Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4729-VI, martes 28 de febrero de 2017
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a solventar y aclarar las observaciones pendientes de auditorías realizadas por la ASF en el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abre una nueva etapa en la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno.
En particular, con la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que da a la Auditoría Superior de la Federación nuevas atribuciones, estas aplicarán a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016.
Sin embargo, antes de que estas nuevas atribuciones se pongan en marcha, es urgente que el estado de Guanajuato, como ente público fiscalizado, solvente por completo las observaciones que se encuentran aún pendientes, mismas que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, en particular, a lo que se refiere al Gasto Federalizado.
En el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada se destaca que Guanajuato es la séptima entidad del país que aún tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, correspondiente a cuatro ejercicios fiscales, de 2011 a 2014, por un monto de 6 mil 973.8 millones de pesos.
Asimismo, la entidad ocupa el último lugar del país en el monto de lo solventado de las observaciones de 2011 a 2014. De 6 mil 973.8 millones de pesos, sólo ha solventado 13.7 millones de pesos, es decir, el .19 por ciento.
En este sentido, es la séptima entidad del país con el mayor monto pendiente de solventar en el mismo periodo, con un monto de 6 mil 960.1 millones de pesos.
Del mismo lapso de 2011 al 2014, el estado de Guanajuato ocupa el lugar 13 de las entidades del país con el mayor número de importes resarcitorios, por un monto de 102.1 millones de pesos.
Con los datos anteriores, se revela que hay muy poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado de Guanajuato y peor aún, que incumple las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Considerando los montos de 2011 al 2014 pendientes por solventar, más el importe de los procedimientos resarcitorios, más el monto de lo observado en la Cuenta Pública 2015, tenemos que son 9 mil 295.4 millones de pesos los recursos en los que se detecta que hay irregularidades.
Lo anterior, hace del estado de Guanajuato, la séptima peor entidad del país en el manejo y ejercicio de los recursos públicos federales.
Como ha precisado la Auditoría Superior de la Federación en su último Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2015, la gestión del gasto federalizado es un proceso integrado “que abarca desde la transferencia de los recursos a las entidades federativas, hasta su ejercicio”, se resalta que “la mayor proporción del monto observado se presenta en la recepción y el manejo de los recursos por las secretarías de finanzas locales, y que incluye la ministración a los entes ejecutores y a los municipios”.
Lo anterior significa que los montos observados se originan en el ámbito de competencia de las haciendas locales, esto ocurre justamente en Guanajuato y que incluso propician que la entidad ocupe el lugar 11 de las entidades del país con el mayor porcentaje entre lo subejercido respecto al monto asignado en fondos y programas auditados, tales como son: Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas; en los recursos a los Proyectos de Desarrollo Regional que los diputados etiquetamos directamente a los municipio; en PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud); y en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.
El subejercicio pone el riesgo la ejecución en tiempo y forma de los recursos públicos, así como la entrega de recursos futuros.
Con los anteriores datos, no debe sorprender que en el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, en el que el promedio nacional es de 73.3 por ciento, Guanajuato esté entre las 7 entidades con el menor desempeño por debajo de la media nacional.
No sólo la hacienda local del Gobierno del estado debe corregir los procedimientos para el ejercicio del gasto en los diversos rubros que ha auditado el órgano técnico de fiscalización, sino que debe de terminar por subsanar las observaciones pendientes que, como se ha dicho anteriormente, son 6 mil 960.1 millones de pesos pendientes de solventar y aclarar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Guanajuato, solvente y aclare en su totalidad, en un lapso de 30 días naturales, las observaciones de auditorías que aún están pendientes y que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los Informes del Resultado de las Cuentas Públicas de 2011 a 2014.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2017.
Diputado María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a generar con la Agencia Espacial Mexicana un acercamiento con Airbus Safran Launchers y otras empresas deseosas de invertir en el país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria aeroespacial en México tiene gran relevancia económica pues hoy en día posee grandes fortalezas en cuanto a conocimientos, infraestructura e inversión.
A inicios del siglo XXI se consolidó la importancia comercial para nuestro país en este sector, cuando en el año 2005 llegan a México compañías líderes de la industria como Bombardier, o el caso de Safran que se instala un año después, marcando el inicio de un creciente el interés por esta actividad, que hoy en día se considera como un eje estratégico para el desarrollo económico nacional.
El acercamiento de empresas especializadas en la industria aeroespacial con autoridades mexicanas fue favorecido por las diversas ventajas competitivas del país, como lo es su localización geográfica y los tratados comerciales que facilitan las exportaciones internacionales, lo cual convierte a México en una excelente plataforma de exportación mundial; la experiencia acumulada en cuanto a manufactura, ensamblaje y servicio técnico que ha dejado el desarrollo de industrias como la automotriz; los costos competitivos y la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos.
En seguimiento a la importancia que revisten las actividades derivadas de la industria aeroespacial, el 31 de julio de 2010 entró en vigor el decreto que crea la Ley de la Agencia Espacial Mexicana, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerada como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, y cuya misión es:
Utilizar la ciencia y la tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del espacio.
En congruencia con lo anterior, se han diversos generado espacios de investigación para el desarrollo de proyectos y el aumento del interés por destinar mayores recursos al sector, han permitido que en la última década, México se haya convertido en una de las naciones líderes en manufactura aeronáutica y aeroespacial casi 300 empresas, en su mayoría extranjeras, que generan una gran cantidad de empleos, pero, sobre todo y más importante, que crean a su alrededor otras empresas nacionales vinculadas al sector, lo que convierte a las grandes compañías en organismos madre con empresas más pequeñas en su entorno.
El ámbito académico también se ha visto beneficiado por el crecimiento de la industria aeronáutica y aeroespacial, pues con ellas aparecieron las escuelas aeronáuticas más importantes del país: La ESIME del IPN; el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), uno de los centros de investigación aeronáutica más modernos del país; la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), entre otras. Todas ellas generan una gran cantidad de profesionales para la industria aeroespacial nacional.
La industria aeroespacial mexicana se ha diversificado, convirtiéndose en una fuente importante de empleos e inversión, dadas las actividades que desarrollan por el sector empresarial.
Las empresas aeronáuticas y aeroespaciales se localizan principalmente en 18 estados del norte y Bajío de la República Mexicana, la mayoría de ellas organizadas en clústers donde se fomenta la cooperación, innovación, y el aseguramiento de la calidad de los procesos.
La importancia del desarrollo de los clústers de desarrollo aeroespacial ha llegado a un punto tan importante como el de convertirse en el objetivo del 47% de la inversión extranjera en México (calculada en 1,600 millones de dólares anuales para 2020) y el crecimiento de esta industria en estados como Querétaro, en donde también se observan apoyos fiscales estatales para la instalación de empresas, mejorando los servicios y la calidad de vida, al fomentar directamente el empleo en la entidad.
Se proyecta que el sector aeroespacial continúe con una dinámica de crecimiento en México, estimándose que en cinco años se duplique su crecimiento ante la mayor demanda de aviones a nivel mundial, la cual se proyecta en 37,000 aeronaves nuevas en los próximos 20 años.
Si bien el interés internacional por invertir en México se ha mantenido de manera constante, es una realidad que nuestro mayor aliado se encuentra en el mercado norteamericano, tanto por la cercanía geográfica como por los tratados comerciales que nos ligan a la nación del norte.
Sin embargo, las condiciones diplomáticas actuales se han visto enrarecidas a partir del cambio de estrategia proveniente del titular del Poder Ejecutivo norteamericano y los partidarios republicanos que pugnan por imponer condiciones desfavorables a los mexicanos, antes que negociar en favor de los habitantes en ambos lados de la frontera que divide a México y a Estados Unidos.
En este contexto, resulta imprescindible explorar propuestas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y dar con ello un impulso en la creación de empleos que permitan a las familias mexicanas mejorar su nivel de vida.
En este sentido existen diversas empresas interesadas en aumentar la inversión en el sector con el objeto primordial de desarrollar la industria satelital. Este es el caso de la empresa Airbus Sanfran Launchers, la cual ofrece a nuestro país un plan para fabricar satélites medianos en los próximos años y ponerlos en órbita. Cabe señalar que los satélites medianos serán los más producidos en el mundo durante los próximos años, dado el surgimiento de cada vez más programas espaciales. Los satélites medianos y su plataforma de lanzamiento tienen diversas utilidades como: la observación de la Tierra; Monitoreo de recursos naturales y evolución de fenómenos climáticos; seguridad; así como otras aplicaciones en ciencia y tecnología.
Lo anterior nos ofrece la posibilidad de convertirnos en una nación líder no sólo en la fabricación de satélites sino en el lanzamiento de los mismos al espacio, lo cual es una excelente oportunidad para reducir nuestra dependencia de otros países en esta materia, por ello resulta necesario que se realicen todos los esfuerzos necesarios para poder aprovechar esta circunstancia cuanto antes y no dejar escapar la inversión potencial que generaría, además de los diversos beneficios asociados a la misma.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que, en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, genere un acercamiento con Airbus Safran Launchers y otras empresas que desean invertir en nuestro país a fin de concretar una política pública para el desarrollo de la industria aeroespacial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la liberación inmediata del doctor José Manuel Mireles, fundador y ex líder de las autodefensas en Michoacán, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.
Sin duda la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada son los que desafortunadamente han azotado regiones completas de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Michoacán por mencionar algunos. Esta grave situación ha evidenciado el fracaso de la estrategia gubernamental del mando único policial, ya que los índices delictivos siguen siendo altos, en el mismo sentido la presencia y participación de militares en las calles para combatir la criminalidad no ha logrado frenar la delincuencia.
México vive una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia reciente. Las autoridades han sido sobrepasadas y suplantadas por el poder fáctico del crimen organizado, mismo que se ha infiltrado en varias esferas de la vida política en todos sus niveles, por lo que estamos ante la presencia de un Estado fallido que ha renunciado a la capacidad de respetar lo más elemental que representa la vida de sus ciudadanos.
Ante este escenario es que hace casi ya cuatro años, el 24 de febrero de 2013, grupos de autodefensas se levantaron en armas en la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán, como una reacción al asedio del grupo criminal denominado “Los Caballeros Templarios” que habían establecido un régimen de extorsiones, secuestros, abusos sexuales y asesinatos contra los habitantes de esa región; en unos meses las autodefensas replegaron a Los Templarios. Así las autodefensas surgieron como mecanismos de protección y vigilancia comunitarios, recurriendo a las armas en defensa propia, cansados de los crímenes y abusos del crimen organizado frente a la inacción o complicidad de los gobiernos.
En un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se detalló que estos grupos tomaron las armas “ante la inseguridad y violencia que imperaba en esas comunidades, producto de un actuar impune por parte de los integrantes de un grupo de la delincuencia organizada conocido como ‘Los Caballeros Templarios’, y la omisión de las autoridades en garantizar la seguridad pública”.
La CNDH detalló que a finales de 2013, el fenómeno cobró auge cuando algunos de estos grupos armados avanzaron a otros municipios hasta tener presencia en 33 de los 113 municipios michoacanos durante los primeros meses de 2014.
Los grupos de autodefensa pronto comenzaron a aparecer en otras entidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el número de policías comunitarios y grupos de autodefensa que operan en el país, así además de Michoacán, las entidades que registran mayores grupos de defensa son Guerrero, Oaxaca y Estado de México.
Sin duda una de las figuras emblemáticas de estos grupos es la del doctor José Manuel Mireles Valverde, líder fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, quien cobró fama al explicar en un largo video de la agencia SubVersiones la razón por la que se levantaron en armas contra el cartel de narcotráfico de Los Caballeros Templarios.
Ante la aparición de estos grupos el gobierno de Michoacán visualizó la creación de un grupo policial estatal, denominado Fuerza Rural, con la finalidad de incorporar a los grupos de autodefensa a dicho grupo policial y que así transitaran hacía un marco de legalidad. Las autoridades indicaron que el modelo de autodefensas no sería permitido, y que sólo los integrantes de los grupos que cumplieran exámenes de confianza podrían integrarse a la mencionada fuerza rural estatal, destacando el gobierno que sólo así se les permitiría permanecer armados en el estado y que operarían en coordinación con el Ejército, Marina y la Policía Federal.
Los líderes de las autodefensas, incluido el Doctor Mireles, aceptaron el acuerdo, por lo que el 27 de enero de 2014, autoridades federales y estatales, encabezadas por Alfredo Castillo (Comisionado federal de seguridad en Michoacán) y por el ex gobernador Fausto Vallejo, respectivamente, firmaron acuerdos con líderes de autodefensas para realizar el registro de sus armas y comenzar a operar coordinadamente. En el marco de este acuerdo fueron registradas más de 6000 armas de las autodefensas, de las cuales casi 4500 eran de grueso calibre y de uso exclusivo de las fuerzas federales. Para el 10 de mayo de 2014 se formalizó la disolución de las autodefensas y la creación de la Fuerza rural, sin embargo, líderes de los grupos de autodefensas, denunciaron que muchos integrantes del crimen organizado se infiltraron en este cuerpo policial rural.
El 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, encabezó una operación de su grupo para tomar el control de la agencia municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo al día siguiente el Dr. Mireles fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del ejército, siendo recluidos en la prisión federal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, ubicado a más de 1400 kilómetros del lugar de su detención.
Desde ese momento la salud del Dr. Mireles era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014, había sufrido un accidente en una avioneta en el municipio de la Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y mandíbula dislocada.
El académico Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad, apunta: los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el “doctor” combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la delincuencia organizada –el homicidio y la desaparición forzada-, lejos de disminuir con respecto al “calderonato” –de por sí cruento y violento-, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia de Estado en materia de seguridad pública y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. 1
A esta opinión se han sumado las voces de otros académicos, políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, todos los cuales coinciden en que el Dr. Mireles junto con otros autodefensas se encuentran encarcelados ilegalmente. Especialistas como Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), ven en la detención del exjefe de autodefensas un asunto político.
El doctor Mireles es un preso político sometido a un trato injusto por el gobierno federal mexicano.
La defensa y familia del Dr. Mireles “aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación...
Días antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.
Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.
Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.
El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.” 2
Como ya se mencionó la salud del Dr. Mireles se ha deteriorado, por lo que él y su defensa han venido solicitando su traslado a Morelia para ser atendido por problemas cardiacos, incluso en octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas. 3
El 1 de noviembre José Manuel Mireles fue trasladado del penal federal de Hermosillo, Sonora, al penal de Tepic, Nayarit, donde tampoco se le ha atendido, lo que el propio Dr. Mireles ha venido solicitando con insistencia los últimos días, esto ante las malas condiciones de salud que padece, las cuales se agravan.
Resulta por demás, lastimoso no solo para el Dr. Mireles, su familia y la sociedad en general, que exGobernadores como Javier Duarte, sigan libres, o que un juez federal le otorgue un amparo a Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que continúe en prisión domiciliaria con los procesos legales en su contra.
El Tribunal revocó la resolución que negaba la prisión domiciliaria solicitada por “La Maestra”, quien está acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fue detenida en 2013 por la Policía Federal en el Aeropuerto de Toluca.
Dicha resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México. Así, se resolvió en definitiva el amparo en revisión promovido por la defensa de Gordillo.
En varias ocasiones su abogado ha argumentado que Gordillo tenía derecho al beneficio de la prisión domiciliaria, debido a que padece de múltiples enfermedades, entre ellas hepatitis C, hipertensión arterial, insuficiencia renal moderada y dos aneurismas vasculares, además de que sólo tiene un riñón.
La realidad es que mientras el Dr. Mireles líder de las autodefensas michoacanas permanece privado de su libertad, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder, y a lo largo y ancho del país muchos grupos criminales continúan operando impunemente, y muchos de los líderes que gobiernan este país quedan impunes.
Por lo anterior, y en vista que no se han acreditado los delitos que se imputan Dr. Mireles, el gobierno federal debe de poner de libertad de manera inmediata a José Manuel Mireles, y evitar se sigan vulnerando sus derechos humanos, y así evitar nuevamente la pena de pedir disculpas públicas por sembrar delitos que no existen como fue el caso del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública a las tres indígenas hñäñú – que pasaron 3 años y 8 meses encarceladas – CC. Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, por parte del Procurador General de la República, quien señaló:
“...RAÚL CERVANTES ANDRADE, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causad.”...
En razón de lo anterior, MORENA hace una vez más este respetuoso, pero enérgico llamado a su libertad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación para que, con estricto apego a la legislación aplicable, haga del conocimiento público el estado que guarda el proceso del doctor Juan Manual Mireles Valverde, asimismo se tomen las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud y se resuelva inmediatamente conforme a derecho su situación jurídica.
Notas:
[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/09/01/edito
[2] http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=408589
[3] http://www.proceso.com.mx/470041/pide-mireles-traslado-a-morelia-atendi do-problemas-cardiacos
Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incorporar en el catálogo de Lineamientos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social la opción de adquirir camiones cisterna para transportar agua potable y establecer programas de captación de la pluvial, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, al tenor de los siguientes:
Considerandos
La delegación Iztapalapa, de acuerdo al último censo del Inegi, contaba con una población de 1, 815, 780 habitantes, de los cuales estaban distribuidos en 460, 691 viviendas, donde sólo 445, 620 contaban con red de agua potable. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México en su informe sobre la calidad de agua señala que cerca de 38 colonias reciben el vital líquido sin que sea considerado 100 por ciento potable, es decir es agua con algunos parámetros fuera de norma (principalmente fierro y manganeso) cuyo consumo no representa un riesgo para la salud, estas colonias se encuentran principalmente en la zonas más marginadas y por lo mismo las de mayor concentración demográfica. Estos datos son de suma importancia ya que se muestra que una buena parte de la población de la delegación Iztapalapa no cuentan con un servicio de calidad. Cierto es que de acuerdo a los datos de Sistema de Aguas de la Ciudad de México muchas de las colonias de la Delegación reciben suministro vía tandeo, que es enviado a los hogares una máximo dos veces a la semana.
