Ford F-250 Super Duty entre otros, mismos que por sus características superan la capacidad máxima mencionada en el considerando anterior, que si bien es cierto, el reglamento señala que la aplicación de la misma es para los vehículos propiedad de extranjeros, en la práctica también les es impuesta a los connacionales que visitan el país, que muchas veces al desconocer la normativa aplicable, son sujetos de abusos por parte de las autoridades aduanales, situación que genera condiciones que pudieran dar lugar a la realización de actos de corrupción.
VIII. Considerando que al establecer la mencionada restricción, el espíritu del titular del Ejecutivo federal, era evitar la entrada al país de vehículos con fines comerciales, la presente propuesta busca que dicha disposición no afecte a los connacionales y extranjeros que visitan el país y cuyos vehículos de uso personal encuadran en el supuesto de la restricción, por lo que se plantea realizar una ampliación al peso de los vehículos permitidos para importarse de manera temporal al territorio nacional, siempre y cuando éstos sean destinados única y exclusivamente para uso particular.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforme el último párrafo del artículo 158 del Reglamento a la Ley Aduanera a efecto de permitir la importación temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta 5 toneladas, siempre y cuando estos sean destinados únicamente para el uso particular de transporte de pasajeros.
Nota
1 Índices de intensidad migratoria, México – Estados Unidos http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/M igracion_Mex_EU.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la jefatura delegacional de Coyoacán, la Seduvi y el Invea a informar a la opinión pública sobre los criterios considerados para autorizar la construcción de un centro de espectáculos masivos en la colonia Del Carmen, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Barrera Marmolejo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Coyoacán es una de las zonas en las que más se puede apreciar el legado colonial ya que aún sigue conservando su carácter tradicional mexicano, lo que aunado a sus bellas plazas, calles, numerosos centros culturales, casonas, el Jardín Hidalgo y el zócalo de Coyoacán, han atraído a un gran número de turistas, lo que le ha dado a esta zona un gran reconocimiento a nivel mundial por estas muestra del esplendor barroco de México.
2. En este contexto, la existencia de un Coyoacán tradicional, estriba en el reconocimiento del decreto presidencial de 1990, al declarar a su Centro Histórico como Zona Monumental Protegida: dicho espacio se encuentra comprendido dentro de un polígono irregular que engloba a una gran parte de las bellezas monumentales de la Ciudad de Mexico.
3. En el centro de Coyoacán sus plazas y jardines se convierten en escenario de exposiciones de arte, música, mimos y coloridas artesanías. De igual forma, se pueden apreciar algunos atractivos para visitar como son: El Museo Nacional de las Intervenciones (ex Convento de Churubusco), el Museo de Frida Kahlo, la Casa Museo de León Trotsky, el Museo Nacional de las Culturas Populares, la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, las propias plazas de Coyoacán como lo son Hidalgo y Jardín Centenario.
4. Por otra parte, es preciso señalar que en la actualidad el incremento poblacional y un desarrollo comercial desmedido, han dado origen a deterioros en el desarrollo social de la Ciudad de México, ocasionando violaciones al marco jurídico de la circunscripción, referentes al uso de suelo.
5. Al respecto, es preciso señalar que el uso de suelo es reconocido como un elemento imprescindible que sustenta la formación social, política y económica de la sociedad, ya que se le asignó a la tierra una alta importancia para el desarrollo de la vida humana, en la inteligencia de que es el soporte fundamental para su permanencia y desarrollo, siendo éste el objetivo más importante en la política de asentamientos humanos, con base en las recomendaciones de las Naciones Unidas en su Conferencia Hábitat.1
6. En este tenor, para reglamentar el uso de suelo es necesario considerar los instrumentos técnicos y jurídicos en materia de planeación urbana. Al respecto Richard Rogers, plantea que tanto la arquitectura como la planificación urbana pueden evolucionar para aportar herramientas imprescindibles, creando ciudades que produzcan entornos sostenibles y civilizadores, mostrando que el desarrollo de la ciudad no implica perder la armonía entre la humanidad y su medio.2
7. No obste el numeral anterior, la delegación de Coyoacán ha presentado un crecimiento desmesurado en el rubro que compete a las diversas violaciones al uso de suelo, lo que ha menoscabado el Centro Histórico de Coyoacán por la apertura de diversos establecimientos mercantiles irregulares, donde se venden bebidas alcohólicas sin autorización, se construyen unidades habitacionales en predios de tipo unifamiliar, así como la invasión de la vía pública por bares y restaurantes ya establecidos, afectando a los habitantes del primer cuadro de Coyoacán, y a la zona entera considerada monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con un sin número de violaciones al uso de suelo.
8. Uno de los casos más graves lo tenemos en el predio ubicado en la calle de Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, predio que hasta hace unos años se encontraba abandonado. Dicho inmueble en el pasado funcionaba como cine, permaneciendo cerrado y sin ninguna actividad mercantil por cerca de diez años, hasta que en el año 2012 iniciaron trabajos de construcción a gran escala para edificar un centro de espectáculos que se presume tendrá la capacidad de albergar a más de mil 500 personas, en una zona eminentemente habitacional.
9. En este orden de ideas, en el mismo año 2012, previo a la inauguración del nuevo giro mercantil, vecinos de la colonia Del Carmen conocieron el proyecto a invitación de los desarrolladores, fue cuando tomaron conocimiento que el nuevo giro mercantil denominado Cinema Coyoacán, iba a contar con un salón de usos múltiples para peleas de box, lucha libre y conciertos, asimismo, les informaron que brindarían el servicio de restaurante bar, funciones cine y un auditorio con venta de alcohol; hasta ese momento los vecinos se percataron que el predio de Viena 159, había sufrido cambios estructurales para construir un centro de espectáculos sin contar el uso de suelo correspondiente.
10. Derivado de las irregularidades en Viena 159, desde el mes de junio de 2012, vecinos de Coyoacán se han dispuesto a denunciar las irregularidades ante los tribunales competentes en la materia, no obstante, aún no se imparte justicia a los coyoacanenses, se está a la espera de la resolución de un juicio de amparo interpuesto por los mismos vecinos afectados.
11. Cabe señalar que el funcionamiento de un centro de espectáculos en el predio ubicado en Viena 159, provocará graves afectaciones en diversas zonas de la delegación, principalmente en las zonas culturales del Centro Histórico de Coyoacán, debido a la invasión del espacio público, generación de basura, ruido e inseguridad. Aunado a lo anterior, provocará el bloqueo en las entradas de casas y edificios ya que el centro de espectáculos no cuenta con los cajones de estacionamientos necesarios para dar servicio a las más de mil 500 personas que planean recibir en el giro mercantil denominado Cinema Coyoacán.
12. Ahora bien, la gravedad de la problemática que subsiste en Viena 159 por el afán de establecer un centro de espectáculos, radica en que los vecinos no fueron consultados en ningún momento, motivo por el cual, desconocen si el giro mercantil denominado Cinema Coyoacán, cuenta con las medidas de seguridad y protección civil que se requieren para dar servicio a más de mil 500 personas; de igual forma, ignoran si existe un estudio previo de impacto urbano o urbano-ambiental de la zona, dejando en estado de indefensión a los venos afectados.
13. Cabe señalar que de continuar con las violaciones de uso de suelo que se han estado presentando en Coyoacán, se pone en riesgo el caudal patrimonial y cultural que tienen los pueblos, barrios y colonias de la propia delegación y sus alrededores, dejando en letra muerta los planes, acuerdos y programas que fungen como rectores el proceso del impacto urbano que una obra de esta magnitud genera.
Al tenor de lo antes expuesto, sometemos al pleno de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, entre otros, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Segundo . Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I, V y VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal3 , la organización política y administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, debe atender a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público, así como la planeación y ordenamiento de desarrollo territorial, económico y social de la ciudad, que considere la óptica integral de la capital, con las peculiaridades de las demarcaciones territoriales, así como la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general.
Tercero. Que el artículo 73, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que, será causa de responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que participen en la coordinación metropolitana, contraer compromisos fuera del ámbito de sus atribuciones o de las disponibilidades presupuestales aprobadas.
Cuarto. Que el artículo 117, fracción V, del ordenamiento legal antes citado establece que los jefes delegacionales tendrán bajo su responsabilidad el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones, entre otros, que a su vez tendrán que ser expedidos conforme a la reglamentación oficial aplicable en la materia que le corresponda.
Quinto. Que en este tenor, tanto las delegaciones como sus respectivas autoridades responsables, deberán proporcionar las bases para el desarrollo y bienestar social en la demarcación de su competencia, de conformidad con el artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Sexto. Que el artículo 39, fracciones II, III, IV, VII, VIII, XII y LXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, establece las facultades de los titulares de los órganos político-administrativos para: expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones, con apego a la normatividad; otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, circulares y decretos, así como ordenar y conocer y gestionar las manifestaciones de impacto ambiental que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
De igual forma, el Reglamento para Construcciones del Distrito Federal establece las facultades de las jefaturas delegacionales en la Ciudad de México para otorgar el uso de suelo, siendo uno de los requisitos fundamentales la certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, el dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto ambiental para aquellos inmuebles de uso no habitacional.4
Séptimo. Que en cumplimiento al artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, todas las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deben encontrarse en un marco normativo de planeación en el desarrollo urbano, del funcionamiento ordenado y la regularización de los servicios públicos encaminados al bienestar social y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos que habitan en cada circunscripción.
Octavo. Que el artículo 8, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, señala como autoridad en materia de desarrollo urbano a los jefes delegacionales y, a su vez, el artículo 12, fracciones I, III, IV, y X del mismo ordenamiento jurídico, señala como una de las atribuciones de los servidores públicos en comento, la participación en la elaboración de los proyectos y programas delegacionales, así como de los programas parciales. De igual forma, este dispositivo legal señala que dentro de las atribuciones de los jefes delegacionales, se encuentra la de vigilar el cumplimiento de los programas dentro del ámbito de su delegación, expedir las licencias y permisos correspondientes en el ámbito de esta ley, así como las sanciones a quienes incumplan con la reglamentación jurídica.
Noveno. Que el artículo 95 del ordenamiento jurídico citado en el considerando anterior, prevé sanciones aplicables por acciones u omisiones que generen violaciones o infracciones a la ley, a sus reglamentos, normas técnicas y programas, la expedición de licencias, permisos y autorizaciones que no cumplan con las medidas básicas requeridas por ley.
Décimo. Que la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 7, fracción XVIII, dispone que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda será la encargada de conocer de la solicitud y demás documentos para realizar los posibles cambios de uso de suelo urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio u otros servicios, sin embargo, la misma Secretaría señala cinco programas parciales de desarrollo urbano para la delegación Coyoacán5 en las colonias del Centro Histórico, Del Carmen, Jardines del Pedregal de San Ángel Ampliación Oriente, Fraccionamiento Pedregal de San Francisco y Fraccionamiento Romero de Terreros, regulando 11 por ciento del territorio delegacional.
Aunado a lo anterior, la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal señala claramente que para quienes realicen solicitud para construcciones de alto impacto, éstos tendrán que presentar un dictamen de impacto urbano, donde se consideren estrategias para sufragar las necesidades derivadas de los servicios que de ellos emane, evitando no afectar a la población aledaña al lugar.
Por otro lado, el programa parcial correspondiente a la colonia Del Carmen, establece como objetivo principal el “mejoramiento de las condiciones de vida de la población de esta zona y de las circunvecinas, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de desarrollo urbano, evitando que se edifiquen y amplíen construcciones sin garantía de seguridad para sus usuarios y el cumplimiento de normas específicas que aseguren una adecuada distribución de usos de suelo, preservando el valor histórico como patrimonio nacional”.6
Siendo la colonia Del Carmen, parte incluyente y fundamental en el Programa Parcial de Coyoacán, por el tipo de uso de suelo autorizado como habitacional unifamiliar, queda claro que el equipamiento de esta colonia no contempla establecimientos comerciales de alto impacto por las afectaciones que implicarían a los servicios de abastecimiento de agua, seguridad vial, seguridad para los vecinos aledaños a la construcción, por mencionar algunas.
Asimismo, el artículo 45 de la Ley de Desarrollo Urbano para Distrito Federal señala una delimitante a la figura de derechos adquiridos, al disponer que opera la prescripción de dicha figura al término de un año en que se deje de ejercer el uso de que se trate.
En esta inteligencia, el predio ubicado en la calle de Viena 159 en la colonia Del Carmen, no cumple con los requisitos mínimos necesarios para poder llevar a cabo la construcción de un centro de espectáculos masivos, mucho menos, cuenta con las condiciones requeridas en la ley para su funcionamiento, ya que el uso de suelo que le corresponde es habitacional, al haber operado la prescripción del giro comercial por no utilizar de manera continua y legítima una actividad comercial por casi 10 años.
Undécimo. Que el cúmulo de irregularidades en el predio ubicado en la calle de Viena 159 en la colonia Del Carmen, ha sido tan escandaloso que el mismo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutierrez, se deslindó de la construcción irregular de dicho inmueble al señalar que la secretaría a su cargo, no había emitido ningún tipo de autorización para la construcción de centro de espectáculos, declaración que fue publicada por el periódico La Jornada el 26 de diciembre de 2016.7
En la misma declaración señalada en el párrafo anterior, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Gutiérrez Gutiérrez, señaló que conforme a lo establecido en el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Del Carmen, el tipo de uso de suelo es habitacional, por lo cual no podría establecer un centro de espectáculos de tal magnitud, no obstante lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no ha realizado acción alguna para frenar el atropello que están cometiendo en contra de los vecinos coyoacanenses, trasgrediendo lo estipulado en el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal8 , y violentando a todas luces la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en lo que mandata los artículos 2, 7, fracciones I y VI; 12 y 95, así como el acuerdo del programa parcial correspondiente a la colonia Del Carmen en la delegación Coyoacán.
En consecuencia de lo anteriormente fundado y motivado, el pasado 20 de febrero del año en curso, el suscrito y vecinos de la colonia Del Carmen, presentamos ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, solicitud de verificación administrativa y, en su caso, la clausura del predio ubicado en la calle de Viena 159, en la colonia Del Carmen, derivado del abuso de la autoridad delegacional al permitir la construcción irregular de un centro de espectáculos masivos en una colonia con uso de suelo eminentemente habitacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al jefe delegacional de Coyoacán, José Valentino Maldonado Salgado, para que en el ejercicio pleno de sus atribuciones y en cumplimiento al marco jurídico de desarrollo urbano, dé a conocer a la opinión pública los criterios técnicos y jurídicos con los cuales autorizó los permisos de construcción del centro de espectáculos masivos, denominado Cinema Coyoacán, situado en la calle de Viena 159, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, para que en uso de sus facultades de supervisión y control en materia de desarrollo urbano emita a la opinión pública.
A) Un informe detallado de cada una de las acciones y consideraciones técnicas y jurídicas emitidas para otorgar el uso de suelo del predio ubicado en Viena 159, en la colonia del Carmen, en la delegación Coyoacán.9
B) Una opinión técnica respecto a la construcción y virtual funcionamiento de un centro de espectáculos masivos denominado Cinema Coyoacán, ubicado en la calle Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán.
C) Orden de verificación al predio ubicado en ubicado en la calle Viena 159, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, con el fin de calificar si cuenta con los requisitos legales que exige la ley para llevar a cabo la construcción y virtualmente el funcionamiento de un centro de espectáculos masivos, derivado del uso de suelo que le corresponde al bien inmueble.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para que a la brevedad posible emita una resolución fundada y motivada en la que califique el acta de visita llevada a cabo en el predio ubicado en Viena 159, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, el 7 de diciembre de 201610 y, en su caso, fije las responsabilidades que correspondan.
Notas
1 Organización de Naciones Unidas, Principios Generales, puntos 1 y 10, Vancouver, 1976, pp. 36-37
2 Rogers, Richard y Gumuchdjian, Philip, Ciudades para un pequeño planeta, Gustavo Gili, 2001, Barcelona, España.
3 Con fundamento en el artículo primero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sigue vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018.
4 Gobierno de la Ciudad de México. (n.d.). REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO B O C, PRÓRROGA DEL REGISTRO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA. 27/02/17, de GDF Sitio web:
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/registro_ de_manifestacion_de_construccion_tipo_b_o
5 Programa parcial de desarrollo urbano Colonia del Carmen. Recuperado de:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/
PPDU/PPDU_CY/CY_DelCarmen_DOF.pdf.
6 Programa parcial de desarrollo urbano Colonia del Carmen. Recuperado de:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/transparencia/articulo15/fraccionxi/
PPDU/PPDU_CY/CY_DelCarmen_DOF.pdf
7 Alejandro Cruz Flores. (2016). Se deslinda la Seduvi de obra en Coyoacán. 27/02/17, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/26/capital/032n4cap.
8 Con fundamento en el artículo PRIMERO TRANSITORIO de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal sigue vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018 al señalar.
9 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
Artículo 7 Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes: ...
fracción VI.-. Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa
10 La propuesta del término corresponde a lo establecido en el art 41 del reglamento de verificación administrativa:
“Artículo 41. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad competente, observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta de visita de verificación y ofrecer pruebas en relación con éstos”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados de la APF a implantar acciones respecto a los migrantes y sus familias, así como medidas que fortalezcan la economía del país, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María Concepción Valdés Ramírez, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en la Fracción I, del numeral 1, del artículo 6., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de la Unión, así como a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados de la administración pública federal, para que se implementen diversas acciones para los migrantes y sus familias, así como medidas que fortalezcan la economía del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es sabido, la relación geopolítica entre Estados Unidos de América y México, se trata de un caso único como peculiar. Países que además de compartir una frontera de 3 mil 185 kilómetros, comparten con sus claroscuros el fenómeno de la añeja tradición migratoria.
Vecinos cercanos respecto a su relación histórica, política, económica y cultural, así como de un grueso poblacional de un poco más de 11 millones de mexicanos por nacimiento radicados en el país del Tío Sam, pero a su vez, vecinos distantes –en palabras de Alan Riding– respecto a sus profundas como abismales diferencias.
La historia de nuestros connacionales radicados allende la frontera norte, es la historia de la búsqueda incesante del american way of life, esto, ante la falta de oportunidades y condiciones dignas que su país jamás les pudo ofrecer, pero asimismo, es la historia de pervivencia ante diversas adversidades traducidas en medidas, políticas como leyes xenofóbicas y persecutoras, por el solo hecho de ser distinto.