A pesar de ser reconocido en el artículo 4o. constitucional como un derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el suministro se ve seriamente comprometido en las épocas de estiaje que corren principalmente en los meses de abril a junio, donde colonias completas se quedan sin el vital líquido, y que la manera en cómo se da un paliativo al problema es mediante la distribución vía camiones denominados “ pipas”, que si bien ayuda a contener una crisis que cada año aqueja a la ciudadanía es insuficiente porque no existen los vehículos necesarios para transportar el agua que se requiere en cada uno de los hogares. Siendo una medida que en términos de gasto es muy cara ya que al no contar con los vehículos suficientes la delegación se ve obligada a rentar los camiones de transporte de agua para cubrir la alta demanda de los habitantes, siendo una problemática que pudiera disminuirse en su gasto adquiriendo vehículos o crear otras políticas sociales.
Por otra parte se ha implementado de manera exitosa en algunos planteles educativos de la delegación, la captación de agua de lluvia, donde por medio de filtros y sistemas de purificación transforman el agua de lluvia en agua potable que permite cubrir una parte de la demanda de suministro del vital líquido. Se ha intentado llevar estos sistemas de captación a los hogares para coadyuvar en la problemática existente, pero al ser zonas marginadas no cuentan con los recursos suficientes para implementarlas. Esto no implica que no se siga solicitando a las autoridades correspondientes a cubrir la demanda mediante la red de agua potable y que esta sea de calidad y cantidad suficiente.
Es de todos conocido que no se cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta histórica problemática que aqueja la delegación Iztapalapa, pero el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, ha sido un paliativo para ayudar a combatir los rezagos sociales que padece la Delegación. Dentro del catálogo de obras ya acciones que se pueden realizar se encuentran opciones como depósito o tanque de agua potable, pozo artesiano, pozo profundo de agua potable o colector de captación de agua pluvial.
El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones las cuales deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. El FAIS, se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal y el fondo de Infraestructura Social Municipal.
Además los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual sobre la Pobreza. Para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades. Las obras y acciones que se pondrán realizar se encuentran en el Catálogo publicados en los lineamientos del FAIS, de no ser así se considera un proyecto especial, los cuales serán revisados y aprobados para poder subirse a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.
A pesar de ser un fondo noble en su conjunto es limitado en su Catálogo, por tal motivo es conveniente incorporar a sus opciones de obras y acciones, la posibilidad de que poder adquirir los camiones de transporte de agua potable denominados “pipas” y programas de captación de agua de lluvia. Siendo importante su incorporación para hacer frente a la problemática del agua que ya ha rebasado la capacidad de operación y solución que pueda dar la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Por lo antes descrito someto a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que se incorpore al catálogo de Lineamientos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social las opciones de poder adquirir camiones de transporte de agua potable denominados “pipas” y programas de captación de agua de lluvia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a informar a la sociedad local, en el marco del decreto administrativo de medidas de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto de la administración pública del estado, sobre el monto de los ahorros generados y el avance en el cumplimiento del decreto, suscrita por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Omar Noé Bernardino Vargas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La difícil situación económica por la que atraviesa el país, caracterizada por la disminución de los precios del petróleo y una alta inestabilidad de los mercados financieros internacionales, ha colocado a las finanzas públicas nacionales en una situación delicada que ha hecho necesaria la implementación de diversos ajustes al gasto público que, aunque han afectado sólo aquellos rubros no prioritarios para el cumplimiento de los fines del Estado, han provocado manifestaciones de descontento entre diversos sectores sociales.
Esta situación, de por sí compleja, vino a empeorar con el relevo en la presidencia de los Estados Unidos, pues el nuevo presidente ha adoptado desde el inicio de su mandato una postura claramente antimexicana que, más allá de las implicaciones políticas, tarde o temprano tendrá un impacto negativo en nuestra economía. Lo anterior ha obligado a distintos actores políticos a asumir compromisos de austeridad en busca de amortiguar el impacto de las presiones externas sobre las finanzas del país.
En ese contexto, fue que el titular del Ejecutivo federal convocó a los mexicanos a sumarse a un gran esfuerzo de unidad y a los sectores productivos a la solidaridad para enfrentar los momentos de adversidad por los que atraviesa nuestro país. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los gobernadores, los partidos políticos, los órganos autónomos y distintas organizaciones sociales han ratificado su compromiso para enfrentar la actual coyuntura en concordia, sin olvidar sus diferencias, pero anteponiendo la unidad nacional y siguiendo esta lógica es que se han concretado ajustes al gasto de cada una de las instituciones públicas para contribuir con la austeridad que exige la situación actual.
En esta difícil coyuntura resulta inadmisible que en algunas entidades del país se continúe con el derroche de los recursos públicos. Es el caso de Michoacán, donde los medios de comunicación locales, con base en información solicitada vía transparencia, han denunciado un exceso de gastos superfluos por parte de la autoridad estatal1 .
En efecto, recientemente la opinión pública michoacana ha constatado que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, ha ejercido tan sólo el año pasado alrededor de 673 millones pesos en conceptos como “servicios de publicidad”, “alimentos y utensilios”, “combustible, lubricantes y aditivos”, “vehículos y equipos de transporte” así como “vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”, entre otros. Esto a pesar de que apenas el año pasado se anunció la ejecución de un plan de austeridad estatal.
Fue el 25 de febrero del año pasado cuando el gobernador michoacano, junto con los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, firmaron el Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado. No obstante, en el apartado de transparencia de la Secretaría de Finanzas y Administración, se revela que la autoridad estatal erogó, en “Gasto Etiquetado y No Etiquetado”, los siguientes montos:
• Por concepto de “servicios de comunicación social y publicidad” , un total de 251 millones 477 mil 863 pesos.
• Por concepto de “alimentos y utensilios” , el monto total gastado en esos mismos rubros, fue de 166 millones 71 mil 126 pesos.
• En el caso de “combustible, lubricante y aditivos” , el total ejercido en los rubros “gasto etiquetado y no etiquetado” fue de 122 millones 209 mil 955 pesos.
• En “vehículos y equipo de transporte” , la cantidad total fue de 52 millones 437 mil 640 pesos.
• En “vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos” , el monto total 38 millones 787 mil 890 pesos.
• Finalmente, por concepto de “servicios de traslado y viáticos” , la cantidad final fue de 37 millones 264 mil 171 pesos.
En el caso específico del gasto en publicidad debemos hacer notar que el gobierno de Michoacán mantiene una tendencia a la alza, pues en 2015, de los 19.8 millones de pesos aprobados, su erogación por este concepto se disparó a los 147.6 millones de pesos, un aumento de 647 por ciento. Por si fuera poco, esa partida subió casi al doble en el año 2016.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que todos debemos ser parte del esfuerzo de austeridad que la sociedad reclama. De ahí que a principios del mes de febrero de 2017 hayamos presentado ante esta soberanía sendas iniciativas en las que proponemos una adición el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con objeto de lograr hasta una reducción de 85 por ciento al gasto no estratégico en la administración pública federal, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los órganos autónomos, es decir, ahorrar en conceptos como: el uso de vehículos oficiales, vales de gasolina, giras internacionales y telefonía celular, etcétera. Asimismo, reducir 50 por ciento de los gastos en: viáticos, pasajes, hospedaje, papelería y consumibles de oficina e imprenta, con lo cual se podrían generar ahorros de entre 10 y 17 mil millones de pesos, aproximadamente. En este sentido, esperamos, por el bien del país y atendiendo el interés general, que los gobiernos de los estados se sumen a estos esfuerzos e implementen medidas para reducir los gastos innecesarios.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Michoacán a que, en el marco del Decreto Administrativo de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado, signado el 25 de febrero de 2016, informe a la sociedad michoacana sobre el monto de los ahorros generados y el avance en el cumplimiento de los objetivos de dicho decreto.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Michoacán a que detenga el derroche de recursos públicos en gastos innecesarios y que éstos se inviertan en programas de auténtico interés social y obras de infraestructura en beneficio de las y los michoacanos.
Nota
1 https://www.contramuro.com/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del programa Pensión a Adultos Mayores, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las Reglas de Operación del programa Pensión a Adultos Mayores.
Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el país opera el programa Pensión para Adultos Mayores, por medio del cual se entregan apoyos económicos de mil 160 pesos cada dos meses a personas adultas mayores de 65 años. Sin embargo, su cobertura se encuentra limitada, ya que para ser persona beneficiaria se requiere no recibir ingresos superiores a 1 mil 92 mensuales por concepto de pago de pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o alguna entidad de la administración pública.
Se advierte que tal circunscripción de personas beneficiarias es regresiva y por ende negativa, ya que las personas adultas mayores representan uno de los grupos más vulnerables, en México representan cerca de 7 por ciento de la población total y cada año incrementa en cerca de 200 mil personas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Según el Consejo Nacional de Población, en el país viven más de 8 millones de personas mayores de 60 años y, para 2050, este sector será una cuarta parte de la población total del país, alcanzando los 32 millones de personas.
En cuanto a su vulnerabilidad, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos indica que la situación de las personas adultas mayores requiere atención prioritaria por parte de la administración pública, ya que derivado del envejecimiento, las personas sufren discriminación motivada por estereotipos relacionados con la vejez, no son sujetos de crédito por parte de instituciones bancarias, sufren abandono familiar, violencia física y psicológica, debilidad de mecanismos que otorguen garantías a su patrimonio y dificultad de conseguir empleo y que, en algunos casos, a pesar de contar con alguna pensión contributiva, ésta no aporta elementos económicos para dignificar su condición.
Desde la creación del Instituto Nacional de la Senectud, actual Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el gobierno federal ha asumido de manera parcial la responsabilidad de brindar atención especial a las personas adultas mayores, como vanguardia, en el otrora Distrito Federal se creó un programa social de transferencia monetaria que posteriormente fue reconocido como parte del ordenamiento jurídico local, al ser convertido en una ley que atendía de manera universal a las personas adultas mayores de 68 años de edad.
La subsecretaria de Prospección, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, mencionó que la entrega de apoyo económico forma parte de la visión garantista del Estado, ya que se ha demostrado que contar con recursos económicos suficientes, propicia una mejora en los niveles de atención preventiva de los síntomas de deterioro de la salud física y mental, disminuyendo los costos de la atención de las enfermedades crónicas, aumentando la calidad de vida de las personas adultas mayores.
No obstante lo anterior, se estima que la atención prestada por el gobierno federal es insuficiente y limitada, ya que no atiende, como en la Ciudad de México, a la totalidad de personas adultas mayores, siendo que todas ellas forman parte del mismo grupo social sujeto a vulnerabilidad, esto, bajo la premisa de que hay quienes reciben una pensión como resultado de los años de servicios prestados, sin embargo, se trata de pensiones económicamente bajas que distan de ser dignas.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las pensiones mexicanas ocupan uno de los niveles más bajos de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya que en el mejor de los casos, las personas reciben al momento de pensionarse por jubilación, en promedio 26 por ciento de su último salario.
En atención de lo anterior, la propia comisión presentó un estudio sobre el sistema de ahorro para el retiro en México, donde recomendó realizar una reforma al sistema de pensiones ya que las personas recibirán montos insuficientes en un contexto en el que la esperanza de vida va en aumento.
Al respecto, la Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, menciona que no hay manera de vivir dignamente con el recurso que cada mes reciben las personas pensionadas, que en la mayoría de los casos no supera los tres mil pesos, por lo que es necesario el apoyo por parte del gobierno para las personas adultas mayores, además de realizar las adecuaciones legales a que haya lugar, con la intención de que a futuro el problema no empeore y se logre una vejez digna.
La Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México denuncia que se desperdició la oportunidad de planear la adultez y vejez de millones de personas, ya que con las reformas planteadas, se reduce de forma significativa que una persona adulta se pensione y con ello viva una etapa de adultez “tranquila’’, pues dado el modelo actual se contará con personas cuya pensión sólo les permitirá, si acaso, la satisfacción de alimentos.
Derivado lo anterior, se estima imprudente que la pensión para personas adultas mayores que entrega el gobierno federal excluya a las personas que reciben una pensión que de ninguna manera es suficiente para sufragar todos los gastos relacionados con la dignificación de la vejez, entendiéndose esta no sólo con el poder adquisitivo relacionado a la alimentación, sino a todos y cada uno de los derechos sociales considerados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como corolario de lo anterior, es menester recordar lo dispuesto en la fracción I del artículo 1o. de la Ley General de Desarrollo Social, la cual menciona que el objeto de la ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; por lo que no existe argumento lógico o jurídico que legitime el menoscabo de los derechos de las personas adultas mayores, menos si éste se basa en un argumento subjetivo como la recepción de una pensión que, de todas formas no resuelve los problemas generados por el envejecimiento y por la falta de recursos económicos.
Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a adecuar las Reglas de Operación del programa Pensión a Adultos Mayores, a efecto de que cualquier persona adulta mayor pueda ser beneficiaria de él, sin importar si recibe una pensión contributiva o no.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instalar por la Segob y el Inmujeres centros permanentes de atención de mujeres y niñas víctimas de violencia en las principales ciudades; vigilar que éstos hagan efectivo el acceso de ellas a servicios de salud física, psicológica y psiquiátrica, asistencia legal y formación para el empleo; y crear y fortalecer programas encaminados a proteger a las mujeres, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia es comportamiento deliberado que provocan daños físicos o psíquicos a una persona; “dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito; entrar en una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño; poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje”.1
Actualmente en el país, la violencia es sin duda uno de los elementos que continua perpetuo en la nación mexicana. Al respecto, ONU-Mujeres, señala que:
“En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados”.2
En el ámbito internacional, La Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, señala que violencia contra la mujer, se entiende todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada,3 este mismo ordenamiento, en su artículo 2º, de manera enunciativa, refiere que los actos de violencia contra las mujeres son:
• La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetradas por otros miembro de la familiar y la violencia relacionada con la explotación, y
• La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.4
Un estudio reciente elaborado por Amnistía Internacional, denominado: “Sobrevivir a la muerte tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, de este año, en el que señala que:
“En la “guerra contra el narcotráfico” de México la tortura está generalizada, pero se resta importancia o se ignora en gran medida su impacto en las mujeres. Este informe analiza las historias de 100 mujeres que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto a interrogatorio a manos de la policía y las fuerzas armadas. Palizas brutales, amenazas de violación a las mujeres y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones; violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes; estas no son más que algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres, en muchos casos con la intención de hacerles “confesar” delitos graves.
Todas las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron algún tipo de maltrato físico o psicológico; 72 denunciaron violencia sexual, de las que 33 denunciaron violación. Todas ellas permanecen en prisión, acusadas de delitos graves y tras haber recibido poca atención médica o psicológica. Pero sus torturadores están en la calle.
El Estado mexicano tiene la obligación y la oportunidad de actuar sobre esta cuestión. Un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres es un paso en la dirección correcta, pero necesita ser reforzando con urgencia, pues sigue estando inactivo. Hace falta aprobar urgentemente una Ley General contra la Tortura para garantizar que todas las declaraciones y pruebas obtenidas mediante estas prácticas ilegales quedan excluidas de las actuaciones judiciales.”5
Ante esta situación de violencia e inseguridad contra las mujeres y niñas que habitan o transitan en el territorio Nacional, las féminas se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad frente a la violencia que es generalizada y que hasta el día de hoy, no ha sido resulta.
Durante de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, señaló que: “En México estamos en una crisis de violencia de género comprobada con datos estadísticos alarmantes, dos de tres mujeres viven violencia-“6
Otro lastimoso ejemplo de la violencia de género que sigue imperando en nuestro país fue la agresión de sufrida por la Senadora Ana Gabriela Guevara,7 lo hasta ahora expuesto permite concluir que en México la violencia de género sigue siendo una tarea pendiente, por lo que es urgente exhortar al Gobierno Federal para que a través de la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de la Mujer instalen de manera permanente centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades del país; además de que estos hagan efectivo el acceso a servicios de salud: física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo; así como la creación y fortalecimiento de programas encaminados a la protección de la mujer, con el fin de brindarle a la mujer una asistencia integral; por estas razones, nos permitimos someter a la consideración del pleno, la presente proposición los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de las Mujeres, instalen de manera permanente centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades país.
Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de las Mujeres, vigilen de manera permanente que las mujeres y niñas que han sufrido violencia tengan acceso pleno a los servicios de salud: física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo.
Tercero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de las Mujeres, instrumenten programas encaminados a la protección de la mujer, con el fin de brindarles una asistencia integral.
Notas
1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, [en línea], 2016, 23ª. ed. Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=brhWhJl|brjKWH1.
2 ONU-Mujeres, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género, Infografía: Violencia contra las mujeres, [en línea], 2016. Disponible en Internet:
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/201 5/11/infographic-violence-against-women.
3 Gobierno de la Republica, Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Nacional, Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pd f
4 Ibídem.
5 Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, [en línea], 2016, formato pdf, Disponible en Internet:
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4237/2016/es/ .
6 Agencia EFE. W radio. Internacionales. México enfrenta una crisis de violencia de género: Red Nacional de Refugios. 25 de noviembre de 2016 [en línea] Disponible en
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/mexico-e nfrenta-una-crisis-de-violencia-de-genero-red-nacional-de-refugios/2016 1125/nota/3314494.aspx
7 Agresión suscitada el domingo 11 de diciembre de 2016.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de febrero de 2016
Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH sobre los artículos 72, fracción II, inciso a), 119, fracción XI, y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 16 de junio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Dicha ley se expidió por mandato de la reforma constitucional de 2015 en la que se establece la creación de un nuevo sistema de justicia penal para los adolescentes que tengan entre doce y dieciocho años de edad y que se encuentren en conflicto con la ley por haber llevado a cabo conductas que sean consideradas delitos.
Este nuevo sistema delineado en la Constitución, pretende instaurar un andamiaje jurídico e institucional especializado que se diferencie del sistema de justicia penal que existe para las personas adultas, de tal forma que se garantice que haya instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes y que se enfoquen en la reinserción y reintegración social y familiar de las personas menores de 18 años que hayan cometido algún delito, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos especiales, dado que se trata de personas que aún se encuentran en proceso de formación y desarrollo.
No obstante lo dispuesto por la Constitución, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes recientemente expedida por el Congreso, contiene varias disposiciones que vulneran principios fundamentales establecidos en la Constitución respecto a los derechos de los menores y a su condición de personas en desarrollo, ya que contempla dentro del proceso penal para adolescentes, una serie de medidas precautorias como la prisión preventiva o el resguardo domiciliario, que son instrumentos que carecen de base constitucional.
Estas medidas excesivas que contiene la nueva ley, fueron observadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso fueron motivo de la demanda de acción de inconstitucionalidad que presentó la comisión el 18 de julio de 2016 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La demanda promovida por la Comisión Nacional de Derechos humanos impugna los artículos 72 fracción II, inciso a), 119 fracción XI, y 122, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, bajo el argumento de que “la medida precautoria de prisión preventiva, viola los principios del sistema integral de justicia para adolescente, así como el principio de presunción de inocencia previstos en los artículos 18 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Nin?o.”
En la demanda de acción de inconstitucionalidad, la Comisión de los Derechos Humanos argumenta lo siguiente respecto a las medidas precautorias previstas en la ley:
“...la prisión preventiva, cuyo objeto es privar del derecho de la libertad de tránsito al adolescente, se aparta del fin constitucionalmente legítimo, que el Constituyente Permanente señaló para el sistema integral de justicia para adolescentes, donde se busca ampliar la medida más benigna posible entre todas las medidas que reúnan la característica de idoneidad, es decir, la que menos afecte el derecho fundamental, es por eso, que sólo se reconocen las medidas de orientación, protección y tratamiento.
De ello se infiere, que el prever la prisión preventiva como una medida restrictiva de la libertad de tránsito de adolescentes y adultos jóvenes, atenta contra las finalidades constitucionales de dicho sistema, al tener un perfil más punitivo que orientador para el adolescente.”
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la prisión preventiva contradice los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución, tal como se muestra a continuación:
“La medida prevista en la norma impugnada, contradice los artículos 16 – retención ministerial por cuarenta y ocho horas-; 18 –prisión preventiva–; 19 – setenta y dos horas para resolver la situación jurídica del indiciado o imputado-; 20 –principios de proceso penal–; 21 –compurgación de penas judiciales–; y, 22 –pena inusitada–; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan los derechos a la libertad personal, de seguridad jurídica y de legalidad, entre otros; partiendo de que tales preceptos sólo autorizan la detención de una persona, por flagrancia, urgencia, auto vinculatorio o de formal prisión, prisión preventiva, compurgación de penas e infracciones administrativas y no contempla la posibilidad de una privación de la libertad personal que pueda ser autorizada por un órgano jurisdiccional, en tales términos. Es decir, que en ningún momento es referida la figura de resguardo en domicilio para personas adultas, tampoco en lo específico, para personas adolescentes”.
Por tal motivo y una vez que se expidió la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso acción de inconstitucionalidad con el objeto de que la Corte contemple la necesidad de invalidar los artículos que tienen contradicción con la Constitución y con los principios de derechos humanos establecidos en tratados internacionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió desde el mes de julio del año pasado, la demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue turnada al ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto. El asunto ya se encuentra listado desde el 3 de enero de 2017 para su discusión en el pleno, sin embargo durante las sesiones que han transcurrido desde entonces, no ha sido contemplado.
Consideramos apremiante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre los artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque mientras se mantengan vigentes las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se seguirán efectuando las medidas cautelares que violentan los derechos humanos de los menores de edad.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los artículos 72, fracción II, inciso a); 119, fracción XI, y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputado Érik Juárez Blanquet (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a explicar los señalamientos y las denuncias formulados en la presente administración por actos de nepotismo y corrupción; y a las autoridades que han recibido denuncias por corrupción contra el mandatario local, a acelerar y resolver las investigaciones, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Aspectos generales
Se conoce como influencia al influjo o la preponderancia que ejerce algo o alguien. Puede asociarse este concepto, de esta manera, al poder que una persona tiene sobre otra, lo que le permite actuar sobre sus pensamientos y conductas. El tráfico de influencias se desarrolla cuando un sujeto que tiene un cierto poder o autoridad dentro del gobierno recibe dinero para influir en decisiones que favorezcan a quien paga.
En las últimas décadas muchas son las situaciones que se han dado en todo el mundo en las cuales diversas autoridades han sido acusadas e incluso condenadas, en ciertos casos, por haber desarrollado tráfico de influencias. Entre aquellas podemos destacar las siguientes:
• La imputación en julio de 2014 del que fuera presidente de la república de Francia, Nicolás Sarkozy, por tráfico de influencias, corrupción y violación del secreto de instrucción.
• Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante, fue imputada a finales de 2014 por un caso relacionado con un constructor.
• La ex congresista Nancy Patricia Gutiérrez, de Colombia, era acusada por tráfico de influencias por hacer uso de información en pro de un debate de control político.1
En nuestro país el tráfico de influencia se encuentra tipificado en el artículo 221 del Código Penal Federal, en el que se establece, entre otras cuestiones, que comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de la resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, así como la persona que promueva la citada conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión, estableciendo que al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a cien días multa.
En este contexto, es de señalar que el bien jurídico tutelado que se afecta con el delito de tráfico de influencias es el correcto funcionamiento de la administración pública, y particularmente, el debido procedimiento para el acceso a la administración de justicia. En efecto, el delito de tráfico de influencias tutela el debido acceso a la administración de justicia, empero, basado en la afectación al funcionamiento de la administración pública como componente principal de la identidad de la sociedad; esto es, el delito de tráfico de influencia se configurará no sólo por una determinada manera o forma de acceder a la administración de justicia, sino que afecte a su funcionamiento.2
Sin duda, uno de los delitos de corrupción más lastimosos para nuestro país es el tráfico de influencia, ya que este abarca mucho más que la simple objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública, por cuanto la corrupción política socava los cimientos del Estado de Derecho, dificulta la persecución de estos delitos y, en muchas ocasiones, hace ineficaz la lucha contra los mismos.
Y es que no debemos olvidar que la corrupción es un fenómeno corrosivo para las naciones y México no es ajeno a sus efectos, por el contrario, se ha convertido en una problemática galopante, creciente y extendida, que se encuentra arraigada desde el plano individual hasta el familiar, desde lo comunitario y lo local hasta el ámbito nacional y transnacional.3
Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.4
En ese sentido, con base en la reforma constitucional del 2015, en nuestro país el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
En ese sentido, en el marco de la promulgación de las leyes de anticorrupción el Ejecutivo Federal celebró con el gobierno y sociedad la reforma histórica, no obstante comunicó que dicha reforma se alcanzará con la participación de todos, es decir, con la participación tanto del gobierno, como de los ciudadanos, ello en virtud de que el sistema nació de los ciudadanos y será para servir a los ciudadanos.
Planteamiento del problema
No obstante lo antes planteado, es de señalar que particularmente en el estado de Morelos en los últimos días la opinión pública se ha venido manifestando en contra de diversas acciones del Gobernador Graco Ramírez, ello derivado de que según comerciantes, Rodrigo Gayosso, hijo del actual gobernador y presidente del PRD en Morelos, habría cerrado el Zócalo de la capital morelense alrededor de seis horas para la grabación de promocionales, sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática, informó que la grabación de diversos spots se dio de las 08:30 a las 10:00 horas.5
Señalando al respecto Rodrigo Gayosso, que la utilización del espacio público fue con autorización del gobierno municipal de Morelos y de Cuernavaca; no obstante, personal del municipio manifestó que nada tiene qué ver con el cierre, pues el 12 de febrero les quitaron las facultades para utilizar la Plaza de Armas Emiliano Zapata.6
Además, durante el transcurso de la semana el Gobierno del Estado acogió la responsabilidad, manejo y autorizaciones, y en ese sentido fueron expulsados del espacio público personas que habían trabajado durante muchos años en el lugar.
Bajo este contexto, ante la difícil coyuntura por la que atraviesa nuestro país sobre el tema de corrupción, resulta inadmisible que en algunas entidades del país se continúe sin limitaciones y reservas con el tráfico de influencias, como lo es el caso de Morelos, donde los medios de comunicación locales han evidenciado actos que podrían ser constitutivos del delito en mención por parte del actual gobernador.
Lo anterior, en virtud de que además se ha dicho que el gobernador de Morelos, gastó 84 millones de pesos en la organización de tres conciertos en aquella entidad (los de Plácido Domingo, Emmanuel y Mijares, y Sting) y al mismo tiempo decidió que este año su gobierno no iba a aportar ni un solo peso para cumplir con la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Estado de Morelos.7
Otro señalamiento ha sido el consistente en que tiene laborando en su gobierno a su nuera, sobrino, hermano y hasta a su ex pareja, que existen obras sin licitar y que la obra pública ha sido entregada de forma directa a empresarios cercanos, como su hermano Rafael Bolívar, ex subsecretario de Desarrollo Urbano.8
Aunado a lo anterior, se ha dicho que desde que llegó Graco Ramírez al gobierno de Morelos se han destinado de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles a empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, y prueba de ello son los casi 400 millones de pesos destinados a una empresa con domicilio en la Ciudad de México, de nombre Constructora Veltormart”.9
Que en la zona sur de la entidad los abogados han dado a conocer que ministerios públicos y agentes de la Policía solicitan fuertes cantidades de dinero para la integración, investigación y consignación de las carpetas. Y en el oriente de Morelos “está claro el compadrazgo, porque el fiscal encargado de la zona oriente es allegado al Fiscal Javier Pérez y permite todo tipo de corrupción”.10
En virtud de lo anteriormente planteado, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos en que el Sistema Nacional Anticorrupción funcionará con la participación tanto del gobierno, como de los ciudadanos, ya que el núcleo duro de la política nacional es el combate a la corrupción, con la finalidad de crear una democracia sólida y disminuir la desigualdad social, por lo que ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a que ofrezca al pueblo morelense una amplia y detallada explicación sobre los distintos señalamientos y denuncias que se han dado a lo largo de su administración por actos de nepotismo y corrupción.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las distintas autoridades que han recibido denuncias por corrupción en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a aceleren sus investigaciones para resolver las mismas.
Notas
1 Ibídem
2 http://enfoquederecho.com/penal/el-delito-de-trafico-de-influencias-la- lesividad-de-la-influencia-simulada-y-el-titulo-de-imputacion-del-inter esado-en-las-influencias/
3 http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/PAN_ LGSNA.pdf
4 Ibídem
5http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=663949&idFC=2017
6 Ibídem
7 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-84-mdp-en-recitales-nada- en-cuotas-escolares.html
8 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-tiene-en-su-gobierno-a-nu era-sobrino-hermano-y-hasta-a-su-ex.html
9 http://www.losangelespress.org/hijo-de-graco-ramirez-privilegia-empresa s-de-amigos/
10 http://www.periodismosincensura.com.mx/exigen-la-salida-del-fiscal-javi er-perez-duron/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de febrero de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a crear un programa de desarrollo social para apoyar económicamente a adultos mayores encargados de cuidar a los nietos, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un programa de desarrollo social por medio del cual se apoye económicamente a personas adultas mayores que se hagan cargo del cuidado de sus nietos.
Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo mencionan Sacramento Pizano y Julián Montoro en “Las relaciones entre los abuelos y nietos: factores que predicen la calidad de la relación intergeneracional”, el interés por el estudio de las relaciones entre los abuelos y los nietos se ha desarrollado debido al cambio demográfico operado durante la mitad del siglo XX y, sobre todo, el aumento progresivo del número de personas adultas mayores como consecuencia del proceso de envejecimiento en las sociedades industriales. Es decir, el incremento en el número de personas mayores de 65 años de edad, proporciona la oportunidad para una mayor presencia y participación en las decisiones y responsabilidades del sistema familiar.
Las consecuencias de estos cambios sociales y demográficos se pueden apreciar en diversos aspectos de las relaciones familiares, por ejemplo, en el incremento de la duración de las relaciones intergeneracionales y del número de abuelos que ven a sus nietos alcanzar la adolescencia, la juventud e incluso la edad adulta.
Como lo menciona el demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón, la existencia de relaciones de larga duración entre los abuelos y nietos, así como su incorporación activa en tareas como el cuidado de los nietos son cambios que indican la relevancia cada vez mayor de la figura del abuelo en el sistema familiar. Las relaciones intergeneracionales y los vínculos que los abuelos establecen con sus nietos son aspectos importantes que son objeto de estudio por los investigadores sociales. Los estudios reconocen de forma especial los beneficios que la figura del abuelo puede aportar al desarrollo global y al proceso de socialización de los nietos, poniendo de relieve los aspectos que son más propios del carácter especial de las relaciones nietos-abuelos desde la perspectiva de los abuelos y de los nietos.
De acuerdo con el estudio 2072 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, entre las personas adultas mayores de 65 años con hijos, el 35 por ciento presta algún tipo de ayuda a éstos en tareas domésticas o en el cuidado de los nietos. La mitad desempeña un rol asistencial activo si se encuentran en circunstancias personales (capacidad) o situacionales (cercanía o convivencia) apropiadas para ello. Por ejemplo, entre los que declaran valerse por sí mismos, tener hijos y salud buena o regular, ayudan a sus hijos o nietos entre el 35 por ciento y 40 por ciento. Obviamente, la tasa de colaboradores en las tareas domésticas de sus hijos o en el cuidado de los nietos es más alta cuando la persona adulta mayor convive con ellos bajo el mismo techo (44 por ciento) que en otras circunstancias.
Incluso cuando la persona adulta mayor vive sola, es frecuente que ayude a sus hijos o nietos (26 por ciento). La ayuda intergeneracional focalizada en el cuidado de los nietos y en tareas domésticas se da en mayor proporción entre mujeres (40 por ciento) que entre hombres (29 por ciento). Con respecto al tipo de ayuda suministrada a los nietos, ocupan el primer puesto las tareas de cuidado. Poco más de uno de cada diez realiza cuidados habituales diarios como dar de comer a los nietos o acompañarlos al ir o volver de la escuela.
En México, históricamente ha sido común contar con el apoyo de los abuelos para el cuidado de sus nietos, pero en la actualidad es cada vez más frecuente que sean ellos los cuidadores principales de los niños de sus hijos y por lo general con una nula remuneración económica.
Graciela Saldaña Hernández, profesora del departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, aseguró que hoy en día son cada vez más los adultos mayores que se desempeñan como los cuidadores principales de sus nietos. De acuerdo con datos provistos por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, se sabe que tres millones de niños se quedan en casa, el 61 por ciento de ellos están a cargo de la abuela.
Actualmente, la relación entre personas adultas mayores y sus familias se entiende como “Intimidad a Distancia”, término que reconoce la naturaleza personalísima y única de la relación a través del término intimidad, pero se afirma también que entre ambas partes se respeta la independencia y por ello debe existir cierta autonomía o distancia que desaparece cuando la persona mayor tiene una necesidad concreta (salud, compañía, Etc.) y/o asume el cuidado directo de los jóvenes cuando los padres están ausentes (cuidador de los nietos, Etc.).
Ingrid Arnet Connidis, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Western, ha argumentado que la adultez puede proporcionar una oportunidad para mejorar y estrechar los lazos entre abuelos y nietos. En este sentido, los jóvenes adultos ven las relaciones con sus mayores como muy importantes e influyentes en sus vidas.
Para algunos autores, la relación nietos-abuelos no cambia nunca. Para otros, hay una serie de cambios asociados a la edad de los nietos que comienzan en la adolescencia, posiblemente porque hacia el final de esta etapa los nietos tienden a focalizar su energía en el desarrollo personal y en las relaciones de la familia. Así, y de modo natural, conforme los nietos van creciendo, las relaciones con los abuelos cambian: de compañeros de juegos, los abuelos pasan a ser confidentes y amigos.
En la actualidad, cada vez existe mayor evidencia que demuestra cómo el contacto entre los abuelos y los nietos conforme éstos se van haciendo adultos es no ritualístico u obligatorio, sino voluntario. Por tanto, se puede concluir que la relación entre abuelos y nietos se debilita conforme aumenta la edad por la disminución del contacto con los nietos, que declina sobre los catorce años de edad. No obstante, no se aprecia un declive paralelo en el nivel de satisfacción, lo que sugiere que el aumento de autonomía en la relación entre abuelos y nietos debe ser un cambio normativo y aceptado dentro de esta relación.
Como lo menciona Frank F. Furstenberg en “El Nuevo Abuelo Americano”, las relaciones entre abuelos y nietos pueden seguir un patrón cíclico durante el curso de la vida. De manera consistente con las posiciones teóricas en tomo a la familia nuclear, y al final de la adolescencia no se daría una ruptura importante en las relaciones entre abuelos y nietos. La mayor parte de los nietos indican que existía amor y respeto mutuo en sus relaciones con los abuelos, así como niveles muy bajos de conflicto. Las nietas indicaban, con más frecuencia que los nietos, relaciones más estrechas (sobre todo en apoyo instrumental, admiración y afecto).