Actualmente y ante un escenario de incertidumbre para millones de migrantes –no solamente mexicanos– las medidas que ha implantado Donald Trump representan una real amenaza para la dignidad de éstos y sus familias, como una vulneración a las libertades fundamentales de cualquier persona.
Trump en su tercer día de mandato como presidente, firmó su segunda orden ejecutiva, esta, relativa a la construcción del ya famoso muro entre México y su país. Lo cual, dejó ver de manera explícita la línea de sus promesas de campaña respecto a la relación con nuestro país, como de su postura ante la migración.
En este contexto, Trump ha comenzado con deportaciones que comienzan a tornarse en masivas para el caso de nuestros connacionales, como tomado medidas de no ingreso al “país de las libertades” a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Donde su acción ejecutiva última de no ingreso, ha sufrido un duro revés judicial en los últimos días.
No obstante, Trump y su visión cegada sigue avanzando en una lucha a contracorriente respecto a la oposición demócrata en las diversas tribunas representativas, de la rebelión urbana, como de muchos más sectores que se han sumado en un ambiente de animadversión contra el presidente estadounidense, entre ellos, los mismos republicanos, curiosamente.
Sin embargo, el panorama debe analizarse también del otro lado de la frontera, es decir, de la nuestra. En este sentido, las implicaciones para nuestro país son varias como complejas, primeramente ante la llegada de cientos y ya miles de deportados, quienes llegan a un país donde la pobreza y la falta de oportunidades sigue siendo una constante; pero que asimismo, el tema de la relación entre Estados Unidos y México va más allá, esto, en el casi inminente periclitar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual, se traduce en una amenaza para la frágil economía dependiente de nuestro país.
En este contexto, el accionar del gobierno de la república ha sido ineficaz como timorato ante el más actual mexicanofobo como lo es Donald Trump, esto, desde una postura dubitativa y temerosa del presidente Enrique Peña Nieto respecto a los embates del norte, como de un actuar intrigoso del canciller Videgaray Caso, lo cual, se traduce en un fracaso de la política exterior de nuestro país.
Históricamente, la relación de los gobiernos mexicanos hacia la creciente comunidad de connacionales, es perfectamente definida por una frase de Manuel García y Griego, historiador de la Universidad de Nuevo México, quien menciona que se tiene “una política de no política migratoria”, lo cual, quiere decir, que el tratamiento oficial de los gobiernos mexicanos hacia sus connacionales ha sido limitado, por no decir que nulo, tanto respecto a su reconocimiento como aportaciones hacia México de esta importante comunidad binacional, como en lo tocante a la defensa de sus derechos fundamentales; en otras palabras, son los olvidados, al otro lado de la frontera.
No obstante, los olvidados comienzan a ser parte de una realidad inminente para nuestro país, desde aquellos que al momento están siendo perseguidos, separados de sus familias y deportados, como aquellos quien en su intento de cruzar la frontera México-estadounidense serán capturados a través del novedoso plan de reclutamiento de más de 15 mil agentes fronterizos, entre otras acciones; por lo que este retorno masivo como forzado se verá acrecentado en el en los siguientes meses. Lo anterior, sin dimensionar a los miles de migrantes de otros países que ya se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país, quienes utilizan a México como puente o paso natural hacia el país del norte.
Ante este panorama, son diversas voces que se han alzado ante las distintas aristas de las consecuencias de la política de Trump hacia México, desde la postura del gobierno federal que ha sido poco clara e ineficaz, hasta quienes desde las más altas tribunas representativas de este país han emitido tanto opiniones propositivas, como otras demagógicas.
Las acciones que se han emprendido han sido desde el recibimiento del presidente de la república a los primeros repatriados, como la visita de miembros del Senado de la República a los consulados y comunidades de mexicanos en Estados Unidos a través de la denominada Operación Monarca, como la presentación de una iniciativa preferente por parte del titular del Poder Ejecutivo federal en materia de revalidación de estudios de los migrantes repatriados, y algunas otras acciones llevadas a cabo a nivel de las entidades federativas, entre otras.
Ante este complejo panorama, son muchas las problemáticas que como país debemos afrontar, como consecuencia de las implicaciones políticas, sociales, y sobre todo económicas, respecto a las acciones del país del norte; sin embargo, el quid de la cuestión es qué hacer.
México atraviesa en su aspecto interno como externo muchas y diversas crisis, y que en este contexto aciago, una más como lo es la situación de nuestros connacionales allende la frontera y las consecuencias del inminente rompimiento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, vendrá a ahondar aún más la situación para nuestra nación.
El abordaje de la problemática en comento, es un asunto que tanto preocupa cómo debe ocupar, esto, de que el tratamiento de la situación debe abordarse desde dos enfoques: el primero, respecto a la revisión de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno respecto al tema migratorio y de política exterior, lo cual, implica su valoración, el fortalecimiento y o en su caso la nueva creación de las mismas desde una visión transversal; y segundo, en lo tocante a la agenda legislativa permanente que al seno de esta Cámara de Diputados como del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión debe impulsar en defensa de nuestros connacionales y las diversas medidas tomadas por el presidente estadounidense contra nuestro país.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente el titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la organización de la administración pública federal, se revisen y fortalezcan todos aquellos programas federales en materia de atención a nuestros connacionales, particularmente, en lo tocante a la defensa de sus derechos, en materia de desarrollo social, y desarrollo económico.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo a revisar y fortalecer las acciones emprendidas por parte del personal del servicio diplomático en Estados Unidos de América para efectos para la atención y defensa de nuestros connacionales en el exterior, particularmente, en lo tocante a la expedición de los documentos registrales de nacimiento, como aquellos de carácter extemporáneo para nuestros connacionales, se expidan a la brevedad en los diversos consulados, en virtud, de que serán requeridos para las acciones legales que puedan emprenderse como ejercerse en defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes y sus familias; así como asesorar e impulsar los mecanismos de defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales ante las instancias internacionales correspondientes.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo a revisar y fortalecer a través de las vías institucionales el Programa 3 x 1 para Migrantes, en razón de fortalecer un rubro importante en el marco programático del gobierno federal.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo a que se revisen como adecuen los programas en materia económica para la inclusión de los migrantes en retorno, como asimismo, que ante el posible rompimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos de América se exploren otros mercados para la inversión y atracción de inversiones a nuestro país.
Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular se la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo para que a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se impulsen las medidas necesarias para el acceso a créditos de la banca social a los migrantes y sus familias.
Sexto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración se dé un trato digno y de protección a los derechos humanos a los migrantes provenientes de otros países que actualmente se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a coordinar acciones para permitir la homologación de servicios entre las instituciones pertenecientes al sistema nacional de salud, e integrarse a un modelo de compras consolidadas, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El ejercicio responsable de los recursos públicos requiere de un diseño institucional que permita la participación de gobierno y ciudadanos en un esquema de contrapesos cuya finalidad sea evitar el desvío de fondos para actividades que no hayan sido aprobadas previamente en las reglas de operación o marcos normativos en donde se definan los objetivos para los cuales serán destinadas las partidas presupuestales.
Las prácticas de abuso del erario en dependencias gubernamentales han generado pérdidas millonarias para el Estado, impactando directamente en la inversión para la operación de programas y proyectos dirigidos para atender las obligaciones que el gobierno tiene con la sociedad.
En el lapso de 2007 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 273 denuncias contra 26 gobiernos estatales debido a la detección de anomalías en el ejercicio de recursos, afectando de manera particularmente grave, a sectores como salud, educación, infraestructura y seguridad pública, que en términos monetarios significaron un monto de 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos, mientras que en las 32 entidades se detectaron prácticas de corrupción recurrentes, entre las que se cuentan:
Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, etcétera.1
Entre las prácticas señaladas se encuentra una especialmente dañina para la sociedad: la compra de medicinas a sobreprecio, dado que se utilizan recursos públicos para pagar facturas a precios inflados y se retrasa el proceso de entrega en las instituciones de salud, pues a mayor costo, es menor el volumen que se adquiere, lo cual puede constituir un elemento que provoca el desabasto de medicamentos.
El uso indebido de recursos públicos en la compra de medicamentos genera condiciones negativas para el correcto funcionamiento de las políticas públicas diseñadas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4o. constitucional, el cual establece la obligación del Estado en materia de salubridad en los siguientes términos:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [...]
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [...]
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una guía que contiene los elementos a considerar por las instituciones de salud para proveer de las condiciones mínimas de protección del derecho a la salud, de manera que en base a dicho documento se puedan diseñar políticas públicas adecuadas para el cuidado y fortalecimiento de la salud bajo una perspectiva de universalidad.
Así, la OMS establece los siguientes puntos nodales:2
• Se afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”... Este derecho exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación.
• El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
• La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud.
La corrupción se erige como uno de los problemas de mayor preocupación para la administración pública federal, como se puede observar en el diagnóstico plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al tema de Rendición de cuentas y combate a la corrupción ,3 donde se señala que:
...La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas.
La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.
Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.
En este sentido, se han impulsado diversas medidas para combatir la corrupción, siendo de particular interés para nuestro grupo parlamentario la que concierne al mecanismo de compras consolidadas para el sector salud, dado que coincidimos en que esta estrategia para adquirir productos o servicios permite comparar precios y calidad de manera rápida y contundente, generando mayor claridad en el uso de recursos públicos, si tomamos en cuenta le definición de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a compras consolidadas:
...una estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o de varias dependencias o entidades que pueden realizar contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se integran en un solo procedimiento de contratación, con la finalidad de presentar su demanda de manera agregada y así obtener mejores condiciones en cuanto a precio.4
Este mecanismo ya ha probado sus virtudes, las cuales podemos enumerar en los siguientes puntos:
• En 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose en 9 por ciento la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas, dado el ahorro que significa y el avance significativo en el combate al rezago del abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud.5
• El IMSS ha implementado esta estrategia para adquirir medicamentos, encabezando las negociaciones para compras consolidadas en 2016, considerando las ventajas para obtener medicamentos y material de curación de mejor calidad y a menor precio6 (SSA, 2015), lo cual es un beneficio para la atención de salud de los mexicanos.
• El interés generado por el ahorro que se generó entre 2014 y 2015 aplicando la estrategia de compras consolidadas en el sector salud generó que un mayor número de entidades adoptaran dicho mecanismo para adquirir insumos del área de salud, llegando a un total de 21 estados de la República participantes en compras consolidadas de medicamentos en 2016, junto con la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad (Hospitales Federales y Servicios de Atención Psiquiátrica), de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los Servicios de Salud de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este contexto, se tiene un acumulado de 14 mil 214 millones de pesos en ahorros en la compra consolidada en materia de salud en el periodo 2013-2017, de los cuales se ahorraron 3,352 millones de pesos en la compra consolidada en lo que va de 2017, con la participación de 40 entidades públicas para adquirir 1,371 claves, entre medicamentos, patentes y material de curación,7 de acuerdo a declaraciones del director general del IMSS, Mikel Arriola.
Si bien el fortalecimiento de las finanzas públicas es un elemento nodal para mejorar las condiciones de los servicios de salud públicos, es necesario atender el tema de la complejidad institucional en la que operan diversas instituciones de salud, integradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), y que por el origen público para su financiamiento incluye a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex) y a las instituciones públicas de salud para la población no derechohabiente (servicios de la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud (SESA), el DIF, el componente de salud del programa Oportunidades, el programa IMSS Oportunidades y el seguro popular).
Las instituciones mencionadas que obtienen recursos gubernamentales para la atención de la población no comparten un esquema de funcionamiento único que les permita ofrecer servicios interinstitucionales, lo cual impide concretar un Sistema Nacional de Salud Universal, bajo los términos expresados por la Secretaría de Salud:
[...] establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad.8
En este sentido, el presente punto de acuerdo pretende mantener el impulso de las medidas tendientes a mejorar los servicios de salud a nivel nacional, utilizando los recursos con los que ya cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero sin dejar la tendencia de armonizar tanto los procedimientos técnicos como administrativos del conjunto de instituciones de salud en México, de manera que se asegure el derecho a la salud de todos los mexicanos y las mexicanas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, mismo que en sus líneas de acción refiere a la acción de Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud. 9
Cabe mencionar que el gobierno federal ha dado seguimiento a la homologación de servicios de salud, mediante el Acuerdo Nacional hacia la universalización de los servicios de salud dado a conocer el 7 de abril de 2016, el cual tiene el objetivo de alcanzar la cobertura efectiva del derecho a la protección de la salud, integrando esfuerzos de la Federación y de las entidades federativas, en dirección a una transición desde un sistema de salud fragmentado en múltiples subsistemas, integradas verticalmente y que ofrecen derechos diferentes a diversos grupos de población, provocando inequidad en el acceso a los servicios de salud públicos.
El acuerdo en comento señala las acciones que deben llevarse a cabo para solucionar aspectos que obstaculizan que toda la población tenga atención de calidad cuando acude a cualquiera las instituciones de salud pública, y que a continuación se transcriben:10
• Disminuir la fragmentación jurídica institucional para eliminar las barreras en la prestación del servicio;
• Alentar la construcción de un modelo de atención homogéneo con una integrada y coordinada entra la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud en las entidades federativas;
• Impulsar la operación, uso y actualización continua del Padrón General de Salud para identificar a personas y relacionar su condición de aseguramiento en tiempo real, para permitirles acceder a los servicios a los que tienen derecho en cualquier institución de salud;
• Propugnar por el diseño y aplicación homogeneizados de guías de práctica clínica, protocolos de atención, costos, expediente clínico electrónico y demás herramientas que ayuden a alcanzar la universalización de los servicios de salud;
• Redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud para atender de manera efectiva y equitativa a la población, considerando la celebración de instrumentos jurídicos entre las diversas instituciones del sector público en donde se establezcan los compromisos, términos y condiciones así como las formas de pago, con las que se garantizará la atención médica, sin tomar en consideración su afiliación o derechohabiencia.
Bajo los términos del acuerdo, las autoridades de las instituciones de salud pública tomaron conciencia de los obstáculos que deben superar para alcanzar los objetivos del PND en la Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, y que entre sus líneas de acción se cuenta la de Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud .11
En este contexto, el Partido Verde considera necesario que se amplíe la estrategia de compras consolidadas y la homologación de servicios en las instituciones de salud públicas, a fin de enfrentar el reto que significa atender la demanda social en este rubro, toda vez que se considera que:12
Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores (la población de 65 años y más crecerá de 6.2 por ciento del total en 2010 a 10.5 por ciento en 2030). Este hecho impacta no sólo en el Sistema de Salud, sino que impone desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo.
En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a que coordine las acciones necesarias para permitir el intercambio y homologación de servicios entre las instituciones de salud pública pertenecientes al Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de las entidades federativas para que se integren al modelo de compras consolidadas, a fin de transparentar el ejercicio del presupuesto público y generar la reducción en tiempo y dinero en el proceso de compra de insumos para el sector salud.
Notas
1 Robles de la Rosa, Leticia y Tania Rosas. Quebranto en estados asciende a 245 mil mdp. Diario Excélsior, 9 de enero de 2017. Obtenido de:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/09/1138668#imagen-3
2 Organización Mundial de la Salud. Salud y derechos humanos . Noviembre de 2015. Obtenido de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
3 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 . Obtenido de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2 013
4 Auditoría Superior de la Federación. Contrataciones públicas que garanticen las mejores condiciones para el Estado . 6 de Junio de 2016. Obtenido de http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-consolidadas
5 Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, Blog . 14 de Septiembre de 2015. Obtenido de: https://www.gob.mx/salud/articulos/compra-consolidada-de-medicamentos?i diom=es
6 Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, Prensa . 12 de Septiembre de 2015. Obtenido de:
http://www.gob.mx/salud/prensa/en-2016-la-compra-consolidada-de-medicamentos-sera-de-48-mil-millones-de-pesos
7 Martínez, María del Pilar. Sector salud ahorró $3,352 millones en compra consolidada . Diario El Economista. 11 de enero de 2017, México. Obtenido de: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/11/sector-salud-ahorro-33 52-millones-compra-consolidada
8 Secretaría de Salud. ¿Qué hacemos? 2016. Obtenido de http://www.gob.mx/salud/que-hacemos
9 Op. Cit. Gobierno de la República.
10 Acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud . 7 de Abril de 2016. Obtenido de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/76997/ACUERDO_NACIONAL_FIRMADO_7_ABRIL_2016.pdf
11 Op. Cit. Gobierno de la República.
12 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de marzo de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Jalisco, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y de Guadalajara a implantar medidas urgentes contra los altos niveles de contaminación ambiental en Miravalle, en ese municipio, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Primera. La contaminación del aire se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel global afectando a más de 100 millones de personas que viven expuestas a elevados niveles de contaminación del aire, superiores a los aceptables establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS (100 microgramos por metro cúbico-mg-m3).
En 2013, la Organización Británica Clear Air Institute realizó un estudio a través del cual se analizaron los niveles de contaminación ambiental de 21 ciudades con más de un millón de habitantes en Latinoamérica, analizando Ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México; de ello se obtuvo información sobre cuatro compuestos que predominan en el aire y que contaminan gravemente la atmosfera, identificadas como partículas PM2,5, PM10, ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.
La composición de estas partículas en suspensión conocidas por sus siglas en ingles PM (particulated matter) puede contener una mezcla muy variada de elementos altamente contaminantes, que, según su concentración pueden generar importantes problemas de salud al ser respiradas.
Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 micrones de diámetro (PM10), o menos (PM2,5,) que son capaces de penetrar en el organismo y alojarse en el interior de los pulmones, por ello, la exposición continua a estas partículas incrementa el riesgo de desarrollar cardiopatías, provocar afecciones cardiovasculares como el infarto, neumopatías, cáncer de pulmón, así como otras enfermedades de importancia.
De igual forma, científicos del mismo Instituto afirman que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes de las ciudades con el engrosamiento de la pared interna de las arterias lo cual causa daños en el sistema circulatorio y es también un factor desencadenante de la enfermedad conocida como arteriosclerosis.1
Segunda. Un factor importante es que la contaminación atmosférica es llevada por el viento y la lluvia hacia otras zonas, repercutiendo en la salud de las y los habitantes no solo de una población, sino de varias, al tiempo en que sus efectos nocivos recaen sobre cosechas, bosques, ecosistemas acuáticos y terrestres, ocasionando, entre otras cosas, calentamiento global, lluvias acidas y escasez de agua potable.