Muchas investigaciones sugieren que las relaciones entre abuelos y nietos a lo largo del ciclo vital se caracterizan más por la continuidad que por el cambio. Informes retrospectivos realizados por nietos adultos sobre el grado en el que su niñez estuvo influida por sus abuelos, predicen la cercanía emocional en sus relaciones intergeneracionales contemporáneas. Datos demuestran que aunque los abuelos ejercen una influencia decreciente como fuente de apoyo, las relaciones interpersonales con sus nietos siguen siendo cuantitativamente fuertes, y rara vez los nietos valoran su relación con los abuelos como no óptima, con independencia de su edad.
Con respecto a la variable del género, los nietos y las nietas tienen un contacto mayor con las abuelas que con los abuelos, lo que sugiere que el género del abuelo puede ser más importante que la proximidad a la hora de determinar la relación. En el caso de los cuidados de los nietos y otras tareas de apoyo, las madres jóvenes aprecian totalmente este apoyo de las mujeres mayores. Entre otras cosas, son las abuelas concretamente la principal estrategia para que las mujeres puedan compatibilizar el trabajo y la familia.
Existen también importantes diferencias con respecto a la percepción del afecto y la admiración, ya que en general las nietas refieren una mayor percepción de afecto que los nietos y ven a las abuelas más afectuosas que a los abuelos. Aunque nietos y nietas respetan mucho a sus abuelos, los datos revelan que admiran más a las abuelas. También en la literatura científica encontramos diferencias de género al preguntar a los abuelos y abuelas. Thomas (1986) halló que las abuelas se encuentran más satisfechas con su rol que los abuelos, esto se debe quizás a su mayor experiencia con las relaciones familiares íntimas, ya que las mujeres suelen ser las principales responsables de la crianza de sus hijos.
Lo anterior, quizá debido a que la principal estrategia que utilizan las madres solas para compatibilizar familia y empleo, es la sustitución de la madre en su ausencia por otra mujer que asume el rol de ama de casa, ya que la relación con la familia del padre de sus hijos suele ser mucho más distante, aunque, en ocasiones, recuperan indirectamente su función de abuelos cuidadores en los periodos de fin de semana o vacaciones, durante los que los niños están con su padre. El papel de la abuela ayudando a su hija y sus nietos es tan importante que llega a ser una condición para la viabilidad de las familias monoparentales en las que la madre trabaja. Se observa una construcción social del rol de cuidadora (rol fuertemente internalizado a través de la socialización), basado en las creencias tradicionales en tomo a una “naturalización” y suposición social de la mujer como mejor cuidadora.
Los abuelos sirven como fuerza estabilizadora y actúan como un recurso para sus hijos y nietos, pudiendo proveer una variedad de servicios concretos a sus nietos, sobre todo, cuando son jóvenes. La mitad de los nietos jóvenes adultos entrevistados refieren retrospectivamente que sus abuelos les proveyeron de apoyo emocional, apoyo instrumental y apoyo financiero durante su infancia.
En un estudio realizado en Polonia en 1991, se encontró que las actividades realizadas más frecuentemente entre abuelos y nietos (adolescentes y jóvenes) de manera conjunta eran: conversaciones (52 por ciento), paseos (24 por ciento) y juegos (17 por ciento). Las conversaciones mantenidas por los nietos con sus abuelos parecen ser de particular significación para los nietos, porque los padres trabajadores no tienen el tiempo o la paciencia suficiente para conversar con sus hijos, y porque la existencia al mismo tiempo de un vínculo mutuo y de una cierta distancia respecto de sus abuelos y abuelas les permite hablar de asuntos que no abordarían con sus padres.
Otras actividades llevadas a cabo conjuntamente con los abuelos hacen referencia al ocio, al aprendizaje de habilidades prácticas y a la iniciación en las tradiciones familiares. La investigación sobre las relaciones intergeneracionales muestran cómo, de entre las actividades que realizan abuelos y nietos hasta los 13 años, las vinculadas al cuidado son las que descienden en la adolescencia, y, por el contrario, se mantienen la conversación, la ayuda económica, la comunicación telefónica o el paseo. Un papel fundamental de la familia es la transmisión de valores de una generación a otra. Los abuelos pueden jugar un rol crucial en este proceso, sirviendo de árbitros entre padres e hijos con respecto a los valores centrales para la continuidad familiar y el desarrollo individual.
No obstante lo anterior, en muchas ocasiones se asume que las personas adultas mayores no tienen cosas por hacer y por lo tanto pueden o deben dedicarse a cuidar a los nietos o a realizar los quehaceres domésticos sin tener descanso, o como si fuera una tarea implícita.
Este importante papel contribuye a la generación de preguntas sobre si ellos deciden genuinamente si quieren o no quieren dedicar parte o todo su tiempo al cuidado de sus nietos, o bien si se sienten comprometidos a hacerlo debido a la presión o necesidades familiares.
En nuestro país, el crecimiento de hogares se cuadruplicó en medio siglo, pasó de 5.8 millones en 1950 a 22.3 millones en 2000. Además, la estructura de las unidades domésticas se diversificó: entre 1990 y 2000 hubo un descenso considerable en unidades nucleares (del 74.9 al 68.8 por ciento) y un incremento en unidades extensas (del 19.6 al 24.5 por ciento); esto significa que existe un desplazamiento paulatino de la familia extensa por la nuclear, es decir, la coexistencia de diferentes generaciones da por resultado un aumento en las familias multigeneracionales.
Por otro lado, debido a las dificultades económicas, cohabitan en una misma casa hasta cuatro generaciones. En un estudio realizado en la ciudad de León, Guanajuato, con población en pobreza extrema, se encontró que en el 44 por ciento de los hogares cohabitan tres y cuatro generaciones, el 27 por ciento es bigeneracional y el 29 por ciento es unigeneracional. Las consecuencias más significativas de esto son los cambios de roles de sus miembros; por ejemplo, los abuelos toman responsabilidades que no les corresponden con sus nietos pequeños cuando los padres trabajan.
En México, como en la mayoría de los países, las abuelas han sido por tradición las responsables de la transmisión de valores sociales y emocionales. Sin embargo, en las últimas décadas este papel se ha modificado al asumir ellas la crianza y la educación de los nietos. La dedicación de las abuelas hacia los nietos ha pasado de ser voluntaria a convertirse en una obligación que les implica un esfuerzo físico, emocional y económico significativo.
Las abuelas se han convertido en cuidadoras de sus nietos y tienen al menos tres responsabilidades con ellos:
a) Cuidados en casa mientras los padres están trabajando (crianza);
b) Apoyo en la educación escolar, ya sea llevándolos a la escuela y/o ayudando con tareas; y
c) Disciplina, sobre todo cuando les faltan el respeto a sus padres.
Es importante mencionar que los roles del abuelo están determinados por diversas variables, como la edad, el género, la clase social, la cultura y la proximidad residencial, entre otras. De manera general, se puede decir que el rol del abuelo está compuesto por factores actitudinales, conductuales, emocionales y simbólicos.
Un último factor importante que tomar en cuenta es la situación económica que actualmente viven la mayoría de las familias mexicanas. Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, muestran que, en 2012, la población total de mexicanos fue de 117.3 millones de habitantes, y de ese total, el 45.5 por ciento vive en pobreza moderada y el 9.8 por ciento en pobreza extrema, lo cual indica que más de la mitad de mexicanos viven bajo la línea de pobreza. Con relación a las personas adultas mayores, se encontró que el 36.1 por ciento de las personas mayores de 65 años viven en pobreza moderada y el 9.7 por ciento en pobreza extrema, lo cual repercute de manera directa en la economía de las familias, ya que ahora los padres no sólo mantienen a sus hijos, sino también tienen que apoyar económicamente a sus padres en muchos casos.
Por tanto, el grupo de personas adultas mayores a cargo del cuidado de sus nietos se convierte en un grupo con doble vulnerabilidad, debido a que no sólo padecen las consecuencias de la discriminación motivada por estereotipos relacionados con la vejez, además llevan a cabo tareas que en estricto sentido no les corresponden y sin recibir retribución alguna al respecto.
En ese sentido, se considera necesario que el Estado implemente una política de desarrollo social con la intención de favorecer la importante labor que los abuelos llevan a cabo. En esta materia, el caso paradigmático es el sueco, donde recientemente fue aprobada la operación de un programa piloto que entregará apoyo económico a las abuelas, propiciando que las mujeres puedan trabajar el día completo y generar más ingresos para su familia.
El programa piloto será implementado en una primera fase en las ciudades de Estocolmo y Dalarna, con la que se atenderán cerca de mil familias a través de la entrega de aproximadamente 700 euros mensuales. Posteriormente, después de seis meses de transcurrida la primera etapa del plan, podrían incorporarse más familias a la iniciativa.
El programa cumple con el doble objetivo de ser corresponsables con la importante labor de los abuelos, y también fomentar que más mujeres en edad activa de trabajo se incorporen al mercado laboral.
Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un programa de desarrollo social por medio del cual se apoye económicamente a personas adultas mayores que se hagan cargo del cuidado de sus nietos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Guerrero a atender en el ámbito de su competencia las demandas de los trabajadores del contrato del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 07 de la institución, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 3 de diciembre de 2015, los diputados de Movimiento Ciudadano presentamos ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo en la que reconocíamos que:
“Si bien es cierto que los casos de chikungunya van a la baja en Guerrero, conforme a declaraciones del secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, es necesario que las estrategias de reforzamiento contra el mosquito de dengue y chikungunya no sean suspendidas y que incluso se fortalezcan en la última etapa del combate a este vector.”1
En dicha manifestación insistíamos en la necesidad de fortalecer las acciones en el control de vectores, principalmente en el mosco Aedes aegypti, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el principal vector de los virus que causan dengue, zika y chikungunya2 .
Sobre este mismo tema, es importante resaltar que, de acuerdo con la OMS, la estrategia para el manejo del Aedes aegypti , se centra en la promoción del manejo ambiental para el control de vectores, dado que el manejo ambiental fue el pilar del control de las enfermedades transmitidas por vectores antes de la época del DDT.3
Es por ello, que resulta preocupante que de acuerdo con lo reportado por los periódicos La Jornada Guerrero 4 y Quadratín Guerrero 5 la Secretaría de Salud del estado haya descuidado la relación obrero patronal con los trabajadores de contrato del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud estatal, puesto que este recurso humano representa la base toral en que descansa la estrategia de control de vectores, como el Aedes aegypti .
Bajo esta lógica podemos concluir que esta desatención implica también una inobservancia de la administración estatal de crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, tal como lo mandata el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. Bis, de la Ley General de Salud.
Se sostiene lo anterior en razón de que el derecho a los servicio de salud, a que refieren ambos ordenamientos, implica una política social encaminada a fomentar y proteger la salud de las personas de un estado, región, localidad o comunidad mediante acciones que el estado como protector de la salud debe realizar para prevenir la presencia de enfermedades o de diferentes situaciones en las que la salud pueda estar en peligro y evitar con ello una epidemia o pandemia.
En consecuencia, la suspensión de actividades de la Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud Estatal6 , puede poner en riesgo la estregaría de control de vectores como el Aedes aegypti , en un núcleo poblacional tan sensible de contraer enfermedades como dengue, zika y chikungunya, como lo es Acapulco.
Máxime que de acuerdo con el Programa de Prevención y Control de Dengue (Vectores), corresponde a la Secretaría de Salud, controlar las densidades vectoriales en las localidades de riesgo, así como mantener bajo control los índices larvarios en las localidades de alto riesgo, a través de actividades encaminadas a la eliminación de los criaderos y larvas del vector, incluyendo control larvario y nebulización, partiendo de la notificación oportuna de casos probables y confirmados al área de vectores por parte del área de epidemiología en cada jurisdicción7 , por tal motivo, los diputados de Movimiento Ciudadano proponemos ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Salud Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, para que en el ámbito de su competencia atienda las demandas de los trabajadores de contrato del departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria 07, de la Secretaría de Salud, a efecto de evitar paros en las actividades de la citada jurisdicción, que puedan repercutir en el funcionamiento de su área epidemiológica, en específico, en lo relativo a la emisión de la notificación oportuna de casos probables y confirmados de los criaderos y larvas del Aedes aegypty al área de Vectores.
Notas
1 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Salud de Guerrero a intensificar las medidas de combate del vector transmisor de la chikungunya en la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Consultable en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/20151203-XI.html#Prop osicion6
2 Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. Enfermedad por el Virus Zika. 2016.
3 http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/envmanagement/es/
4 La Jornada Guerrero . Denuncian trabajadores de Vectores de la Ssa que les adeudan dos meses de salario. 25 de noviembre de 2016. Consultable en
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/11/25/index.php ?section=sociedad&article=008n1soc
5 Uriel Sánchez. Quadratín Guerrero. Protestan trabajadores de Vectores para exigir pago de salarios. Consultable e https://guerrero.quadratin.com.mx/protestan-trabajadores-vectores-exigi r-pago-salarios/
6 Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud Estatal , ubicada en Calle alta Santa Cruz, Colonia Renacimiento, Acapulco de Juárez, Guerrero. Consultable en http://i.administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/uploads/2014/06/Logros -de-la-Jurisdicci%C3%B3n-Sanitaria-07-Acapulco.-2013.pdf
7 Secretaria de Salud. Programa de Prevención y Control de Dengue (Vectores). Véase más en http://guerrero.gob.mx/tramites/control-vectorial/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y el Inapesca a llevar a cabo acciones orientadas a la sostenibilidad de la pesquería de camarón en mar abierto, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
De la producción pesquera del país por varias razones destaca por su importancia la del camarón, es la que desde hace décadas aporta el mayor valor económico, generadora de divisas, motor de desarrollo nacional, con fuerte carga social, ya que de esta depende el sustento de miles de familias y en varias zonas costeras es la actividad que sostiene la economía regional.
En esta producción participan tanto el sector social como el privado, cuyos sistemas de captura van desde los artesanales utilizados en esteros y bahías, hasta las embarcaciones de mediana altura cuyas capturas se realizan en mar abierto. Sin olvidar la acuacultura, cuya aportación al volumen es superior al obtenido por la pesca.
En cuanto al estado que guardan las pesquerías, según la Actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 24 de agosto de 2012, tanto en el litoral del Pacífico, como en del Golfo se considera que el status es el de máximo rendimiento sostenible (MRS), incluso en determinadas zonas para algunas especies del Golfo se considera que se tienen poblaciones en deterioro, es decir, sobreexplotadas.
Lo anterior viene a colación por que en fechas recientes un nutrido grupo de pescadores de camarón de alta mar, que representan a más 80 sociedades cooperativas se han acercado al que esto suscribe, manifestando su preocupación por el estado que guardan las poblaciones de los crustáceos que constituyen su objetivo de captura, el que de acuerdo a sus conocimientos empíricos, producto de décadas de experiencia, se encuentra al borde de la sobreexplotación. Atribuyendo esta situación en buena parte a las características técnicas de los equipos pesqueros que actualmente y de forma legal se están utilizando. En opinión de estos pescadores debería de incrementarse el tamaño de la malla en el cuerpo de la red, a la vez, la red, los portones y el espantador deberían de ser de menores dimensiones en comparación a los que actualmente se emplean, con la finalidad de incrementar la selectividad intraespecífica.
Además, tienen la impresión de que la flota camaronera está sobredimensionada en cuanto al número de embarcaciones que participan en la pesquería de mar abierto, El que el recurso camarón esté al MRS podría deberse a que el esfuerzo pesquero está también al nivel más alto que es posible aplicar sin deteriorar la pesquería, pero, si bien, teóricamente es posible manejar las pesquerías a niveles de MRS sin llegar a la sobreexplotación, esto debe de darse con cuidado, el determinar el límite máximo de capturas debe de ser el resultado de un proceso permanente de investigación con levantamiento de datos en campo y modelos matemáticos que permitan llegar a la cantidad máxima que se puede extraer de una especie sin deteriorar la población y tener siempre presente “... la imperfección en el conocimiento sobre el estado o los procesos de la naturaleza... Hay varias fuentes de incertidumbre en el cálculo de los puntos de referencia y en la evaluación del estado de las poblaciones.”1
También es de considerarse que el Código de Conducta para la Pesca Responsable no postula que el aprovechar los recursos pesqueros al RMS sea lo ideal, simplemente pide que no se exploten por encima de este punto, de hecho, varios autores cuestiona la conveniencia de llevar las capturas hasta este punto sin dejar un margen para posibles eventualidades, como podrían ser los cambios ambientales no previstos o la duda propia de todo proceso de investigación científica. Este punto de vista ha sido tomado en cuenta en otros instrumentos internacionales relativos al manejo sustentable de los recursos pesqueros, como lo es el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces de 1995, a decir de la FAO; “En el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces se ha establecido que, con fines precautorios, es preciso considerar que el rendimiento máximo sostenible es un «limite» que debe evitarse y no una meta que se aspira alcanzar.”
En otro orden de ideas, si bien el conocimiento de estos pescadores que han planteado sus inquietudes con respecto a la sustentabilidad de la pesquería en comento no es el resultado del “método científico”, no por esto carece de mérito y deben de ser desechado sin darles la oportunidad de la comprobación, ya que este conocimiento es producto de un proceso acumulativo y dinámico de experiencias prácticas y adaptación al cambio
El que los interesados que año con año practican la actividad pesquera nos adviertan de afectaciones en los recursos pesqueros que ponen en riesgo de deterioro a las poblaciones que capturan debe de ponernos en alerta y tomarlo como hipótesis de trabajo, de tal forma que el Instituto Nacional de la Pesca debería realizar las investigaciones pertinentes sobre los equipos de pesca de arrastre y sobre el esfuerzo pesquero medido en número de embarcaciones que operan en mar abierto, de tal forma que de ser necesario se modifiquen dichas artes y se reduzca el tamaño de dicha flota, a manera que se mejore el aprovechamiento sustentable de las especies que contribuyen con la producción de camarón de alta mar.
A la vez, sería deseable que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria del cual depende el Subcomité de Pesca Responsable convoque al Grupo de Trabajo Técnico No. 1 Pesquería de Camarón, para que con base a las nuevas evidencias científicas, en su caso se hagan las modificaciones pertinentes a la “Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos”, publicada en el DOF del día 11 de julio de 2013, que dicho sea de paso se deberá de revisar en el año 2018, esto por efectos del cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que a la letra señala:
“Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación.”
Entonces, siendo la pesquería de camarón de alta mar de tal importancia amerita ser administrada con todo cuidado y tomando en cuenta el principio de incertidumbre que acompaña a los estudios que evalúan los status de los recursos pesqueros, aunado a los conocimientos de los pescadores, no está por demás comenzar los trabajos para la revisión de la mencionada Norma Oficial Mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Pesca, a que lleve a cabo las investigaciones necesarias para mejorar la selectividad intraespecífica y en su caso determinar las modificaciones en las características técnicas de las redes de arrastre que utiliza la flota camaronera que opera en mar abierto. Además, realice los estudios necesarios para determinar si la cantidad de embarcaciones camaroneras de alta mar es la adecuada, de tal manera que se favorezca la sostenibilidad de las capturas de camarón.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el supuesto de las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Pesca den como conclusión que el número de embarcaciones que participan en la pesquería de camarón en alta mar es superior al conveniente para garantizar la sostenibilidad de esta pesquería implemente un programa de retiro voluntario de dicha flota.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria y a su vez del Subcomité de Pesca Responsable, se convoque al Grupo de Trabajo Técnico Número 1, Pesquería de Camarón, para que con base a las nuevas evidencias científicas de ser pertinente se hagan las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos,
Nota
1 Caddy, J. F.; Mahon, R. (1996). “Puntos de referencia para la ordenación pesquera”, FAO. Documento técnico de pesca 347. Roma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017
Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a poner en marcha por la Semarnat, en coordinación con el gobierno de Guerrero y el ayuntamiento de Acapulco de Juárez, acciones para recuperar el parque nacional El Veladero, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El parque nacional “El Veladero” fue creado por decreto en el año 1980 con el objetivo de mejorar el entorno ecológico del puerto de Acapulco y el cerro Veladero, que tiene una importancia histórica, en donde se han localizado al menos “18 rocas con petrograbados creados por los yopes, considerados los primeros pobladores de la zona, al parecer entre el 200 a.C. el 600 d.C., un lugar que fue habitado desde hace miles de años, por lo que contiene decenas de grabados en las rocas que ocupan la cima de este parque” .
De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 29 de noviembre de 2000, por el que se reforma el artículo primero, se deroga el artículo séptimo y se adicionan los artículos noveno al décimo noveno del decreto publicado los días 17 y 22 de julio de 1980, por el que se declaró parque nacional con el nombre de El Veladero, el área natural protegida, que le corresponde es de tres mil seiscientas diecisiete hectáreas, cuarenta y un áreas, treinta punto trescientos dos centiáreas; integrada por dos polígonos identificados como polígono poniente con una superficie de dos mil setecientas treinta y siete hectáreas, noventa y tres áreas, quince punto novecientas noventa centiáreas y el polígono oriente con una superficie de ochocientas setenta y nueve hectáreas, cuarenta y ocho áreas, catorce punto trescientos doce centiáreas.
Lamentablemente, la Coordinación General Protección Civil y los Bomberos del municipio de Acapulco, mediante un comunicado informaron que a las 16:46 horas del día sábado 11 de febrero de 2017, recibió el reporte de fuego activo en el parque nacional del Veladero.
El incendio se extendió por alrededor de 20 horas, dejando a su paso la afectación de al menos 50 hectáreas , destruyendo por completo 3 de ellas , devastando la vegetación de selva mediana y poblaciones aisladas de encinos, prevalecientes en el parque.
La destrucción de la vegetación provocada por el fuego pone en riesgo el hábitat natural de las aves canoras, el águila pescadora, la iguana y la boa entre los reptiles que residen en el parque, por ello, resulta imperativo restaurar el equilibrio ecológico del cerro del Veladero, pues con la destrucción de la flora, que cumplen un rol único e importante dentro del nicho ecológico, las consecuencias suelen ser catastróficas para el entorno, como lo podemos constatar hoy en día en diversos casos, como por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático a nivel mundial.
Por consiguiente, al haberse afectado una superficie importante del área natural protegida, se pone en riesgo a las especies, tanto animal como vegetal, que armonizan el ecosistema del parque, los Diputados Ciudadanos proponemos a esta Soberanía realizar un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación; para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero y el Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez; pongan en marcha las acciones necesarias para la recuperación y conservación del parque nacional “El Veladero”.
Lo anterior en atención a lo previsto por el decreto presidencial publicado el 29 de Noviembre de 2000, por el que se reforma el artículo primero, se deroga el artículo séptimo y se adicionan los artículos noveno al décimo noveno del decreto publicado los días 17 y 22 de julio de 1980, por el que se declaró parque nacional con el nombre de El Veladero, en el que se señala en su artículo décimo primero lo siguiente:
“La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la participación que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal, propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, en los que se involucre la participación del municipio de Acapulco de Juárez; así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, entre otras, en las siguientes materias:
I. La forma en que el Gobierno del Estado y el municipio involucrado participarán en la administración, conservación, protección y manejo del parque nacional;
II. La coordinación de las políticas federales aplicables en el parque nacional, con las del Estado y el municipio participantes;
III. La determinación de acciones para llevar a cabo el ordenamiento ecológico territorial aplicable al parque nacional;
IV. La elaboración del programa de manejo del parque nacional, con la formulación de compromisos para su ejecución;
V. El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del parque nacional;
VI. Las formas como se llevarán a cabo la investigación, la experimentación y la evaluación en el parque nacional;
VII. La realización de acciones de inspección y vigilancia;
VIII. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos del parque nacional;
IX. Los esquemas de participación de la comunidad, de los grupos sociales, científicos y académicos, y
X. El desarrollo de programas de capacitación y asesoría a los interesados para la realización de actividades turísticas, recreativas y de educación ambiental.”
En razón de lo hasta ahora expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo de la federación, Enrique Peña Nieto; para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero y el ayuntamiento de Acapulco de Juárez; pongan en marcha las acciones necesarias para la recuperación y conservación del parque nacional “El Veladero”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones de austeridad en su administración, sin despido de trabajadores al servicio del Estado, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
“El gasolinazo es doloroso pero necesario”, esas fueron las palabras del presidente de la República Enrique Peña Nieto, luego de prácticamente ocho decenios de controlar los precios de las gasolinas en el país.
De igual manera señaló: “entiendo la molestia. El impacto en los bolsillos familiares puede ser grande. Sin embargo considero que el aumento es apropiado. Por más doloroso que sea, la alternativa de utilizar recursos públicos para subsidiar la gasolina puede ser peor.”...1
Declaraciones que más allá de lo lastimoso que pueden resultar, dado el contexto actual de la vida interna del país, deja entrever que el Gobierno de la actual administración, no pretende apretarse el cinturón, aunado a que la molestia generalizada de la población crece día a día con el aumento de los combustóleos y la creciente corrupción no solo en el Gobierno Federal, sino en los Gobiernos Estales y Municipales.
No olvidemos, que el informe del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, estableció que en la cuenta pública 2013 de Enrique Peña Nieto se promovieron mil trescientos expedientes de Responsabilidad Administrativa.2
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación, el informe de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2015 reveló un gasto irregular en 2 mil 201 millones de pesos en programas de salud, educación, infraestructura social en los municipios y en los recursos que ese año recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa.3
Por otro lado, a nivel federal, por ejemplo, de las 18 secretarías de Estado, diez pudieron haber causado daño al erario. La que encabeza esta lista es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 2 mil 209.1 millones de pesos; seguida por la Secretaría de Desarrollo Social con mil 855.1 millones de pesos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con mil 774.2 millones de pesos.4
La Secretaría de Educación Pública se encuentra en cuarto lugar con mil 259 millones; le sigue la Secretaría de Salud con 386.5 millones, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 266.8 millones de pesos.5
Las dependencias que terminan esta lista son: la de Medio Ambiente con 71.4 millones, Economía con 30 millones, Cultura con 27.1 millones y la de Relaciones Exteriores (SRE) con 18.4 millones.6
En este contexto, vemos con gran desazón, que los niveles de carestía en la población crecen, acosta del aumento no solo de la corrupción, sino de los gasolinazos, sin que se haga nada al respecto ya que podemos ver como Dependencias del estado como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) gasto en solo quince días más del presupuesto anual destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el 2017, es decir 409 millones 247 mil 451 pesos.
Lo anterior, en razón de que en días pasados se dio a conocer una investigación del diario reforma, el gobierno mexicano por conducto de Semarnat gastó un total de 462 millones 536 mil pesos durante 15 días que duró el evento de la COP 13, celebrada del 2 al 17 de diciembre de 2016, misma que se llevó a cabo en el hotel Moon Palace, de Cancún, complejo en donde una habitación cuesta alrededor de 13 mil pesos la noche, dice la investigación firmada por Isabella González.7
Según el desglose proporcionado por la secretaría federal, el concepto de servicios de organización, equipamiento, seguridad, telecomunicaciones y logística tuvo un costo de 355 millones 126 mil 352 pesos.8
Además, el valor de la renta de salones, las salas de trabajo, el hospedaje, la alimentación y los servicios básicos ascendió a 94 millones 817 mil 730 pesos. Mientras que el transporte de ministros de todo el mundo, ponentes y participantes costó 12 millones 592 mil 347 pesos.9
La Auditoría Superior de la Federación, respecto de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2015, emitió 2,735 recomendaciones, 2,400 promociones de responsabilidad administrativa, 2,662 pliegos e observaciones, 1, 207 recomendaciones al desempeño, entre otras,10 situación que deja a todas luces entrever, la mala dirección que guarda la administración del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en materia de rendición de cuentas y aplicación de los recursos públicos.
Como ya lo mencioné, México está pasando por una difícil situación económica, luego entonces, el Gobierno Federal opto por realizar recortes presupuestales no solo en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2017, sino también a costa del trabajo de los Mexicanos y de su educación, no olvidemos el recorte presupuestal en este rubro, lo despidos masivos de los trabajadores al servicio del estado, con el pretexto de evitar pasivos laborales, tampoco pasa por desapercibido que supuestamente se realizarían programas gubernamentales para ahorrar dinero, pero para el gobierno federal no existe, de ahí que veamos dispendios como el de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 462 millones 536 mil pesos gastados durante 15 días.
En ese sentido es de exhortarse al presidente de la República Ciudadano Enrique Peña Nieto, a que realice acciones inmediatas de austeridad en su administración, de manera responsable, que se reflejen en el bienestar de la ciudadanía, sin que impliquen el despido de los trabajadores al servicio del estado y de igual manera es de exhortarse a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga públicas las matrices de indicadores para resultados de cumplimiento de los objetivos derivados del gasto de 462 millones 536 mil pesos erogados para llevar a cabo la organización de la Treceava Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 13), celebrada del 2 al 17 de diciembre de 2016, en Cancún, Quintana Roo.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República, ciudadano Enrique Peña Nieto, a que realice acciones inmediatas de austeridad en su administración, de manera responsable, mismas que deberán reflejarse en el bienestar de la ciudadanía, sin que impliquen el despido de los trabajadores al servicio del Estado.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, a que haga públicas las matrices de indicadores para resultados de cumplimiento de los objetivos derivados del gasto de 462 millones 536 mil pesos erogados para llevar a cabo la organización de la decimotercera Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 13), celebrada del 2 al 17 de diciembre de 2016, en Cancún, Quintana Roo.
Notas
1 http://www.milenio.com/firmas/julio_serrano/
gasolinazo-doloroso-necesario-alza-precio_gasolina-milenio_18_878492161.html
2 http://www.proceso.com.mx/396322/detecta-asf-quebranto-de-50-mil-mdp-en -cuenta-publica-de-pena
3 http://riodoce.mx/gob-politica/estatal-gob-politica/la-asf-detecta-otro s-2-mil-201-mdp-irregulares-en-el-gobierno-de-lo
4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/17/1146895
5 Ídem 4
6 Ídem 5
7 http://regeneracion.mx/en-cumbre-de-15-dias-semarnat-gasto-presupuesto- anual/
8 Ídem 7
9 Ídem 8
10http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documento s/InformeGeneral/ig2015.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2016.
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al TFJA a elaborar y publicar los datos estadísticos relativos a los juicios atendidos en materia ambiental y acreditar la capacitación de juzgadores en la materia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cambio climático es una realidad. Esta afirmación se basa en resultados obtenidos a través del estudio minucioso de la comunidad científica a nivel internacional. El deterioro al medio ambiente causado por el hombre ha propiciado la aparición de fenómenos meteorológicos que se ven alterados en su ciclo natural ocasionando la muerte de millones de personas y cuantiosas pérdidas económicas. Las Naciones Unidas y los Gobiernos locales han manifestado su preocupación adoptando medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial para la preservación, conservación y restauración del medio ambiente.
“La naturaleza del derecho ambiental parte de un carácter horizontal, esto significa que cualquier persona —como sujeto activo— tiene el derecho e interés tutelado frente a la comunidad o a cualquier otro individuo —sujeto pasivo— y este la obligación de no dañar el medio ambiente, debiendo, cada cual, hacer uso de sus bienes, potestades o privilegios pero de una manera responsable y sin que deteriore irreversiblemente el entorno, esto es, de un modo sustentable o adecuado.
La excepción o problemática surge cuando el daño o deterioro ambiental se da en bienes públicos o de la colectividad, en razón que los criterios tradicionales del derecho subjetivo, relacionado con derechos patrimoniales individuales, es insuficiente e ineficiente, con la dificultad de garantías y tutelas efectivas. Es importante que jurisdiccionalmente acuñemos un concepto de derecho subjetivo e interés jurídico, relacionado con derechos fundamentales erga omnes que al ser generales y colectivos en lo sustantivo, paralelamente las acciones judiciales deben compartir esos atributos.
Ante esta relación y responsabilidad, es que, de manera correlativa, el Estado debe –a través de sus funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional– velar y hacer efectivo el derecho fundamental al medio ambiente adecuado, lo que le da al derecho ambiental un carácter vertical.”1
Para Jean Claude Tron Petit,2 el punto de partida para enfrentar y posibilitar una respuesta a los dilemas judiciales que la materia ambiental plantea es que el juez ha de entender al medio ambiente, primero, como ser humano antes que como juzgador, tomando en consideración lo siguiente -fundamentación y motivación- para la argumentación de las resoluciones:
• Valores y principios ético-políticos del derecho en general, especialmente la igualdad, solidaridad, seguridad y tutela de los derechos de propiedad;
• Eficiencia y desarrollo, propios del derecho económico, limitados por la sustentabilidad, y
• Leyes y principios, científicos y técnicos, de la biosfera, como estándares que son reconocidos y deben legislarse, además de orientar la interpretación, aplicación y solución de los conflictos ambientales.
Es así que la legitimidad o mérito de cualquier decisión ambiental, dependerá de la evaluación que surja de aplicar y corroborar los resultados que produzca, a partir de datos científicos y técnicos referidos a los casos particulares.
No obstante, en México, a pesar de la aprobación de diferentes normas -que en su mayoría sólo contienen principios y no reglas de acción solución normativa- existen grandes lagunas legislativas respecto de los mecanismos para acceder al derecho efectivo de un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4to Constitucional, siendo el principal problema, la rigidez normativa que impera en el sistema jurídico mexicano derivado de la corriente positivista adoptada por los juzgadores, quienes al momento de tomar decisiones para el caso concreto sobreponen cuestiones de legalidad -debido proceso- a la interpretación de los principios para garantizar el verdadero acceso al derecho a un medio ambiente sano.
En esta tesitura, y como demanda de la sociedad civil organizada en defensa de la preservación y conservación del medio ambiente, con la aprobación y publicación en el DOF el 07 de junio de 2013 del “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales” se estableció por mandato del poder legislativo, la creación de los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental en un plano no mayor a dos años. Y de forma imperativa se estableció en el Tercero Transitorio que los Jueces de Distrito Especializados deberán de recibir una capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.
Desafortunadamente el Consejo de la Judicatura mediante el Acuerdo General 27/20153 determinó que hasta en tanto se ordene la instalación de juzgados especializados en materia ambiental en cada uno de los Circuitos Judiciales, los juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana que, en razón de su competencia originalmente asignada, conocen de juicios administrativos, continuarán atendiendo los asuntos ambientales a los que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Sin embargo, el 22 de mayo de 2013 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal) publicó el decreto por el que se realizan modificaciones al reglamento interno de este órgano de justicia, para la creación de la Sala Especializada en Materia Ambiental, lo anterior después de haber realizado los estudios necesarios para determinar las sedes y los números de salas auxiliares viables para la atención de los juicios en esta materia, publicando el acuerdo por el que se reforman los artículos 22, fracción XIII, 23, fracción III, 23 Bis, fracción I, y se adicionan las fracciones V y VI del citado artículo 23 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo los siguientes argumentos:
“Esta Sala Superior estima conveniente adicionar materias a la competencia de la Sala Especializada en resoluciones de órganos reguladores de la actividad del Estado, a fin de que pueda conocer de las resoluciones en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia de protección al medio ambiente, así como de aquéllos en los que se controviertan normas oficiales mexicanas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como disposiciones de carácter general cuando sean auto aplicativas o cuando se controviertan en unión o con motivo del primer acto de aplicación, de conformidad con lo previsto por el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo pertinente para ello modificar la denominación de dicha Sala Especializada, a fin de agrupar las materias de su nueva competencia.”4
Si bien es cierto que el derecho a un medio ambiente sano se le considera como uno de los tantos denominados de tercera generación o de la solidaridad -derechos colectivos- que para cumplir con su fin último necesitan de la cooperación entre las naciones y grupos que las integran, también depende de los mecanismos de acceso a la justicia que el propio sistema jurídico que un Estado contemple, y más aún, que las decisiones judiciales establezcan, reconozcan y coactivamente ordenen su ejecución.