Aunque la contaminación atmosférica afecta a toda la población, las comunidades más vulnerables frente a esta situación son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y los enfermos de vías respiratorias.
Las malas condiciones ambientales son responsables de 12,6 millones de muertes al año en el planeta, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado el 15 de marzo de 2016, esto supone que alrededor del 23 por ciento de los fallecimientos en el mundo se producen por “vivir o trabajar en ambientes poco saludables”, según datos de la misma organización. Los factores de riesgo ambientales como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismo, indica esta organización internacional en su estudio La prevención de enfermedades a través de entornos saludables.2
Tercera. El aire que respiramos está compuesto en un 78 por ciento de nitrógeno, 21 por ciento de oxígeno, un 0,093 por ciento de argón y una porción de vapor de aire, composición que se ha visto severamente alterada por la acción directa del hombre y sus actividades generadoras de altos niveles de contaminación, entre las que destacan las citadas en el cuadro siguiente:
Fuente: OMS, 2014.
La contaminación del aire proviene de una mezcla de miles de fuentes de emisión que van desde chimeneas industriales y vehículos automotores hasta el uso de productos de limpieza domésticos comunes y pinturas. En general estas fuentes de emisión se agrupan en cuatro categorías:
• Fuentes puntuales o fijas
• Fuentes de área
• Fuentes móviles (de vehículos automotores)
• Fuentes naturales
Las fuentes puntuales o fijas son definidas en el artículo 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, como toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.3
Por su lado, las fuentes de área representan aquellas que son demasiado numerosas y dispersas estas representan un porcentaje significativo de las emisiones de contaminantes como: el uso de solventes, fertilizantes, residuos tóxicos, desechos y contaminantes resultado de actividades industriales y comerciales ligeras.
Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que incluyen automóviles, camiones y autobuses diseñados para circular en la vía pública. En la mayoría de las áreas urbanas, los vehículos automotores son los principales generadores de las emisiones de contaminantes tóxicos del aire y contaminantes que reducen la visibilidad. Debido a la magnitud de sus emisiones y a las consideraciones especiales requeridas para estimar su volumen, los vehículos automotores se manejan separadamente de otras fuentes de área. Las emisiones de vehículos automotores están integradas por diversos contaminantes que son generados por diferentes procesos. Los más comúnmente considerados son las emisiones del escape, que resultan del uso del combustible y que son emitidos a través del escape del vehículo, y una variedad de procesos evaporativos, y fuentes naturales como el polvo, humo, pulverización de agua marina, gases sulfurosos, polen e incendios forestales. Todos los elementos antes mencionados contribuyen en gran porcentaje a contaminar la calidad del aire que respiramos.
Cuarta. Actualmente nuestro país enfrenta una compleja problemática en el tema de contaminación del aire con complejas repercusiones a la salud de la población, sobre todo de quienes habitan zonas urbanas y sus alrededores.
De acuerdo con el estudio de Clear Air Institute, se prevé que en poco tiempo la contaminación del aire será una de las principales causas ambientales de mortalidad prematura.
Sumado a ello, otro estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, arrojó que el número de muertes por contaminación del aire en México asciende a 5 mil 65 personas por año.
La contaminación del aire en nuestro país ha ido en aumento debido, principalmente a la falta de actualización y ejecución de estándares de control apropiados para regular las actividades causantes de la emisión de estas partículas con la intención de evitar posibles riesgos en la salud.
Por otro lado, las normas oficiales mexicanas respecto a los límites de partículas contaminantes en el ambiente son bastante permisivas en comparación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Hay evidencias en todo el mundo que asocian a las partículas menores a 10 micrómetros con mortalidad prematura y tienen un efecto indirecto sobre el aparato respiratorio, pues a su superficie se adhieren agentes microbiológicos como virus, bacterias, hongos, pólenes que son transportados al pulmón.
Actualmente, la norma de calidad del aire para PM10 en México es de 150 microgramos por metro cúbico de aire en un promedio de 24 horas de muestreo, que equivalen a 100 puntos IMECA, Índice Metropolitano de Calidad del Aire.
Quinta. Jalisco es una de las entidades en nuestro país que se encuentran por encima de la norma y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS en materia de contaminación atmosférica, generando muertes atribuibles a este fenómeno principalmente en menores de edad y personas mayores de 65 años.
Estudios recientes realizados por Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología, IAM, en Guadalajara, Jalisco en colaboración con otras dependencias internas y externas de la Universidad de Guadalajara, UDG, han advertido sobre los riesgos de contraer enfermedades respiratorias por causa de la contaminación del aire, relacionándola con la agudización de enfermedades respiratorias que padecen actualmente los habitantes de esta zona metropolitana.
La investigación consistió en analizar el número de consultas atendidas de casos por enfermedades respiratorias de 2000 a 2010, en el sector de salud pública, en las que se atendió a menores de cinco años con algún tipo de padecimiento respiratorio vinculándolos con las cifras de contaminación reportadas en las estaciones de monitoreo atmosférico ubicadas en la zona metropolitana, arrojando como resultado que el número de citas por infección respiratoria aguda partiendo del año 2000 a 2005 “llegó a una media de 270 mil, pero hasta 2010 se mantuvo una tendencia aproximada de 300 mil consultas”.
Los estudios se realizaron con informes oficiales de la Secretaría de Salud, con cifras de los institutos Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y el Sistema del Sector Salud de Jalisco.
De lo anterior se deduce que, si las cifras de contaminación ahora son más altas que en aquel tiempo, entre otras causas por el aumento del parque vehicular cercano a 1 millón 800 mil unidades, entonces la cantidad de casos de agudización de enfermedades respiratorias, principalmente infecciosas, han ido también en aumento.4
Tomando en cuenta las concentraciones de partículas PM10 que se presentan cotidianamente en la zona metropolitana de Guadalajara, se puede concluir que una significativa porción de la población de la ciudad está expuesta a concentraciones superiores a los 150 microgramos por metro cúbico, principalmente en localidades ubicadas al sur y oriente de la ciudad, como Miravalle y Loma Dorada, donde se excede la norma de calidad todos los meses del año.5
Existen Guadalajara tres tipos de industrias percibidas y confirmadas como altamente contaminantes como: las de fundición de hierro y acero, las cementeras y las ladrilleras. La principal aportación de contaminación al aire por la industria es de bióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Sin embargo, la aportación de contaminantes a la atmósfera, incluyendo las partículas suspendidas totales, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el bióxido de azufre, en total es de más de un millón de toneladas al año.6
Sexta. De forma particular dentro de esta entidad ubicamos uno de los casos más alarmantes y persistentes en cuanto a contaminación del aire se refiere, ubicado en la zona de Miravalle.
Miravalle es una localidad de 358 hectáreas ubicada al sur de la zona metropolitana de Guadalajara y pertenece a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Se considera una zona crítica a la contaminación del aire, pues por su ubicación geográfica en los declives del volcán del Cerro del Cuatro dificulta la dispersión de contaminantes como las partículas de fracción respirable, ya que la elevación del cerro hace que los vientos choquen y disminuya drásticamente su velocidad provocando que la concentración de los contaminantes aumente. Igualmente, la escasez de áreas verdes (menos de un metro cuadrado por habitante) provoca que la humedad ambiental sea limitada y los contaminantes queden suspendidos por mucho más tiempo.
Uno de los contaminantes clásicos y básicos detectados en las estaciones de monitoreo en esta región son el material en forma de partículas suspendidas que pueden ser inhaladas y pasar a los pulmones, conocidas como partículas menores a 10 micrómetros o PM10, que pueden originarse por la erosión eólica de las arcillas del suelo, como desechos en los procesos de molienda, en la combustión o inclusive la condensación de gases por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Su peligrosidad depende de su origen y composición: las originadas por fenómenos naturales son regularmente menos peligrosas que las derivadas de actividades humanas.
Cada año, Miravalle es el epicentro donde se registran las mayores cantidades de PM10 presentes en la zona metropolitana de Guadalajara.
En las últimas dos décadas esta zona se ha visto severa y gravemente afectada por la contaminación atmosférica causada principalmente por las industrias establecidas en la zona, entre las cuales se encuentran una cementera, una aceitera, y una de alimentos para animales.
Estos factores han ocasionado importantes daños a la salud de los habitantes de esta zona y sus alrededores ocasionando que estos mismos se quejen ante las autoridades competentes en su Municipio, para que tomen cartas en el asunto y así poder mejorar esta situación, sin obtener ningún tipo de solución o respuesta a esta petición.
A pesar de estas quejas los habitantes de la zona de Miravalle, aun en estas fechas son una de las zonas con más problemas de contaminación atmosférica dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Los Planes de Contingencia Atmosférica son instrumentos que permiten coordinar acciones para la reducción de emisiones contaminantes y la protección a la salud de la población, en sitios donde se presente un episodio de mala calidad del aire.
Aunque se cuenta con estas alertas de contingencia, no resultan ser del todo eficientes, pues la forma en que cada persona lo asume depende de si se enteró por algún medio de estas medidas, ya que las autoridades no se han preocupado por buscar métodos visibles y de fácil acceso que le permitan a la población enterarse de los altos índices de contaminación diariamente con el propósito de tomar las precauciones necesarias ante esta problemática.
En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema de altos niveles de contaminación atmosférica que enfrenta la población de Miravalle, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, así como al presidente municipal de Guadalajara para que, en el ámbito de sus atribuciones implementen medidas urgentes que combatan los altos niveles de contaminación ambiental en la zona de Miravalle ubicada en el municipio de Guadalajara, a fin de evitar mayores daños a la salud de las y los habitantes de la zona.
Notas
1 Clear Air Institute (CAI), La calidad del aire en América Latina: Una visión Panorámica , Washington D.C., E.U.A.
2 World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy Environments, A global assessment of the burden of disease from environmental risks , Geneva, Switzerland.
3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Artículo 6, fracción IV.
4 Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), Guadalajara. Jalisco.
5 Ciencia, Revista de la Academia Mexicana de Ciencias, mayo 2005.
6 La Gaceta UDG ,16 de abril de 2007, página 18.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y la SEP a intensificar las investigaciones y exploraciones en El Tajín, suscrita por los diputados Mirza Flores Gómez y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputada Mirza Flores Gómez y diputado Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La cultura Totonaca, cuyos orígenes datan del año 400 d.C. y que se calcula concluyó en el año 1519 d.C., es considerada una de las culturas madre de Mesoamérica, cuya riqueza se ve reflejada en su legado cultural, artístico y, por supuesto, su impresionante arquitectura.
El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz y fue capital de la cultura Totonaca. Su influencia abarca las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla desde la Sierra Norte de Puebla. Desde el punto de vista urbanístico en El Tajín se privilegiaron los grandes espacios abiertos delimitados por templos y desniveles. Además de las decoraciones con nichos, relieves y pintura mural. Una de las construcciones más sobresalientes es la Pirámide de los Nichos, llamada así por los 365 tableros que conforman sus fachadas, lo cual es interpretado por los estudiosos como un calendario y reflejo de la cosmovisión mesoamericana.
También, es la ciudad con el mayor número de juegos de pelota: 17, lo que ha sido interpretado como una necesidad ante la diversidad cultural que, de acuerdo con la época, pudo habitar la ciudad.1
El Tajín, de acuerdo con especialistas, fue contemporáneo de otras grandes metrópolis de Mesoamérica, como Teotihuacán (en el centro de México), Monte Albán (en Oaxaca) y Palenque o Yaxchilán (en el Mundo Maya). Su nombre significa en lengua totonaca: “lugar del trueno”, asociada a la exuberante vegetación e intensas lluvias que hay en el lugar. Otra acepción se refiere a una de sus deidades.
La zona arqueológica El Tajín fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1992.2
A sólo 10 kilómetros se ubica la ciudad de Papantla, de calles irregulares y pintorescas casas con techos de teja. En esta población aún se respiran sus raíces prehispánicas, manifestadas en la tradicional y afamada danza de Los Voladores. Aromatizada por la vainilla que da su tierra y por sus artesanías de palma y coloridas vestimentas.
Durante varios años, organizaciones civiles y de expertos han solicitado que se emprendan acciones para el mejoramiento, modernización y enriquecimiento de la zona arqueológica, sin embargo, poco interés han tenido entre las autoridades culturales tanto de los gobiernos federales como estatales.
Un aspecto poco atendido es el beneficio social que dejan las zonas arqueológicas a las comunidades que los rodean, incluso su impacto positivo abarca hasta el nivel estatal. Sin embargo, los gobiernos de Veracruz no han sabido aprovechar la riqueza cultural, el potencial turístico y la derrama económica que la zona arqueológica de El Tajín deja a las comunidades vecinas.
En la XL Legislatura, el entonces diputado José Manuel del Río Virgen presentó una iniciativa, aprobada por unanimidad, para que el 5 por ciento de los ingresos de El Tajín por concepto de visitas turísticas, fuera destinado al desarrollo social de la comunidad que la rodea, la cual es principalmente indígena. El objetivo fue regresarle, como un acto de justicia social, un poco del beneficio que propician estas áreas culturales y cuyas ganancias se adjudicaban las autoridades federales, sin regresar alguna ventaja a la comunidad.
Esta iniciativa fue un gran avance, pero hacen falta más esfuerzos. Para que las zonas arqueológicas dejen más beneficios a las comunidades requieren tener una constante expansión, tanto en su oferta cultural, áreas a explorar, zonas recuperadas y servicios turísticos, lo cual no ocurre en El Tajín.
Un ejemplo de ello es la cantidad de visitantes que acuden a El Tajín, cuyo número resulta mucho menor en comparación a otros sitios arqueológicos catalogados por el INAH con la denominación AAA, la misma que tiene El Tajín.
Visitantes por año
Teotihuacán (estado de México): 3, 852,129 personas
Chichén Itzá (Yucatán): 2,107,410
Tulum (Quintana Roo): 1,773,929
Templo Mayor (Cuidad de México): 653,513
El Tajín: 414,6013
Esta falta de afluencia de visitantes refleja el descuido de parte de las autoridades por acrecentar las investigaciones y la exploración en el polígono de la zona de arqueológica, donde, según excavaciones anteriores, hay muchos vestigios de la grandeza de la ciudad, pero que no han sido descubiertos.
En marzo de 2013, el INAH confirmó que en el polígono se encuentran tres canchas de juego de pelota, un par de edificaciones a gran altura conocidas como balcones y un área habitacional de más de 1,000 años de antigüedad. Los especialistas realizaron el descubrimiento mediante el uso de sensores remotos y de teledetección, y dijeron en aquella ocasión que su existencia será corroborada con excavaciones arqueológicas, las cuales nunca se han hecho.4
Es por ello que este exhorto tiene el propósito de incrementar el área de la zona arqueológica, porque además de recuperar la riqueza histórica de la cultura totonaca, expandir la oferta cultural del sitio y crecer como polo turístico, su expansión permitirá que las comunidades aledañas tengan un beneficio social inmediato, que la ciudad de Papantla pueda acrecentar sus ingresos económicos, que el estado de Veracruz se coloque a la vanguardia en investigación arqueológica y que México luzca otra joya más de su cultura prehispánica.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría de Educación Pública a que lleven a cabo las acciones necesarias para intensificar las investigaciones y exploraciones en El Tajín con la finalidad de duplicar el área de la zona arqueológica para el desarrollo del pueblo totonaca.
Notas
1 Zona Arqueológica de Tajín http://inah.gob.mx/es/zonas/153-zona-arqueologica-el-tajin-y-museo-de-s itio
2 Informe Unesco, 1992. http://whc.unesco.org/es/list/631
3 Estadísticas de visitantes de Tajín http://www.estadisticas.inah.gob.mx/
4 Arqueólogos descubren nuevos vestigios en el Tajín con el uso de sensores
http://expansion.mx/entretenimiento/2013/03/22/
arqueologos-descubren-nuevos-vestigios-en-el-tajin-con-el-uso-de- sensores
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banxico, la CNBV y la Condusef a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos, suscrita por los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Ana Georgina Zapata Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Proteger los derechos e intereses de los usuarios o consumidores de servicios financieros, favorecer la prestación de dichos servicios y sus productos bajo principios de claridad y transparencia, así como propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, junto con una buena educación financiera, condiciones imprescindibles para alcanzar una plena inclusión financiera en el país, que se distinga por consolidar un sólido sistema financiero e incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una mejoría de sus finanzas.
Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor inclusión financiera en México, ha sido definir e implementar diversas acciones y medidas para bancarizar a los beneficiarios de programas sociales y a aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que dicho sea de paso se ha dado de la mano del uso creciente de nuevas tecnologías que las instituciones financieras han impulsado en los años recientes para fortalecer su infraestructura mediante el aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más eficacia y eficiencia, sus productos y servicios.
Ante un mundo cada vez más tecnificado y digital, el sector financiero no podía ser ajeno al proceso evolutivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, más bien al contrario, la necesidad de agilizar las operaciones financieras y la necesidad de llegar a más usuarios no importando el lugar en dónde se encuentren, ha sido uno de los motores de esta revolución. Operaciones bursátiles son realizadas a distancia, transacciones bancarias son efectuadas sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede realizar el pago de servicios desde el hogar o la oficina, los teléfonos celulares han evolucionado hasta convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades de que ahora disponemos para hacer intercambios comerciales están a la vista de todos y de su democratización dependerá el crecimiento de las economías y la prosperidad de las personas.
Hoy que la tecnología se encuentra también al servicio de la banca, México cuenta con un sistema financiero mucho más robusto. A junio de 2016, la infraestructura financiera del país se conformaba por 16 mil 395 sucursales, 27 mil 422 corresponsales, 44 mil 429 cajeros automáticos y 751 mil 669 terminales puntos de venta (TPV), lo que permite que exista al menos una sucursal en la mitad de los municipios del país, un cajero y un corresponsal bancario en 56 por ciento y 57 por ciento de los municipios, respectivamente, y al menos una TPV en el 66 por ciento de los municipios, lo que representa que en un 62 por ciento de los municipios se tenga un cajero automático, que da la posibilidad de acceder al sistema financiero al 96 por ciento de la población adulta.1
La banca tradicional en México en los últimos años ha acelerado su proceso de transformación digital, y el uso de nuevas tecnologías ha abierto diferentes canales -fijos, móviles y en la nube- para que las instituciones financieras continúen prestando sus productos y servicios a los 33.6 millones de personas que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015),2 reportan tener una cuenta en una institución financiera formal, el 44 por ciento de la población adulta.3
Si bien México registra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos,4 uno de los más bajos del mundo y de Latinoamérica inclusive, son precisamente los cajeros automáticos uno de los canales o puntos de contacto electrónicos que las instituciones financieras utilizan cada vez más no solo para realizar operaciones financieras como retiro de efectivo, pagos de bienes y servicios y consultas de saldo, sino además para ofrecer una amplia gama de productos y servicios financieros, tanto así que su uso y operación llevan cuando menos seis años de seguir una tendencia en aumento.
Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de los cajeros automáticos, amparadas en lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito,5 es el crédito de nómina, el que es ofrecido a trabajadores en activo o jubilados cuyo salario o pensión es abonado a una cuenta de nómina, y que las instituciones financieras otorgan sin garantía ante la certeza de que el trabajador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a su cuenta, y cuyo pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática.
El crédito de nómina sin duda es actualmente un producto versátil, muy socorrido por los trabajadores y su importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que actualmente 14 bancos y 214 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus clientes.6 Su cartera total, a junio de 2016, estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 por ciento de la cartera total del crédito al consumo.7
No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del 16.4 por ciento entre junio de 2014 y junio de 2016,8 el crédito de nómina presenta una morosidad menor que la del crédito al consumo en general, del 3.1 por ciento frente al 4.1 por ciento, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es del 3.2 por ciento,9 debido, como lo hemos explicado, a lo cautivo que representa su cobro.
La tasa de interés promedio ponderado por saldo del crédito de nómina fue del 25.5 por ciento, aunque ha venido bajando, al grado tal que en los últimos dos años se encontró en su nivel más bajo, siendo que el interés de los créditos otorgados en junio de 2016 se ubicaron a una tasa del 24.9 por ciento.10
El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 64.3 mil pesos, cuyo monto aumentó en promedio en 10 mil pesos respecto a 2015, lo que significa un crecimiento del 15.5 por ciento en términos reales, destacando que el 93.9 por ciento de los créditos se otorgó a plazos mayores de dos años.11
Los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen realmente una navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente, máxime cuando es a través de cajeros automáticos que pueden ofrecerse y otorgarse, y si tomamos en cuenta que las pantallas de los propios cajeros automáticos no brindan información a los usuarios sobre las tasas de interés que se cobrarían, comisiones, plazos, montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros asociados al crédito y otros servicios adicionales, además que también se deja de advertir al trabajador, lo que nos parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y vencidos.
En ese contexto, si las instituciones financieras pueden ofrecer y otorgar productos y servicios financieros a través de cajeros automáticos, ¿por qué no pueden por la misma vía informar clara y transparentemente sobre su Costo Anual Total (CAT),12 de manera desglosada?
Es ante la necesidad de que el ofrecimiento y otorgamiento de créditos de nómina a través de cajeros automáticos sea de forma clara y transparente en que se inscribe el presente Punto de Acuerdo, con el objetivo fundamental de lograr que todo trabajador de México pueda tener elementos para hacer un buen uso del producto financiero, y que desde luego redundará en que conozcan las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina.
Los cajeros automáticos sin duda constituyen un beneficio para sus usuarios, al reducir el tiempo de espera en sucursales, además que brindan acceso a muchos de los servicios financieros las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y si la tendencia y política financiera es que los usuarios de dichos servicios utilicen cada vez más herramientas electrónicas para realizar sus operaciones bancarias, brindar información suficiente, clara y transparente debe ir aparejada con el creciente uso de nuevas tecnologías en el sistema financiero.
Para las entidades financieras las cuentas de nómina y sus acreditados representan un gran nicho para ofertar sus productos y servicios, como verbigracia lo es el crédito de nómina, cuando que dicho tipo de cuenta es el producto más utilizado por la población adulta. Baste señalar que de acuerdo a la ENIF 2015, casi 21 millones de personas poseen una cuenta de nómina, el 62.6 por ciento de los ahorradores formales del país, y de ellos casi 18 millones 800 mil personas tienen una tarjeta de débito,13 de quienes un 84 por ciento utiliza los cajeros automáticos y tan solo un 16 por ciento no lo hace.
Luego entonces, si en una amplia mayoría los sueldos y salarios en el sector formal se pagan a través de transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los empleados y, en particular, en sus cuentas de nómina, prevenir que la inmediatez en las operaciones bancarias no se vuelva en contra de los usuarios y cuidar que la rapidez para tomar decisiones no opere justamente en contra de aquellos a quienes busca beneficiar, debe ser requisito para un sano ejercicio y buenas prácticas financieras.
La solución a la problemática planteada a través de la presente propuesta podría ser sencilla, pues la información necesaria para que las personas sujetas de un crédito de nómina sepan bien a bien las obligaciones que están adquiriendo se podría plasmar en la pantalla del propio cajero automático u otorgarse de manera impresa, tal y como ocurre con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el cajero expide.
Esto no debería de ninguna manera ser complicado, incluso ya se ha hecho para fortalecer los derechos de los usuarios de servicios financieros. Con la Reforma Financiera de 2010, se aprobaron diversas disposiciones para regular y transparentar el cobro de comisiones en cajeros automáticos, con lo que se fortalecieron los derechos de los usuarios de los servicios financieros y se aumentó su protección por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Para el caso que nos ocupa, se estableció la obligación de las entidades financieras que operen cajeros automáticos de informar en las pantallas el monto de las comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones,14 con lo que se logró una mayor transparencia y se eliminaron prácticas que impedían la competencia entre las entidades financieras en relación con el cobro de comisiones.
Lo que estamos proponiendo va en el sentido inmediato anterior, de ahí que se considere que esta Soberanía deba exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Condusef a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.
Creemos de vital importancia continuar fortaleciendo políticas públicas que incluyan a más usuarios al sistema financiero, pero también se debe fortalecer aún más la cultura financiera del país, que les permita a los usuarios tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos monetarios y de los diferentes productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras, de ahí que también proponemos que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso.
Como la situación que hemos expuesto consideramos deviene en un déficit en el cumplimiento de lo previsto en el capítulo III bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el cual establece las obligaciones de transparencia en relación con los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta, estamos proponiendo también se exhorte a la Condusef a reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, y para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La información que se otorgue a los usuarios de servicios de crédito debe procurar que estos evalúen si realmente lo necesitan, que definan con claridad para qué lo van a utilizar y evitar contratarlo para cubrir gastos estacionales. Importante también, resulta conveniente estudiar si realmente convencen las condiciones del banco donde depositan la nómina y en caso de ser gravosas, mudarse a otra institución haciendo uso del derecho de portabilidad de nómina.
Por la celeridad con que puede el trabajador decidir sobre su aceptación a una oferta de esta naturaleza, se le deja de informar con suficiencia sobre los alcances de una decisión tan delicada para las finanzas personales, de ahí la necesidad de proteger los intereses del público para que la flexibilización de las operaciones financieras se convierta en una obligación para informar con transparencia y claridad sobre el costo total del crédito de nómina que se ha visto obligado a tomar. Si cada vez más el uso de cajeros automáticos así lo permitiera, la inclusión financiera será una realidad en el país en el mediano plazo.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias, disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, así como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Notas
1 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera . Junio de 2016. P. 5. Recuperada de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016C ONAIF_vfinal.pdf
2 La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la principal fuente de datos con representatividad nacional sobre el acceso y uso de servicios financieros desde la perspectiva de la población, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levanta para obtener información sobre la penetración de los servicios y productos financieros en la población, la satisfacción de los usuarios de ciertos productos y canales, y sobre su frecuencia de uso, entre otros.
3 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. Recuperada de: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi por cientoC3 por cientoB3n/Documents/Encuesta por ciento20Nacional por ciento20de por ciento20IF/ENIF por ciento202015.pdf
4 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera . Junio de 2016. P. 17. Recuperada de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/PNIF_ver_1jul2016C ONAIF_vfinal.pdf
5 El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su párrafo primero, dispone que las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos.
6 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Supervisión de crédito al consumo . Junio de 2016. Visto en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118517/supervision-credi to-al-consumo.pdf
7 Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina . Datos a junio de 2016. Pp. 5, 8. Recuperado de
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-credito-de-nomina/
porciento7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA81932A por ciento7D.pdf
8 Ibídem. P. 5.
9 Ibídem. P. 6.
10 Ibídem. P. 10.
11 Ibídem. P. 11.
13 El CAT, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, es el costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras.
14 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. P. 39. Recuperada de: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi por cientoC3 por cientoB3n/Documents/Encuesta por ciento20Nacional por ciento20de por ciento20IF/ENIF por ciento202015.pdf
15 Artículo 5 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, relativo a la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en la ejecución de las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, e integrantes de la comisión especial de seguimiento a esa edificación
Los suscritos, Rafael Hernández Soriano, María Guadalupe Alcántara Rojas, María de la Paz Quiñones Cornejo, Salvador Zamora Zamora, Jesús Emiliano Álvarez López, Hugo Éric Flores Cervantes, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. El panorama político y económico que enfrenta nuestro país se caracteriza por su alta incertidumbre y el surgimiento de un nuevo paradigma.
Las diversas medidas que desde su campaña, pero ya como Presidente de los Estados Unidos ha llevado a cabo Donald Trump, abarcan un amplio espectro que representarán una reconfiguración sustancial de las relaciones comerciales y diplomáticas con EUA. En lo que respecta a la política comercial, resulta evidente que se está produciendo un cambio proteccionista , pero no está claro qué forma adoptará.1
En este contexto, el promedio de los pronósticos para el crecimiento del PIB nacional para 2017 disminuyó de 2.3 a 1.5 por ciento, ante la incertidumbre por la relación bilateral con Estados Unidos.
Las principales razones son: (1) la ya inminente renegociación del TLCAN, cuyo primer impacto esperado será la menor demanda de nuestros productos por parte de Estados Unidos; (2) la cancelación del Tratado de Asociación Transpacífico; (3) un menor gasto gubernamental;2 (4) una política monetaria más apretada que significa tasas de interés más altas que eventualmente se reflejarán en créditos más costosos y, por ende, en una contracción de la actividad económica;3 (5) un mayor aumento en los precios al consumidor que se traduce en una inflación estimada para este año de entre 4 por ciento y 5 por ciento; y, (6) menores flujos de inversión hacia nuestro país, pues la falta de confianza empresarial ante este escenario de incertidumbre, retrasará los proyectos de inversión en el país.
Si bien la debilidad del peso mexicano debiera dar apoyo a la demanda externa, un mercado bursátil en declive, las tasas de interés más altas y un sesgo hacia políticas económicas y fiscales más estrictas por parte de Estados Unidos, ejercerán presión adicional sobre la economía.
Segunda. Este escenario adverso plantea importantes retos en diferentes ámbitos y escalas. El primero, fomentar una política integral de desarrollo de la economía interna, en la cual, el fomento de la inversión nacional, de la creación de infraestructura de diversos tipos, del empleo y la capacitación son elementos fundamentales. En esta tarea no sólo resulta toral la acción del gobierno, sino la decidida participación del sector privado. Sin un sector privado solidario y comprometido con las adversidades que enfrenta la economía y el desarrollo nacional, cualquier medida gubernamental se verá rebasada o, simplemente, no alcanzará el potencial para el cual fuera diseñada.
El segundo –y derivado del primero–, apoyar y modernizar los sectores nacionales que integran nuestra economía y que resultan eslabones fundamentales para su crecimiento. De acuerdo con ProMéxico, “las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) constituyen “la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional”.4 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen, aproximadamente, 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Pymes que generan el 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 72 por ciento del empleo en el país.5
No obstante, en el sector de la construcción, a pesar de que las Pymes son importantes en número, de acuerdo con la “Encuesta de Percepción sobre la Eficiencia del Sistema de Contrataciones Públicas en México 2012”, sigue existiendo una gran brecha, pues, de las empresas que no han participado en procesos de contratación de obra pública, el 49 por ciento corresponde a microempresas y el 22 por ciento a Pymes. Esta situación se debe a que, difícilmente, cuentan con la liquidez monetaria que se requiere para ganar las licitaciones relacionadas con las grandes obras de infraestructura, situación que se agudiza en tiempos económicos complejos, pues son catalogadas como empresas de alto riesgo para obtener créditos.6
Tercera. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es el proyecto de infraestructura más importante no sólo de la actual administración, sino de las últimas décadas y el 5º más importante, a nivel mundial.
Para su construcción, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció una estrategia de licitaciones por empaquetamiento, la cual consta de 21 paquetes que abarcan, fundamentalmente: (i) obras preliminares, (ii) obras de infraestructura principal y (iii) obras de puesta en operación; y que permitiría “recibir propuestas de contratistas con experiencia probada, que combinen la más avanzada tecnología, así como la mayor calidad y velocidad de ejecución posible”.7
A dos años del inicio de la implementación de dicha estrategia, ésta ha resultado un gran acierto, toda vez que se estima que al día de hoy han participado cerca de 600 Pymes y/o personas físicas con actividad empresarial en los procesos de licitación del NAICM y, de ellas alrededor de 150 han ganado o han formado parte del consorcio que ha resultado ganador del proceso.8
De acuerdo con cifras de la entidad encargada de la construcción del NAICM, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, del total de las licitaciones y adjudicaciones ya falladas y asignadas se estima que han resultado beneficiadas alrededor de 2,000 Pymes y/o personas físicas con actividad empresarial, a través de subcontratos y/o proveedurías.9
Cuarta. Frente al contexto internacional descrito, en el que las Pymes resultan afectadas negativamente, toda vez que las grandes obras de infraestructura requieren que cuenten con la liquidez monetaria que les brinde la capacidad de financiar los grandes proyectos para ganar las licitaciones que, de manera aislada les es prácticamente imposible, en tanto son catalogadas como empresas de alto riesgo para obtener créditos, resulta imperativo contar con una estrategia de corto y mediano plazo que asegure su participación en el referido sector de la construcción.
En virtud de la referida relevancia económica del proyecto de construcción del NAICM, un eje fundamental de dicha estrategia será, indudablemente, su participación en él, en condiciones de certeza y beneficios claros.
El proyecto del NAICM presenta importantes áreas de oportunidad para las Pymes, no sólo a través de su participación con empresas de mayor tamaño en las licitaciones; sino, también, mediante su contribución en la ejecución de las obras. Esto es, los grandes consorcios, una vez ganada la licitación requieren de insumos y de mano de obra que están siendo destinadas a empresas extranjeras y que bien pueden ser proporcionadas por las Pymes nacionales.
Quinta. Las evidentes reconfiguraciones sociopolíticas y económicas que plantea el nuevo gobierno norteamericano y su efecto sobre el desempeño económico de nuestro país, exigen acciones rotundas, por parte tanto del ámbito gubernamental como empresarial, que permitan fortalecer la economía nacional y los sectores que la conforman. Una clara ruta es el robustecimiento de la red nacional de Pymes, una de las más sólidas en el mundo.
Por ello, asegurar su participación en proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo plazo de gran impacto –como lo es la construcción del NAICM– resulta una estrategia eficaz en esa ruta. Las Pymes requieren, hoy más que nunca, constituirse en una ventaja real para reforzar el mercado interno y en un motor de atracción de nuevas inversiones provenientes de otras latitudes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus Bases de Licitación la subcontratación, cuando ésta se requiera, de al menos un 50 por ciento de micro, pequeñas y medianas empresas para la ejecución de las obras y provisión de servicios, por parte de las empresas o consorcios ganadores, a fin de fortalecer su desarrollo, modernización e impacto en el desempeño de la economía nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus Bases de Licitación, una mayor ponderación en la evaluación técnica de las propuestas que se comprometan a subcontratar Pymes para la ejecución de los trabajos, a fin de promover su participación en el proyecto; así como a fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las propuestas de las empresas o consorcios ganadores en materia de contratación de Pymes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a establecer en sus programas de contratación a las Pymes, para lo cual el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, constituirá un Comité con las Cámaras y Asociaciones vinculadas con la cadena de la industria de la construcción, con el objeto de definir las obras y servicios relacionadas con el proyecto susceptibles de ser incluidas en tales programas de contratación.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las empresas y consorcios que han resultado ganadores de las licitaciones del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a contratar a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para la ejecución de las obras y la provisión de servicios, a efecto de fomentar su participación en el ámbito de la construcción y, con ello, fortalecer la participación y la consolidación del sector empresarial nacional y, mediante ello, un crecimiento económico sustentado en la preeminencia del sector interno.
Notas
1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inquieta-dolar-y-comercio-en-pr imeros-100-dias-de-trump.html
2 Hasta ahora, el gasto público se ha contraído 3.2% a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre del año.
http://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-se-desacelerara-2017-bofa/#gs.yNQjKbY
3 http://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-se-desacelerara-2017-bofa/#g s.yNQjKbY
4 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fund amental-para-el-crecimiento-en-mexico.html
5 Ídem.
6 http://www.forbes.com.mx/el-desafio-pyme-en-la-construccion/#gs.IpD76q0
7 Ibídem.
8 Información proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
9 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos municipios con 5 mil habitantes o más, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La pérdida de espacios públicos es la consecuencia directa de un crecimiento demográfico acelerado, como el que experimentamos a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Los espacios públicos son ideales para la recreación de la sociedad y fungen como escenarios para expresarse de forma artística, cultural o deportiva.
El interés por los espacios públicos de esta índole ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen un fácil acceso a los mismos. Los motivos pueden ser variados: la delincuencia, el descuido o abandono, o bien, el desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades, así como dificultades de movilidad o restricciones económicas.
Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), puso en marcha el Programa de Infraestructura, que dentro de sus vertientes ejerce el Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos.
El programa tiene como finalidad la mejora de la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.1
Asimismo, busca construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, y deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal.
En cuanto a los beneficios que se obtienen, derivado de contar con espacios públicos en la comunidad, encontramos como temas primordiales, el esparcimiento y la recreación.
Con base en diversos estudios psicológicos, el esparcimiento y la recreación son vitales en la vida de cualquier ser humano. Uno de sus beneficios es en la salud, ya que se activa el sistema nervioso, respiratorio, sanguíneo, linfático, digestivo, etcétera. Además, permiten el acceso a la diversión y el entretenimiento, lo cual repercute directamente en el desarrollo intelectual de las personas.