Para poder realizar una evaluación integral de la política ambiental en nuestro país, es necesario que los mexicanos y las mexicanas -incluyendo a los tomadores de decisiones- conozcan con exactitud los avances para garantizar la eficacia del derecho a un medio ambiente sano contemplado en el artículo 4to. Constitucional e identificar las áreas de oportunidad en las tres funciones del Estado: legislativa, administrativa y jurisdiccional, pongo a consideración de ésta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Tribunal de Justicia Administrativa a elaborar y publicar un estudio cuantitativo y cualitativo de los juicios resueltos en materia de medio ambiente y acreditar la capacitación recibida para la especialización en esta misma materia por parte de los juzgadores de las salas especializadas en medio ambiente.
Notas
1 Jean Claude Tron Petit, El rol de los jueces en la aplicación del derecho ambiental.
2 Op. Cit. 1
3 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo general 27/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que precisa la competencia de los Juzgados de Distrito mixtos, especializados y semiespecializados de la República Mexicana, que actualmente tienen competencia en juicios administrativos, para atender los asuntos ambientales señalados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399391&fecha=03/07/2015
4 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se reforman los artículos 22, fracción XIII, 23, Fracción III, 23 Bis, fracción I, y se adicionan las fracciones V y VI del citado artículo 23 Bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301074&fecha=03/06/2013
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de espionaje contra Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, y se exhorta a la PGR a investigar y procesar judicialmente a los responsables, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. El 11 de febrero de 2017 el Laboratorio Ciudadano (The Citizen Lab ) de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto denunció públicamente los reiterados intentos de espionaje1 contra el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; Luis Manuel Encarnación, director de la coalición Contrapeso. La institución canadiense concluye en su informe que estas tres personas —ampliamente reconocidas por su activismo a favor del impuesto a productos de alto contenido calórico— fueron los objetivos claros y premeditados de diversos intentos de violación de su privacidad mediante ataques electrónicos a sus dispositivos móviles a través del uso del programa de espionaje Pegasus, elaborado por la empresa de seguridad de origen israelí NSO Group.
Segunda. En ese reporte se ofrecen amplios detalles de la manera como operó el programa de espionaje: entre julio y agosto de 2016 estas tres personas recibieron mensajes de texto apócrifos con enlaces maliciosos en los que, mediante suplantación de identidad e “ingeniería social”, se buscó hacer que los activistas visitaran una página en internet falsa. En el acto de seguir el enlace electrónico se instala un programa de espionaje en el dispositivo móvil capaz de manipular el micrófono y la cámara fotográfica, así como obtener toda la información de contactos y uso del teléfono.
El reporte de The Citizen Lab confirma 13 intentos de infiltración de los dispositivos móviles de los activistas mencionados en la primera consideración. Los enlaces anexados a cada uno de los mensajes los direccionaba directamente a dominios de internet falsos cuyo operador fue el proveedor del servicio de espionaje, NSO Group. En el análisis de los mismos se puede confirmar el grado ascendente del tono de los mensajes, que pasan de mensajes apócrifos sobre noticias a mensajes personales con insultos e intentos de engaño.
Ya con anterioridad se había divulgado que este mismo programa de espionaje se usó contra el periodista Rafael Cabrera, durante agosto de 2015. La forma del ataque contra el colaborador del reportaje sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es prácticamente idéntica a la empleada contra los activistas ya referidos: se enviaron mensajes de texto con enlaces apócrifos. El tema de los mensajes transitó de notas de prensa falsas hacia mensajes personalizados con contenido altamente vulgar por la connotación sexual de los mismos.
Tercera. El 29 de junio de 2016 la Alianza por la Salud Alimentaria inició una campaña con el objetivo de modificar las normas sobre etiquetado de alimentos procesados y para orientar, al público en general, en el consumo de alimentos mediante una aplicación para móviles que indique si los niveles de azúcares, grasas y sodio son saludables para el consumo humano. Los intentos de ataques contra los activistas iniciaron una semana después, el 8 de julio de 2016, y siguieron hasta mediados del mes de agosto de 2016. En este tiempo, los activistas planearon el lanzamiento de una campaña para promover ante el Congreso de la Unión el aumento de la contribución del IEPS para bebidas azucaradas a dos pesos por litro. Estos intentos de ataques cibernéticos fueron divulgados por el periódico The New York Times,2 y retomado por la prensa mexicana, con posterioridad.3
Cuarta. Para esta Cámara es relevante la situación detallada debido que el software que se usó para violar el derecho a la privacidad de estos tres mexicanos fue el sistema Pegasus, que comercializa la empresa de origen israelí de tecnología de inteligencia NSO Group, que sólo ofrece sus servicios a gobiernos nacionales y subnacionales bajo el argumento de combatir al crimen organizado y prevenir posibles ataques terroristas. El gobierno mexicano es cliente confirmado de la empresa, como se ha demostrado en diversas publicaciones en prensa4 y mediante revelaciones en el portal Wikileaks.5
La confirmación del uso del software Pegasus en los diversos ataques de espionaje hacia los tres promotores del impuesto especial a la comida chatarra, el incidente previo de ataque cibernético al periodista Rafael Cabrera, el momento y las circunstancias en que ocurrieron los ataques, es decir, entre el lanzamiento de una campaña de la Alianza por la Salud Alimentaria y el inicio de acciones para promover el aumento en la tasa impositiva a las bebidas, y lo poco creíble que resulta suponer que gobiernos extranjeros tengan intereses de tal encono que los lleven a invertir una importante cantidad de recursos en espiar a tres activistas mexicanos hacen suponer que hubo uso ilegal e indebido del programa de espionaje que adquirió y opera el gobierno federal.
Es motivo de preocupación suponer que el mismo gobierno espía a funcionarios como el doctor Simón Barquera y a los activistas Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, todos promotores de impuestos que tan sólo en 2016 reportó ingresos por más de 40 mil millones de pesos.6 Lo es todavía más suponer que recursos de espionaje bajo uso discrecional de las instituciones de seguridad del gobierno federal estén a disposición de particulares o grupos que buscan la derogación de los impuestos a bebidas y alimentos dañinos para la salud.
Quinta. El intento de violación de las comunicaciones y la privacidad de las personas es completamente inaceptable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita claramente quiénes y bajo cuáles circunstancias podrán intervenirse las comunicaciones y medios electrónicos de las personas. Esto se fija claramente en el párrafo 13 del Artículo 16 Constitucional.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración (...).
El derecho a la privacidad de las personas se refuerza por diferentes tratados internacionales que México ha ratificado. Tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipulan que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La forma, tiempo y medios de investigación mediante programas electrónicos de espionaje están claramente normados en el artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta norma fija que:
La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
La Ley Federal contra la Delincuencia organizada fija exactamente los mismos límites a las instituciones de procuración de justicia del gobierno en el artículo 17. También las agencias de inteligencia del Estado mexicano están sujetas a controles similares: en los artículos 34, 38, 40 y 43 de la Ley de Seguridad Nacional se regula, bajo condiciones similares a las ya señaladas, la forma como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional debe actuar cuando pretenda intervenir comunicaciones.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con claridad que el carácter inviolable de la privacidad de las personas se extiende al ámbito de las comunicaciones personales por cualquier medio. La Segunda Sala expone mediante tesis aislada que:
Derecho a la privacidad o intimidad. Está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. 7
Además, argumenta la Primera Sala que:
Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. [...] las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y su libertad–. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos : el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.8
Es inaceptable que estos tres ciudadanos promotores del impuesto a los productos de alto valor calórico hayan sido molestados en su persona y comunicaciones con equipo al que sólo puede acceder el gobierno federal. Lo único que ha motivado tan inaceptable conducta fue su preocupación por que se reduzcan los altos índices de obesidad y diabetes que hay en México debido al consumo elevado de azúcares y comida chatarra.
Tan es inaceptable que el gobierno busque espiar a defensores de la salud en México, mediante políticas fiscales para el combate a la epidemia de obesidad cuanto es intolerable que se presten recursos de inteligencia para servir a intereses particulares. Corresponde a la Procuraduría General de la República investigar a los responsables de este crimen, para que respondan ante la justicia por sus actos.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados condena los actos de espionaje en contra de Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, a que se investigue y procese judicialmente a los responsables de la violación de la privacidad en contra de Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación.
Notas
1 John Scott-Railton et al. “Bitter Sweet: Supporters of Mexico’s Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links”, The Citizen Lab, 11 de febrero de 2017. https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/
2 Nicole Perlroth, “Invasive Spyware’s Odd Targets: Mexican Advocates of Soda Tax”, The New York Times, 12 de febrero de 2017, página A1.
3 El mismo día 11 de febrero retomaron la nota El Financiero, Reforma, La Jornada, Proceso, Sin Embargo, Semanario Zeta, Animal Político, Aristegui Noticias. El día 12 hicieron lo propio El Economista y Huffington Post México. El 13 de febrero siguieron Milenio y La Crónica.
4 El periódico Reforma detalló que la adquisición de este programa informático se hizo mediante la empresa Balam Seguridad Privada, SA de CV, en 2014 y 2015 para uso de la Procuraduría General de la República. Véase “Adquiere la PGR equipo para espiar”, Reforma, 12 de septiembre de 2016, página 1.
5 A través de la divulgación de correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team, que se dedica también a proveer servicios de espionaje a diferentes gobiernos, fue que se pudo conocer que Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, fue quien prefirió adquirir programas de espionaje a NSO Group sobre Hacking Team. Véase https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5455
6 23 mil 348 millones de pesos por concepto de bebidas saborizadas y 16 mil 929 millones de pesos por alimentos no básicos con alta densidad calórica. Véase SHCP, “II. Informes de Recaudación” en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2016.
7 Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Novena Época. Registro: 169700. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, mayo de 2008. Materia(s): constitucional. Tesis: 2a. LXIII/2008. Página: 229.
8 Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán. Novena Época. Registro: 165823. 1a. CCXIV/2009. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, Página 277.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tamaulipas a dar máxima publicidad a los recursos destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado de 2010 a 2017, y difundir la información generada mediante el Sistema Estatal y la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy, los altos índices delincuenciales y violencia tan preocupantes en el estado de Tamaulipas hacen que la población anhele mejora en las condiciones de seguridad que se traduzcan en tranquilidad y paz en sus comunidades.
Si bien la violencia e inseguridad tienen impactos transversales que deben atacarse de manera frontal, también es cierto que a casi seis meses del inicio del gobierno estatal que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca los resultados son escasos en cuanto a la disminución de las cifras delictivas y más preocupante es la inexistencia de información pública sobre la atención de las víctimas y la procuración de éstas según lo descrito en la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.1
Para contextualizar la problemática en el estado, cito cifras de los “Informes de incidencia delictiva del fuero común”2 emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2016, que señalan que en ese año se presentaron 41 mil 175 denuncias ante el Ministerio Público cifra muy similar a los 41 mil 380 casos denunciados en el 2015.
En esas cifras del SESNSP, se señala que en el estado de Tamaulipas, los homicidios pasaron de mil 279 en 2015 a mil 384 en 2016, los cuales deben considerarse reducidos debido a que la ausencia de denuncias de los actos de violencia contra los ciudadanos tamaulipecos y de aquellos que sólo transitan en el estado los hacen superiores debido a que muchos de ellos no se cuantifican en las cifras oficiales.
En mi estado Tamaulipas, se emitió el 5 de mayo del 2009, la Ley de Protección a las Víctimas de los Delitos para el Estado de Tamaulipas, la cual fue abrogada el 30 de junio de 2014 por la nueva Ley de Protección a las Victimas para el estado de Tamaulipas1, identificando en ella que el denominado Sistema Estatal de Atención a las Victimas así como la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas son instancias que no se han echado andar e impiden la protección que todo ciudadano tenemos al amparo del artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3
En consecuencia, las víctimas en Tamaulipas, es decir aquellas personas físicas que han sufrido un daño o menoscabo que puede ser de tipo económico, físico, mental, emocional, o en general, de cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o de una violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México, se encuentran en estado de indefensión.
Por igual, deseo enfatizar que a las víctimas no se les garantiza el apoyo económico que plantea el artículo 55 de la Ley de Protección a las Victimas para el estado de Tamaulipas,1 que se centra en la utilización del Fondo de Atención a Víctimas, recursos que se destinarían para ayuda, asistencia y reparación integral del delito y de las violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior, lo afirmó como resultado de la revisión del Portal de Obligaciones Transparencia del gobierno de Tamaulipas4 en la que no fue posible identificar información sobre el Fondo en comento, por lo que fue necesario hacer uso del derecho a la información pública vía la utilización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)5 a fin de allegarme de información sobre el tema.
Sin embargo, el resultado del uso de la PNT no fue satisfactorio debido a que la conectividad con los sistemas del estado impidieron ejercer el derecho ciudadano a la información tal y como lo muestro en la imagen siguiente.
Como tamaulipeco me preocupa que no sea posible conocer información sobre el Fondo de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas, dejando dudas al aire de la transparencia de su uso y por supuesto, limitando el derecho a la información a los interesados sobre el tema.
Derivado de lo que he expresado en párrafos anteriores, me surgen las dudas siguientes:
• ¿Quiénes han sido los titulares del Sistema Estatal de Atención a las Victimas, de la Comisión Estatal de Atención a las Victimas y del Fondo de Atención a Víctimas de estado de Tamaulipas desde el 2010 a la fecha?
• ¿Cuál ha sido el presupuesto anual del Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas de los años 2010 al 2017?
• ¿De qué forma se han integrado los recursos del Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas por los ejercicios 2010 al 2017 de conformidad con los incisos I al XI del numeral 1 del artículo 57 de la Ley de Protección a las Victimas para el Estado de Tamaulipas?
• ¿Cuánto se ha ejercido y de qué forma por cada uno de los ejercicios del 2010 al 2016 e inclusive del 2017?
• ¿Se desconoce si existen remanentes de los recursos anuales dispuestos en el Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas?
• ¿Cuántos beneficiarios se han atendido con los recursos del Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas?
• ¿Cuántos Tamaulipecos aún no se les concede el beneficio del Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas?
• ¿Cuáles han sido las medidas establecidas para maximizar los recursos del Fondo de Atención de Víctimas del Estado de Tamaulipas?
La respuesta a cada uno de los cuestionamientos anteriores es de limitada a nula y sin lugar a duda deja en entredicho la actuación del gobierno de Tamaulipas en el cumplimiento del multicitado artículo 20 constitucional.
Por lo expuesto, es necesario exhortar al gobierno de Tamaulipas a que de máxima publicidad a los recursos del Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas, y haga pública toda la información que se haya generado del Sistema Estatal de Atención a las Víctimas y de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas según le obligue la normativa de transparencia aplicable, a nivel estatal y federal.
Con lo anterior, podremos tener elementos de juicio que nos permitan conocer los alcances y pendientes del gobierno de Tamaulipas en temas tan delicados como lo son la protección de los ciudadanos ante la inseguridad y la violencia.
Lo dijo claro y fuerte, la violencia en Tamaulipas preocupa y lo seguirá siendo hasta que no haya un compromiso serio de parte de las autoridades estatales y municipales para construir instituciones de seguridad y justicia que necesitamos los Tamaulipecos, es decir, hasta que no se incentive el respeto a la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por los recursos económicos.
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tamaulipas a que dé máxima publicidad a los recursos que han sido destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas del 2010 al 2017, y de acuerdo con sus atribuciones haga pública toda la información que se haya generado del Sistema Estatal de Atención a las Víctimas y de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas según los dispuesto en la normativa aplicable.
Notas
1 Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas, disponible en http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/ListadoLegislacionVige nte.asp?IdTipoArchivo=1, consultada el 22 de febrero de 2017.
2 Informes de incidencia delictiva del fuero común, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), disponibles en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php, consultados el 22 de febrero de 2017.
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 22 de febrero de 2017.
4 Portal de obligaciones de transparencia del gobierno de Tamaulipas, disponible en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/, consultado el 22 de febrero de 2017.
5 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, consultada el 22 de febrero de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de los estados con elecciones por celebrarse en 2017 a emitir lineamientos para erradicar la compra de votos relacionada con la operación de programas sociales, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas con procesos electorales a celebrarse en 2017, a emitir lineamientos que coadyuven a la erradicación de la compra de votos relacionada con la operación de programas sociales.
Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. De manera laxa, los programas sociales pueden identificarse como una acción, normalmente gubernamental, destinada a mejorar las condiciones de vida de un determinado sector de la población, particularmente de aquéllos con necesidades insatisfechas.
Es así como el Estado pone en marcha planes que buscan garantizar el acceso a los derechos para el desarrollo social consagrados en la Constitución y recogidos por el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, es decir, la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación.
Para conseguirlo, el artículo 11 de la ley busca propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, la superación de la discriminación y la exclusión social; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalezca el desarrollo regional equilibrado; así como garantice formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
Aunado a lo anterior, el artículo 14 del citado ordenamiento dispone que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir vertientes relacionadas con la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, desarrollo regional, infraestructura social básica, fomento del sector social de la economía, así como la seguridad social y la operación de programas sociales asistenciales.
Segunda. A pesar de su naturaleza social, su carácter público y de la prohibición expresa por parte del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social y de diversas disposiciones legales, los programas sociales son empleados con fines proselitistas y propagandísticos a favor del partido político que detenta la administración pública que los opera, quienes lucrando con la pobreza de las personas, condicionan su acceso o permanencia al favorecimiento del sufragio.
Como lo comenta Alejandro Grinspun, Secretario Ejecutivo del Proyecto de Protección de los Programas Sociales Federales, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México se caracteriza por la larga y perniciosa tradición de utilizar dinero público para obtener provechos partidistas, por lo que es frecuente que los recursos destinados a programas sociales se usen con el objeto de crear o mantener clientelas políticas de los partidos políticos de siempre.
Tratándose de recursos siempre escasos en comparación con la magnitud y profundidad de los rezagos sociales, esta práctica deplorablemente arraigada, tiene el doble efecto de pervertir el significado más profundo de la democracia y perpetuar las condiciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad; es decir, los partidos políticos tradicionales son una fábrica de pobres.
A medida que los programas de combate a la pobreza han crecido debido a la ineptitud del gobierno para crear empleos estables y de promover la inserción social, ha aumentado también la tentación por parte de los partidos políticos alineados al régimen, de manipular programas sociales para seguir viviendo como parásitos del erario.
Resulta paradójico que se habla del asentamiento de bases democráticas en el régimen nacional, sin embargo, las prácticas de coacción y compra del voto se presentan en todos y cada uno de las campañas y procesos electorales, eternizando el ciclo perverso del sostenimiento de la pobreza para el acceso al poder y desde allí, perpetuarse a costa del dinero ajeno.
A pesar de la implementación de políticas de blindaje electoral, reformas legales y monitoreo ciudadano para inhibir la utilización política o proselitista de los recursos destinados a atender las necesidades de la población más desprotegida, se trata de una actividad que mantiene vivos a los partidos que en realidad son repudiados por la gente, como lo demuestran las recientes encuestas sobre percepción política.
Tercera. A la fecha, no son pocos los casos documentados donde se compra el voto o se operan programas sociales de manera tendenciosa y discrecional, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, malversó 600 millones de pesos a través de prácticas irregulares, como la de entregar apoyos a personas fallecidas, asimismo, entregó a sus delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca subsidios que no fueron solicitados por las delegaciones.
De igual manera destacan las irregularidades en la operación de la política social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz y en Michoacán, donde las irregularidades ascienden a más de 52 millones de pesos. Otro caso paradigmático es el de la entrega de aparatos de televisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin que se especificara el sustento social de la operación de tal programa.
La Ciudad de México no ha sido omisa en esta deplorable tradición, baste recordar la entrega nocturna de tinacos por parte de la delegación Coyoacán, con motivo de la elección de las diputadas y diputados constituyentes en la Ciudad de México, o la negativa por parte del gobierno de la ciudad en suspender la entrega de apoyos en eventos masivos.
El caso más actual, reportado a penas el 14 de febrero de 2017, se relaciona directamente con el proceso electoral a celebrarse en Coahuila, donde de acuerdo a información de los medios de comunicación locales, el gobierno estatal lanzó dos licitaciones para la compra de millones de despensas, así como miles de paquetes de material y uniformes deportivos, con valor superior a los 40 millones de pesos, los cuales serían distribuidos de manera discrecional durante las campañas electorales para la renovación de su gobierno y del poder legislativo local.
Aunque en el expediente del proceso de compra se da a conocer que un anexo especifica los productos que incluirán los paquetes alimentarios, al revisar el documento, se aprecia la ausencia de información, lo cual desatiende la normatividad aplicable, por lo que se advierte que su entrega no forma parte de la operación de programa social alguno.
Cuarta. En nuestro contexto de grandes y profundas desigualdades sociales, con el 46 por ciento de la población en pobreza, la protección de los programas sociales debe ser una prioridad, sin embargo, son quienes detentan el poder los que subsisten gracias a tales desigualdades y al uso faccioso de la política social, es evidente que les conviene tener población cautiva a pesar de sus nefastos resultados en materia de desarrollo social.
La protección de los derechos fundamentales de las personas es, por mandato constitucional, una obligación irrenunciable del Estado mexicano y, en general, de la sociedad en su conjunto, no obstante, los procesos electorales representan los periodos de mayor vulnerabilidad para estos grupos sociales en situaciones precarias, por la conveniencia de los partidos políticos.
Mientras el gobierno mantenga el estado de cosas con su ineficiente política de desarrollo social y su afán de rapiña, la protección de los programas sociales debe convertirse en nuestra tarea cotidiana, porque a la fecha, no se ha podido erradicar o disminuir el problema, por el contrario, se ha agudizado con auspicio de los institutos electorales y del poder judicial.
Cierto es que existe una mayor conciencia en la sociedad acerca de los riesgos que implica la utilización para fines distintos al del desarrollo social de los programas públicos, sin embargo, quienes operan los programas hacen gala de sus mejores estrategias y artimañas para continuar con su estilo de vida, el de enriquecerse con base en el trabajo ajeno.
No obstante que todos los programas destinados al combate a la pobreza, salud, educación, alimentación y vivienda cuentan con marcos normativos obligatorios y partidas presupuestarias predefinidas, su institucionalización no ha sido obstáculo para que la compra del voto se siga presentando en cada campaña y proceso electoral.
Asimismo, tanto las acciones de contraloría social, como las iniciativas de vigilancia y monitoreo ciudadano llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil no han logrado erradicar la incertidumbre y opacidad en la operación de los programas sociales, lo cual contribuye a la vulneración de los derechos de las personas y a la imposibilidad de consolidar un Estado verdaderamente democrático.
Quinta. Para el Grupo Parlamentario de Morena, es indispensable erradicar la posibilidad de que los programas sociales sean objeto de manipulación proselitista, particularmente de los partidos políticos que en 2017 están por contender en un proceso electoral.
Por lo anterior, como necesario complemento a las disposiciones legales que versan sobre la materia, las entidades federativas con procesos electorales en 2017 deben emitir lineamientos vinculantes y exigibles que clarifiquen el alcance de la ley, a efecto de evitar que los procesos electorales venideros, se influya de manera ilegal en la decisión volitiva ciudadana.
Se propone que tales lineamientos, cuando menos deben mencionar que de conformidad con la normativa vigente, la ejecución de los programas sociales continuarán sin interrupción durante las campañas electorales, que queda prohibida la utilización de estos con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; que los servidores públicos no podrán utilizar, ni crear y/o aplicar programas emergentes; que está prohibido que en los trámites o procedimientos de ingreso o aplicación se promocione o difunda la imagen de candidato o partido político; que se condicione su ingreso al apoyo hacia candidato o partido alguno; o se incurra en alguna de las prohibiciones señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, proponemos que dispongan que los servidores públicos no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno; que estará prohibido, durante las precampañas y campañas electorales realizar proselitismo, llamar al empadronamiento a favor de cualquier partido, inducir o coaccionar al voto, formular opinión positiva o negativa a favor o en contra de precandidato, candidato o partido político, durante la inscripción o alta a los programas sociales, su operación, entrega de beneficios, eventos de difusión en precampaña y ejecución en campaña o baja de los mismos.
Con respecto a la difusión, ésta deberá suspenderse en el periodo de campaña y jornada comicial y no podrá ser utilizada la imagen de autoridad alguna. Asimismo, la difusión bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; en ningún caso esta difusión incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Durante las campañas electorales, las páginas de internet, cuentas de redes sociales institucionales, así como las cuentas individuales de redes sociales de los servidores públicos, en las que se ostenten como tales; únicamente podrán informar respecto de las acciones y programas; y de ninguna manera podrán difundir expresiones que se encuentren vinculadas con las distintas etapas del proceso electoral, ni mensajes destinados a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos o candidatos independientes. Así como tampoco plataformas de campaña, idearios políticos y demás acciones que tenga como fin llamar al empadronamiento a favor de partido alguno.
Se deberá mencionar que los servidores públicos tienen prohibido el uso de los recursos públicos, en sus aspectos humanos, materiales y financieros para la difusión y utilización de los programas sociales, tampoco podrán asistir a la celebración de informes, eventos públicos, manifestaciones o cualquier acto que implique la promoción de persona alguna con motivo de las precampañas y campañas electorales.
De igual manera, durante el periodo de las campañas electorales quedará prohibido que las instituciones, por sí o por cualquier servidor público o particular, entreguen despensas, pintura, aparatos electrodomésticos u otros bienes o servicios en actos de gobierno que no formen parte de los programas sociales previamente establecidos.
En caso de que haya programas sociales en operación, deberán informar a la Contraloría de la entidad federativa, cuando menos, lo siguiente:
a) La ubicación de las bodegas, almacenes o sitios en donde se encuentran depositadas los bienes que se otorgan como ayuda a la población;
b) El nombre de la persona servidora pública responsable de la custodia de dichos bienes;
c) El número y denominación de los programas sociales y actividades institucionales, cuya aplicación deberá continuar sin interrupción por mandato de ley;
d) La fecha de publicación de las reglas de operación de los programas sociales y actividades institucionales que llevan a cabo, así como los padrones de beneficiarios correspondientes;
e) En su caso, el esquema y las fechas precisas en que se hará entrega de los referidos apoyos;
f) Detallar de manera específica los bienes o servicios materia de los programas sociales y actividades institucionales;
g) Señalar los montos totales destinados para la ejecución de los programas sociales y actividades institucionales; y
h) Especificar la población objetivo de los programas sociales y actividades institucionales.
Para los efectos de los incisos anteriores, el gobierno de entidad federativa de que se trate, podrá promover la firma con el Instituto Electoral y con el Tribunal Electoral, y demás instancias que correspondan, de los convenios que sean necesarios para lograr los objetivos del instrumento.
Se deberá especificar, por último, que el incumplimiento a los lineamientos será motivo de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la legislación aplicable; con independencia de que los hechos sean constitutivos de delito, siendo la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la encargada de recibir las denuncias y querellas; asimismo, de investigarlas y determinar respecto a conductas posiblemente constitutivas de delito en materia electoral.
Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las entidades federativas con procesos electorales a celebrarse en 2017, a emitir lineamientos que coadyuven a la erradicación de la compra de votos relacionada con la operación de programas sociales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de seguir afectando las finanzas de Zacatecas mediante la interposición de controversias constitucionales agraviantes de la justicia social y distributiva, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se abstenga de seguir afectando las finanzas del estado de Zacatecas mediante la interposición de controversias constitucionales que vayan en agravio de la justicia social y distributiva, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El 31 de diciembre de 2016 se publicó en el periódico oficial del estado de Zacatecas, reforma a la Ley de Hacienda del Estado por medio de la cual, en ejercicio de sus facultades, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas estableció diversos impuestos ecológicos, que tienen por objeto resarcir en alguna medida los daños que las mineras causan al medio ambiente y a la salud de los habitantes de los municipios en dónde se ubican.
II. Estos impuestos fueron:
1. El Impuesto de Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, tiene por objeto la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aún y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos tales como: agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil. Para efectos de este artículo la extracción deberá realizarse por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio del estado. Sin que en ningún momento se consideraran objeto de este impuesto los minerales o sustancias a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Minera.
2. El Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera, tiene por objeto tasar las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el estado y que afecten el territorio del mismo. Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global.
3. El Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos, tiene por objeto el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados, situados en el estado. Para efectos de esta sección se considera residuo cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
4. El impuesto por la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua; tiene por objeto la emisión de sustancias contaminantes, que se depositen, desechen o descarguen al suelo, subsuelo o agua en el territorio del estado.
III. Según lo dispone el artículo 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, los ingresos que se obtengan de la recaudación de los impuestos mencionados se destinarán prioritariamente, a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico, tales como obras, infraestructura y operación de los servicios de salud, obras, infraestructura, mejoramiento, restauración o remediación del equilibrio ecológico, acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables, desastres naturales, contingencias ambientales, sequías, ciclones, sismos, entre otros, generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible, viviendas para reubicación de los habitantes de zonas de riesgo, así como a las materias a que hace referencia la fracción II del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático.
IV. El gobierno federal alega que el gobierno del estado de Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la federación por crear impuestos que gravan bienes nacionales y que parecen estar ligados a la industria minera, sin embargo, estos impuestos tenían fines distintos que gravar la riqueza obtenida por el uso y explotación de bienes de la nación, su finalidad es totalmente distinta.
V. Se trata de un impuesto ambiental que busca resarcir los efectos nocivos del medio ambiente en las comunidades donde se asientan dichas mineras y que, en la gran mayoría de los casos no reciben los beneficios, sino sólo los perjuicios de dicha actividad, pues como sabemos, los verdaderos beneficiarios de la actividad minera son los grandes corporativos nacionales y sobre todo extranjeros.
VI. El 14 de febrero de 2017 el Ejecutivo federal, a través de Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico, presentó controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Zacatecas en el que impugna la Ley de Hacienda del Estado, publicada en el periódico oficial de dicha entidad el 31 de diciembre de 2016, en sus artículos 6 a 36, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación, la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal de 2017 publicada en el periódico oficial del estado de Zacatecas con fecha 31 de diciembre de 2016 en su artículo 1 concepto 1.5, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación, así como el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal de 2017 en su apartado I, inciso D, artículo 5, dicha controversia se radicó bajo el expediente 56/2017.
VII. El presidente Enrique Peña Nieto sigue privilegiando los intereses de los grupos empresariales por encima de los intereses del pueblo, tal como lo dejó ver en la reforma energética. En esta ocasión, sale nuevamente en defensa de los grupos de poder, en este caso, las empresas mineras bajo la pantalla de un supuesto interés por salvaguardar la constitucionalidad del orden jurídico.
VIII. Resulta extraño tal interés, puesto que las empresas mineras cuentan con los recursos suficientes para que en caso de que estimaran que la constitucionalidad ha sido afectada en su perjuicio pudieran acudir al juicio de amparo por ellas mismas, sin la necesidad de que el Ejecutivo federal se constituya en el gran defensor del poder económico y el capital, sobre todo extranjero, en detrimento del pueblo de Zacatecas. Recordando que en otros casos no ha salido en defensa de la constitucionalidad del marco normativo, cuando los afectados no han sido los grandes corporativos sino la población en general.
IX. Actualmente, el estado de Zacatecas atraviesa por una grave crisis en sus finanzas, derivado del saqueo producido por la anterior administración a cargo de Miguel Alonso Reyes, actualmente director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y quien ha sido acusado de encabezar una red de corrupción.
X. El estado de Zacatecas lo que requiere es buscar medios para sanear sus finanzas, y qué mejor manera de hacerlo que buscando medidas que no castiguen aún más a la clase media y trabajadora ya afectada, haciendo sujetos a las mineras nacionales y extranjeras que se benefician de la riqueza del subsuelo zacatecano, dejando graves consecuencias ambientales a las comunidades donde se asientan y graves riesgos a la salud de su población. De tal manera que estos impuestos, al día de hoy controvertidos, podrían disminuir el impacto ambiental, y tendría fines resarcitorios.
XI. Lamentablemente la controversia constitucional interpuesta por el presidente Enrique Peña Nieto es irreversible en términos de los dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la controversia en comento versó sobre normas generales. Por lo que el daño está hecho.
XII. Sin embargo, en lo futuro el instrumento de la controversia constitucional debería utilizarse sólo con fines más nobles y en beneficio del pueblo, pues el fin teleológico del estado y del gobierno debe ser el bien común, estableciendo criterios más justos y equitativos al momento de emitir una controversia constitucional.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se abstenga de seguir afectando las finanzas del estado de Zacatecas mediante la interposición de controversias constitucionales que vayan en agravio de la justicia social y distributiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al uso de los recursos públicos destinados a Pemex y la CFE por la administración federal, suscrita por las diputadas Araceli Damián González, Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, en su calidad de diputadas federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. - El portal de noticias “Huffington Post México” publicó, en septiembre de 2016, que en la administración de Enrique Peña Nieto se retiraron, de manera discrecional, 240 mil 518 millones de pesos de las arcas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), favoreciendo la descapitalización de ambas empresas productivas del Estado.1 Lo anterior, supone profundizar en las políticas de desinversión y desmantelamiento de Pemex y la CFE; estrategia que se orienta a la privatización parcial del sector energético nacional.
De acuerdo con el mismo portal, los retiros se llevaron a cabo de 2013 a 2015, a través de solicitudes efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), signadas por el subsecretario de Ingresos, doctor Miguel Messmacher Linartas. En dichas peticiones se solicitó a los directores de Pemex y la CFE realizar los pagos por concepto de “Aprovechamientos”, por medio de los cuales el gobierno federal adquirió ingresos extraordinarios que no fueron visibles en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo entrega cada año a la Cámara de Diputados, ya que fueron etiquetados en el rubro “otros”.
Segunda. Esto se constata en la información de la auditoría financiera y de cumplimiento de 2013, realizada a la SHCP por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en cuanto a Ingresos Públicos Presupuestarios, con clasificación 13-0-06100-02-0110, número GB-044. En la integración del concepto “otros” del rubro “aprovechamientos”, se establece que 65 mil millones de pesos recibidos por Hacienda provienen de Pemex.
Asimismo, la auditoría financiera y de cumplimiento de 2014 realizada a la SHCP, relativa a Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético, clasificación 14-0-06100-02-0085, número GB-042, señala que la integración del concepto “otros” del rubro “aprovechamientos” adquirió 70 mil millones de pesos de Pemex. Considerando ambas cantidades, la empresa productiva transfirió 135 mil millones de pesos a Hacienda en el periodo 2013-2014.
Tercera. En lo que respecta a la CFE, las auditorías citadas de 2013 y 2014, referentes al concepto de “otros” en el rubro de “aprovechamientos”, evidencian que la Comisión otorgó 30 mil 600 millones de pesos y 31 mil 518 millones de pesos, respectivamente. De este modo, la SHCP obtuvo 62 mil 118 millones de pesos de la empresa productiva en cuestión durante 2013-2014.