La recreación se asocia también con el factor intelectual y educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más cuando cuentan con un entorno divertido y satisfactorio2 que les permita desarrollar su creatividad o sus intereses artísticos, y al mismo tiempo, a través del mismo, obtienen valores tanto personales, como sociales.3
Sin embargo, las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el año fiscal de 2017, establecen como requisito para acceder a éste que los municipios beneficiarios cuenten con una población de al menos 15 mil habitantes.
No obstante, existen municipios a lo largo de la República que cuentan con una población menor a la referida pero que igualmente necesitan acceder a los beneficios del programa. Un ejemplo lo suponen Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Unión Juárez en el estado de Chiapas, o Temozón y Yaxcabá en Yucatán.
Seguramente, un estudio a fondo de los municipios con espacios candidatos a ser rehabilitados por la Sedatu, arrojaría que existe un número significativo de municipios pequeños que requieren la atención inmediata del programa para el rescate de sus espacios comunes de recreación.
Al limitar el apoyo gubernamental para la rehabilitación de estos espacios se deja de lado un sector de la población que se encuentra dentro de los índices de rezago social más altos del estado al que pertenecen. De igual forma, obliga a la población que habita a largas distancias del centro de recreación más cercano a abandonar las actividades de esparcimiento que, como ya se mencionó anteriormente, son tan importantes para el desarrollo personal.
Finalmente, es claro que una modificación al requisito de población mínima para ser candidato a la atención del programa, beneficiaría a más municipios a lo largo y ancho del territorio nacional y otorgaría una mejor calidad de vida a los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que contemple como beneficiarios, dentro de las reglas de operación que norman el Programa de Rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos, a los municipios a partir de 5 mil habitantes, con la finalidad de que el mismo tenga un mayor alcance e impacto en el desarrollo social de la población.
Notas
1 http://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-de-infraestructura-25495
2 http://www.ucaldas.edu.co/portal/importancia-de-la-recreacion-en-nuestr a-vidas/
3 http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/ar ticle/view/222/329
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla a cumplimentar las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera, por el delito de violación cometido en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva desde 2009, acreditado en la averiguación previa número AP-916/2012/AESEX, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Rodrigo Abdalá Dartigües, Blandina Ramos Ramírez, Miguel Alva y Alva, Araceli Damián González, Irma Rebeca López López, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López, Juan Romero Tenorio, María Antonia Cárdenas Mariscal y Blanca Margarita Cuata Domínguez, en nuestra calidad de diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El 17 de junio de 2011, hace casi seis años, Paula Angelina Sánchez Silva, quien en ese entonces tenía 15 años de edad fue víctima de violación tumultuaria por una banda que asaltó su casa ubicada en La Calera, Puebla, y hasta la fecha, la Fiscalía General del estado no ha detenido a uno solo de sus atacantes a pesar de tener plenamente identificados a Roberto González Flores, presunto líder de la agrupación delictiva y José Luis González Rivera integrante de la misma.
Paula fue abusada sexualmente por siete hombres en el baño de su casa. La joven se encontraba junto con la empleada de limpieza y su hija, mientras sus padres, María Cristina Silva y Francisco Sánchez trabajaban en un sanatorio, propiedad de la familia.
Los sujetos golpearon a Paula y encerraron a la empleada doméstica y a su hija. El ataque fue directo contra la adolescente a quien le preguntaron por el parentesco familiar con su abuelo Ángel Sánchez Ortiz y su padre Francisco Sánchez.
Paula logró zafarse las ataduras que le habían amarrado en sus pies y sus manos. Estaba desnuda y sangrando. Los asaltantes se marcharon creyéndola muerta. Consiguió cruzar hasta la casa de sus vecinos para pedir auxilio y llamar a sus padres. María Cristina y Francisco la encontraron ensangrentada, golpeada, su ropa deshecha.
Por estos hechos se abrió una averiguación previa con número AP-916/2012/AESEX en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales. La investigación ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales todavía fue peor. Las agentes Rosa Aurora Espejel y la sicóloga Jésica Rabanal maltrataron aún más a Paula y a su madre , ya que simplemente no creían en la versión de la joven.
“Mejor ni hubiéramos ido. Las agentes le dijeron de todo, le preguntaron si era virgen, si tenía novio. Una de ellas le dijo: ‘¿Estás diciendo la verdad? Porque hay muchachitas muy mañosas que inventan que les pasó todo esto’. A Paulita le hicieron más daño en la Fiscalía”, explicó María Cristina, madre de Paula en entrevista.1
Su madre asegura que en el Ministerio Público les dijeron que debían estar agradecidos porque a Paula la habían violado con las manos y no con los genitales de los agresores. Las burócratas que les atendieron preguntaban si la niña era virgen, si tenía novio. Madre e hija fueron maltratadas por la psicóloga y la doctora médico forense, quienes reportaron únicamente que Paula acababa de perder su virginidad pues tenía un desgarro reciente en su himen, pero negaron que hubiera sufrido alguna agresión.2
Una semana después, durante una diligencia, Paula reconoció a Roberto González , como uno de los agresores, y descubrieron que tenía contacto con la familia de Paula ya que había sido paciente en su nosocomio.
Paula fue llevada a una cámara de Gesell en donde lo señaló: “Llevaba la misma gorra azul que el día del ataque. Mi hija temblaba cuando pudo verlo a lo lejos. Lo reconoció pero aun así lo soltaron en muy poco tiempo. No sabemos por qué jamás hicieron nada en su contra. No sabemos por qué las autoridades los han protegido, pero hasta la fecha van por la calle como si nada. Ya no sabemos qué hacer”, señaló la madre de la víctima.3
No obstante lo anterior, Roberto González estuvo preso solo 24 horas .
“A la familia le dijeron que en el expediente se habían perdido los datos de la diligencia de reconocimiento y los retratos hablados. El argumento de las autoridades fue que lo liberaban porque no coincidía el perfil psicológico del agresor con las acusaciones que formuló la chica”.4
La familia se amparó en contra de la liberación del agresor y cuando ganaron, años después, la orden de aprehensión que dictó el Juez 9º de lo Penal estuvo a cargo del jefe de la Policía Ministerial poblana, Juan Luis Galán, mismo que anteriormente les había anunciado la liberación del agresor cuando Paula Angelina Sánchez Silva ya lo había reconocido, cuestión que ha traído como consecuencia que los agresores continúen en libertad y no se haya alcanzado justicia para Paula.
Segundo . Según datos oficiales en Puebla, de enero de 2010 a junio de 2015 se registraron 12 mil 910 violaciones sexuales de las cuales 8 por ciento ocurrió a mujeres de entre 16 y 30 años de edad, no obstante, en 9 de cada 10 casos la investigación no prosperó, según el Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).5
Los delitos que se denuncian con más frecuencia ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad son atentado al pudor, con 4 mil 46 casos; violación, con 3 mil 368; estupro, con mil 295; trata de personas, con mil 142, y acoso sexual, con 614.
En cuanto a los casos que llegan al tribunal, sólo 13 por ciento de las denuncias por violencia sexual en el estado prospera , esto significa que nueve de cada diez no está ni cerca de acceder a la justicia y aun cuando las investigaciones lleguen a los tribunales, eso no significa que exista una sanción, pues falta que se dicte sentencia y ésta puede ser condenatoria o absolutoria. Hay tres delitos sexuales en los que ningún caso llegó al Tribunal: según datos del CEAV de los 505 casos de violación equiparada –que se refiere a violación de personas que por enfermedades o alguna otra causa no puedan defenderse, así como a menores de 12 años y cuando se introduce algún objeto vía anal o vaginal con violencia- ninguno se judicializó, lo mismo ocurrió con las 70 investigaciones por violación tumultuaria y las 20 por provocación de un delito o apología de este o de algún vicio.
El mismo estudio refiere que de cada 100 agresiones sexuales perpetradas en México, sólo seis son denunciadas y tres de ellas llegan a ser consignadas.
De acuerdo con él, las fallas en el sistema van desde una pobre detección de los casos hasta deficiencias en los registros y la definición de la gravedad de los diversos delitos sexuales . Tampoco existe un proceso respecto a la información y datos que deben presentar las víctimas , ni un registro de los servicios que se ofrecerán al presentar una denuncia, por lo que se dificulta el análisis y diagnóstico de cada caso. Además el estudio relata la mala atención y la falta de seguimiento que padecen las afectadas, lo que lleva a que muchas de ellas desistan antes de terminar la denuncia.
“La información sobre las averiguaciones previas por delitos de violencia sexual fue brindada solamente por 15 organismos de procuración de justicia estatales y por la Procuraduría General de la República, específicamente de la FEVIMTRA. En el quinquenio en estudio (2010-2015) se integraron en total 83,463 averiguaciones previas por delitos de violencia sexual en estos 16 organismos de procuración de justicia. La baja cantidad de averiguaciones previas en delitos sexuales es un hallazgo de suma relevancia: se están integrando menos de 20,000 averiguaciones previas por delitos sexuales por año, en promedio. Ello claramente indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones . La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realiza una estimación de la cifra negra de los delitos ocurridos en México. Según esta estimación, 93.8 por ciento de los delitos ocurridos en el país no se denuncian , pero la estimación varía según el tipo de delito: desde 28.3 por ciento para robo total de vehículo hasta 98.5 por ciento para extorsión. Para “otros delitos” la estimación de la cifra negra es de 94.1 por ciento y ahí se incluye a los delitos sexuales. De acuerdo a lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1,414,627 en la mitad de entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el período 2010-2015 fue 2,996,180 (dos millones novecientos noventa y seis mil ciento ochenta), esto es, casi 600,000 (seiscientos mil) delitos sexuales anualmente”. 6
El hecho de que pocos casos de violencia sexual lleguen a los tribunales se debe a varios factores: que no hay mecanismos de protección para que las víctimas sigan su denuncia, las pruebas forenses son limitadas y falta personal, no se siguen los protocolos de investigación y se busca la conciliación con los victimarios, existe revictimización y la dilación en los procesos, lo que cansa a las víctimas, e incluso está el encubrimiento o la abierta colusión con los perpetradores de delito.
Tercero. Es el caso que la Fiscalía General del estado de Puebla no ha cumplimentado las órdenes de aprehensión giradas por el Juez 9º de lo Penal del Fuero Común en el estado Puebla, expedidas el día 7 de agosto de 2013, a pesar de tener un mandato Constitucional y Legal para realizar la función de procuración de justicia.
La Ley General de Victimas indica, entre otras cosas, que:
“Artículo 10 . Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.7
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación”.
“Artículo 11 . Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales .
Artículo 12 . Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;
II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;
III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso , a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;
IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal ; 8
V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño ;
VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;
VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;
VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;
IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;
X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;
XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;
XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y
XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, podrán cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda.9
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.
Por su parte, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Puebla señala en su artículo 95 que:
“Artículo 95 .10 El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Incumbe al Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la representación de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección y ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables. Los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos en la Ley.11
Las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos. El Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que establezca la ley”.
Y el artículo 101 del mismo ordenamiento señala:
“Artículo 101 . El Fiscal General del Estado y los demás funcionarios de la Fiscalía General serán responsables de toda falta, omisión o violación a la Ley en que incurran con motivo de sus funciones.
La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.12
Además de que el Código Penal del Estado de Puebla contempla en su capítulo Undécimo los Delitos Sexuales y en su sección tercera, artículos 267 al 272, establece el delito de violación y las diversas modalidades para su comisión y penas que le son impuestas a quien lo cometa.
Para el caso concreto, permitir que continúen sin castigo los autores del brutal ataque contra Paula Sánchez envía un mensaje muy claro de impunidad en los casos de violencia sexual, aun cuando en la Fiscalía ya hay protocolos de actuación con perspectiva de género, éstos no se aplican del todo, lo que daña seriamente la confianza en las instituciones y deja a los gobernados en un franco estado de indefensión.
Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta Soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a cumplimentar las órdenes de aprensión en contra de los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera, giradas por el juez noveno de lo Penal del Fuero Común en el Estado de Puebla por el delito de violación tumultuaria cometido en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva, acreditadas en la averiguación previa AP-916/2012/AESEX.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a continuar con las investigaciones hasta dar con todos los responsables y consignar a todos los perpetradores de la de violación tumultuaria cometida en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva en el año de 2011.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a garantizar la integridad física de Paula Angelina Sánchez Silva víctima de violación tumultuaria en el año 2011, así como de la seguridad física de su familia.
Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que a través de la Visitaduría General investigue la actuación de las agentes Rosa Aurora Espejel, Juan Luis Galán y la sicóloga Jésica Rabanal , así como de todos servidores públicos involucrado, que participaron o estuvieron a cargo de la investigación relacionada con el delito de violación tumultuaria cometida en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva, y que de manera deliberada o por negligencia permitieron la huida de los ciudadanos Roberto González Flores y José Luis González Rivera y en su caso se inicien el proceso administrativo sancionador y las denuncias penales que corresponda.
Notas
1 Sin embargo. Paula, una joven violada por 7 hombres en Puebla, lleva casi seis años sin recibir justicia, denuncia su familia. Reportaje Edmundo Velázquez. http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161396
2 Sin embargo. El caso Impune de Paula Sánchez. Mayo 25, 2016 reportaje de Peniley Ramírez Fernández.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwjxmZn16rDSAhUEz2MKHZDxCZsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2F
www.sinembargo.mx%2Fopinion%2F25-05-2016%2F48935&usg=AFQjCNEvfN4ONAwUU-Lip78w6SWIch1bEg
3 Sin embargo. Paula, una joven violada por 7 hombres en Puebla, lleva casi seis años sin recibir justicia, denuncia su familia. Reportaje Edmundo Velázquez. http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161396
4 Sin embargo. El caso Impune de Paula Sánchez. Mayo 25, 2016 reportaje de Peniley Ramírez Fernández.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwjxmZn16rDSAhUEz2MKHZDxCZsQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2Fopinion
%2F25-05-2016%2F48935&usg=AFQjCNEvfN4ONAwUU-Lip78w6SWIch1bEg
5 Primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 10 de marzo de 2016.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118490/Res umen_Ejecutivo_diagno_stico_violencia_Sexual_CEAV.pdf
6 Ibídem. Resumen Ejecutivo páginas 10 y 11.
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118490/Res umen_Ejecutivo_diagno_stico_violencia_Sexual_CEAV.pdf
7 Párrafo reformado DOF 03-05-2013
8 Fracción reformada DOF 03-01-2017
9 Párrafo adicionado DOF 03-01-2017
10 Este artículo fue reformado por decreto publicado en el P.O.E el 16/jun/201 http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=d oc_download&gid=3572&Itemid=111
11 9 Los párrafos primero y segundo de este artículo, fueron reformados por Decreto publicado en el P.O.E el 04/ene/2016.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_do cman&task=doc_download&gid=3572&Itemid=111
12 Este artículo fue reformado por decreto publicado en el P.O.E el 04/ene/2016.
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_do cman&task=doc_download&gid=3572&Itemid=111
Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de marzo de 2017.
Diputados: Rodrigo Abdla Dartigues (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Araceli Damián González (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica), Alfredo Basurto Román, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la Conade, el IMSS y el ISSSTE a fortalecer los programas para combatir los efectos del sedentarismo en instituciones públicas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El crecimiento poblacional en los últimos años, lleva aparejado el que mayores cantidades de personas lleven una vida sedentaria, lo cual se refleja en sus actividades laborales, así como las de esparcimiento, esto propiciado por el auge de los llamados videojuegos, Internet y el empleo de las redes sociales entre otros, que además de abstraer al individuo de su entorno evita la actividad física propiciando una cultura del sedentarismo en los diferentes estratos y niveles de nuestra sociedad.
Consecuentemente a la nula realización de actividades físicas o la práctica de algún deporte, se suma al alto consumo de alimentos con un alto índice de carbohidratos lo que ocasiona alteraciones en el organismo que propicia sobrepeso y obesidad, enfermedades vasculares y coronarias, hipertensión arterial, dolores articulares y musculares e incluso depresión, es decir se lleva un tipo de vida poco saludable.1
La Organización Mundial de la Salud, considera “Al menos un 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.”2
Indudablemente la activación física y la práctica de algún deporte son la respuesta a esta problemática que deriva en una sociedad en donde los problemas de salud vinculados al sedentarismo van en aumento; en este sentido es importante reconocer que en el ámbito gubernamental se cuentan con actividades de índole deportivo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional del Deporte y de la Propia Secretaria de Salud, en todos estos casos, cada dependencia u organismo gubernamental opera sus programas de manera individualizada, sin que a la fecha se puedan apreciar de manera palpable logros satisfactorios en el combate a las enfermedades ocasionadas por el sedentarismo, basta ver el índice en el aumento del índice de obesidad en la población infantil para que se perciba la necesidad de contar con la debida coordinación para que estas entidades se vinculen y se puedan potenciar los escasos logros hasta ahora obtenidos mediante la implementación de una estrategia integral.
El presente exhorto se circunscribe al ámbito de las dependencias y organismos públicos, tales como escuelas, hospitales, clínicas y oficinas en general, dada la mayor facilidad que puede darse para la implementación de los programas gubernamentales existentes, así como de la propia necesidad de generar espacios que contribuyan a fomentar la salud física e incluso mental de los empleados de este sector; existiendo además consideraciones en razón de que al crearse hábitos saludables pueden contribuir a un mayor rendimiento laboral.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud, a la Comisión nacional del Deporte, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a coordinar esfuerzos encaminados a fortalecer los programas a su cargo para combatir los efectos del sedentarismo en instituciones públicas.
Notas
1 Consecuencias del Sedentarismo, en
http://www.natursan.net/consecuencias-efectos-del-sedentarismo/ consultado el 23/02/17.
2 Inactividad física un problema para la salud. En
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ consultado el 23/02/17.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo del 2017.
Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar y respetar las asignaciones en el PEF de 2017 al Programa 3x1, operado por la Sedesol, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Relevancia adquiere el fortalecimiento de las instituciones de la República, así como de los programas que atienden el desarrollo integral de las comunidades de donde salieron millones de paisanos que viven y trabajan más allá de nuestras fronteras.
El reciente cambio en la administración del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos de América nos obliga a tomar medidas que respalden a nuestros connacionales en ese país vecino, que les defienda ante las anunciadas deportaciones masivas.
Los tratos inapropiados, para la relación bilateral de países vecinos con mucho en común, es urgente que no se reflejen en un deterioro del tejido social y familiar tanto en los Estados Unidos de América como en nuestro país.