También, en la auditoría financiera y de cumplimiento de 2015 realizada a la SHCP, en cuanto a Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y Protección, clasificación 15-0-06100-02-005, número 58-GB, se señala que en la integración del concepto “otros” de los “aprovechamientos” de tipo corriente y de capital, se establece a la CFE como otorgante de 43 mil 400 millones; mientras que Pemex ya no aparece en dichos aprovechamientos. De este manera, Hacienda obtuvo un total de 105 mil 518 millones de pesos de la CFE en el periodo 2013-2015.
Cuarta. En la auditoría financiera y de cumplimiento realizada a la SHCP, relativa a Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético, clasificación 14-0-06100-02-0085, número GB-042, la ASF menciona que para pedir los recursos a Pemex y a la CFE, Hacienda realizó un “[...] retiro del patrimonio de la nación invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras [...]”. Con base en ello, la ASF recomendó que dicha situación debería de realizarse con una adecuada transparencia y rendición de cuentas.
Como resultado de la sugerencia realizada por la ASF, la SHCP transparenta el rubro de “Aprovechamientos, Otros, Otros” en sus informes trimestrales al Congreso de la Unión a partir de 2016, referentes a los anexos de finanzas públicas, en el apartado de indicadores de recaudación. Sin embargo, en ninguno de ellos se hace referencia a Pemex y a la CFE, aunado a que sigue existiendo un rubro de “otros” que permanece sin identificarse.
Quinta. Posterior a la publicación del “Huffington Post México” de septiembre de 2016, Hacienda emitió una respuesta a la redacción del portal de noticias en cuestión y el 14 de enero de 2017, en medio de la crisis del “gasolinazo”, la SHCP envió otra tarjeta informativa al portal. La diferencia de la segunda con respecto a la primera estriba en que Hacienda no negó que los aprovechamientos se realizaran discrecionalmente, pero señaló que se llevaron a cabo con legalidad y transparencia.2
Sexta. En el marco de la ceremonia sobre “Prestaciones Sociales para el Blindaje Familiar”, el 12 de enero de 2017, el Ejecutivo Federal manifestó que los altos costos de la gasolina se debían a que “la gallina de los huevos de oro [petróleo] se secó. Cantarell se nos fue secando. Mantener un precio artificial en 2017 habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”.3
Séptima. Sin embargo, ese monto es muy similar al reportado por el “Huffington Post México” y que la misma ASF documentó. Hacienda nunca aclaró el origen y destino de los más de 240 mil millones de pesos que fueron obtenidos de Pemex y de la CFE de 2013 a 2015. Más importante aún, sigue sin transparentar por completo los recursos pertenecientes al rubro “otros aprovechamientos” como la misma ASF se lo recomendó.
Entre las preguntas que fueron formuladas en el cuestionario que el “Huffington Post México” envió a la SHCP, y que no fueron respondidas por esa Secretaría, se encuentran aquéllas que nos permitirían conocer el origen y destino de los recursos, las cuales fueron formuladas de la siguiente manera:
“¿Qué parte del patrimonio de Pemex y la CFE fue vendido para que ambas empresas pudieran cumplir con los retiros patrimoniales solicitados por la SHCP de 2013 a 2015? ¿Lo que se vendió fueron activos financieros o infraestructura? ¿En qué se gastó el dinero del patrimonio retirado a Pemex y la CFE? ¿Los retiros realizados al patrimonio de ambas empresas fueron usados para resolver los problemas de liquidez que enfrenta el gobierno mexicano?”.4
Octava. Ante la negativa de dar respuesta a estos cuestionamientos, se considera que continúa la opacidad con la que el gobierno federal se conduce con respecto a las finanzas del Estado mexicano. Lo preocupante es que, con base en las informaciones referidas, la SHCP estaría asfixiando financieramente a las principales empresas del estado, perjudicando la capacidad productiva de la economía nacional. Además, la administración opaca de los recursos multimillonarios transferidos desde Pemex y la CFE a Hacienda involucra fundados riesgos de que, al amparo de este esquema, se estén desarrollando prácticas de malversación y corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que transparente el origen y destino de los recursos utilizados del patrimonio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, de 2013 a 2015.
Segundo. Exhortar a los titulares de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, José Antonio González Anaya y Jaime Hernández Martínez, a esclarecer y transparentar el origen de los recursos transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tercero. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el origen y el destino de los recursos utilizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del patrimonio de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y, en su caso, se esclarezcan las responsabilidades administrativas o penales derivadas.
Notas
1 Garrido, E. “El gobierno tomó en secreto 240 mil mdp del patrimonio de Pemex y la CFE” (Huffington Post México, 14 de septiembre de 2016). Disponible para consulta en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/09/14/el-gobierno-tomo-en-secreto -240-mil-mdp-del-patrimonio-de-pemex/
2 Hernández, M. “Hacienda sigue sin responder (otra vez) por aprovechamientos de 240 mil mdp Pemex y la CFE” (Huffington Post México, 14 de enero de 2017). Disponible para consulta en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/14/hacienda-sigue-sin-responde r-otra-vez-por-aprovechamientos-de/
3 “La Gallina de los huevos de oro se secó, dice Peña sobre el Petróleo, como justificación al gasolinazo” (Vanguardia, 12 de enero de 2017). Disponible para consulta en:
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-gallina-de-los-huevos-de-oro-se-seco
-dice-pena-nieto-sobre-el-petroleo-justifica-el-1
4 Hernández, M. “Hacienda sigue sin responder (otra vez) por aprovechamientos de 240 mil mdp Pemex y la CFE” (Huffington Post México, 14 de enero de 2017). Disponible para consulta en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/14/hacienda-sigue-sin-responde r-otra-vez-por-aprovechamientos-de/
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de febrero de 2017.
Diputadas:Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones por diversas autoridades federales y locales para gestionar recursos y ejecutar las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa y el río Parral, en Chihuahua, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua y el ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, se lleven a cabo los acuerdos y acciones necesarios para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa Parral y del río Parral. Asimismo, exhorta al gobierno del estado de Chihuahua y del ayuntamiento de Hidalgo del Parral, a que a través de sus sistemas estatal y municipal de protección civil, establezcan los planes de prevención, preparación, alerta y respuesta ante los escenarios de riesgo que representan las condiciones de la presa Parral, río Parral y sus afluentes. También se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a que considere los proyectos preventivos propuestos por la Conagua, el gobierno del estado de Chihuahua y el ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, vinculados a las obras de prevención y mitigación, necesarias en las inmediaciones de la presa Parral, con base en las siguientes
Consideraciones
La presa Parral está ubicada en el municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua, y fue construida de 1949 a 1951, como acción de prevención después de las inundaciones en dicho municipio durante 1944, mismas que generaron pérdidas humanas y materiales provocadas por las avenidas sobre el río Parral.
Después de la construcción de la presa, los gastos vertidos en el río Parral no superaron el orden de los 248 metros cúbicos por segundo (m3/s), sin embargo la suma del gasto de los arroyos y las lluvias puntuales en la cuenca han provocado inundaciones.
Las funciones de la presa son: protección contra inundaciones (control de avenidas) y suministro de agua a la ciudad de Parral, sin embargo, durante estos años de operación, la capacidad de captación de la presa se redujo por azolve, dejando de cubrir los requerimientos de ésta para el consumo humano en la ciudad.
Por ello, en 2014 fue sobre elevada la cortina de la presa en 1.48 metros para compensar la deficiencia que provocaba la carencia de agua en la ciudad.
En mayo de 2016, ingenieros de la Subdirección General Técnica de la Conagua, realizaron una inspección, análisis de riesgo y clasificación de dicha presa determinando entre otras cosas:
• Que la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la misma Conagua, no presentaba en su nuevo informe el hidrograma de cálculo del nuevo gasto.
• Que todo indicaba que con este nuevo hidrograma la presa desborda y propiciaba su rotura.
• Que fue simulada la rotura de la presa y se obtuvo una mancha de inundación que pone en riesgo a cerca de 7 mil 545 habitantes.
Dichos ingenieros concluyen en su informe:
• La presa Parral no se encuentra en condiciones seguras por un cálculo de un gasto de ingreso a la presa de 598 m3/s, por arriba de los 250 m3/s por lo que ya han ocurrido inundaciones en la ciudad de Parral.
• El río Parral tiene poca capacidad de conducción por la gran cantidad de puentes y vialidades marginales en su cauce.
Los ingenieros recomiendan la modificación y adaptación del cauce que incluye algunas de las siguientes opciones:
• Excavación del cauce del río y sus arroyos.
• Levantamiento de bordos y muros en las márgenes del río y arroyos,
• Adicionar la eliminación de algunos puentes y modificación de otros para evitar la obstrucción del cauce.
• Una combinación entre todas las opciones con una modelación de escenarios en un periodo de retorno de 500 años, considerando también la ampliación de todos los arroyos que descargan en el río Parral.
Derivado de toda esta información se hace evidente que dicha presa representa un riesgo potencial a la población del municipio de Hidalgo del Parral ante condiciones de precipitación o avenidas intensas que pudieran provocar su rotura o que incrementen el gasto que este vierte al río Parral.
Asimismo, se pueden vislumbrar escenarios de riesgo incrementados por la falta de capacidad hidrológica del río Parral y por la construcción social del riesgo representada por la construcción de infraestructura vial sobre o en las inmediaciones del cauce, que requieren de la implementación de proyectos, obras, acciones y programas específicos implementados por instancias de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida de la población, su patrimonio y la infraestructura pública y privada que se encuentra en riesgo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua y el ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, se lleven a cabo los acuerdos y acciones necesarios para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa Parral y del río Parral.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua y del ayuntamiento de Hidalgo del Parral, a que a través de sus sistemas estatal y municipal de protección civil, establezcan los planes de prevención, preparación, alerta y respuesta ante los escenarios de riesgo que representan las condiciones de la presa Parral, río Parral y sus afluentes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a que considere los proyectos preventivos propuestos por la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado de Chihuahua y el ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, vinculados con las obras de prevención y mitigación, necesarias en las inmediaciones de la presa Parral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conagua a implantar con los estados acciones que favorezcan la coordinación con los municipios para mantener en operación la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, suscrita por los diputados Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los que suscriben, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Según la Conagua en su inventario nacional de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales 2014,1 indicó que al cierre del 2013 se registraron un total de 2,287 plantas municipales de tratamiento de operación con una capacidad instalada de 161.7 metros cúbicos por segundo que dan tratamiento a 105.9 metros cúbicos por segundo, lo que resulta una diferencia entre lo instalado y el caudal tratado de 55.8 metros cúbicos por segundo, que representa una subutilización del 34.5%, poniendo en riesgo los ecosistemas municipales.
Además, señaló que 548 instalaciones con una capacidad de 9.6 metros cúbicos por segundo estaban fuera de operación, cifra que se incrementó en 100% desde el 2008 y, que de un año a otro, evolucionó en un 21.2%.
Esas cifras no son positivas y se agravan por el incremento en la generación de una mayor cantidad de aguas residuales en los municipios de México. En el 2012, se tenía un registro de generación de 6.7 miles de millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, y a esa fecha, se esperaba que ese volumen aumentará a 9.2 miles de millones de metros cúbicos en 2030.2
Estas problemáticas históricamente poco pueden ser atacadas por los organismos operadores de agua potable y saneamiento municipales al carecer de atribuciones para fijar las tarifas de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales que ofrecen a la población.
Expertos del tema han opinado que han sido los Congresos Estatales quienes autorizan casi siempre los derechos municipales por los servicios citados, los cuales la mayor cantidad de las veces no cubren los costos directos de operación, por lo que los ayuntamientos están imposibilitados a asumir la prestación de estos servicios de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Por lo anterior, concluimos que en México los operadores municipales de plantas de aguas residuales no tienen la capacidad suficiente para el desempeño de sus actividades por lo que operan la infraestructura de forma deficiente disminuyendo la vida útil de los equipos y produciendo agua en condiciones diferentes a las consideradas en el proyecto inicial de la planta.
En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) formalice acciones de coordinación con las entidades federativas para que se establezcan tarifas y sistemas de cobro adecuados de los servicios que ofrecen los operadores municipales a fin de sostener la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en operación en los ayuntamientos de México, que les permita ofrecer servicios de saneamiento suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a que las entidades federativas coordinadamente con los municipios establezcan programas de acciones fijando prioridades y metas, y que sea la Conagua quién certifique su cumplimiento y en su caso, sugiera acciones correctivas para su consecución.
Notas
1 Inventario nacional de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales 2014, disponible en
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Publicaciones/Public aciones/Inventario_Nacional_Plantas1.pdf, consultado el 21 de febrero de 2016.
2 Tratamiento de aguas residuales en México, disponible en https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5931/Tratamiento%2 0de%20aguas%20residuales%20en%20M%C3%A9xico.pdf?sequence=4, consultado el 21 de febrero de 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el cual se crea un grupo de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos entre el gobierno de Chiapas, la SEP y los académicos de la Universidad Intercultural de Chiapas a fin de permitir el correcto funcionamiento de ésta, suscrita por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos e integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, del PRD y de Morena
La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La creación de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), además de ser producto de uno de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, fue producto de la necesidad de promover la educación entre las y los jóvenes de los diferentes pueblos originarios de Chiapas: una oportunidad de alcanzar una educación universitaria concordante con su cosmovisión. El encargado de esta noble tarea fue el doctor Andrés Fábregas, reconocido antropólogo chiapaneco, quien se propuso “recopilar personalmente algunas opiniones que (le) parecían importantes, entre otras, de las propias comunidades indígenas de los Altos de Chiapas y de los grupos de investigadores en ciencias sociales e intelectuales que viven en Chiapas. En particular, (le) interesaba la opinión de las comunidades indígenas en términos de qué licenciaturas pensaban eran más útiles para ellas, y de los académicos su parecer acerca de establecer una universidad más en Chiapas, cuando las que existían tenían aún carencias significativas. (Le) interesó, también, preguntar qué se entendía por interculturalidad y qué significaba el concepto aplicado a una universidad. Acordado lo anterior, [se dio] a la tarea que [se] había propuesto, acompañado de un grupo de intelectuales indígenas y de algún funcionario de la Secretaría de Pueblos Indios del estado.
El doctor Andrés Fábregas Puig fue nombrado primer rector, y fue así como nació la Universidad Intercultural de Chiapas el 1 de diciembre de 2004. Se crearon cuatro programas iniciales, que se inauguraron en el mes de agosto de 2005 y fueron diseñados para cursarse en un período de cuatro años.
El primer ingreso fue de 962 estudiantes, 16 docentes-investigadores de tiempo completo y 30 de asignatura. El porcentaje de estudiantes de lengua castellana en el inicio fue de 20 por ciento, mientras que los idiomas vernáculos representaban 80 por ciento. Del total de estudiantes 49 por ciento eran hombres y 51 por ciento mujeres. Cuatro fueron las lenguas vernáculas de Chiapas (que en aquel momento contaba con 13) en las que se impartían clases: el tzotzil, el tzeltal y el ch´ol –idiomas pertenecientes al tronco lingüístico maya, al que se agregó el zoque, único idioma vernáculo de Chiapas que no es mayanse, sino que está relacionado con el mixe de Oaxaca y el Popoluca de Veracruz.
Hasta 2011, cuando el gobierno del estado pidió la renuncia del doctor Fábregas, la UNICH vivió un desarrollo constante. Sin embargo, a partir de esa fecha se desataron un conjunto de cambios que han generado una gran desestabilización, tanto administrativa como académica.
El nombramiento de rectores sin perfiles académicos, funcionarios sin experiencia educativa con perspectiva intercultural, así como la contratación de profesoras y profesores sin el filtro académico necesario, han traído una serie de irregularidades en el funcionamiento de la Universidad, que incluso han provocado cierres de escuelas y sedes.
La institución no ha tenido la atención necesaria, por lo que la educación de las y los indígenas chiapanecos se ha visto comprometida. En este sentido, no se han podido mantener los objetivos que el Dr. Fábregas tenía en mente cuando creó esta universidad.
La Secretaría de Educación Pública observa el correcto funcionamiento de todas las instituciones de educación, por lo que es necesario que dé seguimiento al caso de la Universidad Intercultural de Chiapas. La comunidad universitaria está cada vez más polarizada y su interlocución con las instancias gubernamentales es casi inexistente o poco eficaz, por lo que se ha generado una grave crisis al interior de la universidad.
Hay una decadencia generalizada de la institución que se manifiesta en el resquebrajamiento de la comunidad académica y el debilitamiento de su vínculo con la sociedad chiapaneca, especialmente con los pueblos originarios, en claro perjuicio de los jóvenes que deberían encontrar en ella un espacio de formación superior. Se han reducido las inscripciones, el año pasado se interrumpieron con frecuencia las actividades universitarias debido a tomas de instalaciones por parte de sectores inconformes, han sido despedidos injustificadamente trabajadores y, en el marco de las evaluaciones que realiza la propia Secretaría de Educación Pública, la UNICH ha perdido los niveles de calidad alcanzados con anterioridad.
El conflicto actual impide que la UNICH cumpla con su cometido social: ofrecer a la juventud chiapaneca un espacio de formación profesional de calidad que se adapte a su cosmovisión, con una perspectiva intercultural; indispensable para la paz y la convivencia social: educar para la paz en el pleno respeto a las diferencias.
Si reconocemos que la educación es indispensable para la construcción democrática de este país y que la de los pueblos indígenas debe ser prioridad, es urgente restablecer las condiciones óptimas de operación de la Universidad Intercultural de Chiapas para que esta cumpla con la función social fundamental para la que fue creada.
Por ello, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se crea un grupo de trabajo de diputados que medie entre el gobierno de Chiapas, la Secretaría de Educación Pública y las académicas y los académicos de la Universidad Intercultural de Chiapas, sea testigo de dichas pláticas y dé seguimiento a los acuerdos, a fin de permitir el correcto funcionamiento de la universidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de 2017.
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)
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