Para ello, el Programa 3x1 para Migrantes tiene por objeto1 contribuir al fortalecimiento de la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o proyectos productivos financiados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero.
El programa nace del interés de los mexicanos radicados en el exterior por realizar acciones y obras sus lugares de origen, financiando con los tres órdenes de gobierno para impulsar el desarrollo comunitario a través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos.
Por lo que se refiere al presupuesto del programa, de 2003 a 2010, éste creció cinco veces.
3x1 opera en las entidades seleccionadas por los clubes u organizaciones de migrantes. Y prevé apoyos a proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos
Los cofinanciamientos tienen diversos montos de apoyo y mezcla de recursos.
• Para infraestructura social y los de servicios comunitarios, el monto máximo federal es de un millón de pesos por proyecto. 25 por ciento gobierno federal, otro 25 por ciento a las organizaciones de migrantes y 50 por ciento a gobiernos de las entidades federativas y municipios.
• Para los proyectos educativos. Se cuenta con dos variables: para equipamiento escolar, el monto es de 250 mil pesos por proyecto y se admite la participación estatal y municipal. Para mejoramiento de infraestructura escolar 400 mil pesos por proyecto, y se admite la participación estatal y municipal.
• En el caso de los proyectos productivos.
a) Comunitarios, hasta por 500 mil pesos por proyecto. De acuerdo con la siguiente mezcla: 25 por ciento gobierno federal; otro 25 por ciento a las organizaciones de migrantes y el resto 50 por ciento a gobiernos de las entidades federativas y municipios.
b) Familiares, el monto máximo de apoyo federal será de 300 mil pesos por proyecto. De acuerdo con la siguiente mezcla: 50 por ciento corresponderá al gobierno federal y 50 por ciento a las organizaciones, también serán posibles las aportaciones adicionales de los otros dos órdenes de gobierno.
c) Individuales, el monto máximo de apoyo federal será de 250 mil pesos por proyecto, en función con la siguiente mezcla: 50 por ciento gobierno federal y 50 por ciento al integrante del club u organización de migrantes.
d) Servicios de capacitación empresarial para proyectos productivos, el monto máximo de apoyo federal un millón de pesos, estos servicios serán autorizados y financiados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
México es uno de los países con mayor flujo de emigrantes en el mundo, identificándose a los Estados Unidos de América como el principal país de destino. En el concierto mundial, de acuerdo con el Anuario de migración y remesas, México 2016 , ocupa el cuarto lugar de países receptores de remesas, con 25 mil 689 millones de dólares en 2015.
Por lo que se refiere a Latinoamérica, México capta 37.6 por ciento de las remesas, Guatemala, 9.4 por ciento; República Dominicana, 7.3; El Salvador 6.4 y Colombia 6.6 son los primeros países receptores.
Anuario de migración y remesas, México 2015 , observa que en 2007, registraron su máximo histórico con 26 mil 59 millones de dólares, a partir de 2008 se da una disminución de ingresos por remesas. La caída más importante se registró en 2009, con 15.3 por ciento. Para 2014 se estima una recuperación de las mismas con 23 mil 647 millones de dólares (mdd). En 2015 ascendió a 24 mil 771 mdd.
El periodo de crecimiento de las remesas se dio de 2002, de 9 mil 814 millones de dólares a 2003 a 15 mil 139 millones. En veinte años, de 1980 al 2000, aumentaron diez veces el monto de las remesas, de 699 millones a 6 mil 573 respectivamente. Y de 2000 a 2010 el crecimiento fue de tres veces, pasando de 6 mil 573 millones a 21 mil 304.
En 2015 las remesas que ingresaron a México son equivalentes a 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mostrando una dependencia no observada desde 2008. Asimismo, Michoacán (9.9 por ciento), Guerrero (7.8 por ciento) y Oaxaca (7.4 por ciento) son las entidades con mayor dependencia de las remesas al mostrar los mayores porcentajes con respecto al PIB estatal.
Por lo que se refiere a las entidades federativas, en 2014, Michoacán, Guanajuato y Jalisco son de los estados con mayor dependencia de las remesas a nivel nacional, siendo de 10.1 por ciento, 9.1 por ciento y 8.9 por ciento de su PIB estatal en 2013.
Datos de la Evaluación Complementaria de Resultados del Programa 3x1 para Migrantes 2013-2014 elaborado por la Consultora Ahumada Lobo y Asociados, Estudios Económicos y Política Pública, llega a la conclusión que los resultados del programa 3x1 son visibles y comprobables y sus beneficiarios están razonablemente satisfechos.
De la inspección de las obras se comprobó la existencia de la totalidad de los proyectos de infraestructura. En general, éstos satisfacen a sus beneficiarios en términos de la atención de sus necesidades y de la valoración de su calidad. Una gran mayoría de ellos sobrevive después de ser financiados por el programa. Por último, la mayoría de las autoridades municipales reconocen y aprecian el efecto benéfico y único que tiene la multiplicación de recursos por la aportación cuatripartita que caracteriza al 3x1.
Por otra parte, el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo2 , en el apartado de evaluación externa, concluyó “El programa 3x1 ha logrado consolidarse en el tiempo. Cumple con los objetivos de mantener una conexión entre la comunidad de migrantes mexicanos en el extranjero –organizados en clubes de migrantes– y las comunidades de origen e incentivar el uso de las remesas sociales orientadas a promover el desarrollo comunitario”. “...También cubre el objetivo de efectivamente apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura social, educativos, comunitarios y productivos en ciertas comunidades. Sigue manteniéndose principalmente como un programa enfocado a infraestructura social.”
Desde el inicio del sexenio a la fecha, señala el informe de la Sedesol 2016, se han realizado 6 mil 289 proyectos para beneficio de 3 mil 62 localidades seleccionadas por los clubes de migrantes. Por vertiente de acción, 4 mil 569 se destinaron a infraestructura social, 780 a aspectos productivos, 828 fueron para servicios comunitarios y 112 se vinculan a temas educativos, en este tiempo se ha contado con la participación de más de mil clubes de migrantes.
De acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social3 el programa 3x1, entre septiembre de 2015 y junio de 2016, ha realizado 190 proyectos, entre los cuales se incluyen acciones de pavimentación y urbanización; sistemas para la provisión de agua potable, alcantarillado y/o electrificación, la construcción de espacios para la salud, educación y el deporte. A esa fecha se habían realizado 58 proyectos educativos, 115 proyectos de orientación productiva.
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016, el programa ha contado con la participación de 445 clubes de migrantes.
Mantener la alta importancia de las remesas para el desarrollo económico y social de los lugares de origen de los migrantes, es una estrategia para enfrentar la política migratoria del presidente Trump a la que no se le puede disminuir el presupuesto que se le asignó para el presente ejercicio fiscal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar y respetar las asignaciones aprobadas por esta soberanía en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 al Programa 3x1 operado por la Secretaría de Desarrollo Social.
Notas
1 http://www.proyagro.mx/2016/12/reglas-de-operacion-3x1-para-migrantes.h tml
2 http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/EED_2014_2015/
SEDESOL/S061_3X1MIGRANTES/S061_3X1MIGRANTES_IE.pdf
3 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136723/
Cuarto_Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_Desarrollo_Social_web_2015_-_2016.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía felicita al gobierno y el Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de su independencia, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y PRD
Los suscritos, Karla Karina Osuna Carranco, Verónica Delgadillo García, Fabiola Guerrero Aguilar, Virgilio Dante Caballero Pedraza y José de Jesús Zambrano Grijalva, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena y PRD, respectivamente, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente de conformidad con el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, III, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, atento a las siguientes
Consideraciones
La República Árabe Saharaui Democrática es un territorio que está situado en el noroeste de África, tiene una superficie que abarca 280 mil kilómetros cuadrados; compartiendo fronteras con Marruecos, Argelia y Mauritania. Fue colonia española, siendo el único país árabe de habla hispana. Sin embargo más de la mitad del territorio de la República Árabe Saharaui Democrática está ocupado actualmente por Marruecos.
Los saharauis tienen su origen en las primeras tribus que se establecieron en el desierto del Sahara –los zenetas–, posteriormente la llegada del Islam entre los siglos VII y IX marcó una restructuración en la esfera social; aun cuando había una dispersión de las tribus en el Sahara, lograron una serie de cábilas.
La posición geográfica de la República Saharaui es privilegiada, y debido a los extensos recursos naturales que posee, principalmente, pesqueros y mineros, su soberanía ha sido atacada constantemente. A principios del siglo XIX, las tribus dominantes establecieron vínculos de comercio con las demás naciones, e incluso con España, con quien las relaciones se limitaron en su mayoría a cuestiones sobre pesca; de hecho, el interés español en el territorio estaba principalmente determinado por su deseo de proteger el archipiélago canario.
El año de 1885 daba pauta a un siglo de dominación en el continente africano, al establecerse en la Conferencia de Berlín, la repartición de África entre las potencias europeas. Por ello, la administración del Sahara Occidental quedaría bajo la tutela de España, lo cual representaría para el pueblo saharaui un cambio en estructura y modo de vida; ya que la mayoría de la población se establece formando pueblos y ciudades, quedando algunas tribus.
Aun cuando España se adjudicó el Sahara Occidental desde la Conferencia de Berlín, formalmente no se convirtió en una colonia hasta 1934, y tuvo como principal objetivo la explotación de los recursos pesqueros, fosfatos y mantener el control sobre las costas saharauis; aunado a esto las tribus saharauis firman un sometimiento amistoso en virtud del cual se comienza a conocer como “Sahara Español”.
Al pasar los años en el Sahara se presentó el rechazo a la administración española, la cual atravesaba por una Guerra Civil en los años treinta; sin embargo, las ambiciones de ese gobierno aumentaron, buscando una expansión en los territorios del Sahara Español.
El fin de la Guerra Civil Española, significó un cambio en la colonia española; la intervención de Francisco Franco se vio reflejada en los territorios y el deseo de adquirir nuevas dimensiones. A mitad del siglo XX se aplica un nuevo decreto por el cual se concreta el paso de las colonias del Sahara Español –Ifni y Fernando Poo (actualmente la Isla de Bioko, perteneciente a Guinea Ecuatorial)– hacia un nuevo régimen de administración como provincias, en grado espacial, del propio Estado español.
El decreto consolidaba la presencia española en África; además en 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514, en la que se proclama el derecho a la libre determinación e independencia de los países y pueblos coloniales. Tres años después, en 1963, la Asamblea General incluye al Sahara Occidental entre los territorios no autónomos pendientes de descolonizar. Y en 1965, por primera vez, la Asamblea General aprueba una resolución en la que insta a España a iniciar el proceso descolonizador en el Sahara Español, y además la obliga a presentar informes periódicos sobre la cuestión.
El gobierno español no responde a los requerimientos de la Asamblea e funda un ente denominado “la Yemaá”, y lo instaura como representante del pueblo saharaui y argumenta que el Sahara Occidental no es una colonia, sino una provincia, cabe mencionar que la población saharaui se había mantenido al margen de los continuos cambios administrativos.
El Sahara Español ya considerado como una provincia española, continuaba con un sistema de gobierno implantado, a pesar del llamado de Naciones Unidas al proceso de descolonización. A principios del decenio de 1970 se empieza a organizar la Organización Avanzada para la Liberación del Sahara, movimiento que se considera la primera manifestación de liberación por parte del pueblo saharaui.
Los problemas de corte social que se presentaron en el Sahara Español –la guerra Ifni-Sahara en 1957 y la manifestación de Jat arramla en 1970– provocarían el nacimiento del Frente para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, mejor conocido como Frente Polisario, cuyo propósito era la independencia del Sahara Occidental.
Para 1975, la presión internacional se intensificó a favor de la autodeterminación de los pueblos africanos y Naciones Unidas le exigió a España cumplir la resolución de descolonización, asimismo el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió una opinión consultiva sobre las pretensiones expansionistas de Marruecos sobre el Sahara Occidental, aclarando desde aquel año que nunca había habido algún nexo histórico entre los pobladores del territorio saharaui y la población marroquí, por lo que entonces, el Sahara no le había pertenecido a Marruecos.
Sin embargo, la respuesta será la celebración de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cuales se hace entrega oficial de los territorios del antiguo Sahara Español a la hegemonía mauritana y marroquí. Dichos acuerdos establecieron un periodo de transición, que se prolongará mientras las tropas de los dos países penetran en la todavía colonia, hasta la retirada total del personal civil y militar español el 26 de febrero de 1976.
Esos acuerdos nunca fueron presentados a ningún congreso, ni fueron publicados en ningún boletín oficial de Estado.
El Frente Polisario es el representante de la sociedad saharaui, a iniciativa del líder saharaui El Uali Mustafa Sabed (falleció en combate en 1976, cuando el Polisario atacó la capital mauritana, Nuakchott). Además, representa para el pueblo saharaui la cristalización de un “nacionalismo maduro”, y la ONU lo ha aceptado como el único y máximo representante del pueblo saharaui, para ser quien los represente en las negociaciones que hagan falta hasta lograr finalizar su proceso de descolonización, y obtener así su tan anhelada independencia.
El Frente Polisario proclamó a la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976; tras la salida de España y la invasión de Mauritania y Marruecos al territorio del Sahara Occidental, el Frente Polisario se ve obligado a proteger a los miles de personas que huyen de los nuevos ejércitos ocupantes, y empieza a organizar los campos de refugiados en Tinduf, Argelia. Por esto es que, en 2017, se cumplen 41 años de que fue declara esta Independencia de España, la potencia colonial que dominó a dicho territorio.
Posteriormente, Mauritania firmó la paz con el Frente Polisario en agosto de 1979, y Marruecos ocupó automáticamente el territorio dejado por los mauritanos. El Frente Polisario dirigió la guerra contra Marruecos hasta el alto el fuego de 1991 y, a partir de entonces, se han dado las negociaciones para la puesta en práctica de los planes de paz de Naciones Unidas y la descolonización total del territorio.
En el segundo lustro de la década de 1970, diferentes países de América Latina empezaron a reconocer a la naciente República Árabe Saharaui Democrática.
El primer país en reconocer al Estado Saharaui fue Panamá, en febrero de 1978. Después siguieron Jamaica, Barbados y Granada, en el Caribe que, en su totalidad, excepto Bahamas, lo haría a finales de los años ochenta. En 1981 lo hizo Cuba, seguida por Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras. En todo el desarrollo histórico, siempre han estado pendientes en realizar dicho reconocimiento Brasil, Argentina y Chile. Paraguay y Uruguay son dos casos que abordaré un poco más adelante.
México dio su reconocimiento a la joven nación en 1979.
A principios del decenio de 1990, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el informe del secretario general S/21360, que contenía el texto completo de las propuestas de arreglo y el esquema del plan del secretario general para su aplicación. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad decidió crear, en su resolución 690, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso).
En 1992, el referéndum previsto no se llevó a cabo, como se había precisado en el Plan de Arreglo, por lo que el proceso de autodeterminación quedó bloqueado, por los problemas en la elaboración del censo de la votación, el cual siempre ha sido impugnado de manera arbitraria por Marruecos.
En 1999, con la muerte del rey Hassan II, se complicaría la resolución del conflicto, aunque también se presentó la oportunidad de un nuevo diálogo entre ambas partes; el inicio del nuevo milenio daba pauta a un nuevo arreglo instado por Naciones Unidas, el Acuerdo Marco cuyas directrices consideraban el Sahara Occidental como una autonomía bajo la soberanía de Marruecos, este acuerdo nunca se llevó a cabo, y solo se logró una prórroga técnica de la Minurso.
La prórroga de la Minurso ha sido una constante dentro del Consejo de Seguridad; su mandato en ese entonces fue
• Supervisar el cese del fuego;
• Verificar la reducción de tropas de Marruecos en la zona en disputa;
• Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente POLISARIO a los lugares señalado;
• Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidos del Sahara Occidental;
• Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja);
• Hacer efectivo el programa de repatriación (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados);
• Identificar y registrar a las personas con derecho a voto (realización del censo); y
• Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados.
En 2010 se suscitó una serie de cambios en el norte de África. Sin embargo, el foco de atención en el conflicto saharaui-marroquí continuó con una línea muy similar a la planteada hace más de 20 años, para Naciones Unidas ha sido fácil prolongar la Minurso y no dar una resolución que lleve a un referéndum que otorgue a la República Árabe Saharaui Democrática autonomía y soberanía plenas.
Los territorios del Sahara Occidental ocupado por Marruecos presentan problemas de índole humanitaria, entre los que destacan éstos:
1. Genocidio, asesinatos colectivos, fosas comunes, lanzamientos al vacío;
2. Desapariciones forzadas;
3. Detención arbitraria: presos políticos;
4. Torturas: sexuales, inmersiones, asfixias, ingestiones, cortes, pinchazos, estiramientos;
5. Violación de derechos políticos y civiles;
6. Violación de derechos culturales;
7. Violación de los derechos laborales;
8. Aumento de desplazados;
9. Control militar y de telecomunicaciones; y
10. Saqueo de la riqueza natural, pesquera, minera, etcétera.
Durante los dos años en que México formó parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la delegación mexicana ante dicha organización ejerció un papel activo en la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui. Así, el país se unió a la condena que expresó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al desmantelamiento violento del campamento de protesta ocurrido en noviembre de 2010, por las fuerzas militares de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental.
En 2011, la resolución 1979 del Consejo de Seguridad de la ONU prolongó un año más el mandato de la Minurso pero acotó que el organismo no se encargará de supervisar el respeto de los derechos humanos en la zona.
A 41 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática no se ha logrado un acuerdo conjunto que logre su independencia, la repatriación de los saharauis refugiados en Tinduf, el reconocimiento como Estado independiente, el castigo a la violación de derechos humanos de la población saharaui por parte de Marruecos, y la recuperación de los territorios ocupados por dicho reino.
En la actualidad, la República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida por un promedio de 80 países, lo cual señala la constante lucha del pueblo saharaui, con el objetivo de obtener reconocimiento por parte de la comunidad internacional e integrarse a ella. Asimismo, es miembro de pleno derecho y país fundador de la Unión Africana.
Conforme a la resolución 1514, de diciembre de 1960, la cual reconoce el derecho de todos los pueblos a la libertad y ejercicio pleno de su soberanía, México ha apoyado la descolonización del Sahara Occidental, en virtud de que a partir de que se reformó la Constitución se incluyó en sus principios de política exterior contenidos en el artículo 89, el principio de autodeterminación de los pueblos es el primero que nos rige y México ha sido siempre congruente en el tema.
El 8 de septiembre de 1979, en el marco de la reunión de jefes de Estado de la sexta Conferencia Cumbre de Países no Alineados, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que el gobierno de México había reconocido como nuevo Estado de la comunidad internacional a la República Árabe Saharaui Democrática.
Por ello, el 24 de octubre del mismo año se establecieron relaciones diplomáticas entre México y la RASD. En 1988 el gobierno saharaui estableció una representación diplomática en nuestro país, que se mantiene a nivel de encargado de negocios hasta la fecha. Hasta 1989, el embajador de México en Argelia no estuvo acreditado de manera concurrente ante la RASD.
El Consejo de Seguridad es, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, un órgano cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad, estando los Estados miembros obligados a aceptar y cumplir las decisiones del consejo.
Cuando una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del consejo es ponerles fin a éstas lo antes posible; para prevenir la ampliación de las hostilidades, el consejo puede establecer directrices de cesación del fuego. En apoyo del proceso de paz, el consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto.
A partir de su fundación, el tema de los derechos humanos se convirtió en una de las prioridades de la ONU; de hecho en la carta que le da vida, se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, el valor y la dignidad de la persona, la igualdad de hombres y mujeres sin distinción del tamaño de su Nación, así como, el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los individuos, sin distinción de sexo, raza, idioma o religión.
Con el paso de los años y ante el estallido de conflictos internacionales e internos, se ha exhibido la necesidad de crear mecanismos para la protección y promoción de los derechos humanos. Uno de estos medios ha sido la instauración de misiones de paz amparadas en el mandato de los miembros de la ONU.
El continente africano es al que más misiones de paz se han enviado. Actualmente están en curso siete de ellas, por medio de las cuales, luego de un conflicto interno o internacional, se intenta impulsar las elecciones democráticas que den pie a un nuevo capítulo en la vida de los Estados en conflicto, ayudar a la consolidación de los procesos de paz, reactivar las actividades normales de la población civil, vigilar el respeto a los acuerdos de paz, conseguir el desarme, facilitar la asistencia humanitaria y promover los derechos humanos en las zonas en conflicto.
Ejemplos de ello han sido la Misión de Naciones Unidas en Liberia, que creó el Consejo de Seguridad con la resolución 1509 del 19 de septiembre de 2003, y en cuyo mandato se consideraba, entre otros objetivos, facilitar la asistencia humanitaria y promover los derechos humanos; o la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, creada por el Consejo de Seguridad el 30 de noviembre de 1999 con la resolución 1291, con un mandato ampliado desde el 24 de febrero de 2000.
La Minurso que, como se dijo, fue establecida por mandato del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991, originalmente fue creada para vigilar el respeto al cese al fuego entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, además de dirigir las gestiones pertinentes a fin de realizar el referéndum, mediante el cual los saharauis tengan la oportunidad de elegir sobre el futuro del estatus del territorio, buscar su independencia o integrarse al territorio marroquí.
El mandato de la Minurso será objeto de análisis y posible renovación durante abril próximo, y es de gran importancia que el mismo se lleve a cabo en virtud de que es la única instancia de Naciones Unidas que puede estar en el territorio ocupado, y que en el fondo tiene una injerencia trascendente en la posible resolución del conflicto.
Desde hace algunos años, ha habido un sin número de demandas internacionales, para este mandato se amplíe a la protección de los derechos humanos de la población saharaui que vive en el territorio ocupado por Marruecos.
La Minurso no incluye, como las otras misiones de Naciones Unidas , un apartado referente a la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo saharaui, de tal forma que en abril próximo, dentro de la agenda del Consejo de Seguridad, se debe propugnar una ampliación de facultades para asegurar que el respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental sea una realidad tangible.
Lo anterior es de suma importancia que se logre en virtud de que como se sabe, la violación de los derechos humanos hacia la población civil saharaui es un actuar cotidiano y las violaciones se llevan a cabo de manera permanente.
En ese contexto de diversos acontecimientos, debemos tener en cuenta que el año pasado, Marruecos decidió de manera unilateral, pero además ilegal, volver a acoger a partir de 2016, en la ciudad saharaui de Dajla, el Foro Suizo Crans Montana.
Crans Montana Forum es una organización con base en Mónaco que congrega a líderes mundiales para discutir sobre la actualidad política internacional, donde habitualmente se organiza un foro temático sobre “la cooperación sur y la dimensión africana”.
En las ocasiones en que se ha realizado este foro se ha llevado a cabo en Dajla, ciudad del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. En dicho foro se cuenta con el patrocinio del rey de Marruecos, Mohamed VI; sin embargo, por ser un territorio aún en proceso de descolonización, esa decisión es –por decir lo menos– ilegal, ya que está presentando al mundo a Dajla como una ciudad que forma parte del Reino de Marruecos, lo cual no es así. Dajla es una ciudad saharaui, que antes de la invasión marroquí era llamada por España como Villa Cisneros, y ahí levantó España en 1885 su primer fuerte en el entonces Sahara Español, y en esa plaza se arrió en 1976 la última bandera española en la colonia, antes que España abandonara el territorio.
La Unión Africana emitió en 2015 una dura declaración, donde condenaba los planes de la organización Suiza Crans Montana para llevar a cabo dicho foro en Dajla, a sabiendas que se lleva a cabo en el Sahara Occidental, territorio que está ocupado de manera ilegal por Marruecos, ya que esto constituye una grave violación del derecho internacional.
Por lo anterior, la Unión Africana instó desde ese año a la organización internacional Suiza Crans Montana y a todos los demás organizadores a cancelar la reunión planeada en la ciudad ocupada de Dajla (Sahara Occidental), pues es una grave violación de la ley internacional.
Además, en su última cumbre celebrada en Addis Ababa el 30 y 31 de enero de 2017, la Conferencia de la Unión Africana reitero? la declaración adoptada en su vigésima cuarta reunión sobre la convocatoria por parte del Foro Crans Montana de una reunión en la ciudad ocupada de Dajla, en el Sahara Occidental. Teniendo en cuenta la intención de esta entidad de convocar un evento similar en el territorio en 2017, la conferencia pidió al Foro Crans Montana que renunciara a esta actividad, e insto? nuevamente a todos los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil africana y a otros actores pertinentes a boicotear dicho evento.
Por esa razón, en la actualidad, al ser Marruecos ya parte de la Unión Africana desde enero de 2017, consideramos que debe acatar las preocupaciones que han sido planteadas en el seno de dicha organización, motivo por el cual, en este año tampoco debe realizarse dicho foro en la ciudad de Dajla (antes Villa Cisneros).
De acuerdo con la Asamblea General de la ONU, se ha descrito claramente la presencia de Marruecos en el Sa?hara Occidental como un acto de ocupación por la fuerza (resoluciones 34/37, del 21 de noviembre de 1979; y 35/19, del 11 de noviembre de 1980).
El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal General de la Unión Europea dicto? una sentencia histórica en la que reconoció “el estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sahara Occidental en virtud del principio de autodeterminación” y que, por consiguiente, el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental.
También dictamino? que la explotación económica del territorio puede llevarse a cabo sólo con el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental.
Recuérdese también que, en su primera sentencia del 10 de diciembre de 2015, el Tribunal de la Unión Europea señaló que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida por la Unión Europea y sus Estados miembros ni por Naciones Unidas, dejando constancia al mismo tiempo de la ausencia de un mandato internacional susceptible de justificar la presencia marroquí en ese territorio.
Por lo anterior, y sabedoras de la cautela con que México ha abordado la cuestión del Sahara Occidental, ya que esto le ha permitido mantener en buen nivel los vínculos tanto con Argelia como con Marruecos, y con la RASD; sin embargo, también tenemos que manifestarnos para que actos ilegales no se lleven a cabo con normalidad, como si no se estuviese trasgrediendo ningún ordenamiento internacional.
Por todo lo anterior, y teniendo como base nuestros principios de política exterior, y el derecho internacional vigente, consideramos conveniente proponer la adopción de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende una felicitación al gobierno y el Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de este país como una nación independiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión insta de manera respetuosa a la organización internacional Suiza Crans Montana y a todos los demás organizadores a cancelar la reunión planeada en la ciudad ocupada de Dajla (Sahara Occidental), en virtud de que esto es una grave violación del derecho internacional vigente.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión refrenda su firme compromiso con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, por lo que exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones pertinentes a fin de que México promueva ante Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que prorrogue el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, y amplíe las atribuciones de dicha misión a la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de marzo de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a respetar el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), creada en 2001, ha contribuido desde hace 15 años a aliviar la demanda de educación superior de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Se ha caracterizado por ubicar planteles en zonas sin oferta de educación superior por lo que se ha convertido en una opción para muchos jóvenes y adultos que buscan una alternativa para continuar sus estudios.
A través de sus tres colegios, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, Ciencia y Tecnología ofrece 20 programas de licenciatura, siete maestrías y un doctorado en Ciencias Genómicas de reciente creación.
Desde 2014, y con el propósito de complementar los recursos que recibe de la Asamblea Legislativa, la UACM recibe fondos federales provenientes del programa U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
El presupuesto recibido se ha reflejado en un aumento de la eficiencia terminal según se desprende de cifras relacionadas con el número de estudiantes que concluyen sus estudios en dicha institución ya que desde 2014 ha duplicado el registro de alumnos que logran concluir su programa de estudios (2 mil 408 en 2014; 4 mil 720 en 2015 y 6 mil 117 en 2016) y ha presentado un aumento en las estadísticas de alumnos titulados (714 en 2014, mil 54 en 2015 y mil 332 en 2016).
Sin embargo, a pesar de que la institución ha cumplido con sus objetivos institucionales y ha incrementado su eficiencia terminal, la UACM ha venido padeciendo un rezago financiero que la coloca frente a escenario que precariza el cumplimiento de sus tareas educativas, que afecta a sus estudiantes y a los aspirantes y que incide de manera directa en los índices de cobertura de educación superior que ofrece la Ciudad de México a sus habitantes.
En la asignación presupuestal dictaminada por la Asamblea Legislativa en enero de 2017, la UACM tuvo un recorte de 63 millones de pesos respecto al recurso recibido en 2016, toda vez que el año anterior la institución contó con un presupuesto de mil 209 millones, mientras que en 2017 le fueron asignados mil 146 millones de pesos. Esta asignación fue violatoria del acuerdo firmado con la Ciudad de México así como del artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que señala que “el monto del financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo”.
A dicho ajuste se ha sumado la notificación enviada el 7 de febrero del año en curso por la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior, dependencias que han comunicado un recorte por 110 millones de pesos de los 150 que le fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aprobados por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y registrados en el Anexo 17 “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”.
De concretarse este recorte, la institución contará con un presupuesto de mil 186 millones de pesos, que afectará el sostenimiento administrativo y académico de sus planteles y retrasará el proyecto de una nueva sede en San Bernabé Ocotepec, Magdalena Contreras, a través de la cual se ampliaría la cobertura ofrecida por la institución.
Resulta incongruente que en un contexto en el que se busca abatir los rezagos educativos del país y en el que muy probablemente se reciban a miles de migrantes repatriados que demandaran educación ocurran en la realidad retrocesos en el gasto educativo.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el país debe tener en la educación superior “una de las principales riquezas para el desarrollo social, político y económico”, por lo que se dicta como meta ampliar su cobertura y mejorar su calidad, a tal meta se destinarían, se dice en el programa, fondos para “apoyar el desarrollo institucional, fortalecer el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional”. Sin embargo, el panorama de la educación pública a nivel superior en el país presenta cifras de rezago toda vez que prácticamente 9 de cada 10 estudiantes no encuentran cabida en la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana en cada concurso de ingreso a la licenciatura. En ese panorama resulta crucial para la ciudad de México la existencia de instituciones públicas como la UACM que amplían la oferta académica y ofrecen un modelo educativo centrado en el perfil del estudiante trabajador.
Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración del pleno el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que respete el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el gobierno de la Ciudad de México a efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
“La extinción es la desaparición de una especie de manera natural o debido a la actividad humana; una especie se considera extinta en el momento en el que muere el último individuo de la misma.”1
El lobo gris mexicano también conocido como Canis Lupus baileyi , es una subespecie del lobo, es considerado una de las especies más pequeñas, su altura y tamaño son similares a las de un perro y es considerada una especie carnívora.
A partir de 1976 se declaró como una especie amenazada y periódicamente su situación ha ido empeorando, en la actualidad está clasificado como una especie en peligro de extinción, no quedando ninguna especie en libertad.
“Sin embargo, gracias a los esfuerzos que se están realizando para recuperar la especie en el año 2015 en la denominada Blue Range Wolf Recovery (BRWRA), había un total de 97 lobos, según los últimos datos del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estado Unidos, hay más de 300 ejemplares albergados en centros de conservación y zoológicos de Estados Unidos y México según el programa de acción para la conservación de la especie”.2
Nos damos cuenta que hace tiempo el lobo gris se distribuía dentro de su hábitat, como Chihuahua y centro de México, hasta el oeste de Texas, sur de Nuevo México y Arizona central, ocupando diferentes hábitat como el desierto, lugares semiáridos y bosques templados, sin embargo ahora el lobo gris mexicano, se encuentra en zoológicos donde les dan los cuidados necesarios para que la extinción no continúe.
En nuestro país existen reservas ecológicas que velan por la conservación y protección de diversas especies en peligro de extinción, pero no son suficientes ya que día con día son más las especies que se suman a esta gran lista de especies en peligro de extinción.
Es por ello que esta especie necesita protección y cuidado especiales para que se proteja y se detenga la destrucción de su hábitat natural, por ello es de suma importancia promover soluciones para que esta especie no se extinga de manera total en nuestro país.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de la Ciudad de México efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción.
Notas
1 http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=116
2 Animales en Peligro de Extinción.
http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=116
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, de la región sur-sureste a incorporar en sus planes, programas académicos y ofertas educativas materias relacionadas con la ingeniería de la cultura energética, del ambiente y desarrollo sostenible, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta con absoluto respeto a las universidades e institutos tecnológicos, públicos y privados, a través de sus respetables rectores y directores, para incorporar en sus respectivas ofertas educativas, programas de estudio relativos a ingenierías relativas al desarrollo sustentable del medio ambiente, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El artículo 3, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación superior que imparte el Estado, ya sea por cuenta propia o a través de entidades particulares, tiene entre otras finalidades, promover el desarrollo de la nación, apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar, fortalecer y difundir nuestra cultura.
Del mismo modo, el modelo educativo regulado en el artículo 3o. constitucional, está encaminado a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad, independencia y justicia, todo ello encaminado a desarrollar y armonizar el desarrollo democrático en nuestro país.
En este sentido y para lograr dichos fines entre otras medidas, otorga autonomía institucional a universidades, tecnológicos y demás instituciones de educación superior, con la intención de que de manera libre, responsable y atendiendo a los principios fundamentales del sistema educativo, determinen sus planes y programas académicos, respetando siempre los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna. Lo anterior en términos del propio artículo 3o., Base VII, de la Constitución Política Federal.
La tarea principal del sistema educativo en nuestro México, al ser considerado democrático, sin duda alguna consiste en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este orden de ideas, en nuestro país encontramos en diferentes lugares, zonas, regiones, comunidades, en las que el rezago económico, social, cultural, educativo y de varias otras naturalezas es evidente.
Una de esas regiones es la denominada sur-sureste de México, integrada por Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Campeche, integrados a esta región, tenemos entidades federativas como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en las que de igual manera son palpables de manera exponencial las carencias que he mencionado.
Estas condiciones de rezago social nos obligan, como depositarios de la representación popular, a proponer y decidir respecto a estrategias que tiene como objetivo aportar más allá de los esquemas tradicionales en la búsqueda de una mejor calidad de vida para todas las personas en general y para los habitantes de la Región Sur Sureste que he mencionado en lo específico.
Un principio fundamental en la búsqueda de estos objetivos, es aquel que establece que no es posible aplicar esquemas y estrategias iguales a zonas con condiciones de rezago diferentes. Por ello resulta indispensable pensar, repensar y proponer estrategias que nos permiten actuar y materializar resultados más allá de los que se obtienen con los programas públicos estandarizados para el combate de las condiciones de rezago en las zonas más proclives en nuestro país como son los estados vulnerables de la región sur sureste.
Para ello, resulta fundamental aprovechar las condiciones propias del área geográfica, en relación directa con las áreas de oportunidad generadas a raíz de la implementación de la reforma energética en nuestro país.
En este orden de ideas, las estrategias que se buscan implementar están encaminadas a dos vertientes en específico.
La primera vertiente guarda relación directa con el sector privado y la generación de inversiones orientadas a detonar e implementar proyectos para la generación de energías no contaminantes y amigables con el medio ambiente –denominadas energías verdes– aprovechando las condiciones eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas, etcétera.
La segunda vertiente, está vinculada con el capital humano, el intelecto personal y profesional que debe estar debidamente capacitado en estas áreas de oportunidad y que constituyen el punto de partida para aprovechar las condiciones y recursos de la región de la frontera sur-sureste.
Este segundo elemento, el humano, sin duda, debe ser conocedor de los elementos de la región.
Cabe resaltar que, con la inauguración, apertura e inicio del funcionamiento de la Central Eólica Sureste I, Fase II, ubicada en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, cuya inversión asciende a aproximadamente 157 millones de dólares de la iniciativa privada, se dio un gran paso tanto desde el punto tecnológico, como de las políticas públicas que se implantan en beneficio de la naturaleza y el medio ambiente en esa zona, consistente en la expansión del uso y generación de energías alternas; y así como lo estableció el señor presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso inaugural, ahora, esa región geográfica del territorio mexicano cuenta ya con un “gran laboratorio”, mismo que da cabida y atención para conjugar las ideas sobre proyectos, los conocimientos para su implantación y para especializar a los nuevos profesionales de la rama de la ingeniería.
A todos estos factores de índole positiva, es menester adicionarles un ingrediente que, permita acelerar estas situaciones de progreso y bienestar en beneficio de las entidades que integran la región sur sureste de nuestro país.
Luego entonces, es pertinente para desarrollar y fortalecer una cultura en materia de investigación que genere conocimientos especializados, novedosos, innovadores, productivos, con resultados favorables y evidentes a mediano plazo, solicitar muy respetuosamente el apoyo de todos y cada una de las Instituciones de nivel Superior, públicas y privadas, Universidades, Tecnológicos, Escuelas, y demás Instituciones Educativas, para que en el ejercicio de su autonomía y a través de sus distinguidos y honorables rectores y directores, y para que por su conducto, se analice, propongan e incluya en sus planes y programas académicos, ofertas educativas relacionadas con la cultura energética, medio ambiente y desarrollo sostenible que permitan privilegiar el interés público, el beneficio general y el aprovechamiento de los recursos productivos propios de la región, vigilando en todo momento el cuidado de la naturaleza.
Sin temor a equivocaciones, el realizar este tipo de acciones, permitirán generar nuevos conocimientos, contar con profesionistas capacitados y especialistas en el tema, para prevenir y graduar los efectos del cambio climático.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta respetable soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta con absoluto respeto a las instituciones de nivel superior, públicas y privadas, que se ubican dentro de la región sur sureste, para que en el ejercicio de su autonomía a través de sus respetables rectores y o directores, incorporen en sus respectivos planes, programas académicos y ofertas educativas, materias relacionadas a la ingeniería de la cultura energética, del medio ambiente y desarrollo sostenible.
Recinto Legislativo de San Lázaro, México, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2017.
Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y la CRE a aplicar de manera permanente la tarifa de verano en Campeche, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que apliquen de manera permanente la tarifa de verano al estado de Campeche, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con diferentes definiciones, el calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio mundial, específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares.
Dicho fenómeno genera cambios en los patrones de clima, de ahí que también se utilice el término “cambio climático” para identificarlo.
Si bien, a lo largo del tiempo ha sido normal la existencia de ciclos naturales en los niveles de temperatura del mundo, hoy nos encontramos experimentado un ciclo exagerado de calentamiento con un horizonte peligroso, principalmente por la producción de los gases invernadero, la deforestación y la urbanización.
De acuerdo con el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),1 la temperatura promedio del planeta incrementó alrededor de 0.75º Celsius en el siglo XX y estima se incremente de 2 a 4º Celsius más en este siglo.
Se trata del incremento más grande y rápido que haya sucedido al menos en los últimos 10,000 años. Situación por demás peligrosa para las especies que habitamos el planeta y que tiene ya consecuencias visibles y perceptibles como un mayor ritmo de deshielo de los polos, o la cada vez más frecuente aparición de patrones extremosos de clima, que amenazan con mayor frecuencia amplias regiones del mundo.
En efecto, los patrones de clima cambian, haciendo más intensos y menos predecibles las diferentes estaciones o temporadas con sus consecuentes efectos ambientales, económicos, sociales y hasta políticos.
La intención de la proposición que hoy presento, quiere concentrarse en las consecuencias del fenómeno en nuestro país, especialmente en la Península de Yucatán donde se encuentra asentada la entidad federativa que representó, Campeche.
Sabemos que existe una discusión internacional sobre la falta de sustentabilidad que provoca el consumo de combustibles fósiles; sobre la importancia de las energías limpias y sobre la voluntad de los Estados Nacionales por acabar con el problema. No ahondaremos en esto.
Nos enfocaremos en un concepto que cada vez cobra más fuerza ante la amenaza que representa el cambio climático, y es el de la resiliencia.
Qué no es otra cosa que la capacidad que tenemos para adaptarnos y superar circunstancias traumáticas.
Necesitamos generar adecuaciones a nuestro marco jurídico que impulsen la resiliencia de nuestra población ante el cambio climático. Donde los esfuerzos minúsculos hasta las grandes reformas que los países deben tomar para fortalecerse ante el fenómeno y dar paso a la sustentabilidad y el sano desenvolvimiento de sus poblaciones, se conviertan en la herramienta ordinaria.
Con acciones públicas que orienten el comportamiento de las sociedades, pasaremos de una discusión estancada sobre quién tiene la culpa del cambio climático; a una donde corrijamos las consecuencias del mismo por un lado, y evitemos las prácticas que científicamente se deducen como las responsables del fenómeno por otro.
El presente día, queremos exhortar a que la administración pública federal reconozca el gradual incremento de las temperaturas en el país, utilizando de ejemplo lo que ocurre en la Península de Yucatán, especialmente en el Estado de Campeche, y que favorezca la resiliencia de la población ajustando de manera urgente el cobro de las tarifas eléctricas que se encuentran intrínsecamente ligadas a los niveles de temperatura que se registran en las diferentes localidades.
Acción pública focalizada que volvería a incentivar el adecuado desenvolvimiento poblacional, mermado por el calor en principio y por la incomprensión pública para sobrellevarlo.
Necesitamos que se facilite la vida de la población que experimenta de manera más aguda el fenómeno del calentamiento global, no podemos dejarlos a su suerte, necesitamos mejorar sus herramientas en su esforzada lucha por desarrollarse.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad , el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo .”
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo define que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, es decir, bajo el mandato de que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Continuando con el artículo 25, se establece también que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.
La generación de energía eléctrica se remonta en México a fines del siglo XIX, a través de instalación de plantas generadoras que se fueron extendiendo en el país, para la producción de diferentes sectores industriales y marginalmente para la iluminación residencial y pública.
Siendo durante el régimen de Porfirio Díaz que se otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, 100 más en la Alameda Central e iniciando la iluminación de la entonces calle de Reforma y de algunas otras.
No obstante, para 1910 de la entonces capacidad de 50 mega watts (MW) con que nuestro país contaba, el 80 por ciento lo generaban únicamente tres compañías privadas internacionales: The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, ubicada en el centro; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México; y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente.
En 1937 teníamos 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente el 38 por ciento contaban con electricidad, proporcionada de manera ineficiente y limitada por las tres empresas privadas comentadas. Donde a las fallas de luz constantes y a las tarifas elevadas , sumémosle que la cobertura no contemplaba desde el punto de vista privado, la urgencia de considerar el servicio para poblaciones rurales, siendo los mercados urbanos más redituables los prioritarios y por tanto en ese sentido se enfocaba el crecimiento de la capacidad instalada de generación eléctrica que ya era en el país de 629 MW.
Para rebatir esa situación que sin duda no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto “...organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”2
La CFE entonces inicia un plan de cobertura universal comenzando a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, posibilitando de inicio el bombeo de agua de riego y la molienda, así como un mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.
En 1938 la CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, se incremento exponencialmente hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y la propia CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa.
Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54 por ciento de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, mientras que la empresa Mexican Light el 25 por ciento, la American and Foreign el 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas fechas apenas 44 por ciento de la población contaba con electricidad. Es así, que el entonces presidente Adolfo López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960.
Con el pasar de los años, previos procesos de integración del Sistema Eléctrico Nacional, adquisición de activos, elevada inversión y unificación de procesos de generación, permitieron que para inicios del año 2000 se tuviera ya una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70 por ciento a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 kilómetros, lo que equivale a más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada año.
A decir de la propia CFE, encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país: “El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas.”3
Hemos querido realizar este breviario histórico para apreciar que efectivamente, desde hace décadas hasta nuestros días, la prioridad del servicio público de energía eléctrica es la cobertura.
No obstante, creemos que es tiempo en que debemos priorizar precios justos de la electricidad para la población y que se atiendan también las circunstancias especiales que ha generado el cambio climático en algunas regiones del país, como en la Península de Yucatán.
Si bien, nos apremia el tener herramientas modernas de medición de la temperatura, entre la actualización de modelos caducos, hasta la dotación de nueva infraestructura tecnológica para la realización de las propias mediciones; lo anterior, para obtener parámetros adecuados que permitan a la autoridad determinar la estimación justa de las tarifas eléctricas que se aplican a la población campechana, esta temática ya la abordamos en previo punto de acuerdo y hoy nos queremos concentrar en las altas temperaturas producto del calentamiento global, que se han registrado con todo y nuestras limitantes en materia de una correcta medición y que no encuentran eco en la determinación de las tarifas eléctricas.
En México se considera la aplicación de dos tipos de tarifas, la de invierno y la de verano.
La tarifa de verano, conocida formalmente como la tarifa doméstica de CFE, Cuota de Verano, no es otra cosa que el incremento del subsidio federal o apoyo gubernamental (término que aparece en el recibo de luz) de un 10 a un 30 por ciento, para que los usuarios puedan incrementar el uso de energía eléctrica sin que esto signifique un uso ineficiente de la misma.
Es decir, es una facilidad para cubrir el consumo atípico generado por utilizar electrodomésticos principalmente, para mitigar el calor por ejemplo. Obviamente, la medida se acompaña con recomendaciones públicas por un consumo responsable para que en todo sentido acabe siendo benéfica.
De conformidad con el Acuerdo 015/2014 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, se puede observar que se define el verano como el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador definido en la Ley de la Industria Eléctrica (la Comisión Federal de Electricidad CFE) de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dicho periodo ha sido definido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año y es el parámetro que define cuando se debe aplicar el subsidio comentado a través de la tarifa de verano, en apoyo de las diferentes localidades y regiones del país, ante la temporada de calor que incrementa el consumo de electricidad por parte de la población y por tanto, repercutiría en el monto de ingreso de las familias que se debe dedicar al pago de la luz.
Los otros seis meses entonces, se aplicaría la llamada tarifa de invierno que no es otra cosa que el precio de la electricidad que se debe pagar, sin considerar ya el subsidio de apoyo.
Ahora bien, el esquema parece adecuado. No obstante el llamado que hoy realizamos es para que se reconozca que existen zonas en el país, como la Península de Yucatán y en particular en el territorio del estado de Campeche, donde ya no existe en términos reales el invierno, donde el verano y las altas temperaturas son permanentes y con el cambio climático, crecientes.
¿Por qué entonces aplicarles a ellos el esquema de tarifa de invierno y de verano?
Han existido voces recurrentes en el propio Poder Legislativo Federal a través de los años, para que en Campeche se amplíe el período de aplicación de la tarifa de verano.
Pero dicha propuesta, creemos ha sido rebasada ya ante las condiciones climáticas de nuestra Entidad que se reflejan en las cada vez más altas temperaturas durante todo el año en la Península de Yucatán.
Nuestra propuesta, es que la tarifa de verano en Campeche sea permanente, sea única, ante la especial vulnerabilidad que registra nuestra entidad por el calentamiento global.
Veamos, de acuerdo con el Reporte del Clima en México para el año 2015 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima promedio registrada en Campeche durante todo el año que se informa fue de 33.3°Celsius. La más alta de todo el país.
Durante los seis meses que comprende la tarifa de verano la temperatura promedio en la entidad fue de 35.1°Celsius; y durante el período de la tarifa de invierno, 31.4°Celsius.
Así de contundente. Es más, visto desde cualquier enfoque como el de temperatura media o temperatura mínima promedio, Campeche sigue teniendo los registros más altos de todo el país.
De manera más reciente, se presentan escenarios preocupantes de una temperatura todavía mayor, acompañada ahora con la posibilidad de menores lluvias para el 2017 en la Península de Yucatán; a decir de la Conagua se prevé la posibilidad de qué durante el primer trimestre de 2017 se registre más calor que el promedio de los últimos 30 años, y un 31 por ciento de menos lluvias.
Lo que la población del estado de Campeche demanda, es un trato social y económicamente justo en el marco de las normas vigentes y de acuerdo con los cambios que ha generado el cambio climático en las temperaturas.
La aplicación permanente de la tarifa de verano para Campeche es un primer paso urgente, en ánimo de que la población recupere y desarrolle nuevamente todo su potencial productivo, sin la limitante o la preocupación del monto por pagar de su recibo de luz.
La situación apremia, las altas temperaturas son permanentes y los campechanos no podemos limitar nuestro crecimiento, rumbo al desarrollo económico por apreciaciones públicas sobre el cobro de tarifas eléctricas, es nuestro derecho constitucional y el estado se encuentra obligado a procurarlo.
La competitividad, la reactivación y la conversión económica que Campeche necesita se ve limitada por estos nuevos patrones climáticos, que no son compensados por las políticas públicas que se aplican.
Además, se ha demostrado que la situación de altas temperaturas no mejorará en el corto plazo y quizás ni en él mediano, al contrario. ¿Qué estamos esperando entonces, para hacerle justicia y procurar a la población más afectada por el calor en nuestro país?
Con base en lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberana asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya mediante decreto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que apliquen durante todo el año 2017 y posteriores, la llamada tarifa doméstica de CFE, cuota de verano para el estado de Campeche y para otras entidades con características similares, relacionadas con el registro permanente de altas y crecientes temperaturas durante todos los meses del año; fenómeno que se ha agudizado como uno de los efectos producidos por el calentamiento global en nuestro país.
Notas
1 La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNMUA) al detectar el problema del cambio climático crearon el IPCC en 1988.
2 Diario Oficial de la Federación DOF, 24 de agosto de 1937.
3 www.cfe.gob.mx
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 2 de marzo de 2017.
Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y el Congreso de Puebla a detener el proceso legislativo sobre la privatización del servicio de agua potable, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La privatización del servicio de agua potable en Puebla, en una primera etapa en 2013, fue resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a una empresa, que sin participar en el proceso de licitación “Concesiones Integrales” obtuvo, mediante cesión de derechos la prestación de este servicio, que, dicho sea de paso, es una obligación del estado garantizar este derecho humano a todos. Así fue como en 2013, a través de una operación simulada, el gobierno de Puebla, entregó a una empresa la operación del servicio de agua potable en la ciudad capital y 24 municipios más.
En Puebla, a partir de que el servicio de agua potable se privatizó a través de la empresa Concesiones Integrales, algunos usuarios han documentado que el cobro del servicio se disparó hasta más de 300 por ciento.
Incluso, se puso en marcha un programa de regularización que generó cortes del vital líquido y demandas legales contra supuestos usuarios morosos, con un afán meramente recaudatorio.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el costo del agua no debería superar 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
El Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 exhorta a “Reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.
En México, el Congreso de la Unión adicionó el 8 de febrero de 2012 un sexto párrafo al artículo 4o. para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con lo que se obliga al Estado a promulgar una nueva legislación en la materia. Además, el Estado asume la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar su cumplimiento en forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y asequible con participación de la ciudadanía.1
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el agua es un derecho humano y corresponde al Estado garantizarlo. En Puebla esto no se cumple ni se respeta.
En resolución del seis de enero del presente año, el Congreso del Estado aprobó la modificación a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, para llevar a cabo el mismo proceso de privatización, pero ahora al resto de los municipios, en clara contraposición a lo establecido por nuestra constitución y tratados internacionales de los que México es parte.
No podemos permitir que se sigan atropellando los derechos humanos de los poblanos, una y otra vez, por el beneficio de unos cuantos.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Puebla, así como al titular del Ejecutivo del estado, para que se detenga el proceso legislativo para llevar a cabo la privatización del servicio de agua potable, en virtud de que se vulneran diversas disposiciones en materia de derechos humanos del ámbito local, federal e internacional, lo cual puede generar un conflicto social en toda la entidad.
Nota
Maestra Malinali Domínguez Mares, licenciado Jorge Alberto Arriaga Medina. Junio, 2015. Derecho Humano al Agua. Impluvium. Número 4, página 2.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM
En 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, cuya finalidad es generar conciencia acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. Esta fecha fue elegida atendiendo al aniversario de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en 1973, la cual desempeña un papel destacado en la protección las especies frente al comercio internacional.
El Día Mundial de la Vida Silvestre representa una oportunidad para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna silvestres, así como de crear conciencia acerca de los múltiples beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad, ya sea por su preservación o por los servicios ambientales que prestan.
La fauna y la flora silvestres contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.
Sin embargo, pese a su valor, sigue en aumento la tasa de desaparición de especies de vida silvestre, mismas que son provocadas principalmente por la intervención negativa del hombre, siendo el tráfico ilegal de las mismas la principal causa que ha puesto en peligro de extinción a muchos de los ejemplares que habitan en el planeta.
Como un medio para lograr su efectiva protección, la Organización de las Naciones Unidas, los organismos internacionales y nuestras autoridades ambientales hacen del Día Mundial de la Vida Silvestre la oportunidad idónea para generar consciencia en la sociedad, que permita alcanzar una participación corresponsable a favor de la protección de las especies silvestres del país.
La Organización de las Naciones Unidas refiere que la pérdida del hábitat, el cambio climático y la caza furtiva forman parte de los desafíos más alarmantes que enfrentan las especies silvestres hoy.
La caza furtiva y el tráfico de especies silvestres son las más amenazas; es por ello que impera la necesidad urgente de mejorar los mecanismos para garantizar la supervivencia de estas especies en sus hábitats naturales.
Desafortunadamente, seguimos observando la indiferencia de las personas que perciben los temas ambientales como un asunto fuera de su responsabilidad. Dicha actitud ha llevado a que los seres humanos dañen deliberadamente nuestros recursos naturales, justificándose en el desconocimiento o en la falta de empatía hacia dichos temas.
Por ello, en el marco de esta conmemoración cada año se elige un lema, siendo el de 2017 “Escuchemos la voz de los jóvenes”, a través del cual se busca alentar la participación y el empoderamiento de la juventud, brindando una nueva oportunidad para incentivar a los jóvenes a que hagan frente a los problemas relacionados con la conservación.
Es responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la siguiente generación, por lo que se hace un llamado urgente a tomar acciones nacionales para asegurar la supervivencia en su hábitat, siendo los jóvenes un motor indispensable para lograrlo.
Que la conmemoración anual represente un medio para definir mecanismos de acciones permanentes y eficaces que garanticen la ejecución de programas de protección y preservación de la vida silvestre, abonando con ello a la erradicación de la comisión de delitos ambientales contra dichas especies.
Como Partido Verde, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en la protección efectiva de uno de los elementos más indispensables para el equilibrio ecológico.
Hacemos un llamado a dirigir nuestros trabajos legislativos a favor de la protección de la vida silvestre, pues con ello se garantiza la subsistencia de las especies presentes y la preservación de las generaciones futuras.
Desde el Poder Legislativo debemos impulsar la construcción de leyes que establezcan bases sólidas para consolidar políticas públicas que beneficien la protección de la vida silvestre y, con ello, el mejoramiento del equilibrio ecológico, que tanto ha sido afectado en las últimas décadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2017.
(Rúbrica)
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